Se habló entonces de la consulta popular. ¿Y cuándo se informó y formó a la gente para que pudiera opinar llegado el caso? ¿Qué parámetros de juicio manejaríamos? ¿Que bajará el gas, la gasolina y la electricidad, de aprobarse, o por el contrario subirán aún más y todo el tiempo en caso contrario? ¿Que los extranjeros se adueñarán de los recursos energéticos de la patria mexicana, despojándonos de nuestro invaluable patrimonio? ¿Acaso no es precisamente eso lo que han hecho el gobierno y el sindicato con los tan traídos y llevados recursos? ¿Está consciente la sociedad mexicana de las condiciones actuales del petróleo, del gas, de la energía eléctrica, de la infraestructura usada para obtenerlos, de las plantas laborales, de la podredumbre sindical, de las maneras en que se transportan los productos y se venden, y sobre todo del uso que se da a las ganancias? ¿Cómo pueden pues opinar si no es con base a informaciones fragmentadas, demagógicas o míticas? Aún peor, ¿qué porcentaje de la ciudadanía estaría realmente interesada en formarse, informarse, opinar y votar? Toda consulta, dadas las condiciones de nuestra democracia, acaba siendo oligárquica. Patria, pueblo, nación, patrimonio, autonomía, prosperidad, no son sino palabras del infinito vocabulario de una demagogia política cada vez más banalizada por la mercadotecnia boba de todos los días.

Si la reforma energética busca solamente obtener mayores recursos, y lo mismo busca la reforma hacendaria y la laboral, estamos francamente sometidos a la insaciable voracidad del aparato gubernamental, que requiere de más y más recursos para seguir manteniendo una nómina inflada de burócratas desinflados, presupuestos billonarios, obra pública de relumbrón electorero, salarios ofensivos, proyectos faraónicos pagados con más deuda, costeo de una apariencia ante las naciones que se colapsa apenas las naciones nos miran más de cerca.

Quisiéramos por una vez confiar en las acciones de gobierno. Los hechos de cada día nos lo impiden. Lo que verdaderamente requeriría de una profunda reforma, previa a toda otra, es la reforma de la función pública, y esa es precisamente la reforma que nunca llega.

Armando González Escoto
(v.pág.2-B del periódico El Informador del 5 de enero de 2014).

Más allá de las posibles apreciaciones, los sueños, los buenos deseos, los espejismos y las esperanzas, llevamos a cuestas, como país, un pesado fardo de asignaturas pendientes y proyectos sin realizar. Simplemente, el tema de la pobreza -que, en sí mismo, bastaría para refutar machaconamente nuestros progresos en rubros como la industrialización, la liberalización del comercio exterior o el manejo de las finanzas públicas- sigue estando ahí, a pesar de la colosal cantidad de recursos públicos (mal)gastados en el combate a la desigualdad. Y en muchos otros renglones pareciera que nos persigue una incesante fatalidad al punto de que los ánimos nacionales andan muy de capa caída: la gente parece solazarse en un riguroso pesimismo que, sin embargo, es tal vez entendible en tanto que refleja, hoy día, la decepción colectiva de una nación que se esperanzó grandemente al comenzar la transición democrática.

Y, miren ustedes, luego de la asombrosa alternancia el PRI está de vuelta.

Y ¿a qué ha venido el PRI, ahora? ¿A gobernar como en la década de los años 60? ¿A reprimir la protesta social? ¿A dilapidar los recursos públicos y causar una pavorosa crisis económica? ¿A restaurar el discurso demagógico de antaño y restituir el culto a la figura presidencial? No lo creo, con el perdón de todos esos lectores que, un día sí y el otro también, denuncian una vuelta al pasado como si este país no fuera ya irreversiblemente diferente. Limitemos esta apreciación, de la manera más parcial, a tres puntos: para empezar, no hay ya periódico alguno, como aquellos de mis tiempos, que se sienta obligado a reproducir en portada, todas las mañanas, las declaraciones de un primer mandatario que pontificaba como el oráculo. Por el contrario (y esto, independientemente de la disposición que pueda tener la prensa) Peña Nieto mantiene un perfil bajo, sin triunfalismos ni excesos. En segundo lugar, una gran parte de la población, justamente, no sólo no se traga ya el discurso oficial sino que está inmutablemente en contra del régimen, si no es que del "sistema" en su conjunto. Y esa gente tiene voz... y voto: ha elegido a Mancera en la capital de todos los mexicanos, ve reflejadas sus opiniones en los medios, se organiza en grupos de acción, protesta en las calles, aclama a Obrador (que, encima, en su condición de primerísimo opositor de la nación -y de piedra en el zapato- desempeña un papel muy importante para preservar los equilibrios en el escenario de lo público) y participa abiertamente en actividades políticas. Y, finalmente, el propio PRI ya no es el mismo: recordemos que promovió, en su momento, una reforma política, que impulsó la creación de instituciones independientes y que se acomodó, como cualquier partido en una sociedad democrática, a la realidad de la alternancia en el poder. ¿Dictadura perfecta? No. ¿Democracia imperfecta? Desde luego que sí, sobre todo en lo que toca a la rendición de cuentas. Pero, en este estado de cosas, todos los partidos son responsables, no nada más el PRI.

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 5 de enero de 2014).

Hace tiempo que millones de mexicanos están insatisfechos y se quejan por los bajos salarios que se autorizan año con año; hace tiempo que trabajadores con prestaciones sociales protestan en contra de los recortes a los derechos sociales; hace décadas que miles de pueblos del país denuncian el acoso y el despojo sobre sus territorios por entes públicos o privados que se apropian de los bienes comunes. Todos esos reclamos, que no han sido silenciosos, no se han escuchado lo suficiente.

Las políticas económicas de libre comercio, apertura indiscriminada a la inversión privada, contención salarial, recorte de derechos y despojo sobre bienes comunes afectaron inicialmente a sectores de bajos ingresos. Se pensó que eso bastaría para hacer funcional el sistema de apertura económica radical, pero no fue así.

Esta nueva andanada de políticas ultraliberales apunta tanto a la clase media como a comercios establecidos, industriales pequeños y medianos, profesionistas y trabajadores por cuenta propia, e incluso a medianos empresarios.

Para empezar, 2014 arranca con alzas generalizadas de gasolina, transporte público, a pan, refrescos, alimentos para mascotas y nuevos regímenes fiscales para 1.8 millones de comerciantes, entre ellos unas 700,000 familias que viven de una pequeña tienda de abarrotes.

Por eso ahora los reclamos están surgiendo de sectores medios, comerciales y pequeños empresarios. Las quejas ya no son sólo de asalariados sindicalizados con seguridad social (como a fines de los 80), ni de agroproductores o transportistas afectados por el TLCAN (como en los 90), ni de comerciantes informales, pueblos indígenas y campesinos, como ha sido en la década pasada.

Ahora se quejan industriales establecidos, como la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, cuyo presidente Erick Navarrete Aguilar advirtió que, con la actual reforma fiscal, la informalidad en su sector podría crecer hasta 45% (ahora es de 30%).

Y mientras se aprieta el cerco fiscal sobre asalariados, profesionistas, tienditas, pequeños comercios, el gobierno de Peña Nieto condonó el año pasado 166,000 millones de pesos, sobre a todo a grandes industrias. Por ejemplo, a las mineras les condonó 7,235 millones de pesos (El Universal, 7 de enero de 2014).

Se está recargando la recaudación sobre las clases bajas, medias y pequeños comerciantes, mientras se condona cantidades millonarias a las grandes empresas. Ésa no es una política recaudatoria justa; eso significa apretar más la soga al cuello de quienes de por sí ya han pagado su cuota de sacrificios en estos años ultraliberales.

Rubén Martín
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 8 de enero de 2014).

La evidencia empírica muestra que durante las últimas décadas los ingresos de las familias de clase media del país (3o. a 9o. deciles de ingresos familiares) han crecido en forma sostenida, no obstante que simultáneamente se ha abierto la brecha absoluta y relativa de ingresos entre las familias del 10o. decil de ingresos y las demás. La pregunta central es ¿cómo se debe calificar? ¿Es bueno o malo? ¿Requiere intervención del Estado?

Sin más datos para calificar esta situación, recomendaría que el Estado se abstenga de intervenir. Importa más la mejora del bienestar económico de las familias de clase media que el deterioro de la distribución de ingresos. Pero si adicionalmente hubiera evidencia que mostrara que la movilidad social (probabilidad de que una familia ascienda de un decil a otro a lo largo de su vida productiva) es muy baja o se está deteriorando, entonces sí me preocuparía la distribución de ingresos, puesto que estaríamos en la presencia de evidencia de que se está conformando una sociedad de castas: una en la cual el estadio económico de la nueva generación está determinada al momento de nacer.

Mi esposa y yo conocemos a un matrimonio de clase media baja desde hace casi 20 años. Vimos a sus hijos crecer y desarrollarse. El primero de ellos ya terminó sus estudios universitarios; el segundo está por concluirlos, y la tercera está en secundaria y seguirá los pasos de sus hermanos. Los padres de estos hijos han invertido todo su empeño en asegurar que sus hijos logren incorporarse al mundo de los profesionales mexicanos. Su principal aspiración es que sus hijos logren un estándar de vida, absoluto y relativo, superior al de ellos. Es probable que la inercia de crecimiento de la economía cause que su deseo respecto del nivel absoluto de ingresos de sus hijos se cumpla. Pero los padres de estos muchachos también quieren que sus hijos ocupen un "estrato social" más alto. Dada la estructura económica y social del país, estimo que la probabilidad de que también se cumpla esta aspiración es muy baja. La estructura económica de México es tan rígida, que casi la única manera de llegar a ser parte de la élite económica y social de México es haber nacido en el seno de una familia de este estrato.

Esto se debe a que en México, como en la mayoría de las economías de mercado, el principal vehículo de movilidad social es el sistema de educación. Como la calidad de la mayoría de las escuelas del país es muy baja, la probabilidad de poder acceder a las instituciones élite de educación superior, donde se forman los profesionales que posteriormente ocupan los roles de liderazgo dentro de la sociedad, también es muy baja. La movilidad social en México es muy baja, entre otras razones, porque el sistema de educación pública es muy pobre y sólo sirve para garantizar la reproducción del statu quo.

La suerte económica de la gran mayoría de los mexicanos esta predeterminada no tanto por su nacimiento, sino por la calidad de la educación que reciben a lo largo de su vida. Los que tienen la suerte de contar con padres que los ayudan a acceder y concluir estudios en uno de los pocos programas académicos de excelencia del país tienen abierto el camino al éxito. Los que no tienen esta suerte están atrapados en la gran masa, aun cuando hayan concluido estudios universitarios. Si queremos una sociedad con mayor movilidad social, es indispensable mejorar la calidad y capilaridad del sistema educativo, en todos sus niveles, para crear vehículos que dinamicen la movilidad social.

Roberto Newell G., economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC.
(v.pág.2 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 9 de enero de 2014).

No basta con haber logrado que los legisladores hayan aprobado las reformas educativa, fiscal, política y energética para declarar el triunfo.

Hasta la fecha, no se ve por dónde los maestros estén convencidos y dispuestos a tomarse en serio y comprometerse por un mayor nivel educativo cuando con la mayor de las vulgaridades se han volcado a las calles a manifestar precisamente lo mal educados que están y su postura en contra de ser siquiera evaluados... no digamos todo lo demás que implica mejorar el nivel educativo del país.

Tampoco se ha notado la más mínima disposición ni del presidente Peña Nieto, ni del premiado secretario Videgaray, ni del cuerpo de burócratas que cuelgan en sus organigramas por hacer rendir mejor el presupuesto gubernamental. De hecho, de manera enigmática PRI y PRD consiguieron sacar adelante la reforma fiscal sin poner en la mesa compromiso alguno por racionalizar el gasto público y eficientar cuando menos un poco el gasto gubernamental. Si cuando había menos recursos y no había déficit se gastaba mal, ahora que habrá más recursos y se autorizó operar con déficit, lo menos que podemos esperar son dispendios ofensivos para un país con tanta pobreza y desigualdad social.

Sobre la reforma política hay mucho por demostrar, habida cuenta del bajo nivel de educación democrática que han mostrado los partidos políticos y la irritante manera como han "acarreado" a las masas que los acompañan. La deuda de los partidos políticos con los ciudadanos que los han favorecido con el voto no sólo es enorme, sino que crece con cada votación, como crece también el desencanto del electorado.

También en el tema energético está todo por verse. Al parecer, los únicos contentos son los extranjeros y algunos cuantos empresarios que han ido invirtiendo en entender el tema para ser los primeros en tener un pie adentro, sin embargo, los problemas laborales apenas empezarán a verse por las calles y de ahí se derivarán una serie de desencantos.

Así pues, ya tenemos las reformas, llegó la hora de que el presidente Peña Nieto demuestre para qué las quería.

(V.Razón y Acción del 11 de enero de 2014).

El gran problema de este país no es que no se haya industrializado; tampoco que no tenga una pujante clase media; ni que carezca de buenas universidades; ni que no cuente con instituciones sólidas. El drama de México es que todas estas realidades -la de que es una auténtica potencia industrial, la de que sus ciudades estén llenas de esplendorosos centros comerciales, la de que existan el ITAM y El Colegio de México y la de que el sistema electoral, por ejemplo, sea uno de los más perfeccionados de todo el mundo- no son de aplicación general a lo largo y ancho de la nación sino que benefician a menos de la mitad de los mexicanos. Y así, una parte de la población lleva a cuestas a la otra y los indicadores globales de bienestar andan por los suelos, por no hablar de esas comunidades donde los niveles de vida son comparables a los del África subsahariana más pobre.

Hay razones históricas para esto, desde luego: desde sus orígenes mismos, la nación mexicana se sustentó en un sistema económico de intrínseca desigualdad. Para mayores señas, todavía en 1910, los indios yaquis eran prácticamente esclavizados por los hacendados del henequén en la península de Yucatán. Y, a pesar de que tuvo lugar una gran revuelta social al comenzar el siglo pasado -que, de paso, dejó absolutamente arruinado y empobrecido al país-, los gobernantes revolucionarios no instauraron un régimen abierto en lo político, ni en lo económico, sino que habitaron simplemente un espacio, el que ocupaban antes el dictador y sus allegados, para preservar los privilegios de una nueva clase dirigente.

Nunca hubo manera de celebrar contratos y acuerdos, o de llevar a cabo proyectos, que no implicara una absoluta complicidad con el poder político. Es por eso que, hasta nuestros días, una de las más distintivas aspiraciones del mexicano de a pie es lograr un cargo público que le permita traficar con la repartición de redituables prebendas y beneficios. El capitalismo a la mexicana es algo muy restringido: ¿quién puede adquirir decenas de permisos para operar un equipo de taxis? El familiar, el amigo o el compadre del funcionario responsable de expedir las licencias; o, en el caso de un recién llegado, el que esté dispuesto a untar espléndidamente la mano del otorgador. ¿Quién transporta las gasolinas de Pemex? No lo sabemos, pero lo imaginamos; no somos ni usted ni yo, estimado lector, eso sí que lo tenemos muy claro. ¿Quién obtiene la autorización para operar una agencia aduanal? ¿Quién logra ser el intermediario que se interpone, de manera infranqueable, entre el productor agrícola y los compradores en las ciudades? ¿Cómo se consigue una bodega en la Central de Abastos de la capital de todos los mexicanos? ¿Quiénes reciben las concesiones para proporcionar servicios a las instituciones del Gobierno? ¿Quién consigue venderle su terreno a las autoridades aeronáuticas para edificar un aeropuerto? Etc., etc., etc.

Estamos hablando aquí de un sistema excluyente de repartición de beneficios económicos y, por lo tanto, de una maquinaria que mantiene en la pobreza a muchos ciudadanos porque tiene un carácter esencialmente disuasorio: los individuos emprendedores, enfrentados a la realidad de la tramitología, la competencia desleal, los tratos de favor y las adjudicaciones arbitrarias, se retiran de la escena y perpetúan, involuntariamente, la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos. Muchos sectores de la economía mexicana están así dominados por los monopolios y en ellos no pueden incursionar los recién llegados, por más capacitados y eficientes que puedan ser. Es más, el propio Estado ha sido privatizado, por así decirlo, o, en todo caso, confiscado por ciertos grupos corporativos: ¿un simple ciudadano de a pie, con la debida formación educativa, puede concursar para obtener una plaza, digamos, en Pemex, en CFE o en el sector educativo, o tiene que comprarla? Se dice, por ahí, que los cargos llegan a costar 200,000 pesos. Y, de cualquier manera, si muchas de esas tales plazas son hereditarias, entonces ya no son patrimonio de todos los mexicanos sino propiedad exclusiva de algunas familias. Pero, entonces, ¿qué ocurre si este esquema cerrado se multiplica en el espacio económico de todo un país? Pues, muy sencillo: un sistema excluyente crea gente excluida. Ahí están esos 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza, para mayores señas.

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 12 de enero de 2014).

Alejandro Solalinde Guerra, sacerdote fundador del albergue para migrantes "Hermanos en el Camino", mandó una carta al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, en donde le demanda trabajar por la justicia y prestar atención a la situación de desigualdad que actualmente se vive en el país.

Solalinde hace énfasis en la situación de inseguridad que actualmente domina al país, con "53 millones de pobres, desapariciones forzadas, feminicidios, secuestros, trata de personas, persecución y muerte de periodistas, extorsiones, bullying, primer lugar mundial en consumo de alcohol, de agresiones, desapariciones y asesinatos de sacerdotes católicos".

"¡Estamos asfixiados por la corrupción!; la impunidad es un cáncer. Todo esto ¡va imparable!", señala Alejando Solalinde en la carta de 4 cuartillas, donde también hace énfasis en la situaciones peligrosas a las que se enfrentan los migrantes, así como a las reformas estructurales.

"Tenemos que reconocer que somos uno de los países más corruptos del mundo, y que seguimos practicando la tortura, sobre todo por parte de corporaciones policíacas".

"Por cierto ¡qué buen negocio es la inseguridad! Por un lado, el gobierno no proporciona seguridad a la ciudadanía. Para ésta, hay 40,000 policías federales que, más que proteger, hay que protegerse de ellos. Pero para quien pueda pagar, y AUTOPROTEGERSE, hay 600,000 policías privados alquilables. Las ganancias, millonarias, por supuesto, van para el mismo círculo político, los patrones, que son juez y parte", agrega.

(V.sinembargo.mx en línea del 12 de enero de 2014).

Los números que ofrecía ayer Mario Luis Fuentes en Excélsior son contundentes: el 54% de los michoacanos son pobres, pero de ellos 650,000 viven en extrema pobreza y 291,000 michoacanos no saben ni leer ni escribir, 91,000 están desempleados, 211,000 trabajan pero dicen que no reciben salario alguno y 75% de la población no tiene acceso a prestaciones médicas. Esa es la realidad que alimenta el conflicto armado en Michoacán, un estado que, además, está financieramente en quiebra, con grupos de presión, como los de la CNTE o los de las normales rurales, que manejan agenda propia y tienden a desestabilizar las instituciones. Y que es, paradójicamente, un estado rico, en minería, en productos agrícolas y ganaderos, en muchos otros ámbitos, riqueza que explotan unos pocos.

¿Alguien podría sorprenderse si en esa realidad el narcotráfico ha logrado asentarse con tácticas que oscilan entre las tácticas de guerrilla y el proselitismo religioso? ¿Alguien se puede preguntar por qué los grupos de autodefensa en una sociedad abandonada por las autoridades tienen mayor reconocimiento que éstas? ¿Es necesario decir que muchos de los servicios que no prestan las autoridades, desde la distribución de alimentos hasta ciertos servicios de salud, no hablemos ya de la justicia, aunque sea una justicia deformada, la ofrecen los grupos criminales o armados? Sobre esa realidad se debe operar en Michoacán.

El gobierno local estaba en la administración de Leonel Godoy y sigue estando en los 2 años que lleva la de Fausto Vallejo, rebasado y en algunos casos coludidos con los grupos delincuenciales y armados. Esa trama de complicidades es básica para comprender la expansión que han tenido esas organizaciones, sobre todo los llamados Caballeros Templarios, convirtiendo a muchas autoridades locales en simples empleados de esos grupos.

El gobierno federal se apresta a tomar control de distintos territorios, pero las autodefensas, en los hechos, han cumplido con su papel: han ido desplazando a los templarios de distintos territorios y los han obligado a concentrarse en torno a Uruapan y Apatzingán, luego de que la Marina ocupó el puerto de Lázaro Cárdenas, sus entradas y salidas.

Las fuerzas federales no se pueden dispersar en la sierra, en la Tierra Caliente, persiguiendo, en sus territorios, a los grupos criminales: algo de eso ocurrió en el pasado cercano y lejano y por eso mismo los éxitos fueron escasos. Los templarios y lo que queda de la Familia Michoacana, debemos recordarlo, actúan como virtuales guerrillas y penetrar en la sierra para buscarlos es la estrategia que más les beneficia.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 15 de enero de 2014).

[En los pasados 20 años] faltó invertir mucho más en la transformación institucional del país. Retrospectivamente, es obvio que una de las principales áreas de subinversión fue en la modernización del sector judicial, y sobre todo en lo que atañe a la operación del sistema de procuración de justicia de los estados y municipios. Las reformas que instituyó Zedillo fortalecieron la autonomía de la Suprema Corte y el funcionamiento de los tribunales federales, pero el impulso renovador fue mucho menor a nivel estatal y municipal, con las consecuencias que están a la vista.

También se invirtió de menos en el fortalecimiento de la operación cotidiana de los gobiernos municipales. Actualmente, la gran mayoría de ellos siguen siendo incapaces de cumplir las tareas que les corresponden como proveedores de servicios municipales. Por ello, la gran mayoría de nuestras ciudades enfrenta problemas de todo tipo: la infraestructura urbana es inadecuada, los servicios públicos son deficientes, la seguridad pública es frágil y las finanzas públicas municipales son vulnerables e insuficientes para fondear las inversiones requeridas. Por ello, la oferta urbana de la mayoría de las ciudades del país dista mucho de las condiciones requeridas para atraer y retener inversiones y talento.

Roberto Newell
(v.pág.2 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 16 de enero de 2014).

Si bien las guardias comunitarias están fuera de la ley y pueden estar infiltradas por el crimen organizado, sin duda han sido una respuesta ante la violencia ejercida por los narcotraficantes que, ante las dificultades en su trasiego, no sólo han recurrido al cobro de piso, al secuestro, a la extorsión, sino a la violación de mujeres, a quienes regresan una vez embarazadas para tomar, por la fuerza, a otras víctimas cada vez más jóvenes.

Pero, si este problema no se controla adecuadamente, se puede generar lo que han llamado el "efecto cucaracha", contaminando a estados vecinos, con lo que el esfuerzo realizado sería en vano.

El problema es tal que en un documento de la División para México y Centroamérica del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea se señala: la situación de violencia que vive el Estado de Michoacán denota que el gobierno ha perdido control efectivo de la entidad. Para continuar: "La seguridad sigue siendo una gran preocupación, como lo demuestran los graves enfrentamientos entre grupos de autodefensa y el cártel de los Caballeros Templarios en Michoacán (...) Este recrudecimiento de la violencia destaca la falta de control gubernamental efectivo en este estado".

Más claro, ni el agua. Tanto Estados Unidos, por su vecindad, como la Unión Europea, están más que preocupados por el estado que guarda la nación en varias zonas, la más álgida: Michoacán, pero no la única.

Lourdes Bueno, investigadora de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 18 de enero de 2014).

El gobierno de Peña Nieto. No terminaban de festejar el reconocimiento de agencias como Bloomberg o periódicos como The Financial Times, The Wall Street Journal a las reformas energéticas y otras del 2013 y el nombramiento de Luis Videgaray como "ministro de Finanzas" del año (aunque la economía no creció ni 1%), cuando estalló la crisis de Michoacán.

Y no estalló porque no existiera desde antes sino porque se visibilizó. El único asunto que le importa al gobierno de Peña Nieto y al grupo Estado de México que nos gobierna se conjuntó en el caso michoacano: el Departamento de Estado norteamericano lanzó una alerta y los medios de comunicación comenzaron a dar cuenta del avance de los grupos de autodefensa en los municipios controlados por Los Caballeros Templarios.

El 9 de enero el Departamento de Estado norteamericano emitió la alerta diplomática a sus conciudadanos para no viajar an Michoacán y Guerrero porque "autodefensas operan independientemente del gobierno en muchas zonas". "Aunque no son considerados hostiles a extranjeros o turistas, desconfían de extraños y deben ser considerados volátiles o impredecibles", agregó la nota.

Desde julio del 2013 no se emitía una en tal sentido. A Guerrero se le consideró el "estado más violento", ya que entre enero y octubre del año pasado se registraron 1,718 homicidios y 205 casos de secuestro.

Pero Michoacán era el tema más mediático. Desde mediados de diciembre, los grupos de autodefensa pasaron a la ofensiva y tomaron bajo su control una decena de municipios. Estaban por llegar a Apatzingán, corazón templario.

Durante un año, los estrategas peñistas fueron eficaces en "acallar" y minimizar el tema de forma mediática. La realidad era otra cosa. Los muertos ahí están. Los enfrentamientos prosiguen. Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán siguen siendo "plazas en disputa". Y, por si fuera poco, las huellas de los enfrentamientos llegaron al Distrito Federal durante esta temporada del caso Heaven y de ajusticiamientos.

Hay una guerra civil en curso en Michoacán y en Guerrero desde hace varios años, ahora admitida con el nuevo operativo de seguridad y policiaco. Hay un vacío de poder en Michoacán, ahora admitido y exhibido con el nombramiento de un comisionado presidencial, Alfredo Castillo, que asume funciones de virrey, mientras Fausto Vallejo aparenta que gobierna desde Apatzingán. Y, por si fuera poco, hay 3 actores identificables en disputa: los Templarios, las autodefensas y las fuerzas policiacas y militares federales.

El problema es que no será un "momento" o un episodio. A Peña Nieto se le puede ir el sexenio, como a Calderón, abriendo las compuertas del infierno creyendo que el crimen organizado es un asunto militar, policiaco y punitivo, principalmente, y no un fenómeno de corrupción política, impunidad compartida y fracaso de modelo social y económico.

Jenaro Villamil
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 18 de enero de 2014).

Por articulado y sensato que sea Mireles, por inútil que sea Vallejo y por mediático que sea la "Tuta", no son ellos los responsables de la situación en Michoacán. Si los 3 desaparecen por encanto el día de mañana, no se acabarán las autodefensas, el crimen organizado ni el desorden gubernamental estatal. No se trata de ellos solamente.

Convertir la crisis en Michoacán en una caricatura con buenos y malos, mover emociones masivas de miedo y furia, y favorecer el linchamiento, es la mezcla perfecta para volver a la guerra emprendida por el ex presidente Felipe Calderón. Una guerra que durante 6 años alteró prioridades, marcó el rumbo político, sacudió la economía y generó pérdidas en todas las dimensiones de la vida pública. La nueva administración está a un paso de cometer el mismo error.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 22 de enero de 2014).

Creo que después de la rebelión de Manzo en 1929, no había habido ninguna insurrección tan peligrosa como la que ahora enfrenta Peña Nieto. La rebelión de Saturnino Cedillo contra Lázaro Cárdenas en 1939 no creo que haya sido tan amenazante como la que ocurre ahora en la Tierra Caliente de Michoacán. Llamando las cosas por su nombre, estamos en una plena guerra civil, a pesar de todas las apariencias y declaraciones triunfalistas de nuestro presidente actual. Con su lucidez de siempre, la semana pasada, en esta misma columna escribió Guillermo Valdés Castellanos: "Michoacán, la tragedia de Estado desparecido. Al existir dos grupos que disputan valientemente su concepción de sociedad, seguridad y justicia se crea una situación de preguerra civil. Un escalón más abajo en la descomposición social y política. Por eso nuestra tragedia: la del Estado débil nacional y desaparecido en Michoacán". (MILENIO 15 de enero, p.18).

En 1994, con el levantamiento zapatista de Marcos, se pensó de momento en un verdadero brote revolucionario altamente peligroso, pero el problema michoacano actual parece, con mucho, más alarmante y peligroso.

Jesús Gómez Fregoso, historiador y catedrático de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.18 del periódico Milenio Jalisco del 24 de enero de 2014).

¿Cómo podemos convivir y lograr acuerdos que formen un piso básico para vivir en paz, con dignidad y en libertad que asegure justicia para todas-os? Ese cómo no viene del actual régimen político y de gobierno, que hace reinar el imperio de la impolítica, sino del reconocimiento político de quién(es) tienen autoridad moral e intelectual, la autóritas, para poder ejercer el poder, como potestas, bajo la vigilancia de los que mandan y el acato de quienes obedecen. El mundo al revés de como lo vivimos. En el que la democratización es la razón pública arrebatada, cuya responsabilidad se deja a técnicos, o iluminados, o manipuladores de clientelas sometidas, paradójicamente, a regímenes que las excluyen.

Lo impolítico esconde las potencialidades de la política, bajo el manto del deterioro del servicio público, la corrupción del diálogo, la negación de la escucha y, ciertamente, bajo el poder del dinero. La ira contra los beneficiarios de lo impolítico a través del engaño, no aparece aún con toda la fuerza en proporción a la frustración sufrida. Prevalece la sensación de impotencia ante la magnitud de los problemas, pues entre descontento contenido, desconfianza en las instituciones, o desencanto frente a la democracia, como palanca de transformación social, se instala el pesimismo del sálvese quien pueda, el refugio en el individualismo y la cancelación de un imaginario otro para convivir.

Jaime Preciado Coronado
(v.pág.19 del periódico Milenio Jalisco del 24 de enero de 2014).

El juego extraño ése de "aquí no pasa nada" medio aburguesado que ha nacido -imagino- por el terror de no querer ver la realidad... no puede ser más atroz. Vivimos en Guadalajara, estamos a 3 horas de Michoacán... Es decir, a 3 horas de aquí el mundo se vuelve un campo de batalla, donde algunos han decidido hacer justicia por su propia mano.

Es ilógico, injusto, indignante que el secretario de gobernación Osorio Chong diga que no pasa nada, que vivimos en un estado de derecho, sí... cómo no, de voy derecho y no me quito... La declaración y la actitud del gobierno ante la presencia de las autodefensas me entristecen, me llena de pavor, me indigna, me pisotea... Las cosas se nos han ido de la mano... Entiendo y aplaudo que el gobierno no quiera permitir que los ciudadanos nos hagamos justifica por nuestra propia mano... Lo entiendo... Lo apoyo... Así debe ser... Pero no vivimos en un estado de bienestar donde los justicieros son de generación espontánea, ante un gobierno justo y democrático...

Resulta que estas autodefensas son primeramente nuestro espejo social, nuestro corazón herido, nuestra integridad hecha añicos... Resultado de por lo menos un sexenio de ser ignorados mientras sus hijas son violadas, sus casas saqueadas y su vida extorsionada... ¿Por qué creemos que no pasa nada? O peor aún no lo creemos, pero decimos que creemos como si aceptar la violencia desgarrada nos hiciera menos valiosos o menos valientes... México, su gente, nosotros... Debemos tener el valor de mirarnos a los ojos, ver lo que nos está pasando y no juzgar desde el país mental aburguesado y esquizofrénico del "no pasa nada".

Que la educación en México es un asunto de resolución emergente, que la falta de oportunidades en México es un asunto de alerta nacional, que en Michoacán parece que impera la ley de ojo por ojo... Que el gobierno mexicano es absolutamente incompetente para resolver.

Dolores Tapia
(v.pág.3-B del periódico El Informador del 25 de enero de 2014).

Si algo hay inadecuado y hasta se puede considerar como una falla significativa, es que una economía no considere vital que sus jóvenes encuentren trabajo.

Es verdaderamente frustrante que un egresado de la universidad se tope con el desempleo y no vea un horizonte promisorio. Son miles de jóvenes que al terminar su carrera, se tienen que enfrentar con el reto de buscar algo que hacer, después de haber dedicado tanto esfuerzo y dedicación a sacar sus estudios.

Muchos jóvenes llegan a sentir franca desesperación y algunos hasta profunda depresión, por vivir el vacío angustioso de no encontrar trabajo. Pasan semanas, meses y a veces hasta varios años, para finalmente encontrar algo relacionado con la carrera que estudiaron. Y ya sabemos, que muchos acaban haciendo cualquier otra cosa, con tal de ganarse la vida.

Me parece verdaderamente injusto que tanto esfuerzo de los padres y de los mismos jóvenes vaya a terminar en un vacío existencial, en la que el ocio y el aburrimiento se convierten en el reto a superar.

Seguramente algo estamos haciendo mal, para que se vean atrapados en una situación así, cuando, sin discriminación alguna, son de los mejor preparados y capaces de nuestra sociedad, por el privilegio y la oportunidad que han recibido.

Si la gente con mejor preparación y conocimientos no encuentra su lugar en la economía productiva y laboral, algo urgente tenemos que hacer.

Lo más evidente es que se generen fuentes de trabajo y se aproveche, de inmediato, el talento y la capacidad de ellos. Y 2o., es indispensable que se vinculen las universidades a la planta laboral de las empresas e instituciones y se programen, con mayor dedicación, que todo egresado debe de tener asegurado un lugar de trabajo.

En la agenda política económica es un asunto que debe ser prioritario.

Guillermo Dellamary
(v.pág.6-B del periódico El Informador del 26 de enero de 2014).

Pues yo no sé cómo ve usted la situación del país, hay mucha confusión al respecto, muchos sienten que la violencia tanto del crimen organizado como la del desorganizado está desatada, la prensa muestra la cantidad de atentados, fallecidos, grupos que nos hacen desconocer si son buenos o malos; a esta sensación que puede percibirse claramente en las redes y en algunas publicaciones se contrapone una gran cantidad de declaraciones de funcionarios que, siempre basados en estadísticas, sugiriéndonos que quienes tienen esa sensación están equivocados, que la violencia ha disminuido, personalmente creo que las estadísticas son una forma de llegar a conclusiones no exactas.

Carlos Enrigue
(v.pág.2-B del periódico El Informador del 2 de febrero de 2014).

Han transcurrido 97 años y otra celebración obligatoria de la Constitución sólo pone de relieve la profunda ignorancia general sobre ésta que es la "ley suprema" del país.

Entre el México de 1917 y el de 2014 hay un océano de diferencias.

Aquella era una nación de 15 millones de habitantes. El mexicano promedio residía en el campo, apenas aspiraba a vivir poco más de 50 años, comer medianamente bien y si era afortunado, aprendía a leer y escribir. Viajar era un accidente que le ocurría a quienes no podían ganarse la vida en donde habían nacido, y las palabras placer y fiesta estaban reservadas para escogidas fechas del transcurso de la existencia, como el bautizo y el matrimonio.

El de hoy, es un México con 120 millones de habitantes, de los que la mitad más o menos, viven algún grado de pobreza. Lo que se pretendió por escrito hace 97 años no existe: no hay comida, casa, educación ni acceso a la salud para todos. No hay paz porque la violencia, la inseguridad y el delito apenas se contienen. En algunas zonas del territorio nacional, como en aquel 1917, no se aplica la ley que es obligatoria para todos, sino que se hace lo que dictan algunos poderosos que son la autoridad de facto por la vía de las armas o el poder económico.

Es cierto que un mexicano al nacer puede aspirar a vivir 75 años, pero la calidad de su vida -o su vida misma- depende del azar.

La Constitución de 1917, aquella que tanto se presumía en las aulas universitarias como un "cuerpo de leyes de avanzada", es hoy una amalgama de 136 artículos que ha sido cambiada más de 550 veces, de acuerdo con las necesidades del momento.

Jorge Octavio Navarro
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 4 de febrero de 2014).

Lo que realmente me preocupa y me deprime es el hecho de que cada graduación simplemente subraya el muy triste paso de la condición de estudiante a la de desempleado, a la de nini: ni van a trabajar ni van a estudiar. Algunos "afortunados" seguirán en alguna maestría que, hablando en plata, en la mayoría de los casos, en los becados por CONACYT, será un simple recurso del gobierno para entretenerlos durante 2 o 3 años, sin la menor garantía de que obtendrán un empleo. Como me consta por muy repetidas experiencias de alumnos que aprecio, no es raro que las maestrías sean obstáculo para obtener empleo: "Estás sobrepreparado y no te puedo emplear, no te puedo pagar". En ocasiones, los "maestros" tienen que ocultar esa condición para poder emplearse en algún puesto más modesto. Por varios años me tocó, por parte del CUCSH, revisar los informes periódicos de los doctorandos, y veía cómo regresaban de México y del extranjero con sus flamantes títulos de doctores, pero sin empleo. Los más "afortunados" obtenían alguna clase. Los doctorados son para investigación y no solamente para "dar clase". Muchos maestros universitarios dan clase para ganarse la vida, pero no por gusto ni por vocación de maestros.

Otro capítulo muy escandaloso es la muy triste fuga de cerebros: nuestros estudiantes más brillantes prefieren quedarse en otros países donde sus conocimientos son apreciados y remunerados.

La Universidad de Guadalajara ha aumentado su capacidad, pero es obvio que, siendo cruelmente realista, sólo aumenta el número de jóvenes que, al graduarse, pasan al mundo de los desempleados. Cada vez me convenzo que, junto con el terrible problema de la inseguridad, el Estado mexicano tiene el gravísimo problema del empleo. Ciertamente es un problema mundial, lo cual en nada disminuye nuestra lacerante realidad.

Si no revisamos realistamente nuestros programas, estaremos favoreciendo los ejércitos de los desempleados muy "leídos y escribidos", pero irremediablemente desempleados.

Ser profesionista es el sueño de muchos, pero ¿profesionista desempleado?

Las universidades deberán reforzar sus relaciones con la empresa, con el mundo del trabajo, con la realidad mexicana: formar gente que pueda emplearse en el mundo real en que estamos. La realidad no sé adaptará a la teoría, sino al revés.

Jesús Gómez Fregoso, historiador y catedrático de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.18 del periódico Milenio Jalisco del 7 de febrero de 2014).

La reforma educativa tuvo en un alto aprecio el papel de los maestros, porque en ellos está la posibilidad de que, en primer lugar, la escuela sea el espacio donde se inculquen conocimientos y valores, donde los alumnos inicien su camino para ser buenos ciudadanos, críticos y autónomos; en segundo lugar, para que la escuela sea el lugar donde se puedan reordenar y combatir las deformaciones provocadas por dichos factores externos, y entre las que se deben incluir las propias rutinas corporativas y patrimonialistas de los sindicatos magisteriales.

Es aquí en este punto donde se advierte la dificultad que existe para que la reforma tenga el efecto deseado en el corto plazo. A un maestro, a la misma escuela, les va a resultar difícil que el alumno se apegue a valores como el respeto a la legalidad o a las instituciones si advierte que un político corrupto no es castigado o es premiado con un cargo, o si se entera de que unos legisladores hacen sus francachelas en los recintos de las instituciones de la República. No puede tomarse como algo anecdótico o un mero desliz -para lo que tampoco basta una disculpa pública- el espectáculo bochornoso de estos legisladores al decretar los recintos oficiales como salones de fiesta. Es una evidencia del escaso alcance cultural de muchos de ellos y una prueba palpable del desastre educativo del país, el cual hizo posible que la ciudadanía los eligiera.

Asimismo, del mismo hilo conductor, de la misma trama del naufragio en las aulas, son los miembros de la CNTE que se resisten a la reforma con argumentos necios y demagógicos como el de que "se va a privatizar la educación"; pero peor que lo anterior es el modelo de maestro irresponsable y deshonesto que transmiten a los educandos y a la sociedad. Está comprobado que los estudiantes retienen más lo que hacen y cómo son los seres humanos, que los conceptos y el conocimiento que los maestros les enseñan. Para ellos, para los maestros de la CNTE, la holganza es su rutina; el engaño pedagógico, su descaro.

Por ello, ni el modelo de la CNTE, de confrontación, fraude y movilizaciones callejeras contra la reforma, ni tampoco el modelo de políticos ignorantes y palurdos se corresponden con el espíritu de esta reforma que busca rescatar al país de la pequeñez y la crisis educativa; ni mucho menos sirven para derrotar a los otros acérrimos enemigos de la educación: la violencia, la desigualdad, la injusticia y la descomposición social.

Jorge Medina Viedas
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 9 de febrero de 2014).

México es un edificio surcado de fisuras, y en cada una de ellas asoma el escándalo como producto natural de un talante iracundo y decepcionado. No hemos dejado pasar de largo la mínima oportunidad para enfrentarnos, herirnos, dividirnos. Estamos permanentemente en pie de lucha. Cada hombre, cada mujer, cada familia, inauguran el nuevo día con el primer acto de su propia rutina, y hoy, la rutina común de los mexicanos es el escándalo, la confrontación y el insulto.

Los mexicanos hemos transitado con amargura y fatiga, los cambios que conducen de lo malo a lo peor.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 15 de febrero de 2014).

Si se trata de las relaciones entre Canadá, Estados Unidos y México, para las 2 naciones que tenemos al norte nuestro país está muy lejos de ser el hermano menor al que se ha de ayudar: es el vecino débil al que se le puede hacer bullying. Más allá de la diplomacia, que muchas veces consiste en tratar de cortarle los dídimos o testes al interlocutor sin que éste se dé cuenta, de esos desiguales tratos deriva siempre para nosotros una lección que al parecer no hemos aprendido todavía: debemos aprender a rascarnos con nuestras propias uñas, si me es permitida esa ática expresión. La única mano que puede ayudarnos es la que está al final de nuestro brazo. Si los mandatarios de esas poderosas naciones vienen a la nuestra no es para ver qué pueden dar, sino para ver qué pueden sacar de un país cuya riqueza es la que natura puso en él , no tanto la que los hombres han creado con su trabajo. Cantó el inmortal José Alfredo: "Yo p'arriba volteo muy poco; tú p'abajo no sabes mirar". Contrariamente, nosotros tenemos siempre fija la mirada en nuestros vecinos del norte, pidiéndoles lo que esperamos que ellos nos concedan -"Por favor, traten bien a nuestros paisanos"; "Por favor, no nos pidan visa para entrar en su país"-, y no tomamos en cuenta magníficos ejemplos que tenemos en el sur, como el de Chile, que con el esfuerzo de su gente y el talento de sus gobernantes se dispone a entrar en el llamado primer mundo, en tanto que nosotros andamos ya -según el último reporte- en el mundo 236. ¡Malaventurado país el nuestro, tan pobre en administración y tan abundante en politiquería!

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas en línea del 20 de febrero de 2014).

Encontré entre mis libros uno que ni me acordaba que tenía, la verdad: El romance de la democracia. Rebeldía sumisa en el México contemporáneo, de Matthew Charles Gutmann, un antropólogo estadounidense que realizó un estudio en la colonia Santo Domingo en la Ciudad de México, en la 1a. mitad de los años 90 del siglo XX, para responder, entre otras, las siguientes preguntas: "¿Cómo podemos explicar la periódica pasión por la política en la clase trabajadora de la ciudad de México? ¿Y por qué este fervor a menudo se extingue tan súbitamente como se encendió?".

Si bien el estudio se concentró en una colonia del Distrito Federal, los resultados y las conclusiones del antropólogo podrían ser de fácil y tersa aplicación en los habitantes de cualquier otra colonia de cualquier otra ciudad de este maravilloso país.

Rescato una de sus conclusiones: "En ciertos aspectos, en México los 2 decenios que van de 1985 a 2005 se caracterizaron por la intensificación y frustración de las expectativas de una mejoría política y económica". Agrega que a partir de las elecciones de 1988 y las de 2000 cuyos resultados seguro recordamos, los residentes de esa colonia (de todo el país en realidad) "deseaban fervientemente creer que se podía alcanzar algo radicalmente nuevo y mejor". Pero no fue así. El desánimo y la decepción cundieron y conforme se acercaban las elecciones del año 2006, en cuyo proceso se registró también fervor y efervescencia, casi frenesí, el desencanto con relación a la seguridad del voto "como vía sagrada hacia un cambio social" era evidente... y se confirmó. Traigo el tema aquí, como para ir reflexionando desde ahorita, con esta clase política que tenemos, experta en llevarnos del frenesí al desencanto decisión tras decisión, elección tras elección.

Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 22 de febrero de 2014).

Los costos por agotamientos de recursos y degradación ambiental en nuestro país ascendieron a 6.3% del PIB en 2012 según el Inegi. Éste es un daño colateral del avance económico. Tenemos que conocerlo, medirlo y reducirlo, pero sin acabar con el crecimiento que genera prosperidad.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 27 de febrero de 2014).

Después de conocer el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social relativo al Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza correspondiente a 2013 todavía me pregunto ¿Salvando a México?

Lo peor de todo es que las muestras de que estamos en problemas se multiplican, pero la élite política está convencida de que "nos está salvando" y si ellos tienen esa convicción, lo demás no importa. Claro que (y aunque se ha dicho hasta la saciedad lo repetiré) es muy sencillo y cómodo afirmar que se está salvando a México o que estamos casi en el paraíso (parafraseando a Luis Spota) y que las reformas son la panacea y nuestro país prácticamente en automático pasará a las filas del primer mundo, desde la seguridad del sueldazo, las prestaciones, los viáticos, los seguros, los préstamos y los demás privilegios de que goza la clase política, sí, también la que forma parte -según esto- de la oposición, esa que dizque también nos representa y que dizque mejor.

Digo ¿o de qué tipo de salvamento se trata? ¿O te salvo para matarte? No entiendo. Basta revisar los números del estudio para saber que el poder adquisitivo de la mayor parte de los mexicanos cayó y también, aunque parezca lo mismo pero no es así, el ingreso per cápita se redujo (y es un promedio).

Hace unas semanas, un estudio de la Cepal reveló que México era el único país de la región en donde la pobreza y la indigencia habían aumentado en un año. ¡El único! De eso ¿alguien, algo, podrá salvarnos? No lo creo.

Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 1o.de marzo de 2014).

Vamos peor de lo que esperábamos.

Todo indica que la recuperación de la economía estadunidense está teniendo un efecto menor en la nuestra que en otros tiempos.

Hay señales de que años, décadas, de deterioro de la infraestructura, productividad y educación del país, más el aumento en la informalidad, aunado a un fragilísimo estado de derecho han provocado que cada vez sea más difícil que la máquina arranque.

Las recetas clásicas ya no funcionan.

Carlos Puig
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 7 de marzo de 2014).

Hace algunos sexenios uno de los candidatos presidenciales andaba ofreciendo computadoras por todos lados, también en las intrincadas zonas montañosas del sur de México, hasta que un profesor rural le hizo notar que primero deberían introducir la energía eléctrica de la cual, por supuesto, carecían.

A pesar de los buenos propósitos y de toda la parafernalia publicitaria del gobierno en funciones, los habitantes de este país empezamos a tener la impresión de que la buena marcha de la nación solamente está ocurriendo en los comerciales, en los discursos y en los informes.

De momento se alardea la aprobación de las reformas, algo inédito, tantas y en tan poco tiempo, como si bastara publicarlas, por más que haberlas aprobado sí sea hasta cierto punto un mérito. Pero los ciudadanos comunes que están enfrentando los hechos reales y concretos de cada día difieren en no pocos aspectos de los triunfos anunciados no porque esperemos resultados al día siguiente, sino porque en algún caso, en especial el de la reforma fiscal, se advierte la increíble improvisación, parece que ningún miembro de la feliz burocracia advirtió que las herramientas con que contaban las instituciones hacendarias no bastaban para dar cauce a las nuevas formas y maneras de proceder en la recaudación.

Las reformas laboral y educativa habrían requerido igualmente de un tiempo específico, mínimo, para generar una cultura social más abierta y receptiva a sus conceptos, no bastaba hacer circular por todo México "De panzazo", y capturar a la maestra Gordillo para persuadir a los principales actores de la necesidad de su involucramiento en un tema tan enredado. Ni basta mostrar que los mexicanos son los ciudadanos que más horas pasan en un trabajo, pues así laboren dos turnos los pueden pasar trabajando solamente la mitad. Evidentemente la educación no ha modificado la cultura laboral de los mexicanos, que le seguimos apostando a la cantidad, no a la calidad, a los productos, no a su eficiencia, a la ganancia no a la creatividad.

La reforma política es hasta la fecha una propuesta ambigua, peligrosa en muchos aspectos, y desde luego parcial, no incluye la reforma del Estado, ni la del gobierno, ni mucho menos la reforma de la burocracia, pareciera hecha exclusivamente para las campañas electorales, no para transformar la mentalidad política de la ciudadanía y hacerla transitar hacia una democracia responsable y participativa, transformación que a su vez haga posible la generación de hombres y mujeres con visión de estado, no de sexenio.

Mientras no cambie nuestra idiosincrasia, de poco ayudarán las reformas, aun si fuesen perfectas, porque los encargados de aplicarlas somos los mismos. Nuestra conducta repetitiva se asemeja a casi cualquier calle del centro histórico de Guadalajara, donde se renovaron las baquetas pero a medias y no todas bien, se arroja el asfalto y lo esparcen con escobas quedando los bodoques en las esquinas o a manera de novedosos topes, se arreglan desperfectos pero quedan los cerros de tierra en las esquinas esperando que llueva y se los lleve, pasa el carretón de la basura y riega más desperdicios de los que intenta recoger, todo gracias es la escalada de la irresponsabilidad. Es la idiosincrasia del "ahí se va", de "dar el gatazo", de "hacer como que hacemos".

Armando González Escoto
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 9 de marzo de 2014).

Para todos es evidente que la problemática existente en Jalisco y en Guadalajara, rebasa a las autoridades, a las municipales y a las estatales, autoridades que lavándose las manos o eligiendo mirar para otro lado, han dejado a la población a merced de la delincuencia, de la inseguridad.

Y ante esta situación, el ciudadano se pregunta: ¿Para qué pagar impuestos si quienes hacen uso de estos recursos o no saben, o no ponen su atención, ni los dineros de los contribuyentes para solucionar los problemas que violentan la vida de los jaliscienses, de los tapatíos?

Porque además a la inseguridad patrimonial que es un grave flagelo sin atender que la población padece, se suma la inseguridad en materia de salud. Jalisco está en los primeros lugares nacionales en la incidencia de dengue y dengue hemorrágico... una enfermedad para la que no se ha hecho lo necesario para frenar y sólo fluctúa sin que sea eliminada.

Porque a Jalisco poco a poco le han hecho perder su liderazgo nacional positivo, para cada vez más acercarlo a un penoso primero lugar negativo. Para muestra a nuestro estado lo tienen en un vergonzoso 1er. lugar nacional en cuanto a la incidencia y mortalidad de la influenza en la población y, otra vez, sin que las respuestas oficiales hayan sido suficientes; centro de salud y hospitales sin las vacunas, aún farmacias sin contar con el indispensable recurso médico, pero el parte oficial continúa diciendo: todo bajo control.

Y si los agravios descritos no fuera suficientes como indicadores de la mala calidad de vida de los jaliscienses y los tapatíos, acaba de ocurrir un trágico accidente por los usos y abusos de los concesionarios, muchos de ellos políticos de varios partidos que beneficiados en sus periodos en puestos públicos han generado formas de trabajo que dejan a las unidades sin el adecuado mantenimiento, a los choferes sin capacitación y presionados para obtener la ganancia más alta a costa de la seguridad de la población usuaria.

Lourdes Bueno, investigadora de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 15 de marzo de 2014).

Hay un elemento absolutamente escalofriante en la realidad mexicana de nuestros días: regiones enteras del país son asoladas por bandas de sanguinarios criminales que saquean, destruyen, matan, secuestran y torturan como si viviéramos las épocas más oscuras de la historia humana. Y esto, señoras y señores, en tiempos de paz y sin otro enemigo identificable que esas organizaciones criminales ante las cuales el Estado parece totalmente rebasado.

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 16 de marzo de 2014).

En este México democráticamente joven, el enemigo mayor de la democracia es el soborno, toda vez que deteriora fuertemente la confianza en los representantes públicos y con ello, de paso, en el sistema mismo.

Francisco Baruqui
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 17 de marzo de 2014).

En el ámbito de la libertad y el ejercicio democrático los mexicanos hemos hecho avances de consideración, pero en lo relativo a la justicia social estamos trágicamente atrasados. El pueblo de México, en su mayoría, sigue sufriendo toda suerte de carencias, y no disfruta de los bienes necesarios para una vida digna. Ahora algunos piensan que la pensión universal y el seguro de desempleo son actos de justicia social que bien habría podido llevar a cabo un gobierno izquierdista. No sé si tal apreciación sea correcta, pero puedo decir que si bien por un lado se otorgan esos beneficios, por el otro se le impone al pueblo una serie de cargas fiscales y procedimientos recaudatorios que afectan gravemente la economía popular y ponen en riesgo el ahorro, el empleo, la inversión, y por lo tanto el bienestar de la gente. Errar es de humanos, pero no corregir el error es de soberbios. Sin desdoro de su prestigio, sino precisamente para salvaguardarlo, el gobierno puede hacer correcciones a su política fiscal y suprimir o atenuar las medidas que con mayor dureza están afectando a la clase media y popular. Eso sería mejor que el otorgamiento de beneficios que, con todo lo bueno que puedan ser, no alcanzarán a compensar al pueblo por la aflictiva situación en que vive, y menos aún a impulsar la economía en forma tal que de ella derive un mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos, especialmente de los más necesitados...

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas en línea del 20 de marzo de 2014).

Tenemos que entender cómo diantres llegamos a esto: qué trizas hicimos con nuestras maneras de relacionarnos entre parientes, compañeros, vecinos, ciudadanos, correligionarios, y con las autoridades, que acabamos en la negación de la mínima fraternidad. Recomponerla pasa por reconstituir territorios desolados, públicos y privados; no es sólo cosa de cárceles y ya, por más que cuestionar qué pasa en ellas, y qué les sigue, sea deber de todo ciudadano. No troquemos, por miedo, libertades por seguridad. Exijamos sin perder lo arduamente ganado.

Guadalupe Morfín
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 21 de marzo de 2014).

El Banco de México dice que la economía nacional "no ha dado muestras claras de mejoría".

Así de anodina la afirmación de algo que es grave y nos afecta a todos; porque además, en el apartado de "notas relacionadas", nada más leer las cabezas es fácil darse cuenta de que la situación es más grave de lo que nos quieren hacer creer aun cuando la información esté "escondida" en el mundo de datos que nos envuelve: "Retroceden ventas en enero: Inegi"; "Débil alza en consumo al cierre de 2013: Inegi" y "SHCP: cae dinamismo por medidas tributarias" (la última cabeza es fatal: el dinamismo al que se refiere el título de la nota es al de la demanda agregada que contempla aspectos como ingreso, consumo, gasto público y exportaciones, un concepto muy conveniente para disfrazar realidades).

Por cierto, con relación a la última nota, resulta que es una declaración del titular de Hacienda, Luis Videgaray, en el foro anual de Bloomberg, en donde dijo (si está parado, mejor siéntese) que las reformas estructurales (sí, esas que llevan y traen como la gran cosa y que dizque son la panacea) ampliarán el potencial de crecimiento económico del país, aunque esa condición se dará en los próximos años.

Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 22 de marzo de 2014).

Resulta loable la interpretación que da el periodista Francisco Martín Moreno (¿Para que el dinero?, Indigo, 28 de febrero del 2013), quien en relación con la insaciable ambición que muestra nuestra delincuencia, en todas sus expresiones, sostiene: "La sed de tener, la avaricia, debe tener un límite y más nos vale encontrarlo pronto antes de que la codicia acabe con lo mejor de nosotros..."

"Los narcotraficantes envenenan a la sociedad, a la juventud, la parte más valiosa de una nación, por dinero. Enajenan estupefacientes en las puertas de las escuelas, en colonias, pueblos y ciudades por dinero. Disputan a balazos nuevos territorios por dinero. Se matan entre sí con tal de apoderarse de nuevos mercados, por dinero."

¿Todo el bombardeo de que el éxito proviene de la cantidad de bienes materiales que posea una persona la convierten en una entidad que no tiene escrúpulos y glorifica al mal encarnado en la avaricia y en el matar seres inocentes?

La sociedad mexicana, en su conjunto, está obligada a emprender una profunda reflexión para educar a sus niños y jóvenes sobre la base de valores y principios edificantes, que privilegien el respeto por la vida y que rompan con la falacia de que lo mejor de todo está cifrado en el "éxito económico", cualquier cosa que esto signifique; y que comprendan que existen otras formas de satisfacer nuestras expectativas de la vida. Sin renunciar a la búsqueda del éxito económico, las personas, familias y comunidades mexicanas podemos reaprender el significado de la solidaridad, del trabajo creativo y la fraternidad, para hacerle frente a la violencia, al temor y a la delincuencia que, sin lugar a dudas, son hoy por hoy una de las expresiones más latentes de lo que puede engendrar el mal como expresión social.

Carlos Guzmán
(V.México SOS del 23 de marzo de 2014).

PRI y PAN se han alternado en la Presidencia de la República, y junto con el PRD son hoy los coautores de un supuesto intento de rescate de lo que ellos mismos han minado durante estos 20 años.

Porque hace 20 años, cuando mataron a Colosio, pensábamos que habría que tener elecciones más limpias -con menos adjetivos, diría Krauze- y hoy estamos por reinventar el IFE. Hace 20 años creíamos que había que cuidar y reforzar a la CNDH, y hoy no hay quien hable bien de esa institución salvo los que viven de ella. Hace 20 años queríamos transparencia, y hoy ya podemos apuntarnos el haber destruido el primer Ifai. Hace 20 años el bienestar de los indígenas era un tema acuciante, hoy no lo es más. Hace 20 años la gente no confiaba en la televisión...

No estamos tan mal, no nos fuimos al despeñadero, sí hemos mejorado, dirán algunos. A ver quién es el guapo que se atreve a presumir en elecciones la anemia económica, la desigualdad y el crimen como "avances" 20 años después.

Salvador Camarena
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 24 de marzo de 2014).

Paulatinamente hemos estado cayendo en la tentación de hacer encuestas de todo y por todo. De manera insensible hemos ido fabricando un Frankestein populachero que consulta y da jerarquía a una masa de ciudadanos amorfa e ignorante.

La opinión que de ella se obtiene es la peor de todas la opiniones por superficial, por visceral, y porque se expresa la más de las veces sin conocimiento de causa.

La aprobación o rechazo encomendados a una multitud ignara y casi analfabeta, es un indicio claro de que las cosas andan mal.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 29 de marzo de 2014).

Hay personas que mienten sistemáticamente, que roban en cuanta oportunidad se les presenta y que habitualmente hacen el mal. Son seres poseídos de una triple enfermedad muy común en nuestros días: son mitómanos, cleptómanos y por añadidura malvados.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 5 de abril de 2014).

La mitad de los michoacanos respalda la arenga del líder de las autodefensas, José Manuel Mireles, de no entregarle las armas al gobierno, contra un pálido 26% que piensa lo contrario.

El mensaje parece simple: ¿por qué entregar las armas si nada garantiza que los criminales y sus aliados en el poder han sido derrotados?

El michoacano parece preferir el peligroso desorden de las autodefensas que confiar en policías, ministerios públicos y jueces que no han sido depurados. O en un gobierno local humillado por un gobierno federal que no alcanza a borrar la impresión de que su estrategia es dar palos de ciego hasta que llegue el cambio de poderes dentro de 18 meses.

Ciro Gómez Leyva
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 11 de abril de 2014).

Las regulaciones actuales muchas veces estimulan al sector tradicional a mantenerse ahí, con el pretexto de medidas asistencialistas. Se deben eliminar los incentivos que premian la ineficiencia y la informalidad.

Con el pretexto de luchar contra la pobreza se alienta al comercio ilegal, se premia a algunos con condiciones preferentes que no equitativas, se aplican limitaciones al crecimiento del comercio eficiente, se limitan iniciativas innovadoras en el uso y aprovechamiento inmobiliario, y se mantienen prácticas regulatorias absurdas.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 13 de abril de 2014).

Desde que yo recuerdo, una de las más importantes lacras de este país ha sido la corrupción. El PRI gobernó casi en solitario durante décadas, sin contrapeso de la prensa o de una oposición fuerte, y aun así se sabía, porque permeaba, que los políticos saqueaban la nación y que estábamos en manos de bandidos. Cuando Miguel de la Madrid lanzó su programa “moralizador” (Renovación Moral) después de una serie de escándalos que sacudieron al país, entre ellos el de Arturo Durazo Moreno, era porque de plano nos ahogábamos en porquería y no porque Televisa o los diarios de Mario Vázquez Raña (los medios poderosos entonces) lo dijeran.

No había indicadores internacionales, no había internet, no había canales alternos, pero se fue revelando que el jefe de Policía de la Ciudad de México -nombrado por José López Portillo- había institucionalizado las cuotas de corrupción; que estaba detrás del asesinato a machetazos del matrimonio Flores-Izquierdo y de la aparición de 12 cuerpos decapitados y con signos de tortura en el Río de Tula.

Esa corrupción persiste, como sabemos. La organización Transparencia Internacional publicó apenas en diciembre su Índice de Percepción de la Corrupción 2013 y ubicó a México en el lugar 106 de 177 naciones, lo que lo coloca como uno de los países más corruptos: cayó un lugar con respecto a 2012, cuando se ubicó en el puesto 105, en la misma medición; sin embargo, entonces participaron 176 naciones.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, le recordó al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, que prometió la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción durante su campaña y en octubre de 2012, durante una gira por Europa. El PRI y el PVEM en el Senado presentaron la iniciativa para crearla pero sigue en la Cámara de Diputados.

Y mientras, los casos continúan goteando a diario. Está Oceanografía, que involucra a los hijos de la esposa del ex presidente Vicente Fox Quesada, favorecida por unos 160 contratos de Petróleos Mexicanos entre 1999 y 2013 (durante el panismo, básicamente).

Está el caso de la empresa Hewlett-Packard, que fue acusada por la Comisión de Valores de Estados Unidos de sobornar y pagar más de un millón de dólares a funcionarios de Pemex para ganar la venta de software hace 5 años. Están las corruptelas con Walmart; los fraudes a la Comisión Federal de Electricidad; el saqueo de Coahuila por parte de un ex presidente nacional del PRI, Humberto Moreira; el escandaloso caso de lavado en HSBC.

Es decir: ahora es posible, gracias a los medios (y sobre todo a las denuncias que llegan desde el extranjero), enterarnos de infinidad de casos de corrupción en México, pero no sucede nada: nadie paga, no hay nadie en prisión, no hay investigaciones creíbles en proceso en este momento; no caen funcionarios, no arrestan a empresarios involucrados.

Simplemente se deja correr el agua bajo el puente en espera de que los casos se borren. Lo peor de todo, es que mientras la corrupción en México se mantiene, los partidos de oposición, el PAN y el PRD, están igualmente manchados de cochinada.

De hecho, existe la percepción de que la corrupción avanzó durante el panismo, lo mismo que la impunidad.

Lo más llamativo de todo es que si usted busca un Arturo Durazo Moreno, no existe. No hay siquiera identificado un personaje que simbolice al corrupto. Pero seguimos igual de corruptos. Esto significa que ahora, para desgracia de todos nosotros, la corrupción es más impune y las autoridades no buscan siquiera taparle el ojo al macho. No me extraña, entonces, que el Presidente de México no tenga que aclarar de dónde viene su patrimonio. No me extraña que no deba decir, de cara a los mexicanos, quién le donó las propiedades que tiene (y para qué) cuando era gobernador de Edomex.

Estamos sumidos en una corrupción brutal, y a la vez nos veo adormecidos. Estamos petrificados con el lodazal hasta el copete, y es como si no se nos permitiera sacar la cabeza. Es un fenómeno que no alcanzo a comprender. Es de esos enigmas que nos hacen únicos, a los mexicanos; únicos para mal.

México tiene un caso agudo de reformitis. Para que lo diga yo, que llevo años insistiendo en que el país requiere reformas estructurales como las que ahora se están instrumentando, es porque percibo que el movimiento del péndulo ha sido exagerado. La capacidad del Estado para manejar tantos cambios profundos en tantos frentes es cuestionable.

La última vez que el país pasó por un periodo de reformas similar fue en el sexenio del presidente Salinas. Algunas de sus reformas fueron un éxito indiscutible (v.gr., el TLCAN y la decisión de otorgar autonomía a Banco de México). Pero otras reformas fueron menos exitosas de lo que hubiera sido deseable (v.gr., la privatización de los bancos) y contribuyeron a crear las condiciones que condujeron a la crisis política y económica de los 90. Lo que el presidente Salinas buscaba -extender la vida del régimen político del PRI- se malogró. Como salieron las cosas, las reformas de los 90 tuvieron efectos paradójicos que aceleraron la muerte del régimen priista y condujeron a la transición política del país.

Dudo que la ola actual de reformas vaya a culminar en una crisis como la de los 90, pero si no se tiene cuidado, puede suceder. Durante los meses venideros, la regla debe ser cambiar sólo lo indispensable y consolidar avances antes de abrir nuevos frentes.

Ciertamente, hay vacío de comprensión acerca de la responsabilidad correspondiente en cada ciudadano. Se ha olvidado el sentido de fraternidad y solidaridad, esperando soluciones sólo de las autoridades, rebasadas, en muchos casos, para el ejercicio de la Ley con celeridad. Ministerios públicos, juzgados y centros de readaptación -entiéndase reclusorios de diferentes niveles-, están saturados por las más diversas causas, sin poder actuar con la practicidad que exigen las circunstancias actuales.

Aquí y ahora, en un país como México donde la sociedad civil ha conquistado ya espacios en los cuales puede ejercer plenamente sus derechos, ¿se puede proponer, en una iniciativa de ley sobre el tema de las telecomunicaciones, un artículo donde se plantea “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad” y otro en el cual se otorga la potestad de “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”?

Estos planteamientos, de una inquietante vaguedad porque no sabemos si la censura terminará siendo responsabilidad de los propios proveedores de la señal, formulados en los artículos 145 y 197 de la propuesta de leyes secundarias de telecomunicaciones, han causado mucho malestar en amplios círculos de la sociedad mexicana y, sobre todo, entre los jóvenes internautas. Ciudadanos de muy diversas proveniencias se han manifestado en las calles; miles de tuits han sido enviados; y, en el extranjero, cunde la impresión de que el gobierno mexicano arremete contra la libertad de expresión en la red.

En el país la seguridad social se comprime, la informalidad crece y la pobreza galopa.

Las leyes secundarias para la reforma del sector energético traen candados para atajar la corrupción y ventanas para incrementar la vigilancia sobre las operaciones de Pemex, CFE y los nuevos jugadores del sector energético. ¿Podrán estos candados y esas ventanas hacer el milagro de desterrar la corrupción y opacidad?

Erradicar la corrupción es un imperativo ético, pero también un asunto económico, en los términos más simples: La corrupción produce darwinismo a la inversa, genera condiciones para que prosperen la ineficiencia y la mediocridad. El único atributo que cuenta es tener el enchufe adecuado.

Hay buenas intenciones en materia de transparencia y combate a la corrupción, un nuevo marco institucional lleno de ojos para vigilar y reglas más estrictas para los participantes. Habrá más de cuatro dependencias que participarán en el proceso de licitación, contratación y pagos: Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Fondo Mexicano del Petróleo, donde estará el Banco de México.

El éxito en la erradicación de la corrupción en el sector energético es imprescindible para construir la narrativa de lo que viene para México. Lo que ocurra con Pemex, CFE y los nuevos jugadores privados contagiará al resto de la economía. Una reforma muy exitosa en términos de generación de riqueza, pero fallida en transparencia y honestidad, nos entregará una nueva oligarquía al estilo ruso, que eventualmente se apoderará de otros sectores.

Una reforma exitosa nos dará riqueza, competitividad y una nueva dosis de confianza, aquella que deriva de saber que la corrupción no está en nuestro ADN, sino en una página de nuestra historia a la que podemos darle vuelta.

Desde hace meses se anuncia una mejoría de las condiciones económicas que vive México. Sin embargo el crecimiento registrado desde hace más de un año es muy inferior a lo esperado e incluso a lo calculado por las autoridades y los agentes económicos.

Los factores externos como el lento crecimiento de la economía de los Estados Unidos, los vaivenes en nuestra relación económica con Europa, y las variaciones en los precios de muchas materias primas han influido en el desempeño mediocre de la actividad económica.

Los factores internos también tienen mucha importancia, y quizá el más significativo es la baja demanda interna producto del ancestral rezago en los ingresos de la mayor parte de las familias mexicanas, lo que ha generado una baja demanda agregada y un ahorro casi inexistente.

Pero el que pudiera revertir la tendencia en el corto plazo es el gasto público, que desde el inicio de esta administración federal ha estado contenido.

El hecho hasta ahora es que los indicadores aun no muestran que las compuertas del gasto efectivamente se hubiesen abierto, o que la derrama de la inversión en proyectos ha iniciado.

Una de las cosas en que más se nos nota lo tercermundistas es en el abandono de la infraestructura. No es sólo un tema de recursos, que sin duda tiene su parte en la historia, sino de cultura. Los mexicanos en general, y muy particularmente los tapatíos, abandonamos con mucha facilidad nuestros activos para construir nuevos, mismos que luego abandonaremos.

Ejemplos hay muchos. El trolebús, ya lo hemos comentado, es un caso patético. La cantidad de infraestructura que hay para este sistema regada por toda la ciudad sin ningún uso es increíble, más aún para una ciudad que padece de problemas de movilidad.

Los mercados están en una situación muy similar: unos abandonados, otros saturados, pero ninguno mantenido. El edificio de la FEG, en Pereira 100, es tierra de nadie; abandonado a la espera de que se tome una decisión, la que sea, de quién hará uso de él.

La Central Camionera (a la que hoy le decimos antigua central) es otro caso para Ripley. Esa que fue la primera central camionera del país tiene miles de metros cuadrado de oficinas desperdiciadas y que se caen a pedazos mientras los gobiernos rentan espacio.

La cultura de nuevos ricos con que hemos administrado la ciudad, abandonado y destruyendo lo viejo para construir cosas a la moda, ha dejado enormes heridas en la traza urbana.

Algunos de los propios locatarios del Mercado Corona, en medio de su estupor y su desgracia, lo admitieron sin ambages: ellos mismos fueron, en gran medida, los culpables de lo sucedido; ellos mismos se encargaban de sobrecargar, sistemáticamente, las líneas eléctricas; ellos mismos acumulaban en sus puestos muchos más tiliches de los estrictamente necesarios para el ejercicio de su actividad comercial; ellos mismos aplicaban como norma de vida el mexicanísimo criterio del “’ai se va…”.

Los resultados están a la vista.

Los medios de comunicación captaron al vuelo el mensaje, y lo replicaron de inmediato: lo que sucedió en el Mercado Corona pudo haber sucedido -¡y puede suceder!- en todos los demás mercados de la ciudad. En todos, sin excepción, se repite el modelo: en todos hay instalaciones eléctricas improvisadas, perpetradas por personas incompetentes.

Por otra parte, es público y notorio que la dizque “h.” autoridad cobra, en todos los mercados, cuotas a los locatarios. Se infiere que se trata de cuotas de poder, que operan en beneficio de los bolsillos de los consabidos zánganos del sistema… pero no repercuten en ningún beneficio para quienes las aportan.

Colofón: ¿sería demasiado pedir que, puestos a sacar alguna enseñanza de esta desgracia a la que no son ajenos aspectos como la incuria de unos y la indolencia de otros, quienes cobran esas cuotas realizaran, al menos, inspecciones sistemáticas, periódicas, a todos los puestos de todos los mercados de la ciudad? ¿No es estúpido -y no simplemente temerario- tener activadas, desparramadas por toda la ciudad, tantas bombas de tiempo…?

La pregunta es: ¿cómo se pasa a la fase de reconstrucción de unas instituciones políticas devastadas; para efectos prácticos, inexistentes?

Hay que reconstruir policías, ministerios públicos, alcaldías y cabildos; todos afectados -unos más y otros menos- por el reinado del crimen organizado en los últimos años. Es un proceso largo y complicado. Hemos visto, por ejemplo, el trabajo y el dinero que le costó a Nuevo León comenzar a construir una policía confiable. O los problemas en los que está el Estado de México con más recursos y menos penetración de la delincuencia en el tejido social.

Aflojar en la parte policiaca podría hacer que en unos años Michoacán regresara al caos y la violencia.

Tamaulipas es sólo un ejemplo de cómo la clase política (no importa a qué partido pertenece, para el caso es lo mismo) manipula y maquilla y oculta. No sé, la verdad, hasta cuándo van a sostener esta ficción que tiene al país sometido por la crisis económica (nada más hay que revisar y preguntar por la capacidad de compra de las familias) y sumido, en unas entidades más que en otras, en la violencia y la inseguridad.

Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 10 de mayo de 2014).

Hay 2 fuerzas de raicez históricas profundas y de ambiguo significado: la Iglesia Católica y el Ejército... Como resultado de la debilidad creciente del régimen y de los errores del grupo en el poder, ambas instituciones están hoy en el centro de los acontecimientos políticos, y las implicaciones del hecho son de preocupar. Son 2 fantasmas salidos de nuestro pasado colonial que empiezan a recorrer la geografía mexicana del conflicto. Ante la debilidad del régimen, la Iglesia aprovecha la coyuntura y se ha lanzado a una especie de reconquista del campo político. El Ejército por su parte, de la impresión de estar atisbando las circunstancias para hacer valer sus menguados fueros en la primera oportunidad.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.Razón y Acción del 10 de mayo de 2014).

Alguna fuerza atávica, algún paroxismo histórico, algún terror profundo (o todo junto), están provocando en el país una alarmante elevación de los niveles de encono, de inquina, y desconfianza y de odio. Me imagino que desde la sombra hay mentes perversas y manos agresivas que atizan la hoguera, en espera que ocurra un desastre que suponga para ellos algún beneficio… Su tarea es el trasiego de odios.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 17 de mayo de 2014).

El Papa Francisco hizo referencia a un par de fenómenos característicos del México contemporáneo, menos amables que los habituales, de los que se tiene conocimiento en todo el mundo. Uno, la migración: la necesidad imperiosa que tienen miles de mexicanos -millones, al paso de los años- de cruzar la frontera norte, no ya en busca del mítico sueño americano, basado en la vieja leyenda de que del otro lado del Río Bravo los árboles, en vez de hojas, dan dólares, sino de la simple sobrevivencia. Otro, la violencia vinculada con el narcotráfico, y la “lógica” del abandono del campo.

Se trata, en ambos casos, de una censura al estado de cosas imperante -y creciente, además- en un país incapaz de generar las estructuras adecuadas para la realización personal y profesional de sus habitantes. Un país en que se da la grosera paradoja de que uno de sus nacionales sea uno de los hombres más ricos del mundo, y muchos millones de compatriotas suyos estén por debajo de los niveles de la pobreza extrema, con ingresos menores al equivalente a un dólar diario: una injusticia estructural que ofende la memoria de Morelos cuando plasmó, hace 2 siglos, en Los Sentimientos de la Nación, la consigna de “abatir el abismo existente entre la extrema opulencia y la extrema indigencia”.

Realmente en México y en estos momentos, no hace falta que nos vengan a decir que el país está en una recesión económica. Se siente, se nota, se percibe y se vive; la falta de flujo de recursos, la carestía económica, la paupérrima situación del salario mínimo, la falta de inversión interna y la ausencia de inversión externa, y la errada inversión de los gobiernos, empezando por el Federal –de hecho la más importante en términos financieros y numéricos-, y siguiendo con la estatal y la municipal que están supeditadas a la federal en este centralismo puro que vivimos hoy día.

Hay hogares, muchos (quizá el suyo sea el caso) donde se han tomado medidas de ahorro y previsión, ya no compras esto o aquello, prescindimos de lo otro y nos arreglamos con lo poco. En el mundo del comercio, las cosas no van bien. Siendo la pequeña y la mediana empresa las principales proveedoras para la economía en México, son las que más están padeciendo la recesión económica.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en los primeros tres meses del año, en México cerraron 115,470 negocios.

¿A qué se debe la inapetencia para la inversión en nuestro país? Desde un punto de vista ciudadano y medianamente informado, a 4 factores: las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, la Fiscal, la Energética y la Política, que si llegan a dar resultados será en el largo plazo; la recesión que está de salida en los Estados Unidos el país con el que mayor intercambio comercial tenemos y del cual depende de manera indirecta (realmente directa) nuestra economía; la poca y mala inversión gubernamental –invierten pero no donde se derrama el dinero, sino donde pocos se aprovechan-, y 4a., la inseguridad cada vez más cruenta, más grave y más llamativa en el País, que inhibe la inyección de dinero extranjero y nacional (Luis Videgaray Caso, el secretario de Hacienda lo dijo hace unos días, antes de anunciar que ajustaría el porcentaje programado de crecimiento económico para México, tasado en 3.1%).

No hay dinero, la gente no compra, no invierte, los presupuestos se acortan y los ahorros, pocos, se guardan para ocasiones peores. La reforma financiera, fiscal, en mucho contribue a ello. Hostigar a la base contribuyente de siempre con trámites basados en la desconfianza y la persecución, como hacer que todos los negocios, absolutamente todos, incluyendo los taqueros, los abarroteros y los desayunadores, tengan que facturar electrónicamente, y de ahí para arriba, obligar a comprar programas de computadora para emitir facturas que antes de ser entregadas deben ser aprobadas por Hacienda. Siguiendo por los gobiernos estatales y municipales que no pueden invertir en obras que no sean parte del proyecto nacional de desarrollo y vayan acorde a las necesidades electoreras y de lucimiento propio del gobierno federal, con tesoreros y financieros y directores de finanzas y administradores que deben estar certificados por el gobierno central para asegurar que los dineros públicos se invertirán donde el gobierno de Enrique Peña Nieto quiera que se inviertan, y no para satisfacer las necesidades reales de la sociedad.

La economía está inhibida, está en recesión y todos lo padecemos. Los abarroteros que deben cerrar porque no alcanza la poca ganancia para adquirir un equipo computacional y un programa fiscal; los vendedores que deben hacer el doble de trabajo para ganar lo mismo, los inversionistas que cambian de estado en busca de mejores condiciones locales para desarrollar negocios transnacionales, los extranjeros que han dejado de invertir en México porque les cuesta más que en otros países del tercer mundo.

Este sexenio, sordo y ciego que no entiende lo que entidades locales, nacionales, internacionales, analizan y consigan, y lo que la sociedad mexicana está viviendo, y que es una recesión, negada por el Presidente de la República y repudiada por el Secretario de Hacienda, crea a costa de sus ciudadanos, inversiones para apoyar, en una estrategia paternalista, a quienes padecen en lo inmediato los efectos negativos de la toma de decisiones en términos financieros en México. Y para ello, crean fondos de recuperación.

Así tenemos que se han creado fondos federales para “ayudar” a los sectores productivos a sobrellevar y sobrevivir las consecuencias de la administración priísta de Enrique Peña Nieto.

La economía mexicana está en recesión, y se siente, aunque el gobierno de Peña lo niegue, y los expertos lo confirmen.

Leí a la maestra de secundaria defendiendo a los maestros, sí me queda claro que hay maestros comprometidos con México y sus alumnos, está claro que hay trabajadores de Pemex que hacen su chamba, hay trabajadores de CFE iguales, pero que también hay un puño de mexicanos que no les importa el país, a quienes sólo el beneficio propio les importa, esos son los mexicanos que no necesitamos, incluyendo Bartletts, Beltrones, Calderones, Foxes, AMLOs, Bartres, Padiernas, etc.

Aunque técnicamente todavía no se encuentra en una recesión económica, la economía de México tiene los síntomas: no hay demanda en la producción por la falta de flujo, que se originó por un impacto especulativo, que a su vez genera la caída de la producción, de los empleos y del poder adquisitivo, afirmó el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas Guadalajara, Benjamín Villanueva Rivera.

El presidente del IMEF dijo que el pasado miércoles el “Banxico bajó el pronostico de crecimiento del PIB hasta 2.3%, lo que da ciertas señales de que todavía creen que pueda seguir bajando”.

“Si uno promedia el crecimiento de 2013 y el esperado para 2014, el promedio durante los 2 primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto sería de 1.8%, suponiendo que se lograra 2.7%”, advierte el investigador del Departamento de Economía del ITESO, Ignacio Román Morales.

Román Morales señala que este pronóstico también confirma que cada vez es más precario el empleo en la nación.

La Población Económicamente Activa, dice, crece a un ritmo de 1.9% cada año, mientras el ritmo de crecimiento del PIB será menor: de 1.8%. “¿Qué significa? Que cada vez más, la gente tiene que meterse a las actividades de baja productividad, al sector informal, a empleos precarios… por lo tanto, tenemos mayores problemas de empobrecimiento”.

Y califica como “optimista” el crecimiento del PIB que registra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el primer trimestre de año de 0.28% a tasa desestacionalizada y de 1.8% en comparativo anual. “La realidad es que este país está completamente estancado”.

El panorama es desalentador para el ciudadano, alerta: “Un menor crecimiento económico de entrada implica una menor recaudación del Estado, eso implicará por lo tanto menos recursos gubernamentales para incentivar la economía, el empleo, la política social, para el desarrollo del país e implicará mayor riesgo de contratación de deuda. Esto, evidentemente, le pega a las empresas, las cuales tienen menor posibilidad para vender, por lo tanto para generar empleo, prestaciones, crecimiento y tecnología. Lo más grave es que le pega al trabajador”.

La descomposición social es grave, multicausal y de parte de las autoridades de todos los órdenes no hay una estrategia, una política pública, un plan o un programa cuyos efectos se sientan y repercutan en una disminución de estos casos, al contrario. La violencia está en aumento en todos los ámbitos, en la calle, entre automovilistas y peatones y ciclistas; todos contra todos; las señoras en el mercado o en el súper; los niños en las escuelas; los jóvenes en los antros. Estamos mal y sí, somos responsables, pero no los únicos responsables. Es urgente que actuemos de manera coordinada para detener esta ola de violencia que hasta el Papa Francisco lamentó refiriéndose a los hechos en Tamaulipas, pero esto es generalizado en mayor o menor medida. La violencia se ejerce cotidianamente en todos sus tipos y es preciso poner un alto.

Presionados, estresados, cansados, con problemas y falta de dinero o de trabajo, enfermedades, problemas con los hijos, con los padres; con los jefes, los compañeros de trabajo; sin vacaciones, con dos y tres turnos para que alcance; con las demandas constantes de comprar y de tener porque es lo que se ve en la tele y en el entorno: tener, tener, tener; comprar, comprar, comprar. Es una vorágine que debe parar porque no nos lleva a ningún lado y la autoridad debe hacer lo que le corresponde y poner orden.

La era de violencia extrema y absurda que vivimos los mexicanos en años recientes, no comenzó en 2007, pero entonces se hizo evidente que algo nuevo, algo macabro y grave se hacía presente en el país.

Ese año marca el inicio de la narrativa presidencial que exaltó la guerra supuestamente en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada, pero que se convirtió en una guerra en contra millones de mexicanos, especialmente los más vulnerables: pobres, niños, mujeres, migrantes, madres, jóvenes sin futuro. Los asesinatos violentos, los cuerpos mutilados o enterrados en fosas, los desaparecidos no nacieron hace siete años, pero se intensificaron de modo notable. Los noticieros en los medios comerciales se empezaron a llenar de notas “policiacas”, de asesinatos, de cuerpos encontrados en fosas, de acribillados. Eran “presuntos delincuentes”.

La mayoría de la prensa mexicana empezó a comprar sin cuestionar el discurso de Felipe Calderón de que la mayoría de las bajas eran producto de la guerra contra las drogas. La prensa comercial actuando, otra vez, como propagandizador (sic) del poder, no en su contrapunto.

Las “bajas” empezaron a contabilizarse, a convertirse en fría cifra. Pero detrás de esa cobertura que parecía hacer apología de la guerra contra el narcotráfico y que entronizó en el conteo de muertos, se ocultaban las terribles historias de los levantados, de los descabezados, de la multiplicación de las fosas, de las detenciones arbitrarias, de personas asesinadas por soldados, marinos o policías en acciones fuera de legalidad y debido proceso.

La recaudación del SAT ha sido motivo de festejo en la Secretaría de Hacienda.

De por qué se congratula tanto Hacienda en la recaudación, también tendría que responder Videgaray, cuando, al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda ha sido el centro de críticas de múltiples gobiernos estatales, a propósito de la tardanza para llegar recursos programados desde enero mismo. Recursos que tienen que ver con el gasto social, o con el campo, o la ganadería. O con la inversión productiva, generadora de empleos.

Ayer, en voz Miguel Alonso Raya, el PRD trataba de tomar distancia de las feroces críticas de que ha sido objeto por parte del PAN estos días, en el sentido de que ellos también tienen una gran responsabilidad en la crisis económica transfigurada en recesión, porque el freno de la economía ha sido, ni más ni menos, la creación de nuevos impuestos y el incremento de éstos, para 2014.

Alonso Raya decía: “con el argumento de que el bajo crecimiento tuvo como causa la reforma hacendaria y fiscal el gobierno pretende encubrir su incapacidad en el manejo de la economía nacional”.

Esto de la baja del crecimiento, derivado de la reforma fiscal y hacendaria, fue un argumento que enarboló la semana pasada el Consejo Coordinador Empresarial. Y ahora lo ha retomado Videgaray, como queriendo embarrar al PRD en la bronca del parón de la economía.

Silvano Aureoles Conejo, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, reviró: “No coincido (cuando dice esto Hacienda) porque es un argumento que ya escuché de algunos sectores, sobre todo los dirigentes empresariales, que el problema del no crecimiento de la economía es a causa de la reforma hacendaria. Eso no es cierto”.

Y apostillaba: “¿Por qué no hemos crecido en los últimos 30 años? ¿Por qué en los momentos que tenían ellos todas las condiciones a su manera y, por cierto, ellos eran los que influían en cómo tomar las decisiones, tampoco crecimos y tampoco se generó empleo?".

“Llevamos así 30 años sin crecimiento sostenido y sin generación de empleos. Entonces, que no me digan que es por la reforma del año pasado".

No ha desaparecido la amenaza de que se implante en el país un régimen de caudillismo populista. Antes bien todo lo que ahora sucede en el país parece conducir a eso, y aun hay quienes miran en tal posibilidad una esperanza para México. Hoy por hoy los mexicanos pobres sufren abandono. Los altos designios del Estado miran a otras cosas que nada tienen que ver con la pobreza o con los pobres. A las reformas en materia fiscal, energética, política y de telecomunicaciones, todas de cúpula, no se ha añadido ni siquiera un intento de reforma social que tienda a aminorar, aun en forma mínima, la inmensa desigualdad que existe entre aquellos que todo lo tienen y aquellos que nada pueden conseguir. Los males del pasado y el presente hacen que el futuro se vea sombrío.

Michoacán no ha salido del infierno, aseguró ayer José Manuel Mireles, dirigente de autodefensas michoacanas.

Al participar en el Encuentro Nacional de Autodefensas Ciudadanas, rechazó que la entidad esté bajo control, como lo presumió el comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo.

"El infierno en Michoacán aún sigue, aún no termina. El día de ayer (martes) hubo 7 ejecutados en los municipios donde nosotros no hemos tomado el control.

"Cuando el señor comisionado dijo 'ya llevamos 100 días y tengo todo en Michoacán bajo control', ese día nomás hubo 28 ejecutados, pero según él ya lo tenía controlado", apuntó.

Es un tanto cuanto chistoso que se discuta si el país está creciendo o no cuando en realidad el estancamiento es evidente. Más que eso, lo que se requiere debatir es por qué la economía no se expande. Los empresarios, claro, consideran 2 factores: el incierto gasto del gobierno y la reciente reforma al impuesto a la renta. El gobierno, claro, dice que las cosas se están preparando para la segunda mitad del año, pero ¿cuáles serán esas cosas? Eso mismo dijo el año pasado respecto al actual.

Parece que no se quiere entrar al análisis del campo de las inversiones, es decir, de la estrechez de éste. Cualquiera entiende que para invertir productivamente se requieren empresas viejas o nuevas pero es indispensable que exista un campo para hacerlo, una ampliación de mercado potencial, unas condiciones mediante las cuales sea posible realizar el valor de las mercancías y los servicios. El mayor problema económico de México es que ese campo se ha venido estrechando debido a 2 factores: la baja capacidad adquisitiva real de los salarios y de las percepciones de trabajadores sin patrón, por un lado, y el escaso gasto gubernamental, por el otro.

La política salarial no podría ser peor que la actual. Frente a pérdidas históricas de los salarios reales, el gobierno tiene un acuerdo de acero con la patronal para mantener la tendencia hacia la reducción. La tesis básica es que la economía requiere fuerza de trabajo barata para competir con el mundo y para sostener la tasa media de ganancia. Sin embargo, en el pecado han llevado la penitencia: el mercado interno se sigue deteriorando mientras que las exportaciones han tenido vaivenes al ritmo de la economía estadunidense de la cual dependen.

El congreso ha brindado 2 reformas para aumentar el gasto público: una mayor progresividad en el impuesto a la renta y una autorización para contratar más deuda pública. Sin embargo, el gobierno no emprende un programa de inversiones productivas, todo va a paso de tortuga, existe titubeo porque no hay claridad en objetivos ni seguridad en los proyectos.

La vieja política económica se mantiene en sus grandes trazos, pero ésta no sólo corresponde al gobierno, como se supone, sino a la actitud de los grandes empresarios, los cuales defienden sus inmensos privilegios monopolistas sin importarles mayormente la expansión del mercado y del campo de las inversiones. Acostumbrados a tasas muy altas de ganancia, prefieren los reductos y sólo realizan las inversiones que se encuentran a la altura de los beneficios que ya obtienen. Hasta aquí, el gobierno no hace nada.

Mientras tanto, las salidas de capital-dinero hacia el exterior siguen en su apogeo. Si no hay dónde invertir en el país, el dinero se coloca en el extranjero pues aunque el rédito esté bajo siempre es más seguro. No hay un problema de falta de capital acumulado sino de la manera de colocarlo.

En lugar de discutir si hay recesión o estancamiento, es preciso emprender un debate sobre las reformas económicas para promover el crecimiento y defender la capacidad adquisitiva de los ingresos de la mayoría.

Una vez más, como fue durante todo el año pasado, se redujo la perspectiva de crecimiento de la economía mexicana. Bajó de 3.9 a 2.7%, nada menos y nada más que 1.2 puntos porcentuales. Si usted recuerda, el año pasado este mismo fenómeno se repitió mínimo 4 veces y en gran medida la causa fue que el gobierno federal no ejerció el presupuesto, lo que se conoce como subejercicio; hoy, según el CEESP, hay un sobreejercicio, pero, dice, “su destino no ha sido el más efectivo para incidir en el crecimiento de la economía”.

En 2013 claro que oficialmente toda la culpa la tenía la economía de Estados Unidos y la globalización. Y estuvimos en recesión porque el PIB hiló dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo.

Entonces como ahora no lo quieren reconocer. No sé si realmente creen que con eso ganan confianza o evitan que los inversionistas se desanimen, los nacionales y los extranjeros porque, si se trata de la población (los que menos importamos para ellos, por supuesto), vivimos en carne propia la crisis económica. La falta de trabajo es preocupante; y se trata del empleo formal pero también de otras actividades económicas como la construcción, que de manera indirecta contratan a personas que trabajan a destajo, por ejemplo albañiles, fontaneros, carpinteros, electricistas.

Y si es con relación a los inversionistas, ¿creerán acaso nuestros gobernantes y demás funcionarios que tomarán decisiones con base en lo que diga un secretario? Más valdría que hablaran con la verdad para tomar decisiones sobre hechos y no parados en nubes color de rosa.

27 de mayo: unos días antes, un estudio del CEESP concluyó que aumentar los salarios por decreto obstaculizaría el crecimiento económico de México (nada más falta que digan que por eso), que habría despidos y mayores afectaciones al poder adquisitivo; pero este día, el presidente de la Coparmex Jalisco “presumió” que la mano de obra barata es una oportunidad para atraer inversiones, que ya somos tan competitivos como los chinos, por eso, porque a los obreros y trabajadores se les paga poco (¿se habrá escuchado el señor? ¿Se dio cuenta de lo que dijo?).

28 de mayo: Luis Videgaray, secretario de Hacienda, ya con el dato de la reducción de la proyección del PIB para este año, dijo: “El problema de la economía mexicana es que crece menos de lo que debería” (¡no! ¿En serio? Dios santo: es el secretario de Hacienda).

28 de mayo: Eduardo Sojo, el panista que se quedó en el Inegi, afirmó: “La economía mexicana ha registrado un crecimiento muy bajo y lento en los últimos trimestres, lo que indica que se encuentra estancada” (como dicen los chavos: ¡no, bueno! ¿En manos de quién estamos?).

28 de mayo: más tarde, en otra actividad, Videgaray reitera que no hay crisis ni recesión cuando las notas como las que enlistaré a continuación son cosa de todos los días: lecheros atraviesan situación dramática; cae el reparto de utilidades en Jalisco; habrá recuperación hasta el segundo semestre; México va a importar petróleo; crece el abandono de hogares por la situación económica… ¿Le sigo?

Otros países han salido de crisis más severas con una política incentivadora del mercado interno: más salario, menos impuestos, más poder adquisitivo, más producción, más impuestos, más empleo… Otro dato que se me andaba quedando en el tintero es que las ventas de la Asociación de Tiendas Departamentales y de Autoservicio, como dice el Inegi, “no muestran mejoría”, es decir: el mercado interno está deprimido porque no hay liquidez. Lo peor de todo es que tanto el Gobierno como los empresarios se pintan solos para mantener esta situación que se antoja ya insostenible.

Cuando uno se detiene a considerar las elevadas cifras de la delincuencia local y nacional, la implicación constante de las corporaciones policiacas, aún del mismo ejército de tierra que ha hecho acudir en busca de la marina, la habitual colusión de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial que ha llevado a la destitución de alcaldes y jueces, y al encarcelamiento de los ex gobernadores que se ha podido, se acaba por pensar que el problema de fondo radica en la sociedad misma y el colosal fracaso no de los sistemas de seguridad, o del aparato legislativo, sino sobre todo el fracaso del sistema educativo que no ha logrado formar mejores ciudadanos, pero sí los está preparando para competir denodadamente en el maratón de la delincuencia con o sin uniforme, ilegal o legal, organizada o desorganizada. Si los futuros profesores del país siguen tomando casetas para exigir cuotas a los conductores, o paralizando las universidades, si tantos de los así llamados maestros lo son, pero del vandalismo y la anarquía, y los mandos de la educación superior suelen ser el pantano de las grillas, los fraudes, las muchas plantas de tiempo completo para un solo individuo y sabrá Dios cuántas cosas más ¿Qué podíamos esperar de los resultados?

La mercadotecnia actual no deja de alentar el consumo, la realidad económica del país incrementa la voracidad, y la escuela ha renunciado a educar, lo que sigue es que cada quién, donde sea que se encuentre, busque la forma de adquirir cuánto le venga en gana sin el menor escrúpulo, ya que éstos sólo existen cuando la persona tiene principios y valores. La solución a una sociedad decidida a manejarse por la libre es el imperio de la ley, pero como la justicia se haya copada por la impunidad, la violencia se vuelve un carnaval.

Al clásico “sálvese quien pueda” del momento presente le ha antecedido por años “el que no transa no avanza”, ninguna sorpresa puesto que en nuestro país casi todo, hoy día, se halle falsificado, toda vez que partidos, instituciones, poderes, organismos públicos y privados, códigos, procesos, discursos y declaraciones, carecen del valor que representan.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está en problemas, dice la revista inglesa The Economist. El mandatario prometió incentivar la productividad y la formalidad para echar a andar el crecimiento del país, pero todo se ha quedado en buenos deseos.

La publicación dice que “después de la aplicación de una reforma fiscal, que impuso una miscelánea de gravámenes impopular para las empresas, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso prometió no más cambios en los impuestos” hasta el final del sexenio. “Esto es un error, la razón principal para el desempeño económico mediocre de México es la baja productividad. Y la explicación más plausible para ello es la prevalencia de una enorme economía informal de empresas no registradas, en donde 3 de cada 5 mexicanos trabajan”.

En un país donde más de la mitad de la población padece pobreza, ¿qué incentivos existen para participar, así sea como mero observador, en un proceso de reforma?

Debe considerarse además que, encima de todo, los legisladores obedecen a una dinámica en la que acatan las disposiciones de las cúpulas dominantes en su partido político, de manera que si toman acuerdos en el tema de las leyes secundarias, no cambiarán de postura con o sin torneo de futbol.

El mexicano promedio no atenderá nunca una discusión entre senadores, cualquiera que sea el tema, pero por razones muy distintas: desconfía de los diputados, de los senadores y de los políticos; también desconfía de los partidos políticos y está seguro de que los cambios en las leyes se concretan, invariablemente, para beneficiar a quienes están en la punta de la pirámide social, no en la base.

En una nación como esta, sumida en la violencia derivada de la acción del crimen organizado; frenada por la desequilibrada distribución de la riqueza; paralizada por la falta de oportunidades de crecimiento para las nuevas generaciones, poco impacto tiene el mundial de futbol, a no ser que el equipo mexicano sorprenda con triunfos y regale, al menos por unos días, la alegría que la gente no alcanza con su trabajo cotidiano, así sea en la economía informal.

A raíz de varios casos graves de bullying (violencia entre iguales) en el país, en una estadística que nos ubica en el nada honroso 1er. lugar en esta materia dentro de las naciones que forman parte de la OCDE, se ha dicho con insistencia que la educación, la formación, los valores y la cultura por la paz por ejemplo, y la no violencia, se aprenden en casa, con la familia.

Es la célula, la unidad básica del conglomerado social, que más embates sufre en todos sentidos. Vive amenazada por la pobreza, por las deficiencias educativas y de formación; por la violencia entre todos sus miembros; las adicciones como el alcoholismo o la drogadicción; la falta de una vivienda digna y de un entorno ambiental propicio y adecuado para el desarrollo de todos sus miembros. La falta de valores en el seno de familias por lo general desintegradas es resultado de que sus miembros, por lo general, provienen de otras familias desintegradas y éstas de otras y así, una cadena sin fin.

¿Podemos responsabilizar de todo a las familias cuando el hábitat es de pobreza extrema, de desnutrición, de desempleo? ¿Cuándo la vivienda -si acaso se dispone de una- tiene pisos de tierra y se ubica en zonas de riesgo? ¿Estamos en condiciones de echar la culpa a la familia de todos nuestros males si viven enfermos, sin trabajo, mal comidos y con los programas corrientes y vulgares, banales y estupidizantes de la televisión abierta que por desgracia es duopolio en nuestro país, como único acceso a la educación? ¿Tienen la culpa, son responsables de reproducir los esquemas de violencia de un entorno adverso cuando además son presa fácil de productos televisivos que hacen apología de la violencia y del crimen?

La familia es responsable, sí, pero también el Estado que no es capaz de (y ni quiere) generar las condiciones mínimas para que los habitantes de este país vivamos mejor; con las necesidades básicas resueltas por lo menos y proyectos familiares a futuro.

En este contexto, la secretaria de Desarrollo Social, una de las mayores desgracias del gabinete presidencial, festina un aniversario de la Cruzada contra el Hambre (dizque) con un concierto que costó más de 10 millones de pesos y luego de haberse gastado más de 100 millones en artículos distintivos y promocionales del programa. 110 millones de pesos suficientes para la promoción de huertos familiares en las viviendas en donde la pobreza extrema es un sufrimiento cotidiano; o para apoyar la instalación de micronegocios o para capacitación o para mejorar las viviendas o para comprar ropa y zapatos para los niños, es decir, para un montón de acciones que podrían incidir en que la gente salga de ese status y mejore sus condiciones de vida ¿Para cuánto alcanzaría todo ese dinero? Mientras nos enteramos de la espera, las filas y los malos tratos que sufren adultos mayores para acreditar que viven todavía, y seguir recibiendo el paliativo, subsidio o limosna que les da el gobierno. Es una desgracia total.

Dos de las formas de manipulación masiva que ha identificado el lingüista Noam Chomsky son mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, y además que sea complaciente con esa mediocridad: “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible…” y lograr que el público crea que “es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto”.

Así que si se va a señalar con dedo de fuego a la familia como responsable de todos nuestros males, creo que habría que incluir a los medios masivos de comunicación y su programación idiotizante y al Estado mexicano por sus omisiones y sus marcadas deficiencias y malas decisiones.

A medida que el tiempo transcurre, en el ánimo de todos los sectores sociales se va afirmando el deseo de que nuestro país tenga un gobierno de mano dura que haga frente sin contemplaciones a una delincuencia organizada que tiene a las instituciones contra la pared. No importa que para ello se tengan que cometer excesos y comportamientos al margen de la ley, dado que de otra manera, la prevalencia del hampa y la criminalidad acabarán por confirmar una caricatura de gobierno y una ficción de Estado. La sociedad atemorizada, en sí desesperanzada, está concibiendo la posibilidad de una nueva dictadura, con la obvia presencia del Ejército para imponer férreas disciplinas y despreciables jerarquías de cuartel.

La experiencia nos dice que cuando un gobierno saca al aire un anuncio cuyo mensaje es 'estamos mal pero vamos bien' como han hecho todos de Zedillo para acá, incluyendo recientemente a Peña Nieto, no significa otra cosa más que 'ya nos cargó el pintor'.

La crítica que hiciera el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a la economía mexicana, ha calado hondo en la clase política mexicana, empezando por el presidente Enrique Peña Nieto.

La clase política sale a decir de inmediato que las rutas son diferentes, que no se trata de una competencia y que en realidad es Brasil el que está mal. Lástima de reacción, un desperdicio. Lula ofreció la oportunidad de que se aceptaran los problemas económicos que no se pueden negar ya, la falta de liquidez y la inflación son rampantes en México, no hay dinero que alcance y la actividad económica está verdaderamente deprimida. Un ligero roce o contacto con los demás nos bastarían para darnos cuenta de eso; pero optaron por hacer como que no pasa nada -como siempre- y que en México todo es perfecto y que las reformas y no sé qué tanto más cuando el Banco Mundial (nada menos y nada más) reduce la expectativa de crecimiento de nuestro país, casi inmediatamente después de que la Secretaría de Hacienda; claro, luego de las cifras dadas a conocer por varios organismos especializados de la iniciativa privada.

¿Por qué dolió a los funcionarios lo dicho por Lula? Porque es cierto, porque lo que sí es cierto da coraje y duele. Pero se quedan ahí, en la reacción infantil y no mueven un dedo para cambiar y mejorar las cosas, para que esa ruta que dice el Presidente es diferente a la brasileña, sea clara y garantice mejores niveles de vida para los mexicanos.

Líderes sindicales y políticos y aun empresariales, entre otros individuos ostentan su impunidad ante un reclamo social, algunos al amparo del fuero que la Constitución les otorga por concesión legislativa convertida en cultura de cínica complicidad con onerosa carga al erario, que en su exhausta circunstancia coloca al país y al propio régimen en condiciones peligrosas, puesto que ningún régimen soporta la insuficiencia de recursos económicos. Y éstos están amenazados por la disminución de ingresos por venta de petróleo a Estados Unidos, nuestro principal comprador de este insumo y proveedor de múltiples productos entre los que figuran agrícolas alimentarios.

En este punto del avance sexenal se expresan 2 puntos sin atender a cabalidad, y que están en la preocupación ciudadana, aunque no en la ocupación de las autoridades; uno es la economía que sigue en picada, aunque eufemísticamente le llaman "desaceleración aguda"; y el otro tema que agobia a la población, sin que el cambio de administración le haya traído sosiego, es la inseguridad que sigue en escalada a pesar de las cifras alegres que presentan muchos dirigentes.

Porque el número de extorsiones sigue subiendo en el país, y de manera alarmante en el área metropolitana de Guadalajara. Porque el número de secuestros oficiales no es el real y tampoco se acerca a lo que sucede de manera cotidiana en el país, en el Estado.

Y las víctimas, luego de que los grandes empresarios pusieron medidas de seguridad muy elevadas, están siendo los medianos y pequeños empresarios del estado, empleados y aún maestros en varias zonas de la entidad. Sin embargo, a este delito no se le ha dedicado ni presupuesto, ni capacitación suficiente por parte de las autoridades.

Y también el robo de autos a mano armada resulta, en varios puntos de la zona conurbada de Guadalajara y aún en colonias antes consideradas como seguras, uno de los delitos que en los últimos meses ha subido sin control.

El otro problema es la economía en el país, economía que se ha logrado adelgazando la clase media del país, grupo social que ha sido y es sustento de la cohesión social, la civilidad y la economía de las naciones desarrolladas.

Los niveles de corrupción en el país son alarmantes y así lo demuestra el “Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía en México”, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani.

Ante ello, afirmó que el combate a la corrupción tiene que ser bandera del México nuevo, “para pasar de los escándalos, a las sanciones; de una indignación nacional frente al abuso, del fraude y la impunidad, a una gran movilización por la renovación de la vida pública”.

Detalló que la corrupción más habitual, que es la relacionada con trámites, solicitudes de servicios y contactos diversos con servidores públicos, arroja hasta 5,000 millones de pesos, y eso considerando un promedio conservador de 165 pesos por caso, que es lo que ha manejado la organización Transparencia Mexicana.

También citó los datos del informe -elaborado por el Inegi y el Instituto Nacional de Elecciones- que revelan que 6 de cada 10 considera que las leyes se respetan poco o nada, y 7 de cada 10 no cuenta con otros ciudadanos para defenderse ante una injusticia. “Son alarmantes; explican en gran parte por qué la democracia está todavía lejos de cumplir las expectativas generadas con la transición”.

Recordó que de acuerdo al Inegi, la corrupción es la tercer[a] preocupación de los mexicanos, después de la inseguridad pública y el desempleo.

Lamentó que la Comisión Nacional Anti-Corrupción permanezca congelada.

La iniciativa llegó al Senado a mendiados de noviembre de 2012 -2 semanas antes de que Peña Nieto jurara como presidente- con la idea de que sustituyera a la Secretaría de la Función Pública. Un mes después fue aprobada en el Senado, pero los diputados la tienen congelada debido a la discusión de otras reformas.

Nuestra frontera sur no tiene control alguno y esa será una situación que generará una crisis humanitaria pero sobre todo en Chiapas, con costos sociales y políticos altos, que hasta ahora se ha evitado, pero que más temprano o más tarde se presentará en forma ineludible.

Todos sabemos las dificultades que se presentan en seguridad en Tamaulipas, pero lo que se sabe mucho menos es que al gobernador Egidio Torre las autoridades estadounidenses le envían, semana con semana, miles de deportados. El último año fueron 150,000, que se abandonan en los puentes internacionales sin dar, siquiera, un aviso previo.

Es preocupante el estado de desánimo que priva en la población, apenas mitigado o disimulado durante las acciones deportivas. La esencia de todos los problemas reside en el ejemplo. Las promesas públicas deben acompañarse de actuaciones congruentes, sin buscar culpables ni apelar a estadísticas, comparaciones o encuestas a modo. La realidad es la verdad sin comparaciones eludiendo la responsabilidad.

Ante la carencia de confianza, la deslealtad estructura la traición política expuesta en lucha de facciones sin propuesta, donde sobresalen los intereses grupales o particulares; como ha sido desde las leyes de Reforma, la dictadura de Porfirio Díaz y la Revolución a partir de la traición de Victoriano Huerta desencadenando acciones de y sobre Zapata, Villa y Carranza hasta el asesinato de Álvaro Obregón el 7 de julio de 1928.

Estando en la escuela, la maestra cacha a Pepito diciendo groserías y de castigo le deja de tarea hacer un escrito donde le explique a todos sus compañeros ¿qué es grosería?

Al dia siguiente Pepito lee su escrito que dice:

GROSERÍA es que el salario mínimo de un trabajador sea de $54.00 al día (1,620 al mes) y el de un pinche diputado de $200,000.00 pudiendo llegar con dietas y otras pendejadas a $350,000.00

Grosería es que un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública ganen menos que el más pendejo concejal de festejos de un ayuntamiento de 3a.

Grosería es que los pinches políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les de su chingada gana (por unanimidad por supuesto, y al inicio de la legislatura).

Grosería es comparar la jubilación de un puto diputado con la de una viuda.

Grosería es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación de la chingada y a los bastardos diputados de mierda les baste sólo con 3 o 6 años según sea el caso y que los miembros ojetes del gobierno para cobrar la pensión máxima, sólo necesiten jurar el cargo.

Grosería es que los pinches diputados sean los únicos huevones de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del ISR.

Grosería es colocar en la administración a miles de cabrones asesores (amigotes con sueldo) que ya desearían los técnicos más calificados.

Grosería es el chingo de dinero destinado a sostener a los pinches partidos aprobados por los mismos políticos huevones que viven de ellos.

Grosería es que a un pinche político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su chingado cargo (y no digamos intelectual o cultural).

Grosería es el costo que representa para los pendejos ciudadanos, pagarles comidas, coches oficiales, choferes, viajes (siempre en gran clase) y tarjetas de crédito.

Grosería es que esos méndigos araganes tengan casi cinco meses de vacaciones al año: 48 días en navidad-enero, unos 17 en semana santa -a pesar de que muchos de ellos se declaran laicos- y unos 82 días en verano. ¡Qué poca madre!

Grosería es que esos políticos de la chingada cuando dejan el cargo, tengan a huevo un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses.

Grosería es que esos lamebotas de exministros, exsecretarios de estado y altos cargos de la política cuando cesan son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir 2 putos salarios del erario público.

Grosería es que se utilice a la bola de mierda de los medios de comunicación para transmitir a la sociedad lo que a los pinches funcionarios les conviene y que representa un costo para el bolsillo de los ciudadanos...

Grosería es que todos esos hijos de su chingada madre, nos oculten sus privilegios mientras vuelven a la sociedad contra quienes de verdad les sirven, mientras, hablan de política social, derechos sociales, derechos humanos, libertad de expresión, etc... la manga del muerto!

¡Qué pinches groserías!

Atentamente: PEPITO.

Al terminar de leer Pepito su carta, la maestra gritó a todo pulmón: ¡Pepito!... Estás bien cabrón, es una chingonería eso que acabas de decir, vamos todos juntos al palacio legislativo a mentarles su chingada madre a esa bola de culeros. ¡Que chingue a su madre el que no vaya incluyendo al director! Allá los esperamos a todos.

Está el horror que produce la simulación de los gobernantes, las banalidades de alcaldes, gobernadores y presidentes; las fotografías que en revistas de moda dan cuenta de sus vacaciones y sus outfits; de sus reuniones felices; de sus discursos abetunados y mentirosos.

El horror de la hipocresía, del desinterés, de los abusos, de las componendas, de las imposiciones vestidas de legalidad y estado de derecho; de los operativos mañosos disfrazados de efectividad y éxito; el horror de la corrupción y del cinismo.

El horror de que poderosos sin escrúpulos, sin amor a la patria ni conciencia nacional tengan en sus manos nuestros destinos; el horror de que las decisiones que toman no tienen que ver con la gente, ni con la tierra ni con la historia. Son decisiones por más poder y más dinero, por impunidad.

El horror de la violencia criminal y la violencia institucional e institucionalizada; de los muertos por deficiencias en la infraestructura pública, en los servicios públicos; el horror por el maltrato, por el abandono de niños y ancianos, por el ensañamiento de las burocracias.

Si empezamos a analizar el comportamiento de la juventud, por la que todos apostamos -nos guste o no-, seguramente que habrá muchas razones por las cuales debiéramos de preocuparnos, pues las nuevas generaciones parecen ser más individualistas que las que nosotros vivimos hace unas tantas décadas; desinformadas y poco sociales, o lo que es lo mismo: desarrollan más el egoísmo y desechan los intereses comunitarios, siempre y cuando cada uno se sienta bien o por lo menos ajeno a los intereses de los demás, ah! pero eso sí, muy tecnológicos.

En materia política, parece prevalecer el dicho de que: “El que no tranza, no avanza”; el interés de una buena parte de quienes se involucran en este tema, lo hacen de manera aspiracional, esto es, porque aspiran a un cargo o “hueso” como suelen decir en el argot de los “grillos”, con poca o nula ideología y menos compromiso social (afortunadamente no son todos). Buscan alcanzar sueldos millonarios antes de cumplir los 30 años de edad, aún cuando no cuentan con la menor experiencia y/o preparación en algún tema, y lo peor es que lo están logrando.

Y digo que lo peor, simple y sencillamente porque aunque ahora están ganando más de 100,000 pesos mensuales por mal representar los intereses de la ciudadanía, luego de su trienio de regalo, seguramente buscarán continuar por el mismo camino, pero con mayores ingresos, y así seguirán en un cuento de nunca acabar, salvo que ahora sí metan a la cárcel a quienes abusan del poder temporal al que tienen acceso.

En los aspectos comercial, empresarial y financiero, tampoco se “cantan mal las rancheras”, los llamados junior, a quienes no les ha costado nada adquirir lo que heredaron -aceptando sin conceder que procede del fruto del trabajo de alguien-, el único interés que demuestran es por seguir acrecentando sus fortunas, sin importarles la sobre explotación a la que someten a sus trabajadores.

Y por lo que hace a los planos familiar y espiritual, la verdad es que la situación tampoco es nada halagüeña -cada cual deberá hacer su propia reflexión al respecto-: ¿A dónde vamos a parar?

Algunas características del sistema político mexicano hoy: multipartidismo, con tendencia al tripartidismo a nivel nacional y al bipartidismo en algunos estados. División de poderes real, con alta incidencia de gobiernos divididos (cohabitación política). Rendición moderada de cuentas, con escrutinio incipiente entre los poderes públicos y la creación de órganos formales de transparencia a nivel nacional y local. Opinión pública en proceso de maduración, con relativa libertad de prensa y grados crecientes de libertad de opinión. Incipiente participación ciudadana, con la existencia de una pluralidad de organismos civiles dedicados a una multiplicidad similar de tareas y objetivos. Libertades civiles reales y ganando en consistencia y profundidad. Órganos electorales con relativa autonomía, profesionales y, en lo general, observantes y ejecutores de la legalidad. La alternancia de ida y vuelta se da en todos los cargos de elección popular, desde una regiduría hasta la 1a. magistratura del país.

Paralelamente se observa la existencia de un pluralismo que sigue evolucionando, con opciones ideológicas distintas, que buscan ganar adeptos en los planos político, electoral, ideológico, moral y cultural. Barruntos significativos de pluralismo religioso en el marco de un Estado laico, pero no jacobino (para bien y para mal). Debate público relativamente amplio y en expansión, aunque de mediana calidad. El ciudadano informado, responsable y participativo ya existe, si bien no en la cantidad y la extensión convenientes.

Todo esto, formando el síndrome de una situación consolidada, no existía hace 20 años en México. Para no irnos hasta hace 30 ó 40 años, cuando vivíamos en un régimen de partido casi único, con libertades escazas y restringidas, cero debate público, una opinión amordazada, alquimia electoral pura y subordinación de los poderes al ejecutivo.

Es cierto, todavía existen muchos vicios políticos, empezando por la corrupción, pero a diferencia de antes, las relativas virtudes democráticas del régimen político mexicano son ahora muchas más de las que había hace 4, 3 o 2 décadas. De esta manera tenemos 2 caras de la moneda, cuando antes teníamos una moneda con la misma imagen en ambos lados (por así decirlo).

México ha cambiado y mucho, empezando por el ámbito político. Y no ha sido un "gatopardismo" típico el proceso que nos trajo hasta donde estamos ahora, aunque en muchos aspectos pareciera que ese es el caso.

Vaya, hasta donde parece que no hay cambio, éste se ha dado. Tomo como ejemplo la patología de nuestros nuevos políticos. En estos días se están multiplicando las voces que anuncian una elección de estado, preparada por el PRI para el 2015, como si ello, por una parte, fuera en verdad posible, dadas las características del sistema político enumeradas arriba. Y, segundo, como si el PRI fuera en único instituto político capaz de realizar tamaña canallada, e intentar realizarla.

1o.: una elección de estado es imposible, porque no existe un vector de mando y control que atraviese todos los factores de la realidad político electoral en México (tampoco existe, si en vez de Estado se habla de gobierno). Y 2o., porque el sueño de una elección de estado lo tienen recurrentemente todos los políticos de todos los partidos. Y no excuso a los priistas, porque sueñan igual y han sido parte acusadora de lo mismo ahí donde son oposición.

Hay que conceder que los políticos también han cambiado. Obligadamente lo han hecho en una dimensión de su conducta, porque actúan en un entramado institucional distinto al del viejo régimen. Muchas viejas mañas y manías discursivas ya no funcionan más. Lo que no significa que los nuevos políticos sean mejores que los anteriores: Demetrio Sodi declaró con terror que, de hecho, son peores.

Lo que sí en verdad no cambia son los políticos queriendo verle la cara a los ciudadanos, asustándolos con el petate del muerto, como si aquéllos no lo conocieran o no se hubieran acurrucado cómodamente en él.

(V.periódico El Financiero en línea del 30 de julio de 2014).

Lo muy malo y lo re feo, podría titularse un episodio más de la mexicana serie los "bandidos de río revuelto". Es el caso que don Quico Roca, presidente de los colonos de Villas Paraíso quería vender unas casas hipotecadas, cosa difícil de hacer. Procedió entonces a cargar el costo de las hipotecas a los inquilinos de las casas en venta, quienes ajenos consuetudinarios a cualquier cosa que les afecte se sujetaron simplemente a seguir pagando pero ahora más.

Para asombro de los televidentes de esta emocionante serie, resulta que los inquilinos eran en verdad los dueños, que el presidente de los colonos hipotecó sus casas sin avisarles, que de buenas a primeras les comenzó a cobrar renta, que se gastó el préstamo de las hipotecas en cuanto le vino en gana: viajes, vestuarios de marca, peluqueros, pensiones alimenticias, premios, dietas, viáticos de lo habido y por haber, seguros para la 1a., 2a. y 3a. generación, vehículos de lujo y propiedades aquí y allá; por si fuera poco jamás abonó un centavo a los adeudos, con lo cual se acumularon intereses sobre intereses. Tampoco dio mantenimiento a las casas hipotecadas, ni pagó prediales ni agua, todo era explotar el beneficio. Se entiende que ahora que lo quiere vender deba primero liberarlo de tantas cargas amontonadas.

Que para proceder sin remordimientos acudió a 100 y a 500 paleros que a marchas forzadas y periodos extraordinarios justificaran sus proyectos o incluso los hicieran aún peores para los honrados, ingenuos y sufridos colonos.

Esto realmente resultó muy malo para los propietarios de las casas, pero lo verdaderamente feo es que dichos inquilinos aceptaron todo sin chistar. En parte se explica esta dócil actitud en una inercia bicentenaria, otro presidente de colonos había vendido ya media colonia a los vecinos, uno más había saqueado todas las casas para dar y repartir a propios y extraños lo robado, deporte tan emocionante que muchos otros lo han seguido practicando; como dice un aforismo ruso, los errores históricos duelen menos cuando los convertimos en efemérides con descanso obligatorio.

El consejero de don Quico explicó las medidas referidas con pasmosa sinceridad: de todos modos había que pagar. Así que los pasivos generados por décadas de despilfarros, corrupción, pésima administración, colusión de todas las autoridades, sindicatos bandidos y galopante impunidad los debe pagar el contribuyente, de otro modo ¿cómo sería atrayente para la inversión privada y extranjera la riqueza nacional? Además, urge vender las casas libres de hipoteca, añadiría un despistado espectador, creyendo con certeza total que los beneficios sociales de todas estas medidas vendrán exactamente el día menos pensado, del año menos pensado, del siglo menos pensado.

La tragicomedia es interrumpida por repetitivos comerciales en los que se promueve el robo de gasolina, sea de pipas o de oleoductos, garantizando que aún los responsables de evitarlo pueden negociar, porque a fin de cuentas ladrón que roba ladrón, tiene mil años de perdón.

El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, dijo, sin dar nombres, que hay “funcionarios y legisladores a quienes en el menos agresivo de los casos se puede llamar ignorantes”; calificó de “desastre nacional” el enriquecimiento sistemático de unos cuantos, al precio del empobrecimiento de la mayoría de los mexicanos; de las paraestatales que han manejado los recursos energéticos del país, dijo que han sido “botín de pocos y lastre de los contribuyentes”.

En nuestro país nunca se han generado las plazas nuevas que demanda la población, por eso hay trabajo ambulante y emigración a Estados Unidos como válvulas de escape.

El sistema económico-político que se vive en el país es verdaderamente lacerante para todos -incluso para los riquillos-, pero gracias al estoicismo de los mexicanos permite que con todo y la miopía, corruptelas y falta de capacidad de muchos malos administradores metidos a políticos, la nación se mantenga en pie, aunque cada día parece acumular más y más pobres, lo que sin duda alguna debe de ser uno de los principales problemas a resolver por las autoridades de los 3 niveles de gobierno, pero sobre por el ámbito federal, pues de ahí emanan las llamadas políticas públicas que benefician o afectan a todos los mexicanos.

Peor no se podía ya estar. El estatismo en materia petrolera tenía aherrojado a México; había que romper las ataduras de la demagogia y el anacrónico nacionalismo. Pues bien: aun a quienes estuvimos en favor de la reforma nos habría gustado ver alguna resistencia vigorosa a ella. Extrañamente no se presentó, y las apocalípticas admoniciones de quienes auguraban el derrumbe de la nación a consecuencia de estos cambios resultaron ser a fin de cuentas el parto de los montes. Y con anestesia. La buena noticia, entonces, es que se hizo un cambio impostergable ya. Desde el Tratado de Libre Comercio no se veía en México una reforma de tan hondo calado. La mala nueva es que no hubo oposición firme y razonada a esa medida gubernamental. Toda protesta se diluyó en agua de borrajas. Y del TLC a nuestros días han pasado 20 años. Ante esa situación un referéndum o consulta pública sobre la reforma energética equivaldría a practicarle maniobras de onanismo al hoy occiso, si me es permitido el uso de otra expresión ática.

Así como el expediente de las pensiones es insoslayable, el país también enfrenta un enorme desafío en materia de salud. Simplemente para 2025 habrá un cambio ya más tangible en la pirámide poblacional, con las implicaciones presupuestales que esto traerá de cara a enfermedades tan onerosas como la diabetes.

El problema es que hasta ahora las inversiones públicas ni siquiera van al ritmo de las exigencias. Se está en un 6.9% del PIB, cuando en países de igual grado de desarrollo se destina el doble. México es el último lugar en ese ramo entre los miembros de OCDE.

Además de mayores presupuestos, se van a requerir esquemas más innovadores para dar acceso a millones de mexicanos al sistema de salud.

En México, muchísima gente está enojada con todo lo que sucede en todos los órdenes y niveles de gobierno, pero no saben cómo manifestar su descontento, se palpa en la calle, en el campo, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las cartas de los lectores y hasta en reuniones familiares, pero no encuentran canales adecuados para que sus reclamos tengan eco y logren verdaderos cambios en las estructuras de gobierno.

Es la gente que mantiene de pie a México, la que produce todos los días, la que paga impuestos, la que aguanta estoicamente que algo cambie, son gente de bien que piensa que protestar es perder el tiempo y ser parte del caos, perjudicando al país que quieren tanto, esta situación es peligrosa, podría salirse de control.

La población ha sido descuidada. Esto es un hecho. Hay regreso a enfermedades que fueron superadas años atrás: paludismo, amibiasis, tuberculosis. Y hay aumento de otras antes no presentes, como el caso de la diabetes II que sigue subiendo, especialmente en los niños. Pero las autoridades federales y estatales han dejado crecer esta problemática sin tomar las medidas adecuadas y suficientes para frenarlas y revertir sus negativos efectos.

Generación de niños y de adolescentes minada, socavones en el desarrollo de un país donde crece la pobreza negada. Sufrimiento de muchas familias que se culpan por no darles a sus hijos lo inalcanzable para ellos, lo básico para las organizaciones mundiales de la salud.

México tiene frente a sí el grave problema de la presente y futuras generaciones de jóvenes llenas de ansiedad, estrés, frustración, ira y depresión. Se trata de jóvenes con grados académicos que viven en el subempleo o de plano en el desempleo. Centenas de estudiantes universitarios para pagarse sus estudios toman empleos precarios para los que están sobrecalificados. Los investigadores ven el fenómeno con preocupación, pues este escenario solo conduce -dicen- al conformismo y a la falta de aspiraciones. Frente a esta dramática realidad, tienen frente a si la oferta tentadora que les muestra un narcotráfico pudiente y remunerador, y no son pocos los que sucumben e las tentaciones de una vida sobrada, frente a aflixiones y estrecheces que difícilmente pueden ser superadas en un medio con tantas limitaciones como el nuestro.

Las escuchas telefónicas ilegales están a la orden del día. Con la excusa del combate al crimen organizado se abrió la posibilidad de que el Estado escuche y grabe conversaciones telefónicas. El problema es que se legisló para que el gobierno pudiera usar este método de investigación, pero nunca se legisló sobre el uso y los límites de dichas grabaciones. Hoy todos espían a todos, cada grupo de poder tiene su sistema de escuchas y cualquier persona con un poco de dinero y mucho de enfermo puede acceder a tecnología de espionaje.

El 2o. tema es quién las filtra. Los aparatos de seguridad del gobierno son, por lo general, los que hacen las escuchas, pero son los políticos y sus inefables asesores los que deciden qué hacer con ellas y de filtrar en función de los intereses políticos. Estas gargantas profundas del poder van por la vida como inocentes y nadie los toca. Hacen y cobran favores con la vida privada de los demás.

El eslabón final de la cadena es la difusión y es aquí donde medios y periodistas tenemos cola que nos pisen.

Cuando sale uno desde el sur de la Ciudad de México por la terminal de Tasqueña para ir al Bajío, no nos queda otra que soplarnos ese paisaje urbano que tanto nos duele y del que hay que estar fuerte para no deprimirse después de ver cuadras y cuadras con casas de ladrillo gris que siempre tienen en construcción algo a medias y que parece un muladar.

Cuesta trabajo entender cómo y por qué viven así miles o millones de personas sin que puedan dedicarle un poco de tiempo con sus habilidades para mejorar su hábitat (a lo mejor porque están agotados), pero todo parece que no les importa vivir en un chiquero, descuidado, sucio, con azoteas llenas de charcos y abarrotado de cosas inútiles: llantas, bacinicas, un triciclo oxidado, baldes y bolsas de plástico con más porquerías.

Y uno piensa en lo básico, eso que no tiene que ver con el dinero sino de una actitud frente a la vida como la que debieron inculcarles sus padres. No puedo menos que contrastar este viaje con aquel otro que hicimos por España en los 70 -cuando era "más barato ir que no ir", como decía un amigo yucateco- y recorrimos el sur asombrados de esos pueblos de campesinos con sus casitas encaladas (por las señoras), relucientes y limpias, algunas con geranios en la ventana donde uno se imaginaba a sus habitantes como unas personas dignas, flacos y enjutos, tal vez y pobres, sí, pero que vivían y dormían como grandes señores en una casa limpia por dentro y por fuera.

¿Qué nos pasa en México? ¿Esperan que "alguien" venga y les arregle su cochinero? ¿Qué sea Salubridad la que los multe y force a limpiar sus casas? ¿Cómo pueden vivir en medio de ese mugrero? No vi ratas pero no lo dudo que husmeaban entre esa miseria.

Me sentí como Dante cruzando el Purgatorio cuando cruzamos Ecatepec ubicado en el centro industrial más importante del país, sin poder creer lo que veía: miles de casas de "desinterés social", cajones a medio construir que cuando seguro consiguieron el crédito, antes de aplicarlo... se lo bebieron o pagaron lo que debían o vaya usted a saber qué, pero todas están a medias con sus varillas y castillos al aire, oxidándose, hasta que en la otra vida (o sexenio) traten de nuevo para concluir ese cuarto si es que las varillas sirven aunque las hayan tapado con el casco de un refresco para protegerlas del agua.

Es un tema que tiene que ver con esa otra EDUCACIÓN (así con mayúsculas) como esa que recibimos directa de nuestros padres o de una sociedad como sucede en otras partes de este mundo, excepto en México, en donde parece que no nos importa vivir en un muladar en donde se mete el agua de la lluvia, poco ventilado, en donde viven hacinados, sin que puedan descansar, sino más bien vivir angustiados entre las goteras y unos trapos en las ventanas sin que nadie se preocupe por arreglar su vivienda, mucho menos, limpiarla para hacer de ese espacio algo más amable.

Ojalá las nuevas generaciones aprendan a limpiar su casa, encalen las fachadas y tiren las miserias que los rodean para que podamos imaginar que hay esperanza de un círculo virtuoso en donde vivir en un muladar no sea parte de nuestro destino.

La corrupción es un fenómeno muy complejo. Recientemente, el presidente Enrique Peña Nieto fue entrevistado por varios comunicadores y uno de ellos, León Krauze, lo cuestionó sobre su dicho de que la corrupción es un asunto cultural.

Para sustentar su postura, Krauze se refirió a los 13 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que pagan multas, impuestos y se detienen en los altos. Sobre esta base le dijo a Peña Nieto que la corrupción no era cultural sino del sistema que viene del PRI. No dijo exactamente PRI, pero el presidente se dio por aludido para luego responder, con otras palabras, que la corrupción somos todos.

Sí, sí, sí. Es la cantaleta de siempre. La excusa es que para que haya un funcionario corrupto tiene que haber un corruptor y, con este argumento se acaban las discusiones y sigue sin pasar nada desde hace décadas. Como todos sabemos de alguien que alguna vez o muchas veces en su vida ofreció (ofrece) una "mordida" pues llegamos a la conclusión de que es cierto; y como además es algo dificilísimo de erradicar, mejor cambiamos de tema y la lucha contra la corrupción conserva su inutilidad.

¿Es parte del sistema? Sí. ¿Es un fenómeno cultural? Sí, también. ¿Tiene remedio? Sí, podría tenerlo, pero, reitero, es muy complicado porque sobre todo se requiere voluntad política.

Durante los 3 siglos de dominación española la corrupción era cotidiana. La complejidad de las leyes y ordenanzas reales; el tiempo que tardaban en llegar y luego en aplicarse las nuevas normas producto de sucesivas reformas; la falta de supervisión y vigilancia puntual de su cumplimiento; las distancias, las ambiciones e intereses personales tenían sumida a la Nueva España en un ambiente corrupto y corruptor tan frecuente que era una práctica generalizada, considerada normal y hasta necesaria como la única salida para resolver asuntos o ganar pleitos, pleitesías, favores y prebendas; propiedades y demás privilegios.

Empezó como elemento estructural del sistema y pasó a formar parte de la cultura social, por lo menos de algunos sectores.

La burocracia novohispana era enorme y la mejor forma que la corona española tenía para ejercer control en sus propiedades americanas era esa: alimentar hasta la obesidad mórbida a la administración, imponiendo leyes y reglamentos que fueron complejizando (sic) la vida cotidiana de quienes habitaban estas tierras y dando espacios a cuanto español y criollo que demandaba espacios en el aparato virreinal.

Y luego, México se independizó y no fue posible simplemente desaparecer a los burócratas del antiguo régimen. Me imagino la incertidumbre, las presiones, las exigencias, los pagos salariales, las deudas, en fin, todo lo que heredaron quienes se hicieron cargo primero que nadie de la nueva nación.

La corrupción continuó y persiste. Durante los gobiernos panistas vivió también tiempos de gloria y, hoy por hoy, en el territorio nacional ha sentado sus reales. Desde la "mordida" más insignificante para un agente vial hasta miles de millones de pesos en el manejo de proveedores, por ejemplo.

Ah sí, pero la corrupción somos todos. Si el sistema en verdad funcionara; si un ciudadano tuviera la certeza de que al acudir al poder judicial obtendrá un resultado justo; si el marco institucional operara con eficiencia y eficacia, estoy segura de que los índices de corrupción bajarían de manera drástica.

No somos un pueblo corrupto por naturaleza: por sistema o por cultura sí, en general y no somos los únicos; pero esa idea de que todos somos, no es cierto. El sistema tendría que funcionar y para lograrlo se requiere, decía e insisto, voluntad política. Si el programa de Miguel de la Madrid por la renovación moral en verdad hubiera tenido éxito, quizá seríamos un país mejor en la materia.

Finalmente, la pregunta de cómo se logrará que México avance del lugar 106 al 60 en transparencia no fue contestada, porque el mandatario, como sus antecesores, sabe cómo repartir culpas que luego sí calan y propician que los remordimientos emerjan.

Reitero: la corrupción no somos todos y si alguien debe empezar a poner orden es el Estado mexicano. Asumir la responsabilidad y encabezar los esfuerzos para una auténtica purga en y del aparato burocrático federal así como de los gobiernos estatales y municipales, pero es difícil León Krauze, digo, contestando a su pregunta, casi imposible.

Una de las constantes del discurso oficial (y, por supuesto, el de los empresarios) es la conveniencia innegable (y ay de quien ose mostrarse en desacuerdo) de que las empresas, los servicios y casi cualquier manifestación humana salga de las manos del Estado y se quede en las de quienes se aventuren a intentar convertir en negocio lo que no lo era o a "patrocinar" proyectos para los que las autoridades dicen no tener dinero (dejemos de lado, por lo pronto, que los presupuestos nacionales son multimillonarios y que el dinero se gasta en publicidad y cosas igualmente inútiles y suntuarias con una esplendidez oriental).

Así, por ejemplo, vemos esos lánguidos cuadritos de pasto en un camellón o glorieta que, pese a estar tan secos y cochambrosos como de costumbre, nos presumen solemnes cosas como: "Este espacio es conservado gracias a Tortillas Mencháquez, el sabor de los sabores" o "Talleres Automotrices MegaSupra conserva este espacio en beneficio de la comunidad". Y el mejor de los casos veremos a un aburrido empleado de MegaSupra (con cachucha y playera con el logotipo de la empresa) regando un poco de agua por el terregal. Eso sí: el colorido anuncio con que nos enteran de la buena nueva de su "responsabilidad social" nadie se los quita.

¿Qué pasó, hemos de recordar, con las joyas de la corona privatizadora original, la de los tiempos de Salinas de Gortari, es decir, las carreteras, la banca, la telefonía? Pues que las carreteras tuvieron que ser rescatadas a un costo delirante. Y la banca tuvo que ser rescatada a un costo delirante también. Ambos asumidos por las arcas públicas, es decir, por los ciudadanos que pagamos impuestos. Y la venta de la telefonía nomás nos deparó, luego de unos años de facturas carísimas hasta para los suecos, la satisfacción de que el hombre más rico del mundo sea un mexicano. Pero que le pregunten a la Profeco cuál es la empresa de la que más se queja el público. ¿Y qué decir de las pensiones, convertidas en Afores que no sacan del hoyo a nadie? Resulta bastante difícil sostener que con la llegada de la iniciativa privada esos negocios son más serviciales y útiles.

El Estado mexicano, a todos los niveles, ha sido históricamente inepto y manirroto. Pero los particulares tampoco han destacado por su honestidad ni eficiencia. Como en aquel viejo cuento de Poe, de un lado está el abismo, el pozo, y del otro la guadaña y el péndulo... Y ya sabemos lo que pasa cuando uno se lanza hacia un lado o se resigna a quedarse en el otro.

Un dato que ha sido constante para la defensa de las reformas recientemente aprobadas: 3 de cada 4 empleos, es decir 76%, son generados por las pequeñas y medianas empresas. ¿El principal promotor del dato? El secretario de Hacienda Luis Videgaray. Y recordé lo que dijo en una reunión de cónsules honorarios de México en junio, "reformar no es hacer magia". No, sin duda alguna no, señor secretario, magia es la que hacen todos aquellos que a diario se las ingenian para tener los recursos mínimos y vivir al día. Magia es la que hacen todos estos negocios a los que se refiere para enfrentar la gran cantidad de obstáculos que generan los trámites burocráticos, la inseguridad y los altos costos de insumos, muchos de ellos provenientes del campo.

No, nadie dijo que era fácil, pero no tan simple como lo quieren presentar. La mayor productividad y flexibilidad que pretenden dar a la economía con la reforma laboral es una misión imposible cuando, esos pequeños negocios en su intento de ingresar a la formalidad, ven afectado su presupuesto por las altas cuotas que se pagan al Seguro Social e Infonavit.

A la fecha, no ha cambiado nada. Puede haber créditos -sin que se especifique cómo se pagarán y qué ocurriría de no hacerlo- la realidad es que las bondades de las benditas reformas aún no son claras para los que están de la 2a. fila para atrás.

Parte del pesimismo es producto de un estancamiento que ha durado ya 2 años y que las autoridades no previeron ni entendieron. Para 2013 Hacienda pronosticó un crecimiento de 3.5% que al final quedó en apenas 1.1%. Para este 2014 previó 3.9% y por lo pronto la Secretaría de Hacienda ha ajustado su cifra a 2.7%.

José Alberto Ávila-Funes, jefe del Servicio de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, advierte que en México se vive una epidemia de la vejez y los adultos mayores se encuentran en condiciones de desigualdad, discriminación y pobreza, además de que son víctimas de maltrato.

Desde 2013, dice, en México se ha vivido una transición sin precedentes.

"Para 2050, 1 de cada 4 mexicanos serán adultos mayores. En muchos países, el aumento se ha convertido en un problema de salud pública", alerta.

Uno de los temas en que el actual gobierno es deficitario es la seguridad. Si bien en Michoacán se ha detenido el avance de la inseguridad, aún no se puede decir que está listo para regresar al Estado de Derecho sin la presencia del Ejército y del comisionado. Y en la medida en que en Michoacán se ha avanzado, en muchos estados de la república, como Jalisco, se pierde seguridad y la inseguridad en manos del crimen organizado avanza.

En materia de corrupción, la ciudadanía tiene a mano la larga lista de impunidades que no han sido, ya no castigadas, sino siquiera investigadas a fondo para resarcirle a la población el daño hecho sobre el patrimonio nacional que es el erario público. Un ejemplo muy cercano: ni investigación formal ni castigo para las acciones de corrupción de Emilio González Márquez.

Y si lo anterior no fuera suficiente, está la información sobre que el poder legislativo en muchos estados se ha subido el presupuesto hasta en 300%. Cuchara grande con la que se han servido, luego quizá de servir al ejecutivo... Altísimos recursos en un país de mayorías empobrecidas, sin que además tengan la obligación de informar en qué se gastan el dinero, ¡sólo les basta reportar que ya fue gastado!

Como defensa, en la famosa entrevista televisada, el ejecutivo señaló: "el mexicano es corrupto...". Aunque los 110 millones de mexicanos restantes sabemos que no tenemos acceso a semejantes cantidades, tampoco gozamos de tal impunidad, mucho menos tenemos las manos libres para el dispendio del dinero del erario...

Al final, muchas, demasiadas áreas del país descuidadas en aras de las reformas y una población abandonada, muy abandonada.

Es tanta la violencia en los últimos años, que sus expresiones de todas formas se replican en los más mínimos y cotidianos actos del día. Las muestras de falta de equilibrio emocional que terminan en asesinatos y agresiones por no ceder el paso cuando se va manejando o porque alguien vio feo a otro en la calle, hablan de la situación lamentable que padece la sociedad.

Son las cicatrices que no terminan por cerrar y que en el infructuoso intento lo único que queda es contagiar del mal que inició con todo. Hace unas semanas hablaba con psicólogos y mencionaban que el año pasado los casos que más atendieron fueron víctimas de secuestro y actos violentos.

En México, se hizo una Ley General de Víctimas que como muchas otras, se ve y se lee bonita, nada más. De lo que dicta cuando fue publicada en enero del año pasado, a lo que se hace hoy en día, no hay nada más obsoleto, para muestra: "La presente Ley obliga, a las autoridades de todos los ámbitos, que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral". El artículo 115 específica que serán "las instituciones del sector salud, brindarán atención médica, psicológica y servicios integrales a las víctimas".

No hay datos confiables de los secuestros en México, menos de sus víctimas y daños colaterales, el funcionamiento actual del gobierno en todos sus niveles pareciera que se basa partiendo de la mentira dicha varias veces, se convierte en verdad.

Admitir una realidad, significa probablemente aceptar su existencia y por ende abrir la puerta a la culpa. La negación implícita que hace el gobierno y autoridades es pues, una defensa, protege, ayuda a soportar el dolor y abuso, sobretodo si le conviene que así sea. Estamos más enfermos mentales de lo que parecemos, nadie se organiza para hacer algo y evitar esa autodestrucción que aunque duele aceptar, la sociedad aprendió a tolerar.

Para el gobierno federal, la jerarquización de emergencias prioritarias ya no tiene a Michoacán encabezando: le ganan Tamaulipas por la inseguridad, Oaxaca por la CNTE y Guerrero por una combinación de ambas.

Cada gobierno se lo propone y cada gobierno fracasa. Ahora tocó el turno del presidente Enrique Peña Nieto de cazar a las personas que trabajan en el sector informal de la economía. El lunes 8 de septiembre presentó el programa Crezcamos Juntos mediante el cual pretende convencer a 28.6 millones de trabajadores informales de que se incorporen a la economía formal. En la informalidad se encuentran 58% de los trabajadores mexicanos.

Para hacerles atractivo el paso de la economía informal a la formal, el Gobierno federal ofrece 7 incentivos: acceso a los servicios médicos y sociales del IMSS, pensión para el retiro, crédito para vivienda, descuentos en el pago del Impuesto Sobre la Renta, y créditos y apoyos económicos.

Pero una cosa es que el gobierno federal quiera meterlos y otra es que los informales quieran entrar a la economía formal. Yo apostaría que la mayoría no querrá entrar por su voluntad, ya que la idea que tienen los funcionarios de Hacienda y del gobierno está muy alejada de la realidad de los tianguis, de los puestos callejeros, de las tienditas y de los servicios personales que se prestan en la informalidad.

¿Por qué? Porque los "informales" van a sopesar las 7 ventajas que les ofrece el programa Crezcamos Juntos con las ventajas que existen de trabajar en la informalidad: no pagar o pagar menos impuestos, tener mayor ingreso al trabajo asalariado, ser su propio patrón, manejar sus tiempos con flexibilidad.

Los distintos planes que los gobiernos han arrancado contra la informalidad fallan por eso y fallan porque está mal planteada la discusión. Se plantea desde una binaria donde se considera a la economía formal como mejor y se descalifica a la informalidad como si fuera una actividad que rondara la ilegalidad.

La postura contra la informalidad se plantea desde la racionalidad económica capitalista que asume como deseable la economía formal, pero para la mayoría de la población eso significaría dejar su propio negocio para convertirse en trabajador asalariado, con los altos inconvenientes que este rol social y laboral tiene en México: bajos salarios, jefes rigurosos, y sindicatos charros.

Otro gran incentivo para no cambiarse a la formalidad es que se detesta pagar impuestos, entre otras cosas, por la percepción casi generalizada de que hay corrupción en el manejo del dinero público en México.

Y una razón más, de fondo y la más poderosa, es que la economía que llaman informal es en realidad formas de relaciones económicas que surgen del ámbito doméstico, local y comunitario para convertirse no solo en eficaces redes de intercambio comercial, sino en poderosas redes de economía no capitalista (aunque conviva con ella) que permiten la subsistencia y el mantenimiento de la mayoría de las familias en el país. Pretender incorporar la informalidad a la formalidad, como pretende Peña Nieto, es un plan condenado al fracaso.

Aunque no lo crean los tecnócratas del Gobierno, hay quienes viven (y viven bien) sin tarjetas de crédito, sin pagar comisiones a los bancos, sin créditos hipotecarios, sin contador que lleve el control de sus facturas y casi sin relación con el gobierno.

"México está politizado, por eso está jodido". Todo en este país se vuelve cosa de política. El asunto del salario mínimo se politiza. La cuestión del nuevo aeropuerto se politiza. En Oaxaca la educación se politiza. La justicia se politiza. Lo único que no se politiza es la política, que entre nosotros es casi siempre politiquería. Necesitamos menos palabras y más números, a partir de los cuales la política se vuelva hechos de beneficio a la comunidad. Política que no se traduce en bien para la gente no es política: es politiquería, estéril e infecundo ejercicio del poder. La política es el arte del bien común. Invito a los políticos a hacer verdadera política. Si no la hacen no merecerán el nombre de políticos. Serán pancistas, ganapanes, oportunistas, vividores, chambistas, parásitos, sacacuartos y sopistas, pero no serán políticos.

México a últimas fechas se ha vuelto un ruidoso herradero. Cada vez hay más tontos que gritan profiriendo inepcias.

Es del todo natural que se equivoquen Peña Nieto y algunos otros descalificados para abordar el tema de la corrupción en un país que sufre de un Estado corrupto. En todo sistema de poder existe corrupción, pero no siempre prevalecen estructuras corruptas.

México es uno de esos países en donde la corrupción es forma de ser del Estado y, por tanto, la sociedad ha sido enredada en los hilos de un entramado generalizado. Todo lo que se pueda decir sobre la cultura de la corrupción, la condición humana y otros disparates sólo son maneras de tratar de justificar ese fenómeno, esa estructura que tiene responsables políticos concretos y, también, corruptos de carne y hueso.

El Estado mexicano ha sido tratado como una inagotable fuente de patrimonio personal y empresarial. A través del desvío de fondos públicos y de concesiones se han creado pequeñas y grandes fortunas.

Los instrumentos para combatir la corrupción son todas las instituciones, todas las oficinas públicas y no sólo las auditorías y procuradurías, como algunos dicen suponer. Todo servidor público está obligado a cumplir con su deber y, en esa dirección, a impedir el uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, las discusiones sólo son sobre la eficacia de ciertas instituciones que, por diseño y estructura funcional, no podrán jamás combatir la corrupción.

La reforma sobre sueldos, por ejemplo, fue presentada por mí en el Senado como aquella que escogía el PRD para ser especialmente negociada con los demás. Era una por cada partido (año 2006). El PRI (Beltrones) presentó un proyecto sobre la comisión para la reforma del Estado. El PAN (Creel) inició la suya: incompatibilidades de los servidores públicos, lo que se llamó la ley anti Diego, aquella que iba a acabar con el tráfico de influencias o el uso de cargos políticos para hacer negocios o impactar casos judiciales o, sencillamente, para litigar contra el Estado. Las 2 primeras fueron aprobadas, la 3a. se atoró en la Cámara de Diputados porque muchos priistas y panistas se negaron a discutirla. El nuevo artículo 127 constitucional -sueldos de servidores públicos- fue aclamado por la crítica, pero mediatizado por el gobierno panista con la ayuda del PRI, ya que hasta ahora carece de leyes reglamentarias (federal y locales) de tal manera que -se dice sin razón- no se puede aplicar. Hay un proyecto congelado en la cámara.

En cuanto al organismo anticorrupción, es claro que para perseguir corruptos no se necesita una comisión, sino una agencia con capacidad de ejercer acción penal con la mayor independencia del gobierno y de todos los demás poderes formales e informales.

En México, las zonas alejadas de la corrupción son muy pocas. Pero la corrupción no es una enfermedad, sino parte del sistema político, es una forma de operar, de financiar a personas y empresas en tareas que algo tienen que ver con la política o que necesitan de ésta para llevar a cabo proyectos de cualquier especie. La estructura corrupta se construyó durante muchas décadas, por lo cual se puede decir que el mayor fracaso de los partidos de oposición que critican la corrupción es haberla mantenido como parte del sistema cuando asumieron responsabilidades de gobierno.

El gobierno de Peña sabe que no se puede combatir la corrupción desde el PRI, es decir, desde él mismo. Que, por el contrario, se requiere organizarla lo más que se pueda para evitar desbordes. Esa es una vieja idea que nunca ha dado resultado en sus propios y nefastos términos. Los sistemas corruptos tienden siempre a desbordarse porque no pueden ser regidos por normas fijas, claras y duras sencillamente porque la corrupción sistémica es la violación de toda norma.

Lo que se está viviendo en Baja California Sur recuerda también a lo ocurrido en Cancún en 2005, con "Wilma". Allí también se produjo un estado de excepción. El fenómeno meteorológico abrió la puerta a los fenómenos sociales: saqueos, rapiña y violencia. La desigualdad social y económica exacerba la tensión, subrayan los expertos que han estudiado este comportamiento. México es uno de los países más desiguales del mundo.

Las situaciones límite, como la que se vive en Baja California Sur, revelan mucho de quienes somos. Son una fotografía grotesca de la sociedad en que vivimos, llena de rebeldía insolidaria. ¿Cómo actuaríamos si se produjera un terremoto como el de 1985?

La ultraderecha y el conservadorismo rancio en Estados Unidos piensan que México es una amenaza para su territorio porque alberga a los guerreros de la guerra santa -la Yihad- musulmana. Su posición parece derivada de la paranoia y sus fines ideológico y políticos. Lo que no saben es que México sí enfrenta una amenaza que no ha podido detener durante varios años. Son los anarquistas que responden a una organización internacional que han elevado la calidad de su violencia. De ser anti-sistémicos, disruptivos y generadores de violencia material, han pasado a una nueva estrategia para infringir daños físicos y muerte.

Los anarquistas son vistos de manera superficial por muchos en México, que los observan cuando irrumpen en protestas sociales, a las que se suman de manera autónoma y aprovechan la coyuntura para sus propósitos. Fuera de eso, se les olvida y se les recuerda únicamente como "vándalos". Pero los vándalos son descritos por su actuar con violencia y espíritu destructor, que no responden a los objetivos anarquistas, definidos en el Siglo XIX por Pierre Joseph Proudhon, quien afirmó que ellos buscan un orden en el cual no exista el Estado, ni un gobierno, porque no representa a la gente, sino que la gente se represente a sí misma.

Tan distraídos están los mexicanos con otros temas, que tratan a los anarquistas como un fenómeno de coyuntura, que pasó desapercibido que la semana pasada el ministro del Interior chileno, Rodrigo Peñailillo, anunció la detención de 3 personas relacionadas con los bombazos en el Metro de Santiago el 8 de septiembre, que dejó 14 heridos. Entre los detenidos se encontraba el presunto autor material del peor atentado en Chile en más de 2 décadas. El jueves pasado, la organización anarquista Conspiración de las Células de Fuego, reivindicó como suyos los bombazos.

"Como anarquistas no podemos enmarcar nuestras acciones dentro de demandas que abogan claramente por demandas ciudadanas… Debemos mantenernos alejados de adoptar eslogans 'revolucionarios' que perpetúan la existencia de las prisiones, (como) el Estado, y el Capital. Debemos luchar por la destrucción completa de esto y de cualquier otro tipo de prisión de la sociedad... Somos guerreros por la libertad... Guerra social en todos los frentes".

Sus frases pueden parecer delirantes para muchos, y sin rumbo. Pero no se debe soslayarlos.

Los anarquistas, por definición, actúan por fuera de las instituciones, y su única interacción es para destruirlas. En México todavía son grupos marginales, pero si se repasara sus primeras erupciones públicas notables, como los actos llamados en ese entonces "vandálicos" durante las marchas de conmemoración de la Matanza de Tlatelolco hace ya unos 3 lustros, se podría ver que su afiliación se ha incrementado en la medida en que sus métodos de violencia se han elevado, como el año pasado, cuando en el contexto de las marchas de los maestros, intentaron linchar y quemar a un jefe de la policía de la ciudad de México. Tiene casi 2 años que dejaron de colocar explosivos en cajeros de banco, para buscar el ataque directo a las fuerzas de seguridad, que ha sido en forma creciente. ¿Cuándo transitarán, como en Chile, a objetivos civiles?

En las condiciones sociales y objetivas que se encuentra México, no hay que minimizarlos.

Los mexicanos, por debajo del Río Bravo, viven cotidianamente una agenda múltiple en la que dominan temas como la constante expectativa de que la economía mejore, aunque eso no suceda; la permanente violencia que surge de la actividad de los cárteles del narco y otras expresiones del crimen organizado; los desastres naturales que asolan periódicamente, como ocurre ahora en Baja California Sur y en general, la desigualdad en la distribución de la riqueza que se alarga sin que se constate una inercia que la detenga y menos aún, la revierta.

Evidente contraste ofrece el discurso presidencial ante el resto de los gobiernos representados en la ONU y los magnates del capital, con lo que podrían decir los mexicanos violentados de Michoacán y Tamaulipas, o los millares que perdidos en las urbes grandes y pequeñas, sobreviven todos los días, ajenos a los acuerdos internacionales.

Si fuera posible visualizar en una sola escena esa torre de babel que es el intrincado mosaico mexicano, sería evidente que la voz más débil es la de los indígenas. Y quizá uno de los rasgos más notorios de ésta es que ha sido desde siempre la menos escuchada, la que siempre se puede atender después.

Hace exactamente un año las cifras oficiales (las del Coneval) reconocieron que 8.2 millones de indígenas en México viven en pobreza y que sólo 57% de todos los mexicanos autóctonos tiene acceso a servicios de salud. 3 de cada 10 indígenas son analfabetos.

Signo inequívoco del desempeño gubernamental en nuestro tiempo es no sólo la falta de coordinación entre dependencias, poderes y órdenes de gobierno, sino además la ausencia de diálogo y concertación entre ellos, en el marco de un sistema federal.

Que manda decir la realidad nacional que qué padres las reformas estructurales y el Pacto por México, pero que ya es tiempo de ver cosas más terrenales, como la inseguridad y la inoperancia negligente de algunos gobernadores y otros funcionarios.

Concluido el ciclo de las reformas -las aplaudidas y las criticadas, las redondas y las mochas-, en pocas semanas la agenda mediática ha vuelto a ser capturada por escándalos y noticias graves que se pueden agrupar en dos ejes. Por un lado está la violencia, que no pide permiso. Y por el otro hay diversos eventos, a nivel estatal y federal, que demuestran agotamiento del modelo de gobernabilidad que surgió de la crisis de los 90.

Los intentos del Gobierno de la República por cambiar la narrativa del país han fallado. La falta de éxito no se debe a que carezcan de propuesta discursiva o de empuje (tras el informe, hubo días en que sólo se hablaba del anuncio, por ejemplo, del nuevo aeropuerto). Sin embargo, el ruido de las promesas de las mega obras ha sido desplazado por balazos y pifias.

Ahí está Guerrero, con su incontenible pudrición, que este fin de semana mató a jóvenes. Ahí Jalisco, el estado negacionista donde "nunca pasa nada" hasta que un secuestro doble a plena luz del día despertó a mis paisanos para recordarles que sí, que aunque no quieran reconocerlo, están sobre un volcán a punto de hacer erupción (Guillermo Valdés dixit).

La cascada de problemas sigue con Tamaulipas, donde a pesar del operativo federal colegios y universidades cierran, derrotados por las extorsiones, y con el Estado de México, cuyo gobernador está como aquel chango que ni ve, ni oye, ni habla de la inseguridad que enfrentan los mexiquenses. En similar tenor, en Michoacán vuelve el tiradero de cadáveres mientras un pillo se convierte en leyenda a golpes de YouTube, y las cosas no mejoran en Morelos y Tabasco, donde la alternancia no ha traído seguridad.

Por si fuera poco, hay otros escándalos que impiden la posibilidad de que el Gobierno haga que los mexicanos entonen el coro de la "nueva era". Estos surgen de la prepotencia de funcionarios como el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, o el de Sonora, Guillermo Padrés, o el de Quintana Roo, el inefable Roberto Borge.

Tlatlaya e Iguala, las marchas del Instituto Politécnico Nacional (que son más que una insatisfacción ante cambios en el plan de estudios), Oaxaca ingobernada, una CNDH insustancial... Signos todos de una realidad a la que le van a quedar chicas las reformas estructurales, diseñadas para un país en orden.

Las crisis de los 90 produjeron un modelo de contrapesos (CNDH, por ejemplo) y una apuesta por el federalismo. Parte de ese modelo está agotado.

México aprovechó desde la década de los 30 y quizá por 30 a 40 años más, las fuerzas que impulsaron la industrialización y la urbanización.

Tal vez nos pareceríamos a Bolivia o Ecuador y seríamos un país agropecuario y minero, si eso no hubiera sucedido.

Pero mantuvimos un sistema político lleno de atavismos y una cultura arcaica.

Ese anclaje hizo crisis desde la década de los 60 y perturbó la estabilidad, la "pax" del sistema desarrollista de entonces.

En sólo 3 días, Iguala se presentó como el microcosmos del México real. La Policía Municipal resolvió a tiros la toma de camiones por parte de normalistas y mató a 3 estudiantes, una ama de casa, un chofer y un futbolista del equipo "Avispones" de Chilpancingo, de Tercera División. La Policía Municipal actuó junto con civiles armados que, según las primeras investigaciones federales, pertenecen a la banda criminal "Guerreros Unidos". Iguala es una expresión de anarquía, debilidad institucional y, finalmente, ausencia de gobierno. ¿Cómo es esto posible a 190 kilómetros de la Ciudad de México, el corazón político, económico, policial y militar de la nación?

La pregunta debe hacerse directamente al presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, financiero y protegido del gobernador Ángel Heladio Aguirre, quien de acuerdo con las autoridades, ha permitido que en la descomposición de Iguala tomen el poder las bandas criminales. Las autoridades federales están investigando sus posibles vínculos con "Guerreros Unidos", surgido en 2011 de la diáspora del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que opera en Guerrero, Morelos y disputa el Estado de México con La Familia Michoacana.

Abarca Velázquez, recuerdan los igualtecos, vendía sombreros en el mercado, de donde pasó a joyero y más adelante propietario de comercios. ¿Cómo obtuvo todo lo que tiene? ¿De dónde salieron los recursos que inyectó a la campaña para gobernador de Aguirre? Los investigadores federales quieren saber si Abarca Velázquez es parte orgánica de la delincuencia organizada, o es víctima del fenómeno que azota a presidentes municipales en todo el país.

Las autoridades federales hace tiempo que perdieron la confianza en Aguirre. No confían en su gestión política, ni en su capacidad administrativa. Iguala lo colocó una vez más en el límite de la paciencia, y con formas cada vez menos sutiles sobre la ocupación de un poder que él no ejerce.

La putrefacción institucional afecta la vida pública en Iguala y dibuja el país que todos vivimos. ¿Policías municipales en operaciones de represión acompañados de sicarios del narcotráfico? ¿En que mundo vive el alcalde Abarca Velázquez? ¿En cuál el gobernador Aguirre? Habitan el mundo que se les permite y tolera.

Hace tiempo hay un cáncer en Guerrero. Uno de los secretarios de estado más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto admite que, peor que Michoacán en sus momentos más álgidos y violentos, es Guerrero. Pobreza, marginación y una larga historia de violencia, son acompañadas por la beligerancia de sus líderes y organizaciones sociales, el activismo de la Iglesia y los maestros, el radicalismo ideológico de sus guerrillas, y la impunidad con la que se maneja el narcotráfico. La mezcla es tóxica cuando no hay gobierno ni autoridades intermedias, o estas, hipotéticamente hablando, son parte consciente del desgobierno. Iguala es el botón de muestra.

Aguirre no está al margen de estos hechos. Deslindar responsabilidades no basta. Tiene que explicar cómo fue posible que Iguala emergiera como un narco municipio ante su mirada pasiva y protectora de quien, piensan las autoridades federales, es el arquitecto de su desgracia.

La agenda de la violencia estalló esta semana: las 22 muertes de Tlatlaya se dieron hace meses atrás, pero hicieron eclosión en estos días; Guerrero y sobre todo la Tierra Caliente, muy cerca de las fronteras de Tlatlaya, sigue con su colección de enfrentamientos violentos, asesinatos y dislates políticos; los normalistas de Ayotzinapa son parte de un movimiento, también violento, que puede confluir con otros que se dan en estos días en la capital del país, como el de los estudiantes del IPN. El escenario puede ser regional, pero puede contaminar, lo hace, lo nacional.

Es mucho lo que hay que ver. Por supuesto que hay que partir de las medidas más urgentes: ¿qué hacer con un gobierno prescindente como el de Guerrero cuando en los hechos ya se ha entrado en la etapa electoral? ¿cómo hacer justicia en el caso Tlaltlaya sin hacer escarnio de la labor de las fuerzas armadas?¿qué hacer con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos en pleno proceso de sucesión, que se torna selectiva y hasta sospechosa en sus recomendaciones? ¿cómo frenar un movimiento como el de la normal de Ayotzinapa marcado por la violencia sin violar la ley? Y las preguntas podrían continuar.

No lejos de Iguala, en la misma región de Tierra Caliente, está Teleoloapan, uno de los municipios más castigados por la violencia política.

Y más adelante Arcelia, que se ha convertido en el centro de operación de muchos grupos criminales, pero sobre todo de Guerreros Unidos y los Rojos.

Desde Arcelia se dirigieron los secuestros en Valle de Bravo, y todo el sur del Estado de México, y en estos días los enfrentamientos entre criminales y fuerzas de seguridad federales han sido constantes en la zona.

Tlaltlaya, por cierto, es un paso obligado para trasladarse de Arcelia hacia la zona de Valle de Bravo. Ahí operaban parte de los grupos que trabajaban en el Estado de México.

En este caso como en la lógica de la desestabilización y la violencia, un elemento se convierte en catalizador de muchos otros y en este caso cómo la gobernabilidad perdida influye mucho más allá de las fronteras de un gobierno local.

Es injustificable que se fusile a delincuentes que están siendo perseguidos y los responsables deben ser castigados, pero también se tiene que asumir que esos delincuentes estaban asolando a la ciudadanía de toda una región del país y las únicas fuerzas para perseguirlos eran las militares, ante la ausencia de fuerzas policiales locales con un mínimo de eficiencia y honestidad. Y el Ejército no es la policía.

Es inaceptable que haya grupos como los de Ayotzinapa que hacen del secuestro y la violencia su forma de vida (qué mejor ejemplo que su acción del lunes, cuando para protestar por la represión decidieron incendiar ¡una biblioteca!) pero es menos aceptable aún que la policía los ataque con armas de fuego en lugar de detenerlos.

Es inaceptable que haya grupos tipo comando operando en ciudades y pueblos, pero es explicable que existan y tengan tanta impunidad cuando las autoridades locales están involucradas hasta familiarmente con sus líderes.

No se trata de errores o de malos manejos políticos, ni siquiera de simple ineptitud: lo que está sucediendo en buena parte de Guerrero es la demostración de un mal estructural: es el fracaso de las instituciones del Estado para garantizar paz, seguridad personal y jurídica y gobernabilidad. Guerrero y sobre todo la Tierra Caliente, se han convertido en un foco de inestabilidad que incendia lo local, pero irradia también lo regional y lo nacional.

Se trata de llamados de alerta provenientes de zonas de riesgo resistentes al cambio, en escenarios de reformas inconclusas o en curso de instrumentación, frecuentemente amenazadas con presiones para desandar lo avanzado.

En estos casos la única fórmula probada para afianzar las reformas logradas es la de avanzar con más decisión en las reformas faltantes. Las crisis de Tlatlaya, Iguala, Acapulco y Tlaquepaque pueden alejarse de sus zonas de riesgo si se aprovecha la oportunidad para asegurar ejemplares rendiciones de cuentas de lo ocurrido, rigurosas imputaciones penales a quienes resulten responsables; justas reparaciones de daños a las víctimas y a sus deudos y satisfacciones a la sociedad, empezando por los sectores directamente lesionados.

Se trata de cerrar el ciclo reformador con la conclusión de las reformas pendientes en los temas de la seguridad para acabar con la impunidad de los criminales y con las sospechas de complicidades entre ellos y algunas fuerzas del Estado, en sus diversos órdenes. Ésta parecería ser la vía para controlar las resacas que seguirán amenazando con revertir o neutralizar los efectos de las reformas concluidas y en curso de instrumentación. Incluso parece el mejor camino para ponerlas a salvo de teorías -o de prácticas- conspirativas.

Luis Videgaray Caso, que funge actualmente como secretario de Hacienda, dándose cuenta que se percibe claramente una tendencia hacia la baja en los precios mundiales del petróleo, acaba de anunciar la compra gubernamental de coberturas petroleras para el 2015.

Esto le proporciona un "piso" a los ingresos gubernamentales: es un blindaje sensato y prudente, ya que el gobierno federal deriva una tercera parte de sus ingresos del petróleo y por lo mismo no puede darse el lujo de que una caída brusca en el precio del petróleo lo deje sin ingresos. Ésta, la caída de precios, no sólo luce posible, sino probable.

Ello porque existe una gran probabilidad de que pronto Estados Unidos se convierta por 1a. vez desde los años 70 en un exportador de crudo.

Así como el secretario Videgaray blindó sus ingresos comprando coberturas contra una caída en el precio del petróleo, así también deben procurar blindar los ingresos de los hogares mejicanos (como lo escribía el historiador y poeta miembro de la Academia de la Lengua, Alfonso Junco Voigt).

Para ello preciso es recortar el gasto corriente, frenar las alzas constantes en el precio de los energéticos, ponerle un límite a la ambición recaudatoria del SAT, eliminar trabas burocráticas (con todo y los que las ponen), incrementar la certeza jurídica y por supuesto los índices reales de seguridad pública.

Bien que cuiden ellos sus ingresos, pero mejor aún que también cuidaran los de todos los mejicanos.

En mis tiempos, los estudiantes jamás fuimos consultados sobre cuestiones tan fundamentales y decisivas como la enseñanza de la caligrafía o la eliminación, pura y simple, de la asignatura de Civismo. Las decisiones fueron tomadas a la torera y sanseacabó. Y así, tras de que se suprimiera la letra cursiva y se excluyera de los programas educativos todo lo referente a las instituciones y los valores ciudadanos, millones de mexicanos no solamente son totalmente incapaces de escribir manualmente con un mínimo de velocidad -por no hablar de que dominen algún estilo, así fuere uno sencillo como el Palmer- sino que carecen de los más esenciales conocimientos sobre la estructura del Estado o las leyes que promueven la convivencia entre los mexicanos. El perjuicio a la nación ha sido enorme.

No estoy enteramente seguro, sin embargo, de que estos temas merecieran siquiera la más disminuida movilización estudiantil en estos días. No importan. Por el contrario, otros asuntos sí provocan una inmediata y contundente respuesta de los estudiantes. Ahí está, para mayores señas, la agitación que tiene lugar en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y que resulta de exigencias tan concretas como desaforadamente ilegítimas: pedir que te sea otorgada una plaza así nada más, en automático, sin cumplir con el trámite de un examen, es una demanda desproporcionada que, de ser cumplida, significaría una auténtica aberración porque no hay un solo país, en este mundo, donde la absoluta ausencia de requerimientos se haya consagrado como un modelo educativo; ocurre más bien todo lo contrario y en naciones como Corea, Japón, Alemania y Singapur -o en el la mismísima República Popular China- los requisitos para merecer un trabajo entrañan pruebas muy rigurosas: los candidatos no pueden aspirar ni a una prueba de admisión sin haber cumplimentado con excelencia sus deberes académicos.

El caso de las escuelas normales, en México, es bien extraño porque sus egresados son los primerísimos responsables de la educación de los niños y los jóvenes. ¿No debieran, los profesores, tener los máximos niveles de cualificación profesional para ejercer, justamente, una profesión que es primordial para el futuro del país? Tenemos ahí un muy grave problema que, mientras más sea postergado, mayores daños provocará.

Estas reflexiones tienen que ver con las exigencias de las diferentes comunidades estudiantiles: en cierto momento, la Universidad Nacional estuvo completamente paralizada porque los alumnos más combativos rechazaron violentamente el cobro de cuotas, así fueren mínimas o estuvieren fijadas según la capacidad de pago de cada quien. Y, nuevamente, las pérdidas para el país fueron colosales, aunque nadie pareciera darse cuenta. La medida fue retirada pero nuestra máxima casa de estudios, en manos de un grupo de agitadores que logró imponerse a todos los demás, seguía paralizada. El presidente Zedillo tomó finalmente la decisión de utilizar a la Policía Federal para recuperar el espacio. Por una vez, las fuerzas del orden actuaron con exquisita mesura y gran profesionalismo aunque no faltaron las voces que denunciaron la "represión" perpetrada por un "régimen autoritario".

Luego entonces, no es sencillo determinar, en un primer momento, cuándo se puede o debe intervenir para modificar los programas de estudio, para endurecer los requisitos de admisión, para proteger las instalaciones o para meramente cobrar unas colegiaturas a quienes sí pueden pagarlas (de otra manera, las solventan todos los demás ciudadanos aunque no estudien). Y, en 2o. lugar, es también muy complicado precisar, ya tomada la decisión de hacer algunas reformas, si las protestas de los estudiantes, que en ocasiones adquieren dimensiones masivas, se derivan de preocupaciones legítimas o si resultan de una suerte de mentalidad corporativista que rechazaría, por principio, cualquier forma de exigencia.

Imagínese el desastre que sería que en 2018 llegara al gobierno y a la mayoría de las cámaras una tendencia política que tuviera como programa echar para atrás las reformas que se han aprobado en los últimos meses.

O que la nueva administración dijera que es mala decisión la de construir el aeropuerto donde se decidió y echara para atrás el proyecto.

No se requiere que los consensos sean en todos los aspectos. De hecho, eso sería lamentable pues la diversidad es muy relevante. Pero sí que haya un núcleo esencial de acuerdos.

Déjeme resumir algunas que deberían estar en esa lista: la necesidad de incrementar la productividad de la economía mexicana; la estabilidad financiera como un valor a mantener; la necesidad de reducir la burocracia y diseñar un Estado más eficiente; la creación de un ambiente amigable a los negocios con las regulaciones adecuadas y no asfixiantes; la necesidad de incrementar los niveles de vida de los más pobres, por citarle sólo algunos ejemplos.

Guerrero ha sido históricamente un Estado complicado de leer. La cultura de las armas que ahí se vive difícilmente la encontramos en otro lugar del país. No sólo es la cuna de una de las guerrillas más duras y longevas del país, sino que ningún otro estado aporta tantos elementos a las fuerzas armadas como éste. Para terminar el coctel, durante los últimos años se ha desarrollado ahí uno de los grupos más violentos del crimen organizado, el que encabezaron los Beltrán Leyva.

Guerrero es, además, un estado de enormes contrastes sociales, con el desplante de los ricos en Acapulco y cientos de comunidades en el abandono y en la peor de las pobrezas. Su estructura política es caciquil y el desarrollo del PRD, partido que ha gobernado Guerrero por más de una década, está más vinculado a los conflictos internos del PRI, muchos de los cuales se resolvieron a balazos, que a una evolución de los grupos de izquierda.

Que fuerzas del Estado arremetan contra los estudiantes y los maten, es de por sí una desproporción; un país en el que el gobierno mata a sus jóvenes no tiene futuro. Pero que el asesinato haya sido ordenado por el narco y con la complacencia y cooperación de la policía de la capital, habla de un una ausencia total de Estado.

Los muertos de Ayotzinapa son el horror, confirman que la barbarie se instaló en México, que hace tiempo que convive con nosotros.

No es la 1a. vez que delincuentes participan en tareas de represión pero probablemente la masacre de Iguala muestra la consolidación de una tendencia que viene ocurriendo a lo largo de la última década. Muestra además, como dijo Petrio Ameglio, el paso del exterminio individual al exterminio masivo de activistas o defensores populares.

Algunas lecturas de lo ocurrido plantean que esta masacre revela la disfunción de las policías, la corrupción de los gobiernos locales y ambas como expresiones de un Estado fallido.

El Diario de Guerrero, según reporta Diego Osorno, aventó una portada sorprendente el día de las balaceras: "Por fin se pone orden". El periódico ese día ya no está en línea, pero encontré una columna también en portada, de apenas hace 2 jornadas, que tenía un tono también interesante: el autor decía que la sociedad de Guerrero está harta de los "seudoestudiantes", de los criminales, y de los políticos. De todos juntos.

El autor mete a todos los sectores en el mismo saco porque sí se borraron los límites entre autoridades, fuerzas del orden, oposición política y crimen organizado.

El fiscal de Guerrero asegura que los policías ni mataron ni desaparecieron a los estudiantes, sino que los entregaron a los más malos: al crimen organizado. Eso implica que en Iguala los policías colaboran con el narco (y hasta ahí es una historia ya contada en muchos lugares del país) pero lo nuevo es que además se encargan de combatir la oposición política y de "poner orden" a su buen y salvaje entender.

La lógica indica entonces que los gobernantes locales no sólo están sometidos al control de delincuentes, sino que a su vez usan al narco para las actividades propias del ejercicio del poder, en su vertiente más autoritaria.

Que alguien nos explique: ¿quién diablos se encarga de Guerrero? ¿Los integrantes de la cobarde clase política estatal, perdidos en la crisis de seguridad y gobernabilidad del estado, amenazados o financiados por los comerciantes de droga?

¿El crimen organizado con sus vasos comunicantes, de ida y vuelta, con las autoridades locales? ¿Las autoridades municipales, que llevan doble vida? ¿Los policías-sicarios que hoy corren peligro en las cárceles a los que los llevaron? Y cuando no hay ninguno de estos, ¿toman las calles los normalistas? Y en cuanto oscurece, ¿los guerrilleros de EPR, algunos de los cuales también siembran droga?

Salir de este país y decir que eres de México se está convirtiendo en una vergüenza nacional. El país está en picada.

Los hechos de Iguala demuestran que la coordinación no basta. Ni por mucho. Nadie podrá negar que había coordinación entre Guerrero y la federación. Es más, Guerrero fue el estado que de septiembre del año pasado a este septiembre más visitó el presidente (por lo de la reconstrucción). Guerrero estaba siempre en las reuniones regionales de coordinación. No faltaba Ejército ni Marina en el estado y hasta estos días, los federales no se quejaban de los estatales ni viceversa.

Pero no es suficiente. Hay un problema estructural serio, desde hace mucho. Desde la manera en que se transfieren recursos para la seguridad (Subsemun, FASP) hasta la manera en que se auditan a candidatos a puestos de elección; se reclutan, controlan y vigilan a policías, se estructuran las procuradurías, se vigila a los jueces, la mala broma del voluntario "mando único" sin atribuciones legales... En fin.

El 5 de febrero de 1978, Jesús Reyes Heroles alertaba: “Nuestra disyuntiva es clara: no podemos, lisa y llanamente mantenernos en la democracia que tenemos; o avanzamos en ésta, perfeccionándola o retrocedemos. Pensemos precavida o precautoriamente que el México bronco, violento, mal llamado bárbaro, no está en el sepulcro; únicamente duerme. No lo despertemos, unos creyendo que la insensatez es el camino, otros aferrados a rancias prácticas. (...) Todos seríamos derrotados si despertamos al México bronco".

Lo único que puede perturbar en su cueva el sueño de ese monstruo llamado México bronco, es el fantasma de la creciente desconfianza en la ley y en la justicia.

¿Cómo es posible que las autoridades del Estado de Guerrero no hayan hecho nada para impedir la huida (con todo y fuero) del alcalde de Iguala y de su esposa (que no tiene fuero)? ¿Cómo entender la actitud de sus autoridades que desde 2009 sabían de las actividades ilícitas de ese matrimonio y nunca hicieron nada para impedirlo o para llevarlos a la justicia?; y ¿cómo entender que el PRD haya postulado como su candidato a ese personaje; y que hoy, sus líderes, diputados y autoridades locales lo defiendan, en vez de defender a los afectados?

El México ideal ya terminó; y con ello los reconocimientos internacionales por las reformas realizadas. Este es el México real. Lo peor sería que la inseguridad y la violencia afectaran el crecimiento y la inversión.

Las circunstancias obligan a terminar cuanto antes con anacrónicos fueros y privilegios de funcionarios públicos. Se precisa fortalecer el Estado de Derecho, la eficacia y responsabilidad gubernamental; reivindicar también el valor civilizatorio de la política.

Ese es el mejor soporífero para el México bronco y el mejor aliado de que no existan dos Méxicos, sino uno solo.

El mensaje para todos los mandatarios en el país es contundente y (aparentemente) simple de entender.

La bestia de la ilegalidad, la corrupción y la impunidad se está devorando a sí misma y empezó a destruir los cimientos sociales con total cinismo.

Aunque cueste trabajo verlo ahora, en Guerrero se marcó el punto sin retorno y es muy probable que las acciones políticas, las que intentan apaciguar los ánimos más encendidos, no sean suficientes para detener una oleada de indignación que prefiera hacerse justicia por mano propia.

En un escenario como el actual, no son las estructuras de gobierno las que evitan el caos, sino las estructuras civiles. Sólo gracias a las personas que laboran de ese lado del espectro social es que se mantiene lo que comúnmente se denomina "tejido social".

Pero el tiempo se agota.

Asombra la pérdida de capacidad de asombro de la sociedad mexicana, que descansó cuando se enteró que los cadáveres encontrados en las fosas no eran los de los estudiantes, en lugar, creo yo, de asustarse por el hecho que día a día se encuentren a lo largo y ancho del territorio nacional cadáveres cuyos homicidios en la gran mayoría quedaran impunes.

¿Qué va a pasar con la investigación de esos homicidios una vez que desparezca la presión internacional? Dice el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, que buscan a los jóvenes por aire, tierra y agua; no lo dudo, pero conforme pasan los días disminuye la posibilidad de encontrarlos vivos, aunque nuestro deseo es que hayan huido y sean encontrados con vida. La pregunta que queda en el aire, es ¿cuántas narco-fosas existirán en nuestro país que faltan de encontrar?

Es increíble que un presidente municipal y su esposa estén involucrados como se les acusa, pero no es de extrañarse cuando los partidos políticos no tienen adecuados filtros para verificar la solvencia moral de sus candidatos, que muchas veces se convierten en eso por sus aportaciones económicas a los partidos.

Queda claro que el Partido de la Revolución Democrática y los pejezombies son los grandes perdedores del caso Ayotzinapa, y sus líderes tienen que explicar el por qué enviaron a los jóvenes normalistas a "botear" a Iguala. No encuentran ahora cómo bloquear en redes sociales las fotos del eterno candidato, Manuel Andrés Lopez Obrador (MALO), junto con el prófugo presidente municipal de Iguala.

Ha sido demasiada impunidad, demasiada corrupción. La narco-política en su más dura cara y la complicidad de cuello blanco hasta la hermandad delictiva. La concentración de la riqueza: irracional. Franco retroceso a lo peor del siglo XIX, generando atroz aumento de la desigualdad, pobres oportunidades, bajo empleo, esperanza trunca y el bono generacional dilapidado. Los ricos, son más ricos, los políticos más corruptos y los delitos contra la población: impunes.

Un país con demasiados focos rojos los señalados desde el extranjero: Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Morelos. Algunos, apenas atajados bajo el orden militar. Situación que no sostiene al Estado de Derecho, ni siquiera a la inversión extranjera.

Presidencialismo puesto a prueba, ausencia de control de los gobernadores, presidencias municipales corrompidas, autoridades rebasadas y el país hirviendo. Incertidumbre e inseguridad que ha provocado el enojo social en los antes "aguantadores" pobladores de este país. Y los que se llamaban "el poder": acorralados.

La terminología de "estado fallido" está más que de moda. En México, el debate sobre "el fracaso del estado" llegó a las portadas de los periódicos durante el sexenio de Felipe Calderón, aunque con la victoria electoral de Enrique Peña Nieto y su poco énfasis en materia de seguridad, se fue enfriando de poco en poco. Sin embargo, el caso Guerrero ha planteado de nuevo interrogantes sobre la fortaleza de las instituciones a nivel local para enfrentar el problema del crimen organizado en México. Y aunque el país entero no cabe en ninguna definición de estado fallido, lo que sí podemos decir es que hay muchos estados o regiones que sí reúnen muchas características de países que han sido denominados como fallidos.

Según el Fondo para la Paz, organización global que elabora el índice anual sobre estados fallidos, la clasificación varía en torno a 2 ejes: control territorial y eficacia gubernamental. De estos 2 elementos se extraen 42 indicadores sociales, económicos y políticos y de respeto a los derechos humanos que determinan si un Estado ha logrado el "monopolio legítimo de la fuerza" -de acuerdo a la clásica definición de Estado de Max Webber- o si en cambio al interior de sus fronteras existen grupos terroristas, guerrilleros o criminales que limitan su capacidad para controlar el territorio nacional y proveer eficazmente los servicios a su población.

En este índice, México ocupa la posición 97 (2013). El país se encuentra situado en una posición intermedia; es decir, no debe haber una alerta desmesurada, pero hay señales que los peligros de ingobernabilidad existen. A México le acompañan en el mismo escaño del Índice, países que solemos ver como más ingobernables que el nuestro: El Salvador, Cuba o Arabia Saudí. Así, la complejidad de un país tan grande como México, con distintos grados de institucionalidad, desarrollo económico, estabilidad política y cohesión social, constituye un mapa de asimetrías regionales muy marcadas. Mientras el Distrito Federal es considerada como una ciudad estable, segura y en desarrollo, estados como Guerrero se encuentran en un paso anterior: la lucha por el control político del territorio y su incapacidad para proveer el servicio más básico a su población, la seguridad. Pero, de acuerdo a la clasificación del Fondo para la Paz que publica la revista norteamericana Foreign Policy, ¿Podemos denominar a Guerrero como un estado fallido?

Los indicadores estatales son realmente escalofriantes. Guerrero cumple con el prototipo de un estado al borde de la ingobernabilidad y del fracaso: 69% de la población sufre de alguna condición de pobreza; es decir, 2'442,000 habitantes se encuentran en carencia, un porcentaje que supera por mucho la media nacional. Y la cosa se pone peor: uno de cada 3 guerrerense se encuentra en pobreza extrema (Jalisco con un crecimiento constante del indicador desde 2008 sólo tiene 5.8% de personas en pobreza extrema). Así, Guerrero es después de Chiapas, el estado con mayor pobreza extrema de toda la República Mexicana.

En desigualdad, la realidad del Estado es aún más lastimosa. El 20% de los hogares en Guerrero concentra el 62% de todos los ingresos del estado, mientras que el 20% más pobre solamente tiene acceso al 4% de la riqueza de todo el estado.

El promedio de escolarización en el estado es de 7 años; es decir, hasta 1er. año de secundaria, y la tasa de analfabetismo es más del doble de la media nacional: 17% de los habitantes de Guerrero no sabe leer ni escribir, lo que provoca que la movilidad social sea una auténtica quimera en un estado que tiene niveles educativos comparables con el África Subsahariana. En conclusión, si tomamos los 20 indicadores que sugiere el Fondo para la Paz como criterios cuantitativos para determinar si una entidad es fallida o no, Guerrero cumple cuando menos con 16.

En el plano político e institucional, el panorama es casi tan sombrío para Guerrero. Los retos para la gobernabilidad nacen de 2 fuentes: la ilegitimidad y falta de operación efectiva de las instituciones gubernamentales, así como el crecimiento de los cárteles del narcotráfico. El 1o. está más que diagnosticado, pero los últimos datos muestran una tendencia acelerada al deterioro. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Guerrero es el estado más corrupto del país de acuerdo a la percepción de sus ciudadanos. 9 de cada 10 habitantes del estado consideran que la corrupción en Guerrero es "muy frecuente", lo que coloca a la entidad del Pacífico como la más corrupta del país según sus habitantes.

Sin embargo, ahí no acaba el drama institucional. La corrupción gubernamental tiene en la falta de credibilidad, su otra cara. 2 de cada 3 guerrerenses no confían en las instituciones del Gobierno del Estado, un porcentaje que supera por mucho el promedio nacional. La incredibilidad de la autoridad política es uno de los lastres más potentes para evitar los cambios institucionales necesarios para recuperar la eficacia de los gobiernos. En servicios, los habitantes de Guerrero creen que no hay nada rescatable de lo que hacen sus autoridades. Ni seguridad, ni servicios, ni economía, ni administración, un cóctel para la conflictividad social.

El eje de seguridad es tal vez el desafío coyuntural más apremiante. Todos los indicadores son propios de un Estado ausente. El número de policías por cada mil habitantes (1.9) es uno de los más bajos en todo el país, y según la Organización de las Naciones Unidas 37% de los municipios tienen su policía infiltrada por el narcotráfico. Las autoridades federales y estatales aceptan que hay por lo menos 11 policías municipales que se encuentran al día de hoy infiltradas. Esto ha provocado que las comunidades constituyan policías comunitarias que han logrado fortalecer a los municipios que se encontraban en el abandono estatal. Sin embargo, reportes de prensa ya registran la aparición de unidades de autodefensa, en donde siempre existe la sospecha del dinero del crimen organizado. Un caldo de cultivo difícil de combatir, incluso para estados como Michoacán.

Las cifras que se desprenden de esta baja institucionalidad, corrupción e ilegitimidad colocan a Guerrero como el estado "más caliente" del país en materia de crimen organizado. Los homicidios dolosos (Inegi-SNSP), y las ejecuciones (Lantia Consultores), son los 2 indicadores que más han crecido de 2011 a la fecha. Actualmente, Guerrero tiene la tasa más alta de homicidios por cada 100,000 habitantes (29) y también lidera el apartado a ejecuciones (promedio de 70 mensuales); es decir, de asesinatos vinculados al crimen organizado.

La dispersión de cárteles es también un problema que dificulta la consecución de estabilidad a nivel local. Las últimas investigaciones en la materia revelan que en Guerrero operan 10 cárteles, algunos propios (Los Rojos y Guerreros Unidos) y otros que son células de los llamados cárteles nacionales. La dispersión y la operación de estos impactan en ciudades medias, en las regiones del interior y en la Zona Caliente, el punto más álgido del narcotráfico en Guerrero.

En todos los países existen autoridades corrompidas, la diferencia es que en los países institucionalmente sólidos, se castiga severamente la corrupción.

El 5 de octubre del año 2011 el gobierno federal anunció el programa "Guerrero seguro", a implementarse en un plazo de varios meses de acuerdo a las etapas consideradas. Un año antes, el 2 de diciembre, se había conocido la noticia del secuestro de 22 turistas procedentes de Michoacán, noticia que finalmente se fue diluyendo con el tiempo y confundiendo con la más diversa serie de versiones. Que no eran turistas. Que eran braseros. Que eran la avanzada del cártel michoacano en boga por esos años. Que las indagaciones iban muy avanzadas. Que ya se había identificado a varios sospechosos. Finalmente el asunto pasó al olvido.

El 11 de septiembre de 2012, el gobierno federal analizaba los resultados de su programa, ya que el 26 de agosto anterior habían sido regados 11 cadáveres en la autopista, y el 10 de septiembre se habían hallado otros 16 dentro de una camioneta. Lo único seguro en Guerrero era que seguía siendo inseguro.

Con motivo de la reforma educativa, buena parte del magisterio del Estado de Guerrero realizó manifestaciones vandálicas lanzando consignas amenazadoras cargadas de violencia. A numerosas personas les quedaba claro que era mejor tener a los maestros en huelga que dando "clases".

La participación de la escuela Normal de Ayotzinapa en incontables manifestaciones tanto por motivos escolares como políticos es ya una tradición, desde los tiempos de Lucio Cabañas y la ocupación del inmueble por el Ejército mexicano en 1975. En el año 2007 estas protestas habían producido 230 estudiantes heridos, 30 detenidos y 2 desaparecidos. Las turbulencias en diciembre de 2011 tuvieron por 1a. vez un saldo fatal, 2 asesinatos.

Fieles a sus hábitos, en el pasado mes de septiembre los estudiantes secuestraron camiones para trasladarse a nuevas manifestaciones cuyo saldo conmueve ahora a toda la nación. Desde luego la conmoción es justa, pero no por ello menos paradójica, pareciera que en este país el valor y dignidad de los seres humanos depende de que sean o no normalistas, de ahí que el gobierno exhuma-cadáveres se dé el lujo de descartar uno tras otro si no cumple con el requisito publicitario de haber sido normalista.

Estos cadáveres no generan protestas nacionales ni paros estudiantiles, son de desconocidos, lo mismo da volverlos a tirar. Al propio gobierno no parece avergonzarle el hecho terrible de dar, finalmente, con tantas sepulturas clandestinas, y declarar muy ufano, que afortunadamente no son de los normalistas desparecidos.

A los ex gobernadores Rubén Figueroa, Alejandro Cervantes, J.Francisco Ruiz Massieu, Rubén Figueroa, René Juárez y Zeferino Torreblanca, ni quién les pida cuentas, todos están de alguna u otra forma finados. Pero Ángel Aguirre ya había gobernado como interino de 1996 a 1999.

Los hechos que a lo largo de 45 años han afectado al Estado de Guerrero hablan de una violencia endémica en buena parte explicable porque en Guerrero el hambre, el fracaso educativo y la corrupción han sido permanentes. Hablar entonces de desaparecer los poderes en ese estado resulta de genuino humor negro, ¿cuáles poderes buscan desaparecer si hace tiempo que de hecho desaparecieron?

Una terrible masacre que está desmontando el mito de que vivimos en una democracia, que tuvimos una transición y que vivimos un Estado de derecho.

Dos años de propaganda publicitaria de Enrique Peña Nieto, para mostrar a un México que se reformó para hacerse atractivo a los capitales privados, se derrumbaron con la masacre de Iguala y los 43 normalistas desaparecidos.

Millones de mexicanos vieron de golpe que en muchos estados del país, como Guerrero, existe un "narcoestado" que se sostiene sobre la represión; y que la violencia y las desaparición de personas no son asuntos entre criminales, sino que puede alcanzar a cualquiera.

La masacre de Iguala está revelando que tenemos un régimen de control, mantenido además por la complicidad de una clase política corrupta y cínica, que no se tienta el corazón para utilizar la persecución, encarcelar disidentes o asesinarlos y desaparecerlos sólo para el mantenimiento de ese régimen de poder al servicio de la acumulación por despojo.

Hay demasiada violencia sobre el terreno. Los presagios son siniestros. La situación demanda responsabilidad a todos.

La historia nos demuestra que es difícil, si no imposible, prever estallidos sociales o rebeliones. Unos y otras suelen ocurrir de manera imprevista y en circunstancias muy diversas. Pero hoy en nuestro país se están acumulando presiones tan fuertes que parecería que nos acercamos al abismo de la ingobernabilidad.

La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala ha generado masivas movilizaciones de protesta en Guerrero, el Distrito Federal y otros lugares del país. Los ánimos están caldeados. Los manifestantes han tomado casetas de peaje y han bloqueado carreteras. Los maestros de la CETEG destrozaron las oficinas del PRD en Chilpancingo. También un grupo armado de policías comunitarios bloqueó la carretera Chilpancingo-Tixtla, cortando la comunicación entre el centro y la montaña del estado. Un día antes habían vandalizado las oficinas de Guerrero Cumple, un programa asistencialista del gobierno estatal. Ni la policía municipal ni la estatal ni la federal se han atrevido a hacer nada. La autoridad está aterrada.

El país sufre también las consecuencias del paro del Instituto Politécnico Nacional, al cual se han unido otras instituciones educativas. Las manifestaciones por el tema del IPN y de Ayotzinapa han sido constantes.

El crimen en el país sigue alcanzado niveles inquietantes.

El coctel es explosivo y peligroso. El gobierno ha tratado de maniobrar la situación con tranquilidad y conciliación. Por eso salió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a hablar con los paristas del Politécnico el 1o. de octubre. Por eso la autoridad se ha negado a utilizar la fuerza pública para desbloquear carreteras o impedir actos de vandalismo de manifestantes. Hay la conciencia de que algunos de los grupos que están participando o promoviendo las movilizaciones buscan no sólo una protesta sino provocar una rebelión que lleve a un cambio de sistema político y económico en el país. El gobierno no quiere dar motivo para nuevos enfrentamientos.

El resultado de la acumulación de hechos de violencia y protestas, sin embargo, genera la percepción de que el país se le está yendo de las manos al presidente Enrique Peña Nieto. Quizá sea una idea exagerada, pero la experiencia nos dice que en política la apariencia es a veces tan importante como el fondo.

El sistema político mexicano es hoy un híbrido, mezcla del montado por el PRI el siglo pasado –la "dictadura perfecta"– con elementos nuevos que, a su vez son un amasijo de ingredientes positivos y negativos. Lo positivo es el mayor pluralismo político, pero lo negativo es la firme implantación del crimen organizado y la consecuente descomposición política y social en estados como Guerrero, Michoacán, Morelos, Estado de México, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz, entre otros.

Y es que el impulso democrático que alcanzó su cúspide en 2000 se topó con la decisión de no tocar a los peces gordos de la corrupción, de incorporar al viejo corporativismo sindical priista –el SNTE entre otros– al nuevo gobierno, de elegir a la izquierda como el enemigo a derrotar y al PRI como el aliado indispensable. Con el "haiga sido como haiga sido" de la elección de 2006 y con la "guerra contra el narco" se ahondó el fracaso. Hoy, a los 23 meses de post calderonismo se han contabilizado 14,534 ejecuciones ligadas al crimen organizado. (Reforma, 11 de octubre). Todo lo anterior condujo al retorno del PRI al control del sistema y a un "Pacto por México" que modificó el corazón mismo de la Constitución en beneficio de un tipo de economía muy sesgada en favor de la desigualdad.

Hoy ya no se sabe hacia dónde se dirige el país. Y la incertidumbre tiene lugar en una coyuntura donde la dinámica política del no avanzar en la democratización no significa quedarnos varados, sino retroceder. Acontecimientos como los de Tlatlaya –ejecución de prisioneros por el ejército– e Iguala –el secuestro y asesinato con saña espantable de estudiantes normalistas rurales por policías y una organización criminal–, son indicadores de que el retroceso político está en marcha.

Como telón de fondo la acumulación de miles de ejecutados y desaparecidos más la persistencia de las organizaciones criminales, Edgardo Buscaglia, estudioso del narcotráfico, caracteriza hoy a México como un país donde sus responsables políticos apenas si desempeñan el papel de administradores de un pacto de impunidad en la corrupción y que desembocó en el colapso del Estado por descontrol.

En su libro Por qué fracasan los países (México: Paidós, 2013), Daron Acemoglu y James Robinson examinan los orígenes históricos de la pobreza y la riqueza de las naciones. Esa comparación les llevó a desarrollar una dicotomía entre sociedades de carácter extractivo e inclusivo. En ambos casos el entramado institucional se examina tanto a nivel político como económico para concluir, de manera un tanto simplificada, que las sociedades exitosas desarrollaron instituciones políticas incluyentes que propiciaron la participación efectiva de una mayoría en los procesos de toma de decisiones, y eso derivó en la construcción de mercados no monopólicos y dinámicos. Por el contrario, los sistemas no democráticos tienen como meta excluir a la mayoría de la participación política efectiva para mantener sistemas económicos monopólicos que extraen riqueza de esa mayoría en beneficio sólo de una minoría.

Una y otra vez, Acemoglu y Robinson usan el caso de México –los conquistadores, los porfiristas o Carlos Slim– para ejemplificar la naturaleza de un sistema excluyente en lo político que también excluye en lo económico para favorecer acumulaciones fabulosas de riqueza en un puñado de personajes. Lo que estos autores no observaron es que aquí el esquema puede ser más complicado y terrible, pues hay que introducir tanto la política como la economía ilegales. En México, entre otras razones, como origen y consecuencia de una transición fallida, surgió un sistema de poder criminal paralelo que ha colonizado a gobiernos municipales y estatales y eso, junto a la economía formal excluyente, dio forma a otra economía ilegal y también excluyente que, empleando la violencia ilegítima, extrae impunemente recursos de la sociedad dentro de la que vive y predomina.

Es más, el propio crimen organizado ya tiene 2 economías y políticas, la de los grandes carteles que no buscan explotar a su medio social –el caso del Cártel de Sinaloa–, y los depredadores de su medio, al estilo de los Zetas, La Familia o de esos Guerreros Unidos de Iguala. Y resulta que estas últimas política y economía son las que han crecido a raíz de la fallida "guerra contra el narco", pues al descabezarse a los grandes carteles, su pedacería vive cada vez menos del tráfico internacional de estupefacientes y más de extorsionar a los habitantes, propietarios y gobiernos locales.

El juicio que se haga del gobierno de Peña Nieto estará estrechamente relacionado con el éxito que tenga resolviendo la crisis de Iguala y otras estrechamente relacionadas que derivan de las condiciones de estado fallido presentes en la región de Tierra Caliente.

Debe diagnosticar correctamente de qué se trata la crisis de violencia y de gobernabilidad. Si concluye que se debe exclusivamente a la presencia de grupos criminales, habrá llegado a una conlcusión superficial e incorrecta.

La pandemia de mafias en la región es evidencia de un estado fallido que debe ser reconstruido.

La estrategia de solución a instrumentar debe atender 2 retos. En el corto plazo, la prioridad debe ser restablecer el orden. Para ello es indispensable acabar con las mafias y eliminar la relación simbiótica que crearon con algunos gobiernos locales. Pero para que la estrategia tome raíz será necesario asegurar que todos los grupos políticos que hay en la región acaten las leyes y respeten los derechos de las personas. No sólo debe acabar con las mafias, también debe someter al orden a todos los grupos inconformes, incluyendo a los de la CNTE y los normalistas de Ayotzinapa. Si se instrumenta una situación que otorga privilegios ilegítimos a grupos de presión, se prolongará el desorden y la violencia en la región.

También es indispensable (re)construir las instituciones políticasy económicas de la región. Si omite esta parte de la estrategia, en cuanto la Policía Federal y los militares regresen a sus cuarteles, las mafias y las guerrillas se volverán a apoderar de la región. Tomará varios años y requerirá hacer fuertes inversiones en el establecimiento de gobiernos locales confiables y eficientes, y la creación de un sistema de procuración de justicia moderno.

La tragedia de Iguala no es única en el país. Cosas similares están sucediendo en varias regiones donde aún no se han establecido instituciones modernas. Crear instituciones no es fácil ni vistoso, ni siempre lleva a ganar concursos de popularidad, pero es la principal responsabilidad que los ciudadanos exigen de sus gobernantes: que muestren la voluntad de gobernar.

Más de un mandatario estatal está tentado a tomar su pancarta y sumarse a las marchas para exigir la renuncia del guerrerense Ángel Aguirre.

¿Por qué? Porque Iguala ya dejó de ser un asunto de Guerrero y se convirtió en un conflicto nacional. Y la prueba está en que ayer las marchas y manifestaciones se repitieron en todo el país, lo mismo en escuelas públicas que en privadas.

Y de lo que más se quejan los gobernadores es que el caso de los normalistas desaparecidos les está complicando algunos asuntos meramente locales.

Por ejemplo, a Miguel Mancera el DF volvió a ponérsele de cabeza. Aquí, Aristóteles Sandoval vio crecer de manera exponencial el asesinato del estudiante de la UdeG en Guanajuato. Y en Oaxaca, la solidaridad con Ayotzinapa se mezcló con un viejo conflicto estudiantil.

¿Cuánto cuesta mantener la paz en un municipio, en un estado, en un país? Esta es una pregunta que muy probablemente muchos candidatos se estén planteando, no en términos de programas sociales, sino de cuotas concretas impuestas por aquellos que tienen el poder real de alterar el orden o conservarlo.

Hace algunos años la pregunta era ¿cuánto cuesta una plaza? Es decir, cuánto se debe pagar a quien tenga el poder de dar permisos para operar un negocio ilícito en un determinado lugar. Se supone que más de algún funcionario público entró en este tipo de negocios desde tiempos remotos, hasta que el poder adquirido por la delincuencia se volvió tan determinante que al final quienes cobraban acabaron pagando.

La diversificación ha sido una clave esencial para el éxito de cualquier empresa, y la empresa delincuencial se ha sabido diversificar en los últimos 20 años a tal punto que puede ser vista como una prestadora de servicios múltiples, y no necesariamente como un montón de traficantes vulgares que no salen de su mismo y repetitivo oficio. Lo alarmante sería que aun quienes se dedican a la política desde cualquier partido acudieran a los servicios de estos nuevos giros para boicotear gobiernos establecidos, triunfar en los comicios, amedrentar a la población, arruinar posiciones partidistas, cancelar cacicazgos inveterados o respaldar programas en curso.

Por lo que informan los medios sabemos que efectivamente ha habido actores políticos que antes y después de las campañas se han asociado con la delincuencia, y que a fuerza de hacerlo una y otra vez un poco o un mucho por todas partes, han acabado por someterse, ellos y sus sucesores a sus iniciales socios. Ahora es la delincuencia la que impone las cuotas al más puro estilo michoacano, tamaulipeco, o lo que se junte, y aquellos funcionarios nuevos que llegan decididos a romper esta sumisión acaban asesinados, sin que haya poder público alguno que lo impida o luego lo aclare y castigue.

La abundante y constante información sobre todo lo que está sucediendo en el país ha creado una percepción social ya no de sospecha sino de abierta desconfianza en las autoridades, un sentimiento de sálvese quien pueda y como pueda, porque en esta nación ya no hay nada a qué atenerse, vecinos, transeúntes, amigos, conocidos y hasta parientes pueden estar involucrados, con mayor razón aquellos que más posibilidades tienen de sacarle provecho a la crisis general de seguridad que vive México.

Las interrogantes se multiplican y también se focalizan: ¿qué está pasando en las regiones costeras de Jalisco, en la región Valles o en la de la Sierra de Amula? ¿Cuántas personas más, ciudadanos o funcionarios públicos, deben ser asesinados para que la universidad pública se paralice y promueva protestas, no sólo por los jóvenes normalistas de Guerrero, o el estudiante de Lagos, sino por la condición general que se vive en México? La sociedad mexicana ahora exige no la desaparición de poderes, sino su inmediata aparición, porque ya son muchos años de vivir en un caos creciente.

Lo que hoy se vive en nuestro país es producto de una constante acumulación de hechos criminales, que por décadas ha involucrado a agentes delictivos, personas y grupos con intereses muy privados o particulares, y/o su infiltración, presencia y vínculos entre las instituciones de seguridad pública, de gobierno y entre las coladeras de las organizaciones políticas. Todo eso ha envuelto, de paso si se quiere, por omisión o falta de compromiso, a una comunidad nacional como conjunto de ciudadanos que ha dejado en manos de unos cuantos sus altos intereses. No se puede eludir el momento y magnitud del problema-conflicto que ha puesto al descubierto la grave situación de una crisis anunciada, que, desde los sectores más recónditos del poder, se ha intentado no develar por lo que quizás podría representar abrir sus habitaciones, subterráneos y cañerías. Se ha inhibido atacar los fondos de su manifestación, dejando que la impunidad sea el marco de su movimiento, situación no libre de acuerdos bajo la mesa, que es parte de la corrupción que invade el país, o pactando ocultar su situación y efectos nocivos; esos que tarde o temprano han emergido del lodazal porque ya no cabían en su propio abismo.

Muchos han sido ya los muertos y escasa y casi ausente la justicia. El miedo y el riesgo, son desde hace tiempo una parte de la vida cotidiana de la mayoría, incluso de aquellos que por eso se cubren la espalda con autos blindados y guardaespaldas.

Porque cuando las fuerzas de la corrupción han actuado durante mucho tiempo, corrompen el ambiente socio-cultural y avivan las avideces de la riqueza y los comportamientos que descomponen el uso del poder.

Si bien es cierto que los acontecimientos reportados en las noticias de las últimas semanas no son del todo nuevos, el volumen y frecuencia de los mismos puede considerarse como alarmante, y podríamos empezar por el zafarrancho provocado por las barras de los clubes Atlas y Guadalajara, en donde pudimos ver (gracias a la "magia" de la televisión y los videos de celulares), la saña con que un grupo de "seres humanos" golpeaba a otro de manera furiosa e inmisericorde.

Ya antes habíamos conocido de los "trabajos" realizados por los criminales organizados, los cuales son conocidos como "pozoles" -que prefiero no describir-; luego siguieron los bloqueos; las "pilas" de cadáveres dejados en una camioneta; las llamadas narco-fosas.

Los disturbios callejeros iniciados como marchas de protesta que terminan en saqueos y pinta de fachadas, incluso de edificios históricos, mismos que en no pocas ocasiones obligan a la policía a salir corriendo, pues dicen que los "protocolos" y los "derechos humanos" prohíben que la fuerza pública accione en contra de quienes no solo perturban el orden, sino que además roban y causan daños a personas y bienes públicos y privados.

Y como si se tratara de un guión cinematográfico, luego siguieron los llamados "levantones" en diferentes puntos de la geografía del país, hasta que una parte de la población decidió armarse y auto-defenderse ante la incapacidad manifiesta de las "autoridades" responsables de resguardar el orden y la paz social.

El "revolucionario" punto de vista de Vicente Fox -dejar ser, dejar hacer- permitió que cuanta organización criminal quisiera, sentara sus bases en nuestro país, lo que sin duda alguna le heredo una gran carga a Felipe Calderón, y éste a su vez a Enrique Peña Nieto, pues luego de 12 años perdidos, será más difícil recuperar el orden, pero es también una obligación del Estado.

El espacio nos obliga a cerrar con los acontecimientos de Iguala, el asesinato de inocentes y levantón de 43 estudiantes desaparecidos luego de más de un mes, lo que ha ocasionado malestar nacional e internacional.

El secuestro de 7 atletas, que afortunadamente ya fueron recuperados con vida y sanos y salvos.

El operativo antipiratería en el mercado de San Juan de Dios, que terminó con un enfrentamiento con las policías (de los 3 niveles de gobierno), en donde la turba quemó vehículos y saqueo una tienda de conveniencia... y todo a plena luz del día.

Tener 20 años en este país no es fácil. En muchas zonas de México, estar en esa etapa de la vida significa ser un apetitoso recluta del crimen organizado, sumar dígitos a las cifras macroeconómicas del desempleo o dedicar las noches a estudiar una carrera que no se va a ejercer.

Tener 20 años, unos más, otros menos, en algunas zonas rurales, significa tener el camino de los campos secos, de la salida para siempre al norte, de la agitada vida de los cárteles o de la guerrilla o de las autodefensas o de las fuerzas públicas.

Estar en esa edad en la ciudad implica ser adolescente. Los más afortunados empiezan (?) apenas su vida de estudiantes, que ahora se acaba después de los 30, y los menos suertudos dedican su tiempo a ser ninis, a anhelar celulares inteligentes o a trabajar de tiempo completo en trabajos mal pagados para los que tienen que desplazarse en condiciones malas y caras.

En este país hay alrededor de 30 millones de mexicanos entre los 15 y los 29 años, y algunos de ellos (muchísimos en las últimas semanas) tienen ganas de gritar porque hoy, además de todo, ser joven puede llevarte en el DF a la cárcel, en Guerrero a una fosa, en Michoacán a desaparecer.

El 22 de octubre, muchos mexicanos en edad de estudiar tomaron la bandera de Ayotzinapa para reclamar el vergonzoso gobierno, el pésimo futuro, la indignante corrupción, la impunidad homicida y el autoritarismo político mezclado con crimen organizado que rige muchos lugares del país.

Estos jóvenes no están acompañados de la generación que los precede. Los perredistas que alguna vez protestaron son mal vistos por los estudiantes (a Cárdenas lo apedrearon) y la generación de la protesta mexicana hoy tiene más de 60 años.

México ha tomado con seriedad el proceso de reformas, pero lo que falta todavía es hacer reformas que ataquen de manera fundamental la dualidad de la economía y se mejore el Estado de Derecho, afirmó el ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Consideró que en la economía mexicana hay todavía ciertos incentivos negativos, que hacen que se sigan creando por ejemplo más "changarros" en lugar de empresas más competitivas que generen empleos y compitan en el entorno actual.

"Hay enormes obstáculos que limitan la creación de empresas, la iniciativa de las personas, tenemos todavía inmensas imperfecciones en el sistema económico, derivado de falta de competencia".

Indicó que cuando no hay un buen estado de derecho, la justicia es débil.

El ex presidente, afirmó que hace falta un "fuerte, vigoroso, eficaz" estado de derecho, si bien hacen falta mejorar la educación o infraestructura, en su opinión, en primer lugar se debe atender el estado de derecho, ya que eso permitirá abordar otros temas en el país.

Los movimientos políticos que está viviendo México parecen muy localizados. La manifestación por el Paseo de la Reforma provoca problemas de tránsito, como es usual en una zona presa de marchas casi todos los días. Pero son los manifestantes de siempre, los que están en contra del "régimen neoliberal" y se reúnen de manera cotidiana como si se tratara de una fiesta. Los cierres de las escuelas sólo se pueden lograr porque grupos pequeños de activistas imponen el paro ante poblaciones estudiantiles que o son indiferentes o no quieren pelearse físicamente con los activistas.

Los grupos políticos que se unieron para apoyar el movimiento #Yosoy132, el SME y otras causas similares están nuevamente en pie de lucha. Tienen la capacidad de llamar la atención de los medios de comunicación nacionales y extranjeros, de bloquear calles y autopistas, de robar autobuses, de saquear supermercados, de incendiar oficinas públicas y de increpar o agredir a figuras públicas como Jesús Zambrano o Cuauhtémoc Cárdenas. Pero no parecen tener la capacidad de realizar esa revolución que derrocaría el régimen neoliberal.

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha tomado la decisión de no utilizar la fuerza pública aun en casos en que los manifestantes abiertamente violan la ley. No es una respuesta inusitada. Ésta ha sido la estrategia del gobernador perredista de Oaxaca, Gabino Cué, a lo largo de todo su sexenio. Es preferible nadar de muertito que echarle un cerillo a una protesta estudiantil.

El presidente Peña Nieto le apuesta también a que el tiempo debilite el movimiento de protesta. Los desmanes de los manifestantes, después de todo, sólo afectan a personas sin importancia, mientras que el uso legítimo de la fuerza pública puede provocar una reacción que (¡horror!) deje al político fuera del presupuesto.

Por lo pronto el movimiento de Ayotzinapa convocó ayer a un paro nacional y pudo cerrar algunas escuelas. Sin embargo, el país siguió operando de forma normal.

La realidad social de Guerrero es cruel, pobreza, enfermedades, marginación, injusticia, emigración, abandono de las autoridades, escuelas cuyos profesores apenas si se asoman 2 o 3 días por semana. Falta de caminos frustra todos los años la salida de las cosechas, el abuso de los intermediarios hace inútil el cultivo de las huertas, hay una permanente ausencia de los servicios básicos y un horizonte poblado de desesperanza.

En este ambiente de miseria y escasas oportunidades de progreso irrumpe la delincuencia organizada, imponente, imparable, armada, protegida y con abundantes recursos económicos para añadir a la pobreza y la injusticia los levantones, los secuestros, los asesinatos, el cobro de cuotas, provocando que familias enteras emigren por el miedo y la inseguridad que se está viviendo.

Toda esta región forma parte de una circunscripción eclesiástica, la diócesis de Ciudad Altamirano, cuyos efectivos no se han visto libres de todo tipo de agresiones, el propio Obispo, algunos sacerdotes y seminaristas han sido víctimas de robo, secuestro y extorsión, también han sido asesinados los sacerdotes Habacuc Hernández Benítez, Joel Román Salazar, Ascensión Acuña Osorio, y 2 preseminaristas, por haber levantado su voz en contra de este clima de opresión y abandono. Estos crímenes permanecen impunes, como impune parece permanecer todo cuanto sucede en Guerrero.

El pasado 28 de octubre los habitantes de varias comunidades de esta región han decidido prácticamente levantarse en armas, con lo que puedan, carabinas, machetes, palos. Nada que ver con los normalistas de Ayotzinapa, y todo que ver con la condición general que guarda el estado de Guerrero. ¿Autodefensas? No sabemos bajo qué rubro puedan ser luego calificados, ni el derrotero que siga su iniciativa a la luz de lo ocurrido en Michoacán, lo evidente es la desesperación, la impotencia, y el hartazgo.

Sigue latente el riesgo de que la matanza de Ayotzinapa, en efecto, sea la espoleta de una reacción de la sociedad civil contra la corrupción y la impunidad que parecen haberse convertido en el ADN de la política mexicana.

Desde el sexenio echeverrista, -de los más nefastos de nuestra historia-, se inició una descomposición cimentada en el enfrentamiento de sectores y clases sociales, enmarcado en la exposición de la demagogia más pura a la que el comunismo y el socialismo a ultranza significaban -no había más que ver la clase de socios que tenía su gobierno con países gobernados bajo tales doctrinas-, lo que derivó en el declive que provocó un desplome del que todavía en el hoy se tienen las consecuencias.

El orden de valores se trastocaba...

La confusión de una ciudadanía que empezaba a desorientarse hacía que México fuera campo fértil para influencias dañinas, cuando gran parte de su población -duele escribirlo y más, mucho más reconocerlo-, había vivido, vive y ojalá algún día deje de vivir, con la mano extendida hacia "papá gobierno", en un afán de que sea la solución inmediata y permanente de su subsistencia.

Así, el sistema se fortalecía contando con los votos electorales que le permitían continuar en el poder ostentándolo, ejerciéndolo a conveniencia y lucrando desmesurada y cínicamente con él.

Con la apertura democrática sobrevino la proliferación de partidos políticos fundamentados en una burocracia indignante, para vivir del presupuesto con todas las prebendas y canonjías que esto conlleva, llegándose a... A lo que se ha llegado.

Lo importante son los partidos y sus gentes. México como país con su ciudadanía, poco interesan.

Por los intereses partidistas y personales de quienes manejan a la nación con controles de toda índole, la delincuencia organizada pudo acendrarse a todos los niveles de gobierno preponderando peligrosamente sobre los estamentos de la sociedad, que ha visto la posibilidad de proyectarse a mejores niveles de vida, uniéndose e integrándose a la delincuencia misma -la conciencia vendida-, trayendo consecuentemente el clima de inseguridad y peligrosidad que ha alterado la cotidianeidad de vida en todos los ámbitos de la sociedad mexicana.

La capacidad de asombro se ha ido perdiendo... Casi con naturalidad se miran los crímenes que a diario se cometen sobrealimentando una nota roja obesa que hace que la sociedad se insensibilice y vea que todo eso es... Es cosa de todos los días.

La tesis de un complot por desestabilizar a la nación, cobra vigencia propiciada por movimientos izquierdistas que van, desde la decadencia del partido representativo, el PRD con sus facciones desarticuladas, a la de un partido naciente, "morena", dirigido por la mitomanía manifiesta de un líder con complejo de "mesías", insatisfecho por no alcanzar sus metas ambicionadas, cimentado en la demagogia exultante que insulta y engaña.

Escuchando las palabras del ex presidente Ernesto Zedillo refiriendo que México está muy mal en su Estado de Derecho, quedando demostrado que la corrupción muestra la debilidad de este principio, con todo y que el presidente Peña asegura que el país se fortalece, el acontecer, viéndose lo que viéndose se está, parecería que todo el territorio nacional está convertido en un rastro...

Un rastro humano, que sí, en el que la vida, tan llana como simplemente, no vale... No vale nada...

"Un muertito por el amor de Dios" es el clamor, tan vergonzante como infame, implícito en "la lucha" de agrupaciones cuyo giro "justiciero" no es la solución sino el mantenimiento de problemas, y que enarbolan causas legítimas como fachada.

El gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, ilustraba el sábado la miserable condición ética de quienes, con la coartada del drama ocurrido en Iguala, se meten por ejemplo al mercado de Chilpancingo a comer y se van sin pagar a los modestos locatarios.

¿Y qué tal el saqueo de todo tipo de tiendas, la quema de vehículos, las extorsiones en las carreteras?

Grave momento éste, y peor cuando a los problemas acumulados viene a añadirse el de quienes, en vez de realizar explicables actos de protesta, se revelan, también, como criminales...

Los empresarios reclaman que el año haya sido malo en lo económico; otros hablan de que no se han resuelto los problemas de seguridad; algunos más siguen enojados con la reforma fiscal, y desde luego, el tema de Iguala y todas sus secuelas, salen a colación.

Lo que a mi me sigue causando sorpresa es el hecho de que hace apenas un par de meses, algunos de quienes hoy reclaman, estaban eufóricos con las reformas, particularmente con la energética.

Quemando Palacio Nacional, metrobuses o creando brigadas de ajusticiamiento no se va a solucionar la crisis de inseguridad que vive el país. En realidad, esas acciones lo que buscan es acrecentar la violencia y convertirla en un arma política. Las muertes de Cocula nos tienen dolidos y desilusionados, nadie puede negarlo, pero con la violencia lo que estamos viendo no es la indignación social sino acciones de movimientos que la utilizan para sus propios fines desestabilizadores.

Tienen razón Krauze y Gómez Leyva cuando dicen que esa indignación habría que volcarla contra los verdaderos asesinos, contra los delincuentes y sus estructuras de protección. Pero tampoco eso es nuevo. Nos tocó subrayarlo en aquellos diálogos con funcionarios, especialistas y víctimas del sexenio pasado y fue parte de lo que siempre hemos debatido con personajes como Javier Sicilia o con aquellos que inventaron lo de la guerra de Calderón. No fue aquella, "la guerra de Calderón" como ésta no es la de Peña. Es la guerra, si a alguien le gusta ese término, de los grupos criminales entre sí y de esos mismos grupos contra la gente.

Nadie secuestró, mató e incineró a los jóvenes de Ayotzinapa por una decisión de Estado, porque eran parte de grupos radicales y que en muchos de los casos tienen añeja relación con organizaciones armadas. Los secuestraron, mataron e incineraron porque molestaban a un presidente municipal y su esposa que eran parte de la delincuencia. Los mataron de forma tan brutal porque, justificadamente o no, esos delincuentes pensaban que eran parte de un grupo rival y acabaron con ellos como han acabado con miles de personas en los últimos años.

Hechos de violencia tan brutales como éstos hemos visto demasiados en los últimos años y no recuerdo que, salvo excepciones, la indignación se haya volcado contra los verdaderos responsables. Me tocó ver, oler, la casa del Pozolero, aquel personaje que trabajaba para el cártel del Teo García Simentel en Tijuana y que disolvió por lo menos 300 cuerpos en sosa cáustica para depositar esa especie de pasta en una enorme cisterna. Me tocó ver restos de las mujeres asesinadas por decenas en Juárez sin que tengamos todavía una verdadera respuesta sobre quiénes fueron los asesinos. En Juárez estuve en Villas de Salvárcar, cuando un comando entró en una fiesta juvenil y mató a todos, pensando, como en Iguala, que eran de un grupo rival. Me tocó ver fosas comunes en Juárez, en Uruapan, en Guerrero, mucho antes de que fuera el tema de todos los días. Estuve en la frontera viendo cuerpos de migrantes masacrados y olvidados. Conocí a funcionarios ejemplares asesinados por el narcotráfico por no corromperse. Tengo algunos buenos amigos como Alejandro Martí e Isabel Miranda que han tenido que convivir con la muerte y la tragedia en sus propias familias. Estuve en Monterrey cuando el olor de los cuerpos quemados por narcotraficantes en el Casino Royale aún envolvía todo.

Me ha tocado ver demasiadas muertes. Pero estoy cansado de que se sigan acumulando las tragedias y que los partidos las manipulen, que haya grupos que quieran convertir un gravísimo problema de descomposición social, que exige soluciones nacionales, que involucre a todos, en objeto de chantajes políticos; que no haya visto, hasta ahora, una sola manifestación de normalistas, maestros o anarquistas o quien sea, protestando contra los verdaderos criminales.

Me indigna, pero también me cansa, que los mismos partidos no recuerden su historia: que no recuerden que antes de Abarca existió un Julio César Godoy o un Mario Villanueva o un Gutiérrez Rebollo o aquel padre Montaño que protegió a los Arellano Félix o aquel gobernador panista que dijo que mataban a las mujeres en Juárez porque usaban minifalda. No recuerdan porque no quieren ver.

En el libro La batalla por México, de Camarena al Chapo Guzmán (Taurus, 2012), decíamos que, en parte, el fracaso de la lucha contra la inseguridad se debía a que no se la quería asumir como un esfuerzo nacional, comprometiéndose con él. En el libro concluíamos diciendo que "las instituciones del Estado siempre serán más fuertes que los grupos criminales. Pero, para que esto ocurra, se necesita que esas instituciones existan y funcionen, no sólo a nivel federal sino también estatal y municipal. Se necesitan leyes y voluntad política".

Nosotros, todo el pueblo de México, estamos cansados, muy cansados, de mantener a un gobierno obeso, inepto, ineficaz y asaz corrupto.

Nos cuesta más la energía eléctrica y los combustibles a los mexicanos que lo que les cuesta a los norteamericanos; cuando baja el precio del petróleo, el precio de los combustibles sigue la misma suerte en otros países, no en México. El precio del petróleo está a la baja y el gobierno nos receta un aumento para enero de 3%.

Estamos cansados de la corrupción; cansados de que desde el 12 de marzo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de la PGR que crea la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción, que entrará en funciones en el momento en que el Senado nombre al titular de la Fiscalía. Entre los delitos incluidos están el enriquecimiento ilícito, cohecho a servidores públicos, peculado, tráfico de influencia, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y delitos contra la administración de justicia. La aplicación del decreto no le urge al Senado -perro no come perro-. Estamos cansados y avergonzados de que México, según Transparencia Internacional ocupe el lugar 109 de 177 países en el Índice de Percepción de Corrupción.

Estamos cansados de que la corrupción nos cueste entre 2% y 8% del PIB, según estudio de Transparencia Mexicana a cargo de Federico Reyes Heroles.

Estamos cansados de tener un aparato legislativo obeso e ineficiente; cansados de soluciones parciales que se proponen para reducir a 400 el número de diputados. Nos sobran 100 más y 96 senadores. Estados Unidos sólo tiene un senador por cada estado. Estamos cansados de los sueldos, beneficios, prestaciones, bonos y gratificaciones que se auto otorgan diputados y senadores, como la pensión por jubilación por haber trabajado durante tres o seis años, seguro de gastos médicos mayores para el titular y su familia; deben utilizar los servicios del ISSSTE, como todo burócrata. Los diputados no deben votar sus propios aumentos de salario ni demás beneficios; estamos cansados de que no se les puede juzgar por tener fuero. El fuero debe desaparecer para todos los políticos.

En resumen, todos los mexicanos estamos cansados de la delincuencia, de la corrupción, de un gobierno que ha sido rebasado por los problemas, que permite que impere la anarquía.

Aterrador el relato de las últimas horas de los estudiantes de Ayotzinapa en voz de uno de los malandros que participaron en "la operación".

Mala tarde en la que a esos jóvenes se les ocurrió retar a ese presidente municipal y a su esposa, y tratar de llevar a cabo uno más de sus actos contestatarios y revoltosos pensando ilusamente que sería fácil como seguramente lo hicieron antes decenas de veces secuestrando camiones, bloqueando carreteras y caminos, tomando calles e incluso saqueando comercios, siempre bajo la mirada complaciente de la autoridad que nunca intentó hacer algo por frenarlos. Impunidad total.

Tres responsabilidades se concatenaron ese 26 de septiembre en Iguala para que se diera esa "Tormenta Perfecta" que es vergüenza del sexenio de Peña Nieto tanto en el país como en el extranjero.

La 1a. responsabilidad sin lugar a dudas es de los partidos políticos, de todos, y la perversión de ese sistema que excluye a quienes no acatan las reglas de los organismos políticos. En su afán de conseguir votos, posiciones de poder y por tanto recursos, los partidos eligen a sus amigos, socios y candidatos con la visión utilitaria de ganar la elección sin tomar en cuenta antecedentes ni relaciones de los interesados. Así fue como cayó la presidencia municipal en manos de una pareja de hampones, del mismo modo que seguramente ocurre en muchas comunidades más del país, ante la pasividad y complacencia de autoridades estatales y federales. Porque es innegable que las autoridades por lo menos tienen sospechas de qué gobernantes podrían tener relaciones siniestras, simplemente por la forma de gastar dinero o de ostentar el poder, como ocurría en Iguala.

El narco y los criminales tienen gigantesca responsabilidad, pero no sólo por haber asesinado a sangre fría y contra natura a sus iguales, sino por no pensar o sentir como seres humanos. Hasta el más desalmado de esos malandros debe por ahí tener hijos o afectos y es increíble que no registren que ese mundo que están fabricando es donde algún día vivirán sus hijos y quizás su nietos.

Responsabilidad asimismo de los propios estudiantes normalistas, que como tantos excluidos han encontrado en las acciones contestatarias y provocadoras su forma de participar en la sociedad. Ni ellos ni quienes tienen la habilidad de dirigirlos se han puesto a pensar en el incendio que están a punto de provocar en un país que también es suyo, de sus padres y eventualmente de sus hijos. Ese protestar y provocar se ha vuelto en un estilo de vida para cientos de jóvenes marginados en todo el país.

Y las 3 responsabilidades convergen en una sola, la del gobierno, no de ahora sino de décadas, que ha perdido la noción de lo que es su función primaria de fortalecer las instituciones que garanticen sustento, justicia e inclusión para todos los mexicanos. Antes está su visión partidista tan enfocada en "hacer política" para conseguir votos y poder, y se han ausentado de atender un sistema de justicia que maneje cero tolerancia desde los grandes capos hasta los vendedores ambulantes pasando desde luego por los políticos corruptos. Todos se pueden pasear en el país con total impunidad.

Ausencia de proyectos reales de inclusión social, cultural y económica para esos jóvenes marginados que empiezan a sumar millones, y que su mejor opción de hacerse ver será armar eventos provocadores, a sabiendas de que cuentan con la complacencia oficial, aunque ahora con el riesgo de terminar sus horas brutalmente asesinados en un basurero en la montaña.

Dice Mafalda que "el drama de ser presidente es que si uno se pone a resolver los problemas de Estado no le queda tiempo para gobernar". Algo así sucede con la visita del Presidente Peña a China.

Decir que el Presidente tenía que quedarse en el país por la crisis generada a partir de Iguala no tiene sentido. No se puede minimizar lo sucedido con los normalistas, pero tampoco el país puede seguir girando sólo en torno a un tema que, además, no tiene solución en sí mismo. Contradiciendo a Mafalda hay que buscar como resolver los problemas de Estado pero también hay que gobernar. Y nuestros 2 grandes desafíos son, hoy, la seguridad y la economía cotidiana.

En la seguridad, ya lo hemos dicho, hay que emprender una serie de medidas que se apliquen de forma estricta: nuevo modelo policial, mando único, coordinación obligatoria de los estados con la federación; revisión de los ministerios públicos; depuración judicial; instrumentación de todos los acuerdos de seguridad establecidos desde el 2008 y aún sin cumplimentar, todo con el objetivo de garantizar la seguridad cotidiana, la de todos los días, para que la gente pueda vivir en paz y no como hoy cuando el 68% de las personas se siente insegura aun dentro de su casa.

Y en la economía se requieren inversiones, trabajo, ingresos, desarrollar un mercado interno que no crece porque no hay dinero ni tampoco expectativas de que la situación mejore. En ese terreno, renunciar a participar en grandes reuniones internacionales como la de la APEC es una tontería: todos van porque todos creen que tienen algo que ganar o por lo menos que defender. Problemas tienen todos los países y por ende todos los mandatarios, si no habría que preguntarle a Barack Obama o a Vladimir Putin qué hacían en Beijing.

Hay una tendencia en nuestro país, afianzada a lo largo de muchos años, desde 1994 para ser exactos, de subestimar la inserción global de México en el mundo. Se percibe en muchos políticos que muestran una ignorancia supina respecto a lo que sucede en el mundo (o incluso en candidatos que se vanaglorian de no haber casi viajado al exterior), en los medios que hace años que no tienen secciones internacionales de real peso, en una opinión pública que considera cualquier acción internacional como superflua o parte del turismo político o parlamentario.

Valoramos la presencia de México en el mundo mucho menos de lo que el mundo valora la presencia de México. Y no terminamos de comprender que cuanto menor presencia tengamos en el mundo, cuando menos comprendamos en la sociedad, los medios o en el mundo político lo que sucede en el planeta y cómo está cambiando todo por las nuevas tecnologías y la globalización, cada día estaremos más rezagados. Si no estamos bien informados e integrados, tampoco le podemos exigir con certidumbre a los gobiernos que aprovechen esas oportunidades correctamente. Estaremos perdidos en un bosque de la China.

Si bien Jalisco no tiene las condiciones sociales de los estados del sur, estamos muy lejos de estar blindados. La pobreza y la exclusión social son realidades que están presentes en todos los rincones del estado.

Llevamos muchos años administrando la pobreza, haciendo como que hacemos pero sin resolver el problema de fondo. Son muchos años en que los pobres ven sólo las migajas del presupuesto, aquello que queda después de pagar a una burocracia cara e ineficiente, atender las demandas de los grupos de poder, gastar en obras electoreras y atender a las clientelas.

Si de verdad queremos blindar al estado de posibles conflictos sociales tenemos que empezar por reorientar el gasto, lo mejor para los que menos tiene. Antes que pavimentar Acueducto o Ávila Camacho, por poner 2 ejemplos recientes, hay que darle infraestructura a las colonias de la periferia; hay que hacer que la infraestructura cultural y educativa vaya a las colonias y comunidades más deprimidas; que los mejores policías y la mejor vigilancia esté en las zonas de mayor marginación; que el alumbrado público nunca falle en las calles de los que llegan a casa a pie; que los burócratas trabajen para los más pobres, en lugar de despreciarlos y hacerles la vida imposible; que la justicia llegue a los que menos tienen y que la portación de cara deje de ser delito.

Si queremos dejar de asustarnos hay que comenzar a ocuparnos.

Los campos de disputa en las relaciones Estado-sociedad que Ayotzinapa hace emerger son:

1. La impunidad política creada por la connivencia entre cárteles del crimen organizado y distintos órdenes y poderes de la república, así como del sistema político y de partidos;
2. la crisis de gobernabilidad proveniente de la incapacidad del Estado para brindar seguridad a toda la población;
3. la corrupción del sistema judicial que hace inoperante la procuración e impartición de justicia, la inoperancia de la Ley de Víctimas, que abandona a familiares y población afectada sin la debida restitución de daños;
4. la vulnerabilidad y debilidad en la aplicación de las leyes electorales, para evitar la penetración de los poderes fácticos del dinero, incluyendo al crimen organizado;
5. el creciente debilitamiento de los organismos públicos autónomos, particularmente de las comisiones estatales y nacional de Derechos Humanos, que son colonizados por el reparto de cuotas de poder entre los poderes políticos y partidistas;
6. la ineficacia de las políticas de seguridad pública, por estar centradas en la represión, sin esfuerzos proporcionales en la investigación policial, en políticas de prevención, ni en la comprensión y actuación frente a la raíces estructurales de la violencia. Ejército y Marina, realizan así tareas que competen a la policías;
7. criminalización de la protesta pública, sin asumir las demandas emergidas desde la vida cotidiana de quienes se sienten afectados por diversas políticas gubernamentales y sin capacidad de escucha.

Jaime Preciado Coronado
(v.pág.19 del periódico Milenio Jalisco del 14 de noviembre de 2014).

Los pactos políticos han demostrado su ineficacia y que los dividendos de los mismos siempre quedan en esa frontera burocrática entre ricos y pobres que vive de la demagogia y las migajas que dan a las clases bajas mientras presionan y chantajean a las acomodadas.

La clase política, los líderes sindicales, los empresarios tramposos, los activistas de sillón, los políticos mezquinos buscan el hueso y las influencias para sostener la plutocracia.

El grupo gobernante y toda la clase política profesional es corresponsable de esta época de barbarie en la que estamos sumidos en México, una barbarie con cerca de 300,000 muertos y desaparecidos, y casi 2 millones de desplazados por violencia y despojos.

De arriba no vendrán las soluciones, pero en este momento de abajo tampoco se están encontrando los caminos adecuados para salir de esta barbarie.

Es un cansancio de años, generacional, que ahora estalla después de décadas de aguantar, de esperar, de confiar, de creer, de cumplir...

Esto se suma a pendientes añejos e históricos, dolores enquistados que volvemos a notar y a sentir. Los mismos jóvenes, muchachos que ni siquiera vivieron aquellos hechos, ahora los recuerdan: la matanza de 1968; la de junio de 1971; Aguas Blancas, Acteal, Atenco, Morelia (los petardos en la celebración del Grito en 2008 que dejó 7 personas muertas); los niños de la Guardería ABC de Hermosillo; los jóvenes de Villas de Salvárcar, Chihuahua; los 72 migrantes hallados en fosas en San Fernando, Tamaulipas; los 300 desaparecidos desde 2011 en Allende, Coahuila; los muertos en el Casino Royale en Monterrey; Tlatlaya, Estado de México... Ayotzinapa y las decenas de fosas con otros muertos sobre los que nadie ha explicado nada.

Más la indiferencia, el menosprecio, la minimización de las demandas desde la clase política; el tratar de cambiar una percepción generalizada e intentar hacernos creer que somos la mayoría los que estamos mal, o hacernos sentir hasta culpables: ¿cómo nos atrevemos a pensar así?

Exigir la vigencia del Estado de Derecho violando la ley nos puede llevar a perder la convivencia social civilizada.

La indignación es comprensible, la violencia injustificable. Las causas de la irritación social se localizan en la colusión de policías con criminales para atentar contra estudiantes inocentes, así como en la tardía respuesta de las autoridades federales y en la burda postura encubridora del partido político al que pertenecen las autoridades implicadas.

El politólogo Samuel P.Huntington acuñó a fines de los 60 del siglo pasado el concepto pretorianismo para designar con él, tanto la excesiva influencia de los militares en la política, como debilidad institucional con exacerbada politización de las fuerzas sociales que "se enfrentan desnudas, no reconocen ni aceptan instituciones políticas, ni cuerpos de dirigentes políticos profesionales para moderar los conflictos entre los grupos". Esto obliga a la intervención de los militares en la política, configurando el pretorianismo. Es decir, en México nos encontramos ya prácticamente en lo que podría llamarse como pretorianismo social, con una peligrosa tendencia a abarcar el concepto en su totalidad. Eso es lo que no ven los que justifican y azuzan las protestas sociales por los medios que sean.

Tan irresponsable sería desatar una escalada provocadora de violencia para obligar a la autoridad a utilizar la fuerza, como que la autoridad asumiera una actitud pasiva, de indiferencia, desdén, o hasta de hastío ante lo que está ocurriendo.

Ciertamente, el Presidente de México es el responsable de la seguridad y de las fuerzas armadas, pero no exijamos que se comporte como jefe de la policía, sino como jefe de Estado. Empero, dejar de actuar como policía no implica asumir una actitud vacilante o menospreciante. Hoy México requiere que su presidente actúe como jefe de Estado.

1. fomentar la cohesión social;
2. fortalecer el Estado de Derecho;
3. mejorar la seguridad;
4. combatir la corrupción y la impunidad.

Javier Hurtado
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 15 de noviembre de 2014).

En México existe la percepción de un exceso de libertad "con manifestaciones descaradas de anarquía" donde no hay límite, lo que ha generado en la población una depresión social que podría llevar a la autodestrucción, advirtió el arzobispo de Morelia y Responsable de la Pastoral Educativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Alberto Suárez.

Recordó que la libertad no consiste en hacer lo que se nos viene en gana, sino en el autodominio, entendiendo que debemos tomar acciones respondiendo a los demás, viviéndola en la red de relaciones en la que vivimos, comenzando con la familia.

El argumento es tan fácil como falaz. ¿Por qué te quejas de los bloqueos y las agresiones? ¿Qué harías tú si se hubieran llevado a tu hijo? No tienes corazón. Los padres tienen derecho a protestar.

Por supuesto que los padres de Ayotzinapa tienen derecho a pedir justicia. Como los padres de los 22 de Tlatlaya. Y los padres de los 72 de San Fernando. Y los padres de los 15 de Villas de Salvárcar. Y los padres de las víctimas del Pozolero. Y los padres de los 22,322 desaparecidos que la PGR contabilizaba apenas en agosto. Y los padres de las 22,732 víctimas de homicidio doloso que el INEGI registra para el 2013.

Pero una cosa es protestar por la falta de seguridad y justicia en el país, por la falta de un Estado que cumpla con sus principales obligaciones, y otra muy distinta agredir a terceros inocentes como se ha venido haciendo de manera sistemática. La injusticia no se combate con injusticia.

Quienes encabezan los actos de agresión contra la población lo saben, pero su objetivo no es conseguir justicia. Quieren aprovechar el secuestro y presunta ejecución de los 43 normalistas de Ayotzinapa para promover su causa y derrocar al Estado mexicano. Los bloqueos y actos de violencia son una estrategia para exasperar a la población, provocar el uso de la fuerza pública y generar nuevos mártires para la causa. Es una estrategia cruel, pero que ha resultado eficaz en el pasado. "La revolución es imposible sin una situación revolucionaria" escribió Lenin. "La revolución no se hace sino se organiza".

Fuera del país, la idea generalizada es que México está en llamas. No sorprende. En las noches los noticiarios de televisión llevan información sobre los hechos de Iguala y las imágenes de los bloqueos y quemas de edificios públicos o vehículos. Da la impresión de que el pueblo mexicano entero se ha unido en un esfuerzo para derrocar con violencia a un gobierno corrupto y asesino. La cobertura no aclara que, aunque el gobierno pueda ser impopular y la mayoría de los mexicanos puedan sentirse indignados por lo ocurrido en Iguala, los grupos que están protagonizando los actos de agresión contra los ciudadanos son pequeños.

Fuera del país se espera que pronto ocurra en México un episodio similar a las revoluciones de la llamada primavera árabe de 2011. No hay simpatía ni por Enrique Peña Nieto ni por el gobierno del PRI. Así como cayeron los gobiernos corruptos de Túnez, Egipto y Libia, así debe caer el de Peña Nieto. Las imágenes de la lujosa Casa Blanca no han ayudado a proyectar la imagen de un Presidente honesto y capaz, del Salvador de México. Nadie apunta, sin embargo, que ninguno de los países de la primavera árabe está hoy mejor que antes. Sus economías y sistemas políticos han sufrido retrasos importantes. Pero los desastres de la postrevolución son menos atractivos para los medios de comunicación que las llamas de la revolución.

Al final los revolucionarios buscan el poder y cuando lo obtienen no son mejores que sus predecesores. "El revolucionario más radical se hará conservador al día siguiente de la revolución" advertía Hannah Arendt.

Los grupos que recurren a la violencia para protestar quieren aprovechar la tragedia para conquistar el poder. No es una situación inédita. Los revolucionarios saben que deben aprovechar los momentos de debilidad de los gobiernos y el gobierno mexicano hoy muestra gran debilidad. La protesta violenta es un arma que ha funcionado muchas veces en el pasado para crear la "situación revolucionaria" que promovía Lenin. Y el gobierno de Peña Nieto parece paralizado ante una situación que lo ha rebasado.

La gente quiere cambios, operación y abandono de lo que percibe como parálisis, para avanzar en su seguridad y su economía cotidianas. Hoy ambas se ven vulneradas.

La situación política nacional es grave y no parece haber perspectiva de mejora inercial. No todo ha sido causado por el debilitamiento progresivo de las instituciones del Estado, pero es posible asegurar que este proceso es uno de los motivos sobre los que se han montado diversos oportunismos, desde el crimen organizado hasta las pandillas que medran en los partidos.

El régimen político constitucional es una estructura que perdió la capacidad de cohesionar, coordinar y controlar a los gobernantes en un conjunto gobernable de acuerdo con la legalidad. No son la democracia y el pluralismo que la caracteriza en México los causantes de este debilitamiento, sino la persistencia de modalidades de gobernanza caducas que corresponden a tiempos ya pasados. Podemos mencionar varias de ellas: la penuria fiscal que postra al municipio, la hipertrofia del poder de los gobernadores, la irrelevancia de las legislaturas estatales, la corrupción de jueces y magistrados, la ineficiencia del Ministerio Público, la corrupción e ineficacia de las policías. La lista puede completarse también por arriba: una jefatura de estado que no lo puede dirigir por caminos de gobernabilidad, un legislativo que emite leyes cuyo destino y eficacia es por lo menos incierto, una Corte Suprema rebasada en su capacidad para constitucionalizar el orden jurídico y poner orden en la impartición de justicia. A ello hay que sumar violencia e impunidad que agravian a millones de personas sometiéndolas a la zozobra y el desamparo.

No habrá salida fácil de la presente situación. Se requieren decisiones políticas de fondo para sentar las bases de una mejoría, y la 1a. es empezar por cumplir y hacer cumplir la legalidad de manera tangible.

A los sectores de la sociedad movilizada debe responderse con un claro propósito de modificar los impedimentos a la gobernabilidad democrática. Algunos de ellos son resistencias sociales injustificables y violentas, como las de la CNTE o modalidades de violencia como la de los grupos anarquistas o la de la CETEG en Guerrero. Pero esos grupos no representan el sentimiento de la mayoría que, si bien está indignada, espera respuestas a la altura de las circunstancias.

No es exagerado decir que podemos estar ya en una carrera de las instituciones contra el tiempo. Si quienes las encabezan no admiten con rigor que han evadido o que su accionar ha sido insuficiente para la reconstrucción del edificio, podríamos atestiguar un deterioro de la legitimidad política cuyas consecuencias pueden ser desastrosas. Debemos mirarnos en el espejo de Venezuela y de Ecuador en las que el derrumbe de las clases gobernantes dio paso a experimentos populistas que revirtieron la democratización de sus estados nacionales.

Asusta que el Presidente se sienta atacado y responda como una presa arrinconada, pero sobre todo que quienes están tomando decisiones y asesorando a Peña Nieto no entiendan que el acelerado proceso de descomposición política no puede venir de un "afán orquestado" sino de una acumulación de problemas no resueltos, expectativas frustradas, ineficacia del gobierno (éste y los anteriores), y una profunda corrupción que va más allá de la cultura de la mordida y que tiene que ver fundamentalmente con la colusión de las autoridades con el crimen organizado, con los monopolios empresariales, con monopolios sindicales, con intereses creados, etc., en detrimento del interés común. Se puede o no estar de acuerdo con el paquete de reformas y con el modelo de país que está planteado el Presidente, pero no se puede pedir a nadie que esté de acuerdo con la ausencia de seguridad, la incapacidad del Estado para encontrar a 43 estudiantes secuestrados por elementos de la policía, con la evidencia de corrupción en la cancelación de un concurso de 58,000 millones de pesos y la sospecha de una casa blanca que lo único claro es la opacidad de su origen.

La indignación general por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Guerrero ha abierto la posibilidad de que los movimientos armados intenten reactivarse y reclutar nuevos miembros, tomando ventaja del sentimiento de agravio que cunde ahora entre muchos jóvenes mexicanos y aprovechando la turbulencia de un ambiente infestado de milicias armadas, grupos de delincuencia organizada, funcionarios corruptos y agencias de seguridad abusivas e impunes.

Algunos de esos grupos podrían sentirse animados a abandonar su estado de células dormidas, unirse con otras células y acumular fuerza para futuras acciones armadas. En un estudio reciente de Jane’s, una empresa de análisis de seguridad, las células dormidas mexicanas, integradas cada una por unos 15 elementos, podrían tardar 5 años en obtener capacidades reales de realizar operaciones armadas contra el gobierno local, estatal o federal.

La vigilancia tan cerrada de los servicios de inteligencia en universidades y centros de estudio afectó sus sistemas de proselitismo y redujo la posibilidad de reclutamiento.

Ante la dificultad de reclutar y entrenar nuevos integrantes, los movimientos armados podrían buscar alianzas con grupos de la delincuencia organizada que han sido diezmados por el gobierno y que pueden representar una oportunidad de acumular rápido fuerza y capacidad armada.

Reclutar estudiantes puede ser una actividad de alto riesgo para los grupos insurgentes, pero aliarse con criminales resentidos con el gobierno, curtidos y entrenados en la clandestinidad, pudiera representar una ventaja.

La variedad de formas de ejercicio de la violencia en México hace posible la formación de alianzas nuevas e inesperadas. Los grupos del narco se alían y se combaten entre sí en forma intermitente. La influencia de grupos criminales en las autoridades locales parece existir en por lo menos 250 municipios. Si a eso le agregamos la actividad de grupos de autodefensa y de grupos paramilitares, tenemos entonces un escenario complejo de resolver en el país.

El país necesita evidencias de que el gobierno federal esté tomando pasos para reducir la violencia, desmantelar las alianzas entre autoridades y grupos criminales y disminuir la impunidad en las violaciones cometidas por policías y soldados. Las respuestas ambiguas e ineficientes del gobierno aumentan la posibilidad de que más estudiantes se radicalicen y que los grupos insurgentes intenten salir de su condición dormida.

En materia política, la apertura democrática nos colocó en la posición de rehenes del pluripartidismo que se encuentra en proceso de consolidación, y de paso nos oprime y asfixia con sus pugnas y reestructuraciones internas.

Nuestra frágil y tambaleante economía, víctima del saqueo de políticos y financieros, se globaliza para compartir la suerte mundial asida a la tabla de salvación del vecino del norte.

En materia de seguridad sufrimos el peor deterioro después de la revolución, que culminó hace 100 años y que celebramos el 20 de noviembre. Estamos inmersos en el caos de una revolución no declarada en la que se enfrentan fuerzas de narcotráfico, crimen organizado y población civil, que toma las armas para defenderse ante la tibieza de las autoridades. Las víctimas de esta pre revolución se cuentan por decenas de miles, la cifra varía según la fuente de información, por lo que no se sabe a ciencia cierta cuantos son los muertos y cuántos los desaparecidos.

En Guerrero ya empezó la insurrección, las autoridades estatales no despachan en sus oficinas porque están tomadas y, ellas hacen lo que Benito Juárez, despachan en donde andan. Un documento del CISEN indica que el Ejército Popular Revolucionario movilizó a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación. Las policías comunitarias que se asientan en el corredor indígena que cruza Chiapas, Oaxaca y Guerrero, es donde operan las guerrillas de Tendencia Democrática Revolucionaria del Ejército del Pueblo; el Comando Justiciero 28 de Junio y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, entre otras.

A los grupos que piden la renuncia del Presidente, debe aclararse que eso tampoco resuelve el problema. Lo que se necesita es cambiar de raíz el sistema judicial, que es lo que hizo Italia con la mafia de La Cosa Nostra, por eso en vez de matar políticos, mataban jueces, pero finalmente se logró controlar la mafia pero no desaparecerla.

Hay una serie de movimientos y grupos que son utilizados por distintas fuerzas para operar cotidianamente, generando una y otra vez, actos violentos que, para colmo, quedan siempre impunes. Desestabiliza la violencia y contribuye a ella la impunidad.

Prudencia (una virtud que preserva la vida pero no la hace dichosa, dice algún clásico) parece ser la palabra predilecta desde el poder en estos momentos. Porque lo delicado de la situación lo exige, pero también porque pareciera que se duda sobre qué ruta seguir: y el espacio entre la prudencia y la duda lo ocupa el vacío.

La prudencia marca también la cancelación de los eventos del aniversario de la Revolución, incluyendo el tradicional desfile, mientras se entregará la Ciudad de México a los manifestantes (y a los vándalos) sin que intervenga autoridad alguna para no ser calificada de imprudente.

Pero el hecho es que la gente lo que está esperando son las acciones que logren darle la vuelta al proceso desestabilizador, a la violencia y también a la impunidad.

Más allá de las imágenes “apocalípticas” que proyectan de México, los estrategas del desastre no están tomando en cuenta un factor clave: al infundirle miedo, gran parte de la sociedad no verá con malos ojos que se abran las nefastas puertas de la represión...

Si algo ha quedado claro con los acontecimientos que se han presentado desde fines del mes de septiembre pasado es que las estructuras institucionales, los gobernantes, los líderes políticos, la comentocracia, los voceros de la "sociedad civil" y sus discursos se encuentran completamente desfasados de la realidad.

Decir que el responsable de la desaparición de los jóvenes normalistas "fue el Estado", expresa la responsabilidad que los 3 órdenes de gobierno tienen del caso.

Cuando se plantea la exigencia de la renuncia del Presidente de la República como solución a los problemas, no está claro si los que quieren su salida aceptarían como substituto automático al actual secretario de Gobernación; y posteriormente al Presidente Sustituto que elija el Congreso de la Unión, de conformidad a lo establecido en el artículo 84 de la Constitución.

Cuando en un país un problema se convierte en problema de Estado y éste no tiene capacidad para resolverlo en el marco de la Constitución y de las instituciones sólo hay 2 salidas: una revuelta popular o un golpe de estado, o ambas a la vez. Por eso, es muy diferente entender la seguridad pública como función de Estado a visualizarlo como problema del Estado. Los problemas que tenemos son de gobierno o de gobiernos -si se quiere- y derivados de un deficiente o anacrónico diseño constitucional, pero no del Estado.

Le han puesto al país una trampa. Es imperioso que los delincuentes dejen de seguir ganando espacio en las calles, pero sobre todo en la opinión pública. La recuperación de la gobernabilidad debe empezar en el terreno de las ideas y de la conciencia nacional.

¿Qué está pasando realmente en México? ¿El gobierno no puede con la delincuencia? ¿El gobierno está sometido por la delincuencia? O todavía peor: ¿el gobierno se ha aliado con la delincuencia? Si la policía captura inocentes y los entrega en manos de los delincuentes, ¿cuál de las 3 hipótesis planteadas es la correcta? Diríamos al menos que un buen porcentaje de policías y sus mandos están sometidos a los criminales. Y si un gobernador no sabe lo que pasa en su Estado, y si sabe, no lo puede controlar, se diría que el gobierno es incapaz de solucionar el problema; entonces ¿quién lo va a resolver?

La Gendarmería Nacional de reciente creación se publicitó como una gran respuesta a la demanda social de seguridad y justicia, pero si un gendarme afirma que cuando capturan a tal o cual delincuente, basta con una llamada de celular del capturado para que les ordenen soltarlo, ¿qué piensa la nueva y flamante gendarmería sobre todo de este asunto, vale la pena arriesgarse?

Eventualmente criminales con menos "palancas" caen en manos de la justicia; tampoco es un problema, basta que un leguleyo advierta errores nimios en la integración del expediente, para que de inmediato un juez leguleyo dicte auto de formal liberación. De lo contrario el criminal tendrá la oportunidad de seguir operando desde la propia cárcel, donde además de nuevos cómplices aprenderá nuevos recursos y sabrá de nuevas formas de relacionarse con el gobierno en sus tres niveles.

La impunidad resultante se demuestra por el hecho de que mientras medio país anda en marchas y protestas por el asunto de Guerrero, no por ello la delincuencia ha dejado de operar: secuestros, chantajes y ejecuciones se siguen dando por todas partes. Sufre la sociedad, pero la empresa delincuencial se mantiene en boga y saludable.

De igual forma, las protestas por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa cuestiona la ausencia de protestas por los 2,113 desaparecidos en Jalisco, por las balaceras de la semana pasada en Lomas del Batán, el asesinato de comandantes policiacos, alcaldes, exalcaldes, un diputado federal y centenares de civiles en todo el estado. ¿Qué hipótesis puede explicar lo que ocurre en Jalisco?

El país, la sociedad, los partidos, las instituciones, el gobierno, en los medios, necesitamos una tregua. Hay demasiada violencia, demasiado rencor, demasiada desazón y pesimismo en el ambiente político, económico y social, y cuando ello ocurre esos sentimientos se pueden mantener por años y envenenar la vida de más de una generación. Destruir una nación.

El país necesita una tregua: la tesis de agudizar las contradicciones, se escuchaba muy bien cuando los maoístas lo aplicaban en su tesis de la guerra popular prolongada y hoy algunos, que poco o nada tienen que ver ni con el maoísmo ni siquiera con la izquierda, pero que tampoco comprenden que esta realidad tampoco nada tiene que ver con aquella, no comprenden que agudizar las contradicciones, se haga desde la izquierda, el centro o la derecha, acaba con las democracias y sólo le abre el paso a los populismos autoritarios, que siempre terminan pareciéndose o siendo una dictadura, más allá del ropaje con el que se vistan.

Se requiere una cesación de hostilidades políticas porque si no, no habrá espacio para realizar los ajustes que la situación política, económica y social requiere y mucho menos para que maduren las reformas estructurales que se han aprobado en los últimos años.

Se necesita una tregua en la política porque estamos yendo, más allá de los aciertos, errores, verdades y mentiras que se esgrimen cotidianamente, hacia lo que se llama un sistema de aniquilación mutua asegurada. La verdad es que nadie, ningún partido político, está íntegramente libre de sospechas, desconfianza, debilidades, actos de corrupción, reales o supuestos. Pero la consigna enarbolada por aquellos que piden "que se vayan todos", no comprenden o no quieren comprender que eso significa que alguien se queda y que no sólo las cosas no cambian sino que suelen empeorar.

¿Para qué entonces una tregua política? Para poder establecer acuerdos constitucionales que permitan sacar adelante reformas sobre el estado de derecho, la justicia y la lucha contra la corrupción que no saldrán mientras las fuerzas políticas estén acusándose unas a las otras en forma virulenta. No debe ser tampoco un acuerdo entre partidos sino entre poderes e instituciones, donde todos participen. Y no hay tiempo: si esas medidas, que todos sabemos cuáles son, no toman identidad propia rápidamente, se contaminarán con el proceso electoral y la respuesta será la parálisis.

Pero se necesita también una tregua económica. El Inegi acaba de dar a conocer una encuesta de ingresos de la población y el resultado es aterrador: hoy sólo 7% de la población gana más de 10,000 pesos mensuales. Y paradójicamente ese 7% es el más castigado, además, por las medidas fiscales en curso. Se necesita darle celeridad a la propuesta del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Mancera, de incrementar los salarios mínimos al mismo tiempo que se declara una tregua fiscal que permita mayores deducciones a los causantes y que en el terreno empresarial permita aligerar algunas de las restricciones a la consolidación. Y de la mano con ello se deben acelerar las inversiones públicas y las condiciones para las privadas.

Una tregua de estas características no tendría porqué ser eterna. Sería, como toda tregua, por un espacio de tiempo, una suerte de política económica de emergencia. ¿Por cuánto tiempo? Digamos que 2 o 3 años, antes de que lleguen las nuevas elecciones presidenciales pero también la fecha que es cuando se supone que las reformas estructurales comenzarán a cristalizar en resultados tangibles. Se puede hacer todo: ajustar la política, luchar contra la corrupción o abatir la inseguridad, pero si la gente sigue sin sentir que su economía no mejora, si sigue sintiendo que no tiene dinero en su bolsillo, si los hijos siguen viviendo peor de lo que vivieron sus padres, todo eso servirá de muy poco.

Por supuesto que habrá quienes no estén en absoluto interesados ni en una tregua ni mucho menos en establecer acuerdos. Hay quienes piensan que cuanto peor estén las cosas, es mejor... por lo menos para ellos. Pero son una minoría aunque hoy pareciera que esas minorías le están dictando la agenda a las mayorías y la razón es simple: cuando no se sabe hacia dónde se va, decía Séneca, ningún viento es favorable. Y hoy no hay claridad, ni en el gobierno ni en las oposiciones, para decirle a la gente hacia dónde vamos.

Lo ocurrido con los provocadores que reventaron la marcha del jueves ejemplifica bien quienes apostarán por una u otra vía. Ahí están quienes se quejan de que haya habido detenciones, quienes dicen que es una barbaridad enviar a estos jóvenes a prisión, hay personajes políticos que se han prestado a pagar sus fianzas, y hay quienes, como Miguel Barbosa, el presidente del Senado, han dicho que preservando el derecho a la manifestación, a los provocadores hay que identificarlos, acusarlos, detenerlos y castigarlos.

Apostar a cualquier otra cosa es hacerlo a la desestabilización. Pensar que ese proceso no existe es creer que no hay intereses afectados por las recientes reformas o por decisiones de poder, que están participando en la radicalización de las protestas legítimas, o en su manejo mediático.

Hay que insistir en que no es solamente el Estado de Derecho, la seguridad y la corrupción lo que debe atenderse. La situación económica es crítica para darle vialidad a esa agenda. Con todo y el caso Ayotzinapa, a la mayoría de la gente, como lo demuestra la encuesta de BGC y asociados que publicó ayer Excélsior, la economía les preocupa más que la seguridad y ello no quiere decir que la seguridad esté muy bien, sino que la situación de la economía cotidiana es, para muchos desesperada.

Apenas ayer se informó que la inflación el mes pasado fue del 4.6%, el viernes se reconoció que se debía reconsiderar a la baja la tasa de crecimiento, que si bien nos quedará en cerca del 2%. Los salarios no crecen, al contrario y los empleos tienen un crecimiento marginal respecto a las necesidades. Las movilizaciones y protestas se han dado, sobre todo, en el DF, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, también en Chiapas, Morelos y en el Estado de México. Pero quien haya ido recientemente a Monterrey o Guadalajara, a cualquier ciudad sobre todo de la frontera norte, quien hablé con empresarios o profesionistas de cualquier lugar de la república, comprenderá que el enojo va más allá de la muy justificable indignación por el caso Iguala, y se alimenta de la falta de perspectivas económicas. Eso no se puede solucionar por decreto, pero sí se puede, por decreto, aligerar a la gente en una coyuntura tan difícil.

El punto es operar ahora para poder recuperar mañana.

Hay una molestia profunda, combinada con frustración, amargura y de muchas formas, rencor. Las clases medias están incendiadas, los ilustrados despliegan una retórica de odio, el grito se enfoca en el presidente Enrique Peña Nieto, que es acusado -sin razón alguna- de asesinar a 43 normalistas de Ayotzinapa, y le exigen cuentas o, como reivindicación ante la nación, que renuncie.

¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué estamos tan enojados? ¿Qué tantos agravios se han acumulado durante cuánto tiempo para que el crimen abominable de Iguala transformara a México en un Krakatoa post-industrial? Las manifestaciones por ellos han sido un crisol de grupos interesados y miles de personas espontáneamente sumadas a la protesta. Pero sin importar cuál es el detonante social, político o emocional que los moviliza, ahí están, en las calles, confrontando al Presidente, como emblema, se podría alegar, del Estado Mexicano.

¿De qué protestan? De lo que sea. Contra la impunidad y la corrupción, por la inseguridad y la economía, por la insatisfacción y decepción de sus líderes que no les resuelven sus problemas. También porque no hay alumbrado y las calles están llenas de baches, porque la vida debe transitar entre mordidas y corruptelas, y porque las vacaciones se convirtieron en una decisión sobre salir o no ante la posibilidad de que las carreteras estén tomadas por quien quiera hacerlo. Porque las calles son del que más grite, y porque se ha perdido la certidumbre. ¡Qué difícil es ser ciudadano en México! Vivimos en el mundo de los incentivos cruzados o invertidos, y nos indignamos impotentes.

Las encuestas reducen la inconformidad a la inseguridad y la economía, insuficiente para entender lo que está pasando en esta sociedad que grita por la destrucción de sus sueños rotos. Ni inseguridad ni depresión económica como en muchas otras partes del país había en Baja California Sur cuando los vientos de "Odile" desnudaron la furia y el resentimiento contra todo lo que representaba al status quo, y a quienes veían como tenedores de la riqueza. Parecía que la lucha de clases encontró en los balnearios más caros de México su Palacio de Invierno.

24 días antes de la noche trágica en Iguala, aquí se escribió que lo único que estaba fuera del control de Peña Nieto y podía alterar la buena marcha de sus planes, era el humor social de los mexicanos. Desde junio, la empresa Nodos reflejaba el malestar con el gobierno. La comunicación se encontraba en su nivel más bajo de atención y credibilidad, lo que significaba que los mensajes del gobierno, no fueron escuchados, y a aquellos que sí lo fueron, no les creyeron. Las reformas no impactaron en la población en general y lo que el gobierno celebra, dijo Nodos, no representaba beneficio claro para los ciudadanos.

Peña Nieto es el pararrayos de lo que parece una larga cadena de agravios que en Iguala salieron del subconsciente. Redescubrimos al villano que no exorcizó los lastres del pasado. En menos de dos meses, materializando en él lo que no podemos explicarnos o identificar en qué momento se evaporaron nuestros sueños, estamos tan enojados con el Presidente que lo usamos como chivo expiatorio. No es inocente del todo. Su gobierno es excluyente y es más pública la corrupción. Pero del problema de la crisis de todo y de todos, no es el autor intelectual. Es bastante más complejo que ello, aunque no tenemos ninguna respuesta que explique por qué ésta es una sociedad impregnada de rencor.

Si nuestro país no es "fallido", definitivamente como Estado está reprobado, pues las instituciones que deberían procurar seguridad, justicia, bienestar, educación y mejores formas de convivencia sí están fallando, y son las que conforman el concepto de Estado. Las estadísticas no mienten, y no hay una sola de ellas en que nuestro país salga bien librado: el Estado mexicano está reprobado en seguridad, impunidad, hambre, pobreza y son muy cuestionables los resultados en educación cuando vemos el porcentaje de egresados de las instituciones de educación superior respecto a los que ingresan a la primaria, y de ese número de profesionales quiénes trabajan realmente en lo que estudiaron y cuántos gracias a sus estudios han logrado un aceptable nivel de bienestar, y más allá de las aulas no existe el concepto de orgullo o amor por el país. Y todo este sistema "reprobado" está aderezado por un cáncer que sustrae recursos y destruye la confianza: la corrupción, que absorbe el 10% del Producto Interno Bruto.

Lo que seguramente enojó al gobierno de Peña Nieto de las declaraciones de Mujica es que México no es un Estado del todo fallido, pero sí está muy cerca. La verdad no peca pero incomoda.

No es gratuita la indignación a todos niveles que nos ha provocado el caso Ayotzinapa y su manejo. Creemos que va mucho más allá de la desaparición y probable ejecución de los estudiantes guerrerenses. Quizás es la gota que derramó el vaso ya bastante lleno. Debajo de esa desaparición subyacen todas y cada una de las carencias del Estado: ahí está la corrupción, la injusticia, la inexistencia del Estado de derecho, la miseria y pobreza , y la marginación de millones de jóvenes que no tienen ni tendrán inclusión en proyectos culturales, sociales y económicos. Y la impunidad: indigna que con todos los recursos económicos y técnicos con que cuenta el gobierno, aún no se haya dado con toda la trama que llevó al final trágico de los jóvenes, y sobre todo con los actores, que deberían de estar ya pagando por su crimen y exhibidos ante los medios de México y el mundo.

Ojalá y la renuncia del Presidente y sus equipo resolvieran el problema, pero después vendrían otros muy parecidos que seguirían manteniendo el estado de las cosas, porque el problema es el sistema en que los políticos viven y operan para servirse y no para servir.

Hoy el descontento seguirá creciendo en la medida en que el Presidente no adopte el papel de estadista, dimensione el tamaño del descontento por tantas y tantas cosas, y empiece a generar las respuestas que todos esperamos, y que haga algo por recuperar un poco la confianza en él y las instituciones, porque de no ser así este barco seguirá yéndose a pique.

Los hombres-masa se conforman y saturan todos los ámbitos de la vida moderna, se reproducen a sí mismos a un ritmo aterrador que ahoga en su marea agresiva todas las personalidades calificadas, que son sostén y fortaleza de una sociedad... El repulsivo fruto de las masas se hace presente en todas partes. Todo aquel que sea capaz de ver la realidad, tiene a mano una serie de datos inequívocos acerca de cómo nos asalta lo vulgar, lo chabacano, lo ramplón; de cómo nos domina la violencia, de cómo nos sumerge lo irracional; el desafío a todas las tradiciones que estructuran la cultura; el culto a la grosería y a la agresividad; el gusto por el estruendo; el gregarismo fundador en los mas deleznables elementos y, en fin, la pertenencia a toda la contracultura del consumo. Los progenitores, se han inclinado vencidos abdicando de la autoridad moral, ante una juventud que el día de mañana se convertirá en legiones de viejos inútiles con un pasado vacío, en una masa de lesionados físicos, intelectuales y morales.

La época del ciudadano Kleenex ha llegado a su fin. Es decir, ese ciudadano que es "usado una vez y es desechado". En América Latina, México es uno de los países donde los canales de participación se encuentran más cerrados. No existe hoy en día a nivel federal, ningún mecanismo vivo para preguntarles a los ciudadanos por su opinión en distintos temas. Ya no hablemos de Suiza en donde los ciudadanos acuden a las urnas por lo menos 5 veces al año para votar por distintos temas.

Para acabar de empeorar la situación, ya sea por error de los legisladores o por una interpretación sumamente estrecha de la Constitución, la Ley de Consultas Populares quedó en letra muerta tras las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si bien en otros casos importantes, la Corte ha tenido una visión mucho más progresista y más sistémica de los problemas, en el caso de las consultas decidió jugar conservador y regresarles el problema a los diputados. Se necesita otra reforma constitucional para hacer de la participación un derecho auténtico.

Hoy en día la mayoría de los ciudadanos en México conciben al voto como su único acto político (nuestras tasas de participación en elecciones presidenciales son comparables con democracias consolidadas. Arriba del 60%). Si revisamos los datos de asociacionismo a nivel nacional, nos damos cuenta que somos un país apático a la hora de defender causas colectivamente: solamente 6% de los mexicanos ha participado alguna vez en una manifestación y sólo 2% ha participado en una huelga. En lo relativo a asociaciones u organizaciones, la participación más alta se da en entidades religiosas y sólo alcanza una membresía activa de 10%. 9 de cada 10 mexicanos nunca ponen en su vida un pie en una organización. Hay que decirlo, la baja participación política es un fenómeno inercial en nuestro país que nos remonta al viejo régimen. Una especie de entendido: el ciudadano se dedica a su vida y los políticos a las decisiones. Una 2a. transición debe romper este círculo vicioso que impide la consolidación democrática.

El desafío, hoy, es la economía.

La gente no tiene dinero, no le alcanza, a quienes pagan impuestos el fisco lo está ahorcando porque la economía no crece pero sus obligaciones sí, las clases medias están en el límite. Se necesita antes de fin de año otro decálogo, pero éste económico, que sirva como una tregua y un respiro, mientras las reformas comienzan a dar frutos.

El presidente Peña llegó a Los Pinos porque fue, por sobre todas las cosas, un gobernador eficiente y logró trasmitir esa cualidad cuando el país reclamaba mejores resultados y ese es hoy su mayor desafío. Pero esos resultados la gente, hoy, los quiere en el corto plazo, en el día a día, y ellos pasan, sobre todo por su economía cotidiana.

En el caso de México faltaría un ingrediente: por ahora los indignados no tienen guías fidedignos -un líder moral, por ejemplo- que ayuden a discernir la verdad de la mentira.

Ver los cartones en los periódicos con la imagen del presidente Peña Nieto, el peso mexicano y el precio del petróleo en caída libre puede causarnos gracia, pero es sólo el reflejo de una de las cosas más preocupantes que le ha pasado a México y a su economía en muchos años; las consecuencias aún no se sienten, pero con seguridad no serán leves.

El daño a la imagen presidencial difícilmente será reversible, sobre todo si vemos un presidente nervioso, desarticulado y sobre todo, falto de creatividad para remontar las dificultades.

El precio del petróleo lo tenemos protegido por medio de coberturas por un tiempo, así que habrá que ver cómo evoluciona el mercado y qué deciden hacer los productores de la OPEP con tal de que no les crezca la competencia en Norteamérica. Mientras tanto, en aquellos países cuyos precios de los combustibles están en función del precio del mercado petrolero, los consumidores están gozando de importantes ahorros, pero no es el caso de México que aún le faltan otro escalón en la escalera de los "gasolinazos".

Lo del tipo de cambio obedece por un lado a la fortaleza del dólar, pero por otro a la salud de las finanzas públicas. En estas la recaudación ha subido, y aun así, curiosamente, la deuda pública ha aumentado, así que mientras no se aplique una política de austeridad a fondo y se racionalicen las nóminas del Sector Público y muchas otras prácticas presupuestales, el temor de un regreso de la inflación estará latente.

En síntesis, el rumbo se ha perdido en muy poco tiempo y las tenebrosas aguas del desempleo que se sigue acumulando cada año, la impunidad y la carencia del Estado de Derecho, la corrupción y la falta de transparencia, hacen más difícil mantener la nave a flote, estable y con rumbo claro.

A esto se suma que a río revuelto ganan los pescadores y ahí los tenemos, los buitres de la política degustando la carroña que gobernantes y gobernados hemos ayudado a destazar.

No hay más solución que regresar a lo básico: austeridad, exigencia, orden en el cumplimiento de las leyes, finanzas públicas responsables y ahora sí, legalizar la producción de drogas para controlar a qué mercados se dirige y que sean los mismos productores quienes jalen a sus ejércitos de criminales a enfocarse en su negocio y reconstruir la paz. Los que queden fuera de esto, que enfrenten la justicia.

Es la desigualdad. No le demos más vueltas: el gran problema de este país es la distribución de la riqueza. Ricos cada día más ricos, impúdicamente ricos, y pobres cada día más pobres, lastimosamente pobres. El problema es que en los últimos años la clase política ha concentrado su esfuerzo en colarse ellos mismos al 1er. grupo y no, como debería ser su chamba principal, en diseñar políticas para equilibrar a Este país, hoy en la cumbre de la crispación.

Un estudio de la OCDE sobre el beneficio social del gasto público demuestra que en México el quintil (20%) más pobre de la población recibe sólo 9% de los beneficios del gasto público, mientras que el quintil de mayores ingresos se queda con el 58%. En Australia, para darnos una idea, el quintil de mayores ingresos se queda sólo con 3% de los beneficios mientras que los de menores ingresos reciben 43% de éstos.

Es decir, el Estado Mexicano no sólo no cumple con la función de ser un factor de redistribución de riqueza sino que es en sí mismo un creador de desigualdad.

Otro dato de la misma fuente, confirma que México es el país en el que la pobreza disminuye menos después del gasto. El efecto del gasto sobre la pobreza, medida antes y después del pago de impuestos, es de apenas 2 puntos porcentuales, mientras que en países como Italia o Alemania la reducción es de más de 25 puntos.

Discursos como el del presidente Mujica este fin de semana resultan muy incómodos para el poder, sea el político o el económico. Frases como "hay que meter la mano en la bolsa de los ricos" para generar igualdad pueden sonar muy fuertes, pero no hay de otra. Para que el Estado cumpla con su función de darnos seguridad y generar condiciones de equidad tiene que reorientar el gasto y los subsidios, pero sobre todo tiene que tener claro que esa y no otra es su chamba.

La desigualdad es la primera y la mayor de las violencias.

Iniciando el mandato de Enrique Peña Nieto, volviendo el priismo a "la grande" tras 2 sexenios panistas, la maquinaria de imagen se desbordaba sobre un Presidente que llegaba avasallante de acuerdo a los números electorales, y con una proyección de liderazgo que le hacían verse como el salvador de México.

El salvador, sí, por su espíritu reformista que supuestamente vendría a superar errores que los ex presidentes blanquiazules habían cometido; desde un pasivo Fox que había pasado su gestión "nadando de muertito", a un Calderón abriendo la lucha contra la delincuencia organizada.

La soberbia política se hacía patente en el nuevo Presidente y su gabinete preponderando al ver de arriba para abajo la menospreciada realidad del país. Creían tener la fórmula mágica para que la nación, una vez aplicadas las reformas estructurales, se convirtiera pujante, competitiva y productiva en la búsqueda de condiciones mejores de vida.

Un pacto político con el resto de los partidos sería la varita mágica que al leve giro de la mano presidencial, solventaría todo lo que solventarse se debiera bajo un tenor internacional de alabanzas permanentes -económicamente con generosidad recompensadas en un marco publicitario sin precedentes-, que pondrían al país en el pandero.

Así, todo se solucionaría. Se PECABA de prepotencia, sin pensar que la PENITENCIA pondría la realidad que en el hoy se padece.

El envanecimiento nublaba la visión de un México convulsionado con manos conspiradoras meciendo la cuna de un complot por desestabilizarlo, intereses políticos personales y partidistas en franco menosprecio de una ciudadanía inmersa en un ambiente de inseguridad nacional, con un crimen organizado predominante y predominando claramente infiltrado en el poder, que tiene a la realidad nacional como la tiene.

Tardaron mucho en darse cuenta que el complot de traición para el país, se había iniciado desde que las aspiraciones políticas de quien y quienes venían ambicionando el poder a costa de desquiciarlo, tomando fuerza con el control de nuevos partidos, y advirtiéndolo desde que Peña Nieto recibió la banda presidencial.

No lo supieron ver.

Y si lo vieron, no le dieron la importancia y la trascendencia que en esencia y fondo tenía.

Ahora se ve y se padece que, aunque les cueste reconocerlo, el país se les salió de las manos.

La problemática nacional está a la vista y a los ojos del mundo.

Las marchas de gente, cientos y miles de rostros tristes, decepcionados, hartos, desesperanzados y dolidos, es la imagen de un México que no ha podido ser "salvado" en la proyección de un Estado que ha fallado desde que el detonador, Iguala, se oprimió provocando el estallido.

La pasividad exasperante de una autoridad ostentada pero no ejercida, hace que la paciencia llegue a una situación de agotamiento.

La duda me asalta, que se esperen más derramamientos de sangre como muestra por demás visible y palpable del afán implacable para deslegitimar al gobierno en una acción que han tardado mucho, muchísimo en descubrir y percatarse de las consecuencias que a lo largo y ancho del territorio nacional se padecen.

Los actos vandálicos bajo una orquestación perfecta -los atrapan y los sueltan en la expresión de impunidad más campante-, que aprovechan las cadenas de marchas y protestas, son la acción criminal del complot.

El "colage" de anarquistas mercenarios, guerrilleros financiados por el hampa organizada, con sindicalistas de la educación manipulados por la mano de una reclusa sentenciada por corrupción, y la otra mano desde un partido político, mueven la resobada cuna desestabilizadora, teniendo en juego el futuro de México, de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestra nación.

El pecado ha sido mortal... Que no lo sea la penitencia.

El debate sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa representa una acumulación, es el andar recolectando problemas sin resolver.

Alguien nos ha convencido a los mexicanos de que el problema de la corrupción es histórico, cultural, genético... bueno no falta quien diga que la corrupción tiene pasaporte mexicano. El mismo Presidente de la República lo dijo en un programa de televisión. Podemos alegar hasta el cansancio sobre el tema, pero lo cierto es que ese discurso que convierte a la corrupción en algo inevitable es el que mejor le viene a los corruptos. No lo digo por el presidente, aunque aún estamos esperando una explicación creíble de la "casa blanca", sino por todos los políticos y empresarios que han hecho sus fortunas bajo la fe de que el que no es transa no avanza.

Ni México es corrupto por naturaleza, ni todos los mexicanos somos corruptos por el hecho de ser mexicanos, ni existe un gen español que mezclado con los nativos nos hizo esencialmente corruptos. La corrupción existe por 2 motivos: por la profunda impunidad que impera en nuestro sistema de justicia y porque los ciudadanos somos muy tolerantes, por miedo, desesperanza, apatía, comodidad, por la razón que sea, con los corruptos.

El PAN cometió muchos errores durante la transición, pero los 2 más importantes fueron no haber aprovechado el momento para refundar, vía una nueva Constitución, al sistema político, y no haber podido, o querido (el resultado es el mismo) enfrentar la corrupción.

La reconstrucción de la credibilidad del presidente Peña Nieto pasa en una gran medida por dar una respuesta a la crisis derivada por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero fundamentalmente por la respuesta que dé al tema de la corrupción. Ciertamente no es poniendo a su mujer a dar explicaciones y vendiendo la casa como la opinión pública va a perdonar el tema. Vender la casa ayuda a "desaparecer la evidencia", pero no reconstruye la credibilidad. Se requiere un cambio sustancial en el discurso pero sobre todo en las acciones, en las políticas públicas anti corrupción. Un poco de humildad en el equipo de gobierno sin duda ayudaría (aunque a juzgar por la declaración de Aurelio Nuño, la mano derecha del presidente, siguen sin entender que no se ponchó una llanta, se tronó el motor) pero se requiere mucho más que eso para salir del hoyo: lo que está en juego es la confianza.

Desde que Lucio Cabañas se fue a la sierra hace 47 años para tomar las armas y romper por esa vía la miseria y la marginación, Guerrero ha vivido una convulsión permanente que hoy, sus herederos, ven como el principio de ese cambio para convertirlo en una región autónoma gobernada por comunidades indígenas.

Es una apuesta alta, utópica en términos federales, improbable y casi se podría decir que imposible. No lo ven así los arquitectos de esa meta, que ante el agotamiento del pretexto de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, escalaron sus demandas. Ya no de justicia, sino políticas, en el prolegómeno de un invierno de mayor confrontación, violencia y provocación.

Ya no es la lucha armada que escogió por impotencia Cabañas, el maestro rural formado en Ayotzinapa.

Hoy, sus discípulos optaron por una revolución blanda.

Se puede argumentar que en Guerrero, los grupos armados -cuyo núcleo es el EPR-, su frente de masas -organizaciones civiles, sociales y de derechos humanos, junto con colectivos de abogados y productivos-, y el eje multiplicador de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación -la CETEG es parte de la disidencia que tiene en la Sección 22 en Oaxaca su motor rebelde-, están desarrollando con éxito esta estrategia.

Toman casetas y la Autopista del Sol, con lo que al estrangular el turismo en Acapulco, voltean a los empresarios contra el gobierno federal y hacen que las cancillerías del mundo exijan a Los Pinos seguridad para sus ciudadanos. Incendian objetivos estratégicos para que las cámaras de televisión registren las llamas en el Palacio de Gobierno y el Congreso de Guerrero, y saquean y destrozan tiendas y propiedades de empresas multinacionales, para que el gran capital reclame. Como nadie los detiene, la incubación de la idea de un estado hobbsiano, ingobernable, avanza aceleradamente en el mundo.

En el exterior están los resortes de la presión internacional, con las cancillerías pidiendo la aplicación de la ley, y las organizaciones no gubernamentales que financian, reclamando al Estado mexicano que la aplique sin reprimir. Es la lucha del débil contra el fuerte, donde el débil es el bueno y el fuerte, sin legitimidad. Las imágenes son de paralización, pese a que los poderes, aunque a tropezones, siguen funcionando sin interrupción. La revolución blanda en Guerrero gana terreno. Este martes se pudo apreciar la sintonía de los discursos entre grupos que, bajo la misma causa legítima de justicia por el crimen contra los normalistas, dibujan para dónde van.

En el Senado, los padres de las víctimas de Ayotzinapa, en voz de uno de los papás, Felipe de la Cruz -el más radical y beligerante de todos [y quien según informa el periodista Jorge Fernández Menéndez, "no tiene ningún familiar que haya sido víctima en Iguala ni en ninguna otra circunstancia"]-, y del abogado Vidulfo Rosales -cercano al ERPI-, afirmaron que no hay condiciones en Guerrero para que se celebren elecciones el próximo año.

¿Qué tiene que ver la justicia en Ayotzinapa con un proceso electoral dentro de casi 6 meses?

En Chilpancingo, la CETEG aseguró que deben desaparecer los poderes en Guerrero, donde además, no hay condiciones para las elecciones. Hoy sí hay, de acuerdo con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, pero los grupos antisistémicos trabajan aceleradamente para construir la destrucción.

Mientras en el Senado descalificaban a los representantes federales y los rechazaban como interlocutores, en Chilpancingo los maestros disidentes secuestraron a dirigentes de los partidos de izquierda y a funcionarios electorales locales, a quienes humillaron e hicieron desfilar con pancartas de "Fuera Peña" y "en el PRD somos ratas". La sesión del Consejo Electoral de Guerrero fue interrumpida con violencia, y como los órganos electorales estaban "clausurados", dijeron, no habría elecciones hasta que no aparecieran los 42 normalistas cuyo paradero y destino aún se desconoce oficialmente.

La causa legítima de Ayotzinapa es como el combustible restante de la revolución blanda. Necesitan presionar al gobierno federal y a las instituciones con impedir las elecciones, como la siguiente fase de la estratagema.

En este momento todos los grupos antisistémicos están unidos en la misma lógica de trastocar el orden legal y administrativo en Guerrero. Pero el objetivo es distinto -aunque pueden convivir-. Por un lado, los grupos armados buscan crear un corredor indígena que cruce Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que sea un ente autónomo de la federación. Por el otro, la disidencia magisterial pretende la abrogación de la Reforma Educativa y que sea ella la que mantenga en esos mismos estados -a los que se uniría Michoacán- la rectoría educativa, con recursos y prebendas del gobierno federal.

Impedir que haya elecciones, como lo plantean públicamente ahora, es sólo un paso más en la estrategia.

Para el gobierno federal nada de esto es un secreto, pero no han mostrado capacidad y reflejos para impedir que la revolución blanda les vaya arrebatando, día por día, Guerrero.

Llevan 76 días consecutivos de derrotas.

Hasta donde recuerdo, digo, nunca como ahora ha sido tan grande la distancia que separa al Presidente de la República de los ciudadanos. Siempre ha habido separación entre ellos: el sistema presidencialista bajo el cual hemos vivido desde el antepasado siglo hace del presidente en turno el gran tlatoani que preside los destinos de la nación -así, en plural, se dice-, y lo aleja del común de los mortales. Sin embargo hoy por hoy la brecha que separa al Presidente de los gobernados es tan enorme que algunos dicen es insalvable ya. La desconfianza se ha apoderado de la ciudadanía; cualquier palabra o acción del Presidente es recibida con escepticismo. No cabe duda: lo de la tristemente célebre "casa blanca" fue un golpe al plexo solar del régimen. No comparto las tesis de quienes en vista de la situación proponen soluciones extremistas o convocan a gestas revolucionarias. Pienso que debemos seguir en la vía del ejercicio democrático. Me preocupa mucho, sin embargo, el abismo que se ha abierto entre Peña Nieto y la gente común. La presencia del mandatario se da sólo en las cúpulas, en actos de mero protocolo, puramente cosméticos o publicitarios, sin ningún contenido popular, vale decir sin ninguna verdad real. No pretendo que el Presidente vaya al box los sábados como hacía López Mateos, o que cabalgue días enteros para llegar a un villorrio de Chihuahua, a la manera de Lázaro Cárdenas, pero creo que debe acercarse al pueblo, con necesaria prudencia en un principio -ahora no está el horno para bollos-, y luego con mayor intensidad. Urgen al mismo tiempo obras de bien comunitario que convenzan a la gente. Quizá todavía sea posible esa credibilidad sin la cual es imposible hacer un buen gobierno.

La situación en que se encuentra México no se resolverá con dejar pasar el tiempo, ni con el silencio de las instituciones, señaló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N.Silva Meza; agregando ante el ejecutivo de la nación: "La única ruta a seguir debe ser la de respetar y hacer valer los derechos de las personas: ese es el camino de las soluciones constitucionales; ese es el camino en el cual no hay regresión". Y con esta declaración dio directa respuesta a quienes desde el poder político intentan acallar, olvidar o desacreditar la voz ciudadana que se expresa contra la inseguridad, la corrupción y la impunidad.

Lo dicho por el presidente de la SCJN, en su 4o. informe de labores, que fue escuchado por el ejecutivo, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, fue una llamada de atención: "Los lamentables acontecimientos que ha vivido México, son motivo de dolor nacional y de profunda indignación, dentro y fuera de nuestras fronteras: violaciones graves a los derechos fundamentales, cometidas por quienes deberían brindar seguridad a la población".

Mensaje de la SCJN ante el cual funcionarios, legisladores y el ejecutivo, deben saberse advertidos por la más alta magistratura del país.

México está sumando desconfianzas, la policía, el aparato judicial, las televisoras, los legisladores, el ejecutivo, los partidos, las elecciones, la justicia, la economía y, ahora, la educación, pues sólo en Chilpancingo y Acapulco han cerrado 198 escuelas por secuestros contra estudiantes y maestros.

Es por ello que el presidente de la SCJN advirtió al ejecutivo: "El reconocimiento de los problemas sociales, económicos y de justicia y la determinación de hacerles frente, será lo que podrá devolver la paz a un México, hoy, lastimado". Y no pretendiendo que el olvido y el silencio hagan la tarea.

¿Cómo se nos pudrió el pueblo bueno? ¿Qué le enseñamos y qué le permitimos y qué derechos se tomó con apoyo o al menos omisión de la autoridad y la falta de crítica?

1. En Oaxaca los appos bloquean calles y carreteras, destruyen y roban comercios, queman edificios históricos. Tienen permiso del gobierno.
2. En Guerrero los normalistas bloquean la autopista a Acapulco varias veces cada año, todos los años, asaltan camiones repartidores de cerveza y golosinas. Con sus teléfonos celulares, lo dicen sobrevivientes del 26 de septiembre, organizan robo de autobuses para ir a cumplir misiones de "lucha". Exigen plaza automática al concluir estudios que no hacen. En diciembre de 2011, en un bloqueo de la autopista, prendieron fuego a la gasolinera que se negó a venderles gasolina para fabricar molotovs y así quemaron vivo al trabajador Gonzalo Rivas cuando intentaba cerrar las válvulas para que no estallaran los tanques y volaran en llamas centenares de coches, autobuses de pasajeros, camiones que aguardaban el fin del bloqueo. A 3 años no hay investigación y Gonzalo es un héroe olvidado.
3. El PRD sabía los antecedentes de su candidato a la alcaldía de Iguala, José Luis Abarca, apoyado por Lázaro Mazón, candidato de López Obrador a gobernador de Guerrero.
4. Pero también los conocía la gente que votó por Abarca, como sabía que su esposa venía de familia de narcos, Guerreros Unidos, y que abofeteaba subordinados. El pueblo, libremente, votó por él. Y ganó.
5. La PGR conocía los lazos del alcalde y su esposa con el crimen. Pero el PRD estaba en el Pacto por México, negociando las reformas que resultaron aprobadas. Ir sobre su alcalde criminal era perderlo como aliado. El presidente lo evitó. Sabía todo porque para eso es el CISEN, pero además porque hubo denuncia de René Bejarano contra Abarca.
6. Dejamos pasar peores crímenes porque no eran estudiantes: el 16 de noviembre pasado publicó aquí Román Revueltas: "Una tarde de marzo de 2011, en el poblado de Allende, situado en la región de Los Cinco Manantiales de Coahuila, se aparecieron 40 camionetas tripuladas por sicarios de la organización criminal Los Zetas y, a lo largo de varios días, saquearon casas, incendiaron locales y se llevaron detenidas a más de 300 personas -entre ellas mujeres y niños- que no han vuelto a aparecer". No hubo: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Y pregunta Revueltas: "¿Dónde estaban todos ustedes"... los indignados de hoy?
7. Los 2 crímenes de San Fernando, Tamaulipas, suman unos 500 asesinados. Tampoco eran estudiantes de una normal que ha producido guerrillas famosas, sino pobres que trataban de llegar a Texas para trabajar. No robaron autobuses: se subieron al tren de carga La Bestia. Los masacraron criminales a los que no pudieron pagar el precio del cruce ilegal a EU, o no se unieron a sus bandas o algo que no sabemos porque nunca se levantó una ola de indignación que exigiera: Vivos llegaron, vivos los queremos. Solo eran pobres en busca de trabajo. No hubo conmoción internacional ni espontáneo irrumpiendo en el premio Nobel de la Paz. Nada. Muertos y enterrados en fosas clandestinas.
8. Héctor de Mauleón publicó en El Universal una crónica escalofriante: en 2009, estudiantes del Tec de Acapulco de entre 18 y 23 años secuestraban condiscípulos. Por falta de pago los mataban y descuartizaban, metían los cuerpos destazados en bolsas y los desaparecían. Tampoco hubo manifestaciones ni la indignación puso fuego a edificios públicos. Nada. Nada. Nada.

El pueblo en masa es malo. Lo hemos visto en Canoa, Puebla; en Tláhuac donde la multitud quemó vivos a 2 investigadores; en Atenco, cuando rociaron de gasolina a los negociadores del gobierno y debió rescatarlos la fuerza pública (y fue "represión"). Alrededor de Iguala, buscando a los 43, se han encontrado fosas clandestinas llenas de cadáveres que, como no eran de Ayotzinapa, nadie buscaba.

Se requieren esquemas que incentiven las inversiones y revisar las disposiciones fiscales que encarecieron los costos de operación de las empresas formales, como el tope a la deducibilidad en las prestaciones laborales. Necesitamos también recuperar los estímulos a las aportaciones a fondos de pensiones y haberes del retiro.

Disminuir la tasa impositiva a las personas físicas, o aumentar sus posibilidades de deducibilidad, permitiría también que hubiera mayor capacidad de consumo, para reactivar el mercado interno. Si a ello sumamos la deducibilidad de las inversiones y la generación de más empleo, podremos lograr un mejor escenario para afrontar los retos del 2015.

Más allá de los esfuerzos para que la economía crezca, se requiere atender los reclamos de muchos mexicanos que se sienten agraviados por la corrupción, por la cultura de los privilegios y por el mal uso de los recursos públicos. Hay un reclamo que no están atendiendo los partidos políticos.

Muchos mexicanos sintieron decepción de que concluyera el periodo ordinario de sesiones del congreso sin que pudieran aprobarse reformas fundamentales para buscar soluciones de fondo en los asuntos que más preocupan a la sociedad, como el Sistema Nacional Anticorrupción que quedó congelado en la Cámara de Diputados, y el nombramiento del fiscal anticorrupción, que no se aprobó en el Senado.

Tampoco se aprobaron la creación del mando único en las policías estatales, los candados para las autoridades municipales bajo sospecha de estar capturadas por la delincuencia organizada, y la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta en diversas leyes y ordenamientos.

En el transcurso de esta semana se supo de más mansiones compradas por funcionarios mexicanos en condiciones sospechosas, en el poder legislativo se rechazó el proyecto de ley de transparencia y anticorrupción, continuaron las manifestaciones violentas e infiltradas en Guerrero por el asunto pendiente de Ayotzinapa; se desató un enfrentamiento fatal en Michoacán (11 personas asesinadas) y, entre muchos otros asuntos por el estilo que se registran en todos los ámbitos, niveles y órdenes, nada más a manera de ejemplo, en Jalisco la ley se aplica a discreción, dependiendo de si los funcionarios quieren o no les da la gana aplicarla.

La situación en México sigue siendo grave, por los hechos enumerados y por la situación económica que pinta para muy fea en el cierre de este 2014 y peor en el arranque de 2015. Pero para la clase política no pasa nada y todos estamos locos o paranoicos, si todo marcha sobre ruedas aun cuando la inversión extranjera haya caído igual que las expectativas de crecimiento y el dólar siga a la alza.

Difícil saber por dónde empezar porque todo es grave e importante, porque avanza el tiempo y desde los gobiernos (municipales, estatales y federal) la toma de decisiones no se concreta y se queda en puntos y ¿buenas? intenciones.

Este no querer ver y no querer darse cuenta de cómo están las cosas realmente es lo más grave. De pronto puede llegar a pensarse que todo lo hacen adrede, que saben bien lo que pasa pero de frente a la sociedad se preocupan por disimular -los priistas son los grandes expertos en la simulación y en guardar apariencias- y actúan y hablan como si México ya hubiera cambiado y estuviéramos entrando de lleno en el 1er. mundo.

El caos parece ir ganando. Cada día la nota roja del transporte público, de las complicidades e inoperancias del congreso, de la ausencia de autoridad en las calles, de la corrupción galopante, de la sociedad anárquica, de las balaceras, los asaltos, las ejecuciones, las llamadas telefónicas, los secuestros conocidos, los detenidos en el CURVA, los escándalos de éstos y aquellos, la contaminación, el grito recio, intimidante, de las marchas y las protestas, el terrorismo mundial, las pandemias, la guerra de Isis, la de Ucrania, los atentados en Pakistán, la vida mutilada, saltando en pedazos contra las pantallas del televisor.

Tropezamos, una y otra vez, con la misma piedra. Ahí sigue estando, como una sempiterna asignatura pendiente, el tema de la educación: debido a la deficiente instrucción recibida, generaciones enteras de mexicanos tienen serias dificultades para entender el lenguaje escrito, para comprender instrucciones o para desempeñar tareas en un entorno laboral de creciente rigurosidad. Es cierto que ya se implementó una reforma educativa. Pero, hay organizaciones de maestros que no quieren someterse siquiera a las más mínimas exigencias para mejorar sus capacidades y que, por el contrario, reclaman airadamente que se les sigan otorgando las absurdas prerrogativas obtenidas en las épocas del corporativismo clientelar. Es verdaderamente asombroso que, en estos mismos momentos, esos grupos protagonicen acciones violentas de protesta y que, pretextando la defensa de sus intereses, dejen sin clases, cada que toca, a millones de pequeños en entidades como Oaxaca, Michoacán o Guerrero. Estamos hablando de una contravención mayor: la flagrante violación de los derechos de los niños de la nación mexicana. Y ¿quién los defiende, quién los ampara y quién los apoya? Pues, hemos visto que se quedan meses enteros sin escuela. Este país no sólo se ha envilecido por dejar que corra la sangre sino por desentenderse de lo más valioso que tiene, a saber, su infancia. ¿Tan difícil de resolver es un asunto de tan incontestable y apremiante importancia?

Pasemos al tema de la seguridad: Felipe Calderón emprendió una decidida batalla contra las organizaciones criminales. Se olvidó, sin embargo, de que los fiscales y los jueces que tenemos no necesariamente cumplen sus obligaciones con solvencia -por no hablar de unos cuerpos policiacos tan corrompidos e ineptos, en su mayoría, que fue necesario recurrir al Ejército y la Armada para que se encargaran de la tarea- y, miren ustedes (y a guisa de ejemplo), así de enterado como estaba el hombre, junto con la gente de su entorno directo, de que decenas de alcaldes y funcionarios de Michoacán se habían aliado con los delincuentes (algo que luego nos ha resultado más que evidente a los ciudadanos de a pie), así de inútil fue su maniobra de detenerlos en el llamado "michoacanazo": salvo un par de casos, no hubo casi manera de comprobar su conducta delictuosa y ahí andan ahora, ahí siguen, tan panchos y tan campantes mientras su comarca se cae a pedazos. Aquí sí que la tarea parece imposible: ¿cómo limpiar la casa? O, dicho en otras palabras, ¿cuánta gente hay que detener, en un primer momento, para luego enjuiciarla, juzgarla y dictarle severas penas de prisión? ¿Mil personas? ¿Diez mil o 50 mil? Eso de que los mexicanos somos mayormente buenos es tal vez cierto pero hay zonas de este país donde el porcentaje de canallas es demasiado elevado como para que se puedan garantizar las reglas de la civilización. Y, si al mero hecho de que los malnacidos ya están ahí añadimos la circunstancia de que el aparato legal con el que pudiéramos desactivarlos está singularmente podrido, entonces vemos la magnitud de la empresa. Ya no se trata únicamente de cortar el flujo de drogas hacia Estados Unidos (he dicho, varias veces, que la última de mis preocupaciones es que un manejador de fondos en Wall Street se atiborre de cocaína) sino de impedir que los cárteles de la droga, justamente porque su negocio tradicional se les está dificultando, secuestren y extorsionen a los indefensos habitantes de muchas comunidades.

Dentro de este panorama adverso, la economía parece una cuestión más solucionable; después de todo, la inversión extranjera sigue fluyendo, las reformas habrán de dar frutos a mediano plazo y México no ha dejado de ser una potencia industrial, a pesar de todos los pesares. En este sentido, debemos ser capaces de advertir las diferencias: no es lo mismo Aguascalientes que Guerrero y tampoco se pueden comparar los desempeños de Querétaro con los de Oaxaca. El drama de México es precisamente ése: es un país desigual que funciona a dos velocidades. Sin embargo, el furibundo pesimismo de los agitadores no sirve a la causa nacional y mucho menos la violencia de los vándalos. Y, admitiendo que la tarea de limpiar la casa parece prácticamente imposible, tenemos que reconocer que las cosas han mejorado inclusive en donde se creía que no había ya esperanza posible: ahí están, para mayores señas, Ciudad Juárez y Tijuana. También Nuevo León resurge luego de haber sufrido los embates de la delincuencia.

Por lo visto, la negatividad es también uno de los grandes problemas que enfrentamos. No propugno el optimismo idiota de los inconscientes. Pero, 2015 será mucho más amable para todos si dejamos de regodearnos en nuestros malignos denuestos.

Odio, ambición, envidia, resentimiento, protagonismo, xenofobia, es un México que da vergüenza... Nuestro país destila veneno.

Por 1a. vez en muchos lustros y luego de demasiados abusos de todo tipo llevados a cabo por los representantes del poder, la ciudadanía está al tope y lista para, desde su sitio ganado cabalmente en la democracia, exigir un trato de respeto que incluya la garantía de seguridad y el crecimiento económico como las lícitas demandas.

Este año hay elecciones, lo que pone en la picota popular al hacer político y a los partidos; y a los votantes con el poder de decisión para dejar clara su postura y sus demandas.

Y estas demandas incluyen abatir la corrupción y, sobre todo, la impunidad. Porque nada crece cuando estas 2 bestias son dejadas sin freno; ningún erario basta, ningunos recursos son suficientes, ningún país, ni el que fue llamado cuerno de la abundancia, bastan. Y en los últimos años, ya más de 30, demasiados malos políticos, pésimos funcionarios y algunos tramposos empresarios le quitaron el bocado a los corceles de la corrupción y de la impunidad, dejando a México resquebrajado.

Porque el daño hecho al país ha sido profundo, muy profundo; porque la confianza se ha rasgado a fuerza de secuestros, violencia y de sangre, mucha sangre; porque si desde los años 80 México está en crisis, el actual abismo en el que han sumido al país resulta el punto final de ese gatopardismo conveniente, donde todo cambió para seguir igual y aun peor, a pesar de la supuesta alternancia, que sólo fue de nombres, jamás de haceres.

Porque bajo las actuales condiciones de inseguridad, crimen, delincuencia organizada, corrupción e impunidad y sus mortales efectos, aun el secretario de Hacienda reconoció que la inversión extranjera se ha alejado.

Sin seguridad y sin empleo el sexenio está perdido.

"Podemos" es el fenómeno político de 2014. Un partido político que en un año ha logrado colocarse como 2a. fuerza política de España en todas las encuestas. Más que un partido político, Podemos es una plataforma de jóvenes indignados, con una narrativa clara y con un proyecto, a veces utópico, pero bien fundamentado. No son unos chavos marcados sólo por la voluntad de cambio, sino universitarios que saben conjugar un proyecto honesto y transparente con la eficacia necesaria para gobernar. Un mensaje que reniega de los partidos tradicionales, pero no de la política; se aleja de la frialdad de los tecnócratas, pero valora la ciencia y el progreso; critican la "telecracia", pero son habituales de las tertulias políticas en las grandes cadenas de televisión; condenan la política del eufemismo tan acentuada en la clase política, pero saben de comunicación política y la importancia del mensaje claro y rotundo; denuncian a los poderes fácticos y a los "secuestradores" del Estado, pero buscan que su mensaje sea más de esperanza que de revancha o miedo.

"Podemos" nace en un contexto relativamente sencillo de dilucidar: la crisis económica de España. Es la consecuencia de la derrota del Estado por los mercados y los poderes fácticos, de la política de infiltración de los empresarios en las decisiones públicas y en la impunidad en la que actúan.

México enfrenta problemas más estructurales que España. Con algunas regresiones, pero España es una democracia que conjuga estado de derecho y rendición de cuentas. Si bien, los malestares denunciados por Podemos son ciertos, la realidad es que el entramado institucional es tan sólido que es capaz de sentar en el banquillo de los acusados a una hermana del Rey de España. También es capaz de procesar a decenas de políticos, alcaldes y diputados por corrupción, malversación de fondos o abuso de autoridad. Algo que difícilmente veremos en México, ya que los "peces gordos" de la política rara vez caen en prisión. Y aunque las comparaciones suelen tener algo de arbitrario, es posible delinear algunas enseñanzas que la experiencia de "Podemos" arroja para el caso mexicano.

En México, el discurso de casta aplica como "anillo al dedo". En nuestro país ha tenido distintos nombres desde oligarquía como lo llaman algunos académicos de izquierda hasta la "mafia del poder" como lo señala Andrés Manuel López Obrador, pero lo cierto es que sigue habiendo una pequeña élite que controla los flujos económicos, el acceso a los cargos públicos y los medios de comunicación. Los datos son dramáticos. El 1% de los mexicanos controla 43% de la riqueza de todo el país; el Banco Mundial ha señalado que en México todos los sectores estratégicos tienen una forma de operación oligopólica y estamos convertidos en un "estado de partidos" en donde las siglas partidistas deciden prácticamente todos los cargos públicos en los 3 poderes de gobierno y en todos los niveles. Es así, un país con una casta de unos pocos que son capaces de saltarse las reglas democráticas, torcer la economía e informar lo que en una mesa ellos decidan. Pongamos el calificativo que sea, pero la democracia sólo podrá germinar en un entorno de competencia económica justa y una élite que deba rendir cuentas a los ciudadanos. Mientras no haya una política distributiva, en lo económico y en lo político, la casta seguirá siendo un problema de primera línea para este país.

El desprecio por la arena electoral de los movimientos sociales ha coadyuvado para la construcción de un sistema aún más cerrado. Lo que el ejemplo de "Podemos" demuestra es que las plataformas de cambio son más incluyentes y eficaces cuando se toman en serio la democracia, las elecciones y la construcción de partidos políticos distintos. En México, muchos movimientos sociales o intelectuales de raigambre anarquista o filo-comunista, desprecian las elecciones por identificarlas como salidas liberales a problemas más complejos. La realidad es que las elecciones es la manera más equitativa y justa de dirimir las diferencias ideológicas en democracia. La aversión por las elecciones que muestra una parte de la izquierda en México sólo ayuda a configurar un sistema electoral con menos alternativas de cambio.

El problema no son los partidos políticos en esencia, nacidos para representar a la pluralidad emergente, sino su tendencia a convertirse en grupos de interés que se alejan de los ciudadanos.

La impunidad es el problema político más grave de nuestra incipiente democracia. Corruptos hay en todo el mundo, la diferencia es que las democracias avanzadas castigan a los corruptos y combaten con toda la fuerza del Estado la impunidad, mientras que los países de baja calidad democrática toleran la impunidad y hasta le encuentran una función política. Una clave del éxito de "Podemos" fue poner sobre la mesa el debate sobre la impunidad como el ácido que corroe las entrañas mismas de la democracia. Muy tarde entendimos en México que no hay democracia sin Estado de Derecho. Ningún proyecto de modernización sirve sin Estado de Derecho. ¿Cómo es posible que funcione una reforma energética como la propuesta por Enrique Peña Nieto si ni siquiera sabemos que las licitaciones irán a las mejores empresas y no a los amigos del régimen? ¿Cómo podemos pedir que se invierta más en programas sociales cuando tenemos sospechas de los objetivos electorales detrás de él? La impunidad debe volver al centro del debate político en México, con todo lo que implica: reforma al poder judicial, eliminar los fueros innecesarios, transparencia y control del gasto público.

El cambio difícilmente podrá ser enarbolado por aquellos que participaron directamente en la erosión de legitimidad de la transición que se agota sin esbozar respuestas. En México se necesita un partido político como "Podemos" que reivindique la política y el cambio desde la democracia, la pluralidad y las elecciones.

Nuestros problemas sin duda son muchos, es difícil hasta empezar a enumerarlos, pero ninguno supera la caída de las expectativas por el deterioro de la economía cotidiana y eso en ocasiones no se entiende porque se ven las cifras macroeconómicas, sin duda positivas, pero sencillamente no se habla con la gente para ver cómo la está pasando o cómo espera que le vaya. Cómo se refleja la macroeconomía en la vida cotidiana.

Obama y Peña están atorados en pensar que la seguridad de los mexicanos es combatir a los cárteles y arrestar a los capos. El asunto va más allá: es combatir la impunidad, fortalecer la procuración de justicia, fortalecer las instituciones encargadas de ello.

México ha sido productor de materias primas desde siempre y sólo de eso... Los habitantes mismos han sido materia prima superior e inferior en otros tiempos. Parece una especie de fatalidad secundar a los otros en las formas más variadas.

200 años de Encomienda petrifican la actitud de unos y de otros: unos mandan y otros obedecen, unos usan y los otros son usados a discreción. En el siglo XIX se inicia el nuevo sentido del valor del hombre como unidad y como masa, esto es, materia prima con significación importante. De 1810 a 1910 transcurre un siglo de revueltas, de gobiernos, abuso, explotación, dictadura, intentos de liberación, de hacer respetar los derechos humanos, de matar y destruir, de integrar el sentido del 'Estado' y de la 'Patria', del derecho del hombre a la felicidad, de la ausencia de coerción religiosa, de la terminación de la explotación burda... Se acentúa así mismo la dilución del individuo dentro de la masa amorfa... traen lo francés a un pueblo que se muere de hambre, que tampoco lee, que no vive sino en forma vegetal. La etapa de la 'ciencia', la 3a. de todas, es impuesta para la salvación de este mundo de mitología, superstición, magia, animismo y analfabetismo.

Para el mexicano no resulta fácil entender todo esto, por qué están ahí esos señores, por qué no se van, por qué no se coloca mejor gente; lo cierto es que el pueblo no puede nada ni tiene nada. Se acostumbra al encanijamiento, al secundarismo y al ninguneo; acabará por creer que él no es nadie. Aceptará que podrán imponerle un gobernador, un cacique, un ministro, un presidente; acabará retirándose paulatinamente y aceptándolo todo con la natural disminución de sí mismo como individuo, como persona respetable.

Viendo las noticias de las últimas semanas se puede obtener una lectura clara de los mensajes que desde las cúpulas políticas se dan al país, más allá de las palabras. Ni combate a la corrupción, ni a la impunidad. Todo lo contrario. La simulación sigue, el trucado de la realidad prevalece y el trato a la corrupción parece el merecido regalo a quienes, en abuso de sus puestos, han hecho su agosto con el erario público.

Así, mensaje claro es la falta de esclarecimiento de las casas Higa. Y la asignación en Jalisco de obras multimillonarias a empresas fantasma, sin investigación y sin sanción.

Mensaje claro, cuando un delegado del Distrito Federal investigado por su -evidente- enriquecimiento ilícito, renuncia, no para que proceda la investigación, sino porque contenderá por una diputación federal con el beneplácito del PRI... Mensaje claro, cuando un coordinador regional del Infonavit, luego de regalarle a su vástago un costosísimo auto deportivo, presumido en redes, deja su cargo, no por mal manejo del dinero púbico, sino para buscar una diputación federal por el PRI. Y del PAN tenemos triste memoria...

Por ello, el analista Alfonso Zárate señaló: "Detrás de la descomposición que sufrimos está la certidumbre de los criminales de que nunca pagarán sus delitos".

Mensaje claro, cuando el PRD alega "no tener una bola de cristal" para saber qué harán sus candidatos en el poder, y se lava las manos del -aparente- vínculo con el crimen organizado de su presidente municipal en Soledad de Graciano, San Luis Potosí. Mensaje doloroso y claro, irresponsabilidad y colusión, en el caso Iguala.

Mensaje claro, cuando en Michoacán continúan aniquilando la poca credibilidad en las acciones del Estado para frenar al crimen organizado. Ciudadanía amenazada, ahora por partida doble.

Mensaje claro, cuando en Acapulco siguen en paro 100 planteles de educación básica por la inseguridad, sin que la federación, ni el etado hayan implementado un programa de protección a estudiantes y maestros, que pueda ofrecer garantías para reestablecer la vida en ese puerto, donde millonarias campañas de turismo mal maquillan el violento contexto.

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 12 de enero de 2015).

No estamos demasiado lejos de la barbarie planteada por los grupos islamistas. En realidad estamos demasiado cerca. Ellos esgrimen una coartada religiosa que es tan falsa como cualquier fanatismo. En nuestro caso, nuestros criminales ni siquiera tienen que esgrimir algo que vaya más allá de sus propios intereses. Pero los nuestros también decapitan, secuestran, matan, lo hacen con absoluta frialdad y los objetivos son los mismos: exigen impunidad, y quieren sembrar el miedo, el terror, acabar con los mecanismos de respuesta social de una comunidad, un estado, un país.

Como los que actuaron en las Torres Gemelas o ahora en París, así lo hicieron nuestros propios terroristas en Iguala, y lo han hecho una y otra vez en distintos lugares del país, se pueden llamar Guerreros Unidos, Rojos, Zetas o Chapos, pero terminan actuando igual que aquellos que hoy el mundo civilizado repudia.

La pregunta es por qué no existe esa misma condena, de esa misma magnitud, en nuestro caso, por qué no existe una visión conjunta que vaya más allá de los partidos, las ideologías, los gobiernos. El caso Iguala lo demuestra: quienes son los asesinos en Iguala es claro, las causas, síntoma de la barbarie, también. La intención de politizar hasta caricaturizar el caso, de explotar a familiares hasta llegar a sustituirlos, de no querer aceptar una investigación que muestra con claridad lo sucedido, es como si en Francia en estos días hubiera quienes estuvieran organizando manifestaciones porque no se detectó la actividad de los asesinos del semanario Charlie Hebdo a tiempo, aun sabiendo que eran simpatizantes yihadistas; como si se estuvieran haciendo bloqueos culpando al Eliseo de haber provocado la muerte de los 17 jóvenes o simplemente diciendo que Hollande es el responsable directo de las mismas. Es como si se reclamara que los dibujantes o los clientes del supermercado atacado fueran presentados con vida cuando lamentablemente están muertos.

Todo eso hemos vivido en México en las últimas semanas: por supuesto que la sociedad francesa evaluará lo actuado por sus autoridades y premiará o castigará en las próximas elecciones ese desempeño, pero todos tienen claro (hasta el poco presentable Frente Nacional) quiénes son los verdaderos adversarios, contra quién hay que luchar. En nuestro caso no es así: todos hablan de la violencia, del crimen, pero no quieren enfrentarlo, ni se plantea un castigo estricto a quien vulnere las normas. Tenemos a los verdaderos responsables frente a nuestras narices y preferimos ver si la culpa la tuvo Calderón por combatirlos, Peña por no detenerlos a tiempo o el PRD porque Abarca y familia fueron sus candidatos. Todos ellos tendrán que asumir, para bien o para mal, sus responsabilidades políticas por sus decisiones o ausencia de ellas. Pero los enemigos son otros, están identificados, son públicos, actúan muchas veces con la impunidad que le dan los grupos que, de una u otra forma, los solapan o los usan para justificar sus propios crímenes e intereses. Y lo hacen apelando también a la violencia y la intolerancia. No terminamos de comprender que la nuestra es también una lucha de la civilización contra la barbarie.

El país en el que viven Peña Nieto y los gobernantes no es exactamente el mismo en el que operan la mayoría de los mexicanos. Es cierto que la economía informal sólo genera el 25% del PIB, pero ocupa al 60% de la población trabajadora. Son mexicanos que no pagan impuestos, que no usan un crédito bancario, que operan en el subsuelo institucional a lo largo del día, y todos los días. Una buena porción de sus actividades transcurre al margen de las normas y leyes que rigen la vida de los otros.

La vida de una persona como la del país y sus habitantes no podría explicarse sin esta dimensión oculta que afecta y condiciona la zona visible que recogen las estadísticas oficiales. Si la economía informal fuera un país y la formal otro país, en realidad la mayoría de la población de ambas naciones estaría viviendo en la frontera. No es que 60% de los mexicanos habiten el subsuelo de la informalidad y el otro 40% esté confinado a la punta del iceberg emergido. Todos van y vienen en sus trajines diarios para sobrevivir en una sociedad dominada por códigos formales, muchos de los cuales resultan inoperantes.

Incluso las clases medias y las altas que están en el padrón de contribuyentes o reciben correos de los bancos recurren a la informalidad cada vez que les resulta conveniente. Sea para comprar en el tianguis, adquirir piratería, pagar servicios domésticos en efectivo o simplemente para evadir impuestos. Pero también la república de la opacidad, los sectores populares, cruzan la línea y emergen a la zona iluminada. El comerciante del puesto de tacos de la calle o el dueño del taller clandestino va al banco a pagar el recibo de la luz y del celular o su servicio de televisión por cable.

El problema no es que existan varios Méxicos. Después de todo, si no contáramos con esa enorme válvula de escape que es el autoempleo, el país que conocemos ya se habría desintegrado por la incapacidad del sistema para ofrecer alternativas a la mayoría de sus habitantes. No hay sociedad capaz de sobrevivir si resulta inviable para el 60% de sus integrantes. Que se hagan viables a sí mismos en este universo paralelo termina siendo una bendición que conjura la pesadilla de la inestabilidad crónica, las revueltas o la desintegración.

El problema no es ése, sino el hecho de que se pretenda gobernar como si no existiese.

Escucho a Peña Nieto y a su gabinete y me da la sensación que sólo hablan y gobiernan para esa punta del iceberg en el que vive la minoría. O quizá estoy siendo injusto y no se trate de un desdén deliberado sino de un simple reflejo de impotencia. Las palancas y botones sobre el tablero de navegación con el que cuentan producen efectos solo en la zona institucional, y muy poco o nulo en el vasto territorio de la informalidad.

Hace unos meses leí el libro del venezolano Moisés Naim, El fin del poder, en el que da cuenta de la manera en que se ha descentralizado el poder en una miríada de factores. Los centros tradicionales son incapaces de conservar su influencia por las presiones internacionales cambiantes, las redes sociales, la circulación incesante del dinero. Incluso Obama en la Casa Blanca quedó paralizado por el Senado y los gobernadores y la compleja trama de intereses a los que sirven.

En el caso de México, la impotencia del gobernante aún es mayor. Una gran porción del territorio está sujeta a demonios inconsecuentes incluso consigo mismos. Se ha dicho, y con razón, que la tragedia del país reside en el hecho de que los cárteles de la droga no pertenecen al crimen organizado sino al desorganizado. Y si a esto añadimos el peso de este universo paralelo de la informalidad, terminamos por entender que el soberano es en realidad soberano de muy pocas cosas.

El riesgo es que la élite termine atrincherada, haciendo un gobierno de ficción detrás de las murallas que les separan de la mayoría de los mexicanos. Normas cada vez más exigentes de parte de Hacienda como si cada ciudadano tuviese un contador al lado y un servicio de banda ancha perfecto, discursos político dirigidos a otros políticos, decisiones de política económica para los sectores punta de exportación. Mientras tanto, cada vez más mexicanos se pasan a vivir afuera de las murallas, al margen de la vida institucional crecientemente hueca y ficticia.

Tengo la impresión de que en Los Pinos no se han dado cuenta de que la vida ya está en otro lado y no en los espejos cortesanos que rodean al presidente.

No hay que perder de vista que el problema central que tiene nuestra economía es el lastre que representa su segmento más atrasado con millones de personas y unidades económicas que viven en el atraso y en muchas ocasiones en la informalidad.

Si hay que darle prioridad, allí está nuestro problema y no en la cotización del dólar.

El moche o el diezmo es un impuesto adicional que están pagando los empresarios de México. Casi siempre, se oye el reclamo en voz baja u off the record. Por eso, llamó la atención el mensaje de Ricardo Navarro, presidente de la Canaco DF, "cualquier oportunidad de negocios con el gobierno está expuesta a que se le solicite contribución por anticipado antes de ser asignada", dijo ante el presidente Peña Nieto.

Navarro pidió poner un freno a los moches, pero no recibió una respuesta concreta del mandatario. De él escuchamos algunas frases anticorrupción en su primer mensaje del 2015. Todavía está en el aire el primer compromiso que contrajo como precandidato: crear una agencia nacional anticorrupción.

2 años, un mes y 15 días han pasado desde la toma de posesión del Presidente. El máximo responsable del tema en el ejecutivo federal no tiene rango de secretario de estado, es un "encargado de despacho". Parece claro que la iniciativa y el impulso para el combate a la corrupción no vendrá de Los Pinos.

Hay un amplio consenso acerca de la necesidad de acabar con la simulación en el combate a la corrupción. Los empresarios no son los únicos que están hartos de la corrupción. Profesores, periodistas, contadores, ingenieros, médicos, choferes, campesinos, amas de casa, estudiantes... hasta políticos. Ocupamos el lugar 103 de 175 países en percepción de corrupción, de acuerdo al ranking que elabora Transparencia Internacional. La encuesta 2013-2014 del Foro Económico Mundial de Davos indica que la corrupción es el factor más problemático para hacer negocios en México.

¿Cómo romper el círculo vicioso? El gobierno de México no tiene problemas para firmar documentos donde se compromete a combatir la corrupción. El problema es el aterrizaje, la implementación o como ustedes quieran decirle. Desde 1997, nuestras autoridades firmaron, en el marco de la OCDE, un acuerdo para limitar y sancionar los sobornos y las malas prácticas. ¿Han sentido ustedes el efecto de la firma de este documento?

El reto es enorme, pero afortunadamente hay muchas cosas concretas que hacer. Transparencia Mexicana propone, por ejemplo, que se legisle para regular, prohibir y sancionar el conflicto de intereses. Extraño, como puede parecer, sigue siendo algo no contemplado por la legislación mexicana.

Los farsantes se dicen voces airadas del "pueblo de Guerrero" y avisan que éste les ha encomendado impedir elecciones democráticas mientras no aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa. Nada mejor que imponer condiciones imposibles cuando una minoría decide asaltar un gobierno y, sobre todo, los dineros públicos del presupuesto. Tras eso van.

La exigida resurrección de 43 muertos sirve para implantar en municipios de Guerrero, su gobierno estatal y congreso, los equivalentes de los comités de lucha estudiantiles que se autonombran de una vez y para siempre, y cancelaron la democracia estudiantil desde 1969, en que sustituyeron a los comités de huelga.

La condición es insoluble, por eso la exigen: los normalistas fueron secuestrados, asesinados, carbonizados y sus restos tirados al río San Juan, que ya se los llevó al mar. Conclusión, nunca volvería a haber elecciones federales ni estatales en Guerrero hasta el Día del Juicio y su resurrección de los muertos. Eso desea quien se ha apoderado de la vocería de los padres con hijos asesinados la terrible noche del 26 al 27 de septiembre.

Cuando maestros que no dan clases, normalistas que no estudian, padres de familia que comen sin trabajar y vocero de los padres con hijo desaparecido que no tiene ningún hijo desaparecido roban un tráiler de doble caja y lo lanzan contra la reja del cuartel de Iguala, ¿qué buscan? Que el Ejército haga lo que sus normas exigen y dispare a matar. Habrían alcanzado su gozoso objetivo.

Así renovarán con cadáveres su intentona golpista, su robo del presupuesto de Guerrero y tendrán motivo para aullar, como La Llorona, por sus hijos caídos mientras lanzaban contra soldados un tráiler como ariete.

No se vale que quieran involucrar a las fuerzas armadas porque el dicho de un padre de los desaparecidos, quien sin mostrar pruebas, afirma tener el celular de su hijo y que el GPS de ese equipo señalaba que había estado en las instalaciones militares. Si esto es así, ¿Por qué no entregar dicho equipo al Ministerio Público Federal que conoce el caso? ¿Cómo es que un celular propiedad de uno de los desaparecidos fue a parar a manos de su familia? ¿Era tan sofisticado el equipo que almacenaba la ruta y lugares del usuario? ¿Un alumno de normal rural puede comprar un equipo así de sofisticado? ¿Su padre lo sabe manejar y extraer esa información? ¿O es simplemente un truco más para seguir fastidiando al gobierno federal? ¿Qué necesidad de que visiten instalaciones militares a muchos kilómetros de distancia? Insisto, la dignidad de nuestras fuerzas armadas tiene límites, si las versiones de la Procuraduría General de la Republica son las más verosímiles, y soportadas con declaraciones de los involucrados, ¿por qué dudar de la averiguación cuando las declaraciones de todos los detenidos son coincidentes? Ahora ya ni en los peritos argentinos creen. ¿Qué ganaría el gobierno federal con ocultar a un irrelevante grupo, políticamente hablando, de estudiantes de 1er. ingreso de una escuela rural? Lamentablemente se le debe dar carpetazo social a este asunto y dejar a las familias con su respetable luto y a las autoridades correspondientes proseguir con las averiguaciones.

Muchos grupos sólo utilizan la desgracia de estos jóvenes como excusa para vandalizar, sólo basta un ejemplo: antes una de las actividades humanas más admirables era la del magisterio, esos grandes seres humanos a quien debemos, gracias al conocimiento que nos transmitieron, mucho de lo que somos, pero ahora, la verdad, algunos maestros dan pena.

La lucha por eliminar los núcleos destructores de la estabilidad es compleja y cuando la fuerza se impone se sataniza elevándola al calificativo de represión por parte de la autoridad. Los esfuerzos por incorporar núcleos de inconformidad generaron demagógica confusión y traición con armas de ingreso ilegal empleadas para combatir a la fuerza pública.

El escenario de la inconformidad tiene expresiones totalmente ilegales, como la obstrucción de caminos de acceso y otras muchas en las ciudades en forma de manifestaciones lesionando, seriamente, la vida de la población pacífica y ajena al reclamo que deriva en daños materiales con seria afectación económica.

A empresarios, gobernantes y turistas nos preocupa si vamos a poder reventar/descansar como nos venga en gana en el puerto, mas no nos preocupa en lo mínimo que en ese mismo destino la vida se haya depreciado al punto de que un centenar de escuelas no tienen clases desde mediados de noviembre.

Los datos exactos de esta tragedia que no gana reflectores, me explican conocedores locales, son volátiles. Se sabe que todo empezó el 14 de noviembre, cuando cerraron 198 escuelas públicas de educación básica (kínder, primaria y secundaria), planteles donde los docentes estaban hartos de ser víctimas de la extorsión o de la muerte.

Desde esa fecha, algunas autoridades, con el secretario de educación Salvador Martínez Della Rocca a la cabeza, batallan para generar las condiciones que permitan reabrir los planteles. Van escuela por escuela. Para esta semana calculan que al menos 10 reabran. "Pero luego otras se ven obligadas a cerrar, por las amenazas de los criminales, es terrible", me cuenta un colega guerrerense.

Se calcula que en total hay 2,000 maestros en paro por la falta de seguridad. Hace 10 días, Martínez Della Rocca informaba que desde noviembre 22 maestros han sido asesinados y otros 8 fueron secuestrados. Los criminales además incendiaron un plantel.

Ni los empresarios de Acapulco, ni los de México, ni los medios de comunicación harán llamados para regresar a 16,000 niños a las aulas, para proteger a los maestros que quieren dar clases. Para ellos no habrá campañas ni recursos. ¿Listos para el puente?

Desde que el ex presidente Felipe Calderón determinó que los militares salieran de sus cuarteles para combatir al crimen organizado, el prestigio de las fuerzas armadas ha caído consistentemente. La imagen castrense ha quedado manchada por violar derechos humanos, actuar con exceso de violencia y asesinar a inocentes; la corrupción y los escándalos palaciegos alcanzaron a varios de sus mandos más distinguidos; se aprobaron reformas que someten a los militares a la justicia civil y la actividad política, tradicionalmente cuidadosa de no involucrar a las instituciones castrenses, manosea a la milicia sin pudor.

Los militares, como individuos y como instituciones, están siendo confrontados y acusados, con razón o sin ella. Los políticos los retan y un sector considerable de la población los relaciona con la corrupción y la impunidad.

¿Hasta cuándo y hasta dónde soportarán los militares?

Los equilibrios de gobierno en México se tejieron durante decenios con los hilos de la legalidad, pero también de la complicidad y la protección que se brindaron entre sí las élites gobernantes. Un acuerdo tácito fue el respeto total al Ejército, a cambio de que éste renunciara al poder.

Al parecer, ese equilibrio está resquebrajado. Peligro.

4 meses después de que el presidente Enrique Peña Nieto dijera que la desaparición de los estudiantes era tema del gobierno estatal y él no tenía nada que opinar, sabemos que el caso Ayotzinapa marcó el sexenio y significó un punto de quiebre en la presidencia en la que se tocaba "por nota". Sabemos también que el crimen organizado tocó las estructuras de los partidos; que no habrá reforma educativa en los estados del sur del país donde rifa la coordinadora; que el presidente y su equipo no saben tomar decisiones cuya respuesta no esté en el guion o el libro de referencia; que, una vez más, en este país donde todo es creíble porque todo es posible, la verdad nunca se sabe.

Los 120 días que pasaron se convirtieron en una pesadilla; los problemas estaban ahí pero no queríamos verlos. Pero lo más grave es que los 120 días que vienen seguirá la pesadilla, porque nadie está haciendo nada para que no sea así. A estas alturas cualquier explicación que se dé no sólo cae en el sospechismo (sostengo que ésta sigue siendo la gran aportación de Santiago Creel a la cultura política nacional) sino que en automático se convierte en parte del complot.

El tiempo transcurrido desde entonces, más los testimonios coincidentes de decenas de personas implicadas en el crimen que han sido detenidas y consignadas, robustecen la hipótesis de que la versión oficial es plausible. Además, como no fuera el caso de un secuestro masivo realizado con fines chantajistas, políticos o económicos, la versión de que "los tienen" -¿quiénes...?- ocultos en alguna parte, carece de sentido.

De hecho, hay consenso en que la anuencia de la autoridad para permitir que las instalaciones militares de Iguala sean "inspeccionadas" por los padres de los estudiantes desaparecidos, por grupos supuestamente defensores de los derechos humanos y por representantes de Organizaciones No Gubernamentales (chaqueta "unitalla" que queda a la medida tanto para asociaciones animadas por irreprochables intenciones como para grupos sediciosos o delincuenciales), sólo prueba la tibieza de la autoridad al hacer concesiones esencialmente inaceptables, y su descrédito a los ojos de un amplísimo sector de la opinión pública.

Más allá del dolor de los familiares, cada vez parece más claro que el tema se ha convertido en bandera de los oportunistas, interesados en desestabilizar las instituciones -ya de suyo bastante endebles- y en "exigir" la renuncia del presidente Peña Nieto (lo que sería una escandalosa confesión tácita de la incompetencia absoluta del aparato gobernante en pleno para hacer su parte): un movimiento que se nutre en la apatía del común de los ciudadanos y en el creciente descrédito que la autoridad tiene, por las abundantes muestras de corrupción y de inoperancia que surgen todos los días, por todas partes, en un amplio sector de la sociedad.

La realidad actual de México es triste en crecimiento económico y valoración del desempeño de la figura presidencial, advierte Lorenzo Servitje Sendra, luego de condicionar el respaldo del sector privado a la presidente de la república.

El fundador del Grupo Bimbo dijo que los empresarios necesitan facilidades para desarrollar sus negocios. Pidió a la administración de Enrique Peña Nieto que tome medidas útiles para el crecimiento económico y la generación de empleos en el país. Dijo que es una "situación triste que México esté creciendo a tasas de 3% cuando debería de hacerlo al 5 o 6%". Ello se debe a que en el país falta en realidad empresarios para invertir, "pero también si no hay seguridad, difícilmente habrá inversión en la nación". Enfatizó que en los últimos años en América Latina no hay nadie que haya tenido tan bajo reconocimiento como Peña Nieto y "esto es peligroso, por lo que hay que cerrar filas en torno a él y en servicio del país".

Con el dictamen del procurador Murillo la tragedia de Ayotzinapa queda zanjada "judicialmente". Para desgracia del gobierno y de México, el tema hace rato que dejó de ser judicial para hacerse político.

El país en unos meses ha pasado de una fase maniaca, oscilando entre feliz e irritable, a una fase depresiva en la que la pérdida de la autoestima y el desgano se mueven a sus anchas. No solo porque la narrativa de la historia cotidiana ha cambiado, sino porque aquello que en el discurso pareciera ser común a todos en la práctica es un verdadero galimatías. Si acaso el ciudadano escucha, lo más seguro es que no entienda. Por ello, no puede más que desconfiar. Pensemos en el tan traído tema de qué hacer con la corrupción en el país, la que, todo indica, ha vuelto por sus fueros de manera preocupante.

Con sus matices, los partidos políticos dicen querer apoyar la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, todos salvo el PRI. Éste enfatiza la creación de la Fiscalía General y la ampliación de facultades de la Auditoría Superior de la Federación y de la resucitada Secretaría de la Función Pública. Pero más allá de la vergüenza que debiéramos sufrir por lo que indica la renovada discusión sobre la corrupción en México, fenómeno tan cultural e institucional como ningún otro, el ciudadano contrasta discurso con realidad y no puede sino desconfiar. Dos perlas:

Ante el desfalco para el DF por la Línea 12 del Metro, la izquierda señala que el cuestionamiento a Ebrard y compañía "es político". Defensa a ultranza de los suyos para que nadie rinda cuentas. Ante el daño a la imagen presidencial por el conflicto de interés, en un error de comunicación él mismo da posesión al nuevo secretario, quien dificulta su propia labor apenas en su primera entrevista.

Dicen que quienes sufren trastorno bipolar tienen mayor riesgo de suicidarse. Son más propensos a intentar modificar su realidad mediante el consumo en exceso de alcohol o de otras sustancias, lo que agrava los síntomas y los acerca al barranco. Dicen también que los países no se suicidan, pero cuando se ve lo que sucede en Venezuela, por ejemplo, o lo que pudiera suceder en Grecia, si ésta cree que puede modificar su realidad haciendo lo mismo que le llevó a la bancarrota, más valdría hacer lo correcto y llamar de inmediato a un profesional. No sea que de no extirpar el tumor de la corrupción, en unos años el país termine llamando a un misionero de pacotilla para que le cure.

Ahora mismo en las filas de la iniciativa privada hay desánimo, porque ahora la difícil circunstancia económica que volverá a mermar el ritmo de crecimiento del PIB se suma a los muchos temas políticos que ya lastimaban la confianza, dadas las recurrentes situaciones de impunidad y falta de estado de derecho que se manifiestan, al igual que la inseguridad hace imposible realizar nuevas inversiones en muchas entidades.

Sin duda vivimos tiempos muy enredados, un casi permanente estado de insatisfacción que muchos atribuyen a una especie de anticipo del fin del mundo, no creo que sea para tanto aunque hay una evidente inconformidad casi por todo lo que está sucediendo.

Quitando a aquellos que sólo creen en las más locas interpretaciones conspiratorias, la realidad es que el gobierno mexicano siempre ha intentado cerrar las polémicas y los escándalos de la misma forma que establece el precio de la gasolina o los impuestos. Es decir, cerrar por decretos.

Pero más allá de la necesidad del gobierno federal de cerrar el problema de Ayotzinapa a 4 meses de la elección, lo cierto es que a nadie le conviene que lo que sucedió el 26 de septiembre pase a un 2o. lugar en las prioridades de la prensa y la clase política. Sólo con el recuerdo vivo de Ayotzinapa se podrán hacer los cambios necesarios para convertir a México en un país de estado de derecho, donde la clase política rinda cuentas y la corrupción sea castigada. Ponerle punto y final a Ayotzinapa constituiría una forma de diluir su impacto sobre el proceso electoral y el debate de los partidos político de cara a las elecciones intermedias de 2015. Ayotzinapa constituye un hito porque es una afrenta sistémica; es decir, todos están manchados, no hay partido o color de camiseta que pueda sentirse exonerado de lo sucedido en Iguala. Los golpes sistémicos son los más efectivos para propiciar cambios.

No hay caminos cortos o atajos. Ayotzinapa se cerrará con justicia y responsabilidad a corto plazo, y persistirá como un referente del largo camino que tiene México para lograr una democracia de estado de derecho, combate a la impunidad y rendición de cuentas.

Los mexicanos que se van a vivir a sociedades donde la plaga de la corrupción está controlada, se vuelven ciudadanos modelo, el problema no son los ciudadanos, la corrupción de ninguna manera es cultural, el problema en México, es que, no sólo dejamos de fumigar con castigo y prevención, sino que además la alimentamos con impunidad, por lo que la corrupción se multiplica exponencialmente impulsada desde el mismo gobierno, por eso no me extraña que hasta el mismo presidente se crea, o le convenga creer, eso de que la corrupción es cultural.

Guerreo ha sido de muchos años atrás un estado violento y rijoso. La tasa de homicidios es la más alta, 4 veces superior a la media nacional. A tal circunstancia, se añade el problema de las variadas mafias que controlan y se disputan el mercado de las drogas que ofrecen a los jóvenes a falta casi absoluta de oportunidades, el mundo tentador de los dólares. La máxima aspiración de un joven es ser maestro. Para sus padres, mandarlos a la normal de Ayotzinapa, era como enviarlos a la universidad... El Estado de Guerreo es una larga historia de violencias políticas y una querella sangrienta entre Montescos y Capuletos; ha sido un estado ingobernable desde la época de la Colonia; fue escenario de las guerras de Independencia y Reforma, y en la actualidad, una secuela de despojos y desafueros, derrocamientos y diversiones. Entre 1849 y 1942, sólo un gobernador ha concluido su gestión... La irrupción masiva del narcotraficante y su alianza con los poderes locales, es la imagen deprimente que se tiene de México en la comunidad internacional.

Andreas Schedler coordinó la Encuesta Nacional de Violencia Organizada, patrocinada por el Conacyt y por el (entonces) IFE. En la introducción de la misma, publicada en 2014, el académico del CIDE expone lo siguiente:

"Desde hace más de una década, el país está sumergido en una nueva guerra civil. No es una guerra por el Estado ni por ideología. Es una guerra civil de las llamadas 'nuevas' que se libran por ganancias materiales, no por motivos políticos. Y es una guerra que son muchas guerras. Una guerra opaca donde conviven, se mezclan y se refuerzan la violencia criminal de empresas ilícitas y del Estado, la violencia entre organizaciones criminales y dentro de las mismas y la violencia ejercida contra combatientes y contra la población civil".

"Con toda la distancia que media entre los mundos de la violencia desde arriba y de la violencia desde abajo, en guerras civiles los ciudadanos enfrentan dilemas morales similares a los que enfrentan en dictaduras. ¿Qué es lo que saben de actos o campañas de violencia criminal? ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Qué postura toman? ¿Qué hacen para impedir la violencia criminal? ¿Hacen todo lo que pueden? No hay respuestas fáciles, ni ante las dictaduras ni en las guerras civiles. El miedo y la impotencia son excusas de peso, pero nunca son sencillas ni certeras ni definitivas. No disuelven los dilemas morales. Más bien los crean".

"En guerras civiles, las responsabilidades son más difusas, dispersas, opacas. No hay un dictador central con su burocracia represiva quienes actúen como responsables de la violencia criminal. Los actores de la violencia son muchos y generalmente están ocultos. Peor aún, las líneas divisorias entre ellos tienden a ser borrosas. Las redes criminales se incrustan en el Estado y se expanden en la sociedad. Los reclamos de paz y justicia, por tanto, no tienen destinatarios claros. Se dirigen al Estado, por su fracaso de dar protección, pero también a los actores sociales quienes se erigen en soberanos privados sobre la vida y la muerte".

La semana pasada, y a pesar de que debido a hechos delictivos tuvo que acudir de emergencia a Tamaulipas, el secretario de Gobernación declaró que México tiene los mejores niveles de seguridad de los últimos 10 años.

El gobierno federal no se debería dar el lujo de reducir "el problema" de la inseguridad al registro de los homicidios dolosos, que siguen a la baja como desde 2012.

La administración que se ha afanado en señalar que la violencia está focalizada, o que se da en regiones específicas, debería escucharse a sí misma en esa categorización.

En el gobierno federal saben mejor que nosotros en cuánto asiste la razón a Schedler cuando formula que estamos en una guerra que son muchas guerras, y que las motivaciones de éstas son las ganancias materiales.

Comenzar a reconocer que ya no estamos sólo en "la guerra contra el narco", vuelve imperativo el discutir los tipos de violencia que enfrentan los mexicanos, y sus probables soluciones, más cuando en el gobierno de la República renace otra vez la tentación del discurso del triunfalismo.

Si el PRI gana con el 32% de los votos, como sugiere la encuesta hasta hoy, pero con una abstención cercana al 30%, el partido de gobierno estará recibiendo un voto bruto de apenas 23% de los electores empadronados. El que un gobierno tenga que regir sobre el país con un respaldo de menos de una cuarta parte de los votantes parece garantizar que México seguirá sufriendo las consecuencias de una enorme inestabilidad política, con presiones por parte de los grupos de poder que se han acostumbrado a obtener beneficios de los gobiernos débiles.

Las nuevas reglas electorales, por otra parte, generan incertidumbre sobre el resultado final. El rebase del tope de gasto de campaña será por primera vez motivo automático de anulación de una votación. En un país en el que casi ningún candidato reconoce una derrota, esto significa que la judicialización de los procesos se incrementará. Todos los perdedores buscarán la anulación de las elecciones.

La idea de que la democracia eliminaría tarde o temprano los conflictos electorales parece cada vez parece más lejana. Tenemos una democracia sin demócratas.

Cuando nombró recientemente al arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, nuevo cardenal mexicano, el Papa Francisco confirmó las señales de lo que venía pensando sobre México.

El cardenal Suárez Inda parece portador del nuevo mensaje papal. Durante una conferencia de prensa este lunes en Roma, habló de "manipulación" de los padres de los normalistas y de intentos de "insurrección". Su lenguaje es insólitamente duro para un prelado, pero absolutamente claro para lo que quiere transmitir El Vaticano. "Percibo que hay una cierta manipulación y una cierta tendencia política, de intereses que se aprovechan del dolor de los padres de familia para provocar insurrecciones", afirmó el cardenal.

Las organizaciones católicas han jugado un papel central en la lucha contra las desapariciones forzadas, y algunos de sus cabezas, viejos luchadores por la defensa de las garantías individuales, estaban muy activos en el caso de Ayotzinapa.

Uno de ellos era Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien durante largos años ha trabajado por años con el laico Miguel Álvarez Gándara, director de Servicios y Asesoría para la Paz, que fundó el finado obispo Samuel Ruiz. Ellos lo propusieron para ser Premio Nobel de la Paz, y jugaban un rol clave, muy poco explorado aún, con el EZLN en Chiapas, donde uno recaudaba fondos y el otro generaba spin mediático cuando había que elevar de atención un tema.

Álvarez Gándara era el operador político del obispo Ruiz, y responsable de las redes de financiamiento para la guerrilla en Chiapas, principalmente de la Universidad Católica de Lovaina, pero también de fundaciones alemanas, españolas y holandesas. Está vinculado con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, a través de Minervino Morán y Gonzalo Juárez, ex secretario general de la disidencia magisterial, y a Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, quienes tienen vínculos con los movimientos armados guerrerenses.

Álvarez Icaza y Álvarez Gándara son los más visibles, pero no los únicos. Dentro del Movimiento Popular de Guerrero, la organización paraguas que agrupa a las organizaciones antisistémicas que buscan crear de ese estado una entidad autónoma, se encuentran 2 sacerdotes con un papel muy activo en la zona de La Montaña, donde se encuentran la zona de mayor incidencia guerrillera.

Se trata de Mario Reynaldo Campos Hernández, el cura de Tlapa de Comonfort, que es uno de los principales organizadores de los grupos de autodefensa. El otro es Hugo Melitón Santillán Cantú, cura en Xalpatláhuac, relacionado con Eliseo Villar Castillo, uno de los comandantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, y ligado a la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, que tiene ramificaciones con la guerrilla.

Los curas de la zona de La Montaña pertenecen a una nueva generación de sacerdotes católicos vinculados a los movimientos sociales y armados.

Por las palabras del cardenal Suárez Inda, El Vaticano está preocupado que detrás de la demanda justa de justicia por el crimen de los normalistas de Ayotzinapa, se prepare la insurrección. La guerrilla ha venido concretando su proyecto insurreccional en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, llamado La Línea de la Esperanza, que busca instaurar un Estado dentro del Estado. Eso no va a suceder.

El Estado Mexicano no se va a quebrar y ante la amenaza final, es de temerse una respuesta drástica por lo desesperada. En ese momento, quienes hayan sido manipulados serán arrastrados a la violencia, convirtiéndose en la carne de cañón para fines que nunca fueron los suyos. La Iglesia Católica debe ver lo que empieza a surgir en el horizonte mexicano y, cuando menos, querrá salvar a los suyos.

La participación de la Iglesia Católicos en los movimientos armados en México no es inusual. Desde Miguel Hidalgo y José María Morelos en el Siglo XIX, hasta quienes sirvieron como correos e intermediarios de las guerrillas rurales de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas en los 60 y 70, y el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, que en los 90 apoyó al EZLN con dinero mientras los dominicos articulaban las redes de insurrección y las monjas marinol compraban las armas para los zapatistas en San Francisco, California, que introducían a través de las redes religiosas a México. La opción de los sacerdotes católicos por la lucha armada como camino para el cambio en México nunca se detuvo, como en Guerrero, donde desde hace una década 2 sacerdotes son parte central de los intentos insurreccionales en aquél estado.

Desde hace años, los aparatos de seguridad del Estado Mexicano siguen los pasos de los sacerdotes Mario Reynaldo Campos Hernández y Hugo Melitón Santillán Cantú, cuyo expediente también es del conocimiento de la Nunciatura Apostólica, que es el equivalente a una embajada de El Vaticano. Los 2 trabajan en Tlapa, en la Región de La Montaña, que es el punto de encuentro de los actores que se levantaron en contra del Estado Mexicano desde octubre pasado al iniciar una guerra sofisticada donde el vehículo para el cambio no son las armas, sino las conciencias. Atrás quedó la retórica de "la lucha contra el Estado burgués", una proclama desgastada que polariza, y dio paso al reclamo de justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que es una causa incluyente, aglutinadora, legal y legítima.

Los 2 sacerdotes han sido vigilados permanentemente desde hace casi 15 años, pero nunca se ha interferido con sus actividades. Campos Hernández se volvió miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", en donde se encuentran los abogados de los familiares de los normalistas desaparecidos, que es uno de los vectores por donde cruzan las fuerzas insurreccionales en Guerrero, en 1994, y desde 2000, fue identificado en los expedientes gubernamentales como un promotor y reclutador de cuadros para el EPR y su escisión ERPI en el municipio de Malinaltepec. Santillán Cantú, tomó la opción guerrillera en 1996, al declararse a favor del EZLN, y fue vinculándose a los movimientos armados en su estado, y en particular con el Comandante Emilio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo, desprendida también del EPR.

A principio de junio de 2013, los 2 encabezaron una reunión en el municipio Xalpatláhuac, también en La Montaña, donde expusieron sus planes para armar un nuevo movimiento armado al margen del ERPI, que hasta antes del crimen de los normalistas de Ayotzinapa era la guerrilla dominante en Guerrero, por diferencias tácticas con el comandante eperrista, Beto, y los líderes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio. Los sacerdotes fueron promotores y respaldaron la creación de las policías comunitarias, que se encuentran enfrentadas con los hermanos Plácido Valerio, quienes las consideran "grupos paramilitares".

Los vasos comunicantes entre todos ellos han sido extensos a lo largo de los años, y de acuerdo con funcionarios guerrerenses, las diferencias siempre son menos grandes y profundas de lo que parecen. Esto explica, por ejemplo, que las alianzas entre esos grupos y los sacerdotes se alteren con regularidad, porque al final buscan el mismo objetivo, que no haya presencias exógenas en esa región -por ejemplo, todos se oponen a las mineras y a los proyectos ecológicos-, y que mejoren las condiciones de vida de los guerrerenses.

En noviembre de 2013, por ejemplo, Santillán Cantú urgió a los pobladores de Malinaltepec a organizarse en contra de las mineras. Un año antes en Tlapa, Campos Hernández afirmó ante sus fieles: "Los pueblos indígenas deben seguir exigiendo sus derechos porque se quiere engañar a los pueblos dándoles espejitos a cambio de que se establezcan los proyectos mineros, lo que únicamente traerá muerte para el ser humano".

La pastoral social es persuasiva. Santillán Cantú, inclusive, ha pedido a los sacerdotes preocuparse por los problemas políticos, sociales, culturales e ideológicos, y no únicamente a los religiosos. En Guerrero 7 de cada 10 habitantes no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación -el 20% de los niños sufre desnutrición-, vivienda y educación.

Pero en la Región de La Montaña, 65.3% sufre pobreza alimentaria, 71.8% no tiene los recursos para acceder a servicios de salud y educación, y el 84.8% no posee patrimonio propio. Es una zona sin futuro. El 40% de su población son analfabetas, pero el 85% de los mayores de 15 años, ni siquiera terminó la primaria.

Con una población condenada a la miseria, la voz de los sacerdotes, que a la perspectiva espiritual se le suma la demanda material, es poderosa. Campos Hernández y Santillán Cantú no tienen imputaciones que busquen lucro o bienes materiales en sus expedientes. Están en la lógica de la opción por los pobres y del cambio, y confluyen con los grupos insurreccionales tras décadas de abandono institucional. Puede criticarse su método para el cambio, pero no el objetivo.

La insurrección en Guerrero sí tiene un origen real, la marginación, que no se ve cómo resolverse. Esta parte de la ecuación nadie puede olvidarla. Ni el Estado Mexicano, ni El Vaticano.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los 3 estados más pobres de México. Tierras sometidas por caciques, han vivido décadas de represión y marginación. Entre los 3 hay 2.5 millones de indígenas que de los desfavorecidos, son los más excluidos. Chiapas, Oaxaca y Guerrero, componen la cuenca del descontento que en los 2 últimos años ha vivido en convulsión. O mejor dicho insurrección, detonada por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, que prendió los motores de la rebelión social para concretar La Línea de la Esperanza, el proyecto que busca darle una vida libre e independiente a esa región.

La Línea de la Esperanza fue diseñada por el EPR y el ERPI, que forman las viejas ramas militares de las guerrillas en Oaxaca -más ideológica- y Guerrero -más militarista-, de acuerdo con documento en manos de autoridades federales desde la primavera del año pasado. Lo que buscan es instaurar una nación indígena en la cuenca más pobre de la nación, en donde todo el sistema de organización social recaiga en ellas. Es un programa mucho más ambicioso que los municipios autónomos que creó el EZLN, que son espacios territoriales donde el Estado Mexicano está ausente.

El documento fue entregado al Cisen y revisado durante las reuniones del grupo intergubernamental que se reúne todas las semanas en la ciudad de México para analizar la seguridad en el Estado. Sin embargo, de acuerdo con funcionarios, no se hizo nada. Palabras como "insurrección" o "guerrillas" no parecen haberles significado nada a los responsables de la seguridad del Estado. Tanto que el Cisen desmanteló su división de movimientos armados, lo que explica por qué durante al menos los primeros 30 días después de la desaparición de los normalistas, pese a la densa actividad guerrillera, el presidente Enrique Peña Nieto nunca recibió un informe que lo alertara de la variable guerrillera en Guerrero.

Desde mediados de noviembre se mencionó en esta columna que el EPR y el ERPI, con sus organizaciones fachada en el frente de masas guerrillero, articuladas por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, las policías comunitarias y una parte del clero radical, impulsaban la consolidación de una nación indígena, para beneficiar a 15% de la población en Guerrero, 34% en Oaxaca y 26% en Chiapas, mediante el sometimiento del resto de la población en esa franja del sur del país, y la claudicación del Estado Mexicano a administrar la cuenca del descontento.

Los municipios donde se concentra la fuerza de la insurrección son Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitán del Progreso, Ayutla, Coyuca de Catalán, Malinaltepec, Metlátonoc, Olinalá y Tecoanapa, donde operan las guerrillas del EPR, el ERPI, Tendencia Democrática Revolucionaria del Ejército del Pueblo, el Comando Justiciero 28 de Junio, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, que confirma las informaciones previas de que los grupos armados se habían unificado bajo el mando de los eperristas.

En este espacio se describió el árbol de la insurgencia en Guerrero, donde un papel central lo tiene la coordinadora de maestros, que dirige Ramos Reyes Guerrero, a quien vinculan las autoridades con el Ejército de Liberación Nacional, una escisión del EPR que secuestró al abogado panista Diego Fernández de Cevallos en 2010. Opera desde Tlapa, en la Región de La Montaña y tiene como lugartenientes, vinculados también con las guerrillas, según el Cisen, a los maestros Pedro Eligio Cabañas en Cualac -hermano de Lucio Cabañas, el dirigente guerrillero histórico-, Taurino Rojas, simpatizante del EPR, en Metlatónoc, y Florencio Andreu Castañeda, en Olinalá. Otros líderes del magisterio disidente, como Minervino Morán, ex vocero magisterial, son simpatizantes del ERPI.

Morán pertenece al Frente Popular Revolucionario, organización paraguas y fachada de la guerrilla, que encabeza Omar Garibay Guerra, que participa en el Movimiento Popular Guerrerense, del que es líder Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, un frente del EPR, donde participa Bertoldo Martínez Cruz, dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero y el Comité Contra la Tortura y la Impunidad, al que vincula el Cisen con el ERPI.

En el MPG, cuya función central es articular los vínculos a nivel nacional, está el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que dirige Abel Barrera, y cuyo asesor jurídico, abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, es Vidulfo Rosales, quien ha participado en actos de organizaciones fachada del ERPI. También se encuentra la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, donde cuando menos 3 de sus dirigentes son jefes del ERPI, Ernesto Gallardo, "comandante Neto", Gonzalo Torres, "comandante Gonzalo", y Crisóforo García, "comandante Guerrero", y la Red Guerrerense de Derechos Humanos, que encabeza Manuel Olivares, defensor y adoctrinador en la normal de Ayotzinapa, señalado por las autoridades como simpatizante del ERPI.

El EPR niega todas las vinculaciones con organizaciones sociales, y afirma que quienes las realizan trabajan como “mercenarios” de los órganos de seguridad del Estado. La realidad es que el proyecto de liberación de La Línea de la Esperanza ha ido avanzando sin que el gobierno federal muestre capacidad para frenar lo que sería, de concretarse, la partición del sur mexicano.

Entre el pasmo económico, el crimen organizado, las desapariciones forzadas y la falta de acciones eficaces de esta administración sexenal, México se asemeja cada vez más a un país de fantasmas. Espíritus, de carne y hueso flagelados, que la clase política parece no ver, mucho menos tomar en cuenta, y actúa como si quisieran beberse hasta las heces de lo que queda del país.

Porque de aquel cuerno de la abundancia poco resta, y sobre eso siguen echando su gato a retozar, a la antigua usanza sin habilidad y sin oficio político, peso muerto que impide al país sacudirse la urdimbre de corrupción e impunidad que lo tiene apresado.

Narcopolítica, aumento de secuestros y de delitos patrimoniales, disminución y muchas veces la exculpación de penas, otorgando la libertad a delincuentes, por parte de impartidores de justicia, cómplices acciones de los partidos políticos, manipulación electoral, devoluciones de impuestos a grandes empresas sin el sustento legal suficiente, al final congraciándose con dichos consorcios y aumentando el peso tributario sobre lo que queda de las clases medias.

Por si fuera poco, la propuesta de la OCDE para que la Cámara de Diputados los contrate para "enseñarlos" a hacer leyes, contrato por varios millones de dólares que pagaría México, a pesar de las vacas flacas, al organismo presidido por José Ángel Gurría, de triste memoria en el país.

Y al final de este oscuro túnel, procurado por la ineficiencia y la falta de respeto de la clase política al ciudadano y a la nación, la escenografía fue echada por tierra con la evaluación de la Organización de Naciones Unidas, que afirma sin ambages: en México "hay un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas". Es decir, las desapariciones y secuestros no son, como argumentan las autoridades mexicanas, casos aislados, pues además de la frecuencia de estos actos, en muchos de ellos han intervenido las propias fuerzas del Estado.

Por ello, Rainer Huhle, miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, expuso la profundidad del problema: "En México, ante el fenómeno de las desapariciones forzadas, existe un temor generalizado de la sociedad, lo que la convierte también en víctima".

La respuesta oficial del gobierno mexicano no se hizo esperar argumentando falta de acuciosidad del documento, lo que quizá fue mejor, pues de haber sido una evaluación exhaustiva el resultado hubiera revelado aún más agravios.

Es una realidad que México vive una situación grave, que esto ya es conocido y reconocido a nivel mundial, sobre todo por el tema de las desapariciones forzadas, y más que pretender rasgarnos las vestiduras y hacer berrinches por lo dicho por González Iñárritu y el Papa, es momento de reconocer el desgobierno imperante y empezar a cambiar las cosas para evitar que este gran país, que se merece lo mejor en todos sentidos, se siga hundiendo por la ambición e incompetencia de gobierno tras gobierno.

No sé si la amenaza del neoliberalismo espante más a los venezolanos que las realidades del chavismo/madurismo. Creo que no, por la sencilla razón de que tienen el desastre enfrente. Todo el daño que pudiera hacerles el neoliberalismo en el futuro se los hace día con día el chavismo/madurismo.

De chavismo ha cojeado una parte de la izquierda mexicana: López Obrador, Dolores Padierna, La Jornada. Sería bueno saber si mantienen su entusiasmo.

Un asunto triste de la política y de la vida es que nunca hay alternativas perfectas, se suele escoger entre males, por la ley del mal menor.

Si neoliberalismo es lo que ha vivido México durante los últimos años y el chavismo ha sido durante esos mismos años la oferta alternativa de Venezuela, vale preguntar: para el futuro, ¿chavismo o neoliberalismo?

A las autoridades no les gusta que en el extranjero se diga la realidad de lo que sucede dentro del país. Porque ha sido su hábito vestirse de mentiras para el lucimiento internacional, aunque al país lo tengan de "panzaso" en varios rubros de las evaluaciones de la OCDE. Porque hoy a México lo han puesto a la par que Haití, con todo respeto a ese pequeño y sufrido país.

A los políticos mexicanos se les increpa con reclamos y la población no es bien recibida, porque luego de haber echado a perder al país, a los mexicanos en el extranjero se les revisa doble y se les trata con suspicacia, algo impensable cuando la doctrina Estrada fue el mejor acierto de la diplomacia mexicana y rindió impecables frutos a esos mismos países que hoy miran con pena la "cataflixia" que los políticos mexicanos han hecho de este país.

En México no hay credibilidad ni en los funcionarios, ni en los administradores del sexenio, lo reconoció el más alto líder del PRI. Y la credibilidad económica, que era la única que quedaba, está en riesgos parecidos a los de los años 70. Es por ello que 20 poderosas empresas y centros de análisis, en desplegado, criticaron duramente el ejercicio de Peña Nieto.

La democracia mexicana no está siendo cuidada, por el contrario, ha sido agredida en todos los flancos, especialmente el de seguridad, procesos electorales y ahora economía, lo que deja a la población mexicana no sólo vulnerable, sino lastimada por quienes debieran cuidarla: las autoridades de este sexenio.

Las formas de trabajo y convivencia han cambiado profundamente en los últimos años, los principios meritocráticos del individuo productivo están fortaleciéndose con la competencia, la productividad y la visión global. Ello en detrimento de una visión exclusivamente enfocada al asistencialismo y la supuesta solidaridad social.

La responsabilidad individual y la sujeción al derecho están imponiendo un rigor cada vez mayor a una sociedad acostumbrada a encontrar siempre atajos tramposos y eso ha abierto un debate social en el fondo muy positivo. Queremos jugar en el mundo pero echamos de menos la laxitud cómoda de antaño.

Existe una percepción generalizada, casi consensuada, de que los mexicanos no nos merecemos el gobierno que tenemos. Que aquellos que detentan el poder, gobiernan escuchando a sus propios intereses, mientras el pueblo mexicano, trabajador y honesto, debe vivir aguantando a sus corruptas autoridades. El gobierno es el principio y el origen de todos los males, y nadie en su sano juicio pensaría que algún pueblo se merece tanta corrupción y abuso. Sin embargo, más allá de generalizaciones e ideas compartidas, ¿Cómo podemos saber qué gobierno nos merecemos? ¿Son los gobiernos reflejos de su pueblo?

La democracia tiene muchas definiciones, pero es innegable que es un sistema de elección que busca reflejar la pluralidad de la sociedad en las instituciones de gobierno. Es decir, la democracia es precisamente la forma de remediar este conflicto: todo pueblo tiene el gobierno que se merece porque vota por él. Punto final. Eso dice la teoría. A pesar de ello, sabemos que la democracia electoral pocas veces logra ese propósito. Ya sea por desinformación o por falta de participación, pero muchos ciudadanos no sienten que en la configuración final de un congreso su voz se encuentra debidamente representada. Por lo tanto, considero que es difícil sostener que tenemos el gobierno que nos merecemos por el simple hecho de votar por él. Y en el caso mexicano es aún más complicado sostener esta afirmación debido a nuestro cerrado sistema político y a la tendencia de los partidos políticos a ensimismarse.

Sin embargo, el hecho de que el voto o la abstención no sean elementos definitivos para concluir que tenemos el gobierno que nos merecemos, no significa que no hayamos hecho "méritos" para tener el gobierno que tenemos. Si bien es imposible generalizar, lo que sí podemos afirmar es que como sociedad hemos dejado de hacer ciertas cosas que han permitido que los gobiernos corruptos e ineficientes se configuren con cierta comodidad.

Decía el politólogo Juan Linz que los regímenes autoritarios se alimentaban de una "cultura de baja participación ciudadana y un pueblo poco movilizado". El abandono ciudadano de lo público, es oxígeno para sistemas de opresión política. México es un espejo del razonamiento de Linz. Nos acostumbramos durante 7 décadas a que las manifestaciones públicas las encabezaran los líderes charros del sindicalismo oficial o las corporaciones vinculadas al partidazo. Y aunque esa tendencia se modificó a partir de la alternancia, e incluso en los últimos años del PRI en el gobierno, es indudable que los datos retratan a un México desmovilizado, poco asociativo y con bajísimo capital social.

Según el Informe País sobre Calidad de la Ciudadanía en México, presentado por el Instituto Nacional Electoral en 2014, solamente 6% de los mexicanos ha participado en una manifestación política; solamente 12% ha acudido alguna vez a defender sus derechos municipales al cabildo (en Estados Unidos la cifra supera el 25%) y, lo dramático es que sólo las clases medias y altas participan en estos actos públicos. Y es que de acuerdo al mismo estudio, 7 de cada 10 mexicanos que han participado en una manifestación pertenecen al 30% más rico del país. En contraposición, el 30% más pobre del país sólo aporta el 5% de los manifestantes totales en los últimos años en México.

Igual sucede en materia de asociacionismo. Mientras en México 5% participa en una asociación cultural o en una de profesionistas, en Brasil alcanza hasta al 10% de la población. En números totales, 45.76% de los mexicanos son los únicos que han pisado una asociación civil.

¿Es posible tener el "gobierno que merecemos" sin una ciudadanía que presione y lo exija? ¿Cómo es posible que tengamos el "gobierno que merecemos" si la participación política para la amplia mayoría se reduce al voto cada 3 años? ¿No es una locura pensar que un gobierno rendirá cuentas ante una ciudadanía desmovilizada, poco asociada y carente de crítica? Así, no es un secreto que los buenos gobiernos en otros países no nacen por "generación espontánea", sino que son el fruto de años de presión ciudadana por derechos, libertades y rendición de cuentas. En este reglón, los datos demuestran que sí tenemos el gobierno que merecemos o, por lo menos, somos cómplices de la opacidad y la corrupción de las autoridades.

El "Código de Honor" de Kwame Anthony Appiah ha puesto de nuevo en el debate público el papel de las revoluciones morales como arma contra los malos gobiernos. Uno de los puntos clave que plantea el autor para explicar las revoluciones morales es precisamente cómo ciertos valores arraigados en una sociedad comienzan a perder vigencia hasta ocasionar el rechazo social. Pasó con la esclavitud o con la corrupción en muchos países. En el caso de México, esa revolución moral de combate a la corrupción no la encontramos por ningún lado. El político corrupto es más elogiado por su ingenio, su pragmatismo y su realismo, que criticado por su bajeza, inmoralidad o traición a sus electores. Rara vez veremos una condena social al corrupto, en cambio vemos como muchos hombres públicos que se han enriquecido con lo que es de todos entran en caros restaurantes con la cabeza en alto, saludan a los comensales con especial fraternidad y hasta son lo suficientemente cínicos como para aconsejar a los más jóvenes en sus trayectorias políticas. Hay un reconocimiento y un prestigio social sin importar si esa trayectoria se forjó de forma corrupta o si, por el contrario, es fruto de la ética y la honestidad.

Los valores nocivos para una sociedad tienen fecha de caducidad. El gobierno no es capaz de imponer por decreto valores que la sociedad ya no comparte. Hasta los gobiernos más autoritarios y opresivos necesitan de cierta legitimidad de principios. Por ello, el oxígeno de los malos gobiernos es la permeabilidad de sus valores en el tejido social. Su aceptación y defensa por parte de la sociedad. Un funcionario de movilidad se puede sentir tranquilo al permitir que los agentes de tránsito extorsionen al primer ciudadano que ven, siempre y cuando sepa que lo mismo hace un ciudadano con los trabajadores de su empresa que laboran sin seguridad social, o el director de una preparatoria con los estudiantes al obligarlos a comprar libros a sobreprecios. Y es que en México la condena a la corrupción pocas veces pasa por un razonamiento moral, sino que es simplemente la condena a la suerte del otro. Para que el gobierno cambie sus actitudes y se acerque a lo que creemos que debe ser, primero la ciudadanía debe rechazar tajantemente la corrupción. No entenderla, y hasta justificarla en ciertos contextos, sino señalar al corrupto, repudiarle socialmente y castigarlo a través del voto. Si seguimos siendo permisivos ante la corrupción, no me queda duda que merecemos el gobierno que tenemos.

La democracia sirve a base de contrapesos. No en vano dijo alguna vez James Madison, padre de la democracia en Estados Unidos, que "la ambición del hombre sólo se contiene con la ambición de otro hombre". En el caso de los gobiernos, la ambición sólo se contiene con la ambición de la oposición y de los contrapesos: sociedad civil, medios de comunicación, empresarios, sindicatos y hasta la iglesia. Sin embargo, estos contrapesos que podrían contener a un gobierno abusivo y corrupto, en la realidad se desvían de su labor democrática. Los empresarios están más preocupados por ver cómo se acomodan cerca del gobierno que en criticar la política económica y sugerir alternativas; los medios de comunicación prefieren la publicidad oficial que la crítica constructiva y fundada; los sindicatos son presa de líderes charros que negocian prebendas personales y se olvidan de las demandas de los trabajadores; y hasta la iglesia prefiere pactar con los gobiernos en turno para proteger sus intereses que ejercer una crítica, desde la laicidad, a los problemas que presentan los gobiernos.

Esto no quiere decir que no existan organizaciones, empresarios, sacerdotes, sindicalistas y periodistas que día a día entienden su rol en una sociedad democrática que aspira a mejores gobiernos, pero siguen siendo franca minoría. Si queremos buenos gobiernos es fundamental que se apueste por entender el papel de la oposición, que no es destructivo ni tampoco denigrante del gobierno, pero sí fiscalizador y supervisor de lo que dejan de hacer. Sin oposición es difícil construir el gobierno que decimos que merecemos.

No comparto la famosa idea de Joseph de Maistre: "Todo pueblo tiene el gobierno que se merece". Como buen conservador, la frase nace de su poca fe en la capacidad de la ciudadanía para construir un régimen democrático. Él creía en el paternalismo a ultranza como la única forma de llevar a las "masas" hacia la civilización y el orden. Asimismo, considero que hay muchos mexicanos que merecen un gobierno mejor, y que lo demuestran con su vocación cívica, su crítica fundada y constructiva a los gobiernos, su participación ciudadana y su respeto firme al Estado de Derecho y a las leyes de todos. No es posible saber si realmente merecemos el gobierno que tenemos, pero lo que sí podemos afirmar es que si construimos una ciudadanía participativa, que condena explícita y categóricamente la corrupción, y que ejerce su papel de contrapeso cívico, seguramente el gobierno mexicano se parecerá mucho más a aquél que decimos merecer.

Michoacán está lejos de componerse. Sin duda las condiciones han mejorado y podrían mejorar más en los próximos meses si todos hacen lo que tienen que hacer, pero da la impresión que de aquí a las elecciones lo que harán es seguir administrándolo desde el centro, aunque ya no tenga virrey. El gran reto del nuevo gobernador será reconstruir unas instituciones que están literalmente en zancos, sino es que ya derruidas.

El verdadero problema para las autoridades ahora está en Guerrero. El secuestro y asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa en Iguala, ha logrado poner de manifiesto el grado de podredumbre que existe en el estado, donde también una parte considerable de la clase política está profundamente penetrada por el narcotráfico. Pero con componentes adicionales mucho más delicados: hoy no sabemos hasta donde los movimientos que se suceden en el estado son consecuencia del irracional radicalismo sindical de la CETEG y sus satélites, de los grupos armados que proliferan en la entidad o de bandas del crimen organizado, con límites muy difusos en muchas regiones del estado entre los 3 fenómenos.

El gobierno de Rogelio Ortega, a pesar de que el gobernador se ufana de que las condiciones han mejorado, no parece comprender la magnitud del desafío y el gobierno federal tampoco termina de involucrarse del todo de un estado donde las autoridades son mayoritariamente del PRD.

El mayor desafío en Guerrero no es la política, es el narcotráfico y la forma en que el mismo influye en la política y en los políticos.

Allí, aparecen grupos de supuestos guerrilleros, líderes sociales, ecologistas que en realidad trabajan para distintos criminales, mientras que los verdaderos guerrilleros, líderes sociales y ecologistas terminan confundidos en ese proceso. El secuestro de los jóvenes de Iguala es la mejor demostración de cómo esos límites se han perdido.

Lo que se gasta el gobierno en publicidad para convencernos que está trabajando para nosotros, bien puede emplearse en una campaña que llegue a todos los mexicanos para convencernos de que la corrupción sólo se acabará si comienza por nosotros mismos. Si escogemos el camino fácil para vencer los obstáculos, para facilitar nuestros negocios y damos propinas, regalos, sobornos, no tenemos cara con qué señalar a los funcionarios corruptos. Debemos cambiar nuestra mentalidad, ver a la corrupción como una lacra a la que no queremos pertenecer; señalar con la denuncia a los corruptos y con el tiempo, quizás dentro de una, 2 o 3 generaciones, nuestros descendientes vean el pasado de México como el país más corrupto del mundo.

Ricardo Salinas Pliego recalcó: "El cambio de cultura y reforzar la educación es el único camino, aclarando que el gran patrimonio que tenemos en nuestro país es la juventud, no el petróleo. El actual sistema educativo es anacrónico, de tal forma que cuando ya salieron de la escuela sólo les enseñaron a obedecer y a memorizar, no lo que se necesita que es promover la imaginación y la innovación".

Yo quiero añadir que ese patrimonio que tenemos en México, la juventud, desgraciadamente está influenciada y en manos de la turba de vándalos convertidos en delincuentes que presumen ser maestros, que están en contra de la Reforma Educativa y se niegan a realizar el examen para probar su capacidad y no conocen siquiera el "futuro de subjuntivo" como "imaginare o innovare", y se la pasan en manifestaciones agresivas y bloqueos, que la ley lo prohíbe, pero ahí entra lo "flexible".

Por otra parte, actualmente todos hemos palpado los obstáculos que existen provocados por la corrupción y la burocracia que enfrentan los empresarios, es urgente un cambio en el enfoque de la cultura y la educación y claro que se puede. Se mencionó el ejemplo de Corea del Sur y de Chile, un gran cambio social y cultural, para el que se necesita realmente un liderazgo político social que tenga una verdadera visión de futuro.

Seamos serios. Ni es la peor etapa de la historia ni "la patria se desmorona", como bellamente dice Fernando del Paso.

Los problemas del país son muchos, pero ni son irresolubles ni son los peores que hemos tenido ni viene la hecatombe ni desaparecerá la tortilla. Desespera escuchar las respuestas que estos artistas [Guillermo del Toro y González Iñárritu] reciben de la clase política y de los funcionarios, que están peor, porque ni tienen imaginación ni parecen trabajar en los espacios públicos. Ahí está Nájera, balbuceando respuestas sobre la necesidad de una crítica "propositiva". De risa. ¡Le dice eso al director detrás de Hellboy!

A los problemas del país hay que ponerles nombre y diseccionarlos, mapearlos y clasificarlos. Atenderlos con herramientas racionales e imaginación, no con el miedo que generan las universalizaciones y esta histeria histórica.

Miren: nunca ha habido mayores expectativas de vida, más gente que sabe leer, más recursos de turismo. Jalisco va lento pero por fin dejó los deshonrosos lugares a la mitad de la tabla en el país. Nunca se había hecho tanto cine. Nunca había habido tanta participación (si bien virtual) en los temas públicos. ¿Sirve lo anterior, siendo todo cierto, para decir que vivimos en el paraíso, que somos Primer Mundo, que ya llegamos al cielo? ¡Claro que no! Nadie lo tomaría en serio.

Varcruz es el 4o. estado más violento del país, el 6o. con más secuestros y encabeza la lista de entidades donde más matan periodistas. Son datos oficiales. Se siguen registrando balaceras, secuestros y cobros de derecho de piso. No pocos afectados han optado por irse a vivir a Puebla, Mérida o de plano Estados Unidos, claro, cuando tienen recursos para mudarse.

Es el 5o. peor en escolaridad y el 4o. con más analfabetas, según el Inegi.

Según la Auditoría Superior de la Federación, Veracruz es uno de los 3 estados con mayor opacidad en el uso del presupuesto.

Extraoficialmente se ha detectado un notable gasto en la renta de aviones particulares mientras hay proveedores a los que no se les ha pagado desde hace varios años y a quienes se les sugiere "arreglarse" con Tesorería y con el hermano del gobernador para "destrabar" sus asuntos (no hay ninguna denuncia concreta ante las instancias de procuración de justicia y las autoridades estatales han negado las imputaciones).

Lo cierto es que las finanzas estatales están en territorio de colapso. Fuentes de 1a. fila me revelan que el presidente Peña Nieto ya fue informado que Veracruz está en situación de quiebra. Tal es el diagnóstico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cuando los reporteros le preguntan sobre esta bancarrota, el gobernador Javier Duarte señala que heredó un gran desorden de la administración anterior, encabezada por su compañero de partido y padrino político Fidel Herrera. Omite decir que entonces él era secretario de Planeación y Finanzas.

Mientras tanto, desde Veracruz, lo que se reporta a las autoridades federales son las gracejadas y fiestas del gobernador Duarte, un carácter iracundo que le hace perder el equilibrio con frecuencia y un abucheo durante los Juegos Centroamericanos que todavía se recuerda.

Uno de los problemas en México es que tenemos que redefinir nuestro federalismo, que hoy en día significa el poder absoluto de los gobernadores, que curiosamente son los únicos que no rinden cuentas y no hay transparencia. Reciben mucho más dinero que incluso hace 20 años. Todo esto abre un espacio a la corrupción mucho mayor. Cuando la figura del presidente era la del "Señor Presidente", fue en el periodo de 1965 a 2000, pero eso no existió antes y no existe hoy día. Yo diría que el estado presidencial es muy débil y nuestro problema es redefinir el federalismo.

Ahora la figura presidencial queda, más que nada, como chivo expiatorio. El poder real es el que no se ve, tanto el del narco como el del dinero y de quienes se reparten el botín [partidos políticos].

En junio, por 1a. vez en mi vida, yo no sé por quien votaré. El PAN está sumido en una crisis tremenda, el PRD se descalificó, MORENA ni quiero saber de él y los otros partidos deberían desaparecer, porque son una vergüenza para la democracia mexicana.

Hoy en día, toda esa parte de arriba nos obliga al pesimismo, pero abajo sigue existiendo el pueblo mexicano, y no me refiero a los malvados de Tepito y de la plebe que vive de los traficantes y narcotraficantes, hablo de esos trabajadores sencillos y honestos: policías, barrenderos, los obreros o los ingenieros. ¿Por qué crees que los Estados Unidos aprecian tanto la mano de obra mexicana? Eso es lo que me da esperanza, así como la gente que se organiza. Con todo y los problemas hay muchos recursos y no me refiero a economía, hablo de la gente.

Creo que hay un desgaste de la democracia que es peligroso, porque la misma gente quiere tirar la democracia al bote de basura porque no ha resuelto sus problemas. El problema de la corrupción no sé cómo lo vamos a resolver, porque es tan antiguo que ya permeó a toda la sociedad. Mientras que en otros países la corrupción se mantiene en una esfera, en México está en todos los niveles. En Italia la mafia mataba jueces, aquí se nos olvida lo corrupto, no se le da seguimiento.

¿Quién tendrá derecho a opinar aquí? ¿Sólo quien esté con lo que se entiende como "izquierda" en este país? ¿Sólo los politólogos? ¿Sólo los que están contra el gobierno? ¿Sólo los que lograron descalificar a quien no opine igual que ellos debido a su profesión, aficiones o hobbies?

¿Y quién no? ¿Los arquitectos? ¿Los taqueros? ¿Los ganadores del Oscar? ¿Los que hablamos acerca de los ganadores del Oscar? ¿Las comadritas? ¿Los políticos? ¡Qué triste y perversamente nos dividimos solos!

Creo que esto nos está pasando a todos desde donde quiera que sean nuestras trincheras de la vida. Mientras que algunos debaten los verdaderos puntos de conflicto en nuestro país (que vaya que los hay) hay una enorme cantidad de personas que actúan como que les entregaron un pase libre para lo que empieza a saber como un enorme "pleito de cantina ideológico". Sin la menor duda, hay mucho que decir. Mucho que hablar. Mucho que arreglar. Mucho que exigir, pero si las personas de buenas intenciones seguimos perdiendo nuestra energía y tiempo dándonos de tuitazos y similares entre nosotros, ¿quién va a quedar para de verdad cambiar las cosas?

A lo largo de mi trayectoria como pobresor y en otros cargos en el poder judicial local y federal, en que he tenido el alto honor de servirle a la República, muchas personas me han preguntado y de manera muy seguida, sobre todo en los últimos años, el por qué existen tantos problemas, guerras, narcotráfico, secuestros, desaparecidos, fosas con miles de muertos, pleitos y demás crímenes de toda índole y una respuesta contundente es que no tenemos respeto, de que no nos respetamos a nosotros mismos ni a los demás, que a partir del respeto personal y hacia los demás, podríamos construir la paz, el orden...

Flota la incógnita sobre si en regiones de Guerrero donde la autoridad es el crimen organizado hay condiciones de seguridad para que el 7 de junio se vote la renovación de la gubernatura, del congreso local y de las alcaldías; además, claro está, de que ese día deben ser elegidos los diputados federales guerrerenses.

Los actores políticos -es decir, partidos, gobiernos, legisladores e incluso órganos electorales-, defienden la realización de las elecciones con el argumento de que lo contrario representaría un grave descalabro democrático.

Concedido que la cancelación de unos comicios constituye una señal de que algo grave habría logrado interponerse en la normalidad democrática donde un pueblo puede elegir a sus representantes. Pero, ¿la no suspensión de los comicios es por sí misma, en sentido contrario, un síntoma de salud institucional?

Dicho en otras palabras, ¿qué van a ganar los guerrerenses con el hecho mismo de que sí haya elecciones? Quienes resulten elegidos, darán a su entidad ¿mayor tranquilidad? ¿progreso? ¿igualdad?

En unos días se cumplirán 10 años del inicio de los gobiernos perredistas (es un decir) en Guerrero. Este mes, la ONU publicó el Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015. Avance continuo, diferencias persistentes. Se trata de un reporte del PNUD que nos ayuda a dimensionar la terrible herencia del PRI en esa entidad y la incapacidad del PRD para, en una década, cambiar ahí las condiciones sociales.

Los menores niveles de desarrollo en México están en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que respectivamente se asemejan a los de Gabón, Egipto y Botsuana.

Guerrero ha tenido elecciones e incluso (no se rían) alternancia.

¿No es tiempo de preguntarnos, elecciones sí, pero como para qué? ¿Para perpetuar el ciclo de gobernantes nuevos en instituciones inoperantes? ¿Sólo para eso? Los únicos que ganarían serían los partidos, que pueden seguir este juego de la simulación.

Cabría recordar que a finales del gobierno de Calderón, hubo algunas voces que plantearon suspender en Michoacán, que ya era un estado fallido, las elecciones. Todos dijeron que no, que como país no nos podíamos permitir el lujo de suspender elecciones. El resto es historia.

Imaginemos por un momento, las repercusiones que tendrá un presupuesto base cero que reduzca plazas laborales, destine una partida importante para liquidaciones de trabajadores estatales, revise las participaciones a los estados y los obligue a éstos a cobrar sus propios impuestos, que revise y acabe con partidas de supuesto apoyo al campo o a ciertas industrias o servicios que en realidad son un gran negocio para líderes campesinos, sociales o selectos empresarios.

Un ejemplo: lo más importante que se ha hecho en la última década en este sentido ha sido la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, una empresa paraestatal ineficiente, redundante con la CFE, que ocasionaba pérdidas de miles de millones de pesos al año, con recursos que se quedaban a veces en manos de sus administradores y siempre en su sindicato. Han pasado casi 6 años desde entonces y el tema sigue un largo proceso político, impuesto por su sindicato inexistente de una empresa disuelta, negociado precisamente en las mismas oficinas del subsecretario de Gobernación Luis Miranda. Imagínese ahora un proceso similar multiplicado por decenas, pueden ser cientos o miles, de grupos afectados en sus intereses.

El tema no es si es justo o no revisar el presupuesto 2016 desde una base cero, lo que sería una medida necesaria ante un instrumento que ha sido ya demasiado manoseado a lo largo de los años. La pregunta es si el gobierno federal puede imponer políticamente medidas de esa envergadura. Si lo puede hacer dentro del propio gobierno federal, en los estados y en el congreso, donde en junio estará en disputa su propia mayoría en la Cámara de Diputados. Porque los intereses afectados trascenderán partidos y fronteras. No vaya a ser que nos encontremos con cientos de pequeños CNTE o SME a lo largo y ancho del país. Porque ese camino, son muchos los que ya aprendieron a recorrerlo.

En Iguala, Arcelia y Cocula, de fama mundial en los últimos meses, la actividad criminal no ha parado. En Cocula, donde la PGR sostiene que incineraron a 43 normalistas de Ayotzinapa, el crimen es rampante a todas horas del día. Arcelia continúa siendo la cabecera criminal del secuestro en el sur del país. En zonas como Coyuca de Catalán, la presencia guerrillera, cuyo objetivo desde hace años es el aniquilamiento de todas las instituciones, se mantiene muy fuerte.

Las encuestas dan cuenta de que Peña Nieto experimenta muy bajos niveles de aprobación (entre 38 y 40% de los encuestados). Eso confirma a los críticos que la mayoría de la población no apoya al presidente porque lo está haciendo mal. Nos decimos que 60% de los mexicanos no puede estar equivocado. De acuerdo, pero tampoco podemos desconocer al otro 40% y simplemente atribuir su opinión a que están siendo manipulados, son unos borregos o han sido comprados.

El problema con estas 2 posiciones es que parecería no haber soluciones intermedias o posibilidad de conciliar las diferencias.

Que los mexicanos se partan en 2 visiones tan viscerales y antagónicas es lamentable. Que el presidente de (en teoría) todos los mexicanos se compre esta visión y se encierre en uno de los 2 bandos podría ser una tragedia. Los que tenemos alguna responsabilidad en la escena pública tendríamos que evitar que este abismo se siga ensanchando.

No creo que lo mejor para el país sea la renuncia de Peña Nieto. Ni es factible ni es conveniente. Entre otras cosas porque el problema no es el hombre sino el sistema. Los poderes de facto simplemente lo sustituirían por otro igualmente funcional a sus intereses, con la desventaja de una inestabilidad que perjudicaría a todos.

Pero reivindico la necesidad de cuestionar una y otra vez los excesos, los vicios y malas prácticas de su gobierno, porque estoy convencido de que sólo mediante la presión de la opinión pública y la intervención ciudadana, las élites de este país se verían obligadas a introducir cambios para disminuir la corrupción, la desigualdad o la injusticia. En efecto, México no es una dictadura militar y hay más apertura que hace 30 años. El sistema tiene muchos rasgos autoritarios pero está lejos de constituir un régimen represivo. Si así fuera no podría publicar lo que escribo en este espacio. Pero eso no quiere decir que debamos aceptar la miseria que se ceba en tantos, la corrupción ofensiva y la impunidad flagrante, las infamias que día a día se cometen en contra de los desprotegidos. El nuestro es un país profundamente desigual e injusto y todos somos responsables, pero nuestras autoridades están obligadas a ofrecer una respuesta.

Tenemos derecho a disentir, y ellos tienen derecho a ser juzgados y evaluados de acuerdo a todos sus actos y no sólo aquellos que confirman nuestras fobias y pesimismos. No en todo acto político o de gobierno hay un designio satánico ni mucho menos; pero tampoco en cada crítica hay un misil destinado a la destrucción. Mientras no lo entendamos continuaremos ahondado la intolerancia y la mutua indignación. No me interesa seguir indefinidamente confirmando las infamias de un sistema por demás imperfecto. Me resulta mucho más interesante revisar que podemos hacer para zanjar tales infamias. Y para ello tendríamos que comenzar dialogar los 2 méxicos en los que nos hemos convertido.

México experimenta un peculiar malestar con su democracia. Comprender las razones de la exasperación mexicana no es sencillo. Salta a la vista la ausencia de novedad. Nada de lo que ha provocado una oleada de indignación es nuevo. Por lo menos en los últimos 6 años el país ha vivido una pesadilla de violencia homicida sin precedentes desde la Revolución.

Muchos se imaginaron que el sexenio que corre pasaría a los anales como uno de los más corruptos. Pocos se imaginaron que el gran escándalo de corrupción del gobierno del presidente Peña Nieto tuviera que ver con actos cometidos antes de asumir la presidencia. El conflicto de interés que evidenció el escándalo de la casa blanca palidece en comparación con los actos de corrupción que los presidentes del PRI cometían a diario en el periodo de oro del autoritarismo mexicano. Hace 30 años nadie hubiera levantado la ceja ante las andanzas del grupo Higa y los gobernantes mexiquenses. Eran -y son aún en una parte del país- los usos y costumbres del poder.

El enojo tiene, a mi parecer, 3 variantes distintas. La 1a. se relaciona con las expectativas que los mexicanos teníamos de la democracia. Durante las décadas que precedieron a la alternancia, la democracia fue una diosa a la que se le rezaba y de la que se esperaban toda clase de bienes terrenales y del más allá. La democracia traería un maná de desarrollo económico, igualdad social y Estado de Derecho. Le pedíamos peras al olmo. En 2o. lugar, como muchos otros países con un pasado autoritario, idealizamos a la democracia. Los mexicanos están insatisfechos con su gobierno democrático no sólo porque no les ha provisto de los bienes sociales que a menudo se esperan, de manera realista o no, de la democracia. También están descontentos por la brecha que perciben entre su concepción idealizada de la democracia y la forma de operar de las instituciones democráticas existentes. La tergiversación tiene su entronización en la Constitución misma, que en el Artículo 3 define a la democracia no solamente como un tipo de régimen político sino como "un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo". Un sistema de vida. Finalmente, ha aparecido una fuente de descontento con la democracia que es muy reciente. Tiene que ver con el descubrimiento de las patologías democráticas en un Estado débil. Para algunos la transición a la democracia parió una "criatura grotesca que hoy parece inaguantable". Se reconoce que el partido hegemónico perdió elecciones, que a la mayoría de los estados llegó la alternancia, que la izquierda gobierna desde hace muchos años la capital del país. Sin embargo, nos dice Jesús Silva-Herzog Márquez, nada de eso "es suficiente para lograr una política que asiente la paz, que permita convivencia y que se controle a sí misma" (Reforma, 8 de diciembre, 2014). Tiene razón. En efecto, "el encendedor de las elecciones no fue suficiente para implantar un régimen que merezca calificativo de democrático. Tal vez ahí estuvo nuestra ingenuidad. Creer que la alfombra electoral puede extenderse en una casa sin piso. Desenrollar el tapete de las elecciones sobre el vacío del Estado, la burla de la ley y el paño roto de la comunidad". Hoy las señas de la política mexicana son: "pluralismo sin ley, competencia sin contrapesos, arbitrariedad descentralizada, poderes sin responsabilidad, plutocracia alternante. ¿Qué nombre describe el régimen que padecemos?" De la misma forma, muchos han descubierto que la competencia por los cargos públicos depende críticamente del dinero. Ningún sistema ha podido, en ningún lugar, eliminar por completo este mal. El financiamiento público de los partidos políticos y las campañas electorales no acaba con la economía política del voto y la movilización. Sólo nos hace creer que esa doble contabilidad, que es la real, no existe. Esto siempre ha sido así, sólo que hasta ahora lo descubrimos. Este no es un defecto de nacimiento de la democracia, es un mal congénito que acompañará al paciente hasta la tumba. De igual forma, vimos con estupefacción cómo del huevo del federalismo salían feos dragones: irresponsables, codiciosos y hambrientos de fondos públicos.

El riesgo del astigmatismo producto de la exasperación es que no veamos lo mucho que hemos logrado. Es cierto que la pluralidad y la competencia no instalaron controles y contrapesos. La dinámica virtuosa no ocurrió. Esas son las asignaturas liberales de nuestra política democrática. Sin embargo, se construyó un entramado institucional que no debe ser menospreciado. La cruda democrática es útil si nos recuerda el costo de nuestros excesos, nuestras desmedidas expectativas, sin embargo es peligrosa cuando disminuye el valor intrínseco del método democrático. El desencanto con la democracia, dejado libre a sus instintos, alimenta retrospectivamente la idea de que las incipientes instituciones democráticas eran, son, defectuosas y perversas. Entonces no era descabellado, después de todo, mandarlas al diablo. Nuestro régimen es, con todas su horribles deformaciones, democrático. Haríamos bien en no repudiarlo porque hoy es el único futuro que tenemos.

"En México se presenta la corrupción en todos los niveles de la sociedad y en la mayoría de los aspectos de la vida política y económica. No nos estamos justificando y mucho menos auto denigrándonos, sino únicamente estamos conscientes de una realidad".

Así escriben Julián Matute Y Ma. Isabel Matute Ruiz en su libro Perfil del Mexicano, EDAMEX 1992, ¿Cómo somos y por qué somos como somos?

Hay escritores que afirman que es un mal endémico de nuestra forma cultural de ser, hay quienes se lo atribuyen a la falta de una educación cívica adecuada, y hay también quien acusa a los gobiernos de ser tan codiciosos, que han hecho del poder una oportunidad de asaltar las arcas del pueblo, sin importarles nada y [sin] sufrir consecuencia alguna.

Los autores citados, definen corrupción como "la acción o efecto de corromper... alterar la forma de alguna cosa, echar a perder, dañar y podrir, entre otras acepciones".

"No todos los mexicanos son corruptos, pero en la vida diaria hasta los más honesto caen en la corrupción, pues las cosas se le facilitan más".

"Quienes actúan en política caen irremisiblemente ante los embrujos que tiene el poder y pocos son los que logran resistirse al deleite que produce tener una situación de predominio. La corrupción no consiste sólo en obtener lucros indebidos sino que proviene también de la oportunidad de conseguir prestaciones y servicios a aprovechar situaciones ventajosas para lograr beneficios personales".

Vista así, si resulta muy viable que nadie nos escapemos a ser artífices de un país que promueve la corrupción.

Con el simple hecho de usar palancas y aprovechar de los parientes y amigos en cualquier estructura del poder para sacar beneficios personales o familiares, ya estamos siendo corruptos.

No se requiere meter mano directa al presupuesto. Basta sacar un permiso al margen de la ley o simplemente no haciendo la cola, como todos, ante las cajas de una recaudadora.

La corrupción no es propia de la cabeza de la pirámide, sino que "presenta una estructura piramidal... que se inicia en los cimientos y va ascendiendo hasta llegar a la cúspide. Siempre se tiene que tomar en cuenta al inmediato superior".

El principal error y el más grave es no respetar el sistema y hacer una complicidad con tajadas de por medio.

Esto es lo que genera a mantener un país corrupto.

Hace 100 años la denigración del pueblo mexicano se atribuía a la pasada dictadura porfirista y se enfocaba fundamentalmente en los aspectos educativo y económico. Un pueblo ignorante y miserable sin otro horizonte deseable que poder comer al menos una vez al día.

Hoy las cosas han cambiado, el analfabetismo ha sido casi erradicado, y aunque aún México tiene un 50% de su población viviendo en pobreza, hay otro porcentaje casi igual que ha superado ese nivel. La denigración actual se ubica más bien en otros ámbitos, concretamente en el proceso sostenido de alcoholización social, debilitamiento moral y anarquía comunitaria, entre otros.

Bajo el principio de que el fin justifica los medios, y el sofisma de que lo importante es dar trabajo, sea de lo que sea, el crecimiento de todo tipo de sitios para la venta y consumo del alcohol se ha desaforado, cebándose principalmente en los alrededores de cuanta institución educativa, pública o privada exista. Los señores tequileros, con el afán de vender su producto, lo han convertido en el 2o. escudo de Jalisco, y lo peor, han trabajado tan consistentemente que acabaron por transformar un gusto en un vicio. Vender alcohol y cerveza a granel y en grandes cantidades parece ser el objetivo supremo de los antros, bares y conexos, donde a las cubetas han seguido los barriles, mesa por mesa, para que los concurrentes se harten y congestionen, pues más que beber, tragan alcohol bajo la complaciente mirada de las autoridades, muy ufanas porque están aumentando la planta laboral.

En no pocas escuelas, ya desde la primaria, la educación sexual se convirtió en promoción de las relaciones sexuales a la edad que sea, y mientras más pronto mejor, bajo la excusa de que ya saben cuidarse, como si un adolescente tuviera la suficiente contención para hacerlo a la hora de las pasiones desatadas. El resultado ha sido la proliferación de embarazos y eventualmente de abortos, que dejan en quienes los viven una inevitable autodenigración.

Pasionales y alcoholizados, lo mismo sobrios que ebrios, dan el siguiente paso, la anarquía de la existencia, donde las reglas mínimas que favorecen la vida en sociedad se quiebran y pulverizan con un costo muy alto para la vida de todos. Y hay que advertir que en este aspecto, no es la delincuencia común la más visible, sino la que cometemos todos los ciudadanos todos los días, y que inicia por la falta de respeto a las leyes de tránsito, a las normas de la buena vecindad, a la honestidad laboral, a la responsabilidad medioambiental.

Silenciosa, permanente, dramática y demoledora, es la nueva revolución iniciada en pleno siglo XXI en México y desencubierta por las cifras oficiales dadas a conocer en diversos momentos -sobre todo policiales y del Inegi-, que establecen que hoy existen más de 66 millones de mexicanos que sufren incapacidad económica para adquirir la canasta básica con el sueldo mínimo autorizado por el "órgano técnico".

Quienes piensan que una revolución al estilo de la protagonizada en 1910 (que diera como resultado histórico más de un millón de muertes -entre los cuales se cuentan niños, jóvenes, adultos, ancianos de familias enteras-), no se volverá a dar en nuestro país, tienen razón. Las condiciones y circunstancias de ahora son diferentes, con tanta gente preparada, capacitada, intelectual y emocionalmente, una revolución de aquellas características es prácticamente imposible.

Las revoluciones del mundo no se han presentado de un día para otro, son producto de procesos fallidos de la sociedad.

En tiempos de reflexión -y de campañas-, vale la pena considerar los antecedentes históricos para no cometer los mismos errores y para que los más de un millón de ricos, ricos que existen en México -según cifras del Inegi- pongan sus barbas a remojar, pues ni con todos los guaruras del mundo y tecnología de seguridad existentes podrán evitar los secuestros, robos, asesinatos, ejecuciones, corrupción y demás males que nos aquejan, porque cuando hay hambre, desempleo y desesperanza, lo que sigue es el quebranto de la salud, la incapacidad para prepararse o desarrollarse, y la delincuencia desesperada.

La opinión que nos hemos formado del gobierno-institución a través del tiempo por sus acciones, sus declaraciones contradictorias, el comportamiento indeseable de algunos funcionarios, los ataques a la propiedad privada y las constantes declaraciones de buscar una sociedad igualitaria, no en base a elevar el nivel cultural de las masas, sino hostilizando al capital, no nos puede dar la esperanza firme de que no volverá a suceder y es por esto que no será fácil restituir la confianza.

¿Qué más prueba queremos de la confianza que nos han dispensado los países que ha visitado el presidente Peña Nieto? ¿Van a invertir en México porque nos tienen confianza? Más bien creo que tienen confianza en sí mismos, en su capacidad negociadora, en su tecnología avanzada, en su habilidad financiera y en su poder económico que les garantiza el éxito en cualquier empresa que emprendan en un país que carece de seguridad interna y no confía en su gobierno.

"En lo que sí podemos confiar es en que las malas personas no cambiarán jamás" (William Faulkner, escritor estadounidense). A la primera oportunidad que tienen traicionan nuestra confianza en su beneficio personal o para su grupo de poder.

Tampoco debemos culpar al gobierno de todas nuestras desgracias, es necesario aceptar la parte de culpa que nos corresponde por nuestra apatía, falta de valentía para pedirle que frene sus ímpetus de crecimiento burocrático, de su poder y su rectoría.

La polarización política está anidada en México. ¿Cuántos años tiene de vivir en nuestras casas? Hay quienes señalan a Andrés Manuel López Obrador como el arquitecto del fenómeno, desde Tabasco, cuando perdió la gubernatura frente a Roberto Madrazo, por lo penetrante de su discurso teológico -fraseado todo entre el bien y el mal, lo negro y blanco sin grises- que generó discordias estatales que aún no se superan. Lo repitió en 2006, cuando perdió la Presidencia ante Felipe Calderón, y lanzó la diatriba de la mafia que le robó el poder, que dividió incluso a familias, y exacerbó dinámicas de una sociedad dividida, confrontada e intolerante.

Capítulo de esta larga y ominosa historia se enmarca en la ilegalidad del director de la Conagua, David Korenfeld, de usar un helicóptero oficial para fines privados. Con Korenfeld, el antisemitismo es común. Hace unas semanas, cuando la conductora Carmen Aristegui llevó al terreno de la libertad de expresión su diferendo con MVS Radio, sus legiones de seguidores lapidaron a quienes se quedaron trabajando en la empresa. Lo notable, empero, es que se enfocaron en Ezra Shabot, que dirige el noticiero vespertino en la misma estación, cargados de un antisemitismo que no ha estado ausente en ataques a otros connotados mexicanos de origen judío, como el historiador Enrique Krauze y el ex canciller Jorge Castañeda.

Menos conocidos son otros casos, como el de Adela Micha, a quien le llovían amenazas y canalladas en las redes sociales tales como "te vamos a convertir en jabón", como hacían los nazis en el Holocausto.

El debate sobre la libertad de expresión en Estados Unidos tiene dividida a la sociedad. En México no ha habido necesidad de debate alguno, pues de manera racionalmente disfuncional hemos partido a la sociedad sin discutir qué tipo de libertades queremos. La libertad de expresión, dice el profesor de Harvard Harvey Mansfield, hace a uno pensar en el otro, y aun si uno tiene una razón egoísta, debe asumir que la otra persona piensa de la misma manera. Lo contrario, agrega con los ojos puestos en la dinámica de la condición humana, "no es una receta para una sociedad feliz ni estable". En México, de esto, sabemos ya bastante.

Al fracasar el levantamiento del cura Hidalgo que no logró darnos independencia de España, Vicente Guerrero se ocultó donde era tradición que lo hicieran los perseguidos de toda laya, desde homicidas hasta cuatreros: en las ariscas, secas y alacranientas montañas de la región que hoy lleva su nombre, Guerrero.

El Estado de Guerrero sigue hundido en pobreza, violencia de todos contra todos y la cifra más alta de homicidios en México. Ha sido gobernado por caciques desde que somos independientes, algunos de ellos héroes de la Historia, hasta la camada siniestra de los Figueroas. No es una maldición, es la expresión de "usos y costumbres": los conflictos entre vecinos se resuelven a balazos y el gobierno estira la mano para recibir de la federación lo que Guerrero no produce.

La educación ha sido el motor del México contemporáneo: gratuita, laica y basada en los resultados del progreso científico, exige el Artículo 3º de la Constitución. Letra muerta en Guerrero y Oaxaca, en manos de una pandilla de sanguijuelas que chupa el presupuesto federal: la CNTE y la Ceteg.

Hoy Guerrero tiene escuelas sin excusados, sin agua, sin electricidad, con piso de tierra. Receta fácil: la Federación debe invertir más. Veamos números:

El presupuesto para 2015 es de 4"695,000 millones. Distribución eliminando miles de millones: SEP: 305, Defensa Nacional: 71, PGR: 17, Cámara de Diputados 7, Senado: 4. Partidos políticos más de 5,000 millones. Un presupuesto alto, dice el presidente consejero, Lorenzo Córdova, "para que no busquen (dinero) donde no deben"... entran risas grabadas. Los partidos gastan 20 veces más.

El presupuesto de Educación Pública es más de 4 veces el de la Defensa. Dinero para escuelas dignas y maestros capacitados lo hay. Pero los líderes sindicales del magisterio comenzaron por negarse a responder el censo con el que la SEP esperaba saber, al menos, cuántos maestros dan clase, cuántos tienen licencia sindical y cuántos son aviadores. Guerrero seguirá en la miseria el próximo siglo.

Los acontecimientos de los últimos días podrían anticipar una campaña que coloca el acento en la seguridad. Sin embargo, la economía y el empleo siguen estando en la mente de la ciudadanía como un tema ineludible. En un entorno de debilidad económica, con constantes ajustes a la baja del crecimiento (2.95% y apenas estamos en abril) y una débil producción de empleos, parece que a nivel nacional la economía será por mucho el tema a debatir.

La corrupción emerge como otro tema fundamental en la campaña. Varía de estado a estado, pero la corrupción es uno de los problemas mayores del país para 7 u 8 de cada 10 mexicanos. Con los escándalos que hemos visto a nivel nacional, la opinión pública ha volteado de nuevo al tema de la corrupción como uno de los ejes fundamentales del debate político.

El presupuesto de base cero resultará difícil, si no imposible, de aplicar en el gobierno mexicano. Esta semana la investigadora Sunny Villa del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria señalaba que por los pagos obligatorios considerados por la ley sólo permiten modificar un 5.29% del gasto público. Otro 21.71% podría cambiarse, pero sólo si se enmienda la ley. El resto, un 73%, es inamovible.

Recordemos que los burócratas de base no son como el resto de los mexicanos que podemos perder nuestro empleo; ellos tienen garantizado sueldo, prestaciones y pensión sin importar que el gobierno tenga dinero o no y aunque no hagan nada o nada lo hagan bien.

Si juzgáramos el gasto gubernamental por sus resultados, habría buenas razones para recortar muchos programas que hoy son vacas sagradas. Por ejemplo, el gasto para combatir la pobreza, como he señalado antes, aumentó de 15,888 millones de pesos en 1994 a 310,302 millones de pesos en 2012 (cifras ajustadas por inflación). A pesar de este aumento de 20 veces la pobreza medida por el Coneval apenas bajó de 52.4% de la población en 1994 a 52.3% en 2012. Quizá este enorme crecimiento del gasto ha servido para crear burocracia o para enriquecer a algunos políticos, pero no para reducir la pobreza que era su razón de ser.

Esta situación se presenta por doquier en el presupuesto del gobierno. Ha subido el gasto en salud, especialmente por el Seguro Popular, pero no la salud de los mexicanos; ha subido el gasto en seguridad, pero no la seguridad; ha subido la inversión en petróleo, pero no la producción.

En un presupuesto de base cero evaluado por resultados, cada programa debería reconsiderarse para mantener sólo los que realmente tuvieran resultados positivos para la sociedad. Hoy los políticos se paran el cuello al decir que han aumentado el presupuesto de un programa u otro, pero rara vez se preocupan por ofrecer resultados.

La tentación de continuar aumentando el gasto para congraciarse con algún grupo u otro de la sociedad, no ha desaparecido.

De hecho, parecería que no hemos aprendido las lecciones de la vieja manera de presupuestar. En lugar de plantear metas concretas, como investigaciones en campos definidos, se anuncia simplemente una meta cuantitativa de 1% del PIB. El gobierno no ha dejado atrás, como vemos, los vicios que lo han llevado a gastar fortunas sin ningún resultado positivo.

Es cierto que en este tema de países no existe el descenso como tal, pero sí existe el estar día a día peor, descender en los estándares de vida y convivencia, y los ciudadanos siendo meros testigos de cómo cada día se hacen peor las cosas, se debilitan las de suyo débiles instituciones del Estado, y se acumulan puntos negativos en las grandes asignaturas nacionales de: población en condiciones de pobreza (la mitad), inseguridad, impunidad, injusticia, corrupción, marginación educativa y severos problemas económicos, viendo también cómo los responsables de dirigir al país hoy aparentemente ya no saben hacia dónde moverse.

Llegó el tiempo de campañas políticas, de la "renovación", e ingenuamente, al igual que al inicio de un partido de futbol de un equipo que no juega a nada, las observamos con la ilusión de que mejoren las cosas, de que aparezcan las fórmulas que ayuden a cambiar los resultados, que surjan las estrellas que puedan salvar al equipo... pero nada. Son los mismos, haciendo lo mismo, y buscando únicamente quedar en las posiciones de poder a costa sólo de demostrar que el rival es más cochino e incapaz.

En el futbol los malos resultados llevan al descenso; en el país llevan a una situación de aún mayor desesperanza, con un crecimiento cada vez más amenazante de la delincuencia organizada, expansión de los territorios que gobiernan los malandros, y contando con la disimulada o abierta complicidad de las autoridades vía la corrupción, esa tentadora maldición que se está convirtiendo en la razón de ser y sangre vital del sistema político mexicano.

Como país es cosa de esperar a que de la banca salga esa estrella que con un par de goles cambie el rumbo del partido. Aunque buscando entre quienes aspiran a entrar a la cancha... no se ve por dónde.

No es fácil que un país cambie cuando sus élites están tan poco interesadas en el cambio. Y quizá esa sea la gran tragedia que vive México. Los problemas estructurales que padece exigen ya soluciones radicales.

Hoy como nunca se exige a los mexicanos que cumplan con mayores contribuciones al fisco. Y la situación económica no está generando ningún optimismo sobre el futuro. Así, la jefa o jefe de hogar llega a su casa, cansado de trabajar todo el día para llevar lo necesario a su familia y enciende la televisión sólo para encontrarse con amigables recordatorios del SAT sobre el pago de impuestos, seguidos de interminables anuncios de partidos políticos acusándose mutuamente. Toda una receta para el descontento.

Creo que la tentación populista mexicana crecerá en los próximos años. México ha dibujado lo que parece el mapa de una nueva modernización de amplios alcances, cuyos beneficios tardarán en llegar.

Los reformadores han afectado grandes intereses sin que haya todavía grandes beneficiados con esas afectaciones.

La modernización mexicana tiene un problema serio de tiempos.

La pregunta es si la ejecución de estas grandes reformas se verá marcada, deslegitimada, por la corrupción y el capitalismo de los amigos o será una verdadera llamada a la transparencia, la competencia y la productividad.

La pregunta clave es si la nueva modernización no servirá solo para crear nuevos empresarios e inversionistas, sino también una oferta masiva de empleos bien pagados.

La cantidad y calidad de los empleos dirá si esta nueva modernización es suficientemente incluyente o solo otra de las modernizaciones inconclusas, vieja especialidad mexicana y latinoamericana, de donde han salido históricamente los Perón y los Velasco, últimamente los Chávez, los Morales, los Kirchner y los López Obrador.

Este fin de semana se confirmó en Guerrero lo que se sabe desde hace mucho tiempo: no hay gobierno, hay un vacío de poder institucional que llenan grupos criminales y grupos armados, organizaciones radicales que están unidas a unos u otros, caciques que siguen ocupando espacios, aunque hayan cometido todo tipo de crímenes, y partidos políticos que suelen ser franquicias de cualquiera de esos otros actores. Todo eso convive con una terrible debilidad institucional. No es Guerrero un estado pobre: lo han empobrecido quienes lo han gobernado, lo han saqueado, más allá de partidos e ideologías: desde los peores caciques hasta los más radicales grupos de izquierda, todos, en uno u otro momento, han abusado de la entidad y de su gente.

Apenas el viernes, luego de largas negociaciones, porque quería regresar al cargo, Ángel Heladio Aguirre, un hombre que tendría que estar bajo investigación por los hechos de Iguala, aceptó presentar su licencia definitiva a la gubernatura. Sigue teniendo enormes espacios de poder en el gobierno estatal y no se resignaba a dejar el poder: el que las autoridades no lo hayan sujetado a un proceso quizás le hizo pensar que podría regresar.

Obviamente no fue así. Pero el congreso local no tiene un sustituto. El gobernador interino, Rogelio Ortega, que hoy lunes pudiera ser ratificado en el cargo, ha hecho una gestión penosa: no tiene control del estado y no quiere tenerlo. Jamás ha asumido ante la CETEG y sus aliados una actitud de mínima autoridad y los saqueos, bloqueos, actos de vandalismo, hasta muertes, se han sucedido una y otra vez, mientras un buen número de municipios (no se sabe exactamente cuántos) están bajo control de grupos armados que, como los que encañonaron al candidato de MC, Luis Walton, en el fin de semana, ni siquiera se tiene conciencia de quiénes son. Pudieran ser desde un grupo guerrillero hasta un retén de narcos, desde un grupo de autodefensas hasta sicarios de algún cacique local. En ocasiones, insistimos, son los mismos con distintas cachuchas.

El 16 de enero de 2014 la Secretaría de Gobernación nombró un comisionado para el Estado de Michoacán. La razón era evidente: el gobierno de esa entidad estaba en franca descomposición. En el congreso federal hubo diputados que exigían la desaparición de poderes, mientras los periodistas exigían que los poderes finalmente aparecieran. La crisis michoacana era profunda, amplia, bien arraigada y devastadora, pero sobre todo, la gente, la población civil, había comenzado a levantarse en armas bajo el ejemplo de Cherán, y lo estaba haciendo con éxito, mostrando su capacidad para hacer lo mismo que hacía la delincuencia, sustituir al gobierno.

Ninguno de los estados de la república, con crisis de seguridad, llegó a ese extremo de la noche a la mañana, vivimos las consecuencias de muchos años de complicidad e incapacidad, y desde luego, el efecto de la innovación que ha transformado sustancialmente la empresa delincuencial. Esta innovación se observa en las estructuras de organización, en el estilo y forma de los liderazgos, en el modo de ejercer el dominio territorial, en las redes nacionales e internacionales, en la derrama económica que generan, en la estrategia de expansión y consolidación, en la sorprendente movilidad, la sofisticación tecnológica, el nivel de herramientas que manejan, estamos hablando de un posicionamiento de 1er. nivel.

En contraste tenemos a las fuerzas de seguridad, atravesadas y debilitadas por la lepra de la política mexicana, por los acuerdos colaterales, las preocupaciones electoreras, los tiempos de campaña, los protegidos y los recomendados. Fuerzas que parecen más bien debilidades por su poca preparación, retraso tecnológico, burocratismo incurable, bajos salarios, carencia de ética, colusión permanente con los delincuentes en más de un caso, precario sistema de inteligencia, y constante desmoralización por la corrupción de los jueces que sueltan a los delincuentes que tanto trabajo les da atrapar. Para vitaminarlos sacan al ejército a las calles, mostrando así el alto grado de impotencia que padecen las instituciones civiles.

Cuando se nombró al comisionado de Michoacán, muchos agoreros del fin del mundo pronosticaron la próxima caída del gobernador, otros dijeron que un comisionado era una especie de super gobernador o de mini presidente, una intromisión del poder federal por encima de la soberanía estatal; los de veras mal pensados llegaron a insinuar que el agravamiento de la crisis michoacana tenía causas situadas muy arriba, no otra cosa que un recurso, sin duda, criminal, para meter en cintura a un gobierno rebelde, que quería hacer las cosas a su modo, también en lo que mira a la toma de acuerdos con la propia delincuencia. Tal vez las cosas eran más simples, lo cierto es que la situación de Michoacán ha dejado los escenarios televisivos, sin que eso signifique que se haya resuelto.

Por lo pronto quienes pagan los platos rotos son los ciudadanos, la gente de Tamaulipas, Guerrero, Nuevo León, Zacatecas, y tantos otros estados que como Jalisco tienen años de estar asolados por la delincuencia, mirando absortos las escenografías cinematográficas que montan las autoridades para tomar acuerdos, pero que se esfuman a la hora de aplicarlos.

Desde que a algunos "maestros iluminados" -por allá en los 70s- se les ocurrió "simplificar" el proceso educativo, eliminando materias tediosas y supuestamente inútiles para la formación del joven y adolescente, como la ética, el civismo, la filosofía y sociología, ahora contamos con hijos de aquellos padres que llegan a las escuelas para aprender, sin haberse "educado" en casa.

¿Por qué nos sorprende encontrarlos así, si doña Tele fue quien "los educó"?

Aprendieron que "el que no tranza, no avanza" y "en la vida todo vale"; con padres que prefieren el "orgullo" de tener un hijo "abusón", a uno que sea víctima del llamado bullying.

¡Que se divierta el niño!... ¿Jugando al secuestro?...

Si en un país decenas o miles de personas dejan su lugar de origen por la presencia de grupos armados, abandonan pueblos o pequeñas ciudades invadidas por cobradores de "cuotas de piso" ¿cómo se pueden llamar? Desplazados ¿no? Si en medio de enfrentamientos quedan como daños colaterales la desfragmentación de familias dejando viudas y huérfanos y en el entorno se configuran a diario todas las manifestaciones de violencia existentes: robos, extorsiones, secuestros, asesinatos, lo anterior aderezado con personas desaparecidas, además de hechos que la ley y las autoridades definen como "actos vandálicos", entonces estamos frente a un conflicto armado, según la Organización de las Naciones Unidas y la Cruz Roja.

Por supuesto que cuesta aceptarlo pero es la realidad teórica y práctica que padecemos y justo en medio de todos esos sucesos violentos y omisiones de las autoridades de todos niveles está la ciudadanía. Ya no podemos ignorar que la violencia rebasó la tranquilidad de Jalisco, ocurrió hace un rato y no sólo con las bandas criminales. Si el conflicto hubiera quedado entre ellos como lo quiso acomodar más de alguna autoridad, qué bueno, pero no, la situación es aprovechada por delincuentillos que utilizan la dudosa capacidad mental que tienen para intentar replicar lo que hacen otros "grandes capos". Le explico: luego de la jornada del 1 de mayo se han registrado llamadas telefónicas a negocios y hogares intentando extorsionar con el argumento de que "ya llegaron a la plaza" y deben cobrar ya sea por tener algún negocio o bien, con el cuento de siempre, que tienen algún familiar secuestrado. El miedo está a la orden del día y más de alguno sigue cayendo en estas y otras redes delincuenciales que parecen incontenibles.

Está también la infaltable corrupción que hace posible que la justicia sea inexistente con los miles de muertos que ha dejado esta condición.

Ya no sólo preocupa lo que ocurre, están las devastadoras consecuencias que se reproducen en todos sentidos dejando los efectos en un ambiente hostil en el que crecen nuevas generaciones y vivimos el resto sin que exista el desinfectante adecuado para esta terrible área de putrefacción.

Hoy sabremos hasta qué punto los grupos desestabilizadores como la CNTE son capaces de bloquear el proceso electoral en sus estados, en Guerrero y en Oaxaca, hasta qué punto son capaces de arriesgar lo que se les ha concedido, que trasciende cualquier margen de generosidad política.

Si la semana pasada ha sido de provocaciones y presiones constantes, sobre todo de Morena y sus satélites contra el Gobierno del DF y el PRD, esta semana y a partir de hoy, la Coordinadora querrá hacer su demostración de fuerza, pondrá en marcha su plan para frenar los comicios. Con la suspensión indefinida de la evaluación docente (un error de las autoridades federales, una concesión de un fin último a cambio de una tregua absolutamente coyuntural, que difícilmente se respetara), la agenda magisterial de la CNTE ha quedado superada, la que queda ahora es la real, la política, la de la simple disputa por el poder. Así actuarán hoy y así le deben responder, ahora, las autoridades.

En los estados de Guerrero y Oaxaca (también en Michoacán) las organizaciones más radicales del espectro político amenazan con impedir la realización de los comicios: en los terrenos de la normal de Ayotzinapa se acumulan los autobuses robados, la gasolina y el diesel para echarlos a rodar (y para las bombas molotov) el día de las elecciones y así impedir la instalación de las casillas (sería tan sencillo bloquear las sedes, como Ayotzinapa, donde están los camiones secuestrados e impedir así la consumación así de un delito); en el Distrito Federal, los grupos organizados en torno a Morena, han iniciado desde días atrás una verdadera campaña para estrangular la ciudad y tratar de sacar tajada electoral: ahí participan desde los grupos de taxistas pantera hasta Antorcha Campesina. Y es que un triunfo en toda la línea del PRD en la capital podría ser lapidario para Morena.

Son muchos los que preguntan, los que piden como si fuera consejo para comprar un auto nuevo: ¿por quién hay que votar?

Después de las campañas y las acciones de contraste (guerra sucia, les llaman) que exhibieron candidatos y partidos políticos para destacar las supuestas virtudes propias y desnudar los presuntos defectos de los contendientes, gana fuerza la percepción de que a la mayoría se le confundió antes que aclararle las cosas.

Menuda ironía, sobre todo en un México como el de estos días, que debate lo que ya se denomina suicidio político después de la suspensión de la evaluación a los maestros o lo que es equivalente: la sepultura de la reforma educativa por parte del Estado que intentó ganar legitimidad precisamente con esto.

Y es una ironía o más, una paradoja, porque mientras la gestión de lo público pierde autoridad moral, más dinero se destina a la elección de nuevas autoridades que heredarán un Estado que se erosiona rápidamente.

Las elecciones del año 2015, no debe olvidarse, le cuestan al erario federal más de 18,500 millones de pesos. Y aún personajes como Jorge Alcocer (ex político y hoy especialista en temas electorales) se atrevieron desde el año pasado, a calcular una sumatoria de lo que cuesta el proceso electoral completo, considerando también el costo judicial (tribunales electorales) y los presupuestos de los institutos electorales de los estados. El resultado fue la impresionante cifra de 37,000 millones de pesos.

Y esa montaña de dinero termina en la pregunta, muchas veces urgente, de quienes piden: ¿por quién hay que votar?

Se antoja entonces desmontar varios mitos, como aquel que asegura que el futuro del país se asienta en un resultado electoral; a la ciudadanía se le bombardea con el mensaje constante de la trascendencia del voto como palanca del futuro, cuando en realidad lo que se logra es la perpetuación de un sistema que no cumple, ni de lejos, con las expectativas.

En Jalisco, a unos días de las elecciones intermedias, es cuando menos sorprendente corroborar cómo se tambalea el proyecto político del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz -dañado por la actuación de su padre magistrado y promotor de la ilegalidad, Leonel Sandoval Figueroa-.

¿Hasta cuándo seguirá vigente el juego de la elección como fundamento de la democracia?

La pregunta persiste: ¿por quién hay que votar?

El país está en una profunda crisis social, económica, política y civilizatoria que se expresa en las enormes dificultades para la reproducción de la vida digna que tienen millones de mexicanos.

En México el Estado no es una institución al servicio de la gente, controlada por las leyes, sino una maquinaria político-criminal compuesta de la clase política de todos los partidos, fuerzas de seguridad, poderes fácticos y los cárteles de los negocios capitalistas ilegales.

A pesar de las evidencias de que tenemos un narco-estado criminal, todavía algunos confían en que es posible cambiar este cuadro social mediante las elecciones, con el poder de cruzar una boleta. Son millones de personas inconformes con la situación del país, pero conformes con el sistema político. Creen que el voto todavía puede ser útil para poner freno a lo peor del sistema y eventualmente cambiar las cosas desde dentro con políticas públicas adecuadas. Ese amplio campo tiene dos posturas: los que votarán y los que anularán como forma de protesta.

Entre los primeros parece coincidir el rechazo al PRI y sus prácticas autoritarias, corruptas y represivas, y a los partidos tradicionales (PAN y PRD), pero piensan que pueden encontrar opciones menos malas en Morena, Movimiento Ciudadano y ciertas candidaturas independientes.

De otro lado, hay un abanico de posturas en contra del sistema político: desde quienes llaman al boicot electoral.

En medio de todo este bloque está una mayoría de abstencionistas que sin organización evidente se ha ido conformando a lo largo de las últimas décadas en abierto y manifiesto cuestionamiento al sistema político. Para esta amplia mayoría votar no sirve de nada porque las elecciones no cambian la realidad de los sujetos en su vida cotidiana. La base de esta postura política es el análisis de que todos los partidos son iguales tanto en sus prácticas como en su proyecto, con apenas matices en el poder. Pero también es una experiencia histórica, sedimentada en la memoria, de que incluso los cambios revolucionarios ocurridos en México les han escamoteado sus demandas y derechos.

En México no hay democracia, sino un sistema de dominación con múltiples opresiones, un sistema que domina para explotar, despojar, reprimir y despreciar. Por eso el voto no sólo es una ilusión como cambio de la realidad del país, sino que al final participar en las elecciones, así sea por candidaturas independientes, termina avalando ese sistema. Las campañas y las elecciones son dispositivos que refuerzan el sistema liberal basado en la separación de dirigentes y dirigidos y se convierten en la principal fuente de legitimación del sistema político.

En México llevamos muchos meses de rabia, de coraje. El país que tenemos no es el que queremos. Nos hemos dado permiso de soñar y nos gustó ese imaginario. Pero lo que estamos viendo no es lo que soñamos.

Hemos atestiguado campañas en donde personajes de todos los partidos han quedado exhibidos en sus excesos, sus corruptelas, sus incapacidades, sus vínculos inconfesables.

Ante media docena de camionetas con 30 narcos, 28 armas de alto poder que ni el Ejército mexicano tiene, y misiles tierra-aire para derribar helicópteros militares, ¿cuánta fuerza es "excesiva fuerza"? Una bomba atómica. Todo lo demás es necesario y, hemos visto, insuficiente.

Niños bien y clasemedieros, metidos a anarcos, pueden quemar con gasolina a trabajadores de la policía mal pagados; es un intento de homicidio ante el que deberían disparar: todos estamos autorizados a cuidar nuestras vidas. Pero sus mandos no les permiten ni defenderse. Al Ejército exigimos que primero grite un enérgico "¡Alto allí! ¿Quién vive? ¡Arrojen sus armas si las traen y si no pos no!".

Cuidamos los derechos del (presunto) delincuente que ya aprieta el gatillo de esa arma infernal que dispara 700 balas por minuto. El capitán a cargo apenas ha dicho "Alto a...", y no concluye porque ya está muerto en el cumplimiento de su deber... y de los moños preocupados por lacras que no se la piensan para derribar un helicóptero lleno de soldados de élite ni para emboscar y matar a 15 policías federales, también de élite.

El Ejército no puede actuar como los delincuentes que persigue, de acuerdo. Pero, ¿no hay complacencia en destacar los posibles excesos? ¿En revisar estadísticas entre muertos y heridos en Tanhuato, cuya curva de Bell no es regular?

¿Hay muertos con tiro de gracia? No. ¿Hay delincuentes rendidos y luego rematados? Quizá, pero no sabemos si, luego de rendirse, uno de ellos hizo un movimiento sospechoso: yo, soldado, ¿le pregunto si nomás se va a rascar los güevos o a sacar la granada que acabará con mi batallón? No le pregunto: disparo. Y luego reviso el cadáver: Uta, era una manzana mordida lo que iba a sacar... ¿Qué opino yo, un no soldado? Que el soldado hizo bien su trabajo y disparó antes de comprobar qué sacaría el presunto...

¿Saben qué? No mamen. ¿No podríamos cerrar las bocotas? Soldados y policías se están jugando, y perdiendo, la vida y les exigimos lo que no haríamos en su lugar.

¿Y el asesinato de Gonzalo Rivas, quemado vivo por los normalistas que incendiaron a propósito la gasolinera donde trabajaba?

Ley seca que se impone para cuidar unas de las más álgidas votaciones del país. Comentario fuerte que habla de la pobreza electoral en un país donde las cosas no van bien, no repunta, los objetivos planteados parecen inalcanzables y las acciones del ejecutivo dejan ver que de lo que se trata es de terminar, con los menos golpes posibles, este sexenio.

La corrupción sigue incontenible y, lo más grave, la impunidad crece con débiles y malos disfraces como una dura afrenta a la ciudadanía, casas, presas, uso de aviones con recursos del erario, comisiones dadas y recibidas, costos de obras abultadas. En muchos puntos del país, crece la violencia y la inseguridad con el avance del narco, además de que la economía nacional está estancada a pesar de los muchos anuncios oficiales de lo contrario.

Y en materia electoral la guerra sucia, la compra de votos y el pago a representantes de casilla, flacos candidatos en su mayoría sin propuestas, partidos coludidos. Para colmo las acciones de violencia que ponen en vilo las elecciones en tres estados: Oaxaca, Michoacán y, especialmente, Guerrero.

El Instituto Nacional Electoral ha tratado de hacer su trabajo, pero reconoce que en Oaxaca hay un retraso del 40% y que las condiciones en los otros 2 estados mencionados es precaria. Al final, el INE señala que la ley es clara: los consejos distritales tienen facultades para abrir o no las casillas, de acuerdo a las garantías de seguridad existentes. Casillas que de no abrirse darían paso a la repetición del ejercicio hasta lograr la elección de todos los diputados locales.

Al término de la administración de Miguel de la Madrid, estados y municipios ejercían 5% del total de gasto federalizado en el país. Al término de 2014, esa participación es de 34%. En estos mismos años, el crecimiento anual de dicho gasto en términos reales ha sido de 7%. Doble efecto: más participación de mayores recursos. Como diputado federal, Felipe Calderón fue pieza clave al condicionar la aprobación del presupuesto para 1998 a la transferencia de mayores recursos a los municipios. "Hay que promover el federalismo" era la consigna, y a partir de ahí la bonanza para estados y municipios comenzó a tomar forma.

Luego vino el 1er. presidente en más de 30 años que había sido gobernador. Y la fiesta continuó, pues además los gobernadores del PRI se liberaban del control previo de la casa presidencial. Luego vinieron los mayores precios del petróleo en la historia. Y en ausencia de auditoría, de supervisión, de mecanismos efectivos de control a escala subfederal, aquello ha devenido en pachanga.

Entre varios otros factores, la susceptibilidad hacia actos de corrupción crece donde hay mayor disponibilidad y acceso a recursos públicos. O donde las reglas se han escrito de manera tal que no hay manera de hacer nada. Desde 2011, por ejemplo, el congreso aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que se traduce en la armonización contable entre los tres órdenes de gobierno para incrementar la transparencia y rendición de cuentas. Pero ¡ah!, cómo se han encontrado resistencias para su aplicación en algunas regiones del país. Y no es porque los gobiernos locales no sepan de contabilidad...

Ahora, la promulgación del llamado Sistema Nacional Anticorrupción es la culminación de esfuerzos para una política sancionadora: castigar tanto a servidores públicos como a particulares hasta con la disolución de empresas, fortalecer y ampliar las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, crear un Tribunal de Justicia Administrativa, ampliar de 3 a 7 años la prescripción de faltas administrativas... Si bien no hay reformas "definitivas" en esta materia, es claro que cuando menos se ha escuchado el mensaje: el país no aguanta más la corrupción.

¿Qué nos falta? Retomar la educación de valores. Retomar un sentido de moralidad que se extravió en el camino pero que con un poco de esfuerzo se puede reencontrar. Una política únicamente sancionadora no se va a dar abasto...

La niñez mexicana vive amagada por la pobreza y la violencia; está expuesta al trabajo infantil y a la migración, además de que su nutrición es precaria. Sin embargo, las tareas políticas actuales no pasan por solucionar este álgido problema. Porque para quienes de la política han hecho un modus vivendi, su preocupación central es lograr, recuperar, no perder, sustentar: el poder.

Pero ¿poder para qué? No para solucionar los problemas de los mexicanos, sino para ser presidente municipal, regidor, diputado, senador y aún presidente. Ser y poder, lo demás, las duras condiciones de la infancia, es cosa baladí para ellos. Lo fundamental es alcanzar, vivir en y con poder.

De acuerdo con el UNICEF, el 53.8% de niñas, niños y adolescentes viven en pobreza extrema. 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes han vivido violencia contra ellos; y en trabajo infantil están 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes. Además de que ya van 12,301 niñas, niños y adolescentes mexicanos repatriados desde Estados Unidos, sin la compañía de un familiar.

Los políticos no pueden fingir ignorancia cuando el UNICEF expone la realidad de la infancia mexicana una y otra vez, sólo que ellos, los postulados y otros más, prefieren mirar para otro lado, ése donde sólo está su ambición de poder.

No tenemos una economía exitosa ni tampoco un paquete de reformas que ya están impactando positivamente. Solamente estamos menos peor que muchos otros países.

Perdida en la parte final de una larga entrevista con el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, aparece una advertencia al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a la clase política y a la sociedad: "¿A quién le conviene un Ejército que no obedezca? ¿A quién le conviene un Ejército que no tenga disciplina? ¿A quién le conviene un Ejército que no esté entregado a su país?". Las palabras del general reflejan por 1a. vez la molestia del alto mando y de generales retirados, que en diciembre le reclamaron que el Ejército estaba sometido a una campaña de desprestigio, y que los había abandonado el ejecutivo al permitir que fueran juzgados en tribunales civiles. Todo, lo increparon, con su aceptación.

La entrevista es una rara introspección a la mente de un secretario de la Defensa, que refleja asimismo su molestia con el gobierno y con la clase política. Criticó al gobierno que quiera que los soldados hagan tareas que le corresponden a la policía -"no es el papel real que deba de cumplir un Ejército respecto de la seguridad interior"-, sin dar el apoyo presupuestal para crecer al Ejército. Sobre la clase política, la inacción para legislar en materia de seguridad interna y defensa nacional. "Si vamos a utilizar las Fuerzas Armadas", agregó de manera pragmática, "(usémoslas) para poner orden, no para ver si pondremos orden".

Cáustico el secretario, que usó las palabras con cuidado. A lo que se refirió es a la dicotomía de los políticos. "Pondremos el orden", como lo dijo, manda el pensamiento hacia los eternos temores de que si los soldados salen a la calle a poner orden y lo hacen con eficacia, entonces ¿por qué no de una vez por todas toman el poder? El miedo al golpe de estado ha girado en la cabeza de los políticos desde que se crearon las instituciones en el 2o. cuarto del siglo pasado para que los conflictos se resolvieran por la vía pacífica, no por la vía armada, como sucedió en la Revolución.

El gobierno y los políticos, han dicho generales retirados, no están del lado del Ejército e, incluso, lo han traicionado. El quiebre de su respeto hacia el ejecutivo se dio con la forma como se procesó el Caso Tlatlaya en junio del año pasado, donde se acusó a 8 soldados de matar a 22 personas, vinculados algunos con bandas de secuestradores, que los atacaron con armas de uso exclusivo del Ejército. El entonces procurador Jesús Murillo Karam, dijo que los soldados los habían "ejecutado", que motivó una protesta en Los Pinos del general, con lo cual se borró ese verbo del lenguaje oficial. Debido a que el congreso canceló el fuero militar, fueron consignados a la autoridad civil. El testimonio por el cual los inculparon fue de la madre de la novia de uno de los abatidos, que después se desdijo. Un año después del incidente, ni siquiera ha empezado el juicio.

Pero Tlatlaya se convirtió en la piedra angular de las críticas al Ejército, que ha llevado al secretario a afirmar que hay una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas. ¿De dónde vienen esos ataques?, le preguntó el reportero de El Universal. "Me encantaría saber de dónde vienen", respondió. "Pero el efecto está ahí, lo vemos en algunos medios, algunas organizaciones que consideran que el Ejército no está haciendo su tarea adecuadamente, o que ha afectado a la ciudadanía. Mi percepción es que efectivamente hay quienes están interesados en desprestigiar a las Fuerzas Armadas y lo hacen a través de los medios". ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno para compensarlos? Fuera de dinero y discursos laudatorios, realmente nada. El Ejército está solo. El gobierno, reclamaron los generales en diciembre al secretario de la Defensa, no los defiende. El general Cienfuegos contuvo en aquél momento las críticas hacia su persona, y las imputaciones al ejecutivo.

En la entrevista se queja de la falta de leyes, de la anulación del fuero militar, de la PGR que no ha hecho nada ante las denuncias sobre quienes presumen responsables de la campaña de desprestigio, del abandono en el que, en términos reales, tienen a los militares. Eliminar el fuero militar, dijo, fue un error, "porque están poniendo al Ejército en situaciones muy sensibles, vulnerables, delicadas, en las que nuestro personal ahora piensa que si lo procesan por desobediencia, por no obedecer al secretario, o lo procesan por violar derechos humanos. Creo que al soldado le conviene que lo procesen por desobediencia, pero al país no le va a convenir".

Ese es el fondo del argumento del general secretario. Si lo que sucede ante la falta de leyes y abandono del gobierno lleva al dilema y el soldado decide por bajar los brazos, ¿quién resultará afectado?

Externalizar el enojo interno es el 1er. paso. El 2o. es cuánto más tolerarán la situación en la que se encuentran.

"Tierra de Cárteles", documental cuyas 50 copias -el doble de las que normalmente se le dedican a una obra en esta categoría-, empezaron a proyectarse en cines mexicanos este fin de semana. Pero quien quiera ver la crisis del estado de derecho en México, esta es la mejor introducción a la tragedia mexicana. "Tierra de Cárteles" es la abolición de las leyes en una parte del territorio nacional, la claudicación del Estado ante los criminales, y la utilización de delincuentes para combatir la delincuencia.

"Cuando tu gobierno no puede proveer la seguridad básica ante los criminales asesinos organizados, ¿es aceptable tomar la ley en tus manos para proteger a tu familia, tu tierra y tu país?", comienza la presentación del documental en la página del Sundance Film Festival, una institución fundada y presidida por Robert Redford, única en el mundo para el cine alternativo. "Ésa es la pregunta en el fondo de 'Tierra de Cárteles', un viaje poderoso y visceral de dos movimientos vigilantes actuales".

El documental, por el cual fue premiado este año su director Matthew Heineman, y cuya productora ejecutiva es Kathryn Bigelow, la directora de The Hurt Locker, describe las razones y tribulaciones de dos grupos que tomaron la justicia en sus manos, enfocado en sus 2 líderes, Tim Foley, de Arizona Border Recon, y José Manuel Mireles, fundador de los grupos de autodefensa civil en Tepalcaltepec, Michoacán. "Es una reflexión escalofriante -describe su promocional- sobre el rompimiento del orden y la frontera donde la vida vence a la ley".

Esa frontera, sin embargo, se mide por diferentes raseros. La 2a. Enmienda de Estados Unidos permite a los ciudadanos tener armas para defenderse. En México, la ley no permite tener armas sin permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, y menos aún de uso reglamentario del Ejército. En Estados Unidos, el grupo vigilante, con un discurso de odio hacia los inmigrantes, detiene y entrega indocumentados -criminales o no- a la policía fronteriza, para que los deporte. En México, los grupos de autodefensa capturan y matan a presuntos criminales, secuestran a inocentes a quienes golpean y hacen juicios sumarios, con el apoyo de la Policía Federal que también viola las garantías y los derechos de los presuntos culpables. Tan delincuentes los federales mexicanos como los grupos a los que arropó, la estrategia contraproducente contra Los Caballeros Templarios del gobierno federal.

"Tierra de Cárteles" demuestra visual, documental y cinematográficamente, la claudicación del gobierno a proveer la seguridad -razón primaria en la fundación de los estados modernos-, y de cómo, institucionalmente, autorizó a que michoacanos desesperados lucharan hombro con hombro junto a criminales, y se alzaran contra bandas rivales para hacer el trabajo sucio al gobierno. Fue guerra sucia pública, manejada públicamente como una lucha de buenos contra malos. Se podía violar la ley si se trataba de aniquilar a Los Caballeros Templarios, y gozar de un salvoconducto gubernamental, aún en los excesos.

Esa parte es narrada y filmada en "Tierra de Cárteles", que se salta la 1a. gran consecuencia de ello: en enero de 2014, Michoacán estaba al borde de la guerra civil. La estrategia había resultado un fracaso. Para enfrentar a un ejército de sicarios se alentó a otro ejército de sicarios y autodefensas que tomaron la ley y el negocio en sus propias manos. A mediados de ese mes, el gobierno nombró a Alfredo Castillo comisionado para la Seguridad y el Desarrollo en Michoacán, y lo convirtió en un procónsul. Lo que desarrollo el gobierno fue una estrategia de guerra de baja intensidad en ese estado.

"Tierra de Cárteles" muestra cómo esa estrategia también fracasó. Los grupos de autodefensa fueron incorporados a la institucionalidad, al crear la Fuerza Rural en Michoacán. En su momento, alejado del ojo público, hubo un encontronazo entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno civil por la administración de ese nuevo grupo michoacano. Los militares querían absorberla dentro sus históricos cuerpos rurales, pero al final, Castillo se impuso. Serían civiles, vinculados a la Policía Federal.

El resultado lo esboza el documental. La Fuerza Rural es un nuevo cártel de drogas en Michoacán, con armas y uniformes legales y legitimados por el gobierno mexicano. Ha bajado la violencia, en efecto, y se vive mejor en Michoacán que en los años recientes. Es el fenómeno que sucede cuando un cártel vence a sus enemigos y se queda con la plaza. Eso ya lo sabemos y ya lo vivimos, como tantas cosas que de no haberse cometido tantos errores, no serían parte fuente de inspiración en "Tierra de Cárteles".

El porfiriato fue de los maduros y viejos y la revolución dio oportunidad a los jóvenes. Los que hacen su plena aparición a partir de los años 20 cuando ya la mayor parte de los miembros del régimen anterior habían muerto.

Actualmente implica que los jóvenes de entonces y sus hijos, se han hecho viejos y aún no han dejado el poder y la suerte del destino de México a los jóvenes de hoy, pues son muy pocos los que tienen cabida en el sistema. Sólo los que son herederos, por pertenecer a una oligarquía que con sólo el apellido reciben todo tipo de oportunidades y beneficios.

Si los jóvenes de entonces -ahora ya difuntos- y sus hijos que ahora están también por jubilarse, si es que aún viven, no han dejado el poder es porque el lucro les apasionó.

Un interés genuino y hasta idealista por la política no parece ser atractivo para las juventudes presentes, quizá sólo el mismo motor de los beneficios del poder, son lo único atractivo.

Pero el vivo interés y deseo de servir a México, parece estar en vías de extinción. Por lo que se hace indispensable la urgente invitación, a las nuevas generaciones, para que se involucren, aunque sea inicialmente en forma idealista.

La base de la pirámide está endeble o podrida. No puede ser que a 14 años de su primera fuga "El Chapo" se vuelva a escapar usando esta vez un método más sofisticado, pero que se basa exclusivamente en la misma premisa: comprar la complicidad de la estructura de seguridad que debería cuidarlo.

Incluso en varios términos lo ocurrido el sábado es más grave que lo sucedido en enero de 2001. Estamos hablando de haber construido un túnel de kilómetro y medio; de haber atravesado a una profundidad de más de 10 metros los cimientos del penal; de tener la capacidad de conocer exactamente la ubicación de la celda y poder desembocar esa construcción en su regadera. Implica haber vulnerado las alarmas que, se supone, existen para evitar este tipo de construcciones en un penal de máxima seguridad, haber tenido cooperación de guardias o funcionarios desde mucho antes de la fuga; significaría que no se realizaron, o negligentemente, las labores que siempre se efectúan en la zona circunvecina del penal para tener controladas construcciones, movimientos extraños o sospechosos en la zona. Implica fallos terribles a la negligencia: según las primeras versiones en la construcción del túnel debe haber implicadas 50 personas y obviamente esa tiene que haber sido una labor de meses. También durante tiempo tiene que haber habido complicidad interna. ¿Semejante movimiento de personas y materiales sin detectarlo siquiera?

Pero no es lo más importante. Si no hay cambios más profundos, si no se comprende que se requiere un esfuerzo nacional mucho más allá de las responsabilidades compartidas, estas historias seguirán repitiéndose.

Lo cierto es que esos cambios de fondo no se han inducido desde el gobierno federal, la seguridad no estuvo en el Pacto por México y el decálogo de noviembre quedó en letra muerta; en el ámbito legislativo han [sido] llanamente ignorados. Los gobiernos estatales hacen como que se esfuerzan, pero en la mayoría de los casos no asumen responsabilidades; en sectores sociales y políticos se prefiere victimizar a los victimarios. Y la gente está harta.

"El Chapo" se fugó en el 2001 utilizando, en el fondo, los mismos métodos que ahora, 14 años después. Hemos avanzando en muchos puntos pero el sistema termina siendo igual de vulnerable ante la corrupción. Ese es el centro: han pasado tres sexenios pero no se ha podido blindar la seguridad ante la corrupción, ni se ha construido una base en la seguridad pública que lo permita. "El Chapo" se escapó 2 veces en 14 años, pero en esos años no ha habido reformas estructurales en seguridad (el tema no estuvo en el Pacto por México); el decálogo presidencial de noviembre quedó en letra muerta; el Ejército hace 3 sexenios que reclama una ley de seguridad interior que le otorgue seguridad jurídica a su accionar, y ha sido sistemáticamente ignorado; de crear policías con mandos únicos ni hablemos, no transita; el poder judicial deja libre a Caro Quintero, en 3 ocasiones a "El Menchito", a todo tipo de delincuentes y el consejo de la judicatura mira hacia otro lado; cada sexenio quiere construir su estructura de inteligencia descartando lo realizado en el pasado.

Hay buenos mandos de seguridad en el país, aunque muchos han sido devorados por la propia maquinaria estatal y por las acusaciones o sospechas recíprocas, pero no tenemos un verdadero andamiaje de seguridad que abarque todas las instituciones y territorios. Creemos que soltando dinero del presupuesto y discursos, oficialistas u opositores, las cosas se solucionarán. Se requiere actuar en temas de fondo, acuerdos que vayan más allá de lo superficial, asumir que éste será un camino sin retorno si la seguridad sigue estando constreñida a los esfuerzos, o falta de, del partido o el político en turno en el gobierno.

Conocemos la enfermedad pero preferimos un buen maquillaje que oculte el deterioro producido por ésta, a las medicinas que podrían recuperar la salud del paciente. Nosotros no hemos aprendido ni nos hemos hecho cargo de nuestro destino, como le escuché decir a Jorge Tello Peón hablando de estos temas, pero "El Chapo" Guzmán sí, y a lo largo de 20 años no ha quitado el dedo del reglón aprovechando una y otra vez esos vacíos.

Más allá del hecho incontestable de que la corrupción devoró al sistema, y más allá también de que ese difuso concepto de "Estado" se diluye con más rapidez en México que en otras latitudes, es imperativo que a nivel casero, en el estado y en los municipios, los responsables del ejercicio de gobierno reaccionen y se preparen para los tiempos que, parece, son cada vez más adversos.

Es evidente que México tiene problemas similares a los que llevaron a Grecia a una crisis, por ejemplo el déficit del sector público rebasa 150% si se toman en cuenta los pasivos laborales y pensionarios, además de focos rojos en algunos municipios y estados, aseguró Gerardo Gutiérrez Candiani.

Lo que existe es un problema estructural que atañe en los sistemas de inteligencia civiles (la inteligencia militar tiene otra lógica y otra continuidad). Hay áreas, instituciones del Estado que son su sostén, que hacen esfuerzos notables pero que están bajo constante fuego, político y mediático. Desde el Ejército y la Marina, hasta la Suprema Corte (que encabeza pero que no es sinónimo de todo el poder judicial) que se mantienen y renuevan. La inteligencia civil debería ser otra de esas instituciones: un instrumento del Estado que debería estar más allá de las vicisitudes sexenales. Así funcionan todos los grandes servicios del mundo de las democracias, desde la CIA o la NSA, hasta el MI5 o el Mosad. En nuestro caso no es así: cada sexenio en los últimos 30 años ha tratado de crear unos servicios de inteligencia a su medida y a su gusto. A veces acertaron y en otras se equivocaron, pero lo que no hubo es continuidad, ni en cuadros ni en estructuras.

La aplicación del término estado fallido al Estado mexicano ha causado polémica desde que se utilizó por 1a. vez durante la administración de Felipe Calderón. Que sí, que no y de ahí no salimos, se reduce a posturas encontradas, a la afirmación sobada de "no comparto tu opinión pero la respeto" y de cualquier manera no pasa nada, no se actúa en consecuencia.

En gran medida esta diferencia tiene que ver con que no hay un acuerdo generalizado en la definición de estado fallido. Si nos basamos en los criterios delineados por el Centro de Estudios Fund for Peace, un estado fallido es aquel que ha perdido el control físico del territorio y/o el monopolio en el uso legítimo de la fuerza; el que mantiene una autoridad cuya legitimidad está "erosionada" para la toma de decisiones; en el que priva la incapacidad para suministrar servicios básicos y que no es capaz tampoco para interactuar con otros estados como "miembro pleno de la comunidad internacional".

Si tratamos de aplicar estos 4 conceptos a México, no pondríamos palomita en todos, pero en esta otra definición la check list está completa: estado fallido es el "que se ha hecho ineficaz al momento de cumplir las funciones que le han sido asignadas en materia de seguridad, justicia, transparencia y desarrollo social y económico. El mayor énfasis que se hace a este respecto es la incapacidad con la que cuenta un Estado para hacer cumplir las leyes de forma uniforme, manifestándose esta incapacidad en las altas tasas de criminalidad, corrupción extrema, un extenso mercado informal, burocracia impenetrable, ineficacia judicial, y situaciones en las que la sociedad actúa de forma independiente ya que el Estado no ha podido realizar sus tareas con éxito".

Palomita, palomita, palomita… Ahora, independientemente de si es estado fallido o no, o de si esta definición de una fundación guatemalteca tiene reconocimiento internacional o no, lo que se describe son hechos incuestionables que es preciso atender en México, pero ya. Quizá una mayoría estemos de acuerdo en esto, pero igual no sirve de nada mientras la autoridad con serios problemas de legitimidad en nuestro país no haga caso y siga instalada en su mundo perfecto.

Repentinamente, el panorama se tiñe de un gris oscuro, casi negro. Los medios de comunicación -es importante hacer notar que se trata de los mensajes que se difunden masivamente, porque éstos significan sólo una parte de la realidad- reiteran una versión cada vez más truculenta y corrupta de la fuga del criminal-héroe Joaquín "El Chapo" Guzmán; subrayan el fracaso de la "Ronda Uno" que debía inaugurar con éxito la privatización de la explotación petrolera en el país; insisten en el divorcio entre el presidente Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera y por si faltaran malas nuevas, aparece el diputado federal del PRD, Agustín Miguel Alonso Raya, y asevera que se está gestando la privatización del IMSS y del ISSSTE.

¡Singular mezcla maligna de fenómenos que permite pronosticar a los interesados que en cualquier momento México cae en el abismo!

No son pocos los que preguntan: ¿Es cierto que va a renunciar el presidente? ¿Tiene cáncer y se está muriendo? ¿Van a desaparecer las pensiones? ¿Está por desatarse una guerra civil?

Debe advertirse, primero, que cada sexenio vive sus crisis. Siempre las hay.

México padece numerosos problemas estructurales. Es un país que soporta y al mismo tiempo promueve una desigualdad injustificable que permite unos cuantos multimillonarios junto a millones de pobres; además, se resiste a operar cambios que han sido probados durante décadas en otras latitudes, como una mayor inversión en educación o el combate firme a los monopolios y la corrupción; se permite un sistema de justicia que raramente castiga a individuos y élites que debilitan a una sociedad que pretende ser demócrata y apegada a las leyes. Mucho más puede documentarse, y sin embargo, está de pie.

Si hay que mirar atrás, crisis graves y profundas ocurrieron en el sexenio de Carlos Salinas, que perdió, asesinado, a su delfín Luis Donaldo Colosio, y presenció el levantamiento del Ejército Zapatista; durante la gestión de Ernesto Zedillo se enfrentó una crisis económica y se vivió la derrota del hegemónico PRI; los 6 años de Vicente Fox, el presidente del despertar democrático, ofrecieron el aumento de la criminalidad, el estancamiento de la política y el fracaso de las expectativas, sobre todo las económicas; en el mandato de Felipe Calderón se activó una lucha intestina motivada por el combate a los cárteles, que arroja más miles de muertos que muchas guerras en el mundo, y una desestabilidad que no se veía desde la época de la Revolución.

Todos estos presidentes, por cierto, concluyeron sus 6 años.

Y también, todos los problemas que les hicieron crisis, están activos, no resueltos, aunque hayan cambiado de rostro.

No. El peñanietismo no va a desaparecer a México.

La política es pragmática y en México, particularmente, de visión cortoplacista.

Por fortuna, el país está lleno de mexicanos.

En la 1a. rueda de prensa de las autoridades federales tras la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado: "La sociedad puede tener la certeza que todas las denuncias son anónimas, seguras y que además son atendidas".

Para pedir hay que poner ejemplo y utilizar el término certeza significa "el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo" definición que está muy alejada de lo que manifiestan las autoridades. Al margen de las circunstancias, la fuga deja como resultado un mensaje descarado y atrevido de lo que representan las autoridades para ciertos sectores de sociedad. Significa subrayar la apología actual de personajes ligados a bandas criminales que tienen dinero, poder y fama gracias a las series de televisión y canciones. La huida permite burlas y recuerda también que los límites no existen para los supuestos "malos". Activa el enojo, la frustración y minimiza los esfuerzos de la falacia en la que se ha convertido la reconstrucción del tejido social.

Si a la vista de todos el que se fue de "El Altiplano" burló a las autoridades, cualquiera puede hacer lo propio en el contexto que viva. Eso es lo más preocupante, que las nuevas generaciones están creciendo en un torbellino de antihéroes que generan aparentes resultados positivos bajo la ley del menor esfuerzo permitiendo el crecimiento de la adicción a las drogas con las consecuencias por todos conocidas.

Es y será cada vez más común conocer casos como el de un joven de 23 años que solicitó un taxi y al intentar pagar sacó del pantalón unas tijeras para amagar al conductor y saldar así su cuenta, o el otro hecho en el cual un recién llegado a la mayoría de edad, fue sorprendido en un supermercado y remitido a la policía por llevarse sin pagar, 4 revistas de comics que escondió entre la ropa, el valor de lo robado no rebasaba los 200 pesos. Con 2 horas de diferencia el sábado pasado, el 1er. caso ocurrió afuera del Museo del Periodismo en el centro de Guadalajara y el 2o. en la tienda ubicada en la Avenida Niños Héroes y 16 de Septiembre. Por nada, estos jóvenes vencen sus propios miedos y retan a las autoridades exponiéndose -así de fácil- a pisar los separos de seguridad por vez primera y vivir la experiencia de ser atrapado, estar en contacto con protagonistas de historias similares y lo que es mejor, estar libre de nueva cuenta en poco tiempo.

Desde principios de este año la Reserva Federal está amenazando con subir las tasas de interés, cada vez se anuncia el plazo más cercano, ahora se menciona para el mes de septiembre. El efecto en la economía norteamericana es mantener la inflación en niveles moderados pero el efecto que tiene en México es que el dinero que se destina para pagar el aumento en la tasa de interés se sustrae del presupuesto nacional y afecta la liquidez del gobierno para cubrir sus gastos presupuestados y tiene que sacrificar a la parte más vulnerable que son los programas destinados a combatir la pobreza y las inversiones en obra pública; porque el gobierno es incapaz de disminuir sus gastos dispendiosos y cuantiosos sueldos y prestaciones a los numerosos funcionarios que viven del presupuesto.

Lo que la [Suprema] Corte resolvió es que quienes quieran casarse con otro u otra del mismo sexo tienen derecho a hacerlo y el Estado (ojo, el Estado, no las iglesias) no pueden negarle a ningún ciudadano un servicio por el hecho de no ser heterosexuales, pues eso es discriminación.

A pesar de todos los escándalos, de curas pederastas, o vinculados al crimen organizado o incluso obispos alineados al poder, la iglesia católica sigue siendo una de las grandes reservas morales de este país: las redes de solidaridad de los migrantes, el soporte de las miles de familias con personas desaparecidas, la institución con más capacidad de suplir las carencias del Estado para con los más desprotegidos sigue siendo la iglesia católica, a través de sus múltiples organizaciones asociadas. Si esa energía con la que combaten la ampliación de derechos la usaran para construir un país más justo, en estos momentos críticos, no tengo duda de que pondrían al Estado en jaque.

No deja de ser extraño, pues, que lo que movilice a la Iglesia Católica local, a contraviento del rumbo emprendido por el Papa Francisco, sea este tipo de discusiones bizantinas en un país que se cae a pedazos por la falta de justicia, jurídica y social, pero ahora sí que cada quien sus causas.

El país sigue hundido en la severa crisis de criminalidad, corrupción, impunidad y dominado por el hampa.

El Presidente de México Enrique Peña Nieto esta pasmado y mientras el país está en un marasmo con muchas serpientes y pocas escaleras, no entiende que es muy urgente remover a todos sus colaboradores ineptos e iniciar la integración de averiguaciones penales para someter al proceso que merecen los que han abusado del ejercicio del poder público y sean sancionados.

Las reformas no caminan -salvo la hacendaria que es meramente racaudatoria-, el sistema de justicia sólo parece existir para que los jueces vivan muy bien y los abogados cobren por sus servicios, pero no para que la población se sienta legalmente protegida, la seguridad hoy en día no garantiza protección mas que a algunos que la pueden pagar y los demás estamos abandonados a nuestra suerte, la economía no crece de manera importante, la pobreza no se revierte y sigue generalizándose.

El presidente Peña Nieto parece un administrador de tiempo que con cara de asustado atiende uno tras otro sus compromisos de una agenda apretada y mediatizada, pero que no parece ir a ningún lado.

La situación que vive el país va de mal en peor, a pesar de que las autoridades traten, infructuosamente, de dar la imagen opuesta. La escenografía ya no se sostiene ni con la parafernalia publicitaria en que gastan el erario. La realidad es simple: el país no avanza y la calidad de vida de los mexicanos se deteriora a pasos agigantados. Y ante esta realidad la población se pregunta ¿a quién le conviene que el país esté cada vez peor?

El reconocimiento de que la pobreza avanza no es noticia para la población, sólo sorprende a quienes desde las cúpulas creyeron que con programas asistenciales se podía remediar, y la realidad, esa terca realidad, les ha demostrado que la pobreza sólo se supera con empleo, es decir, con una economía creciente, algo que en México no se dará este año, pues la CEPAL acaba de declarar que la economía mexicana crecerá sólo 0.5% y eso no es lo que requiere el país ni los mexicanos.

Porque que la pobreza ha aumentado sólo significa que el empleo no ha crecido lo necesario: un millón de puestos por año. En cambio lanzan campanas al vuelo por 80,000 puestos de trabajo... sabiendo que el poco empleo que hay es el precario, es decir, sin prestaciones y con muy bajos ingresos, lo que deja al poder adquisitivo de la población en ceros o, peor aún, con la única posibilidad de endeudarse para pagar la canasta básica.

Lo que sí crece es la cartera vencida que está a niveles de 2008, sin embargo los bancos siguen ofreciendo tarjetas de crédito y ampliando los créditos al consumo existentes, lo que representa un serio riesgo para la estabilidad económica; pero para ellos, la ganancia pronta es su prioridad.

La clase media se ha empobrecido, y atizada por las dificultades económicas ha tomado cualquiera de 2 caminos: o se han ido a trabajar al "otro lado" o se asume en su extinción. Las clases populares se refugian en la economía informal, que ya no puede dar cabida a más, porque el mercado interno está deprimido y la capacidad de consumo, aun de productos chatarra, está agotada.

Unido a lo anterior, México ya no tiene soberanía alimentaria; al campo lo han cercenado, luego el país compra alimentos a precios internacionales, aún los más básicos, cuando era de las naciones que producía y vendía sus excedentes. La razón para esta pérdida resulta oscura.

La generación actual y el país continúan siendo defraudados por una mala distribución de los recursos públicos por parte del Estado, el que aplica lo existente a subsanar viajes y gastos de las abultadas comitivas invitadas a las comilonas reales.

Al final, un negro presentimiento: esta situación ha sido propiciada, porque ¿a quién le conviene que el país esté cada vez más hundido en el agujero negro de la pobreza y la ignorancia? Pero cuando se creían haber encontrado la respuesta y algunos posibles nombres, un fuerte rumor se abrió paso: ¿y si todo no fuera más que un espantoso juego de azar echado a rodar por la estulticia de quienes debían cuidar a la nación?

Desde que el subcomandante Marcos se levantó en armas en 1994, Chiapas se convirtió en consentido de los programas sociales.

Carlos Salinas intentó apagar a billetazos el movimiento con el que buscó primero la guerra y luego la paz. Ernesto Zedillo atacó al EZLN y reforzó el gasto público en la Entidad. Vicente Fox quiso resolver la bronca "en 15 minutos" y siguió con las carretadas de dinero, que no se detuvieron con Felipe Calderón ni con Enrique Peña.

El resultado es que hoy en Chiapas la inmensísima mayoría de la población es beneficiaria de programas sociales. Eso la deja vulnerable frente a quienes los aprovechan para coaccionar el voto.

He dedicado la semana a 3 epidemias acumuladas sobre el futuro de México: el bajo aprendizaje de nuestros jóvenes, las enfermedades producidas por lo que comemos, la desconfianza que gobierna a nuestra ciudadanía.

¿Qué hacer? No lo sé, no tengo las soluciones, solo unos comentarios.

Respecto del bachillerato:

Es escandaloso que la autoridad responsable se presente a darnos las peores noticias sobre lo que pasa en su sector, sin incluir en el informe su autocrítica ni precisar su parte de responsabilidad en lo que sucede. La crítica del sector educativo se ha centrado en las deformidades del sindicalismo. Quizá sea la hora de cambiar de eje y dirigir la crítica a las autoridades que han permitido instalarse en el sector la catástrofe de que ellos mismos nos dan cuenta, sin apuntar siquiera el principio de una solución.

Respecto de lo que comemos:

Es una desgracia nacional que debe ser enfrentada como un problema nacional, no como un asunto del sector salud y sus autoridades. La antidieta mexicana solo puede empezar a corregirse con una cruzada nacional asumida en común por los medios, las autoridades y la industria alimentaria.

Sólo pueden cambiar nuestros hábitos alimenticios los medios de comunicación masiva, en particular la televisión y la radio.

En los últimos meses hemos dedicado 42 millones de spots a difundir ocurrencias de los partidos en campaña. Dediquemos ese mismo tiempo, esa misma cantidad de spots, a informar y advertir a la gente que lo que come la está matando lenta, prematura e inexorablemente.

Respecto de la desconfianza ciudadana:

No podemos esperar que la ciudadanía retratada en el Informe del IFE y El Colegio de México restaure por sí misma la confianza pública. Necesitamos gobiernos que den resultados, que recobren a fuerza de logros la confianza que sus ciudadanos han perdido. No es algo que puede esperarse que crezca de abajo hacia arriba, tendrá que venir de arriba hacia abajo.

Un camino a explorar es el de candidaturas independientes que canalicen la indignación ciudadana y capturen su confianza. Solo un desafío de este tamaño puede obligar a gobiernos y partidos a corregirse y a restablecer los puentes rotos con la sociedad que gobiernan.

La mayor empresa mexicana vive la mayor crisis de su historia y su situación se agrava con la baja en los precios internacionales. Su crisis se parece a la que viven otras grandes empresas petroleras, pero tiene componentes únicos: la 1a. obligación de Pemex es financiar el gobierno mexicano. Lo demás pasa a 2o. término.

Pemex incrementará sus pérdidas y tendrá menos recursos para impulsar su transformación. En un mundo racional, la circunstancias obligarían a Pemex a ser más eficiente, pero esperar racionalidad en un teatro del absurdo es pedir un milagro. En todo el mundo las petroleras están haciendo fuertes recortes de personal. En México, Pemex negocia con su sindicato un contrato que podría ser el Beso de la Muerte.

El rabioso descontento de los ciudadanos tiene por destinatarios a nuestros políticos pero, con perdón, los problemas de la nación son tan inabordables que no se ha aparecido todavía, en el escenario de lo público, el individuo todopoderoso y omnipotente con la capacidad de resolver siquiera alguno de los grandes atorones. Dicho en otras palabras, México es un país dificilísimo de gobernar.

Confrontados a un sistema expresamente diseñado para extorsionarnos -un esquema abusivo y tramposo consentido, encima, por los superiores jerárquicos de los empleados públicos que atienden directamente a los ciudadanos y que son los primerísimos en recibir las propinas (se puede suponer, aquí, que existe una estructura piramidal en la cual los jefes, sin ensuciarse las manos directamente, cosechan su tajada del pastel)- los mexicanos respondemos con un espíritu esencialmente práctico: para nosotros, todo esto no es más que una simple modalidad de supervivencia, más allá de que implique una conducta moralmente condenable. Pero, creo yo, no somos enteramente culpables: hay una diferencia determinante entre el hecho de someterse voluntariamente a durezas y exigencias razonables -un examen de admisión a una universidad, por ejemplo, o los trámites para obtener una beca de estudios- y la circunstancia de afrontar las obstrucciones de una tramitología perversa, infame, estúpida e irracional.

Ahora bien, multipliquen ustedes este modelo de expoliación a la práctica totalidad de los acuerdos que los ciudadanos tenemos que celebrar con las autoridades -los permisos de construcción, las autorizaciones para reclamar los artículos de importación de las aduanas, la certificación de productos, la homologación de normas, etc.- y entonces podrán advertir la paralela proliferación de individuos, miles y miles de ellos, que, en todos los ámbitos, se entregan alegremente a la corrupción como si la podredumbre fuera un auténtico deporte nacional. Y, una vez hecha esta constatación, háganse la pregunta de cómo podemos resolver un problema que ha contaminado a millones de compatriotas que, como he dicho otras veces, ya están ahí. ¿Por dónde comienzas? ¿Creas un sistema de denuncias? ¿Instauras un modelo de controles? ¿Sí? Pero, entonces, ¿de dónde van a surgir los supervisores si el sistema de justicia se encuentra, a su vez, totalmente corrompido?

El presidente Enrique Peña impulsó un programa para otorgar, gratuitamente, tabletas electrónicas a los niños en las escuelas. Pues, la directora de una primaria, en Coacalco, Estado de México, está pidiendo 400 pesos a los padres para darles el artilugio a los pequeños. Así las gastamos, en este país. Así de envenenados estamos: maestros, inspectores, agentes aduanales, policías, líderes sindicales, funcionarios...

Hay una idea generalizada de que la corrupción parte de arriba hacia abajo.

Si los altos funcionarios del ejecutivo, los senadores, los diputados, los ministros de la Corte, los magistrados y jueces, son corruptos, por ende todo el personal subordinado también lo es. Esta idea, como todas las que generalizan, tiene sus excepciones. No todo el sistema político está corrompido, aunque no deja de haber corrupción en casi todos los estratos gubernamentales.

A nivel municipal y estatal, en nuestro medio, es público y notorio que la corrupción no está generalizada, no obstante se debe tener presente que todo servidor público es honrado, hasta que quiere dejar de serlo, hasta que puede dejar de serlo o hasta que le dan la oportunidad de no serlo.

Sin embargo, estos buenos funcionarios se encuentran con que están rodeados de una burocracia añeja, muy difícil de controlar, sagaces, mañosos, astutos pero prudentes y precavidos, al grado de que es complicado acusarlos de extorsión, negligencia dolosa, apatía, o simple tortuguismo para provocar que se les ofrezcan sobornos para acelerar trámites o salvar escollos supuestos o reales. No son raros los casos en que una denuncia se convierte en una acusación al denunciante por intento de soborno; en todo caso, ya tienen planeada la salida para toda clase de acciones ante sus superiores.

Para ilustrar el tema, cito un par de casos reales: un profesionista recibió una notificación sin folio por falta de pago de impuesto estatal, por la cantidad de cinco mil pesos, lo cual estaba notoriamente fuera de la Ley. Acudió a aclararlo con el jefe de Notificación y Ejecución en esa época, quien le sugirió que con la cantidad de un mil pesos él se encargaría de cancelar el requerimiento. El profesionista pidió el auxilio de la Policía judicial para que fueran testigos y, de recibir el dinero el funcionario, presentaría la respectiva denuncia. Al efecto, se marcaron los billetes con una seña particular y los entregó en un sobre. El funcionario los guardó en su escritorio y ante la flagrancia del delito fue consignado a las autoridades. Por supuesto, que toda esta molestia no cualquiera se la toma y de ahí se origina la corrupción.

Otro caso más reciente es el que se presentó en el H.Ayuntamiento de Guadalajara en el departamento que expide los permisos para construir edificios en donde el gestor que obligadamente interviene pide un millón de pesos o más para conseguir el permiso, so pena de que, de no aceptar o presentar una queja, jamás se conseguiría la autorización. Queda la duda de ¿Cuánto dinero es para el gestor? ¿Cuánto es para su jefe inmediato? ¿Hasta qué nivel hacia arriba llega la corrupción? Bien puede suceder que todo sea para el gestor y él incrimina a las autoridades. Si aseguraba que nunca arreglarían el permiso sin soborno es porque los mandos superiores cambian pero, las bases son de planta, sindicalizados o muy bien apalancados.

Sería deseable que los organismos empresariales prestaran asesoramiento legal a las personas que tengan el valor civil de hacer la denuncia y el gobierno apoyara ahora que entrará en vigor el Sistema Anticorrupción.

Al empresario René Rivial no le interesa "mucho" la política. Esto porque, afirma, en México "todo cambia, pero todo sigue igual". Se refiere a las reformas del presidente Enrique Peña Nieto. "Desde (Luis) Echeverría, todos le meten parches a la Constitución: todo mundo le quita o le pone".

Desde su óptica, los problemas de corrupción en México no podrán ser abatidos en tanto la ciudadanía no haga lo propio. "Humanidad es humanidad, y mientras no tengamos un pueblo más culto, no va a haber civismo que les reclame a los políticos".

Sectores que no cumplen lo prometido son el financiero, que inexplicablemente conserva altas tasas de interés no justificables y el otro es nuestro sistema judicial, principalmente estatal, incapaz muchas veces de brindar seguridad jurídica, factor básico del crecimiento económico.

En años recientes no hemos sufrido una recesión económica como la española, pero estamos teniendo nuestra propia gran depresión del ánimo social y las expectativas; no hemos tenido los escándalos de la familia real de allá, pero seguimos sin superar las razones que argumentan que no hay problema con los escándalos reales de acá; no tenemos un movimiento independentista como el catalán, pero tenemos un movimiento antisistémico con quien lleva 21 años en campaña (desde que quemaba pozos petroleros) y sigue viviendo del erario tanto en su ingreso como en la promoción de su figura.

Las comparaciones son odiosas, cierto. Son también la muerte de la felicidad, como decía Twain. ¡Ah! Pero cómo son necesarias en ocasiones. Acá no tenemos que lidiar directamente con una crisis humanitaria como la de los asilados sirios, pero tenemos una crisis permanente, aunque de menor intensidad con los migrantes centroamericanos; acá no tenemos el enorme desempleo abierto de 22% de la población, mismo que sube al doble entre los jóvenes, pero nuestra juventud ha perdido la sensación de futuro y es cada vez más presa de la ley del menor esfuerzo, pero de la mayor exigencia ante todo. Cierto, sólo allá le silban al jefe de Estado en la final del torneo de futbol que lleva su nombre, lo que acá no sucede, pues mejor inauguramos estadios vacíos 24 horas antes de que la pelota empiece a rodar.

Cuánta vida gana quien no se detiene a ver qué anda pensando, haciendo o diciendo el vecino y simplemente se dedica a lo suyo, dice Marco Aurelio en sus Meditaciones. Cierto, pero como no podemos saber qué tan bien o mal estamos si no es en comparación a alguien más, también vale decir que aunque en España la confianza institucional regresa, las 3 instituciones peor vistas siguen siendo los políticos (y eso que tendrán elecciones presidenciales a fin de año), los bancos (y eso que el crédito vuelve a recuperarse) y los partidos políticos (y eso que contienden dos fuerzas nuevas, como son Ciudadanos y Podemos). Será que hay retos que en todos lados siguen siendo los mismos, aunque sean diferentes.

No hay personaje de la vida pública en México que llegue con buenas intenciones a ejercer como 1er. munícipe, que logre alcanzar sus objetivos 100%. Las redes de corrupción y de intereses partidistas y personales que se han ido tejiendo a lo largo de siglos, de décadas, difícilmente se van a destejer, aun cuando no es imposible. Para tres años que duran las administraciones, todavía, ni para qué molestarse, no vale la pena.

Así que se resignan (los bien intencionados, claro) a que deberán nadar de muertitos, navegar con bandera, hacer oídos sordos, dejar hacer, dejar pasar, que al cabo un trienio se va en un suspiro.

A esto hay que sumar la falta de recursos, las irregularidades en todas las áreas de la administración, los intereses y la corrupción, nada más para no ser exhaustiva, en mercados, estacionamientos y recolección de basura. Deficiencias en el cobro del predial, manipulación de cifras para castigar los dineros que llegan vía la federación; y la ficción de la autonomía municipal, como lo es también la estatal en un sistema federal que no opera como debiera.

Centralismo, control, manipulación, corporativismo, línea, sometimiento, falta de voluntad y de carácter, lambisconería, son sólo algunos de los elementos que distinguen y marcan las relaciones entre munícipes y el ejecutivo del estado en el que se encuentran; no se diga cuando la negociación, la gestión o cabildeo deben hacerse en la capital del país con viáticos que se cubren con recursos del erario público.

Y luego está la mayor o menor complejidad de cada municipio dependiendo de su ubicación, número de habitantes, carencias, rezagos, partidos en el gobierno, alternancia, relación con los gobiernos federal y estatal si es que se trata de funcionarios provenientes de partidos distintos y hasta dependiendo del fuego amigo y su intensidad; porque pasa que aún cuando sean del mismo partido, el munícipe y el gobernador, el segundo no deja operar al primero porque no le da la gana en función de intereses de grupo, pero nunca, nunca, con relación a los gobernados.

Esta es una aproximación apenas superficial a la que es preciso agregar herencias perversas desde la Colonia, negligencia, claudicación, accidentes, catástrofes y calamidades diversas que empeoran las realidades.

Los 2,445 municipios que conforman este país, cómo células básicas de la organización política de una república federal, deberían ser el espacio más protegido y más cuidado en el concierto nacional, con la voluntad y los marcos legales necesarios que deberían proveer un gobierno federal consciente y responsable; y uno estatal, igual, porque es ahí en donde, en principio, se gestan y desarrollan triunfos y derrotas electorales, manifestaciones, revoluciones, cambios; en donde se tejen los destinos de sus habitantes, en donde tiene lugar su vida cotidiana y se registran los índices más altos o más bajos de satisfacción.

Los ayuntamientos no son sino unidades burocráticas más que administrativas en las que se hace gala de mediocridad y/o corrupción y en las que pronto se abandonan las buenas intenciones (si es que algún día las hubo) porque el sistema, ese de redes que se ha ido tejiendo durante siglos, prácticamente ha desaparecido cualquier margen de maniobra a favor de la sociedad y los ediles terminan cruzados de brazos. Algo bueno han de haber hecho, pero no es suficiente, nunca será suficiente y los ciudadanos no tenemos por qué conformarnos.

Es una desgracia municipal, no tendría que ser así.

Lo que el gobierno egipcio quiso decir a propósito del incidente en que 8 turistas mexicanos murieron, es que lo mismo si "los malos de la película" son terroristas o son narcotraficantes, y los buenos -por supuesto- los representantes de las fuerzas armadas, tanto en Egipto como en México hay, ha habido y muy probablemente seguirá habiendo víctimas inocentes de los conflictos que en esos países, como en tantos otros, se viven. Molestarse por la comparación, calificarla de "desafortunada" y hasta desgarrarse las vestiduras porque detrás de esos desgraciados episodios hay "contextos diferentes", denuncia una capacidad para la indignación ante las injusticias, muy diferente cuando otros mueren por nuestra incompetencia para evitarlo... y cuando uno pone los muertos; en otras palabras, más atingencia para ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio.

Es comprensible que el gobierno mexicano, tanto a través de la canciller Claudia Ruiz Massieu, precipitadamente desplazada a El Cairo en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, como del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entrevistado en la ceremonia conmemorativa del Aniversario de la Independencia, asuma una actitud enérgica para solicitar a su homólogo egipcio "una investigación exhaustiva" y un informe convincente del suceso -lo que no devolverá la vida a ninguno de los muertos-, y otra muy diferente que tenga la autoridad moral necesaria para ello.

Hay que machacar, por enésima vez, en algunos de recientes botones de muestra de los que ha quedado la convicción generalizada de que el afán gubernamental por sepultar episodios lamentables bajo la lápida colosal de una verdad oficial ha sido mayor que el celo por la verdad: la desaparición de más de 23,000 personas y la muerte de más de 100,000 en los últimos 10 años a raíz de la "Guerra contra el Narco"... y un largo etcétera.

La conclusión es devastadora: el sistema de administración de justicia en México está colapsado. Urge repararlo... La gran pregunta es quién será el guapo que lo haga... y si viviremos para verlo.

La causa por la que los jóvenes de 1er. ingreso de Ayotzinapa fueron mandados al matadero por sus líderes, es por la droga, no por la política. El director de la escuela normal y varios de sus dirigentes deben ser investigados por la sencilla razón de que han sido señalados por los detenidos como personajes ligados a los Rojos. Eso no indica que necesariamente lo estén, pero por lo menos esas acusaciones deben ser esclarecidas. Hasta ahora no han rendido ni declaración ministerial sobre los hechos. Es más no han explicado siquiera porque esos jóvenes que iban a botear y secuestrar camiones (como si esta última fuera una actividad legal) en Chilpancingo terminaron esa noche en Iguala.

Hay muchos datos sobre la normal que son, por lo menos, preocupantes. Una investigación de Excélsior confirmó ayer que desde hace un año no hay clases en la normal rural y que por órdenes de sus directivos todos los inscriptos recibieron calificaciones de 9 y 10. Eso no ha impedido que la normal de Ayotzinapa siga recibiendo un presupuesto de 49 millones de pesos anuales. Si no hay clases ¿qué se hace con ese dinero, qué con lo que se recauda en los boteos, en las casetas de peaje tomadas, en la venta de los artículos de consumo de los camiones de reparto que se roban regularmente? Los familiares, o por lo menos un grupo de ellos, viven, junto con estudiantes y dirigentes dentro de la normal y se financian de esos recursos. Son por lo menos 49 millones de pesos de recursos fiscales que se desvían muy lejos de los objetivos de cualquier escuela que es educar. Con un agravante: esos jóvenes en uno o 2 años reclamarán junto con la CETEG plazas magisteriales automáticas. Si se las dan será un crimen para con sus alumnos, si no se las dan, esos jóvenes serán carne de cañón para los grupos que ahora los mueven o se sumarán a las filas de desempleo, porque no tendrán ninguna formación útil.

Otro dato: el 14 de septiembre pasado el todavía gobernador Rogelio Ortega, ordenó, prácticamente en secreto, la preliberación de 9 dirigentes del ERPI y el EPR condenados por graves delitos. Para el gobernador, que no permitió que la prensa atestiguara la liberación de los detenidos a los que calificó como presos políticos, es un acto de madurez que construirá la paz y la armonía en Guerrero. Ojalá sea así, pero, por lo pronto, los liberados se sumaron inmediatamente al plantón del MPG en el zócalo de Chilpancingo.

Hace ya mucho tiempo que el movimiento de Ayotzinapa no tiene nada que ver con los normalistas secuestrados y presuntamente ejecutados el 26 y 27 de septiembre de 2014. Los 43, más los 6 asesinados y varios lesionados de la noche del 26, son una simple excusa para un esfuerzo que busca derrocar al gobierno y establecer un nuevo modelo político y económico.

Una manta que portaban ayer los manifestantes del movimiento que tomaron por enésima ocasión el Palacio de Gobierno de Tixtla señalaba al respecto de los 43: "Quisierón (sic) enterrarnos pero no sabían que éramos semilla". Ésa es, de hecho, la utilidad de los normalistas: convertirse en semilla para un movimiento revolucionario.

Los líderes han sabido aprovechar la matanza de Iguala. Han conseguido aportaciones económicas que les han permitido a ellos, y a muchos de los padres de los desaparecidos, dedicarse de tiempo completo al trabajo político. Lo mismo ocurre con la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Su función más importante ha sido siempre el adoctrinamiento político y la construcción de un nuevo sistema económico y político. Pero ahora esa labor se ha revigorizado. Los alumnos no han recibido clases desde septiembre del año pasado, lo cual no les ha impedido graduarse y exigir plazas automáticas como maestros sin pasar por ninguna evaluación académica. El gobierno, de hecho, está financiando al mismo grupo que busca derrocarlo: ni los subsidios a Ayotzinapa ni las becas de los normalistas han dejado de fluir pese a que no ha habido clases.

Para los padres, la muerte de los normalistas ha sido sin duda una tragedia. Pero para el movimiento político de Ayotzinapa, distinto de los padres, es una gran oportunidad. Nunca antes había generado el movimiento tanta atención. Nunca había tenido tanto apoyo político y económico dentro y fuera del país. Nunca había podido realizar manifestaciones y bloqueos de vías de comunicación o de oficinas públicas virtualmente todos los días durante un año. Nunca un presidente de la república había aceptado reunirse en dos ocasiones con sus líderes.

No es ningún secreto que los dirigentes del movimiento de Ayotzinapa han buscado desde hace mucho tiempo realizar un cambio de régimen y establecer en el país un sistema socialista o comunista más adecuado a su ideología. Este propósito lo han promovido y defendido abiertamente. La Escuela Normal Rural se ha distinguido desde su creación por su ideología revolucionaria. Si a veces parece que el movimiento rechaza la lógica, e insiste por ejemplo en que los normalistas deben ser "devueltos" vivos porque vivos se los llevaron, incluso en el caso de los dos cuyos restos mortales han sido identificados por la Universidad de Innsbruck, es porque el propósito de largo plazo del movimiento no tiene nada que ver con los normalistas. Éstos son una simple semilla que sirve para cultivar un árbol del que surgirá un nuevo régimen político igualitario.

Lenin, que sigue siendo uno de las grandes guías intelectuales de los movimientos comunistas, planteaba que para impulsar una revolución primero hay que crear una situación revolucionaria. Esto es lo que están tratando de lograr los líderes de Ayotzinapa. Por eso las protestas se han vuelto cada vez más agresivas: un mártir sería un nuevo gran activo para la lucha. Por eso han intentado impedir la realización de elecciones, ya que el sufragio libre y secreto es un simple mecanismo burgués.

Los normalistas son un medio y no el fin. El objetivo real es construir una sociedad utópica en la que todos seremos iguales y felices. aunque no queramos.

Hace una semana, la conmemoración del 30 aniversario del temblor de 1985 hizo recordar el momento que la sociedad saltó la ineptitud e ineficacia de un gobierno centralizado en decisiones y lento en la acción. La solidaria participación de la ciudadanía rompió la zozobra y la depresión en que la sociedad había caído. Sin la solidaridad social, la capital y el país se hubieran hundido. No había poder, autoridad o aliento que transformaran la catástrofe en oportunidad.

Después de ese 85, la jugada cambió. Los ciudadanos comenzaron a ver manoseada su iniciativa por políticos oportunistas que, ante la falta de carisma y de propuesta real de progreso, usaron el eslogan para ganar tiempo y dinero sin esfuerzo. Caló y solo abonó a postergar lo que sucedería años después.

El asesinato de Colosio y el triunfo de Fox apaciguaron y movieron a la sociedad de nueva cuenta en concordancia. La belle epoque foxista duró lo que una ocurrencia y ahí. Precisamente ahí, inició el peor momento de nuestra historia.

La sociedad vive un campo de desunión y encono en crecimiento. Los disparates de la pareja presidencial conjugados con la habilidad y carisma de López Obrador comenzaron a fermentar el elixir del que, hoy, nadie escapa. Del "pueblo bueno" a la "mafia del poder" con desviación al "peligro para México", la descalificación virtual o real ha podrido el diálogo y la obtención de acuerdos. De hecho, el minado campo abona al surgimiento de mesías políticos que poco quieren la mejora sin antes pasar por su bolsillo.

Los movimientos de reflexión y debate se extinguen ante el juego de buenos y malos, de chairos y peñabots. Los contrastes se opacan y el negro es el color de la derrota dialéctica.

Hace un año, la discordia encontró cerillo en Iguala y su corrupción, la corrupción política que, ahí sí, no se pelea sino se comparte. Botín codiciado por el poderoso, arma contra el oprimido, la corrupción sin freno llevó a 43 al limbo pero no al olvido. De hecho, es lo único que unió -de nueva cuenta- al país en un clamor de encuentro múltiple, primordialmente de ellos.

Por desgracia, ni ellos ni las soluciones fueron hallados. Hoy en día Guerrero vive una discordia profunda, aún más que la de horas antes de la noche de Iguala.

El país está peleado. La bronca impulsa los peores valores de nosotros. Es momento que busquemos los puntos comunes, por más pequeños que sean, entre los habitantes de este territorio.

Antes que el río revuelto se enturbie y asfixie hasta la pesca de la que hoy disfrutan algunos advenedizos.

Ayotzinapa nos desnudó. En esa noche del 26 de septiembre nos vimos en el espejo que siempre hemos querido evitar, ése que nos avergüenza. Vimos nuestro reflejo de país, lleno de contradicciones, dolores que parecían olvidados y enormes cicatrices que el tiempo no ha logrado curar. En cuestión de minutos, pasa por nuestra cabeza octubre de 1968, la matanza de Tlatelolco; los 100,000 homicidios de la guerra contra el narcotráfico del sexenio pasado; la masacre de Acteal, los 25,000 desaparecidos y cientos de imágenes dolorosas que nos recuerdan lo lejos que estamos de ser el país que queremos. ¿Cómo es posible que en un país medianamente democrático se asesine estudiantes con tal impunidad? ¿Qué hicimos mal para que nuestro Estado de Derecho y nuestras instituciones sean incapaces de proteger la vida de los mexicanos?

Mientras los jóvenes normalistas eran asesinados por policías infiltrados por el crimen organizado, el Presidente hablaba de "las reformas". Enrique Peña Nieto recorría el mundo como ese líder reformista que se lanzó exitosamente contra los tabúes políticos en México: Elba Esther Gordillo tras las rejas; se acabó el monopolio estatal sobre el petróleo; mercado competitivo en materia de telecomunicaciones, y hasta evaluación a los maestros. La narrativa presidencial lo consumía todo, el "México torcido" tenía una medicina infalible: la eficacia de las reformas. "Saving Mexico" como sinónimo de un país que supuestamente encantaba en el exterior, que sacaba la cabeza justo cuando Brasil y Rusia la escondían. Ayotzinapa significó el agotamiento de esa narrativa; significó el retrato de un diagnóstico extraviado, una fotografía dolorosa que nos recordó lo equivocados que estábamos.

Tras Ayotzinapa todo entró en crisis. El tripartidismo, las reformas estructurales, la eficacia presidencial, la clase política y hasta la credibilidad del sistema en sí mismo. Ayotzinapa, y la casa blanca, golpearon duramente al régimen político en México. Es como si el dolor de lo ocurrido en Iguala nos presionara a aceptar la conclusión de que todo fue en vano. Confiábamos ciegamente en la transición a la democracia, ese camino pavimentado por los discursos de José Woldenberg, el optimismo de Cuahutemoc Cárdenas y hasta los tropiezos de Vicente Fox. Inexorablemente llegaremos a la democracia, tarde que temprano. El voto tiene ese atributo alquímico: convierte lo autoritario en democrático; lo impuesto en aceptado. Ayotzinapa nos metió en ese "callejón de sueños rotos".

El régimen de la transición se agotó. Dio lo que pudo dar y abdicó. Las viejas respuestas ya no nos clarifican el futuro. La transición a la democracia nos aseguró elecciones relativamente libres; un sistema de partidos plural, en donde los ciudadanos tienen posibilidad de propiciar cambios con su voto, pero poco hizo en el combate a la impunidad, en la protección a las libertades de los ciudadanos, en la exigencia de que los políticos rindan cuentas, en el combate a la corrupción y sus causas. La transición comenzó en 1988 y murió en el 2000, después de eso vivimos en una democracia de muy baja calidad, en la que la corrupción es el signo de los tiempos. La transición es hoy un relato acabado, sus discursos ya no seducen más.

Ayotzinapa significa también el derrumbe del templo de la credibilidad presidencial. hoy más que nunca, Ayotzinapa demuestra que poco importan las reformas cuando la impunidad lo inunda todo, la penetración del crimen organizado carcome las instituciones y los privilegios se colocan por encima del Estado de Derecho.

En el mismo tenor, el agotamiento de la narrativa reformista viene de la mano de la irrupción de los discursos maximalistas: es necesario cambiarlo todo. La opinión pública ya no se debate entre matices, ni se contenta con apuestas gradualistas; el hartazgo empuja a la condena del todo, a una ira contra lo establecido. "Que se vayan todos", recordando la consigna de los argentinos en la crisis de inicios de siglo.

Ayotzinapa puede significar ese momento trágico que nos inspiró a cambiar. Significar esa memoria que nos recuerde que debemos condenar la corrupción siempre, estemos en donde estemos. Puede significar, también, el momento en el que le digamos a los partidos políticos: o cambian o los cambiamos. Puede significar también el paso de una transición basada en el voto, a una transición que también incluye la rendición de cuentas y el combate firme a la corrupción.

En este sistema de asistencias, todo se da, menos respeto, esperanza o trabajo.

Porque la creciente pobreza alimentaria de los mexicanos y la dependencia alimentaria del país, son dos puntas del mismo error que los administradores sexenales, ciegos, corruptos y carentes de inteligencia, han propiciado a través de políticas y favoritismos que les han llenado los bolsillos, pero que han desfondado las arcas de la nación y han quebrantado al país. Porque las componendas de un partido y otro sólo se solapan, se cubren, pero no ayudan a que este país enfrente la desigualdad con desarrollo, la única posibilidad de acabar con la pobreza.

Por ello son bienvenidas las palabras del secretario Meade: "México no podrá concluir su proceso de modernización, si no abate el flagelo de la pobreza y rompe la inercia del uso de recursos de programas sociales sin generar desarrollo. Es necesario romper la inercia de enfoques asistencialistas sin vínculo con la vida productiva". Un atisbo de esperanza.

Y entonces, aún con la desilusión interiorizada, quiero creer que esta vez hay un atisbo de esperanza en las palabras de un mexicano que, hasta hoy, no ha defraudado al país.

Hace poco, en ocasión del décimo aniversario de la muerte de Adolfo Aguilar Zinser, alguien me contó que semanas antes de morir, en una cena y sin perder el humor que le caracterizaba Adolfo dijo a sus contertulios: "Saben qué, lo hicimos toooodo mal, qué bárbaros, qué manera de equivocarnos, debemos comenzar de nuevo". Algo similar a lo que, de otra forma sin duda pero mismo fondo, el sábado dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al presentar su iniciativa Por México Hoy.

Han sido "más de 30 años, un día tras otro, de ir para atrás", expresó el sábado el 3 veces candidato presidencial. "Sólo de 2012 para acá -abundó- se cuentan 600,000 personas con carencias alimenticias, 500,000 sin servicios en sus viviendas; 89 millones de personas vulnerables, esto es, con una o más carencias básicas, y sin seguridad social más de 70 millones; con el salario mínimo oficial más bajo entre los países de la OCDE y entre los países latinoamericanos, la economía no crece, pero la desigualdad social sí, al igual que la violencia, la corrupción y la impunidad".

El ingeniero propone que Por México Hoy se convierta en la convocatoria que logre una movilización para dotar al país de una nueva carta magna.

El debate no se ha articulado porque todavía puede más la unidad que muestra la élite político-empresarial interesada en que nada cambie.

La iniciativa de Cárdenas tendría más efecto si se deshiciera de compañeros de viaje que merman la credibilidad de su mensaje (Leonel Godoy, por ejemplo, presente en el acto del sábado).

Sobran diagnósticos pero nadie sabe cómo unir a tantos que coinciden en los qués. ¿Alguna idea de cómo?

Desde hace 10 años es hora de comenzar de nuevo. A ver si no esperamos otra década.

Además de la competencia y los fuegos cruzados pre y post electorales, la democracia ha traído consigo nuevos mecanismos de participación (¡qué bueno!) pero también algunos efectos perversos de esta. Enumero 3 que me confunden.

1) La sacralización de la participación. Organizarse para hacerse oír es fantástico. Meter la cuchara y cambiar el rumbo de las políticas públicas suena bien cuando están mal. Pero la participación no trae consigo verdad ni razón per se. Sólo trae más voces a la construcción de algo. A veces buenas, a veces no. "Haz lo que quieras, pero participa" no es una máxima que fortalezca nuestra democracia, [haga] eficiente nuestro gobierno, mejore nuestra sociedad o conduzca a buen puerto.

2) La vecinocracia. Se parece a la anterior, pero tiene su especificidad: es el imperio de los vecinos. Es difícil no darle la razón a los vecinos que se organizan: se supone que son buenos y vulnerables. Como antes no se escuchaban, ahora su voz es veto de ley. En la Ciudad de México, los vecinos pueden parar una obra pública o privada. Suena bien, ¿no? Pero puede que estén equivocados o que su interés afecte un interés mayor. Qué pasa, por ejemplo, si esa obra es infraestructura hidráulica vital para ciudad. O peor: puede que no estén equivocados sino que sean canijos. Ya ha sucedido. En Polanco, en el DF, hay grupos de vecinos que extorsionan a las constructoras y a los restaurantes para no pararles la obra.

3) La pureza del activismo. Primero teníamos la errónea distinción entre ciudadanos y políticos. Bueno ahí sigue la confusión gracias a Enrique Alfaro. Pero ahora tenemos una nueva: activistas frente a políticos. Y además, los activistas no deben juntarse con los partidos ni sumarse a los gobiernos porque guácala. Lamento decepcionarlos, pero no hay nadie más político que un activista y no hay nada más natural que llegar a los gobiernos. Un activista es, por definición, un militante. Que no tenga un partido es otra cosa, pero un activista, es decir, alguien que actúa para modificar (o conservar) una escena de la vida pública es la pieza esencial con la que siempre se construyeron los partidos y con la que se han hecho los funcionarios. Comunistas, revolucionarios, independentistas, socialistas, ecologistas… todos eran activistas antes de ser gobernantes. Oponerse a su participación en los gobiernos ¡es como si dijeran que Mandela no debió ser presidente!

Hace algunos meses, GCE dio a conocer una interesante encuesta sobre la confianza. Los resultados son alarmantes: claro retroceso en la confianza ciudadana sobre la democracia; abrumadora creencia en que las instituciones públicas persiguen sus propios intereses y no los de la sociedad en su conjunto, con el consecuente descrédito de las instituciones de gobierno. Simplemente hay que escuchar el creciente rumor de la calle y constatar que no se trata de un secreto para nadie.

"Los mexicanos hemos ido perdiendo algo fundamental para crecer como sociedad y como país; la confianza... en las instituciones públicas y privadas... y lo más grave, entre los ciudadanos mismos", decía el presidente Peña Nieto en agosto durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. La confianza solo regresará "a partir de acciones concretas", añadió. Cierto, pero esas acciones no pueden ser solo aquellas que se deriven de las reformas que ha promovido su gobierno: si éste no puede hacer aquello para lo cual existe, que en esencia es proteger a la sociedad y promover su bienestar independientemente de cualquier paquete de reformas, lo demás es irrelevante.

Acaso quisiéramos creer y tener confianza, pero somos por naturaleza desconfiados y cada vez tenemos menos paciencia para todo. Como país, el margen para recuperar la confianza se estrecha cada vez más, lo que claro que beneficia a algunos, aunque perjudique a todos los demás.

No solo en México, el mundo vive el momento de los enojados. Humor social dicen algunos, otros remiten a las cifras de la desconfianza o falta de credibilidad de las instituciones fundamentales de la democracia: partidos, funcionarios electos y congresos. Esto corre en paralelo a la muda de hábitos informativos, de convivencia y entretenimiento. Son tiempos de la red, de la información en tiempo real, de amigos y asociaciones virtuales.

Indignados suelen decirles en España. Razones tendrán porque los efectos de políticas restrictivas frente a un capitalismo inhumano y una democracia de ciudadanos complacientes llevan inevitablemente al desencanto y de allí a la inconformidad, particularmente frente a la falta de expectativas de jóvenes y los efectos en el bienestar de la población. Allá es la crisis del Estado benefactor; aquí es algo más concreto: las dificultades para vivir en paz y con apego a la legalidad.

El enojo de muchos tiene que ver con la expectativa frustrada con la democracia. Para los enojados 12 años de gobierno del PAN no significó mucho. La corrupción y la violencia no son nuevas, pero se han agravado en el México de la alternancia. Antes la condena era a un partido y a un modelo político. Ahora el rechazo se dirige a todo y todos, incluyendo a las televisoras, iglesias, el INE y empresas mayores, por eso gana quien se ubica fuera, aunque solo sea ardid electoral.

Traducidas a opciones políticas y partidos, el tiempo de enojados remite a la fragmentación. Los partidos se cerraron y estrecharon la puerta a nuevos partidos. Al menos Morena puede canalizar algo del enojo, pero la fuerza se está corriendo hacia los independientes, sean o no ciudadanos, sean o no auténticos.

Paradójicamente, la fragmentación sirve a las minorías mayores. Por ello el PAN promueve la multiplicidad de independientes; seguramente el PRI apoyará, aunque los gobernantes locales prefieren mantener la cohesión y de allí las posturas encontradas para flexibilizar las candidaturas independientes.

El gobierno se traslada a una nueva realidad: ejercer el poder entre el disenso y el rechazo. Conducir el gobierno en tiempos de tempestad demanda claridad de rumbo. A la larga, lo que convalida son los resultados no la circunstancial y veleidosa popularidad, pero esto no es licencia para desestimar la opinión pública o publicada.

La crítica esta semana fue del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein: "Hay un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México" (...) en el país 98% de los crímenes queda sin resolver y la mayoría nunca son propiamente investigados. Zeid Ra’ad Al Hussein añadió que para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son impactantes, como las 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito, más los 26,000 desaparecidos reconocidos oficialmente. Una frase resume el impacto que la guerra en México dejó en el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos: "Es espeluznante".

Para Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional, no hay un país en el mundo que tenga la crisis de derechos humanos que tiene México, salvo en naciones donde hay guerra externa o civil abiertamente declarada o en países con dictaduras declaradas.

En medio de los meses de mayor rabia social por los escándalos de corrupción, el presidente de México restó gravedad al asunto al declarar que en el país la corrupción es un asunto cultural, del que todo mundo participa y todo mundo se beneficia.

Palabras más, palabras menos, sugirió que la corrupción generaba beneficios sociales: el ama de casa que sabe que con una lanita el camión de la basura sí pasa por su casa, el oficinista que por una propina al policía puede estacionar su automóvil donde está prohibido, etc.

Es cierto que México ha convivido históricamente con la corrupción. Los caricaturistas posrevolucionarios fueron especialmente divertidos al denunciarla e incluso se recuerda que el entonces primer mandatario Adolfo López Mateos dijo hace 6 décadas: "Todos los mexicanos tenemos la mano metida en el bolsillo de otro ¡y ay de aquél que rompa la cadena!".

Quizá todavía una inmensa mayoría de la sociedad está cómoda con el status quo. Sin embargo, un creciente y cada vez más importante pedazo de sociedad ha escalado al 2o. piso de la democracia.

Antes preocupaba que durante las elecciones todos los votos contaran, que efectivamente todas las boletas marcadas fueran contabilizadas y correspondieran a un elector cada una. Las urnas embarazadas, el ratón loco, la operación tamal están casi extintos. Mas ahora la sociedad está interesada en saber quién paga las campañas.

Antes sólo importaba que las obras de infraestructura realmente se hicieran. Porque eran frecuentes los casos en que se etiquetaba dinero en el presupuesto para un puente o carretera, ese dinero se gastaba, pero jamás había puente, jamás había carretera. Aunque siguen existiendo, ese tipo de casos son contados. Ahora tenemos bastante certeza de que si se presupuesta, se construirán la carretera y el puente, pero ahora queremos conocer a quién se otorgan los contratos de la obra y sobre todo, a cambio de qué.

Por años no importó que los gobernantes robaran, si sabían repartir. Que roben, pero que salpiquen, se justificaba en el argot. Lo de hoy, lo del 2o. piso de la democracia, es exigir la declaración patrimonial, la de pago de impuestos y la de conflictos de interés.

Algunos poderosos, cómodos con la planta baja y más bien coqueteando con el sótano, desdeñarán que al 2o. piso sólo han llegado burgueses ilustrados de zonas urbanas del país, una especie de opinión pública, publicada e influyente, sociedad civil organizada que se asume muy informada. Olvidarán que de este sector surgen las revoluciones. Y que en el siglo XXI las ideas y el conocimiento llegan más lejos, más rápido y a más sectores.

Se equivocarán los que se resistan.

En Italia y España le dicen la "casta". En América Latina, la "oligarquía". Y en México, López Obrador le llama la "mafia del poder". Al final, la definición es la misma: es la articulación de las élites políticas y económicas para proteger corruptamente sus intereses privados. El discurso apela a la mafia del poder como la que controla la economía y que tiene en los gobernantes a sus "mayordomos", ya que los que mandan están en las empresas. Sabemos que el discurso de López Obrador tiene una buena dosis de reduccionismo, pero la narrativa en términos políticos es eficaz para describir uno de los graves problemas del país: el secuestro del Estado por parte de intereses privados.

México es un país en donde 4 hombres controlan 9% del Producto Interno Bruto. La riqueza de estos 4 personajes (Larrea, Salinas Pliego, Slim y Bailleres) se ha multiplicado desde la transición a la democracia. Una élite que controla la economía, no es una aberración marxista, sino una realidad palpable que surge de los datos. Y, en paralelo, la concentración de la riqueza provoca que también haya una élite económica y política que fácilmente se ponen de acuerdo para alinear sus intereses. México es un país oligárquico, casi por definición.

Casos como el de la "casa blanca" u OHL fortalecen esa visión de un país cooptado por intereses privados que son solapados por los gobiernos. El hecho de que la casa de la primera dama, Angélica Rivera, esté a nombre de la compañía privada que más contratos ha ganado tanto en la administración de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, así como algunos importantes ya con Peña Nieto en Los Pinos, es una muestra de que la sospecha de colusión entre las élites políticas y económicas está siempre latente.

La sospecha de corrupción es música en el oído para el líder político de Morena. López Obrador es una respuesta a la crisis del sistema, es un político que se fortalece ante la debilidad del establishment político. La fuerza del tabasqueño es directamente proporcional al desprestigio de la clase política; a una economía alicaída; al hartazgo ciudadano con la corrupción, y también al descrédito de la "partidocracia". En un entorno de desconfianza, en donde solamente dos de cada 10 mexicanos están satisfechos con la democracia, la explicación de López Obrador es simple para cualquiera: quitemos a los corruptos y pongamos a los buenos. No hay problemas institucionales, ni problemas estructurales, es sólo reemplazar a los políticos malos y corruptos, por políticos buenos y con honestidad. López Obrador se para en el terreno de la moral, pocas veces en el terreno de las reformas. Una respuesta así, simplifica los problemas, pero en el discurso político agita las emociones y utiliza el descrédito y la desconfianza a su favor. Es populista porque apela al pueblo, divide a la sociedad en 2 -pueblo y élite- y simplifica los problemas políticos, pero no por eso significa que sea una narrativa a desechar.

En México, la clase política forma parte del 1% más privilegiado de la sociedad. De acuerdo a Oxfam, todos los mexicanos que ganan más de 50,000 pesos más, son la cúspide. Aquellos que controlan 21% de la riqueza nacional. Es cierto, y ahí no se equivoca López Obrador: existe una desconexión entre la forma de vida de los ciudadanos y las condiciones económicas de la élite política. Ese énfasis de López Obrador en la austeridad es también un gesto de sensibilidad, un discurso que busca conectar con una población que siente que los políticos son indiferentes a las preocupaciones de la mayoría. El populismo muchas veces reencausa la relación entre el líder político y el "pueblo", remedia la distancia entre las élites y el común de los mortales. Su populismo es hoy en día, una retórica que hace vigente a López Obrador ante la lejanía y la ineficacia de la tecnocracia para resolver los problemas cotidianos de los mexicanos. El diagnóstico parece correcto, la medicina, por el contrario, sigue generando muchas polémicas.

Un ex gobernador sufre un atentado en Colima, el gobernador electo de Guerrero atestigua un ataque a un bar en Acapulco, abrasiva cacería de la Marina para recapturar a "El Chapo", un cadáver colgado de un puente sacude al Distrito Federal, el Ejército seguirá en Michoacán hasta que haya policías confiables...

La agenda de la violencia se impone. El pasado regresa. 3 años de otro gobierno federal y de nuevo la inseguridad es el tema acuciante. ¿Estamos condenados a no salir de este ciclo?

La respuesta a esa interrogante podría estar en lo que ocurra hoy en Washington, D.C., donde este martes será revisada la procuración de justicia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país.

En el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este día se llevarán a cabo 4 audiencias. En una de estas audiencias, activistas por los derechos humanos pedirán analizar si existió y/o existe una política del gobierno federal que alienta el que los criminales se eliminen entre sí, lo que habría desatado la ola de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, actos de tortura, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, etc.

Bajo la premisa tantas veces escuchada en el sexenio anterior de que se "están matando entre ellos", esa política de permitir tanto a individuos como a funcionarios cometer actos criminales incluiría la inacción por parte de los organismos encargados de investigar y castigar esos hechos.

El resultado de esa política sería el tsunami de violaciones a los derechos humanos que padece México, crisis que supera la capacidad institucional para hacer justicia.

Otro. Tomen la cifra de desaparecidos que más les parezca (13,000, 23,000, 25,000, etc.). Frente a esa tragedia humanitaria, hay sentencias firmes en apenas 6 casos. Y todos esos expedientes son de hechos cometidos antes de 2006.

Lo mejor que podría hacer el Gobierno de México en las citas de hoy en Washington sería reconocer que la situación nos ha rebasado.

La consigna de "vivos se los llevaron, vivos los queremos" tuvo una lógica demoledora en la lucha contra las dictaduras latinoamericanas, sobre todo en Argentina, hasta que se supo cuál fue el destino de las víctimas. Luego lo que se buscó fue castigar a los responsables e identificar los restos que se podían recuperar (y esa tarea continúa casi 40 años después) pero por sobre todas las cosas se quiere comprender y explicar qué, como y porqué había ocurrido. Con una diferencia notable respecto a nuestro país: aquellos sí fueron crímenes de Estado, organizados desde la cúpula del poder con el objetivo declarado de exterminar a opositores políticos, a casi toda una generación. Aquí lo que tenemos es una violencia irracional, iniciada y sustentada por grupos criminales en contra del propio Estado: grupos criminales que han recurrido al terror, el secuestro y la extorsión para preservar sus intereses a costa de la sociedad.

Sí hay 43 jóvenes secuestrados y asesinados en Iguala, pero en la misma zona ha habido 600 personas muertas o desaparecidas, muchas halladas en fosas comunes; el mismo matrimonio Abarca, al que algunos ahora y en forma increíble quieren mostrar como "chivos expiatorios", fue acusado por sectores del PRD de haber asesinado a 3 de los dirigentes locales del partido que eran opositores al alcalde; para nadie era un secreto que los padres y los 4 hermanos de María de los Ángeles Pineda eran activos integrantes primero de los Beltrán Leyva y luego de Guerreros Unidos, y que la lucha de éstos contra los Rojos fue la causa de esas 600 muertes y desapariciones en la zona. Ese es el verdadero contexto de violencia y corrupción política en la región y es imposible separar el caso de los estudiantes de Ayotzinapa del mismo.

En ese camino algunas preguntas claves se escamotean. La primera y principal es porqué fueron enviados esos jóvenes a Iguala. He escuchado a alguno de los voceros decir que la razón por la que fueron a Iguala, pese a que les habían dicho originalmente que irían a la cercana Chilpancingo, no importaba, que lo importante fue su secuestro. No es verdad: saber por qué fueron, quién los mandó y para qué, es decisivo para saber qué sucedió. Se dice que fueron a botear: resulta que jamás botearon en Iguala, en ningún momento lo hicieron ni tampoco lo intentaron, pero recorrer 200 kilómetros e ir a "territorio enemigo" (la normal era enemiga abierta de los Abarca desde que un año antes habían incendiado el palacio municipal de Iguala) sólo para botear, no tiene sentido. Tampoco, lo tendría haber llegado con 2 camiones y que uno se quedara fuera de la ciudad y el otro ingresara hasta la terminal de autobuses.

Mucho menos se explica quiénes iban en las 2 Urban que acompañaron los camiones, una de las cuales estuvo en un 1er. enfrentamiento ante un lavado de autos, donde quedaron 3 muertos y una de las Urban llena de balazos y que los sicarios de Guerreros Unidos dicen que se usó para atacar ese local, propiedad de su gente. Decir que se fue a "recuperar" (la palabra es secuestrar) camiones para la marcha del 2 de octubre suena endeble: tenían para esa fecha secuestrados 27 camiones dentro de la propia normal.

No es un problema de creer en una u otra versión, el tema es sustentarlas.

La desigualdad en nuestro país existe desde su nacimiento, fuimos conquistados y colonizados, dichos procesos, sobre todo, los de colonización, siguen existiendo de diversas formad más sofisticadas, la deuda externa (eterna), el saqueo de la riqueza del país, la explotación de los recursos humanos y naturales en forma depredadora, la fuga de capital humanos, los cerebros y los brazos que enriquecen a otras economías, el analfabetismo, la desorganización política, económica y social y muchos factores más que podríamos señalar, pero que se encuentran muy relacionados con la falta de un proyecto político, económico y social, una educación para ello, la conciencia del trabajo colectivo y de beneficios para todos, si nos va bien a uno o algunos, nos puede ir bien a todos, si unos están bien, todos podemos estar bien, principio de desarrollo de toda agrupación humana.

La norma rectora o Constitución de México, establece que todas las personas deberán tener los mismos derechos, plantea una igualdad formal; sin embargo, no todas las personas cuentan con las condiciones materiales para que los derechos que todos podemos disfrutar, de manera efectiva, puedan ser ejercitados, sobre todo por dos razones muy elementales e importantes que son determinantes en la desigualdad en México y que no se ha corregido.

La 1a., todas las personas, la niñez debe ser educada; pero no todos los padres de familia inscriben y llevan a sus hijos a las escuelas, por diversos hechos; de igual forma, el propio Estado, no ha tenido la capacidad, desde 1917, de crear las escuelas suficientes, ya o digamos de calidad para toda la niñez del país; así, se suman 2 factores básicos que nos explican el por qué en nuestro amado país se origina la desigualdad y cómo es un círculo vicioso romper dicho esquema circunscrito dentro del capitalismo, al cual le conviene tener mano de obra barata para imponer sus condiciones, entre más miserables e ignorantes existan, entonces, será más fácil explotar a dicha población.

Muchos de estos problemas se pueden analizar de esa manera, se interrelacionan y no se remedian en forma integral; la desigualdad existe porque somos diferentes, pero, además, porque las condiciones políticas, económicas, sociales, religiosas, culturales y jurídicas se imponen por los poderosos a los cuales les conviene el actual estado de la cuestión, es necesario que existan pobres para que los capitalistas impongan, dentro de la ley de la oferta y la demanda, sus condiciones laborales, lo cual genera la mayor plusvalía o ganancia en sus inversiones.

La actualidad mexicana donde el crimen y la impunidad han multiplicado las conductas criminales en la sociedad, y aunque no todo mundo sea sicario y esté relacionado con el crimen organizado, crecen incontroladamente los comportamientos de gente que se porta como si fuera sicario, como si fuera parte de una banda criminal. En ese clima de impunidad se multiplican las conductas criminales y desde luego las víctimas.

Hay muchos episodios reconocibles para cualquier persona ahora en México, y que tienen que ver con la desigualdad social, con el fracaso de la educación pública, el fracaso de la salud pública, con esos sucesivos fracasos del Estado y del sistema mexicano que han permitido esa multiplicación de la criminalidad.

Cuando hoy Héctor Astudillo asuma el Gobierno de Guerrero, se encontrará con una realidad desoladora. Los gobiernos de Ángel Heladio Aguirre y sobre todo el de Rogelio Ortega, destruyeron las redes de gobernabilidad, abandonaron la seguridad, ahondaron la pobreza, dejaron las finanzas en quiebra.

No hay ningún otro estado del país en una situación tan compleja, con una gobernabilidad tan endeble y una inseguridad tan manifiesta como Guerrero. En Chilpancingo la violencia, las tomas de oficinas públicas, la inseguridad son cosas de todos los días y ello fue solapado por el gobierno de Ortega que le ha destinado a la CETEG y sus aliados millones de pesos (incluso negándose a descontarles salarios de días no laborados) pese a que la disidencia magisterial representa apenas al siete por ciento de los maestros del estado. No ha procesado a nadie por los saqueos, secuestros, bloqueos y delitos que se cometen cotidianamente, pero además, muchos de los incendios en oficinas públicas estatales fueron selectivos, para destruir documentación comprometedora para esas dos administraciones.

No sólo desde el gobierno se ha fomentado y financiado a los grupos armados que se presentan como de autodefensa o de policía comunitaria, sino que además se liberó a los dirigentes de las organizaciones de guerrilla que estaban detenidos con condenas de hasta 40 años por asesinato y secuestro. Obtuvieron una amnistía del gobernador saliente.

Acapulco se ha convertido en la ciudad con el mayor índice de asesinatos del país. Los ajustes de cuentas no cesan y el propio Astudillo estuvo a punto de ser víctima de ello hace una semana cuando cenaba con su esposa en la costera.

En el terreno económico, la deuda que le deja Ortega a Astudillo supera los 15,000 millones de pesos, 8,000 de ellos en el rubro de la educación, en buena medida por los recursos otorgados por Ortega a sus grupos aliados. Mientras tanto, ni Aguirre ni Ortega han concluido las obras de reconstrucción de los daños provocados hace ya más de 2 años por las tormentas Ingrid y Manuel, a pesar de haber recibido los recursos federales para ello, y centenares de damnificados siguen viviendo en campamentos provisionales. Nada ejemplifica mejor la desidia con que se gobernó el estado que el abandono de los damnificados.

Siempre cargando con los mismos vicios, y cuando no, recrudeciéndolos, constantemente vulnerados por la deshonestidad de esos gobernantes eternamente impuestos por un sistema corrupto desde sus entrañas, maltratados por los vicios sempiternos y la decidia de "nosotros, pueblo agachón y masoquista", abusados por unos cuantos y sufrido por millones, el México del círculo vicioso.

Violan (mis derechos, mis oportunidades, mis pensamientos, etc.), Me despojan (de mi trabajo, de mi escuela, de mi servicio de salud), abusan de nosotros, y solo pataleamos y lloramos hacia adentro, nos tragamos nuestra dignidad para ver cómo, tarde o temprano, regresan esos mismos problemas, incluso recrudecidos, y así continuar en esa perversa espiral: similares problemas, circunstancias y personajes, idénticas situaciones, repetidas frases, iguales incongruencias, abusos reiterativos, etc., que si el torneo es emocionante o mediocre, que si el arbitraje es domesticado, que si las elecciones de cualquier nivel fueron ilegítimas e ilegales, que si el Chicharito es héroe o villano, que si tal o cual político fue sorprendido infraganti robando o transando...

Qué difícil es insistir en remedios y soluciones útiles y sanas para crecer y cambiar, qué difícil es enfrentar a los poderes fácticos y económicos buscando apoyos para combatir a esos molinos de viento que espantan a tantos colegas igualmente entregados a los placeres del servilismo, la sucia telaraña está muy bien tejida y no permite que la razón, la ética, la honestidad y el respeto al prójimo (labrado en leyes) permita los cambios que necesita una sociedad congruente y sana.

PD. Lamentablemente, no sabemos trabajar en equipo.

El estado mexicano ha fallado en todas las apuestas que ha hecho y en las promesas que ha emitido a su población. No ha logrado dar seguridad, la salud es una broma que causa miles de muertos al año. La educación está en manos o de sindicatos cínicos o políticos que ven en el futuro infantil su catapulta hacia su futuro personal. La movilidad se encuentra en una etapa de poca prospectiva y los derechos humanos son una burla donde hasta las iniciativas en su contra pueden presentarse con faltas de ortografía.

Ante ello, el Estado ha intentado limitar al ciudadano. El miedo como arma ante su ineficiencia.

Desde el punto de vista moral, no podemos condenar de antipatriotas a los mexicanos que protegen sus ahorros en el extranjero. En todo caso, los antipatriotas son los gobernantes que han creado la desconfianza en nuestro peso por las continuas devaluaciones, por la nacionalización de la banca, la inseguridad, la delincuencia y por el saqueo de las arcas públicas, por lo que deberían crear un sistema de inversión y ahorro con el respaldo del Banco de México que mantenga blindadas las inversiones financieras contra las devaluaciones, para evitar que se sigan protegiendo los ahorros en otros países.

Michoacán no es Guerrero, pero casi. Si otra entidad de la república manifiesta las condiciones de estado fallido después de Guerrero es su vecino del norte.

Ya nos acostumbramos a contar muertos. Más aún, como las cifras nos rebasan la imaginación, 52,000 en 3 años de Peña Nieto; 70, 80 o 100,000 en el sexenio de Calderón según quién los cuente, y cómo los cuente; 15,000 en los últimos 10 meses, etc., hemos recurrido a formas "didácticas", como contarlos mejor de otra manera: 353 cada día; 14 cada hora, uno cada 4 minutos.

Pero esos 353 no son un cifra, significan una familia golpeada por la violencia cada 240 segundos; significan 20,000 jóvenes a los que como país no fuimos capaces de ofrecerles más futuro que la violencia, significan miles de viudas y huérfanos que crecerán en el dolor. Significa la incapacidad del Estado, más allá de quién gobierne, de cumplir con la 1a. y más importante de sus funciones: brindar seguridad a todos los ciudadanos, no sólo a los que viven en ciertas colonias, no sólo a los funcionarios y sus familias.

Es cierto, los muertos violentos de estos últimos nueve años hablan de una guerra intestina y cruel por el control de las rutas del narcotráfico, por los enormes flujos de dinero que generan las actividades ilegales, pero también hablan de una economía que crece muy poco y concentra mucho el ingreso; hablan de territorios abandonados por el Estado, de gobernadores corruptos, policías coludidas, sociedades altamente tolerantes al dinero sucio y ávidas de lavarlo. Esto es, detrás de los muertos violentos hay muchas historias, pero sólo hablamos de una, la del narcotráfico, como si eso por sí solo lo explicara todo.

Si mañana, como por arte de magia, se acabara el narcotráfico y se legalizaran todas las drogas del mundo, ¿se terminaría la violencia en México? Me temo que no. Se terminarían los flujos más importantes del crimen organizado, le cortaríamos la mitad de sus ingresos de un golpe, no es poca cosa, pero ello no acabaría con los otros delitos vinculados al crimen organizado, como el tráfico de personas, el secuestro, la piratería, el robo de autos, el cobro de piso, la venta de protección, y por supuesto no terminaría con la corrupción, la madre de todas las mafias.

Los países tienen policías. Las reclutan, las capacitan, las arman, les pagan y les instruyen en qué deben hacer y qué no.

Las policías están ahí para que se cumpla la ley. Son el opuesto de lo que combaten: aquellos que no quieren cumplir la ley.

Se entiende que los delincuentes son delincuentes. Y lo son porque no cumplen la ley. Esos no tienen reglas o las cambian todos los días.

Los años de violencia recientes, la infinita crueldad de los delincuentes, la aparente imposibilidad de contenerlos, parecen haber nublado algunas de estas cosas en México.

El bienestar del pueblo es la meta obligada de todo gobierno. Depende del buen o mal manejo de la economía lograr alcanzar la meta. Desgraciadamente en México estamos muy lejos de alcanzar el bienestar. Aun cuando se alcanzara el salario que cubriera las necesidades básicas de alimentación, vestido y vivienda, no alcanzaríamos el bienestar porque nos faltaría la seguridad; seguridad en todos los órdenes, seguridad jurídica, seguridad física, seguridad ambiental, seguridad política.

Carecemos de seguridad jurídica porque el poder judicial se ha convertido en una cleptocracia que se vende al mejor postor. La seguridad física está en constante peligro ante el avance de la criminalidad. La seguridad ambiental está amenazada por la contaminación de ríos, lagos y mares; la polución del aire que respiramos y la constante destrucción de las áreas verdes. En cuanto a la seguridad política, el Estado nos ha abarrotado de leyes y reglamentos que lo único que hacen es protegerse contra ellos mismos con la creación de un costoso aparato electoral que no nos garantiza que se seleccione a los mejores hombres; aquellos que trabajen por el bienestar del pueblo, que combatan a la clase gobernante cleptómana y frenen la voracidad de un estado depredador.

El Estado debe considerarse como un padre al que la población acude cuando lo apremian las necesidades -un padre protector- como lo tienen considerado los ciudadanos franceses que saben que cuentan con el Estado en cualquier situación que se encuentren, dentro o fuera de su territorio.

Todo lo contrario de la forma en que los mexicanos tenemos considerado al Estado mexicano: le tememos, lo odiamos, nos cuidamos de él, porque a través de los años casi todos los gobernantes se han dedicado a desprestigiarlo ante propios y extraños. El Estado se ha encargado de empobrecernos, comiéndose nuestros ahorros con inflación y devaluaciones constantes. La inflación no es más que un impuesto oculto que disminuye el poder adquisitivo de nuestro salario y que por medio del mecanismo de la ganancia inflacionaria nos grava con impuestos que para el contribuyente son una ganancia virtual, pero el impuesto es real.

En tanto que las devaluaciones se producen por el mal manejo de los recursos públicos, por la cleptocracia. Si valuamos nuestro patrimonio al precio de los dólares de hoy y lo comparamos con los de hace 25 años encontraremos que hemos perdido la mitad de nuestros ahorros por las devaluaciones constantes.

La cleptocracia se alimenta de la corrupción, el robo del capital institucionalizado por sus derivados, el nepotismo, el clientelismo político y el peculado; acciones que quedan impunes debido a que todos los sectores del poder están corruptos.

La cleptocracia es el conjunto de personas que nos gobiernan que tienen la manía, la tendencia compulsiva de origen patológico al robo, como una anormalidad social. En tanto que el Estado devora nuestro patrimonio erosionando el fruto de nuestro esfuerzo, no tanto por la cantidad, sino por la calidad del destino que le da a nuestros impuestos.

En Guerrero se vive una situación de franca ingobernabilidad dejada por los gobiernos de Aguirre y Ortega. La mezcla es explosiva: normalistas y familiares manipulados por los grupos más radicales; una corriente del magisterio que tiene como referente a grupos armados; éstos están trabajando políticamente en buena parte de la entidad al tiempo que, presentados como policías comunitarios, están construyendo bases armadas como nunca antes las tuvieron; organizaciones criminales que cubren casi todo el territorio del estado, convertido en el principal productor de goma de opio y mariguana del país, con fuertes redes de distribución en México y en Estados Unidos y control de posiciones municipales y estatales. Y todos estos grupos y organizaciones unidos entre sí, en una trama donde el poder del Estado ha quedado conscientemente marginado, en las 2 pasadas administraciones, con la complicidad de los propios gobiernos estatales que, además, se caracterizaron por la corrupción.

Para reconstruir el tejido social de Guerrero se requiere hacer mucho, quizás demasiado, pero no se puede comenzar de ninguna forma sin romper el circuito de impunidad que abarca casi todo. Y hacer respetar la evaluación magisterial y castigar todos los hechos de violencia que se han dado en torno a ella, puede ser la 1a. piedra de un muy largo camino por construir.

Ni Juan Pablo II con 5 visitas, ni la única presencia de Benedicto XVI, detuvieron un proceso inevitable de descomposición social en este país, atacado a fondo por el narcotráfico y el debilitamiento del Estado.

¿A qué México llegará entonces el Papa Francisco en febrero de 2016?

Sin duda, a un país atormentado por la violencia, la corrupción y la debilidad institucional, que pese a todo marca la vanguardia en América Latina, quizá hasta involuntariamente.

Que el jefe máximo de la Iglesia Católica visite México no cambiará la desgastada dinámica política de un país que gasta miles de millones de pesos cada año en elegir autoridades, y carece de mecanismos judiciales para castigar a los servidores públicos que después de ser elegidos en campañas, abusan de sus cargos e incumplen obligaciones.

La visita del Papa Francisco, definitivamente, no erradicará la corrupción ni eliminará la impunidad; tampoco causará el ascenso automático de la justicia social o eliminará los pecados de la iglesia que no pocas veces se ha aliado con los autoritarismos latinoamericanos, pero sí puede incentivar las causas de las mayorías más empobrecidas.

Claro, eso depende de los mismos clérigos y de los creyentes.

Uno de los peores años para Petróleos Mexicanos ha sido 2015. La caída de 70% en los precios del crudo puso a la empresa paraestatal en jaque financiero, al grado de que la última semana de noviembre la agencia Moody's le rebajó su calificación.

Moody's argumentó que "los indicadores crediticios de Pemex se deteriorarán aún más en el corto a mediano plazo debido a que los precios del petróleo continúan deprimidos, la producción continúa cayendo, los impuestos permanecen altos y las necesidades de inversión de la compañía son financiadas con deuda".

Cuando el precio del petróleo ronda los 100 dólares nada de esto se ve. Pero bajan las cotizaciones y emergen las irregularidades. La corrupción, apunto yo, se vuelve más relevante.

En caso de que las cotizaciones sigan cayendo, el problema va a ser todavía más crítico: el barril de crudo mexicano cerró ayer en 28.34 dólares; pero en promedio, producir un barril le cuesta a Pemex 23 dólares... Se acabaría el negocio.

Al momento de escribir estas líneas la mezcla mexicana estaba en aproximadamente 27 dólares por barril. Son los precios más bajos del crudo desde que estalló la crisis hace 7 años. Dicen los especialistas que está sólo 4 dólares por encima de nuestros costos de producción que serían de 23 dólares (si es así, se pondría dramáticamente de manifiesto la ineficiencia de Pemex, porque es un costo altísimo de producción comparado con la de cualquier otra gran petrolera en el mundo). Sólo ese dato debería justificar la exigencia, aunque sus resultados no se perciban de inmediato, de la reforma energética y de la necesidad de abrir el mercado energético como se está haciendo.

Pero por lo pronto, los ingresos petroleros serán mucho menores y las coberturas no cubrirán en la misma medida, como ocurrió por ejemplo este año, esa caída. El petróleo se está vendiendo a principios del invierno a casi la mitad de lo calculado en el presupuesto, y nada indica que el precio pueda mejorar significativamente.

No se trata de dramatizar las cosas: México ya no depende de sus exportaciones de sus materias primas en porcentajes tan altos como en el pasado; las exportaciones de productos manufacturados crecen porque crece la economía estadounidense y porque el consumo en el país, pese a todo, no se ha estancado. En los hechos, México y Colombia son las dos naciones de la región mejor preparadas para hacer frente a la caída de las materias primas que está desarticulando las economías de muchas naciones latinoamericanas, comenzando por Brasil.

Todo ello demuestra que el haber mantenido durante tantos años la coherencia en la política económica, más allá de vicisitudes sexenales, le ha redituado al país en estabilidad y en la posibilidad de poder sobrellevar estos periodos turbulentos (o crisis brutales como la iniciada en 2008) sin costos sociales tan altos como los que tuvimos en los 70 y 80 o los que hoy sufren otras naciones.

Pero eso no impide que el 2016 sea en términos económicos un año difícil. El objetivo deberá ser mantener esa estabilidad al tiempo que se logra sostener un crecimiento que, aunque sea relativamente bajo, sea también constante. Este año, pese a todas las previsiones, se logró un crecimiento de 2.5 superior incluso a la inflación anual. En la situación que vive la región y el mundo, es todo un logro. Y eso devino de la industria, de las inversiones, de la capacidad exportada en productos manufacturados.

Por supuesto que hay cosas que se podrían hacer diferentes, sobre todo quizás en lo fiscal o en la promoción de ciertos sectores (las zonas económicas especiales aprobadas por el Congreso son un buen ejemplo de ello) pero lo que no se puede perder es la coherencia y la estabilidad de la economía. En ella no puede haber resultados espectaculares ni milagros. Y unos y otros se pueden prometer con demasiada facilidad e imprudencia en un año electoralmente tan activo como será el 2016.

México está enfrentado. Demasiado enfrentado. Circula mucho odio. Demasiado odio.

En el mundo de la vida pública y política -y no me refiero sólo a los políticos, sino a sus seguidores, a los ciudadanos que sin filiación levantan la mano para opinar, quienes nos dedicamos a ello como profesión y oficio, los analistas, las organizaciones, la academia- la competencia es sana, las diferencias son indispensables, la rivalidad es entendible, pero la enemistad es indeseable y el odio merece ser revertido.

El discurso político, animado ahora por las redes sociales (que pueden contribuir al sano debate tanto como al despreciable insulto fácil) abreva cada vez más del odio. Es lógico que los adversarios busquen diferenciarse entre sí de cara al público. Lo ideal es que lo hicieran a partir de ideologías, políticas públicas, propuestas, rutas de solución a los problemas. Pero no.

En México -y no estamos solos pues el fenómeno se repite en todo el mundo- cada vez con más frecuencia los adversarios buscan diferenciarse con base en la descalificación generalizada del otro, en la ruina moral del competidor, en la aniquilación de aquel con el que se tienen diferencias. Buscar denominadores comunes, detectar puntos de encuentro, captar del rival lo más valioso para incorporarlo al pensamiento propio se ha vuelto una práctica escasa.

Tocará a los historiadores, pasado mucho tiempo desde hoy, concluir de dónde nació el odio, por qué y si hay responsables.

¿No es momento de buscar una reconciliación nacional?

¿No ha sido ya demasiado el odio?

¿No tenemos todos que poner un tramo de nuestra parte?

¿No cabemos todos? Con nuestras fascinantes diferencias, en este México, si lo queremos verdaderamente diverso, plural, democrático, con plena legalidad.

El catálogo de asignaturas pendientes es punto menos que infinito en México: necesitamos crecer más, reducir la pobreza, acrecentar la igualdad, educar bien a nuestros niños, competir en el mundo, atender a los ciudadanos desprotegidos, limpiar los lagos y ríos emponzoñados por la contaminación, construir miles de kilómetros de carreteras, acabar con los usos y costumbres del corporativismo, detener (humanamente) el flujo de inmigrantes que cruzan la frontera sur, resolver (de una buena vez) el tema de los 43 (41) estudiantes (no desaparecidos, sino masacrados por los sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos) de Ayotzinapa, corregir la crónica incapacidad del Estado mexicano para recaudar impuestos, reconstruir miles de escuelas que se encuentran en condiciones deplorables e indignas, instaurar sistemas de verdadero transporte público para atender a los habitantes de las ciudades (resulta, miren ustedes, que en el país de la retórica estatista y los subsidios obligatorios hemos privatizado alegremente un servicio que, en la gran mayoría de las naciones desarrolladas, está subvencionado por los gobiernos municipales), sanear las calamitosas finanzas de Pemex y CFE (la compañía eléctrica paraestatal acumuló, en los primeros 9 meses de 2015, pérdidas por más de 68,000 millones de pesos; en cuanto a la petrolera de "todos los mexicanos", tuvo un quebranto de 352,000 millones en el mismo período y su pasivo total es de más de 3 millones de millones -3 billones, o sea- de pesos; ustedes dirán si podemos seguir así), combatir la amenazadora epidemia de obesidad de la población (a mediano plazo, la factura será impagable para la seguridad social), reducir los índices de homicidios (en México, son asesinadas 22 de cada 100,000 personas cada año; en Francia, mientras tanto, son solamente 2), arreglar el asunto de los cárteles de la droga (siguen ahí, a pesar de los más de 90,000 muertos de la "guerra" declarada en su momento por Felipe Calderón), terminar con la espeluznante oleada de robos en todos los puntos del territorio nacional, sanear el aparato de justicia... Etc.

La estructura institucional en materia de seguridad jurídica y justicia quedó en un nivel muy por debajo de las necesidades de una sociedad cada vez más abierta. Los acontecimientos internacionales en materia de seguridad, terrorismo y migración generaron aún más presión sobre el desempeño de nuestras estructuras públicas. Incluso el nivel de gasto en estas materias se incrementó notablemente en las naciones industrializadas, y México está todavía lejos de los porcentajes de gasto destinado a seguridad, inteligencia, justicia y desarrollo tecnológico de estas materias.

La tarea por mejorar los procesos de seguridad y justicia, como la educación, son la prioridad estratégica.

La prosperidad requiere certeza jurídica y la sociedad necesita expectativas de mejora y ascenso real, que hoy sólo pueden darse realmente mediante la conexión acelerada con el mundo.

Las áreas nacionales hoy golpeadas son demasiadas y el país ya no soporta tanto vacío. La corrupción avanza sin freno; el crecimiento no sólo ha sido estancado sino que la economía se mueve para atrás; la inseguridad, como caballo desbocado, galopa, y el control y la seguridad en regiones de Guerrero, Michoacán y Veracruz está perdida. Y, por si fuera poco, la credibilidad política, tanto de funcionarios como de legisladores, sigue en retroceso.

Luego, el país vive todo un galimatías de yerros. Pero he ahí que en la bastedad de áreas dañadas está la inmejorable oportunidad de este sexenio. Pues en cualquiera de estos lodazales que se hagan cambios positivos y se implementen las estrategias correctas para solucionar alguno de los problemas elegidos, de inmediato, ante el desierto de resultados, los beneficios se verán.

En lugar de detenerse un momento a reflexionar y tratar de indagar por qué la gente duda tanto, desde el poder se lanzan críticas y cuestionamientos a los ciudadanos que ponen en tela de juicio la captura de "El Chapo" Guzmán, anunciada ayer. Y no sólo desde el poder, también de parte de simpatizantes o simplemente integrantes del sistema: "no les damos gusto".

Pues no, son tantos los pendientes, tantos los agravios, los engaños, las marrullerías... que no, no es posible que se les crea a la primera.

Es de llamar la atención el nivel de desconfianza y dudas en la población, expresado en redes sociales sobre todo, pero también en encuestas callejeras que realizaron de inmediato en algunos medios de comunicación: la gente no cree, duda de todo y no sólo porque sí.

Dada la realidad de los últimos días, hay quienes dicen y creen (en menos que canta un gallo ya circulaban "memes" alusivos) que la captura pretende distraernos de la devaluación (más de 18 pesos), de la caída de los precios del petróleo, de la reducción en las expectativas económicas para México de parte de organismos internacionales y, aparte de todo, de la caída de la Bolsa y la llegada del ostentosísimo avión presidencial.

No lo creo. La situación económica es tan mala que difícilmente lograrían distraernos con algo. Las dudas con relación a la captura se expresan en diferentes sentidos, los 2 más claros son: 1, quién sabe si lo atraparon y 2: si lo capturaron, es puro teatro.

Los niveles de corrupción en México son un indicador que no cede. Desde antes, pero particularmente a partir del invento de la "dictadura perfecta" ha sido una constante que se fortalece y consolida; aquella campaña de Miguel de la Madrid de la renovación moral no sirvió para nada. Y no para, se transforma, es dúctil, camaleónica, se ajusta, se adapta, crece. En gran medida por eso la incredulidad y la desconfianza.

Son muchos los agravios. Reparar los daños que la clase en el gobierno ha causado a los mexicanos no se resuelve con esta captura, se necesita mucho más.

Si tan sólo mostraran una ligera, pequeña, apenas un atisbo de preocupación por la incredulidad de la gente sobre las decisiones o actuaciones del gobierno, entonces sí podríamos empezar a pensar que hay alguien que quiere hacer las cosas de manera diferente y reconciliarse con el pueblo al que se deben, pero no. No hay visos de tal cosa, de manera que las dudas, con todo y pruebas, persistirán.

¿Es el municipio, tal como está pensado en México, un nivel de gobierno con las capacidades necesarias como para responder a sus obligaciones con los ciudadanos? Si atendemos a lo que marca la Constitución, el municipio es todopoderoso en México. Controla atribuciones que van desde la seguridad pública, en coordinación con otros niveles de gobierno, hasta los servicios públicos e incluso la movilidad. Es el dueño del territorio y su planeación. Sin embargo, un municipio plagado de facultades, pero carente de los recursos para llevarlas a cabo, es una innegable simulación constitucional. Todos somos municipalistas, hasta que es necesario abrir la cartera para pagar el predial. Con estas atribuciones, los municipios tendrían que recibir carretadas de dinero para poder llevar a cabo con eficiencia sus atribuciones constitucionales.

Por lo tanto, urge repensar el municipio. Una reforma tendría que desaparecer muchísimas unidades administrativas municipales que son de papel y sólo sirven para pagar el sueldo de un presidente municipal, un puñado de regidores y un par de policías. Unir municipios no es atentar contra el federalismo, ni tampoco significa diluir las identidades locales que son una fortaleza innegable de la cultura política mexicana. Representa, por el contrario, la apuesta por espacios de acción gubernamental más adecuados para enfrentar los desafíos del presente. Aferrarse al municipalismo débil que tenemos, al municipalismo amenazado de la actualidad, es proteger un status quo que provoca que las bandas del crimen organizado subordinen a las instituciones locales, tomen como rehenes a los representantes municipales y lucren con la porosidad de los cuerpos policiacos. El asesinato de más de 80 alcaldes es la muestra más dolorosa del fracaso del actual municipio mexicano.

Son muy abundantes y prolíficos los frutos de la inconciencia social, asunto que no depende del grado de estudios o del nivel de alfabetización existente en nuestro país, pues como hemos podido observar contar con un certificado de primaria o de preparatoria o con un título profesional, no garantiza que el portador sea un agente dinámico de pensamiento, de crítica y de cambio en el país.

Esta especie de alienación social tan persistente en México, de enajenación mental, produce grandes ventajas a quienes ocupan puestos de liderazgo, sobre todo en la esfera gubernamental, y desde luego ellos lo saben y acaso sean los primeros en buscar los medios para que esta condición se mantenga. De ser así estaríamos enfrentados a líderes que aprovechan la falta de información de la comunidad y la pereza mental que ésta ostenta para analizar la información que sí les llega.

Casi triunfalmente anuncian los líderes de la nación que por fin el precio de la gasolina ha bajado, y que volverá a bajar en un esquema de tres años, de manera que justamente para el año electoral 2018 el partido en el gobierno pueda presumir de haber abatido el costo de por lo menos este importante energético.

En efecto, la gasolina bajó de 40 a 43 centavos por litro, lo que no declaran es que este producto debería haber bajado hasta por lo menos un 50% de su valor actual, es decir, un aproximado de 6 pesos, como ha ocurrido en otros países cuyos gobiernos no se dedican a explotar a su pueblo, vendiéndole productos monopólicos a sobreprecio. Por supuesto que la baja debería haberse producido desde el momento en que cayó mundialmente el precio del petróleo.

La deshonestidad gubernamental no reconoce límite, por lo mismo en la frontera norte son otros los precios que se manejan, pues de lo contrario todos los vecinos entrarían a comprar su gasolina a Estados Unidos, donde sigue siendo más barata.

Un llamado a la solidaridad de los mexicanos con un gobierno en apuros económicos carece de sentido, en tanto la sociedad mexicana no vea en los hechos una conducta distinta de la clase gobernante en el manejo de los recursos públicos, lo cual incluye la depuración de un presupuesto nacional donde siguen apareciendo innumerables rubros que no son sino caminos tramposos para desviar o desaparecer recursos, un presupuesto donde las altas clases gobernantes siguen percibiendo salarios totalmente desproporcionados para un país con media población en la miseria. No se puede tener solidaridad con un gobierno que en el pasado mes de diciembre ha dilapidado a manos llenas los recursos de todos.

Como se ha podido observar recientemente en Guerrero, no importa que vayas en bola porque de todos modos los maleantes te levantan y te llevan a campos de concentración en espera de que o se paguen los rescates o te manden a hacer trabajos forzados para beneficio de cualquiera de las bandas del crimen organizado que por ahí laboran. Esto último es inquietante: que la idea sea reclutar gente para su organización y esclavizarla. O sea, lo mismo que una pirámide, un partido político o una secta satánica, pero voluntariamente a fuerzas.

El país sigue a la baja por una fatal combinación, el pésimo manejo interno y las inéditas condiciones externas: el petróleo, antes oro molido, hoy resulta la incómoda verdad de una economía cimentada en futuros que ya no soporta la realidad del presente, el dólar sube sin que las reservas vendidas puedan frenarlo y, por si fuera poco, el Banco Mundial que ve nexos directos entre los "ninis", que son mayoría en México, y el crimen organizado.

Esta investigación hecha por el Banco Mundial da en el punto medular, México, país donde el número de jóvenes entre 15 y 24 años que no trabajan ni estudian por falta de oportunidades y de estrategias de integración gubernamentales, tiene el almácigo ideal, cantera cierta, para nutrir al crimen, al que, por otro lado, trata -vanamente- de combatir.

El Banco Mundial agrega el dato vital: la desigualdad en la distribución de la riqueza, instituciones débiles, el aumento de la corrupción y la impunidad, y la fuerte presencia del crimen organizado, son los factores que alimentan este negativo patrón. Es decir, que el BM ha descrito, sin querer queriendo... el estado del Estado Mexicano.

Pero para acrecentar este negativo patrón falta otra información, ésta dada por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 que realizó el Instituto Nacional de Psiquiatría, y que revela que 21.5% de los estudiantes de 5o. y 6o. años de primaria ha consumido alcohol. Y que en secundaria y preparatoria la cifra, ya de suyo alarmante, sube hasta 53.2% de los estudiantes que consumen alcohol, de los cuales 14.5% lo hace de manera excesiva.

Disimulo y evasión de las autoridades responsables y del titular del ejecutivo que daña al país y que tiene a la población más vulnerable como víctima.

Y mientras esto ocurre, los noticieros son plana de nota roja que refleja la realidad de México y la administración sexenal vive del ilusorio triunfalismo que representan golpes mediáticos, un escenario de fantasías para no entrarle a solucionar los problemas medulares del país, un crimen por omisión.

La tasa de desocupación en México promedió 4.35% en 2015, la cifra más baja en 7 años, según los registros del Inegi. Y una de las más bajas del mundo. También es de las más bajas del mundo la gran devoradora de salarios, la tasa de inflación: 2.48. La de Venezuela es 60 veces más alta con la guía de Chávez para continuar su revolución bolivariana reencarnado en pajarico chiquitico.

El crimen más escandaloso de los últimos 45 años, el asesinato e incineración de 43 normalistas rurales ha dado en poco más de un año 113 detenidos, entre ellos la más alta autoridad municipal, el alcalde Abarca, del PRD, que ordenó a sus policías la detención de los jóvenes y su posterior entrega a Guerreros Unidos: los narcos del alcalde, de su esposa y su familia. Hay más de 130 procesados por el crimen de Iguala, como no ocurrió en 68 ni en 71.

Está detenido y procesado el responsable de 120,000 muertos en las guerras de reacomodo entre cárteles, El Chapo Guzmán. Pero éste resulta el héroe de miles de mexicanos (y mexicanas) que acusan a los presidentes Calderón y Peña Nieto de los miles de muertos caídos en la guerra de los cárteles por territorios.

Ah, pero ¿cómo es que no menciono la caída del peso y del precio del petróleo? Porque si no leyera al respecto, como noticia, ni siquiera estaría enterado. No es importante mientras no se refleje en la inflación, mientras no estemos como en 1984, al final de la docena trágica, hoy suspirada por el Salvador llegado de Macuspana, con alzas de precios al doble, al triple, al cuádruple en semanas. Fue la receta que siguió Chávez (y Maduro) para hundir a Venezuela.

Creo que tanto enojo en clases medias y en intelectuales viene de otro lado: no se están cumpliendo sus profecías catastróficas ni llega el anunciado Apocalipsis. Y Peña Nieto tan campante.

El fenómeno es añejo, pero ha adquirido mayor visibilidad desde la administración de Felipe Calderón hasta estos días. El número de desapariciones forzadas en México crece de manera exponencial y, hasta ahora, el tratamiento es reactivo, más que eso, paliativo y poco o nada eficaz.

Con base en datos de Amnistía Internacional, organismo que, por cierto, sostiene que en México se vive una "epidemia" de desapariciones, ya suman 27,000 y se trata de una cantidad depurada, en otras palabras, se han eliminado los encontrados "vivos o muertos".

La situación es grave y lo peor es que no cesa. La clase política en México pretende tapar el Sol con un dedo.

A raíz de la guerra contra el narcotráfico que emprendió el ex presidente Felipe Calderón fue que las desapariciones forzadas en el país se dispararon. Con variaciones mínimas, está documentado que durante su sexenio se registraron alrededor de 13,000 desapariciones, esto indica que el resto, es decir, 14,000, más o menos, corresponden a la actual administración pública federal que acaba de cumplir la mitad del periodo.

El año pasado, dadas las exigencias constantes de las familias que quieren conocer el paradero de sus seres queridos: hijos, hijas, padres, sobrinos, nietos... el titular del ejecutivo federal envió 2 iniciativas al poder legislativo pero todavía están pendientes y según expertos acusan varias fallas. Tampoco es para que los afectados se sientan escuchados y atendidos. Pero bueno, digamos que las iniciativas están ahí y son perfectibles, falta que el legislativo se aboque al tema en cuanto terminen sus larguísimas vacaciones.

La iniciativa presidencial contempla, por ejemplo, un sistema nacional de búsqueda y un registro nacional de personas desaparecidas pero ¿y las causas? No hay, hasta donde se sabe, una medida que implique ir a la raíz del problema.

Para la administración de Peña Nieto casi todo es perfecto, para ellos, lo que no es perfecto es porque vivimos en un mundo globalizado, pero es como si en México no se cometieran errores ni funcionara nada mal. ¿Inflación? ¿Devaluación? ¿Inseguridad? ¿Desapariciones forzadas? Todo responde a "factores ajenos" o son "hechos aislados".

Las desapariciones forzadas no son otra cosa más que un síntoma de la pudrición de las estructuras de seguridad, de la corrupción del sistema.

Ni esta administración sexenal, ni la anterior han protegido el medio ambiente del país, como tampoco han protegido a la población en su integridad, descuidando a un nivel criminal la seguridad de los mexicanos. Así, la inseguridad avanza y la destrucción del medio ambiente también.

La galopante inseguridad, no ha sido frenada por las autoridades, las que por el contrario, arman foros y debates sobre cualquier cosa evadiendo su 1er. deber: garantizar la seguridad de los mexicanos.

Y de igual manera está la protección al medio ambiente en México. Si no es una minera a la que el gobierno federal trató con benevolencia cuando envenenó el agua de consumo humano y para el agro, contaminación que llevará años en recuperar. Es el manglar eliminado en Puerto Vallarta, que el gobierno de Ramírez Acuña y el de Fox aprobaron aniquilando la vida de varias especies de animales y, claro, quitando una barrera natural contra los huracanes, con lo que las inundaciones se multiplican.

Y esta vez, la destrucción del manglar de Tajamar, proyecto aprobado en las administraciones de Fox y Calderón, que los priístas pudieron revertir y no lo hicieron. Y donde el Verde Ecologísta volteó su mirada para otra parte, tratando de montarse al final, cuando la protesta ciudadana tomó importancia nacional e internacional, pero que nada han hecho, antes o ahora para frenar la tala.

Así Tajamar, sitio en peligro, fue protegido por la protesta ciudadana que ha frenado las obras iniciadas. Pero del que ya las autoridades federales, contra toda lógica legal y ambientalista, han dicho que no podrán cancelar los permisos... Todo lo anterior contraviniendo los acuerdos firmados de la Convención Internacional de Humedales y del Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica.

Así, ni seguridad, ni cuidado del medio ambiente. Y las autoridades federales y estatales, en complicidad evidente, dejan a la población en indefensión, y al medio amiente dañado irreparablemente.

Guerrero lleva exactamente una década en conflicto. Comenzó en la Colonia La Garita, en Acapulco, donde Los Zetas desafiaron a los hermanos Beltrán Leyva que en ese entonces trabajaban para el cártel de Sinaloa, y quisieron arrebatarles la plaza. Ahí empezó también la propaganda del terror: los sicarios zetas que mataron a tres rivales con ayuda de la policía municipal, fueron videograbados torturados y cuando los degollaron. La violencia nunca se volvió a detener y continuó su degradación. En el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se ha diversificado. Explotó la disidencia magisterial y la guerrilla, se profundizó la colusión de las autoridades con delincuentes, y se desbordó la conflictividad social, política y criminal. Dos planes para pacificar Guerrero puestos por el Gobierno federal fracasaron. El 3o., en marcha, es una incógnita. Ante tal zozobra, los anticuerpos ominosos han aparecido.

La semana pasada 7 empresarios de Chilpancingo anunciaron que se armarían ellos y a sus trabajadores para defenderse. Ni el gobierno estatal ni el federal, les han provisto de seguridad. Los permisos para adquirir armas se los autorizó la Secretaría de la Defensa, con lo cual abrió el camino para la paramilitarización autorizada de Guerrero. En el gobierno de Felipe Calderón, algunos empresarios de Nuevo León contrataron mercenarios en el Medio Oriente para limpiar la zona de criminales. En el de Peña Nieto, se crearon grupos paramilitares con criminales en Michoacán que pacificaron el estado, pero la delincuencia sólo cambió de dueño. Una nueva vertiente surge ahora con el gobierno peñista, incipiente espejo neoleonés: que los empresarios tomen las armas y entren a la guerra sucia que se vive en varias regiones del país.

Están desesperados. El presidente de la Coparmex en Chilpancingo, Adrián Alarcón, lo explicó como una necesidad de salvaguardar la vida y el patrimonio de esos empresarios. Sólo en enero, dijo, 5 miembros de la Coparmex fueron secuestrados y por las presiones criminales cerraron 35 comercios por amenazas y extorsión. La actividad comercial se ha reducido en 70%, y varios empresarios ya sacaron a sus familias del estado, en el principio de una emigración que afecta otros sectores productivos en Chilpancingo. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, pensó esa posibilidad para con su familia, pero la mantuvo en Guerrero para evitar que fuera criticado por la sociedad.

Chilpancingo ha sido el núcleo de la conflictividad en los 3 últimos años, al expresarse ahí las resistencias más violentas a la Reforma Educativa, que tras 2 años de movilizaciones estrangularon al turismo y la actividad comercial en Acapulco, y secaron la economía y la vida cotidiana en Chilpancingo. No son los únicos puntos de violencia en Guerrero, ni mucho menos. En la región de la Montaña, guerrilla y narcotraficantes cohabitan los territorios y desafían frecuentemente a las fuerzas federales, porque a las municipales las tienen controladas. En la zona de Tierra Caliente, los grupos criminales pelean por los negocios de la heroína, la minería y los secuestros. Hay amplias franjas de territorio en Guerrero sembradas de cuerpos en cementerios clandestinos.

En estos 10 años pasaron en Guerrero de enfrentamientos entre cárteles de la droga, a la guerra contra las drogas del ex presidente Calderón, y a la extensión del conflicto social, político y criminal en el gobierno de Peña Nieto. Lo que comenzó con un choque entre los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas se convirtió en 120 meses en un infierno para quienes pacientemente esperaron a que las autoridades cumplieran con su responsabilidad primaria de gobierno y resolvieran la inseguridad. Han llegado al límite. La seguridad no llegó y los discursos no sirven para nada. El fiscal de Guerrero, Xavier Olea, reconoce que hay 50 grupos delincuenciales en el estado, que cada vez son más violentos.

Los criminales se burlan del gobierno federal, porque el estatal ni siquiera les genera incomodidad. El gobierno del presidente Peña Nieto no está pudiendo con Guerrero. La heroína sigue fluyendo masivamente desde Tierra Caliente al insaciable mercado estadounidense, y ciudades como Iguala siguen controladas por criminales. La Montaña pertenece a quien vive en la ilegalidad, y Acapulco está obligado a tener un blindaje permanente para mantener el turismo. Chilpancingo se ha ido pudriendo desde que inició el gobierno la Reforma Educativa -por el mal manejo político con la disidencia magisterial-, y se ha contaminado con la creciente actividad de los criminales.

Al parecer, la corrupción, la impunidad y la defensa de los intereses ocultos son la moneda cada vez más común en nuestros días.

El hecho de que se hagan cada vez más públicos estos temas puede ser una buena noticia si ello llevara a un mejor comportamiento por parte de los individuos y las instituciones a que pertenecen, sin embargo, lo que muchas veces acaba sucediendo es que tanto los cárteles, los partidos políticos, las cámaras empresariales, la Iglesia y las ligas deportivas, por citar sólo algunos ejemplos, unen fuerzas por la defensa de su causa y se convierten en caparazones de protección que acaban por no corregir el rumbo apostándole a la mala memoria de la ciudadanía.

En tanto todo esto sucede, la violencia, las pérdidas económicas y sociales, las condiciones de vida e incluso la salud de la población se ve afectada.

Los medios de comunicación y las redes sociales han asumido erróneamente el papel de juzgados ante la ausencia de una justicia eficaz, expedita y equitativa; esto nos habla de lo subyugado que está el estado de derecho por los intereses económicos.

¿A dónde nos dirigimos cuando esto es tan normal que ventilarlo compite por la audiencia sin lograr corregir en nada la realidad?

¿Por qué no hemos mejorado los hombres en la esperanza de vida (en México)? Por la cantidad de muertos por violencia entre los 20 y los 40 años.

La división entre el gobierno laico y la Iglesia es tan laxa como los intereses de los involucrados requieran o en su caso, necesiten para simular y exhibir eso que el líder religioso criticó, la vanidad, el orgullo, la riqueza, el beneficio de unos pocos, que fueron invitados en exclusiva a algunos eventos, acusados otros de revender en miles de pesos algunos boletos -originalmente distribuidos de forma gratuita-.

Lo que el Papa Francisco vino a decir es que hay un sistema roto, un país roto, gobernantes que evaden su responsabilidad y sacerdotes que no han hecho su tarea para comenzar a fortalecer un sistema que si se termina de romper, tendrá consecuencias graves.

Difícilmente el país cambiará de buenas a primeras, los políticos son los que menos quieren cambios y justificarán que el Papa Francisco hizo una visita como jefe de estado y no puede intervenir en la política interna del país, pero todos trataron de salir en la foto de su visita buscando su propio camino al cielo.

El Papa Francisco habló claro y fuerte a los mexicanos. Efectivamente creo que en sus mensajes insistió en señalar o simplemente referirse a realidades que para la clase política y el alto clero, forman parte del cúmulo inconmensurable de simulaciones añejas y cotidianas. El Papa dijo muchas cosas con todas sus letras, sin embargo, entre los destinatarios no hay buenos entendedores ni disposición para sentirse aludidos y enmendarse.

"La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo". También es caldo de cultivo de manifestaciones sociales y radicalización de posturas; el ambiente ideal para la ruptura y deterioro del tejido social y, por ende, de la división y la intolerancia.

Lo malo de estas afirmaciones que no llevan destinatario, aunque dedicatoria sí, es que nadie se pone el saco. Y ahí está la muestra con la fila de dizque defensores del Estado laico e "ilustres" miembros de la clase política mexicana en el besamanos tomándose fotos con el Papa para luego subirlas a sus perfiles de redes sociales electrónicas. Muy sonrientes todos, muy felices, seguros y felices con bolsillos y estómagos llenos y rebosantes.

Francisco se dirigió a los mexicanos para que no nos resignemos a la violencia y, de fondo, es un llamado a la no resignación en una lectura muy personal pero que entiendo como una forma de quitarnos la impronta de pueblo sufrido, que lo somos, pero es posible poner remedio. No resignarse a la violencia, fue la exhortación, pero por extensión quiero pensar que se trata en realidad de abandonar esa actitud con respecto a todos los ámbitos de nuestra vida: no resignarnos a la corrupción, al abuso de la clase política, a la fatalidad del sistema; no resignarnos a las injusticias ni a la desigualdad, no permitir negligencia ni malos tratos, mucho menos ataques a los derechos humanos.

Regreso al párrafo anterior del discurso el Papa de hace una semana: ¿Quién busca el camino del privilegio? ¿Quién, el beneficio en detrimento del bien de todos? No puedo sino voltear a la clase política que, reitero, se solaza en esquilmar a la Nación.

La quiebra de Pemex es producto de la utilización política y partidista de la empresa con el objetivo o de construir clientelas electorales, como lo ha hecho durante décadas el PRI con el sindicato petróleo, o de eludir el costo político de hacer los ajustes fiscales que el país demanda. El pasivo laboral que hoy ahoga a Pemex no se lo inventó la empresa, tampoco se lo aprobó el sindicato de forma unilateral. Los excesos y el saqueo a la empresa son concesiones que por décadas han permitido los gobiernos federales del PRI y de Acción Nacional. El corporativismo tan presente en la relación del gobierno federal con Pemex, está en el origen de la subordinación de los criterios de sustentabilidad de empresa a los avatares y necesidades políticas de cara a la siguiente elección. Pemex está quebrada porque la relación entre el gobierno federal y la empresa es de naturaleza política, partidista y corporativa. No olvidemos el Pemexgate.

El adiós a Pemex es cuestión de tiempo. La gallina de los huevos negros se enfrenta a una tormenta perfecta que amenaza la viabilidad misma de la empresa a largo plazo. La reforma energética no le ha permitido a Pemex ser más competitiva y tener la autonomía necesaria para manejar sus recursos y darle al menos un piso de igualdad con relación a otras empresas privadas o paraestatales. El proyecto económico neoliberal que comenzó en los años 80 siempre vio con recelo a Pemex. Incomodaba ese excepcionalismo mexicano en materia petrolera, ya que desde Miguel de La Madrid todos los presidentes han sido fieles creyentes de las bondades del mercado, pero tocar Pemex implicaba lastimar severamente la identidad política de los mexicanos. Implicaba un costo político inasumible.

Carlos Salinas de Gortari no se atrevió a incluir al mercado petrolero en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y Felipe Calderón empujó una reforma, con el apoyo del PRI, muy tímida y solamente incluía contratos que respetaban la soberanía nacional sobre los recursos energéticos. Peña Nieto lo logró, pasó una reforma que abre el mercado petrolero a la inversión privada y limita el papel de Pemex en el sector energético. Y eso, en gran parte pudo ocurrir debido a que la soberanía petrolera ya no pesa tanto en la identificación nacional de los mexicanos, sobre todo entre los jóvenes como demuestran las encuestas en la materia. Parece que asistimos a la redacción del epitafio de lo que alguna vez fue esa empresa que se confundía con el nombre mismo de México y que significaba un símbolo de la construcción del estado posrevolucionario. Los datos no mienten, Pemex se debate entre la vida y la muerte.

El gobierno de México y la Organización de Estados Americanos evidenciaron hoy sus diferencias sobre la situación a los derechos humanos en el país latinoamericano por un informe de la CIDH que pide reconocer "la gravedad" del caso y que fue rechazado con firmeza por las autoridades mexicanas.

En el reporte presentado hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la OEA, denunció las cifras "alarmantes" de desapariciones y desapariciones forzadas (con intervención de agentes del Estado) en México, así como los altos índices de ejecuciones extrajudiciales, torturas, inseguridad ciudadana, falta de acceso a la justicia e impunidad.

El país enfrenta, acotó la Comisión, una grave "crisis de derechos humanos", por lo que pidió a las autoridades mexicanas que no trataran de "minimizarla hablando de casos aislados".

Sin embargo, la respuesta del ejecutivo fue orientada en esta dirección, ya que aseguró que el órgano "se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas (...) llegando a conclusiones sin fundamento".

El reporte, basado en la visita que la CIDH hizo a México entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015, "no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten", según el comunicado conjunto emitido por la cancillería, la fiscalía y la Secretaría de Gobernación.

La metodología utilizada por la Comisión tuvo un "sesgo inicial", con el que pasó a enfocarse en casos concretos "sin contrastar" la información, señalaron.

Entre las situaciones preocupantes sintetizadas en el reporte, la CIDH sostiene que "no hay respuesta policial a la altura" para los casos de 26,798 personas que se encuentran desaparecidas y que la tasas de homicidios es, desde hace años, superior a 10 por cada 100,000 habitantes.

Además, el órgano remarcó la "alarmante información" de las Naciones Unidas relativa a las cifras de impunidad, ya que el 98% de los delitos en México no llegan a tener una sentencia condenatoria.

El ejecutivo reclamó que el reporte no entró a valorar el nivel "de cumplimiento de las obligaciones del Estado" y la colaboración de las autoridades con las instituciones internacionales, como hicieron al responder las solicitudes de información de la propia CIDH.

No es la 1a. vez que las autoridades mexicanas niegan las acusaciones que se refieren a una "crisis" de derechos humanos en el país.

Cuando Amnistía Internacional expresó hace una semana su preocupación por la situación de México al presentar su informe de 2016, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, esquivó la cuestión alegando que los señalamientos al país "son prácticamente los mismos" que los emitidos a nivel mundial.

Este martes, Roberto Campa, el funcionario de más alto rango dedicado a los derechos humanos, se reunió con los padres de 5 jóvenes veracruzanos para confirmarles el peor de sus temores.

A sus hijos los mató la policía. Esa misma policía estatal que el gobernador Duarte presumía que era salvación de Veracruz. A sus hijos los mató, trituró y desapareció el Estado, ese que lleva 8 años -desde el secuestro del niño Martí, por lo menos- prometiendo que iba a reformar a sus policías. A pesar de que ustedes alertaron de manera oportuna sobre la sustracción de sus hijos, el Estado tiene tan deficiente control de sus policías que hemos necesitado de mes y medio para enterarles de que sus señalamientos hacia el gobierno eran correctos. De nada sirvió que lo dijeran, que lo gritaran, que lo denunciaran a tiempo. A sus hijos se los tragó la criminalidad uniformada y armada con recursos públicos. Sí, fue el Estado.

Por supuesto que Campa no dijo eso, por supuesto que esas no son sus palabras. Pero ese sí es el mensaje que el gobierno federal se vio obligado a transmitir a los padres de los jóvenes de Tierra Blanca: los asesinos fueron los nuestros, los asesinos somos en parte nosotros porque no hemos podido con el paquete. Y como a tantos antes de ustedes, les prometemos justicia. Algo que quizá llegue en algunos años, o quizá no, pero qué más da, cuando eso ocurra, en cualquier sentido, ninguno de los actuales gobernantes estará en su puesto, nadie responderá ni por el delito ni por el castigo.

¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo después de que en Iguala desaparecieran a manos de policías 43 jóvenes en septiembre de 2014? ¿Cómo ha podido ocurrir otro levantón de chavos a manos de policías, ahora en Veracruz? La respuesta es muy sencilla: porque el gobierno federal cree que puede mentirle a todos todo el tiempo.

Porque increíblemente el gobierno cree que emitir boletines, pronunciamientos, discursos y, cuantimás, iniciativas de ley es incidir en la realidad, es cambiar las cosas, es mover a México. Eso creen desde sus caravanas blindadas, desde sus helicópteros, desde sus zonas VIP, desde la burbuja que no abandonan ni para ver al Papa.

Por eso, ese mismo gobierno reaccionó ayer de manera airada cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un informe que dice lo obvio: que en México hay una crisis generalizada en esa materia.

Porque para Peña Nieto la CIDH no debe fijarse en Tierra Blanca, ni en Tanhuato, ni en Tlatlaya, ni en Iguala. Ni debe reparar en que hay casi 27,000 desaparecidos sin justicia ni, en muchísimos casos, búsqueda.

Así de ridículo suena el ucase, que no boletín, que emitió ayer el gobierno para rechazar el informe de la oficina de la OEA para los Derechos Humanos.

Para este gobierno, cuando uno va al hospital los médicos no deben buscar aquello que esté funcionando inadecuadamente, sino para que le feliciten por los órganos que parecen estar funcionando óptimamente.

Porque a este gobierno no le gustan las malas noticias. Esas las rechaza aunque sean verdad.

Luego de la muerte de 2 niños en Coahuila a manos de menores, autoridades anunciaron que prohibirán los narcocorridos, además dejarán de otorgar permisos para abrir negocios como bares, cantinas y antros donde se toque música que promueva delitos.

Evidentemente hay una irritación social en el ambiente, se percibe una especie de enojo colectivo que tan solo espera una provocación para estallar. Muchos atribuyen la acción gubernamental como generadora de la misma, pero yo no lo considero así ya que concibo a la autoridad como un mal necesario, como un perjuicio permanente, ya que me es muy difícil pensar en un gobierno que no haga daño y que si alguna vez provocara algún beneficio sería por excepción y casi por accidente, pero esto, cuando se da es sólo de forma accidental y sin voluntad de beneficiar.

El enojo se hizo evidente en la manifestación de los taxistas -que más que manifestación se convirtió en un bloqueo del centro- en que estalló la violencia contra los choferes, los que son, hay que reconocerlo, en última instancia, víctimas del corrupto sistema de asignación de placas de taxi.

Lo peor del asunto no es que el ejecutivo no actúe, lo peor es que ya los diputados amenazaron con actuar y hay que decirlo nuestros representantes populares suelen ser muy dañinos y capaces de ensuciar hasta lo que no les toca y si yo fuera representante de las plataformas estaría muy temeroso de la acción de los primates populares y si no me quiere creer, simplemente recuerde de actuaciones de nuestros patricios en casos semejantes. De que me protejan a que me abandonen, me quedo siempre con el abandono ya que el legislativo es por definición el más dañino de los poderes del estado.

Y a la hora en que se dice que hay que eliminar la violencia yo creo que debe intentarse en todos los ámbitos, sin calificativos, eliminar la que se da contra las mujeres, contra los hombres, contra los niños. Eliminar la violencia sindical, la inter gremial, la deportiva y aunque me parece difícil eliminarla, creo que si lo intentamos podríamos disminuirla sensiblemente y con eso tratar de terminar con ese enojo social que se percibe.

Este jueves, México hizo historia: un grupo de ciudadanos presentó al presidente del Senado la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3, misma que 309,476 ciudadanos respaldaron con su firma. No perdamos la proporción: estas firmas se juntaron en 6 semanas gracias a la difusión nacional a partir de presencia en medios -que no spots- que lograron transmitir un mensaje fuerte y claro: estamos hartos de la corrupción. El mensaje de ciudadanos que individualmente plasmaron los datos de su credencial de elector, su nombre y su firma, es contundente. México se merece otro régimen: uno que dignifique el servicio público y que persiga y castigue a los corruptos. Nos merecemos vivir en un país con más seguridad, con igualdad ante la ley, con ética pública que legitime al gobernante. Ésa es la esperanza que cientos de miles de personas, inequívocamente, mostraron al respaldar la iniciativa.

La mayoría de nuestros [?] políticos nos traicionan porque de antemano nos subestiman y consideran seres inferiores, una masa de discapacitados mentales, cuyo dolor, sufrimiento y miseria no importan, si sobre ello pueden construirse un futuro de riqueza millonaria y sobre todo, impune. Los mismos partidos que les dieron la ocasión de robar, los protegen luego, incluso ante la justicia internacional; es admirable tanta fidelidad cuando ésta se aplica a la complicidad delictiva.

Quienes mataron a Jesús habían oído de una posible resurrección, tuvieron miedo y buscaron evitarlo poniendo obstáculos y guardias armados. Las instituciones políticas de México han seguido ese ejemplo, poniendo infinidad de obstáculos y guardias armados para impedir que nuestra sociedad reaccione, entienda, exija. Hacer de la educación pública un fracaso, corromper con el anzuelo del dinero las instituciones jurídicas, dar a la impunidad un estatus de permanente validez, podrir a los partidos, asociarse con la delincuencia organizada y la desorganizada, vender el presente y el futuro del país a los intereses trasnacionales, son apenas los obstáculos más evidentes que enfrenta México.

No es que antes no robaran, sólo que lo hacían a otra escala. O quizá simplemente antes no se exhibía como ahora. El hecho es que el hartazgo y la exasperación que provoca la corrupción han inundado las charlas de sobremesa, las páginas de los periódicos o la conversación en nuestras redes sociales. Las encuestas revelan que se ha convertido en el tema más mencionado entre los problemas de los ciudadanos, en ocasiones desplazando incluso a la inseguridad o al deterioro económico. Y coincido con los analistas que consideran que en las elecciones 2018 será el tema que gravite en las campañas, fiel reflejo de las preocupaciones del elector.

Así que habría que insistir en la pregunta. ¿Por qué se ha acentuado la irritación en contra de la rapacería de la clase política y empresarios bandidos? ¿Se debe a que el fenómeno aumentó en los últimos años o tan solo ha mejorado la visibilidad y la exposición que reciben?

Yo respondería con un categórico sí a las 2 preguntas. Por un lado, en efecto, la magnitud de lo robado se ha incrementado, particularmente en la esfera de los gobiernos estatales, gracias a la autonomía que adquirieron respecto al gobierno central. El endeudamiento de las tesorerías de los estados alcanza niveles históricos en los últimos años: 2 o 3 veces el promedio de los cuotas que alcanzaba hace 2 o 3 lustros. Y algo similar se podría decir de muchas presidencias municipales.

Los gobernadores y sus funcionarios no sólo incrementaron brutalmente el tamaño del pastel, también el pedazo con el que se quedan. Particularmente cuando el ejecutivo de una entidad domina a su congreso estatal. En tales casos, no hay límites ni control para los caprichos o abusos de un gobernante: los casos de Veracruz, Sonora, Puebla, Quintana Roo o Coahuila son los más destacados, pero son meros abanderados del resto de la geografía.

Explicar por qué ahora pueden desviar en su provecho más recursos que antaño remite al debilitamiento del presidencialismo. No es la única de las razones, pero sí la más poderosa. El jefe máximo ejercía una suerte de equilibrio entre el resto de los poderes fácticos y se aseguraba de que la tajada de pastel de ninguno de ellos excediese desproporcionalmente a la del resto. Y lo mismo valía para gobernadores, líderes sindicales o multimillonarios. Nada que pusiera en riesgo los equilibrios del sistema. No se trataba de un asunto de honestidad (aquello de "un político pobre es pobre político" se inventó hace mucho), sino de eficacia de un sistema que gravitaba en torno a un centro de equilibrio. Cuando cae este centro con el inicio de la alternancia y no es sustituido por un entramado de instituciones capaz de establecer frenos y contrapesos, los poderes se desataron. Gobernadores convertidos en reyezuelos, millonarios escalando la lista de Forbes o construyendo telebancadas, líderes sindicales capaces de fundar su propio partido. Por no hablar de las élites de los partidos o de los diputados y senadores que usan los recursos públicos prácticamente a su arbitrio. En suma, ningún límite para los abusos y tropelías en el "nuevo viejo oeste" en el que se convirtió la escena pública.

También es cierto que se ha incrementado la exasperación de la opinión pública ante este fenómeno. En parte por la reiteración de los escándalos y la magnitud que han adquirido los mismos. Pero hay algo más. Por un lado, la propia alternancia propició el crecimiento de medios de comunicación capaces de ventilar tales escándalos a nivel local y nacional. Y, más recientemente, la aparición de las redes sociales terminaron por catapultar la visibilidad de los excesos y la conversación pública sobre ellos. El rosario de casos de Ladys y Mirreyes muestra el lado más oscuro e impresentable de la corrupción: el privilegio, la desigualdad y el abuso de los poderosos.

Justamente esto último es lo que ha desencadenado una exasperación antes no vista sobre el tema. Puede haber una relativa tolerancia a la costumbre de entregar una "mordida" para evadir una infracción de tránsito o acudir a un gestor para agilizar un dolor de cabeza burocrático. Pero cada vez hay más irritación ante la exhibición burda de las riquezas y prebendas de empresarios y políticos enriquecidos a costa del interés público. Y que encima se ufanen en exhibir sus excesos y transgresiones comienza a desencadenar el hartazgo de los ciudadanos.

Imposible saber en qué habrá de culminar tal hartazgo. Por lo pronto está allí y la clase política debería comenzar a hacer algo al respecto; después podría ser demasiado tarde.

Hay violencia en diversas regiones, con una delincuencia que no cede. También es cierto que la economía crece de manera mediocre, muy por debajo de lo que requeriríamos. Persiste la pobreza en amplias regiones del país y los políticos de todos los signos están devaluados, por citar sólo algunos de nuestros padecimientos.

Por crisis económica se pueden entender diversas cosas, pero para el común de los mortales, o mejor dicho, para la gente pobre de este país, que es más de la mitad de la población, crisis económica significa principalmente 2 cosas: que lo que se gana no ajusta para mantener una vida digna, y que por más que se trabaje no se logra progresar. Para las clases medias, crisis económica significa que con lo que habían ahorrado por años, ya no pueden adquirir el bien que esperaban, porque la depreciación lo ha puesto a un nivel más alto, es decir, sus ahorros se han depreciado, aún más, estas personas corren el riesgo de bajar en la escala socioeconómica. Para muchas personas que ya militaban entre los ricos, se hace patente la posibilidad de dejar de serlo.

Crisis económica nacional significa que sin haber recibido un solo dólar en nuevos préstamos, el país debe ya mucho más, pues la caída en el valor del peso aumenta la deuda y lo que se paga en intereses; que el mundo de la tecnología de 1er. nivel en todas sus infinitas expresiones, cuesta más pesos de lo que costaba hace un año; que dado el carácter insuficiente alimentario de México, se debe pagar ahora más por los alimentos que se importan, y también más por todas las licencias que instituciones públicas y privadas usan para mantenerse en la carretera de la informática.

Consecuencia de la crisis es el ajuste de la empresa que más empleados contrata, el gobierno, que de inmediato ha procedido a despedir a miles de trabajadores calificados y no calificados. También la libre empresa está procediendo a ese achicamiento inevitable para su sobrevivencia, aumentando así el subempleo, el desempleo y la tensión social cada vez más sensible, capaz de estallar a la menor provocación, como sucedió en nuestra ciudad con ocasión de la manifestación de taxistas en el centro.

Si se añade a eso la postración de los servicios de asistencia social, cuando la salud y las posibilidades de vida se acortan sin que las instancias correspondientes respondan, la desesperación empuja hacia una frontera norte cada vez más sellada, hacia la degradación de las costumbres a cambio de dinero, o hacia la delincuencia en cualquiera de sus facetas.

No se debe comparar a México con Islandia y realmente con ningún país. La realidad que vivimos es en muchos sentidos de impotencia, injusticia, desigualdad, abusos, engaños, cinismo, corrupción, desfachatez. Nos tenemos que conformar con el anuncio de que las autoridades hacendarias investigarán la información de los papeles de Panamá y conformarnos también con la impunidad de los más poderosos y entre ellos, los más corruptos.

México no es Islandia, allá la educación es una herramienta para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, aquí no. Y un pueblo mal educado, como una estrategia del Estado, desde hace décadas y décadas y décadas, no reaccionará igual que la gente de países con otros niveles y calidades de educación.

Y si otra vez caímos en la tentación de criticarnos y juzgarnos a nosotros mismos por lo que se hace o no se hace, además cómodamente sentados frente a una computadora, pues para el Estado, para la clase política, para los corruptos, a todo dar.

Aunque la ciudadanía está acostumbrada a la desilusión, hay algunos "transformados" que duelen más por haber depositado en ellos algún atisbo de esperanza.

Tal es el caso del titular de Sedesol, institución dirigida por un hombre probo, político que reúne un sin número de cualidades, empezando por la congruencia, sin embargo, hoy, pueden leerse de él comentarios donde la realidad de la población mexicana, el empobrecimiento continuado, se trata de disfrazar con malabares estadísticos ante el responsable embate de organismos internacionales, que señalan el fracaso de la lucha de este sexenio contra la pobreza, y la necesidad de hacer un verdadero trabajo que permee en un bien de largo plazo de la población empobrecida.

Porque la realidad, esa terca compañera de la vida, expone los recortes al gasto social que el actual gobierno está realizando y que es de 311,800 millones de pesos. Luego el Unicef alerta que pegarán más directamente a los más pobres. No a los altos funcionarios con bonos anuales exorbitantes, no a los legisladores y sus carísimos seguros médicos que la nación paga, sino a los más pobres de los pobres mexicanos.

Porque sólo en salud el recorte será de 1,200 millones de pesos en programas de vacunación. Si, leyó usted, la indispensable vacunación antes orgullo de este país y protección de los mexicanos, será recortada. Habrá menos recursos para salud reproductiva, menos para la prevención de sobre peso y obesidad, también para el tratamiento de diabetes; además de menor presupuesto para la salud epidemiológica, lo que incluye disminuir la lucha contra el dengue y el sika.

Y el Unicef sigue su señalamiento doloroso, con el recorte al presupuesto para la protección de la infancia y la reducción del programa Seguro Médico Siglo XXI que otorgaba atención a todos los niños entre 0 y 5 años.

Todo lo anterior con el argumento de que las condiciones internacionales provocaron escasez de recursos, aunque este gobierno banal, ignorante, sordo e insensible siga comprado aviones para altos funcionarios.

Fernando Del Paso, al recibir el Premio Cervantes (el Nobel de las letras españolas), en la Universidad de Alcalá de Henares, decidió "tragarse la vergüenza" de criticar a su país en un país extranjero. En la parte central de un discurso de una pobreza conceptual y estilística indignas de un escritor de su talla, deploró que "Las cosas no han cambiado en México sino para empeorar: continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, la discriminación, los abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo". Lo mismo, pues, que quizá habría dicho cualquier otro escritor mexicano hace 50 o 100 años... o lo que quizá otro podrá decir, en circunstancias similares, dentro de 50 o 100.

El incentivo a la informalidad es cada vez mayor. Las reformas fiscales recientes aumentaron el castigo a las pequeñas y medianas empresas, mientras que las gigantes siguen gozando de extraños y sospechosos regímenes de excepción. La reforma laboral "flexibilizó" el trabajo, pero no fue capaz der sustituir el acceso a la seguridad social construyendo un sistema universal de salud y educación como estaba planeado.

México se está polarizando a pasos agigantados. La división entre el norte próspero y el sur estancado no sólo genera una profunda división política (lo hemos visto y lo veremos más profundamente en los resultados de la próxima elección federal) sino problemas sociales cada día más profundos: desplazamientos, sobrexplotación del territorio, debilidad institucional, etc.

La zanja que se abre entre los 2 Méxicos es cada día mayor, pero absortos en los problemas coyunturales no estamos viendo cómo nos perdemos los unos a los otros.

En la década de los 70 América Latina era la gran promesa mundial: la tierra nueva. Pero la ha reventado su clase política, desde el Río Bravo hasta el estrecho de Magallanes. En un perverso triángulo amoroso duermen en la misma cama la impunidad, la corrupción y la complicidad. Ni los más aventados políticos de oposición han levantado la voz para alertar y denunciar que lo que está acabando con el continente es el saqueo de los políticos, la grosera forma de robar, que en casos como el de México nos cuesta el 10% del PIB.

Es de llamar la atención por ejemplo en nuestro país que ni los candidatos independientes, que serían el segmento más liberal de la política mexicana, se atrevan a poner el dedo en la llaga. Hasta ese nivel llega su complicidad. Y prefieren sumarse al juego político de la clase dominante que gasta sesiones legislativas discutiendo sobre usar la mariguana con fines medicinales o quitar la pensión vitalicia a expresidentes, mientras por la puerta de al lado están saqueando al país.

Si algo marca diferencias entre sociedades es la postura que se tome respecto a la afirmación de si el debilitamiento del Estado y de las instituciones gubernamentales fortalece y amplía la esfera de los derechos y libertades individuales. Una respuesta positiva a lo anterior es propia de sociedades tradicionales, y en el mejor de los casos de países en procesos de modernización o consolidación democrática. En cambio, una postura en contrario es propia de sociedades modernas, con una ciudadanía portadora de una cultura cívica (no sólo democrática o contestataria) que distingue entre estado de naturaleza y sociedad civil(izada) y cree que lo único que puede asegurar las libertades individuales son instituciones gubernamentales legítimas y fuertes, por ser las únicas capaces de tutelarlas.

Lamentablemente en nuestro país lo que prevalece es la 1a. posición. Para muestra ahí está la obsesiva idea de querer hacer creer a toda costa que el responsable de la desaparición de los 43 normalistas "fue el Estado", en una afirmación que si bien distingue Estado de gobierno, ve al Estado como algo extraño o externo a la población, ignorando que la población es precisamente uno de los componentes del Estado.

Sólo en una novela puede concebirse a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno reunidos en conciliábulo para urdir y maquinar en la noche del 26 de septiembre de 2014 la desaparición de los jóvenes normalistas para en un ajuste de cuentas cobrarles supuestos agravios. Si de confabulaciones se trata, otra posibilidad sería una conspiración entre los enemigos de las instituciones gubernamentales para desaparecer esos jóvenes, con el objetivo avieso de causarle al Estado mexicano la más profunda crisis de su historia reciente. Más allá de estas sesudas interpretaciones, lo más probable es que no hubo ni plan perverso ni conspiración y que simplemente fueron unos matarifes a los que "se les pasó la mano", lo que otros utilizan políticamente para causar problemas.

Otra idea símbolo de nuestro atraso político sostiene que para fortalecer el Estado de Derecho hay que violar la ley y las garantías constitucionales. Aquí, se considera que sólo dotando de "dientes" (anticonstitucionales) a las instituciones encargadas de prevenir y castigar la corrupción y violando el derecho a la vida privada de los particulares se puede combatir la corrupción. Lo grave de todo es que los que claman por la transparencia y exigen que se apruebe la llamada ley 3 de 3, no transparentan los dineros públicos que ejercen como legisladores ni han hecho su declaración 3 de 3. Una evidencia más de las malas relaciones que en nuestro país existen entre ética y política, y entre las acciones de los actores y su discurso político.

Otro signo de nuestros tiempos es que la nueva arena en la que se gana o se pierde la legitimidad es con verdades a medias sostenidas ante la opinión pública internacional y las redes sociales. Para muestra ahí está el famoso GIEI (Grupo Internacional de Estafadores Interdependientes), al que el gobierno federal pagó más de 2 millones de dólares para atacar y desprestigiar, dentro y fuera de nuestro país, al Estado mexicano.

Esas ideas son dominantes y los grupos (visibles e invisibles) que las defienden son tan poderosos que arrinconan discursivamente al Estado. La debilidad del Estado de Derecho y de nuestra democracia tiene en todo esto una de sus mejores expresiones.

El problema se está volviendo político, pero la mecha no es la contaminación sino la supuesta solución.

El Hoy no Circula está afectando la popularidad de Miguel Ángel Mancera y de su gobierno, pero no dejará de alcanzar también a Enrique Peña Nieto y al PRI. El gobierno federal, después de todo, es el que controla a la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

El Hoy no Circula enoja a una clase media a la que el gobierno le impide circular en vehículos que se ha esforzado por comprar y que tiene que pagar costos crecientes para ir trabajar o acudir a la escuela. El enojo se vuelve furia cuando el gobierno permite manifestaciones y bloqueos constantes. La ineficacia de la medida para reducir la contaminación, que ha aumentado en lugar de bajar, enfurece más a la gente.

El gran beneficiario del enojo es Andrés Manuel López Obrador, quien ha tenido siempre una gran habilidad para atraer el voto de protesta.

Como ha quedado demostrado también, tampoco bastó la alternancia partidista y la consolidación democrática del país ni los avances en transparencia y rendición de cuentas para acabar con el flagelo de la corrupción que carcome al propio estado.

Lo que se necesita es crear las instituciones para contener este fenómeno y acabar con la impunidad que lo estimula, pese a las resistencias de la clase política como se acaba de ver en el Senado donde se frenó el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Y sin duda también tener ministerios públicos y jueces más vigilados como se pretende con el nuevo sistema de justicia penal adversarial.

Las esperanzas que tuvimos fueron excesivas e ingenuas. Ahora estamos decepcionados. Creímos que el voto y su magia iban a resolverlo todo. Pero las inercias, los intereses creados y los poderes lícitos e ilícitos que crecieron al amparo del viejo sistema político siguen vivos y aún más sueltos que entonces.

Los 4 jinetes del Apocalipsis, la inseguridad, la violencia, la impunidad y la corrupción, están desbocados, incluso más de lo que estuvieron el siglo pasado. Hay regiones enteras que no son México ni están controladas. No quiero incurrir en la 2a. ingenuidad de ser optimista en este momento.

Pero hay territorios que avanzan y la economía mexicana tiene un dinamismo que no se detendrá, a menos que llegue al poder un régimen de corte populista.

La indignación moral de López Obrador respecto a la corrupción y la impunidad es correcta; la medicina que propone solo agravaría la situación de forma irremediable. Instauraría un caudillismo populista, deconstruiría lo poco que llevamos de democracia y derrumbaría el modelo económico. Evidentemente, es un modelo que debe corregirse porque tiene graves problemas de corrupción, desigualdad y pobreza, pero la solución no radica en un estatismo nacionalista populista.

[El PRI] ha sido una gran decepción. Hizo reformas estructurales en ámbitos económicos claves, pero falló frente a la corrupción, la inseguridad y la impunidad. Esta dimensión, vinculada al valor de la vida, la convivencia y la civilidad, es más importante que los cambios económicos. En ese sentido, hay decepción con el presidente, porque siendo un hombre joven, que miró hacia adelante con las reformas económicas, es un joven viejo. Piensa como viejo, actúa como viejo, tiene ademanes de viejo. Esa es la razón de que genere tanto rechazo entre los jóvenes.

Fox fracasó porque dilapidó su capital político y se limitó a sacar al PRI de Los Pinos. Calderón se equivocó en la guerra contra el narco. Y eso se debió en parte a que se alineó con Estados Unidos. Peña Nieto, ya lo dije, cayó en el espejismo del economicismo. Pero la vida es mucho más, el liderazgo ético es más importante que las mejoras económicas.

La cita con el destino es el 1er. domingo de julio de 2018. Se necesita un gobierno de coalición, que dé luz a un acuerdo nacional contra la impunidad y la corrupción. Pero eso requiere un espíritu de unidad que no hay ahora. México es un país polarizado. Entre los antisistémicos, cansados de la impunidad y la corrupción, pero que quieren resolverlo con un caudillo mesiánico y populista, y los sistémicos que señalan que ha habido avances en la economía y la política, pero que están manchados de impunidad y corrupción.

Si Porfirio Díaz no dijo aquello de "pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos", debió decirlo. Nos exportan las armas y nos importan las drogas. Explotan a los migrantes y no se dan cuenta de que tienen la más benigna migración posible: homogénea, pacífica, trabajadora. Pero los supremacistas blancos siempre van a ver al morenito con desprecio. Trump no es un accidente, es la expresión de una corriente profunda. Movió el centro de gravedad del electorado estadounidense hacia una derecha ciega, soberbia, racista.

Hay margen, el país no se está muriendo, pero se nos está yendo de las manos.

Todos los mexicanos sabemos que nuestras vidas valen menos que hace algunos lustros. Aquel sistema que todo lo controlaba era insostenible, pero ahora, cuando salimos a la calle, cuando viajamos, vemos degradación, violencia, crimen, mentira, corrupción. Ni siquiera se puede transitar con seguridad por los caminos de México. La parte buena es que todo está en la superficie. La cloaca estaba tapada y se abrió. ¡Pero qué maloliente es!

En México, como una división por cariocinesis, la clase media ha sido tensada hasta que la población se desgarra en la polarización de ricos, muy pocos, y pobres, cada vez más.

Porque la clase media es un muelle de estabilidad económica, social y política, estabilidad que México está perdiendo. Y esta situación sumada a los agravios del grupo gobernante en el país, ha dado paso a un fuerte descontento social, impulso que ha movido a la sociedad civil, como pocas veces antes, a demandar la aprobación de la iniciativa de ley llamada #3de3.

Sin embargo, a pesar del ambiente social crispado, los legisladores federales tratan, desesperadamente, de eliminar la obligación de abrir recursos y propiedades al escrutinio público. El argumento es que se sienten temerosos de que la delincuencia tome esta información y perjudique a sus familias y/o sus negocios (¿?). ¡Bienvenidos a la realidad mexicana!

Bienvenidos a las duras condiciones en las que vive la población, a quien el secuestro la ha hecho víctima, personas con algún ingreso que han perdido la tranquilidad a manos de la delincuencia organizada. Y entonces resulta que para los legisladores, en una falta de solidaridad, no es lo mismo que la población viva amenazada a que ellos puedan ver 'su' patrimonio afectado, luego expresan con sus acciones: todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros...

Entonces, lo que se está llevando a cabo es una suerte de "venciditas" entre legisladores y sociedad civil. Y otra vez los bloques partidistas actúan para quitarle los dientes a una ley que daría un poco de respiro a los mexicanos en tiempos del cólera social, del que los legisladores también son responsables.

Una modelo es la burla en redes sociales por que no sabe hacer una suma... suena chistoso sí, ajá... digo una suma no es una cosa del otro mundo ¿no? Detalles de la estupidez humana y detalles de cómo priorizamos en nuestra sociedad tan moderna: mientras estés chula y tengas chamba en la tele (cual Gaviota...) ya estás del otro lado. Pobre modelo, ya tendrá tiempo de lamerse las heridas de las burlas, pero a mí me pareció un cuadro doloroso y ridículo que me despertó mucha mucha ira. Obvio me recuerda la insolencia de la actriz Angélica Rivera que sin saber nada (sin querer entrenarse para saber algo que es lo peor) encabeza la imagen femenina de un país que está (estamos) en crisis. Es ridículo... muy chula, muy rostro de novelas, lo que sea... pero no por eso se le debe perdonar su indiferencia, ausencia, desinterés o como gusten llamarle ante los problemas mínimos que presenta el DIF a nivel país. ¿O no se han publicado infinidad de abusos cometidos en las estancias? ¿Esto no le compete a ella? ¿Qué le compete? ¿Irse vestida de diseñador a países donde no interesa? Pero esa indolencia no viene gratis, viene de la manita de una educación fracturada donde enaltecimos a idiotas de novelas y mujeres bien guapotas con cerebro de nuez... Por supuesto ese perfil digamos de personas, encaja perfecto en la televisión y más si son programas superfluos... pero no en los lugares decisores de un país... como nuestro dolido México... Estamos con el resultado en nuestras manos de años y años de flojera, de falta de educación, de ponernos las pilas... ¿O cómo cree usted que se formaron los jóvenes -casi adolescentes- acusados de violar a la joven Daphne? ¿Solos un día se les ocurrió? ¿O los niños que agreden hasta la muerte a otros niños en Juárez? ¿O los niños que abusan de la nada de otros niños o niñas? ¿Es la falta de cultura de un presidente? No... ¿El desinterés de los papás? Tampoco. (Seguro influye, mucho). Son años y años y años y años y años de no poner atención en revisar el modelo educativo, son años y años y años de no entender que el arte puede reconstruir poco a poco las huellas de la disfunción, la segregación y los abusos... (Si siguen recortando los dineros para cultura, nos veremos sin posibilidad de resolver a la infancia). ¿Por qué un niño encuentra dentro de la marginación, la indiferencia o el abandono herramientas para la agresión y no otras opciones que debería estar incentivando el Estado?

Resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental presentados el miércoles por el INEGI: Inseguridad y delincuencia, y corrupción.

Las 2 figuras más corruptas de la clase gubernamental a los ojos de la población son: los policías y los agentes del Ministerio Público, que no sueltan desde hace años el 1o. y 2o. lugar de este deshonroso ranking.

"El de mayor porcentaje en experiencias de corrupción fue el contacto con autoridades de seguridad pública que registró 55.2%, seguido de los trámites ante el Ministerio Público con 23.7%".

La sensación de insatisfacción de los mexicanos hacia los gobiernos de todos los niveles de gobierno y de todos los colores se plasma también en la calificación reprobatoria de 43.5% que a nivel nacional resulta de la evaluación de servicios como agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía, calles y avenidas, carreteras y caminos sin cuota. Y los llamados servicios públicos bajo demanda (educación pública obligatoria; educación pública universitaria; servicios de salud del IMSS, ISSSTE, gobiernos estatales y Seguro Popular; energía eléctrica; transporte público masivo automotor; autobús de tránsito rápido; metro o tren ligero y autopistas con casetas de cuota).

La numeralia de la corrupción en 2015 ratifica también que en materia de combate a la corrupción el avance es nulo tanto a nivel nacional como local. Es la mejor prueba de que el reino de impunidad sigue estimulando robar del erario porque el castigo es casi inexistente: 59,713 mexicanos de cada 100,000 creen o han escuchado que existe corrupción en los trámites que realizó y 12,590 de cada 100,000 tuvieron alguna experiencia directa. La mala noticia es que Jalisco está por arriba de ese promedio nacional con 14,351 casos por cada 100,000, que lo ubican como el 7o. estado del país con más casos de experiencias de corrupción.

La conclusión está, pues, a la vista: el combate a la corrupción y a la impunidad no vendrá del interior de la clase política y gubernamental. El sistema nacional anticorrupción está atorado en el Congreso de la Unión y en Jalisco la llegada de una nueva generación de políticos, lejos de cambiar, ha mantenido un modelo caduco y cómplice de fiscalización que les garantiza impunidad a las corruptelas. Cerrar el paso a la corrupción para cumplir esta demanda generacional y empezar a recuperar el ánimo requiere mucho más organización y presión ciudadana que la mostrada hasta hoy.

En todos los países se da la corrupción, pero se da en diverso grado a tenor del grado de desarrollo de su sistema de gobierno, de su sistema de justicia y de la misma sociedad; el verdadero problema ocurre cuando el propio gobierno no solamente es parte de la corrupción sino que la convierte en su manera habitual de funcionamiento.

Que un funcionario del más alto nivel aparezca en diversas nóminas con los empleos más incompatibles, que use su poder para repartir prebendas entre todo tipo de personas ineptas, que abuse de sus subalternos con todo tipo de artimañas, y que actuar así les parezca de lo más natural y lógico, eso es haber llegado hasta el fondo de la corrupción.

No hay una cultura de la corrupción, la corrupción no puede ser ni hacerse cultura por muy común que sea, en todo caso lo que hay es un sistema de bandas delictivas escalonadas, que se protegen unas con otras, pero a eso no se le llama cultura sino mafia.

Tampoco podemos afirmar que haya en México un partido político particularmente corrupto, en todo caso hay partidos que por tanto tiempo han ahondado en la corrupción que ya sin ella les parece que no pueden operar, y esa realidad está a la vista de todos, también de sus propios colaboradores que todos los días viven la impotencia de tener que someterse al sistema, particularmente cuando cambia el partido en el gobierno y medio mundo es despedido con o sin méritos, porque el que llega trae el compromiso de pagar con chambas los apoyos o los afectos.

En Chiapas un grupo de encapuchados puede entrar a una reunión del congreso y secuestrar a 2 legisladores de los de más alto mando, decir que los van a "retener", jalonearlos hasta romperles la ropa y vestirlos de mujer para humillarlos... y el gobierno dice que el presidente del Ccngreso y el coordinador de la bancada del partido gobernante sólo están negociando con la población.

En Chiapas a una presidenta municipal la pueden destituir por la vía de la violencia con el simple argumento de que es mujer y eso no les gusta a los hombres que quieren regirse por "usos y costumbres"... y el gobierno avala que entre otro alcalde al relevo.

En Chiapas por un conflicto político previsible entre 2 viejos bandos se puede armar una balacera, y morir en ella una niña y un señor... el gobierno dice que son conflictos internos, que está investigando.

En Chiapas 2 directoras de escuela pueden ser rapadas en público porque se negaron a sumarse al paro convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y prefirieron dar clases a sus alumnos. La CNTE las puede ubicar, mandar a sus porros a detenerlas y sentarlas frente a las cámaras para raparlas en público. El líder local de la CNTE puede declarar públicamente que se lo tienen bien ganado, para que aprendan a no traicionar al movimiento... y el gobierno no mete las manos, sino que por el contrario, sigue entregando el control de la educación con todo y su presupuesto a ese grupo.

¿Y Manuel Velasco? ¿Y el gobernador de Chiapas? No se le ve, no se le siente, parece que no existe.

¿Estará grabando spots? ¿Posando para su omnipresente publicidad? ¿Acordando alguna portada de revista del corazón? ¿Operando políticamente en favor de su partido, el repudiado Verde Ecologista de México, de cara a las elecciones de este domingo?

Manuel Velasco está mermado en Chiapas. No tiene control, le falta mando. La debacle educativa del estado lo exhibe:

Lo que antes era Oaxaca ahora lo es Chiapas. Chiapas es el nuevo bastión de la CNTE. La Coordinadora tiene control de la sección sindical local y el gobierno estatal se colude con ellos para nutrirlos de dinero al amparo de la ley y de favores políticos al margen de ella.

Lo peor: de nada sirvió cambiar al secretario de Educación estatal para tomar el control de la dependencia, de nada sirvió congelar cuentas de la CNTE para que no financiaran los paros. Las 2 medidas que en Oaxaca generaron un cambio radical de la realidad educativa, en Chiapas han sido fallidas. Sólo hay una diferencia: el gobernador. En Chiapas parece que no está.

Los maestros humillados, agredidos, rapados en Comitán, Chiapas, los "traidores" exhibidos, lo que habían hecho era querer trabajar y cobrar sus quincenas. Entre los agresores hubo maestros de la CNTE, pero la mayoría, como está ocurriendo en otros actos de violencia que estamos viendo en Chiapas, son militantes muy emparentados con aquellos de Sendero Luminoso y el viejo maoismo, del EZLN, restos del EPR que subsisten en municipios como Venustiano Carranza, que se han adueñado de esas movilizaciones con la excusa del rechazo a la reforma educativa.

Atender lo que está ocurriendo en Chiapas no puede pasar por reclamos que no implican más que una simplificación grosera de las condiciones locales. El tema no es la reforma educativa, aunque quizás se deban adecuar algunos de sus puntos a una realidad como la chiapaneca, con sus idiosincrasias étnicas, su desigualdad y su pobreza ancestrales.

El tema en Chiapas, y por eso el conflicto no se puede circunscribir exclusivamente al ámbito local, o del gobierno estatal, ni siquiera al educativo, es que existe una cauda de violencia y una cultura del odio que ha provocado desde un Acteal hasta la muerte de militantes y soldados, de políticos e indígenas, de católicos y evangélicos, una cultura del odio que no se puede alimentar con más odio.

Se debe, por supuesto, aislar a los violentos pero se requiere una intervención federal y de los partidos, de todos, que vaya más allá de exigir (algo imprescindible) el respeto al Estado de Derecho.

¿Qué problemas tenemos aquí? Pues muchos, muchísimos. Y, ¿quién tiene la culpa? La discusión se pone ahí más escabrosa. Según el bando en que milites, los grandes perpetradores del infortunio nacional serían “los ricos y los poderosos”, los politicastros de todas las distintas proveniencias, el “neoliberalismo” como una entelequia impuesta desde fuera (o, en todo caso, alegremente adoptada por los vendepatrias de dentro), los capitales del exterior y, en fin, toda una caterva de sujetos nefastos entre los cuales destacarían tanto los corruptos de siempre como los canallas de la última hora.

En la repartición de responsabilidades, sin embargo, hay curiosas ausencias: me llama la atención que los activistas que propugnan la resurrección de los 43 muchachos asesinados por una organización criminal no exijan el castigo a los verdaderos culpables y trasladen sus acusaciones a un gobierno federal que, con perdón, no tuvo nada que ver en el tema o, en todo caso, pecó de omisión al consentir la turbiedad imperante en tantos municipios del estado libre y soberano de Guerrero. Pero, con perdón, ¿no habíamos quedado en que ésta era una república federal en la cual están clarísimamente definidas las atribuciones de cada una de las instancias del gobierno? ¿Por qué, entonces, le endilgan a Enrique Peña la responsabilidad directa de lo que ocurrió en un municipio perredista de una entidad federativa sojuzgada por un corrompido y nefasto reyezuelo perredista e infiltrada por sicarios amparados por perredistas? ¿Hemos escuchado, en algún momento, “fue el PRD, muera el PRD” o “PRD asesino”? ¿Hemos visto a manifestantes con pancartas que exijan el exterminio de la banda Guerreros Unidos? No, las que resuenan son furiosas proclamas sentenciando que “fue el Estado” e injuriosas inculpaciones al “ejército asesino”. De pronto, uno se pregunta si los justicieros militantes no estarán manipulados, pagados y dirigidos, justamente, por los propios delincuentes, para desviar la atención y escapar a los embates de la furia popular, por no hablar de que se aseguran así de seguir contando con la escandalosa impunidad que disfrutan los malnacidos en este país.

El demonio, en México, lleva el siniestro disfraz de los secuestradores, sicarios, torturadores y extorsionadores de las organizaciones criminales. Ellos son los primerísimos enemigos de la nación. Pero, pareciera que mucha gente no lo tiene tan claro.

Don Guillermo García Oropeza, penetrante comentarista político, hablando de la violencia en nuestra vida pública, escribió: "Con la vuelta al México bárbaro hemos perdido todos, porque volvió a ganar el pasado. Sobre nosotros se cierne la sombra eterna del caudillo de las terribles y luminosas páginas de Martín Luis Guzmán. La sombra mágica de la Coatlicue, las siniestras figuras de los más estremecedores murales de Orozco y las desesperanzas de José Revueltas".

Hemos vuelto al tiempo sangriento anterior a 1929 con la lista trágica de tantos personajes obscenamente fotografiados en un charco de sangre. El mismo viejo México de siempre.

Este país se encuentra cada vez más indefenso ante la barbarie de los fascistas. La presunta "protesta social" de las minorías corporativistas ha alcanzado cotas de espanto: como si de una escena de salvajismo medieval se tratara, vemos imágenes de ciudadanos capturados por turbas que los humillan en la plaza pública y los exhiben como "traidores" por el mero hecho de haber cumplido con sus obligaciones laborales (el mundo al revés, señoras y señores).

El verdugo de turno corta a tijeretazos la cabellera de unas profesoras (siguiendo los pasos de aquellas vengativas multitudes que castigaban así a las mujeres que hubieran alternado con el soldado enemigo en tiempos de guerra). Alguien, entre la chusma, lanza una escalofriante instigación: "¡Échenles gasolina, para que ardan bien!". Por fortuna, esta vez no tiene lugar un atroz linchamiento. Pero, en el camino que han recorrido los vándalos sí que hay ya un reguero de víctimas inocentes: ahí está Gonzalo Rivas, el joven trabajador que murió abrasado por las llamas al cerrar las válvulas de seguridad de una gasolinera incendiada por los quejumbrosos estudiantes de Ayotzinapa. Por cierto ¿se ha hecho justicia? ¿Algunos de los salvajes están en la cárcel? No, siguen ahí, tan panchos, y la visión de un muchacho que se carboniza no les ha quedado en la retina ni les quita el sueño. Y es que lo elevado de sus reclamaciones -entre otras, conseguir una plaza de manera automática al terminar los estudios, sin someterse a exámenes ni concurso- exige llevar la lucha hasta los más brutales extremos: hay que bloquear carreteras, extorsionar a los automovilistas, destrozar oficinas públicas, incendiar archivos y organizar algaradas para advertirle al "poder" que la cosa va en serio, que las demandas son legítimas y las exigencias totalmente merecidas. Estos violentos sediciosos aspiran a... ¡ser maestros! Es decir, a trasmitir conocimientos y valores a los niños de la nación. ¿No es algo descomunalmente aberrante?

Pero la subespecie de los agitadores no está solamente poblada de sujetos rijosos con ambiciones de enseñante sino por individuos que ya lograron colocarse en el aparato del magisterio. Maestros en funciones, o sea, pagados con la plata de nuestros bolsillos en su condición de empleados del Estado mexicano y que, deseando preservar todavía los desmedidos beneficios que el antiguo régimen les otorgaba a través de sus políticas clientelares, se oponen radicalmente a cualquier intento de modernización del sistema educativo. Los profesores afiliados a la CNTE y a la Ceteg, organizaciones gremiales con un decisivo predominio en las entidades federativas más atrasadas y empobrecidas de este país, reclaman prerrogativas tan desmesuradas como no dar clases a los pequeños -durante semanas enteras- para escenificar protestas en las calles, no someterse a ningún mecanismo de control, heredar sus plazas a familiares o mantener una total opacidad en el manejo de las cuotas sindicales. Y, de nuevo, así como sus pupilos de la Escuela Normal Rural 'Isidro Burgos' se han arrogado el derecho a la protesta violenta, estos malos maestros abandonan olímpicamente sus aulas y no sólo se dedican alegremente a perpetrar actos vandálicos, estropicios y desórdenes, sino que han adoptado ahora los usos intimidatorios de las hordas fascistas: el siniestro acoso a los disidentes, la persecución y el despliegue público de la fuerza bruta.

Volviendo al tema de las víctimas, resulta que -así como ocurre con esos terroristas islámicos que matan sobre todo a sus correligionarios musulmanes- los primerísimos damnificados de los agitadores son sus propios agremiados y sus conciudadanos: el profesor que no puede decidir quedarse a impartir clases en su colegio porque afronta el despido -decidido no por las autoridades educativas sino por los cabecillas del sindicato- si no se persona en la manifestación callejera, está sobrellevando el más flagrante pisoteo de sus derechos individuales. El viajero que espera pasar un plácido fin de semana en Acapulco con su familia y que se encuentra irremisiblemente bloqueado en la Autopista del Sol no es tampoco un posible "enemigo de clase" de esos presuntos profesores sino un simple ciudadano de a pie al que se le está despojando abusivamente de una potestad legítima y totalmente merecida. Pero, todo se pone peor todavía: la protesta social, en México, es, ya lo sabemos, un asunto de realizar acciones para joder, como decía, a nuestros compatriotas. ¿El primer paso? Pues, bloquear una carretera, cercar un aeropuerto, cerrar un centro comercial... Y, así, en Chiapas, hace poco más de un mes, unos quejicas del PRD y del PVEM hicieron lo que tenían que hacer: cerrar el paso en un camino vecinal. Poco después, se apareció una ambulancia, que llevaba a dos nenes indígenas, intoxicados luego de haber ingerido penicilina caducada en un basurero. ¿Y, qué pasó? Muy simple: los manifestantes no sólo impidieron que el vehículo siguiera su camino hacia el hospital sino que le destrozaron los vidrios y detuvieron violentamente al conductor (luego, pidieron 30,000 pesos por su liberación). Y, ¿los niños? Murieron. Lo repito: murieron. ¿Podemos seguir tolerando estas infamias?

El cambio va en ruta directa sobre la corrupción galopante, la inseguridad persistente, los abusos manifiestos con un cinismo y un descaro que con brutal impacto lastima, humilla, infringe dolor por parte de la casta política que, en un sistema democrático, sólo tiene repercusión en la validez del sufragio.

Los ciudadanos votantes determinaron castigar las gestiones corruptas aunadas a una ineficacia por la patente falta de capacidad de políticos que ya entran o salen, más que premiar a tales o cuales candidatos.

Insisto y repito, el ciudadano mexicano muestra una desesperación palpable en el papel del voto, ante su impotencia frente a la corrupción.

La jerarquía eclesiástica mexicana trae la cara pintada de guerra. Es una afrenta al Estado laico que pasa por el insulto abierto y grosero al Presidente de la República. Su descalificación y agresión verbal contra Enrique Peña Nieto, un hombre formado por el Opus Dei, atento a los mandamientos éticos de la Iglesia, y probablemente el ejecutivo más católico de todos los que se recuerdan en el México posrevolucionario, es inadmisible. Sus ataques obedecen a que como Presidente, Peña Nieto gobierna para todos los mexicanos bajo los principio del Estado laico, y no de sus agendas bíblicas. La intolerancia a la discrepancia, de quien sea contra cualquiera, es inadmisible. Pero en el caso de la Iglesia Católica, la Constitución restringe sus derechos y haberes como institución. Que no se les olvide.

Los portavoces de la jerarquía católica expresan la indignación del clero por la iniciativa presidencial sobre matrimonios igualitarios, planteada por el Presidente dentro el contexto de los derechos humanos. ¿Por qué lesbianas, homosexuales y transexuales no pueden tener los mismos derechos que el resto de los mexicanos? ¿Por qué la Iglesia Católica dice que atentan contra el orden natural de las cosas? Sus creencias, bajo las cuales rigen sus principios y su moral, no están inspiradas en Darwin, sino en la Biblia. Respetable su posición, pero nada más. Su fe no rige los Estados, salvo los fundamentalistas, como en la República Islámica de Irán o el califato que pretende el Estado Islámico. Su fe aporta soporte moral a los creyentes, pero en aquellas naciones donde el Estado está separado de la iglesia, su filosofía, doctrinas y orientaciones se quedan dentro de los templos. Sus actividades públicas también están restringidas en varios países, como México.

El inciso "e" del artículo 130 constitucional establece: "Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios". Sin embargo, tanto la Iglesia Católica como otras iglesias, están violando este precepto y, en protesta por la iniciativa presidencial sobre los matrimonios igualitarios, utilizaron el púlpito para buscar la incidencia en el voto. No está claro aún si influyeron o no en él en estados como Aguascalientes y Tamaulipas, pero lo que sí se encuentra en los límites de la legalidad es la actividad política que realizaron y que, explícitamente, reconocen.

El vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, editor del semanario Desde la Fe, que lleva 3 años y medio en campaña abierta contra el presidente Peña Nieto, negó que los sacerdotes y prelados hubieran realizado acto alguno de proselitismo. "Directamente no lo hubo", agregó. "Lo que sí hubo fue una serie de orientaciones de obispos y sacerdotes que advertimos el peligro de estas iniciativas". En una conferencia de prensa, el presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas, Arturo Farela, añadió: "No hicimos proselitismo; llamamos al voto responsable".

Farela enmarcó la posición de cristianos y evangélicos como un acto de libertad de expresión. "Mientras no se fomente la discriminación, la homofobia, la falta de respeto a todos los grupos, no se debe tener miedo al debate", dijo. En los hechos, lo que promovieron sus pastores fueron precisamente la discriminación, la homofobia y una sociedad partida. La jerarquía católica es menos sutil. En el editorial del domingo pasado en el semanario Desde la Fe, el sacerdote Valdemar escribió: "No cabe duda que el hartazgo ante la corrupción, la ineficiencia y la impunidad, así como la imparable violencia y la inseguridad en la que vive secuestrada la ciudadanía, han sido los factores que llevaron a la derrota del partido en el poder".

"Por eso... nos preguntábamos... si el Presidente no tenía prioridades que atender antes de hacer una propuesta legislativa destructora de la familia, de sus derechos y de sus valores. Ante dicha agresión... la sociedad se ha movilizado... manifestando un rechazo total a una iniciativa -que se pretende autoritaria-, y detrás de la cual está el intervencionismo extranjero... que financia esta perversión de los valores... No hay duda que la sociedad, inconforme con esta imposición destructiva e inmoral, ha reaccionado, y ha emitido un voto de castigo al Presidente y a su partido".

La grey ha rebasado las fronteras del respeto y la convivencia. Hace unos días, el obispo de Culiacán, Jonás Guerrero Corona, recordó la iniciativa de los matrimonios igualitarios, antes de insultar: "¿No será que (el Presidente) anda buscando gavioto en vez de gaviota?". Nadie de la jerarquía eclesiástica lo desautorizó. Tampoco a Valdemar. Por tanto, uno supone, están de acuerdo con lo que plantean. Las iglesias se han pintado la cara de guerra. Si quieren hablar en el marco de las libertades, que se quiten las sotanas y que dejen de lado sus privilegios fiscales y económicos. Si no quieren que les quiten las prebendas, que respeten el Estado laico en el que viven. Que recuerden que este debate no es sobre la libertad de expresión, sino sobre leyes.

Hay en la política y en la sociedad de México una coalición de gobierno que no coincide con las líneas partidarias.

Es la coalición que desde los años 80 del siglo pasado intenta modernizar al país, liberalizar su economía, democratizar su política, desmontar su estatismo y sus monopolios, abrirlo al mundo.

Fue la alianza de un gobierno del PRI deslegitimado y una dirigencia panista dispuesta a negociar reformas democráticas la que hizo posible esa coalición en el siglo pasado (1988-2000).

Siguieron 2 gobiernos panistas que encontraron en el PRI un aliado para la gobernabilidad, pero no para la modernización (2000-2010).

La alianza volvió por sus fueros en el Pacto por México de 2012, donde el gobierno del PRI y las dirigencias del PAN y el PRD suscribieron reformas que se habían aplazado por más de una década.

Fue con esos buenos augurios que arrancó el gobierno de Peña Nieto, antes de despeñarse en sus escándalos de corrupción, mala comunicación y pobres resultados económicos.

Creo que las líneas de la coalición modernizadora siguen vigentes, más allá de las fronteras partidarias, porque son parte del movimiento de la sociedad, y del mundo, no solo de los partidos.

Los partidos de la coalición luchan por el poder, pero no disputan el proyecto, salvo en el hecho evidente de que se queda corto frente a los reclamos de la sociedad por corrupción e impunidad, y viceversa.

Lo bueno para Peña sería que su proyecto modernizador ganara la candidatura presidencial dentro de su partido, y luego ganara en las urnas. Ambas cosas están en chino.

Lo bueno para el futuro del país sería que el ganador de las próximas elecciones presidenciales compartiera el proyecto de quienes quieren, en los partidos y en la sociedad, modernizar a México.

Lo sucedido en Nochixtlán, Oaxaca, en los enfrentamientos que dejaron seis muertos y más de cien heridos, no puede sorprender a nadie: es consecuencia directa de una escalada de provocaciones que se han sucedido en los 2 últimos meses por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a la que se han sumado sus aliados naturales, que tienen muchas siglas que los respaldan pero que básicamente son organismos de base del EZLN y de los muchos derivados del EPR, sumados a grupos muy radicales relacionados o amparados en Morena.

Lo ocurrido en Nochixtlán no se puede separar de los hechos en Chiapas, de los bloqueos persistentes en la propia Oaxaca, más de 10 simultáneos incluyendo la refinería de Salina Cruz, los saqueos a tiendas departamentales y supermercados, e incluso a agencias de automóviles en Juchitán (6 carros se robaron los vándalos en una agencia Nissan), al asesinato, allí mismo, del fotógrafo Elpidio Ramos, amenazado por los saqueadores por haber tomado fotos de esos hechos.

La Coordinadora ha dejado su movimiento en manos de grupos más radicales y por ende en los más violentos. En Nochixtlán hubo 6 muertos con disparos que no fueron realizados por policías sino por grupos civiles encapuchados y la mayoría de esas víctimas no son maestros, sino activistas de estos grupos. Del centenar de heridos, 55 son policías, muchos de ellos con disparos de bala.

El testimonio publicado por el propio padre Alejandro Solalinde, insólitamente utilizado como un argumento de defensa de esos agresores, lo reconoce explícitamente: "Dimos pelea por más de 3 horas. Se platicó con ellos (con los policías) y dijeron que ellos venían a desalojar. Entonces empezó la lucha, los padres de familia, taxistas, alumnos y pueblo en general armados con piedras, palos y machetes dieron pelea por 3 frentes, ellos no podían, se destrozó un autobús y ellos destruyeron las motos de los compañeros y persiguieron a la gente, entonces los pobladores dispararon armas de distintos calibres y dejaron de perseguirlos las patrullas".

No se trató de enfrentamientos espontáneos sino de emboscadas preparadas por estos grupos contra las fuerzas de seguridad. Los agresores deben ser identificados y castigados como tales. Pero nadie se debería equivocar, en todo esto el tema hace ya mucho que dejó de ser la reforma educativa. Hace mes y medio, el viernes anterior a las elecciones, decíamos aquí que estábamos frente a un movimiento desestabilizador con muchas semejanzas al impulsado en 1993 y 1994, y que por ende "las autoridades deben adoptar medidas de fondo tomando en cuenta que lo que estamos viendo no es un conflicto magisterial: es un movimiento político que está siguiendo, paso a paso, el camino que aprendieron en 1993-94 con la mira puesta en el 2018. La reforma educativa es la coartada desestabilizadora de la actualidad como lo fue entonces la firma del Tratado de Libre Comercio".

Ese es el verdadero desafío. Decíamos también que "por supuesto que se debe aislar a los violentos, pero se requiere una intervención federal y de los partidos, de todos, que vaya más allá de exigir (algo imprescindible) el respeto al Estado de Derecho... se debe convocar a un diálogo amplio, con muchos de los actores involucrados, para tratar de sacar adelante una agenda común, que impida que (Chiapas y Oaxaca) vuelvan a ser lanzados, como algunos quieren, a la senda del odio y la destrucción".

Es verdad que tiene muchos frentes abiertos: los radicales que están apostando a una violencia apenas embozada; una iglesia impertinente y grosera, incluso en sus fingidas disculpas; un sector del empresariado que ha tomado el tres de tres casi como un karma; una crisis abierta en el PRI; un gabinete en el cual muchos de sus integrantes están en su zona de confort y otros en devaneos sucesorios y una disminución dramática de las expectativas que lleva a relativizar avances, cuando existen, en cualquier terreno.

Pero precisamente por todo eso se requieren respuestas mucho más claras y también más contundentes e incluso hasta dramáticas. Debe haber una sacudida porque el intento desestabilizador ya es una realidad.

Nochixtlán es un túnel negro. ¿Qué sucedió este domingo donde murieron cuando menos 11 civiles y a policías federales les cortaron dedos a machetazos y terminaron con pies heridos por las bombas caseras que les explotaron? Nadie tiene una explicación clara de la cadena de sucesos, y lo que está explicando el gobierno federal en voz del comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, no tiene sentido. La narrativa de Galindo insulta la inteligencia de los mexicanos porque no hay sustento a lo que afirma. Pero si realmente dijera la verdad, probaría que los mandos de la Policía Federal son incapaces y llevaron a sus elementos a una carnicería.

Las autoridades no tienen idea de cuántas personas participaron en esa operación contra ellos, que sí fue planeada y ejecutada con perfección. Grupos no identificados actuaron de manera coordinada. Cerraron los caminos para obstruir los apoyos de los cuerpos de seguridad, y los fueron atrayendo hacia las posiciones que ellos escogieron, mediante repliegues tácticos a puntos específicos donde tenían pertrechos para volverlos a atacar y causar bajas.

Sus agresores siguieron el manual: breve combate violento, desenganche rápido de la acción, y una retirada rápida hacia la siguiente posición defensiva. Lo llevaron a su máxima expresión en Hacienda Blanca, a 10 kilómetros de la capital, donde se dieron los enfrentamientos más duros. Los agresores jugaron con los federales, cuyos mandos operativos no supieron cómo actuar. No tenían infiltrados entre los grupos de atacantes, ni desplegaron los drones para obtener inteligencia visual. Tampoco recordaron las mismas tácticas empleadas en la capital de Oaxaca en 2006 cuando los mismos grupos buscaron derrocar al gobernador Ulises Ruiz, para utilizar las estrategias usadas para neutralizarlos en aquél entonces.

La narrativa de Nochixtlán es la crónica de un nuevo desastre de la Policía Federal y la prueba de que los enemigos del gobierno pueden someterla cuando quieran, como quieran y de la forma que quieran. Las noticias de Oaxaca, son ominosas.

Es un martes en la mañana en Nochixtlán, Oaxaca. Pobladores de la comunidad y simpatizantes de la CNTE siguen bajo la tensión de los sucesos del domingo.

Ahí, un par de reporteros enviados para consignar de forma directa lo que pasó el fin de semana pasado es retenido. Los activistas -que no los pobladores- condicionan su liberación: un cuarto de hora en horario estelar de la televisora en la que trabajan a cambio de liberarlos.

En cualquier país del mundo, eso derivaría en una condena colectiva, general ante la privación de la libertad de un par de trabajadores. En México, el gremio periodístico se divide y hay quienes -sí, es en serio- lo celebran. Es la oportunidad de escarmentar al imperio mediático.

La violencia que se justifica por ideología. La estupidez en la red.

Los mismos que celebran no reflexionan, ni siquiera conocen la cobertura o las notas emitidas. El camino sencillo de la descalificación del medio electrónico es no sólo más sencillo, sino que deja mejores dividendos a la causa electoral.

En el mismo Oaxaca, fue asesinado el domingo un periodista al que no defendieron los típicos paladines de la justicia por la libertad de expresión. Habría de preguntarles si su muerte no es igual de indigna que la de los reporteros en Veracruz o Tamaulipas.

La respuesta está en la causa compañero, en la causa.

Horas antes de que llegara la policía ya habían empezado a quemar llantas. Era el 19 de junio en el cruce de Hacienda Blanca, uno de los lugares donde hubo enfrentamientos ese día del padre en Oaxaca y donde murió una persona. Me muestran fotografías de un celular con registro de la hora: 15:54. Había que correr riesgos para tomar las fotos. Quienes bloqueaban la carretera amenazaban a reporteros y a ocupantes de vehículos si tomaban imágenes. No querían que se supiera lo que estaban haciendo.

La quema de las llantas tenía el propósito de dejar bloqueada la carretera aun cuando las autoridades trataran de liberarla. "Estaban como preparando todo para la llegada de la policía", me dicen.

Quienes realizan los bloqueos no son en su mayoría maestros sino activistas o miembros de grupos de choque. Buscan provocar una revuelta armada. Sienten que por fin están cerca del objetivo. Los enfrentamientos del 19 de junio fueron para ellos el inicio de la revolución. Se enorgullecen de que los bloqueos se han mantenido incluso después de las muertes: los activistas ya están dispuestos a dar la vida por la causa. El que de los 9 muertos ninguno haya sido maestro es significativo. La CNTE está siendo rebasada por grupos más radicales a los cuales poco o nada les preocupa la reforma educativa, excepto como detonador de una revuelta.

A eso de las 9 de la noche se oían los disparos desde los cerros cercanos al cruce de Hacienda Blanca. Ya en la carretera los activistas tiraron un poste de electricidad de concreto. Buscaban hacer el mayor daño posible. A la mañana siguiente el lugar parecía un campo después de la batalla. Había restos de unos 20 o 30 autos quemados.

En el centro histórico de la ciudad de Oaxaca había destrozos. Una modesta zapatería, llamada Azteca, fue destruida por manifestantes. Los periódicos dijeron después que era pérdida total. Los activistas destruyeron también tiendas Oxxo y otros comercios. Muchos dueños han preferido mantener las puertas cerradas. La gente tiene miedo. El lunes 20 de junio hubo una nueva manifestación que cerró las calles. En la noche se registró un virtual estado de queda. Las calles estaban desiertas.

En los bloqueos a veces se permite el paso de vehículos, dependiendo del humor de los activistas. Las empresas de transporte público, sin embargo, han dejado de prestar servicio. Los precios de los pasajes aéreos se han disparado. Un modesto trabajador oaxaqueño residente en la Ciudad de México trató de regresar para asistir al funeral de su padre. Simplemente no tuvo forma de hacerlo.

La escasez provocada por el bloqueo ha disparado los precios de los alimentos. No hay pollo. Los transportistas no quieren ya arriesgar sus unidades. El domingo fue capturado un camión que trasladaba pollos, los cuales fueron quemados vivos en un acto de enorme crueldad. La gente hace compras de pánico de gasolina. La refinería de Salina Cruz quema productos como el propileno, el más valioso de la refinación, porque no hay forma de almacenarlo. En lugar de aprovechar los productos de forma productiva, se van íntegros a contaminar el ambiente. El cierre que ya se prevé de la refinería tendrá costos multimillonarios. Lo peor es que la refinería es uno de los pocos centros de producción industrial del estado.

Oaxaca está en estado de sitio. Las autoridades ya no se atreven a hacer nada contra los bloqueos. Para ellos lo esencial es no perder sus empleos; para los activistas, impulsar la revolución. Ni a unos ni a otros les importa lo que sufran los oaxaqueños.

El maoísmo a la mexicana viene a cuento tras los sucesos del 19 de junio en Nochixtlán.

No todos los extremistas que rodean a la CNTE son de credo maoísta, supongo, pero su estrategia contra el sistema -una "guerra popular prolongada" aún de baja intensidad debido a su todavía insuficiente implantación más allá de Guerrero y Oaxaca- y sus tácticas, como arrodillar maestros disidentes, descalzarlos, raparlos y hacerlos marchar, son rituales, no sólo inquisitoriales sino maoístas a secas.

El maoísmo a la mexicana es también endógeno. La dirección de la CNTE fue alimentada con dinero ilegal por los gobernadores priistas y la ideología quedó para el adoctrinamiento de la turba mientras los jefes, convertidos en lo que en el anterior Antropoceno priista llamábamos líderes charros, se enriquecieron, a costa de los niños más pobres de México y aplaudidos por nuestra progresía. Destruir a la indispensable Reforma Educativa es sólo un pretexto para intentar, otra vez, el deseado estallido social que lleve al poder a la izquierda cavernícola.

Mientras quienes tienen la obligación legal de reprimir no manejen sus protocolos contra una multitudinaria provocación y mientan para ser desmentidos por las imágenes, nuestros maoístas se sobarán las manos guarecidos tras niños y ancianas, sus escudos humanos.

Y aquí, mientras se escriben y firman sobre las rodillas manifiestos contra la represión, buena parte de la izquierda sólo deplora la muerte o las heridas de los suyos porque los otros no cuentan, como no contaban para Mao las bajas millonarias causadas por su ingeniería social. La vida o la muerte de un policía federal no les importa, como no les importó la del gasolinero Gonzalo Rivas, quemado vivo por los normalistas de Ayotzinapa, para quien Luis González de Alba ha pedido, póstuma, la Medalla Belisario Domínguez o la del fotógrafo Elpidio Ramos, asesinado a mansalva por los vándalos solidarios de la CNTE en Juchitán. Cuanto peor, mejor.

¿En qué momento dejamos de pensar? Cuando ganó el coraje, cuando el hartazgo ocupó todos los espacios, cuando la ciudadanía se enamoró del discurso del terror, cuando decidió censurar con un "Ya Basta" al sistema incapaz de proponerle un mejor futuro, y con tal de aniquilarlo no se dio cuenta que la alternativa que escogía era como estrellar los puños en la pera de cuero con la que entrena el boxeador: mientras se golpea con más fuerza, ella regresa con más velocidad y poderío.

El modelo económico ya no sirve. El sistema que lo sostiene está vencido y no tiene credibilidad. La gente está cansada de la desigualdad económica y la corrupción, desesperada por la violencia y la impunidad. El tanque del aguante luce agotado y lo que es peor, el de la tolerancia también.

Ese modelo -sistema seguramente sirvió para muchas cosas en el pasado, pero hace tiempo que tropieza sin cesar, fracasa. La falta de imaginación para diseñar un nuevo orden de cosas ha dejado la puerta abierta para adoptar el desorden de cosas. La levadura lista para inflar al cabo de una noche cualquier cosa que plantee un rompimiento. Y eso, peligrosamente, despierta dudas sobre la utilidad de la democracia misma.

López Obrador ha ido ganando el espacio del "cambio al precio que sea". Ha ido dejando al resto de la clase política, la partidocracia, el gobierno y las instituciones, en el bando descafeinado, si no ignominioso, del "más de lo mismo".

La promesa de cambio de AMLO es más extrema que la del brexit o la de Trump. AMLO quiere echarlo abajo todo: ni reforma energética ni reforma educativa ni leyes anticorrupción.

Su discurso es más primitivo que el de Trump o el del brexit, por ello mismo, en el estado de irritación que corroe la plaza pública mexicana es un discurso más poderoso.

Las emociones del brexit mexicano están sembradas a fondo en el ánimo irritado de la sociedad y en el instinto antisistémico de los medios. Las corrientes prosistémicas son menos ruidosas.

Tiendo a creer que si las fuerzas prosistémicas votan juntas serían mayoría frente a las antisistémicas. Su fragmentación puede volverlas minoría y darle la Presidencia a AMLO.

Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional, dijo ayer que el actual PRI es el peor de todos los tiempos. Sin ser del todo mentira, eso no es verdad.

Puede ser que este sea un PRI, una vez más, de promesas rotas. Dijeron que habían cambiado, no era verdad. Pero eso no hace a este tricolor el peor de la historia. Menos aun cuando frente al Revolucionario Institucional no está ni el mejor PAN de la historia, ni la mejor izquierda de la historia (PRD y Morena, terribles por igual), y para el caso, justo es reconocerlo, ni la mejor iniciativa privada, ni los mejores medios de comunicación, ni las mejores OSC de la historia.

Es entendible que el joven Anaya trate, un mes después, de seguir explotando la cauda de atención mediática que le trajo la jornada electoral del 5 de junio. Pero hablar bonito no basta. Y una cosa es que, en efecto, el PRI no se ayude ni tantito con gobernadores de impresentables actos como los Duartes y Borge, y otra que Acción Nacional sea el partido modelo que México estaba esperando.

Anaya, a pesar de los triunfos electorales, es hoy por hoy pura saliva. Vaya, ni la 3 de 3 completa pudo sacar. Y de la corrupción en su partido podrá decir que respetará lo que haga la comisión que le encargó a Luis Felipe Bravo, pero él no ha hecho ni desafiliaciones, ni descalificaciones a todo tipo de prácticas de panistas de impresentable -como el de los priistas- proceder (hola Jorge Romero, hola Guillermo Padrés, hola Villarreal...).

Parafraseando a Luis H. Álvarez, mientras Anaya sea pura verborrea, el PAN irá directo a que los derrote, de nuevo, la victoria.

Y en el frente de la izquierda: mientras el partido de la Revolución Democrática no entienda que la corrupción y el clientelismo los han infestado al grado de la parálisis (corregir implica renunciar a explotar sectores lumpen), sus posibilidades de convocar nuevamente al electorado de las capas medias, el que les votaba por identificación y no a cambio de tinacos, estarán condenadas al dígito que pueden comprar mediante dádivas.

Morena, por su parte, tiene un reto enorme. No estamos ante el mejor López Obrador. Por 3 razones: porque no tiene, de ninguna manera, el más mínimo contrapeso (ni formal ni informal); porque, como Anaya, Andrés Manuel tiene un problema de éxito: cada día es más evidente el costo de (mal) gestionar los derivados de sus triunfos recientes (bancadas legislativas que ni pichan ni cachan ni dejan batear, por ejemplo), y 3, porque siempre que va ganando, al tabasqueño le da el síndrome Pablo Iglesias: celebra antes de tiempo victorias que todavía no ha cosechado.

Pero no sólo los partidos están así, también la sociedad. Para muestra ahí está el pacto de impunidad a punto de aprobarse en el congreso en torno a la 3 de 3.

Valientes empresarios estos, que salieron a gritar porque con el artículo 32 se les impuso una ridícula obligación, pero que apenas les quitaron esas cláusulas dejaron de molestar a un gobierno federal y a un congreso que apuestan a la opacidad.

Los medios estamos igual, indignados con los recortes a programas sociales pero felices con la publicidad oficial.

En fin. Habrá quien defienda los avances (por cierto, ¿ya vieron que el INAI está en acto suicida?). La clave, insisto, es dónde queríamos estar a estas alturas del siglo XXI. Frente a esa expectativa, ¿de verdad no estamos todos peor?

El tema de la discrepancia en la reforma educativa quizás se hubiese podido resolver con encuentros proactivos y propositivos en ambas partes. Pero ese México no existe.

Y es entonces cuando aquí aparece e interviene la política, que ha contaminado el tema Oaxaca al punto en que no sólo apesta sino que se ve muy complicado pueda resolverse.

Después de una pésima política de comunicación gubernamental para explicar creíblemente el conflicto, aparecen grupos radicales, subversivos, que al cobijo de los maestros atacan a los policías federales en un lamentable evento que deja varios muertos y en el que desafortunadamente los federales aparecen como culpables.

Y el asunto lo contamina todavía más el que es el encargado del gobierno interno del país, el señor Osorio Chong, como sueña con la presidencia, es políticamente muy cuidadoso, no quiere olas, y hace amagos en los medios pero no ejecuta acciones ni para desarticular el conflicto ni para ofrecer alternativas.

Y por el otro lado, el señor López Obrador ya encontró un camino para volver a estar en los escenarios apoyando a los maestros disidentes y su intransigencia.

Ambas partes se cuidan políticamente de no cometer errores, y el que la paga con todo esto es un país con un pésimo humor social, cada día más exacerbado, que paga los bloqueos y el desabasto en Oaxaca o la toma infame de la Ciudad de México, mientras los actores políticos siguen en su muy lamentable e insano cachondeo.

Muchos lanzaron la típica y malinchista pregunta de "¿Por qué no somos como Islandia?". La respuesta debiera dividirse en 2.

Somos mejores que Islandia en muchos factores, pero mucho peores en los aspectos que tienen el foco de atracción de la opinión pública.

Tenemos peores políticos. Todos peleados, todos en busca de la nueva oportunidad de hacerse más ricos ellos y sus aliados -aunque digan que no, el sueldo gubernamental de una burocracia disfuncional da riqueza a los achichincles de sus diputados locales-, todos intentan generar temas e iniciativas de relumbre, pero de poca efectividad -todos son ya pro presupuesto participativo, todos contra el fuero, todos defensores de la 3de3, todos a favor de una movilidad alternativa y todos a favor de referéndums. Eso sí, ninguno con opciones reales e ideas novedosas que combatan la iniquidad, la pobreza, la corrupción de a de veras, el reparto más adecuado de riqueza y el pensamiento que combata la opresión y la discriminación-.

Tenemos medios en peor condición. Prensa vendida, no a una ideología sino a una caja famélica ante la ausencia de anunciantes que voltean a ver otras formas de publicidad ante la huida de lectores que prefieren las redes que lo impreso. Algunos de estos periódicos, adalides de la verdad de la macroplaza ficticia de sus instalaciones para afuera, chantajean y usan la misma dinámica de lo que dicen ser distintos, esto ante el fracaso de atraer nuevo público a sus plataformas digitales pagadas.

Activistas en mutación. Aquellos que se pelean y distancian de sus amigos de siempre porque cambió la moneda de cambio que los mantenía en compacto grupo. Ahora, de pastelitos a burocracia, los bandos se dividen en mercadotecnia.

Y a la mitad de ellos y una condición de pobreza alarmante, una población que espera, ya no tan paciente, el siguiente ciclo electoral.

Hay algo que rara vez han entendido quienes sostienen las estructuras sociales: que las mentalidades cambian y que estos cambios, acumulados, modifican profundamente la conciencia de la gente. Si las estructuras se van adecuando inteligentemente a estos cambios, el crecimiento procede sin producir graves crisis, de lo contrario, la dinámica evolutiva de la sociedad revienta las estructuras.

Las estructuras sociales que al presente se sostienen en México no sólo no se adecuan a los cambios de conciencia social que experimentamos, sino que parecieran empeñarse en reprimir dichas modificaciones, todo lo cual nos está llevando a rupturas violentas que pueden eventualmente generalizarse con un alto costo para el país.

Responsable principal de esta torpe situación es la clase política mexicana; sus líderes advierten que efectivamente las cosas están cambiando, pero lejos de aportar las urgentes adecuaciones, tratan de sacar el máximo provecho de su posición antes de que todo reviente.

Seguramente existen otros líderes que sin tener estas aviesas ambiciones permanecen en la inmovilidad porque ni se dan cuenta de lo que ocurre, ni de hacerlo, sabrían cómo afrontarlo.

De esta suerte la nación navega en medio de aguas revueltas, con un enorme malestar entre los navegantes, y una tripulación peleada y dividida por sus personales ambiciones, dónde muchas veces los cargos de mayor importancia los detentan las personas más incapaces, y aquellas que podrían hacer algo fueron arrojadas por la borda.

¿Pero es que no hay nada positivo en nuestro país? Por supuesto que sí, pero todo lo mejor y lo más positivo que tenemos va en el mismo barco y sufre por lo tanto el mismo destino.

La CNTE será a la reforma educativa lo que los macheteros fueron al fallido proyecto del nuevo aeropuerto en tiempos de Fox. Una mala negociación política de arranque envenenó la posibilidad de resolver un problema urgente y necesario: mejorar la calidad de la educación pública.

Nuestra tara política no es que se negocien los términos de un proyecto oficial para aplacar protestas y marchas. En una sociedad democrática la política debe ser entendida justamente como la conciliación de las diferencias de los distintos sectores que forman parte de la comunidad. Y esto supone ceder, contraproponer, encontrar puntos de encuentro a la mitad del camino.

Por desgracia no es eso lo que ahora transitamos. El problema es cuando estas negociaciones, ahora desesperadas, son producto de la soberbia y la cerrazón originales, y se termine por ser rehén de la violencia generada por tal cerrazón. En tales casos, lo más probable es que la reforma resultante abone a los caprichos y a los reclamos por prebendas a favor de los políticos profesionales del magisterio, no necesariamente de los maestros.

Existía consenso sobre la necesidad de una reforma educativa profunda. Todos los diagnósticos daban cuenta del deplorable nivel de nuestros escolares y del uso y abuso del sindicato magisterial para fines políticos y electorales, ya fuese a través del SNTE o de la CNTE, la organización disidente del sureste mexicano.

No sabemos como concluirá este proceso. Pero me queda claro que en más de un sentido todos hemos perdido. Por una reforma educativa que pudo ser (no la de Aurelio Nuño, sino la que podría haberse diseñado desde el principio con los maestros sentados en la mesa de negociación); por los costos y contratiempos que han provocado las marchas y plantones; y, sobre todo, porque deja en claro que la única defensa de los grupos disidentes en contra de la incapacidad o el autoritarismo del Estado es la protesta que lesiona el interés público. Mala cosa para todos.

No sólo se ha tratado de desestabilizar territorios y regiones causando un auténtico caos vial en ciudades y poblaciones con una afectación verdaderamente criminal a comerciantes y gente trabajadora, que intentan sobrevivir sorteando obstáculos, cuando muchos han tenido que cerrar sus negocios, y mismas abastecedoras oficiales y particulares tienen que operar rutas a horas de madrugada tratando de resolver parcialmente las entregas de mercancías con costos desproporcionados y pérdidas colosales.

En días pasados el gobierno tuvo que desplegar flotillas de abastecimiento para cumplir con el abasto en comunidades afectadas por los bloqueos de carreteras en diferentes estados y con un perjuicio descomunal de consecuencias graves, muy graves.

Y así, mesas de diálogos van y mesas de diálogos vienen, ante una postura necia por parte de la disidencia, enfrentando a una autoridad falta de mando y ejercicio de poder, que tal parece mira de soslayo o ignora, que el poder no sólo hay que ostentarlo, sino ejercerlo.

Visto lo visto, el movimiento, en su esencia misma, es político, y ya se sabe que cuando tal o cual situación busca la resolución política en México, las más de las veces fracasa.

Escribo esto con la plena conciencia de que tras de todo este desmadre, los intereses partidistas -léase López Obrador y sus hordas de autobús, torta y refresco y a las marchas para el borlote- van en función de desestabilizar a la nación.

No se deje en el olvido lo que declaró AMLO en una de sus intentonas por buscar la presidencia: "Si no me la entregan, voy a incendiar a México...". Seguramente hacía remembranza de cuando también lo tenía programado con Pemex.

Por su parte, el gobierno de Peña Nieto en la presencia permanente de su secretario de Gobernación Osorio Chong, insiste y persiste que la Reforma Educativa no sufriría modificación alguna, y, como desde el principio del conflicto, asegurando con determinación, que su gobierno no va a caer en provocaciones.

Es cuando la interrogante aparece: ¿Hasta qué y cuándo mide la gestión peñista el significado de provocación?

Muchos intereses son los que se manejan en el movimiento de la disidencia. Desde una Elba Esther Gordillo como cabeza que fue del gremio, rea en un penal de concesiones, pasando por otros líderes que han perdido ganancias y las pelean con el poder de todo lo que están haciendo, hasta el que capitanea el partido de Morena apoyando determinantemente a los supuestos maestros, pero infiltrando delincuentes que van por los intereses propios.

Es indispensable en estos momentos llamar a las cosas por su nombre, cuando al margen de los muertos por enfrentamiento, hay otros, varios se supo, que fallecieron en ambulancias impedidas de transitar por los bloqueos, al margen del saqueo de negocios, toda vez que unos cuantos, los que sean, ponen en vilo a varios estados del país exhibiendo la vulnerabilidad de una autoridad que en loable declaración busca en el marco del Estado de Derecho, la solución.

Sólo que ¿hasta dónde llega el derecho Y LAS FORMAS de manifestarse, y el de la ciudadanía convertida en víctima?

Debido al entorno macro y a factores como la inseguridad, corrupción e impunidad, ahora mismo en la economía la confianza no es el ingrediente con mayor fortaleza. Por el contrario hay pesimismo en la IP y enojo social en la calle. Esta combinación no es la mejor para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y para el futuro del país. Se trata del mejor campo de cultivo para profetas como Andrés Manuel López Obrador que ha apostado a ello.

En días, hemos visto cómo en una suerte de juego del gato y el ratón, un gobierno federal aparentemente dividido negocia con la CNTE mientras ésta vandaliza, lastima y se ensaña con la educación y la gente, haciendo lo que siempre pregonan: movilizar y negociar para ganar. Parecen estar lográndolo con asombro y desconcierto de muchos. La pregunta es a cambio de qué.

Hemos visto como nunca antes luchas internas entre ex candidatos perdedores y gobernantes salientes, entre los que llegan, los que no llegaron y los que se van. Las amenazas de cárcel de todos y entre todos, de búsqueda de control de poder ilegítimo y de promesas de renovación y limpieza que la sociedad no ve más allá que en las declaraciones de prensa.

El drama cotidiano continúa: ahí siguen desde los bloqueos hasta las familias completas asesinadas por los sicarios del narcotráfico.

Aunque el partido de los que sí saben gobernar está en el poder, México se hunde cada vez más en la ingobernabilidad. Grupos de presión han tomado el control de algunas regiones y utilizan la fuerza para exigir recursos públicos y tratos preferenciales.

Este 23 de julio se llevó a cabo en Chiapas una de las muchas manifestaciones en que grupos de presión exigen dinero y privilegios. La movilización frente al Palacio Municipal de San Juan Chamula demandaba "dinero para obras" y "recursos para artesanas". El presidente municipal, Domingo López González, del Partido Verde, y otros miembros del cabildo salieron a dialogar con los manifestantes, pero tanto el alcalde como un síndico y un regidor fueron abatidos por encapuchados. En total 5 personas murieron y 12 resultaron heridas en este ataque que, de haber ocurrido en Múnich o París, habría sido objeto de una cobertura mediática internacional. En México es parte de la vida cotidiana.

La cultura de la violencia se ha apoderado de nuestro país. La idea de que sólo era necesario que los que sí saben gobernar regresaran a Los Pinos para bajar la violencia ha caído por tierra. Es verdad que hubo un descenso en las cifras de homicidio a partir de 2012, todavía en el sexenio del panista Felipe Calderón, pero los números están subiendo nuevamente. En los seis primeros meses de este 2016 los homicidios dolosos aumentaron 15.6% para registrar 9,413 (Sistema Nacional de Seguridad Pública).

Si los homicidios están subiendo, también las protestas, que se están saldando cada vez más con violencia. Las muertes durante la protesta de San Juan Chamula son el ejemplo más reciente. Pero ahí están también los hechos de Nochixtlán, Oaxaca, en que 9 personas murieron el 19 de junio en una balacera durante el desalojo de un bloqueo de la autopista Oaxaca-Puebla, o los de Iguala del 26 de septiembre de 2014, cuando más de 40 personas fallecieron tras ser atacadas mientras se movilizaban en autobuses robados.

La violencia es consecuencia de la inacción de un gobierno que ha perdido la brújula, que no entiende ya su función en la sociedad. La principal responsabilidad de un gobierno es proteger a los gobernados del robo y la violencia. Esta función no se cumple con facilidad, ninguna sociedad está completamente exenta del crimen; pero México es uno de los países con mayor inseguridad y peor Estado de Derecho.

Algunas veces los funcionarios alcanzan un vislumbre de su responsabilidad. El 1o. de julio el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que "se ha agotado el tiempo", que ya no se permitirían los bloqueos y abusos de la CNTE. La realidad ha sido otra. El gobierno se ha visto cada vez más acorralado. Los bloqueos de vías de comunicación, los robos de vehículos, los secuestros (hoy "privaciones ilegales de la libertad") y las agresiones se multiplican mientras las autoridades se muestran aterradas ante el posible uso legítimo de la fuerza.

Las reglas deberían ser muy sencillas. Las protestas se permiten, las agresiones, los robos y los bloqueos no. Pero los que sí saben gobernar nos dicen, en la voz de Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia: "Seguiremos apostando a la vía del diálogo... La siguiente vía sería la vía del diálogo, después la vía del diálogo y después la vía del diálogo".

Y mientras el gobierno dialoga, los grupos que viven de la protesta sienten la libertad de abusar de los ciudadanos. Ante la falta de gobierno, la violencia aumenta.

Hemos puesto demasiado empeño en pedir una clase política de mayor calidad y menos deshonestidad, pero no hay suficiente énfasis en la parte que nos toca. Los ciudadanos mexicanos (en Jalisco y en el resto del país) son ciudadanos de baja calidad, que provocan abandono, deterioro y destrucción de sus ciudades. León no se inundó esta semana porque tenga un gobierno inepto, sino porque además de tener un gobierno inepto, tiene ciudadanos que tiran la basura en la calle. Oaxaca tiene un problema grave de educación (no sólo de ahora) porque tiene un gobierno incapaz y una sociedad rural que ha hecho de las plazas magisteriales un patrimonio familiar.

La Ciudad de México tiene un grave problema de contaminación porque el gobierno local ha sido más vengativo que eficiente, pero sobre todo porque está llena de capitalinos deshonestos que pagan a verificentros corruptos y violan todos los reglamentos que pueden.

Si algo hemos aprendido desde la "Renovación Moral" de Miguel de la Madrid para acá es que la lucha anticorrupción que viene desde el gobierno, da igual el color de origen de quien esté sentado en la silla presidencial, es selectivo, autoritario e inútil. Un director y un secretario del sindicato del Pemex fueron a la cárcel y la corrupción en la paraestatal más grande el país no sólo no terminó, sino que creció. Los peces gordos de Fox siguen nadando en las aguas del presupuesto federal devorando ya no 10 ni 15 sino hasta 20% de cada contrato. Los gobernadores, panistas, perredistas, verdes y priistas, que saquearon a sus estados siguen en sus casas, cada vez más grandes, y los que están en activo no tienen contrapesos reales.

La lucha contra la corrupción no vendrá, pues, del nuevo nuevo PRI ni de ningún partido. O nace de la sociedad civil, que hasta ahora ha sido más vociferante que comprometida (y pienso específicamente en los empresarios) o no nacerá nunca.

Este fin de semana un joven de 17 años, mató y desmembró a 3 de sus amigos en Milpa Alta, en la CDMX, porque dice que miraban con lascivia a su novia. La violencia, más allá del narcotráfico, ya está entre nosotros. Y a mayor impunidad mayor violencia.

El domingo, las primeras planas de los periódicos de la Ciudad de México escurrían sangre. La Jornada: Violencia imparable: 54 muertos en 10 entidades; Milenio: Sábado rojo: matan a 39 en 9 entidades; El Universal: La muerte viaja en bus: 4, esta semana; Reforma: Calcinan a 10 y ejecutan a familia de 7; Excélsior: Guerrero y Michoacán viven jornada violenta. Fue tan brutal esa jornada a través del papel, que un experto comunicador, Néstor Martínez, colocó en su página de Facebook: "¿Qué podemos esperar de un país (así)? Pues no mucho". La resignación es más bien frustración, o peor aún, impotencia. ¿Qué podemos esperar de un país así? Que si sus gobernantes son incapaces de frenar la violencia, que los ciudadanos no caigan en el conformismo, en la apatía o, en lo último que debe suceder, que los muertos se conviertan en un simple número. La estadística no es fría cuando la realidad muestra que en cualquier momento, cualquiera de nosotros pasa a formar parte de la numeralia.

¿Qué sucedió el lunes? Una vez más, a través de las portadas de los periódicos de la Ciudad de México, lo siguiente: Milenio: Julio, mes más violento desde marzo de 2013; El Universal: Mueren 468 soldados en la lucha contra las drogas; Reforma: Suma Acapulco 11 muertos en un día; Excélsior: 105 muertos sólo el fin de semana. El miércoles continuó ampliándose y matizándose la estadística, sin que pasara de ahí. Ningún grito de horror en la clase política. Ningún freno al desasosiego por parte del gobierno. Ninguna exigencia de la sociedad civil para que esto se frene. La violencia se ha insertado como parte del paisaje cotidiano en la nación.

¿Nos hemos vuelto fríos o insensibles? En absoluto. Somos individualistas y mezquinos. Si la violencia toca a nuestras puertas gritamos, usamos las tribunas en los medios para magnificar nuestros agravios y desgracias, y nos negamos a ser parte de la estadística. Si no nos afecta en lo inmediato, dejamos que pase en cámara lenta con una notable pasividad. Hemos perdido capacidad de asombro. Entre agosto de 2006 y octubre de 2015, reportó este año la PGR, se descubrieron 201 fosas clandestinas en 16 estados donde hallaron 662 cuerpos. La noticia, en febrero, pasó desapercibida. El dato, sin embargo, es monumental: en la mitad del país hay sembradíos de cadáveres. En la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa, se localizaron 60 fosas con 129 cadáveres, ninguno de los jóvenes estudiantes, y tampoco se dio un escándalo nacional.

La apatía de los mexicanos, en sus cuerpos político y social, es espantosa. Peor, porque no hay una explicación clara de lo que esté sucediendo en México.

El deterioro de los gobiernos se acentuó y se puede plantear que amplias franjas del país viven una condición de anomia, que es el estado de desorganización social como resultado de la ausencia o degradación de normas sociales, que ya no son respetadas por los individuos.

El precio de la apatía hacia los asuntos públicos, apuntó Platón, es ser gobernado por los hombres malos.

Para Octavio Paz el papel de los intelectuales, después del período de la Revolución, fue el de colaborar con los gobiernos revolucionarios como consejero, secreto o público, del general analfabeto, del líder campesino o sindical, del caudillo en el poder.

Y agrega: "La tarea era inmensa y había que improvisarlo todo. Los poetas estudiaron economía, los juristas sociología, los novelistas derecho internacional, pedagogía o agronomía. Con la excepción de los pintores -a los que se protegió de la mejor manera posible: entregándoles los muros públicos- el resto de la 'inteligencia' fue utilizada para fines concretos e inmediatos; proyectos de leyes, planes de gobierno, misiones confidenciales, tareas educativas, fundación de escuelas y bancos de refacción agraria, etc.".

Sin embargo, algo ha sucedido que las personas más preparadas y estudiosas no han logrado hacer un cambio significativo en el quehacer nacional, y esto dice Paz desde 1959, que escribió su libro de El Laberinto de la Soledad: "La Inteligencia mexicana, en su conjunto, no ha podido o no ha sabido utilizar las armas propias del intelectual: la crítica, el examen, el juicio. El resultado ha sido que el espíritu cortesano, ha invadido casi toda la esfera de la actividad pública. Además, como ocurre siempre con toda burocracia, se ha extendido la moral cerrada de secta y el culto mágico al 'secreto de Estado'. No se discuten los asuntos públicos: se cuchichean.".

Poco más de 55 años después seguimos en las mismas, los poco o muchos intelectuales que sobreviven a la tentación de la riqueza y el poder, se quedan atrapados en el cuchicheo, en torno a las figuras del poder.

Oaxaca tiene sus carreteras bloqueadas, los trenes no llegan a puertos de mar porque los paran troncos y piedras. Guerrero, con los peores índices educativos, como Oaxaca, tiene asesinatos hasta en playas de Acapulco... López Obrador cambia máscaras según convenga a sus pretensiones de dictador bolivariano y no hay una denuncia oficial que supere los tuits que hacemos los de a pie, aunque nos llame vendidos la turba babeante. Su dios ya perdona el pecado de haber sido priista si hay arrepentimiento en Morena, dijo en video que, misteriosamente, desapareció de páginas de quienes lo subimos.

Desde el 19 de junio pasado no se habla ya del asesinato en Oaxaca del fotoperiodista Elidio Ramos Zárate, mientras fotografiaba el vandalismo contra la reforma educativa. Advertido por los rufianes que le exigieron dejar de fotografiarlos en plena flagrancia, recibió un balazo en la cabeza.

Hace un año otro fotoperiodista, éste de Proceso, Rubén Espinosa, murió junto a cuatro mujeres en lo que resultó ser un desquite contra una de ellas por asuntos de drogas en los que Espinosa no estaba involucrado. Pero llegó a tomar unas copas con ellas antes que los sicarios. Ha habido aullidos, barbas mesadas, acusaciones contra la Presidencia (por supuesto).

El contraste lo hacen los medios: Elidio Ramos trabajaba para un diario regional, El Sur, y tomaba testimonio del vandalismo de la CNTE: lado equivocado.

Hubo asaltos de los manifestantes a agencias de autos y robo de unidades nuevas. Pero ya bajan los autos de los dobles transportes con doble piso detenidos en bloqueos carreteros.

En Oaxaca la iniciativa privada protesta ante el gobierno porque no logra parar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En Michoacán la CNTE bloquea las sucursales de Bancomer porque la nómina estaba bancarizándose para arrebatarle el control de los pagos. En Guerrero el panorama de violencia tapa por momentos el conflicto magisterial.

Pero en Chiapas sucede todo lo anterior: los empresarios se rinden por los bloqueos, los maestros toman bancos con tal de no perder el control financiero y la CNTE deja de ser nota cuando matan alcaldes.

Chiapas es hoy lo que Oaxaca era antes: el más sólido bastión de la CNTE, el sitio donde le han ganado la partida al gobierno, han sometido al gobernador, en el que rigen la educación pública y vulneran la gobernabilidad.

Este relevo, sin embargo, muestra que el desastre de la CNTE en Chiapas no sólo es atribuible a la administración de Manuel Velasco. En la nueva mesa de negociación que les instaló la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, la CNTE está obteniendo para todos sus agremiados prebendas estratégicas como que ya no les apliquen las multas y despidos a quienes hayan faltado a clases 4 días consecutivos por participar en paros y marchas. De facto, la aniquilación de la reforma educativa de Peña Nieto.

En el reposicionamiento de la CNTE en Chiapas, pues, el gobierno federal ha sido también clave. Hay otros asuntos, como que por ejemplo no mandó a Chiapas el mismo número de policías que a Oaxaca. Chiapas tuvo mil elementos de la PF (contra 5,000 de su vecino) y después de Nochixtlán, están casi inactivos: ya ni operativos de disuasión hacen, lo que facilita las tomas de carreteras.

México es un país secuestrado por sus gobernantes desde hace 85 años, un país que vive día a día feroces atracos de quienes lo mal gobiernan, en todos los niveles, y el deporte no es una excepción. Un país en el que ninguna ley es respetada por el gobierno en turno (de cualquier color), mismo que se dedica a cuidar los intereses particulares de sus familias, allegados y cómplices. Un país en que ninguna reforma estructural funciona, porque se diseña para favorecer a los amigos del presidente y del partido político en turno. Entonces... ¿Por qué carajos debería funcionar el deporte de alto rendimiento? Al gobierno sólo le importa el deporte para la fotos en Los Pinos cuando resulte oportuno, es una materia realmente olvidada y arrumbada que sólo sale del polvo cuando conviene a la nomenclatura política.

Las organizaciones sociales que se han involucrado en actividades de insurgencia y desestabilización en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán han dado pasos hacia adelante mediante tácticas de células activas en diversas poblaciones rurales y en núcleos urbanos. La acción de estos grupos ha creado una percepción de debilidad de las autoridades ante evidentes delitos que van creando una estela de impunidad. Aunque la parte más visible son los movimientos del magisterio más radical, en realidad, junto a ellos están una mezcla variopinta de organizaciones que han declarado la guerra a las autoridades y que en muchos casos operan bajo la mirada de grupos del crimen organizado.

La agitación social ha provocado que se pongan en operación acciones constrainsurgentes por parte de las autoridades que hasta ahora se mantienen con resultados discretos. Las labores de inteligencia y las acciones legales son la clave para desarticular lo que parece un esfuerzo para llamar a la agitación y la insurgencia.

El gobierno federal está frente a uno de los desafíos más importantes de la administración, porque la conexión de estos grupos alzados con intereses político electorales es cada vez más evidente y amenazan con contaminar los procesos electorales que se preparan para el año 2018.

La posición del sector privado como de la mayoría de los ciudadanos de los estados afectados se mueve hacia la impaciencia ante la falta de efectividad en restaurar la paz y el orden. Las imágenes desafiantes de bloqueos de carreteras, vías férreas, marchas, plantones, secuestro de vehículos e incendios son simbólicas. Penetran en la conciencia de los ciudadanos aumentando el enorme desgaste que sufre la autoridad.

Urgen acciones contundentes que restauren la confianza en las instituciones, porque el crecimiento de la percepción de que es posible negociarlo todo a partir de la violencia es un hecho tan peligroso como negativo. La contrainsurgencia dentro de la legalidad es indispensable. Corresponde a las autoridades imponerse. En muchas poblaciones de las regiones afectadas de hecho, hay ya una enorme pérdida real de libertad, porque el miedo a las autoridades de facto crece, mientras que muchos de estos grupos se convierten en poder real que controla territorios y manipula procesos administrativos.

Si la semana próxima, con el inicio del ciclo escolar, no se contiene adecuadamente la agitación en las escuelas que impida que los niños vayan a clases en esas entidades, la situación pude tomar un pulso de mayor tensión. La acción política con el dialogo está en marcha y debe mostrar resultados inmediatos, y simultáneamente debe avanzar la inteligencia para contener y llevar a la dimensión precisa la acción de estos grupos.

Sería lamentable que las autoridades echaran para atrás las reformas constitucionales o las leyes aprobadas como producto de acciones insurgentes. Esperemos que las soluciones políticas se impongan y que no haya necesidad de emplear la fuerza del Estado. Pero el tiempo se está agotando en este que parece ser el primer capítulo de una lucha ideológica y política que persigue derribar al gobierno.

Nadie, ni los presuntos candidatos ni los partidos políticos que los respaldan, hablan de temas alarmantes (y las estrategias para enfrentarlos) como el inminente colapso del Instituto Mexicano del Seguro Social y el sistema de pensiones; la segura pandemia de diabetes que está a la vuelta de una década; la ausencia total de estrategias para enfrentar la contaminación en todas sus vertientes o el escenario inevitable de la falta de agua potable en las zonas más desarrolladas y pobladas del país.

Obviamente, la lista de estos problemas estructurales es mucho más larga, pero se abrevia en razón de la extensión de estas líneas.

Paco Calderón
(21 de agosto de 2016).

Hace 25 años, un estudiante de una universidad privada de rango medio obtuvo el grado de abogado con una tesis mal hecha. Hizo su trabajo con trampa: hizo pasar como suyas páginas enteras copiadas a otro. Hizo lo más grave que puede hacer un estudiante: cometer fraude contra el evaluador y contra sí mismo.

El Presidente de México fue ese estudiante tramposo. Eso, primero, lo hace quedar en ridículo, le quita fuerza a su persona, le resta puntos a su investidura y lo vuelve blanco de memes.

Pero el trabajo periodístico que lo reveló no sólo cuestiona al Presidente de la República sino que nos pone frente al espejo y nos muestra una relación nacional burlesca, cómoda, con la trampa.

Al plagio y al espejo hay que sumarle otras dos implicaciones graves.

La 1a. es la de la petición de renuncia. Si por casualidad o por una borrachera, el Congreso determinara que esto es falta grave o traición a la patria, el propio Congreso tendría que nombrar al presidente que termine el mandato, con enorme riesgo de generar una crisis política que no necesitamos. En un sistema presidencial, el cambio de pivote debe ser el último recurso, de verdad el último, porque altera todos los equilibrios en todas las tareas. Es como soltar una bomba sin contemplar los daños colaterales. No es lo mismo la renuncia de una ministra de educación en un sistema parlamentario como el alemán que la renuncia de un presidente en Estados Unidos o México.

La 2a. es una trampa lógica para el manejo de la crisis magisterial. Se conoce como falacia ad hominem y consiste en meter un argumento de índole personal en la construcción de conclusiones. Dice así: El gobierno de Peña Nieto defiende una propuesta de administración pública relacionada con la educación y sus sindicatos. Peña Nieto hizo trampa como estudiante. Por lo tanto, la propuesta se invalida.

Esa es una trampa. No sólo porque descalificar a una persona no descalifica una premisa porque Peña Nieto no es el creador de la reforma, sino el pivote de un sistema que la impulsa y que pasa por el Poder Legislativo, el Poder Judicial, organismos civiles y hasta organismos de derechos humanos.

La trampa de Peña Nieto no invalida políticas públicas de un país y mucho menos, un artículo constitucional.

Si nos ponemos a relacionar todo el conjunto increíble de hechos "aislados" lo que resulta es una imagen desoladora de la indefensión en que vive la ciudadanía en este nuestro país.

La autoridad explicará a la sociedad que es asunto de las luchas entre los cárteles, que no tiene de qué preocuparse, qué se arreglen ellos, es decir, hay un México de la ciudadanía pacífica, sujeto a las leyes, y un México autónomo, gobernado y dominado por y para los cárteles, ambos coexisten todos los días, es inevitable, nada más pídale a Dios que no le toque estar en medio de sus luchas en un mal momento.

Algunos periodistas y comunicadores de los medios acosan al Presidente para aumentar sus fans y, por ende, tener más bonos a su favor, y por supuesto, para tener mejores ingresos. Algunos hacen labor de investigación en su pasado para desprestigiarlo, como el que se refiere el plagio de algunos párrafos de su tesis profesional; labor que debería haberse hecho cuando era candidato, pero una vez electo todo ataque se nos revierte a los ciudadanos porque es como escupir para arriba. A nadie nos conviene un presidente débil y desprestigiado y menos nos conviene que esos ataques trasciendan al extranjero, porque a través de los gobernantes nos juzgan a todos los mexicanos.

Veamos ahora qué pasaría si esos ataques se traducen en la renuncia del Presidente. El artículo 86 de nuestra Constitución, establece que "El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causas graves, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia". Por lo tanto, queda en manos del Congreso analizar si las causas de la renuncia son graves como para aceptarla. Por lo pronto, si el Presidente cuenta con mayoría de diputados y senadores, es claro que no van a aceptar su renuncia y por lo tanto continuará en el desempeño de su cargo hasta terminar el período para el que fue electo.

Ahora bien, cuando se acepta su renuncia en los últimos 4 años de su mandato, el Congreso de la Unión designará al Presidente Sustituto que deberá concluir el período. ¿Qué podemos esperar que haga el Presidente Sustituto en el corto tiempo que le queda? Nada bueno puede suponerse, colocará a sus amigos y partidarios en puestos claves para buscar beneficios personales.

El movimiento más fuerte en contra del Presidente es el de la CNTE, que no está motivado en buscar su renuncia, les da lo mismo quién sea el presidente, lo que pretenden ellos es que se les restituyan sus canonjías, que puedan heredar los puestos de maestro o venderlos, que los dejen manejar el presupuesto de 15,000 millones de pesos para la educación básica a su antojo y continuar vendiendo plazas de aviadores disfrazados de comisionados.

Pregunta: "¿Por qué invitó Peña Nieto a Trump a México?".

Respuesta (en inglés macarrónico): "For the flies..." (por si las moscas).

Al invitar, recibir y finalmente presentar en Los Pinos, después de su entrevista privada de más de una hora, al impresentable candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Peña Nieto recordó seguramente las viejas definiciones de política ("El arte de tragar sapos sin hacer gestos") y diplomacia ("El arte de decir '¡Qué lindo perrito!'... mientras te agachas a recoger la piedra").

Trump es un hombre que puede llegar a la Casa Blanca, a la presidencia de los Estados Unidos, más allá de que hoy, afortunadamente, la ventaja que lleva Hillary Clinton parece decisiva. Pero en unos comicios estadounidenses nunca los resultados están decididos hasta la hora del recuento.

La cita de Peña Nieto con Trump desconcierta, pero se debe entender como parte de una tarea que debe hacerse. Alguien le tiene que decir a Trump que no somos violadores, que no llevamos droga cada vez que viajamos a Estados Unidos, que nadie obliga a los migrantes a viajar hacia el norte. Pero también alguien le tiene que mostrar la magnitud de la relación comercial bilateral, explicarle (y eso lo puede entender) que el comercio entre Estados Unidos y México es de un millón de dólares por minuto; que la frontera común es la más transitada del mundo; que un porcentaje altísimo del PIB estadounidense, y por ende de su economía y mano de obra, dependen del comercio con nuestro país; la riqueza (y buena parte del andamiaje social) de su país, se derrumbaría sin el aporte de todo tipo que realizan más de 30 millones de mexicanos o mexico-americanos en la Unión Americana.

Que tenemos graves problemas con el narcotráfico y la violencia, pero que los mismos devienen, en un alto grado, del consumo de drogas de la sociedad estadounidense, consumo que crece día con día, y que va de la mano con el doble discurso de legalizar las drogas al mismo tiempo que se dice estar persiguiendo ese comercio. Pero, sobre todo, nuestra violencia está ligada al tráfico de armas que se realiza de Estados Unidos a México: desde que en el 2004 la administración Bush liberó por completo la venta de armas de asalto, la violencia, alimentada por esas armas, se disparó en nuestro país. Y Trump es un ferviente partidario de que esa venta indiscriminada de armas se mantenga sin cambios.

El alimento de la violencia es el dinero: nadie sabe cuánto dinero del narcotráfico se queda en Estados Unidos, según la mayoría de los especialistas es un 90% de todo lo que genera esa "industria", que conservadoramente se estima en 60,000 millones de dólares. Alguien le tiene que explicar a Trump que mientras Estados Unidos pone los consumidores de drogas y proporciona las armas y el dinero que hacen fuerte a los cárteles, México está poniendo los muertos, más de 20,000 cada año, durante la última década.

Esa es la realidad que hay que mostrarle a Trump. No creo que le interese, creo que lo que busca es una foto en México que le permita reencauzar su muy desencaminada campaña presidencial. No va a abandonar ni el discurso racista y antiinmigrante (como se debe haber comprobado la misma noche del miércoles en Arizona) ni su defensa de las armas, ni tampoco la retórica proteccionista, pero no podrá decir que no se le ha tendido una mano para buscar una convivencia civilizada desde este lado de la frontera. Si la rechaza, como estoy casi seguro que la rechazará, ni el gobierno ni la sociedad mexicana tendrán nada que reprocharse pero sí mucho por hacer para evitar que ese personaje llegue a la Casa Blanca.

El hábito de la memoria mexicana es pensar que los presidentes son todopoderosos. Hace rato que eso no es verdad. Para bien hasta cierto punto, para mal pasado ese punto.

Creo que hemos pasado el punto deseable de debilidad presidencial hace algún tiempo, produciendo sin cesar gobiernos divididos y presidentes elegidos por minorías cada vez más minoritarias.

Los primeros confundidos en esta cuestión son los presidentes mismos, que no acaban de encontrar su lugar en el incómodo cuarto de sus limitaciones democráticas.

Emprenden grandes cosas (la guerra contra las drogas de Calderón, las reformas estructurales de Peña Nieto) y luego pagan ellos y hacen pagar al país enormes cuentas, porque sus grandes empeños salen mal.

Desde el año 2000 de la transición democrática, los presidentes viven cercados por la competencia y los contrapesos, pero se sienten a la vez obligados, por la misma exigencia democrática, a ofrecer grandes resultados, momentos de gobierno que cambien la historia.

El 1er. presidente de la serie democrática mexicana, Vicente Fox, fracasó rápido en su esfuerzo prometido de aplicar la ley y terminar con la corrupción. Luego de un año de no arreglar nada en esos frentes, Fox renunció a cualquier otro proyecto de envergadura. Se resignó a ser el presidente del triunfo democrático y dejó en el país la primera, imborrable, desilusión en carne propia con la democracia.

En gran medida para lavar su controvertida elección, el presidente Calderón se metió en el callejón de la guerra contra las drogas, cuya espiral de violencia seguimos pagando y lamentando.

El presidente Peña trajo bajo el brazo el paquete de reformas más ambiciosas que recuerde mi generación, pero perdió el paso de la credibilidad moral en la opinión pública y ha terminado siendo el presidente más rechazado de la historia reciente.

Lo común a estos presidentes de la democracia es que tuvieron grandes propósitos y poca eficacia gubernativa. Fueron presidentes débiles con propósitos de presidentes fuertes. Presidentes urgidos de grandeza con débiles instrumentos de gobierno.

¿Qué hacer cuando insultar al Presidente de la Republica se convierte en deporte nacional? La institución presidencial vive un momento de crisis, jamás en la historia se había reducido a tal nivel el respeto por el titular del ejecutivo; ni siquiera en la época de Vicente Fox que despotricaba en cada posibilidad.

Este fenómeno no puede sino explicarse por 2 razones medulares:

1) Las tecnologías de la información han propiciado un intercambio de información dinámico y masivo que en muchas ocasiones no atiende fuentes confiables y se sujeta a ópticas sin reflexión; y 2) El gabinete presidencial ha tenido una impresionante falta de tacto político e impotencia de manejo de comunicación derivado de una ruptura con los medios masivos de comunicación ordinaria.

Es una afrenta y un error disfrutar con tratar de exhibir al presidente tanto dentro de México como en el extranjero, ya que esto solo desencadena un elemento de ingobernabilidad que perjudica al país en todos sus aspectos.

Tenemos 2 grupos empresariales del sector de telecomunicaciones molestos por la apertura a la posibilidad de que se licitaran 2 nuevas cadenas de televisión nacional, eliminando con ello un pesado oligopolio logrando con esto la enemistad de los dueños de ambas televisoras.

Luego, uno de los hombres más ricos del mundo quería tener su canal de televisión y poder utilizar su increíble infraestructura para también manejar la modalidad de televisión por cable, ya que actualmente su título de concesión no se lo autoriza y el gobierno de Peña le impidió participar en la licitación correspondiente, simplemente aduciendo un riesgo de mercado. Este último personaje tiene dentro de sus propiedades medios de comunicación en el extranjero, comprenderemos entonces como, de la noche a la mañana, iniciaron una gran campaña en contra de la Presidencia, que paulatinamente se ha agravado.

Pero ¿quién orquesta esta guerra desde el frente político? El camino lógico fue apoyar al enemigo de las principales empresas de telecomunicaciones, ese peligroso opositor, me refiero al eterno candidato Andrés Manuel López Obrador.

Se han atendido las formas del mismo Mao, se ha intentado desestabilizar sin importar el costo y las repercusiones que esto tenga en la nación.

Todo inició con el apoyo al sindicato de Luz y Fuerza del Centro, coronándose estos hechos con el respaldo a los pseudo-maestros agrupados en la CNTE que se han manifestado en contra de la reforma educativa. Si escarbamos un poco encontramos que atrás de muchos grupos "opositodo" está ese personaje, cuyo único fin de sus violentas propuestas, obviamente se centra, no en legítimas aspiraciones, sino acabar con su enemigo y escalar al poder a través de la violencia, aunque sea de manera indirecta.

Todo esto frena el desarrollo del país y cualquier esfuerzo del actual mandatario por mejorar su desempeño y lograr evidenciar resultados de las reformas estructurales.

Desde 1988 el país vive en medio de 2 curvas que se mueven en dirección opuesta. La 1a. es la curva ascendente de apertura al mundo y la creciente sensibilidad de la economía, la sociedad, el sistema político y hasta la coyuntura política ante lo que acontece fuera de nuestras fronteras. La 2a. es la curva descendente del "mundo" (no los logros ni el desempeño) de nuestros mandatarios: Salinas más que de De la Madrid, pero Zedillo menos que Salinas, Fox menos que Zedillo, Calderón menos que Fox, y Peña Nieto menos que Calderón. La mejor prueba es el escándalo Trump/Peña/Videgaray: un factor externo trastoca la sucesión presidencial y la (im)popularidad del Presidente. Sucedió antes: en 1981 López Portillo perdió a Díaz Serrano, como posible candidato a sucederlo, gracias a la caída del precio del petróleo y a sus propios errores al reaccionar ante ella. Pero era otro mundo, y otro México.

El dilema de 2018 es que la curva descendente sigue cuesta abajo, y la incidencia de los factores externos sigue creciendo. Para 2018 México será uno de los países más sensibles al resto del mundo... en el mundo. Comparable apenas a algunas naciones europeas, Japón y quizás Chile. Sin embargo, los prospectos para 2018 son más insulares (por no utilizar otros términos más ilustrativos, pero quizás peyorativos) que nunca. Un ex gobernador de Hidalgo, una ex primera dama, 2 ex regentes de la Ciudad de México, uno de ellos oriundo de Tabasco y nacido en el siglo XIX: la caballada no está flaca, pero sí muy rústica.

Todo esto para enfrentar a Trump, tal vez, o a una Hillary Clinton poco propensa al apapacho de México, a diferencia de su marido. Y, sobre todo, para conducir al país en un mundo cada día más convulso, con cada vez más incidencia en México, y para el cual estamos cada día menos preparados.

Crecen a pasos agigantados y de manera exponencial: la inseguridad, la indignación, el coraje, los precios de todo -el índice inflacionario es un promedio evidentemente manipulable; ese 2% y poco es propio de una película de ficción y no de la dura y cotidiana realidad-, el desempleo, los empleos precarios, los ingresos de los más corruptos y de los más ricos; la pobreza y las enfermedades.

Crece la ineptitud en los gobernantes, la mala imagen del país, las bajas calificaciones para proyectos económicos y las pésimas decisiones, irreflexivas e irresponsables; aumentan la deuda, la desconfianza, la desesperanza, el descontento. También se recrudece la debilidad de la máxima autoridad en este país y de ahí, hacia donde volteemos.

El cinismo y la desfachatez también crecen [...] la falsedad y manipulación de datos también está in crescendo.

No he hablado de las fallas en el sistema judicial que, por supuesto, inciden en un incremento en las injusticias; ni del pensamiento ese que cunde entre la clase política, relativo a "cortar una cabeza" (léase circo o Videgaray) para dizque contentar a las masas.

La situación es grave.

Vivo en un país de impunidad y pobreza y desigualdad social, económica y de acceso a la justicia. Vivo en un país lleno de violencia y con más cadáveres en fosas de las que al gobierno le interesa encontrar. Con el dólar en las nubes, el crecimiento en el piso y el empleo precarizado. Y la Presidencia que se siente en la necesidad de contarnos que el vestido de la primera dama es usado.

Son tantos años de esto y tan pocos los verdaderos cauces de la deliberación democrática gracias a una élite política atrincherada en sus partidos que hoy estamos, más bien, en medio del griterío, que es lo único que queda cuando no hay diálogo. Y si no hay diálogo es porque de poco ha servido. Y porque la oposición parece haber dejado de serlo.

Leo y escucho en estas semanas, provocada por la baja popularidad del Presidente y por esta sensación de ausencia que proyecta, la pregunta de qué haremos los próximos 2 años; como si la elección fuera una especie de medicina mágica para estos países que es el país.

Las cosas siempre se pueden poner peor. Un presidente elegido con 30% o menos de los votos, en medio de este desencanto y después de tantas promesas y expectativas no cumplidas.

No, no puedo defender a Peña Nieto. Pero urge que los cercanos a la Presidencia de México salgan en defensa del jefe del ejecutivo federal. No por él: por el país.

A voz en cuello, el padre Hugo Valdemar anuncia la llegada del apocalipsis arcoíris. El vocero de la Arquidiócesis Primada de México denuncia la conjura para establecer el #ImperioGay en el país. Habla de una movida del diablo advertida por el papa Francisco, y llama con urgencia a poner un alto a las fuerzas del mal.

La amenaza apareció en forma de carta enviada por el Movimiento por la Igualdad en México a las oficinas del semanario Desde la Fe. Los "abajo firmantes" reclaman la actitud beligerante y tendenciosa del órgano de difusión de la Iglesia católica respecto a la iniciativa de matrimonio igualitario propuesta por el Presidente de la República.

Para Hugo Valdemar, la misiva es hostil, intimidatoria, repleta de amenazas veladas de represión a través de demandas civiles, denuncias penales y amparos. Se trata -dice- de una verdadera persecución para quienes profesan la fe católica y se oponen al derecho a casarse y adoptar entre parejas del mismo sexo.

A unos días de las marchas a favor y en contra del matrimonio igualitario, los dichos del pastor clerical avivan los ánimos inflamados del rebaño fiel.

Valdemar revela además una nueva fase de la guerra santa contra lo que la Iglesia católica considera aberrante.

Si en los meses anteriores los hombres con sotana se mantuvieron a la ofensiva a través de la descalificación y el engaño, ahora se dicen víctimas de la intolerancia.

El clero intenta dar vuelta a la tortilla; la discusión sobre el derecho a la familia ahora se transforma en clamor por la libertad de culto. Quienes se oponen a los postulados eclesiásticos son victimarios, impulsores de la dictadura del pensamiento que pretende imponer la ideología de género y aplastar a los defensores de la moral cristiana.

Las acusaciones agravan la división entre quienes defienden puntos de vista diametralmente opuestos y cierran la puerta a cualquier posibilidad de entendimiento y reconciliación.

La Iglesia Católica entra a terreno radical, sinuoso y resbaloso; la escalada verbal pone en alerta a la comunidad LGBTTTI, dispuesta a llevar el pleito a las últimas consecuencias y sacar a la luz datos oscuros de siniestras ovejas descarriadas, y de aquellos que las esconden tras las sotanas.

No nos confundamos, esta no es una nueva cristiada; Dios nos libre. Estamos ante un pleito entre liberales y conservadores por cuestión de derechos, para defender posiciones políticas antagónicas, mantener cada cual privilegios y ganar espacios en un país agobiado por desazón, hartazgo y desesperanza, campo fértil para posturas radicales.

La función del Estado debería ser la de garantizar derechos y libertades, no dar clases de catecismo sacramental, ni mucho menos quebrarse de miedo por irse al infierno a donde la Arquidiócesis lo quiere mandar si se atreve a aprobar una ley arcoíris; no sería un buen cálculo de rentabilidad electoral, amenaza el clero intolerante. Ruge el león... y el PRI se espanta.

Nadie duda que la popularidad presidencial ha caído dramáticamente, pero lo de la marcha [para exigir su renuncia], que algunos pretendían "mega", era una ocurrencia, un intento de repetir el proceso de Brasil y Venezuela, impulsado, paradójicamente, por quienes más han apoyado a Dilma Rousseff y Nicolás Maduro. Fue un invento de las mismas redes sociales que difundieron lo del departamento de Miami y la entrevista con la hija [ficticia] del "Chapo" y que no quieren esperar que la gente decida el futuro del gobierno en los comicios del 2018.

Y finalmente hubo Grito el 15 de septiembre. ¿Qué hubo acarreados? Seguramente, como siempre en todos los Gritos de todos los presidentes. ¿Qué la zona debajo del balcón estuvo ocupada? Sí, pero eso ocurre desde que un predecesor de los de la Coordinadora y aliados, arrojó una bomba molotov al balcón presidencial en un desfile del 1o. de mayo, en el gobierno de De la Madrid. Hubo miles en el Zócalo y muchos más que pudieron ver la ceremonia donde estuvieran. Algunos aplaudieron, otros abuchearon, todos estaban en su derecho a hacerlo. Para muchos fue indiferente quién daba el Grito, lo que importaba era que la ceremonia cívica se cumpliera. Y eso es lo que los de la marcha y del departamento, no querían.

Los 4 caballos bíblicos son: el caballo blanco que sale blandiendo un arco y le fue dada una corona, parece referirse al Anticristo a quien le será dada autoridad y conquistará a todos los que se opongan a él; se asemeja a la clase política que entronizamos y azota a la población con el flagelo de la corrupción; el caballo bermejo, al que lo montaba, le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se mataran unos a otros; es la violencia que quita de México la paz, matándose unos a otros; el caballo negro el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y se escuchó una voz que decía "2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañar el aceite ni el vino". Se refiere a una gran hambruna que tendrá lugar por las guerras producidas por el 2o. jinete. La comida escaseará pero el vino y el aceite están disponibles; nos recuerda que se inclina más hacia el norte con la abrumadora paridad del dólar que minimiza el valor de nuestro peso, que si le agregamos los 3 ceros que le quitó Carlos Salinas a nuestra moneda, un dólar vale 19,564 pesos y, el 4o. caballo, el amarillo, montado por la muerte, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra; la cuarta parte de la población es la que está en pobreza extrema.

La pobreza no disminuye con las ayudas de los programas de desarrollo social, son sólo paliativos, la pobreza se combate creando fuentes de empleo y esto sólo se logra con una política fiscal adecuada con estímulos para emprender negocios y traer capital de donde lo haya. La corrupción no se combate con decretos, se ataca con el ejemplo y el castigo, todos odiamos la corrupción. La devaluación no se combate vendiendo nuestras reservas de dólares, se abate disminuyendo la deuda del gobierno y manejado el presupuesto con austeridad. La criminalidad no se disminuye con leyes de derechos humanos, se abate acabando con la impunidad, y el tráfico de drogas, legalizándolas. Ya basta de protestas, es tiempo de pasar a las propuestas.

El escenario económico y político de México se perfila como una verdadera tormenta perfecta. Confluyen una economía internacional convulsa, con grandes incertidumbres, diversos conflictos geopolíticos, una difícil elección presidencial en EU, un deterioro de la seguridad, errores del gobierno federal, un hartazgo con la corrupción, una economía con crecimiento insuficiente, y una crisis profunda de las finanzas públicas, detonada por el impacto de una reducción sustancial del precio del petróleo, en una hacienda pública muy petrolizada. Todo eso ha contribuido a un deterioro sin precedente de la imagen presidencial, aunada a la idea de gobiernos débiles que se retroalimenta con todo lo anterior, en especial con la crisis de finanzas públicas.

Muchos analistas consideran hoy que la salud de la economía mexicana es precaria, y que va agravándose. Por un lado, crecemos poco; por el otro nos endeudamos más, y hasta el sector externo, en particular el de exportación de manufacturas, se ha enfriado. El dólar llegó a 20 pesos y vamos por más; las tasas de interés subirán de nuevo. Si a ello sumamos los problemas estructurales -informalidad, productividad estancada, finanzas públicas sanas pero a un nivel insuficiente de gasto y en particular de inversión pública-, existen razones para preocuparse.

De ser así, o de volverse aún más crítica la situación si el presupuesto aprobado no es ni tan austero que satisfaga a las calificadoras de riesgo y a las corredurías, ni tan "social" que no enardezca a determinados sectores de la sociedad mexicana -estudiantes, médicos, empleados públicos, etc.-, se puede asemejar a momentos previos de gran dificultad para el país. Pensando en eso, algunos han sugerido que el presidente Peña Nieto debiera seguir el camino de dos de sus predecesores -Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo- y desplegar un gran esfuerzo de explicación de la gravedad de la coyuntura.

Como a Peña Nieto no se le da la salida pública, y es poco didáctico en los medios, pero sí conecta en corto con sus interlocutores, puede reunirse con pequeños grupos de empresarios, académicos, comentócratas, líderes sociales, personas del mundo de la cultura y las artes, para exponer la profundidad de la crisis, sus orígenes, y lo que piensa hacer para sortearla. Y, en todo caso, despojarse de eufemismos y de todo rasgo de optimismo beato para "netear" con el país a través de estos diálogos.

El problema que veo con este enfoque -y se nota en una frase del secretario Meade en la Cámara ayer- es que obliga a responsabilizar a alguien de la citada gravedad. De la Madrid le echó la culpa a López Portillo; Zedillo a Salinas; Peña Nieto, ¿a quién? Según Reforma, el titular de Hacienda dijo que "las finanzas públicas deben regresar al equilibrio que perdieron hace varios años". Sin duda, pero habría que explicar por qué se perdió ese equilibrio. ¿Solo por la caída del precio del petróleo? ¿2 años son varios años?

Este es el quid del asunto. EPN no puede echarle la culpa al secretario de Hacienda anterior, porque le entregó todo el poder, sin ningún contrapeso en Los Pinos o en Banxico o en una SPP desaparecida desde hace 25 años. Tampoco puede culpar a su propio predecesor, ya que con él firmó un pacto de no agresión: ni en materia de violencia ni de corrupción ni de gestión económica.

¿Cómo llegamos a esto? Hay explicaciones, pero EPN no las puede verbalizar, ni en corto ni ante todo el país. Quizás convenga más, en efecto, contar las cosas buenas, aunque no cuenten.

Le pasó a Vicente Fox. Le pasó también a Felipe Calderón. Le está pasando a Enrique Peña Nieto. El último tramo de su periodo de gobierno se hace interminable. Los ciudadanos están cansados de los discursos que se repiten y el país pierde un tiempo valioso gobernado por personas que ya quemaron todos sus cartuchos y no tienen mucho que aportar.

El impulso inicial del gobierno de EPN a través del Pacto por México y las reformas estructurales no se puede repetir, ni siquiera a menor escala. La credibilidad del gobierno ha sido dañada seriamente por el escenario económico adverso (el peso en las nubes, el endeudamiento público en niveles escandalosos, la gasolina al doble de lo que cuesta en Estados Unidos, el salario mínimo estancado, la pobreza sin disminuir en nada) y la popularidad del Presidente está en mínimos históricos.

Podemos pensar que la culpa es de las personas y no del diseño institucional que tenemos. A fin de cuentas, fueron escándalos como el de la casa blanca, el departamento en Miami, el plagio de la tesis, la visita de Donald Trump y el pésimo manejo de los 43 de Ayotzinapa lo que llevaron al suelo en las encuestas de popularidad al Presidente.

Todo eso es correcto, pero recordemos que el cansancio hacia la figura presidencial se ha venido repitiendo sexenio tras sexenio y es posible identificar algo parecido con los gobernadores en las entidades federativas.

Reducir el periodo presidencial a 4 años, pensar en una posible y única reelección presidencial, y prever una 2a. vuelta electoral. Esos son los temas en los que deberíamos estar pensando si queremos tener mejores gobiernos, dotados de plena legitimidad para realizar los cambios que el país necesita.

[Muy bien la sugerencia... siempre y cuando se disminuya el oneroso costo que tienen las elecciones para los mexicanos - el webmaster.]

Este país tiene a su alrededor una cultura donde el desprecio se siembra y crece, se multiplica, florece ante la inacción y la mediocridad de aquellos que lo merecen.

Despreciamos, primeramente, a los políticos. La recompensa hacia el político por el desprecio social se encuentra en su cuenta bancaria. El poder como imán de ganancias y palancas que ayuden a pasar, por lo menos con solvencia económica, el insulto público.

Dinero que ayude a lavar culpas y alejar dedos. Luego, el desprecio se traslada al nuevo ente de poder y dicho político -purificado por la oposición y la torpeza -o la impotencia- de quien detenta el cargo- puede salir a la calle a marchar, a protestar, a sumarse a contingentes que, desde el desprecio, intentan acallar a sus enemigos ideológicos.

El candidato desprecia al distinto no porque lo crea sino porque le conviene. Señalar minorías siempre deja dividendos, el chiste es saber cuál minoría es la de mayores vulnerabilidades en nuestro tiempo y espacio. Allá, es el latino que está en crecimiento, pero en las sombras en espera de no ser deportado. Acá, el homosexual que pretende obtener derechos, pero que acepta lo marginal, lo disminuido, lo raro.

El desprecio llena una asamblea de partido y logra tarjeta amarilla -lo más que se atreven para uno de sus pares- para un infame gobernador. La acción se celebra como un avance en la lucha contra la corrupción y un ejemplo que el desprecio vacunado con dinero a veces falla: cuando le conviene a otro despreciado de mayor rango. No obstante, el matiz se presenta en el callejón sin salida de la organización: suspendieron a un miembro por los reportes de prensa, pero no por acciones legales. El partido pone en evidencia que los equipos jurídicos son lentos o las leyes están hechas para proteger al corrupto.

La corrupción sigue galopante, gobierne el partido que gobierne, lo mismo en la administración municipal que en la estatal o la federal, pese a organismos, instituciones, acuerdos rimbombantes y solemnes declaraciones.

Las empresas de autobuses anunciaron que dejarían de entrar y salir de Morelia (y buena parte de Michoacán) por la imposibilidad de que el gobierno los proteja frente a los asaltos de la delincuencia y los secuestros de parte de los estudiantes. Hasta donde sé, incluso las diligencias siguieron circulando en el viejo Oeste en tiempos de la "ley del más fuerte". Algo que ya no pueden hacer los ferrocarriles en Guanajuato, en donde la gente descarrila trenes para saquear la mercancía de los vagones.

En otra nota me entero de que un convoy del ejército fue sometido violentamente para rescatar, con éxito, a un narco detenido. En el asalto los delincuentes utilizaron granadas de fragmentación y armas de alto poder y dejaron un saldo de 5 soldados muertos y 10 heridos. Es decir, se trataba de un convoy numeroso, no una patrulla aislada sorprendida en el lugar incorrecto. Y este lugar no era una sierra inhóspita sino un acceso principal a la ciudad de Culiacán. Es decir, una confrontación de poder a poder entre el Ejército Mexicano y su adversario dentro del territorio en una guerra que perdemos día a día.

En una sección distinta del periódico me enteró que el peso siguió deslizándose (un eufemismo de lo que antes conocíamos como devaluación) frente al dólar pese a la medicina aplicada esta semana por el Banco de México. Las autoridades elevaron la tasa de interés interbancario de 4.25 a 4.75 con el propósito de fortalecer nuestra moneda. El resultado fue nulo: el mercado ignoró a Banxico y la cotización del peso siguió deteriorándose. Algo no funciona cuando el valor de nuestro dinero depende menos de lo que hacen las autoridades y más de lo que diga o deje de decir Donald Trump.

¿O qué pensar de una comunidad en la que 94% de los delitos no son denunciados por las víctimas? La cifra, dada a conocer por el propio INEGI esta semana, desnuda un rasgo propio de las sociedades que padecen un estado fallido, al menos en 2 sentidos. Por un lado, el hecho de que la abrumadora mayoría de la población carece de confianza en las instituciones de justicia o peor aún, teme las consecuencias de una denuncia. Y por otro lado que esa cifra (94%) da cuenta de la impunidad absoluta con la que operan los delincuentes y en general los que violan la ley. La intensificación de los linchamientos de las comunidades en contra de delincuentes da cuenta no sólo de la exasperación de los habitantes, también de su creciente deseo de hacerse justicia por propia mano. El viernes una comunidad quemó a un presunto asaltante, esta vez en Oaxaca.

El término Estado fallido se utiliza para describir una situación en la que un gobierno carece de control en amplias regiones de su territorio, no puede garantizar la seguridad de los habitantes, exhibe altos niveles de corrupción, no provee servicios básicos a la población, es incapaz de derrotar a los grupos armados que lo desafían, afronta un extenso mercado informal y es incapaz de hacer cumplir la ley.

Parecería el retrato hablado de los acontecimientos de esta semana. No, el nuestro no es un Estado fallido; pero carajo, cómo se parece.

Delincuencia, corrupción, pobreza y devaluación son las grandes calamidades que nos aquejan, de atención urgente, además de otras desgracias que también debemos atender, que no son menores, que no deben soslayarse, como: la ignorancia, la emigración, la impunidad, entre otras.

La delincuencia, definida como el conjunto de delitos en contra de la sociedad, va ganando terreno a las autoridades que elegimos y pagamos para que nos protejan; ya se ha dicho en distintos foros; "si no pueden, renuncien". De una u otra forma todos hemos sufrido ataques de la delincuencia contra nuestras personas o nuestro patrimonio, o por lo menos, sabemos de alguien conocido que lo ha sido.

La corrupción, contra la que decretó todo un Sistema Anticorrupción el presidente Peña Nieto, se ha tomado con desgano para su implementación porque los que deben combatirla son los mismos que la están generando.

La devaluación se debe a la fragilidad de nuestra economía por los malos manejos que han hecho el actual gobierno y los anteriores, endeudando al país en exceso y malgastando el dinero. Una buena medida para fortalecer nuestro peso sería reducir burocracia y sus percepciones y el ahorro aplicarlo al pago de la deuda.

La pobreza se combate con creación de empleos y leyes fiscales que promuevan el crecimiento de la economía y estimular la paternidad responsable para evitar la proliferación de hijos que no se pueden educar ni mantener.

La ignorancia se combate con una reforma educativa que reestructure los planes de estudio: eliminar la historia patria llena de mentiras y otras materias superfluas y enseñar civismo, idiomas, tecnología y matemáticas.

La emigración creando una barrera en las fronteras norte y sur de empresas manufactureras que crezcan con estímulos fiscales y paguen buenos sueldos al personal.

En cuanto a la justicia, se ha degradado su aplicación, se vende al mejor postor y es causante de la impunidad; se requiere de una severa limpieza del poder judicial y una reestructuración que genere confianza.

A diferencia de lo que decían las autoridades federales y estatales, la inversión en obra pública llegó al mínimo en décadas: sólo 3.5% del PIB en el 1er. trimestre de 2016 y 3.8% en el 2o. trimestre de este año. Y como lo señala el semáforo económico, 8 de cada 10 pesos del gasto público nacional se irán en pago de nómina, gasto corriente y pensiones; mientras que sólo 2 en gasto de inversión. Una cifra dramática, partiendo del hecho de que la reforma fiscal ha aportado muchos recursos que no se van en gasto de inversión.

Más allá de hacer una revisión de las áreas en donde el gobierno federal podría cortar antes de hacerlo en educación, salud o política social, lo interesante es percatarnos de como la clase política sigue sin entender el momento por el que pasa el país. El entorno político ha roto las coordenadas clásicas de la política y las referencias identitarias ahora dependen menos de conceptos tradicionales como izquierda, derecha, liberal o conservador. Ahora, el plano político se estructura a partir de la distancia que separa a las élites del ciudadano común. No sólo en nuestra sociedad, también en muchas otras, se ha interiorizado la idea de que la clase política está ahí para defender intereses que no necesariamente embonan con el interés general. Una clase política que cuida sus privilegios; una clase política divorciada de las necesidades sociales; una clase política que articula y reproduce la impunidad. Decisiones como la del recorte presupuestal construyen esa franja entre los ciudadanos que deben contener los golpes de los ajustes presupuestales y una clase política que no está dispuesta a hacer ningún esfuerzo.

La burbuja política, un término que popularizó el partido "Ciudadanos" -un instituto político liberal-, significa todo ese dinero que se va en mantener y afinar la maquinaria política que protege los intereses del sistema de partidos y de la clase política.

Los recortes al presupuesto dejan intocada la burbuja política que tanta indignación causa a buena parte de la población. Salarios exorbitados, privilegios injustificables, partidos políticos millonarios, gasto excesivo en publicidad gubernamental y un sistema electoral carísimo, contrastan con sueldos de miseria para una mayoría, un gasto en salud que no ajusta ni remotamente para atender la demanda nacional, escuelas públicas que deben rechazar aspirantes por insuficiencia económica, hospitales sin inversión, calles destrozadas por doquier, proyectos de infraestructura en el baúl de los recuerdos y un estado de bienestar inexistente. México necesita una revolución en materia de gasto público, la voluntad de los partidos políticos para detener el ensanchamiento sin límites de sus privilegios y reconfigurar el gasto del gobierno. Recortar en salud, educación y política social nos condena a reproducir un Estado que abandona a los más vulnerables, mientras financia sin ambigüedades los privilegios de una pequeña élite política.

Ciudadanos y políticos debemos oír a las fuerzas armadas. Es lo menos que podemos hacer en reciprocidad por el terrible esfuerzo de guerra a que han sido inducidas estos años por los gobernantes civiles de México.

Oír:

Somos un ejército muy pequeño, proporcionalmente hablando, somos uno de los más pequeños en todo el mundo considerando la extensión territorial de nuestro país... Creo que las fuerzas armadas son muy pequeñas, con un presupuesto de defensa sumamente limitado. El presupuesto de defensa de nuestro Ejército no llega al 0.5 (del PIB), cuando el promedio está a 1.5 a 2.5 en el resto de América Latina. Entonces, si la idea es que sigamos participando habría que pensar en la posibilidad de hacer crecer a las fuerzas armadas para que tengamos mayor disponibilidad de medios y atender los problemas en todo el país; hoy estamos de un lado para otro y nuestros soldados también tienen familia y necesidades que solucionar.

Oír:

Están poniendo al Ejército en situaciones muy sensibles, vulnerables, delicadas, en las que nuestro personal ahora piensa si lo procesan por desobediencia, por no obedecer al secretario, o lo procesan por violar derechos humanos. Creo que al soldado le conviene que lo procesen por desobediencia, pero al país no le va a convenir. ¿A quién le conviene un ejército que no obedezca? Somos, según el decir de muchos, una de las instituciones que más violan los derechos humanos, pero en todas las encuestas somos la institución más confiable. Una incongruencia en la que alguien debería decirnos dónde está el problema. No podemos ser violadores de derechos humanos y al mismo tiempo los más confiables.

Seguir oyendo:

Los soldados saben cuando están cometiendo una violación y cuando la violación se da por la intención de hacerlo no merecen defensa de nadie; que se vayan a la cárcel, si son culpables de esa violación, cuando hay la intención. Pero hay violaciones a los derechos humanos en que no existe la intención, ahí sí tenemos que revisar y ver cómo ayudamos a quien resulta afectado y también a nuestro personal.

Palabras del secretario de la Defensa, en El Economista, 8 de octubre de 2015.

La pregunta central que se le debe hacer a los medios: ¿Acabar con Peña Nieto a dónde nos lleva como país? No nos confundamos. De ninguna manera se trata de claudicar ante la crítica ni darle la tregua que algunos intelectuales proponían hace unas semanas. El abordaje crítico de un gobierno y de todos los actores políticos y sociales, así como los agentes económicos, es fundamental para que una sociedad pueda estar informada, ver los contrastes y que tomen las mejores decisiones posibles. La confusión está en cómo se maneja la oposición y la discrepancia por la forma como gobierna Peña Nieto. La crítica no está volcada en su gestión y sus políticas, sino en la persona. Los insultos personales no contribuyen a incorporar nuevas formas de analizar una política o revisar una toma de decisión, sino polariza y lastima. No ayuda al cambio sino enconcha y da armas a quienes tienen las mentes más retrógradas sobre la libertad.

Pero una vez más, no nos confundamos. Peña Nieto no es sólo una persona pública, sino el Presidente de la República. Muchos que no votaron por él lo reconocieron como jefe del ejecutivo al no enfrentarlo desde la clandestinidad sino en la arena pública. Andrés Manuel López Obrador, 2 veces candidato presidencial, entiende muy bien lo que la caída del presidente Peña Nieto significaría, cuando le brinda su apoyo para que se comprometa a una transición de mando ordenada y pacífica. Esto es precisamente lo que está en riesgo.

La renuncia de Peña Nieto no se alcanza a ver en términos objetivos, pero la forma como se le está restando autoridad con el nivel impensable de ofensa grosera, puede ser inclusive más grave. Se está llevando a una descalificación sistemática e irreversible a quien en 2018 será el árbitro de lo que pase en este país. ¿Pensarán las mayorías del coro fácil en el escenario de un Presidente sin capacidad en una elección cerrada? Un Presidente anulado en un país como México es un peligro para México. No hay ninguna institución que pueda enfrentar una crisis y conducirla por sus acotamientos institucionales. Se requiere mantener la autoridad de Peña Nieto, incluso, para que entregue el poder a la oposición. Pero de mantenerse la tendencia actual, él no estará en condiciones de hacerlo. Vamos hacia la selva, donde el más fuerte será quien gobierne en 2018, dando armas a aquellos que sí pueden cambiar las cosas, pero para mal.

El nivel de corrupción e impunidad en todos los estamentos es galopante y, por desgracia, parece que por ahora, irrefrenable también. Por ello creo que, ante el medido tiempo que resta y la gravedad extrema de la situación, la oportunidad que al presidente Peña se le presenta, y le queda, es la de sentar precedentes aplicando la justicia debida, a gobernadores corruptos e impunes, que se han caracterizado por ser auténticas lacras en su gestión, con todas las agravantes para ser encarcelados y, antes de esto, recuperar los fondos que se llevaron para ser devueltos.

Casos sobran y a la vista saltan. Moreiras, Borges, Padrés, Ebrard, Duarte, el de mayor actualidad, más los que se acumulen.

Tiempos por demás difíciles para la economía nacional, que ha venido padeciendo los dispendios y los robos, hacen fijar la primera vista en Coahuila, Quintana Roo, Chihuahua, el antiguo D.F. y Veracruz.

Ahí la tiene Peña Nieto, empezando por el que ahora baila, Javier Duarte que, con licencia pedida y concedida -que no renuncia que era lo que debía haber sido-, deja al estado jarocho sumido en la inmundicia de la inseguridad, del crimen, con acciones corruptas e impunes, ante el repudio generalizado de la población.

El cinismo de Duarte va en el sentido "tradicional", de que deja el cargo para facilitar las investigaciones, muchas y de alcances mayores que hay en su contra, cuando su propio partido, el PRI, le negó protección retirándole sus derechos como militante, reconociendo los tricolores el alto costo que pagarían en las elecciones por venir, toda vez que a la vista vienen las del Estado de México y hasta las mismas presidenciales.

La ciudadanía está harta de que se les descubra, se les fijen responsabilidades, salgan a la luz sus delitos, y por "renglones torcidos" de la ley e ineptitud preconcebida de instituciones, puedan salir impunes y en libertad, a disfrutar de lo que en franca afrenta y manifiesta provocación, se llevaron.

Y algo verdaderamente relevante de un cinismo a ultranza, es que, ante las acusaciones de corrupción, existe el descaro ya de señalar que hay otros en otros estados que son más corruptos, cuando ninguno de los delincuentes al frente de los gobiernos, muestran arrepentimiento alguno.

Presidente Peña, si le interesa mejorar el juicio histórico que de una forma o de otra tendrá, puede y debe aplicar el peso de la ley a los que han abusado del país desde una banda enquistada en los gobiernos.

Lo que queda del EZLN ha convertido una buena parte de los Altos de Chiapas y de la selva chiapaneca en una suerte de territorio liberado, gobernado por sus propios usos y costumbres y manteniendo a la población en la ignorancia y el atraso, todo eso financiado, desde el gobierno de Ernesto Zedillo, por generosos recursos públicos que llegan con regularidad, gobierne quien gobierne el estado y el país.

Los acuerdos firmados durante la administración Zedillo, le dieron al EZLN el control tácito sobre un territorio tan grande como Suiza y desde allí, luego de una intensa disputa entre los comandantes de esa organización, sobre todo después de aquella gira que realizaron al iniciar el gobierno de Vicente Fox, que llevaron a la separación de Marcos de la máxima dirigencia de ese grupo, el EZLN se ha concentrado en hacer crecer esas bases y a toda una generación de jóvenes indígenas formados en una especie de escuela de cuadros permanente. Han tenido recursos, control político y social y el resultado es que hoy son más pobres que en 1994. De allí provienen muchos de los grupos que han intentado desestabilizar en los últimos meses Chiapas y también algunas de las expresiones más radicales de la Coordinadora; ellos son los que han ocupado reservas naturales y los que juegan políticamente cada fin de sexenio, como lo han hecho desde su levantamiento original, para mantener sus espacios y prerrogativas.

Ahora el EZLN ha dado una nueva vuelta de tuerca y ha anunciado que participará en las elecciones del 2018 lanzando la candidatura independiente de una mujer indígena. Todo mundo ha celebrado que, aunque sea con todas las reservas del caso, el EZLN (que salvo esos pocos días de 1994 nunca se comportó realmente como una guerrilla) se reconozca como lo que es, una fuerza política, así sea menguante, y acepte participar en la vida electoral del país. El único que rechazó con duros términos esa participación ha sido Andrés Manuel López Obrador, que en su cuenta de Twitter calificó al EZLN de "huevo de la serpiente", de dividir a la izquierda y de trabajar para el gobierno.

Y es que a López Obrador la aparición de cualquier opción que no lo reconozca como líder en el ámbito de la izquierda le parece una traición. Buscó acuerdos estratégicos con la Coordinadora, sobre todo en Oaxaca y no los encontró: la CNTE, quizás pueda confluir con Morena en el 2018, pero ellos desde hace décadas llevan su propia ruta y agenda. Por cierto, allí en Oaxaca, fueron claves para que no ganara precisamente la candidatura de izquierda, dividiendo los votos del sector.

Ahora el EZLN lanza una candidatura que buscará aglutinar a parte de la llamada izquierda radical que cuando vota lo hace por López Obrador. Mientras tanto el PRD está construyendo también su propia candidatura para el 2018: pese a las enormes presiones que ejerce Morena sobre el PRD, lo cierto es que la mayoría del partido del sol azteca es conciente de que ir junto con López Obrador en los comicios presidenciales significaría, en los hechos, su desaparición como partido, porque terminarían absorbidos por la estructura de Morena.

Eso que llamamos izquierda (al igual que las derechas) no tienen un común denominador, una ideología común y tampoco lo son sus aspiraciones políticas. Hay que insistir en un punto: ser opositor férreo no significa ser de izquierda; decir que se está a favor de los pobres, tampoco. Decirse de izquierda y tener una alianza con sectores muy conservadores de la Iglesia para no abordar temas como el matrimonio igualitario o los derechos de la mujer es una falacia tan grande como decirse revolucionario y mantener a los pueblos indígenas de Chiapas atados a usos y costumbres que frenan a las mujeres y le impiden educarse a los niños y jóvenes.

Hay muchas izquierdas en México (la mayoría de las cuales terminan siendo en realidad grupos nacionalistas, conservadores y restauradores del "pasado revolucionario") y lógicamente tendrán sus propias expresiones electorales.

¿Qué mejor expresión de esa pseudo izquierda nacionalista, conservadora, restauradora, que la oposición terminante, militante, de Morena y de los representantes de Ayotzinapa para que se le otorgue la medalla Belisario Domínguez a Gonzalo Rivas, el hombre que murió al salvar decenas de vidas en diciembre del 2011 cuando los jóvenes de esa normal prendieron fuego a una gasolinera en Chilpancingo?

Existen en México verdaderas condiciones para una revuelta moral. Condiciones genuinas para producir una suerte de reprobación de la riqueza, la ambición, la influencia, la arrogancia y las pretensiones desmedidas de la clase política, como nunca ha existido en México en la historia reciente... El ánimo actual tiene un centro de atención muy claro: la justicia. Esta claridad, me parece, es nueva.

No estamos en esta situación por el destino o por inevitabilidad, sino por decisiones de la clase gobernante. Y han sido decisiones irresponsables pues en lugar de usar con sentido común las enormes deudas contratadas se han usado para el gasto corriente, como señaló el reciente reporte de investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM ("Endeudamiento Público en México: Historia de irresponsabilidad e incapacidad", septiembre 2016), donde revelan que entre 2008-2015 el saldo de la deuda se triplicó con respecto a 2007; "es decir el país se endeudó en 7 años en un monto 3.16 veces mayor que el acumulado en los 26 años anteriores".

Lo peor es que ahora nuevamente se anticipa una crisis por los mismos factores de hace 30 años, señalan los investigadores del CAM: una subida de tasas de interés internacional, disminución de los precios del petróleo, y el sobreendeudamiento del país. Como se ve, el experimento neoliberal no sirvió para "corregir" las políticas desarrollistas, pero sí para hacer una camada de megamillonarios, otra camada de políticos enriquecidos por la corrupción, mientras la mayoría de la población sigue sumida en la miseria y el trabajo extenuante.

La delincuencia organizada y el "lavado" de dinero son la mayor amenaza para la seguridad pública y [para] la economía nacional están la extorsión y el robo de combustible, entre otros, advirtió la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Nunca habíamos llegado a una lucha por el poder con tan pocas reglas del juego, con poderes fácticos salvajes, dispuestos a cualquier cosa para hacerse del poder. La presidencia está muy débil, los partidos son meros cascarones, huecos vacíos, utilizados por las facciones de lucha. Instituciones como lo que fue el IFE o el Trife están muy comprometidas ya por las cuotas partidarias. Da la sensación de que no hay reglas que sujeten a los contendientes: es casi como una final de futbol que se jugara sin árbitro ni abanderados.

[...]

Quise ilustrar la creciente molestia de los militares con la clase política. Sienten que los han usado como chivos expiatorios para hacer un trabajo durante 10 años para el cual no tienen ni la capacitación ni las herramientas jurídicas.

Cierre de filas de [ciudadanos,] quienes hartos de abusos han optado por un cambio hacia mejores y más transparentes escenarios. Pero la cúpula política no es consciente de esta nueva actitud ciudadana, hace mucho que no convive con la población y están presos de las burbujas de comodidad y poder, dimensiones desde donde ya no tocan la realidad.

Otra muestra de este hartazgo es la respuesta de los presidentes municipales, antes alineados quizá por temor a reprimendas, hoy voz fuerte que demanda solución a los problemas generados por Duarte y por una federación que silente dejó lo que debió ser frenado: la rapiña en Veracruz.

Y entonces ya no se puede hablar de un enojo social pasivo, ese que les era tan molesto cuando se mostraba en encuestas. Hoy, la respuesta ciudadana ha tomado otros derroteros explicables desde el desdibujo de las instituciones del Estado, responsabilidad ausente, Estado de Derecho que se pierde.

Así es la respuesta que da la niña que secuestrada junto con su padre, en consciencia clara de que las instancias de seguridad no los rescatarán, asume la realidad y pide a sus captores que dejen ir a su padre para buscar el dinero solicitado; los captores negocian y el padre regresa con el monto solicitado para liberar a su hija. Las fuerzas de seguridad, omisas y/o corruptas, ya no fueron necesitadas.

Así fueron las autodefensas ante los más de 2,000 huérfanos por la delincuencia organizada, sin que el Estado hiciera su parte en la defensa de la población. Y así fue lo sucedido por quien hoy se conoce como "El Vengador", parte de los usuarios del transporte cansados de atracos y violaciones, que termina con la vida de los victimarios, y que es cubierto por los pasajeros... Acción no justificable, sin embargo, totalmente explicable ante la evanescencia del Estado. Pero las encuestas revelan lo más grave, y lógico, cerca de 98% de personas interrogadas expresó que no denunciaría al "Vengador", a pesar de las solicitudes de la autoridad.

Y si estas respuestas ciudadanas de hartazgo con su expresión de violencia no hacen pensar, y cambiar de formas y fondos, a la clase política, entonces, está perdida. Pero también la sociedad sufrirá... porque los deshaceres de la clase política de este sexenio está despertando al México violento.

Estas elecciones en los Estados Unidos han dejado desnudada la condición mexicana, no por su dependencia histórica del poderoso vecino, sino por su descuido y su negligencia inexplicables para darse las condiciones básicas que le permitan autonomía en la convivencia con el gigante del norte.

El viejo discurso de la vecindad que nos beneficia tiene límites clarísimos. El cliché de los grandes socios comerciales sólo ha beneficiado, durante décadas, a un pequeño sector de exportadores que no representan la realidad nacional y que a pesar de todas las teorías económicas, no han reparado ni un poco la grave inequidad social que empeora con el paso de los años.

En otras palabras, llegue quien llegue a sustituir a Barack Obama -para quien México jamás estuvo entre sus proyectos importantes-, seguirá dependiendo de los mexicanos que este país mejore sus condiciones económicas, de seguridad y de justicia.

Si Barak Obama decía que Estados Unidos es un gran trasatlántico que cuesta mucho trabajo cambiar de rumbo, México es un gran barco también pero que no se mueve porque tiene echadas 50,000 anclas que son sus propios vicios e incapacidades, encabezados por los del sector público, que dice que hace mucho y como se ve no hace nada.

Jamás nuestro México había sufrido, como ahora, una crisis de credibilidad de la sociedad hacia los gobernantes, sin excluir a ningún partido político, día a día nos desayunamos viendo terroríficas historias de multimillonarios desvíos de recursos públicos. Solo lo supuestamente defraudado por los señores Duarte de Veracruz y Padrés de Sonora, y muchos otros más de diferentes y variados niveles de gobierno y partidos políticos, hacen que la gente este harta y desconfié totalmente de los políticos. La historia se repite sexenio tras sexenio, el gobierno para muchos, no es la oportunidad de servir a la sociedad, es la oportunidad de enriquecerse a manos llenas.

Todo esto sucede, simplemente porque en realidad no gozamos de un buen sistema de rendición de cuentas, que le informe a la sociedad, qué y cómo se gastó, si se gastó lo adecuado y dentro de los parámetros del presupuesto autorizado. Recordemos que no es dinero de los políticos, es nuestro dinero el que algunos están o robando o despilfarrando, y al parecer, nadie les pone un alto y además los sanciona, con penas que además de obligarlos a restituir lo robado o lo despilfarrado, les sancione inhabilitándolos para que no puedan regresar a hacer sus fechorías al sector público, y si es grave lograr que sean condenados a penas corporales de varios años de cárcel.

El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, lamentó que, grave reconocimiento, las revisiones por parte de las auditorías estatales, a las finanzas estatales son prácticamente nulas o inexistentes "debido a la cooptación de los auditores por parte de los titulares del ejecutivo de las entidades", y siguió diciendo: "Los auditores subnacionales son 'designados' y 'cooptados' por los gobernadores, y ese sometimiento se refleja en las irregularidades detectadas en la 'mayoría de los estados' del país".

Las nuevas estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en torno al tema insisten que 25% de los jóvenes de entre 15 y 29 años en México son "ninis", los que no estudian ni trabajan. Nada nuevo hasta aquí. El problema adicional que le hace ver este organismo al gobierno federal es que no manifiestan ningún interés por tener un empleo o seguir estudiando. Para reforzar: sólo en Jalisco -se reconoció la semana pasada- viven 2 millones de personas mayores de 15 años que son analfabetas o no han concluido la formación básica, de primaria y secundaria.

Los jóvenes mexicanos viven una realidad adicional a la de la llamada generación de los Millennials: están seguros de que no hay oportunidad para ellos en el mercado. No tendrán trabajo ni garantías de desarrollo económico aunque estudien.

Si estos jóvenes viven en el sector rural del país, ahora saben que la tradicional opción de irse de mojados a Estados Unidos se está cancelando, o cuando menos será mucho más difícil cruzar la frontera. Si son urbanos, están condenados a un futuro inmediato de reducción presupuestal que afectará sus oportunidades de estudio y reducirá sus ingresos en la mayoría de los empleos formales.

¿Cuáles son sus opciones más evidentes? Los mismos economistas de diferentes instituciones educativas concluyen sin mucha reflexión: informalidad o criminalidad.

Desde que ganó las elecciones hace 2 semanas, en México inició el rápidamente consolidado deporte de echarle la culpa a Donald Trump de todos los males del país.

Bastante conveniente excusa para el gobierno mexicano. Parecería que Trump les cayó de perlas y ya hay a quien hacer responsable de un futuro económico que luce francamente desolador.

Y es cierto que la sola victoria del republicano tumbó al peso, frenó inversiones, desató la incertidumbre, motivó que aumentaran las tasas de interés y ha contagiado entre los tomadores de decisiones la percepción de que con Trump a México le va a ir mal. Es un coctel bastante dañino.

Sin embargo, no todo es culpa de Trump. México ha hecho mal muchas cosas que de haberse hecho bien, habrían dejado mejor parado a México, con más solvencia, para enfrentar el fenómeno del magnate que ha tomado por sorpresa la Casa Blanca.

En 1a. instancia se debe hablar de la enorme dependencia que existe hacia la economía estadounidense. Sucesivos gobiernos federales -encabezados por Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto- se han confiado en las bondades del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y desdeñaron otros acuerdos comerciales que pudieron haber pulverizado la dependencia de nuestra economía.

"No hay que poner todos los huevos en la misma canasta", aconseja el dicho que México desatendió y ahorita esa canasta se está rompiendo.

Un punto fundamental ha sido la deuda del gobierno mexicano que ha crecido a niveles de alerta durante la presente administración federal. Se han pronunciado calificadoras, fondos de inversión relevantes, organismos internacionales. Y todos dicen que México tiene demasiada deuda. Que tiene que cuidarse, que más le valdría establecer un órgano autónomo que maneje los asuntos fiscales. El gobierno federal ha desoído estas recomendaciones y reclamos.

La situación vulnerable de Pemex constituye otra debilidad que se conjuga en contra. Es verdad que era incalculable el desplome en los precios del petróleo, pero los tropiezos gerenciales, los baches en la implementación de la reforma energética, su falta de vigor para atraer inversiones y la incapacidad de Petróleos Mexicanos para sacudirse la carísima corrupción han minado el estado de salud de una empresa paraestatal cuya evaluación está estrechamente relacionada con la evaluación de México.

Y no sólo Pemex: hay una sonada insatisfacción de los actores económicos sobre la corrupción que bate las marcas a todos los niveles de gobierno y manda una pésima señal dentro y fuera del país.

Y luego vienen una retahíla de problemas que acarrea la nación desde hace años: los niveles insoportables de violencia y el miedo que generan a quienes desean invertir y crear empleos en México; el sistema de impartición de justicia que asombra con sus historias de corrupción, desaseo, falta de profesionalismo y modernidad; la impunidad, la carencia, pues, de un Estado de Derecho donde la ley se aplique y cumpla sin distingos.

Y hay más. La conclusión es obvia: no todo es culpa de Donald Trump.

Vivo en un país donde las cosas se están poniendo del carajo.

Todo se acumula.

El peso está por las nubes [supongo que habrá querido decir "el dólar" - el webmaster], comienzan las presiones inflacionarias, todo el mundo -menos la Secretaría de Hacienda- reduce desde ahora la expectativa del crecimiento para el año que viene, el secretario Meade advierte de menos inversión, Trump extorsiona a empresas que quieren venir a México, tenemos el presupuesto más austero de la historia en inversión pública... y ya no están los 2 pilares económicos de la administración: Videgaray y Carstens [Carstens se va a partir de julio 1o. de 2017 - el webmaster].

Del carajo, pues.

Ayer un gobernador, el de Oaxaca, tuvo que madrugar y tomar posesión a escondidas, en una "sede alternativa" porque, según su propia descripción, recibía un estado colapsado económica y socialmente.

Otro, el de Veracruz, anda de agente de embargos para tener algún dinero para pagar adeudos que dejó otro que durante 6 años robó lo que quiso y su partido y su gobierno federal se taparon los ojos.

Esos mismos, los que no vieron nada desde aquel avión cargado de efectivo, ahora están desesperados buscándolo porque se les fue en sus narices. Y en el show de los gobernadores en fuga nadie sabe dónde anda el compadrito del veracruzano, el señor Borge, y nadie sabe dónde está el señor Yarrington y supongo que el otro Duarte ya anda haciendo maletas y... los que se acumulen en la semana.

La violencia y los homicidios siguen creciendo y los que saben de esto predicen que acabaremos como en los peores años del calderonismo, tal vez peor.

Vivo en un país en el que 2 transformaciones que podrían dar esperanza hacia el futuro les importan un pepino a nuestros legisladores. El diseño de una nueva fiscalía independiente que sustituya a la devastada PGR ha sido manoseado por la falta de escrutinio público al nuevo procurador de parte del Senado, que no supo más que aplaudir. Y como si no fuera apremiante, van a comenzar a discutir en febrero la designación de un fiscal anticorrupción.

Y en Los Pinos, el Presidente del pragmatismo se ha convertido en el del voluntarismo: hay que echarle ganas, ser optimistas, contar las cosas buenas.

4 años transformando a México, nos dice el gobierno.

Pues sí, pero, para convertirlo en qué.

En el México virreinal hubo revueltas y tumultos en contra de los malos gobiernos.

Llegaron a existir confrontaciones entre el virrey y el arzobispo, con francas rupturas. Acabando el pueblo, la plebe o muchedumbre, por asaltar el palacio e incendiarlo por ser un gobierno insensible, pedante, corrupto y engreído.

En nuestra identidad nacional, que no nace con la Independencia, sino que se forja durante el Virreinato, se formó una clara determinación por exigir a las autoridades, que antes que nada el pueblo exige su bienestar. No aceptar injusticias, hambrunas o explotación del pueblo era una prerrogativa que tenían la Real Audiencia, los regidores, fiscales, oidores y en fin todas las autoridades que intervenían en el gobierno, incluyendo a los arzobispos, obispos, clero y religiosos, para que no se atropellaran los derechos de la gente.

Y cuando esto llegó a acontecer, la furia y la ira del pueblo se levantaba con energía para exigir un cambio. Se apedreaba a las malas autoridades y se incendiaban sus palacios y casonas. Se les destituía y obligaba a salir del país.

¿Qué nos sucede actualmente, que hemos dejado que los malos gobiernos y las despiadadas autoridades, sigan campantes gobernando y explotando las arcas del pueblo, y nadie haga justicia?

¿Qué pasividad y conformismo nos abraza, que no tenemos las agallas para exigir justicia y remover de sus cargos a todos los funcionarios corruptos y enemigos de la democracia?

¿Qué clase de intelectuales, líderes y empresarios tenemos, que permiten toda clase de corrupción y no hacen otra cosa que o participar en ella, o hacerse de la vista gorda?

¿Qué clase de prelados y clero tenemos que mantienen una conformista pasividad, ante tantos abusos y pisoteo de la dignidad humana?

El secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, se reunió ayer con los reporteros con motivo del fin de año, reiterando, primero, la exigencia de las fuerzas armadas al congreso para que legisle y proporcione el marco legal para su participación en el combate a la inseguridad, una vieja petición siempre ignorada por los legisladores.

¿Qué quieren los mexicanos que hagan las Fuerzas Armadas? -preguntó el general de cuatro estrellas- ¿Que estemos en los cuarteles? ¡Adelante! Yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros no pedimos estar ahí, en la calle, no nos sentimos a gusto. Ninguno de los que estamos aquí -y señaló a su Estado Mayor- estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando. Estamos haciendo acciones que no nos corresponden, porque no hay quien las debe hacer o no tienen esa capacidad.

Se refirió a los 10 años de que el entonces presidente Felipe Calderón declarara la guerra a la delincuencia organizada y dijo:

Mi balance es que a 10 años de que determinó que se reconstruyeran las policías, todavía no las vemos reconstruidas; ha habido un número muy importante de muertos (lo) que no debería estar sucediendo. El balance es que falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balazos. Requiere de otros componentes. Tampoco ha habido los esfuerzos importantes para atender esta situación.

Y después de criticar el nuevo sistema penal acusatorio, que no está funcionando como debiera ser porque las autoridades ponen a disposición a los delincuentes y salen por este mismo sistema garantista, declaró: (los soldados) ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con los derechos humanos o a lo mejor les conviene que los procesemos por no obedecer una orden.

Ayer el general Cienfuegos hizo este reclamo a la sociedad, a los legisladores y a los jueces.

México, sometido a la delincuencia pública y a la privada, tiembla ante la posibilidad de que Carstens sea sucedido por un actor más manejable que nos regresa al escenario caótico de López Portillo.

En el fondo las fuerzas armadas tienen razón porque en efecto, no son detectives sino ejército de ocupación, lo cual significa que llevan 10 años yendo de un lado a otro del territorio sofocando fuegos que reinician tan pronto acuden a atender otra emergencia. Y en el proceso de librar esta guerra salvaje y brutal, no sólo sufren bajas sino algo quizá peor para su orgullo: los soldados y oficiales van cometiendo violaciones por las cuales son exhibidos ante tribunales nacionales e internacionales.

Los militares han declarado su molestia, pero no está claro que van a hacer con ella. El general Cienfuegos dijo algo que leído entre líneas tendría que preocuparnos. "Nuestros soldados ya la están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer". Es decir, podrían preferir enfrentar tribunales militares (por desacato) que tribunales civiles (por delitos de carácter penal).

La anterior es una revelación valiente y claridosa de lo que está pensando la infantería que se encuentra en la 1a. línea de fuego. Pero el secretario de la Defensa podría estar refiriéndose también a los oficiales y, en última instancia, a la institución. En otras palabras, ante la pasividad de los políticos y la sensación de sentirse utilizados, los militares podrían estar pensando redefinir los alcances de su involucramiento en la lucha contra el narcotráfico.

Da la sensación de que el contundente mensaje de Cienfuegos a la clase política no sólo es para conminarla a hacer algo que conduzca a sanear a las policías para que hagan su tarea. Me parece que la mención al posible desacato de algunos soldados, es también una especie de advertencia de que las fuerzas armadas comienzan a pensar en pintar su raya en lo que concierne a su grado de involucramiento en tareas policíacas.

La molestia que expresa Cienfuegos está bastante extendida entre las fuerzas armadas, pero no necesariamente todos los militares coinciden con la misma solución (regresar a los cuarteles). O por lo menos hay matices. Otras corrientes buscan una salida hacia delante, no hacia atrás. Su argumento consistiría más o menos en lo siguiente: "Si vamos a combatir al crimen organizado, lo hacemos, pero amplíen las atribuciones legales para actuar con mayor libertad y más amplias facultades en las tareas de vigilancia, investigación y procesamiento de crímenes y delincuentes".

Obvia decir que esta última es una línea delicada y preocupante. Puede tener sentido desde la perspectiva en la que estamos atrapados. En efecto, no hay manera de prescindir del Ejército en este momento; en Tamaulipas, por ejemplo, las fuerzas policíacas están desmanteladas por la infiltración del narco. Pero ampliar los márgenes legales del Ejército para intervenir sobre la población civil puede destapar una caja de pandora de consecuencias insospechables. Y en lo inmediato una amenaza puntual para los pobladores donde los militares son, literalmente, un ejército de ocupación.

Los políticos invitaron a los militares a participar en la fiesta indiscriminadamente. Ahora, bajo la presión de la opinión pública, los hacen responsables de violaciones a los derechos humanos. "Sí queremos que estén pero sólo los que se porten bien". Cienfuegos prefiere declinar y no ir a la fiesta. Pero otros militares parecen decir: "vamos con mucho gusto pero mándame la invitación por escrito y derecho de baile con la quinceañera".

No es la Ley de Seguridad Interna lo que deben discutir y aprobar, sino las leyes que permitirán la creación de un modelo de Policía mixto en el país. Resolver el blindaje militar en tareas de seguridad pública es el equivalente a militarizar constitucionalmente esas actividades y abrir a la permanencia indefinida su presencia en las calles. El general Cienfuegos no es lo que quiere, pero es como su enérgico reclamo fue entendido. El secretario se queja de que los soldados no fueron entrenados, ni capacitados, ni está en su doctrina y esencia el ser policías. Los soldados defienden la seguridad nacional y la paz interna en momentos de quiebres institucionales, entrenados para matar al enemigo; los policías, en México y el mundo, hacen tareas de contención y prevención. Quizás los legisladores no lo comprendan, pero son temas totalmente diferentes.

Legislar en la materia militar tampoco resuelve el problema de fondo y sí, en cambio, lo eterniza. Si la debilidad institucional está en las policías, ¿qué provocaría una legislación que permita a los soldados funcionar como policías? Exactamente lo mismo que los jefes de las fuerzas armadas han señalado de manera reiterada, que la exposición de los soldados en las calles ha debilitado a la institución y creado las condiciones para que se corrompan. Por ejemplo, un soldado gana entre 5,000 y 10,000 pesos mensuales, una barrera salarial que cualquier organización criminal puede saltar para cooptar y reclutar a quien desee, de tropa a general. La nueva Ley de Seguridad Interna, de aprobarse, ensancha esas puertas para la corrupción y allana el aniquilamiento de las fuerzas armadas en la forma como fueron concebidas.

Si los legisladores actúan con responsabilidad, se escapan de los ciclos mediáticos y piensan para adelante, no deben legislar sobre seguridad interna, sino sobre el modelo mixto de Policía. Si no avanzan por ese camino, la vía fácil será mantener a soldados y marinos en las calles, quienes tendrán el blindaje legal para sus operaciones civiles y salvoconducto constitucional para lo que deseen. Una vez afuera, no regresarán a los cuarteles.

Tener como vecino del norte a los Estados Unidos, equivale a dormir con el enemigo. Tolerar a un vecino tan poderoso no es difícil cuando su gobierno asume una actitud de buen vecino como en los tiempos del presidente Teodoro Roosevelt. El hecho de que por malas artes y una que otra intervención armada se hayan apropiado de más de la mitad de nuestro territorio y hacer como que ya los perdonamos, aunque no lo olvidemos, es una actitud que tomamos ante la impotencia de hacer una justa reclamación. Nada nos ganamos con romper relaciones con alguien que por razones geográficas debemos continuar siendo vecinos. La diferencia en poder armado es incomparable, por lo que aunque sea molesto, cada vez que los Estados Unidos nos ofenden tenemos que hacer como que no nos dimos cuenta; protestamos internamente y nos desahogamos con chismes de internet.

Que el Estado mexicano sea hoy un experimento fallido de la postmodernidad no es sino el inicio del daño y la causa predominante de los daños mayores que vivimos. Por lo mismo nuestro despertar cotidiano es difícil, muchas veces no otra cosa que el recuento de los nuevos males y la angustia de no saber si podremos llegar al día siguiente, mientras los corruptores de nuestro sistema se siguen repartiendo la riqueza de la nación en sueldos, aguinaldos, primas vacacionales, paquetes navideños y lo que se junte.

Uno de los muchos temas que tienen a la población mexicana hasta la coronilla por parte del gremio político del país es, a no dudar, la permanente manifestación del "me vale..." lo que la gente piense, mientras mantenga las conveniencias personales de quienes, en membrete, tienen la representación de la ciudadanía medrando del erario público.

Las acciones van en el sentido de sacar todo lo que se pueda y a la brevedad mayor posible, sin el menor atisbo de recato, ni la mínima significación de decoro.

La situación que México vive ahora es de tensión. La inconformidad se manifiesta en todos los estamentos de la sociedad -quitando el político-, cuando se encuentra en una crisis, que incluyendo el aspecto económico para una gran parte de la ciudadanía que en muchos ámbitos vive en la pobreza, pasando por la provocación de una corrupción galopante, perfectamente soportada por una impunidad que humilla, que denigra, que lastima, que lacera.

El actuar político, a todos los niveles, ya se ha visto y, lamentablemente se sigue viendo, es lo que ha hundido la credibilidad y ha hecho explotar la desconfianza y, lo peor, la frustración de ver que, con mucho, las cosas no cambian, cuando el contubernio es el procedimiento habitual en cuanto a las relaciones políticas.

Por otra parte hay que entender la vida resuelta de que gozan los diputados, para quienes no hay afectación por cuanto a incrementos que el resto de los ciudadanos sí tienen que afrontar.

Que sube el precio de los seguros, sean gastos médicos mayores o de vida, en nada les perjudica, los tienen pagados. Ahora que lo de las gasolinas se va a poner color de hormiga con los aumentos en precios liberados, tampoco, entra dentro de sus canonjías. ¿Impuestos...?, ¿y qué es eso, cuando lo que reciben va limpio, como limpio queda el fondo de retiro. Nada afecta, nada perturba lo que perturba y afecta al ciudadano común.

Añada a todo esto los abusivos e injustificables presupuestos que se destinan a los partidos políticos, lógico y justo que la imagen del gremio político sea la que la población mexicana tiene porque la sensibilidad política brilla por su ausencia.

Antes de que sea posible saber si el año 2017 presentará condiciones económicas más complicadas (¿todavía puede dudarse, al menos entre los mexicanos promedio?), hay que observar cómo 2016 termina con más asesinatos que 2015: aunque todavía falta cuantificar que la cifra no sea mayor, el presente año arrojará alrededor de 18,200 víctimas de homicidio.

Debe considerarse también cómo los últimos días de diciembre se viven bajo el anticipo de un incremento en combustibles y energía eléctrica a partir del 1er. día de enero de 2017; y la consideración de Carstens en torno a la inflación, no debe ser vista sólo desde la perspectiva de la macroeconomía, sino que significa a nivel del bolsillo de cada mexicano, que las cosas que se compran todos los días van a costar más.

El mundo no va para atrás. La inseguridad, la violencia, el desempleo, la fregadera educativa, no caminan hacia los niveles de la Edad Media como quieren hacer creer los furibundos inconformes. Esa retórica es un engaño tan dañino como la propaganda gubernamental y además tiene la misma lógica: se usa para hacerse de poder.

México puede darse el lujo de no tener un talón de Aquiles, como ordena la decencia, sino 2: uno, la seguridad; otro, la economía. Este último empezó a acusar dolencias desde el momento mismo en que se hizo público el sorpresivo resultado de las recientes elecciones en Estados Unidos: la depreciación en un 20% del peso frente al dólar y el alza en las tasas de interés, ante el temor de que Trump haga efectivas sus amenazas: construir un muro fronterizo, llevar a cabo una expulsión masiva de migrantes indocumentados, incautar parte de las remesas que los mexicanos residentes en Estados Unidos envían a sus familiares, imponer sobrecargas fiscales a las empresas norteamericanas interesadas en instalarse en México, atraídas por la mano de obra barata...

A la vista de los negros nubarrones que aparecen en el horizonte, el presidente Peña Nieto se refugió en el discurso. Su "llamado a la unidad" se antoja ingenuo, habida cuenta de que 2018 será año electoral. 2017, por tanto, para una clase política que nunca se ha significado por su solidaridad con el pueblo cuando se vaticinan dificultades e incluso -como es el caso- calamidades, y sí, en cambio, por buscar única y exclusivamente el beneficio propio, será "Año de Hidalgo" ("¡Ay del que deje algo...!") en la más mexicana de las acepciones [o sea: "¡Chingue a su madre el que deje algo!" - el webmaster].

El discurso ha cambiado, el ecuánime gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, anuncia una crisis profunda y para que no le echemos la culpa si se dispara la inflación anticipa el anuncio de su renuncia para mediados del año que entra; el presidente Peña Nieto nos regala de Navidad un aumento a las gasolinas no menor de 20%; el presidente electo de los Estados Unidos nos amenaza con un muro, una deportación masiva de inmigrantes, la cancelación del Tratado de Libre Comercio y la repatriación de empresas.

¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Cuál es el futuro de nuestro país? Lejos estoy de acercarme al papel de profeta del desastre, pero si no se modifica rápidamente la actitud de los gobernantes, México va derecho al caos político y por ende al colapso económico y financiero que puede desembocar en un país fragmentado en manos de grupos de inconformes, de paramilitares o narcotraficantes que eventualmente podrían apoderarse de parte del territorio de los estados, como ya sucedió en Chiapas y para allá van Guerrero, Michoacán y Nuevo León, entre otros.

Para evitar el caos es de urgente necesidad poner remedio a la forma en que se ofende a la dignidad de la ciudadanía con el despilfarro de los presupuestos federales, estatales y municipales. La crisis financiera la pueden detonar los grandes pasivos que se han venido acumulando por la deuda interna y externa; la ineficiencia de las autoridades y la corrupción, y por la falta de reservas actuariales para pagar las pensiones de los empleados del IMSS, ISSSTE, PEMEX, CFE y los derechohabientes del IMSS e ISSSTE. No es ninguna gracia cumplir con su deber, ni debemos estar agradecidos por la paupérrima obra pública que se realiza después de gastar en remunerar a la obesa burocracia. Los discursos mediáticos ya no convencen de que vamos caminando hacia la solución de los ancestrales problemas que nos aquejan.

La presencia de un ignorante al frente de la Casa Blanca, pone a temblar al planeta en su conjunto.

Se trata de una combinación de optimismo económico en manos de una persona limitada intelectualmente, y una plutocracia encaramada en el gabinete y con fuertes conflictos de interés que hacen previsible el choque permanente entre diversos grupos de poder a lo largo de la administración Trump.

Este 2016 podría ser considerado como el año del inicio de la regresión política y económica de un periodo que comenzó con el fin de la Guerra Fría en 1989 y que apostaba por un mundo abierto, tolerante e interconectado en todo sentido.

Y para México también fue un año malo a pesar de indicadores positivos de consumo interno y la generación de más de un millón de empleos formales. La devaluación de la moneda de más del 25% en el año, las presiones inflacionarias derivadas de ello, y las amenazas de Trump, aunado a la caída de las exportaciones y el bajo precio del petróleo, terminaron por armar una tormenta perfecta de pesimismo y falta de perspectivas positivas para el futuro. Además de todo esto, vivimos procesos electorales cuyo eje fundamental fue la corrupción de los gobernadores y la incapacidad del gobierno federal para contener la voracidad de los mandatarios estatales.

El caso de Javier Duarte en Veracruz es el ejemplo más nítido de la impunidad con la que los virreyes se manejan, y la falta de instrumentos adecuados para identificar y controlar los excesos de estos políticos insaciables y conocedores de las fallas y complicidades del sistema, al grado que resultó imposible contener el saqueo hecho por este siniestro personaje a las arcas del estado, y cuya ambición sobrepasa a cualquiera de sus compañeros de partido. Es por ello, que este puede ser el punto de inflexión de aquí en adelante.

La corrupción atraviesa a todo el sistema y los altos costos dañan de manera significativa el aparato productivo del país. El Sistema Nacional Anticorrupción promete limitar sus actuar, y si no lo hace de manera rápida y eficiente podríamos encontrarnos en un escenario de crisis financiera, pero también política que fortaleciese a los populistas, y más grave aún a aquellos que desde el llamado movimiento antisistema buscan descarrilar el modelo democrático construido a lo largo de décadas.

¿El gasolinazo es culpa del gobierno de Peña Nieto? No, es el resultado de muchas malas decisiones que han tomado las últimas 5 administraciones, por lo menos de Carlos Salinas para acá, pasando por Zedillo, Fox y Calderón. Todos son igualmente culpables de al menos 3 cosas: de no haber enfrentado al sindicato corrupto de Pemex que llevó a la empresa más importante de México a una quiebra primero moral y después técnica; de la corrupción propia de las administraciones, panistas y priistas al parejo; y de la quiebra financiera de la paraestatal a la que ordeñaron vía impuestos. La decisión de no construir nuevas refinerías en México, porque Pemex refina caro y mal, y aumentar la operación en Texas, hizo que el costo de la gasolina en México esté directamente vinculado no sólo al precio internacional del petróleo sino al costo del dólar.

¿La paridad del dólar es culpa de Peña? La devaluación del peso tiene 2 componentes. El primero es la apreciación del dólar en todo el mundo; baste ver cómo se ha comportado con respecto al Euro. Contra eso no hay nada que hacer y nada tiene que ver el Presidente. Pero hay otro componente en la devaluación que es totalmente responsabilidad de la administración actual, que es el manejo irresponsable de la deuda. Pregúntele a Carstens.

Los grupos que están participando en las protestas y bloqueos por el gasolinazo son pequeños, de unas cuantas decenas de integrantes. Se trata en muchos casos de grupos organizados vinculados a partidos u organizaciones políticas. La idea de que el gasolinazo provocaría protestas masivas, con la participación de decenas de miles de personas, no se ha materializado, aunque todavía podría ocurrir.

Los manifestantes han cerrado carreteras y otras vías de comunicación. El lunes 2 de enero al mediodía la Policía Federal reportaba 16 bloqueos en distintos puntos de la república. En Tapachula, Chiapas, un grupo de normalistas encapuchados destruyó una gasolinera. Ayer había bloqueos en la Naucalpan-Toluca, la Chamapa-La Venta, la Texcoco-Lechería y la México-Toluca. En algunos casos los bloqueos llevaban un día. La Avenida López Portillo, también del Estado de México, fue cerrada el lunes por grupos violentos que quemaron vehículos de transporte público. Los choferes ya no quisieron sacar sus unidades y la gente se quedó sin transporte. "Se puso muy feo", me dice un testigo. Ayer fue cerrado el Periférico de la Ciudad de México y hubo robos de pipas de Pemex. Los grupos que dicen representar al pueblo agreden al pueblo.

Las policías parecen tener instrucciones de no hacer nada. Un automovilista atorado en la carretera federal Toluca-México preguntó a un policía federal que por qué no se desalojaba el bloqueo que realizaba un grupo de apenas una veintena de personas. El agente respondió: "Usted qué sabe, viejo pendejo. Vaya y chingue a su madre". Supongo que todo el mundo les dice lo mismo a los policías.

Cada quién tiene sus prioridades. La gente común y corriente busca llegar al trabajo y hace esfuerzos por pagar los mayores precios de la gasolina y otros productos. Los líderes políticos quieren aprovechar el gasolinazo para generar inestabilidad. La Policía Federal busca evitar dar mártires al movimiento. El secretario Miguel Ángel Osorio Chong quiere evitar cualquier error que afecte su camino a la candidatura presidencial.

La gente está irritada por el gasolinazo, pero las protestas son promovidas por grupos políticos. Cada líder busca convertirse en cabeza del gran movimiento social que piensa puede surgir del aumento. Los bloqueos de carreteras no se realizan porque los líderes consideran que la gente se beneficia de que se le impida ir a trabajar, sino porque piensan que pueden encender la ira social y derrocar el régimen. No se necesita mucha gente para realizar un bloqueo. El de la carretera Xalapa-Banderilla-Veracruz del lunes fue realizado por 12 personas. Los afectados son miles.

Los líderes sienten que se están dando las condiciones que les permitirán conquistar el poder. Recuerdan o intuyen las palabras de Lenin: "La revolución es imposible sin una situación revolucionaria". Aunque son pocos, piensan que el número aumentará si las protestas son suficientemente fuertes. El gobierno, a su vez, espera que el tiempo borre el enojo. No utiliza la fuerza pública, aun en bloqueos prolongados, para no provocar una mayor explosión.

Mientras los políticos se pelean, y buscan construir escenarios para favorecer sus aspiraciones, los gobernados somos víctimas. Tenemos que pagar los nuevos precios de las gasolinas y de la escalada inflacionaria, pero también sufrir los bloqueos. Somos víctimas de los abusos de los grupos políticos... de un lado y del otro.

¿Qué debe hacer el gobierno? La única salida constructiva que le queda es realizar un acto supremo de rectificación. Debe bajar los impuestos a los combustibles y reducir, de verdad, el gasto público. Eliminar las cuantiosos ramos presupuestarios orientados a sacar dividendos electorales, cortar de tajo los paraísos de corrupción, moches de todo rango en la obra pública, cancelar los grandes negocios del sexenio a través de proyectos faraónicos en infraestructura y cerrar la llave de transferencias millonarias a gobiernos estatales, incondicionales y manirrotos que las dilapidan en dispensar pan y circo a las masas a través de conciertos y espectáculos para apaciguar momentáneamente la ira popular, como Eruviel en el Estado de México y Mancera en la antes llamada D.F.

El gobierno, la clase política de todos los colores , en suma el sistema político en su conjunto, se han colocado en una encrucijada histórica. Lo único que los puede salvar es un mea culpa: se depura y se sacrifican o de todos modos los ciudadanos los echarán a la calle y los liquidarán.

La indignación social es mayúscula no sólo por el alza al precio de la gasolina, sino al desabasto causado por la especulación y acaparamiento de los gasolineros que, al saber de la subida de precio, dejaron en el caos a millones de automovilistas. A eso, hay que agregar el descontento por los bloqueos a vías principales, estaciones de servicio y carreteras y, para acabar, la oleada de saqueos realizados por supuestos ciudadanos indignados que, en realidad, estarían más cercanos a la delincuencia o a la acción por encargo.

A México cabe entender que la amenaza de Trump es real; negociar lo mejor que pueda con EUA y buscar nuevas formas de hacerse más competitivo, como regular menos la economía; bajar impuestos -cosa que no parece ni siquiera pensar, visto lo que está pasando con el reciente aumento de los combustibles- y resolver lo mejor y más pronto posible temas pendientes como la violencia y la infraestructura.

Favorece al corrupto gobierno la ausencia de líderes legítimos en este país, de jóvenes enajenados por la tecnología, el alcohol o la sexualidad, también de tantos otros jóvenes que trabajan y estudian y no advierten las causas de su postración social, ni se ponen a pensar en los cambios urgentes que habría que impulsar. Le favorece la complicidad de incontables empresarios que se benefician del sistema, la actitud de una sociedad astutamente masificada, mantenida en la ignorancia y la apatía, embobada por los espectáculos televisivos y las novelas idiotizantes. Les favorece el fatalismo mexicano y le apuestan a la ausencia de la memoria, a la falta de recursos para hacer valer sus derechos, a la injerencia de agitadores a sueldo a veces pagados por ellos mismos.

Me temo que comienzan a acumularse las variables para que se genere en México una "tormenta perfecta" en los próximos años: 1o. la amenaza externa brutal e impredecible que representa un gobierno estadounidense hostil y agresivo; 2o. el detonante que eso puede provocar en los problemas acuciantes que ya arrastramos en materia económica y social; 3o. el grado de exasperación y rabia que advierten muchos mexicanos ante el agravamiento de la situación; y 4o. la incapacidad de los dirigentes para responder a la crisis que enfrentamos.

No creo que el gobierno de Peña Nieto vaya a desmoronarse ante nuestros ojos. Simplemente creo que la magnitud de los problemas y la pobreza de sus capacidades lo han desbordado. Y en tales circunstancias, para bien y para mal, la gente suele dar un paso al frente e intenta resolver su sobrevivencia. Sea un empresario agobiado por la situación, sea un vecino de una colonia marginal sin agua potable; sea un joven de 17 sin oportunidades de empleo. Nos esperan 20 meses más de lo mismo, pero en crescendo. Buena suerte a todos.

(V.periódico El Financiero en línea del 9 de enero de 2017).

Los problemas se acumularon y el aumento en enero a los precios de la gasolina fue el motivo mayor para manifestar el repudio en contra de quien ocupa el puesto de presidente en el país, para empezar. Hace semanas la olla, a nivel local, se caldeaba cuando se aprobó en el Congreso de Jalisco el proyecto presupuestal de 2017 que contempló destinar 40 pesos al Hogar Cabañas y a la Cruz Roja en el cobro del refrendo vehicular. La indignación ante esta obligación se manifestó. Si la decisión se hubiera adoptado en otras circunstancias, hace años, quizá los jaliscienses no estarían tan molestos en ayudar, sucede que en la memoria colectiva se almacenaban y resentían los 3 aumentos a la gasolina durante 2016 -con la respectiva alza de la inflación y precios de canasta básica- en medio de una avalancha de spots comerciales previos al 4o. informe del gobierno federal que defendían lo indefendible con la frase "lo bueno casi no se cuenta" intentado así disfrazar varias realidades lastimosas: la promesa incumplida hecha a finales de 2014 de que con la reforma energética no habría aumentos a la gasolina, el excesivo gasto destinado a la publicidad oficial federal que suma más de 7,000 millones de pesos al año, reformas estructurales con resultados fallidos, el "ajuste presupuestario" como le llamaron al recorte de inversión pública el pasado junio que se tradujo en restricciones a programas básicos de salud y educación y para rematar, el incumplimiento del compromiso aquel que tanto pregonan, la rendición de cuentas.

El trabajo del ocupante principal de Los Pinos se ha concentrado en desacreditar la política y quienes la hacen. Carecen de credibilidad por igual, no importa el partido, cuesta ver "las buenas intenciones".

Me imagino que el acuerdo firmado ayer se cumplirá por las mismas razones que se terminó cumpliendo el de 1987-88: por el temor al conflicto, pero si no se toman otras medidas, como ocurrió entonces, "el conflicto" no se podrá evitar.

El acuerdo tiene metas positivas pero la gente espera también otras cosas. Propuestas más específicas y concretas, como la que presentó el senador Luis Armando Melgar para que quienes fueron víctimas de los saqueos puedan hacer deducibles los daños y otras, como la reducción de los presupuestos electorales y de los partidos, que le otorguen un respiro a la clase media que está desencantada y termina siendo, casi siempre, la más castigada.

A partir del 20 de enero el peso tenderá a dejar la reacción pavloviana de tuit-devaluación, declaración-devaluación que ha mostrado en estos últimos meses y se irá ajustando a los datos reales de la economía mexicana que, por cierto ni está tan mal como dicen algunos catastrofistas, ni tan robusta como dicen los funcionarios de gobierno.

Vienen tiempos difíciles, y la paridad del peso será un reflejo de ello. Hay que preocuparnos más por la gobernabilidad interna de México (violencia, corrupción, protesta generalizada) que sí puede afectar la marcha de la economía en serio, que por un enemigo externo que no es menor pero cuyo costo está en gran medida descontado.

La situación social, política y económica de nuestro país no es la mejor ni el ideal en el que todos soñamos. Lamentablemente la realidad es más patética y desilusionante por el momento y es el resultado acumulado de los años posteriores al gobierno de Echeverría, a partir del cual los errores, la demagogia y la soberbia de los gobiernos, al igual que su incompetencia y nulo interés en crear un servicio estatal de carrera, impregnado en la eficiencia y en la ética del mismo, han desembocado en los desórdenes que ahora vivimos, aunados con la exacerbación del narcotráfico y la corrupción e impunidad de muchos de los más altos funcionarios del Estado.

La situación es compleja. Si un distraído enciende un cerillo junto a una alberca, nadie se preocupa, pero si lo hace en un polvorín, la cosa cambia, y es el caso que las acciones y omisiones del gobierno han convertido al país en un polvorín: inseguridad creciente, incontables desaparecidos, corrupción imparable, crecimiento de la pobreza, afectación de las clases medias, problema magisterial, omnipotencia del narcotráfico, devaluación de la moneda, levantamientos armados de muchas comunidades, contrastado todo con la opulencia de la clase política y encima el aumento a los energéticos.

Vayamos a la raíz, y lo que ahí encontramos es ineficiencia. El país está en manos de personas incapaces.

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 16 de enero de 2016).

Con esa capacidad inmejorable que tiene Peña Nieto de decir siempre algo que haga enojar aún más al respetable, justificó el alza de las gasolinas diciendo que "se nos acabó la gallina de los huevos de oro”" Nótese el uso del transitivo: la gallina "se nos acabó". Nadie es responsable de que ya no ponga huevos de oro, simple y llanamente un día los dejó de poner, un día el yacimiento de Cantarell, que llegó a producir, en cifras del propio presidente, 2'200,000 barriles de petróleo al día, se redujo al 10%.

Efectivamente, el yacimiento de Cantarell se está agotando, pero, ¿la gallina tenía una sola pata?, ¿Pemex era en realidad un yacimiento de petróleo y nada más?; ¿La gallina se acabó, o la mataron lenta y sádicamente? No, no se murió sola, acribillaron las malas decisiones y la corrupción de la clase política, su miopía y su incapacidad para construir acuerdos, que dicho sea de paso, en eso consiste su chamba, para eso les pagamos esos sueldos que hoy defienden como perros lopezportillanos.

El gran Heberto Castillo, un hombre sabio y comprometido, una inteligencia de la izquierda que anteponía el sentido común y la ciencia a la ideología y la conveniencia política del momento, advirtió en los años ochenta el riesgo que significaba para la industria petrolera nacional el sindicato de Pemex. "Ya le quitamos el petróleo a los extranjeros, ahora a ver quien se lo quita a los petroleros", dijo. La izquierda mexicana, que hoy se lava la cara diciendo que no votó a favor de la reforma energética, es cómplice del asesinato de la gallina de los huevos de oro en la medida que protegió (y se benefició) de un sindicato corrupto que llevó a Pemex a la inviabilidad económica y al atraso tecnológico.

No tuvimos un solo gobierno, panista o priista, capaz de plantear un desarrollo estratégico para Pemex. De la enfermedad de la gallina sabíamos desde el sexenio de Fox: con ese argumento se placeaban por toda la república los técnicos del entonces secretario de energía, Felipe Calderón, urgiendo la reforma energética porque Cantarell se estaba secando. Los diputados del PRI, entre ellos algunos de los que hoy son secretarios de estado, rechazaron en 2 ocasiones la reforma energética y no la aprobaron hasta que ellos llegaron al poder. Si efectivamente ellos creen que la reforma es la solución para la paraestatal más grande del país, son culpables al menos de omisión y de haber antepuesto los intereses de su partido a los de la nación. En la muerte de esa gallina hay negligencia médica de los priistas.

De los panistas ni se diga. No sólo dilapidaron los recursos del petróleo cuando los hubo en abundancia, sino que cuando tuvieron a la gallina en sus manos lo único que se les ocurrió fue hacer caldo: se beneficiaron de la corrupción (ahí está el caso Oceánica como muestra) y no tuvieron la voluntad y la capacidad para tomar decisiones.

La gallina no se nos murió, la lapidaron, señor Presidente, y los asesinos tienen nombre y apellido. Pero, como actúan en grupo, igual que los saqueadores, nadie asume su responsabilidad.

En México, infortunadamente, las cosas pintan muy complicadas. La llegada de Trump es una mala noticia, pero nos toma en muy mal momento. Nuestro país tiene uno de los gobiernos más débiles de la historia, con el peor prestigio y niveles de desaprobación que disminuyen día con día tras cada nuevo anuncio gubernamental, y por su incapacidad para enfrentar situaciones complicadas, como ésta.

Como mexicanos estamos solos: nuestra clase política está ocupada en las sucesiones electorales y las cuotas de poder, y no por lo que pasa en la economía de las familias. Nunca pasan del discurso. Y además de la ineficiencia, continúa el despilfarro, el derroche, la pésima administración de recursos traducida en tratar de cobrar más impuestos, sin recortar en gastos fundamentales. Pagamos impuestos que se van en nóminas, prebendas a políticos y en corrupción: hay la percepción de que vivimos una de las épocas más sucias en manejo de dinero público.

Una pena que exista una coyuntura mundial que invita a arriesgarse, a tener valor, a hacer cambios, pero que nuestra clase política, encabezada por el propio Presidente, ve como cualquier otra coyuntura, y pensando que con discursos o posicionamientos se va a solucionar.

Cuando Trump se impuso a la señora Clinton, reconocí mi equivocación: el Presidente acertó al no desestimar la probabilidad que muchos comentócratas (y hasta yo) supusimos impensable, y sostuve que yo haría lo mismo (no pelear) con algún vecino equiparable al Mochaorejas o El Chapo.

Ante los apabullantes indicios de que la vieja relación México-EU se acabó y la incertidumbre de lo que será desde hoy, me parece bien la cautela con que el gobierno federal ha manejado tan grave problema.

Por lo pronto, me ataco de risa con casi todas las descalificaciones y "sesudas" propuestas de quienes creen saber más que Peña.

La ofensiva de Trump contra México puede destruir o rasgar 2 de los intangibles mayores de la relación histórica entre los 2 países.

Esos intangibles son la estabilidad y el nacionalismo. Durante décadas el quid pro quo de la tolerancia estadunidense a las independencias mexicanas fue que los gobiernos de México garantizaran la gobernabilidad. No el progreso ni la democracia, sino la estabilidad y la paz.

El fantasma mayor de la posguerra era que México pudiera ser un foco de inestabilidad y violencia en el marco de la guerra fría, como lo fueron Cuba y otros países latinoamericanos. Como lo fue Centroamérica en los 80.

Los gobiernos de México hicieron la tarea de mantener el país a salvo de la violencia regional característica de la guerra fría. Recibieron a cambio tolerancias en diversos órdenes de parte de su ciclópeo vecino.

Las divergencias por la guerra centroamericana de los 80 zarandearon el statu quo de aquella relación especial. En esos mismos años, la guerra contra las drogas estableció para México una nueva y violenta obligación bilateral.

Esta ha sido la exigencia de colaboración más riesgosa para la antiguamente preciada estabilidad mexicana. La guerra contra las drogas descompuso la seguridad y la gobernabilidad del país como ninguna otra exigencia de la relación bilateral. El hecho hasta ahora es que ensangrentó, pero no incendió México, ni lo volvió contra Estados Unidos.

La acelerada integración demográfica y laboral de los 2 países, el profundo efecto vinculante del TLC y la vertiginosa norteamericanización de la vida mexicana diluyeron el viejo antigringuismo de México, desdibujaron a su americano feo.

La abusiva conversión de México en blanco de la hostilidad racial, laboral y económica del nuevo presidente de Estados Unidos puede dañar la estabilidad y despertar el nacionalismo de México.

Golpear de más a un gobierno debilitado como el mexicano puede terminar de abrir las compuertas de la ingobernabilidad, que asoman ya por las grietas de la inseguridad pública y en la violencia de las protestas ciudadanas.

Puede también abrir las compuertas del viejo nacionalismo. En México hay ya un robusto antitrumpismo que la agresividad antimexicana del nuevo presidente de Estados Unidos puede muy bien convertir en una resurrección del sentimiento antinorteamericano dormido de México.

En México, nos hemos dado cuenta del tamaño de la crisis en la que estamos parados. No hablo de dificultades económicas y ni siquiera la crisis de gobernabilidad tras el gasolinazo. Me refiero a la crisis de proyecto nacional. Una nación desdibujada, dijera Claudio Lomnitz. Somos presa de una múltiple crisis, que va desde lo político hasta lo económico y lo moral.

México está extraviado, sin rumbo y sin liderazgo político. Apostamos por 3 décadas a ser el maquilador del norte, la mano de obra barata y a pensar que el mundo se terminaba en los deseos y caprichos del consumidor de los Estados Unidos. Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto nos dijeron una y otra vez que nuestro proyecto comenzaba y terminaba en los Estados Unidos. No hay alternativas, la geografía nos condenó. Eso decían.

Así, el México de la transición construyó su proyecto económico con una brújula que solo apuntaba para el norte, no miraba para ningún lado más. Incluso, nos dijeron que voltear para América Latina era inútil, para Asia un desperdicio de nuestro tiempo y que Europa era más pasado que futuro. Lo que juntó la geografía, los políticos no debían separarlo. México ya había elegido y la integración con América del Norte era cuestión de tiempo. Sin embargo, la política está doblegando a la economía y en México parece que no tenemos un plan B.

Así, la narrativa se topó con pared y hoy vemos sus más salvajes consecuencias. ¿Cómo llegamos al momento en que un tweet de Donald Trump puede mandar al peso al más bajo de los infiernos? ¿En qué momento dejamos que las inversiones en México se decidieran en la Casa Blanca? ¿Por qué pensamos, alguna vez, que ser el paraíso de la mano de obra barata nos podía dar un proyecto futuro sustentable, de oportunidades y con bienestar? ¿Por qué se pensó que poner todos nuestros huevos en una canasta no nos iba a pasar factura en algún momento? Los tecnócratas que han tomado decisiones en los últimos 34 años, seguro que tienen muchas cosas que explicar.

El silencio del gobierno federal y de la diplomacia mexicana frente a Trump es injustificable. Ni siquiera ha habido una agenda de comunicación para enfrentar los prejuicios y la estigmatización constante de la mexicanidad. No se han convocado a los líderes de opinión mexicanos que viven en los Estados Unidos para sumarse a una campaña que dimensione los beneficios de la relación entre México y Estados Unidos, y que desmonte las acusaciones contra los mexicanos que han tenido éxito en algunos segmentos de la población americana. Como ha señalado Jorge Castañeda: en Washington hay que hacer política. Y ésta se puede hacer desde los medios de comunicación, las universidades y la sociedad civil. La renuncia del gobierno mexicano a debatir, no se entiende en ningún lugar del mundo. En lugar de prender una vela para pedirle al cielo que Trump no cumpla sus promesas, México debería impulsar una agenda ambiciosa de fortalecimiento de nuestra imagen nacional.

El gobierno mexicano debe entender que se ha quedado sólo cuando de aplicar las recetas del Consenso de Washington se trata. Por lo tanto, México debe apostar por fortalecer su mercado interno, los productos hechos en México y proteger ciertos sectores que son clave para la economía. Pasar de ser el maquilador del norte, los mexicanos que hacen lo que los gringos abominan, y apostar por un modelo económico distinto que, si bien no será tan competitivo para atraer inversiones, sí puede redundar en mejores sueldos y más consumo. Todo el mundo asume que la etapa del neoliberalismo desbocado comienza a esfumarse y nuestras autoridades parecen entercadas en mantenernos en un modelo que ya nadie sigue a pie de juntillas. Salimos más estadounidenses que los propios estadounidenses, que ya piden ajustes al modelo de apertura total que ha caracterizado al mundo neoliberal.

Entiendo que mover un barco que ha estado en una ruta durante 35 años, nos va a costar más que la simple intención. Sin embargo, las dificultades económicas demandan respuestas políticas. Por ello, lo que sí necesitamos es un proyecto, que tendrá impacto en 15 o 20 años, pero que algún día hay que comenzarlo.

Y la diversificación, fundamental. México está atado a los Estados Unidos con un 85% de dependencia en materia de comercio exterior, y que no aprovechemos los distintos tratados que México tiene firmados con el mundo. Recordar que México es el país con más acuerdos de libre comercio en el globo; de los cuales obtenemos pocos beneficios. Al igual que cualquier asesor financiero nos recomienda no poner todas nuestras inversiones en un solo lugar, tampoco es deseable la brutal dependencia económica con Estados Unidos.

Nuestra coyuntura es así: no más huevos de oro en forma de crudo, no más mercado fácil en Estados Unidos y una crisis de las finanzas públicas que obliga a ajustes muy importantes. Es cliché decir que las crisis son oportunidades. Más bien diría que los momentos críticos son espacios fundamentales para repensar los proyectos y analizar si la navegación del barco llamado "México" ha llevado el rumbo correcto. Las apuestas económicas del neoliberalismo en México se vienen abajo una tras otra y hoy muchos mexicanos demandan un proyecto económico distinto al actual que nos tiene con crecimiento mediocre, empleos precarios, corrupción inimaginable, pobreza, desigualdad y una dependencia con Estados Unidos indeseable. Es tiempo de repensar el proyecto de México como nación y las "trumpadas" pueden ser el incentivo que necesitamos.

Peña Nieto dijo que México se ha convertido en un centro logístico para el flujo de comercio e inversiones debido a que se encuentra ubicado entre los océanos Pacífico y Atlántico. Parece broma lo que afirmó, pero refleja ingenuidad y desconocimiento total de las cosas. Es cierto que México se ha convertido en las 2 últimas décadas en un país altamente apreciado, por lo cual llueven inversiones del exterior. Pero no es porque México es bañado por 2 océanos, sino por el TLCAN que es la plataforma comercial para el mercado estadounidense. México no tiene un mercado interno para mantener los niveles comerciales y de inversión que tiene hoy en día, y su posición actual en el mundo cambiaría significativamente si se perdieran las ventajas arancelarias de las que goza actualmente.

Previsible como es que la entrevista concertada para el martes próximo en Washington [entre Peña Nieto y Trump] se limite a ser un monólogo autoritario e intransigente y no el diálogo cordial y constructivo deseable entre los mandatarios de 2 países condenados a ser vecinos y, en tal virtud, a tratar de comportarse si no como amigos sí, al menos, como buenos vecinos, resulta comprensible el dilema de Peña Nieto: si acude a la cita, en evidente posición de debilidad, corre el grave riesgo de terminar humillado y ofendido; y con él, todos los mexicanos a los que (bien o mal) representa; si la cancela, atendiendo la recomendación de los analistas que verían en esa medida el mínimo gesto de dignidad que cabe en estas circunstancias, Trump, muy probablemente, negado como parece ser para exquisiteces diplomáticas, interpretaría el desplante como un desaire que trataría de cobrarse a la brevedad posible.

No perdamos el foco. Trump es una circunstancia terrible para todo el mundo y para México en particular, pero nuestros verdaderos problemas son internos, los hemos creado nosotros y los tenemos que resolver nosotros.

Cuando el presidente Enrique Peña Nieto se refirió al complejo Cantarell como una "gallina de los huevos de oro" que se fue secando, tuvo razón a medias, pues a lo que realmente se refería es que se acabó "la caja chica" del gobierno federal, coinciden los investigadores Gabriela Muñoz y Roberto Gutiérrez.

En la opinión de la doctora, Pemex Refinación comenzó a decrecer debido a una falta de mantenimiento y control financiero. "Se tenía un dispendio enorme. Las pensiones y todas las prebendas que se daban con dinero de Pemex".

En el periodo de Vicente Fox, por ejemplo, los precios del petróleo le permitieron "improvisar" al gobierno federal y utilizar fondos extraídos de esa caja para "experimentar" con programas sociales para tratar de abatir la pobreza.

"Hay que añadir el robo hormiga y el robo de los ductos, que se da desde hace años, y sin consecuencias. Debemos entender que, a menos que uno sepa dónde está ubicado el sistema de tuberías, no es posible perforar por el riesgo inminente de explosión. Esa información está en manos de los ingenieros de operación".

Roberto Gutiérrez, por su parte, afirma que desde hace años se advertía la debacle en la producción de petróleo, pero en lugar de afinar estrategias y alternativas "aplicaron técnicas que aceleraron las pérdidas" en Cantarell.

La responsabilidad, dice, no es por completo de esta administración federal, pues la condición actual de la empresa "es consecuencia de decisiones tomadas en el pasado".

Por los bajos costos del petróleo en la actualidad, México ha decidido que lo mejor es importar gasolina. Esa decisión ha "relajado" la producción en las refinerías, que operan a la mitad de su capacidad. Por eso deben rehabilitarse de inmediato.

Aunado a ello, el pasivo laboral (las pensiones y jubilaciones) retiene la modernización de la paraestatal. Y para que la compañía vuelva a ser sustentable, concluye, éste debe quedar cubierto. "Mientras no se asegure ese flujo no es posible considerar que la empresa esté saneada".

El mayor problema de México no está en la hostilidad del nuevo presidente norteamericano, sino en los muchos años de postración a que nos hemos visto sometidos por nuestros propios gobernantes.

No se distraigan organizando campañas contra las iniciativas que el sr. Trump impulsa en su propio país y atiendan con eficiencia los asuntos que las actuales administraciones estatal y federal no han podido o querido resolver.

Claro que han sido providenciales para nuestros políticos las bravuconadas del norteamericano, sus amenazas, decisiones y exabruptos, pues ha provocado que la mayoría de los medios de comunicación y el propio gobierno se desentiendan de los problemas candentes que siguen asolando la vida de los mexicanos, y se dediquen a publicar todo tipo de comentarios acerca de lo que pasa allá, pensando que así olvidaremos lo que pasa aquí.

El aumento a los combustibles sigue siendo un robo del propio gobierno a la sociedad trabajadora mexicana que no se mitiga con los comerciales insulsos, falaces, y contradictorios que nos recetan todos los días a todas horas. Los vehementes apelos a la austeridad por parte de los políticos siguen sin tener el respaldo de los cambios estructurales que la misma clase política requiere: disminución radical de la nómina y de los salarios, supresión de los privilegios, de las enormes cantidades de dinero que discrecionalmente se otorga a medio mundo para que lo gaste en imagen y campañas, mientras se dan el descarado lujo de amenazar los programas sociales.

En Jalisco y en todo el país la población sigue sufriendo todos los días el oprobio de la delincuencia organizada y de la caótica, de la gubernamental y de la social, pueblos y enteros municipios están en manos de esa delincuencia que aposta en entradas y salidas "halcones" que informan y guardias que revisan. Miles de personas, particularmente comerciantes, se ven sujetas a chantajes y cobros de piso si no quieren ver arder sus negocios. Las mafias que se han adueñado del presente y futuro de los mexicanos legislan por su cuenta, e imponen y ejecutan a tenor de sus propias leyes, al margen de los códigos oficiales vigentes, al margen del estado y de sus instituciones, y la gente ya no sabe si esta doble tributación es fruto de la incompetencia, la impotencia o la complicidad del gobierno establecido.

El presidente Trump quiere echar fuera de su país a delincuentes, criminales y narcotraficantes, es ni más ni menos lo mismo que quisiéramos hacer nosotros, pero tenemos en contra a los jueces, a muchos guardianes del orden y a no pocos funcionarios de primer nivel.

Y para distraernos de estas acuciantes realidades que explican en buena parte nuestra debilidad como país, nuestro subdesarrollo democrático, nuestra brutal dependencia, aprovechamos el entorno internacional, despertamos el amor patrio, apelamos a la dignidad mexicana ofendida desde el "otro lado", y se nos olvida que ya desde hace mucho nuestra dignidad de sociedad y de nación ha sido permanentemente conculcada por nosotros mismos.

Urge que haya unidad nacional, pero no a propósito de Trump, sino para transformar radicalmente las estructuras políticas de nuestro país, causa de sus principales y mayores problemas.

El gobierno federal mexicano decidió el viernes pasado no dar un 2o. gasolinazo que implicaba otro duro golpe a las finanzas familiares.

Sin embargo, frente a la enorme volatilidad del tipo de cambio y la incertidumbre que puede provocar un solo tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el gobierno trata de sortear la línea de fuego un día a la vez.

Día por día analizan 2 factores económicos centrales: el precio internacional de los combustibles y la cotización peso-dólar. Si aumentan, mantener en el mismo nivel las gasolinas en México le cuesta más al presupuesto federal, lo cual lo empuja a contratar más deuda pública y si eso sucede, entonces las calificadoras internacionales se apurarán para sancionar a México. Si le bajan la calificación o lo amenazan con ello, sube el dólar... y por tanto lo que paga México por la gasolina que importa.

Es un círculo vicioso que causa pesadillas a los más altos funcionarios del régimen de Enrique Peña Nieto: encontrar el punto de sintonía fina en donde no haya un Gasolinazo 2, pero tampoco le cueste tanto al presupuesto oficial como para encender aún más los focos rojos que ya tiene encima la deuda pública.

Las manifestaciones contra el gasolinazo no han cesado y si bien en número e intensidad son menores, en cualquier momento pueden rebrotar.

Pende de un hilo la unidad nacional que ha generado la actitud desafiante de Trump. Está en el interés del presidente Peña mantenerla. Le ha dado oxígeno en medio de su impopular gestión.

El gobierno evalúa diariamente el panorama del precio de las gasolinas, detonador del principal conflicto social de los últimos meses. Y se acerca la fecha en que día a día, en medio de estas presiones, tendrá que definir y publicar el precio.

Lo peor que podríamos hacer desde el lado mexicano es acelerar los tiempos, especialmente en la revisión del TLC. El plato de Trump se llenará tan rápidamente de temas y preocupaciones internas, como las manifestaciones en la Universidad de Berkeley o el desafío presentado por los alcaldes de ciudades santuario, que convendrá a los intereses de México esperar a que se le enreden todavía más las cosas, antes de sentarnos formalmente a la mesa. Los grupos sociales y políticos que le antagonizan, lo distraerán y lo debilitarán.

La visita que ha programado a México el general John Kelly, secretario de Seguridad Interna, la 1a. de un miembro del gabinete de Trump, muestra en dónde están las verdaderas prioridades de Estados Unidos. Los temas centrales que pretende abordar son los de la lucha contra el narcotráfico, los migrantes que cruzan desde Centroamérica y el combate al terrorismo. Estas son las fichas de negociación más pesadas con que cuenta México. Convendrá usarlas en su momento, pero ante todo observar los problemas internos que enfrenta el nuevo gobierno y aprovechar la característica número 1 de la diplomacia estadounidense: la prisa para alcanzar acuerdos. Si mostramos la debida paciencia, la negociación general puede resultar favorable a los intereses mexicanos.

Arropar migrantes deportados es una declaración de la incompetencia de los gobiernos federales y estatales que, de décadas, han descuidado el desarrollo y el bienestar colectivo por beneficiar cúpulas y grupos de poder, donde la corrupción y la impunidad dejaron ir oportunidades básicas para millones de mexicanos que, ante la miseria y la inseguridad, tomaron camino hacia el norte.

Si en tu tierra no hay posibilidades de vivir, de sobrevivir, correr el riesgo y apostar la vida por conseguirlo es poco costo. Ahí, ni el Gobierno de Jalisco ni el federal pueden hacer mucho, el rezago es brutal.

Junto con la discusión para bajar el financiamiento público a los partidos políticos, otra buena noticia que nos trajo la calamidad del gasolinazo fue la inédita participación social y movilización que protagonizaron los ciudadanos para protestar, no sólo por el mayor incremento de las gasolinas y el diésel de la historia en México, sino también por los abusos de años de la clase política y gubernamental, que pudiera ser un buen inicio para empezar a abatir la apatía social que les abrió el paso a políticos y autoridades para tenernos en esta situación de crisis, y de vulnerabilidad.

"La situación en México es intolerable" y esta afirmación es tan cierta que muchas cosas se mueven en diferentes puntos del país y en sectores de la sociedad que antes no habían demostrado una participación clara y abierta tendiente a cambiar para mejorar las cosas, en serio y, de una vez por mucho tiempo (imposible decir "por todas" aunque ganas no faltan).

Hay movimientos en Mexicali, en Hermosillo, en la Ciudad de México y aquí en Guadalajara, no son los únicos. Hay enojo, preocupación, indignación, desesperación, impotencia, dolor, pero también surgen sentimientos alentadores porque nos vamos dando cuenta del poder de la sociedad cuando nos unimos, la sociedad, la gente, los ciudadanos.

Al calor de esta crisis tremenda, sí puedo decir que una de las peores en la historia reciente de México, la sociedad se mueve para cambiar el estado de las cosas pero aparecen grupos que no tienen al país como su interés más elevado; grupos que simplemente aprovechan la situación para sacar provecho en una conducta que infortunadamente es muy frecuente en nuestra clase política y en sectores advenedizos y convenencieros que viven del sistema corrupto y podrido que tenemos. Por lo general quienes integran estos sectores son los que aportan los votos duros de los diferentes partidos políticos, gente sin escrúpulos y profundamente egoísta.

A la sociedad que está al margen del sistema, prácticamente al resto de mexicanos, estos grupos no nos son desconocidos y los identificamos cada vez mejor; hemos puesto barreras y límites a la manipulación y a las infiltraciones, a veces con éxito, a veces no, sin embargo, estamos en el proceso y aprendiendo con una rapidez impulsada por la misma crisis.

Se nos piden sacrificios que afrontaremos, pero ¿por qué si la lucha es pareja -pueblo y gobierno- el esfuerzo sólo debe ser nuestro? Para evitar distractores sugiero que el gobierno elimine el IEPS de la gasolina y que cubra el déficit que se cause con el 10% de los fondos presupuestados para sueldos (siempre simulados) y otras prestaciones económicas (la verdad mayoritaria en esto). Así puede que les crea; si no, sigue la farsa.

"Es tiempo de estar juntos", "no hay que dividirnos", son frases que repiten los políticos con frecuencia. El ogro que despacha en el norte, nos obliga a unir a un país dividido.

El discurso de la unidad nacional no es nuevo. En México lo conocemos profundamente. Desde el siglo XIX, desde el comienzo mismo de nuestra historia como nación independiente, el llamado a la unidad nacional ha estado presente.

El discurso del autoritarismo mexicano utilizaba la unidad nacional como escudo para el mantenimiento del poder. México es el PRI. El PRI es México. La bandera tricolor ondea en el escudo del partido en el poder. No conozco muchos países en los que dicha simbiosis haya llegado a tal nivel de incorporar la bandera en la simbología partidista. Había que proteger a México del imperialismo yanqui, de la intimidación comunista y de todos aquellos enemigos externos que amenazaban la indisoluble unidad de la patria.

Por ello, por nuestra historia, hay quien sospecha del llamado a la unidad nacional. Y las suspicacias no responden a un afán separatista o de divorcio con la nación, sino a la utilización política del enemigo externo con objetivos políticos internos. La unidad entendida como cerrar los ojos ante los problemas locales; cerrar los ojos ante las omisiones de las autoridades; suspender, por un momento sin fecha de caducidad, la división política. Unidad como unanimidad, como ausencia de crítica y, por lo tanto, la personificación de la unidad en el gobierno y las instituciones. La narrativa de los gobiernos autoritarios siempre confunde la patria con el Estado, el país con sus gobernantes.

La unidad se teje. No se decreta como si fuera una legislación que emite un gobierno. Lo natural en una sociedad es la división de opiniones. La heterogeneidad de aproximaciones para explicar el mundo y la sociedad. La homogeneidad es antinatural y sospechosa. Por ello, la unidad se construye hablando, deliberando, discutiendo, debatiendo, votando y colaborando. No hay nada más unitario, en términos políticos, que una dictadura.

La unidad no puede, ni debe, ser un salvavidas para una clase política que ha demostrado su más rotundo fracaso a la hora de plantearnos un proyecto nacional sólido y de futuro. ¿Cómo podemos hablar de unidad cuando 55 millones de mexicanos son pobres? ¿Cómo hablamos de unidad cuando expulsamos a miles y miles de mexicanos que deben dejar su patria para buscar un mejor futuro en otro país? ¿Cómo podemos hablar de unidad cuando miles y miles de mexicanos son asesinados todos los días? La unidad artificial, sobre la base de un nacionalismo ramplón y trasnochado, es una muestra más de la capacidad de los políticos para utilizar la simbología nacional a su favor.

Y es que la trampa de la unidad está lejos de ser una idea inocente. En paralelo a la petición del gobierno de reconciliación, existe una velada apuesta por mantener un rumbo nacional que no beneficia a la mayoría de los mexicanos. ¿Realmente queremos unidad nacional para que nada cambie?

Es posible abonar a la unidad nacional sin renunciar al necesario papel crítico de la ciudadanía. Es posible apostar por un proyecto de unidad sin caer en las tentaciones de la unanimidad. Por supuesto que Donald Trump es una amenaza, pero los problemas de este país no empezaron con el magnate americano. Los problemas de este país poco tienen que ver con mandatarios extranjeros o con la llegada de un loco a la Casa Blanca. México tiene severas problemáticas internas que destruyen la unidad nacional: corrupción, inseguridad, violencia, salarios precarios, pobreza, desigualdad, exclusión, despojo, injusticia, impunidad. Ahorita, México no es un proyecto para todos. La unidad nacional debe partir de la lucha contra estos males que afectan al país y no como un pretexto para envolvernos en la bandera para desafiar al Tío Sam. Más que nunca, México necesita unidad nacional cimentada en una ciudadanía crítica, informada y exigente.

Trump entiende que la relación entre México y Estados Unidos es una relación de suma cero -lo que gana uno, lo pierde el otro. Por ello, es innegable que nuestro gobierno debe tener nuestro respaldo para negociar sobre la base del interés nacional. Sin embargo, no puede ser un cheque en blanco. Antes que cualquier cosa, Los Pinos tienen que ser transparentes sobre sus principales líneas de negociación y convencernos de que su proyecto realmente protege el interés nacional. Unidad nacional sin ideas, es demagogia barata.

La coyuntura es compleja y no falta quien quiera con un ataque de nacionalismo, salvar una elección en 2018. La patria se ha utilizado para eso y muchas cosas más. La única forma de comprar el discurso de la unidad nacional es que el gobierno le inyecte sustancia, objetivos y metas en la negociación. De no ser así, estaríamos otra vez en el escenario del uso del nacionalismo con meros objetivos electorales. Apelar a la unidad nacional para que se nos olvide todo lo que hemos vivido por décadas. Para que se nos olvide que los principales retos los tenemos aquí, a la vuelta de la esquina. Ante la grandilocuencia del discurso de la unidad nacional, el escepticismo es siempre un aliado necersario.

Máxico se alejó del resto de América [Latina] por una convicción de superioridad malsana, de desdén hacia los de abajo y de reconocerse mejor y distinto.

La unidad política y social en nuestro país no es tal. La sociedad está dividida, polarizada, enojada y con miedo. Hay quienes levantando la bandera de la unidad apuestan en realidad a la ruptura. Ocurre con el tema Trump: todo mundo está indignado o, por lo menos, preocupado por las medidas y declaraciones del presidente estadunidense, pero, incluso, ese enojo se intenta utilizar como parte de agendas internas.

El fracaso de la marcha se signó cuando a la consigna simple y unificadora de decir no a las medidas de Donald Trump contra México, se comenzaron a sumar agendas particulares, cuando se trató de convertirla en plebiscitaria sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se involucró en ella una televisora y cuando hasta la UNAM terminó en un debate interno absurdo sobre si ir o no a la misma, cuando desde la rectoría convocaron a marchar.

La división del país, incluso en torno a Trump, es evidente. Están los que cada vez que se suelta una filtración inverosímil sobre México desde la Casa Blanca, la utilizan para abonar sus intereses, ahondando la división, con desinformación y más manipulación.

Hay quienes quieren hacernos creer que sin el TLC el país se derrumbará y paradójicamente son los mismos que decían que el país se derrumbaría con la entrada en vigor del TLC, al que además tildan de un fracaso, que más extrañamente exigen preservar. Hay "especialistas" que aseguran que sin TLC se perderían de inmediato 170,000 millones de dólares de exportaciones porque me imagino que suponen, o quieren hacernos suponer, que sin TLC ya no se exportaría nada a Estados Unidos. Es una tontería: la integración comercial regional es mucho más sólida que la voluntad de cualquier gobernante, se llame Trump, Peña o Trudeau. Y aunque Estados Unidos se retirara del TLC, lo que sería un grave error, México y Canadá lo mantendrían para preservar reglas, que se complementarían con las propias reglas que impone, para todos, la Organización Mundial de Comercio.

Un periódico editorializa diciendo que, como una suerte de venganza, se debe pedir visa a los estadounidenses para venir a México. Es muy bonito pero olvidan que el turismo generó el año pasado 19,000 millones de dólares que dejaron 35 millones de turistas, y que la mayor parte de ellos proviene de Estados Unidos. Sería literalmente un tiro en el pie cerrar esa fuente de ingresos y empleos.

Las marchas fracasaron porque todos los partidos se colgaron del tema Trump en forma grosera. Andrés Manuel López Obrador que hasta hace unos años se vanagloriaba de que él no viajaba al extranjero ni le interesaba la agenda externa, ya fue a Estados Unidos, pero esta vez no a ver un juego de béisbol y a pedir autógrafos sino a reunirse con migrantes en Los Ángeles. Es la primera vez que lo hace en estos 18 años de campaña ininterrumpida. Ahí lo acompañan también los dirigentes del PRI, Enrique Ochoa y Ricardo Anaya, del PAN, que tampoco tenían en su agenda a los migrantes. Van para disputar espacios y se olvidan de los que de verdad tienen años, a veces décadas trabajando con ellos.

Estamos divididos porque al mismo tiempo que Trump firma una nueva orden ejecutiva para combatir a los cárteles y cuando la Marina acaba con los líderes de los Beltrán Leyva en Nayarit, incluyendo a su jefe el H2, López Obrador utiliza su estadía en Estados Unidos, le hace un guiño a Trump, y denuncia la "masacre de Nayarit", diciendo que entre los muertos por el combate con los traficantes hay niños y menores de edad, lo que es absolutamente falso, pero una fake news alimenta a la otra.

El hecho es que estamos divididos, y que la ventana de oportunidad para impulsar un escenario de mayor unidad que se abrió con la llegada de Trump a la Casa Blanca ya se está cerrando, si no es que se cerró completamente. No les importa Trump: se trata del poder y, en esa lógica, de las elecciones.

Al participar en la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, el menor [de edad] Axel Gael Romo Torres pidió detener el aumento del precio de las gasolinas y el diesel, señaló que México ya está cansado de la corrupción, del gasolinazo y de Donald Trump.

En medio de esta situación crítica para los mexicanos por la falta de seguridad, la pobreza, por la impunidad, la falta de aplicación de las leyes, en un laberinto económico provocado por las pifias en el manejo de las finanzas públicas, aparece el Presidente para decir que no estamos en crisis, que en realidad enfrentamos un desafío.

Es como si el cadáver destrozado enfrente del médico forense pudiera hablar y decir: "No pasa nada; es apenas un rasguño".

En un desplegado histórico publicado el pasado 10 de febrero, y que no tiene desperdicio, el señor cardenal, Juan Sandoval Íñiguez dice -y dice con razón-: "¡Hay mucho descontento, entiéndanlo nuestros gobernantes, entiéndalo! ¡Estamos al límite! ¡Entiéndanlo, por favor! (...) El desastre que está padeciendo México llega al límite (...) hay brotes de violencia. Quiero exhortar muy de corazón y por amor a mi patria, al pueblo de México a que se evite la violencia que empeora las cosas".

Cualquier persona con la que se platique afirma lo mismo: "¡Estamos hasta la madre!".

Mientras que otras naciones gobernadas por políticos menos ávidos y más capaces han sabido promover la dinámica interna de su economía para hacerla competitiva y no meramente pasiva, México sigue anclado al modelo neocapitalista con una fe inquebrantable que ni siquiera sus originales inventores han conservado.

Expresión inmediata y visible de este descalabro ha sido el escándalo de los energéticos, prueba fehaciente del cúmulo de errores cometidos por la actual administración, la cual lejos de admitir su responsabilidad pretende desde hace un mes disimularla con comerciales falaces que hacen más deprimente el rostro del gobierno. Que la gasolina subió porque subió el petróleo, de ser así, deberíamos estar mejor, ya que producimos petróleo. Sí, pero es que México importa gasolina ¿y cómo es que siendo un país productor de petróleo debe importar gasolina? ¿Dónde está el error, el engaño, la falla? ¿Y por qué si importa la gasolina a 9 pesos, nos la vende a 16? "Es que se nos acabó la gallina de los huevos de oro", ¡qué pena! si el presidente fuera Pinocho ya estaría oliendo desde los Pinos el petróleo de Alaska. No se nos acabó ninguna gallina, se la acabaron entre el sindicato petrolero y el gobierno, y además, se acabó para la sociedad, no para la clase política que sigue aferrada a sus privilegios aduciendo que no pueden rebajarse el sueldo o renunciar a él porque las leyes lo prohíben, leyes que hicieron ellos mismos a espaldas de la sociedad.

Disimular los errores pero también distraer de ellos la atención pública aprovechando al máximo las posturas del presidente norteamericano para suscitar el sentimiento patrio, la unidad nacional, el apoyo al presidente Peña, cuando es precisamente el sistema político que él representa lo que ha seguido arruinando el presente y el futuro de los mexicanos.

Esta manipulación no excluye sin embargo la necesidad que tenemos de efectivamente unirnos para combatir primeramente nuestra propia complicidad en la cadena de corrupción que vive la nación, pues si bien es cierto que muchas veces somos víctimas de esta lacra, también lo es que muchas veces nos beneficiamos de ella, situación que vuelve risible cualquier propósito de lucha en favor de un sistema político honesto.

En el entretanto a los partidos políticos les tiene perfectamente sin cuidado el futuro del país, lo único que les interesa es cómo sacar ventaja del actual caos, para obtener votos en las próximas elecciones y seguir manteniendo el esquema colonialista y explotador que vivimos.

Es verdad que México debe jugar con el tiempo, porque el debilitamiento de Trump es real apenas un mes después de haber asumido el poder. Pero también es verdad que su juego es aumentar la polarización en la sociedad estadounidense galvanizando así a su grupo de seguidores, al tiempo que prepara una reforma fiscal que quizás no sirva para fortalecer las finanzas públicas pero que de inicio le puede dar beneficios políticos si le reduce los impuestos a las grandes empresas.

México debe atender todos estos frentes dentro y fuera de nuestras fronteras. Un punto central es controlar la inseguridad y también nuestra propia frontera sur. En la lógica de la seguridad y de la geopolítica regional hay mucho por hacer.

México no puede convertirse en el cancerbero de la frontera sur, pero debemos comprender también que paradójicamente mucha de la violencia que se vive en el país se nutre de ese descontrol y, de la mano con él, de algo que se había logrado encauzar en los últimos tiempos de Obama y que ahora, con el ordenamiento de Trump, seguramente resucitará: el abandono de miles de deportados en la frontera, sin consulta y comunicación, sin siquiera saber su identidad o nacionalidad. Debemos fortalecer instituciones y políticas para garantizar la seguridad de quienes transitan por México pero también nuestras propias fronteras, no es contradictorio.

Porque además existen fuerzas en torno a la nueva Casa Blanca que necesitan un enfrentamiento con México mucho más duro por la sencilla razón de que un enemigo exterior le sirve a Trump. Y más temprano que tarde nos podemos encontrar con una provocación, con un "ataque" o algo similar efectuado por personajes que "cruzaron ilegalmente" por México lo que les daría hilo argumental.

Como presidente, Calderón enfrentó un boicot a los transportes mexicanos en la frontera, en violación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La respuesta, discreta, fue imponer aranceles a casi un centenar de productos exportados por Estados Unidos.

Pero no fue una retaliación general. Calderón reveló -por 1a. vez mencionó la estrategia- que todos esos productos fueron seleccionados en los distritos de los legisladores que apoyaron el boicot a los transportistas mexicanos. El golpe quirúrgico los sacudió y no tardaron mucho en replegarse y permitir que los transportes cruzaran la frontera de Estados Unidos. El diseño de la represalia jugó con las reglas en aquella nación, donde los electores sí juegan un papel decisorio, no sólo en las urnas, sino de presión a sus representantes en el Capitolio cuando se sienten afectados. Golpeando los distritos de los legisladores belicosos, se acabó el diferendo del transporte.

"En lo comercial no estamos mancos", afirmó Calderón. "El tratado puede dar instrumentos de retaliación selectiva de acuerdo con el derecho que eliminen algunos flancos que son el soporte de Trump. Simplemente dejar de importar maíz amarillo para alimento de ganado. Vamos a importarlo de Argentina, de Brasil. Pongamos un arancel selectivo". El gobierno de Peña Nieto no ha estado en esa lógica. Ni en la actitud ni en el discurso ha enfrentado con energía a Trump.

Quien más directo ha sido es el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien deslizó esta semana en una declaración soslayada en la opinión pública, que si no hay TLCAN, como amaga Trump, tampoco deberá haber cooperación en materia de migración y seguridad. Poco se habla de esto, pero desde los noventa, cuando el gobierno de Carlos Salinas puso a los agentes migratorios mexicanos a cerrar las rutas de tráfico humano que les indicaban en Washington, la colaboración entre los 2 países en ese campo ha sido continua. Para Estados Unidos, México es un buffer state, un tapón para reducir la inmigración indocumentada entre el Suchiate y el Istmo de Tehuantepec.

Calderón ha cuestionado el conocimiento de Trump y su equipo sobre el papel que juega México en la seguridad regional. Mencionó, por ejemplo, el papel del Ejército en la disminución del narcotráfico a Estados Unidos por las carreteras mexicanas, y lo que sucedería si dejaran de patrullar. "Sí hay elementos enormemente valiosos para la seguridad nacional de los Estados Unidos", dijo. "No quiero hacer un alegato de que somos tan importantes para ellos, como ellos para nosotros. Lo que no se sabe es que México sí es muy importante para los Estados Unidos".

Calderón recordó 2 momentos en ese campo durante su sexenio. Uno fue haber descubierto de que con nombres falsos se pensaba establecer la familia del dictador depuesto de Libia, Mohammar Gadafi, en México. El otro, cuando descubrieron que un iraní estadounidense había pagado un millón y medio de dólares a Los Zetas para asesinar en Washington al embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, Adel al-Jubeir, actual ministro de Relaciones Exteriores del Reino. Toda esta cooperación bilateral, sugirió, cesaría de darse. ¿Es tiempo de dar un ultimátum al Gobierno de Estados Unidos? "En México tenemos que poner todo sobre la mesa y hacer una negociación sensata en este tema", atajó.

No es fácil. "El presidente de Estados Unidos trae esta actitud abusiva del derecho", recordó. "Cuando hizo un club de golf en Escocia y un vecino se negó a venderle su terreno, Trump le construyó una barda alrededor de su terreno y mandarle la factura de la barda. No ha pagado impuestos en más de una década que es un abuso o un fraude como decimos los abogados". En el caso del muro fronterizo, "en qué cabeza cabe -dijo- que el vecino tenga que pagar su arbitrariedad construida en su propio terreno. El pago del muro es ilegal, injusto y sin fundamento, pero refleja mucho esta actitud arbitraria del derecho del presidente de los Estados Unidos creo que es su perfil más peligroso".

Calderón está por la mano dura sin dar manotazos, pero ni él ni ningún otro ex presidente mexicano que lidió en crisis con Estados Unidos, ha sido consultado sobre qué se podía hacer. Hasta ahora, lo que sí ha hecho Peña Nieto, es actuar como ninguno de sus antecesores lo hizo.

Conforme el "milagro mexicano" comenzó a debilitarse, el sueño americano se fue fortaleciendo cada vez más, particularmente en la 2a. mitad del Siglo XX, cuando las condiciones económicas del país fueron mostrando lo difícil que era, aun trabajando en serio, poder progresar realmente. Cientos de miles de mexicanos huyeron prácticamente de un futuro miserable, huyeron de un país dónde solamente la casta política de 1er. nivel se hacía millonaria cada 3 o 6 años. ¿Y qué llevaban al extranjero? Solamente sus ilusiones, sus ganas de trabajar, porque a veces, no llevaban de esta nación ni siquiera un adecuado bagaje educativo que les permitiera aprovechar las oportunidades que un país desarrollado podía brindarles, de ahí que muchos, luego de años de vivir allá no habían todavía aprendido el idioma, o acabaran dilapidando el fruto de su esfuerzo. Otros, mucho mejor dotados, lograran un verdadero desarrollo en todos los ámbitos; de cualquier modo, todos han contribuido lo mismo al progreso de Estados Unidos, que desde luego, y sobre todo, a la sobrevivencia digna de sus familiares que se quedaron en México esperanzados en las remesas.

Al gobierno mexicano la solución "braceros" le vino muy bien, los liberaba de tensiones sociales, de fuerzas y movimientos que pudieran orillarlos y enfrentarlos con su falta de capacidad y responsabilidad para ofrecer en este país las oportunidades que debía la gente buscar en otro. Fueron muchos años de atenerse a esa fórmula y hasta de sacar provecho de ella, pero nada que efectivamente hicieran para mejorar nuestras condiciones, por eso ahora están aterrados, porque nos están alejando de la "gallina de los huevos de oro", y tal vez por acá no siga habiendo más que "guajolotes".

El centenario de la Constitución de 1917 pasó prácticamente desapercibido. Las autoridades dijeron estar en austeridad, intelectuales y periodistas no parecieron darse mayor cuenta, y desde luego a la sociedad le tuvo sin el menor cuidado.

No considero que la omisión sea fruto de una simple opción por la austeridad, pues hay que ver la cantidad de dinero que se gastaron para confundir a la ciudadanía con el asunto del gasolinazo. Tal vez entonces fue por parte de la autoridad una medida precautoria ¿para qué celebrar un marco legal que a lo largo de cien años no ha sido sino permanentemente atropellado?

Para comenzar tenemos que recordar muy bien que la Constitución de 1917 no la hizo ni la sociedad ni sus representantes, que no los tenía. Fue el fruto de las camarillas carrancistas dominantes en dicho proceso, de un carrancismo que ya entonces se había vuelto sinónimo de robar, en la percepción de la sociedad, y de usurpación traidora desde el punto de vista del movimiento zapatista y del mismo villismo. Los constituyentes por su parte, al menos los más preparados, se asumían como los únicos que sabían que era lo que el pueblo necesitaba y estaban dispuestos a brindárselo fuese o no cierto, les acomodara o no les acomodara.

Ya desde ahí es claro que la sociedad no puede celebrar un código en el cual ni se refleja ni se expresa, pero sobre todo, no puede conmemorar un marco legal que hasta el presente sigue siendo tan terriblemente vulnerable, venal y acomodaticio. Y no es solamente el hecho histórico de que las leyes han sido nada más para quienes no las pueden comprar, sino el dato concreto y contemporáneo de una sociedad expuesta a un doble gobierno, a una doble fuerza armada, a un doble código social, el que ha impuesto la delincuencia.

Pesa también en la conciencia mexicana la conducta desleal y deshonesta de los legisladores, de los jueces ordinarios y la de los de la Suprema Corte de Justicia, todo el tiempo dispuestos de manera cerrada, imperturbable y cínica a seguir haciendo leyes que protejan los privilegios de su clase, sea para gozar de impunidad, sea para otorgarse los desmesurados salarios que se rayan, cada año en aumento, e imposibles de reducir o limitar porque para ello han hecho también otras leyes que lo impiden.

El grave riesgo que enfrentamos es el de la anarquía social, cuando la gente paulatinamente comienza a pensar "si ellos violan las leyes, ¿por qué yo no?" La serie de conductas anómalas de la clase política que aquí podrían elencarse [sic] sería infinita, pero a diferencia de otros tiempos, ahora están a la vista de todos, también a la mano de todos. Con justa razón a la sociedad, dicho centenario le tuvo sin el mayor pendiente, a fin de cuentas no había nada que celebrar, ya que las leyes se hacen para cumplirse, no para festejarse.

Los mexicanos harán bien en no mirar a China, pues eso no haría sino incrementar su frustración al comparar aquel extraordinario país con nuestras endémicas y epidémicas frustraciones.

Prácticamente al mismo tiempo China y México entraron en procesos revolucionarios con el fin de derrocar regímenes obsoletos. En el país asiático la turbulencia se extendió por mucho más tiempo, pero 100 años después resulta que China ha vuelto a ser una gran potencia mundial, y México sigue hundido en la impotencia. En otras palabras, los regímenes emanados de dichas revoluciones fueron de un talante bastante distinto.

China en los últimos 50 años ha sostenido un proyecto de crecimiento y desarrollo cada vez más atingente, de mirada originalmente local, luego regional, después continental y ahora de impacto global. Nada que ver con la mirada miope y bizca de nuestros gobernantes que solamente han visto hacia el norte y no precisamente para el bien de la nación.

El empresariado mexicano tradicional consideró y sigue considerando que la cercanía fronteriza, léase Estados Unidos, es una ventaja incomparable e insustituible. Para China no ha habido frontera lejana, el mundo es su frontera cercana, incomparable e insustituible, y gracias a esa visión hoy día controla puertos de la mayor importancia en los cinco continentes del planeta.

En el justamente llamado "gigante asiático" la burocracia es densa, pesada y no exenta de corrupción, pero allá el que la hace la paga y la paga incluso con pena de muerte. Por otra parte, en gracia de su sistema no tiran toneladas de dinero en recurrentes campañas de partidos políticos que solamente sirven para turnar beneficiarios en ese baile de la silla que cada 3 y 6 años ocurre en México. Por si fuera poco, el porcentaje de funcionarios chinos ineptos en cargo es verdaderamente insignificante, justo lo contrario a lo que sucede en nuestro país.

No ignoro todo cuanto hoy día se dice acerca de las graves afectaciones que el mercado chino ha producido en diversos ramos productivos mexicanos así como de la calidad deficiente o muy breve de muchos de sus productos, pero ¿acaso China, su mercado y sus productos entran a México sin la connivencia de ciudadanos y autoridades nacionales?

Finalmente debemos considerar que en efecto China sí es una amenaza, pero sobre todo lo es para los gobiernos mediocres que comparados con los grandes logros alcanzados por las autoridades chinas, en tan poco tiempo y con tan pocos discursos, pueden tambalearse y hasta caer.

En México la pobreza sigue creciendo, la desigualdad galopa y los mecanismos económicos para lograr la equidad se desvanecen. Por si fuera poco, la seguridad se evapora, la justicia se pandea porque no es ni ciega ni imparcial. Y la corrupción, que podría haberse frenado en este sexenio logrando llevarse el galardón, sigue desbocada de arriba hacia abajo, minando toda posibilidad de integridad y de confianza.

Creo que es urgente que en este país recuperemos el juarismo no sólo en lo que respecta al ejercicio del derecho, sino también en la ética republicana. ¿En qué momento perdimos la noción de medianía para los servidores públicos? ¿Cómo logramos corromper la noción de servicio público de tal manera que hoy nadie crea que se puede vivir con dignidad? No es una cuestión sólo de la clase política. Los ciudadanos tampoco creemos que pueda existir un servidor público que sea decente (ya hay muchos más de los que nos imaginamos); lo vemos como una contradicción de términos.

Hoy más que nunca la política mexicana está urgida de una ética del poder, de un para qué del servicio público, que parece haberse extraviado en el camino. Bajemos a Juárez de los altares y los monumentos y recuperemos al ser humano de carne y hueso, ese que se la rifaba por su país todos los días porque, con todas sus virtudes y defectos, tenía claro cuál es el papel del servidor púbico. Sustituyamos las frases de bronce que pululan por todos los edificios públicos del país, sean congresos, palacios municipales o escuelas, por simples y sencillos principios de la deontología del poder.

No hay forma de cubrir con miel la molestia de las fuerzas armadas con los políticos. Tampoco se puede esconder la necesidad del presidente Enrique Peña Nieto por acariciar su piel y colocar lo único que puede, un bálsamo a las profundas heridas que su gobierno les ha infligido. Lo intentó este martes en un evento sin precedente en el Campo Militar Número 1, donde acicaló con su trato a cientos de soldados, marinos y sus familias, que fue replicado por circuito cerrado de televisión en las 64 Zonas Militares. Un acto que comenzó frío se tornó cálido cuando Peña Nieto rompió con el protocolo y caminó entre todos, desplegando lo que mejor tiene, su calidez cuando achica distancias y se relaciona sin muros, que es lo que más ha abandonado durante su sexenio. Insólito y extraordinario, fueron algunos de los calificativos con que la prensa coloreó el evento. Tan insólito y extraordinario como la molestia acumulada por años de estar supliendo a policías en las calles y carreteras mexicanas, por las fuerzas armadas.

Durante 3 años el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, se tragó las presiones de los oficiales y los generales retirados por la forma como el gobierno los utilizaba en la guerra contra las bandas criminales, pero no les daba una protección jurídica. El caso extremo, que generó una pequeña crisis dentro del gabinete, fue cuando el entonces procurador generas Jesús Murillo Karam, dijo que los soldados habían realizado una "matanza" en Tlatlaya, en 2015, donde murieron 22 civiles y un militar. Gradualmente el general Cienfuegos y el secretario de la Marina, Francisco Vidal Soberón, elevaron el tono de su discurso ante el abandono del gobierno en la arena pública y comenzaron a criticar veladamente la política de seguridad federal y la debilidad de las instituciones civiles.

El 28 de marzo, después del asesinado de los periodistas; de la decisión del juez veracruzano en el caso Porkys; del hallazgo de miles y miles de restos en fosas clandestinas de ese estado; del chiquero partidista que no cesa y después de las fugas de los 2 exgobernadores Duarte y de las noticias sobre sus redes de complicidad, el Presidente de México dice que todo está bien. Que todo marcha sobre ruedas: educación, lucha contra la desigualdad, crecimiento económico y paz y tranquilidad. Es ofensivo.

Porque, en 1er. lugar, habla de ficciones. Lo que dice que está casi resuelto no cubre a la mayoría en México (educación, salud, vivienda, alimentación) y para quienes hablamos de crisis, no sólo económica (política, social, cultural, de identidad, de autoridad), el mensaje es también, ofensivo: "Quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis, crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes, porque no es lo que está pasando".

¿Lo bueno cuenta? No lo suficiente para obviar la información difundida ayer con relación al trabajo de la Secretaría de la Función Pública: De 2006 a 2017, la dependencia presentó 27,876 denuncias penales pero sólo emitió 4,015 sanciones contra funcionarios de la administración federal por corrupción: abuso de poder, nepotismo, influyentismo, desvío de recursos, robo, fraude y otras linduras por el estilo. Pero... para el Presidente todo está bien.

Tampoco mancha el panorama presidencial color de rosa la detención en Estados Unidos de quien fuera fiscal del Estado de Nayarit y la cloaca que con tal arresto se destapó.

Uno de los síntomas más peculiares de estos tiempos, entre los muchos problemas que tiene México, es el cariz con el que las llamadas Organizaciones de la Sociedad Civil u Organizaciones No Gubernamentales se están comportando. Hoy, a diferencia de hace apenas 15 años, existe un nutrido número de ellas. Ya maduraron. En sus filas hay decenas de personas con licenciaturas en las mejores universidades, que después fueron becados para obtener alguna maestría o doctorado en el Reino Unido, Alemania o Estados Unidos. Es gente bien preparada. Pero frustrada.

Varias de estas ONGs reciben fondeo empresarial (supieron vender bien sus ideas a la gente rica); algunas son más académicas que otras; una que otra tiene vínculos con organismos internacionales con los que se hacen eco afuera del país.

Pero lo que se está convirtiendo en una constante es su tono de denuncia y sus juicios flamígeros contra el gobierno. Varias de estas organizaciones se han creído el cuento de que representan a la sociedad, y han pasado de hacer buenos diagnósticos sobre las necesidades del país, a verdaderos inquisidores de todo lo que huela a servidor público.

Varias de estas organizaciones son ya muy predecibles por las siguientes características: (1) cuentan con espacios en la radio y en la TV; (2) sus analistas son vistos por algunos periodistas como celebridades; (3) entremezclan lenguaje técnico con palabras coloquiales, para legitimarse; (4) firman desplegados conjuntamente una o dos veces al año, para arroparse; (5) se 'suben' a la discusión de causas muy mediáticas -como la corrupción o la impunidad-; y (6), más peligroso, se están alineando notoriamente a la izquierda.

El hecho de que las ONGs tomen ese partido no es lo más sano del mundo. Pero efectivamente ocurre. Están violentando su vocación inicial y se están decantando hacia un modelo alternativo.

Afortunadamente muchos empresarios ya se dieron cuenta de esto, y no les gusta. La gente de dinero piensa que una cosa es que algunos académicos sean muy inteligentes para diagnosticar las carencias del país, y otra muy distinta que reprueben todo el camino andado y que hagan creer que todo el modelo de país debe modificarse.

Ya se dice en los corrillos que varios integrantes de estas ONGs están 'rumiando su frustración': Traumados porque nunca gobernaron, atraviesan la 5a. década se su vida. Ahora, arropados en su intelecto, les renace el espíritu revolucionario.

México sería un 18% más rico sin violencia. Casi la mitad de este daño económico tiene que ver con lo que los técnicos del Instituto para la Economía y la Paz califican como "delitos violentos": robos, asaltos y secuestros, según el índice anual presentado el pasado martes por el "think tank", uno de los más potentes del mundo en la materia. Pese a que la incidencia de estos crímenes se redujo ligeramente el año pasado, sigue siendo, por mucho, la principal causa de quebrantos económicos derivados de la violencia.

Los homicidios acarrearon, por su parte, un coste económico de casi un billón de pesos en 2016: en ese rubro, los firmantes de la investigación incluyen desde el coste directo que supone la muerte violenta de una persona para su familia hasta la caída de productividad asociada a la muerte de un trabajador en activo. En suma, delitos violentos y homicidios suponen casi el 80% de las pérdidas asociadas a la violencia; el resto tiene que ver con el gasto público destinado a contener la criminalidad, el miedo enraizado en la sociedad o el coste de la seguridad privada.

Casi la quinta parte del PIB: esa es la magnitud económica de la violencia en México. En 2016, tras una década de guerra contra el narco, este índice de paz se deterioró un 4.3% y su recaída ha tenido un coste directo para la economía del país norteamericano. El estudio tiene en cuenta el número de homicidios, asaltos, secuestros, violaciones, extorsiones y robos por cada 100,000 habitantes, así como el volumen de personas en prisión sin una sentencia judicial que justifique su encarcelamiento.

Como en 2015, los empresarios mexicanos siguen identificando la inseguridad como la mayor preocupación para sus cuentas de resultados, a mucha distancia de la fiscalidad, la corrupción o el bajo nivel de poder adquisitivo de la población. El porqué de su temor también está en cifras: una de cada 3 empresas establecidas en México sufrió al menos un delito. Esta criminalidad sobre las propias compañías supone la mitad del coste empresarial derivado de la violencia (equivalente al 1% del PIB); la otra mitad está vinculada con las medidas que tienen que tomar para protegerse de la violencia.

Las cifras varían ampliamente entre estados: de Yucatán, el más pacífico del país en 12 de los últimos 14 años, a Guerrero, el más violento, hay un abismo que, lejos de cerrarse, tiende a ampliarse año tras año. En el 1o., el coste económico de la violencia ascendió a 14,600 pesos (780 dólares) por persona, muy por debajo de la media nacional (algo más de 25,000 pesos o 1,330 dólares). En el 2o., esta lacra costó 53,600 pesos (2,850 dólares) por habitante, una cifra enorme más aún si se tiene en cuenta que se trata de una de las regiones más pobres del país.

Las grandes calamidades que aquejan a México se desgranan como granos de mazorcas de maíz, invaden las redes sociales ocupando los espacios; pasan de moda y van desfilando ante nuestra alarma que, una vez que pasan, se vuelve indiferencia.

No es por falta de leyes que no se resuelven, es por falta de gobernantes que las hagan cumplir. Me viene a la memoria esta frase célebre: “Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene". (Cayo Cornelio Tácito, 56-117 d.c.). En México tenemos alrededor de 300 leyes federales vigentes, hay leyes para todo.

Entre nuestras múltiples desgracias sobresalen por su importancia: la delincuencia, la corrupción y la pobreza; las demás son parte o consecuencia de estas calamidades, como la ignorancia, la devaluación, la emigración, la impunidad, los desparecidos, las fosas clandestinas, la drogadicción, la banca usurera, el robo de gasolina, los secuestros, los robos a negocios y casa habitación; los asaltos a bancos, a cajeros automáticos y a cuentahabientes y la Reforma Educativa que está empantanada.

Especial lugar tienen las cuantiosas deudas del sector público que siempre gasta más de lo que recauda; los préstamos son los peores enemigos de una economía sana, tanto por el mal destino que se les da, como por el lastre que dejan a las futuras generaciones que se verán limitadas por que, antes que disponer del dinero para hacer obras, primero se pagan sus súper sueldos, luego el servicio de la deuda que incluye pagos del capital, de intereses y de comisiones y penalidades por renovación de las deudas, porque no disminuyen, siempre van en aumento.

La mala práctica de pedir prestado no es privativa del gobierno federal, también los estados, los municipios, las empresas de participación estatal y los organismos públicos descentralizados; Pemex está técnica y financieramente quebrado, la CFE está sobreendeudada, el IMSS tiene que ser subsidiado porque las cuotas que cobra son insuficientes para cubrir su presupuesto y lo mismo sucede con el ISSSTE.

Algunas de estas calamidades son mencionadas en época de elecciones para prometer soluciones ofreciendo recortes presupuestales y reducción de sueldos que nunca se cumplen, o se hacen parcialmente para justificarse, pero no en la medida en que se anunciaron. Todos los partidos políticos nos han fallado por igual.

Ha ocurrido con la corrupción, pero también con la economía y con la seguridad. Desde el año 2000 (con sus primeros síntomas en 1997, cuando el PRI perdió por 1a. vez la mayoría en el congreso, como bien apunta María Amparo Casar), los gobernadores se encontraron con un poder ejecutivo federal cada vez más atado a controles políticos y legales, con menos recursos y atribuciones reales, con un cngreso en el que fue imposible imponer una agenda viable durante años, mientras los propios gobernadores no tenían ninguna de esas limitaciones.

El diseño político del país, en forma errada y sólo en ocasiones inconsciente, fue creando un sistema donde el peso del ejecutivo federal se iba diluyendo sin poder imponer en los estados los mismos contrapesos y controles que a nivel central. Los gobernadores se convirtieron en una suerte de señores feudales de sus entidades, independientemente de la alternancia. No importaba el partido que alcanzara el poder local: el gobernador no tenía que rendir cuentas a casi nadie, sobre todo si tenía control sobre el congreso local que aprobaba sus cuentas. El peso y el control que el Presidente de la República, con todo lo bueno y malo que eso implicaba, tenía sobre los gobernadores se perdió, como se perdió en ocasiones incluso el respeto de los gobiernos locales respecto al federal. Carlos Salinas de Gortari removió a 14 gobernadores y otros 3 gobernadores electos no llegaron a asumir sus cargos. Ernesto Zedillo, en la 1a. mitad de su mandato removió a 6, cuando perdió la mayoría ya a ninguno. No hubo ese tipo de movimientos (entendidos como remociones por causas políticas o de seguridad, no por su incorporación al gabinete) con Fox o Felipe Calderón. Salvo el de Ángel Aguirre, tampoco con Peña Nieto.

De allí, y del sentido de impunidad que eso generaba, surgieron 2 grandes corrientes de corrupción gubernamental: los gobernadores que terminaron, de una u otra forma, protegiendo e incluso trabajando con el narcotráfico, y los que se dedicaron a saquear recursos públicos. Como decíamos ayer, Tomás Yarrington es el paradigma reciente de los primeros (antes lo fue Mario Villanueva o el michoacano Jesús Reyna) y Javier Duarte (acompañado de Guillermo Padrés, Andrés Granier y muy pronto por César Duarte) de los segundos.

Esa corrupción e impunidad se pudo dar porque los gobernadores (y sus partidos, porque todos, sin excepción, se beneficiaban de ese modelo) no aprobaron mecanismos que pusieran límites similares a los que se le impusieron al gobierno federal. Por eso la mayoría de los gobiernos estatales pudieron adquirir enormes deudas (recuerdo que cuando era gobernador electo un grupo de periodistas le preguntamos a Javier Duarte qué haría con la deuda que había heredado del gobierno de Fidel Herrera: "patear el bote, mandarla hacia adelante" fue la respuesta del Javier Duarte) y no tuvieron control sobre los recursos presupuestales, cada vez mayores, que les llegaban del ámbito federal, incluso con temas tan sensibles como la educación, la salud y la seguridad.

¿Por qué han pasado 3 sexenios y no tenemos una ley de seguridad interior y todo indica que tampoco la tendremos en lo que resta de este periodo ordinario? ¿por qué han pasado 2 sexenios y no se logra sacar una ley de nuevo modelo policial, con mando único y con estructura homogénea en los estados? Simplemente porque a la mayoría de los poderes públicos y fácticos en los estados no les conviene. Los estados y municipios reciben miles de millones de pesos, antes con el llamado Subsemun y ahora con una partida que se llama Fortaseg, desde el 2006 para fortalecer la seguridad pública, crear sus nuevas policías y de esa manera hacerse cargo gradualmente de las demandas de seguridad de sus entidades. En la medida en que ha aumentado la inseguridad y la violencia, las partidas también han crecido, pero salvo alguna honrosa excepción, los estados no han invertido en una policía eficiente.

Cuando las cosas comienzan a salirse de cauce demandan la intervención de las fuerzas armadas, pero tampoco quieren otorgarle a éstas el marco jurídico necesario para operar con certidumbre porque eso les pondría límites a los estados. Al mismo tiempo tampoco aprueban un marco legal que obligue a los estados a crear sus propias policías, homogéneas y con mando único. Por esos agujeros negros desaparecen los recursos públicos, porque no hay normas que limiten y controlen su utilización. Por esos agujeros negros se dan las complicidades del poder con el crimen organizado.

Es un crimen político, pero le hemos quitado poder al gobierno y a las instituciones federales hasta desfigurarlas, al mismo tiempo que, hasta hace muy poco, a los gobiernos locales se les permitió operar con normas laxas y controles por lo menos endebles.

Luego de recorrer todo el país, el presidente de conocido partido no cesa de declarar a través de los medios, haber descubierto que lo que todos los mexicanos desean es tener un país unido y en paz; bueno, México ya se está uniendo pero justamente contra el gobierno y sus partidos, principales responsables de su ruina, en cuanto a la paz, no vendrá en tanto no haya justicia, seguridad e igualdad de oportunidades para todos, así que dejémonos de falacias.

Sin una geografía tan clasistamente dividida como en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, en México se juntan los desconectados del progreso con las grandes zonas electorales, en las comunidades rurales, y también regiones enteras como el sur del país, donde el avance de Morena, el partido fundado por López Obrador, ha crecido de manera significativa en sus menos de 2 años de existencia. Las grandes dificultades para llevar el progreso al sur de México, a través del ambicioso programa de Zonas Económicas Especiales, revela a un México de 2a. clase donde el mundo globalizado no quiere invertir.

[A López] lo impulsa el discurso oficial que admite la derrota ante la sociedad y que hasta ahora, no se ha dado cuenta que la claudicación al debate de las ideas por la vía de la tozudez del mensaje anclado en una narrativa perdedora donde el bienestar se plantea como hipótesis para el futuro, allana el camino para quien menos quisieran ver gobernando al país.

En la mayor parte del país las encuestas muestran que la población refiere que el problema número 1 no es el económico sino el de seguridad.

De hecho, esta percepción aparece también entre los especialistas en economía.

El sondeo que publicó ayer el Banco de México indica que entre los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico aparecen en el número 1 los problemas de inseguridad pública, por 1a. vez desde 2015.

Quizá cambios positivos en materia de inseguridad tendrían más impacto sobre las intenciones de voto que los que estamos viendo en el comportamiento de la economía.

¿Qué partido o partidos son afectados por los temas económicos y la inseguridad?

En general, los más afectados son los partidos en el gobierno, a escala federal cuando hay elecciones nacionales, o estatal cuando cambian los gobiernos locales.

Las políticas públicas de los gobiernos del PRI y del PAN han sido muy similares en las últimas décadas. Los 2 han impulsado medidas que podríamos caracterizar de liberalismo social, para emplear el término de Carlos Salinas de Gortari.

Luis Echeverría y José López Portillo fueron los últimos presidentes dentro del viejo nacionalismo revolucionario del PRI, en un momento en que el propio López Obrador era miembro orgulloso de ese partido. Miguel de la Madrid empezó el camino hacia una política más liberal, al reducir el déficit de presupuesto, incorporar a México al GATT y comenzar las privatizaciones de empresas estatales. Salinas firmó el Tratado de Libre Comercio, privatizó a empresas importantes como Telmex y equilibró las finanzas públicas.

Ernesto Zedillo buscó hacer una serie de reformas estructurales, entre ellas la energética, pero el PAN y el PRD se opusieron. Vicente Fox, el 1er. presidente surgido del PAN, quiso hacer las mismas reformas, incluida la energética, pero el PRI y el PRD lo impidieron. Felipe Calderón, el 2o. presidente panista, trató de hacer nuevamente las reformas, pero una vez más enfrentó la resistencia del PRI y del PRD. Tuvo que llegar el priista Enrique Peña Nieto para lograr varias de estas reformas, entre ellas la energética, con el apoyo del PAN y del PRD.

A pesar de provenir de partidos diferentes, los últimos gobiernos han tenido una misma lógica política. El cambio de las pensiones a un sistema de cuentas individuales es ejemplo de un proceso en el que gobernantes priistas y panistas vieron en la misma dirección.

Hoy López Obrador está en 1er. lugar en las encuestas para 2018. Su estrategia de cuestionar al PRIAN le ha funcionado. Pero el panorama podría cambiar si esa entelequia se convirtiera en una realidad: si el PRI y el PAN pudieran realmente lanzar a un candidato conjunto que defendiera un liberalismo social.

Cuando nos damos cuenta de que la violencia va de la mano con el crimen organizado (contrabando de armas, tráfico de drogas, cobro de "derecho de piso", venta de combustible robado, extorsiones, secuentros, etc.) que goza de ostentosa impunidad, no queda otra que pensar que son las propias autoridades y líderes gremiales o regionales quienes están involucrados y solapan este tipo de actividades.

Ya sea en las fronteras con el tráfico de armas y drogas, en las carreteras con el movimiento de mercancías y unidades robadas, en las instalaciones petroleras y ductos que transportan sus productos e incluso en los puntos de venta de mercancía ilegal, invariablemente hay presencia de funcionarios gubernamentales, ya sean vistas aduanales, policías federales, estatales o municipales, pero curiosamente nadie ve lo que pasa.

Esto de lo que nos hemos quejado durante años ha llegado a un nivel insostenible pues ahora sí, ninguno de los partidos que han gobernado al país podrá sostenerse en el poder a menos que se tomen medidas radicales que modifique este fenómeno, el más preocupante a nivel nacional.

Tristemente, el sistema está tan corrompido que hasta las campañas y los candidatos se pueden comprar. A quienes se dedican a esas actividades les sobra el dinero y el plomo, así que no se ve cómo esto pueda cambiar.

El país se les fue de las manos... y no tenemos otro.

Las víctimas de la crisis son los mexicanos más pobres. Aquellos que se unen al Ejército en busca de un mejor futuro y aquellos que piensan en el crimen organizado como su boleto de salida.

Mal se había difundido el informe anual del -prestigioso, según dicen los entendidos- International Institute for Strategic Studies de Londres, en el sentido de que México, después de Siria, fue el 2o. país más violento del mundo en 2016, cuando, desde las esferas oficiales, hubo reacciones. De malestar algunas; de franca indignación otras...

Si el reporte referido demuestra que los niveles de violencia en el país permiten hacer extensivo a todo el país, en pleno siglo XXI, lo que las coplas de José Alfredo Jiménez, en otro tiempo, limitaban al Estado de Guanajuato ("No vale nada la vida; la vida no vale nada"), se comprende que los responsables de hacer cumplir las normas de convivencia social en el país se espanten ante el alarmante reporte.

Lo curioso, sin embargo, fue que la indignación tenía poco que ver con el informe mismo. El enojo, se aclaró enseguida, aludía a la metodología… "poco convincente" desde la perspectiva de quienes la objetaron de inmediato. Como hay indicios de que en Iraq, Afganistán, Venezuela, Brasil y algunos países de América Central el índice de muertes violentas por cada 100,000 habitantes -para no cometer el error de utilizar números absolutos- es superior al que se registra en México, la conclusión sería que México, después de todo, no está tan mal como una lectura simplista del reporte invitaría a suponer.

La violencia campea por el país. Las ejecuciones extrajudiciales son el pan nuestro de cada día. La corrupción de la clase gobernante, ídem. La impunidad, la característica más acentuada de la pretendida administración de la justicia... Pero que por ahí se ande diciendo que México es el 2o. país más violento del mundo -siendo, cuando mucho, el décimo- indigna, escandaliza y ofende.

No faltaba más...

Viajo por el país, a cada rato, por los más diversos motivos, y escucho, a donde voy, una misma serie de interrogantes: ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento se nos fue el país? ¿Cómo pudimos permitir esto?

Criminalidad, violencia, crimen organizado, corrupción, complicidad, pérdida de valores, descomposición social, estancamiento económico. Crisis, crisis, crisis tan lejos como alcanza la vista, tan cerca como se estira la mano, ahí está, ahí se percibe y no, no está en nuestras mentes, pero lamentablemente sí está en nuestro ánimo, en nuestro espíritu.

Me llama la atención (no diré que me asombra porque hay cosas que trístemente tiene uno que dar por hecho) la enorme desconexión entre el sentir social por un lado y el hablar y accionar de las élites políticas y empresariales.

Pero así como ellos están desconectados, desfasados, el resto de los ciudadanos no anda mucho mejor. Cada quien escoge a sus héroes y villanos, y no hay narrativa, no hay hecho contundente, que los saque de su caracterización, o mejor dicho de su caricaturización. Contrario a la más elemental lógica, cada quien acomoda las cosas para que se acomoden a su propia perspectiva.

Un buen ejemplo es el muy actual asunto del robo de combustible. A lo largo de muchos años, lo que era originalmente una operación hormiga se ha tornado en la marcha de los elefantes: las dimensiones del robo superan con mucho lo que en cualquier país mínimamente ordenado sería posible. A diferencia del narcotráfico, todo esto sucede a plena vista, en ductos perfectamente ubicados, con clientes altamente visibles, con la omisión o la franca complicidad de autoridades de todo nivel.

Y claro, en cuanto literalmente estalla el asunto, se politiza: el gobernador tal o cual, el partido equis o zeta, pero convenientemente se olvida que esto se ha dado en diferentes sexenios, en diferentes administraciones de Pemex, que los clientes no son solo pobladores de bajos ingresos, sino también empresarios gasolineros y grandes compañías que se aprovechan.

Podemos también hablar del combate al crimen organizado en su más amplia acepción. Y nos topamos con que lo fácil es descalificar la labor de las fuerzas armadas, pero nadie propone más allá de la retórica fácil y simplista. Y nadie, desde hace décadas, se ha ocupado en serio de formar, entrenar, equipar a policías estatales, a Ministerios Públicos, a jueces y funcionarios del sistema judicial.

Estamos ya en los finales de la 2a. década del nuevo milenio. Hace cuando menos 30, si no es que 40 años, que sabemos quién es el enemigo, de que tamaño son su alcance y poderío. Y más allá de lo que opinemos acerca de la legalización de las drogas, el hecho es que hemos permitido el surgimiento y consolidación de un poder alternativo al del Estado.

Ante la barbaridad que eso implica, ante el suicidio colectivo que significa permitirlo, nadie hace nada de consecuencia. El tren sin control sigue su marcha y los pasajeros discuten y se quejan del servicio y de la vista.

Mientras tanto, el precipicio, inamovible, nos aguarda.

La Federación Internacional de Periodistas asegura que el nuestro es el 3er. país del mundo más peligroso para ser periodista y que en la región de América Latina tenemos el nada honroso 1er. lugar. Nunca como hasta ahora la pregunta "¿cuántos más?" resuena con tanta fuerza. Y lo más indignante es que esto sea visto por muchos como algo comprensible, relacionado con la denuncia o con meterse donde no se debe. Nadie debe morir en México como consecuencia de un Estado que nos falla.

El estimado del costo de la corrupción que hizo Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, aclarando que es muy difícil medirla por los altos niveles de sofisticación que han encontrado los gobernantes para hacerse ilegalmente de recursos públicos, y a que en nuestro país este tema de la corrupción parece empezar a convertirse en toda una cultura que involucra cada día a más empresarios y comerciantes que buscan la forma de hacer negocios con autoridades de todo nivel porque vía sobreprecios y moches dejan jugosas ganancias aún desquitando el porcentaje que se lleva el funcionario público. Las estimaciones de de Hoyos hablan de un equivalente entre el 8 y el 10% del PIB como costo de la corrupción, entrando así en una de esas cifras fantásticas casi imposible de imaginar por su tamaño que serían alrededor de 400,000 millones de pesos al año. Cifra increíble que va a parar a bolsillos de políticos y empresarios corruptos.

A propósito del 25 aniversario de SEDESOL, ese ambicioso proyecto de Salinas de Gortari para combatir la pobreza y que nos ha costado más de 1"500,000 millones de pesos, es que no se ha logrado reducir el porcentaje de mexicanos pobres: al igual que hace un cuarto de siglo, 53% de nuestros paisanos sobreviven con ingresos en calidad de pobreza. Más de la mitad de la población.

Algo debe andar muy mal entre nosotros para que tengamos una clase política que legal o ilegalmente vive de nuestros impuestos y sin cumplir con una de las funciones básicas de un Estado que es la de mejorar los niveles de bienestar de su población.

Personalmente sigo sin entender cómo cualquier funcionario que viva del presupuesto, o sus cómplices del sector privado que se enriquecen gracias a la corrupción, pueden dormir tranquilos a sabiendas que por cada uno de ellos hay por lo menos un mexicano que vive en tremendas condiciones de pobreza.

Desde mayo de 2015 el presidente Peña Nieto anunció en tono convincente, como el que acostumbra, que ahora sí, se combatirá la corrupción con mejores armas y para el efecto emitió el decreto que creó el Sistema Nacional Anticorrupción.

La corrupción sucede a través de redes integradas por servidores públicos y en connivencia de particulares, empresas y empresarios deshonestos, sindicatos, partidos políticos y poderes fácticos. Redes que se organizan para obtener beneficios personales utilizando los privilegios de las atribuciones y el indebido manejo de los recursos públicos ocasionando daños al país que se estiman en 5% del PIB, esto es, aproximadamente 238,000 millones de pesos anuales.

La corrupción es un fenómeno mundial, inherente a la condición humana, para combatirla se tiene que atacar desde sus raíces; desde la educación primaria que es en donde se le debe inculcar a la niñez el sentimiento de la honradez, se les debe hacer distinguir entre el bien y el mal; se les debe adoctrinar en el humanismo, que es la doctrina que mejor orienta y señala el camino del bien. Nos explica que debemos seguir ciertas normas de conducta, de convivencia humana, no por temor a un castigo, sino porque si cometemos un delito y no nos descubren, no es menos punible que si nos atrapan. Se debe obrar bien esperando que los demás lo hagan también y denunciar a quien viole las reglas más elementales de la convivencia humana: "no hagas a otros lo que no quieras para ti".

40 organizaciones académicas y sociales suscribieron un manifiesto anticorrupción para comenzar a atajar este fenómeno que se ha venido recrudeciendo con el tiempo, dañando nuestra economía y ha profundizado la brecha de la desigualdad social; la violencia se ha recrudecido, los robos, asaltos, asesinatos, desapariciones se van incrementando en una tendencia pavorosa, dando como consecuencia la falta de credibilidad en las instituciones, al grado de que se sospecha que autoridades y delincuentes son lo mismo nomás con distinto uniforme, gracias a la corrupción.

Una buena parte del desastre, de la crisis nacional, está en la transformación de las conductas originales de los mexicanos. En términos generales antes se mantenía una convivencia solidaria, amable: hoy estamos convertidos en una nación con segmentos de la población con una muy mala entraña. Hay una vocación por la violencia abierta, a sabiendas de que existe una gran impunidad. Hoy hay una generación de niños, adolescentes y jóvenes que están creciendo bajo la narrativa de la violencia desbordada. Viven sabiendo de secuestros, de decapitaciones, tortura, de violencia extrema. Es una semilla, una planta que va creciendo que nos va a costar mucho erradicar esta proclividad a la violencia que se ha instalado en México.

Luego de las elecciones del domingo pasado en México, podríamos decir que la fragmentación política es un signo de nuestros tiempos. En el caso mexicano, la desintegración no obedece a una adecuación del sistema de partidos a la heterogeneidad social. Es decir, la pulverización de las preferencias políticas no es consecuencia de una transformación de las ideologías del país. Por el contrario, es el espejo de rupturas en la élite política misma. Si la transición a la democracia fue un pacto entre élites, el actual contexto político se explica por la ruptura al interior de la cúspide política.

En México existen 3 grandes polos políticos. El 1o., el nacionalista revolucionario. Que, citando a Juan Linz, "es más una mentalidad que una ideología". Hegemónico por décadas en el PRI y en la izquierda. Ese polo es compartido por una parte del PRI, excluida de la actual dirigencia tecnocrática, un segmento amplio del perredismo y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En ambos partidos, tanto en el PRD como en Morena, el nacionalismo revolucionario supera a las tendencias que se alinean con una visión más de izquierda clásica. El 2o. polo, es el centro-derecha tecnocrático que se divide entre las élites del PRI y un importante segmento de liderazgos en Acción Nacional. Por ello, el discurso de las reformas estructurales siempre fue un consenso entre ambos partidos políticos.

Y el 3er. polo, es el conservador. Un eje ideológico que tiene mucha fuerza en el PAN, en segmentos del PRI, pero también en Morena. Lo vemos en los debates sobre los temas morales. Ideologías como el liberalismo clásico, en toda su extensión de la palabra, o la socialdemocracia, son minoritarias tanto a izquierda como a derecha del cartesiano político en México. Si nos fijamos, la fragmentación mexicana obedece a la división de estos polos políticos que explican la política mexicana desde los 80.

Si hacemos un promedio de lo que marcan las encuestas rumbo a 2018, veremos que la fragmentación difícilmente trastoca los equilibrios entre los polos. Si hacemos un comparativo con las preferencias electorales luego de la elección al Estado de México en 2011 y las actuales, se pone de manifiesto que el bloque Morena-PRD suma 33% (7 puntos más); el PRI 21 puntos (17 menos); y el PAN 28 (9 puntos más). La implosión del PRI explica el fortalecimiento de sus rivales. Una parte del votante priista se movió hacia López Obrador en busca de opciones más cercanas al nacionalismo revolucionario histórico. Otra parte, también relevante, la más cercana a la tecnócrata de centro-derecha, opta por el PAN rumbo a 2018. Por lo tanto, a diferencia de 2006, cuando el enfrentamiento izquierda/derecha marcó los comicios, hoy la fragmentación invita a alianzas de otra índole.

Una de las lecciones del Estado de México es: nadie puede solo. Como sucede en otras experiencias electorales, en México la fragmentación política empuja a una 1a. vuelta electoral para formar coaliciones y una 2a. vuelta en donde el ciudadano termine eligiendo por bloques o polos, más que por partidos.

En el Estado de México pasó algo que no habíamos visto con tal claridad: el voto antipriista compitió con un voto antimorenista. Es una torpeza leer los resultados sólo en función de las alianzas que faltaron, pues todo indica que sacar al PRI del gobierno no era bandera suficiente. Por eso el voto no se volcó mayoritariamente hacia la opción competitiva, que era la de la candidata Delfina Gómez.

¿Por qué no sucedió eso? Porque aunque una parte del electorado está en contra del PRI, hay otra que está en contra de Morena.

Hoy, el priismo tiene un respiro nacional, el antipriismo compite con el antimorenismo.

El domingo por la noche, en el instante en que el Instituto Electoral del Estado de México anunció que el conteo rápido favorecía al candidato del PRI, Alfredo Del Mazo, el dólar bajó 30 centavos. Con la fiereza con la que reaccionan los mercados internacionales, en unos minutos el peso se fortaleció frente a la moneda estadounidense.

El lunes fue el 2o. acto. Desde la mañana empezó a suceder algo inesperado por las autoridades financieras: 10,000 millones de dólares se repatriaron en una sola jornada de operaciones de dinero. Es una cantidad enorme de recursos. Era dinero que había salido del país por diversas razones y cuyos dueños parece que estaban esperando el resultado electoral del domingo para aprovechar el programa de estímulos fiscales para la repatriación de capitales que echó a andar la Secretaría de Hacienda hace unos meses para contener la inestabilidad generada por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

La caída del dólar y el regreso de las inversiones responde a una sola lectura: Andrés Manuel López Obrador no ganó en el Estado de México.

Centrémonos en el mensaje que están mandando los mercados financieros de México y el mundo.

El mensaje es que López Obrador les genera incertidumbre. Y no es porque festejen la gestión de Peña Nieto (si bien las reformas estructurales han sido aplaudidas, la situación de Pemex y el endeudamiento oficial han sido objeto de airados reclamos y hasta bajas en la calificación crediticia) sino porque el dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional no ha sabido mandar señales de certeza sobre cuál sería su manejo de la economía.

No creo que tenga que ver con los esfuerzos que hacen platicando con inversionistas algunos de sus allegados -como el empresario Alfonso Romo y el senador Mario Delgado- sino con la personalidad de Andrés Manuel y su discurso rupturista.

Cabe recordar la frase de Lyn Yu Tang "si quieres ser feliz, aléjate de la sombra de los poderosos", que en nuestro caso no es nada fácil. Si sacamos ventaja de los negocios con los E.U., saldremos perdiendo en la revancha. Si resultamos perjudicados, más nos merecemos por ineptos; si no ganamos ni perdemos, nadie quedaría conforme.

En nuestra situación crítica, se requiere de mucha habilidad de nuestros gobernantes para sacarle ventaja al Sr. Trump, por lo menos para no salir lastimados. Deberán asesorarse de los mejores hombres de negocios nacionales y extranjeros para formar un comité negociador. Trump no tendrá reparos en mentir, engañar, amenazar, recurrir a eufemismos y hasta el dudoso estado de derecho norteamericano que se mira con gran respeto pero que si se analiza a fondo, se verá que funciona de manera escalonada, como ya lo dijo Jorge G.Castañeda, que funcionaba muy bien el estado de derecho norteamericano, bien para los poderosos, pero no funcionó para los esclavos, ni para las mujeres hasta hace poco y actualmente para los latinos y afroamericanos.

La estrategia que está siguiendo Trump en nuestra contra es la de amenazarnos con la construcción del famoso muro fronterizo y lo peor, que lo paguemos nosotros; con salirse del Tratado de Libre Comercio y poner un impuesto fronterizo para eliminar nuestras exportaciones a los E.U. Nos está creando un escenario de lo peor, para que a la hora de las negociaciones aplicar sus malas artes de negociación y se llegue a un acuerdo en donde México acepta parcialmente sus propuestas y él quedaría como benefactor para que la gente diga: "No es tan malo", nos dejó sobrevivir.

La política mexicana lleva casi 2 décadas sin lograr números abultados en votaciones. Desde la aparición del fenómeno Fox, la votación se ha repartido en 3 cuando muchos añoran la idea del bipartidismo donde no importe tanto la visión económica y los matices sean políticos. El mundo donde el PRI y la oposición (un híbrido donde el PAN sea el tótem de la protesta y los matices sean el PRD y partidos satélites) gobiernes de manera alternante.

Antes el futuro democrático era ese: un partido dominante y otro que le llevaría la contraria. La reforma de Reyes Heroles le abrió la puerta a la atomización oposicionista. Con el surgimiento del neocardenismo, la atomización encontró un mejor camino en la unión en torno a un caudillo -al estilo de las instituciones políticas arcaicas- y la martirización ante las muy adversas condiciones de juego.

La llegada del PAN se sumó a la aparición de López Obrador y la apertura de la televisión a su discurso contrario.

La 2a. vuelta eliminaría a López Obrador y al PRI, pero también a cualquier otro partido que quiera ir solo a la contienda. Los números actuales y la conformación política nacional es esa. El cambio no es en el método de elección, sino en las motivaciones para convencer al electorado.

Por eso, la solución no lo es la 2a. vuelta, es el replanteamiento del sistema completo. Es el pensar el país de manera diferente. Atrevimiento que, hoy, es impensable: no hay político que quiera arriesgar su capital por una vía distinta a la que hay.

No nos hagamos ilusiones, no estamos en Inglaterra donde la voluntad popular sacó al país de la Unión Europea e hizo renunciar a su 1er. ministro. Acá todavía estamos en la Nueva España si no es que antes, en la era feliz de los cacicazgos y los tlatoanis absolutos.

No hay modo de sentirse seguro en este polvorín de país que tenemos bajo los pies. Cuesta trabajo encontrar el aplomo necesario para salir a la calle como si no sucediera nada, incluso en esas ciudades que presumen de ser comparativamente tranquilas, como la nuestra, pero cuyos habitantes sabemos bien que hierven de violencia como la que más.

Mientras las autoridades gubernamentales de todos los niveles se arrebatan la palabra para decirnos que la seguridad está mejor que nunca y que no hay de qué preocuparse, la percepción que tenemos buena parte de los habitantes del estado y el país es que nunca habíamos estado peor. Las estadísticas que hablan de que la impunidad es prácticamente absoluta (es decir, que quien comete un crimen puede estar casi seguro de que no recibirá castigo, aún en el caso de que llegue a ser investigado) y la experiencia acumula innumerables testimonios sobre la manera en que los cuerpos de seguridad y los diferentes actores del sistema judicial están coludidos (o son, cuando menos, muy receptivos) con delincuentes de toda calaña.

Soy un mal nostálgico: descreo de que todo tiempo pasado haya sido mejor y recuerdo, por supuesto, que la ciudad y el país no eran precisamente el edén hace 30 o 40 años. Pero precisamente porque no idealizo el pasado (y creo que en esa misma situación estamos millones de personas) es por lo que sostengo que el presente es siniestro. Nadie, que no sea un millonario acorazado (y, como han dejado ver ciertos casos, ni siquiera ellos) puede sentirse a salvo en nuestras calles. Vivimos en una zozobra que este país no conoció en esta escala masiva desde nuestras últimas guerras: la Revolución y la Cristiada. Ni siquiera la Guerra Sucia tuvo los alcances de esta suerte de hiperviolencia al estilo Naranja Mecánica en que estamos metidos. Y a la que no se le ve salida.

¿En qué momento se perdió la autoridad en Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán...?; ¿en qué momento el gobierno cedió el control de los penales?; ¿qué significa gobernabilidad cuando no se tiene la posibilidad de ejercer el poder en amplios territorios del país? Si algo hemos aprendido los mexicanos es que siempre se puede estar peor. Cada vez que creemos que ya tocamos fondo se abre un nuevo abismo, aparece un nuevo socavón, que nos sume más y más. Los gobiernos, cada día más obesos, ineficientes e ineficaces, han ido cediendo el ejercicio del poder en muchísimos espacios y territorios en todo el país, sean poderes fácticos, grupos criminales, empresas (principalmente las mineras), grupos de vecinos que toman la justicia por mano propia o asociaciones empresariales que crean guardias blancas sin que nadie le pida cuentas por ello. Lo terrible es que ya lo vemos como normal.

La pregunta es por qué no hemos sido capaces de resolver el problema de la violencia y la inseguridad; por qué no vemos a los partidos y a los poderes sentados en una mesa permanente tomando decisiones. La respuesta, lo planteo a manera de hipótesis, está en que mientras los poderosos tienen realmente poco interés en meterse en el asunto, los ciudadanos hemos buscado resolver el problema de seguridad de manera personal. Seguimos pensado que ante la incapacidad del Estado para brindarnos seguridad cada uno de nosotros tiene que acudir a sus propias fuerzas y defenderse por sus propios medios. Cada uno de nosotros, de acuerdo con sus posibilidades, va cambiando chapas, poniendo rejas, modificando rutinas, cediendo territorios, blindando autos o contratando guaruras, cuando lo que deberíamos de hacer, todos juntos, es exigirle al Estado, que no claudique sus responsabilidades.

No es un problema del presidente Peña (no son sus muertos, ni tampoco eran los de Calderón, aunque nos encante repetirlo como mantra barato), es de todo el Estado. No es un problema de autogobierno en las cárceles; es de desgobierno en todo el país.

Estoy impresionado con el nivel de impunidad que cunde en el país. La delincuencia se ha hecho de una inmensa cantidad de espacios por todos lados. Me sobrecogen los titulares de la prensa que dan cuenta de los delitos de la última semana. Aquí matan a 3 y los cuelgan de un puente.

En la prisión se inicia un motín que se lleva más de 30 vidas. Más y más candidatos del último proceso son señalados como favorecidos por dinero ilegal. Ni qué decir de los delincuentes de cuello blanco, esos que tienen aliados en las más alta esfera política, la cual a su vez lleva meses evitando que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda funcionar.

Veo impresionado cómo las bandas huachicoleras, los carteles de droga, los que espían y matan a opositores, los que se organizan para robar, cada vez actúan con más y más libertad. Impunidad total para ellos, mientras el miedo se apodera cada vez de más personas. ¿Qué ha pasado con México?

Buena parte de la clase política del país entiende que la seguridad descansa en la cantidad de armas, de chalecos antibalas o de patrullas en las calles.

No es que estos factores sean irrelevantes en un esquema para la seguridad desde la perspectiva de combate al crimen, pero ésta es limitada y desatiende el problema de raíz: nuestros gobiernos carecen de una verdadera apuesta por la prevención (un tema que da por sí solo para varias columnas) y, por otro lado, hemos dejado en el olvido la verdadera procuración de justicia.

Encontrar justicia en México es muy improbable, así lo señala el Índice Global de Impunidad en México 2016. Nuestro país obtuvo en dicho estudio una calificación de 67.4 de 100 posibles, lo que lo posiciona como el 2o. país más impune de los 59 países en donde se aplicó la metodología comparativa, sólo por debajo de Filipinas.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe) nos da un norte muy claro de qué tamaño es el problema: 9 de cada 10 delitos que se cometen en el país no son denunciados. Las razones son varias, y entre ellas destacan el tedio frente a los trámites engorrosos, la falta de resultados por parte de las autoridades o el miedo a denunciar por represalias.

El próximo año te van a pedir el voto y seguramente la clase política va a volver a decirnos que van a poner más cámaras por la ciudad o que van a contratar más policías. Pero la inseguridad no va a cesar con esas medidas.

En todo caso será con el fortalecimiento de capacidades y lazos comunitarios; con tener ministerios públicos que investiguen científicamente, que lleguen a su cargo a través de exigentes procesos de evaluación y confianza; con jueces que sean imparciales, independientes de grupos políticos, puntuales en las condenas y que en todo momento velen por la ley; con un sistema de readaptación verdadero, no con universidades del crimen como hoy tenemos.

Por eso es importante hablar sobre la impunidad que prevalece en el país. Ya hemos tenido suficiente de soluciones simplistas que tratan de decirnos que la inseguridad se abate sólo con la "mano dura".

¿Cuántos "sátrapa" puede soportar la conciencia nacional? ¿Ya no podrá haber marcha atrás? ¿Estamos dispuestos a seguir siendo un territorio marcado por la corrupción, deshonestidad y -peor aún- de impunidad?

Las supuestas dádivas, corruptelas, moches, ventas de plazas, etc., ahora han llegado incluso a poderse identificar, hasta con "crímenes de lesa humanidad", como el comprobable caso de las "falsas quimioterapias a niños con cáncer" en el gobierno de Duarte en Veracruz... O el caso absurdo del tardío "rescate vehicular" en Morelos, con 2 personas sin vida que pudiesen haber sido cualquiera de nosotros o algún ser querido... ¿Estamos dispuestos a que continúe vigente la impunidad nacional?

Hace 3 semanas, mi refrigerador dejó de hacer cubitos de hielo. Vinieron a arreglarlo unos pillos especializados que lo acabaron de descomponer. Luego de la compostura, el aparato, que solo había dejado de hacer cubitos de hielo, dejó simplemente de enfriar.

Una diligente sobrina que cree en las instituciones fue a poner su queja a la Procuraduría Federal del Consumidor. La atendieron más que amablemente, pero le dieron como fecha para una junta de conciliación con los pillos ¡el 14 de octubre!

Todos los días millones de mexicanos se topan con alguna forma ofensiva de gobierno ineficaz y malos servicios públicos. Cuando no, con golpes irreversibles a sus personas o a su patrimonio por la inseguridad.

Me divierte todavía la sorpresa de mi cuñado Carlos cuando supo, hace 40 años, que el muchacho texano que estaba de intercambio en su casa no sabía lo que era "un apagón": una interrupción brusca de la luz eléctrica.

Las pequeñas cosas son el último eslabón de las grandes, el verdadero escaparate de qué es lo que funciona y lo que no funciona en una sociedad.

El estado de las banquetas, por ejemplo, es un síntoma elocuente de la calidad del gobierno local. Y la manera como manejan los automovilistas, una expresión de su cultura cívica.

Si los gobernantes quieren saber realmente de dónde viene el rechazo o la aceptación que reciben de los ciudadanos, quizá les sea útil hacer cada semana por sí mismos un trámite o un viaje en transporte público, como los ciudadanos de a pie.

En las pequeñas cosas descubrirán probablemente quizá por qué no funcionan las grandes. O por qué no pueden convencer con las grandes.

Las grandes reformas o los grandes propósitos asumidos por gobiernos ineficaces pueden empeorar notoriamente las pequeñas grandes cosas de la vida pública, hasta volver a los gobiernos insoportables.

Piénsese en el lugar de inseguridad y violencia a que nos ha llevado la gran decisión radical de sangre y fuego al narcotráfico.

Un gobierno eficaz con un mal proyecto de reformas puede ser mejor gobierno y más deseable que un gobierno ineficaz con el proyecto adecuado.

Hay un genuino espacio para sorprenderse por la baja calidad de nuestros gobiernos. Nunca han tenido más dinero público, nunca han tenido tantos instrumentos de administración y planeación más refinados, rápidos y baratos como tienen hoy.

Y quizá nunca hayan tenido un rechazo y una molestia mayor de parte de los ciudadanos.

Es verdad que sus equivocaciones nunca habían estado tan desnudas y tan visibles ante los mil ojos digitales de la ciudadanía y la ubicuidad de los medios.

Lo cierto, pese a todo, es que nuestros gobiernos actúan todavía sobre una masa ciudadana desorganizada y aguantadora.

La invocada sociedad civil es de altas calidades pero de bajos números en México. No hay organizaciones horizontales de consumidores, capaces de poner su experiencia diaria de estafas y sobreprecios en la agenda de los grandes abusos nacionales.

Las pequeñas cosas que afrentan el bolsillo y el humor de millones de consumidores es una cadena invisible, y por lo tanto impune, de millones de desfalcos cotidianos.

Algo similar sucede con el trabajo. Nadie pelea ahí por derechos y garantías de los que trabajan. Los tribunales laborales son parciales al trabajador que litiga, pero, salvo en los grandes cascarones del viejo sindicalismo mexicano y las grandes empresas, los trabajadores de México no tienen representación ni asociación que los defienda, por ejemplo, del escándalo de sus bajos salarios, de la baja calidad de sus pensiones y seguros, de la baja calidad de los servicios públicos a que están obligados por sus ingresos.

Es un hecho notorio: nuestra economía produce millonarios de clase mundial pero no salarios decentes para millones de trabajadores.

Nadie pelea organizadamente contra estos enormes desgobiernos de las pequeñas cosas, que son al final las verdaderamente grandes, las que definen en última instancia de qué sustancia está hecha una sociedad.

La nuestra, hay que decirlo, es una sociedad menos presentable en sus pequeñas cosas que en sus grandes.

Con la bandera de remodelar la sociedad, hace 35 años el presidente Miguel De La Madrid trató de cambiar la imagen del gobierno que se había deteriorado por los malos gobiernos de López Portillo y Echeverría. Al efecto, promovió reformas constitucionales para dar nacimiento a la Contraloría General de la Federación, para fortalecer las facultades de auditoría; tanto para prevenir y detectar las conductas inmorales de los servidores públicos como para sancionarlas. Había que terminar las compensaciones al margen de la ley (mordidas), prevenir que los funcionarios aprovecharan sus facultades para obtener beneficios en obras públicas y otras prácticas corruptas; incorporar en la nómina prestaciones que se daban bajo la mesa y prohibir el uso de bienes y servicios públicos para promoción política personal, evitar negocios ilícitos al otorgar los contratos del gobierno y de sus empresas paraestatales.

Estas reformas deberían acompañarse de una actitud moralizadora que renovara a la sociedad. Para que exista la corrupción se requiere de la participación de la sociedad, por eso se insistía en una renovación moral integral.

35 años después, tenemos en puerta todo un sistema anticorrupción con sus respectivas modificaciones a la Constitución. Estará integrado por la Secretaría de la Función Pública, una Fiscalía Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), el Tribunal de Justicia Administrativa con una sala especializada en materia de corrupción, un Comité de Participación Ciudadana. Todas estas instituciones coordinadas por un Comité Coordinador orientado a la planeación, discusión y aprobación de la política nacional anticorrupción.

Esta súper estructura nos da la impresión de que durante 35 años se han estado suministrando antibióticos moralizadores que no han combatido la enfermedad de la corrupción, sino que la han fortalecido, la han inmunizado contra nuevas medicinas.

La ética es el talón de Aquiles del sistema jurídico, como afirmó Sergio García Ramírez (abogado), y de cualquier sistema. La conducta ética no se reduce solo a una conducta, sino que se despliega en todas las acciones del sujeto. La corrupción es una conducta no ética en la que el mundo y México tienen sus ojos puestos. Actuar con ética no es solamente hacerlo sin que exista corrupción de por medio, es mucho más que eso.

En nuestro país históricamente hemos hablado más de ética que de corrupción. Me parece que en este tema nos queda bien ese dicho que dice: "hablamos mucho y hacemos poco". Se habla mucho de ella; sí, se habla del sustantivo "Ética" pero con frecuencia no sabemos a qué nos referimos. Aunque parezca una paradoja, me atrevo a afirmar que se usa el término con poco sentido ético. Se habla de "promoción de la ética", "implicaciones éticas", "impacto ético", "sentido ético", sin embargo, poca claridad existe acerca del contenido de la misma. Tenemos certeza que vivimos las consecuencias de su ausencia, pero cuando se trata de concretar estas acciones necesitamos entender un poco más, decidirnos y actuar. O mejor dicho, necesitamos no hacernos los desentendidos. Es que la ética es mucho más que no ser corruptos, pero implica parar la corrupción. Hay que castigar estas conductas para bajar el balón al terreno de lo concreto. Cuando eso suceda tendremos elementos para dialogar con mayor claridad en torno al tema.

Tenemos ya un diagnóstico del país en torno a esto. Por otra parte, hemos venido trabajando en el tratamiento, pero si no nos decidimos a tomarnos el remedio, pocos resultados tendremos. Si nos decidimos comprometidos con la ética, empecemos por llevar a la práctica lo que nos toca en relación a la corrupción.

Uno de los aspectos menos analizados sobre la violencia mexicana tiene que ver con la manera en que nuestra sociedad ha integrado dentro de sus estructuras al crimen organizado como parte de su vida.

Sin menospreciar el valor del comercio y la forma como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo facilita y aumenta, sabemos que en ausencia del mismo el comercio bilateral continuaría y que las tarifas que enfrentarían nuestras exportaciones no serían tan altas como para frenarlo. Se trata de tarifas de la Organización Mundial de Comercio que son relativamente bajas y que enfrenta cualquier otro país que exporte a Estados Unidos.

¿Cuántos años llevamos con esta realidad de muertos y desaparecidos? ¿Con esta realidad de violencia descomunal e imparable? ¿Cuánto tiempo hace que hacemos la cuenta de homicidios, feminicidios, de víctimas inocentes, de falsos positivos, de muertos por balas perdidas, por secuestros, de fosas clandestinas? ¿Desde cuándo las estadísticas ahora nos sirven para comparar y conocer con precisión los datos de un sexenio y de otro, de un año a otro, sólo para constatar que esto aumenta y aumenta y aumenta?

Jacobo Dayán, especialista en Derechos Humanos, sostiene que el nivel de violencia en el país ha llegado a tales niveles y extremos, que la sociedad está anestesiada; en un no querer saber por el dolor que causa, por la impotencia. Afirma que los mexicanos han preferido no ver "esa violencia dura" que "en goteo permanente ha derramado tanta sangre [...]".

Estoy de acuerdo con esto. En 2015 y seguramente antes escribí lo mismo que Dayán, con otras palabras: "Para muchos son noticias de nota roja y si es posible pasar la página, se pasa, la vida cotidiana es de por sí apremiante. No son buenas noticias, nos horrorizan, nos erizan la piel y se nos anegan los ojos. Cada vez hay más personas que tratan de alejarse de una realidad que no por eso se desvanece o desaparece. No basta con voltear para otro lado y todos son importantes, las víctimas y los testigos" (EL INFORMADOR, 8 de agosto de 2015).

El punto es que esta exposición de hechos revela que nada ha cambiado, nada se ha corregido, nada ha mejorado, al contrario. Es peor ahora, porque además se perfeccionan las maneras, desde el poder, de distraer, de hacer parecer como que eso no es grave, que en otros países pasan cosas peores. Lo que tendría que hacer con el artículo de 2015 sería, dolorosamente, actualizarlo.

Hace poco más de un mes, activistas defensores de derechos humanos y académicos presentaron el informe: "Violencia y Terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México". Los resultados son espeluznantes y reveladores de la inacción, de las omisiones del gobierno: en 11 años (entre 2007 y 2016) se han hallado 1,075 fosas clandestinas en 19 estados de la república con más de 2,000 cuerpos. De las 19 entidades, las que encabezan la lista son Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas en donde se concentra una de cada 3 fosas de las localizadas en el territorio nacional. Jalisco, sí, en 2o. lugar.

¿Hasta cuándo el gobierno federal y los locales enfrentarán esta situación para resolverla, para atenuarla por lo menos, para impedir que siga en aumento?

Los mexicanos vivimos un frenesí de sucesos inverosímiles, sorpresas, calamidades, y vergüenzas que no paran. Nos mantiene atareados, tratando de encontrar angustiados el sentido de lo que sucede. Las redes sociales, los medios, la mesa familiar y los comederos de negocios conspiran para que sigamos una infinidad de asuntos, la gran mayoría triviales e irrelevantes. Nos inducen a dar seguimiento a un número inabarcable de asuntos, minucias, manifestaciones secundarias, apariencias.

Una pausa revela que en ese torbellino no hay ideas claras sobre lo relevante y lo trascendente a partir de lo que interpretan, discuten, señalan, acusan y creen que reflexionan. Pero no es así. No hay sustancia en el frenesí cotidiano.

La reflexión de los mexicanos está al garete, al igual que el país. Laboriosamente nos ocupamos de infinidad de nimiedades, con la esperanza de que pase el tiempo, de que se acabe este año, de que transcurran las campañas, de que pasen las elecciones de 2018. La espera no es pasiva, sino angustiosa y febril. La frustración colectiva se agrava porque la indignación de todos no tiene consecuencias.

Un recurso es el humor. Hay burla para todo, los políticos, el gobierno, los partidos, los candidatos independientes. Muchos andan en busca de un mejor gobierno, pero sin gobernantes. Esa cotidianidad, que supera los peores vaticinios, parece sugerir que no hay límites para lo inverosímil. La decepción, sumada a la resignación, causa risa nerviosa. Sean trabajadores, empleados, pequeños o grandes empresarios, académicos, comentócratas o funcionarios, todos conviven en una muchedumbre ahogada en corrupción, de la cual todos son críticos, y a su vez cómplices. Rechazan la corrupción, pero la abrazan y hasta prohíjan cuando les conviene.

La situación global, sobre todo la que se vive en EU, también desemboca en risa nerviosa. Los sucesos inverosímiles allende el Río Bravo son recibidos con sorna, pero no son ignorados porque no pueden ignorarse. Esto contribuye a la risa nerviosa.

Pero, y ¿qué quieren los mexicanos?, ¿cómo visualizan su futuro?, ¿qué desean para que avance nuestra imperfecta democracia?, ¿qué tipo de Estado desean?, ¿cómo les gustaría que se comportara el gobierno del mañana?, ¿qué anhelan y qué están dispuestos a sacrificar/hacer para que el país contenga y eventualmente supere la inseguridad que se vive?, ¿cómo piensan resolver la contradicción de su genuina aspiración a más y mejores servicios públicos, y su rechazo a pagar los impuestos necesarios para financiarlos?, ¿quieren más o menos federalismo?, pues rechazan el centralismo y el autoritarismo del gobierno federal pero desconfían de los gobiernos estatales y municipales, ¿cómo se proponen enfrentar la crisis de pensiones?

La paradoja es que hoy que corresponde y urge reflexionar sobre el México del mañana, el torbellino cotidiano desemboca en una especie de autismo colectivo, acompañado de risa nerviosa.

No se puede negar, en este sexenio hay una buena noticia: la pobreza extrema ha bajado en el país. Pero tampoco se puede negar que se produjeron 3 malas noticias y un preocupante colofón: la población en situación de pobreza "moderada" ha subido de 53 a 55 millones; la clase media está más tensada que nunca; y la diferencia entre los ingresos más bajos y los más altos, sigue aumentando.

Los datos de Coneval son muy claros, -a pesar del trucado cambio en la forma de medición, que ha requerido una "fórmula técnica" para poder comparar los datos anteriores con los de este sexenio-, el ingreso promedio de los mexicanos no ha mejorado entre 1992 y 2016. Y las políticas públicas sociales se priorizan por sus efectos políticos, es decir, son gastos electoreros.

Pero estas malas noticias tienen un colofón peor aún: el INE, para su "gasto corriente" y las próximas elecciones, está demandando 25,000 millones de pesos. Una cantidad exorbitante para costear la próxima parafernalia electoral, en un país con tantas carencias y desigualdades. Un gasto excesivo que se le quita a programas para aminorar la pobreza y potenciar el desarrollo incluyente. Dilapidación que se hará con dinero de todos los mexicanos, especialmente los de recursos bajos y medios; esas personas a quienes de su cheque se les descuenta directamente el pago de impuestos. Es decir, a quienes el esquema tributario no les ofrece ninguna posibilidad de descontar de sus impuestos, médicos, ni medicinas, mucho menos ropa; lo que si sucede con contribuyentes no cautivos, ellos pueden acogerse a la deducción de impuestos de médicos, medicamentos, ropa, quedando en un mínimo su pago fiscal. Lo que revela otra forma de inequidad que opera contra un amplio grupo poblacional que hoy trata de sobrevivir. Y a esto se suma lo que el secretario ejecutivo de Coneval llamó un "foco rojo": la creciente inflación.

Y en este empobrecido y tensado contexto, los secretarios de Hacienda y Relaciones Exteriores dedican tiempo, esfuerzo y recursos, muchos, al autoelogio, aplauso mutuo, regodeo de vanidad.

Anuncio de que [el gobierno de Trump] procederá a dar por terminado el DACA, ese programa que permitió a centenares de miles de personas permanecer legalmente en EU, pese a haber ingresado sin papeles siendo menores de edad.

DACA fue una iniciativa del gobierno de Obama que rescataba a toda una generación de inmigrantes asimilados, con alta escolaridad promedio, que sólo habían violado la ley involuntariamente al ser llevados a EU por sus padres, sin tomar en cuenta sus deseos u opinión, pero que ya son (o eran, o se sentían) estadounidenses de facto.

El balance neto, económico y fiscal, era ampliamente favorable para EU: 800,000 jóvenes educados y/o capacitados, en edad productiva, dominio del idioma, pagando impuestos y viviendo en la formalidad, con mínimas demandas al sistema de salud o educación. Una ganga para un país cuya pirámide poblacional ya se invierte.

Si a Trump no le importaron factores duros, contantes y sonantes, si ignoró las peticiones de numerosos empresarios, si hizo caso omiso del consejo público y privado incluso de partidarios, no tendrían por qué caber en él ni la razón ni la emoción. El presidente estadounidense va hoy por su base, por su voto duro, que es aparentemente lo único que le queda.

A México podía esperarle un choque mayúsculo en caso de concretarse su deportación, pero también una oportunidad única e irrepetible: el arribo de centenares de miles de jóvenes acostumbrados a vivir sin corrupción, con competencia y transparencia, con medios profesionales y combativos, con una sociedad activa y activista.

Ahí podríamos encontrar, sin haberla deseado ni buscado, una inyección que termine de despertar a nuestro país.

Cansancio agotador, ante la incesante información sobre muertos, heridos, decapitados, en una lucha que libramos cada día pata tratar de encontrar normalidad en medio de una inseguridad turbulenta que nos rodea amenazante y se convierte en casi invisible hasta que te toca la piel, el corazón o el bolsillo. El ataque a un helicóptero militar de la Presidencia explicado por manifestantes como un hecho justo, es muestra del peligro de la agitación social incitada desde los extremismos.

México soporta los embates naturales y lucha por dotarse de mejores instituciones y formas políticas, en medio de una disputa egoísta por tener y manipular, que se vuelve cada vez más grotesca y lodosa.

Los "Dreamers", hijos de inmigrantes que crecieron en nuestro vecino del norte y que hoy corren el riesgo de ser deportados a un país que tal vez no conocen. Del que ya no se sienten parte. En el que nunca echaron raíces y al que regresarán en el papel de extraños.

¿Qué pasará en caso de que esos jóvenes sean deportados a México? Los recibiría una nación que ya de por sí tiene problemas para darle una alternativa a los jóvenes que nunca han abandonado nuestro país. Aquí la deserción escolar sigue siendo escandalosa. Factores como la pobreza o la inseguridad impiden a los jóvenes concluir siquiera la educación básica. El 50% de los jóvenes que logran llegar al bachillerato no lo concluyen. E incluso, los pocos que logran convertirse en profesionistas no tienen garantizada la posibilidad de acomodarse en un trabajo bien remunerado.

Según el INEGI, casi la mitad de los desempleados mexicanos son menores de 30 años: la mayor tasa de desocupación juvenil en los últimos 11 años. México es el 5o. país de la OCDE con mayor número de jóvenes ninis que buscarán sobrevivir en la informalidad.

Cada mexicano que emigra, atraído por el "sueño americano", es un problema menos para el Gobierno de México. Cada mexicano que fuera deportado -o invitado a repatriarse "voluntariamente"- sería un problema más para el gobierno mexicano.

Si aquí no están dadas las condiciones para que todos los mexicanos tengan acceso a un rango decoroso de bienestar, mucho menos podría haberlas para acoger a los connacionales que ya decidieron buscar ese bienestar en otro suelo. Por más que se le estire, la cobija ya no alcanza a cubrir a tantos... O, en otras palabras, aplicaría, a contrario sensu, el viejo adagio: "A más burros -sin ánimo de ofender-, menos olotes".

Las esperanzas de que los "dreams" de esos más de 700,000 mexicanos no se transformen en "nightmares", no están cifradas en los mensajes de las autoridades y de los potenciales empleadores mexicanos, en el sentido de que aquí serían recibidos "con los brazos abiertos". La oferta de que aquí tendrían acceso a la bolsa de trabajo, al Seguro Social o al Seguro Popular y al sistema educativo, no pasa de ser una promesa hueca para quien tiene noción de qué empleos y qué salarios encontraría; qué calidad y calidez tienen los servicios de salud; qué posibilidades reales hay de encontrar cupo en la educación media y superior, y qué perspectivas de encontrar, ya titulados, acomodo en el campo laboral.

Sus esperanzas, en todo caso, están cifradas en las reacciones que despertó el mensaje de Trump entre sus propios connacionales.

A más de 200 años de independencia de la corona española, seguimos siendo cautivos, ahora de los partidos políticos. Parece ser que nuestro destino no es el de gobernarnos por nosotros mismos. En nuestra desesperación, históricamente hemos acudido a gobiernos extranjeros. La rapiña y el acoso a nuestra libertad nos hicieron voltear los ojos a Europa en busca de un gobernante honorable. Lo tuvimos con Maximiliano pero no lo pudimos conservar. ¿Acaso no estamos preparados aún para gobernarnos solos? A través de la historia, nuestros gobernantes nos han saqueado, han mutilado nuestro territorio, nos han sobreendeudado, han incrementado la pobreza, han castigado al asalariado; vamos, ni siquiera han podido acabar con el analfabetismo; mucho menos con la delincuencia. Después de 2 siglos de independencia, aún hay 4'749,057 mexicanos que no saben leer ni escribir (Inegi 2015).

Por eso, nuestro grito de independencia debe ser ¡Ya basta! de gobernantes ladrones, son 22 los gobernadores acusados de desvíos. El monto en duda es de 258,000 millones de pesos, de acuerdo con denuncias penales y resultados de la Auditoría Superior de la Federación. Solo 5 gobernadores han sido detenidos o tienen orden de aprehensión y 4 han sido denunciados a la PGR.

¡Ya basta! de sabotear el Sistema Nacional Anticorrupción.

¡Ya basta! de magnisobornos en obras públicas para asignar contratos a Odebrecht, OHL y otras empresas mezcladas en escándalos de sobornos en otros países.

¡Ya basta! de lucrar con el hambre del pueblo utilizando empresas fantasmas, esas que no cuentan con mobiliario, ni personal y que otorgan servicios triangulando con universidades que se prestan para esos actos de corrupción en los estados de Chiapas, Hidalgo, Zacatecas, Campeche y Guanajuato.

¡Ya basta! de gastar el dinero en darle comodidad y lujos a la clase política con custodios (guaruras, en Jalisco hay más de 700). Automóviles, seguros, viajes, viáticos, bonos, gratificaciones, haberes de retiro desproporcionados, personal asignado para su servicio particular, celulares y otros gastos superfluos.

¡Ya basta! de subsidiar a los partidos políticos; que se sostengan con las aportaciones de sus miembros y simpatizantes.

La inconformidad con la clase política es general, solo están saqueando al país. ¡Ya basta! Urge un cambio, necesitamos gobernantes que salgan de la clase empresarial, de la clase profesional, de la clase laboral. Fuera la clase política, de derecha, de izquierda, fuera los ladrones políticos, nos tienen hartos.

Urge un líder que aglutine todas las inconformidades dispersas para llenar el vacío de poder que se avecina en las próximas elecciones, ante la falta de credibilidad en los partidos políticos.

Lo que México necesita hoy son gestas heroicas visibles y cotidianas, no quejidos, y mucho menos actos demagógicos. Gestas que están al alcance de todos y que tienen que ver con el pago justo y generalizado de impuestos; con el actuar honesto de servidores públicos, de gobernantes y representantes populares (sin importar el nivel en que cobren su cheque); con la aplicación de la ley; con la búsqueda de igualdad de oportunidades para todos y en todo (trabajo, estudio, capacitación, salud, desarrollo, sólo por mencionar algunos rubros).

Porque si bien es cierto que la música bravía y alegre, el colorido, la profundidad de nuestros sentimientos y el recuerdo de las gestas son un "refresco" para el alma, más lo sería la disminución de las pobrezas (incluyendo la extrema); de la impunidad, de los actos de corrupción y de la soberbia exhibida por algunos.

Debemos obligar al Estado, los partidos y los gobiernos a destinar todos los recursos necesarios para la reconstrucción.

Quitar todo el dinero posible a partidos y elecciones para dedicarlo a la reconstrucción; obligar a la alta burocracia a donar sus altos sueldos para la ayuda inmediata de los damnificados, y organizar cuadrillas desde la propia sociedad civil para impedir que políticos y corporaciones privadas utilicen la tragedia para su lucro personal.

Las carreteras mexicanas registrarán más daños -especialmente en el centro y sur del país- que los previstos para el cierre de 2017, prevén especialistas, tras los sismos de los pasados 7 y 19 de septiembre.

En el Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno, se dijo que el porcentaje de las carreteras que no están en buen estado o aceptable ascendería de 26 a 29 de 2016 al cierre de año, y sería el más alto desde 2003.

Aún hay piedras y miedo por remover. La crisis no ha pasado, pero ya cambió el país.

Cambió el país como ha cambiado cada vez que los mexicanos se enfrentan en la calle a la noción de lo público. Como cambió con el 85, como cambió con el 92 en Jalisco.

Díganme si hoy les dice algo la necesidad de que los partidos políticos unan sus izquierdas y sus derechas para gobernar.

Díganme si hoy les dice algo el viejo líder de un partido populista cuyo discurso pasa por decir que él no forma parte de los partidos ni del status quo.

Tampoco tiene sentido la noción, tan urgente hace un mes, de crear un monstruo anticorrupción con más de mil funcionarios para cuidar las manos de otros funcionarios. Más burocracia inútil.

Tampoco tiene caso seguir el rumbo de la legislacioncitis: sólo los políticos de mentes secas creen que para combatir los problemas hay que hacer otra ley, pero antes una comisión.

En suma: el sistema de partidos, el tablero electoral, la sobrerregulación en todos los espacios, y el sobredimensionamiento de los manotazos contra la corrupción parecen temas de un ayer ya viejo, en ruinas.

Y todo esto ya estaba frente a nosotros, no llegó con el temblor. Pero los derrumbes, la velocidad de las redes, el azoro burocrático frente a la urgencia, la parálisis de los operadores políticos y la extraordinaria capacidad organizativa y, ojo, autocorrectiva de los mexicanos evidenció que nuestro gobierno es una nulidad. No fue rebasado: fue irrelevante.

¿Los mexicanos pueden entonces hacer a un lado a los partidos? ¿Quedarse sin gobierno? ¿Convertirse en una asamblea multitudinaria que autorregule la basura, la protección jurídica, las construcciones, los desayunos escolares, los castigos al crimen, la movilidad y los fondos para viejitos?

Los anarquistas dirán que sí. Pero ese camino no registra casos de éxito. Lo que la historia trae son casos de sustitución de instituciones.

La sociedad democrática que anhelamos no es la suma de voluntades que siguen a un mesías. No es la que alarga la mano y grita por un gobierno bueno. La que anhelamos es la sociedad que tiene la colaboración deliberativa de grupos organizados que se hacen cargo de sí mismos y, por lo tanto, de su comunidad.

El cambio pasa por ahí. Hacer comunidad da pertenencia, permite trabajar sobre lo importante, civiliza y quita lo gandalla desde la esquina del barrio hasta las arcas de Veracruz.

Sumemos hoy y para siempre nuestro tiempo a todas las organizaciones que podamos.

Hay un sector de mexicanos que quieren descarrilar todos los esfuerzos nacionales.

La resiliencia [capacidad del individuo, pese al estrés agudo en el que se encuentre, para enfrentar la adversidad y los cambios drásticos ante las tragedias, los traumas o las amenazas] de la sociedad ha sido ampliamente reconocida en el mundo, y documentada con detalle por los medios de comunicación mexicanos. Pero la sociedad sola, pese al extraordinario esfuerzo realizado, es insuficiente. La locomotora institucional tenía que entrar al apoyo. Se hizo desde las primeras horas tras el sismo, cuando en la Secretaría de Hacienda se analizaron diversas alternativas para poder enfrentar lo que vendría: la reconstrucción. Esta fase es larga. En Japón, una de las 7 economías más fuertes del mundo, aún no terminan la reconstrucción que dejó un sismo de 9 grados en la escala de Richter hace 6 años, que provocó un tsunami que mató a 20,000 personas, barrió comunidades y produjo un accidente nuclear en Fukushima. Pero también es la que más tensión genera y resquebraja a las sociedades.

La idea de crear un fideicomiso administrado y vigilado por el sector privado surgió como una respuesta inmediata que acompañara la reorientación presupuestal que se hará en los próximos meses para hacer frente a los costos por reparación de los daños, que preliminarmente se calculan en 38,000 millones de pesos. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, armó el fideicomiso con el sector empresarial. El sábado pasado se abrió la ventanilla para la recaudación de fondos en Nacional Financiera, y el lunes, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lo anunció.

El 1er. día entraron 8,000 pesos, procedentes de envíos desde Estados Unidos. Al 3o., antes del anuncio en Los Pinos, ya había 60 millones de pesos, aportados por varios de los empresarios que acompañaron a Peña Nieto en el evento del miércoles y del gobierno chino, que depositó un millón de dólares. Taiwán dará una suma similar esta semana y la próxima Corea del Sur. Castañón dijo que se esperaba recaudar al menos 1,500 millones de pesos. Un día antes, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció un paquete de apoyos económicos directos e indirectos para los damnificados, y el arranque de la reconstrucción en la capital, que fue trabajado también con la Secretaría de Hacienda. La Ciudad de México es la mejor preparada del país para enfrentar una contingencia de esta naturaleza, donde una buena administración de los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales le permite tener disponibles 9,000 millones de pesos.

Las cosas van a ser mucho más difíciles en el sur del país. El fideicomiso Fuerza México es una de las opciones financieras que existen, así como otros fideicomisos que tiene el gobierno, asimilados fiscalmente, que podrán ser utilizados. Adicionalmente, como lo anticipó Peña Nieto, habrá una reorientación de recursos en el presupuesto, donde habrá un énfasis en dinero para viviendas, micro, pequeñas y medianas empresas, y empleo. La reconstrucción ya no es tarea de los ciudadanos, sino de las instituciones.

Sectores radicales de la sociedad vinculados a grupos políticos extremos, iniciaron una campaña en las redes sociales para descalificar lo que se está haciendo, y difundiendo información falsa sobre aportaciones internacionales que no existen, o torpedeando las instituciones. Hay un interés claro para descarrillar los esfuerzos mediante la creación de desconfianza ante lo que se está haciendo y dinamitar los esfuerzos. La debilidad de las instituciones y la falta de liderazgos en la clase política no ayudan a contrarrestar esos esfuerzos desestabilizadores. La corrupción e impunidad que ha volado en México como hacía décadas no sucedía, disminuye la efectividad de los antídotos. Las instituciones podrán transparentar todos sus procesos y aportar toda la información necesaria para tratar de neutralizar los ataques, pero se va a necesitar más que eso. Será la sociedad la que deberá de decidir a quién creerle y a quién apostar, porque de este arbitraje se reconstruirá el país.

De no haberse dado un cismo tan fuerte y devastador en la Ciudad de México, lo ocurrido en Oaxaca y Chiapas, una semana antes, se habría perdido en el olvido. Incluso las tragedias de Puebla y Morelos habrían tenido menos cobertura, y de hecho así fue, de no haberse impactado la ciudad centralista de la mal llamada república federal.

Al margen de las coberturas, es un hecho encomiable la respuesta de la sociedad civil, solidaria, esforzada, generosa, ajena por completo a intereses políticos o protagonismos.

No todo fue ejemplar, el grave deterioro del tejido social que ha llevado a la generación de mentalidades tan depravadas, hizo igualmente su aparición, lo mismo en las actitudes de políticos como los del estado de Morelos, que en la acción oportunista de rateros y saqueadores, de "chistosos" difundiendo mensajes alarmistas o alterando fotografías para levantar falsos en contra de tales o cuales bancadas del congreso, como si la mentira fuese un camino viable para la justicia.

Los partidos políticos han hecho algo así como una subasta de los recursos públicos, compitiendo para ver cuál donaba más, pero olvidando que de suyo no están dando nada, sino más bien devolviendo las partidas presupuestarias que inmoralmente reciben. Los porcentajes fueron justamente de subasta ¿el 10, el 20, el 50, todo? ¿Devolver de la partida anual o de la partida para las próximas campañas? Ahí estaba el detalle, las cantidades de dinero varían notablemente según se trate de la partida anual o de la que viene para el año electoral que se anunció como la mayor que habían recibido los partidos en su historia.

En México sigue temblando, no son replicas sísmicas, es el rotar permanente de las olas de violencia que ahora golpean severamente a Nayarit, dentro del océano nacional de inseguridad en que vivimos.

La urgencia no ha pasado. Para los afectados por el sismo, que son miles de personas en la capital y en varios estados del centro y sur del país, los días son amargos y aún los marca la incertidumbre. Algunos perdieron familia, amigos, casa, vehículos y todas o una parte cardinal de sus pertenencias. Otros enfrentarán una larga y tortuosa recuperación física y psicológica. Todos ellos tienen necesidades apremiantes. Las toneladas de ayuda donadas han sido, sin duda, esenciales para sacarlos de apuros o, al menos, para paliar un poco los efectos del momento terrible en que se encuentran instalados. Pero hace falta más. Y hace falta seguir presionando para que la ayuda llegue a quienes la requieren sin pasar primero por filtros políticos (por llamar así al agandalle y secuestro de víveres y medicinas, como vimos en Morelos), para que partidos o gobiernos se cuelguen medallitas.

Son miles las construcciones dañadas, son miles las personas que necesitarán alojamiento y comida, atención médica y psicológica, asesoría, acompañamiento, es decir, solidaridad. Esa palabra hurtada por el gobierno de Carlos Salinas para su campaña de imagen y que es indispensable retomar.

Por eso: no olvidemos. Un sismo es imposible de prevenir pero la infracción de los reglamentos de construcción (ignorados o vulnerados por avaricia inmobiliaria y soborno) sí que tiene responsables. La negligencia oficial debe tener un precio. Y el desvío de ayuda también. Las autoridades de este país no han estado a la altura, ni remotamente, de la respuesta civil. No podemos permitir que su agenda de forcejeos políticos desplace de la lista de prioridades el destino de los miles de afectados en la capital y los estados. No basta con que los partidos "donen" el dinero de campañas (excesivo, sin duda). No basta con palmaditas. La catástrofe del 19 de septiembre debe dar pie a que busquemos un profundo cambio político en el país.

Todos estamos de acuerdo en la necesidad de meter mano al bolsillo y ayudar a los que perdieron todo, pero desconfiamos hasta el infinito de las vías disponibles para canalizar los recursos en beneficio de las víctimas. Ha sido maravilloso ver la presión de la opinión pública sobre los partidos políticos y sobre el poder legislativo para que se reasignen a favor de la reconstrucción los faraónicos presupuestos dedicados a las elecciones y otros gastos de las cámaras. Una presión de tal magnitud que ha obligado a cada uno de los partidos a declarar públicamente su beneplácito a la medida. Hasta allí hay consenso. Lo que sigue es una rebatinga.

Existe una crisis de legitimidad tal de la clase política que la credibilidad está por los suelos. Enrique Peña Nieto ha hecho lo posible por aparecer con su chaleco de explorador en todos los escenarios, sabedor de que el manual de supervivencia política exige no cometer el pecado de distanciamiento exhibido por Miguel de la Madrid en el temblor de 1985. Por lo menos no se ha puesto a jugar golf durante estos días, algo que se agradece.

Pero a todo el mundo le da repelús aceptar que sea Hacienda o cualquier otra institución federal quien canalice el reparto de las partidas extraordinarias destinadas a la asistencia de las víctimas. En plenas pre campañas presidenciales, en las que Hacienda, Educación Pública y Gobernación están presididas por los candidatos oficiales en punta, el "sospechosísmo" no es gratuito. En las elecciones del Edomex de este verano, los ministerios federales fueron convertidos en oficinas de promoción del voto priista.

Por su parte, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que sería la vía obvia para administrar y asignar los recursos extraordinarios para responder al sismo, es objeto de enormes críticas por su opacidad. Según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Fondo de Desastres es en sí mismo un desastre de transparencia y legalidad: tiene 0 sobre 100 puntos en materia de lo que la ley le exige ventilar públicamente. Este año el presupuesto regular le otorgó 6,000 millones de pesos y las normas le obligarían a hacer público el padrón de beneficiarios de los apoyos otorgados. Algo que los funcionarios del Fonden ignoran olímpicamente. ¿Cómo no sospechar que hay un manejo político y clientelar de tan cuantiosos recursos? Bansefi, el banco oficial que canalizaría los recursos a los damnificados a través de tarjetas de débito, está dirigido por Virgilio Andrade, el amigo de Los Pinos que debió salir de la Secretaría de la Función Pública por sospechosos vínculos con sus padrinos políticos.

Los partidos de oposición han propuesto otras alternativas, pero por lo general siempre a organizaciones sociales afines a su agenda. Alguno exige la formación de un fondo extraordinario encabezado por ciudadanos para ejercer los recursos. Morena de plano mejor designó a un comité de personas destacadas (entre ellos Elena Poniatowska) aunque todos simpatizantes López Obrador.

En suma, no es que no supiéramos que existe un vacío de liderazgo en el país. Pero es triste constar que incluso en la tragedia no hay manera de asumir una tregua, un pacto de caballeros. Demasiada mezquindad o quizá simplemente la precaución que deriva de tantos años de opacidad y corrupción.

Los millennials, como se conoce a los menores de 30 años, egocéntricos, muy listos y preparados académicamente, tienen urticaria por los políticos y, por definición, se separan lo que más pueden de ellos.

Son apartidistas y su principal motivación es construir algo que perdure, fuera de los causes institucionales. Su actitud evoca -quizás casuísticamente- las ideas del sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman -que murió en enero pasado-, quien construyó el concepto de Modernidad Líquida, que busca el cambio dentro de la vida social moderna.

Para Bauman, el cambio es permanente, e incluye la desaparición o transformación de las estructuras actuales, pero no porque necesariamente esas moles organizacionales hayan dejado de ser funcionales, sino por la insatisfacción de esa generación con su rigidez, lo que recuerda la lucha contra el status quo de la generación del '68, irreverente, beligerante, inconforme e innovadora.

Los millennials son los agentes sociales que despertaron tras el sismo del 19 de septiembre y cuyo trabajo puede modificar las estructuras rígidas sobre las que operan las organizaciones e instituciones del régimen, de mantenerse el rumbo iniciado por esa generación.

A ellos no les importa hacer política, aunque sus acciones sean eminentemente políticas. ¿Cuánto tardarán en trasladar su energía social detrás de un proyecto político? Cuando se den cuenta que su proyecto de país puede ser concretado con líderes que los escuchen y actúen en consecuencia.

En muchos estados cuesta trabajo distinguir a los criminales de los funcionarios de seguridad y los encargados políticos. San Luis Potosí, con su muy peculiar descomposición político-delincuencial, no es excepción. Confirma el patrón nacional.

La extinción del TLC rompería lo que llaman "la marca NAFTA": se trata de la buena imagen que baña a México en el mundo del dinero porque tiene esta especie de aval que le da el TLC (NAFTA, por sus siglas en inglés) de ser un socio preferencial de la potencia económica más relevante del planeta. Al perder este intangible, la percepción sobre México empeoraría y tal cosa podría reducir el apetito para hacer negocios con nuestro país y disminuir la facilidad de acceso y las buenas tasas de interés de las que México goza al conseguir préstamos en el mercado mundial.

Una capacidad de adaptación opera en contra nuestra. Pero las cosas no tendrían que ser así; no es un designio de los astros ni una sentencia de la naturaleza. El centralismo brutal de la vida nacional es una inercia evitable; la dictadura del automóvil y la miseria de nuestro transporte es producto de políticas públicas obtusas; la corrupción y la ineficiencia se alimenta de nuestra desidia; la fragilidad de los edificios es reflejo de la irresponsabilidad y el abuso; la inseguridad en las calles deriva de la ausencia del Estado de Derecho y la impunidad, prohijadas ambas por el deseo de las élites de mantener sus privilegios.

Para que exista el abuso reiterado se necesitan víctimas que toleran ser abusadas; normalizar la ignominia o adaptarse a una calidad de vida degradada es una forma de mutilación gradual y progresiva. Los 60 minutos se convertirán en 80, la contaminación prohijará bronquitis cada vez más frecuentes, la inseguridad en las calles nos hará rehenes de la tele, de la compu, de Netflix, de la realidad virtual y demás inventos por venir y los parques desiertos producirán niños adictos a los videojuegos. Porque, no tengamos duda, no hacer nada frente a esta descomposición simplemente nos condena a que las cosas empeoren, a que el agua caliente hierba, a seguir mirando semáforos sin esperanza y a pasar noches en vela. A un malvivir interminable.

La llamada "minuta de la decisión de política monetaria del Banco de México" está salpicada de buenos síntomas en la economía mundial, que "siguió expandiéndose durante el 3er. trimestre del año", donde "gran parte de las economías emergentes ha presentado una recuperación más sólida" (no se incluye aquí a la economía mexicana).

El comercio mundial está al alza, el mercado laboral estadunidense se fortalece y sigue repuntando su actividad económica. No hay presiones inflacionarias en las economías avanzadas y se mantienen en ellas las bajas tasas de interés.

La buena noticia sobre la economía mexicana es que los sismos tendrán solo "efectos temporales" sobre las finanzas públicas, que la inflación reciente ha encontrado su techo y empieza a bajar y que las exportaciones seguirán creciendo por el buen ritmo de la economía estadunidense.

Aquí terminan las buenas noticias. Lo que sigue es que la inflación subyacente "permanece en niveles bastante altos".

Que "la información disponible apunta a una desaceleración del crecimiento".

Que, luego de crecer bien, "el consumo privado se ha debilitado", y prevalece "la debilidad de la inversión por la debilidad de la privada y la fuerte caída de la pública... No se anticipa su recuperación".

Una negociación adversa del TLCAN afectará la industria automotriz. La actividad industrial refleja también "debilidad" (debilidad es la palabra preferida de la minuta).

"La inseguridad está teniendo consecuencias perniciosas sobre el crecimiento".

Y, finalmente: "El balance de riesgos se ha deteriorado por la percepción de que pudieran materializarse escenarios adversos en la relación bilateral entre México y EUA y riesgos por el período electoral en México en 2018".

No quisiera traducir este mensaje al lenguaje de lo que los legos pueden entender porque la verdad no puede entenderse de él sino lo fundamental:

La cosa no está bien y su tendencia previsible es a empeorar de mala manera.

Los temas estratégicos de este país no pasarán por las campañas [políticas]. Esos, que por definición son pocos, tenemos que construirlos desde la sociedad civil y ponerlos en la mesa de la discusión. Desde mi punto de vista son solo 2: la construcción del Estado de Derecho (que es lo que está detrás de la corrupción y la violencia) y la nueva economía, esa que permitirá el desarrollo económico independientemente de los vaivenes del Tratado [de Libre Comercio de América del Norte] y que debe estar detrás de la reforma educativa y las políticas de ciencia y tecnología.

La velocidad con la que los mexicanos se acercan a la ruptura del orden no es fortuita. El escepticismo con el cual ven los avances democráticos, tampoco es circunstancial. El desinterés por luchar contra la corrupción y el desdén con el que se ve a la autoridad, se aprecia en todos los estudios que miden los sentires del mexicano. No hay credibilidad en las instituciones, que no se perciben capaces o interesadas en resolver los desacuerdos de la sociedad. Los mexicanos, como se apreció en la última encuesta del Latinobarómetro, son cada vez menos afectos a la democracia y más proclives a la anomia. La decepción, que lleva a ese estado, tiene fundamento: las instituciones no están a la altura de la circunstancia.

La seguridad, por citar el fenómeno que más impacta y preocupa a los mexicanos, se ha ido para abajo por la debilidad de las policías locales, que no llegaron a ello por el deterioro de un proceso sino por la estrechez de miras del gobierno federal que pidió posponer durante 2 años la certificación de los policías municipales, y el Congreso, que sin reparar en las consecuencias, lo autorizó. Para entender en un microcosmos lo que esto causó, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa jamás habría sucedido, porque de haberse dado la certificación, los policías que los detuvieron no habrían pasado las pruebas de confianza. El Estado no cometió el crimen de los normalistas, pero definitivamente contribuyó con él.

El bienestar, que se refiere a la calidad de vida, se ha desplomado en varias regiones del país. El pésimo manejo de Pemex en la 1a. parte de este gobierno, junto con la reforma energética, por mostrar un ejemplo, provocó una pérdida de empleo en los estados que vivían de los hidrocarburos, porque la producción cayó junto con el empleo, que dejó a comunidades que vivían en bonanza, convertidas en pueblos fantasma. La apertura del sector no fue acompañada por un paquete de políticas públicas que tejiera una red de protección social que acompañara la reconstrucción económica de esas zonas. La falta de empleo, en Veracruz y Tabasco, sobre todo, provocó un brinco del secuestro, como registró el Índice GLAC.

En estos años, no hubo necesidad que hicieran caso a quien decía que había que mandar al diablo a las instituciones. Las instituciones, solitas, se fueron al diablo de la mano de quienes las encabezaban.

La fiscalía electoral está acéfala, aunque desde hace 7 semanas comenzó el proceso electoral. Tampoco hay fiscal anticorrupción, una exigencia nacional que las instituciones prefieren ignorar. No habrá tampoco un fiscal general hasta después de la elección presidencial porque de lo que se trata no es de atender las necesidades y urgencias del país, sino las particularidades de las instituciones que detentan el poder.

Monstruoso panorama delincuencial carcome a México en virtud de la "justicia", generalmente ficticia y kafkiana que nos permea, sujeta dramáticamente a las leyes del mercado, es decir, de acuerdo a la oferta y la demanda, inclusive en ciertos casos hasta con tarifas o aranceles establecidos y en otros como vulgarmente se dice: "dependiendo del sapo es la pedrada".

María Elena Morera -de Causa en Común-, había dicho que "la violencia que vivimos ya no es regional, ni temporal; es endémica y de alcance nacional y no se ha logrado contener y menos revertir".

No pretendemos justificar ni ocultar los altos niveles de violencia. Está claro que existe y que es incontenible. Y tampoco hablamos de censurar la voz ciudadana.

Creemos que en problemas endémicos, como el de la violencia y la inseguridad, prevalece no solo la ignorancia y mala leche de las militantes "organizaciones de la sociedad civil" y de actores políticos que buscan ganar votos en tiempos de sucesión, mediante el descrédito de las instituciones.

Y el ejemplo es la propia señora Morera, quien parece ignorar no solo la separación de poderes y las facultades de los tres órdenes de gobierno, sino que ya no son tiempos del "presidente todo poderoso".

Morera -como la clase política- sabe que los delitos de mayor incidencia son del fuero común y que prevenirlos y perseguirlos corresponde a gobiernos estatales y municipales, antes que al federal.

La señora Morera, las "organizaciones de la sociedad civil" y la clase política saben que quienes se han opuesto a cambios radicales en materia de seguridad, como "el mando único" -por citar solo uno-, son gobernadores de todos los partidos.

Saben -la señora Morera, organizaciones civiles y partidos- que el Poder Judicial está atrapado en una montaña de corrupción y que -por ejemplo-, más tarda el gobierno federal en detener criminales que el Poder Judicial en dejarlos libres.

Saben que el Nuevo Sistema Penal Acusatorio -que tiene en la calle a miles de criminales- fue producto del trabajo deficiente e irresponsable del Poder Legislativo.

La señora Morera, líderes de partidos y las militantes organizaciones "de la sociedad civil" saben que -por ejemplo- el fiscal especial, el fiscal anticorrupción y el fiscal electoral no han sido nombrados por los groseros cálculos político-electorales de los partidos opositores, no por una ocurrencia presidencial.

Sin embargo, la señora Morera y las organizaciones civiles no protestan ante los poderes Judicial y Legislativos por su deficiente desempeño. Hace lo "políticamente correcto" en tiempo político-electoral y "madrea a Peña Nieto".

Y es que según su cálculo electorero, Morera olvida que en el Estado mexicano el presidente es jefe del Ejecutivo y, por tanto, nada tiene que ver con los poderes Legislativo y Judicial.

Pareciera que muchos de quienes cuestionan la inseguridad y violencia -desde las matonas legiones de idiotas, de redes digitales- quieren un rey -más que un presidente- capaz de resolver por arte de magia los males de un Estado donde "papá gobierno" es culpable de todo lo malo y responsable de conseguir todo lo bueno.

Hoy no importa lo que haga o deje hacer el gobierno; no importa si está bien o mal; no importa si es lo correcto o no. Lo que importa es practicar el deporte de moda en tiempos electorales; el deporte "políticamente correcto", "madrear a Peña", "pendejear al gobierno", "mentarle la madre al Presidente".

Y ay de aquel que no se atreva, porque será parte de la mafia del poder.

¿Qué han dicho la señora Morera y "las organizaciones civiles" sobre la defensa que hacen Morena y el PAN de las mafias asaltantes de trenes; de la defensa de cárteles criminales por parte de Morena; qué han dicho de policías, militares y marinos quemados, emboscados y denigrados.

Con toda razón se quejan de la violencia. ¿Y cuándo han defendido a un policía caído, a un marino emboscado, a un militar masacrado; cuándo han presentado iniciativas al congreso para que sus salarios y capacitación sean mejores? ¿Cuándo han intercedido por un marino, policía o militar preso injustamente, víctima de una campaña de odio?

Tiene razón el Presidente. ¡En tiempos electorales no hay chile que les acomode...!

Quienquiera que gane la Presidencia de la República en 2018 no logrará mayoría absoluta en el congreso y mucho menos una mayoría de 2 terceras partes, requerida para procesar reformas constitucionales.

Y lo más probable es que ningún partido político alcance por sí mismo a gobernar 17 entidades, el número requerido para poder aprobar cualquier reforma constitucional.

Quien logre el control del ejecutivo va a tener que enfrentar un entorno legislativo sumamente complejo que le va a exigir alianzas como parte de su operación diaria, pues de lo contrario el gobierno no podría funcionar.

Sin embargo, no sería la única restricción que tendría que enfrentar el nuevo gobierno.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está compuesta por 11 ministros. De ellos, el gobierno de Enrique Peña propuso sólo a 3. El de Felipe Calderón a 5 y el de Vicente Fox a otros 3.

Durante el próximo sexenio, si nada sale de la normalidad (como un retiro o fallecimiento), sólo podrán reemplazarse a 3. Tan pronto como en diciembre de 2018 a José Ramón Cossío y en febrero de 2019 a Margarita Luna Ramos. Luego, en diciembre de 2021, a Fernando Franco.

En cualquier caso, siempre habrá mayoría de los ministros designados por gobiernos anteriores. Y hay que recordar que su nombramiento requiere de una mayoría de 2 terceras partes más uno en el Senado.

Otras instituciones de gran relieve para el Estado mexicano tienen calendarios escalonados que impiden que el próximo presidente pueda cambiar de manera radical la composición de ellas.

Veamos el caso del Banco de México.

La Junta de Gobierno tiene 5 integrantes. Alejandro Díaz de León, gobernador actual, seguirá hasta finales de 2021. Después, aun si no fuera ratificado, seguirá como integrante de la Junta hasta finales de 2024. Roberto del Cueto, el decano de la Junta, se va en 2021. El próximo reemplazo podría darse en abril del próximo año en la persona de Manuel Ramos Francia. Pero también hay posibilidad de que sea ratificado por 8 años más.

En febrero de 2013 fue ratificado Javier Guzmán y por lo mismo, su periodo corre hasta 2021. Podrían darse eventualmente 2 reemplazos el próximo sexenio.

Además, se requiere la propuesta de un nuevo integrante en sustitución de Carstens, integrante que propondrá la actual administración.

Es decir, el próximo gobierno habrá un banco central con una junta que tendrá una mayoría de integrantes nombrada en esta administración.

¿Qué pasa con el caso del INE?

Lorenzo Córdova habrá de continuar como presidente casi todo el próximo sexenio, hasta abril de 2023, igual que otros 4 consejeros. Otros 4 saldrán en 2020 y 3 que fueron elegidos este año terminarán en 2026.

Los casos de instituciones como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica o el INAI se encuentran en una condición parecida, sólo por citar algunos casos.

Me parece que se trata de una buena noticia para el país... salvo para quien quisiera llegar en diciembre de 2018 con la pretensión de reinventar el andamiaje institucional del Estado, sin vocación para hacer alianzas y a quien le repelan las negociaciones.

Una de las evidencias más claras de que no hemos logrado normalizar nuestra democracia es que cada 6 años sentimos que se nos viene el mundo encima. Antes tenía además de un componente real, que era la crisis económica recurrente (se guardaba toda la basura debajo de la alfombra hacendaria y un día brotaba como si nadie supiera que estaba ahí) y un componente teatral, pues en la presidencia imperial, como bien la describe Enrique Krause, había que matar al rey para que surgiera el nuevo rey.

Con su componente de teatralidad que imponen la puesta en escena de los candidatos, flota en el ambiente un sentimiento de agotamiento del modelo de desarrollo mexicano, de que es necesario pensar nuevas rutas para el país que, en esta ocasión, me temo, poco o nada tienen que ver con los candidatos. Esto es, lo que hay que hacer no lo van a hacer los políticos, con el nombre o las siglas que se quiera. O lo hacemos como sociedad civil, como ciudadanos, o no lo va a hacer nadie. Por supuesto que para llevar a cabo cualquier propuesta se requiere que quien ejerza el poder, quien gane la elección, tome las decisiones que hay que tomar, la mayoría de ellas muy complejas y poco simpáticas, pero, sobre todo, ninguna de ellas es de corto plazo, ninguna de ellas resolverá los problemas en los 6 años que dura un periodo presidencial.

Es inexacto tildar la propuesta de López Obrador de "polémica". Polémica significa controversial, discutible. Y en el caso, hasta donde alcanza a percibirse, hay consenso en que ofrecer la amnistía a las bandas delincuenciales que tanto daño y tanto dolor han causado al país y a sus habitantes, equivale a doblar las manos; a rendirse; a postrarse a sus pies.

Cuando la autoridad legítimamente constituida ofrece la amnistía, lo hace, vía de regla, en el contexto de un conflicto político. Una suerte de amnistía se aplicó como parte de los acuerdos de paz a que llegó el gobierno colombiano con la guerrilla.

La autoridad, cuando amnistía, renuncia a ejercer su facultad de aplicar las penas previstas por la ley a cierto tipo de delincuentes. Éstos, a su vez, cuando aceptan acogerse a la amnistía, asumen una serie de compromisos; el primero y principal de ellos, deponer las conductas que los enemistaron con la sociedad.

En efecto: no hay una solución simplista para un problema social tan grave.

En todo caso, la 1a. medida que el próximo presidente de la república podría aplicar consistiría en romper los esquemas de complicidad que los capos de la delincuencia organizada tienen con las autoridades. Cuando se apliquen correctivos ejemplares a quienes, desde las esferas gubernamentales, se coluden con los delincuentes, otro gallo comenzará a cantar.

Luego de que sucedió lo que se veía que sucedería, que José Antonio Meade fue "destapado" como aspirante presidencial del PRI, una amiga que cree que lo sé todo, me preguntó mi opinión al respecto. Independientemente de que en lo personal creo que Meade es la mejor opción para México, le dije que nuestra opinión, lo que personas como nosotros pensemos,desgraciadamente no es representativa.

Nosotros no somos México. México es lo que la mayoría de sus ciudadanos es. Si la mayoría es pobre, México es pobre. Si la mayoría de los mexicanos ha cursado sólo hasta secundaria, México es secundario. Si la mayoría es corrupta, México es corrupto.

Y si usted esta leyendo este artículo, temo decirle que usted, al igual que yo, no somos representativos de México. Seremos mexicanos, seremos si quieren verlo así, líderes en nuestra cuadra o en nuestra empresa; líderes sociales, empresariales o de opinión, con cierta capacidad de influencia, con capacidad para hacer más que otros para los otros, pero no podemos decir que somos México.

Y cuando de elecciones se trata, el voto de todos los mexicanos, educados o no, honestos o corruptos, ricos o pobres, líderes o lidereados, cuenta igual.

Dicho lo anterior, la pregunta acerca de las posibilidades de que Meade pueda convertirse en el próximo Presidente de México hay que hacérsela no a personas como nosotros, que leemos y analizamos las noticias y las opiniones, sino a la mayoría de los mexicanos que no leen nada, que sí son representativos de la mayoría de los mexicanos, que "sí son México".

Y ahí es donde ya no estoy tan seguro de que Meade pueda ganar las elecciones, a pesar de que estoy convencido de que es la mejor opción, con todo y que el vehículo utilizado para ello sea el PRI.

Hay quienes distinguen los votos entre razonados y no razonados. Para mí todos los votos son razonados, y lo único que cambia son las razones para votar en un sentido u otro.

La mayoría de los que "no somos México", razonamos el voto de manera distinta a los ciudadanos que "sí son México", y lo direccionamos en función de análisis de personas, de partidos, de programas de gobierno, de pros y contras, de contrapesos políticos, y en algunos casos inclusive de forma dogmática, siempre a favor o en contra de alguien, independientemente de las características de los candidatos o de las circunstancias del país. (Ejemplo: hay quienes están dispuestos a darse un balazo en el pie, con tal de no votar por el PRI).

En cambio, en la mayoría de los que sí "son México", el razonamiento del voto se basa en desencantos, en utopías, en credibilidad hacia las promesas de cambio, y mucho en apariencias y sentimientos de y hacia los candidatos, el llamado en inglés "look and feel".

Dicho lo anterior, lo que nos debemos de preguntar los que "no somos México" y quisiéramos que Meade fuera el próximo Presidente, es si Meade será capaz de capturar el voto y conectarse con las emociones y las necesidades más apremiantes de los que "sí son México".

Si a la hora de votar pesará el lastre de la marca PRI, el lenguaje verbal y corporal, y las promesas vacías de una persona como López Obrador, o el talento y la impecable trayectoria de Meade, o el "look and feel" que cada candidato proyecta.

No me refiero a los demás candidatos que aparecerán en las boletas electorales, sean del llamado Frente Opositor o independientes, porque en mi opinión su participación sólo servirá para fragmentar votos, que el Presidente de México sea elegido con sólo aproximadamente un tercio de la votación, o para alterar de manera casi impredecible el pronóstico de las encuestas electorales.

Creo que la próxima elección presidencial será una elección entre la razón y la emoción, entre argumentos y antagonismos, entre sueños y realidades.

Para los que no están informados, para los que sólo leen las secciones deportivas de los diarios, para que los que "sí son México" entiendan mejor lo que está en juego en el 2018, les hago una analogía futbolera: las próximas elecciones presidenciales no son para votar por el capitán de las Chivas o por el capitán del America, son para elegir al capitán de la Selección Nacional.

Por un lado, los pasivos para la cuenta del partido en el gobierno no son pocos ni menores en importancia. La inseguridad y la violencia crecen y están más presentes en todo el país. De igual forma, la confianza en las instituciones, y en particular las que sostienen la democracia, está en un nivel preocupantemente bajo, más aún ante un andamiaje incompleto en temas de enorme relevancia para la ciudadanía. En contrapartida, la percepción social sobre la corrupción es tal que no puede admitir que se le diga que "hay que moverse en un esquema en el que la pregunta no sea válida...".

Por otro lado, la estabilidad económica se mantiene, la confianza del consumidor se recupera, la economía crece y genera empleos lentamente pero lo hace, el presidente Peña conserva la calma aún frente a la provocación (como lo atestiguan las múltiples verónicas que le colocó a una más de las torpes embestidas de la senadora Sansores), y múltiples instituciones en el país vienen cumpliendo su labor sin dejarse llevar por la inercia y gritería electoral, más agresiva y degradante conforme se acerque la fecha fatal.

El sistema está diseñado para mantener a las mayorías en pobreza y pobreza extrema y sin educación o con educación de pésima calidad. En un entorno así no se genera conciencia y es fácil "convencer" con tarjetas de 100 o de 500 pesos y también infundiendo miedo.

El poder es un asunto complejo. Los mejores intencionados terminan absorbidos por él y cooptados por el sistema. Y hablo de México y el mundo. Una vez instalados, cobijados por la buena vida y un sistema que los sobreprotege, entonces la sociedad deja de estar en el foco de sus intereses y la soberbia y la mezquindad campean. Las necesidades sociales son algo hasta estorboso y no se nos ocurra a periodistas y ciudadanos hacer la más leve crítica porque entonces viene la intolerancia y las descalificaciones de quienes considerábamos eran las mejores opciones en el espectro electoral.

Es muy difícil [cambiarlo] desde adentro (seguro habrá quienes lo hayan intentado, sin éxito hasta ahora) y no se diga desde afuera, pero no queda otra. Hay que seguir y tenemos tiempo. Apenas se van definiendo candidatos y mientras no modifiquemos radicalmente el sistema es lo que hay. Es una vergüenza pero es lo que tenemos; y de pronto parece un callejón sin salida pero llegará el día.

Evidentemente hay una irritación social en el ambiente, se percibe una enojo colectivo que tan sólo espera una provocación para estallar. Muchos atribuyen la acción gubernamental como generadora de la misma, pero yo no lo considero así ya que concibo a la autoridad como un mal necesario, como un perjuicio permanente ya que me es muy difícil pensar en un gobierno que no haga daño y que si alguna vez provocara algún beneficio sería por excepción y casi por accidente, pero se da sólo de forma accidental y sin voluntad de beneficiar.

Nuestros representantes populares suelen ser muy dañinos y capaces de ensuciar hasta lo que no les toca. De que me protejan a que me abandonen, me quedo siempre con el abandono ya que el legislativo es por definición el más dañino de los poderes del Estado.

La economía condena a millones a sufrir carencias horrendas. El medio ambiente colapsa y nuestra relación con los ecosistemas que nos rodean es de saqueo salvaje.

2017 termina con la noticia de que la violencia rebasará las cotas de 2011, el año más violento hasta ahora de la guerra contra el crimen.

A muchos nos desarma la normalidad con que se asienta en los medios la anormalidad de estas noticias salvajes: sumas de cadáveres recogidos cada día, nuevos pleitos a muerte por territorios entre nuevas pandillas, ejecuciones brutales a la luz del día y autoridades que no dicen una palabra, que no intentan una explicación, que no formulan una hipótesis, que parecen no tener la más remota idea ni de por qué regresa esta violencia ni de cómo echarla para atrás.

El gigantesco fracaso de la política de seguridad que esta situación revela no parece preocupar a nadie, fuera de un grupo de especialistas, reporteros, académicos, que siguen tratando de hacer entendible lo que sucede, sistematizando la información disponible, cruzando estadísticas, descifrando notas de prensa y boletines de la fuerza pública.

La respuesta de gobiernos y legisladores a la increíble anormalidad que es la normalidad de nuestra violencia ha sido aprobar una ley de seguridad interior que, en el mejor de los casos, no hace sino legalizar el statu quo, ese que no cesa de moverse hacia peores cifras y que consiste en seguir echando a las fuerzas armadas sobre las llamas y las balas de un fenómeno cuyas entrañas, a estas alturas de la pelea, nadie parece conocer ni puede explicar al público.

No hay nada tan sintomático de la normalización de la anormalidad como la rutina informativa que da cuenta, con cara de palo, del torrente de ejecutados, decapitados, secuestrados, desaparecidos.

Nadie pregunta por qué. Nadie exige a la autoridad que enumera los hechos una explicación, alguna hipótesis, la descripción de un pleito criminal en curso: algo que dé a los hechos un asomo siquiera de explicación, un entorno que lo haga entendible, que explique lo que puede estar pasando en el seno de esas comunidades que se mata como si respiraran.

Nuestros medios explican mejor los incendios, los huracanes y los frentes fríos, que la salvaje muerte cotidiana de seres humanos asesinados, secuestrados, desaparecidos, decapitados.

Es la normalidad de nuestra anormalidad.

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