La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó medidas para detener el proceso de reclutamiento de 66 personas como capacitadores y supervisores electorales en la elección de 2024, al encontrar que se estaban afiliados a partidos políticos, lo cual es un impedimento legal para participar en el proceso.

La comisión advirtió que, de manera preliminar, se trató de una inscripción consentida por las personas involucradas, de acuerdo con la información proporcionada por los partidos y la autoridad electoral.

La presidenta de la comisión, Claudia Zavala, explicó que en unos casos las personas presentaron oficios para deslindarse de su afiliación, y, por otro lado, también se iniciaron procedimientos de oficio al detectar la afiliación durante el proceso de contratación.

"Todo este modelo está creado porque hay un requisito legal que establece que quienes sean capacitadores electorales, por lo menos un año antes, no deben de ser militantes de partidos políticos", puntualizó la consejera.

Explicó que las medidas procedieron porque los partidos políticos presentaron las cédulas de afiliación de las personas, por tanto, no pueden continuar en el proceso de selección de capacitadores y supervisores electorales.

"Seguirá la investigación, pero el objetivo de la medida cautelar es que no se vaya a consular alguna violación a estos principios y permitir que personas que no cumplen con un requisito puedan estar incorporadas como supervisores o capacitadores electorales", apuntó.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió recomendaciones a 9 municipios de Jalisco por omisiones en garantizar un medio ambiente sano.

Los municipios señalados son Atotonilco El Alto, Cuquío, Ejutla, Cabo Corrientes, Guachinango, San Diego de Alejandría, Santa María de los Ángeles, Santa María del Oro y Talpa de Allende.

Las recomendaciones fueron emitidas luego que, en 2021, la CEDHJ iniciara una queja de oficio contra los 125 municipios del estado por posibles omisiones en la actualización o contar con una normativa para la protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico en su territorio.

Entre las acciones a identificar, está si los ayuntamientos contaban con alguna normativa ambiental, la capacitación de su personal en la materia, acciones para atender la contaminación acústica, desarrollo urbano, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos o garantizar la infraestructura de abastecimiento, tratamiento y alcantarillado de agua.

Sin embargo, los 9 municipios mencionados no atendieron las sugerencias hechas por la CEDHJ pese a contar con periodos para presentar pruebas y procesos de conciliación.

En total, la CEDHJ emitió 40 recomendaciones en lo que va del año, la mayoría dirigidas a los municipios y la Fiscalía de Jalisco.

Ayer las y los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC Jalisco) definieron los llamados topes de campaña que quedan en una gran simulación porque los partidos políticos y sus aspirantes a algún cargo de elección popular los ignoran y porque las autoridades electorales se quedan cortas en materia de fiscalización del gasto en las campañas.

Por eso quedara en un decir que las y los candidatos a gobernador sólo podrán gastar 46'234,321 pesos, mientras que las y los aspirantes a una diputación de mayoría relativa su límite en teoría es de 2'311,716 pesos, mientras los que compitan por las alcaldías dependerá del tamaño y número de habitantes de sus respectivos municipios.

Estas violaciones a la Ley Electoral que se repiten cada proceso electoral y quedan olímpicamente impunes, quedaron claramente expuestas en un libro publicado por Luis Carlos Ugalde, ex presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) y por María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) luego del proceso electoral del 2018, titulado "Dinero bajo la mesa. El financiamiento ilegal de las campañas". El cálculo, en este estudio, es que por cada peso que los partidos políticos reportan a las autoridades electorales como gasto de campaña, hay otros 15 pesos que no se declaran.

Ahí se plantea además "el modus operandi de una práctica corrupta que está socavando los cimientos de la legalidad y equidad de las elecciones en México", y cómo el sistema electoral ha fracasado en combatir los financiamientos públicos y privados ilegales de las campañas, convirtiéndose "en uno de los principales gérmenes de la corrupción en el país".

Fuera de la suspensión de las candidaturas de Morena a la gubernatura de Guerrero y Michoacán en las pasadas elecciones intermedias por incumplir en los informes de gastos de campaña, ni las autoridades electorales federales ni los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) han aplicado sanciones ejemplares para quien incurra en engaños y mienta en la rendición de cuentas del gasto de sus prerrogativas y donaciones. Las pocas veces que se les multa por este y otros conceptos, la multa se paga con el propio dinero que les da la autoridad, lo que resulta también una simulación.

Nunca se ha impedido, por ejemplo, la llegada a los cargos de elección popular por los que contendieron a las y los candidatos que hayan violado los topes de campaña, pese a que han existido casos en los que se acredita esta ilegalidad.

Urge, pues, que las autoridades electorales afinen sus esquemas de fiscalización pero sobre todo se animen a sentar precedentes con sanciones rigurosas que inhiban estas malas prácticas de los partidos, que efectivamente, abren los circuitos de corrupción y lavado de dinero de las mafias que luego someten a los gobiernos, como ya nos pasa.

En temas sobre diputados federales, ya no ha dicho nada Salvador Caro. La duda es: ¿Sigue en Movimiento Ciudadano? Porque había hecho una asamblea con simpatizantes en la que la mayoría votó a favor de buscar candidaturas en otras fuerzas políticas.

En fin, se sabe que el diputado tuvo diálogos con la gente de la coalición PAN-PRI-PRD y que también hizo sus cálculos con los de Morena. Y coqueteó para lograr espacios en Guadalajara.

Le habían puesto fecha fatal para que se definiera, porque en su partido se les estaba terminando la paciencia.

Las encuestas han dejado de servir como termómetro al haberlas pervertido los actores políticos que contratan casas demoscópicas y hacen encuestas a modo para ir construyendo la idea de la inevitabilidad del triunfo de quien es la o el cliente, o para neutralizar la manipulación de las percepciones.

No acabo de salir de mi asombro cuando una pareja de jóvenes ambiciosos y frívolos se monta en la estructura democrática, construida en nuestro país con enormes sacrificios y, como saltimbanquis, brincan de una candidatura a otra, mostrándose como mil usos de los cuerpos legislativos o de los poderes ejecutivos municipal, estatal o nacional. Me niego a aceptar que los jóvenes se dejen seducir por un par de tenis color naranja "fosfo-fosfo" y que políticos de viejo cuño, como Dante Delgado, los muestren en la asamblea de su partido como el símbolo de su movimiento. ¿Es que la emotividad a substituido a la inteligencia? ¿Es que, vacíos de propuestas para resolver los graves problemas de la sociedad, algunos políticos optan por la banalidad? Es simplemente grotesco, ordinario, ridículo. Por si fuera poco, no dejo de preguntarme: ¿de dónde los dineros para sufragar los enormes gastos publicitarios en los que se soportan campañas mediáticas a lo largo y ancho del país? Y ¿quién gobierna y administra, en este caso Nuevo León, mientras ellos dedican su tiempo a persuadir a sus posibles electores? No estoy enojado. ¿Debería?... Simplemente me entristece la superficialidad de los manejadores de medios, la bajísima calidad de los actores y la disposición de los ciudadanos para aplaudir, hasta sangrarse las manos y desgarrarse las vestiduras, ante tan terribles despropósitos.

Mariana Rodríguez, la influencer que fue el motor de la locomotora que llevó a su esposo Samuel García, el gobernador de Nuevo León, a una efímera campaña presidencial, ya recibió el visto bueno de quien tiene el dedo electoral más largo de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador. La señora Rodríguez, que estaba negociada con el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, para ir al Senado en la próxima legislatura, cambió su destino tras el fiasco de su esposo, que en una fuga para delante, decidieron que ya no sería la cámara alta [menos baja], sino la alcaldía de Monterrey, que también se pone en juego el próximo año, el objetivo inmediato.

El 23 de abril de 2021, el periódico la Vanguardia de Saltillo reportó que desde 2019 las autoridades estaban investigando a García, en ese entonces candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de lo cual ya había sido informado el Instituto Nacional Electoral, que a su vez, turnó el caso a la Comisión de Fiscalización para investigar posible financiamiento electoral ilegal.

Las operaciones investigadas incluían depósitos por 26 millones de pesos de una empresa fantasma, además de 170 millones de pesos triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero, así como consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito y retiros millonarios en efectivo, en donde además de la pareja, estaba involucrado el padre de Rodríguez, Jorge Rodríguez Valdés.

El 24 de abril de 2021, el portal SDP, cuyo fundador está en el cuarto de guerra de la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum, publicó la investigación en curso contra la influencer y su padre, porque la esposa del gobernador había recibido entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, 60 transferencias bancarias vía SPEI por 1'371,000 pesos, desde la cuenta de una empresa reportada por operaciones irregulares en el sistema bancario. Adicionalmente, agregó, la señora Rodríguez recibió 4 depósitos por 1'114,000 pesos en esos mismos años, y entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, gastó casi 3 millones de pesos en su tarjeta de crédito, sugiriendo que su evolución patrimonial no justificaba ese gasto.

El 16 de mayo de ese mismo año, Infobae añadió que apenas una semana antes, la Fiscalía General dio a conocer avances de las investigaciones contra García y su familia, en donde apareció por 1a. vez mencionado su padre, Samuel Orlando García Mascorro, además de su esposa y suegro, que ya habían sido referidos en otras pesquisas. Infobae refirió un trabajo del reportero Arturo Ángel, en ese entonces en el portal Animal Político, que detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera había detectado 8 empresas con actividades sospechosas donde su suegro era el objetivo central de una investigación sobre la presunta simulación de operaciones por parte de la empresa Proveedora de Talento Ejecutivo, que suponías había elaborado facturas de servicios que jamás podría haber realizado porque no tenía los recursos humanos para proporcionarlo, y que había facturado a través de una empresa fantasma. Según el reportero, el padre de Mariana Rodríguez figuraba también en varias empresas a través de las cuales se detectaron triangulaciones de millones de pesos.

Las filtraciones sobre las investigaciones iniciadas contra García, su esposa y sus familias se dieron en el contexto de la elección para gobernador en Nuevo León, donde la candidata de Morena, impuesta por López Obrador era Clara Luz Flores, que no despegaba y había sido relegada al 3er. lugar en las encuestas. La presión contra García comenzó a bajar cuando después de la publicación de las investigaciones, García habló con el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, para asegurarle que no tenían sustento esas imputaciones.

Scherer habló con el presidente y aparentemente se congelaron las investigaciones, pero García quedó prácticamente como rehén. El ofrecimiento implícito que hizo, ante el derrumbe electoral de la candidata de Morena, es como gobernador apoyaría los proyectos presidenciales. Los asuntos penales se olvidaron, se acabaron las filtraciones de la Fiscalía y todas las presuntas violaciones electorales de García se quedaron en el INE, que en julio de ese año, una vez que había ganado la elección, lo multó con casi 500,000 pesos por aportaciones que no se reportaron al instituto, y a Movimiento, por lo mismo, lo sancionaron con 55 millones de pesos.

Las carpetas de investigación contra García y su familia no desaparecieron. Existen y están abiertas. García le ha sido funcional a López Obrador, aunque no pudo concretarse el pacto con Dante Delgado para hacerlo candidato presidencial y quitarle votos de la clase media a la candidata del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, por el terror del gobernador a que un interino fuera de su control, lo investigara penalmente.

Ahora, una vez más con el control en el gobierno, García sigue jugando sus fichas con el aval de López Obrador que palomeó a la señora Rodríguez, omitiendo las investigaciones en su contra. Nada sorprendente. Sus fines, contra lo que dice, sí justifican los medios.

Las campañas tienen el objetivo de darse a conocer, ante el electorado, con el fin de sumar votos a su favor en las próximas elecciones.

Es sumar y sumar, y tratar de no restar. Pero la realidad es que los indecisos siguen siendo una gran cantidad, y muchas veces incuantificable, porque un día dicen una cosa y mañana cambian de opinión, y dicen otra. La percepción que tienen los votantes de los partidos, las ideologías o hasta de la personalidad de los candidatos, cuenta mucho. Y es, hasta cierto punto, algo variable y sin un anclaje definitivo.

Aunque hay que reconocer, que suceda lo que suceda, los que están firmemente casados con un partido o con un modelo ideológico, no van a cambiar por ningún motivo. Irán al 100% con sus ideas y nada los hará cambiar de su postura.

Los expertos dicen que ese segmento de la población no va a modificar nada, con campañas o sin ellas, su voto está definido desde ahorita. Es el llamado voto duro. Que de todas maneras, existe una mínima posibilidad de que las cosas cambien, si se descubren nuevos aspectos, falsedades, mentiras o engaños que por medio de un escándalo, se conviertan en un hecho incuestionable. Lo que regularmente no sucede.

Así que el esfuerzo central sigue siendo ir por los votos de los indecisos, y convencer a los que no les interesa la participación política en las urnas.

Existe también la posibilidad de que los plenamente adeptos y convencidos, se pasen al bando de los abstemios y dejen de tener interés por ir a votar. Lo cual puede llegar a suceder y también tendría que suceder algo extraño, para que esto suceda.

La psicología de los indecisos es muy importante comprenderla, porque son personas que no suelen tener mucho interés en la política, en la participación democrática y acaban por no estar enterados de mucho de lo que sucede en el país. Pero que a la mera hora, si están dispuestos a ir a depositar su voto el día de las elecciones.

Los líderes, si son capaces de hacer que las personas cambien su postura, y con cierta razón, las emociones de afecto, incluido el concepto de amor a la patria, el amor a México, puede hacer que sí se den cambios en el rumbo que hasta ahora las encuestas y las estadísticas señalan.

En el fondo del corazón y de la consciencia, si hay una intuición de lo que es verdadero y lo que es falso, de lo que es correcto y de que no lo es. Y esa es la apuesta a la que se le debe apostar. Los indecisos, pueden definir su voto si sus emociones y afectos así se lo indican.

"Dante se quita máscara, es aplaudidor, es fosforena": Alejandro Moreno Cárdenas.

La decisión de Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), de romper con el bloque de contención en el Senado de la República llevará a MC al precipicio y a su desaparición, advirtió el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien señaló que si alguien representa lo más rancio y lo más arcaico de la vieja política es el dirigente de MC, "siempre ha sido un aplaudidor, porrista del presidente".

Rictus
(v.periódico El Financiero en línea del 8 de diciembre de 2023).

Dante Delgado quedó totalmente "encuerado" al mostrar sus aviesas intenciones de dinamitar el bloque opositor.

El discurso iracundo exhibio el contubernio real entre el dueño de los naranjas con el principal huésped de Palacio Nacional.

Ya sin máscaras, anuncio que los senadores de Movimiento Ciudadano rompen con el bloque opositor en la cámara alta [menos baja - el webmaster].

Es muy útil para los ciudadanos conocer el verdadero rostro de MC.

Dante Delgado en realidad, era el caballo de Troya dentro de los opositores al actual régimen.

Después de que se terminó la fiesta de disfraces, en enero su nuevo candidato se abocará a restarle votos de la clase media a Xóchitl.

Sin embargo hay nubarrones en el cielo naranja, contra Dante, quien ha logrado aglutinar a muchos de sus correligionarios, pero en su contra, como ocurre en Jalisco, Nuevo León, CDMX y otras ciudades en donde gobiernan.

El otro tema en el que tendrá que abocarse el veracruzano es cómo demonios le va a hacer para no perder la poca credibilidad que le queda.

Todo MC quedo en balandronadas de una persona que, siendo cobarde, ostenta valentía, generalmente con visos de fanfarronería. ¿Me estás escuchando, Dante?

Más allá de convicciones, para el alfarismo y para MC en Jalisco sumarse al obradorismo podría costarles muy caro en la elección local. El voto naranja en Jalisco es tránsfuga del panismo, es esencialmente conservador y antilopezobradorista. Si Alfaro rompió con López Obrador en la elección de 2018 fue porque tenía claro que necesitaba tomar distancia de la izquierda si quería ganar uno de los estados más conservadores del país. Algo similar sucede en Nuevo León. Más allá de los berrinches de Samuel García y sus ganas de vengarse del PAN y el PRI, su base electoral no es pejista, sino todo lo contrario.

El gobernador de Jalisco es un político pragmático que ha hecho y desecho acuerdos en función de lo que requiere en cada momento. Hoy por hoy su prioridad es refrendar el gobierno naranja en Jalisco. Cualquier otro resultado que no sea el triunfo de Pablo Lemus significa una derrota personal y un riesgo para la continuidad del grupo. Lo mismo sucede con Luis Donaldo Colosio en Monterrey. Lo que está en juego es la reelección y con ello la continuidad de su carrera política.

No es, pues, automático que las negociaciones de Dante Delgado con el presidente se conviertan en votos en el Senado.

Pareciera que los vientos huracanados llegaron hasta Nuevo León, en donde el viernes pasado "se les cayó el naranjo" y dejó sin candidato a la Presidencia al movimiento naranja de Movimiento Ciudadano (MC) con el regreso de Samuel García a la gubernatura del estado.

Todavía el viernes por la tarde -horas antes del "ventarrón"-, el dirigente nacional Dante Delgado se "volcaba" en la idea de "éste es un país de jóvenes que requiere de jóvenes. Las circunstancias políticas se van adecuando y en este momento México requiere de un golpe de timón para que lleguen las nuevas generaciones". Incluso anunciaba que Samuel estaría al día siguiente en el Bajío iniciando su precampaña presidencial. Y ¡...tómala!, su joven promesa que se le regresa de donde venía y los deja sin candidato -de paso sin esperanza-.

Y no solamente Dante Delgado prometía juventud y mejor futuro para México el viernes por la tarde, sino que mentía con los números de las encuestas, presumiendo que Samuel García ya estaba ubicado como 2o. lugar en la preferencia del electorado. "En sólo 9 días ha tenido un crecimiento exponencial, que los tiene -se refería al PRIAN- aturdidos, desesperados y sin estrategia". Falso, porque hasta ese día, de acuerdo con los promedios de las 7 encuestadoras más reconocidas, Claudia Sheinbaum estaba a la cabeza con 51.1%, seguida por Xóchitl Gálvez con 26.3% y con apenas un 7.3% -distante 3er. sitio- se ubicaba Samuel García.

Ahora, de dónde va a sacar al joven con futuro que los represente. La única opción real sería Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, quien está impedido legalmente, ya que para poder ser candidato, debió haber renunciado a su posición 6 meses antes -2 de diciembre- de la elección del 2 de junio del 2024. Hoy de los que se habla como "posibles" están el diputado Jorge Álvarez Máynez -38 años- quien es el único que encaja en el perfil ofrecido, el senador Juan Zepeda -55 años-, la senadora Patricia Mercado -66 años- y el mismo senador Dante Delgado -72 años de edad-.

Dante Delgado, a pesar del revés que significó la salida de Samuel García, dice sentirse optimista. "El PRIAN creyó que sacando a Samuel iba a tener el camino libre, pero lo que no han entendido es que lo único que lograron fue consolidarse como los partidos más odiados, con mayor rechazo y que más daño le han hecho a México". Sin acordarse que él fue de esos mismos, porque inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde ocupó, entre otras posiciones, la de gobernador interino en Veracruz y como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional.

En el sainete de Nuevo León se puede ver al mismo tiempo la calidad y ética de la política que hacen todos los partidos: MC acusó al PRI y al PAN de representar lo peor de la vieja política, pero los que postulan la nueva política no se la pensaron para llevar porros y acarreados al Congreso del Estado para tratar de impedir la sesión donde se eligió al gobernador interino.

Más allá de este sainete cabe revisar lo que logró Samuel García y MC en apenas 2 semanas. La fugaz precampaña de Samuel García se mostró como la más apta para producir y difundir mensajes a los votantes. Expertos resaltaron que el 1er. spot del abanderado de MC tuvo muchas más vistas en Instagram, Tik Tok y otras redes sociales que los de sus competidoras.

¿En qué se basa su éxito? En una estrategia de comunicación fundada en las redes sociales, en la promoción de las personalidades, especialmente con el respaldo de su esposa Mariana Rodríguez. Solamente en Instagram, la primera dama de Nuevo León tiene 3.5 millones de seguidores. Es un modo de hacer política basada en la imagen, en la difusión de mensajes cortos y de consumo instantáneo. Su distintivo son unos tenis anaranjados fosforescentes de donde viene el logo fosfo fosfo.

Esta política fosfo es la seña distintiva de las estrategias de comunicación de MC, pero ¿es realmente distinta de la anterior política?, ¿qué tan distinta es la campaña de los tenis fosforescentes de Samuel García de las botas vaqueras de Vicente Fox del 2000 o la imagen del copete bien peinado de Enrique Peña Nieto de 2012?

En realidad, hace tiempo que la política que se hace dentro de los marcos de la democracia liberal y que tiene en las campañas electorales sus momentos estelares, dejó de tener una sustancia política realmente democrática para centrarse en el eslogan recordable, en mensajes cortos que intentan atrapar la atención del consumidor-elector y en difundir una imagen atractiva del producto-candidato. Antes en la televisión y las fotos en los periódicos, ahora en Instagram y Tik Tok.

Así fue la campaña fosfo-fosfo, una estrategia basada en imágenes y escenarios para los spots sin sustancia en las ideas, sin postular ninguna ideología, sin apelar al debate o la reflexión detallada y profunda de los temas que aquejan a la sociedad y de las herramientas y recursos necesarios para combatir y terminar con esos problemas. Ni la campaña fosfo-fosfo ni ninguna otra campaña se hacen en condiciones realmente democráticas donde toda la sociedad participe en el debate y tome en sus propias manos las decisiones que mejor le convengan. La fugaz campaña fosfo-fosfo se suma a otras campañas electorales que no interpelan realmente a la sociedad.

En casa, una niña de 14 años dice "si yo tuviera 18 votaría por Samuel porque me caen bien él y Mariana". Por eso qué bueno que los niños no votan, se le responde.

Pero, la diferencia no es tanta para llegar al sector de los 18 años, los primeros votantes, el sector de las redes sociales y al que estaba dirigida la campaña de Samuel García. El sector que, en su gran mayoría, desconoce el por qué elegir a un candidato o candidata o no. El que representa 15'219,000 votos de los más de 50 que contempla el INE de la población joven.

Es el sector que ha visto cómo sus padres y madres se quejan de la política, mostrando desinterés de las y los personajes que representan pata ellas y ellos "los malos", "los aburridos", que poco tienen que ofrecer más allá de una beca para seguir estudiando.

Los jóvenes son el sector de las redes sociales, pues de acuerdo con el INEGI, de los 35.3 millones de jóvenes que utilizan internet, 33.9 millones (96.1 %) suelen interactuar en las redes sociales, y más de 19.5 millones cuenta con un teléfono celular.

Y así, se convierte en el que más usa Instagram, Facebook, WhatsApp, también según el INEGI, pero que no sale de TikTok, red social que ha ganado terreno en el entretenimiento, y donde es común ver reels de grupos de jovencitas y jovencitos bailando al sonido de "Ponte nuevo, ponte león. Ponte nuevo, Nuevo León", seguido de frases como "Cuando bajan de la campaña por el que ibas a votar".

La precampaña de Samuel a la Presidencia y su campaña a la gubernatura de Nuevo León, se debieron completamente a las redes sociales más allá de sus eventos presenciales. Es decir, estaba enfocada en sus videos con Mariana en su camioneta nueva, sus ocurrencias más allá de contenido informativo o de calidad. Los get ready with me de Mariana, y Mariel como estandarte. Las canciones tontas, pero pegajosas.

Precisamente para eso se había preparado el equipo de Rafael Valenzuela, luego de haber llevado la comunicación del Gobierno en Jalisco basado en videos en redes sociales.

La tenían hecha desde los seguidores conseguidos para Samuel y Mariana desde sus sorteos virtuales de teléfonos celulares, pero también y que no se olvide, con la violencia machista de Samuel mientras ambos comían costillas en cuartos separados durante pandemia, y que no se olviden tampoco los "fosfo fosfo" sin un sentido político de fondo más allá de la forma en la que Mariana ignoró a Samuel un día de 2020.

Así de hueca y vacía venía la campaña, pero sin duda había funcionado, los eventos de Samuel, en su mayoría eran orgánicos gracias precisamente a las y los jóvenes seguidores de las redes, tan solo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara un mar de juventudes esperaba porque Samuel les firmara el libro que presentaba, la mayoría ni lo había leído, si no solo lo habían tomado de la mesa donde se exhibía y regalaba.

No me hace feliz que su candidatura se viniera abajo porque precisamente en la política Samuel no quiso (o no supo) negociar, tenía más que perder ante las investigaciones que se siguen en su contra desde Presidencia, así como la investigación por evasión fiscal que pesaba en su haber. Tanto Samuel como Rafael dejaron claro que de redes sociales mucho, pero de estrategia y conocimiento político, poco.

Pero sin duda es un gran momento que nos deja mucho análisis, tanto político como social, en llamado a madres y padres de familia para reforzar el hecho de que la vida no corre en redes sociales, de investigar e informarse antes de votar solo por el que cae bien. Aún tenemos unos meses, porque sí, la elección de 2024 está en manos de las y los jóvenes.

Por más que Samuel García y Dante Delgado quieran disfrazar de triunfo el descalabro evidente y vergonzoso que sufrió "fosfo fosfo", la percepción generalizada pasa por algunos pocos puntos:

1. Es inexplicable que después de anunciar su precampaña, repentinamente haya recuperado su amor por Nuevo León e inesperadamente renunciara a su aspiración nacional. ¿Cuáles son los motivos reales y no sólo los discursivos? Sin que haya constancia, todo mueve a sospechar que no podía permitir que la oposición descubriera secretos inconfesables de sus 2 años de ejercicio.

2. Samuel García pasa por ser el alfil que más le convenía a la Presidencia de la República para debilitar la campaña de Xóchitl Gálvez y dividir el voto de oposición que, presumiblemente, ella puede obtener.

3. También Movimiento Ciudadano, y no sólo Samuel García, hizo el ridículo y perdió lo que había conseguido. El revés que sufren frente al PRI y el PAN es mucho más que una anécdota e impactará en los resultados electorales de 2024. Durante meses, Dante Delgado jugó sus piezas y permitió el rumor de una coalición total; mantuvo el diálogo con Marcelo Ebrard y se conflictuó con Enrique Alfaro Ramírez. Finalmente, impuso su voluntad. Ni Ebrard ni Alfaro le pudieron ganar la partida, pero la tragicomedia del gobernador de Nuevo León lo derrotó.

Desde ahora y hasta el 20 de enero, MC tiene la difícil tarea de construir, otra vez, una campaña presidencial, empezando por la candidatura que más convenga. Suenan varios nombres: el mismo Dante Delgado, la senadora Patricia Mercado (que ya antes ha rechazado ser candidata), el diputado federal Jorge Álvarez Máynez y hasta el recién llegado al partido naranja, Juan Zepeda.

Ante lo que puede suceder en este partido político, no sería sorpresa que en unos días o en unas semanas las reglas vuelvan a cambiar.

Dicho en términos llanos: perdieron seriedad.

En este punto, hay una pregunta interesante: ¿El caso Samuel puede impactar y perjudicar la campaña de los candidatos emecistas en Jalisco? Potencialmente sí. Pero lo primero que seguramente harán es borrar cualquier referencia al gobernador del "Nuevo Nuevo León" de sus discursos y referencias.

Enrique Alfaro estaba en lo cierto. El momento histórico en México inclinaba la balanza, de manera natural, a encontrar un espacio de acuerdo entre todas las fuerzas políticas diferentes de Morena y Andrés Manuel López Obrador, para tener la posibilidad de ganarles la Presidencia el año entrante. Pero Dante Delgado trazó un proyecto diferente y además, no está en disposición de compartir su liderazgo dentro del partido. Además, persiste la suposición de que hay un entendimiento secreto con el presidente.

Como los malos aguacates, Samuel García, "El Nuevo", se pudrió verde y pasará a la historia no sólo por haber provocado la mayor crisis política de la historia reciente de Nuevo León, sino también por ser el precandidato presidencial más fugaz en la historia política del país.

Algo pasó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, su mayor impulsor y defensor, no pudo desactivar las venganzas políticas que el PRIAN le tenía cantadas en el congreso para poner a uno de los suyos como gobernador interino.

Fruto de su novatez e inexperiencia política, Samuel pensó o creyó que desde el Palacio Nacional bastaría presionar a las y los diputados opositores del Poder Legislativo de Nuevo León para obtener la cortesía política de validar a su secretario de Gobierno como interino durante la licencia de 6 meses que había solicitado a partir del 1o. de diciembre, cuando siempre despreció el diálogo y negociación con priistas y panistas, que "representaban la vieja política".

Lo que nunca calculó el intempestivo político regio, su dirigente nacional Dante Delgado, y tal vez ni López Obrador, fue el papel que jugaría la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en esta controversia, por el abierto enfrentamiento que tiene con el poder ejecutivo y en particular con el presidente, por sus continuas descalificaciones desde el púlpito diario de las mañaneras.

Con una velocidad no conocida en sus procedimientos, recibiendo la petición del Congreso de Nuevo León en fin de semana y fuera de horario, en menos de una hora la Corte falló poco después de las 23:00 horas del viernes que el priista Luis Enrique Orozco debía ser el gobernador interino, pese a que el Tribunal Electoral había garantizado a Samuel García que su interino tendría que ser emanado o aliado del partido Movimiento Ciudadano.

Tras exhibirlo, obligándolo a abandonar la aventura de la candidatura presidencial y regresar de madrugada y por la puerta de atrás al Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado con mayoría opositora al gobierno estatal aprobó ayer el regreso del "Fosfo-fosfo", luego de que Orozco renunció al cargo de mandatario sustituto, que asumió la noche del viernes en medio de una conflictiva sesión en la que un grupo de simpatizantes del todavía, ese día, precandidato presidencial, dieron portazo en el congreso para tratar de impedir ese nombramiento.

Terminó así ayer el Nuevo León de 2 gobernadores y la crisis constitucional en aquella entidad norteña. Los alicaídos dirigentes del partido Movimiento Ciudadano anunciaron que hasta el próximo 20 de enero elegirán a su nuevo candidato, mientras que en Palacio Nacional, López Obrador lamentó durante 40 minutos lo que le ocurrió a Samuel, al que no pudo proteger de sus diferendos con la Corte, y que se fue con 14 puntos porcentuales que cumplían de sobra la misión que le había encomendado para dividir el voto opositor.

1.- ¿A qué le teme Samuel? Fue capaz de renunciar a su aspiración presidencial con tal de no dejar el Gobierno de Nuevo León en manos de nadie que no fuera suyo. ¿Pues qué esconde? ¿Qué cadáveres tiene en el clóset? ¿O esperaba que el presupuesto estatal fuera la gasolina para la campaña?

2.- Samuel García, que dice representar la "nueva política", opera con las prácticas más viejas: en un comunicado absolutamente inusual el Consejo de la Judicatura Federal denunció la intimidación contra sus integrantes, súmele la persecución a opositores y familias y el envío de un contingente para romper la sesión el congreso local.

3.- Samuel no supo negociar. Y creyó que con argucias de coyote de juzgado iba a salirse con la suya. Más que nueva o vieja política lo que hay es mala política.

4.- Ni es el desafuero, ni Samuel es AMLO. Justo lo contrario: a López Obrador lo querían sacar de la boleta, a Samuel le aprobaron la licencia para que compitiera y hasta se resistieron un par de días para se quedara en la contienda presidencial. Si Samuel no estará en la boleta es porque no quiso.

5.- El berrinche. Ya que decide no buscar la Presidencia, publica un video diciendo que se queda de gobernador para no descuidar su estado. Es el niño chiquito al que descubren sus papás en la travesura y trata de cambiar los hechos que todo mundo vio.

6.- Las cabezas de los partidos, a quienes siempre se ningunea y minimiza, supieron operar. Marko Cortés del PAN y "Alito" Moreno del PRI le tendieron la cama a Movimiento Ciudadano. Le desarticularon a su precandidato y encima, hicieron ver a MC como un ala de Morena. Quien se quede con la candidatura presidencial de MC tendrá que batallar contra una percepción de que son unos esquiroles del gobierno. Con ello disminuyen la amenaza de perder segmentos del electorado que buscaban una oposición que no fuera regresar a los partidos de antes.

7.- Morena tendrá desde el norte del país a un golpeador constante del frente opositor. El presidente López Obrador tiene a la oposición dividida y peleando entre ellos mientras su candidata se placea cómodamente arriba en las encuestas.

8.- Estos 10 días de Samuel (y Mariana) nos demostraron que las campañas sí importan y que nada está definido. Duró unos cuantos días la aspiración de Samuel. Es cierto. Pero en ese tiempo, supo con sagacidad robar los reflectores, adueñarse de la conversación y obligar a sus contendientes Claudia y Xóchitl a hablar de él.

9.- Xóchitl Gálvez podría aprovechar esta oportunidad para salir del marasmo. (No importa cuándo lea usted esto). Su base despertó ante el descaro del caso Samuel. Una gasolina que su campaña no había tenido hace 3 meses. Puede aprovechar para mostrarse presidenciable, como la única posibilidad seria de gobernar apegada a la ley y unificar a todos aquellos que no están viendo en Morena la solución.

La política tiene muchos, muchísimos imponderables, excepto la ley. Resultaba más que evidente que si Samuel García, el gobernador de Nuevo León, quería contender para la Presidencia de la República, era a cambio de la gubernatura, pues el pueblo neolonés, el mismo que le dio 760,000 votos a García, según presumía él mismo en sus redes, no le dio diputados. El pueblo decidió amarrarle las manos a su gobernador y eso exactamente fue lo que vimos.

Se trata de uno de los errores más infantiles de la política en los años recientes. Por más que Samuel quiera autoengañarse diciendo que en 10 días voltearon la elección, que tenía a las candidatas muertas de miedo, que los jóvenes iban a votar por él por el simple hecho de que, además de imberbe, no ha cumplido los 40 años, en las encuestas serias no pasó de los 10 puntos. El mito de la gran campaña es igual que el mito Tesla; no han puesto una piedra de la planta de automóviles eléctricos estadounidenses y la festejan como si ya estuviera operando. Todo fue una fantasía.

Íbamos muy bien, pero se nos atravesó la ley, es el discurso que repiten en redes Samuel García y sus coristas. Incluso tuvo el descaro de decir "la Corte nos cerró la puerta" (sic) cuando lo único que hizo el tribunal fue confirmar lo que había dicho en la sentencia: de acuerdo con la legislación de Nuevo León, el congreso nombra al sucesor. Punto. Ahora encima tiene que resolver el tema de su renuncia, pues jurídicamente esta fue presentada, aceptada y está vigente y no está claro que simplemente con notificar al congreso la licencia quede revocada. En síntesis, todo mal.

El daño a Movimiento Ciudadano no es menor. Construir una candidatura creíble después de esta pifia será mucho más complicado y cuesta arriba. Las opciones más viables son el diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la campaña efímera de Samuel, pero que no tiene ni de lejos el juego en redes -ni el presupuesto- que tenía el gobernador de Nuevo León. La 2a. opción es el propio Dante Delgado, que es la antítesis de eso que hasta el viernes decían ser los naranjas: una opción fresca que le habla a los jóvenes.

Nuevo León está viviendo una historia inconclusa y confusa, producto del salvajismo político del gobernador Samuel García, cuya cacería penal de opositores se le revirtió al colocarlo el PRI y el PAN, sus principales víctimas, en un dilema: la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, sin el ángel guardián que quería de interino para que le cubriera las espaldas, porque la oposición le nombró otro, o para efectos prácticos, dejar de ser el esquirol del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Xóchitl Gálvez, candidata del Frente Amplio. Qué tantos fantasmas debe tener en el clóset y qué tan grande su miedo a la justicia, que García prefirió quedarse en Nuevo León, claramente porque el costo de irse sin red de protección era más alto que el beneficio, y traicionar al presidente, era menos costoso que dejar la gubernatura.

Las cosas, como las pinta García, parecen diáfanas. Pero las cosas, por las acciones de García, son bastante turbias. El congreso no lo reconoce como gobernador y dicen que el legal es a quien eligieron como interino, Luis Enrique Orozco, al aducir que pidió licencia por 6 meses no "hasta" 6 meses, por lo cual tiene que seguir licenciado. Parece un exceso del congreso estatal, que aunque no está clara la disposición, no hay nada que parece obligar a García a mantener su licencia hasta junio próximo. El congreso quiere determinar lo que los electores votaron, atribuyéndose una facultad metaconstitucional.

No se ayuda García, quien no informó al congreso, el órgano que procesa ese tipo de permisos, la cancelación de su licencia, y en su tropelía inagotable se ha metido, además, en el probable terreno del desacato, al haber publicado el mismo día en el Periódico Oficial, en dos ediciones, su licencia y la cancelación de la misma. La destrucción que hace García con cada acción ilegal deja en evidencia para todos, que no buscaba la Presidencia, sino cumplir el rol que le asignaron desde el Zócalo de la Ciudad de México, ser esquirol y, como reconoció López Obrador la semana pasada, quitarle votos de la clase media a Gálvez.

La candidatura de García era una simulación para ayudarle a la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, a ganar. En los 9 días de campaña, y todavía después de abandonar la contienda, García atacó a Gálvez. Estratégicamente no tenía sentido que el 2o. lugar, en donde decía que se encontraba en las encuestas, peleara con quien afirmaba iba en 3o. y con un frente en picada. En este espacio se describió el viernes el quid pro quo de esta operación electoral de Movimiento Ciudadano, y de una candidatura negociada por el fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien, hay que agregar, tenía una Magnum .357 sobre la mesa cuando pactó con Delgado: la investigación sobre su presunta participación en el multimillonario fraude de Segalmex.

Para Delgado, quizás por ello, era fundamental cumplir entregándoles la candidatura de García -los coqueteos con Marcelo Ebrard sólo sirvieron para alimentar la imaginación colectiva-, y ayudarle a blindarlo estos 6 meses con un relevo a modo, su secretario general de Gobierno, Javier Navarro. Delgado viajó a Monterrey para negociar el interinato de García, pero ya vimos su fracaso. Gertz Manero también operó, enviando instrucciones a García -que acató- para que enfocara sus críticas en Claudio X. González, Gálvez y los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Ninguno de los 2 calcularon la profundidad del conflicto de García con el PRI y el PAN en Nuevo León. Tampoco parece haber existido información de calidad que advirtiera la magnitud del conflicto.

Durante las semanas previas al colapso de García, hubo varios intentos para comprar las voluntades de la oposición en el congreso local, donde no tenía los números para que votaran por Navarro, uno de los autores intelectuales de la desaseada y desastrosa estrategia político y jurídica del gobernador, junto con su compadre y jefe de Oficina, Miguel Ángel ("Mike") Flores, y su socio y actual secretario de Medio Ambiente, Félix Arratia. No pudieron cambiar la composición del congreso, donde Movimiento Ciudadano era minoría.

Como no pudo comprar votos, García intentó una chicanada legal que no fructificó. Un interino que no fuera de su claque es peligroso para él. Orozco pudo ser su aliado o haber negociado con él, como en otros momentos de su gobierno, pero lo lastimó y sigue confrontándolo. Su visión es inmediatista y ciega en el largo alcance. En Monterrey [se] dice que es un arrogante que hasta ahora le habían salido las cosas bien.

Lo que está en el horizonte es un gobernador interino con todas las facultades constitucionales de un gobernador. Lo que potencialmente podría caer sobre García es una avalancha para ir despojando al ejecutivo de poder. García sabe que esto vendrá, porque durante su gestión tuvo que detener la publicación en el Periódico Oficial de más de 30 decretos que modificaban la Ley Orgánica, y le quitaban facultades al Ejecutivo que repartían en el Legislativo y el Judicial, entre los que se encontraban la recaudación de impuestos, el manejo del agua y el drenaje en Monterrey, y el manejo de la basura.

El gobernador interino tiene en Nuevo León facultades más amplias que un encargado de despacho, y podía designar y remover a secretarios o iniciar investigaciones por presuntos delitos de García. En un clima tan enrarecido como el que se había acumulado en Nuevo León, no habría sido extraño que el gobernador que persiguió penalmente a priistas y panistas, a sus familias y allegados, fuera presa de los mismos abusos que cometió.

Lo que viene en Nuevo León, una potencia económica y relevante para la relocalización de inversiones, es incierto en todo salvo en una cosa, serán 4 años muy difíciles para todos, porque las heridas son incurables y ya comenzó la larga noche de cuchillos largos.

La crisis que hoy vive Movimiento Ciudadano es consecuencia de algo que advirtió hace justo un año Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y una de sus figuras más fuertes, y menos tomadas en cuenta en 2023 por Dante Delgado, líder del llamado partido naranja.

Hace 12 meses, Alfaro hizo sentir públicamente su descontento por la manera en que Delgado dirigía el partido ausentándose de un cónclave naranja. Enrique creía que a él, y a Samuel García, Dante no los debía citar a una convención nacional sin antes planchar agenda.

Alfaro vivía un momento crítico. Su choque con la Universidad de Guadalajara había escalado al punto que boicoteó la Feria Internacional del Libro 2022. Su enemigo Raúl Padilla, jefe del grupo UdeG, tenía coqueteos con Morena y el gobernador no podía descuidar la sucesión.

Sin amilanarse, el jefe de los naranjas jaliscienses (únicos con diputados federales de elección directa y, a diferencia del neoleonés García, con control del congreso estatal) deploraba no la falta de cortesía de Dante, sino su arcana forma de proceder, incluso con sus 2 y únicos gobernadores.

No vamos a ir a una reunión sin saber de qué va, decidió el jefe del ejecutivo jalisciense. García en cambio asistió y circula una versión de que si ese día, 5 de diciembre, abrió la opción de destaparse fue sobre todo para dar una nota que minimizara el impacto por la ausencia de Alfaro.

El diferendo duró meses y ni con una reunión en Ciudad de México en agosto se disipó la causa de la molestia del grupo Jalisco: qué quiere Dante y cómo pretende llevarlo a cabo. Eso mismo que el líder de MC decía en público -tenemos un plan y en su tiempo lo verán- lo decía en privado.

La estrategia consistía se sabe ahora en repetir lo ocurrido, precisamente, en Jalisco antes que en Nuevo León. Ganar el electorado harto de partidos tradicionales; plantear a MC como una alternativa frente a opciones que ya desilusionaron. Como en Guadalajara en 2015 y en Jalisco en 18 con Alfaro.

La grieta de esa idea es que en estos 5 años incluso en lugares como el Bajío y el suelo jalisciense la marca Morena ha venido avanzando. Y ésta aún captura la idea de un cambio frente al pasado. Suponer que la gente ya se cansó del lopezobradorismo es un error craso o soberbia pura.

La pelea entre Dante y Enrique tenía también el componente de la decisión de la candidatura en Jalisco. Que ese proceso unificara y fortaleciera a los liderazgos locales era tan prioritario, como elegir un candidato o candidata presidencial de tal peso que remolcara al partido en general.

Sin mucha ayuda de Dante, lo primero quedó resuelto hace meses. MC Jalisco tiene al candidato mejor posicionado según las encuestas, y el proceso va bien. En cambio, la caída de Samuel es un duro golpe para la idea de que la candidatura presidencial ha de arrastrar votos para todos los de abajo.

Jalisco siempre pidió algo elemental a Dante Delgado: que hubiera cartas sobre la mesa y valoraciones racionales sobre la ruta a seguir. El veracruzano fue refractario y aunque hubo operación cicatriz la realidad es que cada liderazgo se fue por su lado.

Samuel no era el candidato de Delgado, ese siempre fue Marcelo Ebrard, pero de rebote funcionaba a todos hasta que el sábado los hizo encallar. Dante, que nunca quiso abrir el juego, hoy implora un milagro. En Jalisco esperan otro: que el líder nacional se deje de trucos inútiles y comparta el control.

Tras asegurar que nadie descarriló a Samuel García, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó al fugaz precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) de inexperto, ambicioso, mentiroso, holograma, tramposo, hueco y sin sustancia.

En un video publicado en redes sociales, el líder priista aseguró que en 2024 MC va a desaparecer y advirtió que el gobernador de Nuevo León pronto tendrá que rendir cuentas por sus fechorías y su incapacidad para gobernar.

Samuel García Sepúlveda deberá solicitar que el Congreso del Estado revoque la licencia que le concedió, a fin de que pueda ejercer nuevamente las funciones de gobernador legal y constitucional, pues de continuar llevando a cabo acciones de gobierno basado en un acuerdo que firmó y publicó en el Periódico Oficial del Estado, podría incurrir en situaciones de desacato o usurpación de funciones, advirtió el presidente estatal del PAN en Nuevo León, Hernán Salinas Wolberg. El dirigente panista puntualizó que en este momento, Luis Enrique Orozco es, por resolución de la SCJN el gobernador interino en funciones.

Si Andrés Manuel López Obrador representaba malos augurios para el país, Samuel García es casi profecía bíblica, del tipo de las que Juan escribió en su Apocalipsis. Y no porque el regiomontano tuviera posibilidad de montarse en la Silla del Águila, sino porque basta, para convocar al desánimo, el que una instancia de interés público, un partido político, lo considere digno y ¡meritorio! de semejante encumbramiento. Quienes celebraron su unción como precandidato a la Presidencia por Movimiento Ciudadano y lo postularon encarnación de "lo nuevo" y lo alabaron y lo festinaron (perdón por tanta rima, es para que el juicio sumario simule ser concluyente), ¿no notaron sus evidentes carencias éticas, intelectuales, tampoco su desconocimiento de las cosas que alguien que dizque gobierna un estado de la república debería dominar? Los votos que un personaje como él pueda conseguir, ¿valen tanto como para que quien tiene cierto prestigio de inteligente, de apto, lo inmole, su prestigio, públicamente, por medio de alzar la mano a Samuel y pregonar a todo pulmón sus supuestas virtudes?

Ante la decisión de Samuel García de bajarse de la precandidatura a la Presidencia de la República al no lograr designar a un sucesor de su elección en la gubernatura, Javier Hurtado, politólogo y ex presidente del Colegio de Jalisco, considera que es importante analizar por qué no quiso dejar el Gobierno de Nuevo León, sin que quedara una persona de su confianza.

"Evidentemente eso no es motivo de un capricho. El asunto de fondo es que si no llega otro gobernador que no sea de sus cómplices, podrían encontrarle todas las irregularidades que ha habido en materia financiera, ese es el problema de fondo", opinó el especialista.

Además, dijo que aunque los casos ya están documentados, quizá el nuevo gobernador interino iría sobre los papeles en concreto y a ver qué más encuentra. "La Auditoría Superior de la Federación ya encontró que hay una situación no aclarada de 18 millones de pesos que no se utilizaron como debieron y no están comprobados".

Comentó que luego, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León reportó que hay 9,000 millones de pesos de fondos federales que no están justificados. "Más aparte, hay otras irregularidades como entregarle contratos por adjudicación directa a su señor padre. Por eso es que no quiere que llegue otro gobernador y dice que prefiere renunciar a la candidatura presidencial que aceptar eso. De eso se derivaría su procesamiento".

Hurtado agregó que el hecho de que García quisiera dejar a su sucesor va en contra del sistema democrático. "El problema es que el señor Samuel piensa que es una especie de rey, y que tiene derecho a nombrar a su sucesor pero no, incluso en las monarquías hay un orden de sucesión".

Para Hurtado, García llegó a un acuerdo con el presidente de la república para conseguir impunidad a cambio de irse a la campaña presidencial. "El problema es que entonces, parece ser que no va a poder cumplir con el encargo, y el acuerdo o trato que pueda haber con Movimiento Ciudadano se desvanece".

Javier Hurtado considera que la decisión "inédita" de Samuel García de regresar como gobernador tras haber pedido licencia va a generar vacíos, ya que hay muchos elementos a tomar en cuenta.

Primero, explica, la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca de la medida cautelar para que Luis Enrique Orozco quedara como gobernador interino se dio a las 23:30 horas de la noche.

"Desde esa hora, Samuel no era gobernador. Ya hay otro gobernador. Que el congreso eche para atrás su propia decisión, pero de todas maneras, si reasume, ya no puede ser (por el ordenamiento en la Corte. El Congreso puede sesionar en los próximos días, y eso podría ser efectivo en un mes. Y si regresa no puede ser candidato, y le pueden sacar trapitos al Sol. Si él quisiera regresar de candidato, basta con que el Congreso de Nuevo León lo reinstale. Hay muchos vacíos", explicó.

De acuerdo con Hurtado, una cosa es decir que se va a reasumir funciones, y otra que esté en condiciones de poder hacerlo. "Porque él se encuentra con licencia, y con esa licencia el congreso nombró a un nuevo gobernador. Hay un gobernador nombrado y si él solicitó la licencia y ya no existen las causales que pudieran haber sido las que él quiera, yo entiendo que ya no se puede".

Otra opción sería, detalla, que el Congreso del Estado de Nuevo León sesione y haga inválida esa licencia, y entonces declare que reasume el cargo un gobernador. El hecho es que está en licencia que él mismo presentó, el congreso la procesó, la aprobó y nombró un gobernador interino. Es una situación inédita, que yo recuerde no existe ningún precedente de esta naturaleza en la historia del sistema político mexicano".

No deja de sorprender lo que ocurre en Nuevo León en torno al gobernador Samuel García, y todo el conflicto que se ha suscitado respecto a su no menos sorpresiva decisión de registrarse como candidato a la Presidencia de la República por el Partido Movimiento Ciudadano.

Ahora que si se observa con detenimiento el desarrollo de esta trama, tendremos que concluir que no poco de lo que se ha generado es resultado de una serie de malas decisiones de quien es el joven gobernador del estado de Nuevo León.

Samuel ha exhibido un poder autodestructivo que tendríamos que lamentar tratándose de un joven que subía como la espuma en simpatías y que prácticamente dinamitó su entorno a causa de su testarudez, su inmadurez política y su falta de habilidad para gobernar.

Y todo lo anterior se puede corroborar con sus acciones, dado que siendo un negociador nato, decidió gobernar de manera unipersonal; se peleó con los diputados de oposición y cerró cualquier posibilidad de diálogo. Incluso se llegó a la confrontación; se le acusó de otras prácticas graves que los legisladores denunciaron y llegado a ese punto ya no hubo retorno.

Cuando García solicitó licencia para ausentarse del cargo para ir a la precampaña, los diputados ofendidos encontraron la manera de tomar venganza. Le autorizaron la licencia pero impusieron la ley.

En sus abruptas formas, Samuel cometió pecados muy graves, dignos de todo lo que critica y reprocha a los partidos políticos que hace mucho cruzaron el umbral de la mayoría de edad.

La disputa por quién será el gobernador interino en Nuevo León durante su ausencia para aventurarse a la precampaña, escaló en los últimos días.

García pretendía dejar en su lugar de manera interina a Javier Navarro, secretario general de Gobierno, y suspendió la campaña presidencial 3 días para tratar de afianzarlo, pero todo se salió de control.

El pasado miércoles 29 de noviembre, se llevó a cabo la sesión en el Congreso de Nuevo León para dar trámite a la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino del estado, sin embargo, a minutos de reanudarse la sesión para llevar al pleno el informe, un grupo de personas irrumpió en el congreso impidiendo se llevaran a cabo las labores legislativas, incluso se tuvo que lanzar gas extintor en el interior del salón de sesiones ante un llamado de orden, obligando a pausar la sesión.

Mauro Guerra, presidente del congreso local, solicitó respaldo de la Policía Ministerial. Un contingente de esta fuerza ingresó al recinto y creó una barrera humana para proteger el área de la Mesa Directiva.

Por su parte, Nancy Olguín del PAN continuó la lectura del dictamen casi a viva voz para nombrar a Luis Enrique Orozco como gobernador interino, quien obtuvo 25 votos a favor y fue convocado rápidamente para prestar juramento, dado que ya se encontraba en el recinto.

La situación sobre el altercado ha recibido varias críticas, miembros del PRI y PAN aseguran y han comprobado que las personas que ingresaron en el congreso se trata de mismos emecistas quienes querían evitar que la sesión sobre el nombramiento al nuevo gobernador interino se llevara a cabo.

Ante las acusaciones, el candidato a la presidencia por MC afirmó que lo que sucedió fue planeado por el PRI y PAN, asegurando que ya logró desplazar a Xóchitl Gálvez al 3er. lugar en las preferencias electorales, hecho por el que los líderes de dichos partidos "están desatados".

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador también se pronunció ante estos hechos y salió a la defensa de Samuel García, expresando que hay muchas personas en contra del candidato de MC debido a que no quiso unirse al PAN y PRI.

"Hay mucho coraje, enojo, en contra de Samuel, porque los que apoyan a otra candidata y un sector del conservadurismo se piensan dueños de la clase media", acotó.

A partir de entonces, se han sucedido situaciones adversas a Samuel García.

En respuesta a esta medida, el PAN, PRI y PRD han presentado una denuncia por el uso inapropiado de la difusión publicitaria en contra de Movimiento Ciudadano y Samuel García. Argumentan que la difusión de la promoción personalizada del gobernador de Nuevo León viola los propósitos de la prerrogativa a la que tienen acceso los partidos políticos.

El PRD por su parte, presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que sea cancelado el registro de Samuel García como precandidato único a la presidencia por Movimiento Ciudadano, pues argumentó que el emecista cometió violaciones a la Constitución.

La queja ante la unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE es por uso indebido de recursos públicos, debido a "la evidente transgresión a los principios de neutralidad, imparcialidad, equidad en la contienda y por hacer uso indebido de recursos públicos".

Además, este viernes, un juez ordenó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, no podrá dejar el cargo por licencia hasta que se resuelva la designación del gobernador interino en el congreso local.

El asunto es que García había solicitado la licencia debido a que la Constitución señala que, para ser elegible a la Presidencia, debe separarse de la gubernatura desde 6 meses antes de las elecciones y en ese contexto, la licencia debería entrar en vigor este sábado, toda vez que los comicios para votar al próximo presidente de la república se llevarán a cabo el 2 de junio de 2024.

Ahora bien, hay que ser serios en este asunto. Estos temas no se resuelven en las redes sociales para eso está la ley, y Samuel no puede llamarse "engañado" porque las leyes no se aplican a "contentillo". Su pecado fue creer que su poder era supremo y que podía gobernar a capricho y no habría consecuencias.

Hoy ya se dio cuenta que sí necesitaba al congreso y si no quiere que le impongan un gobernador interino, su mejor opción parece ser permanecer en su cargo y cumplir el periodo como gobernador para el cual fue elegido. Aunque ya se verá hasta dónde es capaz de estirar la liga.

Al final del día se informó que un juez de lo laboral de la Ciudad de México, otorgó una suspensión definitiva para que se revoque el nombramiento del gobernador interino y pide que se nombre a otro por unanimidad, más habrá que señalar que el tema seguirá en total turbiedad ya que hay la severa polémica legal sobre la capacidad de las autoridades judiciales a las cuáles corresponda la decisión, y que se cree por los expertos, son a las de índole electoral, de ahí que no se augure que terminarán los problemas para Nuevo León.

El envío de turbas de Movimiento Ciudadano para asaltar el Congreso y evitar la votación para escoger un gobernador interino en Nuevo León fue el intento más primitivo e irracional que pudo haber hecho Samuel García para garantizar que dentro de 6 meses, cuando pierda la elección presidencial, regrese por la puerta grande a su despacho en Monterrey y termine su mandato. Utilizar a la policía para blindar el Palacio de Gobierno e impedir que le notificaran oficialmente la designación de Luis Orozco como interino fue un arrebato entendible, en parte, pero contradictorio. No pudo imponer a su secretario general de Gobierno a cargo del despacho, pero Orozco, que no debería haber sido un problema para él, se convirtió en el reflejo de su berrinche y desesperación.

La historia secreta de García que lo llevó a la candidatura presidencial y a jugar como esquirol en la contienda para quitarle a Gálvez votos comenzó en la campaña para la gubernatura de Nuevo León en 2021, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, se empeñó en escoger a Clara Luz Flores como candidata. Para allanarle el camino y frenar su caída, el presidente autorizó a finales de abril de 2021 que con la información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República abriera carpetas de investigación en contra de sus adversarios.

El 10 de mayo de ese año, tras filtrarse en la prensa la existencia de las carpetas de investigación, enviadas a Palacio Nacional por Santiago Nieto, en ese entonces director de la UIF, el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, se comunicó con el candidato de Movimiento Ciudadano para explicarle su situación legal. García, que no sabía nada de la indagación en su contra, le envió una carta con un propio, donde aseguraba que no estaba vinculado a ninguna red de lavadores de dinero, ni tampoco de factureros, que eran las imputaciones que había hecho Nieto.

Coincidentemente comenzó a mencionarse en la prensa que García, ante la debacle de Flores y la idea generalizada en Palacio Nacional de que iba a perder la elección, podría ser un gobernador a modo para cuidar los intereses del presidente. López Obrador ordenó entonces suspender las investigaciones contra García, lo que le fue comunicado a Nieto por el entonces coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas. Públicamente se mantuvo la narrativa de la investigación a los 2 candidatos, aunque solo se enfocó en De la Garza, de quien las autoridades federales sospechan presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

García ganó la gubernatura de Nuevo León y el 7 de julio de ese año, como gobernador electo, se reunió en Palacio Nacional con López Obrador. El encuentro comenzó tenso porque no había empatía, pero el presidente le dijo que dejaran las rencillas atrás, porque eran propias de las campañas, y trabajaran juntos. Desde entonces parecía que tenían una muy buena relación, pero eran apariencias. Los 2 se necesitaban, como mensaje a los empresarios regios y para obtener recursos de la federación.

Mientras tanto, como lo hizo con varios aspirantes presidenciales, la Fiscalía General de la República colateralmente de sus funciones empezó a dar seguimiento a las comunicaciones de los aspirantes a la Presidencia, pero Gertz Manero había eliminado a García hasta que en diciembre del año pasado, hizo públicas sus aspiraciones. Cuando el secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, le transmitió la queja de López Obrador de que había sido prematuro dejarlo de monitorear, el fiscal justificó que su destape había sido producto de una circunstancia emocional, pero que no tenía ninguna posibilidad de ser candidato.

García fue creciendo en la exposición nacional, mientras López Obrador lo respaldaba desde la mañanera como un buen gobernador que estaba haciendo su trabajo. En julio pasado, el presidente lo mencionó a él y al alcalde de Monterrey, el también naranja Luis Donaldo Colosio, como potenciales candidatos a sucederlo. Colosio se deslindó rápidamente, pero García no. Se estaban creando las condiciones para lo que sucedió en septiembre entre Gertz Manero y su viejo amigo, Dante Delgado, presidente de Movimiento Ciudadano, que fue un acuerdo para impulsar al gobernador de Nuevo León como candidato a la Presidencia, en el entendido de que su participación sería para restarle votos a Gálvez.

El arranque de campaña fue promisorio para los objetivos de la estrategia, pero se atravesó el problema con el interinato en Nuevo León, al no haber podido comprar suficientes diputados en el congreso local para facilitarle el regreso. Ante la violencia de las turbas de García en el congreso neoleonés, el presidente lo defendió ayer y enmarcó el conflicto como una lucha por las clases medias. Inopinadamente, el presidente reveló la intención de tener como esquirol a García, dividir el voto de las clases medias que desprecia, pero que entiende que si van unidas contra su candidata, Claudia Sheinbaum podría tener una sorpresa en las elecciones.

La capital a veces sirve de referencia de fenómenos que se dan a nivel nacional. Y ahí, en el Anáhuac MC no ha permeado ni de lejos.

En las últimas elecciones federales no ganaron ni un solo distrito federal en la CDMX. Repito: en la ciudad en donde su agenda progresista entraría mejor con clases medias, MC no tiene mucho, o casi nada, qué presumir.

En las intermedias de 2021 los naranjas compitieron solos. Ganaron 7 distritos en todo el país. En Jalisco, para ser más precisos. Fuera de ahí, nada. Y en la capital, que ese año registró para Morena un golpazo al perder la mitad de las alcaldías, ellos también fueron derrotados.

Al hacer un balance de esa campaña, el líder emecista Clemente Castañeda destacaba entonces que tuvieron "un crecimiento a nivel federal de entre 7 y 7.5% de la votación, con más de 3’300,000 de votos, un millón de votos más que en elecciones anteriores, el mejor resultado de MC en su historia".

El jalisciense agregó que llegarían a 124 alcaldías (sí, alrededor de 5% nacional, con Monterrey, Guadalajara y Zapopan, de acuerdo, pero la vigésima parte).

Ese ritmo contrasta con las elecciones de 2022, donde no obtuvieron ni uno de los 6 gobiernos en competencia y las de este año (Coahuila y Edomex), cuando ni candidatos tuvieron.

Con ese desempeño de MC, ¿qué dicen las encuestas de CDMX? Que la pugna es entre Morena y la oposición prianperredista. Chertorivski, de MC, queda en un lejano 3er. sitio: la última encuesta de El Financiero (22/11/23) da a Clara Brugada 47%, a Santiago Taboada 34% y a Salomón 8%.

En resumen, la CDMX no parece, ni de lejos, harta de la "vieja política" (MC dixit), ni de Morena. Quizá en ciertos enclaves (Jalisco, Nuevo León), en su momento los ciudadanos prefirieron a los naranjas antes que al lopezobradorismo, pero no ha sido la tendencia nacional.

Ganar solo 2 gubernaturas desde 2018, así sean de estados importantes, no habla de vigor o moméntum. Y ahí donde la oposición convencional ha venido perdiendo, salvo en casos como Campeche o Colima, MC realmente no ha pintado. ¿Crecer Samuel? No imposible, pero contra toda la tendencia de MC, capitalina o nacional.

Samuel García tiene muchos defectos como candidato: es frívolo, superficial, no tiene preparación ni visión de país, no tiene equipo ni experiencia y un pasado que sigue dando de qué hablar. Eso no se le va a quitar con el paso de los días. Su equipo de campaña ha decidido entonces que lo que hay que explotar como oferta electoral es que es joven. ¿Es eso virtud o defecto?

En un encargo como el de Presidente de la República podríamos pensar que lo más importante es que la silla la ocupe un político con experiencia, que no se lo vayan a chamaquear, que tenga serenidad para tomar decisiones, etc. La verdad es que los años no son garantía de nada.

A favor de la juventud se puede argumentar que los 2 presidentes que han hecho los giros más radicales, uno a la izquierda y otro a la derecha, fueron los que se pusieron la banda presidencial antes de los 40, Lázaro Cárdenas y Carlos Salinas, con una pequeña diferencia con el niño naranja; Cárdenas era ya para entonces un general y tenía 20 años de carrera político-militar en su haber; Carlos Salinas llevaba para entonces 10 años preparando un equipo y un proyecto de país. García no tiene ni una ni otra; no es un político enfant terrible ni un visionario calculador.

La forma de manejar las crisis, la política derivada de su salida del gobierno o la de la sequía que vivió la ciudad de Monterrey hace unos años, hablan mucho del estilo personal de gobernar: es voluntarioso, obcecado y poco afecto a las leyes, las constitucionales y las de la naturaleza. Lo que sí, es un gran comunicador. Ni Claudia ni Xóchitl tienen la fuerza y el entendimiento de las redes sociales que tiene el regiomontano.

¿Basta ser popular entre los jóvenes tiktoqueros para ganar una elección? Me temo que no. Pensar que los jóvenes saldrán a votar masivamente es una gran falacia.

La glosa del V Informe de Gobierno concluyó con la comparecencia de los titulares del gabinete de Gestión del Territorio.

Diputados locales de oposición cuestionaron severamente a las dependencias, entre ellas, a la Secretaría de Gestión Integral del Agua por la mala calidad del agua y opacidad en avances del saneamiento del Río Santiago, cuyo cauce sigue recibiendo descargas de aguas residuales sin regulación.

La Semadet se llevó críticas por la verificación vehicular, que lleva apenas 725,000 vehículos que cumplieron, así como la poca aportación de recursos económicos al Fondo Verde, bolsa que fue señalada por su falta de transparencia.

La Semadet recibió críticas también por el número de episodios de mala calidad del aire en 2023 que duplican los del mismo periodo de 2022; la operación de un basurero irregular en El Arenal y que vierte contaminantes y lixiviados a unos pocos metros del Área Natural Protegida del Bosque La Primavera, al igual que la alta cantidad de incendios forestales en 2023, aunque su titular, Israel García, afirmó que las cifras de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) son preliminares y no representan el total real.

"La cifra de Conafor se puede manejar como preliminar igual que la nuestra y hasta que nos sentemos y conciliemos, la cifra se va a parecer más a la nuestra".

Según la Conafor, suman más de 190,000hectáreas afectadas y 1,353 siniestros en lo que va del año, ambas cifras récord.

La Secretaría de Transporte fue señalada nuevamente por los excedentes que tiene de no brindar cambio de 50 centavos en la tarifa del transporte público y los señalamientos de la ciudadanía del mal servicio.

La Cámara de Diputados aprobó legislación propuesta por el ejecutivo que sanciona con cárcel el uso de drones para "vigilar a funcionarios públicos". El propósito es evitar que se evidencie la riqueza de los funcionarios con videos desde los drones.

Sometida por los partidos del Frente, Gálvez se está traicionando a sí misma y a todos aquellos que la vieron como una esperanza para arrebatarle a Morena el poder. Aquella figura fresca, espontánea, disruptiva y echada para adelante, se ha apagado. Está convertida en una política convencional, reflejo de los partidos que la están sofocando. En lugar de haber aprovechado la fuerza de su personalidad que animó a la sociedad civil, se mimetizó, apagando su color, que dio paso a la grisura.

Los partidos la han abandonado. No de palabra, sino en los hechos. Están más preocupados en el reparto de candidaturas para las cámaras, que en enfocarse en construir una candidatura presidencial con fuerza. No debería de extrañarle a nadie. En uno de los momentos más complejos y determinantes del país, tenemos una de las clases políticas más anodinas e irrelevantes en décadas, sintetizadas en su coordinador de campaña, Santiago Creel, que nunca ganó una elección, que ha probado su incompetencia como operador a lo largo de los años y que se mantiene casi como el jefe clandestino de una candidata que está llevando al matadero.

Gálvez ha sido chupada por la mezquindad y lo fútil de las dirigencias de los partidos del Frente. Perdió el histrionismo, como cuando se vistió de dinosaurio en una plenaria en el Senado, y abandonó el dramatismo, como cuando llegó a Palacio Nacional en bicicleta para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador el derecho de réplica por unas afirmaciones mentirosas sobre ella. La reacción del presidente fue lo que la propulsó a la candidatura del Frente, que aprovechó sus reflejos rápidos para responderle a López Obrador cada vez que la atacaba, y utilizar la tecnología para producir videos que parecía que estábamos ante un fenómeno político-popular con alas de Pegaso.

El impulso duró poco. Ni ella evolucionó en su mensaje, sin perder el perfil innovador, ni fue acompañada por los partidos en su apoyo y en el de la candidatura.

Le está pasando lo que hizo el PAN con Josefina Vázquez Mota en 2012, y lo que hizo el PRI con José Antonio Meade en 2018, cuando los dejaron solos y fueron aplastados.

Xóchitl Gálvez no está existiendo para la partidocracia del Frente. Sus discusiones son las renuncias de sus militantes porque no fueron candidatos a lo que sea, y los enfrentamientos en la pugna por puestos a elección popular. Su precampaña inició en medio de esas turbulencias internas, donde lo más importante son estas precisamente, y no el comienzo del asalto al poder.

Xóchitl Gálvez, que se coló a la candidatura presidencial por la puerta de atrás, es lo mejor que tienen los partidos para competir contra Sheinbaum y López Obrador, que aunque no estará en la boleta, será el jefe real de la campaña morenista. Pero no será con el cartabón de los partidos y sus desprestigiados líderes. Tampoco será vaciando a Gálvez de lo mejor que tenía y obligándola a ser rígida, solemne y soporífera. Como decía Chesterton, lo serio no está reñido con lo divertido, sino con lo aburrido. Gálvez era jovial; los partidos no. Gálvez carece de densidad; a los partidos les sobra. Ella era impredecible; los partidos son predictibles.

En este dilema, necesita quitarse las amarras de los partidos, y los partidos aceptar que las nuevas reglas del juego no las impone ella sino el electorado. Gálvez necesita regresar al histrionismo y los partidos acompañarla. Le urge recuperar su temeridad y los líderes de los partidos quitarse los miedos a López Obrador.

La candidata del frente opositor, Xóchitl Gálvez, dijo el lunes en Ciudad Juárez al arrancar su precampaña: "Aquellos que dicen que es imposible alcanzar a la candidata oficial, que esto ya está decidido, no me conocen, no saben de qué estoy hecha", dijo, pero lo que tal vez no le dijeron a ella es que además de enfrentar sus propias virtudes y limitaciones, debería cargar con el pesado costal de desprestigios de los partidos que la postulan.

La verdad es que ninguna de las alianzas ha tenido procedimientos democráticos internos. Estamos de regreso en los tiempos de los dedazos y acuerdos cupulares para nombrar candidatos a cargos de elección.

Este 18 de noviembre Adrián Rubalcava, alcalde con licencia de Cuajimalpa, renunció al PRI después de que el Frente Amplio designó al panista Santiago Taboada como candidato único al gobierno de la Ciudad de México. Rubalcava afirmó que Alejandro Moreno, presidente del PRI, lo traicionó y llegó a un acuerdo con los otros líderes de la alianza para "desaparecer el método que se había establecido, el acuerdo de que se llevaría a cabo una medición democrática y una competencia clara y puntual".

La verdad es que no existe una "medición democrática" que no sean unas elecciones. Las encuestas no son "un ejemplo de ejercicio democrático", como ha dicho el presidente López Obrador. Quizá son indicadores de la intención del voto, pero solo el sufragio libre y justo es democrático. Por eso elegimos a nuestros gobernantes con votos y no con encuestas.

Tampoco han sido democráticos los procesos de los partidos del gobierno. Omar García Harfuch ganó la encuesta en la Ciudad de México por 15 puntos porcentuales, pero la candidatura se le entregó a Clara Brugada. A Morena le favoreció, por supuesto, el comportamiento mesurado y leal del exsecretario de seguridad, quien respaldó sin chistar la decisión. Con esto preservó la unidad. No ha ocurrido lo mismo con la oposición, que se muestra dividida.

Estamos sufriendo un retroceso democrático. En 2005 el PAN tuvo elecciones primarias que le permitieron a Felipe Calderón derrotar a Santiago Creel pese al apoyo del presidente Vicente Fox. En 2012 Josefina Vázquez Mota venció a Ernesto Cordero, el candidato de Calderón, en las primarias del PAN. También el PRI tuvo primarias, pero solo en 2005, cuando Roberto Madrazo triunfó ampliamente en unas elecciones internas después del retiro de Arturo Montiel. Ya en 2011 Enrique Peña Nieto fue el único aspirante en la contienda interna del PRI. El PRD nominó a López Obrador como precandidato único en 2005. En 2011 hizo una encuesta con la participación de Marcelo Ebrard y López Obrador; pero, aunque hubo dudas sobre el resultado, Ebrard reconoció a López Obrador como candidato.

En 2018 ya ningún partido quiso tener primarias democráticas. Todos los partidos seleccionaron a sus candidatos por dedazo. En el PAN Ricardo Anaya canceló el proceso interno para deshacerse de Margarita Zavala y convertirse él mismo en candidato del PAN y de un debilitado PRD. En el PRI el presidente Peña Nieto modificó estatutos y procedimientos para nombrar candidato a José Antonio Meade, que ni siquiera era priista. En Morena López Obrador fue designado candidato tras una encuesta en la que se enfrentó a un rival desconocido, un capitán de Marina en retiro, José Francisco Mendoza, quien no pintó en las preferencias.

Hoy los partidos tienen encuestas o dedazos, pero ninguno un proceso democrático interno. El Frente Amplio por México había prometido una "consulta", una votación en la que pudieran participar quienes se habían registrado en el proceso de recolección de firmas de los aspirantes a la candidatura presidencial, pero los líderes la cancelaron unos días antes para ungir a Xóchitl Gálvez. La decisión de este sábado pasado de cancelar el procedimiento previamente acordado y nombrar a Taboada por dedazo muestra que nuestros partidos no se sienten a gusto con el voto de los ciudadanos.

Me preocupa que la democracia ya no sea siquiera un objetivo en los procesos internos de los partidos. Todos se dicen demócratas, por supuesto, pero todos actúan como autoritarios.

Hay muchas lecturas sobre lo que significa el triunfo de Javier Milei [en Argentina]. Me concentro en 2 que me parece son las que más nos atañen a los mexicanos.

La 1a. tiene que ver con la derrota de la clase política. El mensaje para los políticos en todo el mundo es que son perfectamente prescindibles. Que ese supuesto saber-hacer que los legitimaba, que incluso derivó en aquella sentencia de "entre el malo y el peor, elijamos al menos peor". Los argentinos decidieron romper con el esquema de partidos y la clase política, unos por corruptos otros por ineptos, da igual, el resultado fue el mismo. La corrupción y la ineptitud están presentes en la historia reciente de nuestro país.

Una 2a. lectura de triunfo de Milei, ahora sí que vista desde el momento mexicano, es el famoso pendulazo. Al populismo de izquierda lo derrotó un populismo de extrema derecha que raya en el fascismo.

Si las pauperizadas clases medias argentinas prefirieron a Milei no es porque sea un genio, ni porque sus ideas dinamiteras sean una novedad, sino porque la gestión del Estado en manos de los políticos fracasó.

Rompan todo.

Electos por sus partidos y grupos de apoyo, los candidatos a la Presidencia se preparan: Claudita, repitiendo fielmente los discursos de su jefe; Xóchitl, criticando todo, y Samy rebuznando como le ha indicado su inteligente cónyuge, ya que personalmente él cree que un helicóptero puede cargar 700 toneladas y de ahí pa'delante.

Ahora bien, siguen los premios clase A de consolación, como son los puestos del Senado, que invita a quienes lleguen a una siesta sexenal, que solo se complicará en caso de que quieran legislar, pero que si leen el artículo 73 constitucional puede ayudarles.

En lo local, el premio mayor es la gubernatura, y para el caso, Alfaro -actual gobernador y factótum de su partido- escogió razonablemente al ultra mega popular, aprovechando esa fama que tiene de que lo apoyan varias presidencias municipales, muchos espectáculos, caballitos y un gran esfuerzo en desarrollar lo que él considera que es el centro; teniendo en contra el estado de las calles y la recolección de basura, que estos días estuvo menos peor. Por una manada de partido, se designó a Claudia (el nombre ayuda) Delgadillo, política de experiencia y mucho trabajo político, que yo sepa no tiene experiencia en administrar bienes, pero con los diputados adecuados, que no muevan ni una coma. Por los partidos tradicionales aún no nombran, pero creo recaerá en Laura Haro, una joven priista muy activa y bien organizada, y con gran futuro si logra liberarse de la tutela del tal Alito, amistad por demás dañosa.

Pero este tiempo es muy propio para que los criticones estemos dando opiniones que nadie nos pide, y otros criticones han desaprobado al ministro Zaldívar, quien renunció a un año de hueso en la Corte, con gran sueldo pero que él calcula mejorar si se arrima al señor presidente, quien ha demostrado que es muy buen amigo de sus amigos y el ministro renunciante ha sido fiel a su amistad.

Kumamoto (joven que hace algunos sexenios tuvo una posición envidiable, que creo ya la perdió), tratando de rescatar lo que pueda, se unió junto con su membrete al partido oficial para que lo dejen comerse las migajas que se caigan de su mesa, a cambio de aguantar a pie firme las incongruencias que tendrá que soportar, ya que hueso mata autonomía.

Por su parte, al ex canciller Ebrard, por su actuación y su participación en la obra Claudita y los enanos ya se enojaron, lo dejaron que hablara, mientras ellos se reían y le prometieron no decir de lo que ellos saben y que mejor se esperara a 2036.

Quien la regó y feo, es el mejor negociador político que ha habido desde Richelieu: el "Niño Verde", quien perdió piso al amenazar a uno de los pilares del partido oficial, como es "papacheco", que fue considerado para la mera grande y es consejero de Claudita la grande y de quien ya no tiene el bastón, pero sigue mandando y que, para muchos, es el estadista más grande que ha dado la humanidad.

No puede ser coincidencia. O uno imita al otro, en este caso Alfaro a López Obrador, o estamos ante una nueva forma de hacer política fundada en invisibilizar los problemas a partir de ignorarlos. Pareciera un poco infantil, de hecho lo es, pero a medida que avanzan cada uno en sus gobiernos hacen evidente dos cosas. La 1a. es una incapacidad absoluta de ser o al menos mostrarse empáticos con las víctimas. La 2a. hablar de todo aquello que no nos incumbe ni nos importa, pero que los hace ver como personas con pasiones, particularmente deportivas.

Esta semana el gobernador de Jalisco no ha sido capaz de pronunciarse por el asesinato de un mando policiaco en Zapopan, ni siquiera para solidarizarse con la familia de la víctima. Vamos a suponer que el señor sabe algo que nosotros no sabemos respecto al contexto del asesinato y que prefiere no meterse, ni siquiera para prometer esclarecer los hechos (lo más seguro es que está consciente de que no lo harán). Sin embargo, bien pudo haber manado un mensaje de solidaridad a los hijos y los atónitos compañeros del policía caído. Para ellos, ni una palabra.

No se trate de sus amadísimas Chivas porque ahí si tiene regaños para los que criticaron al jugador Alexis Vega, que regresó del castigo por problemas disciplinarios para fallar un penal, y para enviar palabras de aliento al jugador. Palabras que no es capaz de pronunciar para las madres buscadoras, para las víctimas de la violencia o incluso para los servidores públicos.

No, no es coincidencia: no hablar de lo que les es incómodo es una política para invisibilizar los problemas. Es un acto absolutamente consciente de mezquindad y un derroche de frivolidad, algo que, por cierto, ambos personajes criticaron acremente de sus antecesores.

Samuel García arranca su campaña presidencial como el 1er. damnificado de la polarización. En todas las encuestas aparece muy por debajo de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Si alguien simpatiza con AMLO, ¿por qué dejaría de votar por Claudia para votar por Samuel? Si alguien tiene como prioridad que Morena deje el poder, ¿por qué le quitaría su voto a Xóchitl para dárselo a quien aparece en las encuestas con un rango casi testimonial de entre 3 y 8%?

Presentarse como una 3a. vía puede resultar una apuesta fracasada que termine dejando a Movimiento Ciudadano con un magro porcentaje de la votación, ya le ha pasado en varias gubernaturas.

Pero Samuel García se sube al ring con algunas características que le pueden acarrear votos:

1.- Él es el mejor ejemplo de que las campañas sí mueven las encuestas, sí inciden en las preferencias de la gente, sí importan. Cuando empezó la contienda por la gubernatura de Nuevo León, Samuel iba en 4o. lugar. Rebasó a todos y ganó. La que iba puntera, la morenista Clara Luz Flores, terminó en 4o. sitio. Así que arrancar hasta atrás no representa un escenario derrotista para el singular mandatario regio.

2.- Frente a 2 candidatas que visten huipil y se pelean por ver quién es más indígena, Samuel García apuesta a parecer empresario gringo. Menos Guelaguetza y más Elon Musk. Y encima, apela al nativismo norteño en sus slogans.

3.- Sus rivales tienen 60 y 61 años de edad. Él tiene 35. Apela naturalmente a un público joven, consumidor de redes sociales (arrebatarle a Xóchitl su supremacía digital), mismas que manejan con maestría y soltura él y su esposa. Pensando en Latinoamérica, si ellas ofrecen Petro, él ofrece Bukele (y parece que incluye todo el paquete de peligros).

4.- Frente a 2 candidatas mujeres, Samuel García es la opción para los muy amplios sectores machistas del país. En un país donde se sigue preguntando si México está preparado para una mujer presidenta (indignante, pero cierto), el emecista encaja en el estereotipo del recio norteño que reprende a su mujer por enseñar las piernas.

Pero ni la suma de todo esto alcanza para ganar con un electorado tan polarizado. Y el gran problema de Samuel es que entra al ring con el estigma de ser el esquirol del obradorato, el palero que le va a ayudar a Claudia Sheinbaum contra Xóchitl Gálvez. Basta recordar que en las últimas semanas, el principal impulsor de las aspiraciones de Samuel fue el presidente López Obrador. Encima, por la dinámica local, el gobernador de Nuevo León ha dedicado más tiempo y energía a golpear a la alianza PAN-PRI-PRD que a Morena. Si no logra sacudirse el estigma de esquirol, le veo poco futuro.

Tras perder la elección por la gubernatura frente al priista Aristóteles Sandoval en 2012, Enrique Alfaro diseñó su estrategia política convirtiéndose en el principal opositor del gobernante priista. El 10 de enero de 2013, Alfaro ofreció una rueda de prensa frente al Congreso del Estado para denunciar que el gobierno pretendía aprobar un paquete de endeudamiento producto de "un acuerdo en los sótanos de Casa Jalisco entre Emilio González y Jorge Aristóteles Sandoval". A partir de esa rueda de prensa, Alfaro se convirtió en el principal crítico de que el gobierno estatal se endeudara más. "No queremos más deuda para Jalisco, ayúdanos a exigirle a Aristóteles Sandoval que cumpla su promesa de campaña", escribió en su cuenta de Facebook.

Ironías aparte, ahora Enrique Alfaro pasará a la historia como uno de los mandatarios que más ha endeudado a los jaliscienses. Según un reportaje de Sonia Serrano, Alfaro ha aumentado 68% la deuda pública. El saldo de los créditos suman 29,326 millones de pesos, cuando recibió una deuda de 17,444 millones de pesos de parte de Aristóteles Sandoval (NRT, 5 noviembre de 2023).

Pero la situación económica y financiera estará aún más "cab...", como dice Alfaro, para los próximos gobiernos no sólo por el aumento de la deuda y su costo, sino también por los contratos multianuales que ha firmado este gobierno y que ascienden a más de 41,000 millones de pesos, según información publicada por Sonia Serrano (NTR, 8 noviembre de 2023).

Así que más que un Estado con rumbo y en su mejor momento, el legado de Alfaro es un estado más endeudado y privatizado. Sin contar con la grave crisis por desaparición de personas que aqueja a la sociedad jalisciense.

Samuel García va solo. Será candidato por descarte. Ningún otro de las muchas mujeres y hombres entusiasmados de los que hablaba Dante Delgado se apuntó a la contienda, ni siquiera él mismo.

Samuel no será candidato de unidad, será el candidato por descarte en una jugada que parece haberle salido mucho peor de lo esperado a los naranjas.

Samuel García, que sería un pésimo presidente, sabe hacer campañas. Su forma de comunicación, de manera directa, aparentemente sincera y sencilla esconden bien su falta de experiencia y preparación.

El riesgo para los naranjas es alto. Si, como hemos dicho antes, la elección se polariza, MC quedará borrado del mapa y pondrá en riesgo incluso la elección de Jalisco. A eso hay que sumarle el hecho de que, de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte, será el Congreso de Nuevo León, controlado por PAN y PRI, quien pondrá al gobernador sustituto, aunque no podrá ser José Arturo Salinas Garza, el que habían elegido ya. Samuel regresará en junio derrotado y a un gobierno desbaratado por los opositores.

Samuel García, lo ha demostrado una y otra vez, es un buen candidato, para Nuevo León. La pregunta es si lo es fuera de su terreno y su zona de confort. Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", el otro experimento regiomontano, muy popular entre la tropa norteña, apenas llegó a 5%. Un escenario exitoso para MC sería tener entre 10 y 15% de los votos y ganar las senadurías de Jalisco y Nuevo León. Es sin embargo poco posible. Mantenerse en el 7% y ganar algunos distritos en Jalisco lo haría pasar sin pena ni gloria; sin embargo, este escenario cumple con lo buscado: evitar que la candidata del Frente se acerque a Claudia Sheinbaum. Un pésimo escenario sería que la votación de la elección presidencial quede por debajo de ese porcentaje y logren sólo 1 o 2 senadores por la vía de primera minoría. Ese es hoy el más el factible.

Nos van a vender a Samuel como si fuera la última naranja en el desierto, cuando en realidad es la única que sobrevivió en el desierto naranja.

El presidencialismo mexicano tiene una peculiaridad: construye figuras poderosas en imagen y capacidad de control o de acuerdo entre los grupos de poder, de todo tipo, pero cuya eficacia política está siempre, en una muy alta proporción, determinada por el alineamiento de los grupos hegemónicos en lo local.

Pensando en lo anterior, el análisis de lo que ocurre con la política nacional ha caído en muchas ocasiones también en una especie de "centralismo explicativo", asumiendo que todo, o casi todo, puede explicarse desde la oficina de la Presidencia de la República. En eso consiste en buena medida también "la fantasmagoría" del aparente poder ilimitado de los titulares del Ejecutivo federal y de sus principales operadores políticos.

Los resultados anunciados por Morena sobre quiénes serán sus candidatas y candidatos a disputar las nueve entidades que renovarán gubernatura en 2024 son una muestra de la relevancia que tienen en realidad los poderes locales, sobre todo en las entidades donde se tienen los padrones electorales más numerosos y donde se concentran enclaves de poder económico de alcance incluso internacional.

En función de lo anterior, se han generado lógicas perversas que han impedido una mayor democratización de nuestro sistema político, las cuales se expresan ante todo en el férreo control de las candidaturas a través de los partidos políticos. Y por ello también la lógica no se ha modificado desde la primera alternancia en el año 2000: son los presidentes, y en el caso de su cierre, en acuerdo con las y los candidatos presidenciales, quienes deciden quiénes ocuparán las candidaturas en los distritos electorales federales y en la búsqueda de los escaños en el Senado.

Eso le permite, al presidente saliente, mantener durante algún tiempo hilos importantes de poder, pero, también, a quien llega al cargo tener instrumentos efectivos de control o presión sobre las y los gobernadores, a través del férreo control del presupuesto, pues dependen de las y los diputados federales para acceder a los recursos que necesitan para gobernar en sus entidades.

Por eso, en el análisis político respecto de lo que ocurre "a ras de piso" en los estados se encuentra incompleto en las proyecciones de lo que habrá de ocurrir en 2024. ¿Quiénes controlan las estructuras territoriales en las colonias, en las secciones, en cada uno de los municipios? Conocer y tener un estudio detallado del mapa de las estructuras territoriales es lo que permitiría en determinado momento tener alguna perspectiva de cómo se integrará el congreso y, con ello, las condiciones de gobernabilidad del país.

Desde esta perspectiva, lo más preocupante para la democracia mexicana es la continua erosión de la representatividad de los partidos políticos, los cuales están cada vez más cerrados a la participación ciudadana, no sólo a través del férreo control de las candidaturas, sino también al haberse consolidado sólo como espacios de acuerdo entre intereses de grupos, y en cada vez más lugares, con el veto o en franco acuerdo con grupos delincuenciales.

Así, por ejemplo, es sabido que, para obtener el triunfo en cualquier distrito, las y los candidatos a diputados federales dependen del respaldo de quienes disputan las alcaldías, cuando son elecciones concurrentes, o de las y los gobernadores y los intereses que representan. Y lo mismo ocurre con las y los candidatos a diputados locales, donde lo que se juega también es mayor.

De esta forma, lo que se ha visto en las últimas semanas en torno a las nominaciones de las candidaturas es la versión más descarnada de la lucha de esos poderes en lo local, aunque ahora "edulcorada" con la retórica de "la transparencia" y de una aparente "apertura" ante el pueblo.

El poder presidencial continuará siendo el más poderoso aglutinante y conductor del proceso, de eso no hay duda. Sin embargo, desconocer o negar lo que ocurre en las ciudades y en las regiones puede alterar de manera muy relevante lo que hasta ahora se da por sentado: que todo está bajo control y que todo está ya escrito, pero la historia nos muestra que nunca ha sido así.

Hasta el momento actual los mexicanos nos hemos conformado con la rendición de informes anuales que hacen presidentes, gobernadores y alcaldes, luego glosados por los correspondientes congresos, glosa benévola de parte de las propias bancadas, parcial y perversa desde las bancadas de oposición, pero rara vez objetiva y libre de partidismos.

No es posible esperar una glosa genuina de parte de legisladores que dejaron de representar los intereses de la sociedad desde hace muchísimos años, para volverse simplemente agentes de los gobernantes en turno, o depredadores a sueldo. Por desgracia, ni la adulación ni la crítica severa tiene como meta aclarar, puntualizar, corregir, o cuestionar un informe con inteligencia y honestidad.

Aunque Jalisco ha alcanzado primeros niveles en varios rubros que son de la mayor importancia, también los conservamos en campos que generan enorme sufrimiento a la población, a esos cientos de familias que han perdido a sus seres queridos a manos de la delincuencia, y para las cuales no hubo una sola palabra, de esta suerte no sólo han desaparecido sus familiares, también ellos son desaparecidos a la hora de las cuentas alegres, porque seguramente se pensó que un informe debe ser solamente de lo bueno y lo positivo, no es cuestión de agriar la fiesta con otro tipo de datos, que sin embargo también son parte de la vida de Jalisco en estos últimos 5 años.

Considero que el gobierno ha trabajado, pero a veces da la impresión de que su trabajo se dirigió hacia campos ajenos a las expectativas más apremiantes de la sociedad, que son la seguridad, la vida, el respeto a sus bienes y a sus seres queridos ¿cómo hacer entender a nuestros políticos que este asunto es de crucial importancia?

No hace tanto circulaba un "spot", por cierto muy torpe y engañoso, en que se confrontaban los logros del gobierno federal con los precios de la canasta básica, lo mismo se podría hacer hoy con cualquier Informe de Gobierno, tenemos esto y logramos aquello, pero la gente sigue desapareciendo, alcanzamos tal meta y tal otra, pero los chantajes y las extorsiones no paran, ya tenemos el 1er. sitio en aquello, pero también en robo de autos y en fosas clandestinas ¿hasta cuándo?

Enrique Alfaro el estadista, el humilde, el gran líder, el refundador, el cristalizador de proyectos, el big boss, el restaurador demócrata, la mente maestra, el Gran Arquitecto de Jalisco, el Alfa y el Omega, la papa con catsup. Y ahora: el coordinador de campañas.

Como en los tiempos más oscuros y totalitaristas del PRI, ahora arropados con la magia de las redes sociales, la "nueva generación" de políticos se destapó en grande. Casa Jalisco: la que los ciudadanos le pagan al gobernador, actualmente sirve como cuarto de guerra y al mismo tiempo como casa de campaña.

Ya sin disimulo, y sólo 14 días después de que el góber anunció que había cerrado su ciclo en la política electoral y de "haber entregado la estafeta a quienes se quedan a construir el futuro de su movimiento", distintos espacios de Casa Jalisco se llenaron de cámaras, políticos y destapes.

Cual Vito Corleone en "El Padrino", quien tendrá todavía un año las llaves de la casa de las y los ciudadanos, recibe a suspirantes que lo mismo se van con el deseo concedido que con una oferta que no pueden rechazar.

Por mucha aspiración que tenga por la dirección técnica de Chivas, Alfaro, el estadista, el humilde, el gran líder, el refundador, y todo lo que ya dije de él, difícilmente va a sacar las manos de la política. Al final del día, es él quien permitió que la marca de MC sobreviviera tanto tiempo. Dante Delgado le debe muchísimo a él y el góber lo sabe.

Todos, sin excepción, fueron a agradecerle. El que Juan José Frangie tenga la oportunidad de reelegirse, la posición de Gerardo Quirino rumbo a la alcaldía de Tlajomulco y la histórica postulación de Verónica Delgadillo en un municipio en el que la marca MC sí tiene oportunidades de vencer, primero pasaron por el escritorio del gobernador.

El problema es que, así como hay sonrisas amplias, también hay caras de resentimiento. Quienes aspiraban a una alcaldía y deberán buscar la reelección en el congreso como premio de consolación no se van con el mejor sabor de boca. Y en política siempre hay corazones rotos. Las divisiones son consecuencia de acuerdos en los que no todos tienen lo que reciben [quieren].

Y como en todos lados, la estafeta se va para los del círculo inmediato. No por nada un Hugo Luna tomará el camino sencillo de la vía plurinominal rumbo a San Lázaro, o un Clemente Castañeda hará lo propio en el Senado.

Alfaro, el gobernador de Jalisco, ya es el coordinador de campaña de MC, un partido en el que, por cierto, no milita.

Hoy habla de "los mismos personajes que dicen que nos van a derrotar", y dedica 4 videos en menos de una hora para dejar en claro que quien lleva la batuta es el que cerró su ciclo en la política electoral el pasado 26 de octubre, tras 5 años de un sexenio que, coincidimos muchos, ha estado "bien cabrón".

No le vendría mal a Lemus saber cuál es la herencia que le están dejando. Y es importante que lo sepa para que luego no nos vaya a salir, como todos los políticos, como el propio Alfaro, con que no se imaginaba que gobernar fuera, en sus palabras, tan cabrón.

Dentro del banco que recibe Lemus hay un problema enorme y otros bastante complicados. Menciono 3.

El problema enorme es el de seguridad. Pues, aunque al gobernador le encante presumir cifras de grandes reducciones más le vale a Lemus leer la letra chiquita de esas cifras. Sí, los homicidios se redujeron 36% del 2021 al 2022, si no se toma en cuenta los cuerpos encontrados en fosas. Si sumamos esos la reducción se vuelve marginal, esto es a menos de 5%. Pero en ningún momento el gobernador habla de la crisis de desaparecidos que hay en este Estado. En 2022 hubo un promedio diario de 4.9 personas desaparecidas y no localizadas. Tristemente lo más probable es que al menos la mitad de ellas tarde o temprano aparecerán muertas, por los que podemos decir que la reducción de homicidios tiene más que ver con una política de no búsqueda que con un cambio radical en la política de seguridad.

Otra cosa que no va a encontrar Lemus en el banquito del gobernador son los 20 metros cúbicos por segundo de dotación de agua que presume el gobierno dejará al final del sexenio. Una buena parte de ellos son imaginarios o, dicho de otra manera, están a miles de millones de pesos de inversión para convertirse en realidad. En el banquito no viene, podemos asegurarlo, el cheque para hacer el nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, ni las para las obras complementarias para traer agua de la presa El Zapotillo, ni para ampliar las plantas de potabilización.

Lo que sí va a encontrar Lemus en el banquito de Alfaro son un montón de políticos naranjas en edad de merecer y que se sienten con derecho a seguir teniendo hueso merced a sus méritos en campaña. Eso van a salir a borbotones, un verdadero manantial de oportunistas que aplaudieron, y mucho, el día del informe.

El anuncio de la alianza con Morena para competir por Zapopan generó una manifestación de repudio en las redes sociales. Por supuesto que una parte es operada y pagada desde MC, pero con que la otra mitad sea real es suficiente para leer el rechazo de los antiguos votantes de Kumamoto a la alianza con Morena.

El fenómeno Kumamoto nació en el Distrito X, el de mayor poder adquisitivo de Jalisco, y se alimentó de la decepción del voto panista. Para ese elector primario de los Wikis y posteriormente de Futuro, nada les es más antinatural que una alianza con Morena y en su racional electoral son más anti AMLO que pro Kuma. La pregunta es, ¿los votos que tuvo Futuro en la elección del 2021 se mantendrán con Kumamoto No será fácil para los otros jóvenes irreverentes de Wikipolítica, los que desafiaron al sistema de partidos, convencer a los electores de clase media que la decisión pragmática de aliarse con Morena es la mejor opción. ¿Con qué discurso justificará Futuro aliarse con un partido que por momentos maneja por el retrovisor, que pone los ojos en el México de los años 70 del siglo pasado? ¿Cómo convive la "nueva política" -así entre comillas- con personajes como Carlos Lomelí, José María Martínez o Claudia Delgadillo, por citar sólo a los más conocidos y conspicuos; qué tienen que ver estos personajes con los ideales de Futuro? Porque Kumamoto será candidato a Zapopan y todos los demás lo serán para gobernador, senador, diputados, etc. Serán todos candidatos de Futuro.

El argumento que pone por delante Kumamoto para la alianza es la necesidad de derrotar a MC, lo cual tiene toda la lógica; se hace política para llegar al poder. Una vez que los Wikis decidieron convertirse en partido su lógica ya no puede ser la de unos jóvenes ciudadanos desafiando al sistema de partidos, sino la de un partido desafiando la inevitable amenaza de perder el registro y con ello los recursos y la posibilidad de competir.

Hagamos y Futuro se aliaron con Morena con una sola consigna: frenar al alfarismo a cualquier costo. El antialfarismo es el pegamento especial de esta coalición. La coincidencia, más que ideológica, es casi personal y por extensión política.

En la visión de Hagamos y Futuro, si gana MC, el poder transexenal de Enrique Alfaro se prolongará a través de sus candidatos y de Pablo Lemus, luego de la captura en su sexenio de los poderes públicos y los negocios millonarios con la clase empresarial (Red Jalisco, Línea 4, la ampliación de El Ahogado, la verificación, el desarrollismo inmobiliario y todas asociaciones público-privadas).

Ese futuro terminó este sábado con el anuncio de Kumamoto de que se abrazará a Morena y al Partido Verde en 2024. La claudicación de Pedro no puede ser más emblemática: renuncia a casi 10 años de carrera a favor de la ciudadanía sumiéndose en el mayor corporativismo en décadas.

Partidocracia fue el término que denunciaba un modelo donde los políticos sobreponían sus agendas a las de la ciudadanía. Uno de sus máximos inventos era la creación de organismos autónomos para acotar al Estado que luego conculcaban al imponer a los mismos cuotas y cuates.

Algunos echaremos de menos la frescura de un tipo decente y comprometido ahora que ha enajenado, por menos que un plato de lentejas, su carrera y su lucha. Otros siempre me dijeron que Kumamoto era poco más que un invento mediático circunstancial. Hoy tengo que concederles algo de razón.

La cuestión es qué piensa el ex wikipolítico de lo que él mismo escribió, bien pronto en el sexenio (diciembre de 2018), sobre lo que ya advertía en el lopezobradorismo: "Militarización del país, opacidad en estudios de impacto de los megaproyectos estatales, alianzas con caciques locales, asignación de delegaciones estatales con criterios electorales (...)".

Pedro urgía a la Cámara de Diputados a corregir a AMLO. 5 años después sabemos cómo es Morena en San Lázaro: orgullosos de su abyección. Y a eso quiere sumarse Kumamoto.

Igual y se pegó con una rama de su arbolito-slogan, o igual y nunca tuvo la madera para, así fuera una voz marginal y solitaria, perseverar en la defensa de los valores que conculca la partidocracia, que como la materia, ni se crea ni se destruye, sólo se viste de guinda tucán.

Fiel a su estilo iracundo y de confrontación, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentó un informe en materia de seguridad donde festina que hay una reducción significativa de la incidencia delictiva en Jalisco, y al final regaña e insulta a "algunos medios" y "opinadores profesionales" y políticos en activo por no compartir su narrativa de un estado en tranquilidad.

El pasado 1º de noviembre, Enrique Alfaro presentó el V Informe de Seguridad donde aseveró que "el estado está en el mejor momento de seguridad de los últimos años según el Sistema Nacional de Seguridad: bajaron los delitos 60%, homicidios 21.2%, 38% feminicidios y disminuyó la percepción de inseguridad según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)" que presenta el Inegi trimestralmente. En octubre de este año, 61.6% de los jaliscienses se sentían inseguros.

Al final, al hablar de la percepción de inseguridad, el gobernador lanzó críticas a distintos medios y periodistas, entre ellos a El Informador: "A pesar de la embestida que algunos medios, algunos medios, yo no generalizo, han emprendido no en contra del gobierno sino en contra de Jalisco, con mentiras y con una apología de la violencia que da pena; algunos opinadores profesionales que son verdaderamente grotescos, que han dicho de todo, ¡todos los días!, no se dedican a otra cosa más que a eso, por supuesto, a medios que le parece que le tienen rencor a nuestro estado, ¡todos los días!".

Hay varias mentiras en este párrafo del gobernador: ni hay embestida, ni se ha emprendido campaña en contra de Jalisco, ni se hace apología de la violencia, ni se le tiene rencor al estado, como señala el gobernador. En todo caso lo grotesco es querer negar una realidad de inseguridad que sienten 2 de cada 3 jaliscienses, según la misma encuesta del Inegi.

¿Cómo se puede negar una crisis por desaparición de personas cuando en Jalisco existen 5 veces más desaparecidos que [los que] dejó una sangrienta dictadura como la de Pinochet en Chile en la década de 1970? ¿Cómo se puede presumir y hacer propaganda en materia de seguridad cuando hay madres que tardan 2 años o meses para que les identifiquen y regresen los cuerpos de sus hijos en el Servicio Forense? ¿Cómo se pueden presumir cifras cuando la mayoría de las mujeres salen con temor al acoso o las violencias en las calles de la ciudad? El gobernador puede pelearse y descalificar a los medios y periodistas que quiera, pero lo que no puede es negar la terca realidad que existe en Jalisco, aquella que dice que 2 de cada 3 jaliscienses se sienten inseguros.

El partido político Futuro hizo oficial desde este sábado su incorporación a la mega alianza entre Morena, Hagamos, Partido Verde y Partido del Trabajo (PT) en coalición de cara a las próximas elecciones en 2024.

Apenas el viernes, en el estado de San Luis Potosí, se firmó la coalición entre Morena, PT, el Partido Verde y Hagamos, contando con representantes de los partidos en Jalisco, así como la aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum, y el dirigente nacional morenista, Mario Delgado.

En evento realizado esta mañana en la Expo Guadalajara y con más de media hora de retraso, Pedro Kumamoto, fundador de Futuro y regidor por el municipio de Zapopan, explicó que el objetivo es claro: evitar que Movimiento Ciudadano continúe en el poder y en los gobiernos de Jalisco y varios de los municipios más grandes del estado.

"El chiste es ir a construir una mayoría que le quite el gobierno al gobernador de Jalisco y a esos malos gobiernos de Movimiento Ciudadano, por eso estamos conscientes de que vamos a tener presencia en los municipios".

"Es la hora de unirnos y de construir un futuro para todas las personas de Jalisco. La decisión de ir en coalición no ha sido sencilla, y sabemos que va a generar reacciones ofensivas del gobernador", dijo como parte de su discurso.

Los dirigentes de los partidos Hagamos, Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) firmaron esta tarde la alianza para el próximo proceso electoral 2024 en Jalisco.

La coordinadora de los Comités de Defensa de la 4a. Transformación de Morena, Claudia Sheinbaum y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, encabezaron el acto protocolario que se realizó en San Luis Potosí.

La firma de convenio de coalición a la gubernatura de Jalisco se realizó por los dirigentes estatales de Hagamos, Ernesto Gutiérrez; de Morena Jalisco, Katia Alejandra Castillo; José Luis Sánchez, representante del PT en Jalisco y Luis Munguía, representante del Partido Verde.

A nivel jalisciense el lopezobradorismo no tiene un perfil de arrastre, mas sería un error subestimar la movilización electoral que desde Palacio Nacional se diseñará e instrumentará para ganar todo lo posible el año entrante. No será una normal contienda MC vs Morena. Será mucho más.

Por si fuera poco, el precandidato naranja tiene que rezar para que la estrategia (es un decir) del líder nacional emecista Dante Delgado rumbo a la contienda presidencial exista, y que si existe encuentre candidato, y que encontrándolo -en Edomex y Coahuila no pudo- funcione.

Se percibe por distintos mensajes políticos, que el alfarismo no está contento que la corriente Coparmex de MC Jalisco (Lemus, Frangie y otros políticos empresarios) se lleven las principales candidaturas. Pablo Lemus sabe eso y por eso declaró ayer que lo primero que hará será una gira por todo el estado para tejer en unidad un proyecto político común. Si Lemus no logra sumar a todos los liderazgos de MC, si deja varios enfadados por el reparto de candidaturas, difícilmente Movimiento Ciudadano podrá vencer a Morena en la siguiente elección. Por lo pronto, en la interna, Dante venció a Alfaro.

Apenas en junio pasado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que Jalisco era el estado de la República Mexicana con la mayor percepción de corrupción.

Ese resultado dejaba muy mal paradas a las autoridades, pero lo más preocupante, confirmaba también el fracaso de un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que en los inicios de su construcción en el sexenio pasado nos hizo albergar esperanzas de que por fin sería un modelo que contuviera y sancionara las corruptelas de la clase política y gubernamental en el manejo de los recursos públicos que les confiamos.

El elemento más alentador de aquel sistema que inició de forma incipiente sus trabajos un día como hoy pero de 2017, era el componente ciudadano que lo distinguía de los esquemas de siempre, que dejaban la fiscalización exclusivamente en manos de las burocracias, que se han caracterizado más por ser comparsas y beneficiarios de la corrupción, que por haberla combatido un solo momento. Ahí está el paradigmático caso de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), que estuvo secuestrada una década, y cuya liberación, habrá que decirlo, no ha contribuido como se hubiera querido al combate a la corrupción.

Esa esfera ciudadana a la que me refiero, es el Comité de Participación Social (CPS) a cuya presidencia llegó ayer el ex árbitro electoral y académico, David Gómez Álvarez, y quien a su llegada como consejero de ese cuerpo colegiado en el 2020 fue blanco de una fuerte embestida desde el poder por haber cuestionado, junto con las y los integrantes del CPS, el desaseado proceso en los nombramientos de integrantes del Consejo de la Judicatura y exigir la reposición del proceso.

Desde ese momento que el CPS fue incómodo, además de las presiones y la intimidación con denuncias penales a sus integrantes, vino la infiltración de los espacios ciudadanos y libres que le dieron origen al SEA, como el Comité de Selección, hasta prácticamente anularlo.

Ayer Gómez Álvarez evocó a Jesús Reyes Heroles para lanzar el mensaje de que lo que resiste apoya, por lo que el CPS, dijo, resistirá y buscará ser "puente de colaboración pero también dique de contención".

El reto, por las resistencias de la clase política y gubernamental a la que le estorba un sistema anticorrupción sólido y funcional, es monumental.

Por eso David lo primero que tiene que hacer es mandar señales de que el Sistema Anticorrupción que ahora dirige no es ya un sistema fallido. Para ello sería un buen inicio que dé con la fórmula de activar un Comité Coordinador del SEA que integra la ASEJ, la Fiscalía Anticorrupción, el Instituto de Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura y la Contraloría del Estado, que nunca ha trabajado con espíritu de cuerpo y que en su momento dejó solos a las y los integrantes del CPS cuando fueron acosados por el poder.

No son pocos los militantes de MC y funcionarios de base (municipales y estatales) que confesaban su admiración por Alfaro Ramírez y su desconfianza abierta hacia Pablo Lemus.

Es una vereda muy pisada, pero es la única: Quienes forman parte de las administraciones municipales y del gobierno estatal; quienes aspiran a un cargo de elección en un espacio municipal o en una diputación; quienes contemplan la posibilidad de permanecer en un cargo, saben que hay un nuevo jefe político. Lo aceptan o se van. Pragmatismo puro.

Mucho se critica y así ha sido siempre en nuestra inmadura democracia, el interés económico de quienes participan en política, en los cargos más altos o en la organización barrial más humilde. Es normal. Más extraño resulta el modelo desinteresado que se espera como una actividad altruista.

Movimiento Ciudadano enfrentará la elección más difícil de su historia porque Morena ahora cuenta con el respaldo del régimen. Los naranjas deben calcular y ponderar muy bien los riesgos de una contienda sin alianzas o en su defecto hacer un trabajo quirúrgico para seleccionar a los mejores candidatos que maximicen su rendimiento electoral. Descuidar o subestimar estas amenazas sería dejar abierta una puerta de entrada a Jalisco al morenismo.

Una marca desgastada por 3 años de pandemia y un gobernador que lo mismo regaña a reporteros que se va de vacaciones cada 3 semanas, le hagan falta o no.

Movimiento Ciudadano enfrentará la elección más complicada en su historia contra una marca poderosa en Morena enfrente, que apunta a una alianza con Futuro y Hagamos, y con un aparato de estado dispuesto a perpetuarse como el hilo conductor de México.

La historia de MC es breve, pero está ampliamente desgastada por un gobierno indolente y peleado con todos. Aunque no se lo digan de frente al gobernador, los naranjas tienen miedo de perder Jalisco por sus arrebatos y es por eso van con quien atrae las mayores simpatías... hasta el momento.

Pablo Lemus jugó sus cartas y lo hizo bien. Delegó a su presidente municipal interino, pero garantizó la reelección de Frangie en Zapopan. Estiró hasta donde pudo y al final se permitió elegir cuáles batallas defender. Siempre quiso a Guadalajara como trampolín para Jalisco y, aún como candidato externo (recordemos que no está afiliado a MC), será el invitado de honor en el MerCedes de Dante para tratar de darle 6 años más de vida al partido, gracias a los votos de los jaliscienses.

La debilidad política de Alfaro se manifiesta ante su incapacidad para conseguir los objetivos políticos que se había propuesto desde 2021, tras las elecciones intermedias: conseguir la candidatura presidencial y decidir un candidato a gobernador más afín al alfarismo. Al final Alfaro no consiguió ni una ni otra. Además perdió el pulso político por el control de MC nacional ante el fundador y dueño de la franquicia naranja, Dante Delgado.

Por eso, Alfaro se va debilitado políticamente y desprestigiado ante la opinión pública por los diversos pasivos que deja a la sociedad jalisciense, en primer lugar la grave crisis por desaparición de personas que existe en la entidad.

La sorpresiva decisión expedita que el Congreso de Nuevo León tomó para autorizar la licencia sometida por Samuel García para separarse del cargo y buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC), provocó que el gobernador sacara 'su otro yo'. A los integrantes del poder legislativo de la oposición -entiéndase PRI y PAN- los calificó de "vatos... locos", "cínicos", "sinvergüenzas", "brutos", "payasos" y "cabrones". Como quien dice, salió más bronco que 'El Bronco' -el exgobernador Jaime Rodríguez-.

Si bien es cierto que Samuel García, quien apenas está cumpliendo su 2o. año de gobierno, quien 'gritó a los 4 vientos' -desde antes de las elecciones en el 2021- que no dejaría la gubernatura para buscar llegar a la Presidencia, desde el sábado pasado cuando hizo del conocimiento público su intención, ha sido comparado con 'El Bronco' por faltar a su palabra y dejar a su suerte al estado. Y hoy que sorpresivamente el congreso le 'da luz verde' a sus propósitos, nombrando a un panista -Arturo Salinas Garza- para que ocupe la posición a partir del 2 de diciembre y hasta el 2 de junio del 2024, Samuel García reventó en contra del congreso y les dijo que en el fondo buscan hacer que desista en su intento de ir por la presidencia. "El PRIAN hace un desfiguro y me quieren quitar el gobierno estos vatos, poniendo a la manzana podrida, están locos", dijo García en tono muy molesto.

Y descargó su furia en contra del congreso por negarle la intención de dejar 'temporalmente' en el cargo a su secretario de gobierno Javier Navarro Velasco -mientras él regresaba derrotado de la contienda electoral presidencial-. "No hay manera, no va a pasar, pero su nivel de cinismo, de sinvergüenzas es tal que a nivel nacional no prenden, están empinados y empiezan a ver un peligro de que hay un posible nuevoleonés".

Sin embargo, en su declaración, ante la realidad de que las cosas no están saliendo como las había planeado, empezó a 'preparar la cama' para en caso que decida dar marcha atrás en la intención. "Mariana -su esposa- todavía no me da permiso", dejando entrever que un pretexto en ese sentido pudiera representar una buena salida para renunciar 'forzadamente' -por el momento- en buscar la Presidencia.

Samuel criticó la toma de protesta de Salinas el miércoles por la noche en el congreso, diciendo "Ahí va el vato, 'Protesto' y le gritan 'gobernador', y ahí están los brutos... no sean payasos, cabrones".

Uno de los argumentos del aún gobernador de Nuevo León, es que Arturo Salinas Salinas, actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia, es "inelegible el vato. Es el Poder Judicial, no puedes poner dos poderes en una persona. Este güey puede ya ser hasta rey... no saca una chingada sentencia y quiere manejar el estado".

Samuel García, con el desplante de no cumplir con su palabra e intentar dejar la gubernatura, con el pleno conocimiento de que en la contienda electoral no va a lograr el objetivo personal ni de Movimiento Ciudadano, solamente haciéndole el favor al oficialismo para quitar votos y perjudicando a la oposición, ha tomado una mala decisión para su futuro político, porque muchos en su estado lo van a ignorar a partir de hoy, como lo mismo sucederá en un porcentaje del electorado nacional. El que sí está muy contento con la intención -por el momento- es el inquilino de Palacio Nacional, quien ayer por la mañana dijo descaradamente, "yo sí apoyo a Samuel".

El poder es veleidoso y resbaloso, tiende siempre a buscar cauces distintos y todo grupo en el poder tiene desgaste. Pablo Lemus es la mejor opción para el gobernador Alfaro, lo cual no quiere decir que sea un incondicional ni mucho menos que el triunfo esté asegurado: será una elección mucho más complicada que la que algunos fans naranjas imaginan.

El acomodo de las calabazas en Jalisco es también resultado del equilibrio de fuerzas en el partido a nivel nacional. Nadie tiene duda del peso del gobernador en el partido en Jalisco; sin embargo, a nivel nacional quedó claro que el liderazgo es de Dante Delgado y nadie más. Alfaro le quiso competir al veracruzano y le puso cara con relación a la alianza y a las decisiones del partido. Las perdió todas.

Quien sea el candidato a la Presidencia de la República en 2024, Samuel García o Marcelo Ebrard, será el nuevo factor de poder al interior del partido en detrimento del gobernador de Jalisco, quien ha decidido no aspirar a ningún cargo y por tanto dejar el espacio vacío. Esta decisión puede ser leída como un gesto loable, en el sentido de que es alguien que no busca fuero, no se aferra al presupuesto y facilita el crecimiento de nuevos liderazgos. Es también una decisión costosa para el grupo político que encabeza, pues el poder es como la bicicleta, el que no pedalea se cae.

Dice la sabiduría popular que de la política nadie se va, los echan. También dice que en el box como en la vida pública hay que saber retirarse a tiempo. Alfaro llegó al 5o. año como el gobernador con más poder acumulado en los últimos sexenios y sin embargo, sea porque no pudo o porque no quiso, llegará al final de su periodo alejado de los ciudadanos, cada día más ausente de la agenda pública y sorteando el final con el puro vuelito, sin pedalear.

Samuel García gastó 17.6 MDP en anuncios de Facebook para promocionar su imagen durante los últimos 3 meses. Esto lo convierte en el político que más recursos públicos pagó a Facebook en todo el país para autopromocionarse.

Desde el año pasado Facebook transparentó el gasto en anuncios sobre política y elecciones, segmentado por anunciante y ubicación. Es la respuesta de Zuckerberg a las críticas por la infodemia que inunda esa red.

Los datos en línea sólo desagregan el gasto durante la última semana, mes y trimestre. Eso basta para descubrir a los políticos más "feisbuqueros" con dinero público (los emecistas sobresalen).

Samuel García, aspirante naranja a la Presidencia, pagó casi la mitad de los 17.6 MDP para que sus anuncios aparezcan en Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco. El resto del dinero se repartió en las 32 entidades. Por ejemplo, gastó 600,000 pesos para aparecer en cuentas de Yucatán.

El derroche de recursos es exorbitante en comparación con los 5 políticos a nivel nacional que más dinero inyectaron a Facebook después del neoleonés:
1. Mario Delgado, presidente de Morena (3.7 MDP)
2. Sergio Salomón Céspedes, gobernador morenista de Puebla (3.7 MDP)
3. Salvador Zamora, alcalde emecista de Tlajomulco (1.7 MDP)
4. Chema Tapia, senador del Verde suspirante a la alcaldía de Querétaro (621,000 pesos)
5. Verónica Delgadillo, senadora naranja por Jalisco (529,000 pesos)

Hay otros actores políticos que han pagado cantidades menores a medio millón. Me disculpo por tantas cifras. A nivel local: Chema Martínez (166,000), Clemente Castañeda (373,000), Pablo Lemus (279,000) y Carlos Lomelí (19,000).

A nivel nacional figuran Dante Delgado (205,000) Xóchitl Gálvez (217,000) y Claudia Sheinbaum que no gastó en pauta.

Por si fuera poco, en todo el país el gobierno de Nuevo León es el que más invirtió en anuncios de Facebook para su página oficial: 23.2 MDP; caso contrario, el Gobierno de Jalisco erogó sólo 1 MDP. Por cierto, desde noviembre de 2022 Alfaro dejó de anunciarse en esta red social; coincide con la nueva política de transparencia de Zuckerberg. Ahora lo anuncian sólo en las cuentas oficiales de sus secretarías.

La mayoría de políticos y gobiernos que derrochan dinero público en Facebook son de MC porque está en el ADN naranja. En la mitología emecista, su génesis e irrupción en 2012, cuando Alfaro casi ganó la gubernatura, lo atribuyen a una campaña innovadora en redes sociales, sobre todo en Facebook. Pero esa verdad hace más de una década hoy es un dogma que disocia a esa clase (ahora gobernante) de la realidad.

Denota una visión "tiktorizada" de la política en donde el candidato/gobernante asume el papel de anunciante y marca publicitaria. La misión del Estado se "scrollea" como un producto perecedero o, peor aún, como un capricho inducido. Los políticos ahora siembran "communities" de consumidores digitales, ya no hacen comunidad con los ciudadanos. Hoy las redes sociales son un espejismo que extravía al político (y a sus asesores).

Queda la duda: ¿el emecismo encarna la "nueva política" en el país porque la "vieja política" no gastaba tanto en Facebook?

La licencia de Samuel García para contender por la Presidencia es parte de una maquinación dantesca (en alusión a Dante Delgado) en donde el gobernador neoleonés sirve como un alfil sacrificable para "ganar perdiendo".

Dante busca un candidato que pierda, pero le reditúe los votos suficientes para que se traduzcan en curules en el Congreso de la Unión. Su apuesta es convertirse en el fiel de la balanza legislativa en el próximo sexenio: eso le daría más presupuesto para su partido y capital político para negociar con el régimen que apuntale un camino más propicio hacia 2030.

Sin embargo, ese objetivo lleva implícita una consecuencia que el dirigente naranja ha negado pero es inevitable: dividirá el voto de la oposición en una alianza fáctica con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dante y López Obrador son viejos aliados. Ambos desertaron del PRI y fueron militantes del PRD. Estuvieron juntos en el 2000, y en 2006 y 2012 Dante respaldó las candidaturas presidenciales de AMLO. El líder emecista es de los pocos políticos con la experiencia y la sangre reptiliana necesarias para negociar con el presidente mientras lanza discursos furibundos contra la "vieja política".

Una señal del acuerdo tabernario entre ambos personajes es el súbito afecto y sintonía del presidente con Samuel García. En el último par de meses lo mencionó como presidenciable naranja y lo defendió de las críticas: "Se ha portado muy bien el gobernador Samuel García, aunque lo están maltratando (...) No se puede ser monedita de oro. Cuando se está trabajando para servir al pueblo, siempre va a haber inconformidades". Esas palabras denotan el colmillo de un hábil ictiosaurio que navega en el océano de la política electoral siempre con la corriente.

Tras el anuncio del neoleonés, Dante aclaró que Samuel García es un candidato interno y remarcó que Marcelo Ebrard aún es opción como aspirante externo. Parece que el líder naranja apuesta por generar tensión y expectativa que jale atención mediática para impulsar a la figura más rentable en una contienda interna exprés.

Eso en el plano político-electoral. En cuanto a la figura de Samuel García, sólo dejo asentado lo que declaró en octubre de 2021 cuando iniciaba su sexenio: "A Nuevo León le voy a cumplir, no me voy a distraer como El Bronco, voy a estar 6 años completos y a mis 39 años de vida que termine, Dios quiera con un gran gobierno".

Sin haber demostrado nada como gobernante, salvo su utilidad al "burócrata de partido" en turno -como llamó Alfaro a Dante-, Samuel alza la mano por la Presidencia de la República.

En un estado donde la seguridad debería ser un tema primordial, el gobierno ha encabezado una serie de contenidos donde desde lo municipal hasta el ejecutivo se muestran como influencers. Cada uno de los "posts" es del peor gusto, se muestran como los grandes salvadores, como la gente más buena onda, la más cool, los que están siempre como de buenas, llenos de energía, con la mejor actitud para resolver los temas de la ciudadanía. Me han llevado a pensar que estábamos tanto mejor sin internet y sin saber bien a bien qué hacían nuestros gobernantes, porque yo a cada uno de ellos que se sienten artistas, les he dejado de seguir.

Ni cómo no tomárselo personal, ni cómo no ponernos del lado de las madres que penan y del pueblo que se ha manifestado por no soportar vivir bajo esas condiciones en las que el gobierno prefiere invertir en influencers, que en seguridad.

Que los influencers al poder paren y se pongan a trabajar en lo urgente, por favor.

Tomando en cuenta que la Cámara de Diputados junto con el Senado forman el Poder Legislativo del país, y que es el órgano especializado en donde se puede hacer cambios constitucionales -promulgar leyes nuevas o cambiar las existentes-, es de suponerse que los 500 miembros que la integran son personas con un amplio conocimiento de cultura general, cierta escolaridad y que deben de tener el conocimiento mínimo necesario sobre temas legislativos.

Sin embargo, desde el momento en que los 500 diputados federales son electos, 300 de ellos por el principio de votación mayoritaria relativa -mediante sistemas de distritos electorales- y 200 son elegidos mediante la fórmula de representación proporcional, a través del sistema de listas regionales, es prácticamente imposible que se pueda 'escoger' a los más preparados o capaces de desempeñar esa posición de tan elevada responsabilidad para el país.

Un ejemplo muy claro lo tuvimos el miércoles por la noche durante la sesión donde se discutía la Ley de Ingresos 2024, cuando al hacer uso de la palabra en la tribuna y defender el fideicomiso que se crea para el Tren Maya, la diputada federal Dionisia Vázquez del Partido del Trabajo arremetió en contra de la oposición, mostrando su ineptitud, torpeza e incompetencia total sin saber de lo que estaba hablando. Con tono muy seguro y dirigiéndose a los diputados -señalándolos con el dedo- les dijo: "Desde el ISTMO DE TEHUANTEPEC HASTA EL CANAL DE PANAMÁ -según ella la supuesta ruta del Tren Maya-. Ustedes no saben qué obra tan magnífica es. No les están robando el dinero, ustedes tienen 80 años robándose el dinero y no vinieron aquí a pedirle perdón a los mexicanos. Ustedes no tienen conciencia, ustedes son corruptos, van a morir corruptos, por eso la gente no los quiere, por eso la gente los repudia, por eso la gente ya no vota por ustedes, se suben aquí -a la tribuna de la cámara- a decir puras mentiras y ya nadie les cree, son unos corruptos, unos desgraciados, unos malvados y unos malditos, eso es lo que son, rateros y asesinos". Se convirtió en el hazmerreír de la sesión...¡Simplemente de dar pena!

Habría que sugerir a la misma Cámara de Diputados, para que se legisle y esté contemplado en la ley, que quienes aspiren a un puesto de esa responsabilidad tengan un nivel de cultura general, escolaridad mínima y que pasen un examen de capacidad y sentido común. Urge se legisle, porque quienes tienen la enorme responsabilidad de crear o modificar nuestra Constitución, tienen que ser competentes y desafortunadamente a muchos de los que tenemos ahora "solo les falta rebuznar".

Nada más se acercan las campañas políticas y me convierto en una promotora autodenominada del voto.

Pierdo muchos amigos amos del fanatismo cada 3 años, pero lo hago porque siento que en México al sistema democrático le falta mucho, a las escuelas les falta impulsar más el conocimiento de cómo funciona un municipio, un estado, el país.

Las personas creen medianamente en la democracia y dudan de los políticos. Bajo este esquema ¿Cómo le podemos exigir que cumpla con su deber como ciudadano o ciudadana para que salga a ejercer su voto?

De acuerdo con el estudio "La confianza en América Latina" de Edelman Trust Barometer, más de la mitad de la ciudadanía desconfía de los políticos, pero confía en las personas a su alrededor. Me gustaría ser esa persona.

Salir a votar es un derecho que no debe cambiarse por un acarreo, una petición, por un desayuno con el candidato, por 500 pesos, por un paraguas o una mochila. Salir a votar es salir a elegir a la persona que va a dirigir un municipio, un estado, al país, que realmente nos representará en la formulación de iniciativas que mejoren el entorno.

Salir a votar es conocer el puesto al que aspira la persona candidata, y para ello es clave que comencemos a interesarnos en cómo se rige nuestra ciudad.

Increíble, pero cierto, estando en el mismo cuadrante hay personas que no saben cuál es la presidencia municipal, el Palacio de Gobierno o el Congreso del Estado, y ante ello no saben qué hacen las figuras políticas que ahí laboran, por eso andan pidiendo gestiones y favores en lados equivocados, donde, si bien les va, le dirán que sí, le pedirán su contacto y luego solo la acarrearán a sus eventos políticos con la esperanza de que les cumplan la petición.

Y como en todas partes, hay de todo, hay buenas y buenos políticos, que ayudan y se involucran, pero ahí la diferencia de saber elegir, o de elegir al menos peor, por lo menos.

Para votar por un político a cualquier cargo lo primero es informarnos. Qué puesto quiere ocupar, de qué va el puesto, qué funciones y responsabilidades tiene, dónde puedo encontrarlo para exigirle que cumpla lo que prometió en campaña en caso de que gane. Prometer podemos todas y todos, la cosa está en analizar si lo que me prometen es posible o no.

Si votas por un partido porque te sembraron el miedo de que dejarán a tu familiar sin trabajo, debes entender que cada administración es un ciclo, y no tiene que ver con tu voto, sino con los favores, malamente, que tienen que cumplir.

Si votas por un partido porque tienes miedo que te quiten un apoyo, por ejemplo, una pensión, analiza de dónde viene, pues por ejemplo, hay apoyos constitucionales que ya no pueden ser retirados por derecho, gane quien gane.

Si votas por un partido solo porque sientes que le debes algo que te dio, entiende que a los partidos no se les debe nada. Su responsabilidad es velar por el bien de la ciudadanía, cumplir con su trabajo básico. Tanto los apoyos y sus salarios son pagados con tus impuestos, por eso deben trabajar por ti y tu bienestar.

Tu responsabilidad es salir a votar por la persona que tú creas, es la mejor opción, una vez más, informarte sobre su trayectoria, las cosas buenas que ha hecho en tu colonia en los puestos que ha ocupado, cómo lo ha logrado, de dónde viene, a qué puesto aspira y por qué.

Saber qué propone y cómo pretende cumplirlo, en qué plazos, analizar si es posible o no. La democracia empieza por nosotros. Dejemos de pensar que la elección ya está ganada por X o Y, y comencemos a cambiarlo con nuestro voto, vigilando los procesos, exigiendo que cumplan lo que tienen que cumplir.

Ahí comienza nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos, porque sabiendo bien quiénes llegaron a cada puesto, sabremos dónde encontrale para exigirle que cumpla lo prometido, o por lo menos exigirle que se desempeñe de la mejor manera posible durante el tiempo que esté en el cargo por nuestro bienestar, el de nuestras familias y de nuestros entornos.

Para el gobernador neoleonés Samuel Garcia le "dan penita... las candidatas que estamos viendo para México, porque no cuentan con una propuesta clara para el país". Y fue más allá, dijo que "no levantan una aspiración, no levantan una sonrisa, eventos desangelados, cero debate, y la verdad que este país con lo que puede vivir y por el momento que está viviendo por lo geopolítico, pues creo que merece más, y si desde Nuevo León poder subir esa altura de debate".

García, con una carrera profesional de abogado y finanzas, y doctorado en derecho constitucional y gobernabilidad, apenas empezó su carrera en la función pública en el 2015, cuando llegó a una diputación local, y en el 2018 al Senado por Nuevo León; el único 'galardón' de peso es haber llegado a la gubernatura, pero de eso a que ya se sienta con la capacidad de opinar y de estar entre los ‘pesos pesados’ de la política nacional, dista mucho.

Peca de soberbia, y si bien es cierto que suena para llenar el hueco de la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), hasta el momento no ha demostrado o ganado nada más significativo que el puesto que hoy ocupa, y ahora necesita demostrar sus capacidades reales desde la cúspide del estado industrial más importante de México.

Desde aquellas fotografías con el hombre más rico del mundo, Elon Musk -dueño de Tesla-, cuando negociaron la llegada de una 'gigafábrica' a Nuevo León, García se ha sentido como el conquistador del mundo, y ahora con sus comentarios parece que la arrogancia, altivez y suficiencia se le 'subió a la cabeza'.

Ahora bien, habrá que estar muy al pendiente de los acontecimientos alrededor de Tesla y su proyecto de sus instalaciones en el norte del país. De acuerdo con el libro biográfico de Walter Isaacson sobre la vida de Musk, este habría decidido en mayo pasado cambiar el proyecto, y en lugar de la 'gigafábrica' en Nuevo León solo se pondría una planta complementaria para la manufactura de componentes de sus automóviles. Textualmente, el libro dice: "Siempre había creído -Musk- que los diseñadores tenían que estar al lado de la cadena de montaje, y no se permitía que la fabricación se llevara a cabo en un lugar remoto. De ese modo, los ingenieros podían recibir una retroalimentación instantánea sobre cómo diseñar y aplicar innovaciones que mejoraran el coche y facilitaran su fabricación. Esto era más necesario aún para un coche y un proceso de manufactura nuevos. Musk advirtió que tendría problemas para relocalizar a sus mejores ingenieros en la nueva planta. "Los ingenieros de Tesla tienen que estar en la cadena de montaje para que todo funcione bien, y todo el mundo no se va a mudar a México", dijo Musk.

A lo anterior, habrá que agregar el posible incumplimiento en los plazos del acuerdo por parte del Gobierno de Nuevo León, según lo publicado ayer por el diario El País, donde habla que "a la gigante de los autos eléctricos a nivel mundial Tesla se le están complicando los tiempos. Después de anunciar una inversión de casi 5,000 millones de dólares en marzo para construir una planta en el norte de México se enfrenta a inesperados retrasos, según un análisis del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El 1o., que la construcción de infraestructura pluvial, vial y férrea que prometió el gobernador de Nuevo León, Samuel García, no ha iniciado y no se sabe de dónde saldrán los recursos públicos para pagarla. El 2o., que los permisos ambientales necesarios para iniciar la construcción, los cuales se otorgan a nivel municipal, estatal y federal, están demorando más de lo esperado".

De complicarse los plazos y presupuestos por parte del Gobierno de Nuevo León y de confirmarse los cambios de planes de Elon Musk, Samuel García corre el riesgo de que quede sin esa 'joya' de inversión de la 'gigafábrica', se empañe tan prometedor futuro y se quede sin otros argumentos que le den peso a su candidatura en MC y entonces sí, el que se va a quedar para "dar penita" va a ser otro.

Más militantes no se traducen en más votos en automático. Pero es importante su función clientelar y movilizadora el día de la elección en un momento de apatía y rechazo a los partidos políticos -son la institución más desprestigiada en México: 7 de cada 10 mexicanos desconfía de ellos, según el Inegi-. Visto con pragmatismo, entre menos salen a votar, más importante es la estructura partidista.

Redondeo cifras a continuación. En Jalisco el partido con más militantes es Movimiento Ciudadano: 60,000 afiliados. Le sigue Morena ligeramente abajo con 58,000. Luego Hagamos con 23,000; PAN con 19,000 ; Futuro con 17,000; PRI con 7,000 y al final el Verde con 430.

Aventuro algunas observaciones. Hagamos es el 3er. partido con más militantes y Futuro se ubica en una 5a. posición. En conjunto aglutinan a 1 de cada 5 militantes en la entidad. Es una estructura nada despreciable si se conforma, como se bromea en redes, el partido "Hagamos Futuro" para sumarse en coalición local con Morena. Sobre todo después de la reciente foto de Ricardo Villanueva con Pedro Kumamoto. Se trata de 2 partidos satélite, con jugosas prerrogativas, que apuestan por esa máxima que reza que en México perder elecciones es un negocio.

Movimiento Ciudadano y Morena tienen casi la misma cantidad de militantes con una ligera ventaja para el primero. Una ecuación que a nivel nacional se invierte de forma abrupta. Mientras Morena cuenta con 2.3 millones de afiliados en el país, los naranjas alcanzan apenas 384,000, sólo arriba del mínimo necesario para mantener el registro. Significa que en Jalisco, Morena y Movimiento Ciudadano compiten en condiciones muy distintas al escenario nacional.

Del PRI y el PAN, ¿qué se puede añadir ante sus elocuentes cifras? El tricolor, que llegó a tener la base clientelar más numerosa, está apenas por encima del Verde. El PAN, otrora el partido en el poder con más adeptos, también se ha desplomado.

La baja en los padrones de militantes es un fenómeno general. En 2019 había 13 millones de militantes repartidos en 7 fuerzas políticas. Tras una depuración de los padrones probablemente inflados y amañados, el INE reportó 6.4 millones de militantes en 2023.

Ahora, ¿para qué sirve un militante? Las militancias partidistas han sido históricamente una base de afiliados muchas veces intermitente, instrumental sólo para el día de la elección y producto de desechos políticos que se traspasan entre uno y otro partido.

Los contornos ideológicos de los institutos políticos se han desdibujado. Estamos entre el Frente Amplio por México, incapaz de formular un programa ideológico coherente, y una simplificación dogmática de la historia y el presente con Morena.

Las militancias no forman perfiles políticos sino soldados clientelares siempre al mejor postor con cúpulas partidistas que presumen su vocación demócrata hacia el exterior pero al interior carecen de una democracia interna. La escuela de cuadros que debería ser la base militante es sustituida por el dedazo, el compadrazgo y el interés electoral para acceder al poder y sus prebendas. De esos acuerdos cupulares y verticales surge nuestra clase política, no de la base partidista siempre desechable y ahora más que nunca en crisis.

La candidatura de Samuel García ayudaría a demasiados a jugar a favor de intereses que más que ganar la Presidencia, buscan retener lo más posible de cuanto tienen hoy. Y con suerte, obtener un poco más.

Si Samuel García se lanza bloqueará a Marcelo Ebrard, lo cual en Movimiento Ciudadano será visto como un alivio. El fuereño no es bienvenido por cuadros que padecerían desplazamiento o que se verían obligados a negociar con este "hijo pródigo" que arribaría pidiendo posiciones para los suyos.

El sueño presidencial del gobernador García no supone una reconformación de liderazgos al interior de MC, ni amenaza los proyectos naranjas en Jalisco o en la CDMX. Y esos políticos hasta se llevan bien con el regiomontano, que de paso refuerza el discurso de renovación de clase política, etc, etc.

Samuel sería la mejor noticia para Morena y para el presidente López Obrador. Divide a la oposición, ataca al PRI, desdeña al PAN, ayuda a consolidar la propaganda de que el Frente es una opción de un fracaso probado, una apuesta perdida, una campaña de pasado sin futuro.

Con García en la boleta, Dante Delgado puede seguir en sus cálculos rumbo al 2030, en esa aritmética confiada en que el país aguanta 6 años más de arrebatos de las fuerzas lopezobradoristas. Otro sexenio para ser bisagras en el congreso, constituirse en votos indispensables para los acuerdos.

García podrá decir a la iniciativa privada de su estado que "va y viene", que le apoyen en esto, que les deja las carteras que gusten, que ganan más confiando en que al regresar tendrá más poder en el congreso local y en la zona metropolitana regia, que mejor él creciendo ahí que Morena, que mejor él de amigo de AMLO, con quien gestionará la agenda empresarial porque el presidente agradecerá su jugada de sacrificio, y que lo mismo pasará con la próxima presidenta, a la que presto alzará la mano. Oposición "leal".

Es el que "todo cambie para que todo siga igual". El candidato de Jalisco tendría en él un vocero para insistir en que hay tercera opción, que ni Morena ni el Frente, discurso que afianza el modelo naranja como la alternativa a la que toca, así sea marginalmente, seguir dando oportunidad.

Parte de la IP también apoyaría la opción de tener una carta de recambio por si se les cae Xóchitl Gálvez: que oportuno es Samuel ante la eventualidad de que la candidata del acuerdo tripartita no despegue, para un típico úsese en caso de que la hidalguense no se imponga a las estructuras partidistas.

Pero ¿tras quién iría primero Samuel? Tras su ex colega senadora, tras la candidata posicionada en 2o. lugar. El gobernador con licencia tendría la coartada de que así se hacen las campañas, colándose lo más pronto posible a un puesto competitivo, desbancando a quien está encima de ti.

Se antoja harto difícil que ataque a Claudia Sheinbaum para convertir pronto la contienda en un asunto de 3. No aguantaría ni la mitad de la metralla que ha resistido Gálvez en los últimos meses. Así que mejor avanzar lo más posible cuidando no acabar entre las patas de los caballos de la mañanera.

Es Samuel. Es el candidato ideal para que MC diga que lo intentaron, que sembraron futuro, que no había forma de volver a creer en el PRIAN, que en seis años volveremos, que Jalisco y Nuevo León seguirán como bastión, que crecieron en el legislativo... ¿pero será verdad?

Las cosas parecían haberse zanjado con la candidatura de Samuel García a la Presidencia, lo cual cerraba el paso a Ebrard. Pero eso cambió hace unos días, cuando el gobernador de Nuevo León fue advertido de las implicaciones políticas y jurídicas de pedir licencia y dejar el escenario local durante unos meses en manos de un congreso estatal dominado por la oposición. Todo indica que García prefirió recular y eso le abrió a Dante una oportunidad para hacer un nuevo guiño a Ebrard.

Las consecuencias para lo que sigue podrían ser enormes. Hasta ahora MC ha sido un partido de ideología ambigua y con una agenda política dictada por la coyuntura. Una 3a. vía que resulta muy atractiva como contenedor, pero con muy poco contenido sustantivo. Dante Delgado se ha cansado de señalar a la socialdemocracia europea como su referente, pero en la práctica ha sido poco más que una agencia de colocaciones para aprovechar el hastío de algunos votantes frente a las otras alternativas. Ebrard y su corriente podrían dotarlo de ese contenido de centro o centro izquierda real y convertirlo en un contrapunto constructivo para Morena.

En medio de la disputa entre la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC) y los alfaristas en Jalisco, el ex gobernador Emilio González acusó a Dante Delgado de pretender "entregarle el país a Morena", porque no quiere sumarse al Frente Amplio por México que encabeza Xóchitl Gálvez.

Apuntó que aún hay tiempo para acordar una gran alianza opositora: PAN, PRI, PRD y MC, con la intención de vencer a Claudia Sheinbaum el próximo año.

Ayer, más de 50 organizaciones políticas y civiles, como Foro Plural Jalisco, Confío en México (que encabeza Salvador Cosío), Frente Cívico Nacional, Consejo Cívico Ciudadano, Xiudadanos.mx y Misión Rescate México, entre otras, lanzaron la estrategia: Todos Unidos contra Morena, para evitar que este partido gane terreno en los comicios del próximo año en Jalisco.

¿Eso incluye apoyar a MC, en lugar de la alianza PAN, PRI, PRD?

Todo indica que sí.

En la política a la mexicana, parece que el propósito es darle con todo a los adversarios.

Atreverse a ser candidato es tener un historial casi perfecto, para que los buscadores profesionales no le encuentren ni una manchita en su pasado, y se lo quieran comer vivo.

Es un falso puritanismo, es exactamente lo contrario al "fair play" deportivo. Es la política del juego sucio.

La política se ha llenado de rencores, odios y ganas de descalificar a todos los que no están contigo.

Hacer una campaña es estar dispuesto a recibir toda clase de falsos, calumnias y acusaciones. A despertarte al día siguiente y no saber en qué chisme e intriga te han involucrado.

Es un arte torear todas las embestidas de las venenosas lenguas políticas, que están decididas a descarrilarte de la contienda a como dé lugar.

Se supone que íbamos a tener una moral social más responsable y justa, y hemos caído en un cochinero moral, propio de corruptos y malvivientes. Delincuentes partidistas, con un falso permiso para acribillar al que se cruce en su camino.

A eso no se le puede llamar política, sino que es su vil deformación y un claro deterioro de la clase política, que ha hecho, de tan noble tarea, un asqueroso cementerio de los genuinos valores.

No les hagamos el caldo gordo, comprando sus fechorías formando parte del coro de demonios que se escandalizan y acusan de toda clase de pecados, al mismo tiempo de no ver las porquerías que ellos mismos hacen.

Lo que se hace a un lado es el día después, no de los comicios, el día después de las muy naturales reyertas por las inconformidades que acarrean los resultados, que no son sino muestra de la incertidumbre que es consustancial a la búsqueda del poder; el día después ya que unos apechugaron, ya que otros ostentan su constancia de mayoría; el día después cuando, ni modo, los ganadores deben sumergirse en el misterio constante que es (para ellas y ellos) gobernar. Los que fueron rutilantes candidatos, mujeres y hombres, pieza ornamental de bardas, de espectaculares, generosos oferentes de todo tipo de bondades (posibles e imposibles) quedan, el día después, como sobrevivientes de una bacanal: despeinados, con el maquillaje corrido (mujeres y hombres) y con la apostura diluida. Nadie les dijo, aunque cualquiera lo sepa, que triunfar en las urnas es al mismo tiempo entrar a la dimensión escabrosa de la realidad, en donde la gente, muchísima, es asesinada; en donde a las personas, muchísimas, las desaparecen; en donde eso de abrir la llave y que salga agua es ficción; en donde detrás de cada arbusto hay una célula de criminales haciendo suyo el territorio, aplicando exacciones; en donde la pobreza verdadera, no la que los asesores delinearon en los discursos de campaña, la que usaron para adornar frases de mercadotecnia, acompaña la vida de decenas de millones para imponerles hambre y sustraerlos de los servicios de educación y salud; donde quienes hacen empresa, chica, mediana o grande, formal e informal, permanecen, según el mejor ejemplo del teatro del absurdo: en espera de un Godot que nunca llega, las condiciones de seguridad y legales que les permitan hacer lo suyo sin más sobresaltos que los correspondientes a su iniciativa; donde las mujeres aguardan ser tomadas en cuenta como iguales. Ésa, la realidad que algún perverso inventó nomás para incomodar ganadores de las elecciones, la que suponen poner en receso mientras pasa la persecución de votantes.

La satisfacción por haber vencido es efímera y en términos de enfrentar los problemas que tenemos, aunque fuera de más duración, la mayor cantidad de votos es fuego fatuo frente a lo tanto por resolver, además, es verdad, frente a lo tanto bueno por apuntalar y que, lo estamos padeciendo, puede derruirse en un lustro.

Las candidatas, los candidatos, con excepciones, claro, y los partidos, se sienten confortables en la inercia de esto que es nuestra democracia: dinero no les falta, predominan en ciertos ámbitos de lo público y detentan un trozo de poder personal, por eso su petición es de una simpleza casi insultante: vota por mí porque no soy el otro, y el día después comenzaremos a prepararnos para los comicios siempre por venir.

El suscrito siempre ha tenido dudas acerca del cuerpo legislativo, con excepción del cheque, que nuestro amado presidente no ha descubierto que todos, sin excepción, ganan más que él ni lo descubrirá mientras obedezcan, hablo de los de su partido, porque los otros están de adorno y aunque dudo de su utilidad, por lo sucedido esta semana he descubierto que estaba en un error.

Esta semana varias representantes populares se insultaron sin ningún pudor, lo que por vulgar no comentaré, pero créame que fue de alto nivel de majadería, las mentadas iban y venían, pero recordé que una tía decía que entre las mentadas de madre, a las 10 de la noche todos andábamos empatando entre las enviadas y las recibidas.

Pues en la Cámara, después de los insultos, una fémina dijo que "ella era perra de López Obrador", lo que no creo que sea realidad y es en todo caso un deseo, porque yo no creo que doña Beatriz guste de esas manifestaciones, pero en fin, fue tan sólo un dicho, ya que cuando menos yo no sé de actividades extracurriculares del señor Presidente.

No son pocas las evidencias de agua color tamarindo que sale del grifo. Además, los tandeos ya llegan por temporada: los normalizamos. Hay muchísimas personas que pagan en cada estiaje para que una pipa llene el tinaco de su hogar porque hay periodos largos en los que el líquido escasea. Y pese a todo lo anterior, a finales de 2022 el Consejo Tarifario del organismo operador metropolitano decidió aumentar 8.5% los precios para mantener su operatividad.

Peor aún: lo hizo sin consultar al Congreso [de Jalisco]. El aumento al costo del agua comenzó desde enero, pero el reducido poder legislativo lo aprobó hasta finales de mayo, argumentando que los ayuntamientos que integran al SIAPA habían demorado en el envío de los dictámenes en los que se aprobaban los nuevos precios. Esa "demora" fue de casi 6 meses.

Para que tengas una idea de lo que cuesta mantener en buenas condiciones nuestro sistema de agua potable y alcantarillado, sólo este año la partida 1000 de Servicios de Personal del SIAPA es de 1,632 millones de pesos. La de Materiales y Suministros es de 522.4 millones, y la de Servicios Generales de 1,575 millones. En total, son 3,720 millones de pesos los que durante 2023 se están aportando al organismo operador metropolitano para que nuestra red hidrosanitaria esté en buenas condiciones.

¿Y los resultados? 10 años y 3 meses después del anuncio de la estatización del SIAPA, las inundaciones son cada vez más graves y cuestan vidas. Este año, Jalisco registra 8 muertes debido a afectaciones causadas por las lluvias. 6 de ellas ocurrieron en la ciudad. Incluso hay un hombre que fue arrastrado por la corriente el pasado 3 de agosto en Periférico y Malecón, y cuyo paradero se desconoce hasta la fecha.

Evidentemente, la aplicación financieramente sana y transparente que se prometió desde hace una década no ha tocado las puertas del organismo. Ya no hay sesiones públicas del Consejo de Administración, las ruedas de prensa que ofrece el organismo son sólo para dar a conocer si habrá tandeos o las fechas de la intervención anual del acueducto Chapala-Guadalajara; y las obras se ejecutan en compañía de policías y encapsulando a vecinos con vallas y enrejado, como ocurrió en las proximidades del Parque San Rafael.

Esta semana, el partido político Hagamos llevó decenas de botellas de agua con todas las tonalidades del color café a las instalaciones del SIAPA para exigir la comparecencia de su director, Carlos Enrique Torres Lugo. Dichas botellas cargaban el agua extraída de al menos 30 colonias de la ciudad. Por supuesto, el llamado a comparecer se va a quedar en eso.

La reflexión es simple: si el organismo que se encarga de dotar de agua potable y alcantarillado a la 2a. ciudad más importante del país no entrega agua incolora, inodora e insípida; y en cada temporal ve ampliamente rebasado su sistema de alcantarillado con cualquier tormenta, el organismo ha fallado en su misión.

Y si la misión no se cumple, el timón debe pasar a un perfil que pueda hacer frente al reto. Son 5 millones de personas en el sistema de abasto. Por humanidad, antes que por política, el SIAPA debe pasar a mejores manos.

Para los opositores, incluyendo al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, lo que están haciendo Samuel García y Dante Delgado es dividir a la oposición, jugar al esquirol para facilitar el triunfo de Claudia Sheinbaum. Poco ayuda a esta versión que haya sido el propio presidente de la república el más entusiasta promotor de esta candidatura. Dante Delgado y seguidores piensan que lo que están haciendo es construir la escalera para 2030, generando identidad partidaria. Van por una votación mayor al 10% para convertirse en el fiel de la balanza en el legislativo, y, sobre todo, en una opción diferenciada.

Hacer candidato a Samuel García podría costarle a MC la gubernatura de Nuevo León. El Congreso del Estado está en manos del Frente, PRI y PAN (tienen 28 de los 42 diputados) y harán lo que sea para hacerle la vida de cuadritos a Samuel con el que tienen, además de las diferencias políticas, una pésima relación. La apuesta, igualmente arriesgada, es que, si los diputados actuales no le dan permiso para irse de candidato, García la obtendrá por el Tribunal. De acuerdo a la Constitución de Nuevo León, si el gobernador se ausenta por más de 30 días el congreso deberá nombrar un interino y en ningún caso la licencia podría ser mayor a 6 meses. Es decir, si lograra negociar la licencia tendría que mantenerse en el cargo hasta el 3 de enero y arrancar cuando las otras 2 candidatas traerán 8 meses de campaña, ilegal si se quiere, pero autorizada por el INE y por el Tribunal Electoral.

La locura llamada Samuel puede ser muy costosa para MC y tiene poca lógica electoral. Su lógica es política y tiene que ver con eso que Dante ha dicho a los liderazgos de su partido: no es momento de pelarse con López Obrador.

En las últimas semanas Alfaro calificó a Dante como "burócrata de partido" que jamás ganó una elección, lo tildó de errático y desesperado, pero sobre todo, alineó a los emecistas de Jalisco a su favor.

Hasta que esta semana, en una inesperada voltereta, propia del pancracio de la política mexicana, Alfaro cambió de opinión. Ahora respaldó la candidatura de Samuel García a la Presidencia por Movimiento Ciudadano contra su postura inicial de rechazar una tercera vía y unificar al frente opositor. Como diría Monsiváis: "O ya no entiendo lo que está pasando o ya no pasa lo que estaba entendiendo".

El jueves 14 de septiembre el senador Clemente Castañeda, en entrevista, reiteró que aunque puede parecer más rentable para MC postular a un candidato presidencial, el momento histórico exige "pensar primero en México" y avocarse a la derrota de la 4T en las elecciones presidenciales. Aunque no explícitamente, pero el senador defiende la posibilidad de una alianza política con el Frente Amplio por México y por extensión, con Xóchitl Gálvez.

Estando como estamos cautivos de la dictadura de los partidos que ganan hasta perdiendo, lo que tendríamos que hacer, es comprometerlos a dar soluciones rápidas a los problemas más graves del país con plazo y costo ¿o solamente el Presidente Bukele puede?

Este 6 de septiembre de 2023, en una de sus declaraciones públicas más irresponsables desde que asumió el cargo, el gobernador Enrique Alfaro aseguró que los medios de comunicación hacen "apología de la violencia" y que incluso pareciera que su propósito es "asustar a la gente y generar un ambiente de terror".

Pues bien: en las campañas de 2012, 2015 y 2018, fue ese mismo político quien usó la inseguridad para ganar adeptos. Solicitó la renuncia del ex fiscal Luis Carlos Nájera y hasta la del ex gobernador Aristóteles Sandoval. ¿La razón? "Los jaliscienses le exigimos seriedad y resultados. Jalisco no puede seguir por este camino, en materia de seguridad y procuración de justicia, su gobierno ha sido un rotundo fracaso. Si no puede, deje su cargo".

En el papel, la campaña de Enrique Alfaro fue eficaz. Afirmó que su llamada "Refundación" restauraría el orden para garantizar la seguridad con justicia, pues en cada región que visitaba durante su campaña, atender la violencia y la impunidad era lo que más le pedía la gente.

Así, en modo campaña, el político del cambio se jactaba de no sonreír en sus fotos porque "no había razones" para hacerlo en un estado azotado por la delincuencia. Según decía entonces, estaba molesto y haría todo cuanto estuviera a su alcance para cambiar la realidad.

Combatiría la corrupción, depuraría los cuerpos de seguridad, pondría en el centro del quehacer público a las víctimas, eliminaría las condiciones que faciliten la delincuencia, fortalecería el vínculo entre policías y vecinos, e incluso existiría un esquema de rendición de cuentas policial frente a la sociedad civil y las autoridades locales.

Hoy, con la realidad plasmada en letras, los medios que retratan la historia moderna de Jalisco han documentado que fue una buena campaña con una pésima ejecución ya en el gobierno. Que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, porque en su tiempo hubo promesas para repartir, y que a la distancia lo más sencillo para salir del atolladero es culpar al mensajero.

En la recta final de su gestión, el gobernador que garantizó recuperar la tranquilidad de las familias de Jalisco ha olvidado sus promesas electorales. Declinó a sus obligaciones por hacerse a un lado y buscar culpables.

Y los medios, los que se han visto obligados a romper su propia línea editorial para llevar a las portadas la cruenta realidad por la que atraviesa un estado donde su gente se ve obligada a huir, definitivamente no están dentro de la cadena de responsabilidades del desastre en el que se ha permitido convertir a Jalisco.

Ya lo había declarado con anterioridad -sobre la posibilidad de buscar la nominación de Movimiento Ciudadano (MC) para la Presidencia- pero más recientemente lo dijo el 7 de junio a la agencia española de noticias EFE: "Ahorita estamos concentrados en Nuevo León, sobre todo este momento tan importante para Nuevo León que requiere un gobernador concentrado 100% en el estado, por lo que no me voy a engolosinar con el 2024", dijo Samuel García y sentenció que su mira está puesta en la contienda del 2030. No habían pasado 90 días -el pasado 25 de agosto- cuando -en este mismo espacio lo señalamos- el gobernador neoleonés "sacó" la cabeza y puso un pie en el pedestal naranja.

En la órbita de MC cuando se habla de ir solos como partido a la contienda electoral del próximo 2 de junio, solamente hay 2 nombres que se barajan con insistencia, el del actual gobernador -que de antemano se había descartado y luego se candidateó- y el del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas. Bueno, con el hijo del extinto candidato presidencial por el PRI -asesinado el 23 de marzo de 1994 en Tijuana- su posición es opuesta. Esta semana se le preguntó sobre esa posibilidad y con una madurez personal y política, mencionó las 3 razones por las que no le interesa colocarse en esa posición. 1o., porque no es el momento adecuado, ya que lleva poco tiempo de haber ingresado a la política y necesita madurez personal y profesional. 2o., "porque no quiero ser quien divida a la oposición, que tiene genuinas intenciones de cambiar el rumbo del país. No voy a entrar en esa riñas inconsistentes y no voy a ser artífice de la división de una oposición; sería irresponsable". Y 3o., por su familia, pues sus hijos son pequeños "y son mi mundo. Ellos necesitan un padre".

La decisión tomada primero habla de su integridad como persona y segundo de su madurez para entender que antes de intentar llegar a la Presidencia -aunque tiene el 40.1% de la preferencia de su partido-, hay otras prioridades -personales y familiares- que seguramente lo ayudarán a madurar aún más y buscar su oportunidad en el momento adecuado.

No es el caso de Samuel García, quien sin tener la preferencia, la experiencia, ni la capacidad, ha roto con su promesa, se ha dejado llevar por la ambición y lo único que va a lograr -en caso de que fuera el nominado de MC- sería coartar su carrera política -porque no ganaría- y en cambio si lograría la división y debilitación de la oposición.

Para los que pensaban que las negociaciones políticas esperan hasta que se definan las candidaturas presidenciales, les tenemos sorpresas. Hay personas que se adelantan porque ya hicieron trabajo previo. Y es el caso del ex dirigente del PRI en Jalisco, Javier Guízar Macías, quien reapareció en la escena pública como uno de los principales apoyos de Claudia Sheinbaum en Jalisco.

¿Lo recuerdan?

[El webmaster no olvida al llamado "mataperros". Aquí un apunte de Paco Navarrete publicado en el periódico Mural del 15 de mayo de 2008: "Un presidente de partido (que vendría a ser su 'líder', en un mundo civilizado) que regresa a su rancho y, porque sintió que un perrito faldero como que arañó a su hijo, lo agarró a patadas (sí, en serio) y no contento con eso sacó la pistola y le sorrajó toda la carga al animalito, sólo puede ser definido como animalote, pero no en su cara: como los diputados de la Revolución, no vaya a ser que recargue el cuete y se lo suelte a uno, por andar de perro. Y si el señor este, Javier Guízar, no puede culpar de su arranque al alcoholismo, como el tal [gobernador] González, ni a la demencia senil como el purpurado [Sandoval]... entonces más le vale declararse víctima. Que culpe de todo a la mala educación que recibió y asunto arreglado."]

El siguiente indicador revela la dramática renuncia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a velar por la ciudadanía.

En el 1er. año de Luz del Carmen Godínez al frente de la CEDHJ, las quejas e investigaciones de oficio se desplomaron. Entre el 2 de agosto de 2022 -fecha en que asumió el cargo- y el 2 de agosto de 2023 abrió sólo 22 quejas de oficio por presuntas violaciones a los derechos humanos, según datos que obtuve por transparencia.

Sólo para dimensionar, su antecesor, Alfonso Hernández, inició 1,133 investigaciones de oficio sólo en 2021 por posibles violaciones a derechos humanos relacionadas con negativas de asistencia a víctimas del delito, ejercicio indebido de la función pública, violación a los derechos ambientales y a la salud, desapariciones, entre otros.

La tutela de los derechos humanos debe ser proactiva, progresiva y eficaz. Para eso la CEDHJ cuenta con una figura asentada en su ley orgánica: la queja de oficio.

Se trata de la facultad de la Comisión para indagar de motu propio una presunta violación a los derechos humanos. Cada uno de los visitadores generales así como la Dirección de Quejas poseen la facultad de abrir una investigación de oficio cuando advierten una posible violación grave a los derechos humanos.

En pasadas administraciones se realizaba un exhaustivo monitoreo a través de notas de prensa, pero al parecer los visitadores y el director de quejas renunciaron a esa facultad. La importancia de estas quejas radica en que muchas veces derivan en recomendaciones más amplias que alertan de omisiones y fallas estructurales.

De manera paralela, la Comisión registra un desplome en el número de quejas que interponen los ciudadanos, otra arista que revela la pérdida de credibilidad y confianza de la institución en medio de una crisis de derechos humanos.

Lo expreso en cifras, pero se trata de vidas. Se trata de las garantías y derechos de los y las jaliscienses. La pérdida progresiva de autoridad moral e institucional ha dado lugar a un organismo paquidérmico, cooptado por intereses partidistas y protector del poder político, no de los ciudadanos y ciudadanas.

Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey que se había opuesto inicialmente a alguna alianza, ayer dijo renunciar a ser candidato presidencial para no dividir el voto opositor, al igual que lo expresó su colaborador Agustín Basave. Del otro lado, inamovibles en que MC debe ser la 3a. vía y no ir ni a la esquina con el PRIAN, está Dante, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el líder de los diputados naranjas, Jorge Álvarez Máynez.

Así el escenario de la incertidumbre naranja.

Samuel García, el gobernador de Nuevo León, abrió sus aspiraciones presidenciales en diciembre pasado, pero hasta hace unos días comenzó a medir mediáticamente sus posibilidades.

García está siendo promovido por quien más interesado está en que Movimiento Ciudadano, el partido al que pertenece, divida el voto de la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador. No es algo fortuito. García está dentro de la negociación que tuvo el líder nacional del partido, Dante Delgado, con López Obrador, para que vayan con un candidato único a la elección presidencial de 2024, y cancelar el respaldo a Xóchitl Gálvez, que será la candidata del Frente Amplio. No se sabe qué recibirá Delgado a cambio, pero la relación que han tenido a lo largo del tiempo se ha inscrito en la simulación, donde finge que se pelea, sin nunca realmente pelearse con López Obrador.

Delgado prefirió enfrentar una rebelión dentro de Movimiento Ciudadano que afrontar a López Obrador. Su acuerdo con él es inconfesable, pero ha sido motivo de conversaciones recientes en Palacio Nacional a propósito del choque con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien desea una alianza con el Frente Amplio que le ayude a que su grupo mantenga la gubernatura el próximo año.

Jalisco es el principal motor de Movimiento Ciudadano, donde se ganaron en 2021 las únicas 7 diputaciones federales de mayoría relativa de Movimiento Ciudadano. Las 17 diputaciones restantes son proporcionales, lo que significa que la fuerza en tierra la tiene Alfaro, no Delgado, y la capacidad de negociación se inclina por el gobernador, no por el líder del partido. Nuevo León es el otro estado que le da fuerza a Movimiento Ciudadano, pero depende fundamentalmente del gobernador, que tiene una alianza táctica con Delgado y está escuchando el canto de las sirenas que sale del Zócalo, llenándose la cabeza de humo con la candidatura presidencial.

García ha tenido serias dificultades para gobernar y se ha quejado que el PRI y el PAN lo han saboteado. Por consiguiente, tiene una pésima relación con el congreso, donde no cuenta con ningún respaldo, por lo que si pidiera licencia, no habría punto de retorno y dejaría de ser gobernador. Más aún, de acuerdo con observadores neoleoneses, si deja García la gubernatura, la probabilidad que Movimiento Ciudadano desaparezca de Nuevo León es enorme.

En Palacio Nacional, hasta donde se ha podido saber, le dijeron que no se preocupara y le han garantizado que si se lanza por la Presidencia, regresará a gobernar una vez pasado el proceso. Para esto, el gobierno de López Obrador ya comenzó a limpiar de obstáculos el camino, para animarlo a que dé el paso, con la apertura o ampliación de carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República contra 2 priistas que se han convertido en una pesadilla para su administración, el ex diputado local, Francisco Cienfuegos, que fue cercano colaborador del ex gobernador Rodrigo Medina, y Adrián de la Garza, que fue alcalde de Monterrey.

Cienfuegos, secretario de Enlace Legislativo del Comité Ejecutivo Nacional, mantiene un bajo perfil, y ha acusado al gobierno de García de persecución política, negando que la Fiscalía General de la República haya ampliado una investigación por presuntamente utilizar empresas fantasmas para sus actividades empresariales. No está claro cuáles son las nuevas imputaciones federales contra él, o si se trata de una reactivación de las acusaciones pendientes, como tampoco ha trascendido los presuntos delitos por los que los fiscales federales quieren acusar a De la Garza.

De la Garza fue procurador estatal, donde enfrentó acusaciones de presuntas vinculaciones con el narcotráfico, y posteriormente fue alcalde de la capital regiomontana, donde fue acusado de corrupción, sin que ninguno de los delitos pudieran probarse. Aunque hoy no tiene ningún cargo público, su influencia en el gobierno de García es muy fuerte, al tener fuerza relativa en las fiscalías de Delitos Electorales y Anticorrupción, además de la Auditoría Superior estatal.

No está clara la decisión que tomará García, cuyos patrocinadores, entre los que se encuentra uno de los principales grupos empresariales de Monterrey, están en desacuerdo con que se vaya, enormemente decepcionados por su gestión. Pero 7 puntos, que es el peso de Movimiento Ciudadano tras las elecciones nacionales de 2021 -al que habría que descontar Jalisco-, son fundamentales para López Obrador, que no quiere que los capitalice Gálvez ni el Frente Amplio.

Dante Delgado, como siempre, especula para sacar ventaja y, al parecer, aspira a vender caros sus amores con el presidente y, por otra, la posible alianza del gobernador de Jalisco con Xóchitl, a cambio de mantener la hegemonía del grupo gobernante en la entidad, parece ir avanzando.

(V.pág.2 del periódico El Informador del 30 de agosto de 2023).

Para ser político no sólo hay que parecerlo, eso cualquiera, bastan 2 o 3 signos externos de poder como fumar puros caros, traer un séquito de personas detrás y comprar muchos seguidores en redes. Para ser político, además, hay que creérselo, y eso significa estar convencido de que el mundo es mejor gracias a que ellos existen, que son ellos los que están cambiando el derrotero de una comunidad o un país. Dante Delgado no es la excepción. El desplegado publicado ayer es un derroche de ego difícil de superar. Y no porque rechace la alianza con partidos con los que hace apenas unos años estaba de la mano, como el PAN y el PRD, o con el PRI, el partido en el que militó y además en el lado más oscuro, sino por la forma en que ve el mundo sólo a partir de sí mismo. El partido soy yo; quien decide quién es figura y quién no, soy yo; quien conoce el devenir del país, soy yo; quien firma a nombre del partido, soy yo. Nos, Dante, el mayestático.

La apuesta de Dante Delgado es arriesgada. Su argumento es que los candidatos que son auténticos y fuera del sistema son los que están teniendo mejores resultados en el mundo. Algo hay de cierto. Ahí están como muestra el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, o el mismo Samuel García, quien arrancó 4o. en la elección de Nuevo León y terminó ganando la gubernatura, pero, si alguien sabe que en política no se puede extrapolar situaciones es justamente un político experimentado como él.

Al desplegado de Dante le sobran palabras y le faltan argumentos. Más allá de la épica personal y sus 50 años que dice haber trabajado para construir un mejor país en detrimento de su tiempo familiar, la larga carta no responde a la cuestión central: qué es lo mejor para el partido Movimiento Ciudadano en la coyuntura de 2024, en una elección polarizada donde, a falta de un sistema de 2a. vuelta, lo que nos dice la experiencia es que el 3o. en discordia termina haciéndose chiquito. Es el caso de Cuauhtémoc Cárdenas en el año 2000 o de Roberto Madrazo en 2006. Con una diferencia: el PRD y el PRI de aquellos años tenían un voto duro que MC no tiene.

La apuesta de Dante es sumamente arriesgada. Si consigue un candidato competitivo, que hoy por hoy no tiene, y logra ya no ganar la elección sino superar los dos dígitos, será todo un héroe. Si le sale mal pondrá en riesgo el registro del partido y las posiciones logradas en Jalisco y Nuevo León. La pregunta es: ¿por qué alguien como Enrique Alfaro o Luis Donaldo Colosio se la tendría que jugar con una estrategia cuyo único asidero es el ego de Dante?

Lo mejor de este pleito es que ninguno de los 2 tiene salida. Es un matrimonio mal avenido donde lo único que no está permitido es el divorcio.

Por 2a. ocasión y mediante un desplegado, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, confirmó que el partido no se sumará al Frente Amplio por México. Y volvió a despotricar contra el

PAN y el PRI, calificando que es una "alianza de impresentables y condenada al fracaso", ya que está integrada por los mismos partidos y personajes que ya le fallaron al país una y otra vez.

* * *

El desplegado tiene dedicatoria también para los alfaristas. Y la gran pregunta es: ¿Éstos aceptarán las condiciones de Dante Delgado o se saldrán del partido en Jalisco?

Nos dicen que los emecistas que amenazaban con irse al Frente Va por Jalisco se dieron cuenta que allá no les respetan los espacios que tienen asegurados en MC. Es más, un dato interesante, según la Ley electoral, es que cualquier senador, diputado federal o local, así como alcaldes que quisieran repetir en su cargo, debieron haber renunciado a la mitad de su encomienda al partido que originalmente los postuló. Por lo tanto, muchos quedarían invalidados para competir en otro partido.

Por eso ya no hablan de romper con Movimiento Ciudadano y piden diálogo.

* * *

Mientras tanto, el gobernador de Jalisco reaccionó contra Dante Delgado. Lamentó sus declaraciones "desesperadas" y "fuera de control". Acentuó que en septiembre los alfaristas decidirán el futuro del proyecto, en caso de salir de Movimiento Ciudadano.

Otro jugador, Pablo Lemus, insistió en la unidad del partido. Reconoció que su eventual candidatura al Gobierno de Jalisco debe surgir desde lo local, con el apoyo del gobernador para después obtener el aval de la dirigencia nacional.

A pesar de la terquedad de ir por su cuenta -que lo ha confirmado en los últimos días-, lo que parece más bien es que [Dante] Delgado serviría para ir de comparsa para el oficialismo y parece que está a punto de cumplir con su tozudez, teniendo todo listo -cuando los tiempos electorales así lo determinen- sobre quién será alfil para la campaña presidencial.

Las opciones de 'peso' de MC están muy limitadas. Pero una de ellas, a pesar de que en el pasado mediato ha dicho que prefiere esperar para el 2030 y cumplir con su compromiso adquirido con el gobierno de Nuevo León, ya 'sacó' la cabeza y puso un pie en el pedestal naranja. Lo que habló brevemente el gobernador Samuel García el lunes por la noche en un evento del Instituto de la Juventud dejó volar la imaginación por el 'espacio' político. Fue claro al señalar que el siguiente presidente tiene que ser un joven que represente a los 10 millones de nuevos votos que cumplieron 18 años en el último sexenio. "Y fíjense la ironía de la vida, y por eso no quería dejar de venir a este evento, ¿sabían ustedes que la Constitución federal de México prohíbe a los jóvenes participar para la Presidencia?. Hay un artículo que establece que para ser Presidente de la República tienes que tener 35 años o más el día de la elección, por eso llega puro viejillo, ¿pero adivinen que? Tengo 35". Y tomó vuelo y cuestionó a los jóvenes neoleoneses, con mensaje subliminal a la juventud mexicana: "¿Quieren un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre? ¿Quién va a representar esos jóvenes? ¿Quién va a hablar de energía renovable, de cambio climático, de nearshoring, de infraestructura verde, de carros eléctricos?". Y hasta ahí quedó. No hubo más pronunciamientos y se fue del recinto del evento. Así o más claro.

Sin embargo, en caso de concretarse la alineación de planetas en el espacio naranja y que Samuel García llegará a posesionarse de la nominación, su presencia en la boleta solo sería para que saliera disparado al espacio infinito con rumbo desconocido, pero si dejando mucho daño a la elección en general con beneficio para el oficialismo. En todo caso, el mejor emparejamiento de estrellas que pudiera suceder para el movimiento naranja -aunque también con efecto negativo para la oposición-, es que desde la galaxia morenista una estrella fugaz -antes posesionada en la Cancillería del 'espacio' político- 'expulsado' por el 'dedazo' de Palacio llegara en busca de una nueva órbita.

El golpe de timón de Enrique Alfaro para finalmente distribuir los libros de texto de la SEP en Jalisco se convirtió en un perfecto ejemplo de política ficción: creó un problema y luego nos vendió la solución.

Hago un breve recuento de hechos y acciones para demostrarlo.

El lunes 7 de agosto, Alfaro anunció que Jalisco frenaba la distribución de los libros debido a un amparo; la entidad, sostuvo, estaba obligada a respetar la legalidad. Allí aprovechó para resaltar el sistema de aprendizaje en línea Recrea y elogiar las fortalezas de su gobierno para enfrentar la ausencia de libros.

Después el gobernador apartó el tema de su agenda durante 15 días. Hasta que la semana pasada, el martes 22 de agosto, en el CODE, 2,500 maestros lo abuchearon por frenar la repartición de libros. Una fuente me relató que el mandatario abandonó enfurecido el encuentro.

Golpeado por la realidad, el mandatario recapacitó. Reunió a su secretario, sumó a la UdeG y esa misma semana ordenó un "análisis jurídico" para evaluar la entrega de libros que finalmente confirmó ayer.

Para empezar, el "sesudo análisis" que presentó el gobernador debió realizarse antes de frenar la entrega de libros, no después, lo que revela que antes se tomó una decisión sin fundamentos, es decir, política.

Cada punto de Alfaro para rectificar su decisión podría pasar por una comedia de enredos.

1. El gobernador reconoció que el Gobierno de Jalisco carece de acceso al expediente del juicio de amparo 784/2023 promovido por un tercero para frenar la entrega de libros de texto. "Desconocemos el estatus legal de dicha controversia más allá de lo que se publica en el Poder Judicial de la Federación y los medios de comunicación", dijo. Luego entonces, ¿con qué sustento legal decidió frenarlos?

2. El gobernador se dio por enterado de un comunicado de la SEP el 21 de agosto que negó cualquier impedimento para entregar los libros -lo mismo que dijo AMLO hace un mes-.

3. El gobernador preguntó a la SEP el jueves pasado si había algún impedimento con la entrega de materiales. Le respondieron categóricamente -otra vez- que no. Esa consulta hace 3 semanas hubiera sido muy útil.

4. Y lo más importante. La Secretaría de Educación Jalisco encuestó a los 78,000 maestros de educación básica. El 61% estuvo de acuerdo con el reparto de los libros; el 27% se declaró neutral y sólo el 13% estuvo en desacuerdo. El gobernador había olvidado -pequeño detalle- preguntarle su opinión a los maestros.

Alfaro salió bien librado pese a sus torpezas, prisas y sordera. Lo mejor es distribuir los libros de texto y dejar de jugar a la política con la educación de los niños y niñas. Porque tanta maroma sólo reveló que la decisión para no repartir los libros fue política. Y la decisión de repartirlos también.

A la luz de lo relatado, resulta muy simpática la declaración ayer del gobernador, justo después de un evento: "Se resolvió un problema que no generamos nosotros, pero nos tocó a nosotros resolver".

El chiste se cuenta solo.

Mayte de las Rivas es activista ciudadana. Dirige La Voz de Polanco y más recientemente ella y sus aliadas lanzaron La Voz de la Ciudad. En los últimos días ha sido objeto de una campaña difamatoria. No sorprende, en temporada de reacomodos políticos gente como ella estorba.

Vivimos en una sociedad que en términos generales discute demasiado lo nacional, lo presidencial incluso, pero no suficientemente lo local. Sabemos mucho (o eso creemos) de quienes buscan la silla del águila y muy poco de las personas que encabezarán ayuntamientos o alcaldías. Y así nos va.

En 2024 se renovarán ayuntamientos en prácticamente todo el país. Cientos y cientos de alcaldías que serán disputadas por los partidos y, no olvidar, por los poderes fácticos, entre ellos los que tienen intereses inmobiliarios desmedidos. Y de los criminales de estas o aquellas letras, ni hablar.

Esa temporada electoral, en la que ya estamos inmersos a pesar de que la ley dice otra cosa, se presta para alianzas espurias.

En no pocas elecciones políticos que requieren dinero y apoyos en especie para burlar unos límites de gastos electorales que son pura simulación, negocian con entes que con tal financiamiento o respaldo compran acceso e influencia en quienes resulten ganadores.

La ciudadanía votará sin advertir esos enjuagues, pero más pronto que tarde comienza a salir el peine. El cambio de una ley, la aprobación de un polémico permiso, la incorporación al gobierno o equipo de algún perfil inusual dan pistas de los intereses a los que se están pagando favores.

En ocasiones es la prensa la que descubre esos indicios. Pero en el plano local los vecinos son insuperables centinelas a la hora de detectar que algo se trama en contra de sus intereses, su entorno o el marco legal.

Mayte de las Rivas y Maritere Ruiz, así como otras activistas de lo urbano como Josefina MacGregor y Mónica Tapia, o Mario Rodríguez e Isidro López, por sólo mencionar a algunos chilangos, se toman en serio el cuidado de su colonia y ciudad. Es una chamba política no menor y sin pago.

La especulación inmobiliaria mueve multimillonarias sumas en los centros urbanos y en no pocas poblaciones de México. Y frente a ella sobran políticos -y no nada más panistas- que en el menos peor de los casos actúan con docilidad, y en el peor son cómplices traicionando a sus gobernados.

Con la ley en la mano -tema que no es trivial, pues esas normas están llenas de recovecos e implican a su vez demasiados programas y una maraña de autoridades con más o menos injerencia en permisos y supervisiones-, ciudadanas como Mayte defienden su calle, su barrio, su ciudad...

Este no es un asunto de "unas señoras ricas" de Las Lomas o del sur de la ciudad de México. La defensa del territorio lleva a la muerte cada año a demasiadas personas en zonas de valor ambiental, y en los centros urbanos supone el acoso a esas activistas vecinales y hasta a periodistas.

Comprometerse con la defensa de lo que dicen leyes y planes urbanos sobre uso de suelo, acceso a servicios, ruido de establecimientos, movilidad, manejo de desechos, agua... no paga sino dolores de cabeza, animadversión de constructores y restauranteros abusivos y campañas difamatorias.

El juego nacional del tapado es aprovechado por diputados locales y alcaldes de todos los partidos para pagar y comprar apoyos con polémicas reformas urbanas -como hoy en el congreso capitalino-. Ahí y no en Palacio Nacional se da la 1a. batalla política. Y para esas luchas hacen falta Maytes.

En la democracia que tenemos no es la sociedad la que elige a sus candidatos, sino los partidos, y no sabemos cuáles son los verdaderos mecanismos de elección que manejan para que sea éste y no aquél. La máxima democrática de don Porfirio Díaz era: "Yo elijo al candidato y el pueblo vota por él", en los tiempos posteriores la máxima fue "El PRI elige a los candidatos, y el pueblo vota por ellos". La crisis de los últimos gobiernos priistas, es decir, de Echeverría para acá, hizo que más que el partido, se fortaleciera el "sistema", y así fuera el sistema quien elegía al candidato mientras que el pueblo seguía votando por él.

¿Hasta qué punto el "sistema" está hoy en crisis? No lo sabemos, tal vez esté en su mejor momento, y todos los estiras y aflojas de las precampañas no sean sino el circo de cada seis años para dar a la opinión pública la percepción de que al menos entre ellos se está dando una verdadera lucha "democrática".

Por otra parte, desde hace años se advierte en el pensamiento de quienes conservan la manía de pensar, la tendencia a buscar una democracia bipartidista, semejante a la que se tiene en Estados Unidos; sin duda que, a como van las cosas, las elecciones mexicanas del próximo año serán bipartidistas, dado que se enfrentarán solamente 2 fuerzas políticas, si bien, ambas variopintas, como dicen, lo son republicanos y demócratas en el vecino país del norte. Si el sistema está en crisis, estas 2 fuerzas serán genuinas y verdaderamente antagónicas, si el sistema sigue sano, ambas fuerzas no serán sino aspectos manejables del mismo y único sistema político mexicano de siempre.

Por lo pronto el baile de la silla sigue tenaz y agitado, allá, adentro de la inaccesible esfera de la política partidista, al margen de la democracia interna de momento, donde unos son tumbados y otros dicen caerse solos, y al margen de la externa una vez se elija a los candidatos de a de veras, y es que esos bailes tan costosos solamente se pueden organizar cuando se dispone de abundantes recursos, sean los legítimos donde hasta el último centavo debe estar certificado, sean los ilegítimos donde todo ha de manejarse con dinero en efectivo, contante y sonante.

Saber si Movimiento Ciudadano acudirá con candidato propio a las elecciones presidenciales se ha convertido en un acalorado debate dentro y fuera de ese partido político. Algo irónico, considerando que su candidato no tendría oportunidad alguna de ganar, pero en cambio podría ser decisivo para que sí lo haga una u otra de las 2 fuerzas en la contienda: Morena y sus aliados o el Frente Amplio, integrado por PAN, PRI y PRD.

Para decirlo rápido, se entiende que si el partido en el poder y en general el obradorismo concentra alrededor del 50% de la intención de voto, eso significa que para que la oposición esté en condiciones de competir necesita ir en un solo bloque. Si MC se lanza por su cuenta, los votos que obtenga dependerán en gran medida del perfil de su candidato, pero se da por descontado que el solo membrete o el mero hecho de ofrecer una 3a. opción en la boleta asegura un mínimo de 6%, que puede crecer al doble. Suficiente para dividir el voto opositor y propiciar el triunfo de Morena y los suyos, incluso si el oficialismo se queda por debajo del 50%. Por esta razón, es explicable la enorme presión que ha recibido la dirigencia de este partido desde adentro y desde afuera.

Por lo que respecta a esta última, el Frente Amplio ha realizado una intensa campaña para empujar al MC a favorecer a Xóchitl Gálvez, la muy probable candidata de la oposición. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador se ha asegurado de elevar la factura política ante la opinión pública si el MC apoya "a los conservadores" y se suma a ellos. Para la dirigencia, la presión es enorme, porque cualquiera de las 2 decisiones será leída por la contraparte como una claudicación a uno de los 2 bandos.

La presión interna no es menor. Como es sabido, hay 3 grandes polos de poder e influencia en el partido. El principal, desde luego, es la propia dirigencia nacional encabezada por su mandamás y fundador, Dante Delgado. Y luego están los 2 gobernadores en funciones de esta organización, nada más y nada menos que en las 2 entidades más importantes del interior del país, Samuel García en Nuevo León y Enrique Alfaro en Jalisco. Los dos primeros polos están a favor de lanzar una candidatura presidencial independiente; Alfaro y su grupo, en cambio, por sumarse a la de Xóchitl Gálvez. Los de Jalisco han amenazado con separarse del partido si este no favorece esta última posición.

Hasta aquí, someramente, el estado de la cuestión. La pregunta es, ¿qué hará Movimiento Ciudadano? Primero habrá que decir lo que no hará. Contra lo que se piensa o se le ha acusado, la dirigencia de MC no está en el negocio de venderse al mejor postor en recursos o posiciones, como suele decirse de partidos satélite y bisagra como el Verde o coyunturalmente, incluso, del nuevo y desgastado PRI. Y no por un asunto de convicciones y honestidad, sino por estrategia o, si se quiere, ambición. Dante Delgado sabe que entre el descrédito de los viejos partidos (hoy integrantes del Frente) y el desgaste natural del ejercicio del poder por parte de Morena, tendencialmente MC puede convertirse en una fuerza política muy exitosa, incluso con aspiraciones a la silla presidencial en 2030. Cierta o no, esa es su aspiración, a la larga una meta política mucho más rentable que la venta coyuntural de sus apoyos.

Con lo cual la pregunta comienza a responderse por sí sola. MC no es un movimiento realmente en el sentido de poseer una ideología precisa y bases orgánicas o inorgánicas propias, ni está dirigido por ciudadanos. Pero podría ser todo eso. Por ahora, se trata esencialmente de cuadros políticos que, frente a la cerrazón o las dificultades para subir por las jerarquías de los partidos vigentes, encontraron en MC una opción para aspirar al poder. Es el caso de sus 2 grandes campanazos en Nuevo León y Jalisco.

Tras el suicidio en abril de Raúl Padilla López, fundador y líder del Grupo Universidad, Enrique Alfaro se quedó huérfano de villano. Tardó 3 meses en encontrar a su nuevo archienemigo: Dante Delgado Rannuro, líder [dueño] nacional de Movimiento Ciudadano, con el que rompió definitivamente.

Toda la carrera política de Alfaro se sostiene en el argumento marveliano del superhéroe. Como alcalde del PRD "liberó" a Tlajomulco de Padilla López. Como oposición enfrentó a Aristóteles Sandoval y la vieja política. Como alcalde tapatío culpó de la inseguridad al estado. Como gobernador desafió al presidente Andrés Manuel López Obrador y "los sótanos del poder". Tras aliarse con Padilla López para alcanzar la gubernatura, rompió otra vez con él.

Observen cómo siempre hay un problema, cuya determinación de nuestro héroe para resolverlo, lo coloca del "lado correcto de la historia". En cada ocasión esa persecución imaginaria del villano tiene un denominador común: la conquista del poder político.

Por eso no hay que quebrarse la cabeza para entender el rompimiento de Alfaro con Delgado Rannuro. La ecuación es muy simple: el gobernador necesita un nuevo enemigo para su siguiente paso. Ese paso consiste en alcanzar un maximato que le dé inmunidad y poder transexenal en Jalisco.

Para conseguirlo necesita ganar la gubernatura el próximo año con un alfil de su entera confianza: su amigo Clemente Castañeda. El senador, lo he comentado antes, ganó su curul junto a Vero Delgadillo en 2018 gracias a la coalición con el PAN y el PRD. Sin esa alianza, MC habría quedado en 3er. lugar, superado por Pedro Kumamoto y Morena (sólo el PAN le dio a los naranjas casi medio millón de votos).

El bajo rendimiento electoral de Castañeda frente a la fuerza de Morena -que en 2024 impulsará a su candidato en Jalisco con todo el respaldo del gobierno federal- hace indispensable que los emecistas consoliden una alianza local con el Frente Amplio por México para asegurar el triunfo.

Una elección a tercios, en donde compitan por separado Morena, MC y el Frente, es una apuesta al vacío. Incluso con Pablo Lemus como candidato a gobernador, que tanto presume su popularidad, sin una alianza enfrentaría una contienda altamente riesgosa.

El talento político de Alfaro consiste en tener la sangre fría para distinguir en qué momento sus amigos le sirven más como enemigos. Porque siempre, siempre, siempre, necesita a un villano para dar el siguiente paso.

¿Qué ruta me asegura más posibilidades de continuar mi carrera política, mi permanencia en el poder y todos los privilegios que ello implica? ¿Jugármela con Enrique Alfaro, como dice que firmé en el desplegado publicado el miércoles pasado y ayer luego de su rompimiento definitivo con la dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC)? ¿O quedarme dentro de MC y su creador y líder Dante Delgado del que el jefe político Alfaro ya no quiere saber nada, y esperar los tiempos institucionales para buscar conseguir la postulación por la que venía trabajando por años dentro del partido naranja?

Los naranjas que tengan el arrojo de no seguir la ruta de salida de Alfaro, además de que tendrán su seguro desprecio, se les tildará de traidores y deberán buscar convencer que como asegura Dante, son una 3a. vía electoral viable y no sólo oportunistas y esquiroles de la 4T, pero a cambio, podrán continuar por el camino recorrido en busca de una candidatura por MC, y que palomeará la Coordinadora Nacional Ciudadana de MC, que se convertirá en el comité electoral del partido naranja.

Alfaro es un jugador político que no va a supeditar su tranquilidad luego del 2024 a los juegos de cartas cerradas del líder emecista. Tiene el control de un estado importante y apetecible para otros, un grupo en torno suyo, y capacidad de jugar por sí mismo, sin tener que adivinar lo que busca Delgado.

Éste pocas veces había lidiado, salvo en los tiempos que fue patrocinador de López Obrador, con un político del peso de Alfaro. Al menos desde que es naranja, pues cuando priista supo de la vieja escuela como pocos.

Cuando el 2024 comenzó a verse en el horizonte, Dante no actualizó el pacto con Alfaro, no dimensionó que hoy por hoy ese espacio de poder con las siglas de MC no es sólo suyo, aunque así lo crea. Es también de los jaliscienses, y de los de Nuevo León si maduran como grupo.

Y, sobre todo, el líder nacional emecista no parece entender que se juegan cosas distintas en la elección:

-Alfaro y su grupo no pueden arriesgar lo que han construido en todo el siglo a la espera de que Dante decida unilateralmente el rumbo.

-Ajeno a lo anterior, Delgado escucha a Alfaro, mas no mueve un ápice su ruta de "tenemos estudios que nos dicen que solos sacaremos más que el Frente". Y aguanten hasta noviembre.

Porque si Dante equivoca la apuesta -dijo ayer a López Dóriga- está dispuesto a irse a su casa.

Esa diferencia con Alfaro no es menor: el jalisciense está en su casa (estado), y quiere permanecer ahí sin padecer los obligados rigores en caso (remoto mas no imposible) de que el estado lo ganen sus adversarios; y quiere trabajar lo que sea necesario para que no se desmorone lo que construyó.

El líder nacional y único de MC tiene una críptica jugada que ni entienden ni emociona a los que bajo esas siglas han gobernado en Jalisco.

A nadie le habrá extrañado la ruptura en el Partenón de Movimiento Ciudadano. Tras semanas de escarceos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, disparó contra el líder del partido, Dante Delgado, al que acusó de querer someter a todos a su voluntad. ¿A qué se refería Alfaro, que gobierna el estado que mayor peso político y económico le ha dado a la franquicia que construyó Delgado? A su resistencia a formar alianzas para la elección presidencial en 2024, con lo cual, como lo hizo al no postular candidato para la gubernatura del Estado de México, terminó haciéndole el trabajo sucio al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Delgado se ha defendido públicamente de esa imputación generalizada y rechaza que le llamen traidor. En discursos y ejercicios epistolares, Delgado ha sido un fuerte crítico del presidente, pero en los hechos, las cosas son distintas. En el Senado, en donde es coordinador, el récord de voto de Movimiento Ciudadano es de mayor apoyo a las iniciativas de López Obrador. Y en las negociaciones para formar alianzas, ha rechazado cualquier posibilidad de forjar una con el PRI, pese a que él, producto del epílogo del PRI autoritario, no deja de reclutar priistas para alimentar al partido.

Político experimentado, Delgado se maneja de forma hipócrita. Ayer, al responder a los señalamientos de Alfaro, el senador dijo que Movimiento Ciudadano está por encima de las decisiones personales y que las elecciones de 2024, pondrán a prueba a todos. Es cierto lo que afirma, pero es posible argumentar que no necesita comenzar el proceso electoral para saber que Delgado, contra lo que dice, está jugando por sus intereses personales -lograr una votación para tener más diputados y senadores y, por ende, más recursos-, que lo que desea la oposición, derrotar a López Obrador y a Morena el próximo año.

Hay una lógica estratégica del líder de Movimiento Ciudadano, que es ampliar el número de curules y escaños, a cambio de sacrificar la elección presidencial de 2024 y apostar por ella, como ya lo anticipa, en 2030. La contradicción es que la ruta escogida no coincide con sus cuestionamientos sobre lo que ha hecho López Obrador como presidente, su falta de gobernanza y el abandono de sus ideales. Esta dualidad de pensamiento confirma que su interés personal, ganar legisladores y recursos para la franquicia, es superior al interés de la oposición. Está dispuesto a olvidarse de lo que piensa del presidente y lo que ha hecho con el país, de acuerdo con sus propias críticas, si ello satisface su objetivo personal.

La ruptura de Alfaro es muy seria para Movimiento Ciudadano porque Jalisco no sólo es donde más votos tiene el partido, sino de donde más recursos obtiene. Nuevo León es el otro estado que sostiene a Movimiento Ciudadano, y aunque el gobernador García se sumó a Delgado en su rechazo por sumarse al Frente, por la razón objetiva de que el PRI y el PAN no lo sueltan en el congreso estatal y obstaculizan a su gobierno, no coincide plenamente con el líder del partido y ha estado en situaciones cercanas al quiebre por la toma unipersonal de sus decisiones.

Delgado, sin el apoyo de Alfaro, entra a una nueva realidad, como también Movimiento Ciudadano como partido. Las declaraciones de Delgado que el partido es una fuerza poderosa que no necesita de aliados, son una farsa. Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral -hoy INE-, publicó una columna en El Financiero este martes, donde lo demuele. La tituló "Los sueños guajiros de MC", que bien podría haber cambiado el nombre del partido por el de Delgado.

Ugalde destruye sus dichos de tener en Colosio y García a 2 potenciales candidatos a la Presidencia, que para él no sólo es una forma de "blofear" en la mesa de negociaciones, sino que ninguno ha expresado su interés por contender. A este planteamiento habría que añadir que lo que se está cocinando para los 2, que ratifican lo señalado por Ugalde, es llevar a Colosio en el Senado, junto con Mariana, la esposa de García.

Otro punto destacado por Ugalde son los sueños de grandeza de Delgado, que solo son retóricos. Delgado dice que Movimiento Ciudadano es la 2a. fuerza política del país, pero precisó Ugalde, es la 4a. fuerza en cuanto a diputados -detrás de Morena, el PAN y el PRI-, y 3a. en el Senado, gracias a que casi una decena de priistas en esa cámara, renunciaron recientemente a su partido. Con respecto a la candidatura presidencial, hoy obtendría el 7% del voto nacional, muy por debajo del PAN y el PRI.

Vistos los números, Movimiento Ciudadano no tendría ninguna posibilidad en la elección presidencial, pero si insiste en un candidato independiente del Frente o no presenta ninguno, como hizo en el Estado de México, le quitaría a la oposición el poder tener eventualmente 7% de la votación nacional, que en una elección presidencial como se está perfilando para 2024, podría ser la diferencia entre ganar y perder.

Todo esto lo sabe Delgado, veterano político y estratega. Pero también cree, como ha llegado a decir en privado, que hay tiempos para pelearse con López Obrador, y tiempos en donde no hay que hacerlo, como en 2024 donde, por el momento, está quedando como un esquirol de la oposición.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ya anunció su rompimiento con las decisiones de Dante y su grupo. No le fascina la idea de sumarse al "PRIAN", pero está peor ser comparsa de Morena, más ahora que la oposición tiene en Xóchitl Gálvez una opción real de pegarle un susto al régimen. Lo secundan el coordinador de sus senadores, Clemente Castañeda, la senadora Patricia Mercado y la diputada Amalia García.

MC ha decidido pagar por ver. Si Marcelo rompe, ahí está MC. Si le hacen la mala obra a Xóchitl, ahí está MC. Si se anima Colosio, ahí está MC. Samuel como que ya quiere, Álvarez Máynez está tentando las aguas y hasta el propio Dante no se descarta. Pero también hay un matiz interesante: el grupo dominante, el que rechaza que MC se sume a la alianza opositora, no rechaza a Xóchitl, rechaza al PRI. Ahí puede haber un resquicio de maniobra política. Hay tiempo en el calendario, pero también al que se sube de último al camión le toca el peor lugar.

Enrique Alfaro es el líder de un gran movimiento en Jalisco. Es el centro delantero, el que mete los goles, el que organiza el equipo. También es el que hace las rabietas y no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Quienes han pactado con él a lo largo de su carrera saben que es un político sobresaliente, pero poco confiable. Comenzó su carrera en el PRI y cuando vio que no obtendría la candidatura que deseaba, se alió con Raúl Padilla para competir por el PRD a la alcaldía de Tlajomulco. Ganó y de inmediato rompió con Padilla para construir su independencia. En la elección de 2012 abandonó el proyecto lopezobradorista para hacer una alianza de facto con el PAN: casi le sale la jugada, pues quedó a 2 puntos de ganar la gubernatura. En 2018 se volvió a aliar con Padilla para convertirse en gobernador y luego volvió a romper.

¿Astuto o traidor? Depende a quién le pregunten será la respuesta. Tan cierto es que Alfaro ha crecido rompiendo las alianzas y retando los liderazgos que lo hicieron crecer, como que tiene un olfato político sobresaliente y que hasta ahora las jugadas le han salido.

El reto al líder de MC no debe, pues, sorprender a nadie. Hace rato que Alfaro y Dante ya no caminaban por la misma acera y el gobernador de Jalisco se siente con la capacidad de confrontar al líder y fundador del partido. ¿Cuánto pesa Alfaro en Movimiento Ciudadano? Si le creemos que los casi 950,000 votos de MC en Jalisco en la última elección federal son todos alfaristas, él aportó 27% del total de votos nacionales, frente, por ejemplo, a Nuevo León que aportó 12%. Alfaro cree que eso le da derecho a influir más que el resto de sus compañeros en las decisiones del partido.

Sin embargo, el tema de fondo es la elección local. El gobernador sabe que el riesgo de perder es alto. En la elección federal del 2021 su partido obtuvo en Jalisco 31.7% de la votación frente a 31.2 de la Alianza y 26.6 de Morena y aliados. La diferencia de votos frente a los partidos que hoy constituyen el Frente fue de apenas 13,000 y de 150,000 con la alianza de la 4T, con un pequeño detalle: el partido que más ha crecido los últimos años es Morena.

En una elección concurrente, polarizada y en la que MC no tiene candidato competitivo a la Presidencia de la República, ir solos es un suicidio para el alfarismo, por ello, para Alfaro la única ruta es la coalición.

Ayer el gobernador lanzó declaraciones que remarcan la ruptura definitiva con Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC). En pocas palabras, dijo que el partido no tiene rumbo claro y pretende tomar decisiones erróneas para el 2024. Por eso, de plano afirmó que no participará más en MC.

Añadió que la dirigencia nacional está tomando decisiones unilaterales e impone su voluntad con el resto de los liderazgos naranjas.

El contexto es que el mandatario jalisciense apoyaría una alianza con Xóchitl Gálvez (quien estará en estos días en Guadalajara), pero Dante quiere contender con un candidato naranja en la elección presidencial porque rechaza unirse al PRI y PAN. Y su "gallo" es Samuel García (aunque algunos afirman que también se inclinaría por Marcelo Ebrard, en caso de que truene con Morena).

Por lo pronto, nos cuentan que unirse al Frente Amplio por México sería cantarle un tiro a López Obrador, por lo que sería un "suicidio político" para el gobernador, tras un eventual triunfo de Morena en 2024. Por aquello de las venganzas del presidente.

La mesa de la elección presidencial estará servida mucho antes del tiempo legal. Pero en ella habrá una silla vacía. Los anfitriones de ese banquete -la sociedad- ni siquiera tienen claro si hay que guardarle espacio a MC, o si su enviado, de llegar, será protagonista o solo gorrón que merma a otros.

Dante Delgado, líder nacional de MC, ha negado que los suyos (nunca mejor dicho porque actúa como dueño del partido) vayan tarde o vayan mal. Dice tener estudios que demuestran que México espera una alternativa distinta a las que por meses han cocinado en Morena y en el Frente opositor.

El veracruzano y sus operadores presumen que son la 2a. fuerza política, y prometen que refrendarán esa condición al disputar la presidencia en 2024. Una 2a. fuerza política que solo tiene 2 estados, y que fue incapaz de poner candidatos en elecciones clave como las del Estado de México y Coahuila.

Las candidaturas presidenciales impulsarán a frentistas y morenistas en entidades emecistas. El único que parece no advertirlo o importarle es el líder nacional naranja. A ver si sus pupilos no buscan al candidato presidencial que les impulse, aunque no sea de MC.

El mundo al revés: Enrique Alfaro exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador lo mismo que los jaliscienses le demandamos a él tras la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno.

Transcribo las palabras de nuestro gobernador: "Aunque estamos ante un hecho evidentemente vinculado a la delincuencia organizada que es un asunto de competencia federal, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos toca. Espero que la FGR y el gobierno federal hagan lo propio ante un hecho que ha lastimado profundamente a Jalisco".

Sólo le faltó añadir: "Señor Presidente, si no puede, renuncie".

Con este mensaje, el gobernador traslada el costo político a la Federación. De esa manera la "nota nacional" ya no es que en Jalisco desaparecieron cinco jóvenes inocentes sino que el gobernador exige a la federación que actúe.

Este oportunismo del gobernador lo hace caer a menudo en contradicciones. Recuerdo que días antes de asumir su mandato, en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, reclamó al presidente la figura de los delegados para atender la seguridad. Entonces acotó: "Las autoridades estatal y municipales electas no somos 'invitados' a la mesa de seguridad; somos los responsables de la seguridad en nuestro estado por mandato constitucional". Ahora, en el ejercicio pleno del poder, ya no es su responsabilidad...

El Código Nacional de Procedimientos Penales señala que mientras la federación no ejerza su facultad de atracción -es su decisión- "las autoridades estatales estarán obligadas a asumir su competencia".

En otras palabras, cuando Alfaro reclama a la federación que actúe y que, en tanto, su gobierno hará "lo que nos toca", uno se pregunta, ¿y qué les toca? Nada más impartir justicia y castigar los delitos del fuero común -de su total competencia- que se hubieren cometido contra los jóvenes: desaparición, homicidio, privación ilegal de la libertad, tortura, trata de personas. Todos esos ilícitos son competencia de la fiscalía estatal. Figuran en nuestras leyes locales.

De ninguna manera esto exculpa o hace menos responsable a Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Sólo revela la incapacidad de ambas instancias para atender delitos concurrentes del fuero común y federal.

Mientras Alfaro se declara incompetente, López Obrador finge sordera sin asumir su competencia.

El creador y dueño de la franquicia política del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, se abrió de capa ayer y saltándose los compromisos que habían acordado el viernes pasado salió a decir que irán solos en el 2024 y no se unirán al Frente Opositor, como lo demandaban líderes de organizaciones ciudadanas que apoyan la alianza PAN-PRI-PRD.

Habrá que ver si este madruguete no provoca un éxodo de los emecistas de Jalisco y cómo Dante Delgado justifica ir por una candidatura testimonial que lo hace ver como cómplice de la 4T para dividir el voto opositor a favor del candidato del presidente, como se le tachó a principios de año cuando ordenó que MC no compitiera en Coahuila ni en el Estado de México.

Desde luego, este posible rompimiento entre los cuadros alfaristas y la dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano viene a complicar aún más la disyuntiva que tienen sin resolver en Jalisco, de postular o no a Pablo Lemus, el más rentable en las encuestas, pero del que desconfía la nomenclatura naranja local, como su candidato a la gubernatura del estado, situación que por cierto, sí respalda Dante Delgado.

Es verdad que vivimos en una democracia representativa, pero nuestros representantes con demasiada frecuencia, lejos de representarnos, lo que hacen es sustituirnos, y así hacen leyes, las cambian, las reforman, venden bienes municipales, ponen y quitan, sin que jamás nos enteremos, o cuando por fin lo sabemos, ya es demasiado tarde. Conocedores de esta mecánica es que surgen los cabilderos, esas personas o grupos que promueven todo tipo de cosas, buenas y malas, a sabiendas de que pueden lograr sus metas sin que la comunidad se entere, un recurso común pero deshonesto.

El escándalo perredista será mayúsculo, como el sol que se ve en el logotipo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Frente Amplio por México se cimbra.

Y es que aparentemente las reglas del proceso para la selección del candidato estaban muy claras y todos los partidos del Frente Amplio por México (FAM) las entendían y estaban de acuerdo en respetarlas. Sin embargo, minutos antes de que el Comité Técnico del Frente diera a conocer ayer por la tarde los nombres de quienes cumplieron con los requisitos de recolección de firmas, los perredistas Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles prácticamente "se bajaron" de la contienda y denuncian que "nos excluyen de continuar en el proceso",

Desde la formación del Frente Amplio por México el presidente del PRD había dado muestras de no estar plenamente adherido a los planteamientos políticos del FAM, pero ante lo que en la actualidad representa políticamente el partido del sol, no le quedaba otra opción más que 'agregarse' para ver qué ventaja podría sacar. Pero sus barajas fuertes -Mancera y Aureoles- aparentemente no dieron para más en el proceso de recolección de firmas, cuando tampoco habían dado "la pelea" en las encuestas públicas, donde estaban descartados desde el principio.

"Las patadas de ahogado" de Mancera y Aureoles, así como las que vendrán seguramente del PRD a nivel de partido, son ilógicas e injustificadas, pero eso sí, vendrá "hacer el caldo gordo" a la antesala de la elección presidencial.

Por si tenían pendiente, ayer sorprendió el gobernador. Resulta que lo visitó una familiar y se subieron "solos" (y su equipo de video) a la Línea 3 del Tren Ligero. Y luego se fueron de compras y pasearon en el Centro.

Pero nos cuentan que en ese momento, afuera de la estación del Tren estaba montado el operativo de seguridad. Y las redes sociales, que no perdonan una, le tundieron con todo.

Pedro Morán escribió: "Esas escenas me recuerdan al PRI del siglo pasado. Gracias señor gobernador por traernos tantos recuerdos". Roberto Estrada subrayó: "Todos los jaliscienses te quisiéramos ver a diario en el Tren, transbordando al Macro, a los alimentadores y en horas pico, no en un par de estaciones para el video y la foto".

* * *

Sobre el "paseo" del gobernador y su familiar, Carmen Vela le "aventó" una flor: "¡Presidente!", pero luego Devon Hoffmann remató en la misma red social: "Señor Alfaro. Mi hija sufrió agresiones físicas en el colegio. Esto tiene más de 6 meses. No tengo respuesta concreta por parte de las autoridades para que den con la persona, ya que el colegio se está cubriendo a más no poder. ¿Qué haría si fuera su hija? Ayuda, por favor".

Por cierto, el gobernador presumió ayer el trabajo de la Policía Metropolitana.

¿Alguien la conoce?

El Frente Amplio por México, esa alianza de partidos y activistas, entró en zona de turbulencias. El requisito de las firmas que impusieron a quienes aspiran a la candidatura presidencial podría descarrilar un esfuerzo fijado con alfileres. Si ese trámite se pudre con apoyos falsos, Morena gana caminando.

Que todo aspirante tuviera que reunir decenas de miles (al inicio se habló incluso de un millón) de firmas de ciudadanos siempre fue más que una barrera de entrada. Supuso que los partidos se guardaran un as bajo la manga para no perder el control:

Aspirantes con más apego a las dirigencias podrían contar con el respaldo de éstas para reunir la cantidad exigida (150,000), quienes tienen menos cercanía tendrían la disyuntiva de medirle a sus capacidades para no hacer el ridículo, o ponerse creativos. Así arrancó esa fase que está concluyendo.

El domingo en rueda de prensa en Culiacán la aspirante Xóchitl Gálvez mandó la señal de que aguas con lo de las firmas. Lo dijo desde una doble posición que cualquiera pensaría que los del Frente querrían cuidar: es la que lidera las encuestas, es la que lleva más firmas... y la gente lo sabe.

La Alianza entra en un terreno complejo. Si la líder en las encuestas del proceso interno, además de personajes tan inopinados en esta competencia como Jorge Luis Preciado, cuestionan el proceso, la elección primaria de la oposición puede mancharse regalándole a Morena argumentos.

¿Quién va a creer -por ejemplo- que Francisco García Cabeza de Vaca reunió de manera legítima las firmas? ¿Quién ha visto el gran movimiento ciudadano en respaldo -¡en 17 estados de la república!- de quien ni en Tamaulipas ha sido visto en la calle en meses? ¿Son serios o... en el Frente?

El peor escenario es que, como le pasó al Bronco en su momento e incluso a Margarita Zavala, de los registros de firmas "ciudadanas" emerjan miles de apoyos con inconsistencias o francamente espurios. Lo importante no será a quién culpar de ello sino dimensionar quién resultará damnificado por eso.

El PRI, el PAN y el PRD no necesitan, por decirlo muy leve, dar a la ciudadanía una nueva causa de decepción por trampas o corruptelas. En ese renglón el crédito de esos partidos está no sólo en mínimos sino que es deficitario. Armar una primaria tan compleja para luego ensuciarla sería mortal.

Sin presuponer que se descubrirán apoyos falsos, el Frente está a tiempo de no inflar burdamente el grupo de finalistas. Sería la confirmación de que nunca quisieron abrir el proceso a la ciudadanía, de que se burlan de quien libremente se registra en una plataforma porque cree que su firma vale.

Si en la consulta que derivará del padrón que se armó con esas firmas, a Xóchitl y a otros que sí le echaron ganas los apabullan con apoyos "acarreados", lastrarán un proceso que ha medio ilusionado a ciudadanas y ciudadanos que no quieren a Morena. Y de frente amplio pasarían a un frente mínimo.

Andrés Manuel López Obrador -sin título-, quien desde el año pasado -muy adelantado a los tiempos- 'destapó' a las que él mismo llamó sus 'corcholatas', ahora en su visita de media semana a Monterrey, deliberadamente y con toda la intención de entrometerse y sacar beneficio a su favor, 'destapó' a los candidatos de MC al asegurar "que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, pueden competirle a Morena" en las elecciones del 2024, "ah, claro, el que decide es el pueblo", aclaró mañosamente con la intención de desligarse de la intromisión, pero dejando su 'comentario' al partido opositor que 'deshoja la margarita' entre ir por por su propio camino o agregarse al bloque opositor.

Es muy obvio el motivo del 'comentario' López Obrador, que 'mete cuña' para sacar provecho, agregándose a todo esto el resultado de la encuesta de MC -publicada ayer por el diario MILENIO- , que señala que el 70% de los encuestados dicen que quieren "competir solos, al vincular a esos partidos -PRI, PAN y PRD- con corrupción, robo e inseguridad".

La encuesta para MC, que fue realizada por Aragón Estudios de Opinión, indica que "el 73.35% de la población rechaza que el partido se una a Va por México, mientras que el 70.61% rechaza una posible alianza solo con el PAN... Los resultados de este estudio nos dicen que la vieja política no es la opción que la mayoría de mexicanos y mexicanas queremos para nuestro país", según dijo la dirigencia del partido naranja.

Dante Delgado, el líder de Movimiento Ciudadano, ha establecido desde el principio que "con el PRI, ni a la esquina", y muy recientemente reiteró que MC "es la nueva opción que demanda México", lo que ha provocado reacciones encontradas en el sentido de que "su" decisión favorece a Morena al dividir el voto de la oposición, que veladamente "está aliado al presidente" -dicen otros-, mientras que un gran sector del electorado indica que el porcentaje del electorado naranja -que se estima en un 8% del padrón electoral- pudiera marcar la diferencia en la elección presidencial, con una alta posibilidad de triunfo por parte de la oposición después del alboroto que ha levantado Xóchitl en las últimas semanas.

El fiel de la balanza naranja se inclina para ir solos en la contienda electoral, evitando la unificación de la oposición, apoyados -hasta el momento- en lo que dicen sus simpatizantes a través de la encuesta, pero sobre todo con la 'bendición' del inquilino de Palacio que 'metió las manos' en patio ajeno y destapó a sus "corcholatas" para su propio beneficio. El caso de Andrés es único, histórico, trascendental, significativo y descarado. Desde la silla presidencial, donde nomás habla por las mañanas y se pasea por el país los fines de semana, en plena veda electoral, a su conveniencia 'dirige' los 'destapes' de todos los partidos.

La defensoría del pueblo se convirtió en un protectorado de la clase política. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) recibió en promedio 20 quejas al día de ciudadanos por violaciones a sus derechos durante el 1er. semestre del año pasado. En el 1er. semestre de este año, con la nueva presidenta Luz del Carmen Godínez, se redujeron a 9 quejas diarias.

Comparto 3 factores reales que podrían influir en el bajo número de quejas.

1.- La gente dejó de confiar en la Comisión. ¿Para qué acudir a una institución lenta, burocrática e inoperante? Menos quejas en un estado imbuido en una crisis de derechos humanos -violencia, medio ambiente, desigualdad, etc.- sólo expresa la lejanía de la institución para con víctimas que mejor han hallado refugio en colectivos, los verdaderos defensores del pueblo.

2.- La deficiencia en los mecanismos de recepción de quejas. En mis redes (@jnlomeli) comparto la grabación telefónica de una ciudadana que el 2 de marzo de este año quiso interponer una queja vía telefónica como se ha hecho siempre. Buscó hacerlo por esa vía porque en una agencia del Ministerio Público se negaron a tomarle una denuncia por la sustracción ilegal de su hijo. Sin embargo, el encargado en el área de Quejas de la CEDHJ le dijo que no podía ayudarla: "Tenemos demasiado trabajo y nada más estoy yo".

3.- Ya no se inician quejas ni investigaciones de oficio. Consistían en un monitoreo sobre todo a partir de reportes periodísticos, lo que permite una atención oportuna de casos y sirve como mecanismo de presión política a favor de las víctimas. La Comisión ha dejado de posicionarse ante coyunturas en donde hay violaciones flagrantes a los derechos humanos.

Por poner un ejemplo, la anterior gestión se posicionó e inició investigaciones de oficio sobre casos como el ataque a la periodista Susana Carreño, la descompostura de las escaleras eléctricas de la Línea 3 y el atentado contra el defensor de derechos humanos Gustavo de la Torre.

La base del trabajo de la CEDHJ son las quejas de los ciudadanos. De ahí derivan las recomendaciones que son el pulso y la documentación exhaustiva de omisiones y negligencias del poder. Esa plataforma ha sido desmantelada o soterrada en aras de importunar lo menos posible a la clase gobernante.

A 30 años de su creación, mantenemos con nuestros impuestos una agencia de colocación de 244 plazas y un botín de 166 millones de pesos (MDP) que la convierten en la 3a. más cara del país, por debajo de Ciudad de México (457 MDP) y Estado de México (263 MDP). Es tiempo de replantear la misión, utilidad y pertinencia de las comisiones de Derechos Humanos en el país. En Jalisco hay que arrebatarle ese botín a los hombres en el poder. El modelo imaginado en el salinismo hace 3 décadas está agotado.

No sigamos tirando el dinero.

Hoy se cumple un año de que Luz del Carmen Godínez asumió como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). También se cumple un año de una comisión ausente y anulada a 3 décadas de su creación.

Con la actual presidenta al frente de la CEDHJ, la institución ha estado ausente y silenciosa ante los temas de coyuntura que más vulneran los derechos humanos de los jaliscienses. Como si el no incomodar al poder político estuviera por encima de las víctimas. Una actitud fundamental para la progresividad de los derechos humanos consiste en importunar y sacudir a tiempo al poder.

O alguien ha sabido de Derechos Humanos Jalisco en torno a la crisis de la basura en Guadalajara, el manejo irregular del vertedero de Matatlán, el agua sucia que entrega el SIAPA, la detención en Tlaquepaque de la esposa buscadora Nadia Araceli Castañeda, las maniobras autoritarias para retirar el antimonumento, la suspensión de búsquedas de desaparecidos, la crisis de inseguridad en Encarnación de Díaz, los desplazados de Teocaltiche, las fosas clandestinas de Tlajomulco, los desaparecidos, el asesinato de policías y funcionarios, el aumento inédito de la violencia intrafamiliar y los fraudes, la crisis de movilidad para los vecinos de López Mateos y Carretera a Nogales y tantos otros temas que vulneran los derechos humanos de los jaliscienses todos los días.

Este año la Comisión sólo ha pronunciado una medida cautelar por la represión a vecinos del Parque San Rafael para realizar las del depósito pluvial del SIAPA.

Los principales enemigos de Xóchitl Gálvez no sólo son el presidente Andrés Manuel López Obrador y los morenistas que la denunciaron penalmente. En las antípodas de ellos se encuentra Gilberto Lozano, el empresario de extrema derecha fundador del Frente Nacional Ciudadano, conocido como FRENA, que la denunció el 21 de julio en la Fiscalía General por daños al patrimonio nacional. Para Lozano, que dice aspirar por una candidatura independiente a la Presidencia, ella y López Obrador son lo mismo, pero para efectos prácticos, es el tonto útil, tanto para la extrema derecha como para López Obrador, al estar haciendo el trabajo sucio para descarrilar a Gálvez.

Las acciones de Lozano las explican la Teoría de la Herradura, que incorporó a la ciencia política el filósofo francés Jean-Pierre Faye, y que demuestra que entre más polarización y mayor radicalización política y del pensamiento existan, las posiciones antagónicas se acercan. Esta teoría ha sido utilizada para entender cómo la extrema derecha y la izquierda se tocan y se asemejan en ciertos momentos, como sucede con los populismos que tomaron fuerza tras la crisis financiera global de 2008 que agudizaron y aceleraron la condena del modelo económico neoliberal, y cuyas primeras acciones de repudio se encuentran en el movimiento globalifóbico de los 90s.

El fenómeno planteado por Faye lo tenemos ahora en el proceso de sucesión presidencial mexicano, y Gálvez es quien lo está padeciendo. Se han visto claramente los intentos de López Obrador y desde el poder para neutralizar a la senadora panista, pero no así lo que ha estado haciendo la extrema derecha, que en un principio había apoyado política y económicamente a la senadora Lily Téllez, que llegó a la cámara vestida de Morena y actualmente es azul. Téllez era el mejor perfil que tenían para avanzar en sus políticas, particularmente en el tema del aborto y la búsqueda para su penalización, y sirvió para tender los primeros lazos con Vox, el partido ultranacionalista y ultraconservador español, a cuyo líder, Santiago Abascal, invitó a México para reunirse con líderes panistas en 2021.

Téllez fue perdiendo fuerza y los grupos de extrema derecha, empresarios agazapados y organizaciones civiles que por años han expuesto su oposición al aborto y a la educación pública, decidieron quitarle el respaldo. Téllez decidió no entrar en la contienda por la candidatura de la oposición y se fue a unas largas vacaciones. Los financieros de la extrema derecha le habían prometido mucho, pero no le vieron las alas suficientes para encabezar su lucha por el poder. Le habían prometido abrirle las puertas en los sectores conservadores de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, pero se las cerraron y optaron por Eduardo Verástegui, que ha adquirido una renovada notoriedad últimamente por ser actor y productor del largometraje Sound of Freedom ("Sonidos de Libertad").

Verástegui, que ha sido un activista provida por años, encabeza el movimiento católico ¡Viva México!, que está sirviendo como la plataforma y cara pública de los grupos de extrema derecha nacionales, que quieren llevarlo a la contienda presidencial mexicana del próximo año como candidato independiente. Para esto, al igual que como a López Obrador, Xóchitl Gálvez les estorba, porque del resto de la oposición no ven a nadie, por ahora, con la capacidad para ser competencia de quien elija López Obrador.

El activista, al venir de la sociedad y no de la política, como Téllez, es la carta de la extrema derecha, que hoy necesita que caminen las denuncias penales contra Gálvez, para profundizar la polarización, borrar a la oposición y luchar por el poder.

No sé si MC tenga razón, lo que no tiene hoy es candidato. Es fácil compartir el diagnóstico de los naranjas: "Alito" Moreno y el PRI son impresentables como socios políticos; el PAN es un puñado de burócratas de partido, sin ideas, que se vende al mejor postor en cada estado. El PRD no existe, salvo en algunos distritos donde los "Chuchos" mantienen algún control territorial. El gobierno de Morena es un desastre en seguridad, salud y educación y el presidente un ególatra. En todo eso no podemos sino estar de acuerdo. El problema es que a partir de ese diagnóstico los naranjas echan saltos mortales para decir que son la única opción.

Dicen los naranjas que tienen muchas opciones. No es cierto. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se bajó de la contienda. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, quiere terminar su periodo. Patricia Mercado es una excelente activista que ya fue candidata; sin embargo, comenzar ahora un campaña con niveles de conocimiento bajos es un riesgo altísimo. Luis Donaldo Colosio Riojas es el único candidato que podría levantar la votación encima de 15%, el problema es que no quiere, no confía en nadie y sabe bien que hoy por hoy lo que compite es su nombre, no su trayectoria. Dante Delgado ha dicho que si nadie quiere él iría de candidato, lo cual sería francamente suicida, una extraña manera de acabar con su propia criatura.

Más allá del discurso y el diagnóstico que, insisto, es fácil de compartir, la pregunta es si Dante Delgado está jugando a ser el fiel de la balanza o vendiendo caro su amor. Un político de su experiencia no pone todos los huevos en una sola canasta, en este caso la de Colosio. El riesgo de competir con un candidato débil en una elección polarizada, lo sabe bien, es que los borren del mapa, que su 7% real se convierta en un insignificante 5% en las cámaras.

El riesgo para los naranjas es mayor: si Luis Donaldo no es candidato, MC, solo, no sólo no tiene futuro. Quizá Dante Delgado tenga todavía la esperanza de convencer al alcalde de Monterrey para que se sacrifique por el partido, quizá esté esperando ver quién es el candidato del Frente para negociar con él y no con los partidos. Lo cierto es que un solo as no hace juego y blofear le puede al final salir más caro que retirarse a tiempo.

Xóchitl Gálvez no fue una noticia bienvenida en los 3 partidos que forman la alianza que ahora da por llamarse Frente Amplio por México. Y por eso, de un retorcida manera, se comportan con ella parecido a como, toda proporción guardada, Andrés Manuel López Obrador: la hacen ver su suerte.

Ayer la hidalguense fue a la Fiscalía General de la República. Asistió a tan temible oficina para pedir informes en torno a las causas que en su contra han abierto los morenistas. ¿Se acuerdan cuando algo parecido ocurrió con Ricardo Anaya en 2018? ¿Cuál es la diferencia política entre esos 2 eventos?

Arropamiento, se llama el obvio contraste. En su visita a la PGR Anaya fue arropado, Xóchitl llegó sola en bicicleta. Esto no es romántico, es sintomático: no terminan de comprarla los partidos que la impulsarían, ni siquiera tras haber demostrado ser la única que hace ruido de las preprecampañas opositoras.

La oposición y AMLO tienen el mismo desdén ante la senadora. ¿Quiere ser una de los nuestros? Va, arrímenle la lámina, coinciden ambos bandos. Que sienta el rigor, decretaron en la mañanera; si es tan buena candidata, que se defienda sola, quería bicicleta, que le pedalee, bostezan en la oposición.

Porque a cada embate de la Presidencia de la República en contra de Gálvez lo que ha seguido de parte de los líderes de los principales partidos de la oposición es un vacío, una demostración de que igual y qué bueno que se frustre esa candidatura.

El caso más grave fue cuando, traspasando un límite más, López Obrador divulgó información sobre los contratos de las empresas de la exalcaldesa. Múltiples voces de la comentocracia pusieron el grito en el cielo, pero los partidos, que se beneficiarán de ella, se limitaron a enviar tuits. Tuits.

Andrés Manuel quiere destruir políticamente a Xóchitl, sin duda. Si ésta sobrevive a los embates, que seguirán de múltiples formas, se habrá templado y podrá decir que el presidente le hizo ser más fuerte, más política. El tabasqueño lo hace por pésimas razones, pero igual y la impulsa más.

Si de cualquier forma el mandatario no tiene disculpa por su proceder, ¿cómo habrán de ser juzgados los líderes del PRI, PAN y PRD que no articulan una defensa de su aspirante más adelantada? ¿Dejarían igual de sola a Beatriz Paredes si ella fuera la que padeciera similares ataques? ¿A De la Madrid, a Creel?

Más que cobrarle la no militancia, el comportamiento de los opositores obedece a cálculo egoísta: si alguien no da cambio de más, ese es un partido político frente a un candidato.

La alianza no quiere ayudar a Xóchitl a fin de que la cuota a pagar sea la más baja posible. Que avance, pero no tanto; que se posicione, pero que no se vuelva un fenómeno; que sea la candidata, pero de locos le impulsamos, pues luego nos impondría candidatos, funcionarios partidistas, asesores...

El no cerrar el proceso de selección anticipadamente, negándose a la realidad de que ella es la candidata y los demás no crecieron ni crecerán, es un pretexto: la preprecampaña puede rediseñarse a fin de que Xóchitl siga sus recorridos nacionales.

No harán que se bajen los demás no para proteger a Xóchitl, sino para controlarla, contenerla. Al final, como AMLO, la tendrán que soportar, pero por lo pronto, uno activamente y los otros pasivamente, tienen el mismo fin: veamos si sobrevive, y si sí, ya llegaremos a ese nuevo problema.

Contra un adversario de mucho cuidado, y con esos dizque aliados que pagan por ver.

Los resultados del Informe Latinobarómetro 2023 son más que preocupantes. De acuerdo con los datos que presenta ese informe, en América Latina nos encontramos en lo que se denomina como "una recesión democrática"; y ante ello, México no es la excepción y, de hecho, nos ubicamos como el 3er. país de la región con menos apego y valoración de la democracia.

Preocupa que únicamente el 35% de la población nacional prefiera a la democracia por sobre otras formas de gobierno; y que, frente a ello, el 33% de la ciudadanía manifieste que prefiere al autoritarismo; con un 28% que se muestra indiferente ante el tema. La cuestión es mayúscula, pues entre los años 2020 y 2023, el porcentaje de quienes prefieren al autoritarismo creció 11 puntos porcentuales, el mayor incremento para un periodo tan corto desde que se lleva a cabo esta medición para nuestro país. Y de forma paralela, la proporción de quienes preferimos a la democracia cayó en 8 puntos porcentuales en el mismo periodo.

¿Qué tienen qué decir los partidos políticos ante esto? ¿Cuál es la posición del titular del ejecutivo, quien se ha dedicado a concentrar más y más poder y a violar sistemáticamente las reglas electorales del país, las cuales, si bien son altamente restrictivas, son las reglas que surgieron precisamente como demanda de quienes hoy gobiernan luego de la elección de 2006?

Todo lo anterior coincide con una severa erosión de los partidos políticos en México, lo que implica la profundización en la pérdida de representatividad ciudadana que tienen. Son partidos cuyas dirigencias están fracturadas éticamente; y cuya única misión parece ser la continuidad en su posición de administradores de derrotas que, por paradójico que parezca, les beneficia en sumo grado por su capacidad de control y manipulación de las exiguas estructuras y clientelas electorales que mantienen.

Por el otro lado, nuestro Congreso ha transitado en los últimos años dando severos traspiés al haber renunciado, como no se había visto en 30 años, a su autonomía y capacidad deliberativa, lo que ha llevado a que estemos ante el periodo en que mayor número de controversias constitucionales se han planteado debido al desaseo en la construcción de leyes y reformas a la Constitución.

Todo eso es parte de la misma crisis: partidos políticos de oposición que carecen de ideología, programa y de legitimidad y representatividad ciudadana, y un partido en vías de convertirse en hegemónico, abiertamente sometido a la sola voz del titular del ejecutivo, quien lamentablemente prefirió mantenerse como líder de un movimiento político-social, antes que ser el jefe del Estado mexicano; pero utilizando todos los recursos de que dispone la República para potenciar y afianzar a su movimiento.

Lo que urge en el debate público, sobre todo rumbo a la elección que viene, es un replanteamiento de cómo se construye y cómo se protege a la democracia en nuestro país. Porque no es aceptable que la única propuesta de un cambio de régimen, para dejar atrás la corrupción, la ineficacia gubernamental y la incapacidad de resolver los problemas estructurales, sea transitar hacia nuevas formas de autoritarismo y cancelación de libertades y derechos. Eso no es ni deseable ni tolerable para nuestro país.

En cumplimiento de un mandato del Tribunal Electoral, el INE dio a conocer lineamientos sobre las precampañas a la mitad del proceso. Pero ¿quién le teme al INE?

Claramente los candidatos de Morena no, pues ya dijeron que no atenderán reglas que llegan a mitad del proceso. Ellos llevan sus cuentas sui géneris de cuánto gasta cada candidato y, asómbrese, el que menos ha gastado es el señor de las carteleras, Adán Augusto López, pues los espectaculares que paga el pueblo o las bardas que pintan los simpatizantes, por algún extraño motivo, no cuentan. Los candidatos del Frente opositor tampoco van a pelar al INE. Lo que ha gastado Xóchitl Gálvez en giras y producción de materiales para redes sociales también excederá el tope de los 34.7 millones rápidamente.

Eso no es lo que cuestan las campañas. Uno de los precandidatos del Frente, que la final no se inscribió en el proceso, dijo en un arranque de sinceridad lo que él había calculado que necesitaba para una campaña presidencial decorosa: entre 300 y 500 millones de pesos en la precampaña y entre 5 y 7,000 millones para el proceso electoral. Eso es lo que cuestan las campañas, eso es lo que va a gastar cada uno de los principales candidatos de Morena y los que realmente compiten en el Frente (Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Enrique de la Madrid) en las precampañas.

¿Quién paga todo eso? Por supuesto que ellos no, aunque tuvieran el dinero no lo gastarían en eso. Una parte pequeña la pagan los partidos, otra los donantes, esos que desde ahora andan buscando quedar bien con los que puedan ser los poderosos del próximo sexenio ¿No habrá por ahí 100 empresarios que le metan 10 millones a fondo perdido a uno o más candidatos para asegurar el derecho de picaporte en el próximo sexenio? Por supuesto que sí. Otra parte, quizá la más importante, viene de la corrupción: los guardaditos del sobreprecio de la obra pública y las compras gubernamentales.

Las reglas del INE son de caricatura. De entre todos los lineamientos hay uno que resulta patético por contradictorio. Dice: Las precampañas "no deben tener como objetivo el obtener el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular". Entonces, ¿de qué se trata todo este circo? El INE no puede aceptar que lo que está en proceso son precampañas, porque de acuerdo a la ley esta no pueden desarrollarse hasta el mes de septiembre, pero como los partidos ya están el juego y no se van a detener, ellos han decidido ser también parte de la simulación.

El INE llegó tarde y mal a las precampañas de verdad. Les faltó fuerza e independencia para imponerse ante el presidente y frente a los partidos hace 2 meses. Ojalá que para la elección constitucional tengan un poquito más de orgullo institucional, pero sobre todo que entiendan cuál es su papel dentro del Estado: son autoridad, no facilitadores.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) multó a los partidos políticos Morena, Hagamos y PT por las omisiones al presentar en tiempo y forma registros de sus candidatas y candidatos a cargos de elección popular en el Proceso Electoral Local 2020-2021.

El partido Morena es el partido que recibió la sanción más alta con un total de 336,000 pesos debido a las omisiones en la presentación de la documentación completa de 386 personas aspirantes para los cargos de presidencias municipales y sindicaturas.

Al partido Hagamos, se le sancionó con 67,000 pesos por el mismo motivo, además de que no registraron la documentación correcta de la candidatura a la diputación por el distrito número 7 del estado.

El Partido del Trabajo recibió la sanción de 47,000 pesos, también por no presentar documentación para registros de candidaturas en 18 municipios.

El IEPC informó que el monto será descontado de los recursos mensuales que recibe cada partido como parte de sus prerrogativas de financiamiento público.

Es verdad que la ciudadanía tiene ya a su candidato, de tal manera que, si este es el elegido por el partido, la elección será sensiblemente democrática, la gente habrá elegido al gobernador que quiere y lo hará sin mucha dificultad. Pero si se impone a la sociedad el candidato que no quiere, es posible que, dado el peso de la maquinaria gubernamental, gane de todos modos y entonces habremos tenido una elección de estado.

Elegir al propio sucesor ha sido siempre la tendencia incurable de nuestros políticos, y lo han hecho en repetidas ocasiones con resultados variopintos en cuestiones prácticas, y muy trágicos en lo que mira a la maduración política de la sociedad, pero este apostar por una ciudadanía política respetable y comprometida forma parte del mundo de los ideales, en el cual no gravitan ya nuestros políticos, atrapados como están por el mundo de sus intereses, desde luego estrictamente personales.

Por esta razón poco importa el bien de la comunidad, o el de las instituciones democráticas, poco importa el futuro del estado y el del tan manoseado federalismo, o la crisis social tan radicalizada en tan diversos campos, nada de eso cuenta cuando lo importante es obtener el poder, aunque luego no se sepa qué hacer con él, o se sepa demasiado.

¿Movimiento Ciudadano decidirá apoyar a Xóchitl Gálvez o finalmente el esfuerzo que hace Dante Delgado Rannauro inclinará la balanza a favor de una candidatura propia, totalmente derrotable, pero con el sello naranja?

Antes de ir adelante, sepamos de aritmética básica. Así como dos más dos da cuatro, es sencillo saber que cualquier candidato o candidata presidencial de MC perderá la elección el año entrante.

Los más cercanos al gobernador Enrique Alfaro Ramírez (y él no es ningún neófito en materia de elecciones) seguro empezaron a hacer un diagnóstico: Xóchitl puede ser candidata, incluso -sorpresa- podría ganar la elección. ¿Qué le conviene al alfarismo y a MC? ¿Qué siga el proyecto lopezobradorista (eso de la transformación es un discurso, ya despertemos)?

Con la alternancia y el fin del experimento morenista, Movimiento Ciudadano crece.

Todo el discurso de conservadores y liberales; oligarcas y pueblo sabio. Todo eso carece de bases. La movilización social ofrecida por el gobierno obradorista es falsa. No hay crecimiento para los que menos tienen. No existen oportunidades, con todo y becas, de salir del círculo de pobreza. Acaso se mantiene la situación, y siempre apoyada por ese bono económico que milagrosamente esperamos de las remesas extranjeras.

Lo que han propuesto primero, el senador Clemente Castañeda, y lo que insinuó después el gobernador Enrique Alfaro, sobre una "revisión" a la candidatura de Gálvez Ruiz, no es desechable.

Nos cuentan que algunos de los aspirantes más conocidos del Frente Amplio por México no han dejado de hacer su lucha para continuar en la contienda. Además de obtener las 150,000 firmas de apoyo cada uno, pretenden sumar el mayor número de simpatizantes que puedan integrarse al padrón por la vía del registro en la polémica plataforma digital que implementó el comité organizador.

Y lo hacen sin importarles que exista una amplia percepción de que la aspirante mejor posicionada es Xóchitl Gálvez, apostando a su fuerza en las estructuras partidistas, tanto para conseguir las firmas como los votos.

El hecho de violencia ocurrido la tarde del martes pasado en Tlajomulco, con saldo de 6 personas fallecidas y 14 heridas, ha generado una intensa polémica después del anuncio del gobernador Enrique Alfaro Ramírez de que se suspenderían las tareas de búsqueda cuyo origen sea un informante anónimo.

Según la versión del Gobierno del Estado, las fuerzas de seguridad cayeron en una trampa, pues al recibir una llamada de una madre para acudir a un lugar de inhumación clandestino en la cabecera de Tlajomulco, y en lugar de una fosa se encontraron con 7 artefactos explosivos. A la mañana siguiente, el gobernador emitió un mensaje donde condenó estos hechos, reiteró que se trató de una trampa en contra de las fuerzas de seguridad y anunciaba que se suspendían las búsquedas que provinieran de llamadas anónimas.

Ese mismo día la postura del gobernador fue duramente criticada por los colectivos Madres Buscadoras de Jalisco (MBJ) y Madres Buscadoras de Sonora. En un comunicado, MBJ señaló: "Es ilógico su estrategia de amedrentar a las madres que sólo buscan regresar a su familiar a casa, ya que jamás hemos recibido algún tipo de amenaza de cárteles ni intimidación. (...) si crees que corremos peligro Enrique Alfaro danos la protección que merecemos por hacer tu trabajo!! no quieras ocultar lo que todo mundo sabe, que estamos caminando sobre un CEMENTERIO! (sic)".

Posteriormente en entrevistas a distintos medios, Indira Navarro, coordinadora de MBJ, cuestionó la versión sobre las explosiones en Tlajomulco, pues sostuvo que nadie de su colectivo y otros consultados hubieran llamada a la Fiscalía para solicitar el acompañamiento a esa supuesta fosa; reveló que cuando han solicitado acompañamiento policial para hacer trabajo de campo, tardan entre 2 y 3 semanas en responder; y consideró muy extraño que un convoy de vehículos de la Fiscalía y de policías de Tlajomulco salieron ya por la tarde-noche a las búsquedas cuando por protocolo se hacen por la mañana. Y el posicionamiento más claro de MBJ es que no dejarían de salir a buscar fosas a partir de llamada o informantes anónimos porque son un colectivo independiente que se mueve con sus propios recursos, sin apoyos del Gobierno del Estado.

Al reclamo de Madres Buscadoras de Jalisco se sumaron, primero, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que exigió al Gobierno de Jalisco no suspender las búsquedas. Para el jueves, esta postura fue retomada por casi la mayoría de organizaciones de familiares de Jalisco. Más de 20 colectivos de búsqueda convocaron a una manifestación el domingo para exigir que no se suspendan las búsquedas.

Ante la magnitud de la exigencia de los familiares que buscan a sus desaparecidos, el gobernador emitió un nuevo mensaje ayer para precisar que no se suspenden todas las búsquedas, excepto las que se hagan a partir de llamadas anónimas.

Pero para los colectivos esto no es viable, pues es a partir de esos informantes anónimos que dan con los enterramientos clandestinos. Tan sólo el colectivo MBJ ha encontrado en unas 60 fosas o enterramientos clandestinos en donde se han extraído unos 380 cuerpos, según precisó Indira Navarro.

Además, el gobernador anunció que se suspenden las búsquedas hasta establecer protocolos, sin embargo, lo contradice la propia Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, que en respuesta a una recomendación del Comité Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda se negó a admitir la recomendación al señalar que ya existen estos protocolos.

Quizá atrapado por una presión social que ha crecido en los últimos meses en torno a la crisis por desaparición de personas, el gobernador llamó a no politizar este tema y a señalar que el enemigo no es el gobierno sino el crimen organizado. En lugar de tratar de desactivar la protesta de los colectivos, el Gobierno del Estado debe aprovechar esta coyuntura, de una vez por todas, para establecer una mesa permanente de atención a la crisis por desaparición de personas que hay Jalisco, directamente con las familias, escucharlas y atender de fondo sus demandas y exigencias.

Dante Delgado tiene ante sí una responsabilidad histórica. La sociedad, masivamente debemos no sólo pedirle, sino exigirle que se sume a la coalición. Que deje por una vez de lado sus intereses personales o sus ambiciones de poder, y anteponga el bien común.

El Virgilio que en el Infierno de Dante representa la razón somos los ciudadanos. Y lo que los ciudadanos que de una u otra manera simpatizamos con ese partido queremos es que se sume a la alianza opositora.

Frente al populismo y la destrucción sistemática de las instituciones democráticas, las doctrinas partidistas resultan secundarias.

Los millones de ciudadanos que apoyamos al Frente Amplio por México somos conscientes de que en esa coalición hay al mismo tiempo personajes nefastos y valiosos, y que en el contexto actual no hay de otra: tenemos que jugar con la baraja que nos tocó, no por conformismo, sino por racionalidad.

Y esa racionalidad nos obliga a exigirle a Dante Delgado que se adhiera a la alianza opositora, que no se hunda en el infierno de la historia y nos arrastre a todos con él.

Es probable el gobernador de Jalisco haya tomado la mejor decisión de su carrera: retirarse a tiempo.

Tal vez no se trate solamente, como se quiso hacer ver, de una disidencia respecto de los ideales de la diligencia nacional respecto de un frente opositor nacional, o que, como se ha rumorado entre simpatizantes de MC desde lo local, sea Dante Delgado quien desea contender por la Presidencia de la República.

Tal vez, y por 1a. vez, Alfaro Ramírez aceptó que no le da la imagen para contender en una candidatura nacional, en vistas de que, si bien Jalisco es el hub tecnológico, el 1er. lugar nacional en generación de empleos y en producción agroalimentaria, la seguridad deja mucho que desear.

De poco han servido los informes felices que hablan sobre la baja de delitos en las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como ya lo he dicho anteriormente en este estado, la baja en estas cifras no significa necesariamente que los ilícitos no ocurran, sino que no se están denunciando, también ante el hartazgo ciudadano de ver que nada pasa. Puede perder 6 u 8 horas presentando su denuncia, pero la probabilidad de que su caso sea resuelto es menos de 1.

Ayer todavía el gobierno estatal envió un comunicado insistiendo en la baja en la incidencia delictiva en Jalisco, pero también ayer la situación de inseguridad, esa que no se mide solo en las cifras de Secretariado, le recordó a las y los jaliscienses, a las y los mexicanos, que en Jalisco el crimen organizado es el que manda.

Por la mañana, luego del reporte de un enfrentamiento, se tuvieron los incendios de 2 vehículos en la carretera que conecta a Encarnación con San Juan de los Lagos, al menos uno de ellos bloqueaba la circulación de la vía había casquillos percutidos y de forma preliminar se supo que uno de los conductores había sido plagiado.

Por la noche, el horror: mientras se llevaba a cabo un operativo de búsqueda de personas, donde también participaban personas civiles, se dio una explosión en la zona, que afectó al menos 2 vehículos de la Fiscalía Estatal y la Policía de Tlajomulco y le quitó la vida a 3 elementos, dejando además a 10 personas lesionadas, entre ellas mujeres y un menor de edad.

Al momento la Fiscalía no ha informado si el ataque se perpetró con alguna granada o se trató de una mina terrestre. La opacidad ha reinado como ha ocurrido a lo largo de la administración.

Estos hechos se van sumando, semana con semana, al broche de oro del cierre del gobernador estatal. Hechos que no pueden ser negados pese a la insistencia de la baja de delitos, y que han llegado a nivel nacional e internacional. Que no pueden ser negados por decir que se trata de crímenes de orden federal, porque están pasando en el Jalisco que él gobierna, que están cobrando vidas, y que se han convertido en un terror.

También ayer las cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana daban cuenta que la entidad no ha podido salir de las primeras 5 entidades con más asesinatos, y en las que se concentra la mitad de ellos a nivel nacional.

Una vez más: no queremos que le vaya mal a Jalisco, no queremos que le vaya mal a su gobierno, lo que se ha pedido siempre es el reconocimiento de la realidad, el no querer tapar el sol con un dedo ni hacer creer que ocultando la información se deja de informar para seguir teniendo un Jalisco feliz.

Lo que aquí ocurre no es menor a lo visto en entidades como Guanajuato, Michoacán o Sinaloa, y lo que se esperaría es la aceptación y el reconocimiento de que las cosas no van bien.

Lo que se esperaría es que, con el anuncio de que el mandatario estatal se queda a cerrar su gobierno en lugar de ir a la contienda electoral, acepte las condiciones en las que se encuentra Jalisco y, por 1a. vez, se cree una estrategia para solventar los problemas que enfrenta el estado en la materia.

Alfaro sostiene que a pesar de su crítica a Dante Delgado por cerrar la posibilidad de establecer alianzas, no es un rompimiento con el dirigente nacional de MC, pero sí implica un cierre de su vínculo con Movimiento Ciudadano, partido en el cual no ha militado, y añadió que MC "sólo fue la plataforma para construir su proyecto en Jalisco", además de que "detesta" a los partidos políticos.

Sí, detesta a los partidos políticos pero ha estado en 3 (PRI, PRD y MC) para alcanzar los puestos de poder público que ha ocupado en su carrera política. Por más que deteste a los partidos políticos, el alfarismo necesita de ellos para postular a sus candidatos.

Todo indica que la ruta de confrontación con Dante Delgado ya es inevitable. Ayer en entrevista con Joaquín López Dóriga, Delgado se destapó él mismo como candidato presidencial y sumó además al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas; al diputado federal Jorge Álvarez Máynez; al gobernador de Nuevo León, Samuel García; y a la senadora Patricia Mercado. Y añadió que antes consideraba a Enrique Alfaro, pero el propio al gobernador de Jalisco rechazó esta posibilidad. Todo indica que las puertas se cerrarán para el alfarismo en MC.

El peso específico del alfarismo dentro de MC no puede soslayarse, ya que casi la mitad de los votos del partido naranja en el 2021 fueron aportados desde Jalisco. Además, el alfarismo le dio un aparato de propaganda y comunicación a MC, a través de las empresas de estrategia y marketing, que posicionaron nacionalmente al partido naranja.

Pero el alfarismo pesa poco o nada políticamente fuera de Jalisco, por lo que más allá del estado el grupo político del gobernador poco puede aportar al Frente Amplio por México. Habrá que ver si el capital político que el alfarismo ha amasado en Jalisco y cierta proyección nacional del propio Alfaro le alcanzan para llegar a un acuerdo con los dirigentes de partidos a los que el gobernador de Jalisco dice "detestar".

Despejada la incógnita del futuro político de Enrique Alfaro, quien optó por renunciar a la candidatura presidencial del partido Movimiento Ciudadano (MC) y dar por terminada su carrera política al fin de su sexenio el año próximo, a la no resuelta ecuación de quién será el candidato naranja a sucederlo, se une la de saber si los militantes alfaristas de MC se saldrán en bloque de ese partido y su coordinador nacional, Dante Delgado, se quedará sin el principal bastión de votos que mantiene el registro nacional de su franquicia política.

Porque es claro que hay un cierre de filas de los militantes de MC en Jalisco en torno a su líder luego de que le reprochó al veracruzano no escuchar a los liderazgos de su partido en esta entidad, pese a todo el peso electoral que representan, para fijar el rumbo y los tiempos de MC.

El desmarque de Alfaro de la postura aislacionista que asumió Dante al rechazar cualquier posibilidad de alianza, y tomar distancia también del riesgo de ser parte de una candidatura testimonial que pareciera estar acordada con la 4T para dividir el voto opositor a favor del lopezobradorismo le dio buenos bonos de despedida al mandatario estatal ante la clase política nacional que integra el Frente Opositor.

Por lo pronto, Dante tiene la complicada labor de sacudirse la imagen de esquirol del gobierno de la autollamada 4a. transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador que le empezaron a endilgar desde que a principios de año ordenó que MC no compitiera en Coahuila ni en el Estado de México, y que muchos empiezan a estar convencidos definitivamente de ello por su discurso de ser desde ya la 3a. vía y rechazar cualquier intento de hacer un frente único contra la 4T.

Aunque es evidente la fractura entre Dante Delgado y el gobernador de Jalisco, éste contestó ayer que no disputará el control del partido con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC). ¿Por qué la declaración?

Reiteró que no milita en MC y arremetió contra los partidos. La pregunta es: ¿Sólo detesta a los partidos o también al financiamiento público para los institutos políticos?

El cambio de postura de los emecistas jaliscienses ya pegó, y duro, en la opinión de Dante Delgado, presidente nacional de MC. Después de las elecciones de 2021, la postura naranja fue de rechazo total a cualquier alianza con PAN-PRI-PRD, pero si la candidata es Xóchitl, pueden reflexionarlo.

El trancazo fue tan contundente que el mismo Dante Delgado ya se flexibilizó. Anuncia que pueden revisarlo, siempre y cuando la candidatura de oposición sea ciudadana y no la decisión de las cúpulas partidistas.

En términos de simular, Dante está anunciado que después del desplante de Alfaro y Castañeda, está en vías de ceder. Se queda sin futuro su acuerdo inconfesable con el presidente López Obrador y ahora su tarea será elaborar un discurso para disculparse con el presidente y reconciliarse con el gobernador de Jalisco. Es el único futuro para MC, y será un futuro que tenga asiento en Jalisco.

En breve, el gobernador neoleonés Samuel García y el alcalde Luis Donaldo empezarán a encontrarle virtudes a la senadora Gálvez.

Era viernes de una semana harto movida y desde Jalisco la política parió una nueva opción rumbo a 2024: con un mensaje que revolucionará el debate, el gobernador Enrique Alfaro lanzó un desafío al jefe de su partido, al presidente de la república y a la oposición.

Alfaro ha decidido aportar el peso de su investidura como mandatario de uno de los estados más pujantes, y a la vez reacios a someterse a Andrés Manuel López Obrador, a la causa de fortalecer a la oposición.

No con una candidatura presidencial para sí, como se pensó, sino con críticas y una oferta de apertura para que ésta realmente exista.

Con ese paso, y con las claridosas advertencias de su mensaje distribuido en video, descoloca por principio a Dante Delgado, artífice de un embate en contra del PRI que ni López Obrador sostiene tan persistentemente.

Alfaro ha dicho esta boca es mía y declara que en Jalisco no han de acompañar el veto que Delgado impone a toda alianza con el Revolucionario Institucional y el Frente. Alfaro califica de "necedad" la obstinación del jefe de Movimiento Ciudadano de regatearle valor a priistas y panistas de base.

Y les recuerda a Dante y a AMLO que él habla desde la fortaleza de haber ganado las elecciones intermedias y de no estar como su colega de Nuevo León, que vive a expensas de políticos locales que le maniatan y del auxilio nada desinteresado del Palacio.

No es esta la 1a. rebeldía de Alfaro, cuyo temperamento es parte de su marca política. En diciembre pasado, el jalisciense desdeñó un cónclave de MC para mandar el mensaje a Delgado de que no puede dar por sentado a los políticos del terruño que distrito por distrito más legisladores le aportan.

El jueves, Clemente Castañeda, el mejor cuadro de esos políticos que desde Tlajomulco se lanzaron a la conquista del poder desde hace 2 décadas, abrió el debate que coronaría ayer Alfaro.

El senador Castañeda, convaleciente de una cirugía de cervicales con la que se pone a tono para buscar su propia candidatura a Jalisco, dijo en una entrevista en su tierra que MC debería pensar en cambiar su estrategia de no pactar con el PRIAN ante la irrupción de Xóchitl.

Que el líder de la bancada de los naranjas en el Senado planteara eso fue, ahora lo sabemos, mucho más que un guiño, más que tomarse una libertad en uno de los partidos de más rígida jefatura. Era el pase a gol para Alfaro.

El 2o. desafío de Alfaro es al presidente de la república. Hay coyunturas en que ciertas frases no son retórica hueca. Ayer, al asumirse como uno de los arquitectos de una eventual alianza opositora, el gobernador inicia su andanada recordando que habla desde el Estado libre y soberano de Jalisco.

Cuán relevante es que el mandatario subraye que hay república aunque Palacio Nacional hable semanalmente sólo con 20 ejecutivos estatales que actúan como empleados.

Para ser no sólo hay que parecer, hay que declararse como lo que uno quiere ser tomado: no podría ocurrir de otra manera, es Jalisco el que habla hoy de federalismo.

Y precisamente al romper todo lazo posible con Andrés Manuel, Alfaro le reclama a Dante Delgado que no vea que el rumbo que su amigo tabasqueño ha decidido para México es uno donde se desmantela el orden constitucional, se socava al federalismo y se pretende anular toda disidencia.

Ante tal amenaza, pero sin ahorrarse críticas al método que hasta hoy el llamado Frente Amplio por México ha pergeñado, es que se vuelve inviable e inaceptable para él la estrategia de Dante de cerrarse a negociar con todos la unificación de una plataforma que haga posible resistir a Morena, ese, lo digo yo, partido de estado.

Lo de Alfaro no es una declinación. Ver en eso sólo un descarte es no haber escuchado el mensaje. Rompe la tregua pactada con AMLO tras las victorias emecistas en Jalisco en 2021, pero también anuncia que no ha de entregar la plaza, que la defenderán con todo y tope donde tope.

Claro que el gobernador juega para sí y los suyos, para maniobrar con más fuerza frente a Dante a la hora de definir candidaturas jaliscienses en la renovación de 2024, para establecer que las y los diputados, y las y los senadores de Jalisco, no se definirán en un café de la Ciudad de México. Y menos quién ha de sucederle en Palacio de Gobierno.

Pero también dice que si le dejan ese margen, está listo para apoyar, con sus cuadros y peso mediático, a la creación de candidaturas de todo nivel. Se queda en Jalisco para -liberado de la ambición personal de un nuevo cargo, pero también del bluf tahúrico de su hasta ayer jefe veracruzano- apuntalar todo lo que vaya en oposición a AMLO.

Sin la unificación no hay mucho que hacer, recuerda Alfaro a unos y a otros en su mensaje, en su inequívoco anuncio de que sus cuadros están por esa opción, y que no van a acompañar la "necedad" de no sumarse porque sería "la mayor contribución para la consolidación del régimen en ciernes".

A su partido le demanda ni enjuiciar de manera sumaria a quienes son parte del Frente, ni aferrarse al camino del aislamiento. Demanda ser los primeros en dar un paso para construir, no soñar con una 3a. vía. De no abrirse a todo ello, de seguir en "una ruta que no entiendo", anuncia que simplemente no estará con Dante. Desde Jalisco ha surgido mucho más que el germen de un cisma intrapartidista en Movimiento Ciudadano o una calenturienta reacción a la incipiente xochitlmanía.

Lo que Alfaro puso en la mesa fue una oportunidad, y una exigencia, para la oposición. Al no ahorrarse la descripción del gobierno federal como uno que amenaza a las instituciones, y al tener de este la independencia que el neoleonés Samuel García sueña para un domingo, ofrece colaborar para resistir colectiva y eficazmente a Morena.

No es Xóchitl, es la oposición, es lo que advierte Alfaro. Si la hidalguense mostró que en una de esas hay chance de competirle a las "corcholatas", entonces los opositores tienen la obligación de armarse de la mejor forma para resistir el intento de avasallamiento de López Obrador.

Porque si AMLO se sale con la suya y logra atropellar a Gálvez con insultos y ataques, con el abuso de las instituciones en su contra, si las oposiciones se contentan con ganar cada cual sus enclaves, entonces el equilibrio republicano difícilmente sobrevivirá.

Enrique Alfaro, puso las banderillas ahí donde duelen. No sólo se manifestó en contra de la decisión del partido MC de no ir en coalición, sino que colocó al Frente por México en una terrible disyuntiva: si hay alianza es con Xóchitl, con nadie más.

El jaloneo por el control interno en MC no es nuevo. Dante Delgado lleva rato insistiendo en que es él y sólo él quien toma las decisiones en "su" (adjetivo posesivo) partido y repite, cada vez que puede, que quien manda es él y no Alfaro. En varias ocasiones el gobernador de Jalisco ha hecho patente su desacuerdo con la conducción del partido que ha hecho Dante, particularmente con la decisión de no postular candidatos en las elecciones estatales de 2023 en el Estado de México y Coahuila, y de llevar hasta el final, hasta el 5 de diciembre, el nombramiento del candidato a la Presidencia. Ambas decisiones son, desde la perspectiva de algunos militantes y simpatizantes naranjas, suicidas y sólo benefician a quien lleva las negociaciones: Dante Delgado.

Con la declaración del viernes Alfaro le calentó, y duro, la asamblea del día 14 al presidente del partido. Lo más probable es que Alfaro ni siquiera asista, como no asistió a la anterior en Guadalajara, pero su planteamiento será el tema de fondo en la asamblea, porque lo que está implícito en el mensaje es la posibilidad de un rompimiento del grupo Jalisco.

Al decantarse por una candidata, Xóchitl Gálvez, el proceso interno del Frente pasa a 2o. término. Si, de acuerdo a los análisis que han circulado en días recientes, la diferencia entre los votos de Morena y sus aliados y la oposición son los votos naranjas, el posicionamiento del gobernador de Jalisco puso sobre la mesa de los perros hambrientos un jugoso filete: si quieren esos votos, vengan conmigo.

Falta mucho por ver en este juego político de cara a la sucesión. Lo cierto es que, si la llegada de Xóchitl le puso sal a la elección, Alfaro de acaba de aventar un montoncito de pimienta para hacerla más sabrosa y compleja. La incertidumbre es, y debe ser, consustancial a la democracia y esos que hace unos meses o semanas pontificaban que todo estaba cocinado y que la única vía era la continuidad del obradorismo, hoy deben repensar sus análisis. Cualquiera que hoy diga que sabe lo que va a pasar en la elección de junio del próximo año está mintiendo, o haciendo propaganda.

El mensaje de Enrique Alfaro permite 4 lecturas políticas en donde su declinación a contender por la Presidencia es un envoltorio irrelevante (nunca figuró en las encuestas).

1. La ruptura pública con Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, es una declaración de independencia: "En Jalisco mando yo". En otro nivel, Alfaro reclama la propiedad intelectual y usufructo del movimiento naranja.

El dilema de fondo que enfrenta a ambos líderes se puede formular a manera de pregunta: ¿Movimiento Ciudadano existe gracias al alfarismo? ¿O el alfarismo existe gracias a la plataforma partidista de Movimiento Ciudadano? Este dilema irresoluble abre la puerta a la disputa por el control del partido y su papel en 2024.

La traición disfrazada de "congruencia" distingue la carrera política de Alfaro: jura lealtad a sus aliados por cien años, pero siempre deja abierta una cláusula para rescindir el contrato cada mes. Llegó el momento de activar esa cláusula.

2. Sin Dante en la ecuación, Alfaro decidirá directamente a su sucesor: un descalabro a las aspiraciones de Pablo Lemus, que se entiende mejor con el veracruzano. Cualquier ventana a una decisión equilibrada y de partido quedó clausurada. La elección será de un solo hombre.

Nunca como en este momento Lemus ha estado tan lejos de la candidatura porque Alfaro se inclina por el senador Clemente Castañeda, cofundador del movimiento y su amigo desde la prepa.

Lemus es un huésped del alfarismo mientras que Clemente es su impulsor. Uno garantiza, en el mejor de los casos, perdón y olvido; y el otro la reproducción del mito de su legado y poder transexenal.

El desfile de 14 liderazgos emecistas para visitar al senador en su convalecencia (comenzando por Alfaro) es una declaración pública de respaldo a sus aspiraciones.

3. Todavía hace una semana, Alfaro se expresó así de la alianza opositora: "Eso no es un bloque opositor, esa es una alianza de partidos y de una clase dirigente que ya no sirve". Pero en su mensaje del viernes defendió una alianza con el Frente Amplio Opositor. La explicación es sencilla: no cambió de opinión, sólo mintió durante casi 5 años.

Alfaro usará la negociación de la alianza nacional para afianzar su poder local frente a cualquier amenaza de Morena.

Pocos lo recuerdan, pero Clemente y Verónica Delgadillo obtuvieron menos votos para el Senado que Pedro Kumamoto y Juanita Delgado. Solos hubieran perdido la elección. Sin embargo, los votos del PAN sumados a los de MC les dieron el triunfo.

La alianza a nivel nacional le servirá al gobernador sólo para apalancar y negociar mejores condiciones de la alianza a nivel local.

4. Todo este recorrido culmina con un solo objetivo: una sucesión que prolongue el relato del buen gobernante, afiance el alfarismo y le permita consolidar un cacicazgo político. El gobernador apostó por una carambola masiva en donde la bola blanca salta, golpea varias bandas y lo deja en una posición estratégica para los próximos años.

Alfaro expresó nítidamente en su mensaje del viernes que concentrará todos sus esfuerzos para tener un buen cierre de gobierno sin buscar ninguna candidatura.

"MC ha optado", expresó en clara alusión a Dante, "por una ruta que no entiendo ni en sus tiempos ni en sus formas, la opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales, por eso no pienso hoy hacer lo que nunca he hecho en mi carrera política: ser parte de algo en lo que no creo".

Pese a esta clara expresión de rompimiento con la dirigencia nacional emecista, Alfaro dijo que se mantendrá atento a lo que suceda en ese partido, al que expresamente no renunció a su militancia. Dante por su parte respondió ese mismo día que del mensaje de Alfaro "lo único que no compartía es la falta de diálogo. Lo ha existido siempre y de forma cotidiana, él lo sabe".

Pese a la potente irrupción que sorpresivamente tuvieron los partidos de oposición hace 3 semanas que anunciaron, junto con organizaciones de la sociedad civil, la construcción de un Frente Opositor, con lo que arrebataron la conversación a las "corcholatas" del oficialismo de la 4T, Alfaro criticó esta alianza al considerar que los partidos de oposición no están abiertos, por preservar sus privilegios, a construir un proyecto de gobierno "verdaderamente abierto a la sociedad".

Lanzó, sin embargo, señales para dejar abierta la posibilidad de buscar un eventual futuro político por otros senderos al comentar que si "en algún momento" la oposición reacciona, podrán contar con él "para apoyar, desde donde me toque, en la construcción de una alternativa para México".

De estos opositores, el primero en reaccionar al mensaje de Alfaro, fue el dirigente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, partido con el que Dante y el propio Alfaro siempre se han negado a aliarse, quien lo respaldó así en sus redes sociales: "Reconozco y comparto el diagnóstico que con toda claridad ha expresado el gobernador de Jalisco @EnriqueAlfaro. El futuro de México peligra si no presentamos un frente unido que integre TODAS las fuerzas políticas de oposición y a la ciudadanía. En una democracia, lo último que se agota es el diálogo, así que ¡vamos a entrarle! ¡Abrazo fuerte, gobernador!". El fin de semana, también el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, y la aspirante presidencial, Xóchitl Galvéz, dijeron estar de acuerdo con Alfaro de ampliar el Frente.

Habrá qué ver si lo que viene ahora es la escisión de los militantes naranjas de Jalisco del partido "aislacionista" de Dante.

En el Frente Amplio por México, el comité organizador recibió la solicitud de inscripción de 33 aspirantes. Aunque no lo crean.

Por otra parte, en Movimiento Ciudadano se hicieron bolas entre los principales protagonistas y una declaración del senador Clemente Castañeda evidenció la fractura que hay entre el dirigente nacional Dante Delgado y el gobernador de Jalisco.

Para recordar la crisis emecista, el senador declaró que el partido naranja debería analizar sumarse a una alianza con PRI, PAN y PRD, encabezados por Xóchitl Gálvez. Sin embargo, destacaron las críticas de Dante, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y hasta el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, quienes arremetieron contra esa alianza.

No entiendo qué pretenden los asesores de campaña forzando a los candidatos a desempeñar roles para los que evidentemente no tienen atributos, ni deberían tenerlos. ¿Qué necesidad hay de incurrir en el patetismo del chiste mal contado? Se supone que se trata de una pasarela para elegir a la persona que va a dirigir los destinos de México, no de alguien que va a ser el maestro de ceremonias de un programa de variedades.

[Por desgracia ése es el nivel del electorado al que hay que dirigirse, porque es lo que hay - el webmaster.]

La tiranía de la imagen en las campañas, y por tanto de los asesores de comunicación, provoca que los candidatos hagan cualquier cosa. En el fondo es un buen tamizador. Como el "jetómetro" dice más que cualquier encuesta sobre resultados electorales y posicionamiento de candidatos, el "ridiculómetro" mide la ambición de poder de las personas y nos muestra hasta dónde están dispuestas a arrastrase para llegar a cargo por el que compiten.

Estas semanas hemos visto a los precandidatos hacer los peores ridículos. Menciono sólo los más importantes. Claudia Sheinbaum es una doctora en ingeniería, seria, cuya principal virtud política es que genera confianza en su interlocutor; no la pongan a contar chistes y a imitar a López Obrador porque le sale fatal. Santiago Creel es un político sereno, sus mayores virtudes son el diálogo y la capacidad de escucha; no lo hagan gritar y llorar, pues le sale peor que a un predicador novato de iglesia evangélica. Adán Augusto López es el más refinado de los contendientes de Morena. Se le ve en lo bien planchado, en la calidad de las camisas y, por supuesto, en los relojes; no le pidan que coma tortas ahogadas nomás por convivir, en la mirada desconfiada al platillo se le nota el desprecio por ese pan remojado que sólo gusta a los tapatíos. Marcelo Ebrard es un político de oficio, es eso lo que lo hace atractivo para muchos ciudadanos, incluso que no comparten la visión de Morena; no lo conviertan en un muñequito de Play Movil disfrazándolo de cocinero, de obrero, taquero, bombero, de James Bond y de James Taylor. Xóchilt Gálvez es una mujer empresaria y política de origen humilde; no necesita huipiles para reafirmar que es indígena.

Hay varios ejemplos de candidatos que fueron exitosos porque se mantuvieron en lo que eran. El propio López Obrador y Manuel Clouthier del Rincón son ejemplos de ello, y Cuauhtémoc Cárdenas el prototipo. El "Ingeniero", como era conocido, no arrancaba una sonrisa a nadie, nunca cambió el tono monocorde de su voz, jamás contó un chiste ni se vistió distinto a como acostumbraba: traje gris o camisa de mezclilla. Lo que hizo fuerte a Cuauhtémoc fue ser confiable y cercano. Siempre fue él mismo; creía en lo que decía y decía lo que creía.

El "ridiculómetro" marcó alto estas semanas en varias de las campañas (que no son campañas). Suponemos que estos primeros días son para ecualizar y hacer, literalmente, pruebas de sonido. Lo que escuchamos hasta ahora es la peor versión de todos los candidatos.

La corrupción tiene muchísimas caras. 2 de ellas son las más comunes y conocidas: la obra pública y las compras del gobierno. En ambos casos lo común es la simulación de concursos para hacer asignaciones directas a los cuates haciendo como que cumplen la ley. En ambos casos el precio final termina aumentando sin que nadie chiste. Uno de los momentos clave de la simulación es el de la asignación en la que participan testigos sociales. Esos testigos suelen ser representantes de las cámaras empresariales que terminan siendo juez y parte y no defensores del mejor interés de la sociedad ni vigilantes del buen ejercicio del gasto público.

Si Dante Delgado optara por la candidatura presidencial, lo haría no porque crea (ni remotamente) que puede ganar. Lo haría porque conviene. Porque sus cálculos le permiten considerar ganancias políticas.

¿Pero el gobernador de Jalisco? ¿Candidato presidencial? ¿Por qué? ¿Para qué?

¿Puede ganar la Presidencia? Volvamos al juicio tamizado por la crítica y la praxis. No.

Ahora bien, otra pregunta: ¿Qué tanto le costaría ser candidato presidencial?

Primero que nada, debe dejar el gobierno estatal. Muy probablemente en manos de su jefe de gabinete, Hugo Luna Vázquez.

Después, ocupado en la contienda presidencial, puede descuidar la sucesión en el Estado de Jalisco. Y ese tema sí que pesa.

Para nadie es secreto que la competencia involucra a personajes como el alcalde Pablo Lemus, de Guadalajara, y otros actores como el senador Clemente Castañeda.

¿Y el costo económico? De eso casi no se habla, pero es un tremendo costo, si se considera que apenas el tope económico para la campaña presidencial de 2018 fue de 429'633,000 pesos.

¿Para cuánto le gusta que se establezca el tope de la campaña presidencial en 2024 en éste, el sexenio de la austeridad? Suprimamos las sonrisas incrédulas.

Tomando en cuenta las posibilidades (¿?) de ganar, el proceso político estatal y el costo económico de la campaña presidencial, ¿qué ganaría el gobernador de Jalisco al postularse?

Al margen de conjeturas, una cosa es predecible: siendo él candidato, incluso siendo candidato Dante Delgado, los votos que obtengan, muchos o pocos, los perdería el candidato o candidata del Frente Nacional por México... es decir que el resultado favorece a Morena.

Dentro de los posibles aspirantes tenemos grandes mentes como José Ángel Gurría, Santiago Creel, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, que serían buenos presidentes pero no buenos candidatos. Entre los que se están mencionando está Xóchitl Gálvez, a quien tú [Andrés] pusiste en el escaparate con tus desplantes, y sería una magnífica candidata.

Podría sostenerse con argumentos que los partidos políticos han arribado a una etapa de decadencia. Desde hace tiempo no son capaces de representar los intereses de la ciudadanía. Por ello, han perdido paulatinamente el aprecio de franjas enormes de la población.

Las elecciones de 2024 constituyen una excelente oportunidad para que al menos los partidos de oposición puedan recuperar parte de su credibilidad y frenar un proceso decadente. Pero, para ello, deben ser sensibles al arribo a la escena política del gran gigante que despertó el año pasado: la sociedad civil organizada.

Fueron los ciudadanos los que llamaron a conformar una coalición opositora de gran calado en 2021, para restablecer equilibrios democráticos y fue también la sociedad civil la que organizó las movilizaciones de noviembre del 2022 y febrero del 2023 para preservar la confiabilidad del sistema electoral.

De esta forma, el momento demanda la construcción de un nuevo acuerdo para reconciliar el más estrecho mundo de los partidos con el amplio universo de la sociedad civil. Este acuerdo presupone, en 1er. lugar, un acto de contrición por parte de los partidos políticos. Reconocer abiertamente que han cometido errores nada insignificantes: de postular pésimos candidatos hasta organizar gobiernos corruptos. Ese acto de contrición resulta hoy inaplazable para la oposición partidaria.

En 2o. lugar, se requiere de un compromiso coyuntural, pero estratégico. Es momento de que los partidos abran al menos la mitad de todas sus candidaturas en las elecciones de 2024 a personas sin militancia partidaria, pero con amplio reconocimiento por su activismo al frente de causas socialmente relevantes y con integridad personal incuestionable. Esto tiene que ocurrir no sólo para la Presidencia de la República, sino para senadurías, gubernaturas, diputaciones federales y locales, alcaldías y regidurías. Es vital que las reglas para acceder a las candidaturas no sean en realidad obstáculos imposibles de superar para ciudadanos interesados y con merecimientos, pero que carecen de una estructura de operación política o de recursos ilimitados.

Sin estos 2 elementos -un acto de contrición por parte de los partidos y apertura amplia a candidaturas a la sociedad civil- será casi imposible derrotar a las fuerzas del oficialismo. A los partidos opositores, sean 3 o 4, solos no les alcanza.

Esto sería una tragedia, pues se clausuraría un futuro promisorio para México. La pelota está del lado de los partidos y sus dirigencias. Esperemos que sepan estar a la altura del momento histórico para el país. Mucho estará en juego en 2024.

Nos cuentan que Laura Haro, presidenta del PRI en Jalisco, estuvo en la reunión de la alianza "Va por México" en la capital del país, en donde se dio a conocer el método para seleccionar a la candidata o el candidato que competirá por la Presidencia en el 2024. Opinó que todavía no está descartado que Movimiento Ciudadano (MC) o cualquier otro partido se sumen, porque la intención es vencer a Morena.

Pero si MC se mantiene alejado, apunta, es porque le estará haciendo el trabajo sucio a los morenistas.

Lo que es un hecho es que Dante Delgado, líder nacional de MC, y el gobernador de Jalisco han rechazado sumarse al PAN, PRI y PRD.

Y el remate lo dio el coordinador emecista en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, quien adelantó que denunciará a "Va por México" por actos anticipados de campaña.

¿El que entendió, entendió?

La oposición muestra falta de consenso y diferencias de fondo con los partidos convocantes, pero también es una oportunidad para que los líderes del PRI, PAN y PRD vean los costos que puede tener un mecanismo disfrazado de ciudadano, que en el fondo iba a estar controlado por ellos. Como lo plantearon este lunes, no sólo iba a ser prácticamente imposible para un ciudadano ganar la candidatura presidencial, sino incluso algunas de las cartas que lucían más competitivas en este momento, difícilmente avanzarían hacia ese objetivo, porque una pieza determinante en el resultado son las estructuras territoriales que tienen los partidos.

Eso, como lo están viendo los dirigentes de los partidos, no va a ser posible si en efecto buscan un movimiento que aglutine fuerzas e intereses detrás de una candidatura presidencial única. Tampoco podrán concretar nada si, como quedó el método anunciado el lunes para llegar a la candidatura, lo construyeron bajo pedido para que en la terna final lleguen sus finalistas. No hay que engañarse. Los líderes de los partidos, mucho antes de que se creara el Frente Amplio por México, ya tenían a sus candidatos.

Marko Cortés, dirigente del PAN, tenía comprometida la candidatura presidencial para Santiago Creel, en el entendido con Alejandro Moreno, líder del PRI, que así fuera. Cortés quiere ser diputado y Moreno senador, pero sin arriesgar ir al campo a ganar votos, sino plurinominales. Creel, el Joe Biden mexicano, es el candidato de las élites, muy lejano de los ciudadanos y con dudosas probabilidades de ser competitivo. Pero el compromiso con Creel bloqueaba el camino a la candidatura de otras 2 panistas, las senadoras Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez. Indirectamente el acuerdo de Cortés con Moreno dejaría fuera de la contienda a los priistas que se inscribieran en el proceso, y serían comparsas que sólo legitimarían el método.

La forma como pueden enderezar el barco que amenaza con hundirse, es que en la negociación de los detalles del método de selección de candidato se hagan los ajustes y enmiendas para que quienes tienen dudas de participar se convenzan, y se repongan los términos que permitieron incluir a ciudadanos.

Pero no parece que eso esté en el horizonte del Frente Amplio por México.

Es legítimo que el Frente Amplio por México decida qué quiere y qué no quiere, pero que no hablen de una ciudadanización del proceso, y no pretendan engañar con que el método no está controlado por los partidos. El proceso no es inédito, como alegan, salvo que tiene un empaquetado diferente. Quien esté de acuerdo, bien. Quien no, que se vaya. Cada quien su derecho a apoyar el método, desde su militancia, afiliación y cruzada. Cada quien lo hace desde su perspectiva ética y en función sus valores predominantes. Quienes deseen competir por la candidatura bajo este modelo están en su derecho. Quienes no presionen por el ajuste y renegociar las reglas, sabrán a lo que se atienen.

La unión y exigencia de la clase política conformada por mujeres se ha hecho notar sólo cuando se trata de pelear cargos y candidaturas. Es una lucha legítima y necesaria, sin duda, pero contrasta con la falta de sinergia y cohesión para defender en bloque otros temas que afectan a las mujeres y hombres que gobiernan o representan. En este último renglón, las mujeres replican la vieja política enana y patriarcal que actúa bajo parámetros de intereses partidistas, igual que los varones toda la vida.

Por ejemplo, la 63 Legislatura de Jalisco es histórica gracias a las reglas de paridad de la pasada elección. Por 1a. vez hay más mujeres que hombres: 24 diputadas y 14 diputados.

Sin embargo, esta es también la legislatura que renunció a ser un contrapeso del ejecutivo estatal. La misma que aprobó sin mayor análisis el endeudamiento del estado y las concesiones para construir la Línea 4 y la planta derivadora de El Ahogado.

La que votó un aumento presupuestal oneroso a los partidos políticos y la que avaló a un "fiscal carnal" tras la renuncia de Gerardo Octavio Solís.

La que reservó la sesión del desafuero del magistrado abusador José de Jesús Covarrubias igual que la comparecencia del fiscal por el caso Luz Raquel.

La que ha repartido cuotas y cuates en magistraturas y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, anulada hoy como un elefante blanco.

En todos estos temas, con honrosas excepciones, el voto de las mujeres fue necesario y decisivo. De nada sirvió la bancada de mujeres que no logró cristalizar ni imponer una agenda feminista en el Congreso de Jalisco. No quisieron, no pudieron, no se los permitieron o simplemente pesó más el beneficio individual y de partido que el colectivo femenino.

Algo similar ocurrió con el Colectivo de Mujeres por la Paridad, conformado por políticas de oposición, que se organizó para defender la paridad electoral. Cuando dicen "ganamos", ¿qué ganaron? Algo que beneficia individualmente sus aspiraciones políticas, ¿pero qué más han ganado juntas?

Ojalá estas diputadas, regidoras y dirigentes partidistas de Jalisco defiendan también en bloque otros temas urgentes sobre igualdad y violencia de género, así como defendieron su derecho a la participación política. La fiscalía especializada en feminicidios, el aborto legal, la violencia vicaria... temas hay.

La política desde las mujeres ha demostrado que sabe ser más incluyente y pluralista, que entiende y reproduce el poder de una forma distinta a los varones. Eso lo necesita Jalisco hoy más que nunca.

Ahora tenemos consultas ciudadanas sin ton ni son. Y no es que la voz de los ciudadanos no importe, por el contrario, sin embargo, se propone la voz del ciudadano para elecciones de puestos que competen a un perfil especializado, y si como ciudadanos confiamos en quienes asumen puestos como magistrados y jueces, abrir a elección popular a esos cargos puede caer en un irremediable circo, pues no sólo se debe socializar a la ciudadanía quiénes son por quienes votan, implicaría un derroche de recursos sobre campañas, y de ésas creo que ya tenemos suficientes. ¿Acaso se espera que las consultas ciudadanas sean la respuesta a los golpes que intentan dar al INE y confirmar que la democracia tiene un Lado B?

Las consultas ciudadanas, como no vengan respaldadas por información de fondo, no son más que campañas de popularidad, y hasta ahora las consultas propuestas por el ejecutivo tienen todo que ver sobre elegir a quienes nos representan, pero no hacen más que socializar a las figuras de su interés para tener un marco de mayor exposición cuando llegue el momento adecuado, un ejercicio que obliga a otros partidos a emularlo. ¿Cuánto tiempo se vivirán las elecciones si el ciudadano tiene que participar desde los procesos internos?

Si dicho ejercicio democrático es otro de los sellos del ejecutivo, habrá que repensar qué es lo relevante para el ciudadano y sobre qué quiere votar, que se abra la consulta no sólo para ratificaciones de mandato, que no me parece un mal ejercicio, ¿dónde están las consultas ciudadanas sobre los temas que le importan al vecindario? Sobre cómo quieren invertir los recursos en cada comunidad de cada estado del país donde en uno se requiere más seguridad, en otro se requiere más infraestructura y en otro mayor atención a la salud o la educación o el empleo y así seguiría la lista hasta terminar este espacio en blanco y negro, similar a lo aplicado en Jalisco y algunos municipios con la figura del Presupuesto Participativo. ¿Cuántas consultas ciudadanas está dispuesto a abrir en lo que resta del sexenio?

"Transformar al país" fue una de sus misiones, a todos nos quedó claro y no quita el dedo del renglón, pero si en ese intento por "redecorar el país" lo único que nos queda es un proyecto diseñado al gusto de quien ya no estará, menudo proyecto en el que tendremos que vivir al final de 2024 sin importar quién lo reciba. Tener voz y voto es un derecho, pero no únicamente para el interés político en la sucesión de poder, sino para el país que queremos vivir, las oportunidades para ésta y la siguiente generación, las garantías para quienes ya invirtieron una vida trabajando.

Pensar que las consultas ciudadanas son la respuesta a un mejor ejercicio de poder es otra cosa, son recursos invertidos, es logística, es campaña para la precampaña y todo implica presupuesto que se debe etiquetar. ¿De verdad queremos esto? ¿Por qué no abrir a la sociedad civil a través de investigadores, ONGs y especialistas en conjunto con los partidos la preselección de candidatos de acuerdo a los proyectos a futuro? Seguramente así el filtro daría como resultado un mejor aspirante en una competencia con menos popularidad pero más eficacia en el ejercicio de quien resulte ganador, pero eso no lo veo venir.

Sin duda es una buena noticia para la vida democrática del país que la oposición haya salido de su letargo y decidido no dejar solas a las "corcholatas" en su tour por el país. Lo que resulta patético es que lo hagan imitando el proceso de Morena hasta en las violaciones a las normas y tiempos electorales. Peor aún, que hayan decidido nombrar por anticipado a un "Responsable Nacional para la Construcción de un Frente Amplio Opositor" a través de un método mixto de encuestas y voto directo de un padrón que surge de entre quienes hayan apoyado previamente a uno de los precandidatos.

Con esta decisión de adelantar tiempos y jugar a los eufemismos los ganadores son el INE y el oficialismo, pues si había alguna posibilidad de que la oposición demandara la nulidad de las candidaturas de Morena por violar la ley electoral, hoy el mensaje es mejor violemos todos la ley. La ley, por cierto, que entre todos ellos hicieron. Pareciera entonces que los partidos opositores han decidido jugar con las reglas del presidente.

El riesgo de la elección del candidato de la Alianza está en la conformación del famoso padrón de electores. Tendrán derecho a voto quienes hayan dado su apoyo a cualquiera de los precandidatos. Quienes más firmas reúnan en el proceso serán los que tengan más posibilidades de ganar esa etapa que significa 50 por ciento de la candidatura. Eso le da, sin duda, ventaja a quienes controlan las nóminas de los partidos: Santiago Creel en el PAN y Alejandro Moreno en el PRI.

Es lo que hay. Frente al juego de las corcholatas, la oposición quiere jugar a los taponcitos: los mismos métodos, las misma violaciones a los tiempos electorales, las mismas burocracias partidistas controlando el proceso, todo igual pero más barato.

Claro que el "INE no se toca", no puede estar en todo ni mucho menos prever y anticiparse a las mil caras del "dedazo" y a las mil maneras de adelantar las campañas pisoteando las leyes, considerando que, en este caso, a quien debería sancionar es a los medios de comunicación, pues son ellos los que han convertido la supuesta campaña interna en una verdadera campaña electoral nacional, con el prefijo "pre", "pre-pre", o sin él.

La oposición observa todo cómodamente, ni suda ni se abochorna, disfruta de un partido que al parecer decidió no jugar sino hasta el último momento, a sabiendas de que ya todo está arreglado y que, en la cuenta final, no le irá tan mal. Total, seguirán recibiendo el cuantioso financiamiento que se les otorga, tendrán sus curules y sin duda muchas otras prebendas, las suficientes para no alborotar con chiflidos y lechugazos el teatro electoral del actual momento.

¿Se irá el gobernador de Jalisco a buscar la candidatura a la Presidencia de la República?

Alfaro no es el más popular entre la tropa. Aunque ha logrado dejar los lugares sotaneros en la evaluación de gobernadores, lo ha hecho a partir de una estrategia de ostracismo: entre menos roce tiene con los gobernados y con los medios, mejor le va. Eso en una campaña es imposible. Lo que hace muy bien Alfaro, lo que lo convirtió en su momento en un gran candidato, y que incluso desde otras ciudades el país lo voltearan ver como una opción para la Presidencia, es ser contestatario, mostrarse como un político fuerte y sin miedos. Lo que hemos visto en los últimos 2 años es un gobernador de Jalisco que, por estrategia o por el cambio de circunstancia, cambió su estilo, bajo la cabeza frente al presidente de la república y se olvidó de combatir el crimen organizado en el estado.

Parece complicado que Alfaro logre ser candidato.

Después de regañarnos un día sí y otro también, el gobernador Enrique Alfaro tomó la decisión de esconderse detrás de los videos en redes sociales. Se alejó de las causas y sobre todo de las preocupaciones de los gobernados. Acotó su agenda a aquellos actos en los que se siente seguro, donde nadie lo increpa ni lo cuestiona. El gobernador ha sido incapaz de acompañar a los que sufren, particularmente a los familiares de los desparecidos; nunca hay para ellos palabras de aliento, sólo explicaciones que exculpan al gobierno.

Así, la fiesta de los 200 años de Jalisco se convirtió sólo en un festejo del gobierno, no de los ciudadanos.

Lo revelado esta semana por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en el sentido de que Jalisco es el estado de la República Mexicana con la mayor percepción de corrupción, además de dejar muy mal paradas a las autoridades, también confirma el fracaso de un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que en algún momento de sus inicios en el sexenio pasado nos hizo pensar que al fin sería un modelo que funcionaría para contener y sancionar los abusos en el manejo de los recursos públicos.

El 1o. de noviembre de 2017, que arrancó sus trabajos el Comité de Participación Social (CPS) del SEA, cuyos integrantes fueron seleccionados por un grupo de jaliscienses de intachable reputación que formaron la Comisión de Selección, muchos pensamos que el toque de innovación que presentaba ese modelo al incluir esta esfera ciudadana podría marcar la diferencia respecto a otros sistemas fallidos de fiscalización que sólo estaban en manos de las burocracias y las dependencias encargadas del escrutinio del gasto público y que nunca han cumplido cabalmente su función. Eran las contralorías que estaban a las órdenes del ejecutivo estatal o municipal en turno o del jefe de tal o cual dependencia. O las auditorías controladas por congresos locales en los que prevalecen las componendas políticas por encima de una auténtica fiscalización y lucha anticorrupción.

El CPS además, integrado por hombres y mujeres expertos en estas materias y con buena fama pública, contarían con una Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) recién liberada luego de estar más de una década secuestrada por la élite política y gubernamental, y desde donde se tejió toda una trama de corrupción que lejos de combatir los malos manejos del poder con el erario, los solapaba.

Vino después la creación de la 1a. Fiscalía Anticorrupción en Jalisco, que en teoría actuaría con independencia de la Fiscalía del Estado, que también despertó muchas expectativas.

Lo cierto es que la construcción de este nuevo modelo anticorrupción siempre fue a cuenta gotas, tortuosa y accidentada por las renuencias de los gobiernos. El CPS nunca logró el peso para desempeñar su papel como articulador de los trabajos del Comité Coordinador del Seajal que integran junto con la ASEJ, la Fiscalía Anticorrupción, el Instituto de Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura y la Contraloría del Estado. En cuanto el CPS fue incómodo, vinieron para pronto los embates desde el poder y la infiltración de los espacios ciudadanos y libres que le dieron origen al SEA, hasta prácticamente anularlo.

El hecho de que la población de Jalisco vea a su propia entidad como la más corrupta es prueba de que la clase política y gubernamental que domina la entidad, se salió con la suya y desmanteló un sistema anticorrupción que le estorbaba.

Legislaturas van y legislaturas vienen y nada de fondo cambia ni se corrige para sacar a las y los diputados del tobogán del desprestigio.

El gasto de casi un millón de pesos que pagaron a fines del año pasado al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) para que hiciera un análisis de la nómina y de las funciones de cada uno de los empleados del poder legislativo para, en teoría, ahora sí combatir la obesidad y la rapacidad en el Congreso de Jalisco, fue completamente inútil.

Contrario a lo que muchos esperábamos, la democracia y la pluralidad que se empezó a construir a partir de la 1a. alternancia política que se dio en Jalisco en 1995, trajo consigo el inicio de los despilfarros y desfalcos descomunales en el poder legislativo.

El Congreso de Jalisco que en los tiempos antidemocráticos del PRI, en los que siempre eran mayoría, funcionaba sin problema con 300 empleados, con la partidocracia que se instaló a fines del siglo pasado esa cifra se empezó a inflar hasta llegar a los más de mil empleados que cobran actualmente en el poder legislativo.

La lógica de nuestra clase política fue simple y voraz. Entre más nómina más presupuesto y más partidas secretas para aceitar la corrupción. De espaldas a los ciudadanos, los partidos políticos y los gobiernos de todos los colores, hicieron del congreso el receptáculo de todas sus clientelas políticas que emplean en las temporadas de campañas electorales.

Estos obscenos abusos hicieron crisis en la tristemente célebre Legislatura LVIII de hace más de 3 lustros, desde donde la corrupción se cubría, reproducía y se desbordaba al poder ejecutivo y judicial por la nula fiscalización y el secuestro de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ).

En su debut en la vida parlamentaria de Jalisco en 2012, la bancada del partido Movimiento Ciudadano (MC) prometió combatir las corruptelas y cambiar la historia del congreso. La siguiente legislatura obtuvieron la mayoría que han mantenido en las 3 últimas sin que la refundación legislativa llegue.

Todo lo contrario. Desde el 2018 el propio IMCO ubicaba al Congreso de Jalisco como el 3o. administrativamente más obeso del país. Su nómina entonces era de 943 empleados cuando el promedio nacional era de 441. Lejos de corregir su nómina, el saqueo siguió creciendo con la mayoría naranja.

Pero la prueba que nada quieren hacer contra la corrupción institucionalizada que se vive en el congreso, vino este mes que ante la conclusión del último estudio del IMCO que ellos mismos contrataron, y que dicta que 649 de 1,069 empleados sobran en el poder legislativo, salieron a proponer que jubilarían voluntariamente a 12, pero que contratarían a 10 supernumerarios más. Un nuevo e inaceptable abuso, una burla más que le propina la partidocracia a los ciudadanos que dice representar y defender.

Mientras en los corrillos políticos se debate si el gobernador Enrique Alfaro se va o no, si será candidato a la Presidencia de la República por MC o coordinador de alguna campaña, la violencia en Jalisco no deja de ser noticia local y nacional y motivo de preocupación cotidiana de los ciudadanos. Hay 3 frentes muy delicados en el tema de seguridad: la batalla por los territorios, las desapariciones y el abandono institucional.

La batalla territorial del crimen organizado tiene hoy un frente claramente identificado en los municipios del norte de la zona de Los Altos. Teocaltiche es el foco de conflicto como hace unos meses era Mazamitla. Los 2 municipios tienen algo en común: son el cruce de carreteras regionales importantes para el control territorial del crimen organizado. Mazamitla dejó de ser noticia, como dejó de serlo Jilotlán de los Dolores, pero no porque se hubieran resuelto los problemas, sino porque ni los grupos antagónicos ni las fuerzas del Estado decidieron continuar la batalla. En el caso de Teocaltiche, donde la población ha sido desplazada, no hay, o al menos nunca se ha informado, una estrategia de control por parte de las autoridades estatales que otorgue seguridad a los pobladores de Los Altos. El gobierno alfarista se limita dar cuenta de los asesinatos con la esperanza de que sean menos que el mes o el año anterior.

Más grave aún es la forma de atender el fenómeno de la desaparición que entregará la administración de Alfaro. La promesa de enfrentar el problema de la mano de las víctimas se fue diluyendo conforme avanzó el sexenio. No hay presupuesto, no hay políticas de Estado, pero sobre todo no hay empatía con las víctimas. La apuesta es revictimizar, sacudirse la responsabilidad y tratar de tapar el sol con un dedo. No hay en 5 años de administración alfarista el más leve avance en investigación o prevención de este delito; el número de desaparecidos se duplicó, particularmente entre los menores y los jóvenes, y nunca hubo una respuesta institucional acorde con el tamaño del problema.

El gobierno que llegue recibirá un estado con más territorios perdidos que los que recibió Alfaro; una crisis de desapariciones y fosas clandestinas y una contabilidad mañosa en los datos de muertes violentas, pues insisten en no contabilizar a los encontrados en fosas y en sólo registrar el número de investigación, no de personas fallecidas. Pero no sólo eso, el próximo gobierno encontrará una Fiscalía debilitada a la que no se le ha invertido lo necesario, una policía estatal que no creció, una policía metropolitana de papel y una Policía Vial prácticamente desaparecida.

En el Edomex, sólo 2.5 de cada 10 mexiquenses en edad de votar lo hicieron por Delfina, en tanto que, en Coahuila, sólo 3 de cada 10 votaron por Manolo. El desinterés de los mexicanos por la política es evidente.

De acuerdo con el Reporte del Índice de Competitividad Estatal 2023 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Jalisco es la entidad con la peor percepción de corrupción respecto del sistema político.

El documento dio a conocer que 91% de las personas mayores de 18 años consideran que las prácticas corruptas en el Gobierno del Estado son frecuentes o muy frecuentes; en comparación, en el ejercicio de 2022 la cifra era de 85%.

Con este incremento la entidad cayó 18 lugares respecto de 2022, pasando del sitio 14 al 32 a nivel nacional en este rubro y moviéndose de un desempeño "medio alto" a uno "muy bajo".

También la percepción de corrupción por parte de los partidos políticos aumentó, pasando de 86% al 90% entre las personas mayores de 18 años, quienes creen que las prácticas corruptas en estas agrupaciones son frecuentes o muy frecuentes.

Por otra parte, dentro del rubro de la economía, el Imco reveló que el Gobierno de Jalisco aumentó el porcentaje del costo promedio de la deuda estatal, al pasar de 5.3% en 2022 a 9.4% este 2023 en el concepto de la tasa de interés promedio ponderada.

Pese al triunfo arrollador en Coahuila de la alianza PRI-PAN-PRD, para Dante Delgado, dueño de la franquicia del partido Movimiento Ciudadano (MC), es un barco a la deriva (como el Titanic, dijo ayer) por lo que los naranjas irán solos en el 2024, lo que cancela la posibilidad de crear un gran y único frente político que pueda ganarle a Morena como plantean liderazgos de la sociedad civil.

La votación total en el Edomex, que tiene el padrón electoral más grande del país, apenas roza el 50% del total. ¿En serio? ¿Con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional echándoles porras, con la "maestra" Delfina en una 2a. elección; con las elecciones de "laboratorio" un año antes de la presidencial; con todos los programas sociales del gobierno federal y la operación gigantesca del PRI Atlacomulco apoyado por sus aliados del PAN y el PRD, apenas la mitad de los electores? Preocúpense los partidos políticos; preocúpense las candidatas y sobre todo la ganadora, porque su lectura sobre la realidad no alcanza. No entienden lo que la gente necesita.

¿Qué tal la jornada electoral? Tanto en Edomex como en Coahuila, sin broncas. O sea: los institutos electorales estatales hicieron su trabajo. Son útiles. Son necesarios. El Instituto Nacional Electoral sí funciona. No necesita la reforma electoral de AMLO y sus aliados. ¿Las elecciones son costosas? Mucho. Se calcula que en el Edomex la campaña (la de Delfina Gómez y de Alejandra del Moral, cada una y por separado) costó 1,500 millones de pesos... y es una estimación moderada.

El problema no es la autoridad electoral. Las elecciones son negocios.

Ahora sigue gobernar. Vamos a ver si funcionan.

El gobernador, trae una estrategia para destacar todo lo que ocurre en el deporte jalisciense. Luego de las famosas fotos con Samuel García en los partidos de Chivas y Tigres, continuó subiendo a sus redes sociales las felicitaciones al piloto "Checo" Pérez, al equipo de futbol Tapatío, a la atleta Paola Morán...

Pero como las "benditas" redes sociales no perdonan una, se recrudecieron los comentarios contra Enrique Alfaro. Una cibernauta contestó: "Cuando vayas a dormir, antes de cerrar los ojos, piensa en las 45 bolsas con cuerpos desmembrados, en el terror que vivieron, en sus familias... repasa uno por uno y recuerda que tú eres el responsable. Abrázate a esa agonía como si fuera tu almohada y quédate ahí toda la noche". Fuerte comentario.

Y no es para menos. Se refiere a los 8 jóvenes trabajadores del call center en Zapopan, pero el tema es más grave, porque en la actual administración suman más de 13,000 denuncias por desaparición de personas en Jalisco, de las cuales 6,549 siguen sin ser localizadas.

La política (y acá se salvan muy pocos), pasa por un momento en el que hoy carece de buenos actores políticos, de buena política en general. Este público llamado ciudadanía que bien a bien escoge qué ver cada 3 o 6 años por conducto de pequeños "cortos" de lo que serán las administraciones siguientes, cada vez está más decepcionado. Pero, ¿cómo es que logran engatusarnos los que ya llevan tiempo en el poder, no han dado resultados, y luego se vuelven a montar en este tipo de "campañas" -que yo llamé cortos previamente- y volvemos a caer? ¿Será que, como dicen por ahí, la democracia no es un sistema de competencias, sino de popularidad?

Parece que dentro de poco empezarán las campañas pero, en realidad, ya empezaron. Los señores que gobiernan siguen montados en esa lógica de generar contenidos que sean atractivos para sus futuros votantes. Siguen sin atender lo urgente y se conducen con desdén y hasta violencia hacia los que más sufren y más nos necesitan.

¿Traes resaca de tanto partido de futbol y de tanto viaje?

Así criticaron al gobernador Enrique Alfaro, luego que el pasado lunes anunció en sus redes sociales que se ausentaría, otra vez, un par de días para atender un tema personal. No dio más detalles.

"Chale, así me gustaría decir en la chamba", respondió el cibernauta Alex Hernández.

Ayer fue invitado por dueños de parques industriales de Jalisco a la toma de protesta de su nueva mesa directiva, pero nos dicen que no acudió.

Cuentan que el mandatario está entretenido y midiendo sus posibilidades para ser candidato a la Presidencia de México por el partido MC. ¿Será?

La crisis es evidente. No son sólo los 7 jóvenes desaparecidos en los call center de Zapopan, reportados sin localizar desde el 20 y 22 de mayo. Por todo el estado se siguen reportando desaparecidos. Basta asomarse a la página en redes sociales de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco (Copubej) o de los colectivos de familias para comprobar que el flagelo de las desapariciones está imparable. Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) reportó el lunes la desaparición de las hermanas María Nayeli (20 años) y Fátima Ramírez Corona (22 años) en El Grullo, Jalisco, vistas por última vez el 24 de mayo.

Apenas el lunes familiares reportaron la desaparición de Sandra Analí Ramírez Hernández, de 33 años, desaparecida en Jocotán, muy cerca de las 2 fincas cateadas por la Fiscalía del Estado por la desaparición de los 7 jóvenes que laboraban en los call center.

Pero la respuesta del gobierno no sólo deja qué desear, sino que es reprobable. La familia, vecinos y amigos de Sandra Analí Ramírez Hernández protestaban pacíficamente la tarde de ayer martes en la Avenida Vallarta para exigir a las autoridades que localicen con vida a su hija, y en lugar de atender sus peticiones les enviaron a la policía a retirarlos mediante la fuerza. "Al papá de la muchacha desaparecida lo golpearon, se lo llevaron entre 2 casi arrastrando, pero lo soltaron", dijo una de las manifestantes a los colegas de El Occidental.

No es sólo que no se les haga caso o se les envíe a la policía para aplacar sus protestas. A las víctimas de desaparición se les sigue victimizando y se les pretende criminalizar, y así el Gobierno del Estado intenta evadir su responsabilidad. Esto es lo que está ocurriendo en el caso Itzel Abigail, Carlos David, Carlos Benjamín, Arturo, Jesús Alfredo, Jorge Miguel y Mayra Karina, los 7 jóvenes desaparecidos en los call center de Zapopan.

Primero el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez, luego el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, y ahora la secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, han sugerido que las actividades de los call center eran ilícitas.

Si bien puede ser cierta esta hipótesis, la versión parece soltarse para quitarse presión. De hecho el Gobierno de Jalisco parece que avienta la responsabilidad al gobierno federal en este caso, y desde la Secretaría de Seguridad federal parece aceptarse la versión de la Fiscalía de Jalisco y así se sugiere que los jóvenes desaparecieron porque participaban en actividades ilícitas, cuando no hay certeza de que eso sea cierto. Antes de golpearlos y criminalizarlos el gobierno debe buscar con vida a todas las personas reportadas como desaparecidas, así hayan participado en actividades ilícitas.

Y el Gobierno de Jalisco debe reconocer que atravesamos una crisis por desapariciones que ha rebasado las estrategias y recursos que se han utilizado hasta ahora. Así como en distintos momentos el gobernador ha instalado mesas de trabajo para casos específicos, urge una medida semejante para atender la crisis por desapariciones.

Se deben escuchar, en 1er. lugar, las demandas de los colectivos de familias que buscan a sus hijos; atender la recomendación emitida por el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda; reorientar estrategias de las agencias que buscan a los ausentes (fiscalía y comisión estatal); volver a subir los datos reales de desaparecidos al registro nacional; modificar el presupuesto para aumentar significativamente los recursos para la búsqueda de todos. No son 16,000 sino muchos más los desaparecidos en la entidad. Solamente el municipio de Guadalajara tiene más desaparecidos (4,813) que un estado como Guerrero (4,098).

Nos cuentan que el gobernador Enrique Alfaro negoció con unos cuantos del sector empresarial para que éstos renuncien voluntariamente a los comités de adquisiciones. ¿El motivo? Tener barra libre en las compras del Gobierno de Jalisco, sin cuestionamientos ni observaciones.

Nos dicen que se firmó una carta en donde algunas cúpulas aceptan la iniciativa del gobernador, que será turnada al Congreso de Jalisco para que se reforme la ley en la materia.

Si estaban admirados por las acciones de Andrés Manuel López Obrador en contra de las instituciones, resulta que Enrique Alfaro no se quiere quedar atrás y pretende quedarse con el pastel completo en las compras del gobierno.

¿Qué pensará el coordinador Xavier Orendáin?

Para no variar, afirman que Hugo Luna también está detrás del albazo contra la mayoría de los empresarios que vigilan y participan en las compras del gobierno.

Ante la desaparición de 8 jóvenes que laboraban en un "call center" en Zapopan, le llovieron las críticas al gobernador Enrique Alfaro, sobre todo porque en medio de esa crisis estuvo más atento a los 2 juegos de la final entre Chivas y Tigres.

Tiene sus prioridades, pues.

Y mientras familiares de los desaparecidos critican el trabajo de la Fiscalía de Jalisco y afirman que las autoridades se están burlando -al intentar distraerlos para que no se manifiesten en las calles-, hasta ayer reapareció Alfaro y escribió en sus redes sociales: "La prioridad es localizar a las personas desaparecidas".

Por cierto, todo indica que el Gobierno de Jalisco le pasará la bolita, para no variar, al gobierno federal.

Por si algo faltara, Movimiento Ciudadano se lanzó a una campaña de descrédito del PRI, que no puede leerse sino como una movida para erosionar a ese partido.

Los indicios que hay hasta ahora indican que MC va a ir con un candidato propio que no va a tener ninguna oportunidad de ganar.

Pero el efecto electoral que pueda tener un candidato presidencial de MC... depende de quién sea.

Si fuera algún personaje menor, va a tener la tarea de mantener el registro de MC y preparar el terreno para la gran batalla del 2030.

Pero si resultara, que esa candidatura fuera la de algún morenista que defeccionara, particularmente Ebrard o Monreal, entonces le podría hacer alguna travesura a Morena y quitarles varios puntos que podrían ser muy importantes para la definición del balance político a partir del 2024.

El proceso de competencia interna de Morena y las potenciales fricciones entre aspirantes colocan al partido del presidente en su momento más débil desde que fue fundado... siempre y cuando hubiera una oposición que considerara que esta elección es como el plebiscito chileno de 1988 y la disyuntiva es la continuidad del régimen o la democracia.

Pero, por lo que se ve, la oposición no asume esta disyuntiva y más bien considera que esta elección es una más.

El Partido del Trabajo ha requerido en el pasado oxígeno para no desaparecer. Los priistas de tiempos de Peña Nieto le dieron en su momento una ayudada. Algo habrá sacado a cambio el tricolor de entonces, pero hoy ¿a Morena en qué le ayuda compartir las candidaturas de 2024 con el PT?

Un líder tan centralista y pragmático como AMLO podría decidir que ha llegado el tiempo de dejar de negociar con los del Trabajo y con los verdes la toma de decisiones.

El presidente no tiene ningún incentivo para dejar que los mercaderes del partido del tucán crean que ganaron por sí mismos San Luis Potosí y que ese estado será un nuevo activo de su marca.

Si el ex perredista potosino que ahí cobra como gobernador ganó en 2021 fue porque así lo pactaron con el movimiento lopezobradorista, fue porque ese acuerdo fue lo que más convenía en ese año. Pero en 2024 ¿por qué AMLO querría ceder ahí alcaldías y diputaciones locales y federales a los verdes?

Hora de tirar cascajo. Y si con ello desaparece el PVEM, le haría un servicio al país.

Si algo nos ha enseñado la historia reciente de Jalisco es que hay 2 tipos de políticos: lo que sonríen y prometen cuando están en campaña y los que gruñen, gritan e insultan cuando, ya en el poder, se les exhibe porque no pueden o no quieren hacerse cargo de lo que ellos mismos prometieron durante la jornada de sonrisas.

Los que, en temporada de abrazos, afirman que, si un gobierno no puede garantizar la seguridad de las y los ciudadanos, éste no tiene razón de ser. Y los que, ya en la silla desde la cual se dan las órdenes, presumen que están "sus" datos, pero ignoran "los" datos.

Esta semana se hizo un análisis de las víctimas de homicidios dolosos que se han registrado en el Jalisco de la Refundación desde que inició la administración, en diciembre de 2018, y hasta el corte más reciente: abril de 2023.

La cifra es aterradora: 10,643 víctimas. Un promedio sostenido de 200 al mes, o para aterrizarlo aún más, una cada cuatro horas.

La información es real. Un análisis a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que nuestra entidad ocupa la 4a. posición nacional debido a la cifra de personas que han sido asesinadas de manera dolosa en los últimos 53 meses. Para descargo de aquellos a quienes molesta exponer "los" datos: en Guanajuato, Baja California y el Estado de México matan a más.

La realidad es que 7 de cada 100 asesinatos cometidos a escala nacional ocurrieron en Jalisco durante las administraciones de Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador. Esas son las cifras de la federación, las mismas que cada estado comparte al Secretariado y que hoy le significan "información manipulada" a nuestro gobernador.

En un Estado de Derecho donde la libertad de expresión y de prensa están garantizadas, que un mandatario estatal califique como "inmorales, sin escrúpulos, difamadores y carentes de ética" a quienes narran la verdad debería ser un escándalo. Pero en el Jalisco de la Refundación, esas perlas ya son habituales.

Por eso mismo es que el Gobierno de Jalisco decidió cancelar las "regañeras" semanales que mostraban la vena autoritaria de quien antes sonreía y hoy manda al diablo a los medios que, según sus palabras, quieren que le vaya mal a Jalisco.

Porque sí hay una diferencia abismal entre "sus" datos y "los" datos. En campaña, regresar la seguridad a Jalisco era la promesa base. Aunque en los primeros meses, la escalada de violencia ya era responsabilidad de la federación porque, de nuevo, citando a los grandes, "se matan entre ellos", en una clara alusión a los miembros de la delincuencia organizada. Hoy, los indicadores van a la baja por el gran esfuerzo que se hace y quien diga lo contrario es un desestabilizador de proyectos.

Minimizar los homicidios, la búsqueda de desaparecidos, los gritos de auxilio, las protestas, no son sino la cruda realidad que trata de ocultar la mancha que ha dejado la violencia en cada espacio de nuestra entidad. Y cada espacio es eso: porque incluso ha ocurrido en la misma acera en la que vive el gobernador, el mismo que a capa y espada defenderá siempre "sus" datos... aunque eso implique mandar al carajo la tragedia y el luto de 10,643 familias que hoy están incompletas.

"Sus" datos y "los" datos. El dilema de un estado en donde, según las cifras oficiales, se ha cometido un asesinato cada 4 horas desde que Alfaro protestó y prometió cambiar la historia de Jalisco.

Silencio total. Es la respuesta de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC) después que el PRI lanzó una acusación nacional contra el partido naranja, por apoyar de modo "disimulado" a Morena en las elecciones de Coahuila y el Estado de México.

La consigna es simple y entendible: ¿para qué comprar un pleito que no es de nosotros?

MC tiene agendas divididas: una cosa es Jalisco, otra cosa es Nuevo León e igualmente diferente es el panorama nacional.

Y aunque el coordinador de los diputados federales, Jorge Álvarez Maynez, trae la bronca encima, los naranjas en territorios locales se han enmudecido.

De hecho, el coordinador de MC en Jalisco, Manuel Romo, está como desaparecido con el tema de las elecciones de este año y por el "apoyo" que su partido está ofreciendo a Morena.

(V.pág.2 del periódico El Informador del 25 de mayo de 2023).

Una "banquetera" es una entrevista de alto valor lírico. El reportero pregunta y el funcionario responde. Se convierte así en un espasmo de honestidad brutal. Gracias a un lapsus linguae o una ruptura cerebro-lingual muchas veces se muestra lo que realmente reposa en la cabeza del entrevistado. Otras simplemente se descubren las ideas o prejuicios que le amueblan la azotea.

Gloso brevemente cada zarpazo verbal de la "banquetera" realizada ayer al gobernador y sus declaraciones en Plaza de Armas al finalizar un evento.

Sobre la violencia en Teocaltiche y Jalostotitlán: "No es un tema que tenga que ver con la seguridad, hay que entender, es un asunto de violencia que se da por el crimen organizado".

-Es un "asunto entre particulares" con armas largas, camionetas blindadas y fusiles de asalto en un cortés intercambio de plomo. ¿Por qué no lo ven?

Sobre el récord de afectación por incendios forestales este año: "Nada más vean el calor. Lo que tenemos que hacer es seguir concientizando a la ciudadanía del fenómeno ambiental que estamos viviendo en el mundo, que tenemos todos que asumir nuevas responsabilidades, el cuidado de nuestro capital ambiental".

-Una jugada de pizarrón del góber. Sin ella, ¿qué sería del sexenio? Incendios, inundaciones y desabasto de agua igual a cambio climático.

Sobre el récord de homicidios en su sexenio que ya superaron los de la pasada gestión (comprobadísimo): "Esas son las notas de tu periódico; es verdaderamente una vergüenza la manera como manipulan la información, cómo engañan; me da mucha lástima porque es un grupo que yo considero serio, que tiene aquí en Jalisco a un grupo de personas inmoral, sin escrúpulos, que se dedican a atacar a nuestro estado y a atacar a nuestro gobierno".

-A veces sólo necesitas las palabras adecuadas y el tacto suficiente para dejar claro que lo que realmente deseas es agarrar a madrazos a tu interlocutor, pero te acuerdas que gobiernas un estado sumido en la violencia y se te pasa.

Sobre la crisis forense y las protestas por demoras en la entrega de cuerpos: "No es así (...) Me parece que el trabajo que ha hecho ciencias forenses es cada día mejor y lo seguiremos mejorando".

-Lo importante ahorita, chivahermanos, es ganarle a Tigres el jueves. Ese día de la manifestación en el Semefo aproveché para visitar a los muchachos. Los vi de buen ánimo.

Creerán ustedes que esta es una "banquetera" excepcional. Pero se repite, una y otra vez, cada que le ponen una grabadora enfrente a Enrique Alfaro.

El lunes por la mañana, tras el triunfo de las Chivas de Guadalajara frente al América en el Estadio Azteca, muchos chivahermanos seguían festejando el triunfo de su equipo, deseando que llegue a los 13 títulos de campeón del futbol mexicano. Entre ellos el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien presumió en su cuenta de Twitter sus nuevos tenis Puma dedicados a las Chivas. Poco más tarde presumió que acudió al entrenamiento de los jugadores, conversó con su entrenador Veljko Paunovic y se tomó fotos con quienes quedaron lesionados.

Casi al mismo tiempo, decenas de familias protestaban en la avenida Lázaro Cárdenas, afuera de la sede del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), convocados en su mayoría por el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. ¿La razón? Se quejan de retrasos en la entrega de los cuerpos de sus familiares ya identificados, de extravió de cuerpos, de extorsiones y de trato sin empatía con las víctimas.

Hay testimonios terribles. Por ejemplo, la señora Irma pide que le entreguen el cuerpo de su esposo José Guadalupe Carrillo Morales, quien desapareció el 7 de junio de 2019 y fue encontrado en la fosa clandestina de Lomas de la Primavera, en Zapopan, desde 2 de octubre de ese año.

La señora Irma dijo a los colegas de Mural afuera del Servicio Médico Forense (Semefo): "Tengo viniendo aquí (a Semefo) 3 años y 9 meses y nunca me han querido entregar las 3 piezas únicas que tengo, y ahora me salen con que se las entregaron a otros familiares. Yo cuento con confrontas, cuento con tatuajes y físico, y ahora me dicen que no, que no están, se las entregaron a otros familiares, pero ¿a quién o por qué? Se me hace ilógico", comentó. Entregaron el cuerpo de su marido a otra familia, pero hasta ahora no le indican a quién.

Mientras el gobernador se daba tiempo para visitar a los jugadores de las Chivas, afuera del Semefo se escuchaban más testimonios, como el de la señora Rosa María de los Ángeles. Un comando se llevó a su esposo de su propio domicilio el 28 de diciembre del año pasado. Rosa María se queja de la lentitud de los procesos de identificación forense en el Semefo. Dice que desde el pasado 17 de marzo les mandaron a hacerse pruebas genéticas, pero hasta ahora no les dan resultado. El cuerpo de su marido fue encontrado en la fosa encontrada en San Isidro Mazatepec junto a otros 83 cuerpos, todos cercenados. La señora Rosa María se queja del burocratismo en el IJCF ante los colegas del diario NTR.

Son testimonios que confirman la grave crisis forense que existe en Jalisco y que el actual gobierno se niega a reconocer como tal.

La crisis forense, que se destapó en septiembre de 2018 con el caso de los tráileres que transportaban indignamente cuerpos por varios puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, parece que se ha agravado. No sólo por el aumento de cuerpos y partes de cuerpos pendientes por identificar, sino por las denuncias de burocratismo y extorsión que existen ahora en el IJCF. Una de las madres buscadoras se quejó que los funcionarios del Semefo les piden que no vayan cada semana a preguntar por sus seres por identificar, sino cada mes. Es una demanda burocrática sin empatía por las víctimas que necesitan cerrar un duelo para descansar del martirio que viven día a día. Otra madre denunció que funcionarios del Semefo les sugieren dar hasta 20,000 pesos por acelerar los trámites para entregar los cuerpos de sus seres queridos. Son denuncias muy graves que deben investigarse, y en todo caso probarse y sancionarse.

El gobernador tiene todo el derecho de presumir sus nuevos tenis de las Chivas, y tiene el privilegio de acudir hasta el entrenamiento de su equipo preferido. Pero así como tiene tiempo para tomarse selfies con las Chivas, así debería darse tiempo para atender personalmente la crisis forense que las madres vienen denunciando desde hace años. Hace tiempo escribí que es necesaria una mesa especial para atender la crisis forense y por desaparecidos que existe en Jalisco. Urge reconocer el problema para encararlo como demandan las familias de las victimas de esta crisis humanitaria que vive Jalisco.

En Jalisco también se espía. A inicios de 2021 la Contraloría del Estado y el Gobierno de Jalisco confirmaron que, durante la administración de Aristóteles Sandoval, se adquirió el sistema de espionaje denominado "Galileo" con un costo de 263 millones de pesos en la modalidad de arrendamiento.

Aunque las autoridades dieron a conocer el "descubrimiento" con bombo y platillo, y aseguraron que el equipo, adquirido para la Fiscalía de Jalisco, pero que al parecer habría sido utilizado por terceros ajenos, había sido resguardado y se había iniciado una investigación para conocer los fines por los cuales fue adquirido, esta administración volvió a adquirir tecnología de espionaje.

Se trata del software NEOLINX DE MEXICO, S.A. DE C.V, empresa proveedora de sistemas de espionaje que, por ejemplo, también sirvió a la Fiscalía General de la República y a estados como Quintana Roo, Campeche y Baja California, estados donde se ha denunciado espionaje.

La empresa se encuentra en estatus activo como proveedora del Gobierno de Jalisco, según confirma la Secretaría de Hacienda.

Aunque la proveedora de "Galileo" denominada Hacking Team, proveniente de Italia, ya no figura como proveedora actual, de acuerdo con El País, Neolinx es su intermediaria.

A Jalisco también le sirve actualmente NUGA SYS S.A. DE C.V., empresa dedicada a desbloquear e intervenir teléfonos celulares sin que la persona propietaria lo sepa.

La compañía, con sede en San Pedro Garza García, fue la ganadora de la venta de un "software forense" sin especificar los fines, para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pagando 2.3 millones de pesos.

NUGA SYSTEMS también ha realizado operaciones de espionaje en Hidalgo y Baja California.

¿Para qué utiliza el Gobierno de Jalisco estas herramientas? ¿A quién espía? ¿No se supone que, si se tratara de elementos necesarios para investigaciones contra criminales, las autoridades podrían compartir sus usos públicamente?

Muchas incógnitas por resolver respecto de estos 2 sistemas que sirven a entidades denunciadas a lo largo y ancho del país como vías de espionaje a personas periodistas y defensoras de los derechos humanos.

Pensando inocentemente que en Jalisco la seguridad está bajo control, que todo opera a la perfección, y que en nuestro estado las autoridades todo lo hacen bien, no tendríamos por qué preocuparnos, pero ¿esto realmente pasa? Perdón, pero la burra no era arisca, la hicieron.

Nadie sabe para quién trabaja. Claudio X. González, hijo, se ha convertido en la némesis del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, fue uno de los pistones del motor que contribuyó a revelar la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto y a alimentar el discurso contra las raterías públicas, que propició el tsunami electoral en 2018, cuando unos 15 millones de personas que nunca habían votado por López Obrador, le entregaron su respaldo y la Presidencia. Hoy es el pretexto para todo lo malo que enfrenta el gobierno o los tropiezos de López Obrador, otorgándole el presidente un poder que no tiene, y haciendo crecer a un monstruo que manipula eficazmente para adquirir poder, y que sin proponérselo, le regaló una plataforma política que podría convertirlo en legislador en 2024.

La historia de la construcción política de Claudio X. se remonta a 2005, cuando fundó su primera ONG, Mexicanos Primero, con un énfasis en la educación. Quería ser el ideólogo del nuevo modelo educativo, que lo llevó a enfrentarse con la entonces lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo.

Desde Mexicanos Primero se cocinó un documental contra Gordillo y el sindicato de maestros, "De panzazo", que fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Morelia. El documental fue un ataque directo a Gordillo, que lo acusó de querer debilitar la educación pública con fines particulares. La maestra ganó la partida. Claudio X. perdió esa batalla, pero insistió en ganar la guerra al siguiente sexenio, peleándose en el inicio del gobierno de Peña Nieto con su jefe de Oficina, Aurelio Nuño, al querer imponer su modelo educativo, claramente conservador.

No logró influir en él, ni en el gobierno de Peña Nieto. Entonces buscó otra vía. Claudio X. habló con varios empresarios -cuyos nombres siguen siendo secretos- y recibió financiamiento para que en 2015 fundara Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Esta ONG fue construida con 5 brazos. El más visible es el de periodismo de investigación, que apuntala al análisis y denuncia de la corrupción en busca de una rendición de cuentas, que daba pie a que otro de sus brazos, el más efectivo quizás, litigara amparos en tribunales.

MCCI fue un fusil sobre el corazón del gobierno de Peña Nieto. En una conferencia magistral en enero de 2017 en la Universidad Iberoamericana, Claudio X. dijo que de existir un "salón de la infamia" de la corrupción nacional, el entonces presidente, varios de sus colaboradores, gobernadores y ex gobernadores, deberían encabezar "el top ten". Sus palabras se hicieron públicas, luego de que fueron reproducidas en el periódico oficial de la Ibero, que motivó presiones sobre él y más de 3 auditorías contra su familia.

En aquél entonces, funcionarios del gobierno peñista decían que sus motivaciones eran mucho más profundas y menos nobles de lo que reflejaban. Claudio X. no era el único de su familia que irritaba en Los Pinos. Su padre, Claudio X. González Laporte, había sido frenado por Nuño al iniciar el sexenio porque quería mangonear en Los Pinos, como había sido su costumbre en el pasado. Las consecuencias, deliberadamente o no, llegaron por la vía de MCCI, y le pasaron una factura muy costosa a Peña Nieto, cuyo gobierno quedó manchado como uno podrido por la corrupción y el amiguismo, facilitando la victoria de López Obrador en las elecciones de 2018, cuyo resultado pareció más un voto de castigo que a favor del tabasqueño.

Ni Claudio X., ni los grandes financieros mexicanos de MCCI, se imaginaron que si la relación con Peña Nieto había sido mala, con López Obrador sería peor. Pero la dialéctica de la confrontación con el poder a través de la ONG le quedó chica a Claudio X., que a mediados de 2020 la dejó para involucrarse abiertamente en la política. En octubre de ese año, junto con el ex presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, fundó la organización Sí por México, que decía buscar una agenda ciudadana para sacar del poder a Morena en 2024. En lugar de eso, formó con el PAN, PRI y PRD Va por México.

Una vez más el Gobierno de Jalisco usa su mejor estrategia para fines propios: la represión policial.

A las cosas y situaciones hay que llamarlas por su nombre, y lo hecho por el gobierno estatal el lunes es a todas luces represión.

Elementos municipales, conformados en la Policía Metropolitana y policías del estado se apostaron desde temprana hora en la banqueta de José R. Benítez con vista hacia las casas.

"Están cercando nuestras casas, es por lo del colector. ¿Qué hacemos? Por favor ¡ayuda!", es lo que compartió una de las vecinas acompañado de las fotografías y videos en los cuales se apreciaba, además de los policías, un ejército de trabajadores envallando los domicilios.

La pregunta es ¿para qué la represión?

En el Parque San Rafael se construye un colector pluvial que el SIAPA y el Gobierno de Jalisco, aseguran, es para el beneficio de las y los vecinos, para que no se inunden zonas aledañas al parque.

Por José R. Benítez introducen el colector que se hallará al interior. Si el supuesto, como lo ha señalado ya el Gobierno de Jalisco, es que se colocaron las vallas por seguridad de los colonos, suponiendo, puedan tener un percance en la calle ¿para qué la policía?

Una vez más, el Gobierno de Jalisco no pudo con el diálogo. Desde hace años que los vecinos llevan un proceso legal respecto del previo, ya que los colonos han señalado diversas afectaciones al parque y al medio ambiente.

Pero, aunque el tema pasó a varias administraciones municipales, ninguna, ni el Gobierno de Jalisco en su gestión actual, pudieron emprender un diálogo real, llegando a acuerdos su última socialización fue un folleto entregado a las y los colonos dentro de sus casas, encapsulados. Simplemente no se les da.

Al Gobierno de Jalisco lo que se le da es la represión policial a movimientos de los cuales, sabe, no tuvo el control a tiempo, como por ejemplo, en el caso de las y los 62 pepenadores detenidos en mayo pasado que se manifestaban en la calle Ramón Corona, a una cuadra del Palacio de Gobierno, ante el cierre de un par de vertederos en la metrópoli.

Se le dio por ejemplo, en julio de 2021, cuando mujeres policías estatales aprehendieron a una decena de mujeres que se manifestaba en la Torre de Educación Jalisco, por presuntos abusos cometidos a una menor en un plantel escolar.

Se le dio por supuesto en las protestas del 4, 5 y 6 de junio de 2020, derivadas del asesinato de Giovanni López, situación que dejó como saldo la detención arbitraria de decenas de jóvenes y el haber exhibido que la policía no está preparada para enfrentar a protestas sociales, un derecho de todas las personas.

Este tipo de actos además ocasiona que se tenga mala imagen de las corporaciones, que mucho hacen por la seguridad de las personas en el día a día, pero que al seguir órdenes de superiores que no han sabido manejar las situaciones, solo abona a que se sigan teniendo niveles bajos de confianza en su labor.

Por ejemplo, de acuerdo con el IEGI, solo el 6.8% de las y los tapatíos considera "muy efectivo" el trabajo de la policía estatal, y 7.7% considera muy efectiva la labor de la policía municipal.

La represión policial se ha convertido en una herramienta del gobierno para apaciguar lo que con palabras no pudo, las políticas de control es la única vía que ha quedado, pero no podemos permitir que siga ocurriendo.

Por el contrario, es necesario documentar y hacer visible este tipo de actos cuando ello ocurra para dejar claro que la sistematización de la violencia policial, física o psicológica, como ocurrió con las y los vecinos de San Rafael, no debe ser la vía, jamás, para conseguir por vía libre lo que el gobierno estatal busca.

Según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, casi 8 de cada 10 mexicanos confía poco o nada en los partidos políticos y los legisladores locales y federales. El 60% desconfía de su gobierno municipal y el 58% del gobierno estatal.

La desconfianza es bidireccional. Un ejemplo es el caso de San Rafael. En vez de utilizar la política y el diálogo, el gobierno estatal envió antimotines para cercar a los vecinos e imponer obras en "beneficio" de la comunidad. La fuerza en lugar de la razón.

¿Qué pasa cuando la política deja de ser una vía para resolver nuestros conflictos? Pues nos agarramos a trompadas. Surgen las expresiones de violencia, la corrupción, el nepotismo, el influyentismo, la extorsión, el soborno y el clientelismo electoral.

Nos urge resignificar y ampliar nuestro concepto de la política. Los problemas de la polis son reales y requieren de los mejores políticos (y no hablo sólo de los que buscan un cargo de elección popular).

A pesar de que cuentan con una suspensión provisional (801/2023) emitida por un juzgado el pasado 14 de abril de este año, el Gobierno del Estado, a través del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), decidió imponer por la fuerza una obra hidráulica en la calle Mariano Azuela, a un costado del Parque San Rafael, en Guadalajara.

Sin aviso previo, sin un protocolo de socialización de una obra pública de esa envergadura, el mediodía del lunes 15 de mayo cientos de vecinos de la calle Mariano Azuela vieron sorprendidos cómo llegaban decenas de policías estatales y municipales (se contaron hasta 80 agentes) afuera de sus viviendas, colocando vallas metálicas de metro y medio como las que se usan para contener manifestaciones violentas. Luego, funcionarios del SIAPA les avisaron a los vecinos que tenían que sacar los vehículos automotores de sus cocheras porque la calle se iba a cerrar por 6 semanas. Algunos vehículos estacionados afuera de sus viviendas fueron remolcados en grúas.

Después de la llegada de la policía, trabajadores del SIAPA y privados colocaron una malla ciclónica con la que se terminó se amurallar y privar de la libertad de tránsito a los vecinos de esta zona. Ahora parece que los vecinos de San Rafael viven como en un gueto, separados del resto de la ciudad y altamente vigilados por la fuerza pública.

¿Qué delito cometieron estos vecinos para hacerlos vivir en ese gueto? Los vecinos de Mariano Azuela forman parte de los colonos que desde hace años han luchado por defender su calidad de vida que se pone en riesgo por un mega desarrollo inmobiliario. A partir de la autorización de proyecto inmobiliario Gran San Rafael impulsado por el influyente Grupo San Carlos en los terrenos que antes eran del Club Jalisco, los vecinos de la Colonia Jardines de la Paz y aledañas al Parque San Rafael, emprendieron una lucha para tratar de preservar una vida digna en su entorno.

Han acudido, primero, a los canales que el gobierno y las leyes disponen para ellos. Solicitudes de información, petición de reuniones con funcionarios, recursos legales (hasta una decena de amparos y suspensiones provisionales), y también han buscado la solidaridad y el acompañamiento de más vecinos y de otras colonias de la ciudad para que se conozca su lucha y hacer escuchar sus demandas. Para ello han realizado marchas, plantones y actos de protesta.

Pero como ha sido el sello de la casa de los gobiernos alfaristas (primero como presidente municipal de Guadalajara y ahora como gobernador), se les descalifica, estigmatiza o se les contiene con el uso de la fuerza pública. El martes el gobernador Enrique Alfaro dijo que quienes protestaban no vivían en el lugar, cuando cualquier video grabado por los vecinos lo desmiente, y los insultó al decir que eran "vividores políticos" a vecinos que con razón y justicia tienen derecho a defender su calidad de vida. No es la 1a. vez que los vecinos de San Rafael y Jardines de la Paz son hostigados por policías estatales o municipales para empujar las obras estatales. Han denunciado, además que se les hostiga, se les vigila y se les intervienen sus teléfonos personales.

Tras el arranque del proyecto Gran San Rafael, que pretende levantar 14 torres de 16 pisos cada una, el Gobierno de Jalisco ha autorizado obras que han afectado a los vecinos de Jardines de la Paz y a los usuarios del Parque San Rafael. Tras empezar a levantarse las primeras torres de departamentos del Grupo San Carlos, se anunció un "colector pluvial" en el Parque San Rafael que llevó a la devastación de cientos de árboles y afectaciones significativas a la fauna del lugar. Ahora a partir del lunes se pretende construir un colector en la calle Mariano Azuela, según el gobierno para prevenir inundaciones en la zona, pero que los vecinos ven como una obra que servirá a los intereses del desarrollo inmobiliario.

Y tal vez tengan razón los vecinos, es decir, que esas obras y todo la fuerza policial que se ha desplegado contra los habitantes de San Rafael y Jardines de la Paz sólo sirvan a los intereses de una empresa inmobiliaria ampliamente conectada con los gobernantes y la clase política. Muchas campañas electorales han sido financiadas por el cártel inmobiliario, tan poderoso en esta ciudad. Ninguna obra debería ser impuesta con la fuerza que se ha desplegado en esa zona hasta construir el gueto de San Rafael.

El PRI Jalisco manifestó esta mañana su rechazo a los actos de intimidación a los vecinos del parque San Rafael en Guadalajara. Laura Haro, presidenta del PRI Jalisco, consideró como medidas de prepotencia las registradas este domingo que demuestra el autoritarismo de la administración estatal.

"Los hechos que vimos ayer donde la autoridad policiaca, donde la Seguridad Pública del Estado busca amedrentar, sitiar por decirlo como es, a vecinos y vecinas que su único pecado es alzar la voz para vivir en un medio ambiente más sano, más justo y más equitativo", comentó.

La dirigente del PRI Jalisco manifestó su solidaridad con los vecinos y anunció que han presentado una serie de exhortos en el congreso local, el congreso federal y el Ayuntamiento de Guadalajara en favor de los vecinos. "No existe ningún delito para que las policías tanto estatales como municipales vayan a acosar a vecinas y vecinos que su único delito ha sido alzar la voz, desde aquí nuestra solidaridad seguiremos pendiente de este asunto", afirmó.

Este domingo vecinos del Parque San Rafael denunciaron la colocación, sin explicación previa, de vallas sobre la calle, afuera de sus hogares, que fueron reforzadas con enmallado, y les pidieron que retiraran sus vehículos, además de la presencia permanente la Policía Metropolitana, actos que señalaron como intimidatorios. Las obras, dicen los vecinos, son para beneficiar a un desarrollo de torres de departamentos.

El SIAPA informó que continúa con la construcción del colector pluvial que se ubicará dentro del Parque San Rafael, en Guadalajara. Aseguró que las obras, que durarán máximo 6 semanas, "son necesarias para mitigar las inundaciones en la zona".

Los trabajos inciden, afirmó, en la recuperación del espacio público que por más de 5 años "se encontraba en el abandono".

Según el Gobierno de Jalisco y el SIAPA, lo anterior es "para garantizar y salvaguardar la integridad de quienes transitan por la zona, así como de los trabajadores", pero no se dieron más detalles.

El ejecutivo estatal rechazó la existencia de medidas que impidan seguir avanzando con los trabajos, pero los vecinos aseguran que cuentan con medidas cautelares.

La contralora del Estado de Jalisco, Teresa Brito Serrano, anda preocupada... muy nerviosa. La razón: el 95% de 114 contralores municipales no cuentan con un comité de control interno que se aboque a la realización de auditorías preventivas y de cumplimiento.

Según un estudio dado a conocer ayer, el 74% de los municipios no tiene una autoridad auditora, y el 52% no tiene una autoridad investigadora.

Parece alejado el tema, pero esta tarea es fundamental para supervisar el gasto público. Esto se dio a conocer en el marco del 2o. Encuentro Sobre Sistemas Municipales Anticorrupción.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado arremetió contra los líderes de las nuevas Asociaciones Políticas Nacionales (APN) pro 4T que obtuvieron registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de un comunicado, señaló que no permitirá que "se cuelguen del movimiento ni que funcionen como grupos de presión al interior para la definición de candidaturas en los procesos electorales".

"Respetamos la libertad de organización que establece la ley y la posibilidad de que haya organizaciones políticas, pero no nos gusta que se cuelguen del nombre o de los conceptos de nuestro movimiento. Si quieren participar en favor de la 4a. Transformación que lo hagan desde Morena, donde siempre serán bienvenidos. Me parece una incongruencia que militantes de nuestro partido al mismo tiempo estén formando otro tipo de organización, como si no tuvieran espacio aquí en Morena", sostuvo.

El líder morenista reiteró que no habrá ninguna concesión y ningún tratamiento especial en la definición de candidaturas o de espacios dentro del partido para dichas asociaciones, "ya que Morena no busca tener partidos satélites, ni mucho menos voceros".

¿Se acuerdan de Rocío Corona Nakamura? Tantos años en el PRI y ahora es diputada federal del Partido Verde, pero en apoyo de Morena.

A mediados de este mes, nos enteramos que Corona Nakamura se presentará públicamente para presentar una red estatal del Partido Verde; sin embargo, será para apoyar y promover a Marcelo Ebrard como candidato a la Presidencia de la República.

Al secretario de Relaciones Exteriores se le están reduciendo las oportunidades, o así parece, frente a Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López. Por eso les urge apretar el paso.

La red de Corona Nakamura pretende hacerse fuerte en el área metropolitana de Guadalajara y extenderse a otros municipios para brindarle más apoyo a Ebrard, a quien no le está bastando con la estructura que está conformando Alberto Uribe, el diputado Tomás Vázquez Vigil y los muchachos de Humanismo Mexicano o de la Luz del Mundo.

Estamos a punto de ver la emergencia de un nuevo partido. Y donde están de fiesta es en La Luz del Mundo.

Los diputados federales que pertenecen a esta iglesia, Favio Castellanos, Hamlet García y Emmanuel Reyes, consiguieron el registro de una nueva asociación política: "Humanismo Mexicano".

Ya presentaron 25,000 firmas (se necesitan 5,000) y han realizado asambleas en 17 estados. Obviamente, toda su plataforma de trabajo consiste en apoyar a Morena.

Lo que sigue es registrar al nuevo partido. ¿Qué tal?

En más de los morenos, después de este activismo y evidente triunfo de los diputados de La Luz del Mundo, los que están a la expectativa son el diputado "Chema" Martínez y el regidor Carlos Lomelí Bolaños. Los 2 han presumido en sus redes sociales el "Humanismo Mexicano" de Andrés Manuel López Obrador, pero ya se les adelantaron.

¿Cambia el escenario para la determinación de candidaturas para la elección del 2024 en Jalisco?

Nos afirman que sí, porque Favio, Hamlet y Emmanuel dominan 30 consejeros nacionales y más de la mitad de los consejeros locales de Morena.

Un tuit forestal persigue a Enrique Alfaro cada vez que se incendia el Bosque de La Primavera. El 22 de abril de 2012, hace 11 años, el ahora gobernador escribió: "La Primavera nos manda señales de humo, se queja por la ineptitud y la irresponsabilidad de los gobiernos".

¿No es una frase genial y hasta enmarcable? Traduce todo el sentimiento colectivo, la impotencia, el reclamo contra Emilio González Márquez que en ese momento gobernaba al estado. En esa fecha La Primavera enfrentaba el 2o. incendio más voraz de su historia; 4,000 hectáreas fueron devastadas por el fuego.

No me cabe duda: Alfaro ha sido el mejor candidato que ha tenido Jalisco en su historia moderna. Otro boleto es su praxis de gobierno; nuestra tragedia radica en que no ha sido mejor ni peor mandatario, sólo igual a sus antecesores.

Sin embargo, la percepción de que a veces es peor se magnifica por varios factores: el mal en tiempo presente siempre fue peor, su capacidad alterada para prometer como candidato y la grandilocuencia para publicitar sus resultados, en donde lo cosmético y lo fundamental se cantan al mismo son.

La mañana de ayer muchos nos quejamos y vimos señales de humo de La Primavera ante la ineptitud y la irresponsabilidad del gobierno.

Desde hace días se difunde información desde sitios web que son falsos o están "en construcción" señalando que durante la gestión de Pablo Lemus como alcalde de Zapopan, dejó un desfalco millonario. Sus detractores se han dado gusto difundiéndolo, pero la verdad es que no hay ninguna base o información que lo sustente.

Nos dicen que la "nota" fue difundida desde la "Ciudad de México". ¿Quién será? ¿Fuego amigo?

Ayer, el alcalde lamentó que se están "volando la barda". "Publicaron y pautaron por todos lados una nota falsa, en una página falsa, de un Carlos Loret falso".

Agregó que están muy nerviosos porque saben que en Jalisco, "vamos a ganar los de Movimiento Ciudadano".

La elección de buenos gobernantes se traduce en buenos gobiernos: honestos, cuidadosos, aseados en todos los órdenes y atentos a solventar las necesidades de la comunidad. Desde pequeños nos enseñaron que una buena comida se inicia con la selección de los ingredientes.

El próximo año se renovarán el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República y una buena cantidad de gobiernos estatales y municipales. Es importante para nuestro futuro elegir a los más preparados. Lamentablemente, los partidos políticos, que mantienen el monopolio de las candidaturas, difícilmente se abren a los ciudadanos independientes. Ante esa realidad, resulta importante analizar cuidadosamente a los aspirantes: indagar su pasado, su prestigio, honorabilidad, sus capacidades, formación académica y experiencia. Por la importancia de su encargo, es fundamental que el gobierno esté integrado por los mejores, de nosotros depende.

Siendo como somos olvidadizos, ya no recordamos una enseñanza clave de un político poco común, Makío: "lo importante no es cambiar de dueño, sino dejar de ser perro". Si lo traducimos a las condiciones reales del momento presente, diríamos que lo importante no es cambiar de partido, sino cambiar el sistema político que ha permitido y sigue permitiendo el desastre sexenal del país en manos de las maniobras de los partidos y sus inquietos beneficiarios, mientras que los ciudadanos seguimos siendo perros, pero de distinto dueño cada 6 años.

Para que "vayamos" por México, una vez más, se ha requerido primero orquestar una campaña artificiosa para convencer a determinados sectores de la población de que México está en camino de la ruina; lo está desde el siglo XVI. Ya lo dijo Margaret Thatcher: "México es el país más rico del mundo, pues desde el siglo XVI lo están robando y no se lo acaban".

Ir por México puede así significar la defensa de un pretendido "derecho": "ahora nos toca volver a robar a nosotros", o sea, todos debemos tener la oportunidad de llevar a México a la ruina, pero no tanto que ya no quede nada qué robar para la siguiente generación de políticos.

Pero que nadie se asuste, las campañas políticas son siempre así, son como esas obras de teatro que duran en cartelera años y años y nadie parece enfadarse, obras en que los actores se aman, se odian y se pueden hasta matar, pero más allá de los escenarios, tras las bambalinas, estrados, palestras o mítines, todos siguen siendo amigos en la medida que se protegen unos con otros para seguir beneficiándose del sistema, y por lo mismo, conservándolo a como dé lugar; mientras siga habiendo perros, correas no han de faltar.

El Inegi preguntó a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta: ¿Qué tan efectivo ha sido el gobierno de su ciudad para resolver estos problemas (baches, agua potable, alumbrado público, delincuencia)?

Todas las alcaldías reprobaron. La peor fue Guadalajara. Sólo el 21.5% de los tapatíos consideró que su gobierno es "muy o algo efectivo".

El mejor calificado fue Zapopan, en donde el 39.9% calificó como "muy o algo efectivo" al gobierno.

La mayor percepción de eficiencia para una alcaldía se ubica en Apodaca, Nuevo León, en donde el 62.8% consideró "muy o algo efectivo" a su municipio.

Y el peor fue Tijuana, Baja California, en donde sólo el 10.8% consideró eficiente a la alcaldía (¿cómo "gobiernas" así una ciudad?).

Jugamos en una liga de terracería y 3a. división en cuanto a confianza en el municipio, la instancia supuestamente más cercana al ciudadano.

Pero aquí hablamos sólo de un ente de gobierno. Pasemos a las figuras del presidente, el gobernador y los alcaldes.

El Inegi preguntó: En una puntuación del 0 al 10, ¿cuánto confía en el presidente/gobernador/alcalde?

Otra vez todos reprobados. En Guadalajara le dieron 5 al presidente, 3.8 al gobernador (la puntuación más baja de toda la metrópoli y Vallarta), y 4.4 al alcalde.

En Zapopan el presidente se llevó un 5.5, el gobernador 4.9 y el alcalde 5.6.

Hago notar que en todos los municipios de Jalisco reprobaron las 3 figuras de gobierno con excepción del presidente López Obrador en Tlaquepaque (6.1), Tonalá (6.3) y Vallarta (7).

En la media nacional, el nivel de confianza del presidente de la república es del 6.6. Los gobernadores alcanzan un 5.5 y los alcaldes 5.3.

Viva la democracia.

Un muy interesante episodio se vivió en la Cámara de Diputados estos días, donde se vieron alianzas tácticas impensables y rebeliones de los unos contra los mismos alrededor de una iniciativa cupular para reformar atribuciones al Tribunal Electoral. Hubo una implosión en Morena y en el PRI ante el rechazo de los legisladores a las acciones de los líderes de los partidos, y se asoma una fractura en la Alianza Va Por México porque la dirigencia del PAN, que también enfrentó resistencias internas, vio el costo político que les estaba causando una imposición que viola el principio básico de la democracia, el respeto por los derechos de las minorías, y decidió retirar su apoyo a las cúpulas. Fue un detonante. Horas después, los líderes de los partidos en San Lázaro pusieron en pausa la propuesta.

El deseo de modificar las atribuciones del Tribunal Electoral y reducir su capacidad de contrapeso provino de rencores inconfesables y la ambición de las dirigencias de los partidos, que no son bloques homogéneos, para hacer lo que se les pegara en gana sin contención judicial. En el 1er. caso, no querían que el Tribunal Electoral se metiera en los asuntos internos de los partidos políticos salvo aquellos señalados específicamente en la Constitución, lo que se traducía en el intento cínico de los dirigentes de Morena, Mario Delgado, y del PRI, Alejandro Moreno, para prorrogar su liderazgo más allá de lo que establecen los estatutos de los institutos, que habían sido rechazados e impugnados por sus militancias ante los órganos electorales.

En el 2o. caso, querían limitar las facultades del Tribunal para establecer acciones afirmativas que benefician a las minorías y grupos vulnerables, y hacen efectiva la paridad de género, como recientemente sucedió con la obligación de que fuera una mujer quien presidiera el INE. Los partidos estallaron por dentro, como dibujó la diputada morenista Irma Juan Carlos, que detalló que más de 90 diputados -2 terceras partes de su bancada- y del PRI, el PT y Morena, acompañados desde afuera de San Lázaro por organizaciones no gubernamentales y expertos, anunciaron que no apoyarían la iniciativa porque afectaba a los grupos minoritarios y minorías, como indígenas, migrantes y la comunidad LGBTQ+, al limitarles la protección que el Tribunal Electoral les dio por años.

Los líderes de los partidos, respaldados por la Junta de Coordinación Política, el órgano rector de la Cámara de Diputados, se mantenían aferrados a sacar adelante su pretensión, que nació de un grupo de trabajo para examinar las funciones del Tribunal, creado a principio de año. 2 meses y medio después, de la mano de Ignacio Mier, presidente de la Junta, Morena presentó la iniciativa de la discordia. El golpe de mano provocó la explosión y la implosión en la Comisión de Puntos Constitucionales, a donde se turnó para su análisis.

La sesión para discutir el dictamen, programada para el 29 de marzo, fue suspendida, y así sucedió repetidamente ante la creciente protesta contra la intentona del liderazgo de Morena, en amasiato con el PRI, que originalmente también fueron apoyados por los líderes del PAN y el PRD. Sólo Movimiento Ciudadano se mantuvo desde un principio en contra de la iniciativa. Esta semana, el proyecto de dictamen naufragó, y para rescatarlo Mier propuso una revisión que debió haberse votado el miércoles.

Tampoco fue posible hacerlo, no ante la falta de consenso, sino ante el rechazo de decenas de legisladores, subrayando una de las paradojas más grandes de la actual legislatura: los adversarios en todos los temas, tanto en las cúpulas como en las militancias, se unieron y dividieron en 2 bloques inspirados en diferentes razones, el control caprichoso de los autócratas líderes, y el rechazo rabioso de las militancias en beneficio de la sociedad y, también, contra el intento de los dirigentes de perpetuarse en el poder hasta la elección presidencial, que les permitiría controlar las prerrogativas, repartir las candidaturas y comprar apoyos y lealtades.

La Junta de Coordinación Política estuvo discutiendo formas para buscar apoyos para el dictamen, pero incluso en ese órgano, que es donde se concentra el poder en San Lázaro, comenzaron a derrumbarse los acuerdos desde el miércoles. La señal fue el hecho que el coordinador de la bancada del PRD, Luis Espinosa Cházaro, se salió de la reunión por no compartir lo que pretendían incorporar en un nuevo dictamen. La Comisión de Puntos Constitucionales sumaba hasta este jueves 3 días consecutivos sin poder reunirse ante la falta de los votos para sacar adelante la iniciativa y enviarse al pleno.

No se recuerda un proyecto de ley tan controvertido, en el sentido de que no ha sido una confrontación o diferencia entre partidos, sino dentro de ellos mismos. La principal división estuvo en Morena, pero la fractura geoestratégica fue en la coalición Va Por México, formada por el PAN, el PRI y el PRD, que estaban alineados a los intereses de Moreno, que quiere atrincherarse en el tricolor hasta 2024, porque de no aprobarse esta reforma, tendría que acatar el fallo del Tribunal Electoral y dejar la presidencia del partido.

Lo extraordinariamente bizarro [sic] es que al ir juntos los 3 partidos de oposición con Morena, rompieron el compromiso de una moratoria constitucional -cuya finalidad es sabotear cualquier iniciativa de ley que beneficie al presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que resta del sexenio-, suscrita en junio del año pasado por lo más ruin de la condición humana: el interés particular sobre el interés colectivo. La democracia funciona al revés, el interés de la mayoría sobre el del individuo, y se apoya con conceptos de 2a. generación democrática, como los contrapesos.

La protesta generalizada y creciente dentro y fuera de San Lázaro ante sus intentonas pudo frenar el golpe. Delgado y Moreno siguieron buscando hasta el último momento salvaguardar sus proyectos personales. Despreciables políticamente, traidores al orden social democrático y con un enanismo cada vez más evidente, no pudieron lograr su cometido. La rebelión contra los canallas reivindica a la política, pero la batalla no ha terminado.

Enrique Alfaro siempre ha basado su relato político en la creación de un enemigo que promete combatir.

Los villanos que ha utilizado Alfaro se remontan al PRI y Aristóteles Sandoval en sus inicios (e incluso Raúl Padilla en Tlajomulco).

Como alcalde de Guadalajara "enfrentó" a los medios de comunicación y al gobierno estatal de Aristóteles. ¿Recuerdan el "yo los detengo y la Fiscalía los suelta"? ¿O la denuncia de la deuda pactada por el PRIAN que hipotecaba el futuro de los jaliscienses?

Al iniciar su gestión como mandatario estatal, Alfaro designó a AMLO como su villano favorito. Pero calculó mal su fuerza frente al presidente y una dignidad flexible le permitió recular a tiempo. A los pocos días de subordinarse a AMLO, en agosto de 2021, inventó el pleito con Raúl Padilla López.

Su estrategia política requiere siempre un archienemigo, pero acepta otros pequeños obstáculos que cumplen el mismo fin por episodios. Pueden ser fuerzas de la naturaleza como el cambio climático o incluso nosotros los ciudadanos. Por ejemplo cuando nos regañaba por tirar basura y provocar inundaciones, o cuando acusa que los delitos sexuales, contra la mujer y la familia, no son un asunto del estado sino responsabilidad exclusiva de sus malos gobernados. Bajo ese supuesto incluso nosotros funcionamos como adversarios para sostener su narrativa heroica. El gobernante que a pesar de sus gobernados hace siempre lo correcto.

Entre políticos polarizadores como AMLO y Alfaro, el villano es el motor de la historia (Padilla López, los conservadores, la oligarquía empresarial, los políticos del "pasado"). Sin la figura de un archienemigo no hay relato ni justificación para la existencia del héroe que ellos encarnan. Sin el villano, el protagonista carece de meta: salvar al planeta, rescatarnos de la corrupción, protegernos de los malos gobernantes, llevarnos a un paraíso de prosperidad. Siempre necesitan un villano. Lo necesita su ego y esa autoexigencia fanática de su politiquería para enfrentar males imaginarios (más fáciles de enfrentar que los males reales).

El villano crea situaciones para lucimiento del héroe. Por eso su función primordial es destacar la nobleza del protagonista. Ese realce surte un efecto seductor en la audiencia, en este caso en el votante, porque estos políticos piensan, gobiernan y deciden en función de las necesidades del votante, no del ciudadano. Son dispositivos para ganar elecciones y una elección sólo se gana con una buena historia: la del héroe contra el villano.

En Morfología del Cuento, Vladimir Propp clasificó las funciones y personajes del cuento popular ruso. El agresor, equivalente al villano, combate y asedia al héroe: "Su papel es el de turbar la paz de la familia feliz, provocar una desgracia, hacer el mal, causar un perjuicio".

La naturaleza del villano surge de una reducción de la realidad a bueno-malo. Maniqueísmo puro con un fundamento de origen religioso comprensible para cualquiera: nosotros los buenos contra ellos los malos. Cualquier diferencia se zanja con el terror y la regresión. Nos amenazan fuerzas anárquicas, intereses oscuros y encubiertos del villano y sus secuaces, maledicencias que sólo nuestro héroe ve y advierte.

De esta manera, el suicidio de Padilla López adquiere el halo de una jugada final vencedora en la rendición: dejar en la orfandad de un villano a Enrique Alfaro.

Por todas estas razones, se busca villano. Informes: Casa Jalisco.

Janine Otálora, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), advirtió que la reforma que impulsan diferentes fuerzas políticas para limitar las facultades de este órgano en materia de acciones afirmativas representa un retroceso democrático y es una afrenta contra los derechos de las minorías.

"Cualquier decisión de quienes ostentan el poder para limitar las posibilidades de que cada vez más personas participen activamente de la vida política no sólo es una afrenta contra sus derechos, sino un retroceso democrático que no debe permitirse", apuntó a través de redes sociales.

Indicó que "los desacuerdos entre los órganos del Estado jamás pueden servir de pretexto para limitar el ejercicio de los derechos de todas las personas ni para privarles de oportunidades para defenderlos".

La propuesta que impulsan los partidos políticos busca impedir los juicios de derechos políticos promovidos por las mujeres, las personas con discapacidad, los migrantes y los grupos indígenas.

También impide al TEPJF ordenar candidaturas fuera de lo que los partidos decidan, entre otras medidas.

Me parece un error garrafal la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Trife, que promueven Morena en alianza con los partidos que dicen defender al INE.

Muchas veces hemos comentado lo complejo que es entender las resoluciones del Tribunal Electoral que como fallan una cosa fallan la otra, y que en no pocas ocasiones dichas sentencias generan más incertidumbre que certeza jurídica. Sin embargo, sería un error atribuir los problemas de incertidumbre a la actuación de los magistrados -todos ellos empujados por los partidos o con un padrino político de peso- y no a la gran cantidad de contradicciones que existen entre las propias leyes electorales y de éstas con la Constitución. La paridad de género es quizá la más clara de estas contradicciones. Fueron los partidos los que la pusieron en la ley (producto por supuesto de las presiones sociales, no de la convicción paritarista de los diputados) y son los partidos los que todo el tiempo están viendo cómo brincarse la norma, porque en el fondo la política en México sigue siendo una cuestión de machos, con lógica de machos. Lo mismo podemos decir en materia de financiamiento privado, fiscalización, manejo de efectivo y lavado de dinero en las campañas.

Si alguien tiene duda del origen del desprestigio del PRI, PAN y PRD esta reforma es una radiografía perfecta del distanciamiento de estos partidos con la realidad de los ciudadanos. Los argumentos que esgrimían hace unos días para la defensa del sistema democrático y que movilizaron a decenas de miles de personas, hoy cambian con la misma facilidad con la que ellos pasan de un partido a otro, eso sí, llevando siempre consigo sus principios, que no por firmes son menos dúctiles y hasta intercambiables.

México necesita una reforma política de gran calado, que abarate la burocracia, que la haga más sencilla y menos dependiente de la partidocracia; necesita una reforma jurídica que haga más eficiente el acceso a la justicia electoral, pero no es el momento ni la forma de hacerlo. En la elección del 2024 lo importante no es quién gane sino cómo gane, que sea una elección incontrovertible, y eso depende fundamentalmente de la certeza institucional del INE, pero también del Tribunal.

Delfina Gómez, candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia por el Estado de México, recibió a exlíderes de Movimiento Ciudadano en su visita al municipio de Villa del Carbón.

"Me emociona mucho que las y los compañeros de Movimiento Ciudadano también se sumen a este esfuerzo por el cambio que ya merece nuestro estado", expresó.

Cuando la manera de vivir inunda a la vida pública en cierta forma de gobernar, específicamente en la de impulsivamente hacer caso de ocurrencias, estas hacen que se convierta en un periodo administrativo sin propósito. Mucho se ha hablado de la planeación, mucho se han hecho grandes oficinas con enormes burocracias y contrataciones de alto pedigrí como para que trienio a trienio, sexenio a sexenio sigan sin cuajar los grandes cambios, e inclusive, las grandes refundaciones que dicen que necesita un pueblo, nuestro pueblo.

Me llama la atención y me ofende la ahora tan actual política de TikTok. La violenta estampida de mini cortos videos que, por la brutal necedad de crear contenido, nos ofrecen enlaces a pequeños episodios paradójicamente sin contenido alguno. La valía de este no contenido que, dicho sea de paso, no informa sino que cautiva con datos inútiles, no invita más que a ser partícipe juntos, de perder el tiempo en redes sociales y nos hace sentir no vinculados con la persona real. Mucho se ha hablado, por supuesto, del impacto de las redes sociales de manera personal y pública, no por nada por ahí hay una apuesta -hay que decirlo- millonaria de parte de nuestros gobernantes, pero este impacto, ¿realmente hace que ganen la próxima elección? ¿Realmente se usa la política TikTokera como un medio de comunicación en el que coexisten emisario, mensaje y escucha como algo honesto?

Siendo víctima, sí víctima de la política de ocurrencias que padecemos a nivel local y nacional, me da mucha pena darme cuenta que lo mejor no está por venir.

(V.pág.2 del periódico El Informador del 23 de marzo de 2023).

Los constructores de la 4a. Transformación deben estar de plácemes porque abolieron ese horrible y pernicioso esquema de cuotas y cuates para hacer uno sólo de cuates.

Todo gobierno, por naturaleza del poder, tiende a buscar el control de las instituciones a través de colocar a personas cercanas o afines (lealtad antes que capacidad, sentenció el líder). Parte de los síntomas de salud democrática es que las sociedades pongan trabas y candados a esa voluntad del poder de controlarlo todo. Estos organismos de la sociedad civil son diversos, plurales, inestables y responden en gran medida a temas de coyuntura o si se prefiere, de moda. El poder en turno buscará siempre descalificarlos: los gobiernos del PAN y del PRI se quejaban de que los organismos de derechos humanos estaban financiados por fundaciones internacionales y ahora el gobierno que se dice de izquierda acusa un día sí y otro también que los organismos de la sociedad civil están financiados por los empresarios o, ¡peor aún!, por extranjeros (otra vez Masiosare al ataque).

El proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y el veto presidencial a los consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) tienen un mensaje inequívoco: sólo cuates. Los perfiles que empuja el partido del presidente para el INE son militantes, han tenido cargos partidistas o son parientes directos de dirigentes de Morena. Al mismo tiempo, usando su derecho constitucional, el presidente veta los nombramientos de consejeros del INAI con el argumento de que fueron producto de una negociación de cuotas (enjuague, para usar sus palabras): el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, entregó una posición al PAN a cambio de que la otra quedara para él, para uno de sus incondicionales, aunque no tuviera el perfil adecuado.

Lo peor que nos puede pasar es que ahora haya quien defienda el sistema de cuotas y cuates porque es mejor que el de puros cuates, argumentando que así al menos hay cierto equilibrio. La única solución de fondo es una ley de designaciones públicas que evite el manoseo. Lo paradójico es que los mismos partidos que en su momento rechazaron esta ley hoy se dicen víctimas, y sin duda lo son. Los victimarios de ayer se quejan de que el gandalla hace gala de su fuerza.

Por eso, hay que repetirlo, ni cuotas ni cuates, y tampoco sólo cuates.

La oposición parece feliz sin hacer ruido, sin capitalizar las 2 megamarchas, sin coger al aire las cotidianas coyunturas que ofrece el disfuncional gobierno de AMLO. La oposición tiene a varios suspirantes en la banca pero no se anima a definir una alineación para mandarlos a la cancha, a que sientan la marca y muestren que pueden gambetear.

No sobra decir que en el equipo de enfrente las corcholatas llevan año y medio fogueándose sin reparar en leyes, tiempos oficiales o recursos.

No es casualidad que los que se dicen distintos terminen haciendo lo mismo, incluyendo por supuesto espiar líderes sociales y periodistas. El poder es el poder, y el mejor antídoto frente al abuso de poder es el equilibrio de poderes.

Lo único peor que un mal político es un mal político improvisado. Lo que puede hacer la diferencia hacia el futuro no es un líder iluminado más sino un Estado con más y mejores contrapesos y por supuesto, mejores ciudadanos.

Atendiendo a lo que se revela respecto a algunos de los precandidatos y sus factótums, deberían pender de sus cuellos algunas cadenas perpetuas. Pero lo mismo dicen los señalados de aquellos que los señalan. Si se hiciera un recuento de los antecedentes de los contrincantes según los describen sus rivales, el balance sería que el país no ha producido para la política sino incompetentes que, por mal que lo hayan hecho antes y no obstante los delitos que les imputan, al anunciarse las cruzadas electorales reaparecen por la puerta delantera y son recibidos como si hubieran nacido a la vida pública apenas un día antes.

Los inconformes con las condiciones del país, del estado o de los municipios que apenas hace unos días reconocían la ineptitud de los miembros de la clase política, acceden a abrir las puertas de sus casas, de sus negocios o de sus organizaciones a ciertos personajes porque la democracia es así: ¿poco memoriosa? ¿Convenenciera? ¿O porque en la tregua a nadie se le niega un vaso de agua, y menos al señor licenciado o a la señora doctora que, en una de esas, acaba sentada en la anhelada silla de algún palacete de cualquier orden de gobierno o en algún congreso? Luego ahí se queda uno, con sus categorías filosóficas, éticas y políticas, solo para las charlas de sobremesa o para rellenar artículos y ensayos, ajeno a la realidad real que, digámoslo de una vez, se hace por personas que un día son carne de prisión y al siguiente respetables candidatas y candidatos. Como por encantamiento medieval, pasan de ser mentirosas, aprovechadas y corruptas, a ser capaces de poner cara de "yo no fui aquel que fui", y sentarse en las mesas y foros más conspicuos porque el espacio de la tregua allana las asperezas morales.

El futuro inmediato de México debe estar en manos de la sociedad civil.

No se entiende un cambio para mejorar si continúa la clase política gobernando los destinos del país y haciéndonos creer que sólo ellos pueden y que sus temas son lo importante y por ello inundan de declaraciones, descalificaciones y ofensas los medios de comunicación, que rápidamente los compramos y como caja de resonancia hacemos eco como si esos realmente fueran los temas importantes.

La clase política es y será un lastre para el funcionamiento del país.

En más de una ocasión hemos insistido en estas mismas páginas que no se ve en la historia reciente del país algún político que efectivamente haya contribuido a aportar una mejora sustancial a la vida nacional.

Los políticos de todos los partidos desde el poder y fuera de él son iguales; personajes en busca de sus particulares intereses dispuestos a conseguirlos, aunque en ello se lleven a correligionarios, amigos y hasta sus propias familias.

Ahora la decepción y enojo que provoca ya la 4T de López Obrador y sus seguidores en Morena parecen poner la mesa para que lo que siga ya no sea la alternancia, sino la efectiva llegada de la sociedad civil al poder.

Pero cómo, dónde esta el guapo o la guapa que puedan hoy liderar un movimiento con legitimidad y credibilidad para hacer contrapeso a los políticos y sus partidos.

No se ve por dónde.

Usted y yo sabemos que existen cientos de miles de conspiradores civiles opositores al actual régimen que se comunican y manifiestan todos los días en miles de chats de WhatsApp compartiendo ideas, reflexiones y sugerencias de cómo construir un México mejor.

Es una masa fantástica. Fundamentalmente la clase media.

Pero no hay unión: aunque piensan igual, anárquicamente marchan en solitario.

El reto, pues, no está en encontrar a ese guapo o guapa que lidere un movimiento, sino en hacer coincidir ese universo de chats de conspiradores y ponerlos en sincronía marchando en una sola dirección.

Es un tema de Networking, dirían los nuevos pensadores utilizando este neologismo que significa poner en contacto y hacer coincidir a distintos ecosistemas en este caso de opositores.

Si se consigue que esa gran masa se conozca y comparta las ideas básicas de cómo mejorar en el corto plazo la vida publica del país, el movimiento en sí habría de arrojar a esos líderes que hoy son necesarios.

Sólo habría que cuidarse de la injerencia de políticos, ex políticos y aspirantes a políticos para quienes, como se vio en la gigantesca marcha del 26 febrero, los movimientos de la clase media son una suculenta presa y hábilmente se colaron a pesar de tener pasado, presente o futuro en la clase política.

Blindar a la sociedad civil de la voracidad política.

El partido Movimiento Ciudadano, que hasta ayer se auto promovía como la tercera vía, decidió bajarse de las contiendas electorales de Coahuila y Estado de México. En una extraña comunicación donde dicen que las elecciones están pactadas previamente entre el PRI y Morena (en su lógica la decisión del Verde y PT de no ir en alianza en Coahuila es para que gane la oposición) y en la que se quejan de que las dos coaliciones en el Estado de México han violado sistemáticamente la ley, la dirigencia de MC informa que ha decidido bajarse de ambas elecciones.

Los argumentos son, por decir lo menos, falaces. La caída en las encuetas de las candidaturas naranjas en ambos estados era más que evidente como resultado de la polarización. La famosa 3a. vía no estaba funcionando ni siquiera en Coahuila, donde, en principio, la dispersión de los partidos de la alianza oficial hacia más viable un opción no alineada. No sucedió. Explicar la caída en la intención de voto naranja sólo a partir de que la coalición opositora va adelante en una elección y la oficial en otra es difícil de sostener.

La pregunta de fondo es si gana algo MC no participando en las elecciones de 2023, y más aún en qué abona esa estrategia de cara al 2024. La decisión parece francamente suicida. El riesgo de no sumarse a la alianza opositora en este año era llegar al siguiente debilitados, con un peso específico menor. Bajarse ahora no "congela el precio", sino que provocará una caída mayor de la marca a nivel nacional.

Si MC va con candidato propio en la elección para presidente la polarización podría sacarlo de la jugada. De acuerdo a la última encuesta de El Financiero, MC no levanta ni con un candidato prestado: con Marcelo Ebrard apenas llegaría al 11% de la intención de voto, por debajo del PRI y el PAN. Los naranjas solos en una elección nacional de 2 polos corren el mismo riesgo que lo que les sucedió en las elecciones estatales de este año ¿A qué juega entonces MC con esta extraña decisión?

Los mal pensados sugieren un pacto con López Obrador para conservar el Estado de Jalisco y la alcaldía de Monterrey a cambio de no participar en la coalición opositora. Eso sería hacer exactamente lo mismo que están criticando en el comunicado, lo cual en política es muy probable. Sin embargo, eso no implicaría bajarse de las elecciones del 2023. Otra explicación es que se trate simple y sencillamente de un suicidio por ceguera política, de un error producto del ego desmedido de quienes toman las decisiones, algo que en política es mucho más habitual de lo que parece.

Desde el otoño del año pasado todo estaba amarrado: Juan Zepeda se retiraría de la contienda, MC no postularía candidato, y a cambio, la alianza le daría el control del corredor Neza-Ecatepec, que es mucho más que un par de municipios: implican 1.7 millones de habitantes (equivalen a Quintana Roo) con un presupuesto global que ronda los 10,000 millones de pesos.

La obra de teatro estaba ensayada... pero salió todo mal: Zepeda se retiró de la contienda pero no tuvo sabor a declinación: el comunicado de anuncio de MC acusa al PRI de aliarse con Morena y de haber entregado el Estado de México a cambio de Coahuila. PRIMOR, les dice.

La actitud del gobernador Del Mazo abona a esta narrativa: al 1er. reclamo del coordinador de campaña de Delfina Gómez sobre el papel del vocero del gobierno mexiquense, lo corrió. Como si López Obrador no se metiera en la campaña. Si Del Mazo no ha entregado el estado, es mala estrategia que eso parezca.

Circuló que el mandamás del PAN mexiquense, Enrique Vargas, estuvo buscando apoyo morenista para ser líder del congreso local. Si el gobernador (cabeza del PRI estatal) titubea, Vargas (cabeza del PAN) titubea más.

La candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, Alejandra Del Moral, publicó un video descafeinado que no supo a celebración tras el anuncio de Juan Zepeda.

Si MC se retiró de las 2 elecciones a gobernador es porque no fue capaz de construir candidaturas atractivas. Su comunicado explora una óptica creativa: nos salimos para que no nos acusen de dividir el voto, de ser comparsa. La realidad es que MC casi está muy abajo en las encuestas. Si trajeran 20% no estarían saliéndose de nada. En Edomex, Zepeda no hizo campaña. Él y su gente operaron desde un inicio a favor de Alejandra Del Moral.

El cálculo priista es que 8 de cada 10 votantes de Zepeda se pasarán a Alejandra del Moral y sólo 2 se irán con Delfina Gómez. No todas las encuestas coinciden con estos datos.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, contraatacó a MC: cobardes, les dicta Morena, no tienen valor...

Así que parece que por un lado va el gobernador y por otro la dirigencia nacional del PRI. Así como por un lado va Zepeda y por otro la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano.

Como en la comedia de pastelazos: el betún termina estrellado en la cara equivocada.

Tanto en el terreno gubernamental como en el partidista, Movimiento Ciudadano (MC), del cual Jalisco es uno de sus indiscutibles bastiones, y la 4T y su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no dejan de enviar señales de que no sólo hay una tregua, sino crecientes posibilidades de ir en una eventual alianza, formal o de facto, de cara a las elecciones federales y estatales del 2024.

En el caso de Jalisco, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro han pasado de una relación inicial de abierta confrontación y conflicto a una de mayor entendimiento y cooperación presupuestal de la federación al estado.

Una clara muestra de esta etapa de mayor comunicación fue lo ocurrido en la visita de este fin de semana de López Obrador a Jalisco, en la que recorrieron juntos las obras de la Presa El Zapotillo, sitio al que hace apenas 2 años los pobladores pidieron al presidente acudir solo; o el buen trato que recibió el mandatario estatal en el acto en la base militar de Zapopan al que lo invitó el presidente con los servidores de la nación y los empleados públicos de la delegación federal de la Secretaría del Bienestar y de la paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), sin duda, donde está el voto y el sector más duro del morenismo en Jalisco.

Pero el presidente también ha tenido expresiones de apoyo y cercanía con el también gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García, a quien ha respaldado en su conflicto político con el congreso estatal que lo quiere desconocer, a lo que el mandatario le ha correspondido con sus asistencia a la resucitada Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con la abrumadora mayoría de 22 mandatarias y mandatarios estatales postulados por Morena.

La mayor muestra de comprensión y generosidad de MC al morenismo, y por ende al presidente, vino ayer con el anuncio que hizo el líder nacional naranja, Dante Delgado, de que su partido se bajaba de los comicios en Coahuila y el Estado de México.

Sabedor de que en Coahuila no tenían posibilidad alguna e incluso tenían el riesgo de no salvar su registro, y que en el Edomex, el senador emecista Juan Zepeda se estaba quedando atrás por la polarización de la contienda entre Delfina Gómez, de Morena-Verde-PT, y de Alejandra del Moral, de PAN-PRI-PRD-NA, Dante decidió no jugar pese al perjuicio que puede sufrir MC al perder impulso electoral para el 2024.

Esta decisión fue más que bien vista en Morena, sobre todo en el Edomex, donde Zepeda haya podido arrebatarles votos sobre todo en el municipio de Neza donde tiene una amplia franja de simpatizantes.

Lo que habrá que ver es cuánto afecta este cálculo naranja a su discurso de ser la 3a. vía para no aliarse a PAN-PRI-PRD para la elección presidencial, o de plano el bloque opositor los termina de tildar como los esquiroles de Morena.

Hay una biempensantía mexicana que abandonó hace tiempo el barco obradorista -algunos por genuina decepción, otros porque no les hicieron caso- y que empieza a nutrir las filas de la resistencia democrática conforme el régimen les deja claro con la destrucción del INE que no era broma eso de mandar al diablo las instituciones. Democratinskys, coreanos del centro, nopodíasabersistas, deliberados, abremáslosojos, y en general mucha de esa progresía activista joven que el neoliberalismo becó en el extranjero y que luego regresó con la noble intención de darle una sacudidita de justicia social al sistema promoviendo el ascenso de un humilde líder comunitario. Nadie es dueño de la oposición y entre más, mejor. Así que bienvenidos sean.

Sin embargo, los arrepentidos traen consigo una serie de taras que hay que desmontar y de las que hay que estar atentos porque son precisamente las que los condujeron a las fauces del Licenciado y que ahora pueden perjudicar al esfuerzo opositor y su ya de por sí oscuro panorama.

No sorprende a nadie que la gran mayoría de los contritos sean de izquierda y suscriban el cuento insostenible de que ese lado del espectro es por antonomasia moralmente superior a la derecha. Sin embargo, la dicotomía entre izquierda y derecha ha perdido utilidad en el mundo actual que se debate entre democracia y autoritarismo sin distingos.

Por ello, no importa mucho si la coalición opositora es encabezada por un personaje cargadito a la derecha sino que sea demócrata.

Preferible una derecha democrática que continuar con una izquierda antidemocrática.

Además de al personaje en sí, en una coalición plural los arrepentidos tendrán que aguantarse las ansias de no ver un robusto programa de políticas públicas escandinavas.

Cuando la democracia está en juego no hay mucho espacio para que las consignas sean demasiado complejas ni quisquillosas. Con todo, tendrán que convivir con diversos grupos -algunos de ellos acérrimos adversarios ideológicos- y tolerar el terrible pecado de unir manos con quienes en otros temas menos cruciales consideran unos fachos irredimibles.

La dicotomía entre izquierda y derecha ha perdido utilidad en el mundo actual que se debate entre democracia y autoritarismo sin distingos.

Más allá del lado en que se coloque el eventual candidato, estos fariseos deben estar preparados para que no sea ni la mitad del Abraham Lincoln que quisieran, como tampoco lo serán muchos de los que lo acompañen en la coalición: diputados, senadores, gobernadores y munícipes. Como dice el clásico: "con estos bueyes hay que arar".

Eso no significa que debamos conformarnos con cualquier buey, sino que hay un universo limitado de bueyes del cual hay que intentar escoger a los mejores.

Si estamos esperando toros de Miura donde no hay, tampoco habrá arado. Como le dijo Joe Biden a sus respectivos puristas cuando enfrentaba a Trump: "No me comparen con Dios, sino con la alternativa".

El purismo ciudadano esconde algunas obviedades. La 1a. es que hacerle fuchi a los partidos políticos es suscribir el estigma del Licenciado. Una de las principales razones por las que ha sido exitosa la ola demagógica global que ha empoderado a los famosos outsiders es precisamente el discurso antipartidista.

El purismo ciudadano extremo conduce al populismo, aunque sus apologistas no lo sepan y aunque los partidos se hayan ganado el desprecio a pulso.

Con todo y todo, la presión ciudadana inteligente debe enfocarse en fortalecer a los partidos, no en tirarlos a la basura.

Además, cualquier neófito en política sabe que es virtualmente imposible organizar una coalición exitosa sin políticos profesionales. La sociedad civil no puede prescindir de los partidos y los partidos no deben prescindir de la sociedad civil.

Por último, hay que desmontar a la triste, deslactosada, desabrida, aunque muy cómoda y siempre segura Corea del Centro; ese sitio donde uno puede vivir sin arriesgarse, abrigado por un aparente manto de neutralidad.

En normalidad democrática, el centro desde luego es lo más loable: ese gran crisol de pluralidad donde confluyen las ideas moderadas y que orilla a los radicales a los confines. Ahí siempre se ha ubicado el liberalismo democrático, luchando en 2 trincheras contra fachos y commies. Pero cuando la democracia está en juego, el centro no es una opción moral. Equiparar a ambos lados -el que quiere destruir a la democracia y el que quiere defenderla- es darle un tamiz de aceptabilidad al autoritarismo.

Nuestra oposición no da para arreglar el desastre obradorista en 6 años; pero sí para impedir que cuaje en un autoritarismo transexenal.

Adam Przeworski define a la democracia como un sistema donde los partidos pierden elecciones. La encomienda de la oposición en esta coyuntura es que esa definición de democracia siga siendo posible en México.

Lo que suceda después es problema de otro momento. Mientras tanto, garanticemos el piso mínimo: poder seguir cambiando de gobernantes, una perlita de libertad de 25 años en 200 de autoritarismo.

¿Puede haber un 2024 sin un 2023? Según el presidente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, sí. El experimentado político decidió que su partido no participará en la contienda por las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México este año, ni formará parte de ninguna alianza de oposición en las elecciones presidenciales del próximo. Dicen sus cercanos que es para que no se desgasten y lleguen con mucha fuerza a 2024. Otros piensan que está cocinando una traición a favor de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

MC se convirtió en una fuerza electoral atractiva desde 2012, cuando obtuvo 7 diputados uninominales. Comenzó a llamar la atención por sus pegajosos jingles, que hicieron que el electorado volteara a verlo y no olieran a naftalina el partido ni encontraran lastres visibles como en el resto de los partidos. Delgado, que es un muy buen estratega, reclutó a Enrique Alfaro ese año, quien primero ganó la presidencia municipal de Guadalajara, y en 2018 la gubernatura. En 2017 apostó por un millennial, Samuel García, a quien llevó a una senaduría y en 2021, a la gubernatura de Nuevo León. En ese año también estuvo a punto de conquistar la gubernatura de Campeche.

En la pesca, convenció a otro millennial con nombre de calle, Luis Donaldo Colosio Riojas, para ser diputado local en Monterrey y luego, en 2021, lo llevó a la presidencia municipal de Monterrey, con lo cual, aunque en menor jerarquía que los gobernadores Alfaro y García, lo catapultó a ser el mejor posicionado de Movimiento Ciudadano para la contienda presidencial en 2024. Una encuesta de Buendía&Márquez publicada ayer, lo ubica como el 3er. político más conocido hoy en día, con 59% de reconocimiento de nombre, 7 puntos debajo de Marcelo Ebrard, y a 3 de Miguel Ángel Mancera.

Sin haber declarado en ningún momento su interés por la Presidencia y con un bajo perfil político, está 2 puntos arriba de Claudia Sheinbaum, cuya inversión en promoción en los 5 últimos meses ha sido motivo de escrutinio, polémica y quejas. Su nombre es una marca, al cargar sobre sus hombros la imagen mítica de su padre, que fue candidato presidencial en 1994 hasta el 23 de marzo de 1994, cuando fue asesinado en Tijuana.

Movimiento Ciudadano no solo tiene en él un potencial candidato a la Presidencia, sino a otros 2 en la lista de 14 aspirantes identificados en la encuesta, Alfaro y García. Lo interesante es que, pese a ser un partido del 2o. tier, cuenta con 3 contendientes en el imaginario colectivo, que no los tiene el PAN, ni el PRD. Solo se equipara al PRI, y cuenta con uno menos que Morena. En el mundo de las percepciones, el partido naranja tiene músculo.

De la mano de Delgado, Movimiento Ciudadano tuvo un fuerte brinco en votos de 2012 a 2018, cuando obtuvo 17 diputados uninominales, lo que lo convirtió en un partido que podría tener incidencia en elecciones competidas e incluso definir el resultado. En aquella elección, donde fue en alianza con el PAN, obtuvo el 7% del voto, lo que le dio 26 diputados y 8 senadores, además de 145 ayuntamientos. 3 años después, con una estrategia que ha utilizado Delgado en elecciones intermedias, Movimiento Ciudadano fue solo a los comicios, donde el número de diputados se desplomó a 7, pero superó al PRD, el PT y el Verde en número de votos, que contribuyeron a tener una mayor presencia territorial.

Si se siguiera con la costumbre, Movimiento Ciudadano iría en alianza en las elecciones federales del próximo año, pero Delgado ha dicho que no formará coalición con nadie y que su partido irá con candidato propio a las urnas. Su actitud ha levantado cejas y generado dudas sobre qué es lo que tiene realmente en la cabeza y qué busca finalmente el sazonado político, sospechas que se incrementaron al no hacer precampaña en Coahuila ni en el Estado de México. En Coahuila no tenían una figura que pudiera ser competitiva, pero en el Estado de México estaba Juan Zepeda, un exitoso político perredista que obtuvo el 17% del voto en las elecciones para gobernador en 2017, y que en alianza con el PAN y Movimiento Ciudadano, obtuvo en 2018 la primera senaduría por mayoría.

Para la oposición a Morena en el Estado de México, en alianza o solo, la participación de Zepeda es importante, al estimarse entre los expertos que si fuera solo por la gubernatura, le quitaría unos 6 puntos a la candidata oficialista Delfina Gómez, y solo 2 puntos a la abanderada de la alianza PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, suficientes para tener una contienda con final de fotografía o incluso ganar, al sumarse los apoyos de Movimiento Ciudadano.

La decisión de Delgado de no hacer campaña en territorio mexiquense sorprendió e inconformó en Movimiento Ciudadano. Zepeda ha estado recibiendo mensajes de figuras prominentes del partido ofreciendo su apoyo para que compita por la gubernatura y ganar electores que permita a Movimiento Ciudadano llegar con una mejor posición al 2024 y mayor fuerza para negociar con otros partidos. Zepeda dijo antes de iniciar la precampaña que se registraría, pero no lo permitió Delgado. Hoy afirma en privado que se va a lanzar por la gubernatura, lo que despierta dudas de si habrá una ruptura interna con Delgado o éste modificará su posición.

No hay 2024, si no existe el 2023. La encuesta de Buendía&Márquez señala que si hoy fueran las elecciones presidenciales en una contienda de 2 bloques con Movimiento Ciudadano dentro de la alianza opositora, quedarían a 15 puntos de Morena. Aunque estos números se irán modificando en la campaña, le dan un argumento a Delgado: si aun con Movimiento Ciudadano no ganan la elección presidencial, ¿no es mejor ir solos y con esos votos ganar más posiciones legislativas?

Esta aritmética electoral quizás favorecería a Delgado y a Movimiento Ciudadano, pero descalificaría su discurso anti-López Obrador y desataría más sospechas que le está haciendo el trabajo sucio al presidente.

Se sabe desde hace tiempo que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, tiene la ambición de ser candidato a la Presidencia de la República y el sábado pasado volvió a destaparse al presentar una conferencia ante la organización Confío en México, una Agrupación Político Nacional que encabeza Salvador Cosío Gaona.

Un mensaje pretencioso y grandilocuente que trata de vender la idea de que "Jalisco tiene rumbo" y que por tanto el futuro del país se definirá desde este estado. Así lo dijo Alfaro: "Hoy en México es importante que la reflexión vaya más allá de presumir lo que nosotros consideramos logros de gobierno para entender lo que es la idea de rumbo y lo que ha costado darle rumbo al estado", dijo y añadió. "Hemos podido establecer una agenda de entendimiento y trabajo que va más allá de la lucha electoral y que cuando llegue el momento estoy seguro que Jalisco va a levantar la voz, va organizarse y desde Jalisco se va a construir el futuro de México".

¿De dónde y por qué surge este discurso? Surge de la falla que tuvieron sus otras apuestas discursivas que ha tenido Alfaro en sus 4 años de gobierno. Su 1a. apuesta por la llamada Refundación es un discurso que jamás prendió o se entendió en la opinión pública; pero lo mismo ocurrió con su apuesta por la defensa del estado ante el centralismo y la apuesta por el federalismo; y finalmente, pese a cuantioso gasto en una consulta sobre el tema, también fracasó su apuesta por la renegociación del pacto fiscal. Todos estos discursos pretendían dar rumbo a su gobierno y al mismo tiempo posicionarlo como un líder opositor nacional frente al gobierno de la 4a. Transformación. Ninguna de estas apuestas por un discurso político le ha funcionado al gobernador de Jalisco.

Frente a los fracasos discursivos y anteriores, Alfaro y sus asesores ahora elaboraron un discurso en torno a la idea de que el de Jalisco es un gobierno exitoso, con rumbo y que este éxito se puede exportar a escala nacional, vendiendo al político de Movimiento Ciudadano como candidato presidencial.

Lo que Alfaro vende como "logros de gobierno" es la apuesta por un modelo económico que facilita los negocios de la iniciativa privada y que supuestamente ha logrado crear empleo, consolidar las empresas exportadoras y presumir que Jalisco es potencia agro-industrial. Dejemos de un lado, por ahora, todos los pasivos sociales y ambientales que deja este modelo de economía de exportación y de enclave.

Para cumplir su ambición de ser candidato presidencial, Alfaro debe lidiar antes con una contienda política interna, donde primero tiene que sortear al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y luego superar en intención del voto a Luis Donaldo Colosio Riojas y Samuel García. En este momento todas las encuestas colocan a Alfaro por abajo del alcalde de Monterrey y del gobernador de Nuevo León. Y está muy por debajo en intención de voto de las 3 "corcholatas" de Morena.

Pero el principal reto que debe sortear Enrique Alfaro es convencer a los jaliscienses y a los mexicanos de que Jalisco tiene rumbo y por tanto, desde aquí se puede cambiar el rumbo de México. ¿Cómo puede hacerlo si no ha podido siquiera lidiar con los problemas más urgentes que aquejan a la sociedad jalisciense como las desapariciones, la crisis forense, los feminicidios, la violencia criminal, la violación de los derechos humanos, un aparato de procuración de justicia infiltrado por el crimen organizado, un gobierno sin división de poderes, un modelo partidista y político basado en el clientelismo, el uso electoral de los programas sociales y la asociación entre empresarios de la construcción y el partido gobernante?

Jalisco no es un estado con rumbo y su actual clase gobernante no tiene méritos ni éticos ni políticos para decirle al resto de los mexicanos hacia donde definir el futuro del país. Al contrario, en este momento Jalisco es justo lo opuesto: una muestra de lo que no debe pasarle al resto de la nación.

La marcha del 26 de febrero sólo podrá ser considerada exitosa si se traduce en un cambio de paradigma y criterios de actuación de los partidos políticos. Es decir, en el corto plazo, por supuesto que lo deseable es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decrete la suspensión o definitivamente, el carácter inconstitucional de las reformas que en materia electoral ha aprobado el Congreso de la Unión en este 2023.

Sin embargo, ese es sólo uno de los elementos fundamentales para nuestra democracia; otro, que me parece aún de mayor relevancia, pero que requiere del anterior de manera necesaria, es la generación de un quiebre en el monopolio y secuestro de las candidaturas por parte de las dirigencias de los partidos políticos, lo cual los ha colocado en niveles ínfimos de aprobación y confianza popular.

En efecto, lo esperable después de la marcha es que esta misma semana las dirigencias de los partidos de oposición establezcan un compromiso real respecto de que, en 1er. lugar, se harán a un lado y, en 2o. lugar, que renunciarán a la designación de candidatas y candidatos que no sean auténticamente ciudadanas y ciudadanos que estén libres de cualquier vínculo con grupos de interés ya sea, nacional o local.

Quizá esta medida pueda parecer utópica, pero sería una de las pocas posibilidades que tiene nuestro país de regresar a una vocación profundamente democrática, dando cause a la formación de una nueva generación de líderes sociales capaces de arraigar la cultura democrática en nuestro país; defender auténticamente los intereses de la nación, así como garantizar el tránsito del presidencialismo vertical que se impuso desde 1917 y que se ha mantenido a lo largo de más de 100 años hasta nuestros días, en medio de peligrosas pulsiones autoritarias.

Se trata de la construcción de nuevos liderazgos públicos que, con base en la autoridad intelectual y moral (ambas simultáneamente), permitan avanzar hacia el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, en términos de garantizar elecciones libres y transparentes, con base en un sistema de partidos políticos competitivo y creíble.

De manera preocupante, la exigencia de reconciliación, diálogo y democracia que hacen las actuales dirigencias de oposición al titular del ejecutivo federal, son poco creíbles, pues al interior de sus institutos políticos reproducen las prácticas que critican, descalificando e intentando incluso la aniquilación de la disidencia y posturas contrarias a las negociaciones, posturas y declaraciones públicas que emiten todos los días como representantes partidistas.

Desde esta perspectiva, la marcha del 26 de febrero ha sido un éxito en el sentido de mostrar que sí hay una ciudadanía consciente de la relevancia de defender a la democracia y a sus instituciones.

Pero su alcance corre el riesgo de convertirse en una mera manifestación multitudinaria de descontento en las calles, si no encuentra eco en una actitud responsable y con la altura de miras que exige nuestro momento a las dirigencias partidistas; las cuales, si asumen que esta marcha es un signo de respaldo a su trabajo, estarán contribuyendo al hundimiento del país en más mediocridad y en la posible antesala de nuevas formas de regresiones antidemocráticas.

México no puede perder la oportunidad de construir una nueva cultura de civilidad política, en la que la disputa no sea por la defensa de intereses de facciones cuasi mafiosas, sino en torno a la mejor manera de cumplir y hacer cumplir la Constitución. La energía social ha quedado demostrada; la vocación democrática de millones es fehaciente. La palabra la tienen ahora, sin embargo, las dirigencias de los partidos políticos. Está por verse de qué están hechos.

Mi objetivo es el enriquecimiento lingüístico de la comunidad de hablantes nativos de Jalisco, por medio de la descripción y definición lexicográfica de un nuevo verbo: alfarear. Veamos.

De entrada, el alfareo acepta diferentes acepciones. Significa, por ejemplo, salirte de tus cabales inapropiadamente, causando estragos a los más cercanos: "Mi jefe alfareó durísimo, ahora trabajaremos el doble". Dícese también del que alfarea por "cabezón", terco u obstinado.

Este verbo también es un "jaliscismo" que enuncia cierta condición del sujeto cuando se inhibe ante la realidad, la manipula o la niega. Por ejemplo: "No quieras alfarear: este asunto aún no está resuelto" (el magnicidio "resuelto" de Aristóteles es ejemplo vivo de esta manifestación). Aquí se toma como equivalente de engañar con gran señorío y cinismo, engatusar hábilmente o falsear con picardía y a conveniencia ciertos resultados. Otra acepción sería: "Déjame alfarear un poquito estas cifras". En este caso el verbo alude al ajuste o maquillaje de datos objetivos para que nos favorezcan.

Para completar la lección del verbo alfarear hay que enunciar uno de sus rasgos más distintivos: el victimismo. "Cirilo alfarea cada vez que le llaman la atención". Es decir, se tira para que lo levanten, dirían las abuelas; se hace la víctima, huye hacia adelante. Esta acepción también alude a una postura antipática, en el sentido de falta de empatía, con las verdaderas víctimas.

Ahora, ¿cualquiera puede alfarear? O se necesita alguna cualidad o condición específica. La acepción es generosa y abarcadora: todos podemos alfarear.

Sin embargo, el verbo exige obligatoriamente un sujeto animado y humano. Ni las piedras ni las plantas ni las mascotas pueden alfarear; sólo alfarean los seres humanos. Por tanto, un animal en el sentido literal, no alfarea, aunque en sentido figurado la rusticidad del reino animal favorece el alfareo.

Prosigamos. ¿El alfareo es contagioso? Sí. Hay indicios de que en círculos encapsulados en la ficción del poder es tremendamente contagioso. Sobre todo cuando se desea la aprobación del grupo y el jefe. Obsérvese esta expresión: "El otro día fulano alfareó durísimo, pero el jefe está muy contento". O esta otra alocución: "Mengano ya alfarea sin que se lo pidan".

La flexibilidad del vocablo acepta otros usos. Por ejemplo, cuando alguien se coloca en la frontera entre la irritación infundada y la incontinencia emocional: "Alfareó de más". Es decir, habló de más, y su desparpajo lenguaraz generó consecuencias o críticas.

Otros usos generales para la voz: una persona puede "andar alfareando últimamente" si reúne una o más características de las antes aludidas. También se puede usar el coloquialismo: "Ya dio el alfarazo" cuando se vive en el pasado o se ha perdido el hilo de la realidad. De hecho, una relación puede terminar porque el otro o la otra alfareó: "Te perdono todo, menos que hayas alfareado".

El verbo alfarear no se trata de un vocablo superfluo. Describe con admirable precisión (y preciosidad) un aciago momento de nuestra realidad local.

La riqueza, complejidad, variedad de matices y su elasticidad lo convierten en una invaluable aportación lingüística de Jalisco para México.

Pues fuera de todo tiempo razonable, nuestros señores y señoras diputados, tanto federales como locales, han decidido hacer declaraciones estruendosas por la novedad que implican pero que, por lo mismo, son necesariamente falsas.

Así, los diputados federales para cubrir el desaseo con el que manejaron el "Plan B" del señor Presidente, aunque con él deben haber quedado muy bien, lo cierto es que para la raza pelona se vieron como lo que son: una bola de arrastrados, lame botas, sin sentido de dignidad, aunque hay que reconocerles un buen olfato de nómina, que barbearle al casi-todopoderoso da buenos resultados. Porque el señor ha probado ser muy amigo de sus amigos y lo ha demostrado, por ejemplo, con el licenciado Bartlett, que si bien hay que reconocerle que sabe mucho de elecciones, es notablemente despistado respecto a sus relaciones personales, pues, distraído el muchacho, no sabe quién es su pareja y como no es interesado, no parece saber de cuántos bienes terrenales es propietario; con la ministra, que sus calumniadores dicen que en la prehistoria se robó una tesis -como si eso fuera gran cosa- y el que la acusó, según el mandatario, era mucho más ladrón y no se bañaba; y qué decir del señor de las ligas o de sus hermanos, que recibieron firulilla para la causa, o del muchachazo, casado con rica -gracias exclusivamente a su belleza- que lo tiene viviendo como mago en una residencia en Houston y que los malditos conservadores, que son unas ratas almizcleras, que fueron por Maximiliano para gobernar y más antes los tlaxcaltecas se aliaron con los pin... españoles para derrotar a los aztecas, además de ser vociferamentativos e hijos del 7 de bastos.

Pues los señores y señoras diputados federales has descubierto que por estar haciendo lo que les manda el amo (en lo que tienen razón y todos, de poder hacerlo, barbearíamos como ellos), han olvidado satisfacer la necesidad física de la diarrea legislativa que los agobia, porque hay miles -y no es exageración- de leyes pendientes de dictarse; lo que yo no sé qué leyes dictarán y para qué, habiendo bajado los delitos como han bajado.

Y las chicas, que son mayoría en el Congreso de Jalisco, pero también los legisladores, descubrieron por un estudio que mandaron hacer, que el congreso podría funcionar sin mucho esfuerzo con la mitad de gente, haciéndose tarugos en cuanto que los 600 excedentes quedan incluidos en el sector de novios, novias y movidas de pasados tribunos y no han dicho si lo que quieren es quitar a los actuales para meter a los propios o si nada más quieren quitarlos porque toca quitarlos. Sin embargo, las casas de apuestas han dicho que estas se encuentran 99% a que no lo lograrán y 1% a que no lo harán.

Así que usted tiene la palabra y haga sus apuestas.

¿Qué les pasa Marko, Alito, Zambrano y Dante?

¿Qué han hecho ustedes para defender una oposición unida? ¿Cuándo han organizado una manifestación con todos los miembros de sus partidos? ¿Cuándo han hecho una conferencia nacional en todos los medios para divulgar que realmente están unidos en un solo frente?

¿Y dónde estaban el 13 de noviembre del 2022?

Creo entender que sus egos y complejos no los han dejado entender que su gran negocio está a punto de quebrar. Si los morenistas logran eliminar al INE, sus partidos se van a quedar sin el sistema mediante el cual reciben millonadas de pesos anualmente. Ya no tendrán exposición en los medios de comunicación masiva. Se les van a acabar sus comilonas gratis, choferes, guaruras, asistentes y viajes... y sus transas con el dinero que reciben de los impuestos que pagamos los que trabajamos.

Lo que, sí van a ganar, es el repudio de todos los mexicanos por no haber hecho nada para evitar la desaparición del único ente que los y nos defiende. El INE.

Ustedes 4 van a ser los responsables del éxito o fracaso de la oposición, porque son los que tienen los fondos y los medios para defenderlo.

Además, si por su culpa fracasa la oposición, serán recordados como los verdaderos traidores a la Patria.

¡Ustedes podrían parar la destrucción del México libre y vanguardista! Si no lo hacen, quedará para la historia que los que vendieron a la patria no fueron los morenistas...

Fueron ustedes 4.

Lo dijo así: "Lo que yo invito a la gente es que entienda que no hay nada a qué venir a hacer a la puerta de Casa Jalisco, pero siempre estará el gobierno con la disposición de respetar el derecho a manifestarse. Si lo que se quiere es información están las oficinas de la Fiscalía para atenderlos, si lo que se quiere es la nota de los medios, pues está aquí a disposición la calle, pero creemos que hay mejores maneras de poder atenderlos". Sí, es el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, el mismo que hace unos días dijo que el gobierno nada tenía que ver con los feminicidios.

Trato de entender. Lo que el gobernador nos quiere decir, o más concretamente, lo que le quiere decir a los familiares de los desaparecidos, es que lo más que puede hacer el gobierno por ellos es darles información. Por eso los remite a la Fiscalía del Estado. Hay algo, sin embargo, que no me cuadra. Él cree que los familiares de los jóvenes desaparecidos quieren "nota", es decir, hacerse notar, aprovechar una tragedia familiar para golpear al gobierno. Me cuesta trabajo entender que alguien, en este caso el gobernador, piense que el reclamo por las desapariciones o feminicidios se trate de él, que el problema no es el dolor de las familias, sino que los opositores se cuelguen de eso para criticar al gobernador en turno. Será porque él lo hizo cuando era candidato. El 15 de abril de 2018, a propósito del asesinato del alcalde con licencia de Jilotlán, increpó así al entonces gobernador, Aristóteles Sandoval. en su cuenta de Twitter: "Su gobierno ha sido un rotundo fracaso. Si no puede, deje su cargo".

Si las familias le reclaman a él es porque es el gobernador; si lo hacen frente a Casa Jalisco es porque él no va a Palacio; si exigen, imploran, hablar con él es porque no han encontrado respuestas en otras dependencias. La Fiscalía hace lo que puede, y seguramente el gobernador también, pero claramente no es suficiente y eso es justo lo que hay que discutir. Estamos entre los estados con más violencia, somos el estado con más desaparecidos y el porcentaje del presupuesto destinado a la seguridad es de los más bajos del país.

Qué bien que festejemos los 200 años de que Jalisco se declaró como estado libre y soberano; qué bien que se festeje con una pelea del "Canelo"; qué bien que Jalisco genere tantos empleos. Aunque, pensándolo bien, ¿qué tiene que ver el gobierno con eso?

No. No somos soberanos mientras haya territorios donde manden poderes distintos a los que los jaliscienses elegimos democráticamente. No. No somos libres mientras haya personas levantadas y desaparecidas contra su voluntad. La pelea está en otra parte. Quizá sea eso y sólo eso lo que le quieren decir al gobernador los manifestantes frente a Casa Jalisco.

Polémico como es, el gobernador de Jalisco sumó otra raya más a su traje al anunciar el lunes pasado que el pugilista profesional Saúl "Canelo" Álvarez volverá a pelear en Guadalajara, tras 11 años de no hacerlo.

Apenas lanzó este anuncio se desató la polémica: quienes defienden un espectáculo, como lo es una pelea de box profesional, y entre quienes piensan que en el estado hay asuntos más importantes que atender antes que promover un evento de entretenimiento masivo. Soy de estos últimos.

Tras desatar la polémica, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez planteó algunas precisiones ayer en sus redes sociales. Por una parte, sostuvo, el Gobierno de Jalisco no pagará ni será promotor de la pelea, pues la organización del combate estará a cargo de una empresa privada. Para afirmar este punto, el titular del ejecutivo estatal añadió que incluso el campeón de box estuvo dispuesto a sacrificar una parte de sus ingresos por pelear nuevamente en Guadalajara.

Lo que sí hará el Gobierno de Jalisco, informó, será comprar 10,000 boletos que regalará entre algunos sectores de la población, como boxeadores, deportistas, niños enfermos de cáncer y otros grupos.

Tras aclarar esto, al final el gobierno pagará una parte del evento a través de la compra de boletos. El precio de los boletos para una pelea de box profesional como en las que participa el "Canelo" Álvarez suelen ser caros. Concediendo que el gobierno negociara un precio de descuento de entre 2,000 a 3,000 pesos por boleto, finalmente el Gobierno de Jalisco terminará desembolsando de 20 millones a 30 millones de pesos, sólo por los boletos.

Pero a pesar de que el gobernador dijo que el gobierno estatal no será promotor del evento, al menos el lunes y el martes, el propio gobernador fue el principal promotor del evento al anunciarlo en sus redes sociales en un video en el que también aparece el boxeador profesional. ¿El boxeador quien es campeón de varias divisiones del boxeo mundial está cobrando por aparecer en estos mensajes publicitarios? A menos que el "Canelo" Álvarez y el gobernador de Jalisco sean muy amigos, y aceptara participar gratis, no se puede descartar por ahora que el Gobierno del Estado también invierta recursos para convencer al boxeador de participar en este evento. Como sea, al final el Gobierno de Jalisco sí gastará dinero público en la pelea del "Canelo" Álvarez.

La pelea no es simplemente un espectáculo de entretenimiento: hay intereses políticos y de promoción personal en esta pelea de box. La publicidad y los reflectores de medios que jala por sí mismo el "Canelo" Álvarez, pretenden ser atraídos, al menos en parte, para el Gobierno de Jalisco en general y para el gobernador del estado, en particular. Desde el lunes fue notorio el pago de publicidad en redes como Facebook para difundir el video donde Enrique Alfaro y el "Canelo" Álvarez anuncian que el boxeador jalisciense regresa a pelear a Guadalajara.

Además se anunció la pelea como parte de los festejos por los 200 años de fundación de Jalisco, como estado federado de la república. Después de que el discurso por la Refundación no le funcionó, y después de que el debate por el pacto fiscal no prendió, ahora el gobernador Enrique Alfaro pretende imponer como discurso predominante la fundación de Jalisco, desde la perspectiva de libertad y soberanía. Pero es más bien un discurso y una narrativa con la que pretende colocarse como aspirante a la carrera presidencial.

Así que no es sólo una pelea de box, sino una apuesta mediática y política que busca colocar y proyectar al gobernador en los reflectores mediáticos nacionales. Y la pelea, a la vez, revela nuevamente las prioridades del actual gobierno. En un estado con múltiples y graves problemas como desapariciones, crisis forense, feminicidios, carestía y pobreza en los hogares, sistemas públicos precarios en salud y educación, el gobierno de Enrique Alfaro le sigue apostando al espectáculo, como lo demuestran un carrusel, un show de luces y ahora una pelea de box.

Por subejercicio o inconsistencias en la comprobación de gastos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones por 73.3 millones de pesos en los recursos entregados a Jalisco por el gobierno federal.

De acuerdo con el informe final de la fiscalización hecha por la ASF a los gastos realizados durante 2021, la mayor observación al gobierno estatal fue de 41.8 millones debido a fondos cuyo ejercicio no fue comprobado adecuadamente, en rubros como el pago de la nómina educativa y del sector salud.

En la revisión sobresale la devolución de recursos que no se ejercieron como una bolsa de 17.1 millones del Fondo de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para Población sin Seguridad Social y otros 18.7 millones del Fondos de Aportaciones al Sector Salud.

En el rubro de educación se señalan omisiones por las que se regresaron 6.4 millones del programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; entre otros.

También identifican inconsistencias en el uso que dieron algunos municipios a los fondos federales que recibieron.

La ciencia de la "corcholatología" preocupa principalmente a 2 sectores de la población: los políticos que buscan el poder y los políticos que quieren retener el poder. En medio hay un grupo reducido de "grillos" que ni tienen el poder ni lo van a retener pero generan ruido con opiniones grandilocuentes e impracticables: consultores, encuestadores, asesores, etc.

Fuera de este ámbito, al ciudadano promedio adivinar quién será la "corcholata" destapada del presidente o el gobernador en turno le aburre e importa un cucumis sativus (conocido popularmente como pepino).

El concepto de "corcholata" es un vocablo exhumado por López Obrador del viejo régimen priista -así se le llamó por 1a. vez a López Portillo-. Ahora todos (es decir, los políticos y los grillos) hablan sólo de "corcholatas": que si es Claudia, Marcelo o Augusto. Que si en Jalisco es Pablo Lemus, Clemente Castañeda o Alberto Esquer.

La "corcholatología" también podría definirse como la ciencia de mantener el status quo: llega al poder el que garantiza mayor fidelidad al Gran Elector, en este caso AMLO o Alfaro. En eso ambos mandatarios se parecen mucho: abrir la baraja de suspirantes a 3 o 4 sólo refuerza la posición del "destapador".

Sin embargo, hay algo que me resulta irritante en esta carrera preelectoral en tiempos ni siquiera electorales. En medio de tantos problemas sin resolver en el país y el estado, la preocupación de estos políticos es el poder, no los ciudadanos.

La política es mucho más que este despliegue de frivolidad y gasto sin auditar en redes sociales, espectaculares y mítines. Ahí veo el problema. Nos han hecho creer que la vida política de este país se reduce a 2 momentos: el barullo de la sucesión y el día en que votas.

El debate por la sucesión es como un abanico: todo mundo intenta encontrarle pliegues nuevos, pero se trata de un artefacto perfectamente diseñado para producir sólo aire y "refrescar" la idea de que vivimos una competencia democrática.

¿Esto qué provoca? Apatía, hartazgo, aburrimiento inmenso entre los ciudadanos y ciudadanas porque pase lo que pase va a pasar lo mismo. Ibargüengoitia resumió este juego de las corcholatas maravillosamente: "Pero si es difícil saber quién será el futuro presidente, es en cambio fácil saber qué es lo que va a hacer, y más fácil saber qué es lo que no va a hacer".

Todo cambia para que nada cambie.

Lo que está pasando en el Congreso de Jalisco después de publicarse el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad no huele bien.

Un solo dato: 60% de los trabajadores del poder legislativo con base no deberían estar cobrando del erario, porque sobran.

Al menos eso les recomendó el Instituto. Sin embargo, ¿quién se animará a echarlos?

De inmediato, le pasaron la "bolita" a la Junta de Coordinación Política. Y el presidente Hugo Contreras contestó que la chamba le toca al secretario general, Tomás Figueroa, porque el asunto es administrativo, no político.

Lo que él diga, se debe hacer. Sólo hay un problema: el mismo informe dice que al señor Figueroa no le hacen caso.

El Congreso enfermó gradualmente en las últimas 5 legislaturas, ningún cuerpo por joven que sea resiste ese ritmo de saqueo trienal. Por eso a pocos sorprendió el análisis elaborado por el IMCO. Las 153 páginas del documento -por las que el Congreso pagó 800,000 pesos- repiten lo que periodistas y diagnósticos gratuitos del propio IMCO e Integralia han consignado los últimos 3 lustros.

Sabemos que el Congreso de Jalisco es de los más costosos y obesos del país. Sabemos que es más caro que la Asamblea de Nueva York, que hay aviadores, compadrazgo y nepotismo. Lo sabemos. Algo hemos aprendido de ese poder opaco y desprestigiado.

Imagínense, en 2010 ni siquiera sabíamos el número de empleados en el congreso estatal. Hoy sabemos que son 1,069 burócratas y más de la mitad son innecesarios (649), según el IMCO.

¿Cómo llegamos aquí? El problema del poder legislativo está sobrediagnosticado. Lo que necesita son acciones. En el diagnóstico del IMCO hay algunas claves.

"La estructura orgánica o administrativa del Congreso de Jalisco se basa en nombramientos políticos y juegos de poder que generan incertidumbre, parálisis e ineficiencia", dice el estudio.

Y continúa: "el secretario general es nombrado por un grupo político, mientras que cada una de las áreas que dependen de la Secretaría General son nombradas -tácita o explícitamente- por diversos grupos políticos y por ende reportan a esos distintos grupos".

La operación del congreso a partir de acuerdos partidistas ha generado una crisis de gobernanza. Porque las decisiones se toman basadas en arreglos y repartos con una lógica de botín. La contratación de personal, por tanto, es para satisfacer intereses y no necesidades concretas. Cada legislatura representa un ciclo y juego de poder con distintos actores: rojos, albiazules, naranjas, guindas...

Si el legislativo, esa "institución que define a otras instituciones", es incapaz de observar la norma y aplicar un servicio civil de carrera, ¿qué esperar del resto de la administración pública estatal?

Allí asoma el origen de todos nuestros males: una cultura política enana, cortoplacista, que regatea y reduce cualquier acto de gobierno a una cuota entre cuates.

Por eso el diagnóstico del IMCO servirá para una sola cosa: como un instrumento más de golpeteo entre fracciones, repartición de culpas y negociación a partir de intereses y poderes fácticos.

Lo que el congreso necesita es un "baipás" urgente y un cambio de cultura política. El sindicato, los laudos y la falta de voluntad de las bancadas hacen imposible que el congreso recorte 649 empleados. Todo acabará en poner un poco de "orden administrativo" y patear el balón a la siguiente legislatura. La misma historia de siempre.

Desde marzo del año pasado prácticamente se han dejado de reportar los casos cotidianos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Secretaría de Gobernación.

No se debe permitir que siga esta estrategia de control de daños y de sebe exigir al Gobierno del Estado que ofrezca una respuesta global a esta crisis. Al gobernador Enrique Alfaro le encanta instalar mesas de trabajo para todos los asuntos que le parecen importantes. Así se han instalado mesas para su proyecto de la refundación, para revisar el pacto fiscal, sobre el bicentenario de la fundación del Estado de Jalisco, o recientemente para decidir si se hace un 2o. piso en la Avenida López Mateos.

No hay pretexto para no instalar otra mesa sobre los asuntos que más importan, como la desaparición de personas. Debe existir una mesa que aborde la crisis por desaparición de personas, que tenga como integrantes principales a las familias y representantes de los colectivos que se han creado en toda la entidad.

Este mecanismo extraordinario o mesa o espacio de trabajo debería sesionar al menos una vez a la semana y discutir las estrategias y los recursos necesarios para desplegar una política de búsqueda en vida eficiente, la persecución de los perpetradores, cortar las cadenas de complicidad que existen dentro de las corporaciones públicas (policías, ministerios públicos, jueces, funcionarios) y declarar a la crisis por desaparición como el problema social y político más grave del estado y actuar en consecuencia.

A partir de ahí, decidir sobre las estrategias más adecuadas para la búsqueda de personas, por ejemplo: estrategias de difusión masivas y generalizadas con fichas en empaques de productos de mayor consumo como leche, pan, boletos, espectaculares, publicidad en medios. Acuerdos con los medios de información para la difusión diaria de un número determinado de desaparecidos; creación de una brigada especial en búsqueda de personas integrada por los más aptos y entrenados; y abordar y resolver la crisis forense con un mecanismo extraordinario de identificación en la que se pida la ayuda internacional.

Los tiempos políticos hacen que las prioridades de los gobernantes se enfoquen en asuntos irrelevantes como las elecciones. Desde la sociedad civil se debe acompañar a las familias y colectivos que buscan a sus hijos ausentes para exigir y obligar que el gobierno instale este mecanismo extraordinario de búsqueda (se llame mesa o como sea) y así actuar en consecuencia dotando de los recursos humanos y financieros necesarios para atender, en serio, la crisis por desapariciones que existe en Jalisco.

La fortaleza electoral del partido Movimiento Ciudadano en Jalisco -fuera de aquí se difumina-, ¿qué tanto obedece a sus "buenos gobiernos" y qué tanto a factores externos?

Hay elementos para inferir que el mayor peso se ubica en aspectos circunstanciales: el férreo antiobradorismo local, la ausencia de oposición en el estado debido a la crisis de los partidos tradicionales y la vigencia del "bono de confianza" a los nuevos gobiernos. Ese que el jalisciense ha dado a las gestiones del PAN y el PRI con Aristóteles, pero que jamás será un cheque en blanco.

Jalisco se posiciona entre los estados más antiobradoristas de México. En la pasada consulta de Revocación de Mandato presidencial -un ejercicio de músculo del presidente- Jalisco fue la entidad con menos participación (9.1%).

En números redondos, en el ejercicio de revocación 486,000 jaliscienses salieron a votar a favor de la permanencia de AMLO. Una cifra 3 veces menor que los 1.4 millones de votos que sufragaron en Jalisco por Andrés Manuel en 2018 (son circunstancias distintas, pero lo planteo sólo de forma ilustrativa). En esa elección, 4 de cada 10 votantes se inclinaron por López Obrador, lo que le dio el triunfo en el estado.

Si a nivel nacional Morena carece de oposición ante la crisis del PRI-PAN-PRD, lo mismo ocurre en Jalisco: Movimiento Ciudadano carece de una fuerza política opositora porque Morena Jalisco opera bajo criterios tribales o caciquiles, pero no como un instituto político. La falta de contrapesos políticos crea un despotismo blando: control y sujeción de los poderes legislativo y judicial, cooptación de otros partidos integrados por mercenarios electorales, negocios y compra de voluntades al amparo del presupuesto. Exactamente lo que ocurre a nivel nacional en forma de espejo.

Finalmente en Jalisco existe todavía un "bono de confianza" que respalda a MC. El PAN demoró 3 sexenios en acabar con la paciencia de los jaliscienses. Su degradación fue paulatina. Por ejemplo, Emilio González, el más patético, remachó el último clavo del ataúd hasta el final. Con MC, ¿el orden se invirtió? ¿Comenzó a despachar Casa Jalisco por el peor? En el caso del PRI bastó un sexenio, luego de una larga noche y una pausa, para desaparecer en cuerpo y espíritu.

El votante jalisciense quiere lo mejor para su estado. Por eso reflexiona, capaz de leer al candidato y sus circunstancias. El voto diferenciado lo hace impredecible. Por ejemplo, en 2021, el Distrito 20 de Jalisco lo ganó Estefanía Padilla de MC como diputada local; María del Refugio Camarena de Va por México se quedó con la curul federal y Sergio Chávez de Morena se llevó la alcaldía de Tonalá.

El pensamiento general del votante jalisciense en este momento podría sintetizarse de la siguiente manera: "Cualquier cosa es mejor que Morena, siempre que no sea el PRI, PAN o PRD". Sólo en esa ecuación cabe MC como alternativa. Al partido naranja le conviene no romper -y evitar que se rompa- ese equilibrio para conservar el poder.

En el ayuntamiento tapatío, los regidores naranjas le quieren entrar a revisar la actuación de funcionarios del pasado, quienes habrían "afectado" al municipio con el caso de Iconia. En teoría, todo está dirigido para salpicar al rector de la UdeG, Ricardo Villanueva.

A menos que algún papel diga lo contrario, nos cuentan que quien concretó la cesión del terreno de Huentitán a OHS fue el entonces alcalde Francisco Ayón, cuando Villanueva se fue a coordinar la campaña de Aristóteles Sandoval al Gobierno de Jalisco.

Pero si de revisar el actuar de los jefes del gabinete del pasado se trata, estaría bien que los regidores pidan cuentas a Hugo Luna. ¿Por qué? ¿En qué cabeza cabe que el municipio se beneficiaría renunciando a la construcción de una escuela, un hospital, un parque y demás beneficios que recibiría la ciudad... a cambio de que la empresa construyera calles, que lo único que harían es aumentar la plusvalía de su proyecto de departamentos?

Y mientras tanto, los regidores de oposición en Guadalajara organizaron su "carnaval" en la más reciente sesión del ayuntamiento, por lo que se dieron hasta con la cubeta.

Para todos hubo reclamos y recriminaciones. ¿El motivo? El mismo proyecto inmobiliario en Huentitán.

A los panistas les echaron en cara haber cedido las tierras. A los priistas les dijeron cómplices por no hacer nada. A los emecistas los tacharon de "voraces inmobiliarios" y hasta el regidor Tonatiuh Bravo alcanzó ración.

Al final, aprobaron un acuerdo: van a pedir toda la información del proyecto a la Sindicatura y otras direcciones del gobierno para reclamar las contraprestaciones que el municipio no ha recibido o para revisar la posibilidad de recuperar los terrenos.

En el Gobierno de Jalisco prevalecen 2 grandes ámbitos para el negocio privado con lo público: la basura y el territorio. Justo allí, la federación asestó 2 estocadas recientes.

1a. estocada: la basura. La gestión de los residuos metropolitanos atraviesa una crisis operativa y política. Carecemos de un vertedero definitivo para la ciudad y arrastramos un rezago histórico en la gestión sustentable de los residuos. Pero además, una sombra de intereses económicos y políticos se disputan este negocio millonario con la basura.

En este contexto, la Profepa clausuró el 22 de noviembre el vertedero ilegal de Matatlán en Tonalá. Se trató de una respuesta frontal ante la inacción de las autoridades locales (Semadet y Proepa) pese a las denuncias de vecinos, activistas y el municipio. La mano detrás fue la del alcalde morenista Sergio Chávez.

2a. estocada: Iconia. Profepa actuó otra vez con "diligencia" en un conflicto local altamente politizado: clausuró las obras de Hoteles Riviera Deluxe el 19 de enero.

¿Bajo qué argumento? Por carecer la empresa de la manifestación de impacto ambiental en torno a las obras -¿15 años después se dieron cuenta de la omisión?-. La Profepa dio a la empresa hasta el viernes 3 de febrero para presentar el documento. Ojo: detrás de esta clausura operaron diputados federales de Morena cercanos al Grupo Universidad.

Estas señales apuntan a un uso político más que técnico de la Profepa.

Por ejemplo, la delegación Jalisco carece de un titular; significa que hay un mayor control desde la CDMX. La Semarnat, dependencia a la que está sectorizada la Profepa, es una de las secretarías más accidentadas con 3 titulares en el sexenio. Hoy la encabeza María Luisa Albores, ex titular de Bienestar, la "secretaría electoral" por excelencia de AMLO. Albores aspira a la gubernatura en Chiapas, por lo que tiene los incentivos suficientes para sumar puntos como operadora de los intereses del partido en otros estados como Jalisco.

También es del dominio público que detrás de la basura como programa de gobierno y negocio está Hugo Luna, jefe de gabinete. En el renglón inmobiliario está la clase empresarial a quien se deben Alfaro y su grupo político.

Por eso queda claro que en estas 2 clausuras hay un mensaje que afecta políticamente en asuntos locales y de altísimo perfil para Enrique Alfaro. El destinatario queda manifiesto. Sólo queda una duda: ¿la instrucción salió directamente de Palacio Nacional o del grupo político cercano al presidente con intereses en Jalisco?

¿Quién manda en el partido Movimiento Ciudadano? ¿Quién tomará las decisiones en ese partido de cara al 2024? La tensión entre Enrique Alfaro y Dante Delgado es cada día mayor. Y no es personal: lo que está en juego es el destino político de ambos, quién de los 2 será el interlocutor con los factores de poder en el futuro.

Hace un par de años Dante Delgado retomó las riendas de MC. Le quitó la presidencia al grupo Jalisco, representado en esa posición por el senador Clemente Castañeda y se la quedó, de nuevo, para sí mismo. Para él no fue sino reclamar lo que considera, para muchos efectos, su criatura y su espacio. A todos los políticos que han ganado a través de este partido, incluyendo a Alfaro, los ve como sus creaciones. Dante es uno de los políticos más astutos del país, de los pocos que sabe ver lejos. Es también un desconfiado nato. Digamos que dejó que los alfaristas manejaran el coche en la recta, pero en las curvas, es decir en los procesos electorales, no le presta el volante a nadie.

Enrique Alfaro, por su parte, sabe que si quiere sobrevivir en la política nacional tiene que pelearle el partido a Dante. Matar -simbólicamente- al padre y disputarle el liderazgo. Si quiere mantenerse en el juego político nacional necesita un vehículo del que él sea el conductor.

El conflicto ha ido subiendo de tono. De pequeños desencuentros a franca confrontación, pasando por los jaloneos de la elección de 2021. Entre los desencuentros recientes está la ausencia de Alfaro en la reunión nacional de MC en Guadalajara, que se leyó como un franco desaire, y la visita del gobernador de Jalisco a Monterrey, donde se reunió en privado con Luis Donaldo Colosio y Samuel García, lo que Dante Delgado interpretó como un acto de grilla en su contra.

En este contexto no es descartable que el gobernador Alfaro se vaya a hacer una precampaña a la Presidencia por MC en el último tercio de este año. No es que sea un político iluso -si alguien sabe que no tiene posibilidad alguna en el 2024 es él- sino que hacer una precampaña en todo el país le permitirá tener estructura y base para disputarle el partido al fundador. Lo que tiene Dante para pelear son las riendas del partido y una influencia, no menor, con las bancadas. Uno tiene el presupuesto del Estado de Jalisco y el otro el del partido. Dante ha dicho no a la alianza opositora; Alfaro ha dejado ver que podría considerarla. Ambos se disputan las figuras importantes de Nuevo León y Jalisco -Colosio, Samuel y Lemus- para afianzar el poder. En una guerra política de sabor naranja.

El mes de enero entra ya en sus últimos días y se siente con mayor dificultad la situación económica... pero los que más están sufriendo son los presidentes municipales fuera de la zona metropolitana.

Nos cuentan que alcaldes ven cómo se acumulan las cuentas en el escritorio y la tesorería no alcanza a cubrir lo más elemental, y mucho menos hay recursos para proyectos de obra pública que les permitan hacerse ver en un año preelectoral. Lo que le falla a los alcaldes es crónico: escasos ingresos propios por la vía del cobro de Impuesto Predial y casi nulo conocimiento en la elaboración de proyectos para concursar en las bolsas que para este año tienen los Gobiernos del Estado y Federal.

La danza de presidentes municipales comenzó ya en oficinas de los diputados del Congreso estatal, con la esperanza de que les consigan recursos porque encima de todo, las participaciones federales siguen reportándose.

A propósito de alcaldes, la consigna lanzada desde Casa Jalisco es apoyar a los presidentes de Movimiento Ciudadano, primero que nada, con adelantos de las participaciones y, sobre todo, asesoría para que concursen con ventaja en proyectos como los de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Sistema de Asistencia Social. Pero al mismo tiempo, hay otra estrategia política que se está aplicando en los municipios donde gobiernan partidos de oposición, principalmente del Revolucionario Institucional: se garantizan recursos económicos y apoyos, pero a cambio de que el alcalde y su equipo se "muden" a Movimiento Ciudadano y empiecen a trabajar con miras a las elecciones de 2024, para reforzar a los que serán candidatos naranjas. De por sí ya son pocos y se los están ganando.

Para no dejar cabos sueltos de cara al próximo proceso electoral, el gobernador de Jalisco presentó la terna de sus gallos para encabezar la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Y sobresale que 2 de los 3 perfiles trabajan en la administración estatal.

Uno es Javier Díaz Sánchez, quien es contralor de la Secretaría de Asistencia Social. Otra propuesta es Karla Isabel Rangel, directora jurídica de la Contraloría estatal. Y el 3er. perfil es Carlos Manuel Rodríguez, único con experiencia en lo electoral, pues desde hace varios años encabeza la Junta Local del INE.

Por eso algunos mal pensados afirman que habrá "fiscal carnal" en los temas electorales. La designación será este mes.

Se le queman las habas al Gobierno del Estado por intentar embarrar al rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, en los acuerdos que culminaron en lo que hoy conocemos como Iconia.

El 1er. strike fue la semana pasada, cuando afirmaron que siendo regidor de Guadalajara, Villanueva habría votado a favor del proyecto en 2016, cuando el actual gobernador era alcalde tapatío. Falso. Cuando eso se votó, Villanueva era el rector del CUTonalá.

El 2o. strike fue en esta semana, cuando el gobernador afirmó que Villanueva era jefe de gabinete en Guadalajara cuando se cedieron los terrenos a OHS, el 22 de febrero de 2012. La realidad es que Aristóteles Sandoval y Villanueva dejaron su cargo en Guadalajara el 13 de enero de 2012, para irse a la campaña por la gubernatura.

Ojalá que ya le pasen bien los datos al gobernador, porque con las "fake news" que le hace decir su oficina de Comunicación, ya lo tienen al borde del out.

Se acabó la publicidad y la exhibición de cigarros. Ahora también se prohíbe fumar en restaurantes o bares -se elimina incluso el espacio exclusivo que algunos disimulaban. Prohibido fumar en un parque, plazas comerciales, estadios o cualquier centro de espectáculos.

Quiero dejar claro que no estoy en contra de la ley -me parece útil y loable- sino de su aplicación basada en una moda legislativa que privilegia la apariencia de que hacen algo por la salud de los mexicanos sin atender el problema de fondo.

Por ejemplo, la medida se centra en acciones punitivas con multas cuantiosas, pero no garantiza medidas preventivas y reeducativas que complementen el castigo.

Históricamente, las normas antitabaco tienen una aplicación laxa. La nueva ley antitabaco nos coloca en sintonía con otros países europeos y sudamericanos, pero como una moda en donde se privilegia la apariencia y la buena imagen. En eso sí estamos a la vanguardia.

Pasado el momento más crítico del torbellino político que provocó el caso Iconia con el injusto encarcelamiento de los estudiantes universitarios Javier Armenta, Ilich Cisneros y José Rojas, que se empezó a gestar con el rompimiento en 2021 de la más reciente alianza político electoral entre el Gobierno del Estado, que encabeza Enrique Alfaro, y el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara desde hace más de 30 años y lidera el ex rector Raúl Padilla López, es momento de aprovechar que este asunto se haya colocado nuevamente en el debate público para que se aclare paso a paso cómo se dio la enajenación de este predio que era de todos los tapatíos, deslindar responsabilidades de los funcionarios involucrados y que hayan incurrido en irregularidades, y asegurar que los empresarios privados beneficiados paguen y devuelvan a la ciudad lo justo.

Por un lado, ayer el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, insistió que el haber cedido este espacio público en la zona de Huentitán fue un "error histórico", y también reiteró que el daño es irreversible, es decir, que no hay manera de recuperar ese predio que el alcalde Alfonso Petersen negoció en 2008, y que desde aquella fecha han reclamado los vecinos.

Muy importante también será despejar la incógnita que ayer el propio Lemus dijo tiene su gobierno de los términos en los que en diciembre de 2016 el Ayuntamiento de Guadalajara, siendo alcalde Alfaro, se desistió de una demanda y aceptó la transmisión de derechos y obligaciones a la empresa Operadora Hotelera Salamanca (OHS) y que la garantía cambiara de ser un predio en Salamanca, España, a uno en Baja California con valor de 2,000 millones de pesos.

Por otro lado, si la Universidad de Guadalajara asegura que se puede reparar el daño patrimonial que sufrió la ciudad en este caso y acusa un fraude inmobiliario, es momento que sus especialistas y académicos señalen la ruta legal para hacer eso posible.

Finalmente, ayer el alcalde tapatío aseguró que las obras prometidas por Iconia van en tiempo y forma, excepto el jardín botánico que prometió la UdeG en el predio que se le donó en esa zona. Ayer el rector Ricardo Villanueva respondió que si no se ha hecho es porque no se ha construido una calle que lleve a ese terreno, y que también prometieron los desarrolladores de Iconia.

Es, pues, el momento de revisar palmo a palmo, con la confirmación de los vecinos de Huentitán qué obras sí y qué obras no se han hecho y cuáles están en proceso. Los constructores que se quejan en privado de estar atrapados y ser rehenes de una pugna de poder entre alfaristas y padillistas, aseguran que ya invirtieron más de 500 millones de pesos en obras, por eso sería oportuno también que ellos mismos organicen un recorrido por esas obras, para poder hacer una evaluación pública de si lo aportado es equivalente a lo que en su momento valía ese predio, ubicado en lo que para los constructores es ya una de las "pechugas" inmobiliarias más cotizadas de la metrópoli.

Interpretar el número de manifestaciones como indicador de libertad y no del ríspido humor social es francamente un sesgo que favorece al gobernador. Hasta julio del año pasado, Alfaro acumulaba 2,212 protestas -más del doble que Aristóteles- y de esas sólo 117 eran de la UdeG, según la Secretaría General de Gobierno.

La cárcel y la censura explícita son la faceta extrema de un gobierno autoritario. Los levantones de estudiantes el 4 de junio en Calle 14 y el encarcelamiento de los pepenadores tienen ese rasgo. Hay además una censura más sutil: la lógica del premio y el castigo a medios con la pauta oficial, y el "vacío" a los que no se alinean. De 200 entrevistas concedidas por Alfaro hasta el año pasado, la mitad fueron a medios nacionales y la otra parte a los medios locales con más presupuesto público. Y eso dejando de lado las formas, como llamar "pasquín" a un periódico o "gatillero" a un columnista en un contexto de creciente violencia contra la prensa.

Sobre la injerencia del gobernador en el encarcelamiento de los estudiantes, ofrezco otro dato más ad hoc: el Índice de Estado de Derecho en México de World Justice Project revela que en Jalisco los poderes legislativo y judicial perdieron autonomía y eficacia como contrapesos de 2019 a 2022.

Invadir propiedad privada es un delito en México, Francia o Alemania. ¿Pero por qué sólo en México un juez encarcela por esa razón? La medida cautelar era irrazonable. ¿El juez simplemente se equivocó? La teoría de la "equivocación" y la rectificación, ¿la explicamos como la autodeliberación de un solo hombre? Si detrás no está el gobernador, sí los intereses de poderosos -la empresa- que él y Lemus defienden y justifican.

Finalmente, el predio de Iconia es privado porque el gobernador, como alcalde de Guadalajara, se lo entregó a la empresa sin cumplir con la contraprestación. ¿El banco te entregaría las escrituras de tu casa antes de terminar de pagarla? No hay que "cerrar los ojos cuando se viola la ley"; tampoco cuando se comete un despojo de lo público.

La posverdad es un término de moda que muchas veces se ha empleado con espectacularidad para simplificar fenómenos complejos. A diferencia de una simple mentira, la posverdad tiene una fuerte conexión con lo político y el poder, desde donde se construye. Por eso dudo que en el asunto de Iconia Alfaro sea exclusivamente una pobre víctima de la posverdad. El tema no puede reducirse sólo a política, política y más política. Este es un debate sobre el derecho a la ciudad y a quién le pertenece.

El juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos no aguantó la presión. Observado por la Secretaría de Gobernación, reconvenido por el propio gobernador Alfaro, tundido por la opinión pública, el juez que lleva la causa contra 3 jóvenes estudiantes de la FEU por invasión de un predio particular revirtió la prisión preventiva que había impuesto 5 días atrás. Más allá del exceso cometido contra estos 3 jóvenes y de que la causa debe continuar, este caso constituye, parafraseando a Carlos Monsiváis, una verdadera declaración patrimonial de los bienes morales del Poder Judicial, y una derrota para el gobernador.

Hay muchísimas inconsistencias en la propiedad del famoso predio de Huentitán, pero aceptemos que las empresas tienen todo el derecho a demandar la afectación que dicen haber sufrido. El problema no es sólo la falta de transparencia en la enajenación de un bien público, sino los manejos políticos detrás de ello. Lo que debió haber sido un permuta de un terreno para beneficio de la comunidad de Huentitán terminó siendo parte de acuerdos políticos y de desacuerdos entre el Grupo Universidad y Enrique Alfaro.

El gobernador dice que él no dio instrucción alguna al Poder Judicial. Lo mismo dijo cuando policías arremetieron contra los jóvenes que iban a protestar a la Fiscalía y "los infiltrados" literalmente secuestraron a los manifestantes contra la voluntad del huésped de Casa Jalisco. A pesar del antecedente, vamos a pensar que efectivamente él no metió las manos para encarcelar a los estudiantes y que es una decisión demasiado torpe para alguien de la experiencia del gobernador. Lo que sí pasó es que el juez, vinculado políticamente al alfarismo, pensó que le hacia un favor al gobernador castigando excesivamente a jóvenes universitarios. De lo que no puede quitarse responsabilidad el gobernador es de crear el ambiente político de confrontación que generó la torpe decisión del juez. Y le costó carísimo. Las redes y los medios lo machacaron. El discurso que prevaleció es que Alfaro encarceló a los 3 jóvenes por sembrar arbolitos. De hecho, así lo tituló el Washington Post. (¿Acaso dirán que se trata otro periodiquito que quiere que le vaya mal a Jalisco? Las explicaciones salen sobrando.)

¿Es este el error que define el conflicto entre Alfaro y el Grupo UdeG? En gran medida sí. Se trata de un autogol a unos minutos del final en un partido muy cerrado. Será difícil que Alfaro se quite la tacha de represor después de esta maniobra. Pero, sobre todo, este error regresó los reflectores al tema Iconia y el predio de Huentitán y se convertirá en un elemento más de tensión entre el alcalde Pablo Lemus, que hoy está obligado a rendir cuentas de un convenio que él no firmó pero que como alcalde le toca velar porque se cumpla en beneficio de la ciudad.

En un mal cálculo político, el gobierno de Alfaro pensó que someter a presión a estos estudiantes primero con la demanda de las empresas inmobiliarias que desarrollan Iconia y luego con la prisión preventiva oficiosa, mandaría un fuerte mensaje de temor y fuerza a sus adversarios del Grupo UdeG. Y sin duda lo hizo, como reconoció ayer mismo el rector general Ricardo Villanueva al pedir a los consejeros que se mantenga a la universidad en "estado de emergencia".

Lo que no calculó el gobernador y su grupo político, es que la criminalización y encarcelamiento de los estudiantes se le iba revertir en un fuerte golpe político por las repercusiones que alcanzó el caso, y por las incontables muestras de solidaridad que se desataron en Jalisco, en México e incluso a escala global con organizaciones estudiantiles de América Latina.

Estas muestras de solidaridad rebasan la simpatía que se pueda tener o no a la UdeG, y se explican porque se interpretó la detención y encarcelamiento de los estudiantes como una revancha y represión política y porque se les ve como representantes de una causa justa: la defensa de un espacio público por encima de los intereses de una inmobiliaria y los vínculos que mantienen con algunos gobernantes. Y por esta causa justa que desató la solidaridad, se debe regresar la atención al fondo de este conflicto que es la defensa de un bien y espacio público sobre los intereses mercantiles de un desarrollo inmobiliario.

El conflicto de fondo no es la pelea entre el grupo político de Alfaro y el grupo de la UdeG, sino la defensa de un terreno comprado originariamente en 1980 por el Ayuntamiento de Guadalajara para construir el Parque Huentitán para uso y servicio de los vecinos y habitantes de toda la zona metropolitana.

Desde que el gobierno del panista Alfonso Petersen Farah decidiera ceder los terrenos en 2008 para que se construyera el proyecto comercial-inmobiliario Puerta Guadalajara, hasta que la empresa española Mecano América trasmitió sus derechos, sin la aprobación del Ayuntamiento de Guadalajara, a la empresa Operadora Hotelera Salamanca y ésta a su vez a Hoteles Riviera Deluxe, se han cometido diversas irregularidades e incumplimiento de contratos y convenios que deberían obligar al gobierno de la ciudad de retomar el control de los terrenos y devolverlos a su destino original: un gran parque público para la ciudad.

Guadalajara no necesita más torres de departamentos y proyectos inmobiliarios motivados por la especulación y la ganancia, sino más áreas verdes y bienes comunes para disfrute de toda la sociedad. Por eso, una vez que se dejó sin prisión a los 3 estudiantes, se debe cancelar el proyecto Iconia.

A pesar de escándalos o noticias importantes a nivel nacional -como la detención de Ovidio Guzmán, el accidente en el Metro de la Ciudad de México y hasta la Cumbre de Líderes de América del Norte-, las manifestaciones en contra de la prisión de los universitarios destacaron a nivel internacional. Organizaciones civiles y políticos de varios partidos coincidieron en el señalamiento de la Universidad de Guadalajara, en el sentido de que el juicio es una persecución política o venganza del gobernador.

Mientras sorprendió la intervención del gobierno federal en defensa de los estudiantes, surgió la pregunta de: ¿Alguien sabe dónde está Luz del Carmen Godínez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos?

Y eso que en la pasada administración, la Comisión defendió a la UdeG ante los recortes presupuestales del Gobierno de Jalisco.

Sube de nueva cuenta el conflicto entre la UdeG y el Gobierno de Jalisco.

Después de que un juez dictó prisión preventiva oficiosa al ex presidente de la FEU, Javier Armenta, y otros 2 estudiantes, nos dicen que el gobierno estatal le puso gasolina a las movilizaciones universitarias.

Sin embargo, "la persecución" del gobernador le podría salir cara, acentúan, ya que con sus presiones (órdenes) al poder judicial pretende acabar con las manifestaciones en su contra, pero nos cuentan que terminará provocando lo contrario: unir a la comunidad universitaria y convertir a los 3 estudiantes en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión. Y de paso, que afuera de Casa Jalisco esté una manifestación masiva permanente.

La siguiente semana tendremos noticias, pero ante el encarcelamiento de universitarios por la defensa del espacio público en Huentitán, remarcan que será un frente que no dimensionó el mandatario estatal.

Por ambición personal todos aquellos políticos que se sienten con derecho a ser candidatos harán su propia y tremenda guerra para ser los ungidos: los "buenos".

Para eso han dedicado su vida a la política.

Y son muchísimos.

Buscarán desde la Presidencia del país hasta las senadurías y diputaciones federales pasando por gobernadores, presidentes municipales y regidores.

Habrá de todo y para todos.

Son tantos los llamados y tan pocos los elegidos.

Al no haber reglas ni protocolos para la selección todo se vale.

Lo que menos importa es que no haya proyectos ni una auténtica vocación de servir a un país dolido y lastimado por 2 problemas fundamentales: el hambre y la violencia.

Pero eso no importa.

Es momento de juntar aliados, guerrilleros y empezar a dar la batalla para ocupar lugares a toda costa y a cualquier precio en los medios de comunicación para que los nombres suenen.

Tristemente veremos de todo.

Seremos testigos de que quienes en algún momento se consideraron entre ellos camaradas, hoy se dan con todo con el afán de hacerse pedazos.

Es el tiempo de los políticos que, si bien muy poco han hecho por el país, ahora harán menos, e incluso le harán daño.

Decía Facundo Cabral que no confiaba en los políticos porque al final te dan mucho menos de lo que te han quitado.

¿Y los ciudadanos? ¿Qué papel jugamos?

Después de la lección de autoritarismo que ha dado el presidente López Obrador, varios movimientos importantes de ciudadanos auténticos entienden que aprovechando esa guerra entre los políticos es momento de construir personajes capaces de crecer lo más que se pueda en estos 2 años y alcanzar eventualmente la estatura de candidatos.

Tarea harto difícil.

Si alguien sabe cómo acaparar reflectores y minimizar a la ciudadanía son los políticos, y este año más que nunca van a trabajar en ello.

Por eso es tiempo como ciudadanos de voltear hacia nosotros mismos, de buscar entre nosotros a los hombres y mujeres que realmente pueden sustituir a es clase política que sin distingo de color no ha hecho la tarea para el país.

Ciertamente hay poca idea de cómo hacerlo.

No estamos acostumbrados. No sabemos cómo se construyen candidaturas auténticamente independientes.

Tristemente la mayoría de quienes se han dicho candidatos ciudadanos son en realidad tránsfugas de algún movimiento político, o rápidamente absorbieron los malos hábitos.

Pero si de algo vale, habemos quienes vamos a estar atentos, apoyar, dar a conocer y ofrecer los nombres.

Ciudadanos de primera los hay. Intachables.

Y esos son los que necesitamos en este momento.

¿Alfaro es realmente un presidenciable?

En todo destino político, el camino se labra al eliminar obstáculos y tejer alianzas. Por eso la candidatura presidencial de Alfaro depende no sólo de él sino de las circunstancias y otros personajes clave como Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano.

El gobernador sobrelleva una "paz fría" con su líder nacional. La paradoja de qué fue primero, el huevo o la gallina, explica la pugna aterciopelada de ambos personajes por el control del partido. ¿Movimiento Ciudadano existe gracias al alfarismo? ¿O el alfarismo existe gracias a la plataforma partidista de Movimiento Ciudadano?

En la visión de ambos líderes, cada uno, el 1o. con su partido y el 2o. con su movimiento, creen que representan la piedra de toque de lo que han logrado hasta hoy.

Por otro lado, en la carrera por la Presidencia, Alfaro y Dante rechazan cualquier coalición para 2024 con el PRI-PAN-PRD (hasta ahora). En eso coinciden, pero discrepan en quién será el candidato emecista.

Luis Donaldo Colosio Riojas y Samuel García han levantado la mano, pero al margen de lo que dicen las encuestas, Alfaro es el personaje de mayor peso político, experiencia y cinismo refinado. Eso lo convierte en el menos favorecido por las encuestas, pero también en el aspirante políticamente más resuelto. Hay que ver sus movimientos, pero por las señales a la vista, con algunos sacrificios de calidad, tiene posibilidades.

La definición del candidato naranja a mediados de año será un factor de mayor cohesión o de resquebrajamiento del emecismo nacional.

Por supuesto, Alfaro tiene que resolver algunos pendientes satelitales, como la consolidación y precio que le pondrá a la candidatura a gobernador de Pablo Lemus, su pugna con el Grupo Universidad y la relación de "dignidad arrodillada" ante el presidente, pero todo parte de las definiciones internas del emecismo a nivel nacional.

Alfaro tiene la ambición para pelear su candidatura presidencial y su estrategia consistirá en capitalizar el antilopezobradorismo.

Por supuesto que Alfaro tiene posibilidades de ser candidato a la Presidencia (algo muy distinto y distante a convertirse en presidente). Su plataforma será Jalisco. Todo depende de sus movimientos en donde, como en el ajedrez, debe prevalecer el equilibrio entre ambición, cautela y sacrificio. En eso Alfaro no tiene rival porque igual que Andrés Manuel, son mucho mejores candidatos que gobernantes.

Como ha venido ocurriendo en los últimos 2 años, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. minimizó la situación. Prácticamente descartó que se cometieran delitos en esa región: "Colotlán es un municipio, insisto... con niveles de seguridad altísimos, difícilmente se comete un delito allá. No tenemos un problema más allá de esto que desafortunadamente ocurrió en el Estado de Zacatecas reitero y pues no creo que haya más qué decir".

Con esa declaración subestimó y desechó las denuncias que los familiares que tienen desaparecidos han presentando en las últimas semanas. No se trata solamente de los 4 jóvenes desaparecidos el 25 de diciembre. En total son 17 desaparecidos en la misma región. A veces las desapariciones se cometen en Jalisco, a veces en Zacatecas, pero al parecer los gobiernos de ambos estados tratan de deslindarse de la responsabilidad y arrojarla al estado vecino.

Pero aún más grave, el gobernador de Jalisco niega que exista una situación crítica no sólo en Colotlán, sino en todo el estado. Luego de minimizar el contexto de violencia en ese municipio, le preguntaron si entonces se podía considerar a Jalisco un estado en paz, y respondió: "Yo creo que hay paz, lo que hay es un estado que está trabajando para recuperar la paz y la tranquilidad en todas las regiones de Jalisco". Desde hace por lo menos 2 años, el Gobierno del Estado que encabeza Enrique Alfaro ha diseñado una estrategia de comunicación para presentar cifras e indicadores de inseguridad siempre a la baja, especialmente los llamados delitos de alto impacto que son relacionados con daños patrimoniales, es decir, los robos a personas, a casas habitación, comercios y vehículos. Pero igual sostiene que han bajado cifras de violencia contra mujeres y feminicidios, cuando representantes de colectivas feministas refutan estas cifras y sostienen que las cifras se están maquillando.

Algo semejante ocurre con la crisis por desapariciones con una deliberada intención de rasurar las cifras al dejar de reportar las denuncias por este delito a la plataforma nacional, como se hizo a partir de marzo de 2022.

Y como hemos aprendido desde hace al menos 5 años con el espectáculo de los tráileres paseando cadáveres por la zona metropolitana, la crisis de violencia que vivimos en Jalisco produce también una crisis forense asociada a la crisis por desaparición de personas. Fátima Aguilar presentó esta semana un reportaje en Canal 44 donde recoge testimonios de 3 mujeres que tienen meses esperando que les regresen el cuerpo de sus hijos o de su hermano, ya identificados en el Servicio Médico Forense. Pero denuncian que las tratan con negligencia burocrática.

No se puede sostener que Jalisco sea un estado en paz si se tienen estas crisis de violencia, por desapariciones y forense que reproduce el dolor para miles de víctimas que han perdido a sus hijos, están desaparecidos o sin ser identificados en la morgue estatal. En su afán de ser candidato presidencial, el gobernador Alfaro trata de minimizar las violencias y múltiples crisis que vive el estado y trata de hacer creer que vivimos un estado en paz. Pero Jalisco no es un estado en paz sino una sociedad que vive bajo el acoso de una guerra informal no reconocida.

Enrique Alfaro está urgido por ponerle contrincante a Pablo Lemus. A todos les conviene que no vaya solo en la carrera por la candidatura naranja, incluyendo al mismo alcalde tapatío, y más que a nadie al gobernador. Sin embargo, por más que tratan de inflar a Alberto Esquer como opción, por más que lo placean y lo presumen, no cuaja. Sus cualidades políticas, que las tiene -es un gran organizador y operador político- y su posición como secretario de Desarrollo que reparte desde tinacos hasta regalos de Navidad, no se traducen en intención de voto en las encuestas. Le quedan unos meses al gobernador para tener su plan B, y todo indica que es demasiado tarde.

El principal obstáculo de Lemus para llegar a Casa Jalisco estará fuera de MC. Si el líder naranja, Dante Delgado, insiste en no ir en coalición en la elección nacional, la Alianza por México vetará cualquier acuerdo en Jalisco. Si la elección es de tres las posibilidades de que Morena triunfe crecen sustancialmente. Es cierto, en la elección intermedia de 2021 los naranjas salieron adelante, por pelos, en un escenario de 3 fuerzas, con una diferencia: para el 2024 el desgaste del gobierno alfarista y del mismo Lemus será mayor y la polarización más profunda.

Sin MC en la alianza, Morena tiene todo para buscar la gubernatura de Jalisco, excepto candidato. Los visibles, Carlos Lomelí y José María Martínez, no tienen arrastre y son, por decirlo bonito, cartuchos muy quemados.

Por su presunta participación en actos de corrupción, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que sancionó a 33 servidores públicos, entre los que destacan 10 magistrados de Circuito, 2 juezas y 5 juzgadores de Distrito, así como secretarios, actuarios y oficiales administrativos.

El diputado de Morena, Víctor Gabriel Varela, celebró la eliminación del "traspaleo de votos": "Si el pueblo vota a favor de un partido, no puede violarse esa voluntad y regalarle votos a un partido minoritario que no obtuvo el favor del pueblo, y esto obviamente va a desaparecer, y no a los compañeros de la alianza de la 4T, va a desaparecer a los residuales traidores de la otrora izquierda del PRD".

Gabriel Varela presentó una reserva para eliminar la propuesta que permite a los partidos hacer ahorros o "guardaditos" y no regresar el remanente a la Tesorería de la Federación, para utilizarlos en ejercicios fiscales o procesos electorales futuros. Sin embargo, su propuesta fue rechazada.

La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco informa que este año cierra con 7 ex funcionarios de 1er. nivel en la cárcel, 6 de los cuales están en prisión preventiva porque todavía falta la apelación y el amparo: Francisco de Jesús "N", ex presidente del Consejo de Administración del Ipejal; Tito "N", ex titular de la Comisión Estatal del Agua; José Eduardo "N", ex subdirector de Tecnologías del SIAPA; José Félix "N", ex servidor público del SIAPA; Susana "N", auxiliar contable del Comude Guadalajara, así como Fidel Armando "N" (en calidad de prisión preventiva domiciliaria), ex directivo del Ipejal. Además, Antonio "C", ex secretario de Salud, quien recibió una condena de 9 años, la más alta hasta el momento.

El fiscal Gerardo de la Cruz Tovar destaca que, tras 5 años de trabajo, al fin lograron procesar a funcionarios de 1er. nivel, principalmente por delitos de peculado, desvío y enriquecimiento ilícito. "Hemos logrado detener a 21 personas... y por lo menos 14 han estado en prisión preventiva. Tenemos a 2 ex secretarios en prisión, pero hemos tenido a 6 secretarios vinculados. También un juez vinculado a proceso".

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que gracias a los acuerdos reparatorios alcanzados con funcionarios procesados, se han logrado recuperar más de 13.4 millones de pesos (MDP) por daños, que corresponden a 7'879,985 pesos, más 5.6 millones de pesos vía extrajudicial, los cuales se han pagado a las víctimas directas, sean personas o dependencias públicas, afectadas por la actuación de los servidores públicos, anotó el titular de la fiscalía, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar.

Dice que hay ocasiones en que el particular que resulta afectado sólo quiere llevar a los infractores ante el juez, pero en esos casos buscan que los donativos se hagan a asociaciones civiles, como Nariz Roja o Cruz Roja. "Para que el servidor público sepa que tiene un costo obrar de una manera inadecuada. Un total de 41 personas han estado vinculadas y gracias a la reparación del daño han logrado tener una suspensión condicional de proceso".

Sobre casos grandes, como los desfalcos a la Secretaría de Salud y al Instituto de Pensiones, dijo que ambos siguen en proceso. "En Salud son inversiones fallidas por cerca de 600 millones de pesos, allí ya tenemos personas vinculadas. La otra que son 1,200 millones de pesos está próxima a entregarse al juzgado. Son carpetas donde está concluida la investigación inicial".

Subrayó que en Pensiones también hay personas vinculadas por nombramientos y pensiones irregulares, así como compras a sobreprecio. "En Salud tenemos a los principales actores vinculados y en prisión preventiva".

Agregó que en Comisión Estatal del Agua, donde se señala un desfalco por 150 millones de pesos, la 1a. carpeta de investigación por 58 millones de pesos ya está judicializada "y tenemos al director general en prisión preventiva. Es el tema del 1er. caso en Jalisco de enriquecimiento ilícito, que es un servidor público del SIAPA".

Por último, destacó el reciente caso de una servidora pública del Comude de Guadalajara, quien transfirió dinero de la dependencia a su cuenta personal.

"Esa fue una investigación que inicia el órgano interno de control, pero la lleva a cabo en este año, por lo tanto es de esta administración. Se denuncia en julio y en diciembre se vincula a proceso".

El fiscal anticorrupción destacó que se llevó al banquillo a un juez de control del sistema acusatorio, a los cuales no se había tocado a nivel nacional, ya que solamente se había investigado a jueces tradicionales. "No habíamos logrado vincular a ninguno. Hemos formulado imputación en contra de cinco, finalmente se rompió ese cerco que se tenía y logramos vincular a uno".

Explicó que el caso se dio porque resolvió yendo en contra de las constancias. "Hay cuestiones que se pueden entender como un error judicial pero hay ocasiones en donde deliberadamente favoreces a una de las partes, en este caso la ley lo contempla como delitos cometidos en la administración de justicia".

Dijo que hay otros 2 asuntos relevantes relacionados con Ministerios Públicos en donde también fallaron en su actuar. Uno de una joven wixárika donde un médico fingió una autopsia, y el Ministerio Público no investigó como debía. "Cuando vinieron las denuncias, retomamos el caso Fiscalía del Estrado y nosotros. Ellos lograron acreditar que era un parricidio, y nosotros vinculamos al Ministerio Público y al médico".

Y añadió que también en Puerto Vallarta se fingió un atropellamiento con la finalidad de cobrar un seguro. "No había autopsia y está vinculado el médico y el Ministerio Público, que no llevaron a cabo la labor, mientras la Fiscalía del Estado investiga un posible fraude".

De la Cruz Tovar afirmó que Antonio "C", ex secretario de Salud, es el funcionario que más trabajo ha dado en la Fiscalía Anticorrupción. Hasta el momento han conseguido una sentencia en procedimiento abreviado y otra sentencia en juicio, "que logramos la pena máxima que hemos podido aplicar en un delito por hecho de corrupción que son 9 años".

Comentó que en algunas carpetas de investigación relacionadas determinaron que los asuntos eran administrativos y se mandaron a esa área; lo mismo en los temas federales. Pero adelantó que lo tienen vinculado con otra carpeta de investigación, la cual tiene que ver con viajes desarrollados sin que el estado tuviera información.

"Pudimos acreditar que estaba en el extranjero en algunas ocasiones, mientras cobraba aquí su salario, eso lo consideramos como peculado".

Deberían darles una copia de la Constitución a la mayoría de los legisladores. O más bien, unas clases de Derecho Constitucional. Tan caros que nos cuestan.

A veces me pregunto si en este país los ciudadanos decidimos algo o todo queda en manos de los intereses de la clase política y empresarial. Uno es apenas un espectador obligado a soportar el infeliz matrimonio democrático en el que nada elige.

Ayer los diputados aprobaron el Plan "B" de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más de mil páginas votadas sin discusión y el mismo día que Adán Augusto López, titular de Gobernación, presentó el documento a los legisladores.

Con más desesperación que reflexión, los diputados aprobaron nuevas reglas y criterios electorales orientados a satisfacer la vendetta personal del presidente con el INE.

Sin embargo, en la letra chiquita, el PT y el PVEM colaron algunas disposiciones que nos costarán muchos millones. La 1a., la posibilidad de transferir sus votos cuando vayan en coalición, lo que aumenta el valor de los partidos rémoras. La 2a. le permite a un partido mantener el registro nacional si conserva el local, y recibir financiamiento en las entidades con sólo conservar el registro nacional.

Lo que según AMLO ahorraremos con esta reforma seguramente se lo regresaremos en dinero contante y sonante a los partidos políticos.

En todo esto, ¿en dónde quedan los ciudadanos? Por el bien de todos, primero los políticos.

Mientras que a nivel nacional es nombrada integrante del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, en Casa Jalisco definitivamente no la quieren. Resulta que ayer se entregó el "Premio Tenamaxtli 2022" a defensores de derechos humanos en Casa Jalisco. Y Natalia Juárez, presidenta del PRD en el estado, fue invitada por una de las homenajeadas, pero no la dejaron entrar por "protocolo". Y eso que presumen que es "la casa de todos los jaliscienses".

Nos cuentan que le prohibieron el paso por estar en las marchas de la UdeG contra el Gobierno del Estado y por interrumpir al gobernador en su 4o.Informe en el Congreso del Estado. ¡Pura tolerancia!

Por cierto, Nancy Castañeda, una de las reconocidas, entregó al gobernador un pliego petitorio para erradicar la violencia contra las mujeres. Recibió aplausos de las autoridades. Ya nomás falta que cumplan con las peticiones.

La FIL significó una sonora, evidente derrota para los manifestantes que con varios pretextos, pretendieron manchar el comienzo del evento, el sábado 26 de noviembre. El discurso de los inconformes fue confuso: respeto y respaldo a la FIL, pero abierto rechazo al "cacique" Raúl Padilla y sus "secuaces", incluido claro, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, quien por cierto tuvo una memorable frase inaugural: "Aquí no hace falta nadie".

Y después, las cosas tomaron su rumbo, como el agua en un cauce de arroyo: decenas de miles de personas todos los días, hasta reunir una cifra final anunciada en la jornada de clausura, que llegó a 806,000 asistentes. Para el evento, que vivió su edición 36a., se cumplieron de sobra los objetivos.

¿Cuál es la lectura popular de lo ocurrido? Tratemos de sintetizar. El Gobierno del Estado trasladó al escenario de la FIL el conflicto que desde agosto de 2020 tiene con el Grupo Universidad (léase Raúl Padilla), e intentó hacer uso de sus aliados para exhibir debilidad del grupo político que efectivamente, lleva las riendas de la UdeG y de la FIL. No lo consiguieron.

Este último episodio de una batalla que se prolongará terminó en una evidente derrota naranja.

Las críticas a la postura del gobierno jalisciense fueron abundantes y tuvieron origen en observadores locales, nacionales e internacionales. El costo para el gobierno estatal ha sido alto, porque a la luz de los resultados y la capacidad de convocatoria de la Feria, resultó inexplicable organizar movilizaciones contra la FIL, al punto de igualarse -en el imaginario popular- con la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que toda la actividad cultural, las conferencias, los análisis, las presentaciones de libros, los talleres, se reducen a un "foro del conservadurismo" para criticarlo.

Esa imagen no le conviene a un gobernador que, como el de Jalisco, aseguró apenas unos días atrás que analiza si competirá en las elecciones del año 2024, pero sólo lo haría si es un candidato presidencial.

A las observaciones simplistas sobre si la Feria es un espacio clasista o que no da resultados porque su realización durante 36 años no fructifica en jaliscienses más cultos o en un incremento notorio de la lectura, sólo se les puede responder con la certeza de las cifras y la experiencia formativa que varias generaciones han recibido al sólo acercarse a ese universo de libros que no se presenta en ninguna otra parte y que para fortuna de Guadalajara, se efectúa aquí y no en otra urbe.

El choque político, ni duda cabe, continuará. Hasta que uno de los dos rivales se diluya o hasta que hallen pretexto ideal para reconciliarse.

Tras la convención nacional emecista hay más novedades en el conflicto interno detonadas por el vacío que hizo el gobernador de Jalisco al encuentro en la Ciudad de México.

Nos dicen que el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, terminó muy, pero muy molesto por la ausencia del mandatario de Jalisco en la convención, lo que confirma una diferencia importante entre ambos.

Hay 2 versiones. La 1a.: que a muchos emecistas jaliscienses les molestó el buen trato que le dio el veracruzano a Pablo Lemus (obviamente, por la rentabilidad electoral que mantiene). Y la 2a.: que en la capital del país ven al gobernador fuera de las decisiones nacionales, por lo que se quedó solo. ¿Será?

Si Dante está midiendo la "popularidad" de Alfaro como gobernador (que está por los suelos a nivel nacional, según las encuestadoras) y que se pelea hasta con su sombra, tienen lógica las 2 versiones referidas.

Y tras los enfrentamientos y el ofrecimiento que hizo Pablo Lemus a los emecistas para trabajar unidos con miras a la elección del 2024, también hay novedades.

El senador Clemente Castañeda mostró públicamente su apoyo al alcalde Pablo Lemus. Y se dice que eso molestó a varios integrantes del partido en Jalisco.

El legislador remarcó: "Sólo trabajando en colectivo podremos enfrentar los grandes retos que tenemos como país. Agradezco tus palabras, Pablo Lemus".

La dupla Lemus y Clemente Castañeda han sonado como los aspirantes más sólidos de MC a Casa Jalisco y Guadalajara, respectivamente.

La pregunta es: ¿El gobernador también se enojará con su amigo Clemente Castañeda por coquetear con Lemus?

El mensaje de Clemente Castañeda es incómodo para muchos. ¿Por qué? Porque el gobernador apenas declaró el lunes que nadie puede colocarse por encima del proyecto de Movimiento Ciudadano ni relevar liderazgos -refiriéndose a Lemus-.

Por lo pronto, para el mandatario estatal hay 7 candidatos y candidatas fuertes a los principales cargos en el estado: Lemus, Clemente Castañeda, Salvador Zamora y Alberto Esquer, así como Verónica Delgadillo, Mirza Flores y María Elena Limón.

¿Planea el gobernador nuevas contrataciones de políticos de otros partidos en caso de "fuga de cerebros"?

Nos dicen que hay uno en la mira. Y milita en Morena.

La ausencia de Alfaro el lunes en la Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento Ciudadano, en la Ciudad de México, adquiere relieve y peso, sobre todo, por las contrastantes presencias en ese cónclave.

El gobernador de Jalisco estaba entre los invitados, pero me comentan que declinó el domingo por la noche. El pretexto de atender la agenda local es insostenible; su actividad consistió en la presentación de Ilusionante Festival de Invierno 2022 que se inaugura hasta mañana.

Lo que disputan Dante y Alfaro, además del control del partido, se relaciona con la definición de la estrategia electoral para 2024 y la designación del candidato presidencial, en donde el jalisciense ha expresado claramente su intención de competir.

En el cónclave, Samuel García, esa insuperable máquina de frivolidades y disparates, levantó la mano como aspirante presidencial. Lemus, por su parte, aprovechó el espacio para realinearse con la inapelable línea alfarista. Colosio Riojas, cuyo único mérito político está en su ADN, también tuvo su momento. La designación de esos 3 oradores principales mandó un mensaje a Enrique que seguramente acusó de recibido.

La ausencia de Dante Delgado en la FIL Guadalajara, ante el llamado de Alfaro a no asistir, dejó claro que Jalisco es territorio alfarista. Aquí manda Alfaro, ¿pero en la visión conjunta del partido y sus actores? El control total. Eso es lo que confronta a ambos líderes.

Pese a los reconocimientos mutuos que se hacen y los reconocimientos públicos al papel que han hecho, uno a nivel nacional y otro en el ámbito estatal, Dante Delgado y Enrique Alfaro han tenido varios desencuentros por decisiones que han tenido que ver con la vida interna del partido Movimiento Ciudadano (MC) y el reparto de sus posiciones más importantes.

Mientras el ex gobernador interino de Veracruz exige el control absoluto de MC por ser el creador de ese partido que fundó en el 2012 y dirigió hasta el 2018, cuando cedió ese cargo al jalisciense Clemente Castañeda, el gobernador de Jalisco siempre ha reclamado también el reconocimiento y la cuota de influencia correspondiente por haber convertido a Jalisco en el 1er. bastión emecista del país, que le dio un caudal de votos que fueron claves para que MC mantuviera su registro como partido nacional.

Esa tensión la han manejado adecuadamente y las diferencias no se han convertido en sobresaltos graves que trastoquen hasta ahora la vida interna del partido naranja.

En los corrillos de la sede de la reunión naranja trascendió que la ausencia del mandatario de Jalisco, una de las figuras indiscutibles de ese partido, se tomó como un desaire, y más como una consecuencia del choque de Lemus con funcionarios y dirigentes del partido que le son incondicionales.

Y es que entre los asistentes a la cumbre naranja, algunos atribuyeron la inasistencia de Alfaro al desacuerdo de dar tribuna a Lemus en la Convención Nacional, luego de toda la trifulca verbal que desató por no acudir a la marcha antiFIL y llamar arrastrados a los que acudieron.

Esta versión parece adquirir sentido por lo manifestado por el gobernador el lunes pasado, cuando mientras Dante le abría el foro en el que Lemus tendía la mano y pedía disculpas por sus errores a las y los emecistas, el gobernador machacaba desde Jalisco que "si eres parte de este proyecto, pero haces como que la virgen te habla cuando se trata de tener definiciones, pues entonces no eres realmente parte de ese proyecto", reprochaba egos personales y afirmaba que era "un gravísimo error pensar" que hay relevo de liderazgos porque "mientras no pase otra cosa el líder de este proyecto tiene nombre y apellido", y que nadie "ha podido poner contra las cuerdas a nuestro movimiento".

Todas las señales, pues, indican que a Alfaro no le gustó mucho que Dante fuera el primero en estrechar la mano que le extendió Lemus.

Algunas dependencias del gobierno estatal, como el Instituto de Información Estadística y Geográfica, reportaron hackeos en sus portales.

El Congreso de Jalisco registró un ciberataque que provocó daños en 14 de los 17 servidores que alojan la información del poder legislativo estatal. La diputada Mirelle Montes Agredano, presidenta de la Mesa Directiva, informó que el fin de semana detectaron la vulneración de sus servidores que generó el secuestro de datos y encriptó la información.

La legisladora comentó que el virus detectado secuestra y encripta la información y la deja inutilizable, dijo que aún no se ha podido determinar cuántos y cuáles elementos han sido dañados. Explicó que hay información de minutas, actas, documentos procesales, registros de la gaceta parlamentaria, archivos, demandas, contabilidad y cuestiones fiscales. "Se está investigando si los hackers responsables sustrajeron algún tipo de información o simplemente bloquearon el acceso secuestrando el manejo de algunos datos", precisó.

Añadió que hasta el momento los ciberdelincuentes no han solicitado algún tipo de pago para liberar la información. La legisladora informó que cuentan con la cooperación de las áreas especializadas de la Fiscalía estatal para rastrear, reestablecer e implementar las medidas necesarias para blindar los servidores. Además de dar seguimiento ante autoridades para buscar deslindar responsabilidades.

Adicionalmente el órgano interno de control realizará investigaciones para determinar si hubo algún tipo de omisiones en la prevención de vulneraciones. El secretario general del congreso estatal, Tomás Figueroa Padilla, dijo que aún desconocen a cuánto ascienden las posibles afectaciones económicas al poder legislativo por el hackeo.

Sostuvo que la parte administrativa trabaja con normalidad y no habrá afectación en el pago de nómina o a proveedores.

El Congreso de Jalisco tiene asuntos atorados porque no han sido discutidos, a pesar de que algunos fueron promesas de campaña o heredados de la pasada legislatura. Por ejemplo, la Ley de Designaciones es uno de los pendientes y se planteó como alternativa para contrarrestar el reparto de las cuotas en los nombramientos para cargos públicos, pero no le han querido meter el acelerador, por obvias razones.

Otro es la votación de una nueva ley para facilitar la donación de órganos, que ha sido pospuesta en más de 3 ocasiones.

En el 1er. año de actividades se presentaron más de 1,700 iniciativas, pero la mayoría sin efectos positivos para la población.

El 1o.de abril de 1989, un adolescente Enrique Alfaro Ramírez, entonces estudiante de la Preparatoria 5, vio cómo su padre, el rector Enrique Alfaro Anguiano, le entregó la estafeta de la rectoría a Raúl Padilla López ante el gobernador Guillermo Cosío Vidaurri.

Eso marcó un antes y un después en la familia del mandatario. Meses más tarde, el ex rector y padre del gobernador salió vapuleado y desterrado de la UdeG en una purga y cambio de régimen en la política universitaria. A tal grado que Alfaro Ramírez, hijo de un ex rector, se vio obligado a abandonar la UdeG y cursó ingeniería civil en el ITESO.

Primero hay que entender qué significó la llegada de Padilla López a la rectoría de la UdeG. En 1984 (5 años antes de asumir como rector) comenzó a dirigir el Departamento de Investigación Científica y Superación Académica (Dicsa) en donde acumuló poder, ganó protagonismo y comenzó a tejer las alianzas y lealtades que más tarde le permitieron desplazar al grupo dominante de la UdeG encabezado por Álvaro Ramírez Ladewig, clan al que servía el padre del [actual] gobernador.

Padilla López, bien visto por el salinismo y otrora discípulo del "Sanedrín" -cónclave de ex fegistas en donde se tomaban las decisiones en la universidad- comenzó una limpia.

Primero alineó la base de sus huestes: renovó la estructura sindical y académica de la casa de estudios con dirigentes cercanos, colocó a sus generales en puestos clave de la universidad y direcciones escolares, y confrontó abiertamente los designios del "Sanedrín" con una ambiciosa propuesta de reforma universitaria que reclamaba la modernización política y educativa que enarbolaba el salinismo.

Esta visión reformadora insubordinó a los fegistas que tomaron el edificio de la rectoría el 1o.de septiembre de 1989 durante una semana para exigir la renuncia de Padilla López.

Sin embargo, 2 años más tarde, Padilla López logró desmantelar a la virulenta Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) para crear la actual Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) por medio de un referéndum que determinó que esta última era mayoritaria, una operación que desarmó definitivamente a sus rivales en la política universitaria.

Recordemos que hasta Padilla López, al rector lo designaba el gobernador del estado en una terna propuesta por la Universidad. Esto habilitó por años un dispositivo de control político del gobernador en turno y negociaciones fácticas con la cúpula universitaria.

Con la desaparición de la FEG y la reconfiguración de los sindicatos, y pese a la resistencia a las reformas que emprendía Padilla López, se consolidó el último tramo de su visión.

Tras las explosiones del 22 de abril de 1992 y la destitución del gobernador Cosío Vidaurri, el naciente Grupo Universidad negoció, en medio de la crisis política por la tragedia, la nueva Ley Orgánica de la UdeG para garantizar la autonomía universitaria y que la elección del rector recayera sólo en el Consejo General Universitario.

Esa reforma, promulgada a principios de 1994 -un año antes de terminar la rectoría de Padilla López- dio vida a la universidad como hoy la conocemos.

En su libro "Historia de una traición", Álvaro Ramírez Ladewig sostiene que él y su hermano Carlos ayudaron a Raúl Padilla López en los momentos más duros. En un pasaje recuerda que su hermano, asesinado en 1975, le abrió las puertas de la UdeG: "Cuando muere su papá, Raúl andaba muy mal en lo económico, pero inclusive en lo anímico. Andaba muy deprimido, puesto que su papá se suicida delante de él en su oficina, en una discusión que ellos tuvieron".

Hay varias versiones sobre el origen de la pugna entre Enrique Alfaro Anguiano, rector número 42, y Raúl Padilla López, rector número 43.

Antes de asumir la rectoría, este último despuntaba cada vez más en la política universitaria. Cuando llegó la sucesión, el entonces rector y padre del actual gobernador impulsó a José Manuel Correa Ceseña, su secretario general, para reemplazarlo.

Sin embargo, el "Sanedrín" de ex fegistas que controlaba la UdeG, en un viraje ordenado por Ramírez Ladewig, ungió a Padilla López. Esa decisión, además de la rivalidad por el creciente protagonismo de Raúl en la Dicsa, preludia un hecho clave.

El golpe a Alfaro Anguiano llegó apenas asumida la rectoría por Raúl. Todo en medio de vertiginosos cambios que los padillistas y la historia oficial elucubran como "un cambio de época" en la universidad -sus críticos ven sólo un voraz cambio de régimen caciquil-.

La afrenta al papá del actual gobernador despuntó cuando a los 4 meses de su rectorado, Padilla López removió a Jesús Medina Ambriz, tesorero de la UdeG en el periodo de Alfaro Anguiano, entre acusaciones de malos manejos y desvío de fondos. Lo exhibió por medio de un desplegado en la prensa. Esto significó un desafío frontal a la gestión de Alfaro Anguiano y al "Sanedrín".

Hay que visualizar que en ese momento Padilla López enfrentaba a los jefes políticos de la Universidad para arrebatarles los principales espacios de poder y toma de decisiones. Jugó a su favor que Álvaro Ramírez Ladewig enfermó, lo que despejó su avance en la conquista de posiciones.

Tras la toma de la rectoría por fegistas ante su inminente disolución, Padilla López y Ramírez Ladewig, este último aún en el hospital, pactaron una tregua en donde el 1er. punto acordaba que Raúl "dejaría de agredir a Alfaro Anguiano, rector anterior a él, ya que lo había difamado diciendo que faltaba una cantidad muy fuerte de dinero", relató Ramírez Ladewig en su libro.

Sobre el final de la pugna, una versión habla de la intervención del presidente Carlos Salinas de Gortari. Otra más apunta a una disolución del "Sanedrín" en donde influyó la enfermedad de Ramírez Ladewig, la desaparición de la FEG en un referéndum y la imposición de la FEU como organización estudiantil mayoritaria bajo las órdenes de un fiel a Raúl: José Alfredo Peña -personaje que a la postre encabezará "El Atenguillo", órgano de poder fáctico como el "Sanedrín".

También influyeron las explosiones del 22 de abril de 1992, pues la crisis política por la tragedia abrió vacíos en el control gubernamental de la UdeG, lo que facilitó el nacimiento y consolidación de un nuevo grupo al mando: el Grupo Universidad.

Parece una nadería, pero el gobernador, hijo de un ex rector, no estudió en la UdeG sino en el ITESO debido a las pugnas de su padre con Padilla López. ¿Cómo procesa un adolescente, activo en la política universitaria y con un futuro resuelto en las filas de los Leones Negros, su salida abrupta de la Universidad y el exilio paterno?

"En ese momento el actual gobernador tiene 16 años, y jura vengar a su padre", me dijo un ex rector.

La disputa del gobernador Enrique Alfaro con Raúl Padilla López es personal. Claro, tiene un trasfondo político y de control del poder, pero a diferencia de otros sexenios, hay un componente íntimo. Eso explica la relación tirante del mandatario con el ex rector, el hombre que venció y desterró a su padre.

El feroz pragmatismo del gobernador lo obligó a jugar como aliado del padillismo los primeros 2 años de su gobierno para enfrentar a López Obrador. Había que mandar un mensaje de unidad en Jalisco. Pero al pactar con el presidente, Alfaro vio la oportunidad de reivindicar la derrota política de su padre. No es casual que el 3 de agosto de 2021, días antes de la reasignación de 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales, usado como pretexto para detonar el conflicto, el presidente fustigó el cacicazgo de Raúl desde la mañanera. Un día antes, Alfaro y Andrés Manuel acordaron en Vallarta el apoyo de la federación a la Línea 4 del Tren Ligero.

Por eso esta disputa por momentos parece ilógica, reactiva en extremo y cada episodio más incomprensible que el anterior. Tiene la naturaleza de la pasión y el orgullo herido de un niño desarraigado, ahora encumbrado y deseoso de venganza.

Y al igual que se saldan las deudas de honor y las revanchas políticas, los protagonistas de este pleito arrastran consigo a la soldadera codiciosa -ávida de saqueos y riqueza- pero también a una ciudad, un estado y la 2a. universidad más grande del país.

Porque esta pugna del mandatario encierra una paradoja. En todo caso, el padre del gobernador sirvió al cacicazgo de la UdeG, no el de Padilla López, sino el encabezado por los Ramírez Ladewig. Y lo que busca el gobernador es reinstaurar un cacicazgo controlado por él y su grupo político. La recaptura del botín en manos de quienes se lo arrebataron a su padre. La fantasía del niño que ocupa el lugar de su padre, revive su derrota y enfrenta a enemigos de una época que no le corresponde.

"Es un tema que se le aparece a Enrique como un fantasma sobre un conflicto que él no vivió. Toma como personal un cambio de época en la Universidad", me comentó un padillista que trabajó con padre e hijo.

Hay 2 posibles escenarios ante este conflicto: termina el sexenio y nada cambia. Se va el gobernador y se queda Padilla López como ha ocurrido las últimas 3 décadas. O el mandatario, desesperado porque el tiempo se agota, comete una locura.

El embate contra el Grupo Universidad debió ejecutarse hace 2 años, pero su pragmatismo político se lo impidió. Al gobernador le quedan 2 años para derrocar a Raúl. O menos: un año si consideramos los tiempos electorales.

Significa que cualquier acción contra Padilla López, si ocurre, habría que esperarla en los próximos meses o semanas.

Ya hay señales. La expresión de Alfaro sobre Raúl, "se le acabó el veinte", anticipa una posible ruta. La 1a. sería endilgarle malos manejos presupuestales. De hecho, el rector Ricardo Villanueva denunció presiones al auditor estatal para imputar a la Universidad por desvíos (la misma acusación que Padilla López usó contra el padre del gobernador).

El otro escenario, uno que el Grupo Universidad anticipó en el momento más ríspido de su relación con el presidente, consiste en abrir un expediente judicial para encarcelar a Padilla López.

En lenguaje llano, según un padillista: "Él lo que quiere es sacar a madrazos a Raúl, pero se le está acabando el tiempo. Y al acabarse el tiempo, se puede ir a los extremos".

La decisión de Pablo Lemus de acudir a la Feria Internacional del Libro y más aún, de criticar a los funcionarios y diputados que acudieron a la marcha para bloquear el acceso a la Feria y protestar contra Raúl Padilla, es un paso al frente que a la vez que lo desmarca lo deja solo.

Alberto Esquer, secretario de Desarrollo Social y funcionario preferido del gobernador Enrique Alfaro para sucederlo en el gobierno, aprovechó la toma de distancia del alcalde Pablo Lemus para ponerse al frente del alfarismo, lo que sea que eso signifique a estas alturas del partido. Escribió el secretario: "Hoy cambió el futuro de Jalisco. Es inadmisible la ofensa y el desprecio a las estructuras y liderazgos de este movimiento. Quien insulta este proyecto, aunque no lo entienda, no puede aspirar a encabezarlo". Aunque es en realidad muy burdo, está escrito en clave de enterados.

Lo 1o. que hay que atender y entender es que Esquer jamás habría escrito un mensaje así sin la autorización del gobernador. Podemos entender entonces que se trata de un mensaje de Alfaro a Lemus por interpósita persona, que el secretario es sólo el mensajero. De ahí que la 1a. frase "Hoy cambió el futuro de Jalisco" no sea sino un claro aviso de que el presidente municipal no es más el candidato del gobernador. Para reafirmar esa idea al final escribe: "Quien insulta este proyecto, aunque no lo entienda, no puede aspirar a encabezarlo". Parafraseando a Rubén Aguilar -el intérprete de Fox-, en este caso lo que el gobernador Alfaro quiso decir fue: el proyecto soy yo; quien decide quien lo encabeza soy yo, y estás conmigo o no estás. Que el mensaje salga de la cuenta del secretario Esquer lo hace en automático el nuevo elegido.

¿Se trata del rompimiento definitivo entre Alfaro y Lemus de cara a la sucesión? No es la 1a. vez que el gobernador y el alcalde tienen diferencias de este tipo. En política nada es definitivo y menos cuando de lo que se trata es de mantener el poder. Lo que hay que atender en este caso particular es que nunca habíamos visto que las diferencias fueran tan públicas y directas. El mensaje a Lemus es claro: si cruzas la raya, si no apoyas el boicot a la FIL, estás fuera del movimiento. Y lo hizo. El dilema para el alcalde no es menor, porque obedecer a un capricho de ese tamaño, renunciar a representar a la ciudad -más aun siendo Guadalajara Capital Mundial del Libro en este año- para convertirse solo en el representante del gobernador, lo anula políticamente. Su presencia en la FIL será interpretada necesariamente como un desacato.

Comienza, pues, la marcha de Lemus por el desierto. Le quedan por delante varios meses donde, bíblicamente, se le presentarán todo tipo de tentaciones antes de tomar la decisión final que no es sino romper con el alfarismo o rendir la cornamenta y regresar al redil.

Mientras ante las embestidas del gobierno estatal los leones negros borraron sus diferendos internos para hacer un frente común, la marcha emecista en apoyo al gobernador y para descalificar al presidente de la FIL, hizo visible el endeble apoyo de Casa Jalisco al alcalde tapatío, Pablo Lemus, para concretar la ventaja indiscutible que tiene en las encuestas para ser el candidato de MC a la gubernatura y mantener el poder.

Los cálculos del primer círculo alfarista eran esperar hasta noviembre del año próximo una definición de su abanderado, en espera de acotar el lemusismo o en su caso, fortalecer la alternativa del secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer.

La señal de la casi expulsión de Lemus de los ánimos de su aún jefe político vino con toda la cargada de mensajes en redes sociales de la clase política y gubernamental naranja reconociendo como su líder único al gobernador y recriminando implícitamente al más aventajado de los aspirantes emecistas a la gubernatura.

La arremetida contra Lemus de la nomenclatura naranja arreció cuando respondió que estar cerca de la gente era su fortaleza, y que la verdad callaría el servilismo de los intereses particulares, además por su participación en eventos de la prohibida FIL.

Es claro, pues, que este toma y daca interno emanado de la ofensiva alfarista contra el padillismo, trastocó los tiempos de la sucesión emecista que podría poner en riesgo su permanencia en el poder en Jalisco.

Y si no, basta ver lo que tuiteó Rafael Valenzuela, uno de los estrategas de campaña que ha acompañado a Alfaro desde sus inicios políticos al ver de lejos el conflicto interno naranja: "El conflicto atrae conflicto, la discordia atrae discordia, la intriga atrae intriga y mientras tanto, Morena frotándose las manos".

El tiro entre Casa Jalisco y el Grupo Universidad no les está saliendo bien a los emecistas. Seguramente recuerdan que el partido Movimiento Ciudadano (MC) prohibió que legisladores federales y estatales, presidentes municipales y alcaldesas visitaran la Feria Internacional del Libro (FIL), como una muestra del desprecio hacia Raúl Padilla.

Ayer les contamos que la diputada federal por MC, Amalia García, ignoró la orden que salió desde Casa Jalisco y estuvo en la Feria, pero ya brincó otro caso.

El lunes pasado, el alcalde Pablo Lemus se fue con todo contra los políticos que participan en las marchas, ya que las contaminan. Tras acentuar que deben tener un carácter civil o más ciudadano, se refirió a la movilización encabezada por López Obrador en la Ciudad de México, pero también explicó que por eso no acudió a la manifestación del pasado sábado afuera de la Expo Guadalajara, en donde se vieron a emecistas gritando consignas contra el Licenciado Padilla.

Nos cuentan que lo anterior molestó a muchos en Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, el secretario Alberto Esquer cuestionó que algunos personajes no participaran en la marcha porque a lo mejor no se sienten parte del proyecto político del gobernador de Jalisco.

Pero en esa declaración, Esquer se llevó entre las "patas" a otros emecistas como Clemente Castañeda, Salvador Zamora y Hugo Luna, quienes tampoco se vieron en la movilización.

¿Cómo reaccionó el alcalde tapatío? Pues estuvo contento en toda su agenda pública. Es más, ayer recibió a la princesa de Sharjah en el Museo de Guadalajara, como un gran evento de intercambio cultural. ¿Qué tiene de interesante esa recepción? Que Sharjah es el país invitado a la FIL.

El que entendió, entendió.

La orden de Enrique Alfaro a su grupo político fue inapelable: nadie acude a la FIL Guadalajara. Nadie pisa la Expo Guadalajara mientras el mandatario libra su batalla contra el Grupo Universidad encabezado por el ex rector Raúl Padilla.

Esta indicación del líder moral del partido naranja quedó plasmada en un desplegado difundido el viernes, un día antes de la inauguración de la FIL, en donde alcaldes, diputados y senadores de Movimiento Ciudadano anunciaron que no acudirían a la feria mientras se mantenga "el secuestro político de nuestras instituciones académicas y culturales por parte de una camarilla que desde hace décadas ensucia la vida pública de Jalisco".

Resulta curioso que el desplegado, a diferencia de este tipo de posicionamientos políticos, no estaba firmado. ¿Nadie se animó a plasmar su rúbrica o se les "olvidó"? Una forma de decir: todos y nadie.

Esto ha metido en un dilema al menos a 3 personajes naranjas claves en la próxima elección: el alcalde tapatío Pablo Lemus que quiere ser gobernador; el 1er. edil Salvador Zamora que quiere brincar de Tlajomulco a Guadalajara; y el senador Clemente Castañeda que se perfila también para La Perla Tapatía.

Ninguno de los 3 políticos se manifestó en la contramarcha alfarista del sábado. Se ha hablado mucho de las presencias en esta marcha como una demostración de músculo y para beneplácito del gobernador, pero se ha hablado poco de las ausencias.

Estuvieron los que aspiran a un lugar en la boleta en 2024 (Quirino Velázquez, Alberto Esquer, Verónica Delgadillo, Patricia Campos, Eduardo Martínez Lomelí, Gabriela Cárdenas, Priscilla Franco y otros), pero ¿dónde estaban Salvador Zamora, Clemente Castañeda, Hugo Luna o Marco Valerio Pérez? Las ausencias también son elocuentes.

Finalmente Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, desairó a la FIL Guadalajara. Anoche no llegó al foro "La democracia en peligro: la amenaza del populismo a la democracia" al que estaba convocado y que días antes anunció en sus redes sociales. Que no quepa duda: en Jalisco manda Enrique Alfaro.

Pocas marchas tan ridículas como la que vimos el sábado pasado en las inmediaciones de la Expo Guadalajara para protestar contra la FIL y Raúl Padilla. Fue la marcha de la abyección: en 1a. fila estaban, rijosos y envalentonados, un grupo de alcaldes, secretarios y diputados sudando calenturas ajenas, en una vergonzosa batalla por demostrarle al jefe quién es más alfarista que Alfaro, quién hacía el ridículo más grande para mayor gloria del líder, que seguramente estaba muy contento en Casa Jalisco viendo el éxito de la manifestación. Más vergonzosa aún fue la actitud de legisladores -federales y locales- y miembros del poder judicial que cancelaron su participación en la FIL, que se autoexcluyeron de un espacio de debate por "solidaridad" con el poder.

Ya Raúl Padilla y el Grupo UdeG sacaron a los estudiantes a la calle para exigir presupuesto, y de paso la renuncia del gobernador (de una vez, ¿no? Ya venimos, exijamos que se vaya) y el gobernador sacó a sus huestes burocráticas para gritarle ratero a Padilla (¿tú sabes qué se robó? No, pero grita para que se ponga contento el jefe). ¿Qué sigue? ¿Es sólo una guerra de egos, un pleito de 2 machos alfa de la política jalisciense, o hay algo más?

Hay quienes aseguran que el gobernador Alfaro tiene ya preparada una embestida final contra Padilla, que tiene un acuerdo con el gobierno federal para iniciar una persecución judicial contra "el licenciado". Aunque para algunos de los asesores de Alfaro pudiera tener sentido usar el gobierno para generar un cambio al interior de la estructura de control de la Universidad y ganar una fracción de ese poder (que el padre de Alfaro tuvo y perdió a manos de Raúl Padilla) las consecuencias de gobernabilidad serían mayores: la Universidad tiene presencia en prácticamente todos los municipios del estado y el momento político no parece ser el más propicio para generar una inestabilidad de ese tamaño.

La fuerza de Raúl Padilla está al interior de la Universidad. Mientras los embates vengan de fuera, sea del Gobierno del Estado o incluso del gobierno federal, la correlación de fuerzas interna no cambia. Los movimientos en pro de la democratización de la Universidad e incluso los anti-Padilla siempre han existido, desde los residuos de la FEG hasta grupos académicos que exigen mayor democratización. En la manifestación contra Padilla y la FIL no había contingentes de esos universitarios, lo cual no significa que no haya oposición al grupo de control de la UdeG, sino que el alfarismo nunca logró permear políticamente la Universidad.

Hace unos días, los dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC) firmaron un comunicado en el que juraban que "golpearían" a la FIL con su ausencia. Nos cuentan que se enviaron mensajes a los trabajadores de los gobiernos emecistas para advertirles que tenían prohibido acudir a "hacerle el caldo gordo" a Raúl Padilla.

Lo único claro es que la FIL es tan irresistible o de plano la autoridad del gobernador de Jalisco con su tribu es cada vez más chiquita. Y es que desde el sábado pasado se han visto por los pasillos de la Expo a funcionarios de todos los niveles.

Jalisco es México. La frase, más allá del eslogan publicitario, aplica para los tiempos políticos que vivimos. En un sentido más amplio define ese fatal parecido entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro -dicen que por eso, juntos, sacan chispas: son tan iguales que no se soportan.

Como si se hubieran puesto de acuerdo, ambos organizaron sendas contramarchas este fin de semana contra sus opositores.

El presidente atiborró el Zócalo capitalino como respuesta a la movilización masiva en su contra por la desaparición del INE.

El gobernador, en una escalada más de su disputa personal con el ex rector Raúl Padilla, movilizó a manifestantes y a su grupo político, incluidos secretarios y diputados, durante la inauguración de la FIL Guadalajara tras la megamarcha universitaria.

La particularidad de estas contramarchas radica en que son impulsadas desde el poder público. Su valor, por tanto, no se basa en la búsqueda de una conquista democrática de la sociedad sino en su utilidad para legitimar a un poderoso.

Este año, el presidente opera un presupuesto de más de 7 billones de pesos y Alfaro administra un gasto de 137,000 millones.

La diferencia con cualquier manifestante que toma las calles, por ejemplo, el familiar de un desaparecido, un ambientalista, el padre de un niño con cáncer, un maestro o un universitario e incluso la oposición, consiste en que estos últimos exigen al poder público que se garanticen derechos o demandas específicas: justicia, medicinas, presupuesto o un cambio de rumbo en las políticas o decisiones de gobierno.

La concentración masiva de AMLO y la movilización de MC Jalisco tienen eso en común: colocan al centro de sus exigencias la defensa de un poderoso y su gobierno, en este caso el presidente y el gobernador. En el fondo, se usa el disfraz de la protesta social para arropar las pugnas personales y ambición electoral de 2 mandatarios.

En la protesta contra el INE y en la marcha de los universitarios había ciudadanos ejerciendo su derecho político a la libre manifestación, a la crítica y a la exigencia de demandas puntuales. También había, desde luego, políticos de oposición ejerciendo su derecho a criticar al poder -si no es la UdeG, qué oposición habría en Jalisco-.

Por eso las marchas de AMLO y el gobernador tienen esa rareza casi antidemocrática. Mientras López Obrador utiliza a impresentables de la política que asistieron a la marcha del INE para descalificar toda la protesta, Alfaro se refería hace unos días así a la contramarcha del presidente: "Me da pena que, en este país con tantas necesidades, el presidente esté pensando en organizar marchas".

El poder está para garantizar los derechos, entre ellos a la crítica, a la libre expresión de ideas y el derecho a disentir. No para usar esas garantías y así intentar neutralizar, silenciar o amenazar a sus adversarios políticos.

Lo que fue inevitable es que la prensa nacional e internacional que cubre la 2a. feria del libro más importante del mundo se enterara del conflicto que desde hace más de un año protagoniza el gobernador Enrique Alfaro contra el grupo UdeG, que lidera el ex rector Raúl Padilla López, con quien el propio mandatario estatal ha personalizado la pugna, luego de que se reencontraron como aliados políticos desde el 2013 e incluso en el 2018 fueron juntos con la alianza en contra de AMLO. Prueba de esa etapa, es el discurso de Alfaro en la inauguración de la FIL del 2019, donde reconoce la labor de Padilla para la grandeza de ese evento cultural, que ahora le recrimina al no presentarse y llamarlo "mafioso disfrazado de promotor cultural".

Así, la manifestación del sábado contra Padilla fue un episodio mas del conflicto que nació y fue creciendo por el disgusto del gobierno alfarista porque el grupo UdeG creó el partido político estatal Hagamos para participar en la elección del 2021 luego de que concluyó esa alianza política en 2018, y que se hizo visible cuando el gobierno estatal le quitó 140 millones de pesos a la UdeG para la conclusión de la 1a. fase del Museo de Ciencias Ambientales, del Centro Cultural Universitario.

La realización del simulacro de revocación de mandato contra el gobernador que anunció el rector el miércoles pasado en la megamarcha podría ser el nuevo episodio de esta pugna que entró, de momento, en una pausa.

Parece que está de moda que los gobiernos organicen manifestaciones con recursos públicos. La que tuvo lugar en Guadalajara este 26 de noviembre fue particularmente lamentable porque la montó el Gobierno de Jalisco para atacar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una de las instituciones culturales más queridas de nuestro país.

La FIL Guadalajara se creó en 1987 con la idea de tener una feria como la española Liber, pero que no fuera solo profesional, sino tuviera también presencia de público. Recuerdo las dudas y cuestionamientos. ¿Qué caso tenía tratar de competir con Liber? En todo caso, la Ciudad de México, no Guadalajara, debía ser el escenario. Sin embargo, Raúl Padilla, entonces director del Departamento de Investigación Científica y Superación Académica de la Universidad de Guadalajara, logró convertir el sueño en realidad.

Padilla era un hombre ambicioso. Fue activista estudiantil y participante en la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Coordinó la FIL en 1987 y 1988, pero en 1989 sucedió a Enrique Alfaro Anguiano, padre del actual gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, como rector de la Universidad de Guadalajara. Desde la rectoría siguió apoyando la FIL y regresó como presidente tras su gestión como rector. Inclinado a la izquierda, y afín al PRD, apoyó en 2018 la candidatura presidencial de Ricardo Anaya.

El odio de López Obrador a Padilla parece surgir de esta decisión. El presidente ha acusado a Padilla de ser un "cacique", de "poner y quitar rectores", de dedicar las últimas ferias a atacar su gobierno. El pleito con el gobernador Alfaro Ramírez es más complejo. Padilla ha sido aliado de Alfaro Ramírez en varias ocasiones, pero el distanciamiento ahora ha sido muy fuerte. El Congreso de Jalisco recortó 37.1 millones de pesos al presupuesto de la UdeG para 2023. "Nosotros vamos a apoyar a la UdeG porque somos universitarios", declaró Alfaro, pero "el presupuesto ya no destina recursos para los negocios de Raúl Padilla".

En la inauguración de la FIL de este 26 de noviembre no hubo, por 1a. vez, ningún representante gubernamental: ni federal, ni estatal, ni municipal. Lo lamento. Me doy cuenta de que la FIL requiere de un subsidio para subsistir, como lo tienen otras ferias del libro, pero esta ha colocado a Guadalajara en un lugar muy alto en el mundo. Más preocupante fue la manifestación, que afortunadamente no llegó a los golpes. El rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, declaró en la inauguración: "La FIL Guadalajara es más grande que los delirios de grandeza de cualquier individuo".

AMLO se queja de que Mario Vargas Llosa es un invitado constante a la FIL, y eso le molesta, aunque no está presente este año ni desde 2019. También cuestiona que la feria invite a Héctor Aguilar Camín y a Enrique Krauze. No presta atención al hecho de que cientos de escritores son invitados cada año, muchos de los cuales respaldan a su régimen. Es el caso, por ejemplo, de Elena Poniatowska, que este año ha presentado el 2o. volumen de El amante polaco en una entrevista con Rosa Montero. La FIL siempre ha sido plural.

No tiene nada de malo que a la inauguración de una feria del libro no asista ningún representante gubernamental. Es, incluso, un alivio. ¿Para qué tener a políticos cuando acuden cientos de los escritores más importantes del mundo? Me preocupa, sin embargo, que el gobernador logre destruir la feria. No sé si Padilla es el villano que dice, pero es claro ha construido en Guadalajara la feria del libro más importante en español y la 2a. en el planeta. Es un logro extraordinario.

En la contramarcha alfarista de la FIL Guadalajara vi el tráfico colapsado antes de las 9 de la mañana en los alrededores de la Expo Guadalajara mientras los contingentes tapizaban el Parque de las Estrellas.

–¿Aquí es la reunión de transportistas?– lancé el señuelo a un grupito.

-No, nosotros somos de Educación. Los de transporte público creo que son esos de azul, allá- señaló una mujer.

En la protesta "por una FIL libre de Raúl Padilla", convocada por Movimiento Ciudadano Jalisco, Protección Civil del Estado reportó 19,000 asistentes. No sé si eran tantos, pero sí bastantes, casi cubrieron la hectárea completa del parque.

La mayoría de los manifestantes eran maestros sindicalizados. Hubo reportes de que movilizaron a transportistas.

Como parte del contingente, vi a 19 estudiantes wixárikas de secundaria en Mesa del Tirador, en Bolaños. Me contaron, adormilados aún tras el viaje en autobús toda la madrugada, que su maestro los había traído a protestar.

Vi que cada contingente se agrupaba en torno a un personaje de la política. Vi al diputado Gerardo Quirino. Su grupo, el más pequeño pero el más ruidoso, matracas y batucada incluida, ocupó la vanguardia en la marcha.

En el otro extremo vi a funcionarios de Guadalajara: la regidora Patricia Campos, Miguel Zárate de Gestión Integral de la Ciudad, el ex diputado Javier Romo, el secretario general Eduardo Martínez Lomelí y las diputadas Gabriela Cárdenas y Priscila Franco. Todos encabezaban un grupo o pertenecían a él en una especie de demostración de músculo electoral. También vi, no directamente, pero sí en fotos, a Héctor Pizano y a Diego Monraz.

La marcha avanzó por el centro de la Avenida Mariano Otero. El contingente principal, encabezado por Quirino, se estacionó por hora y media en la explanada de la Expo Guadalajara ante el cerco humano que hicieron los universitarios. En esa punta de lanza vi al secretario Juan Carlos Flores con un letrero: "Queremos una FIL libre", y a su lado a Alberto Esquer, secretario de Asistencia Social. Más tarde, un poco atrás, vi a la senadora Verónica Delgadillo haciéndose un selfie. En eso 2 mujeres me abordaron al ver mi gafete:

–¿Sabes por dónde podemos entrar a la FIL?

Patricia y Beatriz. Poblanas, ingenieras de profesión y amantes de los libros. Me contaron que acudieron a la FIL por 1a. vez este año. Habían llegado la noche anterior desde Puebla.

–¿Por qué está todo esto?– preguntó una.

–¿Tú qué has escuchado?– reviré.

–Sólo escuchamos "acarreados"– interrumpió la otra.

En ese momento, universitarios y emecistas confrontaban consignas y cánticos: acarreados, fuera Padilla y su familia, UdeG, UdeG...

Un guardia nos indicó que podíamos entrar por la puerta de Avenida Las Rosas porque la principal, además de cerrada, era intransitable. Ambas se miraron.

–¿Y sí es seguro? ¿No van a poner una bomba?

Dudaron: –Mejor no, vámonos, no me da confianza.

Vi a las 2 lectoras alejarse.

Entré a la FIL cuando comenzaba el evento de inauguración. Nadie pensaría que afuera había una manifestación. Vi a un guardia de seguridad y le pregunté por qué protestaban en la entrada.

–Alfaro no quería que se hiciera esto- me dijo en tono chismoso y señaló el conjunto de stands alrededor.

Caminé un rato entre los pasillos mientras escuchaba el discurso inaugural en mis audífonos. Algunos expositores, casi amodorrados, aún desempacaban.

Mientras el escritor rumano Mircea Cartarescu hablaba de la naturaleza subversiva de la poesía ("la poesía es, de hecho, otro nombre para la libertad"), llegó a mi teléfono un video de los manifestantes que empujaban y mentaban madres entre consignas, matracas y batucada. Al centro, el diputado Quirino Velázquez hizo una señal inconfundible.

La diferencia, dijo alguien más tarde, entre lectores y electores.

En la Expo Guadalajara, durante la ceremonia de inauguración de la FIL, después de 2 años de restricciones por la pandemia, lo que dominó fue el conflicto político y la manifestación "voluntaria" o "forzosa" organizada por el gobierno estatal, pero ya en el acto oficial, con la presencia del rector de la UNAM, la presidenta de El Colegio de México, un ministro de la Suprema Corte, el presidente del INE y hasta un representante de la ONU, el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, se robó los aplausos y las porras al declarar que viendo a los invitados, los miles de asistentes y los pasillos rebosantes de libros y editoriales, "aquí no nos hace falta nadie". Y sí. Nadie extrañó al gobierno federal o estatal.

La asistencia a la inauguración de la Feria Internacional del Libro (FIL) se vio restringida debido a una manifestación que llevó a cabo el partido Movimiento Ciudadano (MC) en las inmediaciones de la Expo Guadalajara.

Aproximadamente a las 9:00 horas comenzaron a reunirse los contingentes en el Parque de las Estrellas: uno lo hizo por Mariano Otero y el otro por la avenida de Las Rosas; ambos se encontraron en el cruce de las 2 vías, justo afuera de la Expo, a las 10:00 horas.

En ese punto, un grupo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) resguardaba el recinto con una valla humana para evitar que los manifestantes ingresaran a la feria.

Manifestantes de Movimiento Ciudadano provocaron a los universitarios con empujones, fue entonces que elementos antimotines de la Policía del Estado intervinieron y se impusieron entre ambos contingentes; los insultos continuaron.

Durante la inauguración de la FIL, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, denunció agresiones en contra de la comunidad universitaria afuera del recinto de la feria: "Queremos denunciar que en este momento, personas que vienen a la manifestación del gobernador comienzan a empujar y agredir a la comunidad universitaria al exterior de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Respetamos el derecho a la libre manifestación pero les pedimos por favor que cuiden la integridad de la Comunidad UdeG y la ciudadanía que se encuentra en la FIL en estos momentos", publicó en sus redes sociales.

Alrededor del mediodía, el grupo de Movimiento Ciudadano se retiró del lugar hacia el parque de las Estrellas, donde algunos de ellos fueron recogidos en camiones y camionetas.

Agentes de la Secretaría de Seguridad se encargaron de hacer los cortes viales en Mariano Otero, de Lázaro Cárdenas a López Mateos; y en avenida Las Rosas, de López Mateos a la calle Faro. Pese a todo ello, las actividades dentro del recinto continuaron con normalidad.

Increíble lo que pasó ayer con el Tren Ligero. Cuando los diferentes frentes de la marcha de la Universidad de Guadalajara (UdeG) se dirigían a la Plaza de la Liberación, en el corazón de la ciudad, "curiosamente" se reportaron fallas en la Línea 1 y después en la Línea 3.

El colmo de las coincidencias: un automóvil se averió justo encima de la vía del Tren. Y el servicio se suspendió. El Gobierno del Estado negó que se haya aplicado un boicot para obstaculizar el traslado de manifestantes, pero no se recuerda, ni en los peores días de tormenta, que se hubieran detenido al mismo tiempo 2 líneas del Tren Ligero. Naturalmente, los más perjudicados fueron los usuarios de todos los días. ¿Y el director del Siteur, Juan Carlos Holguín? Ausente.

Para la UdeG fue una clara estrategia del gobierno para reducir la movilización.

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Seguramente recuerdan aquellos ejercicios de ratificación de mandato que realizaron los alcaldes emecistas, con la intención de que la población calificara sus gestiones municipales. Por allá en 2017, los 25 alcaldes de Movimiento Ciudadano fueron "aprobados", entre los que destacaban el alcalde de Guadalajara, que hoy es gobernador. En aquellos tiempos, en la capital del estado participaron 76,000 personas y 65,000 aprobaron al alcalde. En contra votaron 9,533 tapatíos y 1,196 de plano anularon el voto.

Aunque muchos calificaron al ejercicio como "una farsa", por el acarreo de participantes o burócratas, el hoy gobernador se olvidó de repetirlo.

Sin embargo, tras la megamarcha de la UdeG realizada ayer, el rector Ricardo Villanueva revivió el tema y dejó en claro que impulsará una revocación de mandato contra el gobernador.

¿Qué pensará el mandatario estatal? Lo que es un hecho es que en todas las encuestas de gobernadores y gobernadoras está en el sótano. ¿Repetiría el ejercicio como gobernador?

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El Congreso del Estado vuelve a sesionar después de haberse aprobado, como si fuera un tráiler sin frenos, el presupuesto 2023 y con la evidente división entre fracciones.

Ayer Victoria llegó casi 3 horas tarde a su trabajo en el centro histórico de Guadalajara. Salió a las 9 de la mañana de Miravalle en el Macrobús, pero en López de Legazpi, sin más explicación, el chofer se detuvo.

-No hay paso. Cerraron la Calzada.

Al ver que los autos circulaban con normalidad, Victoria y otros usuarios le advirtieron al conductor que ellos veían coches circulando sin problema:

-Sí -respondió el chofer- pero no nos podemos acercar a la zona de la marcha porque puede ser peligroso.

Victoria regresó a su casa por su auto. Mala decisión. El resto de la mañana se la pasó atorada en el tráfico durante casi 3 horas.

¿Pero qué otra opción tenía? ¿Qué otras opciones tuvieron los miles de pasajeros ante una aparente estrategia del gobierno estatal para boicotear la marcha de la UdeG con la suspensión del transporte masivo?

Desde temprano, César Barba, titular del SEMS, denunció una operación para sabotear la protesta con volantas de la Policía Vial en los ingresos a la ciudad que restringieron el paso de camiones con estudiantes. También aseguró que amenazaron a transportistas foráneos con quitarles el permiso si daban servicio a la Universidad y a otros les ofrecieron dinero a cambio de no moverse.

Todo apunta a una operación de estado para boicotear la manifestación de la UdeG. La molestia del gobernador con estas movilizaciones queda manifiesta con el recorte adicional de 37.1 MDP que hicieron los diputados emecistas a la Universidad en el Presupuesto 2023 por "concepto" de marchas -sin aclarar cómo calcularon el gasto, el "descuento" incluyó hasta la protesta de ayer que no se había realizado.

El gasto de la UdeG en sus 196 marchas, un monto que sus dirigentes deben aclarar y transparentar, ¿es argumento suficiente para descalificar y sabotear la libre expresión de una comunidad y una demanda democrática?

La protesta es una extensión necesaria y natural para que camine la democracia. Son los pies con los que avanza. La toma simbólica del espacio público es un precedente de muchas conquistas sociales. Prohibir, castigar, reprimir, descalificar, boicotear la protesta desde el poder, cualquiera que sea la razón, es usar todas las ventajas de las libertades democráticas para gobernar y suprimir tus responsabilidades con tus gobernados, empezando por la más esencial: escuchar.

Libertad de expresión sí, dijo ayer el gobernador, pero no con recursos públicos. Los mismos que él utiliza, junto con nuestro tiempo, para sostener su pleito político con el Grupo Universidad. Por eso hay que tomarle la palabra: pleitos políticos sí, pero no con recursos públicos.

Entrados en la lógica de las marchas y de las demostraciones de inconformidad y de poder en las calles, cuentan que influyentes voces al interior del 1er. círculo del gobernador Enrique Alfaro le deslizaron la idea de responder a la musculosa movilización que realizó ayer la Universidad de Guadalajara para exigir mayor presupuesto con la misma moneda.

Algo así como seguir la misma ruta que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sea o no atendida esta sugerencia, la sola ocurrencia habla de los ánimos que hay al interior del gobierno estatal de llegar hasta las últimas consecuencias en esta disputa con el grupo político que controla la máxima casa de estudios de Jalisco y que encabeza el ex rector Raúl Padilla López.

Ayer además de sacar a miles de estudiantes a la calle para protestar por el castigo presupuestal que les impuso el poder ejecutivo a través de un servil y sometido poder legislativo con mayoría del partido Movimiento Ciudadano (MC), el rector advirtió que la lucha por mayores recursos para la Universidad escalará hasta llegar a tribunales para buscar anular "la peor versión en la aprobación de un presupuesto".

Lo que tampoco cayó nada bien en Casa Jalisco fue el ejercicio de revocación de mandato, que en su momento fue una promesa de campaña de Alfaro, que propuso el rector como un ejercicio que se promueva desde la UdeG, por considerar que no sólo en la casa de estudios hay hartazgo contra el mandatario estatal sino también entre la ciudadanía.

No puedo estar en contra de lo que diga el gobernador porque me quedo sin chamba, dijo una diputada naranja no sin algo de candidez (Nota: la candidez es prima hermana de la ingenuidad, por parte de madre, y de la irresponsabilidad, por parte de padre). Con lo de tragar no se juega, diría mi amiga Ronsa, y los diputados lo saben.

Uno de los grandes debates en la política es la independencia de criterio de los diputados que llegan al poder por un partido político. Lo que se espera de ellos, también ingenuamente, es que voten en conciencia, es decir que tengan criterio propio y que cada voto esté razonado en función del beneficio de los ciudadanos del distrito específico que representan. En nuestro país eso nunca sucede, ni en la Cámara de Diputados ni en los congresos locales. De hecho, son pocas las democracias donde los diputados tienen cierta autonomía y es en aquellas donde la carrera legislativa está vinculada a la reelección permanente.

Los diputados tienen 2 funciones primordiales: la 1a. es hacer y/o modificar leyes; la 2a. es autorizar el presupuesto y vigilar el gasto. Si legislar se les da muy poco y en la mayoría de las ocasiones terminan elevando a norma una ocurrencia, en lo referente a presupuestación y vigilancia del gasto son prácticamente nulos: la gran mayoría de los diputados no le entienden y los principales interesados y agradecidos de que así sea son el presidente y los gobernadores.

Que los diputados del partido gobernante voten a ciegas las propuestas del poder ejecutivo es patético, pero hasta cierto punto comprensible: su futuro político depende en gran medida de la voluntad del poderoso en turno, como el caso de la diputada arriba citada. Que diputados de otros partidos lo hagan, muy particularmente el Verde en el caso federal, y del PAN y Morena en Jalisco, es un asunto que raya en la corrupción. Los acuerdos presupuestales son lo más opaco y poco transparente de la política. Los famosos "moches" no fueron otra cosa que un negocio de diputados que desde las comisiones de presupuestación negociaban partidas para los municipios y cobraban un porcentaje, una mordida para decirlo más claro, por autorizarlo. Hoy los acuerdos no son directamente con los diputados sino a través de los partidos y sus líderes en las cámaras, pero los arreglos siguen siendo igual de opacos y seguramente no menos corruptos.

Observar y vigilar el proceso de elaboración y aprobación de los presupuestos es uno de los grandes déficits que tenemos como sociedad civil. Hemos dejado que el destino de nuestro dinero se decida de manera opaca y en nuestras narices, como en el juego de dónde quedó la bolita.

La alianza de emecistas, morenistas y panistas sacó adelante el paquete económico estatal del próximo año casi sin cambios a lo ordenado, perdón, propuesto por el gobernador de Jalisco.

De los más de 158,000 millones de pesos, las diputadas y los diputados apenas reasignaron 45 millones, entre los que estuvo un recorte al subsidio de la UdeG para pasarlo a la SIOP etiquetado en infraestructura. Los priistas mostraron su indignación abandonando la sesión tras recriminar que, por las prisas, el tiempo no alcanzaba para revisar el dictamen, aunque en pasillos legislativos se advirtió que la molestia priista fue porque quedaron fuera del acuerdo y no consideraron sus peticiones. Aunque tenían la votación perdida, la bancada de Hagamos presentó más de 500 reservas en artículos del dictamen de presupuesto para alargar la discusión lo más posible y en una de esas llevar el tema hasta que llegue la mega marcha de los Leones Negros.

* * *

Además de la aprobación del presupuesto, el amasiato entre morenistas y emecistas en el Congreso de Jalisco va encaminado a un próximo reparto de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Según radio pasillo, la cercanía del coordinador morenista José María Martínez con el gobernador permitirá que el ex panista proponga un perfil para magistrado y el resto de espacios serán para naranjas y panistas; otra vez los priistas quedarán relegados.

Por cierto, mientras miles de universitarios marcharán este día por más presupuesto y autonomía, el gobernador se agendó a las 12:00 horas la entrega del Premio Jalisco 2022.

En la megamarcha de hoy, en el centro de los reclamos estarán los más de 124 millones de pesos que la UdeG reclama para que la asignación presupuestal del 2023 para la casa de estudios alcance al menos el porcentaje de la inflación.

En cuanto al "humor social" con el que saldrá la comunidad universitaria, lo que se puede decir es que además de que esta vez el conflicto ha escalado como nunca, hay provocaciones que han venido del poder judicial, pero sobre todo del poder legislativo, que lejos de buscar desactivar el conflicto asumiendo un papel imparcial e independiente como los obliga la Constitución, se han alineado a los designios del poder ejecutivo.

Desde el diálogo que simularon las y los diputados de la mayoría naranja y sus aliados con el Rector Villanueva el sábado pasado, y el albazo de ayer con la aprobación fast-track del presupuesto de egresos 2023 con otro recorte a la Universidad incluido por osar marchar, el legislativo ha contribuido a la radicalización de este conflicto cuando su papel debería ser pugnar por una auténtica transparencia y justificación del gasto público de tirios y troyanos, en la Universidad de Guadalajara, en el Gobierno del Estado y en el resto de las dependencias públicas, pero sin asumir posturas facciosas y sumisas.

Traducido a política, el gran dilema de los gobernadores es si el dinero invertido en la universidad es el mejor destino posible y el reto es saber en qué momento un peso extra deja de tener el rendimiento adecuado, pues la ecuación claramente no es lineal. Si el Gobierno del Estado y el Congreso [de Jalisco] tienen que decidir a dónde mandan cada peso y en ellos está la responsabilidad de gastarlo bien, medir el rendimiento social resulta fundamental para tener criterios de asignación.

Nunca lo han hecho y en esta ocasión tampoco lo harán. El nivel del debate es muy bajo y la lupa no está ahí. El gobernador y los obedientes diputados han decidido no dar más dinero a la Universidad [de Guadalajara] por razones políticas, por el simple hecho de que sus antiguos aliados, Raúl Padilla y el grupo político de la universidad, ahora son sus enemigos. Con ese argumento hay muy poco que discutir, pues se trata de un acto -otro más- de machismo político: porque digo yo.

La paradoja estriba en que el gobernador Alfaro, en su afán de ser más papista que el Papa, esto es, que quiere más a la universidad que los propios universitarios, pues su padre fue rector, se dedicó todo el año pasado a inaugurar planteles bajo el lema de "Obras son amores" (un slogan por cierto cursi y trillado, pero ese es otro tema) como si lo importante en una universidad fueran los edificios. Por supuesto que la infraestructura es fundamental, pero la universidad la hacen los maestros y los alumnos y cada aula nueva, suponemos, es para tener más maestros y más alumnos, y para eso se necesita más presupuesto.

Nada va a cambiar con la marcha del miércoles. No habrá más dinero ni mejores o peores alumnos y maestros. Lo único que va a cambiar es el ambiente político que será un poco más crispado, con mayores argumentos para acusarse mutuamente.

En la reforma electoral que se discute en la Cámara de Diputados hay 3 jaliscienses directamente involucrados: Laura Haro (PRI), Paulina Rubio (PAN) y Hamlet García Almaguer (Morena). De Movimiento Ciudadano no hay ningún legislador federal, aunque son mayoría entre los jaliscienses en San Lázaro, pero ese partido estableció desde el principio que no participaría en las discusiones de esta reforma por estar en contra de la postura presidencial y por no confiar en Morena como interlocutor. ¿Eso es bueno o es malo?

Mientras tanto, el tema ya dio pretexto para que se renueve el "noviazgo político" entre los partidos del PAN, PRI y PRD, a pesar de las "traiciones" del tricolor a favor de iniciativas de López Obrador.

A ver si no pierden más de lo que pensaban ganar los naranjas.

El jueves pasado una figura sin posición actual pero sí muy bien conectada en ese medio [político], la 'Maestra' Elba Esther Gordillo, dijo que el abanderado de la oposición, "Tiene que ser de la sociedad civil, carismático, que le pueda hablar al sector al que le habla el actual presidente y que le entre a la competencia".

En la conversación con el programa 'Café MILENIO', Gordillo quiso dejar muy claro que Morena "no es infalible... no va a ganar porque va a ganar", y estableciendo que con un candidato nuevo, bien escogido y que no le tenga miedo a 'agarrar el toro por cuernos', existen posibilidades de encontrar a un mejor inquilino para Palacio Nacional y con una mejor esperanza para México. Y en ese sentido, coincidimos con la 'Maestra'.

Una sociedad que marcha para expresar sus ideales, frustraciones y demandas es una sociedad políticamente sana. Hay muchas razones por las que vale la pena marchar. La democracia es sin duda una de ellas.

No me gusta el lema de "El INE no se toca". Me parece dogmático y fundamentalista. El INE hay que reformarlo cuantas veces sea necesario para adecuarlo a las necesidades políticas del país, pero cualquier reforma debe ser hacia adelante, que empodere a los ciudadanos, no hacia atrás. La elección directa de consejeros y magistrados no fortalece la independencia de la institución y por el contrario favorece a la partidocracia. Reducir de 11 a 7 el número de consejeros no disminuye significativamente el costo y por el contrario sí reduce la posibilidad de un Consejo General más plural y diverso. Reducir el número de diputados y elegir a todos por una lista presentada por los partidos quita a los electores, al pueblo, la posibilidad de elegir a sus representantes de manera directa y en cambio fortalece, otra vez, a los partidos.

Los partidos son fundamentales en cualquier democracia. Son los mediadores necesarios para ordenar y hacer más eficiente la participación ciudadana en su derecho a ser votado. En cualquier reforma electoral lo que tenemos que buscar es la progresión de los derechos a votar y ser votado. Si la reforma que nos plantean no incrementa el poder de los ciudadanos sino el de los partidos, no genera equilibrio de poderes, mejor representación de las minorías y no hace más eficiente el trabajo de los ciudadanos -contar los votos y vigilar la elección- es una reforma que sirve al poder, no al pueblo.

La democracia se construye andando, en los 2 sentidos de la palabra. Hay que actualizarla permanentemente, tocarla, para ponerla en las palabras de quienes convocan la marcha, y hay que hacerla en la calle, marchando, visibilizando, exigiendo lo que queremos, aprendiendo a respetarnos unos, otros y tantos otros como sea necesario, en el espacio público.

Los Informes de Gobierno que por ley deben presentar los titulares de los poderes ejecutivos de la república en teoría deberían ser mecanismos de revisión del estado de la administración y ejercicio de contrapesos entre poderes. En realidad, los Informes de Gobierno han sido actos de propaganda del mandatario en turno.

En ese sentido, el 4o. Informe de Gobierno que presentó Enrique Alfaro Ramírez como titular del poder ejecutivo de Jalisco, no defrauda, pues en lugar de ser un ejercicio de rendición de cuentas y fiscalización entre poderes se convirtió en un mega spot de casi 2 horas y media, con breves instantes de interrupción de algunos opositores que no coincidían con el relato del mandatario, que eran acallados a gritos e insultos por la mayoría de los legisladores de Movimiento Ciudadano e integrantes del gabinete estatal.

Lo que sorprende es el tamaño del ego del mandatario que rendía el informe y de la total ausencia de autocrítica para reconocer las diversas crisis que aquejan a la sociedad de Jalisco.

Con el lema que se repetía como mantra, "Jalisco tiene rumbo", el gobernador presentó un relato de un edstado donde se presentan avances y cumplimiento de compromisos en prácticamente todos los rubros: “En materia de infraestructura, obra pública, salud, educación, movilidad, transporte público, agua, desarrollo económico, deuda pública, cultura, deporte, campo, generación de empleos, atracción de inversiones y ciencia y tecnología, entre otras áreas", resumió el boletín del Poder Ejecutivo del Estado. "Hoy este estado tiene rumbo, porque hemos actuado con valentía y con responsabilidad y lo voy a hacer hasta el último día de mi gobierno", dijo por su parte Enrique Alfaro.

Y a lo largo de esos casi 150 minutos de un relato optimista y sin autocrítica, Enrique Alfaro fue desgranando datos: que la inversión pública creció 114% en sus primeros 4 años de administración, que 79% de esa inversión es en municipios ajenos al área metropolitana de Guadalajara, que Jalisco es 3er. estado con menor nivel en deuda pública, que 82% de las carreteras fueron intervenidas o reconstruidas, que se ha dado mantenimiento a casi mil escuelas, que en materia de salud se ha aumentado 25% el presupuesto y que ningún gobierno entrega tantos recursos a la Universidad de Guadalajara como la administración que encabeza. Por supuesto, dijo el gobernador, hubo avances en materia de deportes, cultura, espectáculos y turismo a niveles de antes de la pandemia.

La recuperación económica, según el gobernador, también es notable y ha dicho que Jalisco es la locomotora de la economía nacional. En este ámbito destaca datos de la agroindustria que genera miles de millones de dólares en divisas, al igual que la industria electrónica. Tan satisfecho está con su gobierno Enrique Alfaro que le dijo a Raúl Torres en entrevista para El Universal que su promesa de refundar la vida pública del estado tiene un avance de 80%.

Cero autocrítica, cero empatía con miles de víctimas de la guerra informal que vivimos, víctimas que padecen la crisis por desaparición de personas, las incontables fosas clandestinas y saturación de los servicios forenses. No admite que su gobierno ha dejado de reportar las cifras de personas desaparecidas y que hay ocultamiento de datos también en los feminicidios que ocurren en el estado.

En este relato oficial no escuchara que la "locomotora" de la economía nacional que se supone es Jalisco está dejando un saldo incontable de crímenes ambientales con la externalización de costos mediante la contaminación de tierras y cuerpos de agua que va dejando la agroindustria a través de los monocultivos como berries, agave y aguacate. Tampoco se dice que se crean empleos, pero precarios y en un ambiente laboral protegido por el sindicalismo charro que tolera y fomenta la explotación laboral.

Ya lo habíamos comentado con motivo del informe en materia de seguridad, la disociación entre el relato del gobernador y la realidad nunca había sido tan grande. El gobernador no percibe la inseguridad, ni las distintas crisis sociales y económicas que atraviesa la sociedad jalisciense. Según el relato del gobernador vivimos, en fin, en un estado con un resplandor y calma de parque temático, vivimos en Alfarilandia.

La entrevista que Alfaro concedió a El Universal esta semana ejemplifica el perfil de esas salidas a medios nacionales. Con natural impunidad, aseguró que su refundación va al 80%, levantó la mano como presidenciable por enésima vez y libró cualquier interpelación crítica sobre desaparecidos, inseguridad, crisis ambiental y de derechos humanos, pobreza laboral, aumento presupuestal a partidos políticos, negocios privados con lo público, cooptación de poderes autónomos, crispación social y temas que abordaría cualquier periodista local con mediano sentido crítico y libertad de prensa.

2 razones explican el desprecio de Alfaro por lo local y su engolosinamiento con la prensa nacional. La 1a. obedece a su proyecto político personal como presidenciable. El escaparate nacional le sirve para ese propósito. Contrario a su discurso inicial de que no buscaría otro cargo, abrió sus cartas en los últimos meses a pesar de que su estatura política -ya no digamos su escasa popularidad frente a otros contendientes- se mostró real e insuficiente desde el 1er. año como gobernador.

La otra razón, más profunda, obedece al terror que genera en el mandatario cualquier síntoma de una realidad externa. Como quien padece algún nivel de espectro autista, lo irrita cualquier destello, sonido o inferencia a una realidad ajena a la suya. En ese sentido, la democracia como diálogo es nociva para su concepción autárquica del ejercicio del poder.

La democracia es esencialmente conflictiva porque reconoce la existencia de un "otro", no lo aniquila ni lo diluye en el vasallaje como una dictadura o una monarquía. El otro, sujeto de derechos como yo, tiene una visión del mundo que me interpela, me confronta y desafía. El gobernador suprime la incómoda existencia de ese "otro". Por eso los medios favoritos de Alfaro son los nacionales que le regresan la imagen que él tiene de sí.

Una prensa local más fuerte y crítica en Veracruz, cuando los saqueos de Javier Duarte, habrían dificultado o evitado algunos abusos del mandatario priista. En una democracia, ese es el papel de los medios locales. Por eso la democracia enloquece al autócrata. Por eso la actitud más antidemocrática es el ensimismamiento, el egocentrismo, la negación de la otredad. El estado ideal del antidemócrata es el soliloquio y el diálogo aparente, la inversión del orden: aquí tengo tus preguntas para mis respuestas. Toma nota.

Me entero, no sin sorpresa, de que el gobernador Enrique Alfaro afirma que la refundación va muy bien. Pregunta del reportero: "¿Hasta qué punto está consolidada la refundación de Jalisco?". Respuesta del gobernador: "... Si tuviera que establecer un porcentaje de avance, creo que vamos como a 80%, con la ventaja de que los grandes temas que estaban atorados hoy están caminando". Releo la respuesta completa. Tengo la sensación de haberme perdido algo, algo importante. Me dedico al jale de las noticias y el análisis político y el estado se refundó, al menos en 80%, sin que yo me diera cuenta. Algo no está bien. Pienso seriamente que debo ir a ver a mi médico, al cabo que no me cobra. Sólo por precaución, consulto los documentos básicos en los que el gobernador Alfaro planteó su proyecto de refundación para estar seguro de que entendí bien. Encuentro una presentación dirigida "a las y los jaliscienses" del 5 de febrero del 2019 que se titula "Inicia la refundación".

Leo: "La base de la refundación de Jalisco es la legalidad, la certidumbre y el respeto a la soberanía del pueblo jalisciense". De acuerdo con la definición del propio gobernador, la refundación implica 3 grandes ejes: una sociedad de leyes, una sociedad segura y una sociedad de personas libres e iguales. Leo también que para ello es necesario una nueva Constitución. Nadie tenía muy claro el porqué ni el para qué de ello, pero en la misma entrevista el gobernador dice que la nueva Constitución se enfermó de COVID-19 y no nació, pero que no importa, la refundación, a ojo de buen cubero, está a 20% de lograrse plenamente sin necesidad de andar cambiando leyes. Morboso como soy, lo único que pienso es que lo de la nueva Constitución era ciertamente puro farol, pero me prometo no escribirlo. Me traiciona el subconsciente.

Dudo: en un esfuerzo por entender lo que dice el gobernador en la entrevista reviso si Jalisco es ciertamente una sociedad de leyes, una sociedad segura y de hombres libres e iguales. En el índice de Estado de Derecho que construye el World Justice Proyect, Jalisco no aparece como una sociedad de leyes. No somos el más bajo, tenemos 0.38, igual que Chiapas, Veracruz o Sonora. Estamos por debajo de la media (0.41) y muy por debajo de los estados con los que nos gusta compararnos: Guanajuato, Querétaro y Nuevo León. Somos, además, el 2o. estado con más delitos por resolver (311,000 casos). Bajamos en todos los delitos, dice el gobernador, salvo en homicidios y presume una mejora significativa en la percepción, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. En la misma encuesta leo que 72% de los jaliscienses tampoco se ha dado cuenta de que fuimos refundados, pues creen que el próximo año la inseguridad estará igual o peor. Somos más libres, dice el refundador, pero ya no circulen en la noche, no vaya a ser que les pase algo, recomiendan las autoridades.

Pienso: quizá la refundación no es sino un estado de ánimo y el mío anda muy bajo.

Concluyo: voy a ir a ver a mi médico, al cabo que no me cobra.

El gobernador Enrique Alfaro presentó su 4o. Informe de Gobierno en un acto del que se discutirá más la forma que el fondo. Signo de los tiempos y del estilo personal de gobernar. Como en todos los informes, de todos los gobernadores de que tengo memoria, se confunden las cifras con los logros, los deseos con la realidad, el esfuerzo con el resultado. Hacer informes no para rendir cuentas a los ciudadanos a través de la representación popular, la cámara de diputados, sino para afirmar lo buena que ha sido la administración en manos del gobernador en turno es uno de los peores vicios de nuestra forma de ver y entender la política.

En el Informe de Enrique Alfaro podemos encontrar algunos datos útiles, la mayoría ya conocidos, pero sobre todo una forma de ver y entender la política. Muchas cosas positivas están pasando en el Estado de Jalisco, no tengo la menor duda. Hay buenos resultados en economía. Jalisco sigue siendo una región pujante, con muchos motores que se han consolidado a lo largo de los años, con el esfuerzo sostenido y compartido de todos los actores: inversionistas, empresarios, trabajadores y por supuesto las autoridades. Por lo mismo, y como forma de contraste, hay que decir que nunca he escuchado a los políticos, cuando se trata de noticias económicas, decir que son inversionistas que vienen de fuera, o que hacen negocios entre ellos, o que los buenos resultados de una empresa o sector de la economía son un hecho aislado, que el gobierno hizo lo que sabe hacer, poner trabas burocráticas, y que nada tienen que ver con el éxito de un negocio. Todo lo contrario. Cuando se trata de presumir, los gobernantes, tengan o no merito en el asunto, van siempre a la cabeza del desfile.

No hay que escatimar los resultados que, gobierno y sociedad, hemos tenido en momentos muy complejos. Tampoco hay que cerrar los ojos a lo que no está funcionando bien. Pero, sobre todo, no podemos permitir que se siga degradando la política.

Me niego a que se naturalice la práctica de denostar a los adversarios desde la tribuna del poder. El Informe de Gobierno es un acto de rendición de cuentas, no un espacio para saldar cuentas con los que no piensan igual.

Me niego al uso patrimonialista de los recursos públicos. La responsabilidad que le confiere la ley de proponer la manera en que se debe gastar y ejecutar el gasto no le da derecho al gobernador de decidir el destino de nuestro dinero en función de sus intereses y enconos personales. Si Alfaro tiene la certeza de que el dinero destinado a la Universidad [de Guadalajara] termina en negocios personales de Raúl Padilla su obligación -como lo pide él a los ciudadanos una y otra vez- es presentar una denuncia, y luego aclararnos por qué hace 3 años hizo una alianza política con el Grupo Universidad y qué beneficio personal obtuvo de ello.

Me niego a entender la política como un acto de machismo donde los mantras sean "no me someteré", "no me doblarán", "no claudicaremos". La política es esencialmente un acto de escuchar para construir, no de testosterona e imposición.

Me niego, en fin, a llamarle "inche pelón" al señor gobernador, como propone la campaña del 4o. Informe.

El gobernador de Jalisco presentó ayer su 4o. Informe y se chutó 2 horas con 30 minutos. Hay varios aspectos que deben destacarse.

El 1o. fue que el evento estuvo desairado: se ocuparon menos de la mitad de los asientos destinados a los invitados en el patio central del Congreso del Estado. Y mientras el señor de Casa Jalisco hablaba y hablaba, muchos de los invitados se fueron despidiendo; por ejemplo, un directivo del Colegio de Jalisco.

El 2o. es que las protestas vencieron todas las previsiones. Algunas decenas de inconformes libraron el cierre del centro histórico, que inició a la media noche del sábado. Llegaron con tiendas de campaña y apartaron su lugar frente al ingreso del Palacio Legislativo. Gritaron, pusieron música y exhibieron su inconformidad.

Los mal pensados opinan que todo el circo de la reforma electoral no tiene otro objetivo que poner desde ahora un signo de interrogación a los resultados electorales para que, en el remoto caso de que no les sean favorables al movimiento del presidente, tener excusas para no reconocer el resultado. Suena exagerado. Pero, del otro lado, ni siquiera los que aún le creen al presidente se tragan el garlito de que se trata de quitarle el INE y el Tribunal a la oligarquía, y mucho menos de abaratar la democracia. No nos hagamos: en una elección nacional abierta, sin una fuente de financiamiento establecida y vigilada, va a ganar el que tenga más billete, venga éste de la corrupción gubernamental, de los empresarios o del crimen organizado, que no son sino diversas formas de expresión de la oligarquía. Si las campañas las pagan los partidos, a los que les quieren quitar dinero, entonces los consejeros serán empleados directos de éstos. Con todos sus problemas, la forma de elección por mayoría calificada en el congreso genera vetos, pero también equilibrios. El sistema actual puede mejorar sustancialmente implementando exámenes de oposición y un sistema de cuotas por género y por regiones del país. Sin embargo, otra vez, ese no parece ser el objetivo de la reforma.

Reducir la representación -número de regidores, diputados locales, diputados federales y senadores- puede tener sentido económico y hacer más funcional nuestro sistema democrático si y solo si mantenemos la proporcionalidad y aseguramos la eficiencia de los mecanismos de control. Pero el problema no está ahí. Lo que le duele a nuestra democracia no son los árbitros, son los jugadores. Si decidimos que los partidos políticos tengan financiamiento público para que los poderes fácticos, los dueños del dinero, no influyan de más en los procesos electorales, los ciudadanos debemos tener mucho más control sobre las finanzas y la vida interna de los partidos. Los procesos de selección de candidatos, los ingresos y los gastos de las campañas deben ser fiscalizados de inicio a fin. De lo que se trata es de hacerlos rendir cuentas y de usar todas las instituciones del Estado (no del gobierno en turno) para que el derecho a votar y ser votado -sentido último de todo este tinglado- sea lo más amplio posible.

Nuestra clase política es todo un caso.

Nos han hecho creer desde siempre que son indispensables y que la vida nacional no fluiría sin ellos, por eso ocupan noticiarios, diarios y revistas, pero a fin de cuentas contribuyen muy poco a la construcción del país.

En mis años como periodista no recuerdo un solo político que haya hecho una contribución realmente importante a México.

Los mejor parados han sido aquellos que con talento y carisma han sorteado la situación y con cierta honorabilidad recibieron el apapacho popular.

Pero la gran mayoría han sido vividores que se han despachado con la cuchara grande tanto a la hora de decidir sus presupuestos como funcionarios o miembros de partidos políticos sin olvidar que muchos han recurrido a la corrupción para enriquecerse.

La mejor medición para demostrar que la clase política sin distingo de color no ha sido útil al país es que durante décadas muy poco han cambiado los números de la pobreza en México, existe una impunidad insultante en que la inmensa mayoría de los delitos quedan sin castigo y en el momento en que el crimen organizado y las organizaciones del mal han decidido crecer prácticamente se han apoderado del país y de buena parte de la economía.

La solución ya no radica en cambiar el color de quienes gobiernan.

Somos la gente que ni somos políticos ni estamos cerca de los políticos los que podemos hacer mucho por el país con el trabajo y el afán diarios, alejados de la grilla y discursos inútiles, y apostándole a que solitos ellos se vayan poco a poco dejando el país en nuestras manos: a fin de cuentas buenas y mejores manos.

Muy lejos estamos de aquel momento en que celebramos cómo el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se convirtió en una instancia incómoda a los poderes del estado al cumplir su obligación de escrutarlos, interpelarlos y denunciar sus abusos e irregularidades.

Recuerdo en particular el papel valiente e independiente que jugaron las y los integrantes del CPS para descalificar y repudiar aquel vergonzoso episodio ocurrido la madrugada del viernes 19 de junio de 2020, en plena pandemia, cuando mientras los jaliscienses dormían, las y los diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC) y sus aliados del PAN atracaron el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Jalisco al imponer a 3 de sus integrantes sin cumplir los requisitos de la convocatoria y capturar y corromper así la instancia que en teoría debe cuidar el buen comportamiento de los jueces.

La clase política y gubernamental en el poder en Jalisco, intolerante a cualquier crítica y contrapeso, orquestó la operación venganza desde el congreso y embistió con toda su furia ante el CPS, con una iniciativa para eliminarles el sueldo, propalando difamaciones y abriendo investigaciones judiciales en contra de sus integrantes, entre otras tropelías diseñadas desde sus sótanos y cañerías.

Esta brutal campaña de golpeteo desde el poder logró su objetivo de intimidación y el CPS quedó tocado, inmovilizado por las presiones y sin alcanzar nunca más momentos de influencia y determinación como en el caso de la Judicatura. Esto sucedió porque el resto de las instancias del SEA se quedó, como diría el ya clásico, callado como momia. Nunca actuaron con espíritu de cuerpo. Ante las agresiones al CPS, nada dijeron en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), en la Fiscalía Anticorrupción, en el Poder Judicial, en el Tribunal Administrativo, ni en el Instituto de Transparencia (Itei) ni en la Contraloría del Estado.

Ante esa vulnerabilidad, vino luego la infiltración oficial al Comité de Selección y de ahí al CPS. Desde los 3 poderes del estado, dominados por el ejecutivo, se encargaron de conjurar cualquier nuevo sobresalto que pusiera en riesgo su manto de impunidad, colocando ex funcionarios suyos en sustitución de los perfiles ciudadanos sin vinculación partidista, como acaba de ocurrir en la imposición del nuevo integrante del CPS, fruto de un proceso desaseado y urdido en lo oscurito.

Cooptadas por el gobierno naranja y sus partidos políticos aliados, estas 2 esferas que se pensaron serían los espacios ciudadanos que significarían una esperanza de que por fin funcionara este nuevo modelo, el SEA está herido de muerte.

Será necesario volver a empezar desde las organizaciones civiles para colocar de nuevo entre las prioridades de la agenda pública la lucha anticorrupción, que las redes de intereses inconfesables del poder volvieron a atrapar.

El mensaje del gobernador de Jalisco en su 4o. informe en materia de seguridad fue que hay medios que intentan chantajear porque no se les asignó dinero público para publicidad oficial.

Lo que se entendió fue: el dinero que se entrega a los medios bajo pautas que deberían ser para compartir anuncios de relevancia para la ciudadanía, como campañas de vacunación, difusión de apoyos sociales, y hasta para promocionar, por qué no, el 4o. informe de gobierno, lo uso para callar, para pedir notas a modo, y para evitar que me critiquen.

Y estas letras no deben verse como un señalamiento a medios que pudieran llegar a hacerlo, porque al final los medios son un negocio y cada empresario decide cómo vende su información. Sin embargo, una vez más, al gobernador le salió al revés.

Con su mensaje queda claro que el chantaje viene desde la asignación de los recursos, haciendo ver que, en su mundo, con dinero puede hacer y deshacer al antojo.

De acuerdo con el Artículo 134 de la Constitución Mexicana, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos, dependencias y cualquier ente de gobierno, debe tener carácter informativo, de educación, u orientación.

Sin embargo, para evitar este tipo de situaciones algunas organizaciones civiles, como la AMEDI, Fundar y Artículo 19 han insistido en la necesidad de contar con una ley que regule el gasto de la publicidad oficial, pues justamente los recusos han sido utilizados por distintos gobiernos en el país para manipular y someter.

No porque cierto gobernante pueda dar más dinero a un medio que a otro el medio debe someterse a no cuestionar o no señalar las ausencias y anomalías de su gestión.

Toda persona tiene derecho a estar informado con veracidad y sin tendencias, para que sea la ciudadanía quien decida qué información le sirve o no, qué información le afecta, le beneficia, o incide en sus hábitos diarios.

Sí, Jalisco es líder en empleos, en deportes, Jalisco es cultura, ejemplo en inversión extranjera, pero ¿cómo el gobernador puede decir que los medios quieren desestabilizar cuando en menos de 15 días ocurrieron al menos 6 balaceras en la metrópoli? ¿También buscará señalar al narcotráfico por desestabilizar su campaña de un Jalisco de utopía?

La necesidad de salir a flote lo ha llevado más allá del cinismo, sumando año con año una nueva frase para desestimar a las víctimas: "se matan entre ellos", "8 de cada 10 asesinatos son por nexos por el crimen organizado", "sólo 1 de cada 10 desaparecidos se relacionan con algún delito, el resto se va por su voluntad".

Para ello además se hecha mano de granjas de bots (ya denunciadas anteriormente por la Universidad de Guadalajara, incluyendo sus modos de operar), usando a empleados y familiares de las distintas dependencias también con amenazas de quitarles el empleo si no lo hacen. "Para que nos vaya bien a todos", suelen decir quienes se encargan de "movilizar" a la gente.

Incluso muchos comentarios negativos publicados en sus transmisiones a través de Facebook y YouTube fueron eliminados en tiempo real, como ya es costumbre del equipo de "comunicación", del cual he hablado anteriormente.

Los políticos están para trabajar por el bien de la ciudadanía, no para verse bien, minimizar situaciones, manipular cifras o revictimizar a las víctimas. Un texto más para mi "carpetota", por favor y gracias.

Enrique Alfaro sabe mucho de muchas cosas, entre otras de futbol, que es su pasión, entiende, al parecer algo de automovilismo y no poco de política, pues ha construido una carrera en el servicio público ganando elecciones para la presidencia municipal de Tlajomulco, luego de Guadalajara y posteriormente el Estado de Jalisco. De lo que no entiende mucho es de equilibrio de poderes, nada de periodismo y en tolerancia a la crítica y empatía con las víctimas es francamente nulo.

En su informe de seguridad, ante un pequeño grupo de políticos y empresarios afines, el gobernador recetó una serie de cifras donde demuestra que estamos mejor que en 2018. Sabemos que en política la estadística es una de las formas favoritas de la mentira, pero aceptemos que en los delitos que el equipo del gobernador escoge y la manera en que los ven tienen razón. La pregunta obvia es si todos los demás estamos obligados a ver lo que él ve, sólo lo que él ve y como él lo ve. Pensando bien, esa es la raíz del desacuerdo del gobernador con algunos medios, esos medios que según él quieren que le vaya mal a Jalisco. Y es ahí donde las aseveraciones de Alfaro pierden piso y lógica.

Señalar las cosas que están mal no significa que alguien quiera que le vaya mal al estado. Cualquier atlista sensato reconocerá que su equipo hizo una pésima temporada después de 2 campeonatos, y los que somos Chivas hemos dicho que el equipo ha sido un desastre los últimos años. Eso no significa en ningún caso que hayamos deseado que les fuera mal o que actuemos en contra de los intereses del equipo. Si un medio dice que las cosas no van bien no es para que se pongan peor sino para exigir a quienes están al frente del gobierno que lo hagan bien o si se quiere, mejor. Peor aún, repetir que las cosas están bien, publicar sólo la versión del gobierno para que el gobernador se vea en el espejo y encuentre un bonito reflejo, no sirve para nada. Hacer una interpretación, muy libre y sin dato alguno que lo sustente, de que los grupos de crimen organizado se agarran a balazos en las calles de la ciudad "para lastimar la imagen del estado" es absurdo y egocéntrico y lo que sí lastima es la inteligencia de los ciudadanos.

No preocupa que un gobernador quiera mejorar la percepción de la inseguridad, ni siquiera que discuta el punto de vista desde el cual se interpretan los datos, lo que resulta preocupante es que vea complot en cualquier interpretación distinta a la suya, y que use, cual aprendiz de López Obrador, la tribuna pública del cargo que se le ha conferido temporalmente, para denostar y atacar con nombre y apellido a quienes no están de acuerdo con él.

El enemigo está en otra parte.

No es de ahora sino añeja la postura de Enrique Alfaro Ramírez, como servidor público, de manejar las cifras a su conveniencia y de molestarse, irritarse, e incluso difamar a quienes no coinciden con su relato y con su percepción de la realidad. Así lo había demostrado antes como diputado local, como presidente municipal de Tlajomulco y Guadalajara y ahora como gobernador de Jalisco.

Siempre había una distancia entre la realidad y el relato o propaganda de su gobierno. Pero no creo exagerar que la disociación entre la realidad de inseguridad que percibe la mayoría de los jaliscienses y la que percibe y trata de imponer Enrique Alfaro al frente del Gobierno de Jalisco nunca había sido tan grande como ayer que presentó un informe de seguridad en el marco del 4º Informe de Gobierno.

De modo contundente, el gobernador aseveró que prácticamente todos los indicadores en materia de seguridad han mejorado en estos 4 años que tiene al frente del Gobierno de Jalisco. Han bajado los 8 delitos de alto impacto o de seguimiento especial, los robos 52.5%, feminicidios 54.2% y homicidios 15.5%, aseveró.

Una de la afirmaciones más sorprendentes de su informe fue sobre los desaparecidos al aseverar que 9 de cada 10 personas reportadas se van por su propia voluntad y apenas una es víctima del delito de desaparición. De manera sorprendente afirmó que las desapariciones van a la baja cuando las fichas de búsqueda que publica la Comisión Estatal de Búsqueda ascienden a 80 o 90 reportes al mes. Y a pesar de lo que denuncian las familias que buscan a sus desaparecidos, Enrique Alfaro negó que existiera una crisis en los servicios forenses del estado.

Son afirmaciones que desde ayer generaron sorpresa y polémica, pero el mensaje que más reacciones provocó es la parte del "regaño", que no podía faltar, en el que el gobernador cuestionó y denostó a medios, periodistas y analistas que no coinciden con sus cifras ni con su relato.

Claramente el gobernador se equivocó en su mensaje político de ayer, se equivocó al pretender vender su relato de un estado con una seguridad como la de Disneylandia. Y claramente se equivocó, una vez más, en terminar regañando, descalificando y ofendiendo a quienes no coinciden con sus cifras y su relato.

Tratar de imponer la propaganda del gobernador es desconocer que hay una cifra negra muy alta en la presentación de denuncias, en buena medida porque hay una impunidad de hasta 95%, y hay un sistema de procuración e impartición de justicia que no hace su trabajo.

Desde la burbuja de privilegios en la que vive, no siente y no padece la inseguridad y la situación de miedo en la que vive cotidianamente la mayoría de la población. El gobernador vive disociado de la realidad. Muchas veces la distancia entre sus palabras y la realidad se separan, pero pocas veces tanto como ayer.

Todos queremos democracia, y todos queremos que cueste lo menos posible. En ese orden. El tema del costo de la democracia mexicana lo hemos discutido durante al menos una década, y la perspectiva de unos y otros ha ido cambiando, dependiendo de quién esté en el poder. Hace unos años empresarios y grupos de derecha pugnaban por la reducción de plurinominales y de prerrogativas para los partidos, y la izquierda exigía ampliar la representación de las minorías y defendía las prerrogativas como una forma de asegurar el equilibrio en la competencia electoral. Hoy vivimos en el mundo al revés. El partido que se dice de izquierda y hoy está en el poder sabe que la mejor manera de mantenerlo es limitando a la oposición, tanto en su representatividad como en los recursos que reciben del Estado. Los empresarios y la derecha defienden a los pluris como nunca lo habían hecho.

Reducir el número de diputados plurinominales ha sido un anhelo de todos los partidos cuando han estado en el poder. Lo intentó el PAN, lo propuso el PRI de Peña Nieto y ahora lo tratará de hacer López Obrador. ¿Cuánto nos ahorraríamos si quitamos 100 diputados? 7.5 millones de pesos al mes, 90 millones al año. No pinta, no importa. El único que gana con esta reducción es el presidente en turno que tendrá mayor margen de maniobra. Exactamente lo mismo podemos decir de la reducción de consejeros electorales y la desaparición de organismos estatales. La democracia es cara porque lo que pagamos es la desconfianza; a menor credibilidad mayor es el costo que hay que pagar. Ahorrar en eso es tan absurdo como dejar de pagar el seguro de vida porque el horóscopo dice que vienen buenos tiempos y fluyen las buenas vibras desde las estrellas.

Más complicado es qué entendemos por democracia y para qué la queremos. Si hoy la democracia no tiene quien la defienda y la exija, como sucedió en los años 80 y 90 del siglo pasado, es porque ésta incumplió su promesa básica de una mejor calidad de vida. Las reglas democráticas son para regular el acceso al poder y el equilibrio en el ejercicio de éste: evitar abusos, encontrar las mejores soluciones, generar acuerdos que nos permitan avanzar económica y socialmente, tener mejores instituciones federales, estatales y municipales.

La democracia es para vivir mejor o no sirve para nada. De nada sirve cambiar el agua de la bañera si no es para que el niño esté más limpio, más sano y contento. Es desde ahí, desde el ciudadano como sujeto de derechos y no desde el presupuesto y el control, desde donde debemos discutir nuestra democracia y las reformas posibles.

¿Se puede creer que accidentalmente el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador haya sugerido una reforma para ampliar su periodo en la presidencia y este 25 de octubre hayan comenzado los análisis de la llamada Reforma Electoral? En política no hay coincidencias, aseguran los más desconfiados.

Con intención o no, más allá de las palabras presidenciales, el hecho es que arrancaron los "trabajos" de esta reforma.

El objetivo es conocido con mucha anticipación: desmantelar al INE, sacar de la jugada a los consejeros electorales, reducir al máximo las facultades ciudadanas y darle más poder de decisión al gobierno en la organización de los procesos electorales.

En la discusión y las acusaciones que se presentarán entre diputados y senadores, entre dirigentes partidistas y funcionarios, se perderá de vista que la democracia mexicana está en riesgo y aunque los ciudadanos están desencantados del sistema de partidos (por sus resultados) y el costo de los procesos electorales, también es verdad que con todo y críticas, en México las elecciones son organizadas y ejecutadas por ciudadanos.

Urge que los funcionarios electorales salgan de su nicho, que dejen de pensar su quehacer como si fueran académicos dignos de un Nobel. Olvidan que a pesar de sus doctorados y altos sueldos, se deben a ciudadanos que padecen inseguridad, desigualdad, pobreza, falta de oportunidades; personas que no ven mejoría en la vida pública por más que sus gobernantes y representantes lleguen a los cargos públicos de manera legítima.

Si no encuentran un lenguaje próximo a la gente, si no explican llanamente por qué es mejor tenerlos que perderlos, serán derrotados en la batalla argumentativa por los diputados de Morena y sus aliados.

También es imperativo revisar el sistema de partidos. Seamos claros aunque resulte impopular: los partidos políticos son la base de la democracia, pero no ha sido justificado aún por qué tenemos una decena de partidos (además de los estatales) ni por qué hay que destinarles financiamiento público sólo como a sus dirigentes conviene. Todas las élites partidistas (sí, también la de Morena) son poco transparentes y están cómodamente instaladas en el espacio de privilegio que les da su financiamiento. Bien podría cuestionarse: ¿Puede haber pueblo pobre con partidos ricos?

Por otra parte, los organismos electorales, el INE y los institutos estatales, son permanentemente cuestionados por motivos varios: por el costo de su operación y por la cantidad de personal de alto y menor niveles que los conforman.

¿Sabe el mexicano promedio cuántos son, qué tareas desempeñan, cuál es su preparación, por qué los altos sueldos que devengan? ¿Por qué los necesitamos para los procesos democráticos, para las elecciones, para las consultas populares, para la democracia mexicana?

Es mucho lo que debe explicarse y simplemente no lo hacen. Seguramente razonan que no es su obligación o que alguien más hará esa tarea.

Si no inician ya la labor de explicación puntual, detallada y paciente de su desempeño, entre la población sólo quedará el argumento negativo de los miembros de Morena y de los voceros permanentes del gobierno federal, empezando por el presidente del país, que los etiquetan y los tachan de todo lo contrario que se supone, es su misión.

El tiempo se agota: o cambian o los desaparecerán... aunque sea peor perderlos que tenerlos.

Así como a escala federal el presidente Andrés Manuel López Obrador se niega a cambiar su política de seguridad, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez se aferra a mantener una estrategia que no está dando resultados para brindar protección y seguridad a los habitantes del estado. En lugar de hacer un cambio de fondo, simulan mejorar y administran la crisis de inseguridad, como ocurre prácticamente en los otros grandes problemas estatales.

Ante la crisis por desapariciones que tienen a Jalisco en el 1er. lugar nacional, el gobierno estatal ha desarrollado una estrategia de control de daños que trata de proteger la imagen del gobernador y de su administración, pero no se dan los recursos necesarios para dotar de más personal ministerial y de búsqueda a las agencias encargadas de este grave problema. Y a las familias se les dan largas para atender sus exigencias de mejorar las búsquedas, cuando no se les revictimiza y se les persigue por colocar sus fichas de desaparecidos en lugares públicos. En lugar de resolver de fondo esta crisis, se rasuran las cifras ante el registro nacional.

Lo mismo ocurre con la crisis de identificación forense que tiene a Jalisco con el mayor número de fosas clandestinas y con más cuerpos sin identificar en los servicios forenses.

Si se repasan los pasivos ambientales en el estado, estos crecen en lugar de disminuir. Se hace creer que se combate la contaminación en el río Santiago poniendo plantas de tratamiento y hasta se presume en Washington ante la comisión interamericana, mientras cada día se siguen arrojando 500 toneladas de desechos en la cuenca con más mil metales pesados que las plantas de tratamiento no son capaces de limpiar. Mientras las crisis ambientales por deforestación y cambios de uso de suelo por la agroindustria, siguen creciendo en todo el estado. Es decir, se administra la crisis.

En materia de movilidad ocurre el mismo juego de apariencias, con una Ley de Movilidad orientada a la recaudación mientras la vialidad está colapsada en la mayoría de avenidas de la ciudad; en tanto el transporte público cada vez obliga a sus usuarios a consumir más horas de sus días en sus trayectos cotidianos.

Hay una crisis de recolección de basura producida en buena medida por la privatización de este servicio público esencial, y a la empresa responsable se le premia con nuevos contratos de la deuda pública contratada con el pretexto de la pandemia.

Un ejemplo más, de muchos que existen, es la política de vivienda que en lugar de estar orientada a dar viviendas dignas, asequibles y en zonas céntricas a los habitantes de menores ingresos, resulta que está diseñada para las ganancias de las inmobiliarias y de empresas orientadas al turismo y estancias cortas, como Airbnb y otras dedicadas a la financiarización de la vivienda, pero no para resolver la crisis inmobiliaria que se tiene. Otra vez, se administra una grave crisis.

La administración de las múltiples crisis que aquejan a la sociedad de Jalisco parece ser el sello de casa del actual gobierno. Pero si no se resuelven las crisis, que no falte el circo, que para eso está el grito con Pepe Aguilar, las Fiestas de Octubre, los torneos de tenis o los arrancones con el "Checo" Pérez.

¿Recuerdan cuando el gobernador se quejaba porque la federación recortó el presupuesto a Jalisco? Pues resulta que el Gobierno del Estado dispondrá este año de 4,812 millones de pesos adicionales.

Se proyecta cerrar el 2022 con más de 142,000 millones de pesos, cuando en el presupuesto estatal vigente sólo se consideraron 137,000 millones en números redondos.

La crítica es que esa bolsa adicional se gasta de forma discrecional por parte del gobernador y no hay detalles de cómo se ejerce ese recurso.

El reporte transparentado por el gobierno no detalla cuántos de los recursos proceden de ingresos propios o de los fondos federales.

* * *

Ayer en el Congreso de Jalisco fue un día de mucha crítica hacia el gobierno estatal. Fiel a su estilo, la diputada Mara Robles presentó su informe anual y remarcó temas controversiales, como las deudas adquiridas por el gobernador y de las cuales no se tienen pormenores, ya que no se sabe en qué se gastó y cuáles fueron los beneficios para la sociedad.

De igual manera reclamó a las diputadas y diputados de las demás bancadas que no sigan siendo cómplices del gobierno estatal para regatear y disminuir los recursos a la UdeG, que recibe uno de los más bajos presupuestos por alumno a nivel nacional, tras los condicionamientos del gobernador a la casa de estudios "a cambio de su silencio".

Insistió en la ineptitud de la Fiscalía de Jalisco y señaló a los legisladores de MC, PAN, Verde y Morena de encubrir y tratar de esconder la preocupante realidad de las desapariciones, la violencia a las mujeres y los feminicidios.

La obra de teatro a la que yo todavía no puedo nombrar, pero de la cual soy testigo a diario viviendo en esta ciudad, no la dirigen ellos sino actores perversos que tienen peso y trayectoria, que se mueven como peces en el agua o mejor debería decir, como viejos lobos de mar y marcan la pauta de inseguridad por donde la ciudad debería de aterrorizarse o no.

Las autoridades salen a hacer un recuento de lo sucedido como si asistieran también a ver una mala obra que no se sabe bien a bien ni en qué terminará. No, acá no hay más dirección, acá no hay más gobierno y nada me molesta más que encontrar la misma indignación en redes sociales de quien debería no de estar indignado sino increíblemente preocupado por haber perdido un rol central. No somos lo mismo, no están ahí para comunicar lo que sucede ni para publicitar eufóricamente lo que les toca hacer. Me disturba hablar de violencia, me quita el sueño, me da una pena enorme vivir buscando no tener miedo, pero es lo que hay.

Antes de hacer el casting y ganar las elecciones, nuestras autoridades sabían a lo que se enfrentaban. La crisis de violencia que aqueja al país no es novedad, así que, habiendo querido dirigir esta gran obra de teatro, por favor, no se dirijan a nosotros como si compartiéramos butaca. Dirijan y resuelvan, vuélvanse invisibles, que los actores están tomando su puesto y no toca. Ubíquense.

Que muchos políticos están embarrados hasta la coronilla con el crimen organizado es algo que la gente dice, pero que consta tan poco, que no es posible hacer nada al respecto, cuando mucho, se pueden sacrificar algunas decenas de chivos expiatorios, invariablemente de las bases, pero rara vez, en este país, se llega a los cabecillas. Comprensible en un gobierno que pide a la pública opinión permiso para enjuiciar ex presidentes, como si no bastara la ley y los hechos honestamente demostrados.

Lo que mal empieza, mal termina, reza el popular refrán que bien puede retratar lo que está pasando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a menos de 3 meses de que fue impuesta ilegalmente Luz del Carmen Godínez en la presidencia de ese organismo, que en teoría debería ser autónomo al poder ejecutivo, pero que en realidad fue desde donde se ordenó a la mayoría de diputados y diputadas del partido Movimiento Ciudadano (MC) orquestar una convocatoria simulada donde ella ganara sin importar que era inelegible por no cumplir el plazo de haber estado fuera de una dependencia pública.

Pero los afanes autoritarios de las autoridades, de buscar la incondicionalidad en estos organismos autónomos, está a punto de conflictuar la operación de la CEDHJ en detrimento de la defensa de los derechos humanos de los sectores más vulnerables de los jaliscienses, como ya pasó con el Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI), que está acéfalo por todos los desaseos en las convocatorias para elegir a la nueva presidenta y que provocaron que el proceso esté atravesando por un accidentado y largo litigio judicial.

Como se temía, y como pasó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con la imposición fraudulenta de Rosario Piedra Ibarra por parte de la bancada mayoritaria del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, se hirió de muerte a esta institución, que si bien, al igual que la de Jalisco, tenía mucho que avanzar, había sido un claro contrapeso a los gobiernos en momentos críticos de violación a los derechos humanos y abusos de autoridad que se han agravado con la crisis de seguridad y violencia que padecemos.

Al igual que en la CNDH, con la llegada de Godínez la CEDHJ parece ir en esa misma ruta de pérdida de independencia y de complicidad con el gobierno alfarista. Así lo marca el hecho de que hasta el momento no ha emitido recomendaciones a funcionarios estatales o municipales. Ni siquiera medidas cautelares o al menos pronunciamientos, pese a acontecimientos graves de violación a los derechos humanos.

Al interior de la CEDHJ la crisis y las inconformidades no son menores. Además de que se le acusa de no mantener a personal especializado, de maltratos en los despidos, y de hacer nombramientos en visitadurías a perfiles con denuncias de violación de derechos humanos, lo más grave es que ha pasado por encima de los consejeros y suplentes, electos por el congreso y a los que por ley debe consultar y atender sus lineamientos. Estos mismos consejeros denuncian que está por imponer a Ramón Saúl Meneses como secretario técnico, ejerciendo presiones a los 8 integrantes del consejo y sus suplentes y sin permitir la valoración del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Todas estás quejas contenidas podrían estallar y manifestarse públicamente la próxima semana. Llegó la tempestad que se veía venir por la cuestionada forma con la que llegó la nueva ombudsperson.

Con la llegada de la democracia y las elecciones competitivas, el cash, el dinero en efectivo, se volvió un elemento esencial para llegar al poder. Toda la operación política, generación de estructuras y compra de voto se hace con efectivo. Cuando el PRI quiso innovar pagando con monedero electrónico le costó un buen escándalo, la huella fue demasiado visible y nunca más lo volvieron a hacer. Regresaron a lo básico: billetes de 50, 100 y 200. Esto no quiere decir que en las épocas predemocráticas, las del partidazo, no hubiera recursos ilegales en las campañas, sino que se pagaban directamente desde las tesorerías de los estados y municipios, pues el gobierno en turno era responsable de la buena marcha de la elección de su sucesor.

Las instituciones de la democracia, creadas para evitar que los gobiernos o poderes fácticos inclinaran la balanza por algún partido o candidato, trajeron consigo los mecanismos de control, que podemos discutir si son justos o excesivos, para generar una cancha pareja. La única forma de evadir esas normas es usando cash. Salvo alguna excepción que podamos encontrar, me atrevería a decir que en todas las campañas de todos los colores del año 2000 para acá se ha manejado dinero en efectivo de procedencia inconfesable, sea porque viene de donativos de empresarios con montos excedidos, sea porque su origen son desvíos de los gobiernos, la mayoría a través de moches en la obra pública o nóminas fantasma, o directamente del crimen organizado.

Luis Carlos Ugalde, quien ha estudiado este fenómeno en México más que nadie, calcula que por cada peso legal hay 2 o 3 por debajo de la mesa, casi todo en efectivo y algo en especie. Políticos que han estado en campañas recientes me dicen que estiman que es mucho más, que el dinero por debajo de la mesa es 6 o 7 veces los topes establecidos por la autoridad electoral.

La importancia del libro "El Rey del Cash" no es que descubra el agua tibia de la corrupción electoral, sino que desnuda desde dentro la hipocresía de un presidente que no se ha cansado de exaltar su superioridad moral y su honestidad y de denostar la corrupción de los otros, jamás la propia.

Seguramente recuerdan la polémica por las nuevas deudas del Gobierno de Jalisco en esta administración. Va un recordatorio: 11,450 millones de pesos adicionales.

Nos cuentan que lo más preocupante es que ayer, en una comparecencia en el Congreso del Estado por parte del secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida, simplemente aceptó que no se cuenta con un estudio de la evaluación del impacto de la deuda contratada. En otras palabras, el gobierno estatal no sabe cuáles son los efectos o resultados de las obras o proyectos; incluso, si la deuda contratada sirvió para reactivar la economía después de la pandemia.

La única certeza es que esa deuda se pagará en los próximos 20 años, de los impuestos de los jaliscienses.

El hackeo masivo del grupo "Guacamaya", ahora involucra al Gobierno de Jalisco. Y para ser más precisos, salpicó a Hugo Luna, el jefe del Gabinete del Gobierno del Estado, a quien se relaciona con el narco, según la revista Proceso.

Ni la Fiscalía General ni la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco se han pronunciado al respecto.

Sólo el alcalde Pablo Lemus contestó sobre el tema, pero negó que la policía tapatía esté infiltrada, ante la publicación de que un agente conocido como "El Tapatío" es el enlace entre el narco y autoridades de los 3 niveles de gobierno.

* * *

El gobernador también pretendió lucirse ante estudiantes del Instituto Mario Molina, donde aseguró que todos los alumnos del sistema educativo ya cuentan con su tarjeta para hacer válidos los descuentos en los transbordos en el transporte público. Sin embargo, ya para finalizar el evento "privado", estudiantes negaron el hecho y una de las jóvenes indicó que había preguntado por su tarjeta de pago, pero le dijeron que había desabasto de plásticos en todo el estado.

Al mandatario no le quedó de otra que reconocer el desabasto, pero aseguró: "Están en un proceso de ajustes". Y prometió que hoy serían entregadas las tarjetas pendientes.

El escritor satírico Ambrose Bierce define así a la política en su divertido Diccionario del Diablo: "Conflicto de intereses disfrazados de lucha de principios. Manejo de los intereses públicos en provecho privado".

Esta definición humorística de la política tiene su aplicación práctica en un caso local: las contradicciones de Movimiento Ciudadano. Mientras en las tribunas de las cámaras alta y baja, los legisladores naranjas de Jalisco defienden una cosa, aquí en el rancho ponen en práctica otra.

Comparto 4 ejemplos: militarización, presupuesto a partidos políticos, aborto legal y derecho a la verdad.

1.- Los senadores Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo recién proclamaron aireados discursos contra la militarización del país y votaron en contra de la iniciativa presidencial para ampliar hasta 2028 la presencia del Ejército en las calles.

Castañeda usó estas palabras: "No nos doblamos ante presiones del púlpito presidencial. Nuestra postura contra la militarización del país se mantiene firme".

Sin embargo, días antes el gobernador Enrique Alfaro expresó su apoyo al presidente: "Necesitamos al Ejército ayudando en las tareas de seguridad pública" y "aquí en Jalisco no creemos en el falso debate que hoy está polarizando a la nación". Incluso tras la reciente balacera en Zapopan, el mandatario acompañado de un mando militar felicitó el actuar de los mismos soldados que desde la tribuna del Senado los naranjas critican como una salida falsa al problema de la inseguridad.

2.- La agenda emecista a nivel federal pugna por eliminar el presupuesto a los partidos políticos: "El dinero debe utilizarse para resolver los problemas de los ciudadanos, no en el despilfarro de los partidos políticos". La campaña #NiUnPesoALosPartidos tiene posturas como: "¿Por qué los ciudadanos confían cada vez menos en los partidos? Porque partidos como el Verde viven del dinero de la gente".

Pero a nivel local, la bancada naranja en el Congreso de Jalisco apoyó la iniciativa de la diputada Érika Ramírez del Verde -que era un copy & paste de la legisladora naranja Priscila Franco- para aumentar en 2023 el presupuesto a partidos políticos de 168 millones de pesos a más de 400. Así lo confirmó Paula Ramírez Höhne, titular del IEPC Jalisco, con lo que zanjó la lectura tramposa de que esa reforma significa un "ahorro" como aseguran sus promoventes.

Esa "Ley Kumamoto" que derogaron es la misma cuya paternidad reclamaron en 2017 como ex diputados locales Verónica Delgadillo, Salvador Zamora, Ricardo Rodríguez Jiménez y Fabiola Loya Hernández, al asegurar que era su iniciativa promovida desde 2014, y que les había fusilado el independiente.

3.- Cuando AMLO propuso una consulta sobre el aborto legal, tras aprobarse en Argentina, la Evolución Mexicana -eslogan del partido naranja- respondió con la campaña: "Los derechos no se consultan. Será ley". Dante Delgado, dirigente nacional emecista, tomó la tribuna: "Aquí están nuestros votos para que el derecho a decidir sea un derecho y no un delito".

En Jalisco, pese al fallo de la Corte que obliga a garantizar este derecho, Quirino Velázquez, coordinador parlamentario naranja, argumentó falta de acuerdos y subrayó la libertad para que cada diputado decida: "en nuestro grupo no hay una línea específica". A nivel federal, MC no tiene los votos para la reforma; a nivel local, sí.

Cierro con una interesante reforma constitucional que promueve el senador Castañeda para garantizar el derecho a la verdad en donde todo ciudadano debe "recibir información veraz y verificada de parte de las instituciones del Estado".

Con clara dedicatoria a las mañaneras del presidente, la exposición de motivos asienta que el servidor público o gobernante, al informar a la población, debe ofrecernos "una certera aproximación a la realidad".

El chiste naranja se cuenta solo.

Decía mi maestro de Economía Política, Alejandro Álvarez, allá por los años 70 en la Facultad de Economía de la UNAM, que la clase política es como una manada de lobos.

Lobos porque entre ellos constantemente se están gruñendo, intentan de mordisquearse e incluso en ocasiones se lanzan ferozmente contra ellos mismos.

Es difícil sobrevivir en una manada de lobos.

Pero cuando alguien externo intenta atacar a la manada y la pone en peligro entonces como uno solo se unen y se lanzan contra el enemigo hasta hacerlo pedazos.

Y así era.

Pero así sigue siendo.

No hay evolución.

Lo acabamos de vivir en Jalisco: los que nunca se ponen de acuerdo lo hicieron.

Morados, naranjas, verdes, rojos, amarillos y azules vieron amenazados sus intereses económicos y como uno se pusieron de acuerdo para defender sus dineros.

Sin chistar todos los partidos de carácter nacional, los dominantes, votaron a favor de echar atrás la famosa Ley Kumamoto, "Sin Voto no Hay Dinero", que cuando fue aprobada en el 2017 significó una reducción de más menos el 60% de los ingresos de esos partidos porque los recursos se repartirían en función de los votos obtenidos.

Era un buen ahorro.

Hoy, 5 años después de que el joven diputado Pedro Kumamoto consiguió que se aprobara esa ley e incluso fuera avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados de Jalisco con mínimas excepciones se pusieron de acuerdo para echarla para atrás.

Estaban defiendo sus dineros.

El próximo año los recursos asignados a los partidos [en Jalisco] se van a ir a más del doble al pasar de 168 millones a 394 de un plumazo.

No hubo gobernante o político importante que levantara la voz.

Todos calladitos viendo cómo regresan esos millones de pesos a sus arcas.

Ya durante la pandemia por COVID-19 hubo decepción hacia la clase política porque fue totalmente ausente mientras la población la pasaba muy mal de contagios a hospitales, falta de oxígeno y numerosas muertes, ahora vuelven a decepcionar al anteponer los intereses monetarios de los partidos a las necesidades de la población.

Sobra decir a cuántas cosas realmente importantes se hubiera podido destinar ese dinero.

Y nadie dijo nada.

Como lobos se alinearon para defender sus dineros. Y se salieron con la suya.

Estuvieron de acuerdo durante unas horas, apenas las suficientes.

Y ya volvieron a la vida cotidiana de la manada de roces y agresiones.

Nada ha cambiado desde los 70, al parecer está en su ADN.

Y nadie dijo nada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue enrachado y las presiones desde la Secretaría de Gobernación a sus opositores de largas y cuestionables trayectorias siguen dando resultados y sacando las reformas constitucionales que se proponen sin ganar los debates, ni definir alternativas de solución para las grandes asignaturas pendientes del país, como es la grave crisis de inseguridad y violencia.

Hace un mes rompió la coalición opositora PAN-PRI-PRD que en su momento le ganó a Morena la mitad de la Ciudad de México en las pasadas elecciones y que no dejó pasar en el pasado periodo ordinario de sesiones, la reforma a la Ley de Energía Eléctrica.

El martes pasado logró doblar al bloque de contención en el Senado formado por las bancadas del [PAN,] PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y legisladores independientes, y hacerse de los votos necesarios para que se aprobara la iniciativa que prolonga hasta el 2028 la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública, que en teoría corresponden a policías civiles federales, estatales y municipales.

A las y los senadores del PRI y del PRD que el martes votaron por esta iniciativa, pese a que otros de sus compañeros de partido se mantuvieron en su postura de no aprobar esta propuesta que se regresó a comisiones hace 2 semanas por la falta de los votos para su aprobación y se le hicieron cambios mínimo, los presionaron igual que a "Alito" a quien le cumplieron la amenaza de que si votaba contra la Ley Eléctrica, la 4T se iría con todo en su contra.

El primer riesgo que se ve en el horizonte es que el gobierno de la autollamada 4a. transformación logre los votos necesarios para que se apruebe la reforma electoral con la que pretenden acabar con el Instituto Nacional Electoral y volver a los tiempos antidemocráticos en los que las elecciones estaban en manos del gobierno, lo que sería un grave retroceso.

Ya los doblaron. Cayeron como moscas uno por uno, víctimas de sus propios pasados: Carlos Marín, ex secretario de Sedatu con Peña Nieto; Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México; Antonio García Cornejo, medio hermano del ex gobernador de Michoacán; Sylvana Beltrones, hija del ex gobernador de Sonora y uno de los políticos de más larga historia. Todos se doblaron, todos tenían "principios muy firmes" y una historia que no se podía contar.

El senador Ricardo Monreal y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hicieron lo que tenían que hacer: buscar los votos. A nadie sorprende que el poder actúe usando las herramientas del poder, algunas sin duda reprobables y hasta gansteriles. El problema es la debilidad de los opositores que se doblaron más rápido que una barra de chicle.

Tenemos en el congreso senadores y diputados lagartos: hocicones, arrastrados y con cola muy larga. Si doblaron a 9 priistas y 2 perredistas fue porque no aguantaron; en sus expedientes debe de haber más de una cosa vergonzante si no es que algún delito o falta perseguible. Eso no quiere decir que los panistas y emecistas no tuvieran problema, sino simple y llanamente no necesitaron más votos. Tenemos también en las mismas cámaras personas de gran altura moral y con ideas que saben defender, independientemente de que estemos o no de acuerdo con ellas.

Esa es la oposición con la que hay que construir. A nadie, ni siquiera a los morenistas, les conviene una oposición tan débil de cara al proceso de sucesión. Como a todo partido en el poder, a Morena se le van pegando las rémoras, los oportunistas de los diferentes partidos. Eso les ha permitido ir generando cada vez más control de los espacios políticos, desde las gubernaturas hasta las presidencias municipales, sin embargo, el costo de descomposición interna también se paga.

La concentración de poder en manos del presidente es proporcional a la debilidad de la clase política que antes estaba en el poder y hoy en la oposición. Si ganó como ganó y está ganando las votaciones como las está ganando, es producto de años de corrupción. Es cierto, a la oposición le falta una narrativa, pero antes que eso le falta cara, le faltan rostros, perfiles que puedan presentarse ante la ciudadanía sin un pasado vergonzante.

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, negó que la investigación en su contra que realiza la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México haya influido o lo haya presionado para votar en favor de la reforma que extiende hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. En entrevista, el ex jefe de Gobierno capitalino afirmó que las denuncias en su contra sobre la presunta red espionaje durante su administración iniciaron hace 4 años, por lo que no le generan ninguna preocupación ni condicionan sus votos en el Senado.

Las serpientes encantadas que surgen de la boca de la clase política para confundir, y el discurso de equidad y justicia que suele acompañarlas, ocultan una verdad cada día más atroz: las instituciones y leyes están creadas solo para que la clase política se reproduzca y reproduzca sus privilegios. Ellos manejan las instituciones, crean las leyes, las interpretan y las aplican.

Desafortunadamente, el fenómeno de la desaparición se ha normalizado tanto que ya lo llamamos así: fenómeno, y está muy lejos de ser una actividad que se produce en la naturaleza. Es una aberración y una crisis a la que el Estado decidió voltearle la cara.

Porque en Jalisco la cosa es así: si lo ignoras, no existe. Y si no existe, no es crisis. Y si no es crisis, el discurso de éxito que te armaron tus asesores se sostiene. Y si, además, recibes la bendición del Papa, todo Jalisco está en paz y tus vacaciones en Europa están más que merecidas.

El que un grupo de madres de familia sea quien se organice para desenterrar cuerpos en fosas clandestinas es aberrante. Inconcebible. Está fuera de toda lógica.

Miguel Alejandro Soto Martín desapareció. Así, sin más: desapareció. Un grupo armado forzó el ingreso a su casa y se lo llevó. Nada se sabe de él.

Un Estado que ha normalizado esa realidad, y que prefiere revictimizar antes que resolver, ha probado no sólo su terrible indolencia, sino que está de acuerdo con la impunidad. Y ningún país democrático que se precie de serlo puede llamarse así cuando sus habitantes simplemente dejan de estar.

El rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, lanzó un reclamo fuerte. Confesó que el gobernador de Jalisco "nos pidió que le hiciéramos frente al gobierno federal porque no nos daba el presupuesto que nos corresponde". Y la UdeG se sumó a la invitación, como aquella reunión en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, cuando el gobernador lanzó su convocatoria contra López Obrador.

El problema es que el mandatario estatal los dejó solos. Por eso el grupo universitario está cultivando amistades con personajes como Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. "Si el gobernador nos deja solos, tenemos capacidad de construir otras alianzas". ¿Qué tal?

Agregó que no se descarta ninguna alianza electoral, pero aún no es tema y sigue enfocado en la Rectoría.

La popularidad y la credibilidad el gobernador de Jalisco no está en su mejor momento. De acuerdo con las 3 empresas de estudios de opinión que hacen un ranking de gobernadores, la popularidad de Alfaro está entre 35 y 40%. CE Research le da 40 puntos de popularidad y lo ubica en el lugar 17 del ranking; Consulta Mitofsky, de Roy Campos, lo evalúa prácticamente igual, con 39.5, pero le asigna el lugar 28 entre los gobernadores; la encuesta de Alejando Moreno para El Financiero lo pone en lugar 29 con 35% de aprobación dándose un tiro en el sótano con Cuauhtémoc Blanco de Morelos y David Monreal de Zacatecas.

La reunión con el Papa Francisco no lo va a sacar del hoyo, pero sí le permite conectar con un grupo de la población que ve con buenos ojos al líder de la Iglesia Católica en el mundo. Pero, otra vez la misma pregunta: ¿sirvió de algo para los habitantes de Jalisco la reunión del gobernador por 25 minutos con el Papa? No. Los resultados presumidos, el 1o. de ellos la vinculación con la Fundación Scoolas, se pudo haber hecho igual sin la presencia del gobernador, y el 2o. y más cacareado, una "bendición especial" del Papa a los habitantes de Jalisco, es además de demagógica una violación al estado laico. Bienvenida la bendición del Papa, pero el gobernador no es el conducto adecuado. Como titular del poder ejecutivo, Alfaro no puede asumir la intermediación de un líder religioso, por más que la mayoría de los jaliscienses se declaren católicos.

Mantener la laicidad del estado y el correcto entendimiento de este principio por parte de los gobernantes no es un asunto accesorio o incluso anacrónico como quisieran verlo algunos. La laicidad no es la anulación de la fe sino la defensa del derecho a la creencia de todos y la obligación del Estado de garantizar que cada uno crea lo que guste. En lo personal el gobernador puede practicar su fe con quien quiera y donde quiera, e incluso hacerla pública, pero nunca como representante del Estado.

El Informe debe rendirse por escrito al congreso federal, en tiempos lejanos se hacía igualmente un informe oral que daba ocasión a un baño de pueblo y de popularidad por parte del mandatario, eran célebres sus traslados en auto descubierto hacia el antiguo edificio del congreso, bajo una lluvia multicolor de papelitos y confeti, aplausos y vivas, y ya en el recinto, apretones de manos y palmadas, hasta que la oposición hizo de esos actos un verdadero infierno, insufrible para políticos acostumbrados solamente a la aprobación general.

Entonces se acordaron de que oficialmente bastaba con entregar el voluminoso informe escrito, algo que incluso podía hacer el secretario de gobierno. El presidente podía de su parte enviar un mensaje a la nación desde escenarios muy cuidados y desde luego, bajo control, sólo entrarían ahí aplaudidores o silenciosos oponentes. Así se ha seguido haciendo.

Informar a la sociedad sobre la situación de la nación, del estado o del municipio es por supuesto un deber y una necesidad, todos quisiéramos saber por una vez la condición real en la que nos encontramos, pero por regla general, no es por medio de estos informes que nos enteramos, aunque haya excepciones.

Tal vez bastaría con que dicho ejercicio de antemano se presentara bajo el título "Informe acerca de todas las cosas, acciones y servicios que nos han salido bien", que de las que han salido mal o de ningún modo, porque no se han hecho, sobra quien se dé cuenta y lo diga por lo alto y por lo bajo. Esta honesta aclaración nos tranquilizaría y nos libraría del prejuicio de estar pensando que el informante nos engaña o nos oculta datos.

Y mientras el gobernador se pasea, perdón, trabaja en tierras españolas, Guadalajara recibió ayer la visita oficial más importante de los últimos años. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visitó la ciudad y, ante la ausencia del inquilino de Casa Jalisco, fue recibido por el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra, y por el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus.

Además de las reuniones protocolares, el presidente alemán visitó la planta de Continental, la productora alemana de componentes de la industria automotriz. Continental tiene varias plantas en México, pero la de El Salto en Jalisco es una de las más importantes del mundo.

Cada quien tiene sus prioridades.

Por cierto, ayer se le manifestaron al gobernador en la Embajada de México en Madrid. Estudiantes de posgrado exigieron al mandatario que atienda temas urgentes en lugar de irse de "vacaciones".

* * *

No cabe duda que en el Congreso [de Jalisco] se contradicen solos. Ayer, ante los integrantes del Sistema Anticorrupción de Jalisco, el diputado de Movimiento Ciudadano, Higinio del Toro, reconocía que el legislativo le salía muy caro a los jaliscienses y que habría que checar los resultados; sin embargo, en el patio del congreso sonaban la banda, el mariachi y el murmullo de decenas de invitados a un foro organizado por su compañera de bancada Rocío Aguilar, en el que supuestamente se iban a discutir leyes para fomentar la cultura de la paz.

Nomás no entienden que no entienden.

Ante los fenómenos que afectan a la sociedad en general, las autoridades establecidas y las estructuras de poder quedan totalmente rebasadas y sus esfuerzos resultan tan insuficientes que los efectos negativos afectan durante años.

Preparémonos para varios días de anuncios pomposos sobre apoyos millonarios y auxilio a personas que han perdido parte o todo su patrimonio. Seremos testigos de mensajes solemnes sobre solidaridad y aparentes esfuerzos de ayuda; algo muy parecido a lo que ocurrió con las familias de los 10 mineros (¿ya se les puede decir fallecidos?) de El Pinabete, en Coahuila. Al final y después de los discursos, sólo se informó públicamente que a las familias de los desaparecidos se les entregaba un apoyo económico extraordinario y la búsqueda sigue.

Pero de vuelta con el tema del sismo, si bien el de hoy es aparentemente pequeño, el del año 2017 significó muchos perjuicios y pérdida de patrimonios. Se emitieron comunicados de apoyo y donativos, y hasta la fecha muchos de los afectos siguen esperando el beneficio oficial.

Tome nota: aunque supuestamente se han invertido 31,000 millones de pesos en los últimos 5 años, todavía está pendiente la reconstrucción de 25 unidades médicas y más de 70 escuelas en varios estados siguen "en obra" y en al menos otras 40 todavía no inician reparaciones o reconstrucción.

¿Y viviendas particulares? Al menos 3,000 que sufrieron daños todavía siguen esperando el auxilio del gobierno de la Ciudad de México o del gobierno federal.

Más dañinos que los sismos, son los discursos oficiales y las promesas de apoyo que sólo quedan en la imagen y la petición de votos.

Con el sismo de ayer en la metrópoli, algunos de los más asustados fueron los trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno de Jalisco. ¿Por qué? Además de que se les movió todo, recordaron que en el último temblor, Protección Civil les advirtió que estaba fracturado el edificio, que ya no metieran más gente ni más muebles, sobre todo en el 4o. piso.

¿Y qué hicieron los directivos? Meter más gente y más peso, ya que tapan hasta los pasillos con muebles y cajas. Ahora el edificio está más fracturado y los trabajadores con más miedo, según comentaron tras el temblor. ¿Alguna respuesta de la autoridad?

Aunque el fin de semana pasado el gobernador de Jalisco había mostrado un posicionamiento firme en contra de la militarización de la Guardia Nacional y el aplazamiento del Ejército en las calles, hoy martes mostró una postura "más amable" en la cual admitió necesitarles.

"Las fuerza armadas estarán a la altura de lo que demanda su papel, lo harán también cuando su misión esté cumplida y tengan que regresar a sus cuarteles. Reconocemos y agradecemos el apoyo que todos los días dan a la nación para recuperar la paz y la justicia, aquí en Jalisco no creemos en el falso debate que hoy está polarizado a la nación", señaló el mandatario estatal durante su intervención en la celebración del Día de los Niños Héroes llevada a cabo este día en la Plaza de Armas.

El gobernador señaló que más allá de la coyuntura política y los debates que se discuten en el país, es destacable su ánimo permanente de coordinación con las autoridades locales.

"Necesitamos al Ejército ayudando en las tareas de seguridad pública y necesitamos seguir construyendo instituciones civiles que puedan prevalecer en el tiempo, aquí queremos cerrar filas. En Jalisco necesitamos y respetamos y queremos al Ejército Mexicano", señaló el mandatario.

Ayer lunes, durante su conferencia de prensa mañanera llevada a cabo en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a aquellos gobernadores quienes, si bien han pedido apoyo con presencia militar en sus estados, se han manifestado en contra de la extensión de la presencia militar en las calles y de que la Guardia Nacional sea un ente más de la Sedena, razón por la cual les pidió que "convenzan" a sus partidos para que aprueben las reformas propuestas en la materia.

"Ahora que estuve de gira (en Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Durango) hice un exhorto respetuoso a los gobernadores para que se manifiesten, que no se queden callados. Porque nos piden que intervenga el Ejército, que intervenga la Marina, incluso reconocen que ayuda el Ejército, que ayuda la Marina, pero cuando se trata de defender el que puedan legalmente las fuerzas armadas ayudar en la tarea de seguridad, silencio", señaló.

Nos cuentan que una de las estrategias favoritas del gobernador de Jalisco, durante toda su trayectoria política, ha sido pelearse con los más fuertes para sacar beneficio. En Tlajomulco inició con el grupo político de la UdeG. Desde Guadalajara fue contra Aristóteles. Y ahora en Casa Jalisco sigue contra la universidad y, por lo menos durante los 2 primeros años de la administración, contra López Obrador.

Sin embargo, contra el presidente López Obrador ya quedó de manifiesto que pierde todas, pero todas, por eso ya mejor lo defiende.

Resulta que la semana pasada, la Secretaría de Hacienda presentó ante el Congreso de la Unión su paquete presupuestal 2023, en el que no se etiqueta un centavo para las grandes obras pendientes de Jalisco. Y para demostrar la "paz" que llevan el presidente y Casa Jalisco, la Dirección de Comunicación Social del Estado respondió rápido a las críticas por la omisión presupuestal: "Desde el pasado 31 de agosto del presente año, el Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras anunció la aportación hasta por 2,000 millones de pesos para la Línea 4 del Sistema del Tren Eléctrico".

Felicidades por la aclaración, pero la diferencia entre etiquetar recursos en un presupuesto anual y supuestamente asignarlo a través de ese fondo es que llevamos 4 años sin dinero federal para la L4 y la culminación de la Presa El Zapotillo, por citar algunos proyectos.

Se entiende que al gobernador ya le quedó claro que, por más intereses políticos que tenga, con la chequera federal no se pelea.

Es más, en su visita a la zona norte de Jalisco, López Obrador le advirtió al gobernador: "Prohibido pelearnos". ¿Les quedó claro?

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 7 de septiembre de 2022).

Qué suerte la de Marcos Jiménez Monroy y Ricardo Javier Méndez Azcarate. Un día no tienes nada y al otro tienes contratos millonarios y 2 parques públicos a tu disposición (bueno, ya sólo uno) para organizar Calaverandia y Navidalia. Eso les ocurrió a los fundadores de Alteacorp, nombre comercial de la empresa tapatía organizadora de ambos eventos.

Méndez Azcarate, uno de sus fundadores, fue candidato a regidor en la planilla emecista de Salvador Caro por Guadalajara en 2012.

4 años después, Jiménez Monroy y Méndez Azcarate crearon Alteacorp (2016), pero este último vendió sus acciones a los pocos meses, justo cuando Alfaro gobernaba Guadalajara y comenzaba la bonanza para la compañía.

Ya sólo con Jiménez Monroy al frente, los contratos llegaron por millones. En 2016 obtuvo alrededor de un millón de pesos (MDP) por el espectáculo Marakame en el festival Sucede. De 2017 a 2019 recibió otros 25 MDP por organizar el festival GDLuz y luego 3.5 MDP por un espectáculo conmemorativo del 16 de septiembre, entre otros.

En 2018 obtuvo la concesión del Parque Ávila Camacho para organizar Calaverandia pese al rechazo de vecinos y las críticas por las facilidades otorgadas a la empresa para hacer negocio en el espacio público. Por ese evento "pagó" la ridícula cantidad de 1.1 MDP en obras a favor del parque. Un negocio redondo: según un cálculo a partir del boletaje vendido (74,000 asistentes), Alteacorp obtuvo ingresos superiores a los 35 MDP si consideramos que el boleto más barato costaba 485 pesos.

En el Parque Metropolitano planeaban replicar ese mismo negocio pero multiplicado por millones. La Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos le cobraría a la empresa sólo 3.3 MDP por usar 4 hectáreas del parque durante 44 días, pero en realidad el espacio estaría ocupado por 5 meses para los preparativos y el montaje, lo que debería costar más de 10 MDP.

En esta ocasión, los boletos para Calaverandia y Navidalia costarían entre 638 y 1,344 pesos el pase VIP, y habría un mayor aforo. La justificación del proyecto, según el contrato, era "crear un parque temático que fomente el amor por la tradición más importante del país, el Día de Muertos, en un ambiente familiar lleno de magia". En realidad, la justificación era convertir en tradición un mágico negocio cupular en el espacio público.

Tras la presión de vecinos, Enrique Alfaro canceló Calaverandia en el Parque Metropolitano y ordenó que regrese "a su sede original", en el Parque Ávila Camacho. La suspensión del evento por parte del gobernador responde al parecer a una especie de pudor (hay que ser puercos, pero no tan trompudos).

Pero, ¿por qué convertir en negocio privado un espacio público? Ojalá los vecinos de Jardines del Country, aprovechando el logro cívico de los colonos de La Estancia, sean ahora sí escuchados y consigan la restitución completa del espacio público, y que Calaverandia se mude a una sede apropiada para eventos privados. El triunfo sería de todos.

P.D. Finalmente destaco el tesón de periodistas como José Toral, Héctor Escamilla, Álvaro Quintero, Ivette Solórzano y Daniela Sánchez, quienes han dado seguimiento al tema desde 2018 y gracias a cuyo trabajo me fue posible escribir este texto.

La airada protesta vecinal y social que surgió tras conocerse que los shows denominados Calaverandia y Navidalia se iban a celebrar este año en el Parque Metropolitano obligó al Gobierno del Estado a rectificar y anunciar que los espectáculos mencionados regresarían al Parque Ávila Camacho, donde se han celebrado en años anteriores.

Pesó más el cálculo político y las cuentas de cuántos votos podría perder el partido Movimiento Ciudadano en la decisión que anunció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez más que una genuina preocupación por el estado ambiental del Parque Metropolitano.

Los vecinos y habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara repudiaron la concesión del Parque Metropolitano para el referido negocio de espectáculo no sólo por el potencial daño ambiental a la fauna y flora del parque sino por el generoso negocio que se entregaba a este particular en precio de ganga.

Como se sabe, la Agencia de Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara cedió el uso del Parque Metropolitano a la empresa Especies en Expansión SAPI de CV, llamada Alteacorp, en un contrato mediante el cual Calaverandia pagaría 40,000 pesos diarios por uso del espacio Titanes y 35,000 por Jacaranda, para operar del 2 al 19 de noviembre y por el cual pagaría un monto de 1'350,000 pesos por el evento. Por Navidalia, que operará del 6 al 30 de diciembre, Alteacorp pagaría 1'950,000 pesos. En total, por los 2 eventos ingresarían a la Agencia de Bosques Urbanos 3'300,000 pesos.

Sin embargo, varios colegas destacaron el contrato de ganga que se signaba con esta empresa privada puesto que el Tabulador de Cobros por Concepto de Derechos 2022 de la Agencia Bosques Urbanos indica que por uso de instalaciones en general para eventos la tarifa diaria es de 70,000 pesos. "Con la tarifa de 70,000 pesos, y considerando que Calaverandia ocupará 2 espacios por 18 días y Navidalia por 26 días, el costo por ambas actividades en realidad ascendería a 6'160,000 pesos" (Martín Aquino, Mural, 3 de septiembre).

Por su parte Héctor Escamilla, de Notisistema, escribió que Alteacorp, la empresa de espectáculos pagaría 1.15 pesos por metro cuadrado cuando a los comerciantes ambulantes o tianguistas se les cobra en Zapopan hasta 8 pesos por metro cuadrado.

La polémica que detonó la concesión del Parque Metropolitano para los espectáculos Calaverandia y Navidalia volvió a abrir el debate sobre el uso que el actual gobierno ha dado a los parques y espacios públicos de la zona metropolitana de Guadalajara.

Al mismo tiempo que se cuestionaba la concesión del Parque Metropolitano, en Zapopan los vecinos del Parque Altamira lograron echar atrás un contrato que entregaría el parque al particular Mario Berruti para utilizarlo como escuela de tenis privada por varios años. Tras varias semanas de protesta, los vecinos lograron ayer que se diera marcha atrás a la privatización del Parque Altamira.

Aunque la privatización de los espacios públicos se ha acentuado en los gobiernos de Movimiento Ciudadano, esta tendencia viene de lejos. Como ejemplos se pueden recordar el Parque de Arcos de Guadalupe que fue partido a la mitad para entregarlo primero en comodato a un equipo de futbol americano y luego fue vendido a una empresa inmobiliaria que construyó edificios de departamentos y un centro comercial. Aquí no fueron suficientes las protestas y la resistencias que los vecinos llevaron a cabo para oponerse al despojo de la mitad de su parque.

En otros puntos de la metrópoli, la organización de los vecinos y colonos han logrado impedir el despojo de sus parques y bienes públicos, como en el Cerro de la Reina, en Tonalá, donde el gobierno priista de Jorge Arana pretendía destinarlo para un complejo turístico y comercial que incluía hotel, centro comercial y un teleférico a la cabecera municipal. La oposición de la población ha impedido que este proyecto turístico se lleve a cabo, pero nada garantiza que vuelva a desempolvarse por parte de quienes buscan hacer un negocio con este espacio público.

La buena noticia es que la resistencia organizada de pobladores y vecinos puede revertir estos despojos, como lograron los vecinos de los parques Metropolitano y Altamira.

Nos cuentan que las diferencias generadas por el fallido aumento de sueldo para las diputadas y los diputados, así como otras discrepancias en el reparto de cuotas en la Comisión de Derechos Humanos, generaron un alejamiento entre las fracciones del PAN y Movimiento Ciudadano en el Congreso [de Jalisco], que habían sido aliados desde la pasada legislatura.

El distanciamiento entre los azules y naranjas se demuestra en temas como la iniciativa sobre la donación de órganos, en la que los panistas votaron con Hagamos y contra la postura emecista.

Los tiempos para la discusión del presupuesto están próximos y todo indica que MC seguirá necesitando a sus socios del PAN, a menos que opte por alargar el acercamiento que mantiene con Morena, con quien se "unió" desde la aprobación de la asociación público-privada para la Línea 4 del Tren Ligero.

Ya que estamos en temas del congreso, al puro estilo de su jefe político, la fracción de Movimiento Ciudadano ahora fija posturas de temas álgidos en videos donde todos y todas en montón emiten sus posicionamientos. Tanto en el tema del pleito con la UdeG, como en el de la tarifa del transporte público, han enviado mensajes en sus redes sociales para respaldar los dichos del gobernador.

Los videos han servido para evidenciar que lo fuerte de algunas y algunos de MC no es la oratoria. Y también para mostrar quiénes son los consentidos.

El Centro es de todos y hay que mantenerlo limpio, dijo el gobernador Enrique Alfaro como justificación de que miembros de la policía estatal, en una patrulla de la corporación, hayan ayudado a retirar un tótem con la leyenda "México feminicida".

¿Desde cuándo la protesta es basura? ¿Desde cuándo el reclamo social ensucia la ciudad? Más aún, ¿desde cuándo la policía estatal se dedica a labores de limpieza? ¿Quién decide qué tipo de letreros están permitidos y cuáles no? Pues a menos de una cuadra está el enorme tótem de "Guadalajara, Guadalajara", un promocional de la ciudad creado por el gobierno de Enrique Alfaro.

Si quitar el letrero fue un error, justificarlo como limpieza es doble falta. Se trata de un acto de intolerancia en un tema donde el gobierno de Alfaro ha tenido particular falta de tino: la agenda feminista. La discusión no es si hay un feminicidio más o menos este mes que el anterior, si la estadística dice que es mejor o peor este año que el pasado. Una mujer asesinada por el hecho de ser mujer es razón suficiente para levantar la voz.

El Centro de la ciudad no es el espacio para los turistas. Esa es una vocación más o menos reciente, de cuando se inventó el turismo masivo, hace poco más o menos un siglo. La vocación histórica y fundamental de los centros urbanos es la de ser ágora, el espacio público donde los ciudadanos manifiestan y discuten sus diferencias, donde residen los poderes y por lo mismo donde se les confronta, se exigen derechos y se reclaman políticas públicas. Que quede claro, lo que afea la ciudad es la injusticia, no la protesta.

Si en algún lugar debía estar el tótem de "México feminicida" es ahí, en la Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno. No acusaba ni difamaba, no estorbaba ni incomodaba a nadie. Salvo, por supuesto, al gobernador que se sintió interpelado por esas 8 sílabas que son un recuerdo de que el estado, del cual él es representante, y la sociedad tenemos una deuda con las mujeres de este país.

"Limpiar el Centro" no hará que se olviden los feminicidios, ni que los turistas o los ciudadanos tengan una mejor imagen del Gobierno del Estado ni de la seguridad pública. Por el contrario, la operación limpieza ha provocado la indignación de miles de hombres y mujeres que vimos a la policía más ocupada en ocultar una protesta que en proteger a ciudadanas y ciudadanos.

Cuando un gobierno prohíbe, inhibe u oculta la protesta, sólo queda un camino: volver a protestar. Si protestar ensucia, ensuciemos.

La diputada Claudia Salas Rodríguez, presidenta de la comisión legislativa de Hacienda, explicó que el incumplimiento se debe principalmente a omisiones y falta de información de las pasadas administraciones. La legisladora reconoció que si no completan la documentación esos municipios tendrán menor ingreso y afectación a sus finanzas.

"En su mayoría no cumplieron porque los presidentes que se fueron se llevaron documentación, por eso el enorme trabajo que tenemos que hacer de certificar capacidades y profesionalizar el servicio público de hacienda. Ningún presidente o tesorero puede llevarse documentos. Lo que van a tener que hacer las actuales autoridades es denunciar a las anteriores y empezar todo un proceso en la Fiscalía Anticorrupción, pero mientras no tengan con qué justificar el año anterior se quedan sin recursos", explicó.

Los municipios que perderían participaciones son: Bolaños, Cabo Corrientes, Gómez Farías, Quitupán, San Juanito de Escobedo, San Marcos, Tomatlán, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del Rey. El límite para presentar la información pendiente es antes de que se dictaminen las leyes de ingresos municipales, el plazo vence el último día de este mes.

Cuando Enrique Alfaro Ramírez perdió los estribos ante funcionarios del Centro Universitario de los Valles (CUValles) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en el círculo interno del grupo que gobierna la UdeG empezaron a aplaudir. El episodio en donde desdeña a la rectora del centro, la doctora María Luisa García Batiz, y posteriormente amenaza al secretario administrativo, Luis Alejandro León Dávila, pinta de cuerpo entero al gobernador y da pie para exhibirlo como un político destemplado, que se sale de sus casillas con facilidad, intolerante a la crítica, autoritario...

Ese episodio ocurrido el viernes 27 de agosto en Ameca, representa el fracaso mediático de su confrontación con el padillismo por el control presupuestal de la UdeG y es la más reciente batalla política perdida por Alfaro. Pero no la única.

La guerra política entre el grupo que controla los poderes públicos y el grupo que controla la UdeG está lejos de haberse terminado, pero al menos en esta batalla resultó derrotado el gobernador Enrique Alfaro. Prueba de ello es la exhibición mediática nacional que tuvo este episodio en donde se observa al gobernador destemplado y desencajado, amenazando al funcionario de CUValles: "Mídele bien tus palabras".

Para echarle más sal a la herida, los universitarios reanudaron las caminatas de protesta hasta Casa Jalisco, donde el pasado 29 de agosto le diagnosticaron "trastorno de la personalidad". "Su misoginia, su poca tolerancia ante la frustración, su poca empatía y nulo interés de ponerse en el lugar de los demás, aunado a los arranques excesivos de violencia ante estímulos sencillos. Esta necesidad de ser observado y la de tener el privilegio ante los demás, y no ser digno de todos, son características propias de un trastorno de la personalidad y no de un gobernador que tendría que atender las demandas de su comunidad. Si tiene problemas de salud mental no se desquite con la población, nosotros podemos atenderlo", declaró fuera de Casa Jalisco Diego Ruiz Navarro, académico del CUCS.

La personalidad irritable de Enrique Alfaro, desde antes conocida, se ha acentuado recientemente en un contexto en el que el gobernador parece haber perdido la brújula política tan afinada que le llevó a ser titular del poder ejecutivo y el líder más importante del partido Movimiento Ciudadano. Pragmático y planificador como es, Enrique Alfaro se veía así mismo en otro horizonte político, muy distinto a donde está.

Una de sus derrotas visibles es que el proyecto político que propuso a los electores de Jalisco, la Refundación de la vida pública del Estado, es hoy por hoy un proyecto olvidado y enterrado. Ni el gobernador ni sus funcionarios, ni los dirigentes de MC recuerdan ahora lo que proponían como proyecto central al inicio de la actual administración.

Otro proyecto que jamás ha despegado y enraizado entre la sociedad jalisciense es la supuesta batalla federalista de Jalisco contra las presiones del centralista gobierno federal, a pesar de los millones de pesos que se gastaron en la consulta popular y en la campaña de medios para tratar que la lucha federalista colocara a Enrique Alfaro como un político con presencia nacional. De nada sirvieron las porras que el intelectual Enrique Krauze lanzó a Enrique Alfaro haciéndolo parecer como un moderno Mariano Otero. Junto a esta derrota, totalmente olvidada e inservible está el proyecto de la Alianza Federalista que el mismo Enrique Alfaro armó con otros gobernadores opositores.

Todas estas iniciativas tenían el propósito de empujar a Enrique Alfaro como uno de los líderes políticos de la oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la 4a. Transformación. A estas alturas de la contienda política el gobernador de Jalisco se hacía como uno de los precandidatos presidenciales más fuertes y populares.

¿Dónde está ahora Enrique Alfaro? A la cola de la popularidad entre gobernadores de todo el país. De acuerdo a Consulta Mitofsky, el gobernador de Jalisco aparece con 44% de aprobación y en el lugar 28 de entre los 32 mandatarios estatales.

Por si fuera poco, perdió el control de MC frente a Dante Delgado y ahora no es el único precandidato de este partido; ahora compite con Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, y Samuel García, gobernador de Nuevo León, y eventualmente algún desprendimiento de Morena, como Ricardo Monreal. A esta relación de derrotas políticas se suma el que Alfaro, su grupo y las empresas marketing que contrata han dejado de tener el control de la narrativa mediática en Jalisco.

La derrota más relevante es que amplios sectores de Jalisco rechazan el gobierno de Enrique Alfaro, por las omisiones y malos resultados de su gestión, cuando no el desdén y el desinterés, como acusan los colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos. Por eso no sorprenderá que en los meses sucesivos se sigan convocando más manifestaciones para pedir la salida de Alfaro del cargo que ahora ostenta. Enrique Alfaro es un político que aspiraba a más, que ambicionaba más, pero poco a poco por sus ataques de ira y los distintos frentes de confrontación política que ha ido abriendo, se ha ido debilitando y hundiendo visiblemente.

"Dígame la verdad señora, en qué andaba metido su hijo". "Andaba de fiesta" o "seguro está con el novio". "En algo andaba metido(a)".

Son algunas de las frases, frías e insensibles, que comúnmente escuchan familiares de personas desaparecidas. Son frases con las que estigmatizan a la víctima, la etiquetan; como si existieran condiciones previas y la víctima -hombre o mujer- se lo hubiera buscado, como si una persona mereciera desaparecer.

Esas y muchas otras frases fueron recopiladas en una investigación del Iteso, y que culminó en la publicación del libro "Nadie merece desaparecer. Diagnóstico sobre la estigmatización hacia las víctimas de desaparición, sus familias y acompañantes en la búsqueda".

"Señora, si usted no sabe dónde está su hijo(a), cómo voy a saber yo"... Han escuchado mujeres buscadoras y colectivos por parte de las propias autoridades del gobierno. Ese tipo de etiquetas hacen más doloroso y tortuoso el proceso de búsqueda. Esto, en un país con más de 104,000 personas desaparecidas, y con Jalisco como una de las entidades con mayor cantidad de personas que de un día a otro ya no se supo más de ellas.

"Este proceso de estigmatización es muy dramático porque les sirve de excusa, de justificación (a las autoridades), para no cumplir con sus obligaciones; es decir, para que siga sucediendo, para justificar el que las búsquedas no tengan éxito. Incluso, tratan de alentar el que las personas no denuncien en muchos casos", narró Concepción Sánchez, doctora en Antropología y quien participó en la investigación.

Al estigmatizar a la víctima es como si se le culpara de su propia desaparición, poniendo el foco en la víctima y no en el delito, fomentando la impunidad.

La inoperante reforma aprobada en octubre de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la coartada de que era para defender el derecho de las audiencias y que obligaba a los concesionarios a que los periodistas y comunicadores distinguieran explícitamente lo que era opinión y lo que era información en los programas de contenido noticioso, quedó ayer invalidada por unanimidad en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se conjuró así lo que apuntaba a ser un instrumento legal más de control del poder al ejercicio de un periodismo libre, independiente y crítico, que tanto fastidia a la mayoría de la clase política y gubernamental en este país.

De cualquier forma habrá que estar pendientes de si desde el poder legislativo buscan otra intentona para lograr contar con este recurso de intimidación, posibilidad que quedará latente, ya que no se entró al debate de fondo sobre el tema. Esto, ya que el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán basó su fallo en diversas acciones de anticonstitucionalidad por violaciones en el proceso legislativo en el Senado, como el hecho de que el dictamen se avaló sin las lecturas previas obligadas y porque no se publicó en la gaceta del Senado 24 horas antes de su debate, entre otras.

El riesgo de que revivan un reforma similar queda ahí también porque el proyecto original de Pérez Dayán proponía dar 6 meses al Congreso de la Unión para enviar una nueva iniciativa para "armonizar" los derechos de las audiencias con las libertades de los medios de comunicación”, pero por fortuna, en la sentencia final sólo aprobaron anular el decreto.

Así, pues, por el momento es por donde se le vea una buena noticia que este fuego legal de los juzgadores del poder judicial con el que pretendían obstaculizar el trabajo de los periodistas de radio y televisión no se haya unido a la tragedia que vive el gremio periodístico en México, país que en los últimos años se ha convertido en uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el oficio.

Porque no sólo son las amenazas, agresiones y crímenes causados por la delincuencia organizada y otros poderes fácticos, y la indiferencia que raya en la complicidad de las autoridades de todos los niveles que incumplen su obligación de garantizar la seguridad no sólo de la prensa, sino de la ciudadanía en general. Iniciativas como la aprobada en 2017, que había sido ratificada en enero pasado en una sentencia de la 1a. Sala de la SCJN, limitan el derecho de la libertad de expresión y debilitan la democracia como pasa en países dictatoriales como Cuba, Nicaragua, Corea del Norte y China, en donde las leyes mordaza se aplican todos los días.

Después que autoridades universitarias denunciaron las amenazas del gobernador de Jalisco contra funcionarios de la casa de estudios en el CUValles -con frases como "nomás mídete bien tus palabras"-, resulta que integrantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud realizaron un análisis sobre la personalidad del mandatario y le diagnosticaron un trastorno narcisista de personalidad. Por ejemplo, se explicó que el comportamiento del gobernador no solamente con la comunidad universitaria, sino también hacia los periodistas y madres de desaparecidos, demuestra inestabilidad y dicho trastorno. En conclusión, afirman que tiene poca tolerancia ante la frustración, poca empatía y nulo interés de ponerse en el lugar de los demás.

Con el lema de "obras son amores", el gobernador de Jalisco decidió que lo mejor en lo que podía usar su tiempo como gobernador era provocar a los universitarios, ir de plantel en plantel a inaugurar obras, la mayoría menores, para mostrar al mundo que él sí apoya a la UdeG. El viernes sucedió lo que tenía que suceder: se salió de sus casillas y con dedo flamígero -y un par de guaruras a los costados- confrontó a funcionarios universitarios que le reclamaban obras inconclusas frente al Centro Universitario Valles.

Vamos a dejar de lado las formas rudas y el tonito amenazante del gobernador. Las preguntas son: ¿cuál es la estrategia detrás de estas provocaciones?, ¿qué gana el estado?, ¿qué gana el gobierno con esta confrontación contra la universidad, alimentada desde Casa Jalisco?

Una de las respuestas posibles es que desde el gobierno consideran que quitarle poder al Grupo Universidad, y particularmente a Raúl Padilla, es benéfico para el estado, que el exceso de poder acumulado por este grupo y esta persona son un lastre para el desarrollo. Un diagnóstico compartido por otros gobernadores y ninguno logró gran cosa. Lo que no se sigue es que la forma de debilitar políticamente a Padilla sea con este tipo de confrontaciones y amenazas infantiles. Digamos que el gobernador hace un diagnóstico de cáncer y sale valientemente a enfrentarlo con jarabito para la tos. La actitud raya en lo ridículo.

Una cosa es el estilo personal de gobernar, informal y directo, y otra muy distinta es confrontarse porrilmente con quien sea. Ni el gobernador ni el gobierno ganan nada con un video como el que circuló profusamente este fin de semana. Dedicar tiempo y esfuerzo del gobernador a pleitos callejeros con los medios, los periodistas, los universitarios o los actores políticos contrarios rebajan al gobernador a niveles de cacique de pueblo.

Para el común de los mortales las obras públicas las hace una sola gran entidad llamada gobierno. Da igual si es el federal o el estatal, si es la UdeG o la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). Eso sólo le importa a los egos confundidos de los gobernantes que creen que tener la capacidad de decidir cómo invertir el presupuesto equivale a modificar la realidad.

Pero volviendo a las preguntas iniciales: ¿cuál es la estrategia?, ¿de verdad el gobernador no tiene nada mejor qué hacer que ir a cucar a los universitarios? Porque no, las obras no son amores, son obligaciones, y cuando se hacen a gruñidos son sólo amores perros. Aunque al gobernador Alfaro no le guste, los universitarios, como cualquier otro ciudadano, tienen todo el derecho a reclamarle que las cosas que se hacen con nuestro dinero se hagan en tiempo y forma.

El carácter explosivo e intolerante del gobernador Enrique Alfaro lo volvió a traicionar y lo metió en un nuevo embrollo.

La alevosía y bravuconería que le detonó y descargó contra Luis León, un funcionario del Centro Universitario de la Zona Valles (CUValles), que le reclamó presupuesto y la descortesía institucional que representa su gira "Obras son Amores", incendió el viernes pasado las redes sociales, que otrora fueron su gran arena de respaldos y hoy lo castigan con expresiones de rechazo.

Lo más grave es que en su enfurecimiento, el mandatario estatal no hubiera atinado en reprender a su corpulento escolta armado que se atrevió a intimidar a un ciudadano que osó interpelar a su jefe, y que se convirtió en una extensión del autoritarismo que caracteriza el estilo personal de gobernar de Alfaro.

El estallido agresivo emocional del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, que se condensó en el obsceno charoleo de advertirle al directivo universitario que le faltaba el respeto a un diputado, a un presidente municipal y a un gobernador, quedó perpetuado en un video que circuló profusamente y se convirtió en tendencia en la conversación digital.

El dedo flamígero del mandatario estatal que apuntó y abrió camino a la furia verbal que escupió a Luis León al intimidarlo con la frase: "¡Mídele bien a tus palabras!", además de quedar como una postal dictatorial para el anecdotario político, provocó la titubeante pero valiente reacción del universitario que se blindó al expresar que se sintió amenazado por el gobernante emecista y el acoso de sus guaruras.

Sin duda, este nuevo episodio de conflicto en el CUValles sintetizó la guerra sin cuartel, que al parecer ahora sí, está decidido a mantener hasta sus últimas consecuencias Alfaro con su ex aliado político Raúl Padilla López, líder del grupo que ha mantenido el control de la Universidad de Guadalajara por más de 30 años.

Sin embargo, el empecinamiento en esta batalla parece estar nublando el actuar de un gobernador que está lejos de sus mejores momentos de poder y popularidad.

Alfaro está apostando a la rentable narrativa de liberar a la UdeG del padillismo, pero que a él no le genera ni le generará dividendos de simpatías, porque ha medrado de ese poder y esos vicios que hoy denuncia.

Bien haría el inquilino de Casa Jalisco en serenarse y reconsiderar lo que le da y le quita esta cruzada de visitas unilaterales para poner en marcha obras en territorios universitarios sin tener la formalidad institucional de convocar a las autoridades de la máxima casa de estudios. Desde luego que los padillistas no se han quedado de brazos cruzados y al menos el viernes ganaron la partida al enganchar al gobernador en un altercado, fuera o no provocado.

El caso es que su gira pasó de ser "Obras son Amores" a la de "Obras son Amenazas" a juzgar por lo que se ventiló en la opinión pública local y nacional.

El reciente altercado entre Enrique Alfaro y autoridades de la UdeG puede analizarse como un "microcosmos" de su sexenio: responde a una misma lógica crispada, posee sus hoyos negros en donde la ira engulle todo a su paso, y su centro gravitacional gira en torno al mandatario.

Dice mucho el video de 1.53 minutos difundido en sus canales oficiales para promover la inversión de 11 mdp del programa "Obras son amores" (dirigido a Raúl Padilla) en el CUValles. Dice mucho más por todo lo que oculta: la confrontación, la intimidación y las amenazas a María Luisa García, rectora del centro universitario, y a Luis León, secretario administrativo.

La secuencia del "detrás de cámaras" sintetiza un patrón de comportamiento del gobernador ante la realidad. El exabrupto del mandatario, viralizado en redes, alcanzó un inusitado eco nacional y llegó a ser trending topic el viernes. Aunque podría pasar por un episodio inédito, sus componentes sólo son repetitivos y descriptivos de un estilo desfigurado de gobernar.

Analicemos la secuencia. El mandatario llega al CUValles flanqueado por tres grupos de incondicionales: sus escoltas, sus subordinados (un alcalde, un diputado y un secretario), y su equipo de comunicación, foto y video (síntoma: encierro, aislamiento palaciego).

Su primera alteración ocurre cuando, abordado por las autoridades universitarias, le suministran información distinta a la que él tiene: hay subejercicio en las obras y falta presupuesto para culminar los proyectos pendientes.

La forma más efectiva de irritar al mandatario es sugerirle la posibilidad de que la realidad sea distinta a su concepción (síntoma: ira y urgencia de refugiarse en la virtualidad: "yo sólo vine a grabar un video").

Ante la insistencia de los universitarios, apegados a su guión pese a la violencia física latente, Alfaro desciende varios peldaños evolutivos al pasar del político con perfil nacional al instintivo pugilista barrial: "Nomás mide tus palabras", "Cuidado con lo que dices" (síntoma: amenazas, conspiracionismo, ustedes sólo quieren que le vaya mal a Jalisco).

Luego de grabar el video promocional ante la presencia de las autoridades universitarias, casi al final irrumpe el grito de Luis León: "¡Usted está mintiendo, gobernador!".

El colofón viene cuando el mandatario pregunta: "¿ya quedó grabado?". Un tímido videógrafo le responde que quedó registrado el grito al final. "Así lo sacamos", ordena el gobernador. Alfaro decide su propia política de comunicación, nadie lo asesora. En todo este tiempo, ninguno de sus subordinados, cual patiños incondicionales, se atrevieron a mediar. Ni el representante del poder legislativo, ni el alcalde, ni su secretario, ni por supuesto sus asesores de imagen. El sistema de vasallaje es absoluto.

La UdeG estaba preparada. La intelligentsia universitaria diseñó un plan efectivo para neutralizar el evento del gobernador y su campaña contra el Grupo Universidad. Sin duda, obtuvieron un triunfo. María Luisa García y Luis León cazaron al cazador.

Nada altera más al gobernador, lo sabemos hace tiempo, que cualquier grieta que revele las fracturas de una video-realidad controlada.

El grito al final del video simboliza esa fractura cada día más insoslayable. La inconformidad, en este caso de un grupo político, invadió la narrativa oficial. Ese mismo grito, a partir de ahora, se escuchará cada vez más fuerte cuando el mandatario intente imponer su hegemonía discursiva a las familias de los desaparecidos, a las feministas, a los jubilados, a los colectivos ambientales, a los maestros, a los periodistas: "Usted está mintiendo, gobernador".

El actual quehacer de la política mexicana cuenta, como de ordinario, con un amplísimo repertorio de asuntos que puede olvidar, marginar, o rescatar y promover a tenor del impacto publicitario que puedan lograr, de la densidad de humo que pueda producir, no de un genuino compromiso por la verdad y la justicia como nos hacen creer.

Esto no impide advertir el grave error de cálculo político de los responsables de la masacre de los normalistas, equivocaciones como esta nos revelan el alto grado de lejanía de la clase gobernante con relación a la evolución social y a la misma realidad. Los políticos vieron solamente muchachos campesinos unidos a una causa rural que podían eliminarse sin problema, sus oponentes identificaron una extraordinaria oportunidad de arruinar al sistema, para los familiares de los estudiantes fue un agravio que ya no podía soportarse, y para el actual gobierno, un modo de asegurarse el futuro electoral.

Frente a la "construcción" de la verdad histórica denunciada, tenemos ahora una "construcción" de la justicia mediatizada, ninguna de estas ingenierías garantiza el futuro de un estado cada vez más fallido, ni ayuda a la recuperación de la confianza social en sus gobernantes, pero sí podemos, entre el arresto de Murillo Karam, las amenazas a Zerón y a Peña Nieto, olvidar el caso Odebrecht, bajarle tensión a la inseguridad nacional, y contemplar absortos la alegría de vivir en libertad de la maestra Elba y de Rosario Robles, sin que sepamos si sufrieron de cárcel injustamente, si cumplieron alguna condena, o si las liberaron por algún edicto de gracia que desconocemos. También esto es construcción de verdades históricas y de justicias mediáticas.

El acuerdo en lo privado que se hizo público dio al traste con todo. La mayoría de los diputados de Jalisco ya había abordado el tema de un eventual aumento a sus salarios bajo el argumento del incremento inflacionario y el hecho de que sus ingresos han sido los mismos desde hace una década. Los pobres ganan 109,000 pesos mensuales desde 2012.

Todos lo acordaron. Salvo 2 legisladoras, todos estuvieron de acuerdo en ponerlo sobre la mesa, pues hay recursos de una partida que servirían para dicho fin. Sin embargo, el tema se filtró. Se hizo de conocimiento público y la gente tronó con fuerza en contra de los legisladores.

Independientemente de que nunca habrá una coyuntura adecuada para discutir un tema así sin recibir daño político, el clima de violencia e inseguridad, aunado al pobre desempeño que ha mostrado esta legislatura, hacían todavía más cínico que incluso se sugiriera.

Acorralado por los periodistas Mario Muñoz y Jorge Octavio Navarro en el programa Forma y Fondo, de Radiometrópoli, el coordinador de la bancada de MC, Quirino Velázquez, terminó por delatar públicamente al coordinador de Morena, José María "Chema" Martínez y a la coordinadora del PAN, Claudia Murguía, como quienes habían puesto en agenda el aumento salarial.

"Lo han dicho abiertamente", reconoció.

Eso cambió todo. Que lo pusieran en evidencia hizo que el coordinador de Morena externara públicamente su molestia al respecto. "Los cachan y se rajan", dijo evidentemente molesto, pues ya habían logrado consenso en lo privado y su principal aliado en el poder legislativo se echó para atrás frente a grabadoras.

Luego, "Chema" lamentó que hay una "forma y conceptos en la política (que) no pueden denigrarse".

Y, una semana después, se la cobró...

En la discusión de este miércoles sobre la iniciativa para que hubiera una mayor oportunidad de recibir un trasplante de órganos, al convertir en potencial donador a todo aquel que no diga lo contrario en vida, Morena votó en contra de sacar la iniciativa del orden del día (así le dicen los diputados a su lista de tareas por jornada) para que se votara.

Esto, para trasladarlo al español, significa que dejaron solos a MC, al PRI y al Verde Ecologista para que ellos se llevaran el descrédito público por meter a la congeladora por 3a. ocasión en 2 años esa iniciativa. ¿Lo peor? Los pusieron en evidencia cuando había niños que esperan un trasplante observando la sesión.

Una relación que había funcionado en el congreso, se resquebrajó. MC y Morena fueron juntos en los dictámenes donde se aprobó el modelo de financiamiento público-privado en la Línea 4 del Tren Ligero y la presa de tratamiento de El Ahogado; en las reestructuras de deudas y, para pronto, en todos los temas que le importan al gobernador.

Porque aquí, en Jalisco, así es como se legisla: Los partidos grandes regularmente votan en común acuerdo para imponer su agenda, la agenda que sí les interesa. Y la realidad es que no está en planes de "Chema" Martínez darle secuencia a la iniciativa de un partido de menor representación, como es Hagamos. La meta era asestar un golpe a MC, y lo logró.

Pero eso no es todo. El mismo coordinador morenista, quien semanas atrás estaba completamente de acuerdo en crecer su sueldo, fue quien presentó ante el pleno la propuesta para que, al menos en lo que resta de la legislatura, los diputados no se aumentaran un solo peso y continúen con la "módica" cantidad de 109,000 pesos por mes. Una propuesta que, aunque se trata de una farsa, ningún diputado iba a tener el valor de votar en contra.

Podrá decirse lo que sea del ex panista y hoy cuatrotransformado "Chema" Martínez, pero el colmillo político que le ha permitido imponer a su gente en el poder judicial, que lo ha llevado a percibir una "pensión dorada" de 108,000 pesos por mes antes de cumplir los 50 años de edad, y que lo hizo brincar de un agonizante PAN a las filas del partido en el poder, no puede ponerse a discusión.

Así que ahora hay que encender alerta con "Chema", perfil que puede causar serios problemas a un MC que pasa por un momento retóricamente triste en el congreso bajo el ¿cobijo? del no tan bienintencionado Quirino Velázquez.

Pareciera que por momentos a Enrique Alfaro se le olvida que él es el gobernador y que meterse en esos pleitos insulsos lo rebaja. Cuando era alcalde tenía todo el sentido del mundo pelear desde la periferia y confrontar el poder de Raúl Padilla. Hacerlo desde Casa Jalisco y con un discurso visceral no le genera capital político. Por el contrario, el fantasma crece; Padilla sigue ganando batallas imaginadas por el gobernador aun sin aparecer.

Nada cohesiona más al grupo de poder de la Universidad de Guadalajara que los ataques. El enemigo externo es el pegamento interno. Más temprano que tarde el gobernador, el actual o el que siga, tendrá que entregar los planteles de las prepas a este rector o al quien lo releve. A la Universidad no le va a pasar nada, salvo quizá la monserga y el gasto inútil de adaptar edificios que no fueron diseñados conforme a los requisitos que la casa de estudios requiere.

Pareciera, pues, que al gobierno se le han acabado los temas. Que entre el problema de inseguridad que los desborda y la crisis de desaparecidos en el estado la respuesta es llamar una vez más la atención sobre la UdeG. Si los ataques de Alfaro tuvieran algún efecto en la democratización interna de la Universidad sería, más allá de las formas, una batalla loable. Si sólo sirve para fortalecer al grupo de control y evidenciar las carencias del gobierno, alguien no está pensando bien.

Alfaro, al igual que el presidente, parece estar ya más concentrado en la sucesión que en el gobierno. Lejos quedaron los discursos refundadores y del nuevo federalismo. El que se pensaba que era un político jalisciense para destacar en la liga nacional ha preferido las peleas de barrio, porque ahí se siente cómodo.

Por lo que se deduce de la carta [a López Obrador] que escribió Dante Delgado, considera que su estrategia es mejor que la de sus pares en la oposición y, por tanto, al salirse de las lógicas impuestas por López Obrador, será más eficiente en el largo plazo. Eso está todavía por verse. Una reciente encuesta en El Financiero sobre preferencias de voto por partido rumbo a 2024, mostró que el respaldo a Movimiento Ciudadano en la elección presidencial, si hoy fueran los comicios, se mantiene en el 7%, mientras que la del PAN y el PRI es de 17% cada uno, muy lejos del 43% de Morena. Si fueran en alianza, Morena-PT-Partido Verde tendría 48%, contra 30% de la alianza Va Por México y Movimiento Ciudadano estable en 7%.

Es decir, ni con los gobiernos de Jalisco y Nuevo León, Movimiento Ciudadano está competitivo, mientras que si fuera en alianza con Va Por México, haría viable, en términos de competencia, la candidatura de unidad. No parece estar hoy en día el escenario en la cabeza de Delgado, a menos que esté jugando a encarecer su posición, como sugiere la descalificación a Cortés y a Moreno, que como dice, fortalece a López Obrador, no a la oposición.

Si cree, como lo sugiere en la carta, que López Obrador es lo peor que puede haberle pasado a México, su legado, ergo, sería la continuación de la tragedia nacional. ¿Quiere realmente evitarlo? No hay que pedir que lo piense, porque sería un insulto a su inteligencia y talento, pero sí que empiece a hablar con mayor claridad.

Si quisiera forzar a llevar mano en la selección de un candidato de la alianza, en las condiciones actuales no tiene los números para presionar y que el PAN y el PRI le regalen lo que no ha obtenido en las urnas. Dados estos números hoy, no tiene futuro una candidatura sola de Movimiento Ciudadano en las próximas elecciones presidenciales, pero dañaría a una alianza de oposición y apoyaría a Morena y al presidente. Si Delgado no quiere que la hipótesis sobre su doble discurso y deslealtad, como algunos sospechan de él, se pruebe, que deje de lanzar petardos que distraen y empiece a negociar seriamente una alianza electoral.

Que los diputados del Congreso de Jalisco "analicen" aumentarse el salario mensual de 109,000 a 116,000 pesos es pecado, como diría la Señora Católica en redes. Pero que todavía lo ventilen y defiendan en público con maromas verbales y eufemismos, eso debería tipificarse como un atentado al pudor.

Uno de sus argumentos es que acumulan una larga década sin un aumento salarial, aseveración que ignora el hecho de que menos del 1% de los mexicanos tendrá en toda su vida un sueldo como el que actualmente ostentan.

También pasan por alto, con una bestial falta de empatía, la realidad inflacionaria que enfrentan millones de mexicanos con alzas en los combustibles, el gas, la luz, los alimentos y los servicios.

Tramposamente aseguran que ellos no decidirán el asunto sino el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial, un órgano adscrito a la Secretaría General de Gobierno del Estado.

Este órgano lo integran representantes del gobierno que tienen voz pero sin voto: el gobernador, el presidente del STJE, 2 diputados, los titulares del IEPC Jalisco, el ITEI y la CEDHJ. Los miembros con voz y voto son un académico de la Univa, la UAG, el Iteso y la UP, más "3 representantes de grupos sociales invitados por el gobernador".

Cualquiera pensaría que un comité conformado de esta manera rechazaría ipso facto una propuesta de aumento salarial, pero quizá los diputados tienen "otros datos". Una mala señal es la postura condescendiente del gobernador al dejar la decisión en manos de los legisladores.

Con este debate falso, los congresistas locales sólo confirman por qué en las encuestas del INEGI se ubican entre los funcionarios que menos confianza inspiran a los ciudadanos.

Ante la evolución y apertura de las instituciones democráticas del país en los últimos años (poca o mucha), parece que el tiempo se detuvo en los congresos. Hoy por hoy, los legisladores junto con el poder judicial encarnan lo peor del sistema político. Su desprestigio y derroches han llegado tan hondo que se volvieron a prueba de escándalos.

Resulta sintomático que la clase política más desprestigiada sea, justamente, la encargada de hacer las leyes en un país con severos problemas de legalidad y estado de derecho. Parecería que eso les da, históricamente, una especie de patente de corso para salir impunes de cualquier exceso.

Finalmente, las peores legislaturas son aquellas que se subordinan al Poder Ejecutivo y carecen de contrapesos internos. En la actual Legislatura no existe una oposición real: naranjas, albiazules y morenos son uno mismo al servicio de Palacio de Gobierno.

Que los diputados tan sólo piensen en aumentarse el salario se convierte en una especie de pecado original en estos tiempos de austeridad obligada.

Las crisis siempre traen la oportunidad de mejorar. La clave está en reconocerla, afrontarla y trabajar en ella, cosa que el Gobierno de Jalisco no ha querido hacer. Por el contrario, el ejecutivo estatal ha optado por el silencio y la falsa sensación de seguridad.

Este miércoles lo volvió a hacer. Al ser cuestionado sobre el video en el cual se observa a 4 policías de Concepción de Buenos Aires sometidos por el crimen organizado, el gobernador de Jalisco prefirió callar.

Señaló, sin dar más detalles, que el video ya era viejo. No pudo responder qué tanto. "Con eso, no voy a hablar más", finalizó los cuestionamientos al respecto del tema.

La Fiscalía confirmó que hace un par de semanas se presentó una denuncia por el robo de las armas de un par de policías de ese municipio, uno de ellos relacionado con el video, también sin mayor información, pero por lo menos dio una idea de la temporalidad de lo ocurrido.

El alcalde de Concepción de Buenos Aires, César Salvador Sánchez no contesta las llamadas a su teléfono personal, mientras que los mensajes de WhatsApp los ha ignorado luego de leerlos. Pero eso sí, presente y gustoso lució la tarde de ayer miércoles en la presentación de los talleres culturales del municipio y la coronación de la Reina de Cultura 2022.

¿Qué tan poco control de la(s) crisis tienen estos 2 gobiernos, estatal y municipal, si el video "ya era viejo"? ¿No pudieron en al menos 2 semanas que tenía la situación, preparar una estrategia para responder al momento en el que se hiciera público? ¿Era de total desconocimiento de la autoridad hasta que el video se hizo viral?

El silencio es política, el silencio también comunica. Y en este tipo de situaciones comunica más de lo que no se dice: falta de control de la seguridad, el poder del crimen organizado es por mucho superior al Estado de Derecho, no hay una estrategia para responder, no hay información certera de lo ocurrido, no hay siquiera el más mínimo interés de admitir la situación por la cual pasa la entidad.

También comunica que el equipo de "comunicación" e imagen del Gobierno del Estado poco puede hacer para calmar las crisis, trabajo fundamental de su labor.

Más parece que se han dedicado a aplaudir todo lo que el mandatario dice o hace que a crear una estrategia de reacción y respuesta ante este tipo de situaciones, que no va más allá de las declaraciones del gobernador refiriendo que eso le toca a la federación, que se reforzó el patrullaje, que solo se quiere atacar a su gobierno, dañar al estado, que los medios son enviados de alguien para desestabilizar.

Lo mismo sucedió el jueves pasado, cuando al ser cuestionado sobre por qué no hubo detenidos, señaló que lo que se hizo fue evitar un problema mayor. Luego, al preguntar si había dado la orden para que no se ejecutaran aprehensiones, explotó y atacó. Ahí sí, hasta boletín mandó para señalar a la que suscribe esta opinión, pero más allá del ataque y de su enojo, volvió a callar.

¿Será que el mandatario recibe terapia para ayudarlo al manejo de las emociones y cómo reacciona ante ellas? Lo sé, cuestionamiento fuera del punto de esta columna. Pero duda sincera, ya que mucho cambiaría su forma de comunicar e incidir en el manejo de la agenda pública, como algunos otros gobernantes locales lo hacen, y por el contrario, lo dominan muy bien.

Regresemos y veamos una vez más: la baja de denuncias por incidencia delictiva no es una métrica que garantice que la inseguridad ha disminuido, aún más cuando los hechos como el visto esta semana -en los cuales el crimen organizado demuestra su poderío, especialmente en el interior del estado- son cada vez más comunes.

Tampoco basta con decir que "eso le toca a la Federación", porque para ello se ha anunciado un sin fin de veces la colaboración interinstitucional entre los 3 niveles de gobierno. Si el crimen organizado gana poder y terreno, controla también a sus brazos medios dedicados, según se les ha asignado, a los robos, extorsiones o "cobros de piso", asaltos a transportistas, entre otros delitos que técnicamente sí le tocan al estado.

Si tan solo el mandatario hiciera una retrospección sincera e implementara una estrategia real para dar la cara y solución a los que todos los días vemos las y los jaliscienses, otro cuento estaría contando.

Incluso en las encuestas de popularidad que hoy pisa en los últimos lugares, pues quizá no se dio cuenta que esto lo alejó también del sueño de ser candidateable para el 2024. Si no lo vimos en casi 4 años, yo dudo que algún día vaya admitirlo, como tampoco va a admitir que la seguridad en Jalisco no es como la pinta.

Enrique Alfaro tiene prisa. Lo domina la impaciencia por desembarazarse de los hechos de inseguridad que impactan a su gobierno. Este síntoma se refleja en un comportamiento que se ha vuelto preocupante y sistemático: adelanta conclusiones equivocadas que medios, sociedad civil, y finalmente la Fiscalía estatal, deben rectificar.

El caso más reciente ocurrió tras los narcobloqueos del martes pasado. Aún no cesaban los atentados, cuando el gobernador reportó, cerca de las 8:30 de la noche, saldo blanco y "la situación bajo control". Pero los ataques se prolongaron hasta la madrugada.

Un día después, Alfaro informó de 5 detenidos tras el operativo federal, un presunto delincuente abatido y sólo daños materiales "sin pérdida de vidas humanas". Sin embargo, la Fiscalía estatal confirmó, dos días después, el asesinato de 3 víctimas inocentes durante los ataques. Una de ellas, un hombre reportado como desaparecido. La vocería estatal culpó a AMLO de la información que brindó el gobernador, ¿pero es creíble que su fiscal ignore el número de decesos y el reporte de un ciudadano desaparecido en la carretera en donde ocurrieron los bloqueos?

Esta impaciencia de Alfaro se repite obsesivamente en otros hechos. Tras la balacera y narcobloqueos en Mazamitla, el gobernador reportó 3 delincuentes abatidos, pero al final una víctima fue un chef que visitaba el pueblo como turista.

Lo mismo pasó cuando concluyó que la periodista Susana Carreño había sufrido un robo (apenas horas después del atentado), no un ataque directo como postularon la federación y la víctima. O en el caso Luz Raquel, en donde Alfaro exculpó de toda responsabilidad a las autoridades antes de cualquier investigación.

De forma contradictoria, el mandatario critica duramente a quienes extraen conclusiones precipitadas, sin que antes se pronuncie la Fiscalía. Él, en cambio, lo hace todo el tiempo. Esta postura se explica a partir de 2 ideas.

1) El gobierno busca inducir una percepción manipulada de los hechos delictivos para atenuarlos. Lo que se declara primero tiene más impacto que la cadena de explicaciones que le siguen. Por ejemplo, en su columna del domingo Jorge Zepeda Patterson refirió que no hubo muertos en Jalisco tras los bloqueos. Si uno de los columnistas más informados del país pasó desapercibido este dato, comprensible en medio de una vorágine informativa, cuanto más un ciudadano promedio o un usuario de las redes sociales a quien siempre le habla el gobernador.

2) Se trata de una estrategia para no dejar vacíos en la comunicación y dominar la narrativa, pero esa premura los orilla a sostener cosas que resultan falsas más tarde. Esto se agrava por la incompetencia de los responsables de la comunicación o, peor aún, porque el gobernador ignora a los especialistas en comunicación (en caso que los tenga).

En el gobierno estatal domina una política de la impaciencia por dejar atrás, no por concluir o investigar las atrocidades que lastiman al estado. Hay una urgencia por darle scroll al asunto y pasar de largo. Responde a la misma lógica alienada de las redes sociales (ruidosas, con prisas y sin tiempo). Una especie de «prontomanía» virtual en donde existe un Jalisco ideal con un gobernador siempre ocupado y atento. Pero esa idea de avance es más bien un estancamiento: no basta cambiar de tema para anular la realidad.

Lo que parece virtud (las personas con prisa parecen constantemente ocupadas) es un defecto.

El miércoles hubo en Palacio Nacional, ni más ni menos, una escena digna del celebérrimo surrealismo mexicano. Ese día el titular del FOVISSSTE del gobierno más poderoso en décadas hizo un recuento de una serie de aberraciones burocráticas donde instancias oficiales incumplen sus obligaciones con la federación, y los que quedan entre la espada y la pared son miles de derechohabientes.

Según el recuento de César Buenrostro, director del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el 59% de los créditos de ese organismo tiene algún tipo de vencimiento.

De un volumen de 917,000 créditos, el 11% presenta un adeudo vencido mayor a 200,000 pesos. El 6.8% deben de 100,000 a 200,000 pesos. El 6.9% adeuda de 50,000 a 100,000.

Adeudos vencidos "muy manejables, porque no se va a cobranza ni cosas de esas, son de hasta 50,000 pesos": el 35% de la cartera. Así sean manejables, estamos hablando de 1 de cada 3.

Buenrostro reconoció que por su parte el FOVISSSTE tiene un rezago en entrega de 6,000 escrituras.

Frente a reclamos de derechohabientes de que sus créditos se han vuelto impagables porque se ajustan al alza cada año, incluso cuando esos deudores ya se han pensionado, Buenrostro aseguró que a diferencia de lo que demandan colectivos de deudores, "las soluciones deben ser uno por uno, trabajador por trabajador para poder encontrar un esquema, a partir de un análisis, para que paguen lo que es su capacidad real". Y ofreció que "si hay necesidad de hacer una quita se haría una quita".

Pero remató diciendo que esa problemática se deriva del verdadero "dolor de cabeza" del FOVISSSTE: los impagos de las dependencias de los descuentos que hacen de los trabajadores y de obligaciones fiscales.

El adeudo de las dependencias "es del orden de 3,000 millones de pesos (...) no nomás nos deben al FOVISSSTE, le deben al ISSSTE, le deben al SAT. El que más nos debe es el Gobierno del Estado de Guerrero: 900 millones de pesos le debe al FOVISSSTE".

El nuevo gobierno de esa entidad ofreció ya no atrasarse y buscaron un convenio de pago. Pero ofrecieron lo que el propio Buenrostro calificó de "pellizquito": 10 millones de pesos. Él en cambio dejó escapar que le gustaría "quitarles de la participación federal y un poco cobrarnos a lo chino: son los trabajadores los que están sufriendo".

Puso otro ejemplo: La universidad Autónoma de Zacatecas debe alrededor de 350 millones de pesos. Dicen que los quieren pagar... pero en 15 años. Él prefiere que se pague en el actual rectorado, porque "han tenido convenios y llega un nuevo rector e incumple".

Buenrostro cree que con la iniciativa de ley de reforma al ISSSTE que buscará el Gobierno del presidente López Obrador podría cambiarse esta situación, pero "no quiere decir que porque la ingrese o la mande el señor Presidente nos la vayan a aprobar".

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en muy baja estima a la burocracia. No se ha cansado de equipararla con un paquidermo atrofiado por la enfermedad. Pero qué culpa de eso tienen los trabajadores de instancias gubernamentales, a quienes descuentan sus cuotas para luego descubrir que éstas no fueron reportadas a las instancias que deben salvaguardarlas.

A punto de iniciar el 5o. año de AMLO, bien podría éste empeñar algo de su capital político, ese que usa contra "adversarios", en corregir los créditos leoninos que padecen trabajadores del sector público.

Aunque hasta ahora las comisiones de derechos humanos no han sido eficaces en evitar la crisis humanitaria que vivimos en Jalisco y en el país y que se manifiesta en múltiples crisis ocasionadas por distintas violencias, los organismos defensores que actúan con cierta independencia pueden servir para denunciar las violaciones a los derechos cometidos por representantes de los poderes y organismos públicos.

A pesar de los limitados alcances que tienen las recomendaciones, informes especiales y exhortos que tienen a su mano las comisiones de derechos humanos, una presidenta a modo de los intereses del actual partido gobernante y del gobernador Enrique Alfaro Ramírez implicará la profundización de la crisis humanitaria que se vive en Jalisco.

La guerra informal que vive la entidad y que se expresa en la crisis por desapariciones, la crisis forense, los feminicidios y otras violencias machistas ha creado una crisis humanitaria que afecta a millones de jaliscienses.

En el periodo anterior de la CEDHJ al menos se acompañó a las víctimas de esta violencia organizada mediante las recomendaciones sobre los distintas aristas de la violencia y las quejas específicas que presentaron organizaciones sociales y asociaciones que defienden derechos humanos, los bienes públicos y el territorio.

Pero es tan notoria la ilegalidad con la que se eligió a la nueva presidenta de la CEDHJ, que todavía es posible que se invalide el proceso. Al menos es lo que intentan diversas organizaciones que interpusieron 2 amparos en contra de la elección de Luz del Carmen Godínez.

Además de estas acciones legales, en lo particular Cepad presentó una solicitud de intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que pide a este organismo que solicite al Estado mexicano, que reponga la elección de ombudsperson. Y otra acción de incidencia de Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) fue pedir la intervención de la Relatora Especial sobre los Defensores de los Derechos Humanos, Mary Law para que también intervenga para pedir al Congreso de Jalisco la reposición de la elección de titular de la CEDHJ.

A pesar de la solidez de los reclamos jurídicos y políticos de estas organizaciones sociales, podemos ser escépticos de que los diputados locales reconsideren su decisión; repetidamente nos han demostrado que no les importa violar sus normas y actuar con cinismo y sin respeto por el bien común. Todo indica que habrá una CEDHJ a modo del poder en turno por los próximos 5 años.

El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco tiene la propiedad de cientos de inmuebles y terrenos, según el inventario que publica en su portal de transparencia. El reporte precisa que el régimen jurídico de todos los bienes inmuebles señalados en el documento son propiedad del Ipejal y que tienen diversos usos como reserva territorial, arrendamiento, vivienda, comercio, estacionamiento y eventos, entre otros. Destaca que 42 propiedades figuran para venta y otras 55 para renta.

Tan solo en Guadalajara sobresalen 62 propiedades que van desde predios, edificios, locales comerciales, estacionamientos, condominios, almacenes, casas, entre otras. En el caso de Zapopan se da cuenta de la posesión de 34 inmuebles de diferentes tipos.

Adicionalmente se refieren propiedades en Tlaquepaque, Tonalá, Puerto Vallarta, Tepatitlán, Tapalpa, La Huerta, Acatlán de Juárez, Arandas, Ayutla, El Arenal, Tala, Sayula, Jocotepec, Chapala, Tlajomulco, Jalostotitlán, Autlán de Navarro y en El Salto. Incluso se reporta la propiedad de un terreno en Querétaro, denominado San Isidro, que comprende 7 parcelas ubicadas en aquel estado.

Aunque el informe refiere el valor catastral de algunas propiedades, no especifica el valor total de todos los inmuebles que posee el Instituto.

Al inicio de la actual administración se informó que el Instituto tenía 1,100 propiedades, entre terrenos y unidades privativas: 210 terrenos y unas 800 unidades privativas (departamentos y locales comerciales).

La entrega de terrenos al Ipejal para cubrir pagos pendientes ha sido práctica común de gobiernos municipales con adeudos en el reporte de aportaciones. Un ejemplo es el caso del Ayuntamiento de Tonalá, que el año pasado aprobó entregar al Instituto 8 predios que se desincorporaron del patrimonio municipal para saldar una deuda de 51 millones de pesos.

Sin pena ni gloria, con más desánimo que emoción, esta semana Luz del Carmen Godínez tomó posesión de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). No tiene experiencia, no cumple con los requisitos de ley para el cargo y sin embargo a los diputados no les importó. A ella tampoco. ¿Debería importarnos a nosotros?

La respuesta a esta pregunta son más preguntas. ¿Para qué queremos una Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Hace alguna diferencia tenerla o no tenerla? ¿Cuál es el beneficio que obtenemos los ciudadanos? Es cierto que la relación costo beneficio para los ciudadanos es cada vez menor. Con los años la CEDHJ se ha ido haciendo más cara, más burocrática y menos eficiente en la defensa de los derechos ciudadanos. Para colmo, está tomada por grupos políticos que manejan las plazas de la Comisión como botín.

Las comisiones de derechos humanos, la nacional y las estatales, tienen como objetivo evitar los abusos de autoridad. Se trata de instituciones que nos protegen del mal uso y del abuso de poder. Sus acciones no son vinculantes, es decir no pueden ejercer actos de autoridad sobre otros funcionarios, son recomendaciones a las que las autoridades señaladas están obligadas a atender, pero no a acatar ni resolver. Su peso es moral y su única fuerza es la voz.

Una Ombudsperson que no tiene representatividad social, sin fuerza política, cuya voz no pesa, que confiesa que no está enterada de la agenda de Derechos Humanos del estado, que no tiene autonomía, pues es parte del grupo político que gobierna, y encima ha sido electa de manera irregular, no nos sirve para nada. En estas condiciones la conclusión lógica pareciera ser que la CEDHJ no tiene razón de ser y lo ideal sería ahorrarnos ese dinero. Pero eso justamente es lo que quieren y han intentado las autoridades: hacernos pensar que la Comisión es innecesaria haciéndola inútil.

Como ciudadanos no podemos claudicar en la búsqueda de un cumplimiento cabal de los derechos humanos y el rescate de la Comisión. Si hoy la CEDHJ no es una aliada habrá que dar la batalla desde otros frentes que sí tengan legitimidad y autonomía para señalar los abusos de poder que se dan en todo ejercicio de gobierno. No se trata de buenos y malos, de si los gobiernos creen que hacen las cosas correctamente o mejor que otros, sino de un ejercicio básico de equilibrio: una autoridad, una policía no observada en su trabajo tenderá naturalmente al abuso, al uso excesivo de la fuerza que se le ha conferido.

La respuesta es sí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco debe importarnos, y mucho.

Llegó Luz del Carmen Godínez a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y comenzaron las quejas por despidos injustificados. Trabajadores "bajo anonimato" pidieron al Consejo Ciudadano de la CEDHJ que vigile el proceso de entrega-recepción, porque acusan que "han tenido un trato poco decente"; incluso, que hay despedidos sin finiquitos apegados a la ley.

Temen que el recorte afecte la operación de la Comisión, provocando un mayor calvario a las víctimas. También culpan a los dirigentes sindicales, quienes supuestamente aparecen en la nómina de la Comisión como "secretarios de base", sin defender a los trabajadores.

Si la sumisión obscena a los designios del poder ejecutivo de los diputados y diputadas del partido Movimiento Ciudadano (MC) y sus aliados en la muy desprestigiada actual legislatura ya habían puesto en el ojo del huracán a Luz del Carmen Godínez, sus primeros 3 días al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) han sido tan conflictivos dentro y fuera de esa institución, que seguramente debe estar pensando en renunciar al cargo en el que fue impuesta de forma ilegal.

Seguramente también sus poderosos y arbitrarios impulsores de Palacio de Gobierno y Casa Jalisco, que primero doblaron al Congreso local para que las y los legisladores simularan una convocatoria abierta y se burlaran de las y los aspirantes que participaron en una competencia que creían de buena fue para elegir al mejor perfil y convertirlo en el nuevo Ombudsperson de Jalisco, le dicen que resista, que aguante la tormenta de cuestionamientos pero que se quede a cumplir la tarea que se le asignó de extinguir los pocos momentos de contrapeso al poder que había tenido ese organismo autónomo, para gozar de una CEDHJ a modo, en detrimento de la defensa de los Derechos Humanos de las y los jaliscienses.

Para ver la crisis en materia de defensa de las garantías individuales que se puede dar si no se corrige este atropello, basta voltear a ver lo ocurrido luego del golpe del autollamado gobierno de la 4a. transformación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Luego de la también imposición fraudulenta de Rosario Piedra Ibarra por parte de la bancada mayoritaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, además de que ella se acabó de hundir en el desprestigio, se hirió de muerte a esta institución, que si bien, al igual que la de Jalisco, tenía mucho que avanzar, había sido un claro contrapeso a los gobiernos en momentos críticos de violación a los derechos humanos y abusos de autoridad que se han agravado con la crisis de seguridad y violencia que padecemos. Con su llegada, la CNDH perdió su independencia y se volvió un instrumento más de la 4T.

Al igual que Piedra Ibarra, las primeras declaraciones de Luz del Carmen fueron más que desafortunadas, además de que ninguno de los colectivos más reconocidos en el tema de Derechos Humanos en Jalisco y en México conoce de su trayectoria y logros, lo que la debe obligar necesariamente a reconsiderar sus capacidades para no perpetuar su imposición en la CEDHJ.

La buena noticia es que esos colectivos ayer volvieron a recordar todas las violaciones a la Ley que implicó el acto de autoritarismo oficial al imponerla y anunciaron que combatirán con amparos ante el poder judicial su designación.

Esto implica que para Luz del Carmen será insufrible cumplir su misión de lesionar aún más la maltrecha credibilidad, influencia, independencia y autoridad que tiene la CEDHJ, ya que esas organizaciones están decididas a no perderla.

En cierta ocasión, Enrique Alfaro insinuó que había más fosas clandestinas porque ahora sí buscaban a los desaparecidos. Pues ahora llevó esta postura al rango de política pública: más cadáveres exhumados se traducen, para el gobierno, en un indicador positivo.

Vale la pena repasar las palabras del mandatario durante el informe de seguridad: "Pudimos volver a levantar, en el consolidado enero-julio, el número de fosas localizadas para completar el trabajo de búsqueda de personas desaparecidas. Este periodo lleva ya 211 (cadáveres) y vamos a seguir trabajando en esta lógica, que es justamente al revés del resto de los indicadores: entre más personas encontremos, estaremos cumpliendo con una tarea central de la agenda de seguridad".

Bajo esta lógica, la tarea del estado se completa cuando se localiza un cadáver, no cuando se salvaguarda una vida. Significa que al exhumar más cuerpos, se cumple la agenda de seguridad del estado. ¿Bajo qué concepción los muertos son la prioridad de la seguridad pública?

Esta visión que comparte el gobernador se replica de forma sistemática y preocupante en su discurso sobre la seguridad. Por ejemplo, cuando declaró que ni toda la capacidad del estado pudo evitar el feminicidio de Luz Raquel, de forma implícita subyace una renuncia a la tarea fundamental del Estado de garantizar la vida, y una rendición a la barbarie.

Cuando el gobernador reduce a simple estadística todo el problema de las fosas, evita así una reflexión y comprensión más profunda sobre un dispositivo de violencia atroz.

La violencia descarnada se cierne sobre la víctima, pero también sobre sus familias y la sociedad en general con un mensaje de miedo e impunidad (hasta el año pasado sólo había 4 personas vinculadas a proceso ligadas a estos crímenes).

El mandatario no habla, por ejemplo, de los graves rezagos en la identificación forense, por lo que las víctimas sufren una segunda desaparición y sus familias son revictimizadas. En estricto sentido, encuentran cadáveres, pero no identifican personas.

También se pasa por alto que una gran cantidad de brigadas de búsqueda son impulsadas por colectivos y ciudadanos.

Como ya he señalado, al tratarlos como cifras, el Gobierno de Jalisco los omite de sus reportes de homicidios dolosos, una estratagema que aprovechan algunas entidades para reflejar una baja (sólo estadística) en la violencia homicida.

En pocas palabras, buscan en fosas, pero no hay una búsqueda en vida, y todavía se vanaglorian por encontrar muertos.

En mayo de 2021 este medio de comunicación dio a conocer que el Gobierno de Jalisco reportó focos rojos en la impartición y procuración de justicia, con peores resultados en "orden y seguridad" y "ausencia de corrupción", según el Índice de Estado de Derecho en México, realizado por The World Justice Project.

La entidad reportó una puntuación de 0.32 en el rubro de "ausencia de corrupción", en una escala de calificación del 0 al 1. Mientras en 2018 apareció en el lugar 23 respecto del puntaje obtenido en los 8 indicadores evaluados, en el estudio dado a conocer en 2021 retrocedió 2 lugares, cayendo al puesto 25.

Por otra parte, en septiembre de 2021 este medio publicó que, de acuerdo con el estudio "Ciudadanía y Gobierno: Dos que se conocen, pero, ¿se mezclan?", del observatorio Jalisco Cómo Vamos, la corrupción es el punto de encuentro entre los gobiernos y la ciudadanía, siendo los principales factores que determinan la corrupción, según lo observado por la ciudadanía, el poco compromiso cívico, que involucra la participación ciudadana, o los valores, así como la falta de impartición de justicia o la impunidad.

Según el estudio, 8 de cada 10 habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) consideraron que el estado es algo o muy corrupto.

En los casi 4 años que lleva operando la Fiscalía Estatal Anticorrupción se ha logrado que 13 funcionarios y exfuncionarios pisen prisión, y tan solo en el último año se han logrado 70 vinculaciones a proceso de servidores públicos, incluyendo policías, expolicías, ministerios públicos, exalcaldes, exsecretarios de gobierno, ex subdirectores, y hasta un juez.

Para los especialistas en anticorrupción lo anterior, si bien representa un avance en la materia, no debe considerarse como "un triunfo a festejar", pues, por ejemplo, las medidas brindadas a los funcionarios de 2o. o 3er. nivel quizá no sean las más punitivas (aunque así se establezca en la ley), y porque, además, las investigaciones de los "peces gordos" o servidores públicos de 1er. nivel, apenas van comenzando.

Para el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Jesús Ibarra, las vinculaciones que ha logrado la Fiscalía Estatal en la materia se deben gracias a la articulación y coordinación entre organismos y dependencias, como por el ejemplo, la Contraloría o la Auditoría estatales, quienes han iniciado investigaciones o hasta denuncias por presuntas anomalías, logrando encontrar a todos los involucrados, no sólo alguna figura que pueda fungir como "chivo expiatorio", mientras el resto descansaba.

Para el coordinador de la organización Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, las acciones son un paso adelante debido a que, en casos como el del Ipejal, la Comisión Estatal del Agua o el del Sector Salud, se ha comenzado a conocer cómo operan las redes que permitieron a los funcionarios cometer los ilícitos por los cuales son señalados.

Además, dijo, es necesario esperar a conocer el avance de las investigaciones para saber qué se logrará con estas vinculaciones a proceso, ya que, si no se logra un castigo o una reparación del daño ante las afectaciones millonarias señaladas, de poco habrán servido las vinculaciones.

Por su parte, el académico de la Universidad de Guadalajara, Arturo Villarreal Palos, destaca que se comience a actuar contra servidores públicos de 1er. nivel, pues históricamente los "peces gordos" habían sido protegidos por allegados suyos bajo un "manto de impunidad". Sin embargo, señaló "qué tanto es una cortina de humo o no" lo sabremos conforme se desarrollen las investigaciones, pues existe la posibilidad de que mediante amparos puedan librar la cárcel, o que las indagatorias no aporten los elementos suficientes y no se logre determinar sus responsabilidades. "Hasta entonces nos daremos cuenta si es solamente una manera de tratar de desviar la atención de otras cuestiones más importantes", señaló.

Las acciones de la Fiscalía Anticorrupción en todos los casos que persiga, dijo, deben dar como resultado acciones que envíen un mensaje de que "quien rompe la ley será sancionado", pues esto debe convertirse en una prevención para que otros servidores públicos eviten delinquir, abusar de su poder o lleven a cabo sus funciones de manera indebida, añadió el académico.

Queda pendiente establecer un compromiso por parte del Congreso del Estado y del propio ejecutivo estatal para impulsar más capacidades de investigación por parte de la Fiscalía y de la Contraloría.

Un reconocido académico y empresario de la Ciudad de México que representa al Instituto de Estudios Históricos Carlos Sigüenza y Góngora, a quien el Gobierno de Jalisco le adeuda un pago vencido desde hace varios meses, se llevó un chasco, ya que la directora de su empresa en Guadalajara fue citada por un tercero en un restaurante de la zona financiera de Américas y en el lugar apareció el hermano de un alto funcionario de la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco. En resumen, nos cuentan que luego de decirle que su adeudo era menor a los asuntos que él operaba, como "favor" gestionaría recuperar su dinero a cambio de un moche del 35% del adeudo. ¿Estarán enterados en Casa Jalisco?

Contrario a lo que nos han vendido siempre, la corrupción no se combate, se previene. Perseguir a los corruptos, a los que ya hicieron fechorías, resulta costoso y poco eficiente en términos económicos; lo inteligente es evitarla. Políticamente, sin embargo, es muy atractivo y rentable hacer cruzadas contra los corruptos. Por eso a los políticos les encanta presumir los encarcelamientos y procesos judiciales.

Prevenir la corrupción es un asunto de sistema mientras que el combate es personalizado y, curiosamente, siempre cae en los del otro bando, en los gobiernos anteriores, nunca en los del mismo partido ni en los funcionarios del momento. No es casualidad, es política. El problema estriba en que pensemos que lo que hace López Obrador persiguiendo al hermano de Peña Nieto y no a su propio hermano es realmente un combate a la corrupción, o que lo que el súbito empeño del gobernador Alfaro de perseguir a funcionarios de la administración anterior tiene algo que ver con limpiar la administración.

Por supuesto que hay que perseguir los delitos de relacionados con la corrupción. Es una obligación del Estado, particularmente de las fiscalías anticorrupción, pero es un error común confundir las batallas judiciales con las acciones efectivas. Dicho de otra manera, la corrupción no se va a terminar el día que metamos a todos los corruptos al bote sino cuando impidamos que los funcionarios puedan decidir a quién sí y a quién no se invita a un concurso de obra pública; cuando las compras de gobierno sean a través de sistemas de datos abiertos, transparentes y sin recomendaciones previas; cuando los permisos de obra se otorguen en función de un plan de desarrollo previamente acordado con vecinos y ciudadanos; cuando las concesiones sean producto de un análisis de costo beneficio para el país y no como pago de favores de campaña; cuando ningún regidor tenga facultades para reducir o condonar multas; cuando ningún empresario tenga información privilegiada; cuando las designaciones públicas no sean por cuotas y cuates sino por capacidades y concursos de oposición.

La lucha contra la corrupción no es una cuestión de superioridad moral, como plantea López Obrador, ni de vergüenza y palabra, como dice Alfaro, sino de acotar poderes y decisiones. La corrupción no se termina barriendo escaleras de arriba para abajo ni señalando con el dedo flamígero desde la mañanera, ni, por supuesto, subiendo video regaños del gobernador en redes sociales. La lucha contra la corrupción no es el show de la barandilla, sino un aburrido y metódico sistema de prevención.

Cumplida la demanda generacional de la democratización del país con la 1a. alternancia política ocurrida en el año 2000, la que se tornó en la mayor exigencia social fue el combate a la corrupción y a la impunidad que la acrecienta, que estamos muy lejos de que se cumpla.

Ni en el país ni en Jalisco hemos construido sistemas anticorrupción eficaces e independientes que logren de verdad inhibir las corruptelas y la voracidad de gran parte de la clase política y gubernamental. Incluso para mantener esa enorme fuente ilegal de recursos, desde el poder se boicotea cualquier intento serio de implementación de modelos anticorrupción funcionales.

Por eso cada que hay relevos en las administraciones públicas, más cuando los gobernantes son de partidos políticos distintos, llueven los señalamientos de malos manejos de sus antecesores pero son casi inexistentes las denuncias que concluyen con alguna detención. Esto pasa porque ante la ausencia de sistemas anticorrupción fuertes la partidocracia sigue con los intercambios y pactos de impunidad en detrimento de la ciudadanía.

Llama por eso mucho la atención la detención de al menos 8 ex funcionarios de 1er. nivel de la pasada administración del finado gobernador Aristóteles Sandoval, entre los que destacan por estar en prisión preventiva Antonio Cruces, ex secretario de Salud; Francisco Ayón, ex titular del Instituto de Pensiones; y Felipe Tito Lugo, ex director de la Comisión Estatal del Agua.

Si esto significa una auténtica cruzada anticorrupción y el fin de los pactos de impunidad entre la clase política, sería sin duda, una gran noticia en beneficio de la población jalisciense. Habrá sin embargo que esperar para ver cómo terminan los casos en los tribunales (también con altísimos niveles de corrupción); si no se trata nuevamente de revanchismos políticos y de justicia selectiva.

Y es que hay antecedentes que ponen en entredicho la convicción y voluntad plena de combatir la corrupción del actual grupo alfarista en el poder. Uno fue cuando en la década pasada, en su debut en la vida parlamentaria de Jalisco, la bancada del partido Movimiento Ciudadano, se opuso a la salida e investigación del auditor Alonso Godoy Pelayo, quien ha cambio de cobros millonarios como funcionario pasaba por alto las corruptelas de los políticos y funcionarios que lo sostuvieron más de una década en el puesto. Otros más recientes, fueron la embestida a los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) por reprobar la imposición de consejeros de la judicatura, y en agosto del año pasado, cuando la mayoría naranja en el congreso, y sus aliados del PAN, ignoraron la gran mayoría de los planteamientos prometidos en la reforma anticorrupción 2.0 escupiendo y pisoteando así el esfuerzo de muchas y muchos jaliscienses que creyeron en el proceso de parlamento abierto al que convocó en el 2019 la ex diputada local emecista hoy legisladora federal por Jalisco, Mirza Flores, como presidenta de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción.

Cumplir procesos aseados contra estos exfuncionarios, y perseguir a los propios funcionarios de la actual adminsitración que han sido señalados de irregularidades, podría significar la correción de rumbo y no cerrar el paso al anhelo social de acabar con las corruptelas, los excesos y los abusos de políticos y funcionarios públicos, que siempre se resistirán a ser fiscalizados y pescados en sus negocios a base de dinero y patrimonio público.

Los políticos que hacen carreras largas, que comienzan de jóvenes y van escalando, acomodándose a las circunstancias, generan un rastro, un estilo personal de ejercer el poder que los identifica. El del diputado José María Martínez es torcer la ley.

El hoy líder de la bancada de Morena en el Congreso de Jalisco no es un improvisado. Tiene una larga trayectoria que comienza en el PAN, el partido que a finales de los años 90 y principios de los 2000s dominaba el acceso al poder en Jalisco. Se vinculó al grupo de Francisco Javier Ramírez Acuña desde la campaña a la presidencia municipal de Guadalajara en 1997 y de ahí creció como uno de los operadores políticos más importantes del blanquiazul. José María Martínez, "Chema", como le llaman sus cercanos, entendió que la llave de acceso al poder de aquellos años en el PAN pasaba por dominar las asambleas y se dedicó a hacer afiliaciones masivas en el sur de la ciudad. A partir de ahí negociaba su apoyo a las candidaturas y luego gestionó las propias. Este método neo corporativista le dio a Martínez para ser diputado, regidor e incluso senador, y para negociar cuotas en el poder judicial y en las instituciones electorales.

Pocas cosas se recuerdan del paso de Martínez por estos encargos públicos, salvo haber instalado en el Senado una comisión de la familia para impedir que se legislara a favor del aborto y los matrimonios del mismo sexo, por cierto, una acción ampliamente criticada por la izquierda que hoy dice representar. Lo demás ha sido su forma muy particular de torcer la norma, leguleyadas para brincarse los impedimentos legales y favorecer a quién él desea o negocia. Logró ser regidor de Guadalajara en el trienio 2007-2009 a pesar de no cumplir con los requisitos de elegibilidad, pues no renunció a tiempo a su encargo anterior. Logró "convencer" a los consejeros electorales del estado de Jalisco de hacer una extraña interpretación de la ley de igualdad de género para favorecer a su hermana; la interpretación fue tan chafa y forzada que a la postre fue desechada por el Tribunal Electoral.

El nombramiento de la nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el fallido proceso de nombramiento de la presidenta del Itei tienen la marca de la casa: torcer la legalidad con base en "interpretaciones" para que los acuerdos políticos prevalezcan sobre el espíritu de la ley. Si se legisló para que los funcionarios públicos con menos de 2 años de separación de su cargo no pudieran ser elegibles para presidir la CEDHJ fue justamente para evitar que llegaran al puesto personas con vínculos políticos con las administraciones del momento. Si se legisló que el 1er. filtro para elegir a quien preside al Itei fuera el consejo consultivo fue justamente para asegurar la capacidad técnica y la mayor independencia posible de quien presida el instituto.

Ambos organismos fueron pensados como contrapesos a los poderes del estado. Pero, cuando el estilo autoritario del gobernador Enrique Alfaro se encuentra con el estilo personal de torcer la ley del diputado José María Martínez al frente de la bancada opositora, los requisitos legales son simples escollos para una dupla poco democrática y nada escrupulosa.

El saneamiento a las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) incluyó la recuperación de adeudos de dependencias públicas atrasadas en el reporte de aportaciones mensuales. El saldo pendiente pasó de 1,119.2 millones de pesos (MDP) en julio del 2021, a los 486.5 MDP registrados en el último informe publicado en abril pasado.

Para tratar de evitar el atraso en las aportaciones patronales, en la última reforma a la Ley del Ipejal se incluyó que los entes públicos al incorporarse al Instituto deben firmar convenio con la Secretaría de Hacienda del Estado para que, en caso de atraso, de las participaciones estatales que les correspondan se retengan mensualmente las aportaciones patronales que deban cubrir al Ipejal. Especificaron que el incumplimiento será sancionado conforme a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado.

Según la información disponible en el portal de transparencia del Instituto, hay 24 dependencias que presentan retraso de una quincena o más, en lo que va del 2022 el adeudo creció 22.3 millones de pesos, en comparación del saldo con el que cerró el año pasado.

Con 64 quincenas vencidas, el Instituto de la Juventud de Tonalá tiene el adeudo más antiguo que acumula un pasivo de 2.2 millones de pesos. El mayor monto de adeudo corresponde al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que ha omitido reportar 277'870,138 pesos; correspondientes a 13 aportaciones quincenales vencidas.

En los casos del Grupo 16 de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad del Estado y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Puerto Vallarta; arrastran adeudos por 38.7 y 36.6 millones, respectivamente.

También tienen saldos vencidos los ayuntamientos de Autlán de Navarro (36.3 MDP), Tamazula (28.6 MDP) y Tala (25.3 MDP).

Según el reporte del Ipejal, están abiertos 14 procesos jurídicos por el incumplimiento en las aportaciones.

Pocas cosas le cuestan tanto trabajo a los poderosos como ser empáticos con el sufrimiento ajeno. Da igual si se trata del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro o del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, los 3 patinaron groseramente con el caso de Luz Raquel. No se trata de un caso específico, sino de la dificultad que tiene en general el poder y los poderosos de entender el dolor ajeno.

Si cualquiera de ellos se hubiera dado un vuelta a la colonia Arcos de Zapopan y hubiese visto en persona, y no a través de una pantalla, el lugar donde Luz fue quemada viva, si hubiese hecho el recorrido que hizo ella, escuchado a los vecinos, compartido sus miedos y angustias, no habrían dicho que el gobierno hizo lo correcto o que la culpa de es de quién sabe qué precepto ideológico. Nadie les pide a las autoridades que asuman la culpa por algo que personalmente ellos no podrían haber evitado, sino que sean empáticos con el dolor de una familia, de una comunidad, de una sociedad que está herida, que se siente hoy más vulnerable que hace 10 días; que entiendan que no pueden decir que las autoridades hicieron lo correcto, que las instituciones funcionan cuando el resultado es catastrófico.

La empatía, la capacidad de compartir el dolor de otros, es algo que cuesta mucho a los poderosos, entre otras cosas porque se trata de bajarse del pedestal desde donde el poder se ejerce. Una de las características del poder es justamente la diferenciación. Como nadie está en el lugar que ocupan ellos, a ellos les cuesta mucho trabajo ponerse en el lugar de otro. Eso no quiere decir que sean malas personas, sino que su reacción automática ante situaciones concretas que cuestionan el ejercicio de gobierno, la práctica misma del poder, es siempre defender, nunca entender.

La empatía no resuelve los problemas, ser empático con la familia y los vecinos de Luz Raquel no regresará el tiempo ni regresará a su madre el niño que se queda huérfano. La empatía ni siquiera los hará mejores gobernantes. Lo que sí puede hacer la empatía es regresar el rostro humano al poder, construir desde el dolor una sociedad con mejor relaciones, con un tejido más estrecho que nos permita protegernos y apoyarnos los unos a los otros.

Lo que no entienden los poderosos es que las palabras construyen -destruyen- las sociedades, que de esos pequeños gestos que llamamos empatía están hechas las relaciones sociales.

Gobernador, si el Estado no puede evitar el feminicidio de todas las Luz Raquel, ¿entonces cuál es la razón de ser de un Estado que no garantiza la vida? ¿Cuál sería entonces la razón de ser de tu encargo y de tu figura si nos rindes de esa forma ante la barbarie?

Cuando atribuyes a una "descomposición social" este crimen infame, ¿no te parece que toda la responsabilidad la trasladas a nosotros sin asumir la tuya? Pides no sacar conclusiones precipitadas, pero fuiste el primero en concluir que la actuación de la autoridad fue la correcta (la Fiscalía Anticorrupción, quizá para tu molestia, ya abrió una carpeta para investigar a tus funcionarios).

Cuando argumentas que la "orden de protección estaba emitida contra una persona que ya está detenida", ¿no pasas por alto que esa orden era "a favor" de proteger a la víctima y no "en contra" de su agresor? ¿O fue sólo un lapsus linguae? En esos tropiezos verbales, muchas veces, asoma el subconsciente.

Lamento que faltes tú en este "diálogo". Sé también que difícilmente me concederás una entrevista periodística. Dejé de insistir hace tiempo, pero quiero creer que no me la concedes por una cuestión de agenda y no porque falten garantías para tu lucimiento. Quiero creer que tu apertura al diálogo no antepone esa pauta de otros gobernantes que operan bajo la lógica rancia del "no pago para que me peguen". La invitación está abierta.

Te haría bien sentarte a dialogar y defender tu gestión con otros periodistas que han investigado las cosas que pueden mejorar en tu gobierno. Tu comunicación se reduce a la verticalidad de un post en redes sociales y ruedas de prensa en donde la apertura al diálogo queda limitada a lo que consideras tema o no.

Ojalá que esta tragedia, condenada a repetirse si mantienes esa idea de que los responsables somos sólo nosotros, traiga un poco de Luz para que veas en este clamor social algo más que un molesto zumbido.

Pablo Lemus será el candidato del gobernador solo si encuentran una vía de acuerdo político. En los pocos meses al frente del ayuntamiento, Alfaro le ha dejado ver a Lemus que el carisma no basta para gobernar ni para ser su candidato. Cada vez que ha querido le ha paralizado el ayuntamiento y lo que realmente ganó Alfaro en el conflicto con la Universidad de Guadalajara fue meter al alcalde tapatío al redil.

Tan cierto es que el gobernador no tiene otro candidato -Alberto Esquer no levanta y Salvador Zamora no logra que lo volteen a ver ni tirando basura- como que Lemus no tiene otra opción de partido. Si en algún momento se especuló que el alcalde podría irse con su carisma a otro lado, hoy está claro que no hay opción: su vía es naranja o no será.

Así pues, Alfaro y Lemus se necesitan mutuamente para la grilla. El gobernador pasó ya el cenit de su carrera política. Su popularidad y su oferta de futuro (principal atractivo de cualquier político en edad de merecer) van a la baja. En los rankings de aprobación de gobernadores aparece en la parte baja de la tabla, compitiendo hombro con hombro con el inefable gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y en las encuestas que aún lo consideran presidenciable aparece con poco conocimiento y baja intención de voto. Lo que le queda es el control del partido en el estado. Ese poder lo tiene y lo va a ejercer hasta el final.

A a pesar de haber sido derrotado en 2012 en la pugna por la gubernatura, que perdió ante el priista Aristóteles Sandoval (asesinado en 2020), Enrique Alfaro comanda desde hace más de una década el grupo que logró desplazar al PRI y al PAN de la hegemonía política en Jalisco.

Hoy ese dominio no parece bajo amenaza rumbo a la elección de 2024 porque Morena no incide en tierras jaliscienses.

El ejemplo más reciente del poco peso morenista en Jalisco es la revocación de mandato de abril pasado. La tierra jalisciense registró el nivel más bajo de participación en esa consulta (9.1% en el plano estatal, y tuvo algunos de los municipios donde nacionalmente menos acudió la gente a votar el 10 de ese mes); además ocupó el 2o. lugar en las entidades donde más se votó para que López Obrador se fuera. O sea, muy pocos acudieron, pero dentro de esos pocos hubo quienes fueron motivados a castigar a AMLO.

A pesar del mal ambiente que Alfaro tiene con medios críticos, se antoja muy difícil que los jaliscienses quieran dar una oportunidad al movimiento de Andrés Manuel en la gubernatura de 2024.

Con gente como Lomelí e incluso Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara, Morena no podrá amenazar la hegemonía de MC, cuyo precandidato Pablo Lemus, sin embargo, parece demasiado confiado. A ver si no le dan un susto y se cae de la hamaca futurista en la que anda subido.

Un grupo inconforme con la verificación vehicular colgó una lona frente al Congreso de Jalisco con las caras de los diputados, y la agarró a huevazos.

Parto de esta idea para un ejercicio simbólico. Imaginemos una caja de 30 huevos San Juan. Estos apenas alcanzarían para reprocharle a los diputados locales, metafóricamente, cada una de las iniciativas y decisiones polémicas con menos de un año en el cargo.

Va la lista en donde cada punto representa un huevazo. De entrada, renunciaron a ser un contrapeso del ejecutivo estatal y le han aprobado todo sin chistar.

Las inversiones público-privadas para la Línea 4 y la ampliación de El Ahogado. El contrato por 20 años para entregar el predio en donde el Ipejal edificará Ciudad Laboral. La ampliación de la concesión vehicular de 15 a 19 años, el aumento al Impuesto sobre la Nómina y la iniciativa para revisar el pacto fiscal.

Le aprobaron al gobernador, con una leguleyada, la ratificación del nuevo fiscal estatal Luis Joaquín Méndez sin someter el proceso a evaluación y una terna.

Sumo y sigo.

En el Presupuesto 2022, se autoaprobaron un aumento: nomás 852 mdp para nómina.

También votaron para "reservar" la sesión del desafuero del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas y se han caracterizado por sus comparecencias a modo. Pese a los reclamos de colectivos y sociedad civil, todavía tienen pendientes las reformas en materia de desaparecidos.

En estos días se repartirán, por medio del sistema de "cuotas y cuates", la presidencia del ITEI y la de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Con esto, se concreta la captura política de estos organismos autónomos.

Cuando se ha tratado de exhortos, la fracción mayoritaria del congreso y sus aliados han rechazado pedir al gobernador que respete la libertad de prensa luego de que acusó a una reportera de "reventar" sus eventos. También rechazaron exigir a los 125 ayuntamientos y dependencias estatales que cumplan las recomendaciones de la CEDHJ pendientes.

Por cierto, a Pablo Lemus ya le aprobaron la reestructuración de su deuda municipal (¿la historia tiende a repetirse?).

Los diputados sólo replican un sistema de supervivencia política: su subordinación al partidazo y la aprobación de todas las iniciativas enviadas por el gobernador les garantiza el siguiente "hueso", una candidatura por su municipio en la siguiente contienda o la reelección.

Si no, vean en dónde están los diputados de la pasada legislatura. Los emecistas Daniel Robles de León, Jesús Cabrera Jiménez, Jonadab Martínez, Esteban Estrada, Bernardo Macklis, Tomás Figueroa, todos apenas terminaron su encargo como diputados, saltaron a algún puesto directivo en la nómina estatal o en el mismo congreso.

Los diputados de Jalisco: así de baratos le salen al gobernador; así de caros nos salen a los ciudadanos.

El Partido Hagamos reforzó una campaña para exhibir las deudas de la actual administración estatal. "Sí queremos que se construya la Línea 4 del Tren Ligero. Lo que no queremos es otra deuda por más de 30 años", se remarca en los volantes que se reparten por las calles, por ejemplo, del centro tapatío.

El partido subraya que el gobernador "endeuda a Jalisco" y compromete a las futuras generaciones. Desglosa que en la actual administración suman más de 20,000 millones de pesos en créditos bancarios a corto y largo plazos (incluyendo los 5,725 millones para el esquema financiero para la Línea 4 del Tren Ligero).

Ningún otro ombudsman estatal ha emitido tantas recomendaciones públicas por violaciones a los derechos humanos como el saliente Alfonso Hernández Barrón: 682 en 5 años al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Sin embargo, lo que podría representar un indicador positivo, en realidad dimensiona el "ninguneo" de las autoridades de todos los niveles hacia el organismo, pues sólo cuatro recomendaciones se han "cumplido satisfactoriamente", según reporta la Comisión en su página de transparencia.

Sólo el año pasado, la CEDHJ emitió 283 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos. Para dimensionar, los antecesores de Hernández Barrón emitieron, en promedio, apenas medio centenar de recomendaciones por año.

Tras más de 2 décadas de existencia, tenemos una Comisión en un punto crítico y dedicada a la "maquila" de recomendaciones sin efecto alguno en la realidad: una mera relatoría acumulativa, notarial y descarnada, de la tragedia en derechos humanos que vive el estado y el país.

El problema es que la ley, desde su origen, señala que una recomendación "no tendrá carácter vinculatorio o imperativo para la autoridad". El problema, entonces, radica en un modelo agotado en donde ya no hay voluntad política para atender los llamados de la Comisión (incluso ha perdido impacto mediático).

O quizá nunca la hubo pues en toda su historia, la CEDHJ sólo registra el cumplimiento satisfactorio de 17 recomendaciones. Para poner una muestra, la macro recomendación por la contaminación en el río Santiago tiene un cumplimiento de apenas 33%.

La ley establece que, si bien la Comisión carece de facultad para hacer cumplir sus recomendaciones, los diputados pueden citar a comparecer a los funcionarios señalados para que respondan ante su omisión.

Pero la voluntad política tampoco está en el congreso. Hace unos días, los diputados locales rechazaron un exhorto de la priista Hortensia Noroña Quezada dirigido a autoridades municipales y estatales para que cumplieran 175 recomendaciones pendientes. Los diputados naranjas y sus aliados del PAN simplemente se abstuvieron de votar para frenar la propuesta.

¿Por qué la Comisión ha dejado de ser un mecanismo de presión para los gobiernos? ¿Qué tan obsoleto es el modelo actual que emite recomendaciones, medidas cautelares, posicionamientos, pero sin incidir en acciones concretas?

Este miércoles cerró el registro de aspirantes para encabezar la CEDHJ a partir del próximo mes. La mesa está puesta para que, igual que siempre, se defina al próximo titular por un acuerdo político de cuotas y cuates. La casa lleva mano.

Pero incluso si no fuera así, ¿puede un solo hombre, por mucha solvencia moral o capacidad que tenga, lograr con méritos propios lo que ya no puede garantizar el diseño de una institución?

Lejos de avanzar y acercarse a una clara legislación que libere las designaciones públicas y garantice que lleguen los y las mejores aspirantes a los puestos públicos, pero en especial a los organismos autónomos que deben ser un contrapeso y vigilantes de la clase política y gubernamental que maneja los recursos públicos producto de nuestros impuestos, la actual Legislatura LXIII, también de mayoría naranja, parece estar dispuesta a superar el desaseo en que incurrieron sus antecesores en estos procesos en el Congreso de jalisco.

La bochornosa exhibición de trácalas y componendas en las que han degenerado hasta ahora las 2 convocatorias para elegir a la nueva titular del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, no ha hecho más que recordar el también obsceno espectáculo que dieron de madrugada las y los diputados de la LXII Legislatura, cuando mientras los jaliscienses dormían, atracaban el Consejo de la Judicatura con la imposición de Tatiana Esther Anaya Zúñiga, de Iván Novia Cruz y de Claudia Esperanza Rivera Maytorena (los 2 primeros cercanos al gobierno alfarista y la tercera prometida por los emecistas al PAN).

Lo más grave de aquel episodio fue que no se respetó la convocatoria original y por medio de un acuerdo de última hora ignoraron el requisito de que las y los aspirantes debían lograr al menos 80 puntos en el examen.

Esa arbitrariedad significó una burla para los 67 hombres y mujeres que creyeron en la promesa del poder legislativo de que habría una competencia limpia y transparente; para el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que evaluó los perfiles; y para las universidades más importantes del estado que participaron en el diseño del examen y se les culpó, injustamente, de hacerlo mal para poder cometer la simulación.

Como la historia quiere repetirse corregida y aumentada, tanto el CPS, como las universidades, y ahora también el Consejo Consultivo del Itei, que por ley debe avalar este proceso de designación, han rechazado participar para que no les pase lo del Consejo de la Judicatura, pero sobre todo para no avalar procedimientos ilegítimos, que ya provocaron incluso que el concurso se haya judicializado al ser impugnado por la única aspirante que en la 1a. convocatoria pasó el examen.

La petición, a la que sumaron ayer las cúpulas empresariales del estado, es que se reponga el proceso y se lance una convocatoria que garantice piso parejo para no volver a timar a las y los concursantes.

Sería muy grave que nuevamente la mayoría de diputados y diputadas de la actual legislatura ignoraran este clamor e impusieran un perfil previamente acordado. Sería optar por hundir más en el desprestigio al congreso y dejar un muy mal precedente de lo que harán para renovar la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y las magistraturas del poder judicial que vienen.

Construir democracia es uno de los retos de mayor complejidad para nuestra sociedad. No hay, hasta ahora, ningún régimen que en mayor medida permita la expresión del pluralismo político y la defensa de los derechos humanos y las libertades políticas y civiles.

En el caso mexicano, la democracia que hemos construido tiene un gran número de virtudes: permite la realización de elecciones libres; los votos se cuentan por las y los ciudadanos y, por lo tanto, cuentan legítimamente; y tenemos un marco constitucional y legal que, a pesar de sus deficiencias, ha permitido razonablemente bien procesar el conflicto social y la transmisión continua y ordenada del poder.

A pesar de lo anterior, existen reformas pendientes que no han querido llevarse a cabo, y que han limitado en buena medida garantizar un juego democrático cada vez más amplio, en la búsqueda de construcción de gobiernos y parlamentos de calidad.

Una de esas reformas es la relativa a los requisitos y plazos para la creación de agrupaciones políticas y partidos políticos. La regulación que hoy se tiene es sumamente restrictiva y, de acuerdo con expertos como Diego Valadés, abiertamente inconstitucional pues restringe injustificadamente la libertad de asociación y reunión reconocida en la propia carta magna.

El tema es mayor, porque los partidos políticos mantienen, en los hechos, el monopolio de las candidaturas para acceder a cargos de elección popular, desde los municipios, hasta el gobierno y el congreso federal. Así, a pesar de que está abierta la posibilidad de candidaturas independientes, lo cierto es que hay muy pocas posibilidades de que las y los ciudadanos sin partido puedan competir en condiciones de igualdad, en contra las de las poderosas estructuras electorales que mantienen los partidos.

Las limitantes a la creación de nuevos institutos políticos tienen su razón de ser. Fundamentalmente hay 2: a) que hay una larga historia de partidos-negocio que se crean sólo con el propósito de acceder a los recursos públicos, pero que en términos de representación ciudadana o defensa efectiva de agendas tienen una nula presencia; y b) el riesgo de que poderes fácticos, legales o ilegales, se apoderen de estructuras partidistas para defender intereses contrarios o ajenos al interés general.

En ambos casos, la legislación vigente ha fracasado. Ni se ha impedido que familias o grupos políticos y económicos se apoderen de partidos nacionales o estatales; ni mucho menos que el crimen organizado haya penetrado a los partidos en distintas zonas o regiones, e incluso que hayan cooptado y corrompido a gobiernos estatales. De otro modo sería difícil explicar el importante número de exgobernadores ligados y procesados por vínculos acreditados con el narcotráfico.

La legislación vigente -al contrario del propósito argumentado por el congreso- ha facilitado y promovido una forma de democracia disfuncional, que alienta la emergencia de figuras caudillistas y posturas patrimonialistas del poder; e inhibe la organización y participación de la mayor parte de la ciudadanía en procesos de discusión y toma de decisiones. Así se demuestra en los recientes procesos de "democracia participativa", en los cuales los niveles de votación han resultado irrisorios, pues dependen estrictamente de las estructuras partidistas tradicionales, organizadas para la movilización del voto popular.

Estamos pues ante el reto de encontrar una regulación jurídica que permita equilibrar controles para evitar el abuso de quienes hacen de los recursos públicos un negocio privado; pero que al mismo tiempo no restrinja el derecho constitucional que tenemos todas y todos de organizarnos y participar activamente en la disputa por los cargos públicos, en procesos que garantizan equidad en el acceso y desarrollo de la contienda.

Tener gobiernos y leyes de calidad, en el sentido de que sean auténticos garantes del paradigma constitucional de derechos humanos que afortunadamente hoy tenemos, requiere de más y más democracia; de más flexibilidad e imaginación jurídica para que el pluralismo sea auténticamente el sustrato de nuestra deliberación y sistema de construcción de decisiones de los asuntos públicos.

Es un hecho que el gobernador de Jalisco quiere ser candidato a la Presidencia de la República. Es un hecho que Jalisco atraviesa una grave crisis de violencia organizada y humanitaria que tiene al estado en el 1er. lugar de personas desaparecidas en México. La conjunción de estos 2 hechos ha sido muy perjudicial para una eficaz política de búsqueda de los desaparecidos y de la persecución y enjuiciamiento de quienes cometen estos delitos.

Tan no hay duda de que Enrique Alfaro quiere ser candidato presidencial que por eso llenaron de acarreados la asamblea estatal de Movimiento Ciudadano para que le gritaran "presidente, presidente". Mientras ese hecho de la política electoral se llevaba a cabo, ese mismo fin de semana policías estatales de las patrullas PA-022 y PRJ-369 gastaban su tiempo no persiguiendo a criminales o ladrones sino retirando las fichas de búsqueda que padres de familiares pegaron en postes y paredes durante la manifestación que realizaron a Casa Jalisco el domingo pasado.

En su ruta por convertirse en candidato presidencial, Alfaro enfrenta un grave problema: que Jalisco es el epicentro de las desapariciones forzadas en México. En el país había hasta ayer, 100,536 personas desaparecidas y 15 de cada 100 ocurren en el estado. Es muy complicado, sino imposible que un gobernante que arrastra este grave problema busque competir por la Presidencia de la República.

Por eso a pesar de que en el discurso dicen estar atentos, preocupados e interesados en resolver el problema de los desaparecidos, desde el Gobierno de Jalisco se diseñó una estrategia para el control de medios y para la difusión de propaganda a favor del gobierno, que intenta minimizar, subestimar, cuestionar y estigmatizar a los colectivos y actores políticos que critiquen esta estrategia.

Lo que hay en Jalisco, en lugar de un sistema de búsqueda eficaz, empático y de la mano de las familias que tienen desaparecidos, es una búsqueda burocratizada, mediatizada, administrada para generar el menor daño político posible, pero no para detener y erradicar el problema.

Claramente hubo un diseño de estrategia de propaganda de publicidad de las acciones que llevan a cabo las agencias encargadas de búsqueda, pero no para resolver los problemas de fondo, las exigencias de los colectivos y las familias, sino para hacer creer que hacen, para justificar el presupuesto.

No se puede entender de otro modo cómo emiten un boletín cada lunes de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas (FEPD) anunciando "avances" mientras ignoran las justas exigencias de los colectivos de las familias, y al mismo tiempo policías estatales retiran las fichas de búsqueda.

Una confirmación de lo equivocado y perversa que es esta nueva estrategia mediática del gobierno que encabeza Enrique Alfaro es que en cada boletín semanal de la FEPD se enfatiza que no hay delito, sino que las personas se van por su voluntad y por motivos personales. Es decir, se está subestimando el principal problema social y político que existe en la entidad. Con esto, hay un retroceso de años en el análisis de contexto de por qué ocurren las desapariciones. Las quieren justificar como berrinches de adolescentes, conflictos con los padres o con las parejas sentimentales. Es muy grave esta estrategia del gobierno de Enrique Alfaro: está responsabilizando a los desparecidos de sus desapariciones y con ello renunciando a buscarlos y a perseguir a quienes cometen el grave delito de desapariciones forzadas o cometidas por particulares.

En lugar de entender, comprender, analizar y hacer todo lo posible por enfrentar el principal problema social y político que tiene Jalisco, preservar la vida y evitar que las personas sean desaparecidas, el gobierno naranja de Jalisco apostó por una estrategia mediática para administrar y subestimar esta grave crisis. Esta nueva estrategia se ha manifestado del modo siguiente:
- Rasurar las cifras que se comparten al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El 25 de marzo se eliminaron más de 1,300 casos.
- Responsabilizar a los desaparecidos de sus desapariciones, con el argumento de que se fueron por motivos personales.
- Resaltar la “atención a víctimas” y apoyo psicológico en lugar de una estrategia eficaz de búsqueda.
- Eliminar propaganda de los colectivos de familiares.
- Darles largas con "mesas de trabajo" donde no se resuelven los asuntos de fondo presentados por los familiares.
- Cuestionar y victimizar a padres y madres de los colectivos que les resultan incómodos.

En conjunto, esto se traduce en una política de búsqueda fallida y más interesada en el control de daños que genera este problema. Y es una política perversa por que no busca resolver de fondo este problema, sino que no le estorbe al gobernador para alcanzar su objetivo de ser candidato presidencial.

El gobernador de Jalisco subrayó en una parte de su discurso que muchos actores públicos no se han dado cuenta que después de las elecciones 2018 -que condujeron a la victoria de Andrés Manuel López Obrador-, "el sistema de partidos caducó (...), ya no es operante".

Requiere reflexión, porque entonces ¿qué tenemos a cambio?

Los mexicanos nos encaminamos a unas nuevas elecciones en las que particularmente, el presidente López Obrador tomará el papel de "elector mayor", pues está decidido a que haya continuidad de lo él llama la "4a. Transformación".

¿A qué se refiere el gobernador de Jalisco cuando habla del "sistema de partidos"? No hay nuevas reglas: los candidatos que buscarán espacios en el Senado, la Cámara de Diputados y la Presidencia, serán presentados por los partidos políticos con registro otorgado por el Instituto Nacional Electoral; además, contarán con recursos públicos para sus campañas por la vía de las prerrogativas que se entregarán a los mismos partidos.

El método de selección de los candidatos (ellos o ellas), serán los que decidan las dirigencias partidistas que, como se sabe, están integradas por una élite dominante dentro del instituto político. Así, Morena hará encuestas; el PAN elegirá por medio del voto de sus consejeros y así sucesivamente, a menos que sobreviva la alianza PAN-PRI-PRD.

Movimiento Ciudadano no ha decidido cuál será el método, pero Dante Delgado adelanta que a finales de junio de 2023, después de las elecciones en Coahuila y Estado de México, ya habrán definido a su candidato, ya sea que surja de entre sus figuras o bien, que acuerden con algún otro personaje que surja de un rompimiento con Morena y López Obrador.

¿Cuál sería entonces la novedad? ¿Un cambio de régimen; otro acuerdo nacional? ¿Acaso un nuevo relevo de la clase dominante? Porque el cuerpo de la burocracia seguirá siendo el mismo.

Alfaro Ramírez se refiere, quizás, a un nuevo acuerdo entre la élite económica dominante que puede permitir la posibilidad de una plataforma electoral que le haga frente al avasallante crecimiento de Morena.

Pero hay algo que se ha puesto sobre la mesa: Soluciones. Soluciones a la violencia, el avance del crimen organizado, la caída económica, la crisis de los sectores educativo y sanitario.

Eso es lo que falta.

La torpeza no conoce límites. Circuló el fin de semana en las redes un video de dos policías estatales quitando de un poste las pegatinas que habían colocado los familiares de un desaparecido. La imagen, que se volvió viral, es el vivo retrato de la insensibilidad.

Claramente a las autoridades no les gusta que los familiares hayan recurrido a postes, bolardos y monumentos para difundir información sobre personas desaparecidas. Consideran que afecta la imagen del gobierno y los gobernantes en turno. Pero seamos claros: lo que afecta a las familias, a la sociedad y por ende al gobierno es la desaparición de personas, no la difusión. Dejar de hablar de los problemas no los resuelve.

La desaparición forzada es un fenómeno que va al alza en todo el país. Se convirtió en un modus operandi del crimen organizado y de manera particular de los grupos que operan en Jalisco. Hasta el viernes pasado se habían acumulado en lo que va del año 623 personas desaparecidas y 782 homicidios. Una cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres, aunque si se trata de menores de edad son 6 de cada 10. Las personas localizadas con vida son menos de una cuarta parte, la mayoría de ellas regresan por su propio pie. El resto, alrededor de mil personas en el último año, permanecerán desaparecidas, la mayoría de ellas a la espera de ser localizadas en una fosa clandestina o en algún Semefo. De la mayor parte de ellas nunca sabremos nada.

Las familias de los desaparecidos son las víctimas; víctimas de un delito continuado y sin fin. Buscar a sus seres queridos no solo es un derecho sino una forma de mantenerse en el mundo. Borrar sus manifestaciones, arrancar los carteles de búsqueda es una forma de revictimizarlas, mandar una señal equivocada de que es más importante la imagen urbana que la búsqueda de personas y la atención a las víctimas.

Que encima sea la Policía del Estado la que se dedique a desaparecer a los desaparecidos, que los escasos elementos policiacos se dediquen a "limpiar" (así, entre comillas) la cara de la ciudad en lugar de evitar en lo posible verdaderos actos criminales es un error gravísimo. Invisibilizar a los desaparecidos es claramente una revictimización. Hemos de suponer que la torpeza fue iniciativa propia de los policías o a lo sumo de un jefe de zona y no órdenes del jefe de la Policía o del secretario de Seguridad del Estado de Jalisco. Lo que sí toca a los mandos policiacos y políticos del estado es explicar y ofrecer disculpas, pero ni una ni otra cosa se les da mucho.

En el occidente del país, había una vez unos diputados que eran los peores diputados del mundo. La mayoría tenían un lindo color anaranjado por fuera, pero por dentro reverberaba el azul con tonos en rojo y amarillo. Tenían a su servicio una bancada de diputaditos, estos sí azules por fuera, pero anaranjados por dentro.

Un día llegaron los legisladores guinda. Todos pensaron: "¡ahora sí habrá oposición!". Esto emocionó a analistas y grillitos de tiempo completo que comentaban, además, exaltados, que al fin habría una mayoría de mujeres diputadas. Pero fue grande su decepción: los diputados varones siguieron mandando y ellas sólo obedecían.

Luego sucedió que un diputado guinda, que venía de ser un diputado azul, hábil para nadar entre tiburones y pirañas, logró ponerse de acuerdo con el Gran Jefe Naranja. Y así comenzó la peor legislatura del mundo.

Un día tenían que elegir a la encargada de garantizar la transparencia en ese país, un puesto muy incómodo para los políticos de todos los colores. Como en la 1a. convocatoria su favorita no pasó el examen para ese puesto, hicieron una 2a. convocatoria y se quitaron de encima cualquier estorbo.

La ley decía que sólo con un examen podían evaluar y elegir a la Comisionada de la Transparencia, pero los diputados añadieron un ensayo como oscuro requisito para que la calificación fuera subjetiva. También impusieron a los académicos que iban a elaborar el examen, algunos hasta familiares de las aspirantes. Todo contra la ley.

Con esto provocaron la renuncia del grupo de notables que velaría por una designación limpia y auditable. ¿Qué pasó entonces? Las universidades, no una ni 2 sino todas, rechazaron el método de los peores diputados del mundo. También organismos anticorrupción y ciudadanos lanzaron duras críticas.

Pero los legisladores no escucharon y siguieron adelante con unas normas y una metodología inventadas con muchos tecnicismos para simular una designación "abierta" de la nueva Comisionada de la Transparencia.

El Gran Jefe Naranja le había prometido ese puesto al diputado guinda, que antes fue azul, a cambio de votos para aprobar unos proyectos de inversión público-privada y construir un tren y una planta de aguas residuales, y cualquier capricho a futuro.

Mientras los pobladores de ese país lidiaban con la inflación, la violencia y otros problemas, los peores diputados del mundo siguieron repartiendo cuotas a cuates igual que siempre en ese país.

En realidad sólo calentaban motores para repartirse el cargo del defensor de Derechos Humanos y 3 magistraturas con la misma técnica opaca, el mismo cuatismo y sin disimular el conflicto de interés o, más bien, su interés por el conflicto. ¿Pues de qué otra forma creen que han logrado ser los peores diputados del mundo?

Imaginemos que necesitas un cerrajero, pero en su lugar contratas un fontanero que, además, carga con un par de chalanes vividores, su sobrino y su cuñado, a los que hay que pagarles también por el servicio. Sobra decir que el servicio será caro y deficiente.

¿Les parece un contrasentido? Por absurdo que suene, esta metáfora explica cómo ha funcionado el sistema de "cuotas y cuates" para el nombramiento de cargos públicos en Jalisco. No llegan los mejores ni los más calificados sino los recomendados. Y hacia allá se encamina la designación de la nueva presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del estado (ITEI).

Se trata de un botín jugoso: un puesto que implica el control político del órgano garante de la transparencia, más medio centenar de cargos por designar en "cascada" con el cambio de titular. Desde un puesto de chofer hasta secretarios, asistentes y otros "huesos" que representan un atractivo "negocio" a 5 años.

La repartición de cargos por medio de "cuotas y cuates" se trata de una práctica de la más vieja y rancia política impulsada por quienes presumen una nueva forma anaranjada de hacer política.

Los diputados locales elaboraron una 2a. convocatoria "a modo" para elegir a la presidenta del ITEI en donde ignoraron al Consejo Consultivo integrado por universidades y organismos empresariales que declinaron participar en este proceso amañado.

En este caso, quien lleva mano no es un partido sino un diputado: el morenista José María Martínez. No lo hace solo sino con la complicidad de Movimiento Ciudadano que le entrega la posición a cambio de al menos 7 votos que, sumados a los 5 del PAN, le dan a los naranjas la mayoría calificada y el control político del Congreso de Jalisco al gobernador.

Resulta contradictorio pues en 2005, el entonces legislador panista Chema Martínez se pronunció en contra de la creación del ITEI y ahora, por medio del sistema de "cuotas y cuates", podría terminar de revivir políticamente gracias a los emecistas y quedarse con el organismo.

[Lo consigna mi fuente, el libro: "18 años de gobiernos panistas en Jalisco", publicado por el ITESO en 2016. El aludido me aclara que nunca estuvo en contra y añade que votó a favor de su creación como diputado del PAN.]

Asignar puestos públicos por compromiso con amigos, pago de favores o para cubrir cuotas partidistas o de poderes fácticos es una forma de corrupción que responde a un sistema de botín.

Cuidemos que la supuesta elegida Aislinn Lizeth Ramos Rubio, hija del ex consejero electoral Mario Ramos y amigo desde la adolescencia de Chema Martínez, no se convierta en un distractor porque, como ocurrió en procesos pasados, en realidad hay un pacto escondido al ojo público con la verdadera cuota. Es decir, el congreso simula una designación "abierta", sacrifica a un perfil atractivo a la opinión pública y reparte el botín de último momento.

Los legisladores deben elegir a la nueva presidenta a más tardar el 22 de julio, por lo que estos días serán clave para que la presión del Consejo Consultivo surta efecto y se encarrile nuevamente el proceso.

Hasta ahora, los diputados no han dictaminado la Ley de Designaciones Públicas, pendiente desde la legislatura pasada como parte de la Reforma Anticorrupción 2.0, pues les conviene hacernos creer que necesitamos un fontanero que disimule la podredumbre estancada en sus cañerías y no un cerrajero que garantice la máxima transparencia de los asuntos públicos.

La corrupción es la captura de lo público y comienza con las designaciones. Mauricio Merino, el gran experto en el tema, lo ha repetido una y otra vez, pero como suele suceder, quienes antes aplaudían la sentencia hoy ni ven ni oyen. Mientras los alfaristas estuvieron en la oposición fueron implacables con las designaciones públicas, criticaron al gobierno de Aristóteles Sandoval hasta que se hartaron, se rasgaron las vestiduras y blandieron la bandera anticorrupción. Mal llegaron al poder hicieron lo mismo, con un poco más de descaro y desaseo. Fuera máscaras.

Este año pasarán por el Congreso [de Jalisco] varias designaciones públicas importantes. El nombramiento de la presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei); el presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 2 nuevos miembros del Comité de Selección del Sistema Anticorrupción y 3 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. A juzgar por lo que han hecho en nombramientos anteriores, será un sistema de cuotas y cuates; a juzgar por lo que están haciendo en el nombramiento de la presidencia del Itei, será de espaldas a la sociedad y brincándose todos los aspectos de la ley que les sean incómodos.

Más allá de los nombres de las candidatas, los naranjas han decidido usar el Itei como moneda de cambio para negociar los votos de Morena para la aprobación de asuntos polémicos, como las Asociaciones Público-Privadas. Las negociaciones en los congresos nos pueden gustar o no, pero son parte de la política. Lo que ya no es política sino corrupción es brincarse la ley, desconocer a los organismos que por norma deben participar en las evaluaciones para imponer por la vía de los hechos a una persona, capturando así lo público para intereses particulares o de grupos políticos. En el caso particular del Itei los diputados se brincaron olímpicamente al Consejo Consultivo, quien de acuerdo con los ordenamientos hace el examen, porque en el 1er. intento solo pasó el mínimo de 80 puntos una candidata. En lugar de reponer el procedimiento se inventaron uno nuevo en el que todas puedan aprobar, particularmente quien quiere imponer el líder de la bancada de Morena, José María Martínez.

La destrucción de los pequeños avances en los nombramientos públicos en el periodo alfarista es marca de la casa y será una de sus peores herencias de este periodo de gobierno. ¿Será eso a lo que se referían con "refundar" Jalisco?

El proceso para sumar 2 integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción está pasando sin generar interés. El organismo está incompleto desde el año pasado, tras la renuncia de uno de los integrantes, aunque hace unas semanas se sumó la dimisión de María Isabel Lazo Corvera.

Formar parte de esta comisión no les interesa ni a los que a todo le tiran y buscan acaparar espacios, tal vez porque es un cargo honorífico; es decir, que no hay sueldo mensual. Además, los espacios estaban diseñados para personajes como empresarios, académicos o líderes sociales, con calidad moral y una trayectoria intachable.

¿Será que a estos perfiles ya no les interesa formar parte de un Sistema Anticorrupción que navega con más pena que gloria?

Para el gobernador de Jalisco "es muy pronto" para comenzar a candidatearse para la Presidencia de la República, sobre todo cuando los personajes políticos tienen un cargo público, según opinó ayer tras la rueda de prensa para presentar el corte de la temporada de estiaje. Sin embargo, se le olvidó que comenzó una gira con medios nacionales e internacionales desde el año pasado, en donde declaró que estaba "más que preparado" para ser candidato presidencial.

Ayer también respondió que no le importan los temas sobre el posicionamiento de otras figuras políticas en las encuestas que han comenzado a circular, como Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, pues está concentrado en su labor. Pero es obvia su reacción, porque de plano no figura en ninguna, mientras los regiomontanos Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas (de Movimiento Ciudadano) sí suenan en las preferencias para la Presidencia en el 2024.

La evaluación del Observatorio Legislativo del ITESO reprobó la calidad de las iniciativas que presentaron los diputados y diputadas de Jalisco en su 1er. semestre de gestión. Una de las principales fallas es que, al momento de formular sus propuestas, no incluyen la evaluación de impacto y qué tan viables son.

Llamó la atención el caso del diputado morenista Tomás Vázquez, que no presentó ninguna propuesta en los primeros 6 meses de gestión, además de ser el que más falta a las sesiones del pleno. Por otra parte, la que se llevó la nota más alta fue la emecista Mónica Magaña.

Lo que no toca la evaluación del Observatorio es que las iniciativas que han tenido prioridad y más rápido se han aprobado, son las que envió el gobernador, que como "diputado número 39" es el más activo de la legislatura actual.

Dentro del gobierno alfarista, desde antes aún del arranque del sexenio, hubo un principio rector: ante el maltrato presupuestal que veían venir de la administración federal lopezobradorista, por toda la serie de desencuentros políticos tenidos en los últimos años con el tabasqueño antes y ya como Presidente, no había otro camino que buscar financiamientos alternos para tener margen de maniobra y no verse paralizados y afectados en proyectos políticos futuros.

Ese fue el único derrotero que les quedó luego de la fallida estrategia inicial asumida por Enrique Alfaro de convertirse en el gobernador rebelde y contrapeso del poderoso López Obrador, con lo que dinamitó los puentes de entendimiento, que apenas se empiezan a medio construir, en detrimento de la inversión federal para Jalisco.

La más reciente parada en esa ruta para la obtención de recursos económicos fue la aprobación en el congreso [local] de mayoría naranja de los proyectos de Asociación Público-Privada para la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero con un costo de 9,700 millones de los cuales los empresarios pondrían 5,700 mdp, que en 38 años les redituará al menos 21,600 mdp; y para la ampliación de la planta de tratamiento El Ahogado, donde la iniciativa privada pagará 1,157 mdp y a la vuelta de 18 años logrará una ganancia de 5,200 mdp.

Aunque la Secretaría de Hacienda no considera este tipo de proyectos como deuda, lo cierto es que sí significan una carga de pago para cualquier gobierno. Si no, basta ver los más de 300 millones de pesos que ha pagado en 12 años el gobierno de Tlajomulco por su Centro Administrativo, y que no equivale ni a la mitad del compromiso. Esta obra la ordenó Alfaro cuando fue alcalde en 2010 también bajo el modelo de APP, que le generó múltiples críticas y al que ahora vuelve a recurrir.

Estas APPs son la mejor prueba de que ni siquiera los 7,900 millones de pesos que AMLO comprometió finalmente para Jalisco en mayo pasado para la L4 y obras hidráulicas dejaron satisfecho al gobierno estatal que quería del gobierno de la 4T al menos 35,000 millones de pesos para sus obras estratégicas.

Como en los cálculos del gobierno naranja siempre dieron por un hecho el desprecio presupuestal del que serían objeto, inauguraron su administración con el controvertido programa de A Toda Máquina, y con créditos a corto, mediano y largo plazo, que harán pasar a la historia a Alfaro como el gobernador que más endeudó a Jalisco.

Pero no sólo eso, el año pasado hicieron toda una operación de cabildeo para convencer a las cúpulas empresariales de hacer pasar como suyo el incremento del 2 al 3% el impuesto sobre nómina, según dijeron, para infraestructura educativa.

Desde luego la deuda no es mala en sí misma. Si fue buena o una abusiva decisión lo define las obras que quedan y la transparencia con la que se maneja, aspecto éste último que, de entrada, está lejos de cumplirse.

Ayer causó revuelo la creación de una cuenta en redes sociales del magistrado Armando García Estrada, en donde subraya que la denuncia del alcalde Pablo Lemus en su contra "es un mero distractor para no revisar el origen ilegal de la adjudicación del arrendamiento de patrullas y equipo de seguridad en su municipio".

El presidente respondió de forma inmediata y acentuó que estarán recordándole "sus actos de corrupción y abuso sexual. Usted representa lo más podrido de México y lo que todos queremos expulsar y castigar. Espero verlo pronto, en la cárcel". Lemus lanzó un llamado a todos los afectados del magistrado, para que publiquen los actos de "corrupción" en su cuenta del pajarito azul.

Además de una denuncia ante la Fiscalía contra el magistrado y entrevistas en medios de comunicación, ahora el tiro pasó a las "benditas" redes sociales.

Si bien la tormenta del lunes pasado se trató de la más intensa en los últimos 39 años en la ciudad, por su duración de más de 3 horas y la cantidad récord de agua que se precipitó, los estragos que causó y sobre todo a las familias cuya vida puso en riesgo, dejó en evidencia, como cada temporal, los graves rezagos que en materia de infraestructura hidráulica tenemos en la ciudad, y cómo a los gobiernos les sigue costando mucho trabajo priorizar estas obras que por estar enterradas consideran que no les son rentables para proyectos políticos futuros.

Esa falsa idea que conserva la mayoría de la clase política y gubernamental como una de sus más profundas convicciones, sigue haciendo más graves las afectaciones que se dan en la ciudad cada temporal. Prueba de ello es que los puntos de riesgo de inundación lejos de disminuir, crecen año con año.

Y es que si a la ausencia de planeación y de inversiones para la construcción paulatina de la infraestructura necesaria para gestionar el suministro y los desagües en la metrópoli, sumamos la falta de mantenimiento en los rebasados de drenajes y tuberías, la corrupción en materia de permisos de construcción que genera un crecimiento caótico y desordenado de la urbe, y los malos hábitos de muchos ciudadanos que tiran basura en la vía pública, las emergencias no vienen sólo en las tempestades extraordinarias y atípicas sino con cualquier lluvia de mediana intensidad.

Un ejemplo de esto fue lo sucedido en la Colonia Independencia y Villas de San Juan, donde decenas de casas se inundaron por primera vez por una barda que fue construida indebidamente en una calle que era un viejo cauce de agua.

Las inundaciones en avenidas y colonias donde en muchos hogares perdieron lo poco que tenían, el arrastre de automóviles por la corriente que puso en riesgo la vida de muchas familias debe recordar a la nueva generación de políticos que hoy gobiernan la entidad y los municipios de la zona metropolitana su promesa de cumplir con un plan multianual que vaya equipando a la ciudad y no tengamos el Jesús en la boca cada que llueva.

Hay algo que no está funcionando en el modelo de metropolización en Guadalajara. En menos de un año 3 asuntos que son atribución de los ayuntamientos y que se han puesto en manos del gobierno estatal generaron crisis: la dotación de agua potable, la policía de tránsito y la basura. Más allá de la casuística particular de cada crisis hay 2 puntos en común: un modelo de gestión centralizado y mucha soberbia. Es cierto que hubo sequía en 2019, pero la crisis de abasto estuvo más vinculada a una mala gestión, a falta de previsión y planeación; hay un enorme problema de seguridad, pero la advertencia de que el modelo de fusión de la policía de tránsito en la Secretaría de Seguridad no estaba funcionando fue desde los primeros años de este gobierno; el tiradero en Tala era un buena solución, pero la relación perversa con la empresa Caabsa y el mal servicio vienen desde antes.

Imaginemos este país como un gran estanque en donde nadan los tiburones de la corrupción a sus anchas. Ante el problema, creamos un Sistema Nacional Anticorrupción para acabar con esos "peces gordos", pero a la vuelta de los años descubrimos que sirvió de poco o nada.

¿Por qué? Hay que castigar la voracidad de estos escualos que nadan plácidamente en la función pública, pero no sólo eso, también debemos modificar las condiciones del agua turbia donde crecen y se reproducen.

Esta metáfora sintetiza la esencia del informe "Combate a la Corrupción en México 2020", presentado en Guadalajara por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la UdeG.

En el evento, Mauricio Merino, director del organismo, planteó una idea y una crítica que me dejó pensativo: no avanzamos porque confundimos la corrupción con la conducta de personas corruptas.

Pensemos en Antonio Cruces Mada, ex secretario de Salud, preso por la compra irregular de equipos de videovigilancia y unos nombramientos indebidos. Lo procesó la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, creada a partir del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora, ¿eso es combatir efectivamente la corrupción? No del todo.

El informe revela que hasta ahora hemos perseguido a esos "peces gordos" con un énfasis punitivo y hasta espectacular. Sin embargo, nos hemos enfocado solo en las consecuencias (el funcionario que comete un acto de corrupción), no en las causas.

Esto tiene implicaciones graves: individualiza el fenómeno y no lo ve como un sistema; lo reduce a una anomalía aislada de individuos inmorales, y deja intactas las estructuras y condiciones que favorecen la corrupción. No toca el agua turbia del estanque, pues.

Por otra parte, los procesos penales por corrupción, como el caso de Cruces Mada, se sostienen muchas veces en cuestiones procesales o meras violaciones a la formalidad burocrática, no en aspectos sustantivos.

La distracción de una firma sin leer el documento, un requerimiento administrativo que se omitió o un proceso burocrático inacabado sostienen este tipo de casos "emblemáticos". Por eso enfrentan acusaciones por delitos no graves. En cambio, libran penas más severas por enriquecimiento ilícito, peculado o lavado de dinero.

Otro ejemplo: ayer la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco informó de la prisión preventiva dictada a un ex subdirector del SIAPA por autorizar la contratación de un software que no cumplía con lo requerido.

El diagnóstico abre muchas áreas de oportunidad. El Sistema Nacional Anticorrupción, e inferimos que su réplica a nivel estatal, funciona de forma fragmentaria, sin coordinación y altamente burocratizado. A tal grado que sólo se ha convertido en una medida de simulación del propio sistema para ocultar... la corrupción.

No hay evidencia de que se combatan las causas y que se castigue la corrupción pese a contar con leyes e instituciones para ello.

Sin embargo, a los tiburones en el estanque les interesa hacernos creer que el combate a la corrupción ha avanzado en el país mientras siguen nadando de lo lindo en sus aguas turbias.

El alcalde Sergio Chávez parece que tiene todo bajo control en Tonalá. Por lo menos eso parece, porque el presidente está comprando problemas ajenos y se metió en una polémica.

¿Recuerdan que en la capital del país están suspendidas las corridas de toros en la Plaza México? Pues el pasado domingo, don Sergio le envió un saludo en sus redes sociales al juez que concedió esa suspensión: "Un saludo al juez que prohibió las corridas de toros... creo que ni en su casa lo quieren... que viva la fiesta brava. Olé".

Evidentemente las críticas no se hicieron esperar: "Mucho que hacer en Tonalá en materia de protección animal". "Ponte a tapar los baches". "Preocupándote por otras cosas en vez de tu municipio".

Ya entrado en gastos, el alcalde se despidió con otro comentario hacia uno de sus detractores: "Saludos, mi político rancio".

Víctor Manuel González Romero, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y ex rector de esta misma casa de estudios, encontró que entre el 1 de mayo y el 8 de junio de 2022 se reportaron en Jalisco 5 personas desaparecidas y no localizadas. En el mismo periodo de 2021 se reportaron 242. Y encontró que de 50 personas reportadas como desaparecidas, entre el 1 de mayo y el 4 de junio de 2022 y hechas públicas en la página de Facebook de la Comisión Estatal de Búsqueda, solamente se enviaron 2 fichas a la base de datos del registro nacional, apenas el 4%. En lugar de asumir la gravedad del problema y admitir que vivimos una grave crisis por desaparición de personas, el gobierno estatal desaparece a los desaparecidos.

No obstante del dolor que sufren las familias en busca de sus seres queridos desaparecidos en Jalisco, el Gobierno de Jalisco les ha puesto otra gran prueba poniendo en juego sus derechos como víctimas indirectas.

En "El Arte de la Guerra" el general chino Sun Tzu establece como una de sus máximas para derrocar al enemigo la frase "divide y vencerás", y como si las familias en busca de sus desaparecidos fueran el enemigo, el Gobierno de Jalisco intenta dividir al colectivo Luz de Esperanza, quien desde hace algunos meses pegó por 1a. vez 500 fichas de sus seres queridos en bolardos y mobiliario del centro de Guadalajara.

Los mismos fueron retirados no solo una, sino 2 veces, por lo cual pidieron cuentas a las autoridades municipales y estatales. Ambas dijeron no ser responsables, pero al pedir al Gobierno de Jalisco que se les garantizara que no habían sido parte de ello, el gobierno estatal se negó a hacerlo, e incluso les dijo que posiblemente había sido el crimen organizado.

"¿Los servicios públicos también están infiltrados por criminales, igual que en la Fiscalía estatal?", "Ya se les metieron hasta la cocina", fueron parte de algunas expresiones de internautas en redes sociales al hacerse público el hecho.

El colectivo, representado por su secretario, Héctor Flores, había pedido que se retomaran las mesas de trabajo, información abierta y pública con presencia de medios de comunicación, y garantías firmadas por las autoridades estatales, pero ni siquiera se permitió que entraran al Palacio de Gobierno y se les "atendió" en el quiosco, cosa que el colectivo consideró como una falta de seriedad a la problemática.

En una llamada se le hizo saber que el "subsecretario" les atendería este viernes, no en una mesa de trabajo, sino en un diálogo, pero seguían sin comprometerse a lo solicitado por las y los integrantes del colectivo, entonces montaron casas de campaña en la Plaza de Armas frente al palacio, y pasaron ahí la noche bajo la lluvia.

Como si no fuera suficiente para las familias, el Gobierno de Jalisco las puso a prueba: seguir apoyando la causa colectiva o ver por su propia causa, pues no se atendería a su representante por "posturas y acciones hostiles que han derivado en una falta de condiciones para mantener el diálogo en detrimento de la atención a las familias que conforman la agrupación".

Las familias no son el enemigo, a las familias no se les tiene que dividir. El enemigo es la falta de respuestas por parte de la autoridad, de acciones para acabar con los criminales que cometen las desapariciones, el enemigo es la indolencia, el tratar de jugar con su pesar para intentar dividir la causa, porque no pueden con su responsabilidad de garantizar la seguridad de las y los jaliscienses.

Las 14,973 personas reportadas como desaparecidas en Jalisco hasta este miércoles, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO), son una misma causa, y es ahora más que nunca que las familias deben unirse para no dejarse llevar por las estrategias tan simples, pero riesgosas, emprendidas por el gobierno estatal para desprestigiar sus movimientos. Basta de salidas “fáciles”, las familias que buscan no son el enemigo.

Mientras autoridades dificultan el acceso a la información, el Instituto de Transparencia está en camino de quedar acéfalo, luego de que en el Congreso de Jalisco se declaró desierta la convocatoria para la elección de la nueva titular del organismo, pues sólo una de las 18 aspirantes pasó el examen. Con eso no se cumplirán los tiempos para tener la designación antes del 1 de julio, fecha en que debía estar seleccionada la suplente de Cynthia Cantero.

Tener al Itei incompleto es un asunto que no le apura a las diputadas y los diputados, quienes no consideraron necesario sesionar en el pleno en esta semana para formalizar que el primer proceso no prosperó y emitir otra convocatoria.

Todo indica que el 2o. proceso será exprés y más relajado, pues en el legislativo pretenden que el Consejo Consultivo, que elabora el examen, sea menos estricto en la prueba. Es más, hasta podrían omitir la etapa de entrevistas a las candidatas.

Con menos de un año en funciones, la actual legislatura, histórica por tener mayoría de mujeres, parece coquetear con volver al esquema de "cuates y cuotas".

Para conocer los avances obtenidos a través de la estrategia de saneamiento del río Santiago, Nancy López solicitó información por Transparencia a la Coordinación de Gestión del Territorio, la cual respondió con un link donde supuestamente podía revisar las acciones desarrolladas por el Gobierno de Jalisco.

Al intentar ingresar le aparecía la leyenda: "No existe" o "Página no encontrada".

El año pasado, ante las inconformidades con las respuestas recibidas por Transparencia por parte del gobierno estatal y ayuntamientos, así como organismos y todos los sujetos obligados, en Jalisco se presentaron 4,472 recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (Itei). Lo anterior es casi el doble de los registrados el año previo (2,710).

Joaquín Monroy Cárdenas, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), recuerda que en 2020 se suspendieron los plazos para la entrega de información. "Una vez que se reanuda, nos volvemos a encontrar con que la autoridad es incapaz de procesar el alto volumen de solicitudes de información... o las entrega de manera incompleta".

De las 168,000 solicitudes de información realizadas en 2021, apenas 45% fueron afirmativas; es decir, que se entregó la totalidad de la información requerida. Sin embargo, se ubicó por debajo del 48% del año anterior.

Las dificultades denunciadas para acceder a la información pública se reflejan en la Métrica de Gobierno Abierto 2021, en la que Jalisco mostró un retroceso.

Está en la posición 17 en México, mientras los mejores son Guanajuato, Aguascalientes y Ciudad de México, según el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Algunas dependencias del gobierno estatal evaden entregar información solicitada por los ciudadanos vía transparencia. Responden con afirmativas parciales; es decir, no es una negativa, pero tampoco se resuelven los puntos solicitados.

Roberto señala que un ejemplo de esto es la Secretaría de Hacienda del Estado, la cual ha evitado otorgar información sobre recaudación por conceptos como verificación o el registro de Empresas de Redes de Transporte. "Remiten a un enlace de un portal donde la información no está actualizada".

En la liga de internet que otorgan como respuesta, sólo se puede consultar la recaudación con cierre al año pasado y por conceptos generales como impuestos, derechos, entre otros, sin otorgar el detalle.

Tanto en el tema de verificación como en el del transporte, se ha respondido con una afirmativa parcial.

Roberto solicitó también la inversión destinada a las obras relacionadas con la presa El Purgatorio. La petición iba dirigida a la Coordinación de Gestión del Territorio, la cual respondió que no es de su competencia, sino de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Para argumentar por qué no le corresponde otorgar esta información, se incluyeron 2 links de notas periodísticas.

Sin embargo, en ambas notas, la fuente de información es la Secretaría de Gestión Integral del Agua que depende, precisamente, de esa coordinación.

Por su parte, Elizabeth informa que le solicitó a la Fiscalía estatal el número de sentencias dictadas en la entidad por desaparición y desaparición forzada. Aunque la dependencia otorgaba esta información, desde el año pasado comenzó a derivar las solicitudes al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ).

En el documento, la Fiscalía recomienda ingresar al portal del Tribunal e ingresar al apartado donde se pueden consultar las versiones públicas de las sentencias dictadas por las salas; sin embargo, el software utilizado en este micrositio aún no cuenta con filtros para analizar la información por tipo de delitos, algo que ha sido reconocido por el propio Poder Judicial.

En otra respuesta brindada por transparencia, la liga otorgada para analizar la misma información no dirigía al portal correcto.

4,472 recursos de revisión en materia de acceso a la información fueron interpuestos por los ciudadanos, por estar inconformes con la respuesta brindada por los sujetos obligados, el Itei resolvió 2,631. 839 del total de las resoluciones fueron a favor del ciudadano; es decir, 3 de cada 10. 1,624 casos (62%), los sujetos obligados modificaron la respuesta; y tan solo el 6% (168) se resolvieron a favor del sujeto obligado.

En febrero pasado, Elizabeth solicitó toda la información relacionada al gasto realizado por las autoridades para designar a Sergio Pérez, corredor de la Fórmula 1, como "embajador de Jalisco". De los 25 millones de pesos anunciados para este fin y que serían aportados por el Gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Turismo, el Ayuntamiento de Guadalajara y los Fideicomisos de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta, sólo la 1a. transparentó 13 millones de pesos. La Secretaría de Turismo respondió con una liga para revisar el convenio establecido con el piloto, el cual está firmado sólo por esta dependencia y Sergio Pérez, por la cantidad antes mencionada.

Lo anterior, pese a que se había anunciado que el convenio se estableció también con el municipio y los fideicomisos que aportarían 12 millones en conjunto. Estos canalizaron la solicitud de información a la Secturjal.

"Me mandaron la liga, sí abrió el convenio, pero no vienen todas las inversiones. Falta dinero", señala Elizabeth.

Entre estas dependencias se aventaron la bolita con relación a la competencia para brindar la información, y se incluyeron a los ayuntamientos, los cuales tampoco entregaron información completa.

El OPD respondió que las estadísticas alimentadas por las autoridades competentes son "igual a cero", debido a que únicamente lleva a cabo la vinculación y coordinación de las autoridades competentes.

Para brindar asesorías vía WhatssApp, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei), presentó la plataforma "Whatsparencia".

Salvador Romero Espinosa, presidente del organismo, informó que se puede acceder a la página www.itei.org.mx para utilizar la aplicación, la cual será a través de ChatBot.

Una vez agotadas las respuestas de este último, entrará un elemento del Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales (CESIP), a responder preguntas más concretas, específicas o que requieran de orientación especial, reportó el Itei a través de un comunicado.

Se espera alcanzar una 2a. etapa en la que se asesorará en materia de protección de datos personales y de privacidad. Una tercera etapa será para apoyar a cualquier persona a que realice una solicitud de información.

"Y le hagamos llegar tanto a su número telefónico como correo electrónico, la respuesta que hayan dado las autoridades correspondientes, al planteamiento o solicitud de información", destacó el presidente.

Se recordó que al ser utilizado el WhatsApp por el 95% de las personas que tienen acceso a internet en el país, se vuelve una plataforma con gran impacto en la vida social.

El mecanismo de reservar información que debería ser pública por parte de los gobiernos y dependencias, tanto locales como federales, ha sido utilizado de manera abusiva para evitar dar a conocer a la ciudadanía todo aquello que es de su interés, convirtiéndose en una desventaja para el derecho al acceso a la información pública, según reconoció el consejero del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Francisco Javier Acuña, en el arranque del Encuentro Conmemorativo por los 20 años "Del Derecho a Saber en México", llevado a cabo hoy en Jalisco.

"Es una tendencia que por desgracia no se ha podido evitar, y los gobiernos del 2000 para acá, los que han transcurrido en 20 años, han transcurrido en el mismo error, y por desgracia, hay que decirlo, pese a que en las leyes, que empezaron su vigencia por ejemplo la federal en 2002, y en la ley a partir de 2014 que se reformó, no ha sido posible vencer esa tendencia instintiva a reservar y guardar de más", expresó Javier Acuña.

Por su parte, el consejero del INAI, Adrián Alcalá, recordó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó un decreto para catalogar como "de seguridad nacional" cierta información de su gobierno, sin embargo, gracias al organismo se logró dejarlo sin efecto para cumplir el principio de máxima publicidad, pero aún hay mucho por hacer para que esto se logre en todas las instancias nacionales y locales.

Por su parte, la consejera presidenta, Blanca Lilia Ibarra, informó que Jalisco es el 1er. lugar nacional con mayor carga de información pública, aunque esto no significa que es el estado más transparente, según la información que le solicita la ciudadanía.

Lo anterior fue expresado en el 1o. de 3 encuentros que sostendrá el INAI en el marco del 20 aniversario del acceso a la información pública como un derecho establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cual Jalisco fue precursor al ser la 1a. entidad en aprobar un estatuto local en la materia.

"Tras 2 décadas de avances y ahora de la mano de un sistema nacional cooperativo y de vanguardia, nos corresponde seguir pugnando por la homogeneidad del derecho al saber en todo el país, así como avanzar en la socialización de los derechos fundamentales que tutelamos", expresó la consejera presidenta del Inai.

Por su parte, el consejero presidente del ITEI, Salvador Romero, celebró que los avances en todos estos años se deban principalmente a la ciudadanía, pues son quienes han pugnado por hacer valer su derecho a la información, insistiendo y obligando a los entes garantes a cumplir con la ley.

El modelo de partidos está en crisis. Lo está en Francia, en Estados Unidos, en España, Brasil y Colombia. Los partidos políticos dejaron de ser la vía de expresión de la voluntad popular, pero siguen siendo en gran medida la puerta de acceso al poder. Hoy son los partidos, cada día más desdibujados e inocuos, quienes se pliegan a los candidatos y no al revés.

Si salimos a la calle y preguntamos cuáles son las 3 diferencias entre Morena y el PRI, o entre el PAN y el PRD, cuál es proyecto de país de MC o el Verde nadie nos sabrá responder, y a nadie le importa. Sin embargo, son los partidos, y al menos por un tiempo lo seguirán siendo, la forma de ordenar el acceso al poder. Las candidaturas independientes que explotaron hace 7 años con la irrupción de "El Bronco" en Nuevo León y Pedro Kumamoto en Jalisco, quedaron atrapadas en su propia lógica: "Kuma" y los wikis hicieron un partido y "El Bronco" terminó en el bote (no digo sea inocente, sino que si hubiese tenido un partido muy probablemente habría podido negociar como lo han hecho tantos otros corruptos arropados por sus institutos políticos). El PRI y el PRD están literalmente en vías de extinción. Cada elección pierden más terreno.

Al PAN, cuya identidad se construyó en el antipriismo y el combate al sistema político corrupto, le cuesta trabajo venderse hoy como opción, pues por un lado el PRI es su nuevo gran aliado y por el otro el presidente no deja pasar oportunidad de recordar que ellos fueron parte del poder corrupto y corruptor. Pasmados, los panistas han sido incapaces de enfrentar discurso con algo más que no sea descalificar al presidente.

En el PRD queda la izquierda más progresista que no reconoce en el presidente ni en Morena una agenda libertaria. Al PRI y al PAN les queda una base social con una cosa en común, su antilopezobradorismo. Si bien estos argumentos son suficientes para unirlos no lo son, al menos en este momento, para competir en una elección nacional.

A la oposición le falta candidato, a Morena le sobran, pero en cualquier caso los partidos serán el vehículo, la aduana a Los Pinos pues aún tienen el monopolio del acceso al poder.

Uno de los aspectos políticos predominantes ocurridos el domingo casi no se ha destacado: el notable avance del abstencionismo. El promedio de participación en los 6 estados fue de 46.13%.

Pero hubo estados donde el abstencionismo prácticamente alcanzo a 2 de cada 3 electores, como ocurrió en Oaxaca. La participación en este estado fue de 38.79%.

Habitualmente se ha asociado el abstencionismo con apatía o flojera de ejercer el derecho de elegir a los representantes de los poderes públicos. Con ligereza se asocia al abstencionismo con desinterés, desinformación y apatía. Como una renuncia a ejercer el derecho de votar. Pero en varias columnas he insistido en no renunciar a leer el abstencionismo como una decisión política consciente y que trata de mandar el mensaje de rechazo al sistema político vigente.

Entre la masa de abstencionistas que dejó de acudir a las urnas el pasado domingo hay sujetos políticos que están hartos de la partidocracia tradicional del PAN, PRI y PRD que durante décadas eran adversarios a muerte y proyectos políticos contrapuestos y ahora con un cinismo descarado se alían sólo para tratar de no dejar el poder y vivir del presupuesto. Entre los abstencionistas hay también críticos o desencantados del cambio prometido por Morena y su dirigente y que ahora ven cómo ese partido se encamina a ser el nuevo PRI.

Y entre los abstencionistas hay también quienes piensan que todos los partidos son lo mismo y que con independencia del color, toda la clase sólo busca el poder para beneficio personal, con honrosas excepciones que no inciden en la conformación general del sistema político. En la suma de todas las razones que explican el alto abstencionismo del domingo pasado, se expresa un profundo rechazo a todos los partidos y al sistema político en su conjunto.

Segundos después de afirmar que no se oculta nada en los proyectos de coinversión que impulsa el gobernador de Jalisco, el jefe de gabinete, Hugo Luna, rechazó dar entrevista sobre el tema. Y eso que momentos antes sostuvo que estaban abiertos para aclarar todas las dudas.

Tal vez esa disposición es solamente para preguntas a modo, como las de algunos diputados que estuvieron presentes ayer en la comparecencia de funcionarios estatales en el Congreso del Estado.

La misma línea siguió Juan Partida, secretario de la Hacienda Pública, que casi salió corriendo del Congreso para no responder preguntas de los medios de comunicación. El único que mostró educación fue el director de la Comisión Estatal del Agua, Carlos Aguirre, quien sí atendió a los reporteros y reporteras.

Por cierto, Hugo Luna contó que el director de la Comisión fue maestro del gobernador y lo responsabilizó si el titular del poder ejecutivo no aprendió de ingeniería.

Pasaron otras elecciones más y la conclusión es la misma: el sistema electoral mexicano goza de cabal salud. Los votos cuentan y se cuentan bien. El problema no es el INE, son los partidos y mientras tengamos a esta clase política se necesita un INE fuerte, un sistema electoral hiper regulado y por lo tanto costoso. Cueste lo que cueste hoy la garantía que da el Instituto Nacional Electoral y los organismos estatales al voto libre es el dinero mejor gastado.

Como es de esperarse en un sistema democrático, no hubo un gran ganador ni perdedor. El poder se repartió entre Morena y sus aliados y la Alianza por México, con una clara tendencia de Morena a crecer y una resistencia a darle todo el poder al morenismo más cargada hacia el norte.

4 estados para Morena y 2 para la oposición (resultados extraoficiales) no es una mal resultado para el presidente. Baste recordar que hace 6 años Peña Nieto sufrió en estos 6 estados una gran derrota que anticipó la salida del PRI de los Pinos. El gran ganador de aquella elección fue el PAN y sin embargo no conquistó la grande. Sería, pues, un error extrapolar el resultado a una elección de estados a una presidencial. Si bien Morena es el partido a vencer en el 2024, pues es quien tiene la presidencia y la mayoría de los estados, adelantar cualquier juicio a partir de los resultados de este domingo no solo es temerario sino inútil.

2 elecciones en particular nos dicen que el priismo tradicional tiende a ser absorbido por Morena: Hidalgo y Oaxaca. Estos 2 grandes bastiones del priismo se reconvirtieron en morenistas con la facilidad que el agua en estado líquido se convierte en vapor. No cambiaron sustancialmente, solo se acoplaron a la nueva realidad política del país. Tras el resultado de este domingo el PRI perdió peso específico no solo en el concierto político nacional, sino incluso al interior de la alianza y en ese sentido podemos decir que es el gran derrotado. Solo le quedan Coahuila y Estado de México y ambos podría perderlos el próximo año.

MC no fue derrotado, porque nunca compitió. El partido que tanto ha dado de que hablar en Jalisco y Nuevo León dejó claro que cuando se trata de elecciones nacionales es prácticamente inexistente, que su fuerza no está en la estructura nacional sino en la alianza con movimientos locales. Salvo Quintana Roo, donde rozará el 10% de la votación, en el resto de los estados su votación está entre 3 y 5%, es decir, en la marginalidad.

Lo que no hay duda es que, como sucedió el año pasado y ayer mismo, cuando todos festejan el resultado es porque el sistema funciona y el árbitro, el INE, hizo bien su chamba.

Para ampliar la participación de la Iniciativa Privada (IP) en obras y servicios públicos, la actual administración del Gobierno de Jalisco aumentó las concesiones y tiene firmados 32 contratos multianuales vigentes, una cifra inédita.

De acuerdo con los anexos del paquete presupuestal de este año, uno de esos compromisos es con Worldwide Environmental Products, proveedora del software y de la tecnología del programa de verificación vehicular en el estado, señalado por tapatíos por fallas e irregularidades. El gobierno debe pagarle en total 1,946 millones de pesos (sólo para este año se programaron 346.2 millones, que salen del pago de contribuyentes).

En materia de inversión pública y obras, hay 3 contratos para mantenimiento y conservación de tramos carreteros. Esto implica una erogación de 4,349 millones de pesos para la IP, a pesar del equipo y la plantilla que tiene la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para hacer esos trabajos.

Para el arrendamiento de maquinaria, comprometió 3,634 millones.

Otros servicios adjudicados a particulares son para pavimentar calles en municipios metropolitanos, rehabilitar la imagen urbana e infraestructura pluvial y limpiar el Periférico. Para estos conceptos están comprometidos otros 1,850 millones de pesos.

También existen 3 contratos multianuales con pagos programados en dólares. Y el de mayor monto corresponde al seguro de gastos catastróficos: 11'145,000 dólares en este año. En 2021, esta casa editorial publicó que no se había recibido alguna indemnización, pese a los daños por huracanes.

Actualmente, el Gobierno de Jalisco no tiene vigente ningún esquema de asociación público-privada, pero las primeras en concretarse serán las propuestas para financiar la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero y para ampliar la planta de tratamiento de aguas residuales de El Ahogado, que están en estudio del Congreso del Estado.

Antonio Sánchez, académico de la UdeG, dijo que el arrendamiento de algunos servicios puede tener ventajas, pero subrayó que en el contexto actual hay riesgo de corrupción.

En estos tiempos aciagos en los que la división y el encono son fomentados diariamente desde el gobierno federal, el conflicto entre la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Gobierno del Estado es, para los jaliscienses, no solo perjudicial sino inoportuno. Nos cae al revés de como le cayó la pandemia al presidente: "como anillo al dedo".

Las partes de este conflicto debieran considerar que en la pelea por lo que cada uno piensa o quiere, nos llevan entre las patas a todos, y que Jalisco tiene hoy más que nunca, la responsabilidad y la oportunidad de ser líder y ejemplo nacional de una sociedad unida y capaz.

Lo importante en este caso no es quién tiene la razón, ni saber quién es más fuerte u obstinado. En esa lógica siempre habrá un perdedor.

Nadie de los que vivimos acá queremos ver a los actores políticos confrontados, y abonar al método preferido por la nefasta 4T para mantener popularidad y ganar adeptos: la división.

El Gobierno del Estado y la UdeG son entes permanentes e interdependientes, obligados a convivir y colaborar entre sí. Son un matrimonio sin opción de divorcio, por lo que el camino de los reclamos y las agresiones recíprocas al final se convierte en un callejón sin salida.

En cualquier tipo de relación es normal que haya diferencias, que las prioridades, las visiones de largo plazo, los intereses, o que los miedos y la capacidad para asumir riesgos sean distintos.

Sin embargo, en cualquier escenario, por más difícil y complicado que parezca, si se actúa con buena fe, si se escucha lo que preocupa o inquieta al otro, siempre habrá una manera de lograr razonablemente los objetivos de todos sin que ninguno al final se sienta o se vea como perdedor.

Es entendible que haya prioridades y que los recursos siempre son limitados, pero el término prioridad significa el orden o antelación de las cosas y no su cancelación o postergación indefinida. Entendido así, las negociaciones se vuelven un asunto de tiempos, de fases o de mecanismos financieros que sin asumir grandes riesgos permiten adelantar los proyectos y el disfrute de las cosas.

Algo que en mi experiencia ayuda a evitar rompimientos, continuar negociaciones y buscar juntos soluciones a las diferencias, es proponer un acuerdo preliminar que dice: "acordemos que nos vamos a poner de acuerdo". Si las partes acceden a este pacto inicial que demuestra disposición recíproca para modificar y ablandar posiciones, las probabilidades de llegar a arreglos benéficos para todos aumentan exponencialmente.

No soy nadie para dar clases de política a los políticos, pero parece que debiera recordárseles que la política es el arte de lo posible, y que donde unos ven un problema otros vemos una oportunidad. Dicho lo anterior, al gobernador de Jalisco y al rector de la UdeG, les propongo que "acuerden que llegarán a un acuerdo", y que cambien el discurso de reclamos mutuos por una búsqueda conjunta del "cómo sí", seguro de que ellos mismos, o sumando consejos externos de cabezas frías, encontrarán soluciones creativas que logren los propósitos de todos.

Si las partes del conflicto amplían el marco de referencia, si se dan cuenta que, mientras los políticos van y vienen los ciudadanos aquí estamos siempre, sufriendo o disfrutando las consecuencias de sus decisiones; si reconocen que al igual que se necesitan hospitales para los enfermos, se necesitan teatros y museos para los sanos y que a los ciudadanos no nos importa de qué partida presupuestal salgan ambos, todos seremos ganadores y los protagonistas serán vistos como políticos con altura de miras y con la sabiduría y capacidad necesarias para resolver problemas en beneficio de la sociedad.

Las sesiones solemnes del Congreso de Jalisco fuera del área metropolitana de Guadalajara han generado algunas molestias entre legisladores y legisladoras que se quejan de las largas jornadas, las distancias y la inseguridad. Para este viernes está programada una sesión en Villa Hidalgo, pero algunos han expresado su preocupación por los hechos de violencia sucedidos en esa zona del estado.

El asunto es motivo de valoración en la Junta de Coordinación Política, que analiza suspender la visita. La decisión que tome el legislativo mandará un mensaje contundente. Mientras tanto, qué pueden esperar los ciudadanos de a pie, si ni los legisladores se sienten seguros en algunas regiones de Jalisco.

No salen de una cuando ya se metieron a otra. ¿Quién asesora al gobernador de Jalisco ahora que el equipo de Carlos Delgado "El Weren" se fue con el gobernador de Nuevo León, Samuel García?

Y no es que diga que el señor hacía un gran trabajo, si desde entonces el baile de las cifras a modo ya les salía de lujo. Me lo pregunto porque no sé si el nuevo equipo se dará cuenta de que, más que estar conteniendo las crisis, las está acumulando, y la mayoría del tiempo por el problema más grave que enfrenta Jalisco en la actualidad: las desapariciones.

El 1er. y más grande error, del que parte el fracaso de la comunicación en esta materia, ha sido el no querer aceptarlo, porque como lo dijo esta semana la maestra Denisse Ayala Hernández, integrante del Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas de la UdeG: Cuando se tiene la voluntad de resolver un problema, lo que tiene que hacerse es reconocerlo.

De ahí un error tras otro. El mostrarse insensible con las familias, asegurar que trabajan de la mano cuando les monta 2 o 3 mesas "de diálogo" y luego las olvida, manejar los datos a modo, no tener cifras concisas, revictimizarles, y se suman los más recientes.

Uno de ellos fue el presentar una estrategia sin los colectivos que buscan, en un evento donde solo se aplauden los funcionarios no debe ser bien visto en ninguna parte del estado ni del país, cuando somos el estado con más desapariciones y más fosas clandestinas, y cuando ha sido por las familias que se han tenido muy grandes avances.

Otro más vino cuando esta semana el Gobierno de Jalisco criminalizó a Ana Michelle y su novio, quienes dijo el fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez, podrían estar involucrados en actividades ilícitas. Primero buscar y luego localizar, criminalizar ante la opinión pública no es necesario.

Pero el más reciente y muy lamentable error de las autoridades fue el haber solicitado que se desapareciera una vez más a los desaparecidos, intentando quitar las fichas de búsqueda que el colectivo "Luz de Esperanza" había colocado meses atrás en varios bolardos y mobiliario urbano del centro de Guadalajara para visibilizar el problema, pero también para que no se olvide a sus seres queridos a quienes buscan y para generar conciencia en la ciudadanía de la situación que se vive en Jalisco.

La escena en conjunto llamaba la atención sin duda de propios y extraños quienes al paso fotografiaban el cuadro completo, pero también las fichas en lo individual, cosa que no le gustó a las autoridades pues no le favorece a la estrategia "Visit Jalisco" por la cual ha pagado millones de pesos.

Al no poder quitar las fichas entonces quienes llevaron a cabo la acción procedieron a pasarles algunos brochazos de pintura negra para ocultar los rostros y nombres de las víctimas. Listo ¿De cuáles desaparecidos hablaban?

¿Acaso la estrategia anunciada la semana pasada hizo sentir tan orgullosos a las y los funcionarios, que creyeron que con ello tenían derecho a desaparecerles de nuevo?

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) se pronunció al respecto y reprobó el hecho, pues además de que la acción representó una violación a la libre manifestación y a la libertad de expresión, el organismo señaló que el gobierno debe garantizar el derecho a la memoria, y recordó que en noviembre de 2021, tras su visita a Jalisco, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU condenó la vandalización del mural colectivo de Por Amor a Ellxs, que por cierto, tampoco ha sido restablecido.

Mientras las autoridades siguen cayendo en este tipo de desaciertos, las familias ya adelantaron que el domingo próximo volverán al centro de la ciudad y colocarán el doble de fichas. Y así seguirán para impedir que se les oprima desde su lucha.

Es aquí cuando, especialmente el Gobierno de Jalisco y aquellas figuras con miras a contender por algún otro cargo en 2024 deben de replantearse su estrategia de comunicación, porque el estar perdiendo popularidad en las encuestas no ha sido de a gratis. Es simplemente no entienden que jugar con un tema tan delicado como la desaparición, que cada vez afecta a más familias en Jalisco, no les dejará nada bueno para su imagen, aunque el equipo de comunicación pueda pensar lo contrario.

Con 175 recomendaciones sin atender, la Comisión Estatal de Derechos Humanos le pidió al Congreso de Jalisco que llame a comparecer a los funcionarios estatales y municipales que hacen oídos sordos a sus investigaciones, a pesar de las violaciones graves contra la población.

La lista de omisos es amplia. Y sobresalen dependencias como la Fiscalía, las secretarías de Salud y de Educación del Gobierno de Jalisco.

Llama la atención que, en respuesta, los diputados y diputadas sólo atinaron a proponer que se gire un exhorto para pedirles a los incumplidos que atiendan las recomendaciones.

Parece que en el legislativo no le quieren entrar al tema y hacer valer la facultad que tienen para citar a los omisos. Y que expliquen las políticas públicas implementadas para que no se repitan las fallas o los abusos.

Desde el Congreso de Jalisco está todo planchado para autorizarle más deuda al gobernador, incluso con el aval de Morena.

Lo bueno es que en esta administración estatal no se contrataría un peso de deuda pública (como se prometió en campaña), pero el gobernador ya suma más de 15,000 millones de pesos en diversos créditos bancarios (a largo y corto plazos). Y en todo caso se sumarían esos 2,000 millones para la Línea 4.

Por razones que solo ellos conocen, el presidente López Obrador tiene rivalidades establecidas en contra del gobernador Enrique Alfaro y de Raúl Padilla, factótum de la UDG. Es tal su animadversión que, sin respetar su investidura, les ha dedicado públicamente expresiones denostativas. El problema es que 2 fuerzas políticas muy importantes en nuestro estado están enfrentadas y tal parecería que la mano que estimula esa confrontación es la del presidente. Grave, muy grave para el desarrollo de Jalisco que esto suceda.

Quienes aquí vivimos, sabemos que las relaciones entre el Gobierno del Estado y la Universidad han sido históricamente difíciles, entre otras razones, porque ésta juega un papel múltiple en nuestra sociedad: es una institución educativa, pero también es actor con presencia muy importante en el poder judicial, la Cámara de Diputados y los distintos escenarios en la vida de nuestra entidad. Desde el viejo pleito de los gobernadores Guadalupe Zuno Hernández (1923-1926), fundador de la UDG, y Margarito Ramírez Miranda (1927-1929), hasta nuestros días, prácticamente todos los gobernantes, fuera de algunas excepciones, han tenido momentos de tensión con los dirigentes, formales e informales, de la universidad. Los argumentos para sacar a los estudiantes a la calle han sido varios: protestar el alza del precio del transporte público, solicitar el incremento de recursos para la universidad o para los Hospitales Civiles, entre otros. Siempre se ha llegado a acuerdos, pero nunca había estado el presidente de la república, salvo en la época de Echeverría -por cierto, yerno de Don Guadalupe Zuno-, tan interesado en aprovechar el conflicto entre el gobierno local y la dirigencia de la Universidad: a río revuelto, ganancia de pescadores.

Nos cuentan que la semana pasada se registró una operación desde Casa Jalisco para intentar boicotear al Ayuntamiento de Zapopan. ¿Adivinan por qué?

A su mero estilo vengativo, fue la 1a. reacción del gobernador porque el alcalde Juan José Frangie fue el único del área metropolitana de Guadalajara que lo ignoró para firmar un desplegado contra la UdeG. Y pues el presidente nomás aplicó la autonomía municipal, como la ley manda.

No es la 1a. vez que se revela una intromisión de ese tipo desde el gobierno estatal en los ayuntamientos.

Recuerden que en marzo pasado trascendió que el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Eduardo Martínez Lomelí, muy cercano al gobernador, recibió la instrucción de faltar a una sesión plenaria para evitar que se analizara la renegociación de la deuda tapatía, en otro momento de franca tensión entre el alcalde Pablo Lemus y el habitante de Casa Jalisco.

¿Pasará lo mismo en Zapopan como venganza del gobernador? Nada de eso.

Así responden en los pasillos de la presidencia municipal, en donde afirman que el único patrón son los zapopanos, no el gobernador.

Las conversaciones estaban estancadas por las condiciones que ponía el gobernador para devolver los recursos a la UdeG y anunciar el fin del conflicto.

Entre las condiciones que ponía el gobierno estatal estaban suspender las protestas ante Casa Jalisco, aprobar un nuevo paquete de deuda para financiar las obras de la Línea 4 del Tren Ligero de al menos 2,000 millones de pesos más, detener o bajar las críticas a las acciones de gobierno que se hacen desde las comisiones y observatorios de análisis de la UdeG y hacer cambios en el sistema de medios de la UdeG.

Al seno del grupo político de la UdeG que discute y decide estas cuestiones, varios consideraron inadmisibles las exigencias. Especialmente el tema de aprobarle un nuevo paquete de deuda al gobernador. La fuente consultada reveló que al plantearse este tema, Mara Robles, diputada de Hagamos, amenazó incluso con renunciar a la legislatura si se le imponía aprobar la deuda. Pero la recompensa ofrecida por el gobierno de Alfaro era tentadora: no se ofreció devolver solo los 140 millones de pesos (MDP) del Museo de Ciencias Ambientales sino dar mil millones de pesos más a la UdeG, de los cuales la mitad sería al presupuesto irreductible.

Pero el diálogo no salió bien la mañana del martes 17 de mayo en Casa Jalisco, pues cuando el rector Villanueva le explicaba que no aceptarían aprobar la deuda, entre otras cosas porque los universitarios consideraban que el gobernador estaba siendo engañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el financiamiento de la Línea 4 a Tlajomulco, Enrique Alfaro explotó y le dijo que él solo confiaba en él, le mentó la madre y de paso le pidió llevarle una mentada a Raúl Padilla López. El rector no alcanzó a escuchar todos los insultos que salían de la oficina del gobernador, pues ya sabía que si su contraparte explotaba, él se tenía que levantar y salir. Tras el fracaso de esa reunión, que implicaba el fin de las negociaciones, Ricardo Villanueva encabezó el acto de toma de protesta de los directores de bachillerato en el Paraninfo y tras ese evento, salió a las escalinatas del edificio administrativo de la UdeG y convocó a la megamarcha del pasado jueves. Lo demás ya lo sabemos. El grupo UdeG rechazó las condiciones que proponía Enrique Alfaro para llegar a un acuerdo. Por eso los discursos en la manifestación del jueves de que este conflicto ya no es sólo por los 140 MDP del museo.

La ruptura de las negociaciones apunta a una intensificación del conflicto entre el grupo de la UdeG y el grupo de poder que encabeza Alfaro, al menos en lo que resta de la actual administración. Por lo pronto, después de la megamarcha del jueves, ayer viernes la UdeG reanudó las caminatas hacia Casa Jalisco. Estudiantes y profesores del CUCBA exigieron respeto a la autonomía y al presupuesto universitarios. El conflicto va para largo.

Y para cerrar la semana, ahora 8 de 9 alcaldes del área metropolitana de Guadalajara firmaron un desplegado en donde le piden a la UdeG que deje de "afectar" a los 3 poderes de Jalisco.

Los presidentes piden que la casa de estudios se deje de ataques infundados. De lo contrario, suspenderán los apoyos para proyectos con actividades no sustantivas. ¿A qué se refieren?

El alcalde Pablo Lemus, uno de los firmantes, aclaró que la FIL no se toca ni los predios que donan para planteles. Destacó que esos proyectos se refieren a las actividades que no tienen relación con la educación o la cultura.

Sin embargo, los únicos que apoyan con dinero a la UdeG son Guadalajara y Zapopan. ¿Entonces por qué firmaron Tonalá, El Salto o Juanacatlán, por ejemplo?

Por eso fue contundente la reacción del rector Ricardo Villanueva, quien aseguró que el gobernador amenaza a los alcaldes de una manera simple: estás conmigo o en mi contra. Y detrás de todo está la chequera estatal para obras en los municipios. ¿Será?

Por cierto, el alcalde Juan José Frangie [de Zapopan] fue el único que no firmó el acuerdo.

Despojados de filias melenudas y fobias cítricas, a juzgar por las imágenes de la marcha de ayer, me inclino por una cifra intermedia, es decir, alrededor de 80,000 universitarios. Pero esto es lo de menos. Unos le ponen y otros le quitan. Así ha sido siempre.

Lo que importa no es tanto el tamaño de la marcha udegeísta que, en palabras del poeta, no es mucho, ni es poco, es bastante, sino la capacidad de movilización masiva que dudo tenga algún otro grupo político en este momento. ¿Podría Alfaro reunir a 100,000 mañana?

En otras palabras, ante una oposición desplumada y el sometimiento de los poderes del estado y los alcaldes, la UdeG demostró su lugar como la verdadera oposición en Jalisco.

Viene una carrera de resistencia durante 3 años en donde la UdeG se convertirá en un contrapeso y una voz crítica del gobierno de Jalisco. El reto para la máxima casa de estudios es validar y granjearse el respaldo social que complemente la cohesión universitaria.

En respuesta, el gobernador buscará presionar y subordinar a sus aliados por medio del control y autoritarismo presupuestal, un privilegio que sólo da el poder.

En medio, lamento decirles, quedaremos los jaliscienses, que no veremos el final de esta saga hasta 2024 cuando las elecciones pongan a cada quien en su lugar. Y después se repita (o no) la misma historia de los últimos 30 años.

Para no escuchar las exigencias en Palacio de Gobierno durante la megamarcha universitaria de este día, el gobernador de Jalisco de plano armó una gira muy lejos. Ayer se confirmó que realizará una visita a la Sierra Occidental y Costa Norte. Y el regreso se prevé para mañana por la tarde.

Aunque se le preguntó por la movilización de directivos, estudiantes y trabajadores de la UdeG, apenas respondió: "¿Cuál marcha? Ni me acordaba". Y sólo añadió que las exigencias de más presupuesto no lo van a doblar.

Por lo pronto, hoy marchan miles por la autonomía de la UdeG y contra los recortes presupuestales del Gobierno de Jalisco.

Ayer sesionó el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco y algunos magistrados le pusieron "un baile" al presidente Daniel Espinosa Licón. El motivo: por firmar a nombre del poder judicial un desplegado contra la administración de la Universidad de Guadalajara.

Se trata de la publicación pagada que se difundió en varios periódicos, en donde el gobernador, Daniel Espinosa y "Chema" Martínez arremetieron contra la casa de estudios, en "representación" de los 3 poderes de Jalisco: Ejecutivo, Judicial y Legislativo, respectivamente.

¿Por qué firmó a nombre de todos, pero todos los magistrados y jueces? Respondió que fue por los ataques, las críticas y los cuestionamientos que recibe el poder judicial "de gente que forma parte de grupos políticos". Es más, sostuvo que se han alterado estadísticas para cuestionar su desempeño. "Somos cuestionados y criticados de corrupción, de injusticia".

Negó que el gobernador le pidiera sumarse al desplegado y añadió que fue una decisión "endógena" por la que se subió al desplegado.

Y en el Congreso de Jalisco siguieron con el mismo tema. Los reclamos continuaron contra el presidente de la mesa directiva, "Chema" Martínez, por firmar ese desplegado.

Diputados de Hagamos, PRI, Futuro y algunos de Morena estaban muy molestos por considerar que fue un exceso y un usurpamiento, pues dicen que no fueron consultados.

Cuentan que en la sesión del pleno de hoy habrá casi un motín. Y los reclamos y extrañamientos se pondrán al rojo vivo.

Los 2 grupos políticos más influyentes de Jalisco están escalando hasta un punto de máxima confrontación.

El grupo político de la UdeG, que controla el ex rector Raúl Padilla López desde 1989, ha decidido apostar por una movilización masiva mañana jueves 26 de mayo en la que pretenden sea la marcha más grande en la historia del estado.

De parte del grupo político que controla Enrique Alfaro Ramírez ha habido respuestas ante las protestas universitarias. Abiertamente el gobernador Enrique Alfaro ha aumentado el nivel de cuestionamiento al rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí y al jefe del grupo, Raúl Padilla López. Entre otras respuestas, el grupo alfarista ha tratado de afectar a servidores públicos cercanos al grupo UdeG, como a jueces a quienes removieron de sus plazas para reasignarlos en localidades alejadas de la zona metropolitana de Guadalajara. Alfaro y su grupo cercano han presionado a distintos actores políticos para que se definan públicamente en apoyo al Gobierno del Estado, como fue el caso del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro quien pretendía deslindarse del conflicto por la buena relación que lleva con el ex rector Raúl Padilla. Otros actores políticos y empresariales también han sido presionados para definirse a favor del alfarismo y contra el padillismo.

Además, como regularmente lo hacen en las campañas electorales, echan mano de maniobras y artimañas como distribuir volantes apócrifos, como ocurrió el sábado 21 de mayo durante los exámenes de ingreso a la UdeG en donde se sugería que se garantizaba el ingreso a la universidad asistiendo a la marcha de mañana. Otra maniobra fue llevar grupos de personas enmascaradas a los domicilios particulares del rector general y del ex rector Padilla López. En redes sociales también se difunden videos denigrando a los políticos universitarios. Es el estilo de las maniobras que utiliza el alfarismo en sus contiendas políticas.

Públicamente se nos ha dicho que el conflicto inició por la reasignación de los 140 MDP destinados al Museo de Ciencias Ambientales. En privado seguramente hay otras razones que explican este conflicto entre los 2 grupos políticos más poderosos del estado.

El mensaje oficial de la UdeG es que se está movilizando en defensa del presupuesto, pero también en defensa de la autonomía universitaria. Por su parte, el discurso de Alfaro, de su equipo y del partido que controlan, Movimiento Ciudadano es que se respeta la UdeG pero se está en contra del grupo que hace negocios manejando la universidad.

En medio de este conflicto vale la pena recordar que antes estos grupos han sido aliados políticos y electorales. No está de más recordar que Enrique Alfaro llegó al Gobierno de Tlajomulco de la mano del padillismo y que en la campaña por la gubernatura del estado, Alfaro recibió gustoso el apoyo del grupo político de la UdeG. Las razones reales del conflicto, por lo tanto, no son claramente las que se exponen en los discursos de ambos grupos.

Ayer el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, difundió un mensaje donde afirma que el origen de la ruptura ocurrió por la molestia de Enrique Alfaro por críticas de universitarios a los temas de inseguridad, crisis por desapariciones e incluso por salir a marchar en protesta por la desaparición de los hermanos González Moreno en mayo de 2021. El rector afirma que el origen del conflicto es por la intolerancia del gobernador a la crítica y a la disidencia.

Entre los universitarios hay una inconformidad real, más allá de las autoridades o del padillismo, al manejo del alfarismo al poder ejecutivo y sus agresiones a la universidad que afectan la autonomía universitaria. Esta inconformidad podría convertirse en un aglutinador de las distintas inconformidades que existen en contra del gobierno de Alfaro por los problemas no resueltos o por los problemas que ha creado en su administración, como el endeudamiento, los programas recaudatorios, la inseguridad y la crisis por desapariciones y forense que existe en Jalisco.

El conflicto no termina mañana con la marcha, entrará a otra fase de mayor intensidad del desencuentro.

Primero el gobernador dijo que cercenaba el presupuesto universitario para hacer un hospital en lugar del Museo de Ciencias Ambientales. Como esa versión no se sostiene, porque el gobierno de Jalisco tiene un subejercicio de 6,000 millones de pesos al cierre de 2021, más los 11,000 millones de pesos en deuda, la cambió́ diciendo que le quita dinero a la universidad para detener los "malos manejos" de la por él calificada "camarilla" (antes su aliada) que la dirige.

Secuestrar 140 millones que impiden terminar un museo (que antes apoyó) después de ser aprobados por el congreso y violar con ello la división de poderes y la autonomía universitaria con estridencia, no es la forma más efectiva para sanear una entidad pública. Si el método para acabar con la corrupción fuera retirarle los recursos a las instituciones de las que se sospechan malos manejos, poco le quedaría al Gobierno del Estado de los más de 139,000 millones de pesos que usufructúa a discreción.

También se ha dicho que hay que construir sólo aulas y no museos. Clausurar todos los proyectos culturales de la universidad no alcanzaría para incrementar sustancialmente su matrícula, ni aunque al hacerlo renunciara a cumplir una de sus funciones sustantivas, la extensión de la cultura, dejando de ser universidad para convertirse en una escuela de profesionistas.

La verdadera razón de la embestida es que el gobernador condiciona la entrega de los recursos del museo a que la universidad deje de cuestionar su incapacidad para brindar seguridad, detener las desapariciones, ofrecer alternativas al problema del agua o cancelar proyectos ilegales como Iconia. No tolera que se llame su atención por la opacidad en el manejo de la deuda ni que se cuestione la subordinación y sometimiento en que tiene al congreso o su trato autoritario con la prensa, por mencionar sólo algunos de los puntos que más le irritan.

La postura del ejecutivo es clara: si se acaban las críticas, devuelve los 140 millones y termina el conflicto. Aceptar ese trato sería traicionar el espíritu de la universidad pública, no sólo en Jalisco sino en todo el país.

Si el Gobierno del Estado realmente quiere que el ejercicio del presupuesto sea transparente y correcto, debería comenzar por transparentar y rendir cuentas de la deuda de 11,000 millones que contrajo, cumplir la evaluación de impacto a la que está obligado por ley y condenar que los diputados de su bancada voten en contra de que el comité́ ciudadano encabezado por Augusto Chacón comparezca ante el congreso para cumplir con la obligación que el mismo gobierno se autoimpuso: "evaluar su impacto social y económico" y "poner el ejercicio de la deuda y sus efectos en una vitrina de cristal con los más altos estándares de transparencia".

Ayudaría también dejar de simular que existe un proceso técnico solvente en la selección de la empresa que construirá́ la línea 4 del tren ligero cuando de antemano la tienen pactada.

La solución al conflicto es sencilla si hay congruencia: Que no condicione el presupuesto universitario a que se deje de criticar al gobierno. Que no viole la autonomía. Que no se comporte como el viejo régimen al que prometió́ combatir.

Ricardo Villanueva confirmó que la marcha de la UdeG no se cancela este jueves, a pesar de las sugerencias del alcalde Pablo Lemus, quien pidió aplazarla ante la celebración del 1er. partido de la final del Atlas contra Pachuca.

El rector reiteró los errores del gobernador de Jalisco y la "guerra sucia" contra la Universidad de Guadalajara, pero en esta ocasión sumó una crítica por la falta de la división de poderes en Jalisco. En otras palabras, la sumisión del Congreso de Jalisco y del poder judicial hacia el Gobierno del Estado, luego que los presidentes de los 2 poderes, José María Martínez y Daniel Espinosa, respectivamente, firmaran junto con el gobernador un desplegado en contra de la UdeG.

Ese comunicado también desató críticas porque no consultaron a todos los integrantes de los plenos del legislativo y judicial -ya sea el Supremo Tribunal de Justicia o la Judicatura en este último caso-.

Al respecto, la diputada Susana de la Rosa (de Futuro) lamentó que el Congreso de Jalisco firmara un comunicado que no fue aprobado por la Junta de Coordinación Política (donde están los coordinadores de todos los partidos), ni por el pleno.

Por su parte, la legisladora Mara Robles contestó que las voces críticas contra las acciones del gobierno estatal y la defensa por la autonomía de la universidad se mantendrán. ¿Qué pasará si en la manifestación de mañana no hay reacción del gobierno?, se le preguntó a la diputada. La respuesta: "Eso quiere decir que después seremos más de 100,000 (participantes)" en las nuevas manifestaciones.

El pleito entre la UdeG y el Gobierno de Jalisco está subiendo de tono.

El poder judicial se metió en la pelea entre la universidad y el gobernador. Al menos así lo hace parecer el magistrado presidente Daniel Espinosa.

Muchos magistrados también están inconformes porque los "embarraron" en el conflicto y porque ni siquiera les avisaron. ¿Comienza otra división?

Las manifestaciones de la Universidad de Guadalajara deberían ser consideradas como una de nuestras bonitas tradiciones, como la llevada de la Virgen de Zapopan, la Santa Convocatoria de la Luz del Mundo o el desfile de las Fiestas de Octubre. No importa quién sea el gobernador ni de qué partido, lo único seguro es que cada sexenio, hacia la 2a. mitad del periodo, habrá una marcha universitaria y el presupuesto será la consigna fundamental, aunque no el objetivo final.

De la transición democrática para acá, todos los gobernadores han intentado, a su manera, disminuir el poder del grupo político universitario. Alberto Cárdenas buscó sacarlos de los Hospitales Civiles; Francisco Ramírez Acuña confrontó directamente a Raúl Padilla, incluso lo corrió de su oficina; Emilio González Márquez alentó la oposición y el intento de golpe político del entonces rector Carlos Briseño; Aristóteles Sandoval trató de llevar la fiesta en paz, pero se acabó confrontando por temas específicos, como la construcción de la presa El Zapotillo; Alfaro hizo una alianza política que duró muy poco y terminó, fiel a su estilo, en un conmigo o contra mí.

Más allá de si consideramos justo o injusto el trato presupuestal a la universidad, si la casa de estudios debe o no ser más transparente en el ejercicio de los recursos públicos, o si el liderazgo de Raúl Padilla se ha convertido en un poder fáctico que incomoda y limita a los gobernantes, la marcha es un ritual político tanto o más importante hacia dentro que hacia afuera. Esto es, más allá de que las manifestaciones sirvan para mostrar músculo (que, por cierto, es poco eficiente cuando se trata de traducirlo en votos) tienen mayor importancia interna, pues consolida la idea de grupo, apuntala los liderazgos y construyen un enemigo y una causa común. El mensaje hacia dentro es que no hay discrepancia, que solo hay un rugido entre los leones.

Para que el mito subsista hay que poner en marcha los rituales del poder. El jueves vamos a ver a la comunidad universitaria en la calle otra vez, recordando que además de universidad son un grupo político, con liderazgos específicos y poder real. No van a sacar un peso más de presupuesto después de la marcha, no le van a ablandar el corazón al gobernador ni a los diputados, simplemente les van a recordar que ahí están, que su capacidad de organización y convocatoria sigue vigente. Pero, sobre todo, le harán ver al próximo gobernador, sea quien sea, cercano o lejano a los líderes universitarios, que más allá de afinidades o diferencias ideológicas, amistades o enemistades, la universidad es un grupo político y que buena parte del poder, y del presupuesto en Jalisco, lo ejercen ellos.

¿A dónde conduce la manifestación que organiza la Universidad de Guadalajara para este jueves 26 de mayo? Para la que se presume que será la "marcha más grande en la historia de Jalisco", están un poco perdidos los objetivos. Si en la cúpula universitaria sus reclamos y los motivos de la movilización son claros, no lo son, sin embargo, para la población jalisciense. Se trata, evidentemente, de un conflicto político entre 2 grupos de poder perfectamente delimitados, pero el contenido social que siempre acompaña a los actos de la universidad, se halla un tanto desdibujado.

¿Qué será más importante comprobar el día de la multitudinaria protesta: la cantidad de participantes o si son justificadas las demandas universitarias?

Desde este espacio, consulté con algunos miembros del Consejo de Rectores. Si es posible sintetizar su propósito, podría decirse que desde su perspectiva, el grupo político en el gobierno estatal y que tiene por líder al mandatario Enrique Alfaro Ramírez, ha tomado también el control del congreso estatal y del poder judicial, y ahora se proponen controlar a la universidad.

Es una lectura simple. Quizá hasta superficial, pero en términos de golpe de autoridad, realmente es lo que está en juego.

¿Cuál es la razón que mueve a los universitarios, al menos tal y como lo han expresado? Aseguran que el actual Gobierno de Jalisco es el 1o. que les reduce, porcentualmente, el presupuesto para la institución, es la administración que menor cantidad de recursos les ha asignado en la última década.

Dicho lo anterior, palidecen los famosos 140 millones de pesos que le fueron retirados al Museo de Ciencias Ambientales para destinarlos a la edificación del Hospital Civil de Oriente, en Tonalá.

El choque no es nuevo. Desde hace más de 3 décadas han intentado vencer al Grupo Universidad 3 gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), consecutivamente. Después, con la alternancia que le regresó al Revolucionario Institucional (PRI) la gubernatura en la persona de Jorge Aristóteles Sandoval, las rispideces se redujeron tanto que hasta un numeroso grupo de figuras públicas universitarias consolidó un pacto político con Movimiento Ciudadano, que incluso los llevó a ocupar curules en la Cámara de Diputados y el Congreso del Estado, además de varios puestos destacados en gobiernos municipales.

¿Lo que no lograron desde 1995 los gobiernos sucesivos de Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, lo conseguirá esta administración? La historia y las circunstancias actuales adelantan un tajante no.

Pero se están cruzando líneas que alertan: manifestaciones frente a la casa de Raúl Padilla y a la entrada del fraccionamiento donde vive el rector Ricardo Villanueva, como sucedió el lunes, pueden alimentar una corriente de violencia.

Si la universidad quiere tener éxito en su misión, la movilización del día 26 deberá ser tal como lo anunció, tan multitudinaria como no se haya visto nunca, pero también es indispensable que sea pacífica. Que no haya violencia.

Después de eso, el presionado será el gobierno estatal, pero muy difícilmente se añadirán recursos económicos al presupuesto universitario. Para que eso suceda, tendría que participar un 3er. actor que necesariamente sería nacional; y no se ve por ahora al Presidente de la República interviniendo en favor del Grupo Universidad.

Lo peor que puede pasar es que las cosas salgan de cauce. Que haya violencia. Perderían todos: gobierno estatal, universidad y el estado.

El punto de inflexión vino con el recorte presupuestal que hoy se ha convertido en un asunto que plantea dos visiones opuestas: para el gobernador se trata sólo de dinero. En cambio, para la UdeG es una violación "no cuantificable" a la autonomía universitaria que sienta un precedente para que cualquier gobernante premie o castigue a la universidad con el control presupuestal.

El otro factor que favoreció esta disputa se llama Andrés Manuel López Obrador. Los primeros 3 años de gobierno, la relación tirante pero cercana entre Enrique Alfaro y Raúl Padilla se basó en ese enemigo en común que los mantuvo unidos.

Sin embargo, el gobernador mostró mayor cercanía con AMLO justo desde agosto del 2021 cuando operó con sus diputados el recorte presupuestal a la universidad.

Paradójicamente, la cercanía de Alfaro con el presidente tiene más visos de control y sometimiento presupuestal para las obras prioritarias del estado que de convicción real.

Los volantes apócrifos contra la UdeG, la manifestación afuera del fraccionamiento en donde vive el rector y el cierre de filas de los emecistas son elementos propios de una "guerra sucia" y una lucha por el control político del estado.

En resumen, las razones para la embestida del gobierno estatal contra la universidad parecen más una represalia o una factura por la creación de su partido y una distancia crítica de los temas centrales del estado.

De un tiempo para acá, Enrique Alfaro insiste en remarcar una línea oficialista sobre el problema de los desaparecidos: cuenten también a los localizados.

Nada raro. Este año el Gobierno de Jalisco inició una fuerte campaña de comunicación (en redes, claro) sobre el trabajo de la Fiscalía de Desaparecidos y la Comisión Estatal de Búsqueda.

Cada vez que un medio o colectivo denuncia el problema, el gobierno antepone la cifra de localizados para enfatizar que trabaja. El propio López Obrador usa ese argumento: ahora sí se busca, antes no.

A finales de febrero, el gobierno estatal difundió este comunicado: "Localizan en Jalisco a 10,896 personas en la actual administración; 9.3 por día". Desde entonces, distribuyen infografías semanales y mensuales con el corte de localizados. En abril, por ejemplo, presumieron 251 localizados.

Y aquí viene el "pero".

Hoy el registro estatal (Sisovid), en los términos que se maneja porque discrepa del nacional, reporta 11,300 desaparecidos. Podría pensarse que por contraste más de 10,000 localizados es una cifra aceptable producto del esfuerzo institucional de "buscar a nuestros desaparecidos". Nada más engañoso.

La mala calidad de los datos sobre desapariciones se replica también en la mala calidad sobre los localizados.

La ley estatal sobre desaparecidos distingue 3 tipos de personas localizadas:
I. Persona localizada que no fue víctima de ningún delito.
II. Persona localizada víctima de un delito materia de la Ley General.
III. Persona localizada víctima de un delito diverso.

El problema radica en que, al igual que en las cifras sobre incidencia delictiva, la estadística resulta incompleta o manipulada.

Ignoramos cuántos de los más de 10,000 localizados fueron víctimas de un delito y cuántos no. Pero además el gobierno tampoco informa en sus cortes semanales cuántos fueron localizados con y sin vida. La Fiscalía de Desaparecidos cuenta con una Dirección de Análisis y Contexto que según la ley debe sistematizar la información y características de los perfiles de las víctimas y victimarios.

Sobre este mismo tema, Enrique Alfaro ha insistido en que la mayoría de los desaparecidos se ausentan por voluntad propia y así regresan. Luego entonces, ¿por qué considerarlos en la estadística de localizados? Los casos prioritarios son aquellos en donde hay víctimas de un delito como desaparición forzada o cometida por particulares.

En pocas palabras, la forma de reportar "masivamente" a los localizados genera confusión, pues parecería que todos son producto del trabajo de las fiscalías cuando hay indicios de que no es así.

No nos ponemos de acuerdo sobre cuántas personas desaparecidas hay en el país, pero tampoco sabemos qué tan efectivas son nuestras instituciones en la prevención, búsqueda y localización de desaparecidos porque ni siquiera distinguimos entre víctimas de un delito ayudadas por la autoridad y ausentes por voluntad propia.

En las agendas claves para Jalisco, Enrique Alfaro ha perdido el rumbo o corre el riesgo de perderlo. En cambio, los avances que presume su gestión responden a inercias, al mérito de la clase empresarial o simplemente al marketing político. Veamos.

Desaparecidos. Pese a las piruetas verbales del presidente y del mandatario estatal, Jalisco registra el mayor número de desaparecidos en el país con cerca de 15,000. En este sexenio casi se duplicaron los casos.

Inseguridad. Los brochazos para "maquillar" las cifras de inseguridad con segmentaciones temporales y geográficas a modo, nos habla de un combate estadístico más que realista de la inseguridad. Por ejemplo, en las cifras de homicidios dolosos, el gobierno estatal no contabiliza a los cuerpos hallados en fosas (140 este año). Y esos muertos, ¿quién los cuenta?

Abasto de agua. El gobernador depende de que el presidente cumpla su promesa de entregar 5,900 millones de pesos en infraestructura para traer agua a Guadalajara en el mediano plazo. Hasta ahora sólo tiene una carta compromiso firmada por el ejecutivo federal. Falta el dinero.

Verificación vehicular. Con una operación a medias y rezago en la implementación de más líneas, esta política pública significa un golpe más a los bolsillos de los jaliscienses en medio de una inflación en máximos históricos. Partidos de oposición solicitaron ayer que la aplicación de multas a partir de julio a quien no verifique sea reconsiderada por el ejecutivo estatal.

Río Santiago. Sergio Graf, titular de la Semadet, reconoció este año que el saneamiento del río más contaminado de México será difícil y a largo plazo. Hasta ahora, el estado ha sido incapaz de acordar un mecanismo de inspecciones con Conagua. En tanto, 3 millones de cerdos de granjas porcícolas descargan sus desechos en la cuenca. Esto equivale a la carga contaminante que generaría una ciudad de 18 millones de habitantes.

Basura. Aunque el Gobierno del Estado se desmarcó de esta agenda, el plan Jalisco Reduce, la apuesta por un nuevo modelo de gestión de la basura, pasa por la rectoría estatal. Hasta ahora no existe una solución definitiva para construir un vertedero metropolitano que desatore esta agenda, una de las más parchadas.

En cuanto a avances, Jalisco lidera en la generación de empleo y esta semana el IMCO colocó a la entidad en el 1er. lugar en Innovación y 5o. general en su Índice de Competitividad Estatal 2022. No obstante, Aristóteles Sandoval recibió al estado en la posición 16 en competitividad y lo dejó en el 6o., lo que habla de una tendencia.

Por otra parte, la clase empresarial juega un papel crucial en esta agenda en donde el estado sólo facilita la inversión y los negocios. En otras palabras, los avances en este sexenio son producto de una inercia positiva de anteriores gestiones y del liderazgo nacional de la iniciativa privada.

Los demás temas positivos son el casco de Checo Pérez con el nombre de Jalisco, que los tapatíos vean pelear a El Canelo en Guadalajara, el triunfo del Atlas o la racha de las Chivas, el jalisciense que subió al Everest...

La UdeG recurrirá a su "arma" más letal de presión política: la movilización masiva de estudiantes.

Alfaro, como hijo de un ex rector, tiene a su favor que conoce bien a la universidad. Sin embargo, también tiene aspiraciones políticas (algunos dirán ingenuas) a la Presidencia. Por eso una movilización masiva golpea su imagen fuera de Jalisco pero también al interior; rankea entre los 5 mandatarios peor evaluados del país.

Las movilizaciones empoderan y unifican una causa. Modifican e imponen agenda. Y en este caso, le dan una expresión física a un reclamo universitario frente a un "gobierno desde las redes sociales" y refugiado en la virtualidad comunicacional para depurar las imperfecciones de la realidad.

Las protestas de la UdeG en el pasado funcionaron. ¿Qué efectos tendrá esta nueva megamarcha?

Al asumir como gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro pretendió posicionarse como el político que encabezaría la oposición al proyecto de gobierno de la 4a. Transformación. Se proyectaba como un liderazgo nacional capaz cuestionar y modificar proyectos del gobierno federal y, cómo no, concentrar reflectores de los medios de información del país que lo posicionaran como futuro candidato presidencial. De ahí su empeño en forjar la Alianza Federalista, de la que ahora solo cenizas quedan.

3 años después de empezar su gobierno y diseñarse ese supuesto liderazgo político nacional, las aspiraciones de Enrique Alfaro están más debilitadas que antes.

En días y semanas recientes se publicaron 3 encuestas sobre índices de popularidad de los gobernadores del país, y en todos el mandatario postulado por el partido Movimiento Ciudadano (MC) aparece entre los 10 mandatarios con menos aprobación de sus gobernados.

De las 3 encuestas, el mejor lugar para Enrique Alfaro lo concede la revista C&E (Campaigns & Elections México) donde aparece en el número 22 de entre los 32 gobernadores del país, con 48% de aprobación. En la medición de Consulta Mitofsky de Roy Campos, Enrique Alfaro aparece empatado con Miguel Barbosa, gobernador de Puebla del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el lugar 27 con 40.4 de aprobación.

El Financiero Bloomberg presentó el 11 de mayo su ranking de gobernadores y ahí el gobernador de Jalisco aparece hasta el fondo en el lugar 30 con 35% de aprobación, apenas debajo del mandatario de Jalisco aparecen Cuauhtémoc Blanco (Partido Encuentro Social) de Morelos con 30% y al fondo David Monreal (Morena) con 28%.

En los 3 estudios sobre popularidad de gobernadores aparece Mauricio Vila, gobernador de Yucatán del Partido Acción Nacional (PAN) entre los primeros lugares, y luego Rubén Rocha de Sinaloa de Morena y el panista Mauricio Kuri, mandatario panista de Querétaro.

Estos estudios ubican a Alfaro muy lejos de esos primeros lugares donde los gobernadores aparecen con aprobación de 2 tercios de los encuestados. Alfaro obtiene entre 48% (C&E) hasta 35% (El Financiero), es decir, con la aprobación de menos de la mitad o hasta un tercio de los gobernados.

Estos indicadores confirman una caída en la popularidad del gobernador de Jalisco, pues al empezar su administración tenía mayores tasas de aprobación e incluso al comenzar la pandemia, llegó a aumentar su popularidad gracias a las medidas anunciadas para enfrentar la contingencia en el estado. Ese bono de uso político de las medidas sanitarias ha pasado y ahora está en el grupo de mandatarios estatales con menores niveles de popularidad. En abril de 2021 Enrique Alfaro tenía 48.2% de aprobación en la encuesta de Consulta Mitofsky, y aparecía en el lugar 15 de 32 gobernadores del país; desde entonces ha descendido 12 puestos en el listado nacional de mandatarios mejor aprobados. Este declive, como cabe esperar, tiene consecuencias para las aspiraciones y el proyecto político que Enrique Alfaro se había diseñado para él, su grupo cercano y para Movimiento Ciudadano.

Al fallar en su objetivo de posicionarse como figura unificadora de la oposición a la 4a. Transformación, la derrota de su proyecto político para refundar la vida pública de Jalisco y los enormes pasivos sociales, políticos y económicos que su gobierno ha dejado a la sociedad de Jalisco explican la baja popularidad de Enrique Alfaro. La derrota de sus estrategias para posicionarse como líder opositor hacen que se alejen sus posibilidades de ser candidato presidencial o convertirse en un factor que influya decisivamente en la sucesión presidencial.

La Comisión de Responsabilidades del Congreso de Jalisco aprobó inhabilitar por 2 años al ex alcalde Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, por un caso de acoso sexual cometido en contra de una trabajadora del ayuntamiento.

La víctima denunció que el ex presidente intentó ser mediador y la presionó para que se desistiera de una denuncia por acoso y hostigamiento sexual que interpuso hace 2 años en contra Efraín Martínez Iñiguez, entonces titular de Padrón y Licencias. En ese proceso, el munícipe también la acosó.

El diputado Julio César Hurtado Luna, presidente de la Comisión de Responsabilidades, aclaró que los 2 años que se establecieron como sanción en los que no podrá ocupar ningún cargo público comenzarán a contar una vez que el pleno apruebe el dictamen.

Lo que es un desastre y parece que va pa' peor es el abasto de agua en nuestra ciudad y allí viene el estío, así es que a ver cómo nos va.

El agua está llegando en cantidades insuficientes y de muy mala calidad para el consumo humano.

Las autoridades deberán tomar medidas de fondo porque, si el problema crece, la irritación social crece con él. Eso y la verificación de vehículos están calentando a la gente.

Ayer la fiesta estuvo en grande. El gobernador de Jalisco regresó a la escuela donde estudió hace muchos años: la Secundaria Técnica 45. Ahí, presumió que invirtieron 40 millones de pesos para remodelarla. ¡Y qué bien para los estudiantes y maestros!

Pero los malpensados rápidamente hicieron algunos comparativos sobre esa inversión y destacaron que hay consentidos y despreciados para la autoridad estatal.

De entrada, el conflicto con la Universidad de Guadalajara fue por los 140 millones que el gobierno le quitó al Museo Ambiental. Por otra parte, hay ayuntamientos de Jalisco que no tienen esos 40 millones para operar en todo un año.

Sin embargo, no contaban con que en la Técnica 45 estudiaron no sólo el gobernador, sino también el jefe de gabinete, Hugo Luna, y el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.

Y pensar que en otras escuelas los papás tienen que aportar para mantener en buenas condiciones los planteles, o de plano sufren para conseguir pintura para sus muros y salones.

Ni modo. A seguir esperando el apoyo del gobierno.

Fugar la agenda es una manera de no estar. Enrique Alfaro ha optado por el escape, se ha convertido en un gobernante lejano, presente solo a través de redes sociales y eventos controlados. No es gratuito que su aprobación esté en el lugar 28 de 32 del ranking de gobernadores de Consulta Mitofsky, por debajo incluso del inefable gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. En esa lista, la de los gobernadores peor evaluados, no hay manera de no estar si el gobernador no está donde debe estar.

Todos los días esa terca, esa necia repelente a la gravedad que ejercen los políticos, la vida misma, pone en el aparador a tantísimos en toda la geografía nacional: 100,000 desaparecidos, mujeres y hombres; más de 100,000 asesinados con dolo en 3 años; la extorsión cotidiana; el que ser mujer sea peligroso; además, hambre, desamparo, sequía, exclusión, injusticia... qué tan ridículos lucen ahora los discursos de promoción del voto, los "métodos para comunicar" y el alud de anuncios de lo que lograrían luego de convencernos de que no estamos ante meros ridículos, sino de cara a la democracia redentora, urgida de nosotros, de nuestra correspondiente aportación al ridículo.

Por Debanhi Escobar, por el medio ambiente y las comunidades violentados por el tramo 5 del Tren Maya; por las madres que buscan a sus desaparecidos; por las víctimas del sistema de salud intencionalmente roto; por los perseguidos por el poder; por las y los pobres sin esperanza; por el autoritarismo que se cierne sobre el país; por el dolor evitable que se acumula en todas partes y por tanto más, es deseable una distancia crítica con quienes están en o aspiran al poder público; la lejanía de sus piruetas no impedirá que la realidad los exponga al ridículo, es decir, que sigan haciendo daño, pero no seremos satélites de su espectáculo y el sentido de exigencia se expandirá, idealmente al nivel de un big bang social que genere un sistema solar otro.

El último reglamento publicado -en el Diario Oficial de la Federación- de la Ley Minera fue el 12 de octubre de 2012, al que se le hizo una reforma el 31 de ese mismo mes. Y es precisamente este documento que fue modificado por recomendación del presidente López Obrador -amparado por el artículo 71 de la Constitución-, el que fue presentado a la Cámara de Diputados para análisis y aprobación.

La ley anterior que está contenida en 51 páginas, 108 artículos y 7 transitorios, su modificación fue aprobada de manera 'express' por el pleno de la cámara -con los antecedentes que ya todos conocemos-. De acuerdo con con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se presenta una propuesta de ley a la cámara, hay que seguir un protocolo que consiste en direccionar el documento a la comisión correspondiente, la que deberá elaborar un dictamen, que una vez concluido será turnado al pleno para su discusión y votación. Y una vez aprobado -si fuera el caso- es enviado para la revisión de un comité del organismo, para posteriormente hacer la promulgación. Bueno, pues todo este 'concienzudo' proceso se hizo en cuestión de horas, y para el anochecer del lunes, ya se le estaba turnado al Senado para finiquitar el proceso de aprobación.

El análisis de una ley de esta naturaleza requiere tiempo y sobre todo una serie de consultas con expertos en el tema, del que se supone los diputados en comisiones tienen conocimiento, pero no son peritos en la materia. Sin embargo, 'sobre las rodillas', de una manera acuciosa, diligente y afanosa los diputados del partido en el poder le dieron aprobación y salida en cuestión de minutos a modificaciones de una ley que requería días de análisis y discusión, por lo que se concluye, que simplemente se cumplio con el trámite para complacer las intenciones de quien duerme y trabaja en Palacio Nacional.

Para Mario Gutierrez Nuñez, presidente de la Cámara Minera, la aprobación de la ley se hizo "a la ligera y apresuradamente", y que ademas "en Mexico no hay dinero ni tecnología" para la exploración del metal [litio], del que "solo hay indicios que se tiene, pero no se sabe cuánto ni de que calidad que garantice una inversión" por parte del Estado. Dijo que el gobierno tiene -en estos momentos- otras prioridades y que debe ser la iniciativa privada, quien sí cuenta con los recursos, para que hagan la inversión. Que por el contrario, la ley solo necesita ajustes "para darle certeza jurídica" para quienes puedan venir a aportar a esta industria para crecer, generar empleos y divisas.

Pero todo esto quedará solo en el antecedente de esta parte de la historia. Lo único que si se vuelve a comprobar -nuevamente- es que nuestros diputados -una mayoría- han llegado a esa posición y se dedican a sentarse en la curul, obedecer órdenes 'de arriba', levantar el dedo -en algunas ocasiones discutir como si estuvieran en el mercado, como sucedió el domingo pasado- y pasar a cobrar. Prácticamente tienen su propia 'minita'. El resto no importa... por eso estamos como estamos.

Hace 5 años, tras el gasolinazo y dadas las pugnas al interior del panismo, la hoy oposición le dejó el camino libre a López Obrador rumbo a la Presidencia.

El PRI tuvo al peor de los candidatos posibles -porque entre otras cosas en el peñismo traicionaron al doctor Narro-, y el blanquiazul Ricardo Anaya creyó que una campaña como el listo de la clase, que encima ni se deja ayudar ni hace amarres, lo haría competitivo. El resto es historia.

Un lustro después todos los partidos que perdieron en el 2018 tuvieron un domingo de resurrección en el congreso al propinarle a AMLO el honor de ser el 1er. presidente que fracasa al intentar una reforma constitucional. Es meritorio lo logrado, así haya sido en medio de un debate pobre o insustancial, así haya sido sobre todo por la cerrazón del oficialismo.

La gran duda ahora es qué hará la oposición con lo logrado. Y dentro de la oposición, la interrogante recae sobre todo en el PRI, convertido en el gozne que resistió la embestida de López Obrador, quien los sometió a una andanada -ayer mismo les repitió receta- sobre la presunta incongruencia de votar junto con el PAN o de oponerse a una reforma que el presidente ve a la altura de Cárdenas o de López Mateos (si es que éste tiene alguna altura que no sea de represor).

El reto para el grupo tripartidista que se coaligó en las elecciones del 2021 y que de alguna manera ha sabido mantener la unidad hasta ahora, incluida su decisión de ir en las elecciones estatales de este año con acuerdos específicos para cada entidad, entró desde el domingo en un espacio de turbulencias.

Derrotar a López Obrador en San Lázaro alimenta las posibilidades del bloque opositor, y por ende las tensiones en su interior tendientes a la definición sobre la ruta a seguir, el mensaje a consolidar en el futuro inmediato y los actores que han de encarnar el liderazgo.

Aun con sus desplantes y ramplonería, el discurso del presidente priista Alejandro Moreno en la tribuna fue menos malo que el del histriónico panista Jorge Romero. Y más aún: el planteamiento del líder parlamentario tricolor Rubén Moreira dejó entrever sustancia e incluso apertura para corregir excesos y abusos de la reforma de 2013.

Las intervenciones del PAN, en cambio, estuvieron lejos de la tradición parlamentaria de esa organización y acaso se salve la de Santiago Creel, pues lo demás fue una exhibición de marrullería digna de Morena.

El PRI tiene por su parte el nada menor problema de ser una marca con profundo rechazo en las encuestas y un cúmulo de derrotas estatales que se ampliará en al menos 2 casos (Hidalgo y Oaxaca) este año.

Los que ganaron el domingo la tienen ahora realmente complicada. La ciudadanía cuenta con ellos para contener a López Obrador y para complicarle la continuidad del morenismo.

Para muchas personas que en su vida no habían tenido la tentación de ver una sesión de la Cámara de Diputados, pero que el domingo por ser día feriado, por la curiosidad de saber cual sería el resultado a la controvertida propuesta de la reforma eléctrica y querían saber el resultado, la experiencia fue desagradable, lastimosa y de vergüenza. Las agresiones verbales, los gritos entre diputados de "vendidos", "corruptos", "traidores", etc, de romper protocolos y además de faltar el respeto al ignorar en innumerables ocasiones a la presidencia del recinto durante de las atropelladas intervenciones de los legisladores, dejó un mal sabor de boca y en muchos de sorpresa, al darse cuenta que muchos congresistas en lugar de desarrollar una discusión parlamentaria y de acuerdo a lo que representan, lo convirtieron a ratos en una discusión verbal de mercado.

Muchos de los legisladores rechazaron el derecho a la diferencia de opiniones y recurrieron a la agresión verbal y a los insultos, mostrando una actitud de muy bajo nivel que no va de acuerdo a quienes ocupan una curul en un recinto donde uno de los objetivos es debatir -discutir un tema con opiniones diferentes, dice la Academia de la Lengua- no enfrentar y agredir con quien no se comparten los mismos puntos de vista.

Lo que a la postre concluyó, fue el rechazo de una histórica oposición de partidos en bloque que ha dejado de muy muy mal humor al presidente López Obrador, aunque quiere contrarrestar -según dijo en la mañanera- su fracaso de la reforma eléctrica con la esperada aprobación ayer de la ley minera para la nacionalización del litio.

Por cierto, una ley minera que en lo inmediato no tendrá beneficios tangibles, que solo aclara cuestiones estructurales en su orden legal, y es que se tendrá que recorrer un largo proceso -por lo menos 15 años- y seguir una ruta de protocolos para sacar poder sacarle provecho. De acuerdo con expertos en el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el país solo hay una empresa que trabaja en Sonora en la exploración de ese metal. Pero para la exploración de los 82 campos de litio detectados hasta el momento en México, se requerirá de una inversión cercana a los 100 millones de dólares, que tardará por lo menos 10 años en desarrollarse y después de eso la implementación de la infraestructura para producirlo y comercializarlo.

Cuando menos en la teoría constitucional, la actuación del Estado en todos sus órdenes debe no tener mancha y así el Gobierno del Estado falla en la limpieza del manejo de la seguridad, en la desastrosa circulación del tránsito de vehículos y en la revisión vehicular, que la población califica como una extracción de dineros para las campañas, lo que no sé si será cierto pero que rompe con la limpieza y transparencia a que están obligados.

En lo municipal también falta limpieza y así, a pesar de que con justicia o sin ella, el presidente municipal de Guazap es acusado por algunos regidores de oposición de corruptelas que concluyeran en dimes y diretes, en los que el popular presidente municipal terminó, cual borracho de cantina fregada, amenazando a uno o a varios magistrados del Tribunal Administrativo con cárcel eterna y acciones que no pasaron de ser bravuconadas de farsante, pero que de cualquier forma rompen con la limpieza que la ley exige del cuerpo que él dirige.

El Ayuntamiento de Tonalá endureció las medidas contra los grandes deudores del predial, por lo que inició procesos legales para cobrarles. Aunque no se ventilaron los nombres de los morosos, trascendió que hay una amplia lista de personas con apellido Arana. Además de algunas propiedades del priista Ramiro Hernández.

Y una de las dependencias públicas con más adeudos es el Instituto Jalisciense de la Vivienda, que actualmente es dirigido por Juan Antonio González Mora, ex alcalde tonalteca. ¡Qué tal!

La advertencia del gobierno morenista es que van con todo para cobrarles, incluyendo embargos.

Ya les informamos que la "herencia" dejada por Mirza Flores en el Congreso de Jalisco fue una reforma que, en lugar de combatir la corrupción en las cuentas públicas de los municipios y las dependencias del gobierno, provocó una parálisis que imposibilita al poder legislativo para revisar y aplicar la justicia en el uso de los recursos públicos, ya que hay cuentas públicas desde 2018 que no han sido aprobadas ni rechazadas, sino todo lo contrario.

Pero algo pasó. La Comisión de Vigilancia anuncia que sesionará mañana a las 9:00 horas con la idea de "limpiar", perdón, aprobar, todas las cuentas desde 2017. Y en esta semana, también avalarán todo el paquete en la sesión del pleno para que los balances queden en ceros.

En otras palabras, ¿el congreso estatal vuelve a las viejas prácticas, con reforma o sin reforma?

Muchos alcaldes y ex alcaldes están que brincan de gusto.

* * *

Ya que estamos con el congreso, a los diputados ya les anda. Entre las ganas de salir de vacaciones y la prisa por sacar las cosas que les encarga el gobernador, tendrán una larga jornada de trabajo desde este miércoles.

Cuentan que los urgieron para sacar la reforma del pacto fiscal y pues el que manda, manda. Ya con eso se irán tranquilos a sus vacaciones de las Semanas Santa y de Pascua.

¿Pasará esa reforma entre el jueves o el viernes? Y otro punto: ¿Cuánto cree que dure la reforma antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la descarte por inconstitucional?

A la espera.

Que Morena en Jalisco sea un partido político dividido es algo que saben todos. Y principalmente los morenistas. No dan pie con bola ni construyen algo creíble con miras a las elecciones del 2024 por más que lo intentan, pero parte de su tiempo lo pasan poniéndose obstáculos entre ellos.

Sin embargo, el delegado de Mario Delgado en Jalisco, Favio Castellanos, se lanzó al ruedo y presumió a lo grande un "logro": anunció que un regidor de otro partido político se "convirtió" al credo lopezobradorista y se pasa a las filas de Morena: Juan Carlos Villarreal. Su historial es amplio: ex dirigente de transportistas, ex panista, después diputado federal por Movimiento Ciudadano y luego aspirante a alcalde de Tonalá "convencido" por el partido Hagamos del Grupo Universidad.

Están juntando "parque" para la batalla.

La reforma electoral que ha esbozado, que no presentado, el presidente en la mañanera pareciera más una colección de ocurrencias que algo pensado por un jefe de estado. Pero ya sabemos que luego las ocurrencias se vuelven política pública, como en el caso del avión presidencial, y además que los subordinados son incapaces de contradecirlo y terminan aplaudiendo las peores ideas.

Siempre habrá forma de mejorar nuestro sistema electoral. De hecho, si algún problema tiene es que en él están más representados los miedos y desconfianzas que los partidos se tienen los unos a los otros que los derechos de los ciudadanos. Podríamos estar de acuerdo como principio que quitar restricciones y aumentar sanciones a quien viole la ley podría mejorar la calidad del debate y desincentivar la tentación de los tramposos, que los hay en todos los partidos. No podemos quitarle a la Cámara de Diputados que, nos guste o no, es la única representación popular, la prerrogativa de nombrar consejeros electorales. Lo que sí podemos es hacer una ley de designaciones públicas que evite el perverso sistema de cuotas y cuates del que todos los partidos se han beneficiado. Es hora también de discutir si se deben recortar los recursos públicos a los partidos y cuáles deberían ser los candados para evitar el financiamiento ilegal, pero sobre todo para favorecer la equidad. Hay que poner también sobre la mesa si hacemos un solo sistema electoral nacional o si por el contrario articulamos un sistema federal.

El debate más delicado es el de los plurinominales, que tienen peor fama que el mismo Judas Iscariote. Una campaña vinculada a un proyecto bipartidista en los finales de los años 90 y los primeros de este siglo trató de convencer a la opinión pública de que sobraban los diputados plurinominales. El ataque a los pluris ha estado vinculado desde hace 2 décadas al desprecio a la pluralidad del país, a negar al otro, a no reconocer a quienes piensan distinto y que toda expresión minoritaria merece ser escuchada y participar de las decisiones. Podemos discutir el número, podemos revisar las fórmulas de asignación, pero eliminarlos sería un terrible retroceso.

Lo que resulta un tanto patético es que quienes querían eliminar la representación plurinominal hace 20 años eran los mismos organismos empresariales que ahora los defienden y que quienes los defendían eran los grupos de izquierda que ahora quieren eliminarlos. La memoria no suele ser una cualidad de los poderosos. La vena autoritaria brinca igual por la derecha que por la izquierda, todo depende de con cuál mano se detente el poder. Si ha de hacerse alguna reforma electoral es para proteger a la democracia y a los ciudadanos de las ocurrencias y necesidades del poderoso en turno; debe ser para equilibrar al poder, no para fortalecerlo.

Si algo distinguió al proyecto alfarista desde que en 2009 ganaron la elección de Tlajomulco bajo las siglas del PRD fue la innovación y el arrojo. El pequeño grupo de 5 jóvenes políticos que rodeaban a Enrique Alfaro (Alberto Uribe, Hugo Luna, Ismael del Toro, Clemente Castañeda y Rafael Valenzuela) compartía una visión disruptiva de la forma de hacer política y una enorme capacidad de trabajo. Algunos de ellos -el propio Alfaro y Uribe- venían del rancio PRI. Otros como Clemente Castañeda de la izquierda más comprometida, otros más, como Rafael Valenzuela, de las batallas por la democratización de la política estudiantil en la Universidad de Guadalajara. Aunque se le ubicó en la izquierda por haber nacido dentro del PRD, en el alfarismo siempre hubo de todos colores y sabores: lo que los unía era la voluntad de poder y el liderazgo contundente de Alfaro.

La candidatura a gobernador por MC en 2012 es realmente el inicio del alfarismo. Hace una década, en una sorprendente campaña apoyada desde Casa Jalisco por el gobernador panista Emilio González Márquez, Alfaro logró dividir al panismo, borrar al perredismo y convertirse en opción política más allá de los partidos. De ahí a Guadalajara en 2015 y a la gubernatura en 2018 fue una fina y laboriosa construcción de acuerdos usando el membrete de Movimiento Ciudadano. Con los éxitos llegaron las rupturas y la soberbia. Pensaron que Tlajomulco era el mundo y que podían comérselo a cachos. Quisieron recoger la cosecha cuando apenas habían sembrado. El grupo compacto se fue desintegrando, los mejores cuadros alejando y por lo mismo los resultados y la capacidad de generar algo distinto fue menguando.

Desde la irrupción, un tanto fortuita, de Alberto Cárdenas en la elección de 1995 y la transición a la democracia en Jalisco, no había existido un movimiento tan fresco como el alfarismo. La fuerza y apoyo con la que llegó Alfaro es solo comparable con la que tuvo en su momento Guillermo Cosío Vidaurri; la decepción, también. El talante autoritario, la incapacidad de escucha y la falta de autocrítica convirtieron al alfarismo en un movimiento fugaz, sin posibilidad de trascendencia: no hay continuidad posible de un grupo político que es incapaz de ver más allá de su líder, y su líder es incapaz de ver más allá de sí mismo.

La fuerza política que le da a Alfaro ser gobernador de Jalisco le ajusta, sin duda, para jugar un papel en la política nacional. Los que se decían alfaristas terminarán acomodándose en otros proyectos, e incluso en otros partidos y el alfarismo terminará en cuanto arranque la elección del 2024.

Hablé con la señora Laura, madre de un desaparecido, y quien confrontó ayer a Enrique Alfaro, según vimos en un video que se hizo viral.

En el video, grabado en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, Alfaro se aleja de las madres de desaparecidos luego de acudir de motu propio a «escucharlas» (según la versión de la vocería), pero a los pocos metros algo lo frena y se regresa: "Vine a platicar, pero no me grite", le reprocha a Laura que se desgañita: "Mi hijo, mi hijo".

El pasado 25 de marzo su hijo Isaac, un mecánico de 25 años, cumplió un año desaparecido. 2 hombres armados se lo llevaron en un vehículo. Desde entonces lo esperan en casa su esposa y su hija Emily de 3 años.

Laura denunció. 3 semanas después la telefoneó un comandante para decirle que se encargaría de su asunto. Nunca más supo de él ni la Fiscalía la volvió a contactar.

Por eso los gritos de Laura ante el gobernador: "No sabía que estaría ahí Alfaro. Lo vi y sentí coraje, mucho coraje. Por qué le dio a un corredor de carros millones para publicidad y nosotros vamos al Semefo y nos dicen que están agobiados con tanto trabajo, que no hay personal, que de las 6 máquinas de ADN sólo sirve una".

Volvamos al video. En un claro esfuerzo por controlarse, Alfaro logra acallar a Laura (ignora que alguien le puso una mano en el hombro a ella para calmarla). Entonces Alfaro empieza un diálogo con un joven que le reclama simulación y desatención en las mesas de desaparecidos. Promete reinstalar las mesas el miércoles.

Fluye la conversación cuando el mandatario ataja: "Hemos encontrado a miles" y desata la furia de Laura que explota nuevamente: "¿Cuáles miles, de qué habla?". Poco después, el mandatario mejor se aleja.

En otro video del Colectivo Luz de Esperanza Jalisco recapitularon más tarde lo ocurrido: "El señor Alfaro se dio la media vuelta y se metió a su palacio". El sentimiento que predomina es de burla contra ellos.

El momento, simbólico y sintomático, reafirma la falta de empatía y lejanía de esta administración con las víctimas de desaparición y sus familiares.

La incapacidad para socializar adecuadamente una estrategia (si la hay).

La política de comunicación social indolente que insiste en contar a los hallados como respuesta a los desaparecidos.

La cerrazón para reconocer una crisis forense en el estado.

La deuda para actualizar y aplicar el marco legal que permita mejorar la búsqueda de más de 16,000 desaparecidos y evitar que desaparezcan más.

La incongruencia de Alfaro que exige respeto y que cuidemos las formas, pero allí mismo rechazó groseramente a un periodista: "No, del periódico no".

¿Qué espera el gobernador ante las víctimas? ¿Que le pidan mejor una selfie? ¿Que lo aclamen porque quiere ir por la "grande" en 2024?

Los gritos no son sólo de Laura. Todo el estado grita, pero el mandatario parece no escuchar.

El destino de El Bronco arroja una enseñanza central para la clase política mexicana: no te quedes solo. Hoy, Jaime Rodríguez Calderón está en la cárcel y nadie saca la cara para defenderlo. ¿Por qué llegó hasta ahí?

El Bronco inició su carrera en el PRI pero rompió con este partido para ser candidato "independiente" a la gubernatura. Su estilo fresco, entrón y desenfadado, de outsider de la política, fascinó a los regiomontanos, hartos de gobernadores ineficaces y corruptos del PRI y PAN. Era la alternativa para no tener que optar por alguien de López Obrador, al que nunca le han tenido confianza (y con razón). Así que los grupos más importantes del poder económico regio adoptaron rápido al Bronco y lo arroparon. Arrasó en la contienda por la gubernatura y a los 2 años de gestión, ya había decepcionado a todos y ya había roto con todos. Cuando quiso buscar la Presidencia de México por la misma ruta sin-partido, ya no lo cobijaba nadie. Su candidatura fue un fracaso estrepitoso. Con la derrota nacional a cuestas y sin haber ganado siquiera en su propio estado, regresó a completar su periodo de gobernador con niveles de aprobación ínfimos, muy distantes a los que tenía cuando arrancó su sexenio.

Entonces vino su debacle: El Bronco no supo jugar su sucesión. Primero apostó por impulsar a su propio candidato, su secretario de Salud, Manuel de la O. Buscó incrustarlo en cualquier partido. Nadie lo quiso postular. Cuando vio que las encuestas favorecían a la morenista Clara Luz Flores, se la jugó con ella. A fin de cuentas ella y su esposo, Abel Guerra, son compadres del Bronco. Pero se cayó la candidatura de Clara Luz cuando se revelaron sus videos demostrando su cercana relación con la secta Nxivm, que ella había negado. Como Plan B, El Bronco empezó a apoyar a Adrián de la Garza, el candidato del PRI que había divulgado esos videos. Para la mala suerte de El Bronco, el priista nunca capitalizó la caída de la morenista en las encuestas: todo se lo llevó Samuel García, de Movimiento Ciudadano, que llevaba varios años pidiendo meter al Bronco a la cárcel.

El Bronco no se acercó a Samuel, no se atrincheró en el PAN, no se arropó en el PRI, plantó a Morena y en sus 6 años, nunca fue capaz de crear un grupo político propio desde la fuerza de los sin-partido. Se quedó solo. Para Samuel García, el costo político de meterlo a la cárcel fue cero: nadie defiende al Bronco. Ni su chofer, que fue el que recibió la llamada, detuvo la camioneta y lo aprehendió.

Con la novedad de que surgió un "movimiento" político llamado "Los auténticos". ¿Se acuerdan del ex funcionario del DIF Jalisco que detuvo la policía porque conducía alcoholizado y charoleó? Se trata de Israel González Ramírez y es el mismo que encabeza a "Los auténticos".

No es que traiga muchas canicas para jugar, más bien encabeza a simpatizantes emecistas a los que se les niega la chamba en los gobiernos después de sus escándalos. Y como su futuro es incierto, por no decir ignorado, ya están las apuestas de que terminarán en las filas del Partido Verde.

Ni 2 semanas han pasado desde que lo incorporaron al equipo central del Partido Verde en Jalisco y el nuevo director de relaciones públicas, Óscar Soltero, ya se "agarró" de la greña con todos los verdes.

Y es que el ex vocero del doctor Lomelí armó gran revuelo en un grupo de chat de militantes de ese partido porque se puso a criticar al ex dirigente estatal, Enrique Aubry, pero se le fueron encima.

¿Será que no le habían dicho que Aubry sigue siendo el que mueve las riendas, como buen cacique, y que puso a Luis Munguía para tratar de lavarle la cara al partido, experto en alianzas mercenarias?

Al nuevo dirigente primero lo chamaqueó "papá Leonel" con todas las piezas que metió al Partido Verde, pero ahora alguien le recomendó como encargado de relaciones públicas a un experto en romperlas.

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Aclaran que Óscar Soltero no llegó al Verde Ecologista para fracturar al partido; que es todo lo contrario. Además, afirman que siempre ha sido buen amigo de Enrique Aubry, ex dirigente estatal de ese instituto político.

Por eso niegan que el aludido criticara en un chat al ex presidente del Verde y se armara la polémica con otros militantes. Que solamente dio informes y cumpliendo con sus "obligaciones" sobre el análisis de la información de coyuntura en la comunidad digital.

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impuso una multa al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de 118 millones de pesos por la utilización de influencers para hacer propaganda en tiempo prohibido.

Las magistraturas consideraron que el Verde violentó la ley electoral y puso en riesgo el proceso al haber utilizado a influencers que llamaron a votar por el partido un día antes y en la elección de junio de 2021.

Se aprobó multar al Verde con 118'507,808.25 pesos, los cuales serán descontados de las prerrogativas federales del partido.

Además, se determinó multar a 76 influencers, pero las cantidades serán determinadas para cada caso en específico, ello con base en la solvencia económica que cada persona tenga.

Se da vista a la Secretaría de Gobernación para que actúe en el caso de 4 personas extranjeras que participaron en la propaganda del PVEM.

La sentencia fue aprobada por unanimidad de los magistrados Gabriela Villafuerte, Luis Espíndola y Rubén Lara.

De acuerdo con el proyecto presentado por el magistrado presidente, Rubén Lara Patrón, el Partido Verde realizó propaganda disfrazada y prohibida, al haber elaborado una estrategia de comunicación difundida entre el 5 y 6 de junio de 2021, días de veda electoral.

Se consideró que hubo responsabilidad directa y grave por parte del instituto, al haber promovido la difusión de mensajes llamando al voto, a través de la red social Instagram.

El Verde orquestó una campaña de llamado al voto en veda, y en la cual participaron figuras públicas como Gabriel Soto, Raúl Araiza, Cecilia Lora, Bárbara del Regil, entre otras.

Al menos en 23 casos de influencers, la autoridad jurídica electoral determinó que se continuará con la indagatoria, toda vez que al momento no se tienen datos suficientes para dictar sentencia.

Una diputada local posteó un video al estilo Tiktok -la red social de moda- en donde presumió la "movilidad integral" de la ciudad. Y así le fue...

Entre brinquitos, aparece en la Línea 3 de Zapopan, luego sale de un vagón con un café en mano (prohibido, por cierto), y al final pedalea Mi Bici Pública frente a Catedral.

En la oleada de críticas, un usuario le recriminó: "Le faltaron los mototaxis de Arenales". Otro más, lapidó: "Si legislaran como agarran el TikTok, esto sería Noruega".

Esta moda de los políticos, sobre todo jóvenes, que intentan ganarse a los centennials nacidos a partir del año 2000, es un fenómeno global.

Esta clase de gobernantes viven bajo la máxima de los videos cortos: cortos de ideas, cortos de contenido, pero con La Bichota de fondo musical.

En el caso de nuestros políticos a nivel local, sus aspiraciones de influencers cuestan dinero público que cargan al erario como política de comunicación social.

Un legislador o legisladora paga de 8 a 10,000 pesos mensuales a un joven Community Manager con la única misión, literal, de seguirlo a todas partes, tomarle fotos, videos y postear historias que lo hagan parecer "cercano a la gente".

Las empresas tipo Indatcom ofrecen estos servicios como parte del negocio y algunos consultores lo ven como un jugoso mercado creciente de cara a 2024.

Hay que tener cuidado con esta nueva generación de políticos tiktokers que imaginan que publicar en TikTok o Instagram es hacer política o comunicación social. En el fondo sólo banalizan su mensaje sin crear opinión pública y, como en el caso de la diputada, comunican con una lógica propagandística y fantasiosa reclamos sociales añejos como la histórica deficiencia del transporte público en la ciudad.

Este jueves fue vinculado a proceso Nelson Toledo. Hablamos del hermano de Mauricio, conocido como Tomate, quien se vio envuelto en polémicas desde su paso por la delegación Coyoacán. En la pasada elección federal intentó escapar de pesquisas a través del fuero de una diputación, y tras frustrarse esa opción -fue desaforado- ahora se encuentra huido en Chile.

La diligencia que dejó en la cárcel a Nelson, quien también fue servidor público (es un decir), ocurrió este jueves, pero el cerco que el gobierno de Sheinbaum ha tendido sobre ex manceristas lleva muchos meses, y parece estar dando frutos.

La administración de Miguel Ángel Mancera cerró de fea manera el ciclo de los gobiernos perredistas que iniciara el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1997.

Fue así no solo porque López Obrador y los suyos se desprendieron del PRD para formar Morena, marca con la que ganarían la ciudad, sino porque como jefe de gobierno el hoy senador Mancera prefirió aliarse con peñistas, panistas y, por supuesto, con cuestionados correligionarios como Toledo. De ahí que a la derrota perredista en la Ciudad de México en 2018 también abonaran los escándalos de corrupción de figuras ligadas al mancerismo iniciado en 2012.

No es exagerado decir que, en la debida proporción, el Gobierno de la Ciudad ha perseguido y procesado a más personajes del entorno del ex mandatario local que el presidente López Obrador con respecto de su predecesor.

En el caso de Sheinbaum hay que acreditarle que tiene acorralados a los hermanos Luis y Julio Serna (éste fue detenido en noviembre) amigos personales de Mancera y sus operadores en no pocas tareas; al ex subsecretario de Finanzas Miguel Ángel Vázquez (detenido y ahora testigo), personaje central en la operación de diversos fondos; y al exsecretario de Obras Édgar Tungüí (detenido en España y extraditado). Esto sin mencionar que a colaboradores de otros altos perfiles, como Raymundo Collins, exdirector del Instituto de Vivienda y quien tramitó un amparo, también se les ha procesado. Y ahora ha caído Nelson Toledo.

Si la jefa de Gobierno logra convertir esos juicios en sentencias condenatorias podrá decir que incluso sin hacer mucho ruido sabe ajustar cuentas con parte de aquellos que cometieron abusos en contra de la ciudad.

Hay que señalar que en el caso de Mauricio Toledo está por verse si en las andanzas de este ex diputado local no termina enredado el actual alcalde coyoacanense Giovani Gutiérrez, que ganó en 2021 en una campaña donde hubo señalamientos de que ambos personajes mantenían singulares nexos.

Hay que repetir que esta imagen de Sheinbaum como alguien que no tolera la corrupción ni la impunidad se consolidará si y solo si prueba que también es implacable con los de su partido que cometan delitos.

Si el ranking por desempeño de los 32 gobernadores en el país fuera una liga de fútbol, Enrique Alfaro estaría a punto de descender a la 2a. división después de haber jugado gloriosamente en la Liga Premier.

En estos momentos ocupa el lugar 27 en aprobación y disputa su caída o salvación del top 5 de los mandatarios peor evaluados junto con figuras como Cuauhtémoc Blanco de Morelos; Cabeza de Vaca de Tamaulipas; Alfredo Ramírez de Michoacán; Indira Vizcaíno de Colima y David Monreal de Zacatecas. Estos tienen porcentajes de aprobación debajo del 40% mientras que Alfaro está en ese límite, según el Ranking de Gobernadores de Consulta Mitofsky. Un dato relevante: los 5 mandatarios peor evaluados gobiernan estados en llamas por la inseguridad.

El punto viene a cuento porque tras 2 años de declarada la pandemia, Alfaro informó ayer del fin de las restricciones impuestas por el confinamiento con excepción del cubrebocas. Este anuncio también marca un antes y un después de su gobierno, pues tras la pandemia sus niveles de aceptación se dispararon hasta colocarlo en el top 10 de los mandatarios mejor evaluados.

Sin embargo, conforme avanzó el desconfinamiento, sus índices de aprobación cayeron de forma acelerada. Esto se explica porque la pandemia dejó de ser el centro de atención, en donde el gobernador impuso su estilo diferenciado y con mayor aplomo frente a la federación. Sus mejores momentos los vivió cuando confrontaba a López-Gatell y AMLO por su indecisión para "salvar vidas".

El mandatario estatal enfrenta la 2a. parte de su sexenio con un desequilibrio entre las demandas de la población y la capacidad de su gobierno para atenderlas. La atención está puesta ahora en la inseguridad, el abasto de agua durante el estiaje, la pobreza laboral y la marginación. Todo en un contexto de crisis económica e inflación creciente.

El marketing de la refundación y el pacto fiscal son discursos vacíos frente a las necesidades reales de la población. Alfaro inicia con el pie izquierdo este impasse de la 2a. parte de su sexenio. En medio de una crisis de inseguridad en la frontera con Michoacán y Colima, su informe de ayer sobre las volantas (operativo de despistolización) es poco menos que una tomadura de pelo a un mes de su implementación: cero armas decomisadas, pero el gobierno atribuye a esa estrategia la reducción de homicidios. Un ejemplo claro de su "estilo de gobernar".

El gobernador debería verse en el espejo de Jaime Rodríguez "El Bronco", quien llegó al poder con el mismo halo de cambio histórico ante la vieja política, pero se limitó a postear en su Facebook, acabó su gobierno con un 13% de aprobación, más de la mitad de los neoleoneses creen que su gobierno representó un retroceso y hoy está en la cárcel.

Quien tiene problemas en el Partido Movimiento Ciudadano es el presidente estatal Manuel Romo. El nuevo grupo de dirigentes locales en varios municipios metropolitanos y otras zonas del estado, está inconforme con los desplazamientos que se han hecho de sus allegados.

El mismo Manuel Romo, acusan, llegó a la dirigencia del partido e inmediatamente empezó "a correr" a todos los que no formaban parte de su grupo, para colocar a sus allegados.

El tema se está calentando, a pesar de los esfuerzos que se hacen para mantener la unidad, pero los más disgustados no perdonan que a su gente la dejen sin trabajo y sin sueldo después que trabajaron en la elección de 2021.

Por eso ya están haciendo sus apuestas.

En la política, la chequera siempre manda. Y eso se demostró ayer.

Movimiento Ciudadano confirmó la incorporación al partido de los alcaldes Álvaro González Alvarado de Chiquilistlán y Feliciano Castro López de Guachinango. Los 2 del Partido Hagamos.

En el congreso, la diputada Mara Robles de plano acusa que el cambio fue producto de las presiones y extorsiones, a cambio de recibir presupuesto para sus municipios. Y el diputado Enrique Velázquez coincide que el ejecutivo condiciona la entrega de recursos a cambio de alinearse.

El dirigente de Hagamos, Ernesto Gutiérrez, asegura que en ningún momento se dijo que los alcaldes fugados se van a MC, porque lo que realmente está pasando es que el gobierno estatal asusta a los ayuntamientos con la estrategia del estrangulamiento económico: ¿Estás con nosotros? Hay presupuesto. ¿No estás con nosotros? No hay recursos.

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Ni por ser el presidente de la Junta de Coordinación Metropolitana lo toman en cuenta. Ya van dos eventos en donde sus homólogos emecistas no invitan al alcalde de Tonalá, Sergio Chávez: la presentación de la estrategia de seguridad para hacer frente a la violencia contra las mujeres y el arranque del operativo de cara a la temporada de incendios.

Chávez afirma que desconoce por qué le hacen el feo, pero espera que no se trate de un "tema de colores" relacionados a la elección del 2024.

Por ello, buscará otra audiencia con el gobernador. Mientras tanto, seguirá haciendo equipo con el presidente de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez, también de Morena.

Desde afuera, pareciera que en el Congreso del Estado todo es un pastel en permanente reparto. Es decir: ¿quién va a quejarse de trabajar poco y ganar mucho? Parece un proceso consumado, pero los trabajadores ordinarios en el poder legislativo también están sujetos a los abusos de algunos de los diputados.

En esta sexagésima tercera legislatura, dicen los entendidos, hay 2 constantes que se comprueban sin mucho esfuerzo.

La 1a. es que la mayoría de sus integrantes son diputados con escasa o nula experiencia. El cargo no les otorga conocimiento, ni las buenas intenciones (si las tienen) les permiten desempeñarse para cumplir con algunas de sus funciones principales: legislar (y eso implica ser justos), gestionar recursos en favor de la población y hacer política de mayor nivel. En honor a la verdad, personajes como José María Martínez, Enrique Velázquez, Mara Robles, Claudia Murguía, Hugo Contreras, Hortensia Noroña y quizás, Erika Ramírez, son los de los pocos elementos en el congreso que saben "de qué se trata" su labor.

La 2a. constante es que los diputados, ellos y ellas, carecen de un proyecto concreto y de largo plazo, que les permita pasar más allá de las discusiones de siempre: el presupuesto del gobierno estatal, el presupuesto del congreso, la discusión en torno de los nombramientos para cargos que están repartidos entre las fracciones partidistas y a veces, los castigos impulsados por los reclamos sociales.

Así de simple. Así de claro. Los clásicos hablan de los diputados como "el legislador", ese ente que tiene en sus manos la sacra obligación de darnos leyes y orden, pero la realidad es otra.

¿En qué sí se ocupan en el congreso local? Desde esta Palestra, va la más reciente: hay poco más de 60 trabajadores de los diputados que han sido hasta ahora personal de confianza, o supernumerarios, que es el término técnico. A este grupo de colaboradores que llegaron al poder legislativo impulsados por diferentes partidos políticos les aplica una legislación que les garantiza tener una plaza permanente cuando hayan laborado por al menos 3 años y 6 meses de manera ininterrumpida. Y si han tenido una interrupción de no menos de 6 meses, pueden también reclamar su plaza permanente como burócratas cuando cumplen más de 5 años.

En ese caso se encuentra este grupo de trabajadores a la orden de los diputados... y quieren limitar sus derechos.

En particular, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Quirino Velázquez, y el secretario general del congreso, Tomás Figueroa Padilla, en acuerdo con otros coordinadores, pretenden que estas más de 60 plazas se condicionen y si es posible, se cancelen.

El "fuego" inició por la negativa de la fracción de diputados de Morena a aprobar el Presupuesto 2022. Posteriormente, se intentó parar el proceso de nombramiento de los supernumerarios relacionados con Morena, pero el tema impactó también a los recomendados de otros partidos políticos.

Ahora, el asunto es inocultable.

Se menciona que hay una exigencia para ellos: firmar un documento en el que se comprometen a no acudir ante las autoridades laborales para reclamar el derecho que les da la ley vigente. Irrisoria y hasta ofensiva, considerando que se pide en la casa de las leyes: el Congreso.

Es totalmente cierto que la población, genéricamente dicha, no aprueba el aumento de trabajadores en el congreso. Pero si los diputados promueven un Servicio Civil de Carrera (aprobado la semana pasada, con múltiples vicios) y hacen más transparente su quehacer como legisladores, gestores y políticos honestos (aunque parezca contrasentido), no necesitarán pagar sus espacios públicos con cargos y sueldos que se cargan al erario.

Eso es lo que no confiesan.

Seguramente recuerdan la crítica que le hicieron al partido naranja en las pasadas elecciones, cuando apostó a que la cantante "Paquita la del Barrio" fuera diputada en Veracruz.

Apenas hace unas semanas, Movimiento Ciudadano tuvo que recular y sacar de la boleta a Roberto Palazuelos, quien pretendía ser gobernador de Quintana Roo, tras una serie de escándalos que lo señalaban por corrupción y hasta un video antiguo donde confesaba un asesinato.

La novedad es que el partido ahora lanza a Francisco Xavier para los comicios rumbo a la gubernatura de Hidalgo. ¿Lo recuerdan? Fue cantante, buscó el poder desde el PAN, creó polémica por comentarios homofóbicos y también enfrentó una demanda por presunta tentativa de violación cuando pretendió el Senado.

¿Estarán de acuerdo con esas decisiones Dante Delgado y el góber de Jalisco?

Entre polémicas y refritos, al rato no pregunten por qué Morena avanza en las elecciones estatales.

Muy buena su "refundación".

¿Se acuerdan de la revisión del pacto fiscal? Aquella que nos costó más de 29 millones de pesos por una consulta ciudadana que ni siquiera alcanzó los votos necesarios en Jalisco. Pues resulta que el tema no está concluido.

Es cierto que el Gobierno del Estado ya no ha hecho más lucha con el asunto, pero el Partido Movimiento Ciudadano no pierde la esperanza... o así parece.

Este lunes, en el Centro de la Amistad Internacional, a poca distancia de Casa Jalisco, se realizará el foro "El Futuro es un Nuevo Pacto Fiscal". Lo presentan como un "seminario permanente para una nación socialdemócrata". Y estarán Dante Delgado, Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo.

Los naranjas persistirán en el intento de revisar el famoso pacto fiscal, aunque en este foro no están invitados sus colegas de Nuevo León, los únicos que pueden hacerlos fuertes.

Sin hacer mucho ruido, quien se está colando a espacios políticos de manera importante es el polémico ex magistrado Leonel Sandoval, padre del ex gobernador Aristóteles.

Muy a su estilo, concretó una alianza con el nuevo líder del Partido Verde en Jalisco, Luis Munguía, pero le aplicó una chamaqueada al grado que ya se apoderó de posiciones importantes.

Puso a su hija Cleopatra como representante de Zapopan y a su cercana Ángeles Arredondo al frente del partido en Tlaquepaque. Y recientemente colocó otras 2 piezas: Martha Benavides coordinará a las mujeres del PVEM y Eduardo Vallejo se encargará de los comités municipales.

¿Se dará cuenta Munguía que le quitarán poco a poco el control del Verde en la metrópoli, mientras él anda en Puerto Vallarta?

¡Que no se entere Enrique Aubry!

Recientemente se conformó la "Alianza Patriótica por la 4T" en Jalisco, una filial de Morena que pretende integrar a la gente que no ha sido tomada en cuenta. En otras palabras, tiene la misión de sumar a todos los que se sientan defraudados por los partidos y políticos.

El discurso no es novedoso. Lo que llama la atención es que la organización es encabezada por Gerardo Flores. ¿Lo ubican? Actualmente es secretario administrativo del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

¿Será una alianza entre la casa de estudios y Morena para competir en 2024 contra Movimiento Ciudadano?

En la política todo se vale.

En el tema de la rendición de cuentas del recurso público, algunos diputados del Congreso de Jalisco están más que perdidos.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Higinio del Toro, plantea que los entes de gobierno presenten sus informes físicamente y también por la vía electrónica. Incluso, quiere que se reforme la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.

Lo que no le han platicado es que las cuentas públicas se entregan físicamente y por vía electrónica desde hace años; de hecho, se incorpora con el sistema contable de la Auditoría Superior de Jalisco.

El diputado está medio perdido, pero los asesores que tiene, se rumora, no saben y ni aceptan consejos. ¡Qué nivel!

¿Alguien sabe a qué se dedica la Auditoría Superior del Estado de Jalisco? No es pregunta de examen, pero parece que no existe.

Y para muestra, un botón: en septiembre de 2021 se reformó la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Jalisco y sus Municipios. En esa reforma, a los 125 municipios del estado y a todos los Organismos Públicos Descentralizados (como los Hospitales Civiles), les dieron hasta el 31 de diciembre para cambiar sus reglamentos de compras. Entre otras cosas, tienen que ampliar los comités de adquisiciones para transparentar los procesos; además, se les ordenó dar preferencia a las empresas certificadas con procesos para evitar lavado de dinero. Todo esto es combate a la corrupción.

¿Pero sabe cuántos municipios hicieron la reforma? Ninguno. Es más, muchos ni reglamento tienen.

Se supone que la Auditoría tiene que vigilar y sancionar, pero ni sus luces.

Por el crecimiento del 2018 a la fecha de los ayuntamientos del país que crearon sus propias contralorías, llamadas hoy Órganos Internos de Control (OIC), uno pensaría que los recursos públicos que ejercieron estuvieron más vigilados y su manejo se dio con mayor transparencia, pero los datos que arrojó el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021 (CNGMDT), dado a conocer el lunes pasado por el Inegi, pone ese avance en duda.

Y es que aunque del 2018 al 2020 las presidencias municipales aumentaron en 52% la operación de estos órganos, algunas incluso con 2 o más oficinas, al pasar de 2,299 a 3,495, su trabajo no se vio reflejado en un mayor número de denuncias. Todo lo contrario. El número de expedientes contra funcionarios corruptos o negligentes de estos gobiernos se desplomó de 84,171 en 2018 a 68,786 en 2020.

La preocupación crece si cruzamos otros datos de la CNGMDT. Tomando recursos de los 536,620 millones de pesos ejercidos en 2020 por los 2,471 ayuntamientos del país (de estos 38,MDP en los de Jalisco, que lo ubica en 3er. lugar sólo debajo del Edomex y la CDMX), se realizaron 135,496 contratos con proveedores y contratistas y más de la mitad, 71,000, fueron adjudicaciones directas y sólo 5,500 fueron licitaciones.

Pese a esta discrecionalidad en las compras y contratación de obra pública, que son 2 de las grandes fuentes de corrupción, y aunque crecieron 60% las auditorías (pasaron de 13,652 a 21,900) y 166% las investigaciones al llegar a 10,327, el número de sancionados fue de 5,173, cifra menor a los 7,346 procesados en 2016 con menos escrutinio y vigilancia.

A reserva de constatar con más elementos que de verdad han bajado los niveles de corrupción en los ayuntamientos en México, cosa que dudo mucho, vendrá bien hacer una revisión de la independencia y eficiencia con las que están trabajando estos OIC municipales, que lo más probable es que sigan supeditados al gobernante en turno.

La crisis desbordada de inseguridad y violencia que padecemos en el país se reflejó también al registrarse durante 2019 y 2020 el asesinato de 33 alcaldes, síndicos y regidores que se convirtieron en víctimas como miles de ciudadanos.

Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021 (CNGMDT) dado a conocer el lunes pasado, asomó en este ejercicio bianual del Inegi la lógica clientelar que mantiene la clase política y gubernamental a la hora de las contrataciones de funcionarios y servidores públicos en las administraciones públicas municipales.

Esta inercia que sin duda impacta negativamente en la calidad de los servicios públicos que los ayuntamientos están obligados a brindar a los ciudadanos quedó consignada en un dato contundente que tiene que ver con la permanencia de los empleados en la nómina municipal. A la pregunta de cuánto tenían trabajando en sus respectivos ayuntamientos 84.3% de los hombres y 85.9 de las mujeres respondieron que tenían sólo entre 1 a 3 años, es decir, apenas un trienio o menos. Es decir, carecemos de ayuntamientos con personal con experiencia, pero sí con altos niveles de improvisación.

Queda claro entonces que el llamado servicio público de carrera que siempre invocan los políticos en campaña se queda en los discursos y en promesas que nunca se cumplen por sus intereses políticos y de grupo, en detrimento del mantenimiento y la operación de los servicios públicos que degradan la calidad de vida de los ciudadanos.

Seguramente recuerdan la reforma a la Ley de Fiscalización de Jalisco promovida por Mirza Flores, en la que se promovió como un logro que terminaría con la corrupción en el Congreso [de Jalisco], pues las cuentas públicas de los ayuntamientos y del gobierno estatal ya no serían aprobadas (y limpiadas) por los diputados, sino que esa tarea quedaba en manos de la Auditoría Superior del Estado. ¿Qué ha pasado? Pues que sólo provocó una parálisis.

Lea usted bien: no se ha aprobado ninguna cuenta pública desde 2018.

Muchos expresidentes municipales tiemblan porque no saben si después serán llamados a rendir cuentas. Otros han buscado al auditor Jorge Ortiz para consultar si les aprobarán sus gastos.

El paso de las buscadoras y las lecciones que dejaron en Jalisco debe obligar al gobierno estatal a revisar por qué no se han cumplido los compromisos y las tareas que contemplaba la Ley de Personas Desaparecidas aprobada justo hoy hace un año.

Es evidente que esta herramienta legal, en cuyo diseño participaron las familias de las víctimas y expertos que las apoyan, está lejos de aplicarse para tratar de disminuir las desapariciones, y en su caso, agilizar las búsquedas.

La principal queja de los afectados que sufren alguna desaparición sigue siendo la falta de acompañamiento de las autoridades y la lenta respuesta en el servicio médico forense, aunque desde luego, el clamor es que este flagelo se evite y se detengan a los raptores, y no sólo se desentierren muertos.

Mucho se tienen que aplicar para mejorar su trabajo en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como en la Comisión Estatal de Búsqueda, y la de Atención a Víctimas, a las que desde luego se les tienen que mejorar sus presupuestos para mejorar su operación, pero también que a los funcionarios omisos se les apliquen las multas y sanciones que también prevé la nueva Ley. Revisar nuevamente la recomendación que les hizo la CEDHJ sobre las fallas de la autoridad en materia de desapariciones sería también muy oportuno para seguir la huella que dejarán las buscadoras.

Enumero algunas de las principales promesas del candidato Enrique Alfaro, pero que el ahora gobernador aún no cumple.

Advierto que ni están todas las que son, ni son todas las que están. El lector recordará otras promesas para que juntos hagamos un ejercicio de memoria, tan necesario a mitad del camino. Solemos votar y olvidar. Pero el 1o. de julio de 2018, no se olvida.

SEGURIDAD. El candidato Alfaro iba a fortalecer a las instituciones para combatir los feminicidios, pero este delito creció en el estado. En 2020 mataron a 54 mujeres y el año pasado a 70. También nos prometió una fiscalía estatal autónoma, pero en su lugar nombró a un fiscal carnal hace unas semanas. Hallé esta perla prometedora: "Presentar una reforma para cambiar a todos los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado". Por el contrario, la mayoría refundadora en el Congreso local designó a 8 magistrados con base en el socorrido método de cuates y cuotas.

CORRUPCIÓN. Encontré esta declaración temeraria: "Combatir la corrupción y meter a la cárcel a 20 personas que ya se tienen detectadas por irregularidades". Ningún alto funcionario de la gestión anterior ha pisado la cárcel con una sentencia firme por corrupción en el Ipejal, Salud, Obras Públicas, Educación... Esta otra es una promesa "trasmochada" difícil de probar: "ahorro del 40% erradicando 'moches' en adjudicación de obras".

MEDIO AMBIENTE. Sanear el río Santiago y lograr la operación óptima de todas las plantas de tratamiento de las cuales funcionan el 81%, según Mide Jalisco. Sobre La Primavera, la idea era comprar zonas aledañas para garantizar su protección. Ahí viene la temporada de estiaje y todo sigue igual.

FINANZAS. No endeudar a Jalisco (de esto, mejor ni hablamos).

MOVILIDAD. El Peribús es una promesa cumplida, pero falta la Línea 4 y completar el plan de semaforización inteligente que con una inversión millonaria haría más ágiles los traslados en auto.

POLÍTICA. Entre los objetivos del mandatario estaban refundar Jalisco y una nueva constitución local. Moraleja: cuidado con lo que deseas, pero más cuidado con lo que prometes.

Como toda deuda, la de Alfaro tiene una fecha límite de pago que se cumple el 6 de diciembre de 2024 (si no se va antes de candidato para "construir una alternativa de cambio", como le dijo a su amigo Carlos Alazraki).

Aún hay tiempo para que al final del sexenio no repitamos sobre Alfaro sus propias palabras cuando en 2013 reprobó la gestión de Emilio González Márquez: "Hicieron que Jalisco perdiera el rumbo. Un gobierno que más allá de los logros que se pudieran reconocer fue incapaz de darle un sentido claro a Jalisco, y fue un sexenio en donde se detonaron los problemas de desempleo, de inseguridad y de pobreza".

A diferencia de 2012 o 2018, el gobernador arrastra nuevos negativos, el principal, lo que llamo su proceso de "obradorización" al victimizarse, descalificar a la prensa crítica y confrontar a víctimas y colectivos de la sociedad civil.

En un nuevo episodio de intolerancia, ayer el mandatario insinuó que detrás de algunos grupos de familias que buscan a sus desaparecidos hay "otro tipo de agendas o de intereses". Parece que Alfaro se siente más cómodo al hablar de números que de personas o víctimas.

En su última entrevista en Casa Jalisco, Alfaro aseguró que, a diferencia de AMLO, él no gobierna desde el discurso sino desde la realidad: "Siento que perdió contacto con la realidad porque ese es el riesgo en el gobierno, que tu equipo, que tus circunstancias, te alejen y creen una burbuja". Las palabras, en política, a veces son como un búmeran.

De cara a 2024, podemos decir: adiós al gobernador de las promesas pendientes para Jalisco. Se alista el candidato de las promesas nada más, lo que mejor le sale a la clase política.

Mientras integrantes de colectivos de otros estados arribaron a la metrópoli para realizar labores de búsqueda de personas desaparecidas, ayer el gobernador respondió a la prensa que la autoridad de Jalisco debe tener cuidado porque detrás de algunos grupos podrían estar intereses desconocidos. Eso desencadenó críticas por parte de las organizaciones civiles, quienes reprobaron las declaraciones.

El mandatario señaló que tiene comunicación directa con las familias de desaparecidos, aunque no lo presume por todos lados. Pero lo desmintieron los colectivos y le contestaron que su oficina está cerrada para esas víctimas. Y remataron que la Fiscalía debería apoyar y no hostigar a las familias que intentan encontrar a sus seres queridos.

A muchas autoridades les está dando el "síndrome golpista"; es decir, todo lo que se mueve en su contra es porque quieren golpear y desestabilizar a sus gobiernos.

Mientras el problema de las desapariciones en Jalisco agobia cada día a un mayor número de familias, en el gobierno estatal no sólo no atinan a desplegar acciones que saquen a la entidad del 1er. lugar en la comisión de este delito en el país, sino muestran una creciente insensibilidad y falta de empatía que en nada ayuda a resolver nuestro problema número 1 de inseguridad.

Los miles de desaparecidos y los constantes reclamos de los colectivos y familiares que buscan a sus seres queridos por la falta de acompañamiento de las autoridades y los calvarios que padecen para la identificación y recuperación de los cuerpos de las víctimas en las morgues del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) hacen patente esta desatención, pero los más recientes episodios lo confirman.

Primero fue el caso de "Chavita", el bebé que fue robado hace 16 años de la Clínica Ayala del IMSS, en el que el gobernador Enrique Alfaro felicitó a la Fiscalía y a sus funcionarios de Seguridad por la localización del ahora adolescente la semana pasada, sin contar que sus propios padres en redes sociales desmentirían más adelante esos apoyos al señalar que fue una llamada anónima la que los hizo dar con el paradero de su hijo y que durante años fueron ignorados.

Este lunes, en la más dramática y dolorosa escena de las desapariciones que tenemos en Jalisco, reaparecieron madres, esposas y hermanas provenientes de varios estados de la república, que ante el gran número de casos que se registran aquí extendieron la búsqueda de sus desaparecidos a tierras jaliscienses. Con sus propios picos y palas encontraron restos humanos, y no sólo tuvieron que esperar por horas que llegaran a peritos y agentes del Ministerio Público para oficializar los hallazgos, sino que el gobernador cuestionó su trabajo e instruyó a la Fiscalía investigar qué las traía al estado. "Estamos haciendo su trabajo. Mejor debería decir que estamos haciendo el trabajo que le corresponde a él", le respondió Milagros Flores, del colectivo sonorense BuscadoresSon, que más adelante invitó al mandatario estatal a unirse hoy a los trabajos para que conozca de cerca el dolor de las familias.

Además de las críticas al gobernador por esta declaración que se consideró, por decir lo menos, una falta de tacto en la conversación digital, este nuevo encontronazo con familiares y grupos activistas buscadores de personas no localizadas demuestra que falta mucho por hacer para lograr lo que se esperaba cuando hace justo casi un año, el 25 de febrero, se puso fin al rezago de más de 2 años que tenía la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas.

Por el respeto que hubo al trabajo de parlamento abierto que se hizo de manera lenta, pero efectiva, entre el congreso y los colectivos y especialistas, había muchas expectativas de que este nuevo instrumento legal, junto con la Ley de Declaración Especial de Ausencia, aprobada días antes, y con la aún pendiente de actualizar Ley de Víctimas, se podría enfrentar de mejor forma el problema de las desapariciones, pero ninguna nueva norma será suficiente si se sigue menospreciando y haciendo oídos sordos a quienes padecen estas tragedias.

Cómo han cambiado las cosas en el Congreso de Jalisco.

Antes, los aliados incondicionales de Movimiento Ciudadano eran los panistas, los del PRI eran quienes se oponían y los metían en aprietos, mientras los de Morena eran los novatos.

Hoy, la única oposición real son los 2 diputados de Hagamos. Los de Morena hacen como que se oponen sin oponerse. Y los del PRI, calladitos se ven más bonitos y se han aliado de tal manera que todo lo votan a la par de Movimiento Ciudadano.

Se ve que en Casa Jalisco han logrado buenas alianzas para planchar todos los acuerdos y las leyes que quiere el ejecutivo.

Por lo pronto, este miércoles votarán el presupuesto del congreso. ¿Se imaginan cómo serán las votaciones? A favor.

Deberíamos al menos estar analizando cómo se sienten los municipios en su relación con el gobierno estatal para estar seguros de no estar cometiendo como estado las mismas inequidades que reclamamos a la federación. O al menos discutiendo en el Congreso [de Jalisco] sobre la propuesta de creación del sistema tributario estatal. Pero ni eso.

El alfarismo como movimiento político vive en una extraña paradoja. Por un lado, tiene una gran capacidad para la comunicación política, manejo de redes sociales y generación de imagen (el gasto público en empresas de comunicación raya en lo escandaloso) y por el otro, posee un pésimo tino para proponer temas que realmente le importen a los gobernados. La refundación de Jalisco quedó tirada en el olvido (él mismo la echó a la basura) y el nuevo pacto fiscal parece correr la misma suerte: ya no le gustó el juguete.

¿Se olvidó el gobernador del tema o simplemente no son los tiempos para hacer campaña? Dicho de otra manera, ¿lo que ocupa la mente del gobernador es el federalismo fiscal o su futuro político? ¿Cuánto nos han costado a los jaliscienses esas ocurrencias, esas ideas grandilocuentes de un gobierno más preocupado por la imagen que por los resultados? Olvidémonos del dinero, que no es poca cosa. No solo es el gasto, es el desgaste, el costo en tiempo y esfuerzos inútiles de todo un gobierno enfocado en promover cosas que jamás sucederán.

Después del fiasco que ha sido Roberto Palazuelos como precandidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano (el sentido común y el miedo lo sacaron de la competencia), el partido naranja ya está revisando mejor sus procedimientos.

Por lo pronto, este fin de semana el dirigente de Jalisco, Manuel Romo, se fue a la Ciudad de México para revisar con los otros dirigentes partidistas quiénes serán los candidatos a las gubernaturas de Durango y Chiapas.

La consigna fue evitar las negociaciones de Dante Delgado, porque decide con muy poco tino.

El talento se acaba, señoras y señores. Y el éxito en Nuevo León no se está replicando en el país para ese partido.

Y mientras Movimiento Ciudadano recibió un batazo tras el fracaso de Palazuelos, a quien ni siquiera le acercaron al niño carismático Yuawi Lopéz, ayer ese partido insistió en la iniciativa de senadores para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todas las pruebas de detección del COVID-19, que también llegó a la Cámara de Diputados, acompañada de 5 exhortos que se presentaron desde los congresos locales de Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz y Nayarit.

¡Ya sean serios! Esa iniciativa se debió exigir en marzo de 2020.

Durante la sesión del pasado jueves en el Congreso del Estado de México se calentaron los ánimos, pues diputados del PAN y Morena se gritaron de todo y hasta amenazaron con llegar a los golpes.

Todo comenzó cuando el legislador de Morena, Ariel Juárez estaba en el estrado y leía un punto de acuerdo por los ponchallantas, y esto de alguna manera causó la furia de su compañero, el panista Daniel Santos, quien comenzó a insultarlo.

Y ante las duras ofensas que recibía, Ariel Juárez hizo un lado el micrófono, pero se escuchó claramente como le decía "chinga tu madre" en repetidas ocasiones al panista, a lo que esté le contestó con el mismo insulto e incluso lo retó a que salieran para golpearse.

"Ratero, tranza, chingas a tu madre", fue lo que Daniel Santos repetía varias veces a su compañero legislador.

Al final, el resto de los diputados tuvo que intervenir para impedir que se agravara este conflicto, y poco después Ariel Juárez ofreció una disculpa a los legisladores y aseguró que es de "mecha corta" porque es de barrio.

Los subsidios a los partidos políticos en aras de la democracia ya cumplieron su función, ya es tiempo de que cada quien trabaje con sus militantes para costear sus cuantiosos gastos de operación. Hay miles de personas que viven de actividades políticas partidistas improductivas, como los zánganos del panal de abejas. Es indispensable reformar las leyes para precisar requisitos de los candidatos que garanticen que tienen una educación escolar acorde con el cargo que van a desempeñar, además de haber observado buena conducta pública y un coeficiente intelectual aceptable. Urge la cancelación de las diputaciones y senadurías plurinominales y apoyar a las candidaturas independientes; así como la reducción de los tiempos entre la convocatoria a elecciones, y la votación, y el tiempo que media entre la elección y la toma de posesión. Debe continuarse con la supresión del fuero constitucional, esta figura se creó en la época posrevolucionaria y las venganzas políticas estaban a la orden del día. Esta etapa ya la hemos superado.

¿Por qué la oposición habría de ser empática con un presidente que la ataca todos los días? ¿Por qué alguien que ha sido acusado y desacreditado constantemente en las mañaneras no haría lo mismo ahora que el presidente está en problemas? ¿Por qué no usar todos los recursos al alcance para exhibir a quien los ha exhibido?

La única razón para no hacerlo sería que la oposición fuese más inteligente que López Obrador, y claramente no lo es. Una oposición que es capaz de proponer a Palazuelos como candidato (hoy, por cierto, se define el futuro de esa enorme torpeza de MC, pero el daño está hecho); una oposición que corre feliz tras la primera embajada que le ofrece el presidente; una oposición incapaz de articular un discurso coherente sobre el futuro del país no es la fuerza política que nos sacará del hoyo. Por el contrario, alimentar el discurso de odio en medio de la primera gran crisis de credibilidad de López Obrador evidencia que siguen jugando en su cancha.

Nos cuentan que el fiscal anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz, está muy satisfecho con su trabajo porque ayer se vinculó a proceso penal a Álvaro "N", quien fuera presidente municipal de Huejúcar en el periodo 2015-2018.

No podrá salir del país durante 6 meses mientras continúa su proceso por el delito de abuso de autoridad, ya que supuestamente otorgó plazas o nombramientos de forma ilegal antes de terminar su alcaldía. Los amigos del entonces munícipe no cumplían con la antigüedad para amarrar el "hueso".

Aunque no sabemos qué pasará con los trabajadores, vale la pena recordarle al fiscal que acá en la metrópoli abundan esos casos y están impunes. Hay que recordar que en Tonalá, por citar un ejemplo, en cada cambio de administración se denuncian basificaciones irregulares, pero interviene el polémico Tribunal de Justicia Administrativa y siempre pierde el ayuntamiento.

Por lo pronto, el alcalde Sergio Chávez ya tiene un precedente para combatir las anomalías que denunció el año pasado en Tonalá. ¿A menos que sea puro rollo?

En San Pedro Tlaquepaque debemos recordar que la administración "perdió" 3 meses por la anulación inédita de las elecciones y su repetición. El gobierno de Citlalli Amaya comenzó hasta enero y con muchos pendientes, incluso heredados.

En la cuenta pública del 2019, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco detectó 30 millones de pesos no justificados en la Dirección de Proveeduría (las compras de la administración) a cargo de César Moya Rodríguez, que ha estado en el cargo desde la administración anterior.

La Auditoría le indicó la irregularidad al "contralor ciudadano" Otoniel Vara de Valdez para que proceda, pero como que no escucha.

Así no hay sistema anticorrupción que funcione.

Este viernes el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, comenzó su gira por los estados de Jalisco y Nayarit, para hablar sobre la reforma energética, sin embargo, nadie llegó a la conferencia de prensa que convocó en la plaza de la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres.

Ante las críticas de los últimos días, nos confirman que este viernes acudirán los secretarios de Hacienda y Obras Públicas de Jalisco al Congreso. Juan Partida y David Zamora darán un informe del gasto de la deuda pública, aunque anoche el Gobierno adelantó que todos los créditos a corto plazo o quirografarios están apegados a la ley.

Ya está muy quemada la crítica de que el gobernador incumplió su promesa de no endeudar al estado, pero además de los 2 mega créditos millonarios, sí preocupa a muchos que la actual administración recurre de forma sistemática a los créditos quirografarios y suma 7 créditos por 3,200 millones de pesos en total -aunque aseguran que sólo les falta pagar uno-.

Esos créditos se deben pagar en menos de un año y, con ese argumento, evaden la autorización del poder legislativo.

Sin embargo, esa forma de obtener créditos bancarios es igual al método que utilizan para evitar las licitaciones públicas y asignar directamente contratos de obra pública. En otras palabras, asignan directamente de millón en millón para evadir las licitaciones.

Quiero dejar en claro, primero que nada, una deuda del mandatario estatal con los jaliscienses: no tenemos una Fiscalía autónoma porque el gobernador y sus diputados dejaron reformas a medias desde la legislatura anterior. Por eso Alfaro ratificó a Méndez Ruiz sin problema. La criticada apuesta por la continuidad.

No es ilegal, pero no es lo ideal. Una Fiscalía autónoma implicaría que para elegir al fiscal, el legislativo emita una convocatoria pública, envíe los mejores perfiles al ejecutivo estatal para que éste designe una terna, cada candidato presenta un plan de trabajo e idealmente se somete a una evaluación del Comité de Participación Social, y finalmente 2 terceras partes de los diputados designan al nuevo titular de la Fiscalía.

En lugar de lo anterior, Alfaro mandó un oficio a los diputados y ratificó a su fiscal carnal por medio del prehistórico dedazo. Méndez Ruiz, por tanto, es un subordinado a los intereses del gobernador, quien lo elige y sostiene en el puesto.

Por otra parte, la imagen del fiscal que rinde cuentas al mandatario sobre un caso debería, en realidad, ser la del fiscal que rinde cuentas a los jaliscienses sobre una estrategia integral. Por ejemplo, la presentación de un Programa Estatal de Procuración de Justicia actualizado como manda la ley. En la página web de la Fiscalía sólo hay un plan institucional de la administración pasada y 40 hojas de un plan genérico correspondiente a 2019.

No es mucho lo que pedimos. Simplemente una fiscalía autónoma que sirva y cumpla su atribución central, plasmada tan clara y remota en la ley:

"Investigar todos los delitos del orden local y concurrente, así como acreditar la responsabilidad de los imputados ante los tribunales, con el objeto de esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen".

Nada más eso exigimos los jaliscienses. Y nada menos.

La actual administración estatal ha recurrido a 7 créditos quirografarios a través de los que accedió a 3,200 millones de pesos (MDP). La característica de estos endeudamientos es que deben pagarse a más tardar a un año de su contratación y que no requieren la autorización del congreso local.

El empréstito más reciente fue por 600 millones con el Banco BBVA, se adquirió en diciembre pasado argumentando insuficiencias de liquidez de carácter temporal. A lo largo de 2022 se realizarán los "abonos" para cubrir el pago.

El 1er. crédito a corto plazo se contrató en diciembre de 2018, en los primeros días del actual gobierno, obtuvieron un préstamo de 600 millones de pesos, en ese momento el secretario estatal de hacienda Juan Partida, informó que se utilizaron para entregar a los ayuntamientos adelantos de participaciones.

Antes del inicio de la contingencia sanitaria, en febrero de 2020, se contrató con el Banco BBVA una deuda a corto plazo por 600 MDP. Para abril de ese mismo año, recurrieron a un endeudamiento de 800 millones con Banorte y 200 MDP con Scotiabank. En ambos casos, se afirmó que eran necesarios para cubrir necesidades de corto plazo.

En diciembre de 2020, otra vez, recurrieron a deuda a corto plazo, en esa oportunidad fueron 2 financiamientos por 200 MDP, uno adjudicado a Banorte y el otro a Scotiabank.

Los créditos quirografarios son adicionales a los 2 endeudamientos a largo plazo autorizados a la actual administración estatal. En marzo de 2019 fue avalado un endeudamiento por 5,250 millones para obras públicas y en mayo de 2020 se autorizó contratar créditos hasta por 6,200 millones de pesos, con la justificación de que era parte del plan estatal de inversión para la reactivación económica por la contingencia sanitaria.

La Fiscalía General del Estado -reza su página oficial de internet- "es la responsable de la seguridad pública y procuración de justicia". Si Jalisco no es, ni con mucho, un oasis de seguridad en el desierto de inseguridad que sería todo el país; si las estadísticas oficiales señalan que los índices delincuenciales, en todos los rubros (homicidios, secuestros, robos, asaltos, violaciones...), exceden los anhelos de los ciudadanos y de las autoridades; si el propio gobernador del estado acepta -así sea a regañadientes- que los avances son insuficientes para echar a vuelo las campanas, la dolorosa conclusión es que "la responsable de la seguridad" ciudadana no pasa ni "de panzazo", por más benevolencia que se tenga al evaluarla.

Si -según la misma página- la susodicha Fiscalía "es la encargada de conducir las funciones de investigación de los delitos", y en Jalisco, como en las demás entidades del país, más del 90% de los delitos que se cometen no se denuncian, y el 94% de los que se denuncian quedan impunes, esa encomienda de la dependencia, obviamente, tampoco es "misión cumplida".

Si los niveles de "seguridad pública" vigentes obedecen, ante todo, a las providencias que los propios ciudadanos han adoptado, y "el mantenimiento del orden y la paz pública" se debe primordialmente al talante ordenado de la mayoría de la población, tampoco hay motivo para atribuirlos y agradecerlos a los funcionarios que en la actual administración han pasado por esa dependencia.

Si las "desapariciones forzadas" -como las calificó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos- de alrededor de 50 jóvenes participantes en una manifestación, en junio de 2020, no tuvieron justificación ni respuesta; si el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval -seguramente el episodio más escandaloso en la historia de la actual administración- tuvo como rúbrica la declaración (que sería ridícula si no fuera trágica) de que "estaba resuelto" sin que se difundieran los nombres de los delincuentes ni sus móviles, sin hablar de "las acciones de reparación del daño (...), la aplicación de sanciones por infracciones a la Ley de Vialidad o del sistema de reinserción social (de delincuentes) y atención a víctimas" de delitos, queda claro que quienes lleguen al relevo en la dependencia la llevan de ganar: difícilmente lo harán peor que los que se fueron.

El conflicto entre Casa Jalisco y la UdeG subió otra vez de tono, pero ahora el tema del Peribús desató la polémica.

Tras la protesta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) en la inauguración del Peribús el pasado sábado porque no llega a Tonalá, ayer el gobernador señaló en un evento público que son "vividores" y les recomendó que ya pueden ir por su bono y por su lonche. Hasta recordó que en 2009, la FEU se opuso a que el Macrobús llegara a Tonalá.

Por su parte, el rector Ricardo Villanueva contestó que aguanta los adjetivos del gobernador, pero le pidió frenar las ofensas contra los estudiantes. En pocas palabras, respondió que al mandatario estatal le faltó ir por su frutsi y su lonche para que se formara en una organización que fomenta la solidaridad, los políticos de primera y la gente que trata bien a los demás. "Con los estudiantes de la universidad, que no los toque", le exigió.

Luego que el gobernador arremetiera contra la UdeG por no "respetar" los acuerdos con la Mesa de Salud para regresar a las aulas en el nivel de bachillerato, la casa de estudios reaccionó y le recordó el trabajo realizado durante la crisis sanitaria.

El nuevo enfrentamiento nació el sábado pasado, en la "fiesta" que organizó el Gobierno de Jalisco para inaugurar el Peribús -convocó a más de 200 personas-. Ante una pregunta sobre la postura de la Universidad para aplazar el regreso a las aulas hasta el 8 de febrero por el alza de los contagios del nuevo coronavirus, el gobernador contestó que, a lo mejor, los universitarios "se sienten más cómodos sin trabajar".

Eso detonó una respuesta anoche por parte de la UdeG. En síntesis, calificó la declaración como ofensiva y enlistó el trabajo a marchas forzadas desde el 2020, con clases virtuales, aplicando vacunas, haciendo pruebas para detectar el virus, colaborando con laboratorios, entregando despensas y ayudando en el aislamiento a quienes no tenían posibilidad de hacerlo en casa.

* * *

Ayer por la mañana, el gobernador reiteró que los estudiantes de educación básica en Jalisco no regresarán a la virtualidad, pese a los contagios. Es más, presumió que en el nivel de bachillerato -sin contar a la UdeG- ya regresaron a las escuelas más de 138,000 alumnos. Y volvió a presumir que los estudiantes de primaria y secundaria están más seguros en las aulas que en sus casas, por lo que dio cifras de bajos contagios.

Lo que sigue pendiente es el número de pruebas que han aplicado a los menores de edad en los planteles, con una muestra representativa, para demostrar que no hay tantos riesgos o contagios.

Hay que recordar que hay casi 1.7 millones de alumnos en educación básica.

* * *

Y mientras seguimos con los niveles más altos de contagios en Jalisco durante toda la pandemia, en algunos ayuntamientos ya están preparando los festejos patronales o las fiestas anuales.

Nos cuentan que en Ameca, por ejemplo, ya está con todo la venta de boletos para los eventos artísticos de febrero para el carnaval 2022. Y para acudir a la presentación del grupo Intocable se venden boletos de los 420 a los 1,520 pesos por persona.

¿Tendrán autorización de la Mesa de Salud? De ser así, que no sorprendan los próximos picos de contagios en los municipios que tradicionalmente tienen sus fiestas entre febrero, marzo y abril.

Mirar con fijeza al actual Gobierno de la República tiene el efecto de hacernos creer que las nociones mandatario y servicio público se degradaron significativamente; el hecho resalta no porque la observación intensa del régimen vigente nuble la objetividad, sino porque el sexenio anterior impuso la certeza de que habíamos tocado fondo (en esas y en otras materias). Otra consecuencia de reducir el todo a una de sus peores partes, el gobierno, es que podemos llegar a suponer que el resto de los de elementos que conforman la política de los poderosos para el poder, flota ingrávido por encima del tonelaje que día con día ganan las expectativas truncas que adornan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ocupa el punto más agudo del vórtice que aceleradamente se abisma a las cloacas en las que reposa la memoria infausta de casi todos los gobiernos que antecedieron al suyo; sin embargo esos otros elementos no están distantes, incrustados en el devastador remolino van los partidos, los otros poderes, nacionales y locales, y los que para simplificar caben en lo que llamamos, con los sobrentendidos que no necesitan de paréntesis para precisar, clase política.

Fraseado al modo de las leyes de la física quedaría de esta forma: 1a. ley, la interacción en un conjunto de cuerpos políticos independientes se evidenciará por las órbitas que fatalmente imponga el que con mayor peso atraiga a los demás, comprometiendo la que a priori fue independencia. 2a. ley: en un sistema político dado, sus componentes acusan menor entropía cuando ninguno de ellos tiene fuerza suficiente para comprometer al sistema; cuando aparece uno altamente masivo, la entropía decrece aún más, solidificando la estructura hasta la parálisis, misma que, sin embargo, parece discreta por lo masivo del cuerpo dominante, aunque, al final, el anquilosamiento es contundente, sus efectos negativos en la sociedad lo demuestran.

Mirar con fijeza a las fuerzas políticas que teóricamente conforman la oposición actual tiene el efecto de hacer sentir que se mira a la nada, al vacío turbulento que se forma en el interior del vórtice de la degradación política generalizada. Ante los yerros, exabruptos y dislates del gobierno federal, la pregunta que atraviesa el territorio nacional es ¿y la oposición, por qué no aprovecha las circunstancias para ampliar su influencia? Quizá esta cuestión sea inútil, si tomamos en cuenta la que sugerimos debe antecederla: ¿por qué esperamos algo de la oposición? No de la oposición como concepto político, sino de ésa que tenemos a la mano, representada por algunos partidos, por políticos y políticas profesionales y los aspirantes a serlo. Si algo hemos experimentado a lo largo de los últimos 50 años es que el sistema es generoso con quienes son parte de él; en algún momento los opositores, si son pacientes, si ejercen una crítica moderada y no encabezan revueltas con visos de ser realmente cismáticas, les llega su turno, o dicho coloquialmente: su recompensa; nunca faltarán puestos para otorgar en el gabinete, en embajadas y consulados, o absoluciones para delitos que los enclavados en la dizque oposición hayan cometido o no, porque el temor que el poderoso en turno infunde no es poco, ya que con el cargo le es otorgada la capacidad para derruir prestigios a voluntad, sin que deba supeditarse a la ley, a la justicia o la decencia.

En suma, sujetar la observación al torbellino que forman las entidades políticas en el gobierno y las que están fuera de él en espera de entrar al relevo, tiene varias consecuencias: llevarnos a confundir lo que ahí sucede con lo que el país va siendo; desesperanzarnos, no tenemos remedio, todos los partidos son lo mismo, hagamos lo que hagamos siempre ganan ellos y para ellos; plantearnos salidas falsas, como imaginar que llegará alguien que gobierne bien, no sabemos de dónde ni por cuenta de quien, el caso es que nos asimos a un placebo casi parapsicológico de la esperanza: no yo, no nosotros, alguien etéreo que, si lo pensamos despacio, hoy mentamos oposición, más como letanía que considerando a un sujeto concreto: que la economía mejore, te lo pedimos oposición; que la inseguridad, te lo pedimos oposición; que el autoritarismo, te lo pedimos...

Entonces, si en verdad el país y sus estados son más que el vórtice exterminador que parece envolvernos ¿a dónde dirigir la mirada? Por lo pronto, por salud mental, a los puntos en los que se enfocan quienes escapan del deslumbramiento que producen aquellas y aquellos que consciente o inconscientemente ponemos al centro de los afanes sociales. Por ejemplo, hay mucho que mirar en la cultura que por todos lados da frutos; así con el mundo empresarial y el universitario, y en el de la educación en general, a pesar de tantos desfiguros oficiales, sigue siendo emocionante ver en las mañanas, en cualquier pueblo, en las ciudades, en los bordes de los caminos, hileras de niñas y niños que van a la escuela. Y cómo no darnos cuenta de que la solidaridad espontánea no se arredra, que las personas se ayuntan para resolver problemas medioambientales, de las personas mayores, de niños en el abandono, de enfermos, de hambre, etc.

Pero es cosa de emprender la fuga por las brechas de lo que sí está bien y que depende poco de los gobiernos, sino de tener la vista dispuesta para abarcar 360 grados: luego de atender la vida que sí hay más allá del mundillo de la política según la entienden los políticos, seguramente será más sencillo elevar los niveles de crítica y de exigencia y, como dicen los franceses, voilà, aparecerá una oposición más potente que ninguna otra: la que la gente debería formar siempre, y más cuando en suerte toca un gobierno asolador. Fraseado según la física: la energía opositora resultante será igual a la amalgama que forme la gente, multiplicada por la velocidad de la indignación (dispuesta a actuar) al cuadrado.

Ya que abordamos el Tribunal de Justicia Administrativa, revivió el conflicto entre magistrados y autoridades municipales.

Hay 3 episodios. 1o., en las administraciones 2015-2018, los entonces alcaldes de Guadalajara y Zapopan le cantaron un tiro a los magistrados Alberto Barba y Armando García Estrada, por supuestas anomalías en las resoluciones de usos de suelo por parte del Tribunal. Luego, hasta la Unidad de Inteligencia Financiera les congeló sus cuentas bancarias. Y ahora surgió la 3a. parte, con Lemus y García Estrada.

El alcalde ya presentó una denuncia penal contra el magistrado por excederse en sus atribuciones en torno a la licitación para la compra de patrullas en Guadalajara, pero recuerda que el juzgador acumula varias denuncias por presunto lavado de dinero y hasta señalamientos de acoso.

El magistrado contesta que son infamias y afirma que la Unidad de Inteligencia Financiera está por resolver su asunto, que el FBI le expidió una constancia de no antecedentes criminales y que no acosa a nadie. ¿Cómo terminará el nuevo pleito?

La nominación de Roberto Palazuelos, "el diamante negro", como candidato de Movimiento Ciudadano en Quinta Roo es de una irresponsabilidad mayúscula. Palazuelos no sólo ha estado involucrado en innumerables polémicas como empresario y en su comportamiento público, sino que se trata de un personaje que representa en sí mismo la frivolidad, el clasismo, la misoginia y el machismo.

La decisión de Movimiento Ciudadano de buscar candidatos "rentables" porque tienen buen manejo de redes sociales parece ser ya una tendencia.

Movimiento Ciudadano, el partido autodenominado socialdemócrata se ha convertido en el de la socialité demagógica. El pragmatismo a ultranza no sólo lo ha desdibujado ideológicamente (¿cuál no?, alegarán no sin razón y altanero cinismo) sino que lo ha convertido en una extraña mezcla de conservadurismo, derecha empresarial, viejo nacionalismo y algunas pinceladas cada día más tenues de la izquierda democrática.

Por el bien de la política y del país, ojalá que Roberto Palazuelos, el "rey de los mirreyes", y Movimiento Ciudadano sufran una estrepitosa derrota en Quintana Roo.

Los políticos en general, y particularmente los diputados, dejaron de llamar la atención en los medios de comunicación con iniciativas de ley estridentes o comentarios lapidarios todo eso producto de que ellos también se están cuidando del virus, y evitan las conferencias de prensa y los famosos "chacaleos" (entrevistas de banqueta rodeados de reporteros), y también de que poco interesa a la opinión pública lo que hagan o dejen de hacer cuando se está librando desde hace 2 años una batalla contra un virus tremendamente peligroso y mortal.

Son pocas las apariciones de políticos y diputados y parece ser que no se les extraña mucho, demostrando un poco lo inútil que es su actividad cuando a la sociedad le inquietan cuestiones realmente importantes.

Cuando termine esta nueva oleada del virus habrá que ver cómo se retoman estas actividades.

Los diputados y políticos tendrán que evaluar su propia actividad, su utilidad a la sociedad y el tipo de discurso que van a manejar para estar en la atención popular.

En la administración anterior, a diferencia del resto de los alcaldes, Ismael del Toro, entonces presidente municipal de Guadalajara, aceptó el reto del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de no designar directamente al contralor, sino que aprobara convocar a un proceso de selección abierto para elegir al mejor perfil de todos los candidatos interesados.

Así llegó en la persona de Enrique Aldana López, el 1er. contralor independiente no sólo del Ayuntamiento de Guadalajara sino de Jalisco, lo que abría la posibilidad de romper con la inercia del papel cómplice de corruptelas que siempre han jugado las contralorías que responden al gobernante o al jefe de oficina de cualquier dependencia gubernamental que siempre colocan en ese puesto a algún incondicional que les cuide las espaldas.

La buena noticia es que Cynthia Cantero Pacheco, la nueva contralora del Ayuntamiento de Guadalajara, llega por esa misma ruta, propuesta como el mejor perfil por las y los integrantes del CPS.

Otra forma de entender la popularidad de Enrique Alfaro es posible.

¿Destaca como un gobernador popular frente a otros mandatarios? ¿Su nivel de aprobación se explica por sus logros y bienestar reportado en su sexenio a los jaliscienses? ¿O hay factores externos como la pandemia? ¿Cuántos de esos puntos de popularidad los cosechó gracias a su estrategia política de contraste con el centro?

En días recientes circularon algunas encuestas sobre los niveles de aceptación de Alfaro. La más generosa señala que más de la mitad de los jaliscienses lo aprueban. Nada mal para un mandatario en su 3er. año de gobierno.

Sin embargo, una fotografía del momento sirve de poco. Por eso me concentraré en la evaluación de los gobernadores que durante 3 años que ha realizado Consulta Mitofsky.

Hay que remontarnos a febrero de 2020.

Alfaro arrastra aún la sombra de su intolerancia al desaparecer por sus fustes el Instituto de las Mujeres. En esas fechas, Jalisco rompe su tasa histórica de homicidios (INEGI). También el gobernador firma su divorcio con los medios que no favorecen la versión oficialista. Su confrontación con AMLO lo coloca en los reflectores nacionales, pero pagamos un costo muy alto: Jalisco queda marginado del presupuesto y del diálogo con el Presidente en una lucha estéril y desigual.

El Alfaro candidato se desinfla pronto frente al Alfaro gobernador. Febrero de 2020 termina por los suelos: sólo 28% aprueba el gobierno del emecista, su punto más bajo en el sexenio. En esas fechas, un portal digital titula: Alfaro, entre los gobernadores con menor aprobación del país. En el ranking de popularidad, sotanea en la posición 25.

Entonces llegó la pandemia en marzo de 2020.

Alfaro capitaliza un liderazgo local que lo catapulta. Sorprende la tendencia. Conforme avanza la crisis sanitaria, su popularidad crece mes a mes. En junio de 2020 alcanza su punto máximo con más de la mitad de los jaliscienses que respaldan su gestión.

Sin embargo, este efecto se replicó para el resto de los mandatarios en el país. Un dato revelador: un mes antes de la crisis sanitaria, el promedio de aceptación de los gobernadores era de 32%. En la última encuesta de diciembre pasado aumentó a 51% (todos crecieron).

Si todos los mandatarios aumentaron su popularidad, ¿qué posición ocupa ahora Alfaro? Continúa rezagado entre los 10 gobernadores peor evaluados, en la posición 26 con 44% de aprobación.

Contrastada con otros gobernantes, la popularidad de Alfaro parece más bien un mito.

No tiene sentido insistir en que lo único peor que Morena es la oposición. Partidos desarticulados, sin discurso, alejados de las ideas y los ideales, pragmáticos hasta el cinismo, carentes de liderazgos y encima mercenarios. Con ese escenario enfrente Morena y sus aliados han transitado con relativa tranquilidad a lo largo de la 1a. mitad del sexenio. Los votos de la oposición son en realidad los votos contra López Obrador, que él mismo se ha encargado de incrementar, pero no los votos de una visión alternativa de país.

Fuentes de primerísimo nivel nos confirman que Héctor Pizano llegó para hacer billetes en Pensiones de Jalisco. Pero no sean mal pensados. En serio.

Con su llegada al Ipejal no solamente se liberó el conflicto para que la Villa Panamericana se pueda habitar, por lo que se podrá recuperar lo que se invirtió en el proyecto desde la administración de Emilio González.

Ahora nos afirman que subieron los montos de los créditos para vivienda, con la intención de que los afiliados puedan comprar casas más dignas y no "huevitos".

Sólo hay un problema. Cuentan que también elevaron las tasas de interés con ganas: al 11.68%.

Las mismas fuentes nos subrayan que en los bancos hay tasas del 7.85%, entonces piden una explicación al director.

A la espera de la respuesta de don Héctor, la recomendación para los afiliados es que comparen esas tasas con los bancos y no se dejen llevar por el aumento del monto del préstamo.

Sería una mala fórmula para los afiliados o jubilados estar endeudados hasta el cuello en plena pandemia... y con desabasto de medicinas.

El meollo está en cómo hacer un balance público de lo que de bueno hay (tanto) en la sociedad sin correr el riesgo de que lo usen en nuestra contra, como salvoconducto esgrimible por quienes yerran cotidianamente al darnos seguridad, al paliar la desigualdad, porque una lectura convenenciera de muestras amplias de la vida en la urbe puede propiciar banalizaciones (arma preferida de los políticos) del tipo: pobres pero felices, inseguros pero satisfechos con la vida. Para salirnos de la penumbra de la inseguridad, tal vez baste no perder de vista que la vida es más que los facilismos autoexculpatorios de quienes gobiernan, porque lo que de bueno y placentero hay en ella es consecuencia del hacer, del imaginar, del afán por gozar de las personas, y asimismo de su gana por formar comunidades.

El servicio público es más antiguo que la democracia y ha existido por ende en todos los sistemas políticos del mundo. En los sistemas monárquicos o dictatoriales este servicio es evaluado por los supremos líderes, en las democracias los evaluadores son múltiples, así la sociedad, las instituciones oficiales y los partidos. A diferencia de lo que puede pasar en dictaduras o monarquías, las democracias establecen parámetros de valoración que buscan ser objetivos y que, además, fundamentan las decisiones acerca de lo que debe hacerse con un mal servidor público o con el que ha tenido buenos resultados.

Pero las democracias no son un sistema perfecto, ninguno lo es. No obstante, la democracia es tan permeable que pueden introducirse bajo su estructura todo tipo de prácticas y de corruptelas, sobre todo en las democracias representativas, que Rousseau veía como una solución a los grandes países. El mayor desvío es cuando el "representante" se convierte en sustituto de la sociedad y se maneja por la libre, algo semejante hacen los partidos cuando acaban por representarse a sí mismos, avocados a defender sus intereses y no los de la sociedad.

Justo porque existen estas distorsiones el servidor público advierte que para subir en la pirámide del poder hay 2 recursos, las escaleras o el elevador. En las escaleras cada peldaño ganado es un problema social resuelto, y cada problema sin resolver, un escalón brincado que le pedirá cuentas, y de ninguna manera le permitirá seguir ascendiendo.

Pero hay elevadores, y éstos los operan otros actores y permiten el acceso por medio de otros recursos totalmente al margen de los intereses sociales y de la democracia. Esos otros operadores suben y bajan aspirantes sin que los interesados deban esforzarse en ganar escalones con su trabajo y su honestidad. Y así, mientras que por las escaleras del servicio público van subiendo los mejores, por el cómodo elevador de la corrupción política ascienden los vividores sin la menor vergüenza, aunque todo mundo se dé cuenta de que están haciendo trampa. Porque, además, todo mundo no les pedirá cuentas y hasta aplaudirá su "audacia".

Eso fue justamente lo que hizo Roberto Madrazo en el maratón de Berlín, en 2007, brincándose cómodamente 15 kilómetros, con la idea torcida de que en el deporte se aplicaban igualmente las reglas que en México se usan en la política. Sólo que en Alemania sí lo descalificaron en lugar de aplaudirle la astucia, qué le vamos a hacer, así son los alemanes de "estrechos", por algo son también una potencia mundial.

La diferencia pues entre un servidor público y un vividor está, entre otras cosas, en los medios de que se vale para subir de un cargo a otro, con la añadidura de que un vividor jamás dará provecho alguno a la sociedad y sí la meterá en serios problemas si atendemos al tipo de padrinos, mafias o poderes que lo subieron en su elevador.

No hace falta señalar que el costo a pagar por el uso de "elevadores" asciende en función del piso al que se quiera llegar, ni olvidar que el presidente Juárez ya andaba vendiendo medio México a cambio de un elevador norteamericano que finalmente le dio el triunfo; son pésimos ejemplos, pero no dejan de enseñar.

Vaya paradoja. Iván Argüelles, el 1er. director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) en el actual sexenio de Enrique Alfaro, quien a su llegada denunció el desfalco que significó invertir el ahorro de los trabajadores en la empresa Abengoa en noviembre de 2015, tuvo que salir de esa institución porque luego fue el que facilitó indebidamente que creciera la lista de los políticos que esquilman también ese fondo con pensiones doradas igualmente ilegales.

Un claro ejemplo de cómo gobiernos van y vienen y no hay uno sólo hasta ahora que haya parado el saqueo a este multimillonario fondo que llegó a ser ejemplo nacional por su manejo que lo llevó a ser el más sólido y estable de país.

En 2013, que inició el gobierno priista del ahora finado Aristóteles Sandoval, pese a que se cuestionó que su antecesor, el panista Emilio González Márquez, haya reformado la Ley de Pensiones para que no fuera necesaria la autorización del Congreso para hacer inversiones con ese fondo, como en el polémico caso de Chalacatepec y en las Villas Panamericanas, reconocieron que recibieron un Ipejal con finanzas sanas y que había crecido en un 50% su patrimonio.

En contraste, a su arribo al gobierno de Jalisco, Alfaro aseguró que el Ipejal estaba en riesgo de quiebra debido que durante la gestión de su antecesor el déficit de Pensiones había crecido 260,000 millones de pesos. Fue la 1a. vez que se habló de las irregularidades de Abengoa y de Transportes Marítimos Mexicanos (TMM) que revivieron esta semana al denunciar nuevamente ante la Fiscalía Anticorrupción un desfalco de más de 2,000 millones de pesos por ambos casos, y adelantar que hay otras 24 inversiones que huelen a fraude.

El actual director de Pensiones, Héctor Pizano Ramos, asegura que pese a todo este mal manejo de inversiones que heredaron y las cada vez menores aportaciones que reciben y el crecimiento de trabajadores pensionados a los que hay que pagarles, que a mediano plazo podría colapsar el sistema de retiros laborales, el patrimonio del Ipejal ha crecido en los últimos 3 años de 38,000 millones de pesos a 42,000 millones, con inversiones por 19,000 millones de pesos.

Ante este panorama, el rescate del Ipejal ciertamente pasa por hacer las reformas necesarias para rehacer las fórmulas que equilibren ingresos y egresos en el aspecto de cuotas y pensiones, y desde luego poner fin a los abusos de las jubilaciones ilegales y abusivas, pero lo más importante, y que nadie ha tenido la voluntad política de hacer, es transparentar y erradicar la opacidad absoluta con la que se maneja el fondo de pensiones.

¿Cuántas asociaciones y con qué empresas se invierten las cuotas de los servidores públicos? ¿Cuáles son los criterios para las nuevas adquisiciones y cuál es el padrón de propiedades y negocios actualizado de Pensiones? ¿Qué dependencias públicas les deben y cuánto? ¿Cuántos créditos vigentes a trabajadores para casa y otros bienes y cómo está la cartera de pagos? ¿Cuál ha sido el comportamiento del patrimonio del Ipejal en las últimas décadas?

Mientras estos datos y cifras no sean medianamente transparentadas, las tentaciones de hacer negocios privados con el dinero de los trabajadores no desaparecerán, y las corruptelas y el saqueo del Ipejal continuará hasta su agotamiento, con todo el conflicto social que ello implicará.

No hay sexenio en el que no haya algún escándalo en Pensiones. No hay año sin que sea noticia por los políticos, de todos colores, que abusan del fondo de los trabajadores del Estado de Jalisco. Ayer el gobernador Alfaro, acompañado del fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, y de la contralora del estado, Teresa Brito, denunciaron lo que ya sabíamos: que se compraron acciones chatarra de la empresa española, hoy en quiebra, Abengoa por 344 millones y de Transportes Marítimos Mexicanos (TMM) por más de 1,600 millones sin atender las alertas de la propia Bolsa Mexicana de Valores. Hay, dicen, otras 24 inversiones sospechosas que hicieron perder dinero al fondo. ¿Culpables? Ninguno. Al igual que en otros sexenios, se investiga, pero no se toca a nadie.

No son los únicos abusos. Cada sexenio una cauda de políticos se jubila con pensiones estratosféricas y fuera de toda lógica. El caso más reciente y ofensivo es sin duda el del hoy líder de Morena en el Congreso de Jalisco, José María Martínez. Ayudado por el 1er. director de la administración alfarista, Iván Argüelles (entre expanistas te veas), a los 49 años Martínez, el máximo representante de la 4a. Transformación en Jalisco, literalmente compró una pensión: pagó 3.2 millones de pesos de cuotas voluntarias, mismos que amortizará en 30 meses y cobrará de por vida 108,000 pesos mensuales. Este tema también está en investigación, pero no hay responsables.

El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) necesita cirugía mayor. No se trata sólo de limitar las pensiones de los 87 exfuncionarios que reciben más de 100,000 pesos al mes, como lo ha propuesto el gobernador. Está bien, pero no basta. Lo importante es sacar al IPEJAL de la tómbola sexenal, de quitarle a los directores su vínculo con el gobernador en turno para que el fondo no sea un mecanismo de pago de favores; de asegurar que las decisiones se tomen con lógica financiera y no política; evitar que los ayuntamientos se financien reteniéndole cuotas a los trabajadores y debiéndole a Pensiones; se trata de profesionalizar la administración para que los servicios tengan el nivel que merecen quienes han trabajado y ahorrado toda su vida. Hay que repetirlo hasta el cansancio: el fondo no es del gobierno, es de los trabajadores.

Qué bueno que investiguen y si es posible que castiguen las conductas delictivas de los funcionarios de esta administración y las anteriores, pero más importante es que le amarren ya las manos a quienes hacen del fondo de pensiones un asunto privado.

En la rueda de prensa donde se informó de las denuncias que intentan recuperar más de 2,000 MDP de las empresas Abengoa y TMM se aclaró que faltan por concluir otras 24 auditorías a igual número de empresas donde el Ipejal también llevó a cabo inversiones posiblemente irregulares. En estas auditorías se habla de la posible recuperación de hasta 700 millones de pesos.

Desde hace más de 10 años, dirigentes sindicales no oficialistas habían denunciado las inversiones irregulares que se llevaron a cabo en Ipejal desde que el entonces gobernador panista Emilio González Márquez propuso una cambio a la ley que rige el Ipejal, para impulsar inversiones de alto riesgo.

Lo más grave es que varias de estas inversiones están asociadas a procesos de despojos de tierras ejidales, como se ha denunciado desde hace varios años por las autoridades del ejido José María Morelos en Tomatlán, que se ven afectados por el megaproyecto turístico conocido inicialmente como Nuevo Cancún o Chalacatepec, en las costas de ese municipio. En este caso, Ipejal invirtió en la empresa Rasaland dinero de los trabajadores al servicio del estado.

Otro caso de inversiones de Ipejal asociado a procesos de despojo de tierras ocurre en el ejido de Santa Cruz de la Soledad, municipio de Chapala donde las autoridades no sólo han denunciado la invasión de sus tierras, sino la actuación amañada de funcionarios estatales que incluso han amenazado y encarcelado a las autoridades ejidales, para impulsar un proyecto inmobiliario y turístico.

El actual gobierno debe incluir en las auditorías e investigaciones en curso al menos estos otros 2 casos donde la inversión de dinero de Ipejal está asociada a casos de despojos de tierras. Si no lo ha hecho hasta ahora, los titulares de Ipejal y de la Contraloría del Estado deberían escuchar a las autoridades ejidales que han padecido la invasión de sus territorios detonados en buena medida por la inversión de dinero que pertenece a los trabajadores del estado. Además de poner fin al robo del dinero de los trabajadores, debe cesar los despojos de tierras asociadas a estas inversiones.

Pocas novedades dejan los resultados de la auditoría de la Contraloría estatal a las inversiones del Instituto de Pensiones. Básicamente confirmaron lo que ya sabíamos: se hicieron negocios riesgosos y dañaron el patrimonio de los burócratas.

Sin embargo, ni con los resultados de la revisión enfrente, el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz, se animó a ponerse plazos o, por lo menos, perfilar para cuándo se aplicarán acciones concretas o avances en las denuncias presentadas.

Tampoco el gobernador le puso nombre y apellido a los autores de las escaramuzas financieras que afectaron el fondo de los trabajadores o jubilados. Y recurrió a la frase de que van contra quien resulte responsable.

Por momentos, se dio la impresión de que la presentación de la auditoría fue un mensaje para advertir a varios personajes que no les han dado el perdón y que podrían salir raspados. O con su respectiva cita ante el juez y la posibilidad de quedarse en prisión por el riesgo de fuga.

Dar con una forma eficaz, en los hechos, más acá de las palabras, de frenar la dañina inercia política y la de la escasa participación (factores que condicionan en buena medida el desenvolvimiento de la economía y la rendición de cuentas) no luce tan a la mano; o sea, no basta el voluntarismo azuzado por arengas, resulta efímero y se topa con el vallado duro del cinismo que ostentan los conformantes de la clase política y sus aliados. ¿Por qué quienes conducen a la sociedad habrían de hacerlo de otro modo? Así como se desempeñan les va muy bien. A ellos el discurso sí les funciona, crean realidades objetivas: están seguros, seguras también, de que basta que invoquen los indicadores de bienestar, de justicia, de seguridad, de bonanza económica para que lo que indican se torne concreto, disfrutable, si los demás no reconocen que ahí está, si la vida de la mayoría es casi de sobrevivencia, no es su problema, bastante hacen, insinúan, con arreglar el "cochinero que les dejaron" otros como ellos, y con mantener a raya a sus rivales que con impunidad esgrimen realidades espurias.

Parece un esquema imbatible; es poco lo que desde fuera se puede hacer para modificar el estado y por eso, aventuramos, es que en la aurora de 2022, en medio de tantas penurias para tantos, el mundillo político y sus afluentes (algunos de la vertiente criminal) ya tienden un puente directo al 2024 electoral, único fin que es de consenso entre ellos y que concentra los afanes que pondrán en juego en la arena pública: que si la inseguridad, la crisis económica, la pobreza, la corrupción, el medio ambiente, las violencias contra las mujeres, atosigan a quienes confieren a esos temas estatus de realidad, les corresponde a ellos, a los mandamases, edificar el viaducto que pasará por entre esas fruslerías; a unos los llevará a trascender el sexenio, federal y estatales, con cargo al erario, los otros serán forzados al pantano en el que por un periodo se hundirán, hasta que puedan amarrar un lazo para izarse al pasadizo que va de la simulación vieja a la nueva, aunque bien miradas sean constantemente la misma.

Nos hemos dejado llevar por la historia que les conviene pergeñar y, casi sin notarlo, nos montamos en su forma de entender la vida nacional: un puro batallar electoral desde el que nos hacen creer que debaten para ponerse en vías de resolver lo que para la gente es importante: legislan, pero no ejecutan, diagnostican, pero no curan, y se reparten el botín, eso sí. Que 2022 sea el año en el que renegamos de su narrativa: lo importante está en las casas, en las calles, en las escuelas, en las empresas, en el campo, ciudades y pueblos, no en las tribunas, incluida la de cada mañana en Palacio Nacional, que a golpe de falsedades y autocomplacencia perdieron eficacia y lustre.

No es novedad que militantes sin experiencia ocupen cargos públicos importantes. Pero el que se voló la barda fue el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, quien aseguró que "rebautizará" a su principal destino turístico: Nuevo Vallarta. Afirma que ahora se llamará "Nuevo Nayarit".

Evidentemente es un capricho del morenista, que evidencia su desconocimiento en marketing o turismo. Alguien que le explique lo que es una "marca ciudad".

Un factor común entre los turistas es que no distinguen si están en Jalisco o en Nayarit. Lo que está posicionado a nivel nacional e intencional es el nombre de Vallarta.

Mejor debería preocuparse por el azote de la delincuencia.

Los frentes de conflicto con los que abre su 4o. año de gobierno representarán sin duda un inicio cuesta arriba para el gobierno de Enrique Alfaro en este 2022.

A principios de diciembre pasado que tramitó vacaciones por 3a. ocasión en el 2021 que recién concluyó, en medio de la mayor protesta del gremio periodístico por los insultos que profirió a la colega Rocío López Fonseca, a quien llamó reventadora por cuestionar a su secretario de Salud, Fernando Petersen, sobre el desabasto de medicamentos en una clínica pública, la incógnita era si el gobernador reflexionaría y ofrecería a su regreso la disculpa pública que las y los periodistas le pidieron en un desplegado.

No solo eso no pasó, sino que al volver de sus 2 semanas de asueto se encontró con las publicaciones del periodista Ricardo Ravelo en las que denuncia el control del gobierno de Alfaro en el poder judicial y nexos con la delincuencia organizada, a lo que el gobernador amagó con denunciarlo por "daño moral". Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como la organización internacional defensora de periodistas Artículo 19, como el gobierno federal en voz del propio presidente Andrés Manuel López Obrador se solidarizaron con el comunicador.

Tanto en el caso de López Fonseca como en el de Ravelo, la Universidad de Guadalajara también publicó sendos desplegados criticando la explosiva relación del mandatario estatal con las y los periodistas, lo que hizo escalar una vez más el conflicto entre el gobierno estatal y la casa de estudios que mantienen desde agosto por cuestiones presupuestales. Para complicar aún más el panorama vino el asesinato de 2 vigilantes en la estación de transmisión del Canal 44, que tensó más la situación por la lenta respuesta de la Fiscalía estatal.

Habrá que ver si este recrudecimiento de hostilidades entre el gobierno alfarista y la UdeG no afecta el trabajo de la mesa de salud que degenere en un mal manejo de la pandemia en este nuevo momento crítico por la aparición de la cepa Ómicron y el aumento de los contagios.

Está también toda la ola de críticas que le ha generado al gobernador el uso propagandístico de una consulta popular sobre la reforma fiscal que no emocionó y que fue desairada por los jaliscienses, en su búsqueda de una eventual candidatura presidencial. Será interesante ver la respuesta del gobierno de la 4T al activismo que quiere retomar Alfaro con su prédica federalista por el país y si eso no sigue afectando presupuestalmente a Jalisco.

Y sin duda el más preocupante frente es en materia de seguridad pública, no sólo por el arranque violento de este 2022 con media decena de feminicidios, el asesinato del ex alcalde de Tomatlán y múltiples homicidios, sino por la cada vez mayor presencia y control de los grupos de la delincuencia organizado en distintas regiones del estado y que se reflejan en el alto número de desapariciones y fosas clandestinas y que marcaron toda una estela de muerte a lo largo del 2021.

Nadie puede llamarse a engaño, todos sabíamos que la consulta era una farsa política para que el gobernador tuviera un asidero para iniciar una campaña a la Presidencia de la República. No parece ser una buena idea en términos de propaganda política arrancar con un tema tan complejo como el federalismo fiscal que levanta tan pocas pasiones más allá de un círculo muy especializado, pero bueno, los que vivimos en Jalisco sabemos que esto no es sino un refrito de la propuesta de "refundación" con la que compitió por la gubernatura hace 3 años.

La pregunta de fondo es otra: ¿Le conviene a Jalisco que su gobernador lidere una reflexión sobre una nueva forma de relación entre los estados y el gobierno de la república? Sí, sin duda. Que desde Jalisco se ponga en la mesa de discusión este tema tiene todo el sentido del mundo, no solo por lo que significa históricamente sino, lo hemos dicho antes, porque representa la oportunidad de plantear el camino hacia la mayoría de edad fiscal, hacia una menor dependencia entre en estado y la federación. Sin embargo, la discusión tendrá sentido si y solo si somos capaces de sacarla del ámbito de una campaña política y de aterrizarla en foros de discusión en universidades, sindicatos, cámaras empresariales, medios de comunicación, los municipios y el Congreso del Estado.

Eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿es Enrique Alfaro el gobernador con capacidad para generar esta discusión a nivel nacional? Difícilmente. El reciente fracaso de la llamada Alianza Federalista y el auto aislamiento del gobernador en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) no parecen ser las mejores credenciales para iniciar este proceso. Lo que vamos a ver es a un gobernador viajando a las grandes ciudades del país, visitando medios de comunicación y comprando entrevistas con dinero de los jaliscienses para subir su imagen de cara a una posible candidatura en el 2024.

Por eso, antes de ir a la necesaria discusión sobre la relación fiscal entre la federación y los estados, antes de escuchar al predicador de ilusiones fiscales, comencemos por discutir y exigir la adecuada rendición de cuentas que el gobierno del estado y el gobernador nos deben a todos los jaliscienses.

Las autoridades de todos los ámbitos presumen que los 132 Pueblos Mágicos de México han sido parte fundamental para impulsar el turismo en el país, afectado por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el apoyo presupuestal es lo que no se ve con la misma claridad.

En Jalisco se cuentan con 9 municipios con esta clasificación: Ajijic, Lagos de Moreno, Mascota, Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tapalpa, Tequila y Tlaquepaque. El problema es que en el presupuesto de este año, el Gobierno del Estado apenas destinará 17 millones de pesos a las 9 localidades, que están sujetas a las reglas de operación.

En el documento también se remarca que hay un director de Pueblos Mágicos, con una plaza de 50,390 pesos al mes. Lo que desconocemos es si ese salario es adicional o se descuenta del presupuesto total, lo cual reduciría la escasa bolsa de apoyo.

Alfaro Ramírez reitera que la revisión del famoso pacto fiscal sigue adelante a pesar del resultado de la pasada consulta ciudadana, que no reunió los votos suficientes para ser de obligación legal.

De entrada, aunque aclaró que no es la intención final, podría suceder que Jalisco decida finalmente separarse del convenio fiscal y cobrar los impuestos que actualmente le pagamos al gobierno federal. Para eso se crearía un SAT local. ¡Zas! Tremendo costo: político y económico.

¿Qué opinará el presidente López Obrador? ¿Lo aceptará como parte de la vida democrática nacional, o como una reacción que amenaza su proyecto de nación?

Por lo pronto, los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, que son mayoría, ya preparan la iniciativa de reforma a la constitución jalisciense para dejar asentada la obligación legal de revisar cada 6 años el convenio fiscal con la federación.

Pero el gobernador Alfaro necesita más aliados que sus diputados. Para que el presidente López Obrador considere siquiera que se puede revisar el reparto de recursos provenientes de los impuestos, deben ser varios los gobernadores que lo pidan. La cuestión es si el mandatario de Jalisco logrará tales alianzas.

Si usted lo está pensando, tiene razón: está en juego la carrera electoral 2024... y eso lo complica todo.

Es compleja y arriesgada la apuesta alfarista. En el Senado, Clemente Castañeda anunció que invitará a Alfaro Ramírez para que exponga en la máxima tribuna legislativa que representa el pacto federal, la necesidad de revisar el convenio fiscal y la distribución de recursos para los estados.

El presidente, que ha acumulado más poder en el último año, estará calculando cómo responder (y vencer) a Alfaro Ramírez en esta jugada.

Como parte de su campaña de visibilización, el colectivo Huellas de Amor decidió instalar en la vaya que rodea el árbol de Navidad en medio de Plaza de la Liberación, las fotografías de sus hijos desaparecidos. Lo hicieron para llamar la atención de los paseantes al festival navideño, para visibilizar los rostros de sus seres queridos desaparecidos y con la esperanza de que más de alguno tenga información sobre el paradero de sus hijos, según explicó Judith Ramos coordinadora del colectivo Huellas de Amor. "En esta temporada de navidad sería el mejor regalo, es un símbolo de una cartita a Dios para que los regresen", dijo a este diario.

Pero también para llamar la atención del gobernador Enrique Alfaro Ramírez para que escuche y atienda a las más de 200 familias que integran el colectivo Huellas de Amor. Judith Ramos afirmó que hace más de 10 meses hicieron llegar oficios al gobernador para solicitarle una cita y explicarle las anomalías y problemas que enfrentan las familias que están buscando a sus desaparecidos.

Pero en lugar de recibirlos y atenderlos, el gobierno del estado decidió retirar las fotografías de sus desaparecidos que pasaron a formar parte del "decorado" del árbol de Navidad gigantesco. Desde el Gobierno del Estado afirmaron que no se dio ninguna indicación para retirar las fichas de búsqueda de los familiares del colectivo Huellas de Amor.

Pero curiosamente, hizo notar Judith Ramos en entrevista para Radio Universidad de Guadalajara, las fichas de búsqueda se retiraron días antes de que el gobernador Enrique Alfaro acudiera a visitar el festival Ilusionante en el centro de la ciudad. Las madres de este colectivo están convencidas de que las retiraron para que el gobernador se tomara fotos y videos de las atracciones del festival, sin las fotografías de las personas desaparecidas. "Las quitaron porque Alfaro iba a hacer un video, de hecho el video está en su página y el video sale el arbolito y que anda caminando por el centro y anda anunciando todo lo que ha hecho para Navidad y nos dimos cuenta de que (retiraron las fotografías) para hacer su video".

Es como si se quisiera esconder la realidad, la dura realidad de ser el estado con más desaparecidos en todo México. Y las fotografías de los desaparecidos no son buena publicidad para un gobernante que aspira a escalar en la pirámide del poder en el país. El gesto se asemeja a la reescritura de la historia que José Stalin hizo en la Unión Soviética, interviniendo o desapareciendo fotografías o personajes para no manchar la idílica realidad que el régimen quería mostrar al mundo.

Ahora el gobernador pretende vender imágenes y videos de familias paseando y disfrutando el festival navideño, pero ocultando, ignorando, tratando de esconder la dura realidad de las madres que no pueden festejar estos días porque deben buscar a sus hijos desaparecidos.

Este gesto muestra también las prioridades y elecciones de este gobierno. A pesar del evidente fracaso de la consulta sobre el pacto fiscal, en su 1a. rueda de prensa tras regresar de vacaciones, el gobernador Enrique Alfaro anuncio que intentará cambiar el pacto fiscal, sea como sea. Está apostando a esta decisión política suponiendo que eso le atraerá reflectores nacionales, atención mediática y que eso lo reposicionará como líder opositor nacional. Y así tal vez tenga oportunidad de aparecer en la boleta de la elección presidencial de 2024.

Pero al apostar por esta ruta política, ignora o deja de lado los problemas esenciales que afectan a los jaliscienses, como el de las desapariciones. Pero por más que lo intente, las fotos de los hijos desaparecidos volverán a adornar el árbol navideño y se convertirán en un legítimo reclamo a un gobierno que pretende esconder la realidad.

En total en 8 jornadas de votación (usualmente las consultas se realizan en un día) participaron 388,816 votantes mayores de edad y 61,132 menores. Para que la consulta fuera vinculante, se necesitaban 2'009,633 votos. Al final, los que votaron en la consulta representan apenas 6.3 del listado nominal de Jalisco y apenas 19.3 de los votos necesarios para que el ejercicio fuera vinculante. Es decir, apenas participaron 1 de cada 5 votantes que necesitaba Enrique Alfaro Ramírez y su grupo para cumplir con los objetivos políticos que buscaban con esta iniciativa.

Por más que el gobierno de Jalisco pretende vender estos resultados como un "ejercicio histórico" y "ejemplo nacional" de participación, la consulta es un rotundo fracaso político para el grupo de Alfaro.

El fracaso de la consulta popular sobre el pacto fiscal no hace sino confirmar el mal momento político que vive el gobernador con una larga serie de derrotas que viene acumulando en el 2o. semestre de 2021, dando como resultado que sus aspiraciones de figurar como líder opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y eventualmente como candidato a la Presidencia en los comicios de 2024, estén fracasando.

La historia breve de todo este entuerto que terminó en derrota es que ante los reclamos federalistas y al discurso victimista del Gobierno de Jalisco de que el gobierno federal maltrataba al estado con un injusto reparto de los bolsa fiscal, López Obrador propuso que los gobernadores de los estados consultaran a sus ciudadanos sobre este tema, en octubre de 2020.

Al gobernador de Jalisco y a su grupo político les pareció que era buena idea asumir el reto que les lanzaba el presidente y el 27 de octubre del año pasado, Enrique Alfaro declaró: "Vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación".

Imagino que en ese momento los allegados a Alfaro le habrán lanzado una lisonja del tipo: "gobernador, eres un genio político", esperando que el ejercicio de la consulta iba a volcar a los jaliscienses a su participación y que la iniciativa se convertiría en referente nacional y por lo tanto, afianzaría un liderazgo político nacional.

Pero no ocurrió ni una cosa, ni la otra. Las masas no se volcaron a la consulta, no fue un referente nacional, y Alfaro no resultó el genio político que le susurran colaboradores o analistas políticos zalameros.

Repito las palabras que escribí el año pasado al anunciarse la consulta: A la sociedad de Jalisco, esencialmente a la población más golpeada por la añeja crisis económica y la actual provocada por la pandemia, le preocupan problemas verdaderamente importantes como la violencia sistémica, que no desaparezcan nuestros hijas e hijos, el robo del patrimonio, los bajos salarios, la pérdida de prestaciones laborales, la vida futura tras la jubilación.

¿A quién diablos le importa un debate sobre el pacto fiscal? Sólo a los que simpatizan con la causa política del gobernador o de plano a los muy ingenuos. Por eso, la consulta fiscal estaba condenada al fracaso.

Ah, qué difícil fue invitar a participar en la consulta en Jalisco sobre la posibilidad de revisar el Pacto Fiscal.

Me refiero a la consulta en la que durante 4 fines de semana se invitó a los habitantes del estado a participar contestando a la pregunta sobre si se debería revisar cada 6 años el pacto que existe entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados que contempla que la Federación se hace cargo de cobrar los impuestos más onerosos y después, de acuerdo a ese pacto y siguiendo un criterio de equidad, distribuye los recursos entre todos los estados del país.

La última vez que se revisó ese pacto fue hace 40 años y muchas cosas han cambiado, Jalisco ha crecido de manera importante convirtiéndose en un jugador importante de la economía nacional y hay la percepción que recibe menos recursos de los que le corresponden; que debería recibir más.

Coincidiendo con grupos empresariales de Jalisco en que más allá de que se revise o no el Pacto consideramos esta era una buena oportunidad para que el estado levantara la voz a nivel nacional y se manifestara en un tema que ha sido eminentemente manejado desde CDMX. Decidimos con esos grupos empresariales hacer una campaña ciudadana para invitar a la población a participar pensando en beneficio del estado.

Sin la participación del gobierno.

Pero, ah qué trabajo costó.

Aunque en nuestra campaña no tuvo participación alguna ni el gobierno del estado ni el propio gobernador, como esa iniciativa de revisar el Pacto provenía del habitante de Casa Jalisco hubo un buen número de personas que no sólo criticaron nuestra participación sino que incluso nos acusaron de "vendidos" y "chayoteros".

Todas esas personas tomaban la consulta como un asunto personal del gobernador y como tal la rechazaban también desde una postura totalmente personal.

Y es que más allá de si está haciendo bien o mal las cosas el gobernador Alfaro no se ha preocupado demasiado ni por su imagen ni por el cómo llega a la población.

No anda muy bien parado.

Ha centrado sus mensajes en redes sociales, donde por ejemplo en Twitter tiene poco menos de 600,000 seguidores (alrededor del 7% de la población total del estado) y sería ilusorio pensar que esos seguidores están las 24 horas del día al pendiente de los mensajes. Saque cuentas cuántos mensajes realmente llegan a la población.

Y en lo que tiene que ver con los contenidos, los que han trascendido son en los que se ve al gobernador enojado o retando a alguno de los grupos que no están de acuerdo con él.

Una pésima imagen.

Alfaro por voluntad propia se convirtió en rehén de sus redes sociales; de ahí no sale.

Y cuando se requiere hacer una difusión masiva de mensajes como los que acompañaron los momentos más álgidos de la pandemia o éste sobre el Pacto Fiscal, se pierden en esas redes.

Y además esa animadversión creciente hacia la personalidad del gobernador pasó factura nuevamente ahora en el tema del Pacto Fiscal.

Aunque hubo muy buena participación, casi 450,000 personas, no fueron suficientes para que el resultado obligara a tomar acción.

Y recordando aquel adagio que reza que la realidad se construye a partir de la percepción, imagine la percepción que hay de él entre sus propios gobernados.

Ya regresa a las actividades el gobernador, pero en su ausencia ocurrió de todo en Jalisco. El campeonato del Atlas, operativos federales de terror para vecinos, el fallo para que se habite la Villa Panamericana, una calificación reprobatoria en el cumplimiento de sus metas (según el último diagnóstico del observatorio Jalisco Cómo Vamos) y hasta una reunión de las gobernadoras y los gobernadores con el presidente López Obrador en Tabasco para abordar temas de seguridad. También fracasó su consulta popular para el pacto fiscal y hasta el alcalde Salvador Zamora dio la primicia del nuevo acuerdo de distribución de recursos para la Línea 4 del Tren Ligero hacia Tlajomulco, con o sin la participación de la federación.

Ya nomás falta que el gobernador nos confirme si la próxima semana se inaugura el Peribús o se posterga hasta nuevo aviso, que es lo más seguro.

Sería una buena noticia para olvidarnos de todo y comenzar bien el 2022, pero son evidentes los retrasos en las estaciones y puentes peatonales del nuevo transporte en el Periférico, sin contar las laterales inconclusas.

López Obrador se refirió ayer a Jalisco por la realización de la consulta pública por el pacto fiscal. Hay 2 noticias. La buena es que calificó de positivo el ejercicio, pero la mala es que "desnudó" la pérdida de tiempo, de recursos humanos y económicos que se emplearon en el ejercicio realizado durante 4 fines de semana.

Vamos por partes. En 1er. lugar, la consulta fracasó porque no se alcanzaron los 2.5 millones de votos a favor para que fuera vinculante y se enviara al Congreso de Jalisco para su análisis. Por otro lado, aunque autoridades de Jalisco insistirán en obtener más recursos de la federación, el presidente dejó en claro el difícil camino -por no decir imposible- que enfrenta la iniciativa del gobernador.

En síntesis, AMLO recordó que se requiere de una reforma constitucional federal para modificar el pacto fiscal, que debe ser avalada por las cámaras de Senadores y Diputados. Y luego por la mayoría de los 32 congresos estatales.

Luego que el Instituto Electoral de Jalisco presentó los resultados de la consulta en referencia, la pelota estará en el campo del Congreso de Jalisco, donde desde febrero pasado está pendiente la reforma con la que el gobernador pide que le den la facultad de revisar una vez cada 6 años la continuidad en el pacto fiscal con la federación.

Como están de vacaciones en el legislativo, no se dieron cuenta de la declaración de López Obrador, pero cuentan los enterados que, por ser una reforma constitucional local, será la fracción del PRI la que incline la balanza en el tema y que los acercamientos están adelantados para que los 5 tricolores den el sí a la modificación. La clave sería la promesa de recursos para proyectos en municipios con administraciones priistas.

En otras palabras, seguirán perdiendo tiempo en una iniciativa estéril, pero negociando el presupuesto.

Autoridades estatales quieren justificar, por las buenas o por las malas, que su consulta pública por el pacto fiscal fue todo un éxito. Pero cada vez que se mueven se hunden más.

Ayer, el Consejo Estatal de Participación Ciudadana y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco presumieron el ejercicio, supuestamente porque fue una "prueba" exitosa. Sin embargo, apenas participaron 388,816 ciudadanos con credencial para votar, cuando se requieren más de 2.5 millones de votos a favor.

No es novedad que se tiraron a la basura 29 millones de pesos. Tampoco que en la consulta participaron burócratas acarreados de todos los niveles en el estado, pero estaría bien que se basaran en que no se cumplió la meta para que el ejercicio fuera vinculante. Punto.

El tema se resume fácil. Hace tiempo, el presidente López Obrador respondió a las autoridades de Jalisco que si querían más dinero de la federación, debían realizar una consulta pública para ver qué opinaba la gente. Ése es el fondo del asunto, no la participación "inédita" de 388,816 votantes. Ya dejen atrás su necedad.

En pocas palabras, no se consiguieron los votos suficientes.

Las figuras democráticas para ciudadanizar la toma de decisiones están secuestradas, paradójicamente, por la clase política. Y en esto AMLO y Enrique Alfaro se parecen mucho: como 2 gotas de agua.

En la arena pública bullen 2 temas: el fin de la consulta popular en Jalisco sobre el Pacto Fiscal y la revocación de mandato del presidente, y que el INE suspendió por falta de dinero.

Ambos son ejercicios inéditos de la llamada democracia participativa. Junto al referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, entre otros, estas herramientas colocan al centro de las decisiones a los ciudadanos.

Un dato curioso: el plebiscito es una institución romana en donde la plebe (el pueblo raso) vota las propuestas de los tribunos.

En otras palabras, la democracia participativa pone en nuestras manos las decisiones que nos afectan a todos.

Veamos. Hay 2 vías para solicitar una consulta popular y una revocación de mandato. A solicitud de los ciudadanos, claro, cuando reúnen las firmas necesarias -186,000 para someter a revocación de mandato al gobernador, y 2.7 millones para el presidente-.

La otra vía es cuando la solicitan los gobernantes. La ley los faculta pues así lo dispusieron nuestros legisladores. De esta manera, Alfaro impulsó una consulta popular sobre el Pacto Fiscal y el presidente promovió la revocación de mandato.

Con esto, convirtieron una herramienta ciudadana en un instrumento político y de propaganda. Basta notar cómo en la comunicación de ambos ejercicios orbita el culto a la personalidad. "Enrique Alfaro, el gobernador que defiende a Jalisco de la Federación". "AMLO, el primer Presidente que el pueblo pone y el pueblo quita".

La consulta sobre el Pacto Fiscal quedó corta. Pese al acarreo de burócratas, no alcanzó los 2.5 millones de votos para ser vinculante. Salvo el dispendio de recursos, nada cambió para Jalisco.

Por su parte, la revocación de mandato enfrenta una encrucijada luego de que el INE se declaró sin recursos para organizarla. Ahora el Tribunal Electoral federal tiene en sus manos la última palabra. El asunto escaló a un diferendo político entre el presidente y Lorenzo Córdova.

Figuras como la consulta o la revocación de mandato deben fungir como contrapeso popular del poder. Sin embargo, cuando sólo las propone el gobernante en turno y no el pueblo, pueden derivar en una democracia ficticia.

El pueblo es, una vez más, espectador e instrumento de los fines políticos de los gobernantes. Una distorsión por donde se vea.

Hoy los ciudadanos podemos remover del cargo a un diputado local, un alcalde, al gobernador o al presidente. Las razones, según la ley: por incumplir promesas, pérdida de confianza o incapacidad para resolver nuestros problemas. También podemos someter a consulta popular una decisión en el ámbito público si nos afecta.

Sólo necesitamos reunir las firmas y promover una colectividad más organizada para arrebatarle ese monopolio a los políticos.

Se trata de una poderosa alternativa que pocos conocen. Y esto conviene a los hombres en el poder que hasta ahora sólo la han usado para su beneficio.

Sobre la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes, por cierto, ¿alguien sabe si la FGR ya citó a declarar a Zedillo, Fox, Calderón y Peña?

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) compartió anoche los resultados finales de la consulta pública por el pacto fiscal de Jalisco, que pretende un mejor trato presupuestal por parte de la federación. No hubo novedades. Apenas se lograron 388,265 votantes mayores de 18 años, por lo que no será vinculante.

Aunque hoy se darán más detalles de los 4 fines de semana en los que se efectuó la consulta, la participación se quedó a una sexta parte de los 2.5 millones de votos que se requieren para que sea vinculante y pase al Congreso del Estado. Y todavía se desconoce el sentido del voto, así que el resultado podría ser más bajo a favor de los cambios que impulsa el Gobierno de Jalisco.

Concluyó, sin pena ni gloria, la consulta sobre el Pacto Fiscal al mismo tiempo que se desmoronó la Alianza Federalista, esta especie de rebelión simbólica de los gobernadores contra el excesivo control presupuestal y centralismo del gobierno lopezobradorista.

La consulta no pegó. No hay sorpresa: sabíamos de antemano que era jurídicamente inútil y que no llamaría la atención de los ciudadanos. El único objetivo de la consulta, disfrazada de acto ciudadano, era mantener aceitadas las redes de promoción del voto de MC (con nuestro dinero, pero ese es otro tema). La meta interna era medio millón de votos adultos movilizados a lo largo de los 4 fines de semana que duró el ejercicio. No se lograron, pero estuvieron cerca. Festejan, sí, que hubo más votos que en la consulta, también patito y con pregunta extraña, para juzgar a expresidentes. Ahora sí que, parafraseando al ya clásico López-Gatell, la consulta sirvió para lo que sirvió y no sirvió para lo que no sirvió.

Lo que sí es un golpe político muy fuerte para las aspiraciones de Alfaro de jugar en cancha nacional es la reunión de Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). La llamada Alianza Federalista, la de los gobernadores rebeldes encabezada por el gobernador de Jalisco, se desmoronó. Más allá de que el mecanismo dejara de tener sentido, el hecho de que el gobernador de Jalisco haya sido el único en no acudir a la reunión a la Conago y que todos hayan celebrado la reunión con el presidente lo muestra como un gobernador que se quedó políticamente solo, librando batallas en el desierto.

Que el gobernador se haya ausentado en estas fechas -por los motivos que sean-, que no se haya quedado a cerrar él mismo la promoción de "su" consulta y que no haya asistido a la Conago para darle una muerte digna a la Alianza Federalista que impulsó con fervientes discursos y ardientes tomas de postura en redes sociales, deja en sus huestes una doble sensación de derrota.

Vamos a la mitad. No es tiempo de hacer maletas, sino de entender dónde está parado el gobierno. No es, ya no fue, el gobierno refundador ni Alfaro será el gobernador recordado por haber cambiado la forma de entender el poder ni el pacto federal. Hay, sin embargo, tiempo para hacer un buen gobierno, uno de esos que, sin más pretensiones, entregan el estado un poco mejor del que lo recibieron. Si sirve de consuelo, eso y solo eso esperamos la gran mayoría de los gobernados.

La resolución de la Suprema Corte que obliga al Instituto Nacional Electoral (INE) a realizar la consulta para la revocación de mandato del presidente tiene un mensaje muy claro: la falta de presupuesto no es excusa para incumplir la ley. El INE tiene el mandato constitucional de hacer una consulta, si 3% de los electores lo pide, y no hay razón que valga para no hacerlo.

Como principio, no podemos sino aplaudirlo. Ninguna autoridad debería de poner como pretexto la falta de presupuesto para no cumplir sus obligaciones y más aún para garantizar los derechos ciudadanos. Pero, ¿cuál es el límite de este principio?, o si se prefiere ¿qué hacemos con esa cosa horrorosa llamada realidad y que termina siempre imponiendo su lógica? Las boletas cuestan lo que cuestan, los traslados son los que son, la capacitación es la que debe ser, a menos que le bajemos la calidad a nuestra democracia, y esa parece hoy la única solución.

La democracia mexicana es cara porque es producto de la desconfianza. No hay partido en México que no haya hecho triquiñuelas. Es cierto que el fraude electoral y el uso del poder y los recursos públicos en las elecciones eran parte de la cultura priista, pero todos los partidos, PAN, PRD, Morena Verde, MC y la chiquillada han recurrido a prácticas ilegales y antidemocráticas para llegar o para preservar el poder. El gasto excesivo del INE se va en mantener y vigilar a los partidos, no en la organización de las elecciones, que serían más baratas con partidos honestos, ni en el mantenimiento de Consejo General, que sin duda hay que abaratar, pero más como una cuestión de principio que de verdadero ahorro.

El INE, no Lorenzo Córdova ni Ciro Murayama, sino el Consejo General en pleno, ha planteado que la revocación es un proceso tan delicado y serio como lo es una elección presidencial. Con la misma seriedad que tomamos la decisión de quién será nuestro presidente debemos tomar la consulta sobre si esa decisión debe ser revertida. Lo que está en juego no es la vanidad del presidente sino la voluntad democrática de los mexicanos. Sin embargo, tras la decisión de la Corte la única salida parece ser la patificación de la consulta de revocación. Hacer una consulta con un tercio de las casillas de una elección federal no asegura el derecho de participación de todos los ciudadanos, pero sí la puesta en escena necesaria para que el presidente y su partido hagan campaña, movilicen a las clientelas políticas y aceiten la maquinaria para las elecciones estales y federal.

Aunque todos los gobernantes presumen que combaten la corrupción, la semana pasada les confirmamos que la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco sumaba 3,907 investigaciones desde 2018, de las cuales sólo 3 habían derivado en sentencias condenatorias, tras los fallos en el poder judicial. Pues ayer la Fiscalía presentó un informe de actividades, pero la noticia fue que los ex secretarios estatales del PRI, Miguel Castro, Daviel Trujillo y Salvador Rizo serán enviados a juicios orales, ante las presuntas anomalías en la entonces Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco, ya que se agotaron los amparos y las apelaciones. Se les acusa de uso ilícito de atribuciones y facultades en la pasada administración, pero ya se nos había olvidado el tema.

Mientras los señalados niegan las anomalías, llama la atención que otros ex funcionarios polémicos siguen como si nada en las calles. Por ejemplo, el ex secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, ya tramitó más de 100 amparos para no pisar la cárcel.

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Ayer, mientras en el pleno del Congreso de Jalisco se guardaba un minuto de silencio en honor al ex gobernador Aristóteles Sandoval, el coordinador de la bancada anaranjada, Quirino Velázquez, se entretuvo enviando mensajes por su celular, en una clara falta de respeto.

Al parecer, lo único que parecía importarle era subirse al tema de la muerte de Vicente Fernández y dar un merecido reconocimiento a la familia del charro de Huentitán.

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Antes de irse de vacaciones, los diputados y las diputadas locales siguen afanados en subirse a los temas de moda. Ahora pretenden colgarse de la ola rojinegra y plantean entregar un reconocimiento al Atlas por su reciente campeonato.

La diputada emecista Claudia Salas presentó la "oportuna" iniciativa. Parece que los nuevos legisladores y legisladoras están más preocupados en ver qué tema es tendencia en las redes sociales, ya que en mes y medio en sus cargos han planteado reconocer al piloto Sergio Pérez, a Vicente Fernández y ahora a los jugadores atlistas.

Con tal de figurar, no tienen el menor reparo en cambiar de camiseta, ya sea de partido político, de deporte o de equipo de futbol.

El Instituto Electoral confirma que el avance de los resultados de la consulta para el pacto fiscal suma 364,000 participantes en todas las edades, pero los válidos solamente son 316,000 con credencial de elector (el resto son menores de edad). Es el acumulado de los 3 fines de semana en los que se realizó el ejercicio, por lo que sólo queda una votación para los días 18 y 19 de diciembre. Y sin novedad. Ni el acarreo ni las presiones hacia los burócratas sirvieron para conseguir el objetivo.

La meta para obtener más de 2.5 millones de participantes resultó más imposible que el campeonato del futbol para el Atlas. De ese tamaño es el fracaso. Lástima por el derroche de 29 millones de pesos del erario estatal.

Por cierto, nadie quiere decir qué pasará cuando oficialmente se declare que no se cumplieron con los votos para que la consulta sea vinculante y pase al Congreso de Jalisco. Y como viene un periodo vacacional, será un tema que de plano se olvidará o se abordará hasta el siguiente año.

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"Fuimos moneda de cambio". Así declaró el rector Ricardo Villanueva ante el Consejo General Universitario durante la aprobación del dictamen de ingresos y egresos 2022, "el peor de las últimas décadas". Se refiere a que los partidos políticos se pusieron de acuerdo en el Congreso de Jalisco para no apoyar a la casa de estudios con más dinero para el siguiente año. Y eso les representó más dinero a las fracciones parlamentarias: algo así como 30 millones adicionales para 2022.

Nuestros señores, señoras y señoritas diputados viven pensando que la chamba del legislativo es hacer leyes, con lo cual padecemos de una diarrea legislativa, en la que las leyes más absurdas del universo tienen eco. La chamba del legislativo, desde que Juan sin Tierra quiso subir impuestos, consiste en cuidarle las manos al ejecutivo, sea rey, presidente o gobernador. La hechura de leyes es accidental, dependiendo de las necesidades públicas, porque las necesidades son las que deben formar leyes y no las leyes formar necesidades.

Pero en fin, nuestros diputados, actualmente ocupados en la consulta que a tantos nos interesa tanto, deben estar contentos en cuanto que son mayoría y los que no lo son, cobran como tales y no les importa que de más de 1,900 objeciones que hicieron al presupuesto, los chicos de Morena no tomaron en cuenta ninguna, y no es broma: ninguna, con lo cual está visto que esa minoría vale lo que se le unta al queso. Y lo mismo da que sean PAN, PRI, PRD o Movimiento Ciudadano, el hecho es que los diputados locales nos van a costar nada más como 21 millones de pesos cada uno, que es más de lo que cuestan los federales, claro que es un dinero amargo, porque toda la vida tendrán que analizar que pertenecieron a dicho grupo, del que envidio solamente el sueldo.

Todo indica que el proyecto político de Enrique Alfaro Ramírez está derrotado políticamente. Su proyecto no era la Refundación y la gubernatura de Jalisco, su proyecto era convertirse en líder de la oposición a Andrés Manuel López Obrador y convertirse en el candidato presidencial unitario contra Morena. A la mitad de su sexenio, su proyecto hace agua por todos los costados.

Una tras otra viene sumando derrotas políticas, paradójicamente, cuando otros cuadros que respaldó y en los que invirtió (dinero suyo o ajeno), ganaron. La paradoja de Enrique Alfaro es que ganando, terminó perdiendo, tanto en Jalisco, en Nuevo León, como en el partido en el que dice no militar pero que pretende controlar: Movimiento Ciudadano (MC).

En las pasadas elecciones MC ganó la gubernatura de Nuevo León y su capital Monterrey y la mayoría legislativa y presidencias municipales de Jalisco. Pero al ganar, Alfaro perdió como aspirante presidencial y dirigente del grupo político Jalisco.

Los triunfos de Samuel García como gobernador de Nuevo León y de Luis Donaldo Colosio Riojas en la alcaldía de Monterrey trastocaron la correlación de fuerzas en MC. Estos triunfos tuvieron efecto en la competencia por la candidatura presidencial pues de inmediato se incluyeron a Luis Donaldo Colosio y a Samuel García en la contienda, como acaba de demostrar la encuesta de Reforma que coloca al alcalde de Monterrey en 3er. lugar, apenas detrás de los morenistas Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, con 27% de intención del voto. En dicha encuesta aparece el gobernador de Nuevo León con 10% y abajo, Enrique Alfaro con apenas 7% de intención.

El posicionamiento de los cuadros neoleoneses le abrieron la baraja al dueño de MC, Dante Delgado. Hasta antes de la elección intermedia de este año, Dante Delgado dependía de Alfaro y del grupo político Jalisco para hacer competitivo a este partido en la elección de 2024. Tras la victoria en Nuevo León, ahora ya puede prescindir de Alfaro y de Jalisco. Esto se demostró en la 4a. Convención de MC que ratificó a Dante Delgado como nuevo coordinador nacional, en sustitución de Clemente Castañeda, cercano amigo de Alfaro y quien regresa a su bancada en el Senado. Alfaro ya no controla el partido naranja.

Algo semejante ocurrió en Jalisco con el triunfo de Pablo Lemus como presidente de Guadalajara y quien sigue manteniendo el control del gobierno de Zapopan. Con su triunfo, Lemus se convirtió en el nuevo eje del poder político de MC en Jalisco, pues perfilado como candidato a la gubernatura, los cuadros de este partido que quieran un cargo público en 2024 se reportarán con Lemus antes que con Alfaro. El futuro de la nómina se llama Pablo Lemus, no Enrique Alfaro.

Además de debilitarse como candidato presidencial y jefe del grupo político en Jalisco, Alfaro fue derrotado en su intento por convertirse en líder de la oposición nacional. De la llamada Alianza Federalista solo quedan cenizas.

La derrota de Alfaro ante su duelo con López Obrador pudo verse en el lenguaje corporal en la pasada gira del presidente por Jalisco. Un gobernador opacado, y lejos de los reclamos federalistas estridentes que ha hecho anteriormente.

Y hablando de federalismo, la apuesta de Alfaro y su grupo político por posicionarse en los reflectores mediante la consulta sobre el pacto fiscal va rumbo al fracaso, pues es un tema tan alejado de las preocupaciones reales de los jaliscienses, que solo llevará a quienes estén en nómina oficial o a los acarreados.

A este contexto de derrotas acumuladas, hay que sumar los conflictos políticos abiertos que mantiene localmente, especialmente con el grupo que controla la Universidad de Guadalajara desde 1989, con Raúl Padilla López a la cabeza.

El reflejo de todas estas derrotas ha adquirido escala nacional con la más reciente agresión de Alfaro a los reporteros y representantes de medios de comunicación. La censura a una entrevista que realizaba nuestra colega Rocío López Fonseca al secretario de Salud, Fernando Petersen, no sólo exhibieron a un gobernante prepotente y autoritario, sino a una personalidad irritable y descontrolada. Quizá por eso optó por irse de vacaciones.

Pero la derrota más importante de todas es el desencuentro profundo que tiene con la mayoría de la sociedad de Jalisco a quien defraudó en su promesas de refundar la vida pública y actuar diferente a la clase política tradicional.

La mayoría de la sociedad de Jalisco dista de vivir dignamente y entretanto, en el estado se propaga la guerra informal con sus aristas más dolorosas y ominosas como son las desapariciones, los asesinatos, las fosas clandestinas y los cuerpos sin identificar en las morgues oficiales. Por todo esto, ahora el proyecto de Enrique Alfaro está derrotado.

Se acaba el 2021 y Enrique Alfaro hace valer los privilegios de ser gobernador al pedir vacaciones por 3a. vez en lo que va del año.

Este 3er. tiempo fuera, sin embargo, se da en condiciones muy distintas a las que tenía en junio pasado que también se tomó días libres como para celebrar que en la elección del 6 de junio el partido Movimiento Ciudadano haya conservado la mayoría en el Congreso [de Jalisco] y retenido Guadalajara y Zapopan y una cuarentena más de municipios, así como más de un tercio de las diputaciones federales.

Aunque en ese triunfo electoral un factor decisivo fue el voto antiamlo en Jalisco, para el mandatario estatal fue una clara aprobación popular a su gobierno y a su proyecto político, por lo que ahí renacieron sus aspiraciones presidenciales de las que ha hablado profusamente en este cierre de año.

Pero este nuevo periodo vacacional de Alfaro que inició ayer sin que haya anunciado la fecha de su regreso se da en circunstancias hostiles como cuando pareció poner tierra de por medio en marzo pasado.

Como ahora, se daba en Jalisco en aquel momento una larga racha de hechos violentos que habían iniciado desde diciembre del año pasado con los asesinatos del empresario inmobiliario Felipe Tomé, y del ex gobernador Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta, continuado con la incursión violenta e impune de un comando a mediodía al restaurante Los Otates, la colocación en la plaza principal de Tlaquepaque a plena luz del día de un capo que disputaba la plaza al Cártel Jalisco Nueva Generación, una balacera en las elegantes oficinas de su agencia de comunicación favorita, La Covacha, y hasta la crisis política que le ocasionó la renuncia de Ismael del Toro, su principal operador político, que se bajó sorpresivamente de la candidatura naranja para buscar la reelección al Gobierno de Guadalajara, y que significó la llegada de Pablo Lemus a esa posición, rompiendo los equilibrios al interior del partido MC, que siempre había estado bajo su control absoluto.

Alfaro se va de asueto en este diciembre con iguales apuros en materia de seguridad con la crisis de las desapariciones, que llegaron a 15,000 para ratificar a Jalisco como la entidad donde más se comete el más doloroso de los ilícitos, y que en la percepción ciudadana se agravó por la insensibilidad mostrada por el mandatario estatal al referirse al caso de Paula Petersen.

Pero se va también con la mayor protesta del gremio periodístico, que se ha unido como nunca tras el atropello de Alfaro en contra de la colega Rocío López Fonseca, a quien acusó de reventadora y ordenó al secretario de Salud, Fernando Petersen, no atender las preguntas de la periodista.

No ha sido la mayor muestra de su autoritarismo ni de su intolerancia a la crítica, pero sí la gota que derramó un vaso llenó de agresiones al trabajo periodístico como nunca se había visto en la historia reciente de Jalisco.

Bien haría el gobernador en reflexionar sobre el tema en estos días de relax para al regresar a sus actividades ofrecer la disculpa pública que el gremio periodístico exige para la respetada colega Rocío López Fonseca, porque efectivamente "cuestionar no es atacar".

"Seré el primer fiscal para defender a los periodistas". Eso me dijo un eufórico candidato a la gubernatura a finales de junio de 2012. De resultar ganador en la elección de ese año, el abanderado de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, garantizaría el respeto a la labor periodística y a la libertad de expresión.

Días atrás, el suegro de su rival político, Aristóteles Sandoval, se había liado a golpes con un fotorreportero que lo captó justo cuando agredió a un ciudadano que protestaba en contra de su yerno. Las campañas llegaban a su fin y el tema me pareció pertinente.

Así que le pregunté su opinión sobre ese altercado y las garantías que ofrecía en ese entonces para el gremio. Ciertamente, las campañas llegaban a su fin y el listado de temas a abordar para sacar la nota se agotaba.

Sin embargo, él respondió contundente: "A pesar de que yo puedo debatir con los periodistas, discutir puntos de vista y hablar siempre de frente, por más intenso que sea el momento, siempre los respetaré".

Ese "los respetaré" ha sido lo último que ha hecho 9 años después, cuando afirmó, después de callar y alzar la voz a una reportera, que su agenda de trabajo no es para los medios. Después de insistir en que hay "periodiquitos". Después de asegurar que las voces críticas sólo quieren que le vaya mal a Jalisco. Después de frenar entrevistas y argumentar que quien hace preguntas incómodas es un títere de sus jefes... o un "reventador".

Temas como los de seguridad, las desapariciones, el medio ambiente, la deuda pública, las adjudicaciones directas a sus empresas de comunicación y una larga lista de etcéteras no emanan de un sótano lleno de seres que buscan desarticular lo que él considera que son sus logros de gobierno. Provienen de ciudadanos interesados en la rendición de cuentas y sí: de profesionales de la comunicación que no buscan el aplauso de la autoridad, sino la confianza de su audiencia.

Como periodistas, a eso nos debemos. Para eso estamos en este oficio que, desafortunadamente, el jefe del poder ejecutivo se ha encargado de desprestigiar en cada oportunidad que se le presenta.

El gobernador, es más que evidente, está molesto. Mucho. Pero no sólo con la agenda de medios; lo está con los reporteros "de pie", esos cuya labor es confrontar y no hacer relaciones públicas. Con los que exigen rendición de cuentas y entrevistas con quienes están constitucionalmente obligados a darnos respuestas.

Hoy, esos funcionarios viven bajo el yugo de una decisión. De la decisión de un gobernador intolerante a la crítica y convencido de que quien se acerca a él con un micrófono, cámara o grabadora en la mano es un enemigo del estado. Y no podría estar más equivocado.

El interés general de los reporteros es difundir verdades, ventilar omisiones, vigilar gastos, exponer corrupción si es que existe y contrastar las promesas que se hicieron en la etapa de campaña con lo que se hace como gobierno.

Eso ha pasado con Alberto Cárdenas, con Francisco Ramírez Acuña, con Emilio González, Aristóteles Sandoval, seguirá pasando con él y con quienes le sucedan en el honroso cargo que ostenta. Porque, al menos en la teoría, ese personaje irascible es quien, hoy por hoy, representa a los jaliscienses ante el mundo.

Para dejarlo en claro: lo que se hace desde este lado no es un agravio a la persona; es la razón de ser del periodismo. Que sean las oficinas de Comunicación Social quienes den el discurso oficialista; a nosotros nos toca preguntar para buscar la verdad, y que con eso, la gente exija.

9 años atrás, Enrique Alfaro priorizaba su respeto a los derechos de los reporteros "de calle", pues, dijo entonces, son ellos quienes "se la juegan todo el día".

No mintió. Los reporteros "de calle" tienen una labor social invaluable. Una que, a diferencia de la oposición que sí aspira al poder, es legítima y merece todo el respeto.

Por ello, por Rocío López Fonseca, por Elsa Martha Gutiérrez, por Iliana Gutiérrez, por María Ramírez Blanco, por Yahaira Padilla, por Lauro Rodríguez, por Martha Hernández y por las y los otros muchos reporteros que han resentido los embates de un gobernador intolerante a las preguntas que sí deben hacerse: muchas gracias por su trabajo.

3 partidos políticos nacionales perdieron el registro ante el Tribunal Electoral Federal: Redes Sociales Progresistas (de Elba Esther Gordillo), Encuentro Solidario (los evangelistas amigos de AMLO) y Fuerza por México (del líder sindical Pedro Haces).

Por acá en Jalisco, el ex candidato a la alcaldía de Guadalajara, Gustavo Flores, que compitió en Fuerza por México e impugnó la candidatura de Pablo Lemus, anuncia que se resignan, pero ya viene una nueva asociación política.

¿Les suena el término de vividores profesionales?

Vivir fuera del erario es vivir en el error.

El presidente López Obrador quiso tener 3 partidos satélite más. En la elección intermedia de este año, Fuerza por México (del dirigente sindical obradorista Pedro Haces), Redes Sociales Progresistas (vinculado a "la maestra" Elba Esther Gordillo) y Partido Encuentro Solidario (Hugo Eric Flores) compitieron por 1a. vez. Los 3, liderados por personajes alineados con el primer mandatario, fueron arrasados. Ninguno obtuvo el mínimo de votos necesario para mantener su registro y ser partido político.

Fuerza Por México hizo un último intento ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el ridículo argumento de que por la pandemia la gente no pudo ir a votar y por eso no votaron por ellos. En la sesión de ayer, perdió la votación 6-1.

Paralelamente, como para dibujar el perfil de ese aspirante a partido, el lunes fue arrestado en Houston el candidato de Fuerza por México al gobierno de Querétaro, Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez, acusado por el FBI de un fraude a 120 personas por más de 30 millones de dólares, que les cobró con la promesa de conseguirles visas de inversionistas, según el comunicado oficial del procurador del Distrito Oeste de Texas.

Fuerza por México no consiguió votos, pero sí muchos enemigos... internos: después de su fracaso electoral de junio, varios de quienes fueron candidatas y candidatos a gobernador, diputados federales y presidentes municipales, empezaron a reunirse para intercambiar información, tratándose de explicar qué les había sucedido y por qué se llevaron tal paliza.

Estas reuniones derivaron en una conclusión central: el INE entregó a Fuerza Por México casi 160 millones de pesos para las campañas y los candidatos nunca lo vieron. Desde la dirigencia nacional, encabezada por Haces, les decían que pronto les mandarían recursos, que ya casi, que la próxima semana, y cuando se terminaba el tiempo y no llegó el dinero, les argumentaron que todo se gastó en publicidad a nivel nacional... pero tampoco se vio nada, más allá de lo que reciben gratuitamente los partidos en spots de radio y televisión.

Su conclusión fue contundente: el dinero se lo quedaron arriba. Incluso el INE exigió a Fuerza por México regresarle 34 millones de pesos que gastaron... ¡después de que perdieron el registro y dejaron de ser partido!

Con su consulta sobre el pacto fiscal a la mitad, el gobernador ya se curó en salud y afirmó que es un éxito. Mientras está muy lejos de la meta para que sea vinculante, se pudo ahorrar casi 30 millones de pesos si en febrero pasado, cuando presentó la iniciativa, hubiera ordenado la modificación en el Congreso estatal, evitando tanto brinco.

Por cierto, retó a sus enemigos políticos a que intenten mover a 250,000 personas (como en la consulta referida); sin embargo, no aclaró si usando la nómina oficial o sólo con labor de convencimiento.

La estrategia inicial de Alfaro de convertirse desde el día 1 de su gestión en el gobernador más contestatario al líder de la 4T desaprobando en un 1er. momento sus políticas de seguridad, su guerra contra el huachicol, acusándolo de permitir desestabilizaciones contra su gobierno desde los "sótanos del poder de la Ciudad de México" e impulsando un bloque opositor y la alianza federalista, puso la relación entre Jalisco y la federación prácticamente en cero.

Hace un año decidió cambiar de ruta, al hacer lo propio para que el partido Movimiento Ciudadano no fuera en la alianza PAN-PRI-PRD en la elección intermedia de junio pasado y al dejar su activismo en la Alianza de Gobernadores que le exigían a AMLO más presupuesto e incluso haciendo quitas presupuestales a la UdeG como para alinearse a las críticas presidenciales contra su ex aliado Raúl Padilla López, todo para lograr un tregua con López Obrador.

Esta se consiguió y se ha mantenido el último año y prueba de ello es que al menos en el discurso ayer el presidente dijo llevar una buena relación con el gobernador, pero en la realidad esa tregua sigue lejos de redituar los apoyos que para sus proyectos estratégicos Alfaro calcula en al menos 30,000 millones de pesos.

Ayer en Zapopan, el presidente en su mañanera se limitó a decir que aunque hay diferencias con el Gobierno de Jalisco, estás nunca influirán en falta de apoyos en seguridad y salud. Alejado de su personal estilo impositivo, Alfaro intentó matizar agradeciendo el apoyo del presidente en materia de seguridad, preguntando si podía comentar de otros puntos y asegurando que hay otros temas en los que tampoco había diferencias con AMLO.

Así que por el bien de Jalisco ojalá pronto fluyan los recursos federales para las obras de movilidad, para la Presa El Zapotillo y para la Línea 4 del Tren Ligero, temas de los que aseguró el gobernador, platicó en privado con el presidente, pese a las evidentes desconfianzas políticas y hasta personales que persisten entre ambos, y que como gobernantes están obligados a hacer a un lado para cumplir a sus gobernados.

Aunque la consulta pública por el pacto fiscal sigue inmersa en la polémica porque al acarreo se sumó la crítica contra una diputada emecista que supuestamente votó 2 veces, en el segundo fin de semana de este ejercicio ya participaron más de 276,000 jaliscienses (243,000 son votos de mayores de edad).

Una conclusión es que la participación sigue pobre y se ve complicado que se logre la meta de más de 2.5 millones de votantes en los 2 fines de semana pendientes.

Ante ese escenario adverso para el Gobierno de Jalisco, que impulsa la consulta, ayer de plano se pasaron de lanza al mezclar 2 temas. El área de Comunicación Social emitió un comunicado en donde se exhibe la baja participación, pero se sacó de la manga que el ejercicio ya superó la votación de la consulta organizada para enjuiciar a los ex presidentes de México.

Es la clásica estrategia o politiquería para difundir "logros". ¡Más seriedad, por favor! La meta es que la consulta en Jalisco sea vinculante. A nadie le importa si votaron menos en la consulta de López Obrador.

Las suspicacias por el voto doble en la consulta por parte de la diputada Alejandra Margarita Giadans generó molestias entre algunos emecistas, quienes advierten fuego amigo en la publicación de las fotografías de la legisladora. Algunos recelosos recordaron que Giadans saltó de Morena a Movimiento Ciudadano (MC) hace unos meses y que, en su momento, fue "Amlover" de hueso colorado.

No es la 1a. polémica que enfrenta. En la pasada legislatura fue señalada de "aviadora", por cobrar como titular del órgano técnico de la Comisión de Estudios Legislativos mientras hacía precampaña, 1o. para ser candidata de Morena a una diputación federal que le negaron. Pero luego terminó de rebote postulada por MC en el Distrito 4 local.

Hoy López Obrador está en Guadalajara para realizar su 4a. mañanera en Jalisco. Suma así 12 visitas al estado como presidente.

El guion, con algunas variaciones, ya lo conocemos: un Enrique Alfaro nervioso y achicado pide desde el atril al presidente recursos para los proyectos estratégicos de Jalisco: Línea 4, Peribús, abasto de agua y saneamiento del Río Santiago.

López Obrador, colmilludo y con incontables horas de vuelo, celebra las coincidencias y promete todo el apoyo. Pasadas las horas, en redes o ante cualquier micrófono, el gobernador reclama al presidente que cumpla su palabra.

Una historia sin fin que cumple 3 años.

A días de asumir como gobernador, en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y custodiado por alcaldes, empresarios, líderes partidistas, rectores y sociedad civil, Alfaro demandó al presidente electo no traicionar el pacto federal y entregar a Jalisco lo justo.

No hubo dinero.

A finales de 2020, el gobernador convocó a un "Cierre de filas por Jalisco" en el Instituto Cultural Cabañas. Hablaron alcaldes, magistrados, sociedad civil, el rector Ricardo Villanueva.

La ferocidad del reclamo subió de tono: "El Gobierno de la República nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece". Rompió con la Conago. Instauró la Alianza Federalista con 10 gobernadores.

Tampoco hubo dinero.

Este año sólo envió un comunicado. El Paquete Económico 2022 proyecta cero pesos para la Línea 4, el acueducto para traer agua a Guadalajara, la conclusión del Peribús, el saneamiento del Río Santiago y la reparación de carreteras.

Todo cambió para seguir igual.

No hubo evento mediático, el rector Ricardo Villanueva ya no acompaña al gobernador, por el contrario, ahora lo acusa de maltrato presupuestal.

El ingrediente adicional en esta ocasión es la consulta popular sobre el pacto fiscal, un instrumento promocional que ayudará a legitimar el discurso de que se hace lo que se puede, con lo que se tiene.

En algún momento, Alfaro dijo que sin la Federación "será imposible cumplir con todas las necesidades que se tienen en todo el estado".

Las alternativas son pocas.

Esperar que el presidente cumpla su palabra -misma que ha incumplido sistemáticamente-. Más deuda resultaría inviable tras 2 créditos por más de 11,000 millones de pesos. Queda la inversión privada y los empresarios que ya dieron un espaldarazo al mandatario con el aumento al Impuesto sobre la Nómina para invertirlo en infraestructura escolar. Sin embargo, el dinero de los hombres de negocios tiene límites y condiciones.

Los rugidos del tigre en Casa Jalisco suenan amenazantes, pero suelen atemperarse cuando están frente al gran Tlatoani de Palacio Nacional.

El mandatario estatal tiene sus papeles en regla -proyectos ejecutivos, estudios de factibilidad, análisis financiero-, pero no importa cuán feroz sea el llamado. Sostiene una relación desigual, ni siquiera de subordinación sino de cautiverio. Porque las llaves de la jaula y el presupuesto los controla el presidente.

En el recuento de la aprobación del presupuesto 2022 del Gobierno de Jalisco llamó la atención la lista de perdedores o los menos beneficiados: la UdeG, el Instituto de Transparencia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Sistema de Asistencia Social y hasta los nuevos juzgados laborales.

Los diputados y diputadas también recortaron 100 millones de pesos al financiamiento público de los partidos políticos, pero se debe tener cuidado y que no sea una simulación del congreso, ya que será impugnado por los afectados. La explicación es muy simple: existe una fórmula establecida para el reparto de los recursos, por lo que se podría estar violando la ley.

Les recordamos a los legisladores y legisladoras que las buenas intenciones no siempre tienen un final feliz. Así como han presumido las reformas para que nadie gane más que el gobernador, además de quitar los bonos millonarios o aplicar las pruebas de control y confianza en el Poder Judicial de Jalisco, todo eso quedó en el papel porque el Poder Judicial de la Federación las declaró inconstitucionales, ante las impugnaciones de los afectados.

Tendremos el tema en la mira, pero sí les pedimos más efectividad y menos acciones que sólo buscan los aplausos de forma temporal.

El recuento de los daños tras la aprobación del presupuesto deja muchos elementos para destacar, como la operación del Gobierno de Jalisco para tener a casi todas las fracciones parlamentarias en su terreno. La negociación gestada desde Casa Jalisco consiguió sumar hasta sus rivales de Morena, que pocos peros le pusieron a la proyección de los gastos para el siguiente año. Finalmente salió al gusto del gobernador.

En los próximos meses se evidenciará el tamaño del arreglo del coordinador morenista José María Martínez con la administración estatal. En una de esas, gracias a su dócil oposición, se traspapela la investigación en su contra por su "pensión dorada" de más de 106,000 pesos mensuales, que se frenó por lo pronto porque se activó como servidor público en el congreso.

Fracaso largamente anunciado de esta consulta, por muchas razones. Entre otras por el absurdo tema que se eligió para que Movimiento Ciudadano intentara reflotar a Enrique Alfaro como una figura política de alcance nacional que a su vez lo posicione como un aspirante presidencial para los comicios de 2024.

El objetivo político de reposicionar a Alfaro en la carrera presidencial siguiente nos está saliendo muy cara a los jaliscienses.

Los 29 millones de pesos que costará este ejercicio representan más gasto público que otras 39 instituciones estatales, según datos del colectivo Nuestro Presupuesto. La consulta convocada por el actual grupo gobernante es un fiasco porque estará lejos de cumplir su objetivo de reposicionar a Alfaro en la carrera presidencial y, especialmente, porque es un ejercicio inútil sobre un tema que está en la menor de las preocupaciones de los jaliscienses, ocupado por otros problemas realmente graves.

Y finalmente, muestra que el partido que ofrecía refundar la política en Jalisco, recurre a los peores vicios políticos del pasado, como es el acarreo y el corporativismo, para satisfacer las aspiraciones presidenciales de su jefe político.

¿Puede Enrique Alfaro ser el candidato de la oposición? Hablando estrictamente desde la teoría, sí. Sí puede. Pero hay muchos obstáculos por vencer en un largo camino que conducirá a la lucha contra el proyecto lopezobradorista.

Por partes.

El 1er. obstáculo es el mismo gobernador. Lo cierto es que nadie puede salir indemne del ejercicio del poder. Las decisiones del gobernante siempre tendrán a unos satisfechos y a otros inconformes; de esta elemental realidad es que se deriva el "desgaste". El mandatario jalisciense es particularmente aguerrido; en no pocas ocasiones regaña, antes que manifestarse.

Nacionalmente ha cosechado un sólido reconocimiento; en otras palabras, es un gobernante identificable, sobre todo por sus decisiones directas, por sus aspavientos y porque siempre que tiene oportunidad, establece diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque reconocido nacionalmente, se está desgastando con mucha rapidez en su medio local.

Otro asunto a resolver es que Movimiento Ciudadano, el partido que lo llevó a la gubernatura y que ha alternado a Clemente Castañeda (su gran aliado) y a Dante Delgado (aliado a conveniencia) en la dirigencia nacional, decidió que no hará alianzas políticas. Va en soledad. No quiere acuerdos con PAN, PRI y PRD. Alfaro mismo ha reprobado la alianza de estos 3 partidos políticos tradicionales... pero eso sucedió en las elecciones intermedias de 2021.

La cuestión es si MC podría ser un 4o. aliado del bloque opositor. E incluso, si podría postular a su máxima figura política (por ahora), Enrique Alfaro, para ser apoyado por las militancias de los otros partidos políticos.

Parece una misión imposible.

Pero antes de llegar a esa incierta etapa, debe haber un acuerdo claro con Dante Delgado, el fundador de MC, porque ha alentado la versión de que invitarán a Ricardo Monreal Ávila como candidato presidencial debido a su pobre competitividad frente a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

Está en marcha la operación acarreo con una consigna: movilizar la mayor cantidad de burócratas para que voten por el Sí en la consulta sobre el pacto fiscal que promueve el gobernador Enrique Alfaro. Cuatro fuentes de 3 dependencias estatales me relataron cómo funciona. El modus operandi coincide.

Los mandos altos entregan a sus subordinados un código personal para ingresar a una página web por medio de un correo "que no sea institucional". Allí se registran junto con 20 contactos, familiares o amigos. El formulario contiene 7 casillas obligatorias: nombre, 1er. apellido, colonia, municipio, código postal, fecha de nacimiento y número de celular. El botón "Agregar Invitado" permite avanzar. El viernes pasado, según uno de los testimonios, añadieron al documento casillas de verificación de asistencia.

El gobierno estatal sostiene que se trata de una invitación y un deber civil, que no hay coacción. Sobre el punto, mi fuente ironiza: "No te sientas obligado, pero te vamos a vigilar". Las dudas asoman: ¿qué pasa si no lo hago? ¿Por qué debo entregar datos de otras personas? ¿Viola esto la Ley de Datos Personales? ¿Quién administra y concentra esa información? Cynthia Cantero, presidenta del ITEI, me lo confirma: debe mediar un aviso de privacidad con el aval de quien entrega sus datos personales. De otra manera, hay una ilegalidad que sólo puede atender el ITEI vía denuncia.

La movilización será por bloques enfocados al fin de semana. Este jueves bajarán la orden en distintas dependencias para salir a votar el sábado y domingo. El pasado fin votaron 124,000. Para que la consulta sea vinculante requiere 2.5 millones de votos.

¿Llegarán a la meta? Tengo los datos para suponer que sí. Lo explico.

El gobierno de Jalisco opera con una plantilla de 144,000 funcionarios públicos, según INEGI. Si movilizan a 100,000 burócratas, multiplicados por 20 contactos cada uno, están del otro lado: la cifra alcanza los 2 millones de votos. Pero además la operación acarreo incluye algunos de los 125 ayuntamientos en el estado, en donde laboran 73,000 burócratas (INEGI). El medio millón de votos necesario se completa de ahí.

¿Qué gana el gobernador? La promoción personal y partidista de cara a 2024 es lo de menos. Gana una jugosa base de datos de 2.5 millones de ciudadanos, información que hace la diferencia en una campaña electoral. El deber civil de un servidor público, estimo, no es compartir 20 contactos para que voten. Sino rehusarse a participar en una ilegalidad, denunciar ante el ITEI y votar sólo si lo desea. Sin entregar nada más.

Con más de 124,000 votos emitidos en los primeros 2 días de la consulta pública sobre el pacto fiscal, el escenario pinta cuesta arriba para que el Gobierno de Jalisco alcance los más de 2.5 millones de participantes que se requieren para que el ejercicio sea vinculante. Aunque fue evidente el acarreo de burócratas estatales, los impulsores de la consulta deberán apretar tuercas y reforzar los "operativos" para movilizar a los funcionarios y sus 20 contactos que les pidieron a cada uno.

Por cierto, trascendió que también se recurrió a las agrupaciones sindicales como la CTM para inflar el ejercicio.

Parece que el gobernador de Jalisco sacó a relucir lo que aprendió en sus años como priista, donde los acarreos y el voto corporativo eran estrategias comunes de cada elección.

A ver: para los ciudadanos que, entrevistados al respecto, responden que "no sabemos ni qué es": el Pacto Fiscal sometido a "consulta" por el Gobierno del Estado, es -según la página de internet del mismo gobierno- "un acuerdo entre (los) estados y (el) gobierno federal, para distribuir los impuestos que se recaudan".

Los estados cedieron al gobierno federal sus facultades para recaudar impuestos (IVA, ISR, IEPS), a cambio del compromiso de regresarles "lo justo para atender las necesidades" de sus habitantes. Se suponía que el gobierno federal los aplicaría "para acabar con la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la violencia": problemas que, lejos de resolverse, ostensiblemente se han agudizado. Firmado hace 40 años, pero como las buenas intenciones que inspiraron tal pacto no se han materializado, procede revisarlo... y, eventualmente, desecharlo o actualizarlo.

Hasta ahí, salvo prueba en contrario, todos de acuerdo...

Ahora bien: si la decisión de suscribir dicho pacto fue tomada por los gobernantes y avalada por los congresos -la "representación popular", supuestamente- de todos los estados, sin necesidad de someterla a ninguna consulta ciudadana, cabe suponer que en el mismo, como en todos los contratos y convenios que implican acuerdo de voluntades, se incorporaron los canales, mecanismos y procedimientos adecuados para plantear inconformidades y proponer ajustes o reformas.

Si, como dice el Gobierno del Estado, se trata de "defender a Jalisco de decisiones que se toman desde el centro del país, sin conocer la realidad de nuestro estado"; de que "el estado y sus municipios tengan recursos para cumplir con sus obligaciones"; de "saber cómo se gasta el dinero que Jalisco aporta a la federación"; de pedir "más dinero de los jaliscienses para los jaliscienses", y de exigir que la federación, en su presupuesto de egresos, incluya recursos para obras prioritarias como la mejoría de sus sistemas de transporte colectivo, seguridad pública y suministro de agua para la zona metropolitana de Guadalajara (en que habitan la mitad de los pobladores de la entidad), entre otras cosas, ¿qué caso tiene preguntar a los ciudadanos -y aun a los menores de edad- si quieren o no que "se revisen los términos" y "si Jalisco se mantiene o sale del (susodicho) pacto fiscal"... ¡especialmente si "constitucionalmente, eso no se puede poner a consulta"!...?

La dichosa (y desairada, hasta ahora) consulta, por tanto, resulta ociosa. Y los millones de pesos que se gastarán en ella, serán dinero tirado.

Lo importante no es competir sino ganar, podría ser la consigna para inscribir en el frontispicio de los partidos políticos. Claro, no todos tienen la posibilidad de ganar, lo saben los electores, lo saben los partidos, al menos no en los términos deportivos ahora en boga en las contiendas por el poder; no obstante, para ellos, los partidos y sus candidatos, el verbo ganar tiene distintas connotaciones: gana cualquiera de ellos que tiene registro pues así acceden a los fondos que del erario le están destinados; gana el que sin capacidad para alzarse con una curul de mayoría, una presidencia municipal o gubernatura, algo obtiene: sea regiduría, representar en cualquier congreso a un porcentaje de electores que no votaron por sus candidatos, mantenerse asidos al subsidio o alzarse al rango de interlocutores de quienes toman las decisiones trascendentes para la sociedad.

Y con todo y que la aparición de las y los ciudadanos en las urnas insinúa cierto grado de civismo, de compromiso político, la mayoría no supera la desconfianza respecto a que su gesto cívico en verdad sirva de algo más que dar pretexto para que la clase política siga en lo suyo, que es nada más lo suyo, y luego, con el dedo entintado, cada quien de vuelta a la incertidumbre económica, a padecer la inseguridad, los malos servicios públicos y a convivir con la sensación corrosiva de que se presta, cada 3 años (menos, si a alguien se le ocurre hacer una "consulta") para validar un estado de cosas pervertido.

Pero las secuelas son más, y más nocivas, que las expuestas en las generalizaciones previas. Para montarse adecuadamente en la búsqueda de votos es necesario prometer en función de lo que en el momento esté maltrecho: algunos asuntos públicos o el prestigio de quien ocupa el cargo que pretenden conquistar. Que no hay agua, a ofrecer la que se necesite, haya o no haya. Que el transporte público es malo y peligroso, faltaba más: con ellas y ellos será a domicilio, casi gratuito. Que el sistema educativo no pasa de masificar deficiencias en matemáticas y en lectoescritura, a jurar que, si los eligen, la calidad educativa y la cobertura, de preprimaria a postgrado, serán envidiadas en el primer mundo. Que la inseguridad es intolerable, no se apuren: basta que me bendigan con su sufragio para que se extingan los criminales, los organizados, los que estén en vías de organizarse, y los corruptos.

Una vez entregadas las constancias de mayoría la realidad retoma el control de las cosas y lo ofrendado deja de ser el culmen radiante que, como estrella de Belén nimba candidatos, candidatas, y lamparea mexicanos inocentes. Gracias a una transustanciación portentosa, las promesas que entronizan políticos retornan filosas a reclamar su pago, se instalan en la conciencia de las y los gobernantes en forma de culpa. De este modo el juego electoral pierde encanto; su trivialización se torna en daños sociales específicos y mina la posibilidad de la gobernanza: una autoridad que por delante de su responsabilidad pone la culpa que cree arrastrar (algunas sí son de culpar, pero eso hay que dirimirlo en otra conversación) no desea exponerse ante quienes le reclamarán la liviandad con la que juzgó y sentenció personas y circunstancias. De lo que se sigue su empeño, a veces el único notable en su administración, para exculparse, justificarse, echar un velo por sobre la realidad y a dieta de discursos tratar, irrisoriamente, de imponer otra, la suya.

Nos hacemos cargo de que lo que ofrecen mientras estuvieron en campaña es bisutería, y lo sano sería que comenzaran sus gestiones, antes de que los aborde la culpa, digamos antes de los 3 años de mandato, explicando objetivamente cómo estamos en todas las áreas; porque al cabo, merced a las transformaciones a las que impele ineluctablemente la realidad, terminan por sí ser culpables de aquello que no son sino continuidad y además de eso otro en lo que por su cuenta yerran, que suele no ser poco. ¿Qué relación habrá entre la aceptación tácita de que no pueden resolver lo que prometieron, que lleva aparejado el acto reflejo de justificarse a toda costa, y lo relajados que lucen respecto a sus omisiones y fallas, intencionales o no, las que terminado su periodo serán germen de culpa para sus sucesores? Y así, acumulativamente.

Se está promoviendo una consulta popular para opinar acerca de la iniciativa del Gobierno de Jalisco de revisar el actual pacto federal en materia fiscal. 3 escenarios se ofrecen a la vista de todos.

Primeramente, es un hecho que la ciudadanía está todavía muy lejos de superar la apatía democrática que le caracteriza. No es la 1a. consulta que se hace, ni es la 1a. en ser "conducida", quizá a causa del desdén social. A duras penas media comunidad acude a votar en los procesos electorales, pedirle participar en consultas resulta ya demasiado, pero también nos podemos explicar tal actitud en el hecho de que la gente no advierte cuál sea el problema, ni considera que sea "su" problema, y se piense más bien que son lío del gobierno. Por otra parte, encontrar nuevas formas de favorecer la participación en ésta y cualquier otra consulta sigue siendo un reto para individuos e instituciones. En el entretanto corremos el riesgo de que la decisión de los pocos que acuden sea la que favorezca los resultados, como ha sucedido ya en las consultas a mano levantada, o bien, que el esfuerzo y el gasto se pierdan por no alcanzarse los porcentajes de votos establecidos por ley.

En un 2o. escenario aparece cierta ambigüedad argumental en el tema: "tanto aportamos tanto debemos recibir", o en el asunto: "hay estados que aportan menos y reciben más". Se supone que el pacto federal busca precisamente apoyar a los estados que por diversas circunstancias son menos productivos, sin que eso suponga financiar permanentemente su improductividad, y sí en cambio contribuir para que superen su rezago. Luego una argumentación basada en esos postulados no parece estar entendiendo de qué se trata eso de vivir como una república federal. Otra cuestión, histórica y permanente, es cuando algún estado recibe la parte del león sólo por albergar la capital federal.

Un 3er. escenario nace de la duda sobre las verdaderas intenciones del asunto, ¿se trata de obtener en justicia y solidaridad más recursos federales para Jalisco? O lo que está como origen del debate es más bien ¿quién o quiénes deben administrar el recurso? Sabemos que las aportaciones federales se cifran en miles de millones de pesos, que en el pasado no tan lejano, detrás de esos manejos había centenares de goteras y hasta pozos profundos por donde se diluían las aportaciones, que la inversión de muchos de estos recursos tenían como objetivo la consecución de las llamadas obras insignia de cada sexenio o trienio, y que este gasto solía ser ocasión para engrosar carteras individuales, o para financiar la siguiente campaña, independientemente de que las obras se hicieran o no, o que tuviesen la utilidad promocionada.

Tenemos pues un problema de percepción que incluye desconfianza profunda en las acciones de los gobiernos, enorme susceptibilidad no gratuita, constancia de despilfarros descomunales, experiencias aciagas en la manera en que el dinero se usa, y una clara experiencia de la insensibilidad de la clase política ante las apreturas económicas que vive la sociedad, en tanto ellos se afanan en recibir más dinero para beneficios económicos y políticos ajenos al bien común. Son prejuicios heredados, pero nadie parece estar haciendo algo para que los superemos.

La soberbia es la peor enemiga del conocimiento y del auto conocimiento. La agenda del gobernador estaba llena pero apenas el viernes por la noche se le veía sonriente y feliz cenando con el boxeador de talla internacional Saúl "Canelo" Álvarez. Nadie lo juzga por eso, pero para todo hay tiempo. Para todo, menos para por lo menos asistir a inaugurar la FIL. En fin, es clarísimo el interés que tiene por la cultura, basta ver...

El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, y diputados de MC se reunieron ayer para hablar sobre el presupuesto 2022 y entraron en un desacuerdo luego de que se acordara el intercambio del apoyo a la consulta del pacto fiscal por la devolución de los 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales.

Quirino Velázquez, coordinador de MC, propuso el acuerdo.

"Nosotros nos comprometemos con el tema de los 140 millones, agotar hasta el límite para que podamos resarcirlo. Si salimos desde hoy a rueda de prensa y que se sume a la consulta la Universidad de Guadalajara, nos ponemos a revisar el fondo de infraestructura", planteó.

Villanueva respondió que los universitarios darían el respaldo si reciben los recursos del Museo y el crecimiento del 10% en el presupuesto estatal 2022.

"Si nos regresan los 140 millones de pesos y crecemos lo mismo que Jalisco, mañana la universidad está en la consulta, pero si la universidad no ha contado con su gobernador para defender el presupuesto con la federación, cómo nos piden que lo acompañemos", comentó.

Velázquez se desdijo y agregó que, "en un comunicado de prensa embustero", la UdeG manipuló el contenido del encuentro.

"En la bancada naranja lamentamos que el rector mienta descaradamente y lleve información falsa a nuestra casa de estudios, la UdeG, por la que hemos, seguimos y seguiremos trabajando".

Con enorme sorpresa escuchamos a Enrique Alfaro sostener que el asesinato del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, estaba resuelto y que solo faltaba detener a los asesinos.

Difícilmente podemos dar por resuelto un crimen en el que no sabemos quién ordenó el asesinato y por qué. Más allá de lo anecdótico, la declaración deja muy claro lo que significa el verbo resolver para el gobernador Alfaro. Recordemos otros asuntos.

Para él, por ejemplo, la Policía Metropolitana es asunto resuelto. Sin embargo, realmente nunca se creó, es solo un entelequia en el papel con un comandante extra que no tiene suficientes elementos, no la reconocen las policías municipales, ni está claro cuáles son sus funciones, pero el gobernador le puso palomita como compromiso cumplido, y a otra cosa.

Algo similar sucedió con el tema de las calandrias. Cuando el hoy gobernador era alcalde de Guadalajara dio por desterradas las carretas turísticas tiradas por caballos. Después de un gran despliegue publicitario se decidió comparar calandrias eléctricas a una empresa que, por cierto, desapareció antes de cumplir con el contrato. Los calandrieros tradicionales se quejaron, protestaron, y se quedaron. Hoy conviven unas y otras en el centro de la ciudad, y de la promesa de que no habría más caballos en las calles de la ciudad simplemente no se volvió a hablar.

En medio de la crisis de agua del año pasado el gobernador inauguró con bombo y platillo un tramo del acuaférico que, dijo, resolvería el problema de agua para la zona norte de la ciudad. Luego clausuró las bombas de un distrito de riego tras acusar a los agricultores de robarse el agua. Ni el acueducto resolvió el problema, ni los agricultores se estaban robando nada, pues tienen una concesión en regla. La ciudad pasó uno de los estiajes más complejos de la historia reciente, pero de esto tampoco se volvió a hablar.

Para Enrique Alfaro, en su estilo muy personal de gobernar, resolver problemas es dejar de hablar de ellos. Quizá por eso le molesta tanto que los medios se los recuerden.

"¿Estás de acuerdo en que cada 6 años, se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en la que la federación distribuye los impuestos, para que se decida si Jalisco se mantiene o sale de Pacto Fiscal?".

Tras varios intentos, renuncié a comprender a fondo el significado y alcance de esta pregunta que a partir del sábado formulará el gobierno a los jaliscienses.

Mi incomprensión continúa si acudo a la versión "infantil" elaborada para que respondan menores de entre 7 y 17 años: "¿Estás de acuerdo en que se revise cada 6 años la manera en que se reparte el dinero de los impuestos que recaba la Federación para que Jalisco decida si quiere seguir formando parte del Pacto Fiscal?".

En verdad, ¿comprende un niño de 7 años qué es el pacto fiscal, qué son los impuestos o la diferencia entre federación y estado?

Esta consulta durará 4 fines de semana y llevará a cada rincón del estado una pregunta que no comprende un niño ni asimila un adulto con posgrado. El gasto resulta todavía más incomprensible.

En septiembre, el IEPC Jalisco presupuestó el ejercicio en 22.5 millones de pesos. La semana pasada lo incrementó a 25.8 millones y ayer finalmente subió a 29.2 millones (5 millones más que la elección extraordinaria de Tlaquepaque).

Todo este dinero para instalar 970 centros de votación y urnas electrónicas, el despliegue logístico de 600 trabajadores eventuales, vehículos, gasolina, celulares, alimentos, viáticos.

El último incremento en el costo obedece a la petición del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza de Jalisco (órgano encabezado por funcionarios estatales) para duplicar de 100 a 200 las urnas permanentes en el área metropolitana de Guadalajara.

La pregunta, entonces, que debemos (y podemos) responder no es la planteada en la consulta sobre el pacto fiscal. Sino una pregunta que todos nos hacemos: ¿para qué?

Para qué si el congreso estatal está impedido para cambiar la fórmula de distribución del dinero a las entidades y carecemos de un modelo de recaudación local. Para qué si lo que propone el gobernador exige cambios a leyes federales y a la carta magna, alejado de sus competencias, por lo que resulta un ejercicio en el vacío.

¿Para qué entonces? Recordemos el origen de esta idea: surgió como un desafío de Enrique Alfaro al presidente Andrés Manuel López Obrador por el recorte presupuestal a Jalisco.

La operación política de todas las secretarías de estado para impulsar el ejercicio, el dinero visible y oculto para movilizar bajo amenaza a burócratas de la metrópoli persigue un fin: convertir una herramienta ciudadana en un costoso instrumento propagandístico del gobernador que envíe un mensaje a Palacio Nacional. Un desplante autocrático bañado de retórica justiciera sin efectos a favor de Jalisco.

Ya no tenemos dudas de las 2 realidades que existen en Jalisco sobre los temas de seguridad pública. Para la población y las estadísticas oficiales, Jalisco es de los estados más violentos por la incidencia de homicidios, desapariciones y fosas clandestinas. Pero el gobernador tiene otra visión.

Ayer desde Puerto Vallarta presumió que el asesinato de su antecesor Aristóteles Sandoval está "resuelto" en términos de quiénes son los responsables y solamente falta detener a los culpables para hacer justicia. ¡Así es, señoras y señores! Es la postura de siempre, de no perder nunca y tener siempre la razón.

Desde la otra realidad, le recordamos al góber que en el último reporte, la Fiscalía de Jalisco reconoció que el estado tiene un acumulado de 38,349 órdenes de aprehensión vigentes, pero no hay detenidos. En otras palabras, 38,349 casos "resueltos" para el Gobierno de Jalisco, si los medimos igual que el caso de Aristóteles Sandoval, pero el mismo número de presuntos delincuentes continúan en las calles o libres.

¡Felicidades!

Parece que el gobernador de Jalisco revive un conflicto conceptual cada vez que aborda temas de seguridad, lo que nos excluye de su visión. Intentaré probarlo.

Cuando lo confrontan ante el alza de fosas clandestinas (1,222 víctimas exhumadas en su sexenio), sostiene que el aumento obedece a que la Fiscalía del Estado trabaja más y busca. Es decir, en la visión del gobernador, cada fosa clandestina significa un avance positivo para su gobierno. Más fosas es mejor. La idea que sostiene esta afirmación nos lleva a concluir que el hallazgo de un cadáver se traduce en la localización efectiva de un desaparecido. Un despropósito.

Esta visión se replica cuando el gobernador atribuye el 80% de los homicidios a la injerencia del crimen organizado, cuyo combate corresponde a la federación. Una postura insostenible si consideramos que la fiscalía estatal resuelve apenas 6 de cada 100 asesinatos. Determinar las motivaciones detrás implicaría resolver el 100% de los homicidios. Por otra parte, anteponer al crimen organizado para explicar una desaparición u homicidio equivale a justificar que cierto tipo de ciudadanos merecen morir o desaparecer.

Sólo este sexenio registra la mitad de las más de 10,000 desapariciones que documentan los indicadores estatales. A este dato, el discurso oficial contrapone una cifra similar de localizados vivos en el periodo. Un hecho ordinario (aparecer con vida) pasa por extraordinario, lo que sesga la comprensión y atención del problema.

Esta crítica no surge deliberada para "lastimar" a Jalisco. Expresa una preocupación por hallar la salida a un problema a partir de un diagnóstico conflictivo desde la esfera del poder, hecho denunciado todos los días por colectivos y víctimas de la violencia. Un gobernador encerrado en sus pensamientos es menos efectivo que uno abierto al diálogo.

El titular del Gobierno del Estado agregó además que "Vallarta es uno de los municipios más seguros de México y uno de los municipios con menor nivel de percepción de inseguridad del país", situación que lo llena de orgullo, declaró.

El ejecutivo estatal reconoció también que "Vallarta ha tenido hechos lamentables, sí, pero es un municipio en el que no podemos seguir hablando de eso porque ustedes, al hacerlo, lastiman al destino", en franca referencia a la cobertura de los medios de comunicación sobre la inseguridad de alto impacto que ha registrado el puerto.

Sería una elección poco concurrida. Tlaquepaque había sido ya el municipio con menos participación en la elección ordinaria. La extraordinaria, por experiencia, tendería a reducir aún más la votación. La esperábamos por debajo del 40%, pero nunca cerca del 20. Solo 1 de cada 5 habitantes de Tlaquepaque salió a votar el domingo pasado en el que es quizá el proceso electoral con menor participación desde que tenemos democracia. En plata pura esto significa que solo 92 de cada mil habitantes [¿electores?] de ese municipio (9.2%) votaron por quien será su nueva presidenta municipal, Citlalli Amaya.

¿Cómo se explica este abstencionismo?

La 1a. razón que habría que explorar es el cansancio de los electores. Después de un proceso como el de junio pasado, con la anulación literalmente de último minuto por parte del Tribunal, quedó un amargo sabor de boca. La falta de consistencia de las resoluciones de los magistrados del TEPJF, que como fallan una cosa fallan la otra, lejos de darle certidumbre a la elección, como dicen en su publicidad, dejaron una gran interrogante. Soy un absoluto convencido de que los ministros de culto no deben participar en política, pero la argumentación para la anulación de la elección en Tlaquepaque fue sumamente endeble, y, sobre todo, la norma no se aplica de manera pareja y consistente en todas las elecciones. La sensación de manipulación y de que el ajuste de cuentas entre partidos estaba por encima de la voluntad popular fue mayor a los argumentos jurídicos.

La 2a. razón que había que explorar son las campañas electorales que hicieron los partidos y candidatos para la elección extraordinaria: todas se centraron en el conflicto; ninguna volteó a ver a los ciudadanos de Tlaquepaque. Los partidos, particularmente Morena y MC, plantearon la elección extraordinaria como un agravio personal. Y bueno, resultó que el pueblo, ese al que apelaban ambos con tanta y tan sonora indignación, resultó que no estaba agraviado, estaba harto.

La 3a. explicación habría que buscarla en algo más profundo y propio de la identidad de este municipio: la cultura caciquil. Tlaquepaque tiene una larga tradición abstencionista y registra históricamente elecciones muy poco concurridas, casi siempre por debajo del 50%. Sindicatos y grupos de poder acostumbraron a la población que la elección se decidía siempre en otra parte, en la mesa (en este caso literalmente una mesa en el mercado) donde líderes sindicales y poderes fácticos tomaban las decisiones. El voto fue perdiendo sentido y para muchos tlaquepaquenses nunca lo tuvo.

21% de participación debe ser un llamado de atención a todos los que, de una u otra manera -autoridades electorales, partidos, gobierno, medios de comunicación, organismos intermedios-, participamos en el concierto de la democracia. Desde donde se vea, es un fracaso.

Tlaquepaque nos sigue dando duras lecciones de cómo los excesos de poder y las distorsiones antidemocráticas en la competencia política ahuyentan la participación ciudadana, y prueba de ello fue el inédito grado de abstencionismo que se registró el domingo pasado en la elección extraordinaria de Tlaquepaque.

Si ya había sido baja la participación el pasado 6 de junio con menos del 44%, esta vez la votación se desplomó a alrededor del 20%, esto es apenas 102,000 votos de una lista nominal que tiene casi 490,000 ciudadanos en el padrón electoral.

Desde luego, los primeros afectados de que sólo 1 de cada 5 tlaquepaquenses hayan salido a votar son las y los candidatos que al momento de ganar, ya como gobiernos y oposición, verán reducida su legitimidad y respaldo, y en el peor de los casos, verán el rechazo a sus acciones y decisiones. En el caso de Tlaquepaque la candidata puntera Citlalli Amaya contaría apenas con el 10% de los electores, pese a que aumentó la ventaja lograda en la elección ordinaria.

Esta es la consecuencia de la combinación de desatinos personales, de los jaloneos políticos y la falta de fortaleza institucional y convicción democrática de los tribunales electorales en este país, que se dejan llevar más por las presiones del poder político en turno y más próximo, en vez de cumplir con su obligación de garantizar el respeto de la voluntad popular expresada en votos.

Si bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no podía dejar pasar la anticonstitucional intromisión del cardenal emérito en retiro Juan Sandoval Íñiguez al criticar al gobierno en plena veda electoral, también resultó a todas luces fuera de lugar el anular la elección de Tlaquepaque que había ganado la candidata del partido Movimiento Ciudadano, sólo porque el religioso tiene su domicilio en ese municipio. Pareció más un guiño del TEPJF al partido en el gobierno de la 4T.

La estridencia política que ahuyentó a los votantes en Tlaquepaque continuó con la venganza política que se fraguó en el Congreso local de mayoría naranja que rápidamente confeccionó una convocatoria "solo para mujeres" utilizando de parapeto la defensa de la equidad de género que nunca defendieron en el pasado proceso electoral, y que sólo usaron para cerrarle el paso a Alberto Maldonado, candidato de Morena, que impugnó la elección. Los tribunales electorales locales avalaron la maniobra del partido en el poder en Jalisco, que finalmente tumbó el TEPJF.

El 6 de octubre el Gobierno de Jalisco divulgaba ("modestia aparte y con la consideración que a mí mismo me merezco", diría el pariente) la noticia de que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Glasgow, Escocia, otorgaba a la Zona Metropolitana de Guadalajara -ex aequo con París, Francia, y la isla de Samso, en Dinamarca (puro "Primer Mundo", pues)- nada menos que el Premio de la Acción Climática Global, en la categoría de "Líderes Climáticos".

El galardón reconocía "los ejemplos de acción más innovadores, escalables y reproducibles del mundo para abordar el cambio climático y su impacto en la vida humana".

Al difundir la noticia, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, destacó que era "un premio al esfuerzo y el trabajo realizados desde hace años a favor de la calidad del aire, la calidad del agua, la reforestación, la recuperación de los bosques urbanos" y la reducción y el mejor aprovechamiento de residuos, al efecto de "combatir el cambio climático a nivel metropolitano"...

Esencialmente, tales "acciones" -que no meros proyectos- forman parte del Plan de Acción Climática del Área Metropolitana (PACmetro): una "hoja de ruta climática" (un mamotreto, para decirlo sin eufemismos) "alineada al Acuerdo de París" (otro mamotreto), subdividida en "3 objetivos, 8 estrategias, 29 metas, 34 indicadores y 136 acciones planificadas y/o en proceso por parte del sector público (o sea, el gobierno), con el respaldo del Congreso del Estado y el Consejo Ciudadano Metropolitano".

Son proyectos a mediano y largo plazo, unos trazados para 2030, otros para 2050, elaborados -se supone- a partir de diagnósticos serios y honestos. Todos tienden, en palabras de Mario Silva Rodríguez, director del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), a la necesidad de "contener el crecimiento disperso, desconectado, desigual y desorganizado que la metrópoli ha tenido desde los años 80".

Plausibles, sin duda, en el terreno de los dichos, son buenas intenciones orientadas a revertir el desgarriate, el desgobierno, la anarquía del último medio siglo... aunque no tienen correspondencia todavía -salvo prueba en contrario- en el terreno de los hechos. Botón de muestra, la noticia de ayer en estas mismas planas, sobre la enésima "precontingencia ambiental" del año en una parte de esa zona metropolitana galardonada ("malgré tout") con reconocimientos internacionales.

(Uno -ingenuo que es- suponía que merecían premios los logros, los resultados, los hechos...; no las buenas intenciones...).

Un tuit nos costó 24 millones de pesos a los jaliscienses, lo que gastó el IEPC Jalisco en organizar la elección extraordinaria de Tlaquepaque.

Un video en redes sociales del cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, días antes de la elección del pasado 6 de junio. Su llamado a votar en contra de quienes "están en el poder (porque) se viene la dictadura o se pierde la libertad" fundamentó la impugnación de Morena.

La mayoría de magistrados votaron a favor de la anulación en medio de un debate sobre la violación al estado laico y el reproche de una magistrada que denunció un sesgo de género al despojar del triunfo a Citlalli Amaya. "Que no sea la justicia electoral la que ponga más obstáculos a los triunfos de las mujeres".

¿Fue una medida excesiva o la simple aplicación estricta de la ley? La lista de dudas y críticas quedan para la historia. El daño está hecho.

Las autoridades estimaron ayer una baja afluencia en las urnas. Nada alejado del guión previsto pues Tlaquepaque se ubicó como el 5o. municipio que menos salió a votar el pasado 6 de junio, apenas el 40% sufragó (el PREP anoche, con poco más de la mitad de actas computadas, marcaba 21.7% de participación). Ante contiendas cerradas y sin votantes, las estructuras y la capacidad de movilización clientelar determinan el resultado. La diferencia la hacen los partidos mejor organizados, no los ciudadanos.

La lección extraordinaria de Tlaquepaque nos recuerda que los comicios no resuelven la inseguridad, la deficiencia de servicios públicos y la marginación. Lo resuelven los gobiernos, más concentrados en pelear en tribunales el poder político, no el poder ayudar a la gente. La emoción del voto como esperanza del cambio enfrenta una severa crisis a costos muy altos, económicos y políticos.

Mientras, Sandoval Íñiguez aguarda en su casa de Tlaquepaque luego de que el tribunal electoral confirmó la semana pasada que violó el principio de laicidad. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece desde una amonestación, multa máxima de 2.8 millones de pesos o la suspensión de sus derechos como purpurado. ¿También le saldrá cara la lección?

Ahora que el Instituto Nacional Electoral (INE) recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el recorte de casi 5,000 millones de pesos de su presupuesto que les aplicó la mayoría morenista y sus aliados en la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto de egresos 2022, y que analizarán si fue legal o no la quita de 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara designados para el Museo de Ciencias Ambientales por parte del Gobierno del Estado, se abre la posibilidad de que las y los ministros pongan fin a la tendencia casi generalizada de nuestra clase política y gubernamental de ver los presupuestos públicos con una visión patrimonialista, para premiar o para castigar, y no como un asunto de Estado que se debe definir entre los Poderes de la Unión y no sólo desde el ejecutivo.

De fallar a favor del INE y de la UdeG, la SCJN estaría mandando una clara señal en contra de los manotazos presupuestales que hizo tanto el gobierno federal como el gobierno estatal en ambos casos.

Por cierto, no se sabe si al final de cuentas la Secretaría de Gobernación sancionó a[l cardenal] don Juan Sandoval Íñiguez, quien fue el que provocó que la elección [de Tlaquepaque] se anulara por un mensaje difundido contra Morena. Lo único que sabemos es que la elección extraordinaria costará alrededor de 25 millones de pesos.

Envuelto en conflictos políticos en múltiples frentes, reveses legales y drástica caída de popularidad, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez decidió a la mitad de su sexenio, replantear su proyecto político al dejar a un lado la pretendida Refundación de la vida pública de Jalisco, para vender ahora la propaganda de un trato injusto del gobierno federal y así venderse como un actor político con bandera federalista que luche contra las tropelías de la 4a. Transformación.

Por eso la consulta sobre pacto fiscal que convocó el gobierno de Enrique Alfaro es una maniobra política, un mero ejercicio de propaganda que busca movilizar sus bases, así sea evangelizándolas y acarreándolas, todo con el objetivo de ganar un poco más de popularidad que lo ponga en los reflectores nacionales.

Ya sea por que él los eligió, o lo eligieron, el gobernador Enrique Alfaro está peleando al mismo tiempo varios conflictos políticos. El de mayor escala es el que mantiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido y el gobierno de la 4a. Transformación. Más allá de las diferencias políticas, parece ser que ya hay animadversión personal entre el presidente y el gobernador. Con independencia de si hay algo personal, lo cierto es que este conflicto se traduce en consecuencias presupuestales como pudo verse al aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 donde no se incluyeron recursos para ninguno de los grandes megaproyectos de infraestructura para Jalisco: Línea 4, El Zapotillo, El Purgatorio, Mi Macro Periférico o para mantenimiento carretero.

Con el grupo político que gobierna y controla la Universidad de Guadalajara (UdeG), Enrique Alfaro abrió un conflicto por razones desconocidas que se traduce en un castigo presupuestal para la casa de estudios y no tanto para el "cacique" de la UdeG, como llama Alfaro al ex rector Raúl Padilla López.

Y aunque no se vea una confrontación abierta, es claro que Alfaro compite con otros políticos de Movimiento Ciudadano, como Samuel García y Luis Donaldo Colosio, por la nominación como candidato presidencial para 2024.

A estos conflictos se añade el viejo conflicto y animadversión que Alfaro mantiene con los medios de información de Jalisco, especialmente con los reporteros y periodistas que cuestionan y disienten del discurso y la propaganda oficial.

A estos conflictos, se añade la corrección de plana que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho a proyectos impulsados por Movimiento Ciudadano en Jalisco, el más reciente de ellos al declarar inconstitucional las reformas al poder judicial donde se obligaba a los jueces y magistrados hacer pruebas de control y confianza.

A esto se añade el descontento social con diversas medidas y decisiones del gobierno estatal o de los municipales, como la verificación vehicular obligatoria y centralizada en una empresa, las multas por los portaplacas y más recientemente por el aumento en el impuesto predial [¿impuesto a las nóminas... el predial es muncipal?].

El conjunto de todo ha provocado un descenso marcado en la popularidad del gobernador de Jalisco. En un año pasó de estar en el 9o. lugar entre el ranking de popularidad que publica mensualmente Consulta Mitofsky al lugar número 25, una reducción de 16 puestos entre octubre de 2020 y octubre de este año.

En lugar de enmendar errores, resolver conflictos y resolver los principales problemas sociales y políticos de la entidad, Enrique Alfaro se encierra en su burbuja que desconoce la realidad que gobierna y con su equipo de los más cercanos fortalece alianzas con sectores empresariales y apuesta por una consulta ciudadana para preguntar a la sociedad si quiere que se revise el pacto fiscal que Jalisco firmó con las otras entidades y el gobierno federal.

A Alfaro y su grupo político les pareció buena idea cambiar el proyecto de la refundación de la vida pública del estado que vendieron en la campaña electoral de 2018 y que dejaron de lado porque no concitan el mayor interés social. Ahora en lugar de la refundación, Alfaro y su grupo político apuestan por emplazar al gobierno federal por el supuesto mal arreglo fiscal y para ello apuestan por una confusa y poco atractiva consulta que dará inicio el próximo fin de semana y que durará 4 jornadas.

Pero ha generado tan poco interés realmente popular que desde el equipo compacto del gobernador se dieron órdenes para acarrear funcionarios estatales a favor de la consulta y para que salgan a "evangelizar" a favor del pretendido ejercicio ciudadano. Pero no con evangelización y acarreos lograrán provocar interés en una sociedad que enfrenta graves problemas estatales, como la inseguridad, la estrechez económica o las desapariciones generalizadas. Por eso la llamada consulta no es más que un ejercicio de propaganda condenado al fracaso.

La semana pasada se realizó la cumbre climática COP26 en Glasgow, Inglaterra. El Gobierno de Jalisco envió a 3 altos funcionarios para representar al estado. Esto bastó para saturar de discursos verdes los canales oficiales, las redes sociales del gobernador y de los "embajadores" jaliscienses en Reino Unido.

Fotos, firmas de acuerdos y un premio. La Organización de las Naciones Unidas para el Cambio Climático entregó a Jalisco un galardón en la categoría Líderes Climáticos por su Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara (PACmetro). El extenso ejercicio diagnóstico y de planeación -más de 800 páginas- resulta valioso por sus iniciativas. En su índice, sorprenden apartados del tipo: "Una metrópoli carbono neutral basada en la gestión integral de los residuos, la movilidad masiva y no motorizada".

Primero subrayemos que el premio reconoce las iniciativas, ambiciosas como otros instrumentos y planes incumplidos y aplazados, pero no distingue a Jalisco por sus resultados o acciones para reducir las emisiones de carbono.

Lo más sencillo es plantear metas para 2050 cuando nadie recordará a los 3 funcionarios que recibieron un meritorio premio por un gran plan de acción climática.

Mientras tanto, en Guadalajara incumplimos con la separación de basura a la que obliga hace años la Ley de Gestión Integral de Residuos del estado. No hemos definido la ubicación definitiva de un vertedero para depositar nuestros residuos urbanos. No hemos consolidado el sistema de verificación vehicular que llegó tarde en el sexenio. El Bosque de La Primavera pierde cada año terreno por la voracidad inmobiliaria y los incendios. Tenemos el río más contaminado de México y los legisladores locales sepultaron la única iniciativa para gravar a empresas contaminantes, anunciada con bombo y platillo por el gobernador hace más de un año.

La lista de pendientes particulares se alarga ante una crisis climática real: en las últimas 3 décadas aumentó 1.4 grados la temperatura en la entidad.

Es más fácil fijar compromisos y firmar acuerdos internacionales para combatir la crisis climática en general que enfrentar los problemas locales en particular. La crítica abarca a todos los gobiernos.

El eco blanqueo está de moda, pero sólo como otra forma de demagogia.

Ayer se realizó el primero (y seguramente el único) debate entre candidatos a la elección extraordinaria de Tlaquepaque en una televisora local. Los nervios traicionaron a la mayoría de los candidatos, quienes arrancaron con lagunas mentales, errores o de plano, titubeantes. Ya de las propuestas mejor ni hablamos.

Las descalificaciones estuvieron con todo. Alberto Maldonado señaló a los gobiernos emecistas de tramposos, timadores y mentirosos. "Nos robaron la elección" del 6 de junio, acusó. Pero Citlalli Amaya, de Movimiento Ciudadano, no se quedó atrás y le espetó que le faltan pantalones. Y sobre la inseguridad, de plano culpó al presidente López Obrador.

Por cierto, Lourdes Martínez Pizano, quien fuera diputada por Movimiento Ciudadano y ahora es candidata por Hagamos, calificó de corruptas a María Elena Limón (ex alcaldesa) y Citlalli Amaya. ¡Pruebas, pruebas!

Ayer también se registró una agresión física entre los simpatizantes que acompañaron a sus candidatos afuera de la televisora organizadora del debate. Durante 2 de sus intervenciones, Maldonado denunció que una mujer que lo apoyaba fue golpeada por militantes de MC, por lo que pidió el video para identificar al agresor. Al final, tuvo que llegar la policía municipal para calmar los ánimos de simpatizantes.

Y mientras sigue pendiente el nombre del golpeador, la candidata Carolina Meléndez (de Fuerza por México), le recordó a Maldonado que en su planilla de candidatos a regidores sumó a Jorge Montoya Orozco, quien como aspirante a la presidencia municipal, pero por Futuro, en la pasada elección del 6 de junio, se presentó a las urnas sin tener su credencial para votar y, al no dejarlo ejercer su voto, "cacheteó" a la asistente capacitadora electoral. ¡Qué tal el nivel!

La que se voló la barda fue la candidata Alejandra Guerrero, quien presumió que el feminicidio lo "impulsa" desde hace 10 años el PRD. Así mero. ¡Aplausos!

Los lineamientos para la consulta popular sobre el pacto fiscal en Jalisco prohíben a los partidos políticos la promoción del ejercicio y ceden al IEPC Jalisco su organización, promoción y difusión.

Sin embargo, Paula Ramírez Höhne, nueva consejera presidenta del IEPC Jalisco, designada hace menos de un mes, dio carta libre a funcionarios para la promoción de la consulta. No sólo eso, aseguró que la prohibición viola la ley, y atenta contra los derechos humanos y la libre expresión de burócratas. En resumen, la consejera rechazó añadir a los lineamientos de la consulta la prohibición explícita para que intervengan funcionarios en la promoción.

Con esta postura, le lavó la cara al poder ejecutivo y validó que altos funcionarios de la Secretaría de Turismo Jalisco coaccionen a sus subordinados para entregar 20 contactos que voten por el "sí" en la consulta. Una práctica de promoción que, según reconoció el Gobierno de Jalisco en un comunicado, ocurre en todas las secretarías.

La conclusión escandaliza. Si estuviéramos en una campaña electoral, esto se llamaría desvío de recursos públicos: un delito. No puedes emplear el aparato del estado para incidir en el resultado de una elección.

La postura de la consejera es, por decir lo menos, poco cuidadosa al minimizar el asunto. Abre margen para suponer presiones políticas o franco favoritismo.

Otra vez, ¿la libertad de expresión brinda carta libre de promoción del voto (inducido) a la Secretaría de Turismo, otras dependencias y municipios? Parece más una sobreinterpretación que usa la consejera para clausurar cualquier discusión.

¿Puede el poder ejecutivo ser juez y parte de una consulta que promociona e induce su resultado? Porque en Secturjal presionan a los burócratas para votar a favor, no para votar libremente.

Hay mucho por debatir sobre la ley de consulta popular. Los 2 ejercicios (inéditos) hasta ahora, el federal y el local, emanaron del presidente y el gobernador Enrique Alfaro, no de ciudadanos.

La legitimidad y certeza de un ejercicio por el que pagaremos 22.5 millones de pesos se convierte así en un juego que todos juegan, menos los ciudadanos.

La noche del viernes, en la Cámara de Diputados se discutía (es un decir) el presupuesto para el año que viene, que pintan fatal (tanto el año como el presupuesto). De eso se suponía que se trataba la sesión, larguísima, enfadosa e inútil, dadas las limitaciones y la mala fe de la mayoría. Pero de repente aquello de plano se convirtió en una cruza entre circo y lucha libre, quién sabe a cuenta de qué: volaron los improperios gritados o escritos en pancartas, unas distinguidas legisladoras salieron vestidas de brujas con escoba y todo, en fin, un finísimo espectáculo. Luego cantaron mañanitas [a López Obrador] para rematar aquel galimatías. No se recomienda ver las fotos ni leer las crónicas, pero si se cae en la tentación de sufrir bochornos o reírse/llorar ante los desfiguros patrios, pues ahí están en toda la prensa.

Molestia y lo que le sigue están generando en el Congreso del Estado los modos del presidente de la Junta de Coordinación Política, José María Martínez.

Desde el personal de base hasta los legisladores de su bancada, pero principalmente los coordinadores de los grupos parlamentarios, están cansados de que "Chema" opere en la opacidad y de noche, escondiendo sus negocios, perdón, sus intenciones.

El legislador de Morena está haciendo su modus operandi, de manera que cita a una hora, pero comienza las reuniones entrada la noche, apostando al cansancio, pero también para que no estén los medios de comunicación como testigos. Y apenas empezó la legislatura.

Personal de la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal) denunció presiones de sus superiores para que participen y promocionen la consulta del pacto fiscal que impulsa el gobernador.

Según trabajadores que solicitaron el anonimato, fueron convocados en horario laboral a una reunión donde les indicaron: "Salir y evangelizar a la gente. Que debemos expandirlo con la gente". Les pidieron entregar información personal de 20 contactos y difundir la consulta en sus grupos y redes sociales personales, incluso con el equipo de cómputo de la dependencia en su jornada laboral.

Las presiones, acusaron, iniciaron tras la llegada de Claudia Vanessa Pérez Lamas como titular de Secturjal, excolaboradora cercana del jefe de Gabinete, Hugo Luna, con quien trabajó como directora general de Evaluación y Seguimiento.

En el congreso estatal cambian las legislaturas, pero hay prácticas que se mantienen. Los nuevos diputados y diputadas están ante la tentación de aumentar las coordinaciones administrativas y podrían "engordar" la nómina. Como parte de los acuerdos entre las fracciones parlamentarias, se decidió separar las áreas del Jurídico y Procesos Legislativos. La 1a. le tocará a Morena y, la 2a., a los emecistas. La solución les pareció tan buena que, según trasciende, ya "cocinan" otros desdoblamientos de direcciones para aumentar el pastel para los cuates.

Por cierto, los presidentes de las bancadas se hicieron "ojo de hormiga" para no atender los cuestionamientos. Hasta la "combativa" Mara Robles evadió responder porque la Junta de Coordinación Política determinó que sólo tendrán un vocero para todo.

Parece que luego de la molestia con las multas por el uso de porta placas, en el gobierno estatal les urge controlar daños y revertir la percepción del afán recaudatorio detrás de ese tipo de medidas.

Como si intentaran congraciarse, la administración estatal publicó el acuerdo para ofrecer descuentos en multas viales y recargos por retraso en el pago de refrendo. Aunque es una medida que suele aplicarse a finales de cada año, en esta ocasión cae como anillo al dedo para tratar de calmar las aguas y más cuando está en juego la elección extraordinaria en Tlaquepaque.

El titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, acudió este viernes ante la Cámara de Diputados, en un hecho inédito, entre reclamos sobre salarios e injerencia en labores que no le corresponden.

Córdova compareció ante los diputados después de que el órgano legislativo le extendiera una invitación para explicar por qué el Instituto Nacional Electoral (INE) ha pedido más de 24,000 millones de pesos para el presupuesto del próximo año.

Sin embargo, durante una sesión que se prolongó por varias horas, varios diputados sacaron a relucir otros temas como los altos salarios de los miembros del consejo general del INE, presidido por Córdova.

"¿Por qué no te lo bajas (el salario)? Porque ustedes no viven en el México de los 30 millones que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Ustedes no entienden la austeridad republicana que esta pidiendo el pueblo de México", preguntó a Córdova el diputado Óscar Cantón, de Morena.

Varios diputados de Morena y del Partido del Trabajo aseguraron que los salarios de Córdova y el resto de consejeros triplican el de AMLO, que ronda los 100,000 pesos.

Otros acusaron al INE de tratar de ejercer como 4o. poder más allá del ejecutivo, el legislativo y el judicial, y de haber pretendido tomar facultades que corresponden a la Cámara de Diputados, algo que el titular de este organismo autónomo justificó diciendo que hay huecos legislativos que tienen que llenarse para el correcto desarrollo de las elecciones.

"Hay omisiones legislativas que lastiman el proceso electoral. Al INE no le tocaba hacer lineamientos pero los tuvo que hacer", dijo el presidente del organismo.

Durante toda la comparecencia hubo un ambiente de tensión con gritos e insultos incluidos que fue controlado por momentos para que los diputados pudieran realizar las preguntas a Córdova y para que él respondiera, aunque con interrupciones.

Sobre el tema principal de la comparecencia, el titular del INE detalló que solicitaron para el ejercicio 2022 un presupuesto de 24,000 millones de pesos.

Detalló que son 3 los rubros principales en los que se divide: el financiamiento público de los partidos políticos, el presupuesto precautorio y el presupuesto institucional.

Los partidos de la oposición como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) mostraron su apoyo a Córdova y alabaron la independencia del organismo.

En México hay poca literatura sobre las campañas políticas. Quizá se deba a que históricamente el fenómeno del dedazo captaba nuestra atención, pues era el momento realmente decisivo de la sucesión, y la campaña resultaba un trámite. Y aunque eso comenzó a cambiar en 1988, los libros que revisan lo ocurrido en procesos electorales son pocos o de corto alcance.

Lo paradójico es que en ningún momento nuestra política se ve expuesta a más riesgos que en las campañas. Es el momento en que los eventuales gobernantes quedarán embarazados de compromisos inconfesables, pero ineludibles si resultan ganadores. Quizá por eso el silencio. Incluso muchos perdedores preferirían que no se remuevan las aguas llenas de millones de pesos en efectivo que circulan antes y durante unos comicios.

En ese contexto, el caso Lozoya podría ser un parteaguas... o una decepción como en su momento lo fueron revelaciones truncas del Pemexgate, los Amigos de Fox y la operación de priistas a favor de Calderón en 2006.

La Secretaría de Transporte [de Jalisco] es muy buena para subsidiar a los transportistas con más de mil millones de pesos en el sexenio, pero no puede darles siquiera un pasaje "a crédito" a los usuarios del prepago.

Los pasajeros se quejan porque este viaje extra los ayudaba a no tener que recargar la tarjeta cuando tenían, por ejemplo, 8 pesos.

El argumento de la Secretaría de Transporte es que se eliminó para evitar dobles cobros, lo cual resulta ilógico, pues según Diego Monraz el sistema de prepago funciona a la perfección.

Si no van a regresar los 50 centavos de cambio, si van a seguir regalando dinero a los transportistas, ojalá al menos puedan regresarles el pasaje "a crédito" a los usuarios.

Como se veía venir, en la última instancia, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tumbaron la convocatoria "solo para mujeres" que, a manera de venganza por la también injusta anulación de la elección en Tlaquepaque que había ganado la emecista Citlalli Amaya, emitió la impresentable Legislatura 62 de mayoría naranja que por fortuna concluyó su historia el domingo pasado.

Pero este accidentado proceso que se vivió del 1 de octubre que se invalidó la elección en el municipio alfarero hasta el 1 de noviembre que el TEPJF devolvió la oportunidad al candidato morenista Alberto Maldonado de registrarse como candidato para la elección extraordinaria del domingo 21 de noviembre dejó en evidencia muchas imperfecciones de nuestro sistema electoral y rasgos autoritarios y antidemocráticos tanto del lado emecista como morenista.

Lo 1o. y más grave es que el caso Tlaquepaque confirmó que los tribunales electorales de poco sirven para garantizar en México el respeto a la voluntad popular expresada en votos y se mueven más por presiones del poder político en turno en cada una de sus jurisdicciones. Fue claro como en el TEPJF forzaron las supuestas afectaciones de las desafortunadas declaraciones del cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez para quitarle el triunfo a la emecista, luego de los fuertes cabildeos de los morenistas de la 4T para influir en los magistrados electorales, al igual que se hizo para tumbar la convocatoria "feminista" de los naranjas y sus incondicionales panistas de la pasada legislatura. Pero también habrá que decir que la influencia y presión de los emecistas del gobierno alfarista fue determinante para que el tribunal electoral local y regional defendieran hasta el final la ilegal ocurrencia del congreso de no permitir la participación de hombres en la nueva elección, en claro ataque para Maldonado.

Lo sucedido en la elección de Tlaquepaque debe alertar también a las autoridades y tribunales electorales para que declaraciones de ministros de culto en veda electoral, no se vengan en cascada en los próximos procesos electorales ahora que vieron que se puede afectar a un candidato que no sea de su agrado, hasta anularle su triunfo.

Y por último, el caso Tlaquepaque nos debe dejar como enseñanza no volver a utilizar más la causa feminista como parapeto de simples disputas políticas como se exhibieron las y los diputados emecistas y panistas al plantear una convocatoria "rosa" de sólo para mujeres, cuando en su momento nunca legislaron para garantizar una autentica paridad de género en la participación política. En esta simulación cayó también el candidato morenista al registrar como suplente a su hermana, acción que recordó los bochornosos casos de las "juanitas" con los que también se burlaba la equidad de oportunidades políticas entre hombres y mujeres.

Son las lecciones de Tlaquepaque donde hoy arrancan otra vez campañas.

Pocas cosas gustan tanto al gobernador Alfaro como decir que él tiene palabra, que no es como otros. En realidad, lo que necesita es autoafirmarse, compararse, como si la duda sobre su honestidad estuviera siempre presente. Él dice que no es corrupto, como otros. Hemos de suponer que tiene razón, hasta que alguien demuestre lo contrario. ¿Por qué entonces tanto encono, tanta enjundia contra el Sistema Anticorrupción del estado? La reforma que aprobó la nefasta LXII Legislatura a iniciativa del gobernador -en la que da a los diputados facultades para despedir a los miembros del Comité de Participación Social del Sistema (CPS)- es un retroceso enorme en un sistema que, con todos sus defectos, caminaba.

La 1a. hipótesis es que el gobernador detesta todo lo que no controla; su vena autoritaria brinca a la menor provocación. En su lógica el poder es sometimiento y no concibe otra forma de relación ni con los colaboradores, ni con los medios, ni con las instituciones, ni con otros políticos. Para ese estilo de ejercicio del poder, cualquier cosa que pueda ser o parecer contrapeso le es incómoda y el Sistema Anticorrupción entró en esa esfera cuando entró en el tema de las designaciones públicas.

Las designaciones son la expresión máxima de poder y el origen de la cadena de corrupción. Si algo no soportó el gobernador fue que el CPS cuestionara los procesos de selección de magistrados y consejeros de la Judicatura, que en teoría son facultad del poder legislativo, pero al que el gobernador no concibe como otro poder sino como una extensión del suyo. Más allá de las personas, sean buenas o malas, la forma en que fueron nombradas es en sí misma un acto de corrupción, el inicio de la perversa cadena de favores, de cuotas y cuates.

Pero más que el gesto autoritario del gobernador, sorprende la docilidad con la que la sociedad civil, particularmente los organismos empresariales, aceptaron la contrarreforma al Sistema Anticorrupción. Los mismos que hace unos años empujaban con enjundia que el gobierno tuviera un contrapeso en un comité ciudadano nombrado por ciudadanos aceptaron sin chistar una reforma que va en contra de lo que hace apenas unos años pregonaban.

Los procesos políticos, particularmente cuando tratan de acotar al poder público, como es el caso de los sistemas anticorrupción, no son lineales. Siempre hay avances y retrocesos, batallas ganadas y perdidas. Jalisco, como muchos otros estados y el país mismo, está en retroceso. No es momento de bajar la guardia sino de subir la vara, de acotar el sistema de cuotas y cuates a través de una Ley de Designaciones Públicas que evite que cada gobernador deje tras de sí una cauda de complicidades.

El enfrentamiento entre el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara sumó 2 episodios más en los últimos días, escalando la tensión y alejando cada vez más la posibilidad de una solución al conflicto que estalló en agosto por la quita presupuestal de 140 millones de pesos que la casa de estudios había recibido del erario estatal para la conclusión de la 1a. fase del Museo de Ciencias Ambientales.

Han sido 3 meses de intercambio de señalamientos y ayer el gobernador Enrique Alfaro volvió a reiterar que no habrá "ni un peso" para ese proyecto.

"Vamos a crecer el monto en infraestructura educativa pero no va a haber para museos; lo que queremos es que se construyan más prepas, más escuelas para estudiantes. No vamos a dejar ningún recurso etiquetado para que ningún cacique quiera hacer negocio con el dinero de los jaliscienses".

Esta nueva alusión y embestida contra el líder político del grupo que desde hace 3 décadas controla la universidad pública del estado, el ex rector Raúl Padilla López, su aliado político en los últimos años hasta poco antes de la elección de junio pasado, viene después de que el viernes pasado el Comité Universitario de Análisis sobre asuntos de interés público en materia de desaparición de personas diera una rueda y emitiera un comunicado de 2 cuartillas y media donde reprueba severamente la política y estrategia de seguridad del gobierno alfarista.

En el documento titulado "Sobre la violencia y la desaparición de personas en Jalisco en el marco del Tercer Informe del gobernador Enrique Alfaro", académicos y expertos en seguridad de la UdeG le piden mesura, no mentir ni omitir cifras ni temas como el de la infiltración delincuencial en las policías, en sus balances de seguridad; sensibilidad frente al dolor de miles de familias afectadas; y mayor responsabilidad frente al grave problema de violencia y desapariciones en Jalisco.

En un tono de desaprobación jamás visto, la UdeG se sumó así a voces como las de las organizaciones sociales y de familiares víctimas de desaparecidos que criticaron el triunfalismo en materia de seguridad por parte del gobernador.

Entre otras cosas, los especialistas en seguridad de la UdeG reprochan que el gobierno estatal maneje las cifras a "conveniencia", que en su informe Alfaro haya omitido que Jalisco es número 1 en desparecidos con 3,928 en lo que va de su gobierno, que al cártel que domina Jalisco no se le ha combatido y que esa organización podría estar [detrás] de la reducción de ciertos delitos que presume la autoridad estatal, y lo más grave, que pudiera haber una "tregua precaria impuesta por el crimen organizado". Critican también que el mandatario vincule con las mafias a víctimas con ciertos indicios de violencia, ya que "ofende la memoria" de estas personas y las revictimiza, y que localizar fosas clandestinas, lejos de ser un logro, constituye un fracaso de la estrategia para detener a la "industria de la desaparición y el exterminio".

Por lo grave de la crisis de inseguridad y violencia que padecemos, y abierto este crudo diagnóstico, ojalá pasemos de los dimes y diretes entre gobierno estatal y la UdeG a un debate a fondo de la principal preocupación de los jaliscienses, que es su seguridad.

La búsqueda de los desaparecidos sigue siendo el gran déficit, la mayor deuda de los gobiernos estatal y federal. Mientras exista una persona sin localizar, un cuerpo sin identificar y un grupo criminal que se sienta con la seguridad de que puede desaparecer a las personas y enterrarlas en un cementerio clandestino sin que ello tenga consecuencias, el Estado y la sociedad somos más débiles.

No es con salidas burocráticas ni discursos triunfalistas como se encuentra a los desaparecidos o se alivia el dolor humano.

Diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC), que concluyen hoy su periodo, saltarán a la nómina estatal. Ellos votaron a favor todas las iniciativas del gobernador y respaldaron a los perfiles impulsados por el ejecutivo.

En el contexto de los cambios del gabinete, Daniel Robles de León llega a la Dirección General de Desarrollo de Programas Sociales, en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Él promovió la carta en la que un grupo de legisladores solicitó recortar los 140 millones de pesos etiquetados para el Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG.

Otro que brincará al gobierno es Jesús Cabrera Jiménez, quien fungió como coordinador de la fracción emecista. Él asumirá la Dirección General de Desarrollo Económico.

Andrea Bussoletti, investigador de Observatorio Político Electoral de la UdeG, consideró que estos ajustes no implican un cambio en la dinámica del gobierno.

Jonadab Martínez es otro diputado que obtuvo un hueso: será director de Seguridad Vial en la Secretaría de Transporte.

También se creará la Dirección General de Desarrollo Municipal para darle cabida Elizabeth Alcaraz Virgen.

Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, quien fue secretario general del poder legislativo en los últimos 3 años, se suma como subsecretario del Interior.

Esteban Estrada Ramírez, exaspirante a la alcaldía de Zapopan, ocupará la Dirección de la Agencia Estatal de Entretenimiento.

Bernardo Macklis Petrini, que llegó al congreso como suplente, se reincorpora a la Agencia de Energía.

Rosa Alba Ramírez, también suplente unos meses, retoma la Dirección del Centro de Reunión y Atención para las Mujeres.

El exlegislador federal Juan Martín Espinoza encabezará la Dirección de Turismo Regional y el expriista Abel Salgado será el nuevo titular de la Oficina de Enlace Federal.

Según la versión oficial, las salidas de Germán Ralis de Turismo y de Macedonio Tamez de la Unidad de Enlace Federal se debieron a motivos y proyectos personales.

A 3 días de dejar el cargo, diputados locales volvieron a activar la "lavadora" de cuentas públicas y rechazaron fincar cargos por 84.3 millones de pesos (MDP) propuestos por la Auditoría Superior del Estado (ASEJ), tras las revisiones hechas al gasto ejercido en ayuntamientos y dependencias estatales.

Tan sólo en el caso del municipio de Tequila se desestimaron presuntas irregularidades por 48.6 millones de pesos (MDP) en las auditorías de los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Las observaciones corresponden a las administraciones de los ex alcaldes, Gilberto Arellano Sánchez y Felipe de Jesús Jiménez Bernal.

Entre los librados de cargos está el extinto Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Sistecozome) que del gasto ejercido en 2017 no comprobó adecuadamente 9'028,000 pesos. Se exoneró a su ex director Javier Contreras Gutiérrez.

La diputada de Morena, María Esther López Chávez, recriminó que de nueva cuenta se desestimó el trabajo de fiscalización y acusó negociaciones políticas para librar de cargos a ex funcionarios de los partidos involucrados.

"Que nos den las pruebas con las que dicen que justificaron los cargos, la Auditoría Superior dice que no comprobaron y que hubo daño al erario del estado", reclamó la morenista.

En total, 28 diputados de MC, PAN y PRI votaron por rechazar los cargos, 4 legisladoras de Morena votaron a favor de ratificar las observaciones y 3 diputados sin partido se abstuvieron.

Además, se libraron de señalamientos los informes de los municipios de San Martín de Bolaños 2016 (5.3 MDP); Jesús María 2017 (5.3 MDP) y la Comisión Estatal del Agua 2017 (1.7 millones), entre otros.

Esta es la 3a. vez en este año que la mayoría de los legisladores rechazan avalar cargos fincados por la ASEJ. En febrero, desestimaron 121.4 millones observados en 5 cuentas públicas y en septiembre dejaron sin efecto 41 millones señalados en 12 informes finales de auditorías.

Independientemente de los estropicios que les ordenen hacer en las últimas 48 horas que le restan de vida a la Legislatura 62, sin duda ya pasó a la historia como la peor desde el debut parlamentario del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado en 2012 y donde han sido mayoría estos últimos periodos legislativos.

Sin llegar a erradicar y sacudirse por completo los vicios y las inercias que por años han desprestigiado severamente la figura de las y los diputados en Jalisco, pero la legislatura anterior que presidió como líder parlamentario de la bancada naranja, Ismael del Toro, logró sacar al congreso de la agenda de los escándalos y a construir con apertura y convicción política un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que por 1a. vez tuvo un componente ciudadano con el Comité de Participación Social (CPS) que la Legislatura 62 del coordinador Salvador Caro, atacó desde el 1er. momento que le fue incómodo al denunciar e invalidar el tráfico de nombramientos públicos bajo la lógica de los cuates y de las cuotas. La Legislatura 62 trabajo hasta sus últimos minutos para desmantelar un incipiente SEA.

El costo social de esos excesos de poder con los que siempre dieron la espalda a sus votantes que demagógicamente decían representar para atender sumisos los dictados del poder ejecutivo, queda nítidamente representado en un Consejo de la Judicatura que infiltraron con sus incondicionales, dejando fuera a los aspirantes a consejeros más calificados. Hoy esa Judicatura nos afecta a todos, porque es la más opaca del país y lejos de combatir la corrupción y la impunidad en el poder judicial, la fomenta. Así tanto el legislativo como el judicial, son también culpables de la crisis desbordada de inseguridad y violencia que sufrimos por un sistema de justicia colapsado que nadie corrige.

Para hacer este desastre, y convertirse en una legislatura lodazal más, en las que se revivieron las malas prácticas de las peores legislaturas que hemos tenido, los naranjas tuvieron que contar con la deleznable complicidad y sumisión de la bancada panista, que se convirtió en una extensión de la fracción emecista. Pero también habrá que decir que a eso contribuyó el modestísimo debut parlamentario de Morena, que estuvo lejos de convertirse en un freno y contrapeso a tanto abuso. Al menos 3 de los suyos cayeron cooptados por los privilegios de la mayoría y se pasaron de su parte.

La Legislatura 62, de mayoría naranja, pasará, pues, a la historia además como la que revivió los "apoyos económicos" y bonos sin que estuvieran presupuestados; los que incrementaron la nómina para marcar al Congreso de Jalisco como uno de los más caros e ineficientes del país; por lavar cuentas e ignorar cargos hechos por la Auditoría Superior a decenas de ayuntamientos y dependencias; por permitir y autorizar el mayor endeudamiento estatal de la historia; y por hacer comparecencias a modo para proteger a funcionarios del gobierno estatal.

Lo dicho, el partido Movimiento Ciudadano y sus incondicionales panistas siguen lejos de cambiar la historia, como prometieron hacer para dignificar la vida del congreso local, de la política y de los asuntos públicos.

Por ello la Legislatura 62 es otra más que se pudrió.

De 2016 a la fecha, el Tribunal Electoral de Jalisco presenta una baja en el número de impugnaciones recibidas y sentencias emitidas.

En la elección de 2015 hubo 12,329 asuntos, dando salida a todos.

Sin embargo, en los comicios de 2018 se documentaron sólo 422 impugnaciones y se emitieron 310 resoluciones. Aunque todavía no se da a conocer el total de asuntos recibidos en este año, según la información publicada, se han dictado apenas 613 sentencias.

En contraparte, hace 10 años el órgano electoral operó con una plantilla de 79 plazas y un presupuesto de 40 millones de pesos. En este año hay contratadas 129 personas y se cuenta con una bolsa global de 61 millones.

Entre diciembre de 2017 y octubre de 2020, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ) emitió 475 sentencias, de las cuales 143 han sido impugnadas; es decir, 3 de cada 10.

En este año, el Tribunal Federal revocó las sentencias emitidas por el Tribunal de Jalisco, relacionadas a la elección de San Pedro Tlaquepaque y Zapotlanejo (esta última de forma parcial).

Óscar Constantino Gutiérrez Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), considera que esas resoluciones son "un problema de falta de oficio, con la pena. El tribunal local muchas veces resuelve bajo criterios legalistas o legaloides, en lugar de criterios de derechos humanos y convencionales; es decir, utilizando el bloque de constitucionalidad".

De las 143 sentencias que han sido impugnadas en ese periodo, 41 han sido revocadas por el órgano federal, según la estadística del TEEJ.

El órgano local reporta en sus informes anuales el porcentaje de efectividad de sus resoluciones, con los datos de todas las sentencias, tanto las impugnadas, como aquellas que no fueron enviadas al Tribunal Federal. El promedio también viene a la baja.

En 2012, por ejemplo, la efectividad era del 98%. Para 2015 bajó al 93%. Y durante el año pasado fue del 90.6%.

El académico opina que "hay descuido o desinterés. Pareciera que no le importa que el Tribunal Federal frecuentemente o en casos importantes, le revoque su decisión. Lo que se necesita a lo mejor es tener otros magistrados, tener gente con otro tipo de perfiles".

En 2019, tras avalar la reforma para reducir de 5 a 3 el número de magistrados electorales, Ricardo Rodríguez, entonces diputado de Movimiento Ciudadano, señaló que el tribunal local funciona como 1a. instancia, pues la mayoría de los asuntos que resuelve se van a la Sala Regional o la Sala Superior.

En México se cuenta con una gorda burocracia para organizar elecciones y combatir los delitos electores, pero el gasto millonario no se traduce en el combate efectivo de estos ilícitos. Y los casos de Odebrecht y los videoescándalos difundidos y que involucran en irregularidades a expresidentes, legisladores y hasta Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, ejemplifican la impunidad con la que se cometen estos ilícitos y no pasa nada.

En este año, el Congreso de la Unión aprobó que el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral de la Federación y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se devoren más de 30,000 millones de pesos para organizar y vigilar el periodo electoral.

Para dimensionar el gasto, representa el doble del presupuesto que tiene este año la Fiscalía General de la República. También equivale a la mitad de lo que el gobierno federal gastará en seguridad pública en todo el país, incluyendo a la Guardia Nacional.

A la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se le requirió el total denuncias penales presentadas por parte del Instituto Nacional Electoral entre los procesos electorales de 2016 y 2019. En síntesis, respondió que fueron consignadas 678 carpetas de investigación y 471 de éstas fueron judicializadas. Sin embargo, los casos indagados son menores, ya que sobre Odebrecht, que presuntamente dio dinero a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y luego recibió contratos millonarios, únicamente se inició una carpeta de investigación, la cual se encuentra en trámite.

Costo de los órganos electorales en este año:
- Instituto Nacional Electoral: 26,819 millones de pesos.
- Tribunal Electoral Federal: 3,030 millones de pesos.
- Fiscalía Especializada en Delitos Electorales: 183 millones de pesos.
- Total del gasto federal: 30,032 millones de pesos.

Ricardo Gallardo Cardona ha cumplido un mes al frente del gobierno de San Luis Potosí y lo que se ha visto en estas semanas no augura nada bueno.

El pvemista de ocasión nombró un gabinete con al menos 3 características: conviven personajes que lo han acompañado a él y a los suyos en los más -seamos eufemísticos- escabrosos pasajes, esos de graves acusaciones; están los que por su propia cuenta han estado involucrados en episodios polémicos fuera del entorno gallardista, y otros a quienes los que observadores locales nomás no les encuentran perfil idóneo.

Del 1er. grupo se puede mencionar a gente que llegó a la secretaría de Gobierno potosina: José Guadalupe Torres Sánchez, conocido como parte del esquema denominado la Ecuación Corrupta, mediante el cual desde el Congreso del Estado se presionaba a alcaldes para limpiares las cuentas públicas a cambio de moches. Si quieren leer un recuento de esos nombramientos, el reportaje de Proceso del 10 de octubre pasado, firmado por Verónica Espinosa y Victoriano Martínez contiene un escándalo prácticamente por cada párrafo.

Entre los nombramientos sorpresivos, de aquellos que han aparecido en polémicos episodios fuera de San Luis Potosí, está el de Lilia Malvido Flores, quien era la directora adjunta de administración en el extinto Bansefi cuando éste se vio envuelto en el escándalo de la impresión de tarjetas duplicadas para beneficiarios de apoyos por los terremotos de 2017 en Chiapas y Oaxaca.

Malvido era brazo derecho de Virgilio Andrade y nunca pudo dar una explicación satisfactoria de por qué usaron para esas tarjetas una tecnología que podía ser hackeada fácilmente, y que estaba desautorizada por el Banco de México, a la hora de mandar a hacer los monederos en los que el gobierno de Peña Nieto depositaría apoyos económicos para miles de damnificados.

Ahora, ella tendrá a su cargo el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo, un organismo que apoya a micro, pequeños y medianos empresarios. El monto que manejará ese instituto ha llamado la atención de columnistas locales como Juan José Rodríguez, quien no recuerda precedente de que vía ese mecanismo ahora se darán apoyos por mil millones de pesos.

El caso es que cuando los Gallardo, padre e hijo, han sido alcaldes han destacado (es un decir) por sus políticas clientelares. ¿Qué tal que ahora Malvido Flores encabece un esfuerzo en donde se pueden hacer perdedizos los apoyos o suplantadas las identidades de los supuestos beneficiarios?, se cuestionan los observadores locales.

Finalmente, en el gabinete están otros personajes, por ejemplo el mexiquense Mowgli Sandino Gutiérrez Juárez, que fue nombrado en la Junta Estatal de Caminos. Como se sabe, Gallardo llegó por una jugada del PVEM, de forma que no se descarta que algunos nombramientos de fuereños sean las cuotas de pvemistas como Arturo Escobar o Jorge Emilio González, mal llamado el niño verde.

En todo caso, la duda es para qué está el gobierno de San Luis Potosí pidiendo millonarios créditos -se habla de uno quirografario de mil millones de pesos y uno de 1,500 millones, el 1o. no requiere permiso del congreso estatal- si no hay nada que acredite en la trayectoria de Gallardo o en su plan de gobierno algo que pueda ser considerado de visión estratégica. No se rían.

Si bien el viernes pasado se constituyó el Coplade, que en 6 meses debe presentar el plan estatal de desarrollo, lo que se teme de San Luis Potosí es que dejará de ser un estado estratégico para ser un mal remedo de la federación: dádivas y subsidios. Y encima escándalos.

Qué difícil "comprarle" al gobernador de Jalisco su discurso sobre los resultados en materia de seguridad. Su lógica es muy básica: cuando baja la incidencia delictiva, sólo puede ser gracias a su estrategia, pero cuando hay un alza, la responsabilidad es de la familia, la federación o simplemente los muertos no cuentan.

El mandatario afirmó que el 80% de los homicidios dolosos en Jalisco se vinculan al crimen organizado. Esta afirmación es insostenible por una razón: la Fiscalía del Estado resuelve apenas 7 de cada 100 homicidios, por lo que es imposible determinar las causas. A menos, claro, que el gobernador tenga una bola de cristal y vea el futuro.

También el gobernador insiste en descontar los muertos hallados en fosas. Con esa aritmética, aseguró, hay una reducción de los asesinatos como si los muertos en fosas no contaran.

El argumento de que pudieron ser asesinados en otro año gana como la afirmación más indolente que hemos escuchado del mandatario. Es decir, ¿una víctima mortal deja de importar sólo por el día en que fue asesinada?

Hasta la 1a. quincena de agosto pasado, 25 entidades públicas deben 1,128 millones de pesos en aportaciones al Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), lo que significa un aumento de 288.4 millones comparado con el mismo periodo del año anterior.

En 2013, el Congreso de Jalisco aprobó reformas con la intención de sancionar con cárcel a los funcionarios que desviaran las cuotas obrero-patronales en el Gobierno de Jalisco, los 125 ayuntamientos y todos los organismos públicos descentralizados, pero no hay castigos y los montos se han incrementado.

Según el Instituto de Pensiones, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta es la entidad más atrasada en el pago, con 94 quincenas vencidas acumuladas, que suman 483'048,000 pesos. En 2o. lugar está Tlajomulco, con 311 millones de pesos.

Irlanda Baumbach Valencia, tesorera de Tlajomulco, explica que parte del adeudo, que corresponde a las quincenas de marzo a octubre de 2020, ocurrió porque ese año tuvieron menos dinero. Además, tuvieron que utilizar recursos para hacer frente a la pandemia. Resalta que, además, implementaron estrategias para ayudar a los ciudadanos con la crisis, como prórrogas para el pago de licencias, descuentos en predial y efectuaron gastos extraordinarios para apoyar a la gente.

Precisa que en octubre de 2020 reactivaron los pagos al Ipejal. Y para regularizar la situación ya gestionan cómo liquidar los adeudos, por lo que buscan que se congelen los recargos y conseguir un plan de pagos fijos.

Por otro lado, Pensiones mantiene convenios de pago con 14 entidades públicas, de las cuales 3 han incumplido con los acuerdos: los ayuntamientos de Tonalá y Gómez Farías, así como el Instituto de la Juventud de Tonalá.

Este problema tiene una explicación: las autoridades correspondientes descuentan a los trabajadores las cuotas de pensiones (incluyendo las aportaciones patronales), pero el recurso lo destinan al gasto corriente.

Mientras algunas administraciones argumentan que son problemas heredados, desde 2013 en Jalisco se tipificó como delito no reportar esas cuotas obrero-patronales al Ipejal; sin embargo, no hay sanciones.

Los otros 11 que tienen convenios de pago son los ayuntamientos de Chapala, Guadalajara, Tala, Tamazula, Tuxpan, Puerto Vallarta y Zapotlán El Grande. Además del Consejo Municipal del Deporte de Vallarta, DIF de Tonalá, Servicios y Transportes y el Tribunal de lo Administrativo de Jalisco.

Según el convenio firmado por Tonalá en 2018, el ayuntamiento dejó de enterar al Ipejal las cuotas correspondientes al fondo de pensiones, vivienda, actualizaciones y recargos vencidos, así como retroactivos de antigüedad de las quincenas, por lo que tras la condonación de recargos, el adeudo quedó en 290'459,000 pesos. Para ello, el municipio acordó pagar 205 pagos mensuales de 1.4 millones cada mes.

"De no cumplirse con los pagos en la forma y en los términos pactados en el presente convenio, se suspenderá a dicho organismo público el otorgamiento de prestaciones y servicios señalados en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado hasta en tanto se regularice su situación", se acordó en el documento firmado el 13 de septiembre de 2018 por el entonces presidente municipal Sergio Chávez.

Tras el cambio de administración en octubre de 2018, la nueva gestión encabezada por Juan Antonio González solamente cumplió con el convenio durante los 2 primeros meses, ya que en enero de 2019 apareció en el apartado de incumplimientos. De acuerdo con los informes del Ipejal, del convenio se tienen 32 abonos vencidos, además de otras 2 quincenas vencidas, que suman un adeudo por 31.9 millones de pesos.

Sergio Chávez, quien regresó a la presidencia municipal para el periodo 2021-2024, dio a conocer en una entrevista que ya se deben 350 millones de pesos, por lo que pactaron otro convenio con el Instituto de Pensiones. Explica que pensaban vender unos terrenos para abonarle a la deuda, pero la transacción no se completó. "El convenio es pagar 1'100,000 pesos cada 30 días, durante 24 años".

Recuerda que Tonalá sigue siendo de los municipios más endeudados del país, con una deuda de 1,400 millones de pesos en total, incluyendo pensiones.

Al 2o. semestre de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que Tonalá registra una deuda pública y obligaciones por 685.3 millones de pesos. Este indicador contabiliza el saldo de "aquellos créditos contratados por el ente público (tanto la deuda de largo plazo como las obligaciones de corto plazo), emisiones bursátiles, deuda en la cual el ente público otorga su respaldo mediante una fuente de pago propia, obligaciones derivadas de asociaciones público-privadas (contabilizando únicamente la parte de inversión), y cualquier otra obligación que implique pagos financieros programados".

El alcalde Sergio Chávez reconoce que el adeudo es mayor que el registrado ante Hacienda. "Se debe el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Hay un tema con la Secretaría de Hacienda de retenciones de los años 2012, 2013 y 2014. El tema federal lo está viendo la Secretaría de Hacienda, son alrededor de 90 millones de pesos los que se deben, cuando Jorge Arana era alcalde".

Por otro lado, comenta que se enfrentan a un tema de irregularidades en el otorgamiento de bases, por lo que realizan una auditoría para ver cuáles plazas se dieron con apego a la ley. "Hay personas apadrinadas para que no los pongan a trabajar, se les pagan millones de pesos cada 15 días. Yo encantado de despedirlos, pero le agregaría otros 800 laudos. Son basificaciones que tienen varios años".

A partir de esa auditoría, dice, se presentarán las denuncias correspondientes contra las bases que no estén respaldadas.

Por último, informa que con el cambio de administración se fueron 650 trabajadores, "y tengo una meta de no pasarme de 400 personas que llegan. Me urge arrendar 55 patrullas y ver qué haré con el tema de las luminarias".

Según la Secretaría de Hacienda, al 30 de junio de 2021, de los 2,447 municipios que existen en México, menos de una tercera parte (777), cuentan con obligaciones financieras inscritas ante la SHCP.

De estos municipios, 239 no pudieron ser evaluados debido a que no entregaron información, o la información que entregaron no fue suficiente para llevar a cabo la evaluación por parte de la autoridad.

El 94.1% de los 538 municipios que sí pudieron ser evaluados presentan un nivel de endeudamiento sostenible. En estos casos, el 1er. indicador siempre se ubica en rango bajo. Con respecto al 2o. indicador, destacan aquellos municipios que se ubican en rango medio, entre éstos Casimiro Castillo (Jalisco), San Salvador el Seco (Puebla) y Tamuín (San Luis Potosí).

Por otra parte, 31 municipios presentan un nivel de endeudamiento en observación. Destacan aquellos cuyo 1er. indicador se ubica en rango medio: Cozumel y Othón P. Blanco (Quintana Roo), Acatzingo (Puebla), Sabinas (Coahuila), así como Nogales, Hermosillo y Cajeme (Sonora). Se suman Pánuco de Coronado (Durango), Poza Rica (Veracruz) y La Barca (Jalisco).

Solamente Agua Prieta (Sonora) presenta un nivel de endeudamiento elevado, reporta Hacienda.

Los diputados locales de Movimiento Ciudadano demostraron, una vez más, que carecen de oficio político y sin el menor rubor desairaron asistir a la mesa de diálogo con el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva.

Como si "alguien" los fuera a regañar si se asomaban a la reunión, los emecistas dejaron en evidencia el sometimiento con el que operan.

Hubiera sido un detallazo que el diputado Daniel Robles acudiera para compartir con el rector cómo fue que una señora de su distrito le pidió dar más recursos al Hospital Civil de Tonalá; o del coordinador Jesús Cabrera, pero ya no sorprende su postura evasiva ante el debate pues son sabidas sus carencias discursivas.

Más que la bancada naranja, los actuales legisladores de MC cierran su periodo como la fracción gris... muuuy gris.

Los que ya no ven la hora de que se acabe esta legislatura [de Jalisco] son algunos diputados a quienes les han hecho aprobar muchas de las iniciativas que tenían rezagadas.

Y es que cuentan que varios diputados actuales ya están más que listos con sus maletas para irse, pero desde el rjecutivo les siguen pidiendo cuentas de pendientes que no han quedado listos aún.

Los más importantes son los nombramientos de una magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa y de 3 titulares de órganos internos de control del Tribunal de Justicia Administrativa, del ITEI y de la CEDHJ, al grado que han acelerado los procesos y andan organizando entrevistas y exámenes a quemarropa.

En la sesión del jueves pasado aprobaron 313 acuerdos legislativos, 49 dictámenes de 1a. lectura, 19 decretos y 36 dictámenes de 2a. lectura, entre muchos otros...

¿De verdad sabrán todo lo que están aprobando así de inmediato o iremos encontrando muchas sorpresas? Estén pendientes.

A 15 días de terminar su penosa gestión, la 62 Legislatura, la 3a. consecutiva con mayoría del partido Movimiento Ciudadano y la que regresó todos los escándalos, corregidos y aumentados, de las peores épocas en el congreso local, quiere cerrar sin que quede un solo puño de lodo que esparcir para acabar de sepultar en el desprestigio la figura de las y los diputados.

Vaya tarea y pesada loza de repudio hacia el poder legislativo dejarán a las y los integrantes de la 63 Legislatura que toma protesta el próximo 25 de octubre para iniciar su gestión el 1o. de noviembre nuevamente con mayoría de la bancada naranja.

La más reciente palada de inmundicia (seguramente vendrán otras más en estas 2 últimas semanas que les quedan por deambular en los pasillos del Palacio Legislativo de la Avenida Hidalgo), fue el rescate del consejero de la Judicatura, Iván Novia Cruz, quien es fruto de su ilegalidad y sumisión a los dictados del poder ejecutivo.

Como se recordará este consejero llegó a la Judicatura, junto con Tatiana Esther Anaya Zúñiga, impuestos por el partido Movimiento Ciudadano, y con Claudia Esparza Rivera Maytorena, como pago a la bancada panista por toda su genuflexión e incondicionalidad a la bancada mayoritaria y por votar como si fueran una extensión más de los diputados y diputadas naranjas.

El miércoles pasado la bancada naranja y sus fieles escuderos blanquiazules se coludieron de nuevo para, al igual que lo hicieron a lo largo de su legislatura los últimos 3 años cuando lavaban las cuentas e ignoraban el trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) para cubrir de impunidad los malos manejos de sus funcionarios y alcaldes, que Novia escapara de un juicio político que habían solicitado usuarios de Colomos III y el gobierno estatal al congreso por haber sido sorprendido en plena Ciudad Judicial en la oficina del juez que analiza el caso Colomos III que el gobierno estatal defiende como propiedad pública ante los particulares que lo reclaman como suyo, y que curiosamente, eran clientes del despacho de abogados del ahora consejero.

Al más puro estilo y sello de la mayoría emecista de la 62 Legislatura la maniobra para liberar a su consejero incondicional vino con un madruguete: mandaron al ex diputado del Partido Verde, Bernardo Macklis a presentar de última hora el dictamen de rechazo a la solicitud de juicio político pese a no estar agendado en la orden del día de la sesión.

Fue la operación legislatura lodazal salvando a Novia.

A 2 semanas de dejar la curul, los diputados [locales] se preparan para concretar el nombramiento de una magistrada y 3 titulares de órganos Internos de control en procesos exprés que se desahogarán en los días que les quedan en la silla.

Responsabilidades, desecharon denuncias de juicio político contra sus afines como alcaldes naranjas y el consejero de la Judicatura, Iván Novia Cruz, al que acusaban de litigar desde su cargo y lo paparazzearon saliendo de un juzgado a donde presuntamente acudió a velar por intereses del despacho privado del que era socio antes de llegar al puesto público.

Lo que llama la atención es que los legisladores emecistas recibieron la indicación de desechar el tema, aunque, según sus acusadores, Novia litigó desde la Judicatura en la disputa por Colomos III en contra de la administración estatal, en un caso que se arrastra del sexenio pasado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió a ayudar con participaciones federales a los gobernadores entrantes que tienen problemas para pagar su nómina.

López Obrador dijo que este martes se reunió con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo (PRI) para que se pagaran las nóminas de los trabajadores.

"Hay buen entendimiento con el gobernador Astudillo, yo tengo un buen concepto de él, porque no es sencillo por el abandono histórico, por la pobreza, gobernar Guerrero, que no es Acapulco, es la montaña y la Tierra Caliente, son regiones abandonadas y muy pobres".

AMLO también informó que ayer martes se reunión con el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila (Morena), quien le comentó que no ha podido pagar 2 quincenas a los trabajadores del estado.

"Con el ánimo de ayudar se adelantaron participaciones y ahora no tiene liquidez, los vamos a ayudar, porque hicimos el compromiso que no dejen de pagar la nómina".

También este martes el presidente López Obrador se reunió con la gobernadora de Campeche Layda Sansores y con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, quienes también le expusieron problemas financieros y las medidas de austeridad para hacer frente a los mismos.

Parece que los diputados de la 62 Legislatura local están empeñados en cerrar su ejercicio sin negar la cruz de su parroquia y agandallar lo más que se pueda los cargos que les quedan por repartir.

Una muestra son las convocatorias para designar a contralores internos en la Comisión de Derechos Humanos, Instituto de Transparencia y Tribunal de Justicia Administrativa; como el tiempo ya no les alcanza, omitieron programar un examen de conocimientos a los aspirantes al "hueso", aunque en teoría deben cumplir los mismos requisitos que el nombramiento de auditor estatal.

Todo apunta a que los cargos terminarán repartidos entre perfiles apadrinados por emecistas y panistas; esa es una de las razones de la prisa en concretar las designaciones, pues a partir del 1o. de noviembre Morena gana escaños y el PAN los perderá, lo que modificará la dinámica de las negociaciones en el Congreso estatal.

Las y los diputados suplentes que integran la Comisión de Vigilancia, y que al igual que el resto de los que llegaron cuando se fueron los titulares al congreso federal o a otros cargos, parecieran que sólo llegaron a acatar órdenes y desmantelar y desactivar todo lo que huela a candados y controles para la clase política y gubernamental, argumentaron que omitieron los exámenes en la convocatoria porque el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no se los sugirió.

El argumento es poco convincente si tomamos en cuenta las embestidas que esta misma Legislatura ha hecho en contra de las y los integrantes del CPS desde junio del 2020 que criticaron la imposición de 2 consejeras y consejero de la Judicatura, que justamente no habían pasado los exámenes con las calificaciones mínimas que exigía la convocatoria.

Hoy las mayoría emecista que controla en el congreso quiere dejar allanado el camino de los exámenes para los titulares de los Órganos de Control Interno y perpetuar así la lógica de los cuates y las cuotas en la designación de los funcionarios que en teoría deberían ser los mejor calificados y de mayor reputación para que actúen con independencia.

Así los que están cerrando la Legislatura 62, lo están haciendo inmejorablemente para que quede en la historia como una de las más desprestigiadas y la que trajo de vuelta las peores prácticas que se creían superadas. Por eso, a 24 días de su fin habrá que ver qué tantos estropicios más cometen, aunque lo mejor sería, como dicen en el futbol, que ya pite el árbitro y se vayan a su casa.

El gobernador de Jalisco mostró músculo sobre el interés en su consulta sobre el pacto fiscal y organizó un evento público en el que convocó a "liderazgos" para explicarles el tema y combatir la desinformación que, aseguró, existe sobre este ejercicio.

El acto tuvo tintes de una clase de contabilidad combinada con algo de historia de México; el encargado de aventarse el choro mareador con los aspectos técnicos fue Luis García Sotelo, tesorero de Guadalajara.

El gobernador le entró para afianzar el mensaje político y la grilla, y aunque afirmó que su evento no era para confrontar a la federación, no dejó de criticar las consultas impulsadas por el presidente.

A lo que rehuyó el mandatario fue a justificar el gasto de más de 20 millones de pesos para organizar la consulta, cuando al mismo tiempo no hay dinero que alcance para apoyar a los miles de afectados en el estado por las lluvias de este temporal.

Tan sólo la tormenta de este martes afectó a más de 700 familias de las colonias Ojo de Agua y Juan de la Barrera en Tlaquepaque.

¿No sería una buena idea gastar mejor ese dinero en apoyar a los damnificados en vez de apostar por una consulta que carece de impacto real en la forma en que la federación reparte el dinero a las entidades?

Aunque la patente del enunciado la tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, la frase "yo tengo otros datos" les viene como "anillo al dedo" a los gobernantes a quienes no les gusta ser incomodados por los medios de comunicación o desde la sociedad civil.

Aunque no haya mencionado la frase, en los hechos el gobernador Enrique Alfaro Ramírez mandó decir "yo tengo otros datos" cuando en su video-mensaje del miércoles 29 de septiembre regañó a los diarios El Informador y Mural por publicar datos sobre inseguridad que no concuerdan con sus datos.

En el mensaje referido, Enrique Alfaro presentó algunos indicadores de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 del Inegi, que muestran que algunos delitos de violencia y patrimoniales han descendido en Jalisco entre 2018 y 2020. Entre ellos mencionó la tasa de víctimas de delitos por cada 100,000 habitantes, tasa de delitos por cada 100,000 habitantes, la percepción sobre inseguridad, la percepción sobre robos y finalmente presumió que el año pasado la ENVIPE registró un crecimiento en la confianza hacia ministerios públicos y fiscalías.

Y como ya nos tiene acostumbrados, luego de presentar sus cifras, sus "otros datos", regañó a quienes no se acomodan a su narrativa triunfalista y de éxito en el combate a la inseguridad en Jalisco.

Así lo dijo: "Estos resultados son producto del trabajo de estos 3 años de un esfuerzo bien organizado que nos permite decir que estamos con un avance claro y sostenido para recuperar la paz y la tranquilidad. Sin embargo, no deja de ser un asunto que llama la atención cómo hay un par de medios que quieren distorsionar la realidad y que con tal de vender periódicos están dispuestos a mentir de manera flagrante".

Tras cuestionar algunas notas de estas 2 empresas de medios, el político profesional se dio tiempo para dar clases de periodismo: "(...) Más allá de entrar a un debate con ellos, nosotros lo que queremos decir que ojalá entiendan que hacer una apología de la violencia y usar la violencia para vender periódicos es una traición a su función como periodistas. Es un acto que me parece pone en evidencia que lo que ellos están buscando [con su mano derecha hace el símbolo de dinero] son cosas muy distintas a la idea de informar al pueblo de Jalisco". Y el remate de este video-regaño terminó aplaudiendo la portada de el diario El Occidental porque, según él, ellos sí revisaron la encuesta y no solo pensaron "en una portada" más llamativa para ganar dinero.

Antes que nada, las empresas de medios están constituidas legalmente para eso que Alfaro les reprocha: hacer dinero produciendo información. Lo absurdo es que estas supuestas lecciones de periodismo las hace el titular de un poder ejecutivo que ha regresado a las peores prácticas de la relación gobierno-prensa, como mantener periódicos para que reproduzcan dócilmente los boletines que emite el área de comunicación del gobierno estatal. El ejercicio del periodismo debe ser juzgado y cuestionado las veces que sea necesario, pero en el caso de Jalisco, Enrique Alfaro no es la voz más autorizada para hacer esta crítica.

Más allá de que tuviera razón en las cifras que presentó (el doctor Víctor González Romero cree que acomodó las cifras a su conveniencia), al gobernador lo que le molesta es que los medios mencionados no se ajustan a su narrativa triunfalista, a su propaganda de presentarse como un gobierno exitoso.

Más allá de estas cifras, y esto es para mi lo más preocupante, tenemos un gobernador que se jacta de haber recuperado "la paz y la tranquilidad" en el estado, cuando Jalisco se ha convertido en el epicentro de la guerra informal que vive la sociedad mexicana.

¿Cómo se puede presumir haber recuperado la paz, cuando Jalisco ocupa el 1er. lugar en desapariciones, en fosas clandestinas, en cuerpos recuperados de estas fosas, cuando existe una clara crisis forense, y hay casi absoluta impunidad en la persecución de estos delitos? ¿Cómo se puede presumir que hay paz y tranquilidad en el estado cuando en 3 años de gobierno de Alfaro, se han cometido casi 4,000 desapariciones, mil más que en la dictadura de Augusto Pinochet en Chile?

¿Cómo se puede presumir que hay paz y tranquilidad cuando el estado tiene infiltradas sus instituciones de procuración de justicia por el crimen organizado, como el mismo Alfaro lo admitió la noche del halconazo tapatío?

Enrique Alfaro dijo algo cierto en su mensaje: "Al final, la verdad siempre va a prevalecer, las mentiras caen por su propio peso". Parafraseando su mensaje, al final, la propaganda del poder caerá por su propio peso.

En la próxima legislatura de Jalisco volverán personajes relacionados con anomalías. El expanista José María Martínez, ahora de Morena, será diputado por 3a. vez, tras ser señalado de beneficiarse del reparto de cuotas en el poder judicial. Recientemente fue acusado de presuntas irregularidades en el trámite de su jubilación por 108,000 pesos al mes.

El priista Hugo Contreras regresa. Él enfrentó cuestionamientos por contrataciones en el congreso y hace poco fue involucrado en una supuesta agresión física en Michoacán.

El emecista Fernando Martínez Guerrero, ganador en el Distrito 18, recibió una sentencia por violencia de género en 2019.

Claudia Gabriela Salas, de MC, enfrentó un proceso ante la contraloría tapatía por influyentismo al apoyar la celebración del matrimonio de una de sus colaboradoras en la presidencia municipal. Salió librada del proceso.

Érika Ramírez, del Verde, fue diputada en la 61 Legislatura y recibió base en la nómina del congreso, pero fue señalada por cobrar sin asistir regularmente al área asignada. Ella también libró el señalamiento.

La actual legislatura de Jalisco, que termina el último día de octubre, rechazó ser un contrapeso y deja un retroceso en la apertura y la participación de los ciudadanos, coincidieron integrantes de organizaciones civiles.

Para Cecilia Díaz Romo, del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, los diputados salientes quedan a deber en su labor. Consideró que tuvieron un mal desempeño y dejan temas inconclusos.

"Fue una legislatura que dejó mucho que desear. No atendieron su mandato de ser representantes populares y no velar sólo por lo que una o dos personas digan. Debieron atender las demandas ciudadanas y no las cuestiones de los partidos. En el diálogo y la apertura a los ciudadanos resultó muy frustrante porque hubo mucha simulación y sólo discursos, pero a la hora de las acciones poca congruencia entre el discurso y los hechos reales".

La activista lamentó que en el paquete de reformas al Sistema Estatal Anticorrupción quedaron asuntos importantes pendientes, como una ley de designaciones públicas.

Alberto Bayardo, del Observatorio Legislativo, advirtió por los retrocesos en la apertura y la transparencia del poder legislativo. Afirmó que el pasado nombramiento de tres integrantes del Consejo de la Judicatura, violando los términos de la convocatoria, marcó a la legislatura que concluye.

"Faltó una apertura real y para trabajar en colaboración con los ciudadanos, desafortunadamente nos enfrentamos a un legislativo que dio marcha atrás en lo poco que se había avanzado en términos de dar espacios reales en la toma de decisiones a la ciudadanía. Y volvimos a ver casos donde cerraron las puertas para que la población no pudiera entrar".

Lamentó los ataques al Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción y consideró que, en general, el congreso actuó como ventanilla de trámites de las iniciativas que mandó el gobernador, aprobando todas sin cambios.

Como un ejercicio positivo refirió la colaboración con organizaciones de la sociedad civil en el análisis de las leyes sobre desaparecidos.

De la expectativa que genera la nueva legislatura, los activistas esperan que se frene el retroceso.

Respecto a que habrá mayoría de diputadas, expusieron que no implica que será mejor, pero plantearon que la visión femenina podría aportar otra perspectiva en la discusión de los temas.

La que quedó más que evidenciada y por su propia boca fue la diputada electa del PVEM, Érika Lizbeth Ramírez, quien en la integración de la comisión de entrega-recepción de los nuevos diputados, reclamó muy airadamente porque no le avisaron con tiempo y por poco y no alcanza a llegar a la reunión.

Peeero resulta que ella es personal de base y se supone que debería presentarse a trabajar todos los días en el congreso, por lo que tendría que estar enterada al desempeñar su trabajo en la fracción del PVEM del legislativo.

O sea que evidenció con su propia boca lo que todos saben en el congreso: tiene años de aviadora, pero ahora será diputada.

Como sus antecesores de al menos 5 trienios, quienes estuvieron al frente del ayuntamiento de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá y hoy terminan su gestión, se van sin haber hecho algo importante, para junto con el estado y la federación, enfrentar con mejores resultados la desbordada crisis de inseguridad y violencia que azotó a muchos de los que gobernaron.

Usuarios que interponen solicitudes de información enfrentan problemas. La Plataforma Nacional de Transparencia registra fallas en su operación.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) responde que la plataforma padece un comportamiento intermitente por un ataque o hackeo, pero asegura que trabaja para estabilizarla.

El sistema Infomex dejó de funcionar. En su lugar comenzó a operar el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Al respecto, el Inai comunica que la plataforma ha tenido un comportamiento intermitente debido a un ataque o hackeo de tipo de explotación de criptomonedas. "El área de Tecnologías del Inai está llevando a cabo acciones para detener el ataque y estabilizar su operación".

No pocas veces los gobernantes echan la culpa de los aluviones a las intensas lluvias. Pero los meteorólogos y urbanistas, por si no bastara el sentido común, saben que la culpa no es del temporal. Aunque de un año a otro puedan caer algunas tormentas por encima del promedio, en realidad la responsabilidad de que la ciudad se inunde se debe a la colusión del Estado con las empresas inmobiliarias.

Hace tiempo que los distintos niveles de gobierno declinaron la facultad de poner el interés público por encima del interés particular, en este caso de las mal llamadas desarrolladoras. A pesar de que se cumple con el rito de emitir planes de ordenamiento territorial, en la práctica estos planes y ordenamientos se pasan por debajo de las cuentas de las empresas inmobiliarias.

El Estado ha dejado que sean las empresas privadas las que se apropien de terrenos que debieron servir de amortiguamiento para protección de zonas boscosas y para zonas de infiltración, y que en lugar de ello se destinan para levantar fraccionamientos, cotos o zonas comerciales. Un buen ejemplo de ello es El Bajío, una zona de importancia ecológica-ambiental y que por decisión gubernamental se decidió construir la Villa Panamericana, abriendo el territorio para la especulación inmobiliaria. Los ejemplos se multiplican por toda la zona metropolitana y otras ciudades de Jalisco, como Puerto Vallarta.

Gracias a esta renuncia estatal a ejercer la soberanía en el territorio para propiciar una mejor calidad de vida para sus habitantes, se deja que el crecimiento de nuestras ciudades lo decidan los intereses de los inmobiliarios, creando así ciudades caóticas, sin servicios adecuados e invivibles. A cambio de esta colusión, las inmobiliarias se han convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de la política profesional, pagando campañas y abultando cuentas personales de gobernantes.

De modo que no, no es el temporal y las lluvias las que ocasionan las inundaciones, es la colusión estatal-inmobiliaria.

El Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, que acaba de aparecer como la instancia más opaca de todas las dependencias del poder judicial del país, según el estudio "Información desde y para los Poderes Judiciales", realizado por la organización civil México Evalúa.

Si el Consejo de la Judicatura es fruto de la Legislatura 62, que pasará a la historia como una de las más desprestigiadas del Congreso local, muy poco se podía esperar de ese órgano que en teoría debe cuidar el buen comportamiento de los jueces. Tal vez porque esa tarea de supervisión y corrección nunca se ha logrado, las y los jueces aparecieron de nueva cuenta, junto con los agentes viales, como los servidores públicos a los que los ciudadanos ven como los más corruptos, según la encuesta ENVIPE 2021, que presentó el Inegi la semana pasada.

El Consejo de la Judicatura no es otra cosa que un síntoma más de la pudrición de la Legislatura 62, que domina la bancada de las y los diputados del partido Movimiento Ciudadano, con sus incondicionales aliados del PAN.

Antes del asalto de madrugada a la Judicatura en junio del año pasado, la mayoría naranja, con el aval panista, había revivido las malas prácticas de las peores legislaturas que sumieron en el descrédito la figura del diputado.

La imposición obscena de Tatiana Esther Anaya Zúñiga, de Iván Novia Cruz y de Claudia Esperanza Rivera Maytorena (los 2 primeros cercanos al gobierno alfarista y la 3a. prometida por los emecistas al PAN), ignorando el requisito de lograr al menos 80 puntos en el examen, vino después de toda una serie de abusos y excesos como el revivir los "apoyos económicos" y bonos sin que estuvieran presupuestados; de los incrementos en la nómina para marcar al Congreso de Jalisco como uno de los más caros e ineficientes del país; de lavar cuentas e ignorar cargos hechos por la Auditoría Superior a decenas de ayuntamientos y dependencias; de permitir y autorizar el mayor endeudamiento estatal de la historia; de hacer comparecencias a modo para proteger a funcionarios del gobierno estatal.

Pero sin duda, lo más nocivo fue haber dejado pasar las designaciones públicas y los nombramientos bajo la lógica de los cuates y las cuotas, sin tomar en cuenta el mérito. El haber simulado concursos cuando ya habían acatado sumisos a quién imponer.

Esa ofensa y burla inadmisible de la Legislatura 62 a la población de Jalisco que impidió que llegaran los mejores perfiles profesionales y con mayor reputación, pudrió también al Consejo de la Judicatura en detrimento de la certeza jurídica de todos los jaliscienses como ahora lo tenemos que lamentar.

Algo no checa en la estrategia de reducción de delitos que presume el gobernador de Jalisco. No sólo la pandemia redujo los ilícitos en todo el país, pues al haber menos movilidad también disminuyó la incidencia.

A esto se suma otro fenómeno: el año pasado, Jalisco tuvo el mayor número de delitos no denunciados ni investigados desde 2016. El 2020, el 92.9% de los delitos no se denunciaron, el índice más alto en 4 años.

Las principales razones por las que la ciudadanía no denuncia es porque lo consideran una pérdida de tiempo, desconfían de que se castigue a los responsables e incluso por temor a represalias.

Luis Carlos Nájera solía presumir que había más denuncias, pero no necesariamente más delitos. El actual gobierno presume menos delitos cuando en realidad la gente desconfía y hay menos carpetas de investigación abiertas en la fiscalía estatal ante la desconfianza de los jaliscienses.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un exhorto dirigido al Congreso de Jalisco en el que advierte posible afectación a los derechos humanos a la participación ciudadana, autonomía e independencia en caso de que se atiendan las observaciones emitidas por el gobernador a la pasada reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado en la que se pretendía suprimir el pago de honorarios a integrantes del Comité de Participación Social (CPS). En el veto, el poder ejecutivo estatal propuso la posibilidad de remover a los integrantes del Comité y que el procedimiento lo realice el congreso estatal.

"El gobernador del estado anunció que no publicaría la reforma aprobada por la fracción mayoritaria de su partido, al vulnerar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, por dicha razón regresó la reforma aprobada con observaciones, en las cuales se propone un sistema para el procedimiento de revocación de los miembros del comité, a través del propio congreso local, por lo que se considera que podría vulnerar el carácter autónomo que tiene el Comité de Participación Ciudadana. Por lo anterior, esta Comisión Nacional exhorta al Congreso de Jalisco para que, en los preceptos sujetos a modificación se respeten los derechos humanos a la participación ciudadana, autonomía e independencia de organismos ciudadanos y al debido proceso", se expone en el documento.

Las observaciones del gobernador fueron remitidas al congreso el pasado 10 de septiembre y están pendientes de votarse. Plantea cosas como que la destitución de un integrante del comité sea decretada por el Congreso del Estado. Como motivos de destitución se refieren falta de probidad, notoria negligencia o indebido desempeño de sus atribuciones; por desempeñar un cargo, empleo o comisión incompatible con el CPS o que generen un posible conflicto de interés; faltas administrativas graves; y ser condenado por algún delito grave.

La Universidad de Guadalajara acusó que desde agosto comenzaron a identificar granjas de "bots" y páginas en redes sociales que desacreditan las publicaciones del rector Ricardo Villanueva y de la universidad. Lo que señalaron Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), y la titular de la Coordinación General de Comunicación Social, Laura Ruth Morales Estrada, es que existen patrones extraños.

Por ejemplo, algunos de los administradores que se encargan de pautar en redes sociales contra el rector y la UdeG, también lo hacen contra Morena, pero en cambio favorecen las posturas de Movimiento Ciudadano.

Los que saben aseguran que esa es una de las estrategias no oficiales de las empresas favoritas del gobernador, La Covacha e Indatcom: la realización de campañas negras desde el anonimato en Internet.

"Jalisco está en su peor momento de violencia. Las desapariciones forzadas son la manifestación más grave de la descomposición social y de las instituciones", escribió el dedo flamígero de Enrique Alfaro el 22 de marzo de 2018. Si el gobernador Aristóteles Sandoval "no puede garantizar la seguridad de un diputado, de un presidente, imagínense los ciudadanos cómo están", volvió a sentenciar el flamígero un mes después.

¿Qué opinaría el dedo flamígero del entonces candidato naranja sobre las declaraciones del hoy gobernador Enrique Alfaro diciendo que "es fácil acusar con el dedo flamígero sin preguntarse de dónde surge la violencia"? Seguramente el dedo insistiría en atacar, pues ese es su carácter. El índice incendiario no se andaba con conmiseraciones, ni preguntando de dónde surge tanta violencia. El dedo de Alfaro era valiente, faltaba más, echado para adelante, respondía a todas, acusaba con la superioridad moral que le daba ser el candidato, el que iba arriba en las encuestas. El dedo acusaba, echaba fuego y prendía el cerro (si lo de flamígero no es gratuito). Hoy ese dedo del gobernador esta callado, atrofiado, guardado en la mano, acusando a otros dedos de señalar, de exigir lo mismo que él exigió.

¿De dónde surge esa violencia? Los ciudadanos no lo sabemos, a lo sumo lo intuimos, pero confiamos, queremos creer, que el gobernador sí lo sabe, que tiene una respuesta más elaborada que la obviedad que dijo en su discurso de que el problema viene de las familias, y que sabe que su responsabilidad es combatirla. Los diagnósticos de seguridad sirven para tomar decisiones; las explicaciones a los ciudadanos tienen sentido si y solo si ayudan a la comprensión del fenómeno y eso a su vez se traduce en una mejor protección. Todo lo demás suena a excusa. De hecho, lo es.

Los únicos que suelen decir que la solución a la seguridad es sencilla son los candidatos; nadie más en su sano juicio lo piensa. No tengan duda: los ciudadanos nunca los hemos tomado en serio. Cuando Alfaro como candidato prometió que resolverían el problema de inseguridad no le creímos, porque sabemos que es un problema complejo, que no es cosas de 15 minutos, para citar a un clásico. Lo que sí sabemos es que una vez que asumió el poder la responsabilidad, que no la culpa (el dedo flamígero se calienta, pero sabe distinguir) es de suya y nunca vamos a dejar de exigir que el Estado cumpla con su primera y esencial responsabilidad: darnos seguridad.

El dedo flamígero no entiende razones, solo exige soluciones.

Ojalá todos pongamos un alto, antes de caer en la perniciosa tendencia en Jalisco de que cada quien tenga sus datos y no se puedan tener debates serios ni certezas en los asuntos de interés público y los grandes retos del estado, inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus ruedas de prensa mañaneras y que ha asomado ya aquí en las que empezó a hacer el gobernador Enrique Alfaro hace tres meses, y que algunos han bautizado como "las regañeras" por su estilo personal de comunicar.

Aunque se ha dado en temas de índices delictivos y de la pandemia de COVID-19, hoy me concentraré, por la gravedad del problema que representa, en el tema de la crisis en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que por un lado, el mandatario estatal niega aunque acepta que falta personal, espacios, equipo y tecnología, y que por el otro, familiares de desaparecidos y organizaciones sociales que los respaldan como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) denuncian que la desatención que reciben en esta dependencia está peor que nunca y tardan hasta más de un año en recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

De hecho, la semana pasada la CEDHJ emitió las recomendaciones 148 y 149, donde al igual que a principios de año, señala deficiencias y omisiones institucionales de las distintas dependencias involucradas en la búsqueda de 22 personas desaparecidas, haciendo énfasis en la lentitud y el colapso que sufre el IJCF.

El gobernador asegura que el Semefo ya no padece las saturaciones que obligaron hace 3 años a la pasada administración a sacar a pasear en tráileres los cadáveres que no cabían en las morgues y que fue todo un escándalo mundial que dejó en evidencia el grave colapso forense que padecíamos y que hoy tiene vinculado a proceso a Eduardo "N", ex director del centro forense, y a Luis Octavio "N", ex director del IJCF, quienes denuncian también que la crisis hoy es mayor.

Los datos oficiales aseguran que actualmente en las "instalaciones centrales" del Semefo hay 546 cadáveres y 2,757 segmentos anatómicos, que provocan que haya cero disponibilidad en las morgues internas, pero un 75.91 en la cámara externa. Estas cifras contrastan con las que arroja la investigación "Crisis Forense en México" que hizo el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y que calcula al menos 5,738 cadáveres y segmentos óseos sin identificar y ubica a Jalisco en el 4o. lugar nacional en rezago de cuerpos sin identificar.

Convencido como está de que el suyo es un buen gobierno, tan bueno que refundará Jalisco, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se la pasa negando las crisis, todas, o cuando mucho administrándolas, pateándolas para más adelante, hacer como que se hace algo, sin resolverlo de fondo.

El más reciente ejemplo de esta postura negacionista de las crisis ocurrió el lunes en la rueda de prensa semanal que ofrece Enrique Alfaro. Le preguntaron por la crisis que hay en el Servicio Médico Forense del estado, pero el mandatario negó que hubiera crisis, aunque admitió carencia de recursos.

"Es absolutamente falso (que haya crisis forense). Si fuera así, veríamos otra vez desbordadas las cosas, la verdad es que hay un enorme trabajo, hay mucha presión. La infraestructura de la que disponemos tiene que fortalecerse, el diseño institucional de Ciencias Forenses también tiene que tener algunos ajustes, cada vez va a ser importante poder destinar más recursos", dijo en la rueda de prensa y como en ocasiones anteriores que hay temas que le incomodan, responsabilizó a los medios de alimentar esta "supuesta" crisis.

"Entendemos las agendas de algunos medios que pretenden usar este tema para golpear políticamente. No me voy a meter más en eso. Simplemente digo (que) me parece muy desafortunado que se esté construyendo o se esté intentando construir una idea que no responde al tamaño del esfuerzo realizado para poder corregir un problema que tiene muchos años creciendo y convirtiéndose en un desafío institucional para el estado", señaló.

Antes de insistir que sí existe una crisis forense en Jalisco, reconozco que Alfaro tiene razón en 2 puntos: que se ha hecho un esfuerzo presupuestal y de recursos humanos para atender este problema y que la crisis forense es un fenómeno que viene creciendo desde hace años, antes de esta administración.

Dicho esto, todos los números nos dicen que las capacidades del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) están rebasadas y que no es capaz de responder al reto de resguardar, identificar y entregar a los familiares, dignamente, los restos humanos que pasan por la institución.

Las cifras son contradictorias, como se ha hecho común en Palacio Nacional, en Palacio de Gobierno de Jalisco tienen otros datos.

En Jalisco hay una crisis humanitaria de proporciones mayúsculas, la admita o no el gobierno.

En Zacatecas, ni los maestros ni los jubilados del Issstezac han recibido sus quincenas. El nuevo gobernador, David Monreal, expresó su "voluntad para resolver el problema". Pero, al parecer, el gobierno de la entidad está quebrado.

El gobernador de Jalisco y su visión cibernética de la realidad (sólo aquello que postea en redes es verdad) aseguraron que en este momento no hay una crisis en Jalisco.

Nada más hay 5,738 cuerpos sin identificar en el Semefo, lo que nos coloca en el 4o. lugar nacional; hay déficit de personal, pendientes en infraestructura, tecnología y cientos de dictámenes rezagados, pero no hay crisis.

Pero eso sólo lo dicen y lo ven quienes quieren que le "vaya mal" a Jalisco, ¿o cómo era la justificación?

La diferencia entre el gobernador y el presidente por la repartición del presupuesto federal nos tiene a las puertas de la consulta sobre pacto fiscal que se realizará durante 4 fines de semana a partir de finales de noviembre.

Se trata de un ejercicio limitado para los alcances del congreso local, pues el quid del asunto es cómo y con base en qué reglas se reparte el dinero a las entidades. Y en ese punto, las competencias del estado son limitadas. En otras palabras, la consulta o capricho del gobernador será poco menos que dinero (22.5 millones) tirado a la basura.

Como se advirtió desde antes de su aprobación, la llamada reforma anticorrupción 2.0 parece tener más retrocesos que novedades en pro de la transparencia.

Una muestra son los cambios en la conformación de los Comités de Adquisiciones en donde los funcionarios tendrán 5 espacios; antes de la modificación contaban con uno.

Ahora para avalar cualquier compra, únicamente deben convencer a un representante de la iniciativa privada. Además la tan cacaraqueada política de integridad quedó como opcional y no será requisito para ser proveedor público.

Uno de los principales promotores de la reforma fue Xavier Orendáin, ahora funcionario estatal.

Las dependencias afiliadas al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) le deben a ese organismo 1,128 millones de pesos (MDP) de aportaciones no cubiertas, monto que está en vías de llegar a un convenio para concretar su pago, informó Héctor Pizano Ramos, titular del instituto.

El funcionario estatal dijo que mantienen negociaciones con los ayuntamientos de Puerto Vallarta y Tlajomulco de Zúñiga, que son los dos principales deudores con 483 y 311 millones de pesos, respectivamente.

"Espero que antes de que termine el año tengamos saldados los adeudos de esas entidades que a la fecha deben y con el esquema aprobado (descontar aportaciones de las participaciones) ya no vuelva a pasar. Eso sanearía de forma eficiente al instituto", precisó.

Pizano Ramos destacó que la reciente reforma a la Ley del Ipejal incluyó que, al incorporarse al Instituto, los entes públicos deberán firmar convenio con la Secretaría de Hacienda del Estado para que de las participaciones estatales que les correspondan se retengan mensualmente las aportaciones patronales que deberán cubrir al instituto.

Además, establecieron sanciones por el incumplimiento en el reporte de dichas aportaciones.

El director del Instituto comentó que mantienen la mesa de diálogo con diputados, sindicatos, jubilados y trabajadores en activo para analizar otras modificaciones legales encaminadas a dar viabilidad financiera al organismo.

ENTES MÁS DEUDORES

1. Puerto Vallarta: $483‘048,824.96
2. Tlajomulco de Zúñiga: $311‘236,920.93
3. DIF Puerto Vallarta: $55‘630,014.18
4. Chapala: $38‘377,667.00
5. Grupo 16 de Policía Auxiliar: $34‘959,104.50
6. Tonalá: $31‘985,835.81
7. Autlán de Navarro: $26‘880,646.66
8. Tamazula de Gordiano: $24‘597,197.86
9. Tala: $23‘021,473.25
10. Grupo 20 de Policía Auxiliar: $21‘354,273.63

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 17 de septiembre de 2021).

Además de la pandemia y de la guerra informal que padecemos, 3 grandes problemas sociales han acaparado las notas a lo largo del año en Jalisco y en particular en la zona metropolitana de Guadalajara: abasto de agua, inundaciones en la metrópoli y manejo de la basura.

A pesar de la relevancia de estos asuntos, los gobernantes de todos los partidos lo único que hacen es administrar estas crisis, sea de la basura, del agua, del transporte público, de la pobreza, del medio ambiente, de seguridad... este noviembre cumplo 30 años de periodista y los temas que tratamos ahora estaban presentes hace 3 décadas. ¿Qué han hecho los sucesivos gobiernos? Únicamente administrar las crisis, hacer como que las atienden, como que proponen soluciones, como que resuelven. Pero no lo hacen. ¿El resultado?

A pesar de las recomendaciones de los expertos, la zona metropolitana de Guadalajara está cada vez más contaminada y en crisis ambiental; cada temporal hay más inundaciones y más peligrosas; el transporte público ha mejorado más en las palabras que en el día a día de cada usuario; la industria inmobiliaria ha crecido a costillas de trabajadores que se endeudan de por vida para adquirir una vivienda en la periferia, de baja calidad y con servicios públicos deficientes.

Calles y colonias que se inundan por no resolver el manejo sustentable de las aguas que corren por el territorio y por urbanizar donde no se debía urbanizar. Esto a pesar de las recomendaciones de los expertos desde hace décadas.

Los gobernantes, uno tras otro y sea del color del partido que sea, no atienden a los expertos porque su interés no es resolver los graves problemas que padece la sociedad, su interés es personal y consiste en acumular más poder y más dinero. Y para ello atienden más al mercado y los dueños del dinero que a la sociedad, especialmente a la más pobre a la que ven únicamente como masa de votantes para alcanzar sus puestos.

En esto se ha convertido la clase política profesional, los gobernantes, en administradores de crisis.

Un ejemplo cercano: resolver la crisis de contaminación del río Santiago se requeriría un gobierno que pusiera por delante la salud y vida de las personas, antes que las inversiones de los industriales. Gobiernos de todos los colores ponen por delante las inversiones de las industrias privadas creando "infiernos ambientales" como las llamó el ex secretario de Medio Ambiente, Víctor M. Toledo, lo que produce zonas de sacrificio humano que condena a cientos de miles a vivir entre la contaminación y las enfermedades que deterioran el cuerpo.

Un remedio de fondo para sanear estos "infiernos ambientales" requiere poner por delante la vida y esto equivale a ir en contra de las inversiones para detener que lleguen más industrias y extinguir o extirpar a las que más contaminan. De nada sirven los discursos de gobiernos verdes que toleran la contaminación de empresas "sustentables con el medio ambiente". En lugar de crece el corredor industrial como hace el actual gobierno, administrando la crisis ambiental que ya existe, se debería pensar seriamente en el decrecimiento económico. ¿Quién se atreve?

Esto que vale para la grave crisis de contaminación en el infierno ambiental de corredor industrial de El Salto, vale para la salud, la vivienda, el agua, el manejo de la basura. Los gobernantes solo administran la crisis, piensan en el siguiente puesto y se ponen al servicio de un régimen de acumulación de capital, que es al mismo tiempo el productor de las múltiples crisis que padecemos.

Así como la cabra tira al monte, los diputados tienden a negociar con la aprobación de cuentas públicas para limpiar las observaciones a las administraciones emanadas de sus partidos.

La limpieza de 12 informes de auditorías consumadas por 28 legisladores en la sesión de ayer, ya no debería sorprender, pero sí hace reflexionar acerca de que todos son iguales, sin importar que haya mayoría priista, panista o emecista.

El modus operandi es el mismo, negociar el proceso de fiscalización para librar a los aliados de tener que enfrentar el cobro de créditos fiscales por recursos ejercidos y que no se justificaron adecuadamente.

Habrá que analizar muy seriamente para qué sirve la Auditoría Superior del Estado de Jalisco si sus revisiones están sujetas a los enjuagues y mañas de los partidos políticos.

Y en este contexto, el que salió bueno para la operación "Maestro Limpio" es el diputado Manuel Alfaro, ex secretario privado del finado Aristóteles Sandoval, pues en unos meses consiguió limpiar cuentas de la administración del ejecutivo estatal del 2016 y 2017 de las secretarías de Desarrollo Rural, Economía y Educación.

A esta última le observaron 13 millones de pesos del programa escuelas de tiempo completo, ese monto bajó a poco más de 2 millones que finalmente los legisladores dejaron pasar gracias al voto de emecistas, priistas y panistas.

Las compañeras priistas del diputado Alfaro habían intentado casi 2 años hacerlo, pero seguro no traían el detergente adecuado. ¿Tendrá alguna relación el que salgan cuentas públicas con las destituciones y nombramientos de magistrados?

Sorpresivamente el jueves pasado, tras una reunión con integrantes de la 62 Legislatura y de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, el gobernador Enrique Alfaro anunció que no publicaría la conocida como Reforma Anticorrupción 2.0, que se aprobó a fines del mes pasado, hasta que se regresara el sueldo a los integrantes del Comité de Participación Social (CPS), decisión legislativa que se interpretó como un golpe y una revancha a las y los consejeros por criticar y descalificar una serie de designaciones irregulares e investigar licitaciones estatales como la del programa A Toda Máquina, entre otras.

Por el reproche del mandatario a los hombres y mujeres que constituyen el CPS, de que pese a que su trabajo deja mucho qué desear él pediría que se restituyera su salario, y por pedir condiciones ya cumplidas como la intervención del Comité Técnico de Valoración Salarial y la rendición de cuentas, y por establecer requisitos como la prohibición de recibir otros ingresos, el veto del gobernador pareció más una estrategia para cerrar la ruta jurídica que tomarían los consejeros al dejarlos sin ingreso, que una auténtica reivindicación a sus derechos y una acción para evitar el debilitamiento del SEA.

Si bien, a 4 años de su existencia el CPS y las 6 dependencias públicas que integran el SEA (Fiscalía Anticorrupción, Contraloría Estatal, el Instituto de Transparencia, la Auditoría Superior del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa) están ciertamente lejos de dar los resultados que se esperaban en cuanto a castigar corruptelas y abatir los intocados niveles de impunidad, los correctivos deben venir del propio sistema y de las organizaciones de la sociedad civil y no de las autoridades a las que fiscaliza.

Es de sobra sabido cómo incomoda a nuestra clase política y gubernamental cualquier intento serio de escrutinio que les pueda poner en riesgo de ser descubiertos por el manejo patrimonialista y desaseado con el que muchas autoridades siguen manejando los asuntos y el dinero de todos los contribuyentes.

Por eso, lo ideal sería que ahora que el gobernador paró la mal llamada Reforma Anticorrupción 2.0, y en el Congreso de Jalisco se reabra el debate de nuestro modelo anticorrupción, no sólo se discutan y se ajusten las observaciones hechas al tema de los sueldos para las y los consejeros del CPS, sino que se revisen los términos en los que se aprobaron los asuntos de fondo de la reforma y que quedaron muy distantes a lo que organizaciones académicas, empresariales y sociales diseñaron junto con diputados y diputadas en un prometido proceso de parlamento abierto que fue burlado.

Del dictamen original de fines del 2019, se eliminaron temas claves como el modelo abierto de adquisiciones y contrataciones gubernamentales, la Ley de Designaciones, y el fortalecimiento de los Órganos Internos de Control entre otras cosas.

Veremos, pues, en los hechos, y no sólo en el discurso, si hay o no voluntad política para de verdad tener en Jalisco un SEA no intervenido ni infiltrado por el poder que quiere perpetuar privilegios y canonjías.

Es tan predecible la política en México. Los ciclos son idénticos y se repiten sexenio tras sexenio.

Resulta increíble que como gobernados tengamos todavía la ingenuidad de encantarnos con promesas de candidatos de largo término, los que buscan estar todo un sexenio ya sea como presidentes o como gobernadores.

Y no hay distingo de partido a partido.

Ya hace varios años el célebre compositor yucateco Guadalupe Trigo cantaba una canción en la que hablaba de cómo cada 6 años el país se disfrazaba de romería democrática y empezaban a aparecer los tonos multicolores de los partidos en muros y piedras del camino, se revolvía el polvo de los abandonados campos de futbol para que irrumpieran las comitivas con música, discursos y "regalitos" y daban vida a pueblos y comunidades apartados de la vida nacional.

Pero pasadas las elecciones se volvía a lo mismo.

Sólo el olvido.

Las piedras y muros volvían a sus tonos pardos, se asentaba el polvo de los campos futbol y ya no había visitas ni comitivas festivas.

Y el abandono se hacía más notable después de 3 años de la elección sexenal, en las elecciones intermedias, donde dependiendo del resultado los grupos políticos trazaban distintas estrategias pero no para tratar de servir a los electores, sino para para sobrevivir como políticos y buscar hacer algo en la siguiente elección de largo término.

Y todo sigue igual.

Durante la última elección sexenal los principales candidatos nos encantaron con 2 proyectos que parecían grandes promesas para el país y para el estado: a nivel nacional una Transformación, equiparable a la Independencia, la Reforma y la Revolución que iba a poner en el centro a los pobres, y a nivel local una Refundación del estado que pondría en orden la casa, incluso con una constitución estatal moderna, dando a Jalisco la posición que se merece en el concierto nacional.

Pero pasaron 3 años, llegaron las elecciones intermediarias, y en función del trato de los electores no sólo se olvidaron aquella Transformación y aquella Refundación, sino que el grupo político a nivel nacional y el grupo a nivel local cambiaron sus estrategias.

A nivel nacional, al perder buena parte de la fuerza que había adquirido 3 años antes, el presidente ha empezado a tejer alianzas con algunos de sus otrora adversarios y ha mesurado el nivel de desencuentro de sus discursos.

Y a nivel estatal el gobernador, al verse su grupo favorecido con un apoyo que no esperaba, dejó de lado la tolerancia y empezó a romper con grupos y organismos con los que llevaba la fiesta en paz.

Ambos grupos lo que buscan es sobrevivir y conseguir posiciones para la siguiente elección sexenal.

Y en política todo se vale.

Habrá que esperar el siguiente ciclo, los nuevos proyectos y el nuevo encantamiento, y por lo menos aquellos poblados olvidados por unos días se vestirán de fiesta.

Son inaceptables ya las imágenes que cada temporal se hacen más comunes de centenas de familias que lo pierden todo al inundarse sus viviendas como lo acabamos de ver en Tlaquepaque por el desbordamiento de la presa Las Pintas, en Zapopan por la enésima saturación del arroyo El Seco y sus gaviones sin el mantenimiento debido, y en Tonalá donde el canal de Los Ladrilleros tampoco fue suficiente para desahogar las tormentas y como consecuencia dejó en la ruina a cientos de pobladores que ayer cumplieron 3 días inundados y sin que nadie los auxilie.

Es inaplazable ya que la autoridad estatal y los municipios metropolitanos, en el espacio de interlocución y orientación técnica que por ley debe brindar el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), se pongan a revisar las negligencias y corruptelas que han agravado los estragos por el copioso temporal de lluvias combinado con el desorden urbano, y lo más importante, empezar a asumir compromisos para asignar presupuestos con los que se empiece a actualizar la infraestructura hidráulica a todas luces insuficiente, y que debe ser una prioridad en el gasto público.

En el Imeplan, por ejemplo, se podría retomar lo que alguna vez se buscó lograr en el SIAPA, cuando se diseñó un plan multianual de inversiones para mitigar a corto plazo y erradicar paulatinamente el creciente problema de las inundaciones, con la obligación legal de mantener ese plan de inversiones independientemente de los vaivenes políticos y transiciones de gobiernos. La actual clase política y gubernamental retomó este compromiso en 2016, pero todo quedó sólo en el discurso.

Está claro, pues, que se debe generar presión desde la ciudadanía para que se respete esta prioridad urbana y no quede a discreción de los gobiernos y a sus criterios político-electorales, que erróneamente siempre les dictan que las obras enterradas no les son redituables para su popularidad. Ese debe ser el papel del Consejo Ciudadano del Imeplan que en teoría es la esfera que vela por los intereses de la comunidad y que debe cuidar el carácter técnico e independiente de este organismo, pero cuyos integrantes tienen años silenciados. Ojalá tanto desastre, sufrimiento y damnificados los despierten.

Ya suenan en la radio los anuncios sobre los 3os. informes de las administraciones municipales. ¿Qué nos van a informar los alcaldes interinos? Básicamente del arte de calentar la silla. Mientras el alcalde se fue a buscar, con éxito o sin él, la reelección, los que se quedaron al frente no tomaron decisiones y en el mejor de los casos se dedicaron a operar, desde las alcaldías y con el presupuesto de la ciudad, las elecciones.

Tras los comicios de junio pasado, los primeros en los que la reelección de alcaldes se dio en todo el país, vale la pena valorar este mecanismo de nuestra democracia que permite la continuidad de administraciones municipales. La reelección es sin duda un avance en nuestro sistema político. Haciendo gala al dicho de que "el que con leche se quema le sopla hasta el jocoque", el sistema político postrevolucionario hizo de la no reelección el lema del Estado. Hoy, acotada a diputados y presidentes municipales, la posibilidad de continuidad es una opción para los ciudadanos. La mayoría de las ciudades que tienen mejoras sustanciales en su calidad de vida han tenido buenos alcaldes gobernando por largos periodos.

Si de algo podemos estar seguros es que todos los presidentes municipales buscarán estar en la boleta en la siguiente elección, sea para reelegirse, sea para buscar otro cargo. Esa es la naturaleza de la política. Igualmente podemos asegurar que los 3os. años con alcaldes interinos han sido los peores de cada administración. Lo que resulta absurdo es que las ciudades queden suspendidas en la indefinición merced a los procesos electorales. Por motivos políticos, de 1997 para acá, de 8 alcaldes electos en Guadalajara solo 3 terminaron su periodo. Esto es, 20% del tiempo efectivo de gobierno ha quedado en periodos de interinato que en la práctica no son sin actualizaciones del desaparecido limbo.

Tenemos que buscar que las ciudades puedan seguir su rumbo, que las decisiones fundamentales y la operación de los servicios básicos funcionen con titulares o suplentes en la silla. Eso requiere que volvamos a la idea de los gerentes de ciudad, pero gerentes en serio, no políticos con ese nombramiento que terminarán también por irse a las campañas, como sucedió en Guadalajara.

Preparémonos para escuchar los informes de un año perdido y comencemos, de nuevo, la batalla por la profesionalización del servicio público y el servicio civil de carrera.

Cuánto valor, o cuánto cinismo, deben tener los alcaldes salientes para atreverse a pasear su bello rostro por las colonias que, en los últimos días, han resentido los estragos de las lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara.

Imagínate: el o la alcaldesa que fueron a pedirte votos y que te gobernaron durante 6 años hoy se plantan frente a tu casa, con cámaras y micrófonos encendidos, mientras hacen como que les importa que tus pertenencias, tus recuerdos, tu patrimonio, naden entre las aguas negras que brotaron durante las tormentas del fin de semana.

2 o 3 clics, unas cuantas fotos seleccionadas, un mensaje inspirador que las corone y, por supuesto, a subirlas a toda red social habida y por haber. Que ese corazón bondadoso luzca en cada rincón de la triple w.

Como herederos del desastre, lo más simple es pararse a entregar despensas, sacar frases matonas y contundentes como "no están solos" y, para que el montaje esté despejado de escépticos, afirmar que tus cosas están perdidas entre el lodo porque ocurrió una malvada lluvia atípica.

No hay pierde. Esa es la fórmula que nos recetan cada año.

Para qué se meten en detalles como la aprobación de permisos de habitabilidad en zonas de riesgo, de cobrar el impuesto predial a viviendas que no deberían estar ahí porque están ubicadas cerca de un arroyo que se llama "El Seco".

Además, si algún pelmazo se atreviera a discutirlo, también hay un argumento que mata todo debate: alguien más lo aprobó. Siempre fue algún corrupto del pasado quien provocó el escenario de lodo y heces en el que hoy ese alcalde con licencia se para, estoico, para entregar despensas y repartir noestansolos.

Y así. Y así. Y así. Administración tras administración, eso es lo que vamos a escuchar de nuestra bien entrenada clase política, que está ampliamente rebasada en sus hechos respecto al poder de su lengua.

Porque prometer es sólo el camino para llegar; ejecutar lo prometido ya sería un abuso. Pues ni que fueran... no sé... autoridades.

¿O no se acuerdan que ellos mismos acudieron con su mejor sonrisa y, arriba de una tarima, dijeron que ellos harían exactamente lo que no hicieron? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que las inundaciones serán cosa del pasado sólo con el poder de una tacha sobre el partido correcto el día de la elección?

La labia, su mejor arma, se desmorona cuando la naturaleza acecha. Porque son los ciudadanos los que arrojan basura a la calle y tienen la responsabilidad. Porque el calentamiento global es el autor material de cada vivienda destrozada. Porque es el alcalde del pasado, y nunca el del presente, el que autorizó los fraccionamientos que atoran el agua y desbordan presas y arroyos.

De las sanciones luego hablamos. Ni que una autoridad pudiera llevar a otra a prisión por las terribles omisiones de sus actos.

Ni que se pudiera ordenar una auditoría para revisar dónde están los millones invertidos en obras para mitigar las inundaciones que, lluvia tras lluvia, convierten a Guadalajara, la 2a. ciudad más importante de México, en un triste charco.

Nada de eso. Si algo nos ha demostrado el estilo Jalisco es que lo importante es entregar despensas a los damnificados y ensanchar esa cada vez más larga lista de ejemplos de cinismo en la política.

Las alianzas fueron una invención de algunos partidos chafitas para poder venderse al mejor postor. Y como nadie protestó, pues ya se quedaron como mala costumbre.

Lo verdaderamente democrático sería:
• No permitir las alianzas entre partidos. Son partidos políticos diferentes, porque tienen ideologías diferentes... Obvio.
• Que cada partido tenga sus propios candidatos.
• Que el registro de cada partido dependa de los resultados de cada elección. Si los candidatos de un partido no alcanzan el 10% de los votos, automáticamente el INE debe cancelarle el registro.
• Que cada partido cubra los gastos de su campaña con las aportaciones de sus seguidores (y no salgan con el pretexto de que "entonces los narcos financiarían las campañas", las financian ahora con el sistema actual y siempre las van a financiar).
• Y para evitar esa diferencia económica, que el gobierno compre espacios en los medios de comunicación y los reparta, por igual, entre todos los partidos.
• Y lo más importante: prohibir que se malgaste el dinero de los impuestos entregándoselo a los partidos políticos. Cero pagos a los partidos.

La idea es "Misma exposición por candidato". Iguales posibilidades para todos los partidos.

Eso, se llama democracia...

Ha quedado muerto y sepultado el ideal de una madurez democrática desde el momento en que los políticos dan al traste con todo apenas sienten amenazados sus intereses, no su autoridad, de la cual carecen.

Muy pronto hemos regresado a los tiempos del infantilismo político en que las gracias y los favores solamente se otorgaban a quienes mostraban total sumisión y ausencia de crítica a las acciones del gobierno. También a la nefasta época en que la insumisión traía consecuencias que se reflejaban en la nómina, en el presupuesto, en los cargos.

Ojalá y los nuevos alcaldes electos tengan la dignidad, la inteligencia y sobre todo la madurez política y la honestidad, para advertir que es la sociedad quien les pagará sus servicios, y que este servicio no deben comprometerlo en gratitudes de partido ni en banderías, ojalá llegué el día que un funcionario público, en el momento mismo de ser electo, renuncie a ese sistema corrupto de "te promuevo como candidato para que me apoyes en lo que sea... para que me cubras las espaldas... para que hagamos negocio...", todo, menos para que el funcionario desarrolle un servicio valioso, avalado por todos, que lo ponga por encima de partidismos y guerras sucias. Hay ausencias y presencias que hieren la ética de la democracia.

Los partidos políticos, en algún tiempo, pretendían representar los intereses de clase de la sociedad y asumían una postura ideológica clara y consecuente. Aunque al hacerlo les costara electores. Por ejemplo, los partidos comunistas y socialistas sabían que al afirmarse en sus posiciones ideológicas, los alejaría de sectores conservadores y altos ingresos. A la inversa, partidos conservadores y procatólicos se alejaban de sectores sociales más populares y progresistas.

En tiempos del capitalismo neoliberal, la mayoría de los partidos en México pretenden correrse al centro para evitar pronunciarse con claridad con temas polémicos como los privilegios de los sectores más ricos, el imperialismo, el aborto o los derechos de la diversidad sexual. Se manifiestan con ambigüedad para, supuestamente, no alejarse de potenciales electores que no estén de acuerdo con su plataforma. Uno de estos partidos es Movimiento Ciudadano (MC) que se presenta como un partido progresista. Incluso en su Declaración de Principios se asume como un partido socialdemócrata.

Este partido nació en 1997 con el nombre de Convergencia por la Democracia fundado por Dante Delgado un ex priista que fue gobernador de Veracruz y que tras dejar el cargo fue sentenciado y encarcelado por un presunto de desvío de 450 millones de pesos. Él se dijo perseguido por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. En 2011 Convergencia cambió su nombre a Movimiento Ciudadano.

Dante Delgado ofreció su partido a Enrique Alfaro Ramírez para competir con este membrete por la gubernatura de Jalisco en 2012. Antes Alfaro había bebido de la política en la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), que presidió su padre del mismo nombre, y en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Tras participar en elecciones por el PRI, Alfaro se pasó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) para competir por la alcaldía de Tlajomulco, Jalisco en 2009.

Como se sabe, tras el exitoso desempeño político de Enrique Alfaro en Tlajomulco, MC lo postuló como candidato a la gubernatura de Jalisco en 2012, en la que perdió frente al priista Aristóteles Sandoval Díaz. Desde entonces, el anterior jefe político de antes Convergencia y ahora MC, Dante Delgado hipotecó esta organización política al alfarismo.

Pero mientras más fuerza electoral y política gana, menos consistencia ideológica tiene este partido. Un ejemplo concreto es el reclamo-amenaza que 33 agrupaciones conservadoras lanzaron a los diputados federales de MC el pasado miércoles en un desplegado en el diario Mural. El mensaje dice: "Movimiento Ciudadano fue un dique a Morena en las pasadas elecciones, pero la sociedad jalisciense no firmó un cheque en blanco para ustedes. Exigiremos que la iniciativas que presenten y que voten, garanticen el derecho a la vida, desde la concepción y hasta la muerte natural, y denunciaremos todo aquello que atente contra la familia y busque imponer la ideología de género. Recuerden que su futuro político depende en gran medida de nuestro voto".

¿Quiénes firman? Entre las 33 organizaciones aparecen entidades claramente conservadoras, procatólicas y contrarias al derecho de mujeres y personas de la diversidad sexual. Aparecen la Unión Nacional Sinarquista, Asociación Nacional Cívica Femenina, Rosario Milagro por México, Apóstoles Guadalupanos, Salvemos a México, Vida más familia, Misión Rescate México, Unión Provida, Frente Nacional por la Familia.

Claramente son agrupaciones de derecha, conservadoras y que se niegan, entre otros derechos, el de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos o de los homosexuales a casarse y tener hijos. Hay agrupaciones en este grupo que postulan que rezando diario el rosario al seno de cada familia, se arreglarán los grandes problemas nacionales. Son organizaciones que anteriormente eran base de apoyo del Partido Acción Nacional (PAN) y se situaban a la derecha de este partido de derecha.

¿Hay un acuerdo o alianza explícita entre MC y este conjunto de organizaciones derechistas? ¿Es ahora MC el nuevo partido de la derecha en México? Al parecer, sí.

El Instituto Nacional Electoral (INE) multó a Morena con 4'529,225.06 pesos y al Partido del Trabajo con 119'870,694.18 pesos, tras acreditar esquemas de financiamiento irregular.

El Consejo General del INE también confirmó la multa en contra de Movimiento Ciudadano, de 28'053,000 pesos, por la obtención de recursos en beneficio del entonces candidato al cargo de gobernador de Nuevo León, Samuel García.

En sesión extraordinaria, determinó que durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez, actual titular de la Secretaría de Educación Pública, como presidenta municipal de Texcoco (2013-2015) se instrumentó un sistema de financiamiento paralelo, el cual se tradujo en recursos que beneficiaron a Morena por 2'114,612.5 pesos y que no fueron reportados.

En un comunicado, el INE detalló que la sanción a Morena es por una queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) desde 2017 en la que denunció "descuentos aplicados a los entonces empleados del municipio de Texcoco y del DIF municipal", para la conformación de Morena como partido político y a la eventual candidatura de Gómez Álvarez a la diputación federal y a la gubernatura del Estado de México.

Con cambios de último momento para suprimir aspectos como facultar a la Comisión de Selección para destituir a integrantes del Comité de Participación Social (CPS), el Congreso de Jalisco aprobó un paquete de modificaciones a 17 leyes y a la Constitución estatal, conocido como la reforma anticorrupción 2.0.

El acuerdo se aprobó con 34 votos a favor en lo general pero legisladores de Morena y PRI propusieron cambios en lo particular en algunos artículos que fueron rechazados.

La morenista, María Esther López Chávez, sostuvo que los ajustes hechos al dictamen se les entregaron minutos antes de la sesión, sin que les diera tiempo de revisarlo. Señaló inconsistencias en el proceso de aprobación de la modificación constitucional.

El diputado Enrique Velázquez lamentó que con los cambios a la Ley de Justicia Administrativa le dan "súperpoderes" al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa con la facultad de atraer cualquier asunto, la priista Sofía García se sumó a los cuestionamientos por la ampliación de atribuciones. La integración de los Comités de Adquisiciones fueron otro foco de inconformidad de legisladores de oposición.

Por su parte, la diputada Mara Robles Villaseñor se reservó los artículos relacionados con facultar a la Comisión de Selección para remover a integrantes del CPS; aspecto que sí prosperó y se eliminó del dictamen.

El emecista Jonadab Martínez dijo que, aunque en lo aprobado hay cosas mejorables, en general la reforma fortalece el combate a la corrupción y escuchó voces de las organizaciones civiles y empresariales.

Entre las modificaciones aprobadas está facultar a la Fiscalía Anticorrupción para identificar y asegurar bienes en los delitos asociados a la corrupción. En el Código Penal estatal se incluyen como delitos relacionados con corrupción la defraudación fiscal y el uso de recursos de procedencia ilícita, considera sanción de 5 a 15 años de prisión.

En la modificación constitucional, se da autonomía técnica y de gestión a la Contraloría del Estado como órgano interno de control del poder ejecutivo del estado. En el paquete avanzó la modificación a la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara para armonizar su contraloría con la legislación anticorrupción, se dejó al Consejo General Universitario realizar el proceso y designar a su titular.

Aunque se modificó de último momento para suprimir la posibilidad de que la Comisión de Selección remueva a integrantes del Comité de Participación Social (CPS), activistas y el propio organismo señalaron ausencias y deficiencias en la "reforma anticorrupción 2.0", plantean que en materia del servicio profesional de carrera se incorporó lo opuesto a lo propuesto en la iniciativa original que pretendía privilegiar la capacidad, integridad y paridad en los cargos. Además de que no se crea una ley de designaciones públicas.

También omiten dotar a la Fiscalía Anticorrupción de una Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción como se propuso, para acreditar delitos de este tipo. Se descartó tipificar los delitos contra el desarrollo urbano y el de corrupción en los negocios y el deporte.

Advierten que se limita la autonomía de gestión de los órganos internos de control (OIC) al desaparecer la atribución de nombrar y remover a su personal. Además, reiteran que la cancelación de honorarios a los integrantes del CPS, avalada previamente, afecta su autonomía.

Otro pendiente es que no contempla un sistema abierto de compras y a pesar de crear el Registro de Empresas Pro Integridad del Estado no se le considera como requisito indispensable para ser proveedor.

El conflicto entre el gobierno estatal y el Grupo UdeG tiene un nuevo capítulo y la medición de fuerzas se trasladó al poder judicial.

Como en la escuelita de la meritocracia, con el esquema de premios y castigos, consejeros de la Judicatura aprobaron cambios en adscripciones de jueces de 1a. instancia. Para aliados naranjas, panistas o priistas, hubo espacios en juzgados de la zona metropolitana de Guadalajara; para los adversarios que huelen a león negro, el "exilio" en municipios lejanos como Colotlán o Teocaltiche.

Aunque los consejeros digan que en su decisión no hay intereses extraños ni intervención desde el poder ejecutivo, cuesta mucho creerles y la memoria de corto plazo nos recuerda cómo llegaron al "hueso" Iván Novia Cruz, Claudia Esperanza Rivera Maytorena y Tatiana Esther Anaya Zúñiga, todos producto de un proceso de selección en donde descaradamente se impuso el principio de cuates y cuotas orquestado por MC y sus aliados.

Los cambios de adscripción en premio y castigo fueron avalados por el magistrado y presidente de la Judicatura, Daniel Espinosa Licón, que con su respaldo muestra que no niega la cruz de su parroquia emecista gracias a la que llegó a la magistratura y también deja claro que estamos muy lejos de la tan cacaraqueada autonomía y división de poderes.

Todo indica que no importa si la administración es azul, tricolor o naranja: el judicial se alinea con el ejecutivo casi por inercia.

Tuvieron que pasar las elecciones, y Alfaro recibir en Jalisco el apoyo de las mayorías, para que cambiara su estrategia, desandara caminos como el de la transparencia y la cordialidad, para romper y empezar a pasar facturas, por ejemplo al Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Estado (quitándoles sueldos), anulando la participación de los jóvenes empresarios del CCIJ como testigos de privilegio en la Ley de Compras del Estado (ambas medidas una invitación monumental a sospechar de la transparencia y honradez del gobierno) y desde luego el pleito contra el Grupo Universidad, que no es poca cosa.

Tal parece que los pleitos entre políticos son parte de su ADN.

Desafortunadamente algunos de los temas que utilizan como pretextos y rehenes en la contienda suelen ser asuntos que tendrían un profundo interés popular pero que al ser "tocados" por la política se contaminan y distorsionan.

Ahora resulta que son los medios de comunicación los que generan miedo en la población y evitan que los menores regresen a clases presenciales, según dijo el gobernador de Jalisco en su "regañera" semanal.

Seguro nada tiene que ver la falta de campañas de comunicación desde el gobierno estatal para generar confianza en las familias a fin de que se sientan seguras de llevar a sus hijos e hijas a las escuelas.

El sabotaje al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), a cargo de la bancada del partido Movimiento Ciudadano y de sus aliados incondicionales del PAN en la insufrible 62 Legislatura local, quedó consumado el lunes pasado.

Y es que junto con la vengativa quita salarial a las y los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del SEA, la reforma aprobada ignoró la gran mayoría de los planteamientos prometidos en la reforma anticorrupción 2.0, escupiendo y pisoteando así el esfuerzo de muchas y muchos jaliscienses que creyeron en el proceso de parlamento abierto al que convocó en el 2019 la ex diputada local emecista y a partir de hoy legisladora federal por Jalisco, Mirza Flores, como presidenta de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción.

Esta simulación y burla al trabajo de muchas organizaciones ciudadanas del ámbito académico, social y empresarial que trabajaron durante junio y julio del 2019 en 6 mesas de trabajo ya se veía venir cuando desde diciembre de ese mismo año se metió a la congeladora legislativa el dictamen de la Reforma Anticorrupción 2.0, nunca se debatió en las comisiones legislativas correspondientes y llegó hasta el pleno del congreso el lunes pasado convertido en una iniciativa que nada tiene que ver con las conclusiones aprobadas por las y los diputados que participaron en aquel proceso de legislación abierta, que hoy, sin pudor alguno, tiran a la basura.

De hecho esa reforma fue fruto del Pacto por la Integridad y por el Bien Ser del Estado, para combatir la corrupción y la impunidad, al que convocó el 28 de marzo del 2019 en el marco del 130 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara, el entonces líder de los comerciantes en la entidad, Xavier Orendáin, quien se incorporó al gobierno estatal alfarista, y desde donde el silencio que impera parece avalar este atropello de la bancada de su partido Movimiento Ciudadano en el congreso local contra los jaliscienses.

En el dictamen inicial se planteaban modificaciones constitucionales y cambios a 15 leyes estatales que buscaban mejorar la articulación y fortalecer las instancias y dependencias que integran el Sistema Estatal Anticorrupción (Fiscalía Anticorrupción, Contraloría Estatal, el Instituto de Transparencia, la Auditoría Superior del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa), pero las y los diputadas de MC y del PAN hicieron todo lo contrario al golpear al CPS, que representaba el espacio ciudadano que por 1a. vez integraba un modelo anticorrupción.

Planteaba además implementar un modelo abierto de adquisiciones y contrataciones gubernamentales, y una Ley de Designaciones, entre otras cosas.

Con esa reforma se pretendía relanzar un Sistema Estatal Anticorrupción que a 4 años de su creación está lejos de cumplir con las expectativas en el combate a la corrupción y la impunidad en Jalisco.

Este atentado al SEA, además de poner en jaque esa posibilidad y sumir hasta el fondo del desprestigio a una legislatura que quedará como una de las peores de la historia, es prueba también que nuestra clase política y gubernamental volvió a optar por perpetuar estos lastres y no exponerse a ser sancionados por un sistema anticorrupción funcional.

La controversia constitucional que revierta esta afrenta del congreso a la ciudadanía y el recuerdo siempre de las y los legisladores que la votaron a favor sin empacho alguno, debe ser el reinicio para continuar con el anhelo social de acabar con las corruptelas, los excesos y los abusos de políticos y funcionarios públicos, que siempre se resistirán a ser fiscalizados y pescados en sus triquiñuelas.

Vía fast track, los diputados locales avalaron la reforma para eliminar el sueldo a integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción.

En la discusión del tema, el panista Jesús Hurtado defendió su propuesta a gritos y desde la tribuna dijo que el uso de recursos públicos contamina a los organismos ciudadanos.

Vehemente, aseveró que quien fiscaliza recursos públicos no debe usarlos, al diputado se le olvidó que son el poder legislativo y la auditoría estatal los responsables de la fiscalización y revisión de cuentas públicas; ¿o será que Hurtado nos sorprende y presentará una propuesta para también suprimir el salario de los legisladores y del auditor?

Los excesos de los gobernantes son tan seguidos que no afectan y serían desilusionantes sólo si usted esperaba algo de ellos, lo cual en mi caso no ha sucedido ya que, eliminando a los líderes de los grupos originarios cuyas vidas no conozco, creo firmemente que todos, absolutamente todos, los 63 virreyes, los 65 presidentes, los 2 emperadores y los miembros de las juntas de notables han sido dañeros para la población.

Oficialmente México es una democracia representativa ¿eso qué significa? Que la sociedad firma un cheque en blanco y lo entrega a sus gobernantes con la confianza de que ellos lo manejarán buscando siempre lo mejor para todos, o por lo menos para la mayoría. 200 años de experiencia nos deberían haber persuadido de que ya no es posible seguir actuando de esa manera, los miles y miles de cheques en blanco que los mexicanos han firmado cada que hay un proceso electoral, han sido objeto de abusos y fraudes una y otra vez, con o sin vacíos legales, que para todo ha habido maña.

Si un gobierno federal, estatal o municipal, adquiere bienes con recursos públicos, es decir, con el dinero de la gente, debe pedir la opinión de la gente a la hora de querer vender o permutar los bienes adquiridos, pero que yo sepa no existe una ley que imponga esta obligación a las autoridades en turno, razón por la cual las susodichas autoridades hacen y deshacen lo que les parece con los bienes públicos, y cuando la gente se entera ya es demasiado tarde, la autoridad actúa de acuerdo a las facultades que las leyes les otorgan, sin que la sociedad sepa que existían esas leyes o quién y cuándo las promulgaron.

Ocurren entonces los encontronazos, los conflictos y la prepotencia de quienes amparados en leyes ajenas al bien común quieren hacer valer sus operaciones del tipo que sean, como hemos visto en el caso de Huentitán, donde los recursos manejados por la autoridad son "legales", pero no puede ser legal la manera en que se legitima, a espaldas de la ciudadanía, esta manera de manejar los recursos que son de todos.

Cierto, las inmobiliarias abren fuentes de trabajo, obtienen cuantiosas ganancias, pero también generan secuelas, sobre todo por la ausencia de garantías que los obliguen a cumplir todo lo que prometen a propósito de la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, la prevención de impactos, etc.

¿Qué es lo que nos impide conciliar honestamente los intereses en juego? ¿Es que todos están decididos a arruinar lo que queda de esta ciudad y del estado, con tal de lograr el enriquecimiento personal y el poder político?

De Tesistán a Huentitan, de Huentitán a Tonalá, de Tonalá a Tlajomulco, de Tlajomulco a Chapala, de Chapala a Tapalpa y Mazamitla, de Mazamitla a la costa, todo es campo de una batalla terrible y devastadora que nadie puede controlar, pero ni quiere hacerlo sea desde el poder, sea desde los millonarios inversionistas, estamos a merced de la codicia de unos y otros, arruinando todo tipo de ecosistemas, enfermando a la sociedad, provocando enfrentamientos, acumulando impotencias y frustraciones que luego estallan en conflictos más serios, para que luego nos venga la autoridad con la cantinela de que se están "politizando" las reacciones a este tipo de manejos.

Un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) sin espíritu de cuerpo, desarticulado, mudo y supeditado a los designios del poder dejó más que vulnerable a su Comité de Participación Social (CPS), único componente ciudadano de ese órgano colegiado que representaba una esperanza de que por fin se pudiera iniciar un esfuerzo serio de combate a la corrupción y a la impunidad que siempre ha pervertido y podrido, salvo muy pocas y honrosas excepciones, a nuestra clase política y gubernamental.

Ante la nueva embestida de las y los diputados del partido Movimiento Ciudadano y sus incondicionales colegas panistas, a los que dictaron la iniciativa aprobada ya en la Comisión de Responsabilidades que encabeza la legisladora emecista Mirza Flores, que deja sin sueldo a los integrantes del CPS, y se ensaña al no permitirles trabajar en ningún otro lado, las y los titulares de los organismos que integran el SEA (la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Administrativo, el Supremo Tribunal, el Instituto de Transparencia y la Contraloría General del Estado) han guardado una indiferencia y silencio bochornoso, que confirma su tibieza, deja claro a quién obedecen y que nunca estuvieron a la altura necesaria para cumplir la grave tarea que deben a la ciudadanía.

Esta vergonzosa iniciativa, justificada en un supuesto afán de escuchar los reclamos populares de austeridad de un congreso que domina el partido del gobernador Enrique Alfaro y que le ha permitido un endeudamiento récord de Jalisco, es una clara venganza a un CPS que, cuando se decidió a cumplir su papel, les resultó sumamente incómodo.

Ya habían querido avasallarlos el año pasado que el CPS criticó y descalificó el asalto al Consejo de la Judicatura, cuando de madrugada las y los diputados, en un muy desaseado proceso que violó incluso la convocatoria que ellos mismos habían diseñado, impusieron a 3 integrantes de este cuerpo colegiado, sin aprobar los exámenes correspondientes, sólo por ser incondicionales de MC y del PAN.

La rijosidad del poder y las instrucciones de exterminar a esta esfera ciudadana del SEA crecieron cuando se pusieron a investigar también la multimillonaria y controvertida licitación del programa A Toda Máquina que por más de 3,600 millones de pesos realizó el gobierno de Enrique Alfaro.

Sería ingenuo pensar que las y los diputados recapacitarán y rechazarán en el pleno hoy esta iniciativa que acabará de sumir en el desprestigio la Legislatura 62.

Pero a lo que si podemos apostar es que como comunidad arropemos y acompañemos la lucha que tendrán que dar las y los miembros del CPS, que encabeza Annel Vázquez, para que no se imponga este abuso de poder con el que la clase política y gubernamental quiere perpetuar su impunidad.

Está ahí claramente el camino de la controversia constitucional por la jurisprudencia creada con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desechó una iniciativa similar con la que en Baja California se querían eliminar también las contraprestaciones de su CPS. Vayamos con ellos.

Sin discusión, reafirmando el estilo naranja de esta legislatura, los diputados de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Jalisco aprobaron en comisiones una iniciativa del diputado panista José de Jesús Hurtado para quitarle el sueldo a los miembros del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, una reforma cuya única finalidad es debilitar un sistema que con dificultad va creciendo y que comienza a ser incómodo, particularmente para el gobernador Alfaro. Hoy o mañana esta iniciativa pasará al pleno y si nada se interpone en el camino de la alianza legislativa de PAN-MC para el fin de semana será un hecho consumado.

¿Hace alguna diferencia al erario que 5 funcionarios tengan un sueldo de alrededor de 80,000 pesos? Nos puede parecer mucho o poco, como todos los sueldos de la función pública, pero 5 millones de pesos al año no hacen cosquillas al presupuesto. Argumentar el ahorro de estos pesos para eliminar el sueldo de los comisionados es francamente ridículo. El problema está en otra parte.

El Comité de Participación Social es el órgano colegiado que articula el sistema anticorrupción. Desde su nacimiento su conformación ha sido muy debatida, no le gustó a ninguno de los grupos de poder, lo cual, sostengo, habla bien del trabajo de la Comisión de Selección. Para que el comité funcione tiene que incomodar al poder en turno y a los poderes fácticos. Eso es lo que está en el fondo de esta llamada ley Hurtado. Para el gobernador Alfaro algunas decisiones del comité han resultado sumamente incómodas, 2 de ellas las más evidentes. La 1a. fue la vigilancia y sanción negativa del proceso de nombramiento de magistrados del poder judicial, en el que se hizo un burdo reparto de cuotas y cuates, y la 2a. la investigación especial que se abrió por el caso A Toda Máquina.

La reforma se hace además en un momento muy delicado para el comité, justo cuando está por lanzarse la convocatoria para la selección, como cada año, para elegir un nuevo miembro. La eliminación del incentivo económico para una encomienda que implica trabajo y desgaste provocará que los perfiles que se inscriban en el proceso de selección sean en su mayoría miembros de grupos políticos con filias, fobias e intereses específicos. Si ya era complejo el trabajo de la comisión, esta iniciativa no hace sino ahuyentar a los perfiles de mayor nivel.

Podemos, debemos, discutir los sueldos públicos del gobernador para abajo, pasando por supuesto por los diputados. Podemos, debemos discutir el trabajo de los comisionados y los resultados del sistema anticorrupción. Pero anular con este tipo de iniciativas la viabilidad del sistema simplemente porque el gobernador no le gusta es un retroceso en el sistema de pesos y contrapesos fundamentales en una democracia.

A pesar de que saben que la medida contradice resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputados de Movimiento Ciudadano y del PAN no quisieron quedarse con las ganas de darles un llegue a los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción y aprobaron en comisiones la reforma para suprimirles el sueldo.

Aunque lo niegan en público, para más de un legislador la medida es una revancha contra el CPS por haberse salido del huacal y ponerlos en evidencia en casos como los nombramientos de consejeros de la Judicatura.

Antes de saltar a la Cámara de Diputados, la emecista Mirza Flores seguirá levantando polvareda y, además de quitarles las quincenas al CPS, trae entre manos una reforma a la contraloría interna de la Universidad de Guadalajara, en lo que podría ser un nuevo capítulo de la confrontación entre naranjas y leones negros.

La reforma para extinguir los honorarios de los integrantes del Comité de Participación Social atenta contra toda la estructura de combate a la corrupción consideró, Cecilia Díaz Romo, integrante del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (Seajal).

La activista sostuvo que la medida es contradictoria, pues si los legisladores buscan la autonomía del comité, al dejarlos sin ingresos comprometen su independencia ya que quienes lo conforman tendrían que buscar un medio de sustento y combinarlo con su labor de tiempo completo en el organismo.

"Están usando esta medida para acabar con un espacio ciudadano y eso es lo que nos preocupa, porque independientemente de quienes estén ahora ocupando esas 5 posiciones el Comité de Participación Social es un logro ciudadano que está para ayudar a que el sistema logre poco a poco la prevención de la corrupción, que no se va a acabar. La medida es un pretexto, si pasa es sólo para obstruir el avance del sistema", dijo.

En su más reciente evaluación, el Observatorio advirtió retrocesos en el Seajal por la falta de sanciones y de un equipo operativo que agilice la coordinación entre las instancias que lo integran. Pidieron que el Comité de Participación Social haga un esfuerzo mayor en generar unión, 1o. entre sus mismos integrantes, para luego abocarse a facilitar el diálogo entre cada una de las instancias públicas del sistema.

Sobre la posibilidad de que este viernes se aprueben por la vía rápida un paquete de reformas al Sistema Anticorrupción, la representante del Observatorio dijo desconocer el dictamen pues no han sido consultados al respecto. Planteó que prefieren que haya una discusión detallada de las reformas en lugar de avalar temas al vapor que pudieran ser regresivos.

La llamada Reforma Anticorrupción 2.0 contemplaba desarrollar un modelo abierto de adquisiciones y contrataciones gubernamentales vía blockchain, testigo social o la declaración jurada; impulsar la integridad empresarial; crear una Unidad de Análisis Financiero en la Fiscalía Anticorrupción; revisar la estructura operativa de diversas instancias del sistema. También impulsar una ley de Designaciones Públicas y del Servicio Profesional de Carrera. Fue impulsada por Xavier Orendain de Obeso, ex presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), promotor del Pacto por la integridad y por el bien ser de Jalisco; quien ahora forma parte del gabinete estatal.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el lunes por la tarde la distribución de las curules para diputados de los 7 partidos que tendrán representación en la Cámara de Diputados.

Por los 2 principios de representación: mayoría relativa y representación proporcional, el PAN obtiene 114 curules; el PRI 70; el PRD 15; PT 37; PVEM 43; Movimiento Ciudadano 23 y Morena 198.

Morena y sus aliados (PT y PVEM) suman 278 curules, mientras que la oposición (PAN, PRD, PRI y MC) suma 222 espacios.

Ninguna fuerza política tendrá sobrerrepresentación en el congreso, tal cual lo especifica la Constitución. Tampoco, ninguna fuerza política excede las 300 diputaciones.

Con el conteo, ningún partido alcanza una mayoría absoluta y tampoco ninguna coalición.

Poco o nada bueno puede decirse de una legislatura como la que está a punto de terminar en Jalisco: los olvidables diputados en turno se han distinguido por la atención prioritaria a sus redes sociales y descuidado enormemente la agenda para la cual se les eligió... a menos que la orden venga de su verdadero jefe: el poder ejecutivo.

En la teoría, cada uno de los poderes del estado tiene independencia del otro. En la teoría, claro, porque, en la práctica, los diputados y los jueces siempre se han sometido al gobernador que va pasando. Y a estas alturas, eso no debería causar más sorpresa en un estado como Jalisco... salvo que el slogan de quienes hace no mucho nos rogaron por el voto sea la refundación, el cambiar la historia o, lo que ahora buscan imponer como moda: la defensa de la entidad.

En el Jalisco del Siglo XXI, ése que ha sobrevivido al PAN, al PRI y ahora hace lo propio con Movimiento Ciudadano, a pocos impactaría una cerrazón legislativa como la actual. Una que, con total cinismo, llama a comparecer a secretarios de estado sólo para ponerse a sus pies y convertir un ejercicio de rendición de cuentas en una convivencia con los fans.

Y entonces, surge el verdadero problema: acostumbrarse. Resignarse a que, sin importar los emotivos discursos que nos venden cuando no son nada, una vez con el voto a su favor sus prácticas se reducirán a hacer lo mismo que los de antes; a funcionar al mismo ritmo en el mierdero que las legislaturas pasadas y la presente han construido.

Es esa memoria de mediano y largo plazo que nos empeñamos en mantener activa la que hoy ha convencido a alguno que otro funcionario con poder que la prensa, los medios, quienes opinan, son sus enemigos.

Imagínate nomás: los medios y no su verborrea. El cinismo ha llegado al extremo de culpar al mensajero y no a su horrible desempeño. Así se condujeron los de antes; así se conducen los de hoy.

A 70 días de que concluya la Legislatura 62: una de las peores que han votado en Jalisco, los antecedentes que nos heredan nuestros representantes de elección popular son, cuando menos, una prueba de mezquindad que no debe repetirse.

Esta legislatura de chocolate se irá por la puerta de atrás, con su aval a un adeudo por 6,200 millones de pesos para hacer frente a la pandemia, con otro empréstito del que ya nadie se quiere acordar por 5,250 millones para "inversión pública productiva" (11,450 millones en suma), con una turbia selección por cuotas en el Consejo de la Judicatura, con la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, con una comparecencia de adorno con el fiscal en la que éste reconoció que el crimen organizado está infiltrado en la Fiscalía... y no pasó nada.

Para acabar pronto, a estos 3 años sólo les faltó un Enrique Aubry sentado en una curul para ganar la Consuvenia Dorada.

Y, como siempre se puede ser más lamentable, los diputados de Movimiento Ciudadano decidieron que ya no era necesario trabajar de más y no llamar a comparecer a los funcionarios del Gabinete de Desarrollo Económico.

¿Para qué querríamos los jaliscienses que nos expliquen por qué usaron parte del fondo Covid-19 en juntas en bares, restaurantes de cortes finos, cafés, bufetes, pruebas privadas para servidores públicos selectos y hasta mascarillas a la carta? Demasiada chamba, que lo haga alguien más.

Los diputados refundadores (ajá: los de MC, salvo Rosa Alba Ramírez Nachis, quien ni siquiera llegó a la votación) y un comparsa de Morena (Arturo Lemus Herrera) decidieron que ya estuvo de comparecencias y, sin argumentos, rechazaron que los funcionarios estatales nos aclararan esos gastos. Total: la mayoría de ellos iba sólo a pedir autógrafos.

El desolador panorama con el que cierra esta legislatura de rockstars del Instagram y del TikTok hereda un legado bastante sencillo para los diputados en puerta. La vara ha quedado lo bastante baja, pero no sólo para que los herederos de curules cambien el rumbo, sino para que los ciudadanos castiguen con el olvido los nombres de los muchos diputados que atendieron intereses personales por encima de los de Jalisco.

Las excesivas atribuciones que se le fueron colgando al antiguo IFE en respuesta a las críticas y denuncias, exigieron un aparato oneroso y burocrático diseñado para micro gestionar gastos y actividades de campaña en lo formal, aunque en la práctica quedó envuelto en un esquema que permite el saqueo de las arcas públicas por parte de las dirigencias de los partidos. Se sustituyó al presidencialismo por una partidocracia ejercida a través de las fracciones mayoritarias en las cámaras. No es posible pensar que el sistema electoral mexicano sea intocable a la vista de excrecencias como el Partido Verde o [el] del Trabajo, en manos de familias y allegados, multimillonarios gracias a su habilidad para explotar las fallas del sistema; tampoco es para presumir el enorme costo de las elecciones en México, comparado a países similares.

Pese a sus defectos, el sistema electoral de hoy constituye un avance abismal con respecto al que existía antes, que estaba sujeto a la Secretaría de Gobernación y organizado para asegurar el triunfo del partido en el poder. Mal que bien, nuestros comicios han conseguido el objetivo último de todo aparato electoral: ser el instrumento válido para la competencia y la transición política de poderes, de manera pacífica y reconocida por los actores en disputa. La mejor muestra es el triunfo del propio López Obrador. Imperfecto o no, es un sistema que permitió la llegada al poder de un proyecto que explícitamente se plantea un cambio de régimen y, al menos en teoría, a contraposición de las élites. Y eso no es poca cosa.

Hay razones legítimas para emprender cambios en el sistema electoral que nos rige, pero habría que estar atentos a que estos cambios sean un avance y no un retroceso en materia de independencia y neutralidad con respecto a los actores que se disputan el poder, y eso incluye al presidente y al obradorismo. Y más atentos habrá que estar al proceso de definición de la propuesta que haga Palacio Nacional sobre esta reforma. Incluso con la mejor de las intenciones, el resultado final terminará siendo aquello que pueda conciliarse entre actores que operan bajo la lógica del beneficio político partisano y de corto plazo. Ya no digamos del interés nacional; a veces, incluso, ni siquiera en función del éxito de su partido sino de sus posibilidades de seguir en control de la dirigencia del mismo.

Por más que un gobernante trate de cuidar su imagen, diseñar su personalidad y construir una narrativa sobre cómo quiere proyectarse, son las acciones concretas las que terminan definiendo a un personaje. Enrique Alfaro Ramírez se imaginó a sí mismo, y compró marketing para que le diseñaran una imagen de político fuera del sistema, distinto y que se proponía refundar la vida pública de Jalisco, es decir, poner en marcha una política radicalmente distinta a la de la partidocracia tradicional que sumió al estado en una crisis social, política y en la corrupción.

Pero episodios como el "halconazo tapatío" del 5 de junio de 2020 y el desalojo sorpresivo y violento de la madrugada del 19 de agosto a los manifestantes que mantenían un plantón en el terreno destinado a parque público, y que se quiere destinar a negocio inmobiliario, han terminado de pintar al personaje que gobierna Jalisco: un político irritable, intolerante a la crítica, regañón con los gobernados, pero que se pone de tapete para grandes negocios inmobiliarios, turísticos o industriales.

Un gobernante que abusa de la fuerza pública con los manifestantes, pero que no es capaz de enfrentar con esa misma virilidad y con la misma fuerza, a las redes que desaparecen jovencitas para trata de blancas, que no es capaz de desarticular a las bandas que privan de la libertad a familias enteras y que luego aparecen en las fosas clandestinas que se cavan por toda la zona metropolitana de Guadalajara, especialmente en los barrios más pobres de la urbe.

Ahora que están peleados nuevamente el grupo político que controla el Gobierno del Estado y el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara (UdeG), con Raúl Padilla López a la cabeza, conviene recordar que antes de que militantes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) se involucraran en esta legítima lucha urbana en defensa de su espacio público, vecinos de la zona como don Arturo Mendoza denunciaban las irregularidades y se oponían a todos los megaproyectos que gobernantes y empresarios privados diseñaron para reorganizar todo ese distrito que estaba destinado a un parque público y que tenía centros de enseñanza y entretenimiento tan importantes para toda la metrópoli, como el Planetario.

Pero lo que para un vecino de la zona podía ser un gran parque para su disfrute, y con el que seguramente mejorarían su entorno y calidad de vida, los desarrolladores inmobiliarios lo ven como tierra en "manos muertas" que con sus inversiones pueden valorizar. Y en alianza con gobernantes que en lugar de gobernar para todos se ponen de tapetes para que salgan adelante esos negocios, se diseñó para el distrito de Huentitán la privatización de cientos de miles de metros cuadrados de tierra para destinarlos al negocio del espectáculo (Fiestas de Octubre), del juego (palenque de gallos) y de negocios inmobiliarios y turísticos (Iconia).

Ya en varios espacios se ha explicado detalladamente cómo el traspaso de los terrenos expropiados en 1980 para destinarlos a un parque público y su concesión a empresas inmobiliarias para erigir, 1o. Puerta Guadalajara y hoy proyecto Iconia, es ilegal y sólo las complicidades de las autoridades con los desarrolladores han hecho que se mantenga.

Por eso era importante la toma de esos terrenos que llevaron a cabo los vecinos y estudiantes desde marzo de este año. Pero un negocio de miles de millones de pesos difícilmente iba a ceder tan fácilmente.

En junio de 2008, el empresario José María Andrés Villalobos, representante legal de quienes se ostentaban como propietarios de las tierras de la playa de Tenacatita, le declaró a nuestro colega de La Jornada, José Carlos G. Partida que incluso "a chingadazos, pero tarde o temprano habrá desalojo en Tenacatita". Sabía que tenía a los jueces y a la fuerza pública de su lado. Y en efecto, otro gobernador tapete de los intereses privados, Emilio González Márquez, autorizó enviar hasta 600 policías estatales para desalojar la playa donde los pobladores habían llegado medio siglo atrás [https://bit.ly/3j687uG].

Algo semejante deben haber pensado los dueños del negocio inmobiliario que se quiere hacer en terrenos destinados para un parque público: "a chingadazos, pero habrá desalojo". Y gracias a otro gobernador que se pone de tapete para los negocios inmobiliarios, hubo desalojo. Lamentable para la ciudad, porque se exhibe de nuevo que quienes deciden cómo y hacia donde se construye, son las empresas inmobiliarias y no el gobierno, y menos la sociedad. Lamento a quienes creyeron de buena fe que votaron por un gobernante diferente y por un proyecto que supuestamente iba a refundar la política en Jalisco. Terminó en triste gestor de los intereses inmobiliarios y del capital privado.

Los cada vez más grandes y numerosos puntos de inundación que se suman cada temporal en los atlas de riesgos de la metrópoli [tapatía] son la prueba más clara que al igual que las pasadas generaciones de políticos, los que ostentan actualmente el poder, presumiblemente más conscientes de la urgencia de resolver esta problemática, la siguen dejando de lado.

Prueba de ello es que se quedó en promesa lo que parecía un prometedor cambio. Me refiero al acuerdo de hace más de un lustro, a inicios de marzo del 2016, que firmaron los recién llegados alcaldes metropolitanos naranjas y el entonces gobernador priista Aristóteles Sandoval, para constituir una bolsa de 800 millones de pesos para iniciar obras de infraestructura hidráulica y empezar a abatir este problema urbano.

Ingenuamente dimos por hecho que se iba a poner fin de una vez por todas a la muy nociva idea de la añeja clase política que las obras "enterradas" son poco redituables electoralmente porque no se ven. Porque no son de relumbrón.

Desgraciadamente eso sólo quedó en promesas, y más allá de algunas obras hechas en el parque El Deán y en Los Arcos del Milenio, que siguen siendo zonas de alto riesgo por los niveles de inundación que presentan cuando llueve con intensidad, nunca se supo a ciencia cierta qué pasó con esa inversión, y lo peor de todo, fue una política golondrina.

Desde 2013, por ejemplo, el SIAPA calculó en 7,500 millones de pesos la inversión necesaria para actualizar el equipamiento hidráulico: 5,000 millones de pesos para cambiar los 1,800 kilómetros de redes de agua que estaban en aquel entonces a punto de cumplir su vida útil, y que representaban casi el 30% del total del drenaje de la ciudad; y para erradicar las cada vez más paralizantes inundaciones, era necesario la realización de 16 obras de colectores pluviales, que costaban 2,500 millones de pesos. Hoy esas obras deben costar muchos más y deben ser ya insuficientes.

Se volvió así a perder la oportunidad de arrancar la aplicación del Programa Multianual de Inversión de Obras planteado desde 3 años antes y que incluso podría servir para captar agua de lluvia como una alternativa más para dotar de este escaso recurso a la ciudad.

Por eso, por no priorizar este tema en sus presupuestos, la actual clase política y gubernamental pasará también como una generación de dirigentes que se inundó.

Enrique Alfaro no es el 1er. gobernador que busca imponer qué se debate en los medios y qué no. Todos de alguna u otra forma lo han intentado. Ni siquiera es el 1o. que explícitamente se enfrenta con los medios por definir los temas de debate; el también gobernador de Jalisco Francisco Ramírez Acuña lo intentó con aquella tronante declaración de "a mí nadie me impone la agenda". Tampoco pudo. La razón por la que ninguno lo logra es justamente porque los periodistas sabemos que cuando un tema molesta al poder hay información por descubrir. Algunas veces será, citando a otro ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas, "nomás por joder", porque así es la relación entre prensa y poder.

Si hay alguien ocurrente no son los periodistas sino los políticos. Alfaro tiene varias "ocurrencias" en su lista, como aquella de que habría que desmontar las vías de la Línea 3 para cambiar los famosos neoprenos o que la construcción de un tramo del acuaférico resolvería el problema del abasto de agua, cosa que evidentemente no sucedió. Pero mas allá de la batalla por las ocurrencias la pregunta es para qué quiere el gobernador dar una rueda de prensa semanal si cada semana la nota terminará siendo el enfrentamiento o regaño en turno.

Aceptando que siempre habrá ocurrencias de uno y otro lado, porque tanto el oficio del periodista como el del político implica un roce cotidiano y cambiante con la realidad, uno de los signos de salud de la democracia es que el gobernante en turno no tenga el monopolio de la discusión pública. Nadie ha estado tan cerca de esa monopolización como el presidente López Obrador, que dedica a ello la mayor parte de su energía y de su capital político a través de la Mañanera y, para bien de todos, tampoco lo ha logrado.

Un gobernante puede abstenerse de responder cuando se trata de tomar posiciones políticas y puede decir no tengo a la mano los datos y remitir la pregunta con un funcionario del gobierno cuando se trata de políticas públicas específicas de un área. Lo que no puede y no debe es calificar las preguntas simplemente porque le son incómodas o no le caen bien. Más temprano que tarde el gobernante terminará perdiendo la guerra de las ocurrencias.

La deficiencia legislativa es aprovechada por los profesionales de la impugnación y la distorsión jurídica.

La del legislador es una de las figuras del ámbito público más incompetente. De la clase política es la menos confiable para los mexicanos: el 73% confía poco o nada en ellos (INEGI, 2020). Puedo sostener, basado en la experiencia de entrevistar a decenas de diputados, que una gran cantidad de iniciativas y reformas se aprueban sin ser leídas siquiera por el diputado promovente.

En otras palabras, el diputado la hace, y nosotros la pagamos.

En materia de sanciones, en el 7o. informe público del Observatorio del Sistema Anticorrupción de Jalisco se señalan una serie de retrocesos; entre éstos, en materia de sanciones.

Se reporta que entre 2018 y 2020, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción judicializó 101 carpetas de investigación ante el Supremo Tribunal, de las cuales 24 procedían de algún órgano interno de control, pero hasta la fecha sólo se ha emitido una sentencia, que fue manejada por medio del proceso abreviado.

"Ahora nos preguntamos: ¿Quién está haciendo mal su trabajo? ¿Los órganos internos de control y la Fiscalía, cuyos procesos y denuncias, en su absoluta mayoría, fueron consideradas infundadas o mal trabajadas? ¿Los tribunales que desoyeron o no profundizaron lo necesario en los argumentos planteados por las instancias que presentaron los procedimientos o denuncias?".

Se señala que en el caso del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco se añade la histórica lentitud de su trabajo.

"No se ha podido analizar a detalle en qué consiste esta gran disparidad de criterios entre quienes investigan y juzgan, ya que las sentencias absolutorias de las Salas Unitarias no se han transparentado".

Agrega que esto preocupa, pues las sentencias están sentando precedentes negativos para futuros casos. "Vemos necesario, incluso urgente, que los órganos internos de control, la Fiscalía y los tribunales revisen y analicen conjuntamente y de forma genérica, no casuística, para no caer en conflictos de interés o faltas de ética, diferencias y graves contradicciones en las definiciones, criterios, normas, reglamentos y leyes relacionadas con la corrupción".

En el informe se resalta que cuando un acto corrupto detectado, investigado y sustanciado no se sanciona, se genera una dinámica contrapreventiva en el mecanismo de la corrupción y se cierra un círculo vicioso. "Si el funcionario público y la sociedad en general ven que la corrupción se sanciona, se irán disminuyendo los incentivos para repetir actos de este tipo. Así pues, la sanción efectiva, justa y oportuna de la corrupción es un elemento preventivo de 1er. orden".

La cosa funcionó, sólo para efectos de los acuerdos cupulares, buena parte del siglo XX y el vuelo duró algunos años después; luego, bueno, la democracia, una noción peculiar de ella; la emergente sociedad civil y sus secuela: la ciudadanización de las instituciones, una noción peculiar de ella; los derechos humanos, la transparencia, la libertad de expresión ampliada, la globalización, los imperativos medioambientales, las luchas de género, la dilución o resignificación de la idea de soberanía y el laberinto por el que todo lo anterior y lo previo tuvieron fatalmente que correr, hecho de las sucesivas crisis económicas que fueron consecuencia, en buena medida, de la corrupción y de las continuadas crisis políticas, retratadas en el talante deportivo de las elecciones, en las que sólo quedan ganadores, perdedores y la revancha por venir, sin matices, y en la Constitución de la república, patrimonio para desfigurar del sexenio en turno, con reflejos en los estados.

Los nuevos -pero- viejos arreglos políticos constriñeron la perinola: ahora cae en la cara "todos ponen" e inmediatamente al que la hace girar le toca, es infalible, "toma todo". Pero resulta que el presupuesto es finito, que la nómina que se paga con el erario tiene cupo limitado, que alzarse con el triunfo en los comicios es muy costoso (relativamente para cada posición en disputa), que el escrutinio público sí llega a ser molesto para gobernar, según los estándares mexicanos, y lo más incómodo e inútil para quien en determinado periodo rige y para las y los que componen la clase política: todo lo que no se hizo, que no se atendió antes de que tuvieran la clave de la bóveda, ahora reclama, así tal cual: reclama atención, no sólo política, es decir, en los discursos, también presupuestal.

Quien ahora puede tomar decisiones fulminantes no se convirtió en malo y su contrincante no se untó la piel de oveja para la eternidad; el juego que nos llevó a atisbar desde qué tan hondo debemos bregar para salir a la superficie en la que la gente podrá tener atención médica universal y también acceso a una educación acorde al siglo que habita, tiene reglas que sirven para que inopinadamente unos se calen el laurel de victoria, luego los otros, y asimismo contienen la posibilidad de que quienes hoy se hostilizan mañana se abracen. Nomás algo queda siempre en calidad de inmutable, la miseria política expresada en esa cara terrible de la perinola: todos, menos ellos, ponen.

La falta de sanciones y de un equipo operativo que agilice la coordinación entre las instancias integrantes; son algunos de los retrocesos identificados por el Observatorio del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco que presentó su 7o. informe sobre el funcionamiento del esquema creado para prevenir, combatir y sancionar la corrupción en Jalisco.

Cecilia Díaz Romo, integrante del Observatorio, consideró que a la fecha el sistema arroja pobres resultados en lo que se refiere a sanciones, argumentó que en parte se debe a la falta de continuidad en el trabajo de un equipo operativo que revise y detecte fracturas en el flujo de los procesos para buscar rutas de solución. Afirmó que desde la perspectiva del Observatorio esto representa un retroceso del Sistema a 3 años de estar operando.

"De los 91 procesos recibidos en el Tribunal de Justicia Administrativa, tres de ellos trabajados por la 5a. Sala Unitaria terminaron en sanciones relativamente leves porque se trató de casos que, aunque sí representaban faltas administrativas graves, fueron muy menores a los 6 casos absueltos, 4 de ellos incluso en 2a. instancia. Algo parecido sucede entre la Fiscalía Anticorrupción y el Supremo Tribunal de Justicia", expuso.

En el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, destacan que de 2018 a 2020 judicializó ante el Supremo Tribunal 101 carpetas de investigación de las cuales 24 procedían de algún órgano interno de control y, hasta ahora sólo ha habido una sentencia.

Como estancamientos señalan la demora en la aprobación de la reforma pendiente para aprobar la ley de designaciones, fortalecer a los órganos internos de control, dar autonomía a la Fiscalía Estatal y conformar el sistema estatal de fiscalización; entre otros.

En materia de avances se incluyó que el Sistema Anticorrupción de Jalisco ya está instalado en su totalidad y con alcances superiores a muchos de sus pares nacionales. También que la Política Estatal Anticorrupción fue evaluada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción como la mejor a nivel nacional. Además de que Jalisco es uno de los Estados con mayor avance en su integración a la Plataforma Digital Nacional.

Para mejorar la operación del Sistema, el Observatorio propuso reconstruir un ejercicio similar al realizado durante el 1er. año para que todas las instancias públicas que lo integran entrelacen y coordinen su trabajo permanente. Revisar y, de ser necesario, rediseñar el flujo de los procesos para agilizarlos. Permanentemente capacitar e intercambiar experiencias entre quienes arman procesos y denuncias y quienes juzgan. Revisar, armonizar y homologar leyes y reglamentos que lo requieran, en coordinación con el Congreso del Estado. También piden que el Comité de Participación Social haga un esfuerzo mayor en generar unión, primero entre sus mismos integrantes, para luego abocarse a facilitar el diálogo entre cada una de las instancias públicas del sistema.

Una vez más el Gobierno del Estado incumple con los habitantes de El Salto para remediar la grave contaminación, y la consecuente afectación a la salud que padecen, por la operación del basurero de Los Laureles, asentado cerca de la cabecera municipal.

Ahora resulta que el anuncio que hizo el gobernador Enrique Alfaro el 17 septiembre de 2019 de que el basurero de Los Laureles cerraría 2 años después, fue entendido mal y lo que dijo ese año era que el siguiente mes iniciaría el plazo de cierre del basurero. Pero la mayoría entendió con claridad que lo que se anunció hace 2 años es que Los Laureles debería cerrar todas sus actividades este septiembre.

Otra vez autoridades faltando a su palabra, otra vez incumpliendo compromisos con los pobladores de El Salto, Juanacatlán y Tonalá que padecen graves problemas de salud a consecuencia de la contaminación que producen las descargas industriales al río Santiago y las montañas de basura de Los Laureles.

Gobiernos van y vienen y siempre queda la promesa incumplida. Le pregunté a Enrique Encizo, que tiene décadas denunciando la contaminación, qué siente de esta "reversa" que mete el Gobierno del Estado para desmantelar el basurero y no sin molestia dice que los gobernantes se han convertido en "especialistas de la mentira".

"Pienso que nuestros representantes han sido comprados por la fuerza del dinero, es lamentable esa reversa por parte del estado (...) la 1a. vez que vino (Enrique Alfaro) el 1er. día de su mandato y dijo que iba a limpiar el río, le creímos, y después hace 2 años dijo que iba a cerrar el basurero y le creímos. Entonces se puede uno imaginar que nuestros gobernantes tienen un gran gusto por la mentira, son especialistas en la mentira. Es lamentable porque la gente lo paga con su vida (...) la gente es la que carga en su lomo esas omisiones del estado, se benefician unos pocos, se enriquecen a costa de los miserables, de los menos", dijo Enrique Encizo en Cosa Pública 2.0 por Radio UdeG.

Y el incumplimiento del cierre de Los Laureles ahora en septiembre va a seguir propiciando la contaminación del río Santiago debido a que los lixiviados que producen 11 millones de metros cúbicos de basura, corren a cielo abierto, se juntan con otros arroyos y terminan en el río que se encuentra apenas a un kilómetro del vertedero de basura, según documento el colega José Carlos Toral en Meganoticias (10 agosto 2021). Y otro agravante que denunciaron tanto José Carlos Toral como Violeta Meléndez, ella en el diario Mural: la empresa concesionaria de Los Laureles, Caabsa Eagle, incumplió con construir una planta tratadora de lixiviados por lo que ahora está enviando ese líquido tóxico en pipas a la planta de tratamiento de Agua Prieta, en Zapopan.

La gravedad de esta decisión es que la planta de Agua Prieta solo puede tratar aguas residuales con deshechos orgánicos, pero no aguas que tienen metales pesados como los lixiviados, que tienen cadmio, cromo y plomo.

Esta tolerancia de la autoridad hacia los reiterados incumplimientos de la empresa Caabsa Eagle llevó a Gerardo Bernache, antropólogo del CIESAS, a cuestionar el papel del gobierno estatal: "Nos sorprende que el gobernador y su equipo se hayan convertido en voceros de una empresa concesionaria, porque parece que ahora trabajan para ellos. Esto es realmente inaceptable", dijo el pasado lunes.

Y es inaceptable que el gobierno considere a estos territorios como "zonas de sacrificio" como ha denunciado Un Salto de Vida: zonas de sacrificio de vidas a costa de los negocios que se permiten operar contaminando y enfermando a los pobladores de estas localidades.

El resultado aplastante de López Obrador sepultó a la oposición. Enrique Alfaro enarboló un incipiente movimiento contra el centralismo federal, logró los primeros meses impulsar su marca personal en medios nacionales, pero al final se replegó. Contra la fuerza del presupuesto obradorista no pudo más que agachar la cabeza.

Algún placer oculto ha de tener hacer una reforma al sistema de elecciones que ningún presidente, de López Portillo para acá, se lo ha perdido, cada uno ha hecho y presumido su reforma. Sólo hay 2 cosas ciertas en cada sexenio: la 1a. es que el presidente, el mismo por el que votamos, terminará siendo repudiado y, 2a., que habrá reforma electoral.

El presidente López Obrador está enfocado en ello. Las instituciones electorales, dice, son arcaicas, caras y poco funcionales y si alguien tiene duda basta ver lo que está sucediendo en el Tribunal Electoral. Tiene razón, hemos creado un sistema electoral que raya en lo absurdo, pero no tiene la culpa el Instituto Electoral sino quienes lo hicieron compadre, quienes, por desconfianza, sexenio tras sexenio, reforma tras reforma, le fueron añadiendo restricciones a los procesos electorales y atribuciones al IFE y luego al INE. Para crear ese monstruo, curiosamente, nadie influyó tanto como el propio López Obrador que tras las 2 derrotas consecutivas en 2006 y 2012 impulsó muchas de las reformas que nos llevaron a esta democracia hiper controlada con instituciones enormes y burocratizadas.

El riesgo, como siempre sucede, es que terminemos tirando el niño con todo y el agua sucia de la bañera, que es mucha y pestilente. Cualquier reforma debe mantener lo que podríamos llamar irreductibles de la democracia: un instituto electoral que sea un organismo de Estado, no vinculado al gobierno y con independencia financiera y de gestión; consejeros electorales nombrados con el mayor consenso posible, de preferencia con mayoría constitucional para que estén lo más alejado de eso que llamamos cuotas y cuates, aunque de entrada sabemos que esta lógica siempre está y estará presente; un tribunal especializado cuyas decisiones sean inatacables y, finamente, un sistema de fiscalización del ingreso/gasto de los partidos en tiempo real y que tenga dientes. Todo lo demás, el sistema de financiamiento de los partidos políticos (cuánto el estado, cuánto particulares), el acceso a medios, los requisitos para constituir un partido, si hacemos un solo sistema nacional y terminamos por desaparecer los organismos estatales, o incluso si vamos ya directo a la urna electrónica, es perfectamente discutible.

Las reglas de la democracia pueden y deben adaptarse a las necesidades y los momentos del país; los principios no. La reforma debe garantizar que cada voto cuente y se cuente bien, que todos los ciudadanos seamos iguales ante las urnas y que ningún gobierno o poder fáctico tenga control de los procesos electorales.

Si este gobierno no se va a evitar el placer de hacer una reforma electoral, discutamos y busquemos que ésta sea la mejor (o menos peor posible).

Cruje nuestro sistema electoral. 2 de las instituciones fundamentales del sistema electoral mexicano están metidas en problemas serios por razones completamente diferentes.

El Instituto Nacional Electoral (INE) está bajo fuego por parte de Morena, el presidente de la república y los partidarios de la 4T.

Líderes de Morena han señalado que pretenden iniciar un juicio político en contra del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y del consejero Ciro Murayama, por considerarlos parciales y, a su juicio, por no haber impulsado la consulta del domingo pasado.

No es seguro que este juicio tenga lugar, pero lo que sí es completamente cierto es que veamos a los líderes de Morena golpeando sistemáticamente a estos 2 integrantes del Consejo General del INE.

En el caso del Tribunal Electoral (TEPJF), que es la instancia que decide al final de cuentas los temas judiciales vinculados con los procesos electorales, tenemos una crisis de solución incierta.

Un grupo de 5 magistrados de los 7 que conforman el tribunal destituyó al presidente de éste, José Luis Vargas, y nombró al magistrado Reyes Rodríguez como nuevo presidente.

Vargas desconoció este procedimiento por considerarlo ilegal y señaló que él se mantiene como presidente en funciones.

Independientemente del desenlace que ocurra, lo que observamos es una fractura prácticamente irremediable en este órgano.

Y sume usted a este cuadro la pretensión del presidente de la república de enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar de manera completa al sistema electoral mexicano que probablemente incluiría la desaparición del TEPJF y una transformación completa del INE, desde luego eliminando a los actuales consejeros.

La legislación electoral mexicana ha estado sujeta a un sinnúmero de cambios que generalmente ocurren después de los procesos electorales y como respuesta a los resultados que se presentan.

El problema en este caso es que Morena y sus aliados no contarán con mayorías calificadas en las 2 cámaras a partir de septiembre, por lo cual no se ve viable que pueda realizarse dicha reforma.

Eso nos lleva a pensar en la posibilidad de que tengamos en los próximos años organismos electorales debilitados, lo cual es una pésima noticia en la perspectiva de las elecciones federales del 2024.

Encarrerado el ratón... ahora vamos en Jalisco a la consulta sobre el pacto federal.

¿Qué vamos a preguntar del pacto federal? De entrada, el gobernador ya lo adjetivó, dijo, cuando comenzó con este brete, que va a consultar a la gente a ver si está de acuerdo en seguir con este "abusivo pacto con la federación". No gasten dinero, si esa es la pregunta la respuesta es no, no estamos de acuerdo, si lo que quiere Alfaro, al igual que el presidente, es una consulta para reafirmar su discurso, la consulta sólo les sirve a ellos. La batalla por el presupuesto hay que darla, no consultarla.

La colonia Miramar y más de una treintena de colonias ubicadas en la parte baja del Cerro del Colli y La Primavera se inundaron de miles de toneladas de lodo en el municipio de Zapopan. Mucho hay que aprender de esta costosa, dolorosa y nueva tragedia provocada por la mezcla de tormentas atípicas, que descargaron el sábado y domingo pasado el agua que tardó en caer el temporal pasado 2 meses, la falta de mantenimiento en una incipiente y rebasada infraestructura hidráulica, y una evidente negligencia y corrupción para permitir construcciones y tiraderos de basura clandestinos en cauces de arroyos y otras zonas de alto riesgo.

Así, los efectos de un fenómeno natural se maximizaron y lo hicieron mucho más devastador de lo que hubiera sido de no haber encontrado todo el caos urbano que el agua y el lodo arrastró a su paso, hasta irrumpir en cientos de hogares donde de milagro no hubo víctimas mortales que hubieran hecho más trágico el desastre, que más nos vale no quede impune.

Lo 1o. que se tendrá que investigar y aclarar muy bien es porqué reventó uno de los gaviones que están aguas arriba del Arroyo Seco y que fue el origen de la caída demoledora de 11,000metros cúbicos de lodos, troncos y basura que junto con la cantidad extraordinaria de lluvia desbordó el cauce de ese afluente.

Los testimonios de los vecinos aseguran que esas especies de represas no tenían el mantenimiento adecuado, ni los desazolves necesarios para que cumplieran su función de contener y disminuir las crecidas de agua provocadas por las lluvias en la parte alta de la montaña. El arrastre de todo el material forestal y la erosión que quedó tras los incendios de la temporada de estiaje fue la gota que acabó de colapsar la sobrecargada cortina del gavión y la salida con toda furia de la tromba que terminó como laguna en la parte más baja de la prolongación de Avenida Guadalupe en la colonia Miramar.

Lo más preocupante es que otros de estos gaviones están en las mismas condiciones en las que estaba el que reventó el fin de semana pasada y los cuerpos de protección civil señalan que no es conveniente intervenirlos en este momento por el riesgo que implica, por lo que la posibilidad de que el desastre se repita es latente. De hecho la nueva inundación ayer en Miramar podría deberse justo a la colisión de un gavión más.

Además del deslinde de responsabilidades por la negligencia en el mantenimiento de esta infraestructura, habría que seguir la huella de quiénes fueron omisos y se enriquecieron al permitir construcciones en la ruta del cauce del Arroyo Seco y a los que también permitieron la operación de los basureros clandestinos.

Si la intención de ofrecer una rueda de prensa semanal era acercar al gobernador Enrique Alfaro Ramírez con los periodistas y los medios de comunicación de Jalisco, el tiro está saliendo por la culata. Qué mejor ejemplo que la "regañera" (como ya es conocida la rueda de prensa semanal) de ayer cuando el titular del ejecutivo estatal terminó regañando y reconviniendo a un par de colegas.

Hay un patrón que se repite no sólo en relación de Alfaro con los representantes de los medios, a quienes apenas parece tolerar; el otro patrón que se repite es que Alfaro descalifica los trabajos periodísticos que le incomodan, que lo cuestionan.

Las preguntas planteadas tanto por Lauro Rodríguez como por Ernesto Gómez eran pertinentes y de claro interés periodístico. Pero para Alfaro son mentiras en el caso de NTR Guadalajara y además subestima el oficio del reportero al acusarlo de que fue enviado para plantear esas "mentiras". En el caso del colega de El Informador descalifica los datos y dice sin fundamento que son notas que "lastiman así a Jalisco".

No es la 1a. vez que el gobernador se incomoda por notas o reportajes que no se ajustan a la narrativa optimista del Gobierno del Estado. Para él, como lo dejó en claro el lunes, o son mentiras o son notas que "lastiman" al estado.

El periodismo crítico no "lastima" a un "estado" (en todo caso a la sociedad), lo que sí lastima son las altas tasas de homicidios (si bien bajaron en los 2 últimos años, siguen siendo tasas altas), así como el 1er. lugar en desapariciones, la violencia contra las mujeres (feminicidios y violaciones), y el estado de percepción de inseguridad que vive la población.

La burbuja de irrealidad en la que viven los gobernantes, así como el círculo de funcionarios aduladores, les impide a los gobernantes vivir la realidad como un ciudadano de a pie. En lugar de descalificar colegas y medios el gobernador debería admitir que, a pesar del discurso oficial, la sociedad de Jalisco vive con desconfianza y temor por la guerra informan que padecemos en el estado.

Por el atraso en el pago de aportaciones, el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) tiene un saldo pendiente de 1,119'221,074 pesos que corresponden a pagos quincenales no realizados por 28 dependencias afiliadas.

De acuerdo con el informe de la situación de adeudos de entidades públicas patronales, publicado en el portal de transparencia del Ipejal, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el más moroso con 466'191,000 pesos, pues desde hace 92 quincenas no cubre las aportaciones de su personal. Le sigue Tlajomulco, con adeudo de 304.5 millones de pesos (MDP).

En la lista de morosos también aparece el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, con 54.6 MDP; el municipio de Chapala, con 38.2 millones; Grupo 16 de Policía Auxiliar, con 34.4 MDP y el Ayuntamiento de Tonalá, con 30.3 millones.

Las administraciones municipales de Gómez Farías, Tonalá y el Instituto de la Juventud de Tonalá llegaron a un convenio de pago con el Ipejal, pero cayeron en incumplimiento. Los 3 suman un saldo pendiente de 44 millones.

La morosidad de las dependencias aumentó durante el 1er. semestre del año, ya que el adeudo actual es 36 millones más de lo que se reportaba en enero pasado.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral concluyó la fiscalización de los procesos electorales locales y federal de este 2021, en donde de forma global impuso sanciones a la totalidad de partidos políticos por un monto de 1,203 millones de pesos (MDP).

El consejero Ciro Murayama expuso que a nivel federal se tiene acreditado que los partidos políticos no reportaron 80 millones de pesos de gasto y considerando el monto que sí fue reportado, lo que no se informó a la autoridad representa 6% de los recursos, esto quiere decir que 94% del gasto sí se informó a la autoridad.

Durante la sesión, que duró más de 14 horas, indicó que el partido más sancionado es Morena con 373 millones de pesos, que representa 31% del total; Fuerza por México fue sancionado con 103 millones de pesos, 8.56% del total; Redes Sociales Progresistas 101 millones de pesos, 8.38%; el PRI con 93.7 millones de pesos.

Acción Nacional con 88.5 millones de pesos; el Partido del Trabajo con 86 millones; el Partido Verde Ecologista de México con 84.5 millones; Movimiento Ciudadano con 73 millones; el Partido Encuentro Solidario con 53 millones y el PRD con 42 millones de pesos.

"Esta fiscalización se da cuenta de ingresos durante las campañas por 5,644 millones de pesos que fueron fiscalizados y un monto de gastos de 5,702 millones, es decir, la unidad técnica de fiscalización analizó un volumen de 11,346 millones de pesos, esa es la dimensión de la fiscalización".

Agregó que las sanciones de campaña ascienden a 1,203 millones de pesos, este monto en un 91% está concentrado en partidos políticos nacionales y en partidos políticos nacionales con acreditación local, el 8% en partidos locales y sólo el 1% en los candidatos independientes.

Cabe señalar que a dichas cifras se tienen que sumar sanciones por 96.8 millones de pesos correspondientes a partidos políticos locales y 6 millones más a candidatos independientes.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que los montos que fueron revisados en 46 días desde que acabaron las campañas electorales, habla de que el modelo de fiscalización, si bien es perfectible, ha resultado ser viable.

Se subrayó que si bien el monto de las sanciones es elevado, más de 90% de los recursos fiscalizados tienen un origen lícito.

El Instituto Nacional Electoral (INE) "no discute con los actores políticos, discute en la mesa del Consejo General y después, quien no esté conforme con las resoluciones del INE tiene todo el legítimo derecho de impugnar", aseveró el consejero presidente de ese organismo, Lorenzo Córdova.

Lo anterior, tras las críticas del gobernador electo de Nuevo León por las sanción de casi 449 mil pesos que se prevé se le aplique y de 55.4 millones de pesos a Movimiento Ciudadano, por el apoyo de su esposa e influencer, Mariana Rodríguez, en su campaña electoral.

"Creo que en México todo mundo tiene derecho a decir lo que quiera decir y ejercer las acciones legales que tenga que ejercer. Lo demás es entrar en una discusión que no le corresponde al órgano electoral", subrayó en entrevista.

Argumentó que "a veces la aplicación de las reglas no gusta, pero está claro lo que establece el Reglamento de Fiscalización. Están muy claras las conductas, está muy claro, por ejemplo, que se establece que las personas con actividad empresarial no pueden hacer aportaciones en especie a las campañas electorales o a los partidos políticos en algún aspecto o en algún ámbito que tiene que ver con la actividad empresarial de que se trata".

"Es lo que dice el Reglamento de Fiscalización" por lo que "lo que venga le corresponde hacerlo a los tribunales, cada quien puede hacer lo que quiera en el ámbito de las leyes en el país", concluyó.

Para la mayoría de los ciudadanos constituye un misterio el modo por el cual se puede lograr una candidatura en el sinuoso mundo de los partidos políticos. Se habla de que existen procesos internos, avalados y respaldados por estatutos, y que de acuerdo a ellos se elige a los candidatos. Cabe pensar que en esos instrumentos la preocupación es proponer candidatos capaces e íntegros, aunque en ocasiones parece que más bien las candidaturas son un recurso de múltiples manejos, que con frecuencia se postula a quién puede ganar por más que no sepa gobernar, o a quién sepa ambas cosas, aun si tiene antecedentes penales, públicos u ocultos.

Tampoco es que sepamos de qué tanta libertad y autonomía goza un partido frente a un presidente o un gobernador que emergió de entre sus filas, ignoramos en ese caso, si las candidaturas las otorga el gobierno en turno y no su partido, y si eso es legal, o si siendo ilegal, el INE lo tolera y acaba haciendo como que no ve. Todo forma parte de nuestro primitivismo democrático, y de esa inercia permeante y avasalladora de la corrupción, cuya trama es tan tupida que, hasta el más honesto, si se descuida, acaba siendo parte del sistema.

Esto nos lleva a preguntarnos siempre, estos diputados, estos alcaldes, gobernador, senadores, o presidente, ¿cómo le hicieron para obtener la candidatura que les ha dado el cargo?, ¿fue por medios transparentes y válidos, o fue por tráfico de influencias, oferta de votos, amenazas, promesas dadas a grupos de poder, o por simples y vulgares aportaciones en especie o en efectivo?, ¿qué respeto puede merecer quien de ese modo llega a un cargo público?

Si nos pusiéramos a investigar a fondo el tema, seguramente resultarían datos del mayor interés. Para seguir construyendo la democracia se requiere acotar cada vez más los espacios que en los mismos partidos siguen siendo los recovecos de los acuerdos inconfesables, de las artimañas y la compraventa de candidaturas a personas y grupos de toda índole.

Si las candidaturas otorgadas se tasan en votos ofrecidos o en apoyos económicos, seguimos hundidos en la corrupción.

Pocas cosas representan mejor la perversidad de la política mexicana que la existencia del Partido Verde. La inconsistencia ideológica, el pragmatismo al límite, la opacidad como principio, la compraventa de voluntades como sistema, el partido como negocio familiar. Ese es el partido que, tras demostrarse la contratación de "influencers" el día de la elección, hoy está en la mira del INE y de la inteligencia financiera del país.

Un reportaje de Zorayda Gallegos en El País señala que entre 2014 y 2019 se desviaron a través de empresas fantasma, que ya están en la mira del SAT, 133 millones de pesos del gasto ordinario. Dicho de otra manera, ordeñaron al partido y la Unidad de Fiscalización del INE lo sabe. Esto, junto con la violación reiterada a la veda electoral haciendo propaganda a través líderes de opinión pagados en las redes sociales ha generado una corriente de opinión que pugna por la cancelación del registro de este partido. Pero, ¿qué pasaría en el congreso con los 43 diputados en caso de que desapareciera el Partido Verde?

De acuerdo con el principio de afiliación efectiva emitido por el propio Instituto Electoral, cuya finalidad es cumplir con el precepto constitucional de que ningún partido tenga más de 8% de representación (como sucedió con el PRI en 2015 y con Morena en 2018), los diputados del Verde no podrían cambiarse de bancada, pero entrarían sin duda a un proceso de negociación con grupos afines.

Aunque, fieles a su tradición acomodaticia, en esta elección fueron aliados con Morena, los diputados electos por el Verde tienen 3 grandes fuentes de origen: los del grupo de Manuel Velasco, el ex gobernador de Chiapas; un grupo de diputados que militan en Morena pero que ganaron por el Verde en el 2018 y que para ser reelectos tuvieron que presentarse de nuevo por este partido y, un 3er. grupo compuesto por priistas de cepa, la mayoría de ellos vinculados al expresidente Peña Nieto, producto de la antigua alianza.

El Verde será, por decirlo bonito, el factor sorpresa de la próxima cámara. Independientemente de lo que decida el INE sobre el futuro de este partido, difícilmente los veremos votando en bloque. Por el contrario, todo apunta a que regresará al congreso el tradicional sistema Pay Per View o Pago Por Evento; cada voto será negociado en lo individual o en pequeños grupos del Partido Verde, y eso no solo sale caro, sino que es terriblemente contagioso.

Paradojas de la política: para que el presidente pueda seguir "combatiendo la corrupción" y aprobando presupuestos transformadores tendrá que comprar votos en la Cámara de Diputados.

Pasamos de aspirar a que nos gobernaran mujeres y hombres de estado, frutos directos de la lucha armada que fue la Revolución, a que lo hicieran los hijos, hijas de instituciones más o menos consolidadas y del progreso económico y educativo, a terminar por optar por quien sea, de la calaña que a nadie le importa de entre quienes postulan los partidos políticos. Hoy, esos partidos, los candidatos electos y las agencias oficiales que gestionaron el proceso electoral esperan que nos mostremos agradecidos con ellos porque su democrática intercesión nos dio alcaldes, legisladores y gobernadores que dentro de unos meses, tal como hicieron sus predecesores, jurarán guardar y hacer guardar... las apariencias; aunque tampoco esto consigan, así como no consiguen ponerse de acuerdo, por ejemplo, en si la masacre en Nuevo Laredo alcanza para columbrar que padecemos una guerra; quizá sea tiempo de aceptar, ni modo, que lo que realmente les importa es llegar a la próxima contienda por los votos, cuyo mayor lucimiento dependerá de que las y los ciudadanos se mantengan asidos a la memoria de corto plazo y a la resignación, de otro modo podrían ponerse exigentes.

Aunque la crisis desbordada de inseguridad continúa y de enero a mayo han crecido los homicidios, feminicidios y agresiones en relación con el mismo periodo del 2020 en Jalisco, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el gobernador suspendió actividades esta semana luego de atribuir el buen resultado electoral naranja más a una aprobación ciudadana a su gobierno, que al voto de castigo al presidente en la zona metropolitana o a que Lemus se haya convertido en el líder emergente que provocó la 2a. ola naranja.

El mandatario estatal está tan convencido de su lectura y su diagnóstico político post-electoral que luego del 6 de junio y hasta antes de suspender actividades esta semana dio diversas entrevistas, en las que no sólo se volvió a colocar del lado de los que quieren poner un freno a la 4T (luego de que fue acusado por los dirigentes del PAN, PRI y PRD de ser un esquirol de Morena porque MC no se sumó a la alianza opositora), sino que no descartó buscar la Presidencia para el 2024.

Si tiene los logros de gobierno, la fuerza o las alianzas partidistas y el proyecto de nación para lograrlo, eso ya se verá, pero por lo pronto, al aceptar esa aspiración, cambió la estrategia de Emilio González Márquez, el último gobernador de Jalisco que buscó ser presidenciable pero que lo negaba, y cuando luego reconoció que sí, ya era demasiado tarde y nadie se lo tomó en serio.

Estamos, pues, ante un nuevo tiempo fuera de un Alfaro que regresará viéndose presidenciable, pese a todas las asignaturas pendientes que aún tiene como gobernador.

Con la bandera del Partido Verde volverá a ser diputada Érika Lizbeth Pérez Ramírez, quien ya estuvo en el cargo en la 61 Legislatura.

La verde no ha dejado de estar en la nómina del poder legislativo, pues tiene base como auxiliar administrativo, a la que accedió propuesta por el polémico ex diputado Enrique Aubry.

Pérez Ramírez ha sido señalada como aviadora, ya que poco se le ha visto en las oficinas del Verde, en las que se supone ha estado asignada estos 2 años.

En su anterior paso por el Congreso de Jalisco, la próxima legisladora "ecologista" fue una de las opositoras de la reforma electoral que incluía la reducción de recursos a los partidos, y su partido promovió controversia ante la Suprema Corte que finalmente no prosperó.

Quedar mal con las familias que tienen personas desaparecidas es la constante de la clase política de Jalisco. No sólo no las pararon a tiempo cuando apenas comenzaba como fenómeno masivo en el sexenio de Emilio González Márquez, sino que ocultaron el problema. En el gobierno de Aristóteles Sandoval se tardaron casi hasta el fin del sexenio para crear la fiscalía especializada. Y ahora en el actual gobierno, la clase política ha tardado hasta 2 años en crear las leyes estatales necesarias para combatir este flagelo que afecta a más de 13,000 familias en Jalisco.

Y ahora, nuevamente la clase política en Jalisco vuelve a quedarles mal a las organizaciones y familias. El 4 de junio pasado se venció el plazo para que el Congreso de Jalisco cumpliera varios artículos transitorios para concluir tareas relevantes como son la armonización legislativa, elaboración de reglamentos y de registros estatales (de desaparecidos, fosas y banco estatal de datos), como denunció el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

El mismo reclamo levantó Esperanza Chávez, del colectivo Por Amor a Ellos, quien añade al reclamo a los diputados que el ejecutivo no dispone del presupuesto suficiente para que el nuevo entramado legislativo e institucional en el área de desaparecidos funcione a la altura del reto que tienen enfrente. De qué sirve tener las mejores leyes del país en la materia, como presumieron los diputados al aprobarlas, si no hay el presupuesto estatal necesario, recriminó la misma representante de Por Amor a Ellos.

Por si no fuera suficiente con la falta de presupuesto, de recursos humanos y sobre todo de empatía para tratar con dignidad y solidaridad a las familias que buscan a sus desaparecidos, hay gestos desde el poder que parecen minimizar la tragedia humanitaria que vivimos en Jalisco producto de esta guerra informal contra la sociedad que está dejando esta oleada de desapariciones y fosas clandestinas y cuerpos sin identificar en la morgue estatal.

Un ejemplo de esta poca empatía es la expresión triunfalista sobre el resultado de la elección que ganó Movimiento Ciudadano. "Tapamos la boca", le dijo el gobernador al colega Francisco de Anda, del diario Mural. A muchos les pareció insensible este comentario optimista del gobernador en un estado que padece el flagelo de las desapariciones, masacres, falta de agua, deuda pública creciente y otros males sociales que aquejan a la mayoría de la sociedad.

Ilustra esta enorme brecha de percepciones o mundo social distante en el que viven los gobernantes y resto de la sociedad. Con su incumplimiento con las familias que tienen desaparecidos, con su agenda abierta para recibir a gente de la farándula pero no a un hermano que busca con todo su empeño a su hermana o con actitudes triunfalistas que regañan por no reconocer lo bien que le va a Jalisco, se ignora la grave crisis social y política que está detrás de las desapariciones.

La crisis que vive Jalisco por desapariciones es excepcional. Con 13,124 denuncias por desapariciones, Jalisco encabeza el listado nacional; 15 de cada 100 personas desaparecidas en México ocurren aquí y Jalisco, por si solo, tiene más desaparecidos que 20 entidades del país. Son tiempos de terror, real (...), no se hace lo suficiente para detener este verdadero terror que provoca dolor y angustia en miles de familias en el estado.

En América Latina hay una tendencia a generar leyes para regular temas tales como el discurso de odio en redes sociales. Este es un ejemplo de cómo en ocasiones el remedio resulta peor que la enfermedad. En el momento en que se intenta regular un tema tan ambiguo como lo es el "discurso de odio", en el mejor de los casos la ley será ineficiente y en el peor será contraproducente. Las leyes que se promulguen deben dar paso para el bienestar y un correcto desarrollo social. Hay temas, sin embargo, específicamente con respecto a la libertad de expresión que no deben ser legislados de ninguna manera.

En el momento que se regula cualquier arista correspondiente a la libertad de expresión estamos dándole un poder desmesurado al gobierno para que decida qué debates públicos deben ser permitidos y quién debe ser silenciado. Asimismo, regular el contenido que puede o no puede ser publicado le quita la oportunidad a las personas de pronunciarse sobre un tema específico. Esto lo que provoca es que el choque de ideas disminuya y por ende la construcción y el progreso dentro del debate público se estanquen.

Lo preocupante es que al día de hoy sí han habido intentos de legislación a la libertad de expresión en redes por parte de varios partidos políticos. Esto es algo que no podemos permitir para nuestro país debido a que se estaría dando paso a que la fiscalía abra un sinfín de casos de manera arbitraria y que unos cuantos decidan lo que se puede y no se puede decir. Si bien la libertad de expresión no es un derecho absoluto y encuentra sus límites dentro de los artículos 6 y 7 constitucionales en temas sensibles como lo son ataques a la moral, daños a los derechos de terceros, la perturbación del orden público, la provocación para la comisión de un delito, entre otros, fuera de estos límites debemos protegerla a toda costa.

La gobernabilidad de la Cámara de Diputados se ha complicado en los últimos días para el presidente López Obrador. Los partidos aliados, los enanos, crecieron y se rebelaron. No porque tengan más votos, no porque hayan cambiado su visión política, sino porque saben que hoy sus votos valen más.

1o. fue el Verde, el partido mercenario por excelencia, quien recién pasada la elección mandó el mensaje que no necesariamente votaría con Morena, que antes habría que llegar a un nuevo acuerdo político. La respuesta fue una investigación por corrupción contra su líder visible, el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, el "penañietito" Verde. No es que antes no fuera corrupto: cuando el presidente pactó con él al arranque del sexenio ya sabía quién era el personaje, más aún, de ahí salió en dinero que el ex funcionario modelo, David León, le dio al hermano Pío. Lo único que cambió fue la posición política: antes ser aliado del presidente les redituaba suficiente; hoy que son el fiel de la balanza su precio subió. El golpeteo también.

Ayer fue el PT. El partido que en la campaña se autodenominaba 100% obradorista, dijo que no votará las reformas de la Guardia Nacional y la desaparición de plurinominales. La postura del PT frente ambas leyes tiene algún sentido histórico y mucho sentido político, pues el PT, un partido nacido de los movimientos sociales del norte del país, ha sido siempre un crítico del Ejército en las tareas de seguridad pública y su presencia en las cámaras tiene que ver fundamentalmente con la representación proporcional (apenas gana un par de distritos, si no es en coalición). Pero no podemos despegar esta postura pública del PT de la manifestación de las aspiraciones presidenciales del histriónico y cínico diputado de la toallita, Gerardo Fernández Noroña, que si algo conoce bien son las debilidades de Morena. El PT y Noroña están aprovechando el momento político para subir el precio.

El problema de fondo es la administración del circo. La negociación, siempre complicada con los partidos para conseguir los votos en el congreso, solía hacerla la secretaría de Gobernación. Ante la debilidad estructural de esta figura en el gobierno de López Obrador, al presidente y sus asesores no se les ocurrió una mejor idea que mandar a los domadores (el SAT, la UIF y la Fiscalía) a someter a latigazos a los enanos del Verde y a los viejos leones desdentados del PRI, PAN y PRD. En el inter, los obedientes payasitos de traje rojo se salieron del huacal.

La rebelión de los enanos es el augurio de un complicado y desatado segundo tiempo para el presidente López Obrador.

Los diputados plurinominales gozan de pésima reputación. Se la han ganado a pulso: tienen fama de vividores, poco productivos y de que nos cuestan un dineral. "¿Para qué sirven?", se preguntan muchos mexicanos que ven que sus impuestos terminan en absurdas discusiones, manos levantadas sin argumentos, tomas de tribuna o peor aún, en bonos y prestaciones millonarias.

Cuando comenzaron a existir bajo el nombre de diputados de partido, allá en los 60, eran más una concesión graciosa del régimen a un partido de oposición, el PAN, y a 2 satélites del PRI: el PPS, que representaba la izquierda sindical, y el PARM, de los viejos generales revolucionarios sin espacio en el PRI. Ya como plurinominales, tras la reforma de finales de los 70 llamada LOPPE, fueron el resultado del reconocimiento de un país diverso que necesitaba una representación plural. El abuso de la figura vino con la reforma que llevó plurinominales al Senado, una cámara que debe representar al pacto federal y la pluralidad de los estados, no de los partidos ni sus intereses. Fue durante el salinismo (en la era neoliberal, diría López Obrador) que comienza esta visión del México bipartidista (entonces se pensaba sólo en el PRI y PAN) en la que los plurinominales sobraban a los políticos en el poder y a grandes empresarios, pues los acuerdos cupulares eran más sencillos con sólo dos partidos.

Aunque en realidad ya nada nos debería sorprender de un personaje que se dice de izquierda y no es sino un restaurador del viejo priismo, no deja de ser curioso que, otra vez, el presidente sea el portavoz de las viejas ambiciones de la derecha empresarial: desaparecer a los plurinominales con el argumento de que vamos a ahorrar dinero y discusiones. Si no hubiese plurinominales Morena y sus aliados habrían ganado en esta elección 62% de la cámara en lugar de 56; la alianza PAN, PRI, PRD tendría 36 en lugar de 39.4 y MC 2 en lugar de 3.6. Nada grave. Pero si vemos la elección del 2018, sin el equilibrio de los plurinominales Morena habría obtenido el 70% de la Cámara de Diputados con sólo 37% de los votos. Esa es justamente la distorsión que, en un país pluripartidista, corrige la existencia de los plurinominales.

En el Senado es otro cantar. Ahí sí los plurinominales sobran. El equilibrio se logra con el 3er. senador de cada estado, el que es electo como representante de la 1a. minoría y que hace imposible que un solo partido tenga mayoría calificada, pues, aunque ganara todos los estados, 33% de los escaños estarían en manos de la oposición. Los senadores plurinominales no representan a ningún estado y sí intereses políticos.

A los senadores plurinominales hay que eliminarlos, no por ahorrar, sino para evitar la distorsión del pacto federal. Por el contrario, el costo de los diputados plurinominales, por más que nos duela pagarlos, es mucho menor que el de un país sin equilibrios.

Regresaron al congreso local diputados y diputadas que participaron en las campañas. En algunos casos, retornan tan combativos que hasta por la oficina pelean para recuperar espacios que tenían.

En el caso de las legisladoras Mariana Fernández y Mara Robles, además cambiaron de bancada y eso implica que perderían algunos privilegios de los que gozaban.

Mención aparte merece el cambiadero de plazas y personal, pues algunos suplentes alcanzaron a meter contrataciones que ahora tendrán guillotina.

Uno de los primeros temas que votarán los legisladores que retornan será aprobar una decena de días inhábiles, que según ellos no son vacaciones, aunque así lo parecen.

Esta legislatura será recordada por 3 cosas, y no precisamente positivas: la opacidad para los nombramientos de cuates y cuotas, por convertirse en una ventanilla de trámites del ejecutivo y, sobre todo, por el intenso chapulineo entre bancadas y en la contienda electoral.

Sin duda una grata coincidencia. La próxima LXIII Legislatura pasará a la historia como la 1a. con una mayoría de diputadas. El 63% de los 38 escaños del Congreso de Jalisco será ocupado por mujeres. Así, de tener 16 diputadas en la saliente LXII Legislatura, se pasará a tener 24, mientras que diputados varones sólo serán 14 de 7 fuerzas políticas que estarán representadas en el poder legislativo a partir del próximo 1o. de septiembre: MC (16), Morena (8), PRI (5), PAN (5), Hagamos (2), Verde (1) y Futuro (1).

Habrá que reconocer que para que esto ocurriera, además de los avances en los lineamientos legales de paridad de género en el reparto de candidaturas a los que están obligados los partidos políticos, ayudó también el hecho de que de los 16 distritos ganados por el partido Movimiento Ciudadano, en 11 habían postulado a mujeres como sus candidatas.

Por eso la gran expectativa con la que iniciará la LXIII Legislatura será ver si esta vez se hacen a un lado las diferencias políticas y las agendas partidistas a las que responden cada una de las diputadas y ahora sí se logra una bancada de mujeres que se intentó en la actual legislatura sin que se haya podido avanzar en los distintos temas de la agenda de género, incluso ni siquiera en las reformas constitucionales necesarias para garantizar la paridad de género y no depender de las negociaciones y presiones que se dieron en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) cuando se buscó el reparto paritario de candidaturas en los 10 municipios más importantes de la entidad.

De entrada está ahí el reto de contribuir desde el congreso para detener y erradicar la violencia contra las mujeres y su expresión extrema como son los feminicidios, así como el combate a la discriminación y desigualdades que aún sufren las mujeres en todos los ámbitos.

Las mujeres diputadas que serán mayoría por 1a. vez en el congreso tendrán también la oportunidad histórica de cambiarle el rostro y tratar de corregir la desprestigiada imagen de las y los diputados por los constantes escándalos de corrupción, impunidad y opacidad en el congreso local.

Más aún porque si bien las 2 anteriores legislaturas (LX y LXI) trataron de sacar al congreso del tobogán del desprestigio, en la actual legislatura volvieron a las andadas de aumentar la nómina, otorgarse bonos de forma discrecional, a simular convocatorias, pero continuar con la lógica de los cuates y las cuotas, como sucedió con magistrados y consejeros de la Judicatura, y recientemente con el caso del contralor del congreso, Arturo Ríos Bojórquez, que ni siquiera alcanzó la aprobación del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) por no cumplir con los 3 años de experiencia mínima, que era uno de los requisitos.

Así, la historia de la supremacía machista fue en lo general de degradación ética en el congreso que tiene a las y los diputados con muy mala fama y poca reputación social. Veremos si el rompimiento de ese dominio patriarcal con la mayoría que tendrán las diputadas sirve para iniciar a cambiar la historia de corruptelas que han marcado siempre a nuestro poder legislativo.

La gente acudió a las urnas y ahora, los políticos y quienes comentan en los medios se concentran en minusvalorar los sufragios: no ganó tal candidato, ganó el miedo; no perdió el mal gobernante, simplemente no fue capaz de comunicar lo que hizo; no he gobernado mal y la gente me quiere, pero se impusieron mis opositores con su mala leche. Sería bueno volver a cierto origen: los electores ejercieron su derecho, validos de la libertad, y lo que decidieron no se mide como concurso de popularidad, otorgaron responsabilidades, de las que se miden en el día a día: seguridad, servicios públicos, bienestar económico, justicia. Revisar los resultados a partir de interpretar el sentido de los votos o merced al reparto del poder entre la clase política termina por dar el carácter deportivo, casi efímero, a la democracia que se practica en las elecciones.

Aunque faltan los conteos finales, los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Encuentro Solidario, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Somos están en riesgo de perder su registro estatal porque no alcanzaron la votación mínima del 3% el pasado 6 de junio, de acuerdo con el último corte del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Y ninguno tiene la oportunidad de sumar más votos con otros partidos porque no se dieron alianzas en Jalisco.

La cifra es el doble de los partidos nacionales que también perderán el registro y el financiamiento público en México. En el ámbito federal se trata de Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario y Fuerza por México, que tan sólo este año recibieron cada uno casi 159 millones de pesos del erario.

Ahora los árbitros electorales estatal y federal deben iniciar con los procesos para desaparecer a los institutos en mención.

En el caso nacional, entre 1991 y 2018 desaparecieron 22 partidos políticos, por lo que la cifra pasará a 25 tras la elección del domingo pasado. Entre todos, el gobierno federal les entregó más de 9,108 millones de pesos durante ese periodo.

Aunque todos deben regresar los bienes muebles e inmuebles adquiridos con el erario, había un factor común cuando eran extintos: no los regresaban y se quedaban con éstos; por ejemplo, con casas o vehículos lujosos que adquirieron mientras estuvieron vigentes. Ya entró una reforma federal para combatir este desfalco, pero no hay informes públicos sobre las devoluciones de los bienes.

Jesús Ibarra, académico del ITESO, recomienda una reforma de gran calado para evitar este derroche de recursos ante los partidos que en ocasiones ni siquiera sobreviven al 1er. año de funciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar que se avecina una reforma para dar más autonomía al Instituto Nacional Electoral, tras la polémica de candidaturas como la de Félix Salgado Macedonio. Adelantó una iniciativa que pretende desaparecer a los diputados plurinominales en la cámara baja (los designados por los partidos), lo que traería consecuencias en las entidades federativas.

En Jalisco, desde 1997 y hasta 2018, 15 partidos políticos han perdido el registro local. La bolsa destinada para su operación fue de 179 millones de pesos.

De los partidos nuevos, los únicos que están en condiciones de mantener su registro en Jalisco son Futuro, representado por Pedro Kumamoto, y Hagamos, que está vinculado a la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Jesús Ibarra, destacó que hay 2 tipos de partidos: unos que genuinamente buscan las firmas y tienen una vida de mediano y largo plazos. Y los otros, que reciben financiamiento, pero "no los vemos realmente haciendo campañas. Termina el proceso electoral y desaparecen".

Con la derrota a cuestas, pero con la seguridad de aún seguir viviendo del erario, diputados y diputadas "chapulines" que compitieron por otro cargo regresan a sus curules tras las elecciones.

Los primeros en notificar su reincorporación fueron Luis Munguía, que compitió y perdió por la alcaldía de Puerto Vallarta, y Óscar Herrera, que brincó al Partido Redes Sociales Progresistas para buscar el Distrito 9 y también perdió.

La que aún perdiendo en las urnas tendría la reelección por la vía plurinominal es Mara Robles, que con Hagamos quedó en 5o. lugar en el Distrito 9, pero su ventaja es que tiene el 1er. lugar en las listas del partido universitario.

El 2o. lugar lo tiene Enrique Velázquez, por lo que también regresará al congreso a pesar de haber perdido la elección en el Distrito 6. Resulta curioso que esas 2 posiciones del partido Hagamos las hayan tomado 2 recién llegados y no Ernesto Gutiérrez y Valeria Ávila, esta última 3a. en la posición plurinominal.

Las que también regresarán a sus curules a partir de la próxima semana son Sofía García, que fue abanderada del PRI para Guadalajara, y todo indica que será regidora tapatía.

Por su parte, la ahora morenista Mariana Fernández también avisó de su reincorporación al legislativo, en este caso falta ver si la ex coordinadora de la fracción priista retorna ya integrada a la bancada de la 4T o navega en la ambigüedad como lo hizo durante meses pasados, antes de aceptar que buscaría ser candidata morenista a Zapopan, y luego caer de rebote en la lista de regidores a Guadalajara.

A ver: que un antiguo -y no muy descollante, por lo demás- actor de cine, Ronald Reagan, llegara a ser gobernador de California (de 1967 a 1975) y después electo y aun reelecto presidente de los Estados Unidos (de 1981 a 1989), o un comediante, Jimmy Morales, llegara a ser presidente de Guatemala (de 2016 a 2020), no significa que personajes que adquieren notoriedad en ámbitos como el espectáculo o el deporte, totalmente distanciados de la política, puedan ser considerados candidatos, por obra y gracia de su popularidad, a desempeñar cargos públicos.

Quizás el caso más notorio, a nivel mundial, de una celebridad del mundo del espectáculo que llegó a figurar en la política, haya sido el de Ilona Staller ("La Cicciolina"), una actriz pornográfica de origen húngaro que fue diputada en Italia y hasta la fecha percibe una pensión anual de 39,000 euros (alrededor de 936,000 pesos mexicanos) del estado italiano, por los 5 años (de 1987 a 1992) en que fungió como "onorévole" ("honorable") diputada.

En México, la cantante y actriz cinematográfica Irma Serrano fue senadora (de 1994 a 2000), y su colega Carmen Salinas fue diputada, no por elección directa sino por el principio de representación proporcional, de 2015 a 2018..., aunque luego renunció al cargo, aduciendo que "ganaba muy poco".

En Jalisco, Tito Mena -cómico que en Guadalajara adquirió notoriedad merced a los "sketches" que presentaba en el ya desaparecido Teatro Popular de la ANDA-, y Jaime "Tubo" Gómez, futbolista del Guadalajara "Campeonísimo", fueron candidatos a gobernador, en 1995, en tanto que "Lagrimita", comediante, se postuló asimismo como candidato a la presidencia municipal de Guadalajara. Todos ellos fueron apoyados por partidos políticos que, con candidatos de esa ralea, populares ciertamente aunque inelegibles por su total impreparación para esos menesteres, conseguirían, para mantener su registro, los votos que de ninguna manera lograrían proponiendo candidaturas surgidas de sus inexistentes "cuadros".

Repasar esas historias viene al caso una vez que los nombres de Lupita Jones (Miss Universo 1991), Adolfo "Bofo" Bautista (ex futbolista del Guadalajara) y algunas "celebridades" más que aparecieron en las boletas participantes en las elecciones del domingo pasado, fracasaron en sus intentonas.

La política no necesita de personajes tan ambiciosos como impreparados -o tan necesitados de obtener, incursionando en ella, ingresos a los que no tendrían acceso mediante el trabajo honrado-, para ser, como ya es de por sí, un oficio bastante desprestigiado.

Influencers, artistas y deportistas de Jalisco que buscaron un cargo público en las pasadas elecciones no lo consiguieron.

La mayoría de los famosos obtuvo entre 1% y 4% de las preferencias de los habitantes. Sólo la presentadora Juncal Solano (Morena) consiguió más de 20% de los votos para la diputación del Distrito 6.

Otro ejemplo del insuficiente respaldo a estos perfiles fue el de la actriz Ofelia Cano (Partido Verde), quien compitió por la alcaldía tapatía. Ella se llevó 1.37% de los sufragios.

El cantante Vicente Fernández Jr. (PES) buscaba representar a la población del Distrito 20. Sólo recibió 1.59% de los votos.

El "Bofo" Bautista (PES) contendió por el Distrito 11. Obtuvo el 3.72% de las boletas.

¿Qué pasa cuando más gente vota? Sencillo: le reducen el margen de ganancia a los tramposos, que siempre están activos y tratando de influir en el resultado electoral.

Chavo del Toro
(v.periódico El Economista en línea del 7 de junio de 2021).

En tiempos de redes sociales y tecnología al alcance no de todos, pero sí de muchos operadores políticos, las conversaciones que confiesan delitos electorales o corrupción circulan en las redes justo al final de las campañas. No es gratuito, detrás de cada una de ellas hay alguien que los grabó, alguien que lo operó con intención, pero otra vez, las dudas sobre el mensajero no eliminan lo grave del mensaje. 3 ejemplos.

El caso más conocido sin duda es el del director de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, Omar Cervantes, operando para involucrar al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, en la campaña del candidato priista a gobernador de Nuevo León. Cervantes, ilegalmente intervenido en su comunicación, renunció; Scherer, el señalado de operar desde su puesto en la Presidencia en la elección de un estado, no ha dicho esta boca es mía.

El alcalde con licencia y hoy candidato a alcalde de MC en Chapala, Moisés Anaya, fue grabado en una conversación con su ex director de Planeación. El tema son unos permisos de urbanización que no cumplían con la norma. El director le hace ver al alcalde que hay problemas con la densidad y con la propiedad, pues uno de los terrenos tiene 3 escrituras distintas. En la conversación el alcalde le grita a su subalterno. "Es un p... trato que estoy haciendo yo, y para eso estás ahí, para resolver los tratos que yo tenga que hacer". La confesión manifiesta debería ser suficiente para que se investigara al alcalde hoy en busca de la reelección. El empresario beneficiado de los permisos apareció después en redes sociales apoyando al candidato emecista.

El ministro de La Luz del Mundo, Gilberto García Granados, de acuerdo con una nota de Milenio, fue grabado en una reunión en la iglesia Bethel, al oriente de Guadalajara. En dicha reunión el ministro dice: "Se hizo un acuerdo y por esta razón se está apoyando a este señor Carlos Lomelí" (candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara). La razón, lo explica más adelante, es que hace unos meses el hoy candidato ayudó a algunos representantes de la iglesia a conseguir una reunión con Santiago Nieto, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, para tratar de detener las investigaciones por lavado de dinero. Favor con favor se paga.

3 botones de muestra de cómo opera el sistema de corrupción durante las elecciones. Todas vienen de grabaciones si no ilegales al menos sin el consentimiento del personaje grabado. ¿Qué es más grave, la grabación o la confesión? Ambas, nadie debería ser grabado; nadie debería usar el poder, el que sea, para intercambiar favores electorales.

Hoy es el último día de unas campañas que durante 2 meses ocuparon la energía y la pasión del país y llenaron los espacios comerciales de radio y televisión. Adiós al bombardeo de spots sin contenido que quisieron convencernos de que el otro era peor, de que los del otro partido estaban mintiendo o de que si ellos no ganaban vendría el caos.

Si algo hemos de aprender de un proceso electoral tan crispado como el que está por concluir es que los grandes cambios no los hacen grandes políticos ni carismáticos líderes sino grandes pueblos y pequeñas organizaciones. Da igual que el presidente se desgañite todas las mañanas y que sus opositores pongan el grito en el cielo todos los días después de la mañanera, o que el gobernador nos regañe porque no vemos lo que él ve, si los que habitamos el territorio no decidimos hacer algo en colectivo por él, si no trabajamos en conjunto por recuperarlo en términos de seguridad, de sustentabilidad, de productividad.

Las maquinarias de la guerra sucia de los partidos políticos se están aceitando de cara al día de la elección. Y una de esas modalidades son las llamadas desde Call Centers a ciudadanos para denostar a algún rival.

En esta ocasión le tocó a Morena. Muchos ciudadanos han reportado en los últimos días llamadas para pedir el voto contra el partido en el poder y para lograr equilibrios en la Cámara de Diputados.

Lo que resulta inexplicable es que este tipo de llamadas, incluso la madrugada del día de la votación, son comunes en cada contienda y nunca hay sanciones contra los responsables. Porque detrás de esas llamadas, no es difícil inferirlo, hay dinero invertido que difícilmente pasa por la fiscalización de las autoridades electorales.

Si algo ha ido perdiendo empuje y está en riesgo de morir en el intento es la conocida como Iniciativa 3de3 que empujaron organizaciones civiles, académicas y empresariales encabezadas por Transparencia Mexicana desde hace casi una década y que tuvo su mejor momento en la elección intermedia del 2015.

Desde luego que aquel incipiente avance fue sólo cualitativo porque cuantitativamente fue un fracaso. Ni siquiera el 1% de los 43,416 candidatos que se registraron para buscar alguno de los 2,051 cargos en juego en aquella elección respondieron al reto de hacer pública su declaración patrimonial, la de impuestos y la de algún eventual conflicto de intereses, que no es otra cosa que dar a conocer si tienen o no participación en alguna empresa o negocio.

En este 2021 fueron mas las y los candidatos que atendieron el llamado. Según el último corte de Transparencia Mexicana, de los más de 125,000 aspirantes a un cargo de elección popular sólo 5%, es decir 6,375 candidatos publicaron su 3de3. En Jalisco, de los 19,747 candidatos y candidatas, titulares y suplentes, 5,802 lo hicieron, lo que equivale al 29%.

Pero lo cierto es que la 3de3 se ha venido degradando y en este proceso electoral ya no fue mas el incentivo aquel que se perfilaba para sacar de la opacidad a los que aspiraban a un puesto público y convertir esa acción en un nuevo instrumento para combatir nuestra creciente corrupción e impunidad, que ha carcomido al Estado abriendo anchas avenidas para la infiltración delincuencial que se refleja en la peor crisis de inseguridad y violencia que padecemos en el país.

Desde que terminaron las elecciones del 2015 los promotores de la 3de3 quisieron evolucionar esta iniciativa para que pasara de ser voluntaria entre los candidatos a darle un carácter de obligatoria, y ampliarla también a las y los servidores públicos.

La profunda opacidad y resistencia a la transparencia que persiste en nuestra clase política y gubernamental se encargó de obstaculizar el tránsito legislativo de esta iniciativa con tácticas dilatorias hasta debilitarla y nunca hacerla obligatoria. Todas las bancadas partidistas cerraron filas, dieron la espalda a la ciudadanía y cuidaron que no se consolidara la 3de3 que les sería sumamente incómoda y les restaría privilegios y corruptelas.

Ahora que viene la renovación de la mayoría de los congresos locales y de la Cámara de Diputados bien valdría la pena retomar y empujar esta agenda desde Transparencia Mexicana y nuevas organizaciones sociales para volver a darle valor e incentivar la transparencia premiando a los candidatos que respondan a ello y castigando a los que buscan perpetuar la opacidad.

Para las ciudades los intermedios son esos extraños periodos entre la elección de un alcalde y el término del periodo de quien está al frente. Nada pasa, nada se decide, todo funciona a medias. En algún momento este periodo llegó a ser de casi 6 meses, pues la elección se celebraba el 1er. domingo de julio y la toma de posesión era el 1o. de diciembre. Luego se recortó el periodo, pero también se adelantó un mes la elección, con lo que ahora son 5 meses entre que un alcalde es electo y toma posesión. Si a eso le agregamos que ahora que hay reelección los alcaldes se van de campaña, en realidad el intermedio es de entre 8 y 10 meses. En síntesis, la ciudad se queda descabezada, con gobierno a medias, un cuarto del tiempo.

Los intermedios en los gobiernos municipales nos cuestan muy caros: se reduce enormemente la capacidad de respuesta de los ayuntamientos, los trámites se paralizan, la obra pública de ralentiza, las decisiones quedan en el limbo, los cabildos dejan de sesionar, la autoridad se pierde. No es solo el alcalde/candidato el que se va a la elección, como señala la ley, es todo el gobierno el que se va de campaña. Una de las soluciones que han encontrado los países democráticos a esta situación es tener gerentes de ciudad, esto es, personajes que se encarguen que los servicios públicos funcionen esté o no esté el alcalde y su cabildo. Sin embargo, no contábamos con la capacidad que tiene nuestra clase política para pervertir cualquier solución. En el caso de Guadalajara, en lugar de nombrar un gerente con capacidad técnica y alejado del mundo partidista, el hoy alcalde con licencia nombró a su delfín, mismo que por supuesto abandonó el cargo para irse a las campañas. Crearon más burocracia y no solucionaron nada. Pero lo mismo sucede en Zapopan, Tlajomulco y decenas de municipios gobernados por diferentes partidos donde los alcaldes están buscando votos.

¡Cácaro! Pagamos boleto completo, queremos gobierno completo. Los intermedios están resultando demasiado largos y costosos.

A pesar de lo costoso que es nuestro aparato electoral (19,593 millones de pesos se aprobaron para el Instituto Nacional Electoral este año), la mayoría de los ciudadanos carecen de la información suficiente sobre los candidatos, los partidos políticos, las campañas, las propuestas y las funciones que le toca desempeñar a cada uno.

Parece obvio, pero no es lo mismo diputado local que diputado federal; no cumplen la misma función el presidente municipal o el regidor.

El votante común, sin embargo, no está obligado a poseer conocimientos detallados sobre administración pública o Derecho Legislativo para emitir su voto. Sin embargo, sí es importante que no permita el engaño, porque muchos candidatos y candidatas a una diputación, por ejemplo, se comprometen campechanamente a resolver problemas de alumbrado público, inseguridad o pavimentación, cuando la tarea legislativa no tiene absolutamente nada qué ver con ello.

Si hubiese que decirlo de modo elemental y para el caso de Jalisco, porque aquí se elegirán diputados locales, diputados federales y alcaldes, el votante debe pedirle a los candidatos que definan concretamente 2 cosas: su ideología y sus tareas. Y más simple: si se comprometen a hacer algo, que expliquen puntualmente cómo y cuándo.

Sobre la ideología, es importante definir con qué está de acuerdo y con qué no, el ciudadano. No hay mucho qué abundar en ello. Es clásico el ejemplo de la persona que vota por un candidato sólo por su postura a favor o en contra del aborto. Y a partir de ese inicio, se pueden encontrar coincidencias y diferencias para decidir un voto a favor o no entregarlo.

Las cosas, así, ya no lucen tan complicadas. ¿Cierto?

El actual proceso electoral 2021 tiene complicaciones adicionales. Quizá la más notoria es la enorme cantidad de partidos políticos en la contienda: 13. Además, nuestras leyes electorales permiten candidaturas independientes. En Tonalá, por ejemplo, se registraron 14 candidaturas a la presidencia municipal. Eso implica hacer más revisiones, conocer más propuestas, escuchar a más candidatos y candidatas.

Rentándose como tapete del presidente en turno durante varios sexenios, el Partido Verde Ecologista de México ha recibido un manto de impunidad que ha permitido a sus líderes enriquecerse sin rubor.

"Los verdes" apoyaron a Fox y Fox los dejó hacer. Luego se entregaron a Peña Nieto, y aquello fue un festín de corrupción. Ahora están con López Obrador, y lucen insaciables.

¿Cuál es el arreglo? Impunidad a cambio de algunos puntos porcentuales que aportan en las elecciones y algunos votos que suman en el congreso. Descansando en ese modus operandi, hoy la cúpula del Partido Verde se ha convertido en una pandilla de multimillonarios cuyo trabajo político tiene el único objetivo de enriquecerse económicamente.

Asombrosa su sagacidad, su olfato para acercarse al vencedor y su destreza para ser lo suficientemente importantes para no pasar desapercibidos y lo suficientemente irrelevantes para que no valga la pena embestirlos. Maestros de esa sintonía fina, bandidos de antifaz, han hecho negocios por todos lados; debo decir, escandalosos negocios por todos lados.

Ordeñaron Chiapas, el primer estado que gobernaron. Han sentado sus reales en Quintana Roo, donde vive su líder y tienen múltiples negocios inmobiliarios. Y ahora van por San Luis Potosí, a través de la candidatura de Ricardo Gallardo, perteneciente a una mafia local apodada La Gallardía, quien ha pasado meses detenido por autoridades federales, al que le han imputado de todo y a quien el presidente López Obrador llegó a llamar "mafiosillo".

Gallardo tiene dueño. Se llama Arturo Escobar. Desde que inició en el Verde, Escobar trató de tomar distancia del estilo ignorante, corriente y frívolo que habían impregnado en el partido figuras como Jorge Emilio González Martínez "El Niño Verde" y su tocayo Jorge Kawaghi, en ese momento las estrellas nacionales del PVEM. Escobar, que trató de presentarse como el estudiado del grupo, pronto dejó claro que su fachada intelectualoide sólo buscaba esconder que en realidad se trataba de otro de los vulgares mercachifles del Partido Verde:

Lo agarraron con un millón de pesos en efectivo en el aeropuerto de Chiapas, duró 2 meses de subsecretario en Gobernación de Peña Nieto porque la Fiscalía para Delitos Electorales solicitó su aprehensión, se conoce que goza de lujosas propiedades en Las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, y en Valle de Bravo, Estado de México, y hasta se le ubica como dueño de una Sofom (sociedad financiera de objeto múltiple) que se dedica a prestar dinero a empleados de gobiernos estatales con los que el Partido Verde tiene entrada a cambio de favores políticos.

Con una biografía así, es fácil suponer que se entendió rápido con el "mafiosillo": convenció a Gallardo de dejar el PRD, lo hizo candidato del Verde al gobierno de San Luis Potosí, negoció con Morena para que bajara las manos en ese estado y hoy las encuestas marcan que la contienda está cerradísima entre Ricardo Gallardo y el de la Alianza, Octavio Pedroza. Escobar, ya dueño del candidato, está a punto de ser dueño del gobernador y dueño del estado. Otra vaca para que el Verde ordeñe. Sólo le falta ganar la elección. Le están metiendo todo el dinero.

Veremos si les rinde frutos la inversión. Lo de menos es el estado, el país, la política, la ética y el pudor. ¿Cuándo ha sido eso relevante en la mesa del Verde?

En la práctica, los ciudadanos preocupados por llegar a las urnas con una idea clara acerca de la orientación que debe tener su voto para merecer el calificativo de responsable, han tenido que navegar en el consabido, nauseabundo mar de saliva endulzada a que se reducen las campañas: o son las frases diseñadas por publicistas profesionales, que cuando no compiten por su vaciedad lo hacen por su necedad, o son las igualmente consabidas y nauseabundas promesas, confeccionadas siempre al gusto y a la medida de los deseos de sus auditorios: apoyos económicos a las personas interesadas en emprender un negocio; mejores servicios públicos para toda la población; mejores salarios, mejor preparación física y táctica y mejor equipamiento de los policías, para incrementar la seguridad (...o, mejor dicho, disminuir la sistemática percepción de inseguridad) ciudadana; acciones orientadas a atender eficazmente las quejas de la población afectada por delitos patrimoniales o por los que van en detrimento de la libertad o aun la vida de las personas; más inversiones de fondos públicos para el deporte y la cultura -abstracciones químicamente puras ambas-, a partir de la hipótesis de que fomentar actividades de esa índole propicia mejores actitudes individuales y, en consecuencia, mejores relaciones sociales...

Cuando menos hasta ahora, nunca nadie les ha creído a los candidatos de ningún partido; los únicos que los toman aparentemente en serio son los periodistas del ramo que les llevan las cuentas, porque saben que van a fallar y esas ofertas les sirven para recordarle al que gobierna. Porque ciertamente la desgracia del tema no son las campañas en sí, son caras y falsas, pero lo dramático del asunto es que bien o mal siempre hay uno que gana y no necesariamente gana el menos malo, aunque ya dije hasta la saciedad que todos, absolutamente todos, han sido -y con casi absoluta seguridad serán- dañinos para la población, eso sin importar si el sujeto de marras es buena gente, que puede serlo y hasta, aunque más extrañamente, también pueden ser buenas personas de familia y algunos hasta honrados, pero dañeros todos, hasta los que no han llegado.

Lo cierto es que, como quiera verse, esto de las campañas no es otra cosa que un tiradero de dinero que solo confirma lo que decía Ambrose Bierce de que la política es "el medio de ganarse la vida preferido por la parte más degradada de nuestras clases delictivas" y una gestión de los asuntos públicos del cual se gozará de un beneficio privado.

Las campañas electorales de la llamada elección "más grande de la historia" de México entran en la recta final repitiendo las mismas rutinas que nos confirman que lo que se vende como un procedimiento para competir por el poder en una democracia representativa no es sino una puesta en escena de los grupos de poder en medio una sociedad del espectáculo.

Salvo muy escasas excepciones, las campañas son rutinas de reparto de propaganda, eslóganes vacíos, promesas que jamás van a ser cumplidas, acarreo de pobres y un despilfarro injustificado de recursos públicos de toda la sociedad, además del dinero negro que aportan grupos de interés que luego se cobrarán al candidato que gane la elección.

Las campañas son una puesta en escena infame donde los candidatos, por lo regular de los sectores acomodados, simulan que conocerán el municipio o distrito que quieren gobernar, comen en menuderías, taquerías y puestos de tortas ahogadas a los que jamás regresarán. Lo mismo pasa con sus recorridos por mercados públicos y tianguis. En busca del cargo público que añoran, los candidatos recorren calles, plazas y parques que siempre prometen mejorar y se prodigan en saludos a la gente común y corriente que luego en el poder jamás volverán a ver.

Las campañas no son una competencia de ideas, ideologías ni de proyecto de sociedad, sino una contienda entre agencias de publicidad, por lo regular mediocres, que intentan captar la atención de consumidores de la política electoral.

Pero a lo que más se dedican recursos en los candidatos y dirigencias de los partidos es a los llamados "cuartos de guerra" donde se pone el acento en buscar los errores o incluso delitos de sus adversarios o en inventar acusaciones que regularmente se filtran a los medios hacia final de la campaña para debilitar a los oponentes.

Lo que estamos viendo justo en esta semana en la campaña en Jalisco es el resultado de los integrantes de los "cuartos de guerra" difundiendo acusaciones de unos candidatos contra otros.

Y mientras en las campañas se derrochan enormes recursos y transcurren en la puesta en escena de que toman en cuenta a la gente, se dejan de abordar los problemas más importantes. Se habla de seguridad y de proyectos que ya se han enunciado en otras campañas sin que la paz llegue a la sociedad.

Mientras las campañas transcurren en la misma rutina de otras elecciones, los principales problemas que aquejan a la sociedad se dejan de lado. Por ejemplo el grave problema de las desapariciones que aqueja a la sociedad de Jalisco.

Ningún candidato a presidente ha presentado una propuesta seria para combatir el fenómeno de las desapariciones en su municipio. Hay municipios, como Guadalajara y Zapopan, que tienen más desaparecidos que los que tienen varios estados del país.

Al igual que el tema de las desapariciones, otros graves problemas de la entidad, como la violencia machista, los despojos de tierras y bienes comunes, la explotación de la fuerza de trabajo, la tendencia a dejar en manos del mercado los insumos esenciales para tener una vida digna se dejan de lado en las campañas.

Esto explica el desencanto y apatía que generan en amplios sectores de la sociedad las campañas lo que se traduce abstencionismo electoral. Muchos creen que la gente deja de votar por ignorancia o apatía cuando para muchos es una postura política consciente de no participar en una simulación de democracia que no encara los principales problemas sociales y que no cambia la sociedad como sería necesario.

Y así las campañas terminan siendo una puesta en escena de grupos que están en el poder o que quieren llegar a el para beneficio personal y de partido y no propiciar una vida justa y digna para todos.

Por definición, el "voto de castigo" es el que, en el marco de unas elecciones democráticas, el elector emite en contra del partido político gobernante, para castigarlo por su mala gestión, retirándole su confianza, o desaprobar algunas de las políticas llevadas a cabo durante su mandato. En un sistema bipartidista, el voto de castigo se manifiesta principalmente anulando el sufragio personal, votando en blanco o haciéndolo a favor del adversario del (o los) candidato(s) del partido gobernante. (Por ejemplo, los votos a favor de Joseph Biden que impidieron la reelección de Donald Trump en Estados Unidos).

En México, desde que se dieron las condiciones para que hubiera un auténtico juego democrático, el voto de castigo sirvió, en 2000, para "sacar al PRI de Los Pinos"; en 2012, para hacer lo mismo con el PAN; en 2018, para repudiar las 2 fórmulas -"tan malos los pintos como los colorados..."- que ya habían desencantado a la generalidad de la población.

De cara a las inminentes elecciones intermedias, se plantea la posibilidad de que la experiencia se repita: que la reprobación ciudadana a las supuestas bondades -unas en el discurso, otras en la realidad- de la cacareada "4a. Transformación", redundara en el voto de castigo mayoritario, redujera los márgenes de maniobra del presidente López Obrador y frustrara buena parte de sus proyectos (supuestamente "sociales") personales.

En teoría, pudiera ser; en la práctica, es diferente. Mientras no haya un ejercicio de ratificación o revocación expresas de mandato, como el anunciado para el año próximo, en México se puede votar "por"... pero no "contra" tal(es) candidato(s) o partido(s).

El elector, en México, sólo puede optar entre candidatos postulados por partidos sin historia -unos- o que ya probaron -otros- que la incompetencia o la ambición (o ambas) eran, vía de regla, la marca de la casa de sus "abanderados"; candidatos que prometen paraísos, como todos -sin excepción- los que los han precedido; que se refugian en la consabida letanía de propuestas genéricas -pan, salud, justicia, etc.-, que todos los ciudadanos quieren oír pero pocos gobernantes (o representantes) han concretado..., o dedican sus mejores afanes a exhibir, a falta de ideas o posibles soluciones a las carencias sociales más notorias, las miserias morales de sus adversarios... y, de paso, las suyas propias.

El elector, en México, pues, aunque quisiera poder castigar a ineptos y falsarios, está condenado a optar entre 2 quimeras: la ilusión y la esperanza.

El "voto reflexivo" del que tanto -y con tanta elocuencia- se habla en estas antevísperas de jornadas electorales, es, valga la analogía, como el Espíritu Santo: algo de lo que todo mundo ha oído referencias encomiásticas... pero que nadie ha visto; ni sabría, por tanto, definir o describir con precisión.

En teoría, el dichoso "voto reflexivo" consistiría en la información que todos y cada uno de los ciudadanos, potenciales participantes en un ejercicio como el programado para el próximo 6 de junio -dentro de 2 semanas pues- en México, deberían procurarse al efecto de intentar que su voto sea la consecuencia de la ponderación cuidadosa, en 1er. lugar, de la pertinencia de las propuestas de todos los candidatos a los más de 20,000 cargos de elección popular que deberán dirimirse; en 2o., de la capacidad probada en el ejercicio de encomiendas similares cumplidas en el pasado; y en 3o., de los atributos personales de dichos candidatos...

Lo de menos es que la mayoría de los ciudadanos, en México, no distinga claramente la diferencia sustancial entre gubernaturas, presidencias municipales y regidurías, diputaciones o senadurías. Tanto si se postulan para cargos en el poder ejecutivo como si lo hacen para el poder legislativo, todos los candidatos, desde la óptica del ciudadano de a pie, son hermanitos carnales; pájaros de la misma pluma, pues: ciudadanos que se ostentan como propietarios de la varita mágica capaz de resolver en un santiamén -"si el voto los favorece", por supuesto- los principales problemas, carencias y rezagos de la población (inseguridad, pobreza y enfermedad, principalmente)… pero que en el fondo simplemente aspiran a tener acceso -como dijera alguna vez, con tino de apache, alguno de los fundadores del PAN-, mediante el desempeño (indigno, con demasiada frecuencia) de cargos públicos, a las prebendas y beneficios económicos que les serían inaccesibles mediante el trabajo honrado.

La política, en todas las latitudes pero en México muy particularmente, es un oficio sumamente desprestigiado, porque una de las peculiaridades de quienes lo ejercen es la habilidad para simular y la capacidad para mentir, tanto al prometer o hacer alusión a sus virtudes y buenas intenciones, como al referirse a los defectos de sus adversarios.

De ahí que casi seguramente Fedro -poeta latino- acertara al aseverar que "en un cambio de gobierno, el pobre rara vez cambia de otra cosa que sea el nombre de su amo"... aunque lo haya dicho hace 2000 años.

A casi 2 años y medio de su gestión, el gobernador de Jalisco se ha ganado a pulso el calificativo de frívolo -algunos dirían cínico-, un distintivo que definitivamente marcará su sexenio.

Desde su asistencia a un partido de los Lakers en Los Ángeles acompañado de un contratista del gobierno hasta su reciente presencia en encuentros de fútbol, lo que le sale mejor al gobernador es el deporte como entretenimiento más que gobernar.

Esto cuando el estado está al rojo vivo de violencia, con una crisis forense y de desaparecidos, multihomicidios, asesinatos de policías, corrupción e impunidad rampante.

En medio de esta crisis, el gobernador del estado decide mostrarse ocupado en un partido de fútbol de Tepatitlán o la final de la Copa Jalisco. Los comentarios en redes sociales le tundieron y para muestra un botón.

"¡El límite del cinismo! Lo tuyo lo tuyo es el deporte y el protagonismo, gobernar Jalisco te quedó muy pero muy grande", le reclamó una usuaria.

Y esta crítica de un internauta resume el sentir de muchos: "Cuántas familias de Jalisco no podrán asistir a esos eventos porque están buscando a sus seres queridos desaparecidos y todo gracias a que tú le das más importancia a esto que a la seguridad de todos".

Pero la culpa es de la federación, ¿o cómo era?

Lo cierto es que los tumbos y bandazos expresados desde el gobierno estatal ante la desbordada crisis de inseguridad y violencia, materializada en el registro del 1er. desplazamiento de población en Los Altos por la disputa de territorio de las mafias y las desapariciones imparables, la carencia de agua en amplias zonas de la metrópoli y el fuego que devora nuestras áreas naturales, han hecho perder a Enrique Alfaro gran parte de los bonos que acumuló por el buen manejo inicial de la pandemia justo hace un año y que positivamente lo diferenció del desastre con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador enfocó la aparición de la emergencia sanitaria, y que empoderaron al mandatario jalisciense para reclamar las otras innegables incapacidades y ausencias que en Jalisco ha tenido el centralista gobierno de la autollamada 4a. transformación.

Aquel destacado liderazgo mostrado por Alfaro en los inicios de la pandemia, y que lo reposicionó a nivel local y nacional y lo sacó de la mala racha incial de su arranque de gobierno (por su prematura abierta confrontación con AMLO, por la poca empatía con la agenda feminista, la errática gestión del aumento de la tarifa del transporte público, la accidentada creación de una Policía Metropolitana -infértil hasta hoy-, su intolerancia perenne a la crítica de los medios y "opinadores profesionales" incómodos, y el escándalo de la licitación bajo sospecha del programa "A Toda Máquina", por más de 3,600 millones de pesos, aún bajo la lupa del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, así como por sus cambios de postura en torno a la presa El Zapotillo actualizados en esta semana) evidentemente se esfumó y lo regresó, como en el juego de las Serpientes y Escaleras, a su situación crítica inicial y que lo hace apostar los dados para subir con lo que suceda con MC en Nuevo León y Campeche, por si en Jalisco se pierde lo que se tenía ganado.

El gobernador [Enrique Alfaro] parece molestarse porque no se reconoce que la Fiscalía y fuerzas estatales han disminuido sensiblemente los delitos patrimoniales. Pero esto ocurre justo en el contexto de la peor oleada de violencia que se manifiesta por el aumento de asesinatos, desapariciones, fosas clandestinas y crisis forense.

El gobernador atribuye todas estas dinámicas al crimen organizado y por tanto señala que es al gobierno federal a quien compete perseguir ese delito. Pero ¿se puede estar 100% seguro de que todas estas dinámicas de violencia competen a delitos "federales"? ¿No es verdad que varios de estos delitos son también del fuero común y por lo tanto competencia del gobierno estatal?

Es apresurado decir que todos son delitos federales cuando las investigaciones por asesinatos y desapariciones tienen notables rezagos y altas tasas de impunidad, que éstas sí son atribuibles al gobierno local.

Lo mismo puede decirse de los 2 problemas que ayer el gobernador de Jalisco atribuyó al gobierno federal. El cuidado de los bosques no es sólo competencia federal, o no debería serlo. Y cuando así fuera, es competencia local detener y castigar a quienes cometen delitos relacionados con el daño a los bosques, como los incendios intencionales y la extracción de materiales.

Y finalmente, aunque las aguas sean bienes nacionales, su uso y las políticas de distribución y consumo, sí son competencia local. Por ejemplo, promover políticas de captación de agua que han propuesto los especialista y que el gobernador desdeña para aferrarse a la falsa salida de depender del agua del Río Verde.

Un gobernante que se lava las manos en lugar de encarar los graves problemas que aquejan a la sociedad jalisciense.

2 temas tienen a Jalisco en vilo desde hace algunas semanas: el incremento de la violencia y la escasez de agua. Los ciudadanos hablan de eso, los candidatos también. El gobernador no, él habla de otras cosas, como la añoranza de sus épocas de futbolista o el triunfo de Tepatitlán, aunque sea en la liga de ascenso sin ascenso porque, como el adolescente que quiere cambiar la conversación porque sabe que cada vez que se toca el tema sale mal parado, sabe que lo que tiene son explicaciones y excusas, no respuestas. Los candidatos de oposición no quieren hablar de otra cosa, saben que es ahí donde pueden hacer daño, aunque la mayoría no tenga la más remota idea de cómo solucionar ni uno ni otro problema.

Hay 2 preguntas pertinentes al respecto. La 1a. es si el gobierno de Alfaro es responsable en alguna medida de los problemas de seguridad y falta de agua. La 2a. es si los candidatos a presidentes municipales y diputados realmente pueden hacer algo al respecto.

Comencemos por la responsabilidad del gobernador. Por más que Alfaro quiera quitarse el golpe de la seguridad argumentando que el combate al crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal y que la escasez de agua es efecto de la sequía, ambas son verdades a medias. Todos los asesinatos son por definición delitos del fuero común. Cuando se presume que hay crimen organizado se convierte en asunto del fuero federal, es cierto. El problema es que hoy todo se presume que es crimen organizado y se olvida que las autoridades locales son responsables de lo que sucede en el territorio. ¿Dónde termina la violencia cotidiana y comienza el crimen organizado?

Cada quien mueve la frontera a conveniencia. El 22 de noviembre de 2018, cuando era gobernador electo, Enrique Alfaro se paró en la Rotonda de los Hombres Ilustres y, con un montón de ilustres detrás, dijo: "Los gobernadores somos responsables de la seguridad en nuestro estado por mandato constitucional". Tenía razón entonces, y tienen razón ahora los que le exigen que se haga cargo.

Las autoridades del agua en Jalisco no son responsables de la sequía, lo son de la falta de políticas preventivas que provocó la falta de agua en las casas. Esta no es la 1a. ni la peor sequía de la historia del estado, tampoco el 1er. año que hay tandeos. Pero los datos sobre la escasez de agua en las fuentes de abastecimiento se tuvieron desde la 2a. quincena de noviembre y nada se hizo durante 5 meses.

Vamos a la 2a. parte. ¿Pueden hacer, o van a hacer algo, los futuros alcaldes y diputados en estos temas? Los alcaldes tienen mucho que ver con la seguridad. Hay que exigirles propuestas serias, algo que vaya más allá de la crítica a los gobiernos actuales. Y al que gane, resultados. En materia de agua me temo que es poco lo que pueden hacer y nulo lo que harán, pero sobre todo podemos apostara a que en cuanto comience a llover, cambiarán de tema.

Los temas de seguridad y agua influirán mucho en las próximas elecciones, pero me temo que los que ganen influirán muy poco en la solución de los problemas.

El viejo dicho de "Nadie sabe para quién trabaja" se puede aplicar a Morena en el caso anticorrupción favorito del presidente López Obrador.

A partir de las acusaciones lanzadas por el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, la detención de mayor peso provocó el derrumbe de la candidata de Morena a la gubernatura de Campeche, Layda Sansores: ella lucía inalcanzable al inicio de la contienda, pero a 3 semanas de las elecciones, algunas encuestas la colocan hasta en 3er. lugar.

Cuando fue detenido el exsenador panista Jorge Luis Lavalle "Pachita", acusado por Lozoya (y por el presidente López Obrador) de recibir sobornos en efectivo para impulsar las reformas de Peña Nieto, pocos sabían que este hombre estaba trabajando como gran orquestador de la campaña de la morenista Layda Sansores en Campeche.

Layda militó en el PRI, el PRD, Convergencia, Movimiento Ciudadano, el PT y ahora está en Morena.

Ahora, en su anhelado regreso triunfal a su tierra como gobernadora, puso su confianza en una estructura trasplantada del PAN. La veterana política recurrió como responsable de la operación política de su campaña al cuestionado panista Lavalle.

Y "Pachita", quien renunció al PAN cuando la purga de calderonistas, armó un equipo con cuadros traídos del PAN de ese estado. Cuadros identificados con el ex presidente Felipe Calderón. Incluso pocos días antes de ser detenido, Lavalle había organizado una cena con empresarios locales para acercarlos al proyecto político de Layda. Estuvieron en la convocatoria familiares del fallecido exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

Así que cuando Lavalle fue detenido en relación con el caso Lozoya, la estructura de la campaña de Layda en Campeche se desfondó. Se quedaron sin líder y en desbandada se dirigieron fundamentalmente a Movimiento Ciudadano, cuyo candidato, un ex panista también, Eliseo Fernández Montúfar, aparece hoy en una posición de privilegio en las encuestas para la gubernatura.

La elección de Layda Sansores de su operador principal no había sido bien vista en Palacio Nacional y desde que se produjo el derrumbe en su campaña no ha llegado el esperado apoyo de su viejo aliado, a quien incluso se refiere como amigo: el presidente López Obrador.

Así que en Campeche la batalla sigue siendo entre las estructuras del PRI y el PAN, aunque estén involucradas otras siglas partidistas.

Eliseo Fernández fue diputado local por el blanquiazul y de ahí brincó a ganar la presidencia municipal de Campeche capital. Se perfilaba como la mejor carta de los panistas para la contienda por la gubernatura en este 2021, pero los acuerdos de la alianza Va por México lo hicieron a un lado y el PRI obtuvo la mano para nombrar candidato común con el PAN y el PRD, pues el dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, es campechano y fue gobernador. "Alito" escogió como candidato a su sobrino, Christian Castro, y Eliseo Fernández se fue a Movimiento Ciudadano.

2 semanas más y el periodo de campañas políticas habrá terminado. A partir de ahora se recrudecerá la guerra de las encuestas. Entre quienes las presumen porque se consideran punteros en las preferencias y quienes no siéndolo, las desacreditan, el votante se enfrenta al dilema de creer o no las encuestas electorales que se están publicando y compartiendo.

¿Sirven o no las encuestas? Claro, sirven y mucho.

Si nos atenemos al conocimiento estadístico, la encuesta es una herramienta científica que nos permite conocer la realidad sin necesariamente abarcarla toda.

Naturalmente, hay matices y diferencias. Aplicar un estudio estadístico para conocer, por ejemplo, qué cantidad de personas está a favor o en contra del aborto, es relativamente fácil. Se trata de temas en los que la mayoría presenta una postura personal definida pero además, no teme hacerla pública.

De esta manera, siguiendo las reglas matemáticas, se puede aplicar una cantidad determinada de cuestionarios para tener como resultado un porcentaje representativo del total de los habitantes de una comunidad definida y tener el conocimiento de la postura general con un porcentaje de certeza que es casi del 100%.

Pero las preferencias electorales se cuecen aparte...

Las condiciones particulares de los procesos electorales en nuestro país han generado, puede decirse, un "caso mexicano" que es objeto de estudio.

A 3 semanas de distancia de la jornada electoral de este 2021, los estudios estadísticos que pretenden reflejar la tendencia de votación presentan una enorme cantidad de rasgos y condicionantes que reducen la certeza de sus resultados.

Hay una cantidad considerable de vicios que falsean los resultados.

El 1o. se expresa en una frase muy conocida: "el que paga manda". No faltan los encuestadores que, ansiosos por la paga, le entregan al cliente los resultados que más le interesan. ¿Quiere verse ganador? Es cuestión de elaborar las preguntas de tal modo que los resultados reflejen una realidad parcial.

Otro vicio recurrente es el "cuchareo" o dicho con más claridad: si se necesita un resultado específico, es cuestión de llenar los cuestionarios con las respuestas deseadas. Claro, la encuesta puede resultar en lo que más se desea... pero la realidad sigue su propio camino.

Ahora bien, ya que el método científico y estadístico está bien definido, siempre quedan las encuestas bien intencionadas y sobre todo, correctamente elaboradas, pero que pueden no ser reales porque las personas, sencillamente, deciden guardarse la información fundamental sobre sus preferencias.

Por eso, se habla del "voto oculto", esto es, la intención de votar por determinado candidato o candidata, pero sin darlo a conocer.

Adicionalmente, en una apretada síntesis, hay que señalar a quienes son indecisos hasta el último momento y pueden, en algunos casos de elección muy cerrada, inclinar la balanza a favor de quien no era visto como ganador.

Así las cosas, particularmente en estas elecciones, es difícil definir con claridad los resultados.

Eso sí, muchos encuestadores van a "hacer su agosto".

El movimiento Pacto por la Integridad, en el que participan académicos, empresarios y activistas de la sociedad civil, que entre otras cosas ha empujado la reforma 2.0 al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que siguen atorando las y los diputados de la saliente legislatura local, lanzó un muy interesante reto para todas y todos los candidatos a las alcaldías del área metropolitana de Guadalajara para que lo acepten, o no, en la recta final de las campañas electorales.

A través de sus redes sociales, #PactoIntegridad lanzó este mes de mayo la invitación a las y los contendientes de comprometerse en un video, que deben subir a su plataforma, que de ganar su respectiva elección implementarán tres acciones que, sin duda, pueden contribuir a combatir la rampante corrupción desde el municipio y que expondré más adelante.

La propuesta inicial es que cada compromiso se ventile semanalmente en la conversación digital a través de videos y mensajes diseñados por el propio equipo de #PactoIntegridad en el que se haga una introducción al tema, los riesgos de corrupción existente y cómo cada una de estas 3 acciones mitigaría esa amenaza y sus beneficios para la ciudadanía. En esos mismos videos de minuto y medio de duración, se invitará a las y los candidatos a que se vayan comprometiendo con su implementación, de llegar a convertirse en presidentes o presidentas municipales.

1.- Se inició con la exposición y la invitación para incorporar la figura de la Contraloría Ciudadana con autonomía de gestión en los órganos internos de control de los municipios, con lo que se busca crear un contrapeso que ayude a la prevención y corrección de faltas administrativas en los ayuntamientos.

2.- El 2o. compromiso que se les pide a las y los que buscan las alcaldías metropolitanas es establecer un mecanismo de compras públicas abierto, transparente, competitivo y libre de conflictos de interés que garantice que los gobiernos municipales contraten a los mejores proveedores ejerciendo los presupuestos públicos en forma honesta.

3.- Finalmente, comprometerse a modernizar los sistemas de catastro y regular los usos de suelo para promover un desarrollo urbano sustentable y de calidad para los habitantes y futuras generaciones.

Esta iniciativa está abierta desde los primeros días de mayo y hasta el momento no me ha tocado ver ningún video en el que alguno o alguna de las candidatas acepten trabajar en estas 3 acciones que, sin duda, les ayudarían a ejercer un gobierno más transparente. Una muy mala señal que ojalá se disipe antes de la jornada electoral del 6 de junio. La invitación es para que los candidatos compartan su video en el que acepten el compromiso antes del próximo 20 de mayo. Así que habrá que ver quien acepta este reto que, sin duda, les pudiera hacer ganar nuevos adeptos.

Pero lo más importante, para que no nos confirmen la sospecha de que llegan llenos de compromisos inconfesables y con las manos atadas para que todo siga en la ruta de la degradación por la que la mayoría de los gobiernos transita y que nos tiene ya en la barbarie.

No sorprende que Adrián de la Garza, candidato del PRI en Nuevo León, esté ofreciendo tarjetas rosas para entregar nuevos subsidios a las mujeres de la entidad en caso de ganar la elección. Tampoco que Carlos Lomelí, candidato de Morena para la alcaldía de Guadalajara, prometa tarjetas de descuento a las mujeres tapatías. Ni que Clara Luz Flores, abanderada de Morena en Nuevo León, ofrezca una Tarjeta Nuevo León para apoyar a las mujeres pobres de su estado. No asombra que Francisco Pelayo, candidato del PAN en Baja California Sur, prometa tarjetas, ni que Evelyn Parra de Morena, candidata en la alcaldía de Venustiano Carranza, regale tarjetas para comprar desde pizzas hasta regalos de Sanborns. Ahí está también el caso del candidato Ricardo Gallardo de la coalición Juntos Haremos Historia, formada por el Partido Verde y el Partido del Trabajo, en San Luis Potosí que está entregando una tarjeta llamada La Cumplidora. Víctor Hugo Romo, candidato de Morena en Miguel Hidalgo, a su vez ha prometido la Tarjeta Violeta a 170,000 mujeres.

Las tarjetas, como bien lo entendió Alfredo del Mazo en su campaña de 2017 en el Estado de México, son una forma concreta de mandar el mensaje de que un político regalará algo a los electores. No en balde los programas de dádivas del propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador se reparten a través de la Tarjeta para el Bienestar. Es una manera fácil de comprar lealtades entre los electores. El INE declaró que las tarjetas rosas de Del Mazo violaban la ley, pero el Tribunal Electoral las declaró legales. Sin embargo, aunque los políticos están comprando lo que más quieren, votos que les permiten llegar al poder o mantenerse en él, no está claro que esta lluvia de tarjetas y programas sociales sea realmente la forma de acabar con la pobreza.

Las dádivas gubernamentales pueden ser una red de seguridad que impida que los grupos más pobres caigan en el hambre y la marginación. No son, sin embargo, un instrumento para disminuir la pobreza o generar prosperidad. Todo lo contrario. Los programas sociales generan dependencia y prolongan la pobreza. Son como un antibiótico: tiene sentido aplicarlos por un tiempo cuando hay una enfermedad, pero no mantenerlos de forma indefinida.

Para acabar con la pobreza se requieren medicinas muy distintas. El camino es generar inversiones rentables y crear empleos productivos. Pero los políticos no muestran el mismo entusiasmo que por repartir dádivas a través de tarjetas. De hecho, parecen más bien estar haciendo todo lo posible por impedir la inversión y la creación de empleos. Roger González, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó este 11 de mayo que simplemente la incertidumbre generada en el sector energético por las nuevas políticas gubernamentales mantiene detenidas inversiones en 128 proyectos con un valor de 35,000 millones de dólares. Una parálisis así sería suficiente para hacer reflexionar a cualquier gobierno realmente interesado en acabar con la pobreza.

Los políticos mexicanos, sin embargo, no quieren acabar con la pobreza. Al contrario, les conviene que haya más pobres, para que sea más barato comprarles el voto con tarjetas y dádivas. Por eso los candidatos compiten con intensidad para ofrecer más programas sociales. Ninguno hace propuestas para generar más inversión y empleos, que es lo único que realmente puede acabar con la pobreza.

Enrique Alfaro fue un gran candidato. Sin duda uno de los mejores. Encantador.

Su empuje, empatía y mensaje articulado lo mantenían cerca de la gente durante sus eventos de campaña, y a la gente cerca de él.

Pero todo cambió.

Quizás por la pandemia o por la crisis de seguridad que hace patente que cada día están más presentes y activos en Jalisco grupos del crimen organizado, el ya gobernador se volvió lejano.

La gente empieza a no perdonar esa ausencia, sobre todo después de que en la campaña estaba ahí a la mano.

En la Plaza de la Liberación, en el mismísimo centro de Guadalajara, me comentaba una mujer que trabaja ahí que cada vez que se organizaba un acto de campaña de Alfaro ella podía acercarse, saludarlo, e incluso tener la sensación de platicar con él.

La única barrera era aquel famoso "banquito" en el que subía, pero que tenía una altura de no más de 30 centímetros.

La última vez que Alfaro estuvo a pie en la plaza, me decía la señora, fue ya cuando tomó posesión y ya no hubo forma de acercarse, mucho menos saludarlo.

No lo volvió a ver.

Esto viene a colación al ver el ejército de encantadores candidatos de todos los partidos que caminan, conviven, platican e incluso (con todo y pandemia) abrazan a posibles votantes.

No importa que no tengan una propuesta clara ni un mensaje articulado, lo importante es ser vistos, y vistos de cerca.

Pareciera que los candidatos saben lo que quieren (el cargo), pero no saben para qué.

Están haciendo campañas a la vieja usanza; exhibiéndose y placeándose, pero sin un discurso claro y homogéneo como mensaje de campaña.

Por supuesto que será muy interesante ver cómo se comporta el electorado en las urnas.

A final de cuentas los votantes ven a todos los candidatos como políticos, y hay una enorme decepción y hartazgo hacia la clase política, y más a raíz de la pandemia.

La pregunta general es dónde estaban todos ellos cuando más se les necesitaba, cuando apareció el virus violentamente e irrumpió en comunidades infectando y matando a cientos de personas. Dónde estaban cuando la pandemia se tradujo en una crisis económica que significó la pérdida de empleos y, en aquellos que los conservaron, una importante reducción de ingresos.

Dónde han estado mientras la violencia aumenta a pasos agigantados y se han convertido en noticias cotidianas las masacres de albañiles, el asesinato de un ex gobernador o las desapariciones de familias y jóvenes algunos de los cuales (los estudiantes de cine o los hermanos González) han aparecido muertos.

Qué duro como ciudadanía ver que hay personas encantadoras recorriendo el estado solicitando el voto mientras hay miles que sufren en carne propia los embates de una realidad cada día más terrorífica.

Hace casi 13 años, el 21 de agosto de 2008, cuando el país ya atravesaba severos momentos de violencia que han ido escalando y degenerando hasta nuestros días en amplias zonas del territorio nacional con autoridades fallidas que nada han podido hacer para detener el creciente poder corruptor y de fuego de la delincuencia organizada, se hizo célebre y quedó para la posteridad y para su recurrente uso aquella frase del "si no pueden, renuncien" que acuñó desde el dolor, el coraje y la impotencia el empresario Alejandro Martí, quien recién había perdido a su hijo Fernando por su secuestro y muerte.

Fue cuando retó al entonces presidente Felipe Calderón, a los gobernadores y alcaldes a que presentaran sus renuncias si eran incapaces de combatir a las mafias. Martí lo hizo al ser invitado especial a la XXIII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde les dijo que corrupción era también ocupar un cargo público y no hacer nada para garantizar la tranquilidad cuando se sale a la calle. (Lo que hubiera dicho si como en el caso de los hermanos González Moreno no se les garantizó la seguridad ni siquiera al interior de su casa).

Recordar aquel histórico momento viene a cuento por la exigencia que luego del asesinato de José Alberto, Ana Karen y Luis Ángel han hecho distintas voces al gobernador Enrique Alfaro de que renuncie a su cargo por la crisis de violencia e inseguridad que se ha agravado en el último semestre y que mantiene a Jalisco en primer lugar de desapariciones y exhumaciones de fosas clandestinas. Entre ellos sus opositores políticos en contienda, académicos y un sector de los estudiantes que marcharon por la paz y la justicia el martes pasado.

Pensar que alguien de nuestra clase política o gubernamental tendrá la altura, la decencia y la autocrítica para dejar su cargo por incumplir alguna promesa de gobierno, por ineficiente o por ocasionar por negligencia o corrupción daños en personas o en obras sería pecar de ingenuo. Por eso Alfaro no renunciará, aunque en su momento como opositor haya escrito un tuit que ha circulado profusamente en los últimos días, donde también en una profunda crisis de inseguridad que se dio en el sexenio de su antecesor y hoy extinto Jorge Aristóteles Sandoval, él le pedía renunciar por no saber proteger a los jaliscienses. Habrá que ver incluso si Alfaro mantiene aún su promesa de someterse a un proceso de revocación de mandato a la mitad de su mandato como aseguró en campaña.

Por ello no está demás recordar lo que sugería Martí hace 13 años de reflexionar a los gobernantes de aquella época y que les sigue viniendo perfecto a los de hoy: "Señores, si piensan que la vara es muy alta e imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando oficinas de gobierno y recibiendo un sueldo, porque no hacer nada también es corrupción. En nuestro país hay jóvenes que requieren el trabajo de ustedes y estarían gustosos, con todo el entusiasmo de gente limpia y no maleada de hacer el trabajo que ustedes no están haciendo".

A pesar de que hay investigaciones en curso contra candidatos que entregan tarjetas, el candidato del PES en Tlajomulco, Misael Mercado Chávez, presumió su versión que es una "tarjeta solidaria" con la que promete posibles apoyos en salud y comedores públicos. En una de esas, la Fiscalía de la República le abre una investigación por andar replicando esas prácticas.

Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) que encabeza las encuestas para la gubernatura de Nuevo León, está en arenas movedizas. El Partido Verde, haciendo el trabajo sucio al presidente Andrés Manuel López Obrador, quiere cortar las alas al joven político que sorprendió con su campaña virtual, adquiriendo apoyos en el mundo real y contribuyendo al desplome de la candidata de Palacio Nacional, Luz Elena Flores. Los aliados del presidente quieren atrapar al elusivo pez por su boca y, literalmente, también por la de su esposa Mariana Rodríguez, al pedir al Instituto Nacional Electoral (INE) que le cancelen la candidatura por haber rebasado los topes de campaña.

Los acomodaticios verdes, en voz de Fernando Garibay Palomino, representante suplente del partido en el INE, presentaron una denuncia en el órgano electoral el 23 de abril pasado, en donde retomaron una declaración de García a los medios donde afirmó haber recibido 20 millones de pesos en donativos de su madre y de sus hermanos para la campaña, de los cuales llevaba gastados para entonces 13 millones, adicionales al millón y medio de pesos que le entregó Movimiento Ciudadano.

Al establecerse el tope de campaña en Nuevo León en 72 millones de pesos, ese monto podría fácilmente acomodarse, pero las cosas se complicaron por lo parlanchín del candidato.

La ley electoral señala que los ingresos por aportaciones de sus simpatizantes deben ser menores a 7.2 millones de pesos, por lo que Garibay Palomino alegó que violó la normatividad electoral.

El Verde, podría uno pensar por petición de Morena, está llevando a cabo la ofensiva legal contra García, aunque el contexto de esa gestión fueron una serie de alusiones de López Obrador sobre el proceso en Nuevo León, pero enfocándose en críticas al candidato del PRI a la gubernatura, Adrián de la Garza. No parecería existir vínculo lógico alguno entre la acción legal y esa declaración política, salvo que el presidente esté enterado de la denuncia -como seguramente lo está-, y ya comenzó a tratar de pegarle negativos al priista. Si cancelaran la candidatura de García, su candidata Flores sólo tendría enfrente a De la Garza.

El binomio verde-morenos no está apostando todo a la figura de García en las irregularidades en el financiamiento, sino han ampliado la denuncia contra su esposa Mariana Rodríguez, una popular influencer en las redes sociales, que ha sido uno de los motores de la sorprendente campaña de aire del candidato de Movimiento Ciudadano. En la denuncia en su contra, Garibay Palomino menciona su red de más de 1'400,000 seguidores en Instagram y más de 200,000 en Facebook, para acreditar que "es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia e influencia en redes sociales, puede llegar a convertirse en un promotor con fines comerciales para un producto, servicio, evento o marca".

A los verdes-morenos les preocupa su penetración en la sociedad neolonesa y la forma como en algunos sectores la ven como un modelo a seguir, por lo que no ahorraron palabras ni evidencias de que forma parte de la campaña de su esposo. En la denuncia sugieren que se deben contabilizar, y no se hizo, la promoción que ella hace a través de sus redes sociales de su esposo y la campaña, que van desde una historia en Instagram de 15 segundos con un valor comercial de 8,500 pesos cada uno, hasta promociones unitarias de marca por 30,000. También presentaron evidencia de cómo ha lucido guantes de boxeo color naranja (el color de Movimiento Ciudadano) en eventos sociales y de acciones supuestamente privadas que difunde a través de sus redes sociales, que tampoco fueron contabilizadas como actos de campaña.

El INE deberá pronunciarse sobre la candidatura de García y decidir si la cancelan o no. A menos que exista una explicación sólida, Movimiento Ciudadano tendrá que buscar otro candidato para Nuevo León.

Paco Calderón
(9 de mayo de 2021).

Hace 3 años -en las elecciones presidenciales del 2018- el padrón electoral en México contaba con 89'123,355 personas con credencial de elector. En lo que fueron los comicios más grandes y costosos de la historia, sólo 56'611,027 se presentaron a las urnas -aproximadamente el 60%-. 34 millones se abstuvieron y hoy, muchos de ellos, se quejan del rumbo que lleva el país.

Del universo de votantes, el 53% -poco más de 30 millones- lo hicieron a favor de la Coalición Juntos Haremos Historia Morena y por ende de Lopez Obrador. Hoy, en la antesala de unos comicios que pueden ser históricos por los resultados que pueda arrojar, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE) existen 93'935,039 ciudadanos mexicanos que pueden ser parte del proceso electoral y emitir su voto.

Aunque la percepción en las calles muestra -una realidad- que Morena y el presidente Lopez Obrador están desgastados políticamente, también se percibe en muchos círculos que la oposición ha fallado en renovarse y ofrecer una alternativa real que cambie el rumbo que se lleva. Lo que han hecho los partidos de oposición hasta el momento, no da la sensación que llame la atención y menos que se recupere la confianza entre los ciudadanos.

Lo que es una realidad, es que si recurrimos a las matemáticas que son exactas y reales, si todos los empadronados acuden a las urnas el 6 de Junio y emiten su voto de acuerdo a la percepción que hay en el ambiente político, y se unifican y no diversifican la preferencia, 30 millones de abstencionistas de hace 4 años marcarían una diferencia absoluta en el resultado de la elección. Del total de electores actuales, al total de quienes emitieron su voto a favor de la Coalición Juntos Haremos Historia -Morena-, hay 60 millones de diferencia que pueden cambiar la historia; 100% de diferencial porcentual. Lo que sucede hoy en muchos aspectos es lamentable, triste, vergonzoso, preocupante y peligroso en cierta medida. México merece más que la decisión de un 33% del voto electoral.

Arrancar la campaña saliendo de un ataúd, compararse con un combo de hamburguesas o bailar en TikTok sin gracia alguna son algunas de las cosas que han hecho candidatos y candidatas para que el electorado los voltee a ver, buscando ganarse la simpatía de la gente y, sobre todo, su voto.

Creatividad o ridiculez; estrategia u ocurrencias. Pudiera ser altamente cuestionable el que se crea que para llegar a espacios de poder y toma de decisiones públicas hay que ser popular, como si eso garantizara que la persona será buen gobernante.

En nuestro país, cada vez más vemos y atestiguamos que buscan llegar al gobierno actrices, estrípers, reinas de belleza, cantantes, luchadores, famosos deportistas y familiares de políticos (de buena o mala reputación). Y eso está bien, cualquiera puede ser candidato o candidata. Es algo incuestionable. Votar y ser votado es un derecho que todos tenemos y está reconocido en nuestra Constitución Política. Es parte de la democracia.

El economista Joseph Stiglitz, quien fuera jefe del Banco Mundial y Premio Nobel de Economía en 2001, habla precisamente de eso, de cómo las democracias ya no mueren repentinamente por un golpe militar o una revolución, sino desde adentro: por los propios gobiernos que surgen de las elecciones y son nombrados de manera democrática. Es decir, aquellas y aquellos por quienes votemos podrían estar erosionando en unos meses, desde adentro y de manera gradual y apenas visible, la democracia de nuestro país.

Las alternativas que tendremos el próximo 6 de junio en cada boleta son personas que, según su experiencia e, incluso, intereses, tendrán el poder de tomar decisiones públicas, desde cuestiones tan básicas como los servicios hasta aquellos asuntos que afecten nuestra economía, la forma en que estamos organizados como sociedad y nuestra propia seguridad.

Lo importante de nuestra democracia no es únicamente el perfil de todos y cada uno de los candidatos, sino el rol que, como electores, tendremos en definir a quiénes de ellos llevaremos a gobernar.

En varias conferencias he subrayado que el voto es algo emocional. El próximo mes, cuando usted esté frente a la urna, con la papeleta en una mano y el marcador listo en la otra, ¿en qué pensará antes de emitir su voto? ¿En las propuestas o en alguien que vio bailando bonito en TikTok? Por encima de las propuestas, hay quienes pudieran votar por ese personaje que le cayó bien, sintió empatía, le generó confianza o, incluso, quienes definirán su voto por el género de quien aparece en la boleta...

Esta semana, la discusión también se ha centrado en la candidatura de la hija que llega a suplir en la boleta a su papá. La forma en que llega a la contienda. Si, cualquiera puede llegar porque es parte de la democracia. Ahora, lo de fondo, es la reacción del electorado el próximo domingo 6 de junio. ¿Por quiénes vamos a votar? Estamos ante una contienda donde pareciera que se va perdiendo cada vez más el foco sobre los contenidos y las propuestas. ¿Quién vota por alguien que es gracioso o que baila bonito, convirtiendo a la democracia en un show?

Las discusiones ya no pueden quedarse en quiénes y cómo llegan a las boletas; eso ya está definido en nuestra democracia: cualquiera puede ser candidato. Hoy, ante esas alternativas, ¿por quién votaremos y a quién elegiremos? Ese es el tema de fondo y debemos asumir las consecuencias de ese voto, para que la democracia no muera desde adentro.

La mejor campaña de todas probablemente sea la de Samuel García para la gubernatura de Nuevo León. No es una campaña, sino un reality show, diseñada por Pedro Torres, un productor de televisión prolífico y exitoso, que produjo el Big Brother, el taquillero programa que por años transmitió Televisa.

La última encuesta de El Financiero sobre tendencias para gobernador en Nuevo León muestra el avance vertiginoso de García en sólo un mes y la caída de sus rivales. En marzo, García iba en 4o. lugar con 19% de preferencia electoral, y para abril, tenía el 1er. lugar con 29% de apoyo, un salto de 10 puntos a escasas 5 semanas de la elección. La gran favorita a principio de año, Clara Luz Flores, la ex priista que juega con Morena, se desplomó 6 puntos en el mismo periodo de 26% a 20%, al cuarto lugar, mientras el candidato del PRI, Adrián de la Garza, que tenía el liderazgo en marzo con 30%, bajó 3 puntos en abril. Sólo el candidato del PAN, Fernando Larrazábal, se mantuvo estable en 21%, pero subió al 3er. lugar por la caída de Flores.

El Norte lleva semanas decantado por García, y criticando a De la Garza. En paralelo, en el último mes llegaron operadores políticos de Morena a trabajar a la campaña de García, que no fue importante hasta el miércoles, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador, violando la veda electoral, criticó al priista.

García ha sumado aliados tácticos, que son enemigos en otros frentes, como el presidente y El Norte, que pertenece al Grupo Reforma, o de ambos con el gobernador. Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, critica regularmente al presidente, aunque el partido suele votar en el Senado a favor de las iniciativas de Morena.

(V.periódico El Informador en línea del 6 de mayo de 2021).

Algo me quedó claro tras entrevistar a los candidatos de Morena y la Alianza PAN-PRI-PRD al gobierno de San Luis Potosí. El enemigo a vencer es Ricardo "El Pollo!" Gallardo, heredero de la mafia política "La Gallardía" y candidato del Partido Verde y el PT al gobierno de ese estado.

Enemigo, no adversario. Así lo calificó la candidata de Morena, Mónica Rangel. Narco y corrupto. Así lo definió el candidato de la Alianza, Octavio Pedroza. Ambos coincidieron en que el triunfo de Gallardo sería entregar la plaza potosina al crimen organizado.

"El Pollo" Gallardo estuvo casi un año en la cárcel durante el sexenio pasado. ¿Por qué llegó ahí?

En enero de 2015, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, citó en sus oficinas a los dirigentes del PRD, Carlos Navarrete y Héctor Bautista. Cuando llegaron, el director del Cisen, Eugenio Ímaz, desplegó una cartulina gigante con la impresión de las redes de vínculos de Ricardo Gallardo, en ese momento presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, pero figura central del perredismo por su control caciquil sobre el estado y la enorme influencia que le daban su poder y su dinero.

Ímaz les explicó que los servicios de inteligencia del gobierno habían detectado desvíos multimillonarios desde las cuentas del ayuntamiento hacia un puñado de empresas de la familia Gallardo, utilizando como pantalla una clínica de servicios de salud. Un robo flagrante.

Ante la contundencia de lo expuesto, el PRD pidió al gobierno que le diera 24 horas para procesar internamente el escándalo que se desataría, y armar el deslinde perredista de quien era una de sus figuras centrales. Así sucedió, y luego vino la detención de Ricardo Gallardo.

El expediente formal en su contra fue por corrupción. La exhibición de la riqueza de los 2 Ricardo Gallardo -papá e hijo han sido caciques en San Luis Potosí por años- no dejaba espacio a la duda. Pero siempre han existido sospechas de que los dominios y alianzas de La Gallardía -así les gusta llamarse- son mucho más peligrosas y oscuras.

Ricardo "El Pollo" Gallardo Cardona pasó 11 meses aprehendido. Estuvo en el penal de máxima seguridad de Hermosillo y luego lo llevaron a una cárcel más suave en Guanajuato. Quedó en libertad, cuentan los que saben, como fruto de un acuerdo político de "La Gallardía" con el PRI de Peña Nieto.

Alguna vez, Andrés Manuel López Obrador calificó a Ricardo Gallardo de "mafiosillo". Hoy, ese "mafiosillo" le aporta diputados para alcanzar la mayoría en el congreso: con el dinero y la campaña de "El Pollo", se arrastra también el voto a favor de los candidatos del Partido Verde al congreso federal, y ya se sabe que el Verde es aliado incondicional del presidente.

A pesar de que los gobiernos subnacionales enfrentaron en el 2020 la pandemia por Covid-19, su deuda no aumentó en la misma proporción que en otras crisis económicas registradas en México, como en las de 1994 y del 2009, debido al reforzamiento de los candados de la Ley de Disciplina Financiera, aseguró el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

El coordinador de Gobierno y Finanzas del Imco, Manuel Guadarrama, explicó que si bien desde 1993 la deuda estatal y municipal ha presentado una tendencia al alza, hay 2 periodos con elevadas tasas de crecimiento: las crisis de 1994 (45%) y del 2009 (20%).

Para el 2020, indicó, se esperaba que la deuda creciera, debido a que llegó la emergencia sanitaria y presionó las finanzas y economías locales, sin embargo, contra todo pronóstico y de una forma contracíclica esto no se generó, los gobiernos subnacionales siguieron una tendencia normal e inclusive hasta estancada.

"Lo atípico es que pese a que el 2020 fue de pandemia, no hubo un incremento superior en la deuda que contratan los estados", dijo.

De acuerdo con el reporte Hablemos de Deuda en los Estados del Imco, en el 2020 el saldo de la deuda de estados y municipios ascendió a 637,275 millones de pesos, 33,423 millones más que en el 2019. Únicamente aumentó 2% anual en términos reales.

Para Manuel Guadarrama, la causa principal de que la deuda no incrementó aceleradamente se relaciona con la creación y praxis de la Ley de Disciplina Financiera, así como los reforzamientos de sus candados.

"Por las grandes contrataciones de deuda que se llevaron a cabo en administraciones pasadas, los grandes casos de Chihuahua, Coahuila, Veracruz o Quintana Roo ocasionaron que se tuviera que legislar y reforzar la Ley de Disciplina Financiera, fue que se impusieran una serie de candados", recordó.

"Sí pudo haber influido de forma importante esta regulación de parte de las entidades y municipios al momento de contraer deuda pública", señaló.

El especialista manifestó que con estos resultados es que se puede notar la importancia de la creación del Sistema de Alertas, herramienta de la Ley de Disciplina Financiera.

"A pesar de estar en un contexto de pandemia se tuvieron que cumplir estos controles establecidos de la disciplina financiera y en este sentido, se limitó esta contratación de deuda pública", puntualizó.

Otro punto que impidió el endeudamiento y que se relaciona con esta legislación enfocada a lo subnacional, es el hecho de que gran parte de los actuales gobiernos locales están por terminar sus administraciones.

"Parte de las medidas de la Ley de Disciplina Financiera es que no pueden contratar nuevos créditos cuando van a terminar la administración, vienen las elecciones y tienen que dejar prácticamente en buenos términos la contratación de deuda pública", indicó el experto.

Hay 2 factores, expuso, que también influyeron para generar esta nueva dinámica de la deuda, el primero es que gran parte de los gobiernos subnacionales imitaron la política de austeridad de la federación, ya que a nivel nacional no se registró una contratación de deuda superior a lo que se venía aplicando y se utilizaron los recursos disponibles en las arcas.

El 2o. factor es que se generó una disparidad entre los congresos locales y las administraciones estatales, "hay diferencias entre los partidos políticos".

Todo esto, ahondó, se tradujo en que los congresos estatales no aprobaron las propuestas de los ejecutivos estatales.

Para el coordinador de Gobierno y Finanzas del Imco, la actual Ley de Disciplina Financiera está dando resultados en materia de mantener endeudamientos en niveles sostenibles, sin embargo, lo que se tiene ahora que mejorar es ver el destino de la deuda pública.

"La otra parte que se debe ver es hacia dónde se destina la deuda pública, en principio tendríamos que estar obligados a inversión productiva", planteó.

Del total de la deuda subnacional registrada al cierre del 2020, las entidades concentraron 93% (593,812 millones de pesos), mientras que los municipios y sus organismos alcanzaron 7% (43,463 millones).

Los estados con los mayores incrementos anuales fueron Yucatán (99.7%), Jalisco (33.8%) y San Luis Potosí (25.8%), mientras las caídas más pronunciadas se observaron en Querétaro (-29.7%), Tabasco (-18.1%) y Sinaloa (-12.9%).

En Guadalajara, de acuerdo con las encuestas, sólo hay 2 con posibilidades de ganar: Carlos Lomelí, de Morena, y Pablo Lemus, de MC (el resto está en una intensa batalla por lograr una regiduría), y estos 2 finalmente chocaron en un debate: Lemus acusó a Lomelí de ser un empresario corrupto y vender medicinas a sobreprecio al sector salud. El candidato de Morena respondió que con ese dinero se habían pagado las campañas de Alfaro y Lemus hace 6 años.

Efectivamente hace 6 años Carlos Lomelí era parte del equipo alfarista. Si bien no era del 1er. círculo, sí era del grupo que participaba en la toma de decisiones, sobre todo financieras de las campañas. Pablo Lemus tampoco era del 1er. círculo alfarista en aquellos años, era un invitado, un externo que había llegado a reforzar el incipiente partido. El 1o. fue candidato a diputado federal por un distrito de Zapopan; el 2o. candidato a alcalde de ese mismo municipio. Si alguien conoce los secretos de los naranjas es Lomelí; si alguien ha investigado el historial de Lomelí son los naranjas.

El problema es que las acusaciones contra Lomelí, ciertas o no, se han repetido tanto que el candidato está ya vacunado y con doble dosis. Del otro lado, Lemus parece también bastante inmune a las acusaciones que pueda hacer Lomelí sobre la manera en que se financió el alfarismo, porque el ex alcalde de Zapopan efectivamente nunca fue parte del grupo cercano. Por escandalosos que parezcan, ninguno de los 2 golpes mueve la elección, se requiere mucho más para que mutuamente se hagan daño en la intención de voto.

La definición, pues, no estará en la capacidad que tengan uno y otro de sacarse trapitos al sol, sino en sus debilidades y fortalezas políticas. La gran fortaleza de Lomelí es la marca Morena y el respaldo de un presidente cuya popularidad en el estado se mantiene por encima del 40%.

Su gran debilidad son las fracturas internas de partido, con compañeros candidatos que no se hablan entre sí y, si pueden, hasta se meten zancadillas. La fortaleza de Lemus es la imagen de un buen gobierno en Zapopan y la popularidad del gobernador que, si bien es cierto que ha venido a la baja, es uno de los pocos casos en el país donde su aprobación está por encima de la del presidente. Su gran debilidad es que las estructuras del partido y del municipio lo siguen viendo no sólo como un extraño, sino como un movimiento distinto al alfarismo.

No, los de Morena no inventaron la simulación, tampoco son los autores de la "democracia-monárquica" y el derecho de sucesión familiar. En México esas prácticas vienen del viejo PRI, pasaron por el PAN, el PRD y adquirieron maestría con el Partido Verde. En la familia revolucionaria lo primero era la propia familia, el orgullo de mi nepotismo, dijo alguna vez López Portillo. Entre los panistas hubo familias enteras que duraron un cuarto de siglo rolándose las candidaturas plurinominales; nunca dejaron de cobrar. En la llamada izquierda democrática fue el propio López Obrador quien inventó a "Juanito" el simulador. En el Verde hasta la presidencia del partido fue hereditaria. Nada, pues, es nuevo en el gobierno de López Obrador, ni siquiera la hipocresía.

Evelyn "Juanita" Salgado Pineda va a gobernar Guerrero y su padre, a no dudarlo, será el poder tras el trono, seguirá siendo el poderoso senador, el amigo del presidente, el presidente del partido de Morena en Guerrero y el tomador de las decisiones en ese estado. Algunos apuestan que "Juanita" Salgado va a renunciar para obligar a nuevas elecciones y que así su padre pueda, cumpliendo con los requisitos de ley, competir y lograr su sueño: ser gobernador de ese estado. Para efectos prácticos, da igual.

Todos, del presidente López Obrador para abajo, pasando por el candidato rechazado, Salgado Macedonio y el líder de Morena, Mario Delgado, olvidan u omiten, que el fondo del problema es la falta de cumplimiento de la ley, la simulación de una precampaña. La resolución del INE fue ratificada por 6 de 7 magistrados. No es un dato menor, aunque nadie en ese partido quiera hablar de ello. No, no es un complot de los corruptos del pasado, es una soberana tontería de los soberbios del presente.

Lo verdaderamente preocupante de esta farsa, que bien podría ser una novela de Ibargüengoitia, es la ausencia del espíritu democrático. No hay que olvidar que venimos de una cultura política en la que tuvimos elecciones simuladas durante 70 años y que nos costó muchísimo que, a pesar de la permanente simulación de los políticos, nuestro voto contara. Uno de los pocos espacios, si no el único en el que todos los mexicanos somos iguales, es ante las urnas: cada voto cuenta y cada voto cuenta igual. Cambiar nuestras reglas democráticas para hacerlas más sencillas y menos costosas tiene todo el sentido del mundo, pero de nada servirá si entre los políticos y los partidos prevalece el arte de la simulación.

Ya logramos que cada voto cuente, lo que sigue es reconocer la mentira y desterrar o al menos disminuir la simulación. Mientras en nuestra cultura política no se castigue legal y electoralmente la farsa, será muy difícil dar el siguiente paso.

Hoy, en medio de las campañas políticas para la renovación de las alcaldías y los congresos de la Unión y del estado, cuando escuchamos a los candidatos -de ambos géneros-, nos sorprende la ligereza con que abordan temas tan complejos como los de seguridad, corrupción o pobreza; la banalidad de una oferta soportada en decir al ciudadano lo que quiere oír, en lugar de plantear con toda seriedad, políticas y estrategias de fondo para garantizar su combate, raya en la irresponsabilidad. La mentira y el engaño son lenguaje común en la búsqueda del voto. Con absoluta desfachatez, los candidatos señalan la paja en el ojo de sus competidores, sin ver la viga en el propio. La falta de castigo a los apóstatas, falsarios y engañadores nos está dañando. Hoy se presentan impolutos quienes apenas ayer militaban en un partido y, cínicamente, ofrecen lo que no tienen, confiando en la frágil memoria de los electores.

Es muy grave lo que pasa, la sociedad se está volviendo insensible. Las nuevas generaciones están habituándose a vivir en medio de la violencia. La cantidad de crímenes de los que cotidianamente dan cuenta los medios informativos ha dejado de ser noticia. Las tumbas clandestinas que un día aparecen y otro también, revelan el creciente número de asesinatos llamados eufemísticamente "ejecuciones", perpetrados por autores que jamás serán identificados y juzgados. Hemos dejado de creer en el sistema judicial y en las autoridades políticas, no tenemos respeto por la policía y el ejército lo está perdiendo. Vivimos en medio de la ley de la selva. No es sano vivir así, nos estamos enfermando de indiferencia.

Las actuales campañas ofrecen un escenario donde las medias verdades, las medias mentiras, el maniqueísmo galopante y el cinismo extremo tienen la batuta, ningún partido se considera capaz de hacer campaña si no es agrediendo a los demás, la muy podrida afirmación de que "nosotros sí haremos lo que nunca han hecho los otros", sólo puede entenderse en sentido negativo, y una mercadotecnia dedicada a enlistar todos los errores, desaciertos y corruptelas del partido en el gobierno, lo único que logra es recordarnos que exactamente lo mismo han hecho quienes ahora denuncian a sus sucesores.

Solamente los nuevos partidos, los que nacieron ayer, carecen de pasado, aunque luego se pueblen de los egresados de los partidos de toda la vida, dispuestos a aprovechar la ingenuidad de estas nuevas entidades. No por ello desarrollan una mejor mercadotecnia, ahora volcada sobre todo a que son la opción inédita como si eso bastara para dar mejores resultados. En un país donde todos los partidos, habidos y por venir, son tributarios de un único sistema político, un nuevo partido puede acabar siendo un nuevo soporte al sistema de siempre. Aclaro, entiendo aquí por "sistema político" la estructura de poder creada por los políticos mexicanos con el único fin de perpetuar las condiciones y privilegios de la clase política, tarea a la que se ha de sumar cuanto partido exista.

Nada que ver con la definición jurídica según la cual México es una república democrática representativa y federal, eso es solamente el maquillaje.

Junto a la mercadotecnia oficial de los partidos en campaña, existe otra mercadotecnia, directa o indirectamente relacionada y, en ocasiones, subvencionada, y que hoy día se expresa sobre todo en las redes sociales, la de los opinadores espontáneos, tremendistas, agoreros del próximo fin de la democracia, de las libertades, de las instituciones, como si la sociedad no pudiera tener otras opciones, sistemas o estructuras que las que ha tenido en los últimos 200 años, periodo de tiempo en que jamás hemos conocido la democracia, ni tampoco es que hayamos hecho mucho por conocerla y sobre todo vivirla y exigirla.

Por lo pronto, las campañas no hacen sino confirmar el bajo concepto que de nuestra inteligencia tienen políticos y mercadólogos.

La mayoría de candidatos a las diputaciones locales y federales tiene un factor común: ¡Puro rollo! Prometen temas imposibles o populistas, invaden ámbitos que no les corresponden o impulsan legislaciones que ya existen.

Va una. Enrique Velázquez, de Hagamos, y quien busca de nuevo el Distrito 4 (local), propone que el gobierno pague el servicio del agua cuando los usuarios tengan cortes programados. ¡Aplausos para el legislador!

No precisa cuánto tendría que subsidiar la autoridad, pero la propuesta suena más populista que realista porque decenas de colonias periféricas tienen cortes todo el año y no sólo en el estiaje.

Desde que el otrora Rancho Grande -como lo llamaban despectivamente "los capitalinos"- devoró a los pueblos que lo rodeaban, para los habitantes de la creciente mancha urbana quedó claro que la "metropolización" sería un fenómeno inevitable...

Sin embargo, no sucedió lo mismo para sus gobernantes. Éstos, salvo excepciones, prefirieron aferrarse a sus cotos de poder. Incapaces de digerir las implicaciones de conceptos como "metrópoli" o "Zona Metropolitana" y de aceptar la interdependencia de sus intereses, optaron por refugiarse, por elemental miopía política, en la tradición aldeana. No les daban las entendederas para comprender que aunque los moradores de Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez ("más lo que se acumule esta semana...") siguieran vinculados a sus pueblos, sus raíces, sus vecinos, su historia, sus costumbres y tradiciones, todos, a quererlo o no, vivían en la misma ciudad: Guadalajara.

Ocasionalmente, los candidatos a alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá hicieron compromisos verbales para unificar esfuerzos -"si el voto popular los favorecía"- orientados a resolver (o paliar, al menos) serios problemas urbanísticos; por ejemplo, la contaminación en la zona de "Las Pintas" o el canal (a cielo abierto) de Atemajac. Ha habido asimismo intentonas de "intermunicipalizar" servicios públicos como la seguridad, el suministro del agua o la recolección y manejo de la basura.

La historia (y el discurso) tienden a repetirse. Casi todos los candidatos a encabezar la decena de municipios que conforman el amasijo urbano en que Guadalajara se ha convertido -los de Zapopan y la propia Guadalajara, sobre todo-, ofrecen procurar su ordenamiento. Clara señal de que coinciden en el diagnóstico de que la anarquía, el caos y el desgarriate -el desorden, en una palabra- se ha convertido en su marca distintiva, y en que solo uniendo voluntades es factible ir resolviendo, de uno en uno, sus problemas.

Así debería de ser. Así sería, de hecho..., si hubiera los 5 centavos de inteligencia (y otros tantos de voluntad) necesarios para que quienes aspiran a gobernar entendieran que, quiéranlo o no, es más lo que los debiera unirlos que lo que los divide.

La partidocracia debería ser un gobierno emanado de los partidos políticos, pero se ha convertido en un jugoso negocio por la asignación de subsidios del presupuesto y donaciones.

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se ha transformado de ser un representante de las masas a una monopolización del poder al absorber todas las áreas de la vida pública, debiendo ser un filtro de las demandas sociales en lugar de ser un instrumento del presidente, volviéndose ineficaz porque en lugar de buscar la anunciada cuarta transformación, de la sociedad tan esperada, se convierte en instrumento de la conservación del poder, dando lugar a una división de la sociedad civil, la cual trata de evolucionar fuera de los partidos o formando una pluralidad de partidos.

Actualmente, en México en las elecciones del 6 de junio próximo tendrán las boletas la opción de votar por 10 partidos distintos en cuanto a su nombre, pero identificados con los mayoritarios, listos para vender alianzas.

¿Es bueno o es malo el pluripartidismo? Para contestar esta pregunta veamos qué es un partido político: Es una entidad de interés público para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática, formada por personas que comparten objetivos, intereses, visiones de la realidad, principios, valores y proyectos.

Desde el momento en el que se establece que los miembros del partido comparten objetivos, principios y valores, se entiende que hay una unidad de pensamiento y una corriente ideológica, sea de izquierda, de centro o de derecha por lo que los ciudadanos que comparten similitud de ideología deben afiliarse al partido que tenga esa cualidad que debe ser congruente con su actuar y forma de vivir, si bien, se puede ser de izquierda en la juventud, puede ser de derecha o de centro en la madurez, pero cambiar de un partido a otro buscando una colocación en el gobierno es lo que toda persona que sea honesta consigo mismo, se traiciona cuando cambia de partido.

El pluripartidismo beneficia al poderoso porque pulveriza la oposición y, la creación de nuevos partidos, no obedece a deseos democráticos, sino crematísticos porque se busca el subsidio oficial y en cierta medida el lavado de dinero.

Los nuevos partidos se constituyen para vender sus votos formando alianzas con otros partidos, es la prostitución de la democracia. Estas aberraciones políticas están pagadas con nuestros impuestos. Hay que pedir al INE que endurezca las condiciones para formar nuevos partidos.

Por una omisión imperdonable, justo en el periodo en que han ocurrido más desapariciones en Jalisco, los ayuntamientos y los alcaldes se desentendieron de este grave problema político y social. Antes podían alegar que no eran problemas de su competencia jurídica, pero desde hace 3 años con la Ley General de Desapariciones Forzadas y por Particulares, los gobiernos municipales son parte integrante del Sistema Nacional de Búsqueda. Con la aprobación de la ley estatal en la materia, ahora los ayuntamientos tienen responsabilidades que no pueden evadir. A pesar de que sus obligaciones ya están impresas en la ley, la mayoría de los gobiernos municipales de Jalisco siguen sin asumir sus responsabilidades.

Por esta razón, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una batería de 125 recomendaciones, una a cada gobierno municipal del estado donde les hace una lista puntual de sus omisiones.

Antes de emitir la recomendación a cada autoridad municipal, la CEDHJ les hizo un requerimiento de información sobre cumplimiento de tareas en materia de desapariciones. Del total, 57 respondieron la solicitud y aportaron medios de prueba, 51 respondieron la petición de la comisión, pero sin medios de pruebas, y de plano 17 gobiernos municipales ignoraron la petición de la comisión, entre ellos gobiernos como el de Tlajomulco, Tonalá o Zapotlán el Grande, lo cual muestra el valemadrismo que todavía algunos alcaldes y ayuntamientos muestran hacia los desaparecidos en sus municipios.

Los gobiernos locales deben cambiar su relación con este grave problema de las desapariciones y podrían empezar por cumplir el listado de acciones y tareas precisas dictadas por la CEDHJ por la recomendación entregada ayer y que tienen de plazo diez días para aceptarla o rechazarlo. Hasta ahora los gobiernos municipales han sido omisos con los desaparecidos.

En este proceso electoral en particular, debido primero a la abundancia de partidos políticos y candidatos (ellos y ellas), se han hecho notar los improvisados, los desconocedores, los que no tienen siquiera una idea cercana de lo que harían en un gobierno municipal o en una curul en el Congreso del Estado.

Pero además, ocurre que durante este año electoral, enfrentamos fenómenos como la creciente violencia que ha hecho de Jalisco una de las entidades federativas con más homicidios dolosos en el país (nuestro trágico promedio es de 7 asesinatos diarios); además, están los desaparecidos, que han motivado tantas manifestaciones que se ha perdido la cuenta.

Además de los hechos de inseguridad, también han ocurrido decenas de incendios junto con una sequía que se hace crónica y alarga la escasez de agua en varias zonas de la ciudad, en municipios como Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

¿Y qué decir de la economía? No sólo Jalisco, sino el país completo, encara un aumento de precios en productos de consumo elemental. El fenómeno económico es complejo y abundante en aristas: lo mismo se argumenta que sobrellevamos consecuencias de la pandemia que decisiones equivocadas de autoridades federales. El hecho es que el tema se convierte en preocupación cotidiana para millones.

Y por si no fuera suficiente está el proceso de vacunación: accidentado, desorganizado, lento.

No es panorama sencillo para ningún candidato.

Pero no es justificable que centenares aspirantes a un cargo público recorran las calles, visiten los tianguis, toquen puertas casa por casa u organicen eventos grupales para hacer promesas en las que únicamente se cuenta con la garantía de su palabra y su intención de cumplir.

Ellas y ellos, los candidatos, están desbordados por las inquietudes y la problemática que ha marcado el año 2021, y han carecido casi todos, de propuestas concretas y medibles; que se puedan reflejar en un método y un porcentaje presupuestal. Y sobre todo... les ha faltado reconocer cuáles son los límites de sus proyectos. Pretenden tener respuestas para todo cuando realmente no tienen ninguna.

Las campañas 2021 están por convertirse una anécdota olvidable en contraste con una realidad que exige soluciones.

Poco a poco nos estamos acostumbrando a ver como normal que los diferentes candidatos y partidos políticos nos presenten como argumento y principal razón para votar por ellos, los delitos, abusos, errores del pasado y del presente de sus adversarios, lo malo de los otros en lugar de lo bueno de ellos mismos, y sin hablar de las propuestas o planes de gobierno que se comprometen a llevar a cabo en caso de resultar ganadores.

Todos tienen pruebas en la mano para demostrar que los demás partidos y sus candidatos son o han sido bandidos, corruptos, incapaces, mentirosos, etc., y que por el solo hecho de exhibirlos, automáticamente están en el lado de los buenos y son la solución.

Estos son algunos de los mensajes con los que sin ninguna propuesta o compromiso de por medio, los principales partidos piden nuestros votos:

El PRI, en su spot titulado "Morena no da una", dice: Morena no ha podido con la grave crisis médica; no ha podido hacer crecer la economía; no ha podido erradicar la violencia contra las mujeres; no ha podido con la inseguridad; es evidente la falta de resultados; Morena no da una; Morena es una desgracia para México.

En otro titulado "Morena destruye" dice: Antes a todos nos iba mejor; gracias al desastre de Morena a las familias ya no les alcanza para nada; Morena quitó becas, servicios de salud, desapareció las estancias infantiles... Morena destruye el bienestar de los mexicanos.

Por su parte el PAN, en un spot titulado "Las mentiras de Morena" exhibe una de las mentiras de AMLO, como la de bajar el precio y eliminar el impuesto a las gasolinas; en otro titulado "Boliche" dice que con Morena México pasó de estar mal a estar peor, mostrando sobre pinos de boliche palabras como feminicidios, violencia, inseguridad, Covid, desempleo, impunidad...

En el caso de la Alianza Va por México, integrada por PRI, PAN y PRD, el PAN en su spot titulado "Nos chingaron, Lupita" muestra a una pareja viajando ilusionada hacia un mejor lugar para vivir. Al llegar se encuentran con una desolada población, y bajo un letrero que dice "Bienvenidos a La Chingada", el hombre decepcionado le dice a su esposa: Nos chingaron, Lupita. El spot termina diciendo "Ponle un alto a Morena. Vota PAN".

Por su parte Morena, en el spot titulado "No al PRIAN", "revela" la identidad de quien según ellos es el orquestador de toda la guerra sucia contra AMLO y jefe de la "tóxica alianza electoral del PRIAN", y se va 15 años atrás para decir que en el 2006 invirtieron miles de millones de pesos, mintiendo que era un "peligro para México" y para después robarse la elección (de paso desprestigiando al INE -antes IFE-, el mismo organismo que certificó su victoria en el 2018), y termina con un violento y antidemocrático exhorto: "Extirpemos al PRIAN". Cabe mencionar que en otro spot Morena lucra política e inmoralmente con las vacunas, diciendo bajo su logotipo: "la vacuna contra el Covid-19 ya está llegando a México".

Y qué decir de la cantidad de spots de campañas para diversas diputaciones y alcaldías, como el vulgar y grotesco spot del candidato del PAN a la alcaldía de Guadalajara, en el que actores improvisados con aspecto de narcotraficantes armados y ataviados con tutús de ballet, hacen un vergonzoso "performance" solo para decir que la delincuencia nos está "poniendo un baile".

Como en todo, hay excepciones. Y así veo los spots y discurso del partido Movimiento Ciudadano, que frente a Morena y la Alianza Va por México, se ha convertido en una verdadera 3a. opción. Este partido, y algunos (no todos) de sus candidatos, como es el caso de Pablo Lemus (Guadalajara) y Juan José Frangie (Zapopan) presentan una campaña política como debe ser, decente y propositiva, alejándose de las confrontaciones y errores de sus adversarios, y centrándose en comunicar su visión, sus propuestas y sus compromisos. Salvo éstas y algunas otras excepciones más, el tono y nivel general de la contienda electoral es penoso, deplorable y patético.

Da vergüenza que quienes aspiran a gobernarnos y supuestamente representan lo mejor de nosotros, se presenten y nos hablen de esa forma.

Como tienen poco o nada que ofrecer, buscan los votos asustando con el "petate del muerto", y llaman la atención con chistoretes, apodos despectivos y lenguaje soez. No tiene por qué ser así. Se puede y se debe elevar el discurso.

En el Partido Verde aseguran que ya amarraron con el presidente AMLO que les regale la gubernatura de San Luis Potosí, donde postularon al impresentable de Ricardo Gallardo. Y que por eso ya empezó el proceso para quitarle la candidatura a uno que estaba jalando muchos votos para Morena: el ex panista vuelto morenista, Xavier Nava, quien compite por la alcaldía de la capital. El tribunal electoral del estado invalidó su candidatura porque ganó la presidencia municipal por el PAN y ahora busca reelegirse por Morena. El equipo de Nava ya trabaja para que el tribunal federal revierta el fallo. Ahí se verá si está amarrado el trueque.

Una de las varias singularidades de este proceso electoral, si nos ceñimos sólo al Estado de Jalisco, es la gran cantidad de partidos políticos en la contienda: 13 en total. De éstos, 2 tienen registro local; el resto son partidos con registro nacional.

En Jalisco, particularmente, por el desorden que ha privado entre la mayoría de los institutos políticos -sus negociaciones fueron tardías y sin resultados- no se consolidó ninguna coalición. Así, todos los partidos han tenido que hacer sus propuestas para las alcaldías y las diputaciones locales.

Coloquialmente se puede afirmar que se trata de una exageración que raya en una suerte de "locura electoral". El caso de Guadalajara es la máxima versión de esto: hay 14 candidatos aspirando a la presidencia municipal: 13 sumando a todos los de los partidos políticos, más uno que es candidato independiente.

Suele afirmarse, con un dejo de desprecio, que la democracia en nuestro país está en pañales y que nos queda mucho camino por recorrer para estar a la altura de democracias europeas o la estadounidense. ¿Pero entonces cómo explicar que los habitantes de Guadalajara tengan 14 candidaturas que se proponen como aspirantes al gobierno municipal?... No en cualquier parte hay una pluralidad de ese tamaño.

Ahora bien... que haya muchos candidatos (y candidatas) no es sinónimo de calidad. Dejemos el tema de la democracia en términos de la apertura a las diferentes opciones partidistas o incluso independientes. Revisemos mejor, desde la tribuna ciudadana, la calidad de las propuestas.

Escasez de agua, inseguridad, una economía mayormente dependiente del comercio informal; o qué tal los servicios públicos como alumbrado, pavimentación, balizamiento, transporte público.

¿Qué idea tienen, qué proponen los tantos candidatos y candidatas para resolver el alza imparable de la violencia? ¿Cómo pretenden encarar la reducción presupuestal para las policías municipales?

Hay que insistir: que sean muchos no garantiza calidad ni mejoría.

Casi todos los candidatos carecen de conocimiento, ignoran la realidad en torno de los problemas más acuciantes que encaran los habitantes de la ciudad y del Estado; mucho menos, tienen un trazo de proyectos que pudieran resolver parcialmente las complicaciones que crecen imparables... En síntesis, casi todos ellos y ellas no tienen ni idea de lo que es gobernar, dirigir una administración pública.

¿Y sabe qué es lo peor? Ya no van a aprender.

Nos cuestan los partidos, nos cuestan los procesos, nos cuestan los candidatos. ¿Para tener un resultado de qué calidad?

Van 15 días de campañas y faltan más de 40.

En Jalisco al menos 11 celebridades se han postulado para algún puesto de elección popular. Están desde youtubers, cantantes, ex futbolistas y conductores de televisión.

Entre ellos destacan Vicente Fernández Jr., que busca una diputación por el Partido Encuentro Social; también Adolfo "El Bofo" Bautista, quien quiere ser diputado federal por el mismo partido.

Lo que quizá no saben estos personajes de la farándula y el deporte es que los partidos rémora sólo los utilizan para conseguir la mayor cantidad de votos (al menos el 3%), y con ello evitan perder el registro para seguir viviendo del erario.

La exigencia de políticos competentes, con vocación por lo público y verdadero espíritu de servicio debe ser una exigencia. Evitemos reducir la elección al pragmatismo de los partidos para traducir fama en votos ante el desencanto democrático del ciudadano para votar y participar en la vida pública.

El espectáculo que Salgado Macedonio, junto con Mario Delgado, han dado estas semanas es, uno supondría, una gran oportunidad si la oposición andaba buscando mensajes claros en las campañas más allá de los candidatos: ¿A cuántos votantes indecisos les preocupan los desplantes y las amenazas de políticos morenistas contra las autoridades? Si el INE es la institución que más dicen respetar los mexicanos, ¿cuántos de estos votarán por alguien que ofrezca que no será como Félix, como Mario y, en términos prácticos, ni como el presidente López Obrador?

No sabemos si la oposición verá ahí una oportunidad. Pero lo que desde esta semana sí sabemos es que en los partidos que no apoyan al presidente también tienen sus antiejemplos, personajes simbólicos que harán más sencillo a Morena pedir que les refrenden el voto. Y no todos esos casos pertenecen al pasado.

En días recientes, Silvano Aureoles, gobernador (es un decir) de Michoacán, humilló a un ciudadano de Aguililla que sólo le demandaba empatía. Rodeado de funcionarios armados, Aureoles empujó y vejó a ese profesor.

Si Morena necesitaba un antiejemplo actualizado para recordar al electorado por qué los que se fueron no deben volver, Silvano se pintó solo en esa patética estampa. Ni resolvió la inseguridad, pero es violento cuando se le reclama. Chido.

No sé qué más dirán los jingles y spots de los partidos en las próximas semanas, pero con Félix y Silvano ya nos queda claro qué pretenden ambos lados.

La cantidad de propuestas y promesas de candidatos a alcaldes comienza a ser ya de horror. Muchas de ellas pasan inadvertidas porque vienen de suspirantes que no tienen posibilidad alguna de ganar, mujeres y hombres que con tal de quedar bien con los electores son capaces de prometer arreglos para cualquier cosa con un apretón de tuercas o, peor aún, asegurando un cambio de tuberías sin enterarse de lo que ello significa.

Los gobiernos municipales suelen tener poco que ver con las tuberías de la política, aunque los candidatos anden por ahí con afanes de plomeros amateurs. Lo suyo son más los servicios, asegurarse que las cosas cotidianas funcionen, como recoger la basura, prender la luz, regar los jardines. En esos detalles está la mitad del éxito de un alcalde. Un buen presidente municipal es a fin de cuentas un buen administrador, por eso no hay que preguntarles qué proponen sino quién sería su oficial mayor y/o su jefe de gabinete.

Más allá de lo administrativo, hay 2 puntos muy delicados de la gestión municipal que no se resuelven a corto plazo ni con llave stilson: la seguridad pública y la armonía del desarrollo, es decir los permisos de construcción y giros diversos: comerciales, industriales, de entretenimiento, etc.

En seguridad los ayuntamientos son solo un eslabón de una compleja cadena que pasa por otros niveles de gobiernos y otros poderes del Estado. Ningún alcalde resolverá el problema de seguridad. Sin embargo, el papel de las policías municipales es controlar el territorio. Hay delitos que el gobierno municipal no puede evitar, pero su deber es saber qué pasa, cómo pasa y quién pasa por sus calles, barrios y colonias. Cada pandilla, cada altercado entre vecinos, cada queja es importante no solo porque implica a personas de la comunidad (que eso debería de bastar) sino porque dibuja el mapa real del territorio. El otro gran tema en la gestión armónica del uso de suelo, de los permisos y dentro de estos 2 son claves: los de construcción y los de los llamados giros restringidos, pues ahí se mueven no solo las posibilidades de conflictos entre vecinos sino los intereses más poderosos y oscuros, para no hablar de mafias. Aquí tampoco hay que preguntarles a los candidatos qué piensan hacer, porque nos van a tirar un rollo y al grito de "yo lo arreglo" sacarán la llave stilson, sino a quién van a poner al frente de las carteras de seguridad y gestión de ciudad.

Si estos 3 pilares no están firmes en la propuesta de un candidato a alcalde, lo demás es lo de menos.

Los requisitos para acceder a un puesto de elección popular son únicamente 2: ser mexicano en ejercicio de sus derechos y tener cierta edad mínima, el resto, más que requisitos son impedimentos, como: ser ministro de culto, funcionario público, militar en activo, etc.

Debido a que estas condiciones no garantizan que los aspirantes tengan los conocimientos, experiencia y virtudes que necesitamos, recae en los partidos políticos la responsabilidad de seleccionar candidatos calificados para desempeñar los cargos buscados.

Salvo honrosas excepciones y algunas incipientes candidaturas independientes, al final los ciudadanos no votamos por los mejores, sino por los que los partidos políticos eligen con base en sus propios intereses.

En otras palabras, los ciudadanos elegimos entre los ya elegidos. Por eso estamos como estamos, votando casi siempre por el mal menor entre ineptos, bandidos o compadres.

La razón de ser de los partidos se ha distorsionado. Ya no es representar ciudadanos para que sus intereses sean tomados en cuenta en las decisiones gubernamentales. Ahora son simplemente la vía para acceder al poder y "hacer de las suyas" con dinero ajeno, lo cual logran designando como candidatos a 2 tipos de personas: 1. Cómplices con los que tienen acuerdos inconfesables que los obligan a designarlos como candidatos a determinados puestos y puedan hacer negocios al amparo del poder, y 2. Personas famosas, a las que sin tener ningún tipo de conocimientos o experiencia en asuntos legislativos o de administración pública, les proponen candidaturas solo por las posibilidades que tienen para atraer votos, y que luego funcionan como títeres manipulados por los rufianes que los postularon.

En ambos casos, los ciudadanos no importamos y todas las promesas que los candidatos nos hacen son huecas.

Lo digo con todo respeto y sin menospreciar posibles buenas intenciones, pero ¿qué puede hacer en el poder legislativo una persona como "Paquita la del Barrio", quien pretende ser diputada en Veracruz; o el comediante "Kiko" que busca gobernar Querétaro? ¿Qué van a hacer luchadores enmascarados, boxeadores, futbolistas, ciclistas, atletas, artistas, cantantes y hasta "youtubers" a la hora de opinar y votar a favor o en contra de leyes de las que depende el futuro de millones de personas?

Hay un cuestionamiento muy simple que debemos hacernos a la hora de ir a votar, y que los partidos políticos, si fueran honestos, debieran hacerse a la hora de designar candidatos: si estuviéramos en un barco a la deriva en medio del océano, ¿qué haríamos: A. Convocaríamos una elección para ver cómo pilotear el barco, o B. Trataríamos de averiguar si hay alguien a bordo experto en hacerlo?

Si escogemos la opción B, es porque pensamos que los conocimientos especializados son útiles en este tipo de situaciones, y no queremos que improvisados estén adivinando qué hacer en una emergencia o cuando se trata de asuntos de vida o muerte. Y en muchos casos de las decisiones que se toman en el gobierno dependen la vida, la salud y la economía de todos.

Creo que todos los partidos políticos merecen un fuerte reclamo de parte de los ciudadanos por designar candidatos a puestos de elección popular con base en complicidades o popularidad convenenciera, y no con base en capacidades, honestidad y experiencia.

Ahora que de nueva cuenta nos enfrentaremos al desgastante y frustrante proceso electoral, espero votemos de manera útil y razonada, no con el estómago, no con prejuicios, y al menos en estas importantes elecciones del 2021, en las que se juega, además de alcaldías y gubernaturas, el control del poder legislativo, hagamos conciencia de que lo que más nos conviene a todos es que el presidente en turno, sea del partido que sea, tenga siempre como contrapeso al poder legislativo, de manera que no pueda modificar la Constitución a su antojo, como el presidente actual ya lo ha sugerido, y podamos llamarlo a cuentas cuando sea necesario.

Esto solo se logrará votando útilmente, por candidatos o partidos que no sean afines, ni estén aliados al presidente. En este 2021, votar por legisladores de oposición, aunque no nos gusten, será elegir el mal menor.

Qué difícil hoy en día ser candidato. Arrancaron las campañas y tan sólo en Jalisco hay 13 partidos políticos con aspirantes a alcaldes en la mayoría de los 125 municipios, aspirantes a diputados federales y diputados locales, sin contar a las famosas planillas que acompañan a quienes buscan ser alcaldes. Es un mundo de gente; una auténtica "Marabunta", un ejército de hormigas voraces.

Y el gran reto que tienen esos candidatos es cómo darse a conocer, cómo llamar la atención y cómo convencer que por lo menos son menos peores que la decepcionante mayoría que ocupa hoy esos cargos.

Están, desde luego, los "favoritos de la afición", que son los candidatos a presidente municipal de las alcaldías más importantes (Las Estelares), pero bien visto no pasan de 5 o 6.

En ellos se centrará buena parte de la atención.

El resto, que son cientos, conformarán un ejército casi anónimo que, con distintos emblemas, estarán haciendo ruido.

Y habrá que ver la reacción del electorado.

Este año, a la apatía tradicional por las llamadas elecciones intermedias se suman la decepción por la ausencia de la mayoría de los gobernantes durante el poco más de un año de la pandemia por el coronavirus, y las reservas por la pandemia misma, que serán un inhibidor para presentarse a votar ante las urnas el próximo 6 de junio.

Además, el tema ya no es tan sencillo como recurrir a los medios de comunicación.

La televisión ha cambiado y de qué forma: las televisoras (Televisa y Azteca) dejaron de ser los comunicadores hegemónicos, bajaron su penetración y el nivel de sus mensajes, y existe una oferta más amplia de canales de televisión abiertos y de paga, y una fantástica cantidad de medios alternativos que han surgido gracias a la digitalización, pero que están tan atomizados que resulta difícil para un candidato saber a cuál recurrir para conseguir un resultado más o menos decente.

No dudamos que entre los candidatos existan perfiles de primera, destacados personajes públicos que se animaron a entrarle a la política con la esperanza de cambiar las cosas y contrarrestar el peso de las decisiones tradicionales de la clase política enquistada desde hace tiempo en el poder y que para sobrevivir cambia y cambia el color de su camiseta. Pero en medio de la circense variedad de candidatos que la mayoría de los partidos están proponiendo para llamar la atención del electorado con figuras públicas de todos los ámbitos, se antoja difícil que puedan destacar.

Si para nosotros como electorado será difícil esta campaña, imagine para ellos. Nosotros estaremos saturados de mensajes en radio y televisión (ya empezamos a estarlo) y ellos sufriendo al ser, en su mayoría, candidatos locales y gozar apenas del mínimo de los tiempos oficiales.

Qué elecciones, y qué difícil es, hoy en día, ser candidato (y, por supuesto, elector).

Onésimo Cepeda, obispo emérito (ex obispo, pues) de Ecatepec desde 2012, postulado por Fuerza por México como candidato a diputado local por el Distrito 21 del Estado de México, y quien expuso entre sus motivos para aceptar dicha postulación, estar "harto de tanto pen... que gobierna, y -'modestia aparte', le faltó decir- México se merece algo mejor".

Hasta donde se sabe, una cosa es que Cepeda ya no sea obispo... y otra que ya no sea "ministro de culto religioso". Una cosa es que conserve el derecho a votar, como los demás clérigos... y otra que cumpla con las condiciones previstas en el Artículo 40 de la Constitución para ser votado.

El dirigente nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas, se equivoca, pues, al afirmar que Cepeda puede ser, legalmente, candidato a un cargo de elección popular.

En un hecho inédito, el árbitro electoral no estuvo a tiempo para pitar el inicio de la contienda y las y los candidatos hicieron cada uno lo que quiso. Unos decidieron iniciar en los primeros minutos del domingo pasado, otros de plano suspendieron sus arranques de campaña por la falta del dictamen y el aval del IEPC, lo que degeneró en un arranque caótico de las contiendas electorales en Jalisco.

El haber incumplido lo que cada 3 años les obliga el artículo 246 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado dejó muy mal parados a las y los consejeros electorales que preside Guillermo Alcaraz Cross, que evidentemente no tuvieron la planeación a la que obligaba el hecho del incremento en el número de partidos políticos que participarían en la contienda, al llegar a 13, más las candidaturas independientes, que previsiblemente les aumentaría la carga de trabajo.

Si ya en noviembre del año pasado el IEPC fue objeto de severas críticas por haber cerrado el paso a la paridad de género en la postulación de candidatos y candidatas en los 10 municipios más poblados de Jalisco, pese a la composición mayoritaria de mujeres en el consejo general, los abucheos por el incumplimiento de plazos para la revisión de las planillas afecta sin duda la autoridad del árbitro electoral apenas en el inicio de las campañas, cuando más fuerza y consistencia debe desplegar para conducir el proceso y evitar o penalizar las irregularidades de los contendientes.

Si en el caso de la paridad de género, se dijo que las y los consejeros del IEPCJ se doblaron antes las presiones partidistas y del poder, más aún cuando el Tribunal Electoral les enmendó la plana, algo extra tendrán que hacer para reponerse de la degradación que les significó en materia de eficiencia el tropiezo en el desordenado inicio de campañas, y lo que pase con las impugnaciones nuevamente en el Tribunal, que podría restituir las 21 candidaturas que negaron a Morena y otra del Partido Verde.

En los países con democracias avanzadas la reelección de legisladores ha permitido fortalecer a los políticos individuales frente a los partidos. En México, sin embargo, siempre hacemos las cosas al revés. La reelección legislativa, aprobada después de muchas discusiones, y que se aplica ya en el actual proceso, se ha convertido en una herramienta más para que los partidos ejerzan control sobre los políticos. Es una mala señal para la vida pública de nuestro país.

En Estados Unidos la reelección ha dado a los legisladores, gobernadores y alcaldes independencia de sus partidos. Un 93% de los titulares de cargos de elección popular que buscan la reelección resultan triunfadores en el intento (Ballotpedia). El resultado es que los partidos en que militan se convierten en simples acompañantes de sus esfuerzos electorales. Los mismos políticos lanzan sus candidaturas, contienden en elecciones primarias, recaudan fondos de campaña y los gastan.

En México, en cambio, los partidos detentan las llaves de la reelección. Lo vemos en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, descartado de las listas de candidatos a diputados de Morena por su rival, Mario Delgado, presidente del partido. Los porcentajes de legisladores postulados para la reelección son muy bajos, si consideramos el éxito electoral de los titulares en otros países. De 257 diputados actuales de Morena, solo 101 han sido postulados para la reelección, 39%; el PAN ha postulado a 28 de 78, 36%; el PRI, 15 de 48, o 31%.

Si el propósito de la reelección de legisladores y alcaldes era dar a los políticos individuales una mayor independencia ante los partidos, la reforma fracasó. El poder de los dirigentes se ha fortalecido más que nunca. Ningún partido ha hecho elecciones primarias en esta ocasión. Algunos, como Morena, han pretendido usar encuestas para escoger a sus candidatos, por lo menos los que contienden por gobiernos estatales, pero no hay indicios de que los sondeos se hayan realizado en verdad o que sus resultados hayan sido respetados. Todo señala, más bien, que los líderes hicieron las listas a discreción o consultaron solo a otros personajes poderosos del partido.

Otra de las razones de impulsar la reelección era tener diputados y senadores más calificados para la elaboración de las leyes. Los procesos legislativos son complejos y quienes llegan a las cámaras no han estado preparados para realizar adecuadamente esa labor. La reelección permitiría que el aprendizaje de los 3 años de un periodo legislativo no se tirara a la basura. Con porcentajes tan bajos de reelección, sin embargo, no habrá un incremento significativo en el número de diputados con experiencia legislativa. Seguiremos viendo así la aprobación de leyes mal redactadas y que no resuelven los problemas que pretenden solucionar. El resultado es, una vez más, fortalecer a los partidos políticos, cuyos dirigentes les dicen a los legisladores cómo votar.

Quizá la situación no sea producto del azar, sino de la manipulación de las leyes por los propios dirigentes de los partidos. Ellos, después de todo, redactaron las iniciativas que establecieron las reglas de la reelección y se aseguraron de que, lejos de disolver su poder, lo fortalecieran. Ya después, dieron instrucciones para que los legisladores aprobaran lo preparado, como siempre lo han hecho.

Con más desfiguros que propuestas o discursos inteligentes, el domingo arrancaron las campañas para la renovación de la Cámara de Diputados en todo el país y para alcaldes y diputados locales en Jalisco. Si atendemos al chapulineo y a la calidad de los candidatos, hay decenas de razones para salir huyendo y descreer en los partidos y en la democracia. La gota que derramó el vaso fue la aparición del ex obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, decrépito y soberbio, como candidato de Fuerza por México, un partido pretendidamente obrero; si como obispo había logrado que muchos descreyeran en la iglesia, ahora lo hará con la política.

Sin embargo, y muy a pesar de los partidos, esta es quizá la renovación de la Cámara de Diputados más importante desde 1997. En aquella ocasión estaban en juego la democracia y la vigencia de un instituto electoral autónomo, entonces de reciente creación; en ésta, ante el resurgimiento del presidencialismo a ultranza, lo que se juega es el equilibrio de poder y, curiosamente, también la vigencia de un instituto electoral hoy cuestionado y atacado desde el Palacio Nacional.

En la elección local lo que está en la mesa es la vigencia en Jalisco de un proyecto que llegó buscando refundar el estado y hoy se da con no perder la capital y la mayoría simple en la Cámara de Diputados. La decisión ya no es la continuidad del alfarismo, que se desmorona a la misma velocidad con la que creció, sino si Jalisco se alinea a la ola morenista o sigue siendo un contrapunto, para bien y para mal, de las políticas nacionales.

Junto a estás grandes batallas, son muchos los partidos que se juegan la vida en esta elección. Además de los nuevos que buscan el registro, algunos de los tradicionales como PRD, PT y Verde están por debajo de la línea de flotación para la subsistencia; MC parece librarla gracias a la caída de Morena en Nuevo León, que permitió que resurgiera su candidato. A pesar de sus crisis internas, PRI y PAN se perfilan como los partidos que, desde la media tabla, seguirán siendo los opositores de Morena.

Particularmente interesante es el caso de Futuro, el partido que surge de la candidatura independiente de Pedro Kumamoto hace 6 años. Aunque en principio, según las encuestas recientes, brincará sin mayor problema el corte del 3% en la elección para diputados locales, lo que está en juego es la vigencia de sus propuestas. La gran pregunta es si Futuro es capaz de existir y tener una propuesta más allá de Kumamoto; el discurso antipartido convertido en partido parece de entrada una contradicción difícil de sobrellevar.

Aunque pareciera que los partidos hacen todo lo posible por ahuyentarnos de las urnas lo cierto es que hace mucho que no teníamos una elección intermedia tan intensa y con tanto en juego como la que comenzó el domingo pasado: en 2021 elegimos más que diputados y alcaldes.

Los comicios en puerta serán los primeros en que el "voto duro", a la usanza tradicional, brillará por su ausencia.

Históricamente, en México, además de los afiliados, adherentes, miembros, dirigentes, cuadros y burocracia identificada con un partido, muchos electores se identificaban con la ideología, las tradiciones o la historia, o con los personajes y, por ende, con los colores de un partido. Aun sin conocer a fondo sus principios de doctrina, decían comulgar con su ideario, y con frecuencia simpatizaban con sus candidatos, aunque solo fuera por tratarse de correligionarios. Nunca habrían votado por otra opción. Hacerlo por el PRI (el partido gobernante durante 7 décadas), el PAN (la oposición por antonomasia), o el PRD en años más recientes, era parte de una estricta tradición familiar irrenunciable.

El surgimiento de nuevos partidos, de poco conocida y quizás hasta inexistente ideología, o de coaliciones -hijas más del oportunismo o el pragmatismo de sus dirigentes que de vagos principios de doctrina- de los partidos tradicionales, pondrán a muchos electores, esta vez, en el dilema de informarse sobre méritos, historiales y propuestas de los candidatos... o votar como se escoge el número en una rifa o un billete de lotería: por corazonada.

MC decidió no formar parte de la alianza "Sí por México" que integraron el PAN-PRI-PRD, lo que ocasionó severas críticas al alfarismo de parte de estos partidos y poderosos empresarios que impulsaban este bloque para buscar quitar la mayoría a la 4T. De hecho desde el interior de esta alianza preparan ya una campaña para achacar a los naranjas una soterrada alianza con el presidente y su partido Morena, por haber dicho no a la coalición para la elección federal.

En lo que respecta a la elección local, en la que estarán en juego las 125 presidencias municipales, 20 diputaciones locales de mayoría relativa y 18 de representación proporcional, MC también decidió jugar sólo, y ya no en alianza con el PAN y con el PRD como lo hizo en el 2018 y que tan buenos dividendos le trajo. Así que habrá que ver cómo les va enfrentando solos el desgaste de 3 años de gobierno estatal que no han estado exentos de severos sobresaltos, sobre todo en materia de seguridad, temas de salud por la pandemia y en las últimas semanas por la crisis en el abasto de agua, así como uno de los incendios más devastadores en el Bosque La Primavera.

En la gran mayoría de los casos, los candidatos a desempeñar cargos de elección popular -alcaldes, diputados federales y diputados locales, principalmente- son, para la generalidad de los potenciales electores, ilustres desconocidos. Su estrategia de persuasión -o seducción- consiste, generalmente, en promover su imagen (afable, sonriente, optimista...: cara de gente decente) acompañada por una frase breve, rotunda, pegajosa -fruto, ordinariamente, de una "tormenta de ideas" entre los "creativos" de una agencia de publicidad-, como sacada de un manual de superación personal, al estilo de los establecimientos comerciales que prometen "surtido, calidad y precio". Los pocos más o menos conocidos son los que ya han desempeñado cargos públicos -presidentes municipales, sobre todo-, de cuya capacidad el ciudadano común, en su calidad de vecino, puede tener una idea en función de la calidad y eficiencia de los servicios que recibía del municipio: seguridad, aseo, mantenimiento de pavimentos, parques y jardines, particularmente.

Por desgracia, las campañas llevan implícita una faceta sombría, tenebrosa, perversa. Se trata de la llamada "guerra sucia" consistente en difundir informaciones -falsas, en el caso de las calumnias, eventualmente verídicas en el de las difamaciones- acerca de los adversarios, con la deliberada intención de desprestigiarlos, desacreditarlos o descalificarlos, poniendo en tela de duda su moralidad, su honorabilidad o su capacidad para desempeñar los cargos a los que se postulan. Y aunque las autoridades electorales hacen llamados y los partidos políticos o los propios candidatos se comprometen a evitar esos métodos canallescos, la maldita realidad es que, en México, la calidad de los profesionales de la política es, vía de regla, tan raquítica, que sus mejores argumentos consisten... en querer demostrar que sus adversarios son peores.

El inicio de las campañas en Jalisco resultó un desastre y pasto para los grillos.

El IEPC Jalisco comenzó a dictaminar la procedencia de registros de candidatos un día antes del arranque de las campañas, pero el proceso se entrampó ante el desorden burocrático del Instituto.

El Código Electoral del Estado señala que las campañas empiezan un día después de aprobados los registros. Sin embargo, se les vino encima el tiempo con una sesión de más de 24 horas.

Esto provocó que algunos candidatos como Carlos Lomelí retrasaran cualquier acto proselitista, pero algunos otros como Pablo Lemus y Juan José Frangie arrancaron desde las 00:01 horas del domingo.

Lo único que quedó en evidencia al final fue la incompetencia del árbitro electoral y reveló el cariz de las campañas: pataleos, quejas y lloriqueos de candidatos que acusaron de incumplir la ley a los que sí realizaron actos proselitistas.

Para que se vayan preparando. Este será el nivel de la contienda.

El domingo arrancan las campañas políticas rumbo a la elección del 6 de junio. Pomposamente la llaman "la elección más grande la historia" cuando por razón natural, por el número de nuevos votantes que han llegado a la mayoría de edad y se suman al electorado, cada nueva elección siempre será también "la elección más grande de la historia".

Son, seguramente, argumentos buscando que el proceso invite y convoque al mayor número de personas cuando en realidad se ve complicado que realmente existan grandes motivaciones para ir a las urnas a votar.

Para empezar, ese 6 de junio aún estaremos inmersos en la pandemia con números importantes de contagios cada día porque la proyección de quienes habrán para entonces recibido la vacuna no alcanza y, por mucho, para llegar a la "inmunidad de rebaño", que significaría que vamos ganando la batalla al virus.

Estaremos todavía lejos.

Pero más importante aún será el ver cómo la población, los grandes segmentos del electorado y no sólo las tribus que acompañan a todos los partidos políticos y sus candidatos habrán de tratar precisamente a la clase política en las urnas.

Hay que recordar que en este año tremendo en que hemos vivido en constante peligro por la amenaza de contagiarnos del virus y eventualmente morir, los grandes ausentes han sido los políticos.

Desde los inicios de la pandemia no se les ha visto cerca de la población, "arriesgando el pellejo" como lo hacían los reyes y príncipes del medioevo para encabezar a sus ejércitos, para por lo menos solidarizarse en la situación doliente de una sociedad que a fuerza de contagios y muertes tuvo que aprender a salir adelante no sin pocas bajas. De terror la cifra oficial en México de más de 200,000 muertes en un año (extraoficialmente cerca de 350,000) en una sociedad en que pensábamos tener todo bajo control y máxime viviendo en las grandes ciudades.

Pero nuestros políticos se refugiaron quién sabe dónde, por supuesto se estaban cuidando al igual que la gran mayoría de nosotros, pero no se les vio ni siquiera asomar la nariz para decir aquí estamos y estamos contigo.

Aunque ciertamente no se les extrañó; sí caló que mientras miles se quedaban sin empleo o veían reducidos sus ingresos, ellos seguían cobrando sus quincenas.

Es entonces cuando más nos preguntamos con qué cara y qué discurso van a salir a promover sus candidaturas. ¿Organizarán esas reuniones que no organizaron para apoyar a los más lastimados por la pandemia?

Será todo un fenómeno digno de observar durante las campañas y sobre todos el día de las elecciones con la convocatoria a las urnas.

Será parte de esa nueva normalidad que estamos viviendo y donde seguramente se cuestionará qué tan útil es tener una clase política tan numerosa y obesa.

La revocación de mandato es un arma muy potente, un instrumento que nos dimos los ciudadanos para poder quitar del poder a quien consideramos que, por razones graves que atentan contra la nación misma, no debe seguir ejerciéndolo. Ojo, no es para quitar a un presidente o gobernador que nos cae mal, para eso tenemos elecciones intermedias y generales, es solo para casos realmente extremos. De ahí que las condiciones para llevar a cabo una revocación de mandato sean muy específicas y nada fáciles de lograr. En el caso del presidente de la república se pide un altísimo número de firmas para la solicitud, casi 2 millones de ciudadanos, y para que sea válido, es decir, para lograr la destitución, el número de personas que deben votar por la revocación tiene que ser mayor al que votó en la elección presidencial.

A los gobernantes populistas les encanta jugar con este tipo de armas, presumir que se someterían con gusto a la revocación, pero terminan jugando con otras figuras, sea la ratificación de mandato, como le gusta a Alfaro, o las consultas populares patito que tanto fascinan al presidente. Los 2 métodos comparten una condición: son fácilmente manipulables y siempre tienen resultados cercanos al 90%. En términos de nuestra metáfora son el equivalente a pistolas de juguete: hacen a los niños y a los políticos sentirse fuertes y valientes. Digámoslo con todas sus letras: la ratificación y las consultas estilo 4T son falsos juegos democráticos que solo sirven para alimentar el ego.

Lo que hay que cuidar, pues es una arma muy valiosa y poderosa, es la figura de revocación de mandato. Tan irresponsable es que los gobernantes en funciones hablen de ella, como que algunos miembros de la oposición estén pensando siquiera en proponerla. Habrá que ponerle a la ley, como a los productos peligrosos, una leyenda en grandes letras que rece: Úsese sólo en caso de emergencia, no de deje al alcance de políticos populista ni opositores cegados por el odio.

Los "expertos" y mercadólogos políticos han usurpado las funciones que corresponderían a funcionarios responsables, y dan forma a mensajes y lenguaje para hacer creer a la ciudadanía que una determinación de autoridad o una campaña política, son justo lo contrario de lo que es socialmente rechazado.

En otras palabras, la herramienta que inicialmente -con el uso de la estadística- permitió percibir con mayor certeza la realidad, se ha transformado ahora en una forma de manipulación que encima, se paga con recursos de origen público o bien, con dinero privado que resulta en acuerdos secretos que privilegian las élites políticas y económicas. Un círculo vicioso que se prolonga indefinidamente.

¿Qué hay diferente con la utilización de estos recursos en la actual coyuntura electoral? Si fuera posible medirlo, podría decirse que la euforia de las encuestas se profundizó, en detrimento de los intereses comunes; favorecen más los objetivos de grupos de poder.

La muestra más clara y además, justificada desde el ejercicio de gobierno, son las famosas encuestas realizadas por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para elegir a sus candidatos a diferentes cargos. Esta práctica que, aparentemente llega para quedarse y seguramente copiarán otros partidos políticos, se realiza en total secrecía, sin transparencia y en perjuicio de las prácticas democráticas que durante décadas se han exigido a los institutos políticos.

¿Qué es lo que tanto reclaman los ciudadanos al repudiar los procedimientos partidistas? Que sean las dirigencias las que determinen, por conveniencia y negociación interna, a quienes serán candidatos y candidatas. Con la práctica de sus encuestas, Morena pasó de la elección de candidaturas en una tómbola, a imponer a los candidatos "que el pueblo" quiere, mediante una encuesta que no hacen pública y para la que contratan a las empresas de su preferencia.

Esta nueva práctica se solidifica mientras prevalecen otros mecanismos más añejos, como las "candidaturas de unidad".

¿Cómo calificar qué procedimiento es más conveniente? Sencillo: revise usted quién es la candidata o el candidato que aspira a ser su alcalde o su diputado(a).

¿Hemos mejorado?

Aunque los diputados locales ya andan de vacaciones y el Congreso [de Jalisco] está cerrado, activistas les recordaron que tienen pendiente la conformación del Consejo Ciudadano incluido en la Ley de Personas Desaparecidas.

Los colectivos piden a los legisladores no dormirse en sus laureles y que cumplan lo que aprobaron en la legislación. El asunto es que en esta temporada los diputados se tomaron muy en serio eso de los "días de guardar" y levantarán la cortina hasta el 12 de abril, pero el plazo para conformar el consejo vence para el día 20 y no han ni aprobado la convocatoria.

Otro inconveniente es que el congreso está plagado de suplentes, por lo que todo apunta a que los representantes populares le volverán a fallar a las familias de las víctimas; recordemos que la ley estuvo casi 3 años atorada.

Días de pasión de el infinito número de aspirantes a puestos públicos, los elegidos ufanos, pero no por ello menos temerosos, los rechazados, buscando reacomodos de última hora, la política partidista abriendo su tianguis trienal, premiando lealtades, no capacidades, vendiendo curules al mejor postor, y las sectas movilizadas para cubrir las vacantes a cambio de garantizar votos corporativos.

El pasado acecha. Se manifiesta en delitos tan terribles como los que se le acusa a Félix Salgado Macedonio (el único mexicano con derecho a la presunción de inocencia en la Mañanera), o asuntos aparentemente sencillos como una reunión con un personaje que luego se volvió incómodo (de hecho, lo más vergonzoso del video de Clara Luz no es la compañía de Keith Raniere, un fanfarrón que a la postre resultó un violador, sino bajísima la calidad del diálogo). Así como les brincó el pasado a estos personajes, ambos candidatos a gubernaturas por Morena, les va a saltar la liebre, en menor o mayor medida, a todos.

En una campaña donde el común denominador es la migración de los políticos de un partido a otro, lo que van a sobrar son escándalos o, en el mejor de los casos, evidencia de las contradicciones históricas de los candidatos. La muerte de las ideologías como eje articulador de los partidos políticos y la lucha por el poder dan lugar a las más extrañas mezclas, no sólo entre antiguos rivales políticos, sino entre visiones contradictorias, hoy articuladas por el mágico pegamento del poder.

¿Importa el pasado de los candidatos? Cada vez menos, y en estas elecciones será particularmente poco significativo. Una de las consecuencias de las fake news y la post verdad es que nada y todo es creíble y cualquier acusación se trivializa a tal grado que resultan igual de (in)trascendentes 5 acusaciones por violación y abuso sexual de parte de un personaje que va de macho por la vida, que una reunión de una candidata con quien a la postre resultaría un delincuente, pero de lo más que puede acusársele es de poner cara de boba frente a un personaje que dice obviedades en un idioma que ella no parece entender.

Si algo no ha entendido la oposición en este país es que, para ganar, o al menos para tener una presencia significativa, es más importante tener ideas y propuestas que generen esperanza que videos y expedientes judiciales que sólo demuestran lo que ya sospechábamos: Se parecen demasiado, porque son los mismos.

La mercadotecnia política es un arma que más que favorecer a los candidatos a puestos de elección popular, perjudica a los ciudadanos porque los confunde en cuanto a elegir los mejores gobernantes.

El marketing político es una metodología que combina la mercadotecnia con las disciplinas políticas. Su objeto es estudiar la mejor manera de orientar las campañas políticas aplicando técnicas de investigación, planificación, gestión y comunicación que son utilizadas en forma mercantil para promover un producto determinado.

La mercadotecnia al servicio de la política en el diseño y ejecución de acciones tácticas y estratégicas en campañas políticas de un partido político que a su vez pueden ser utilizadas en una institución, grupo de presión, organización civil o empresarial siempre y cuando su fin sea conquistar fines políticos.

Una campaña política requiere de dinero, mucho dinero y mecanismos de activismo para llevarla a cabo, así como un slogan o mensaje.

El dinero. Entre las técnicas para colectar fondos se puede mencionar a reuniones para pasar la charola entre grandes donantes en potencia que simpaticen con la causa o tengan interés en verse favorecidos en el futuro. También está la posibilidad de conseguir pequeños donantes por correo que en total lleguen a colectar una suma considerable. Una práctica que se utilizó por el PAN hace algunos sexenios era la rifa de automóviles, lo cual ahora no daría resultado por lo desprestigiado de esta práctica (el avión presidencial).

Hasta aquí la forma de financiamiento no afecta a la ciudanía, pero como la principal fuente de recursos es el subsidio oficial, el financiamiento de los partidos políticos ha desalentado la confianza de los ciudadanos y fomentado el abstencionismo en las votaciones. El gobierno no ha prestado atención a las protestas por el alto costo de financiamiento. Para las próximas elecciones del mes de junio de este año se tiene asignada una partida de 7,226 millones de pesos de subsidio a partidos políticos. Esto no es todo, hay que agregar el costo de operación del INE y los tribunales electorales.

Por su parte, el INE tiene asignado un presupuesto base de 10,727 millones de pesos, más la cartera institucional de proyectos 8,867 MDP, lo que da un total de 19,594 MDP. Entre las funciones del INE se encuentra la de contribuir al desarrollo de la vida democrática, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, así como velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

El mensaje. El slogan publicitario es un elemento vital en las campañas políticas. Se estima que el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ganó porque utilizó en forma subconsciente a la virgen de Guadalupe que es la que venera la gran mayoría del pueblo de México.

Tenemos una incipiente democracia que nos ha costado mucho dinero, que ahora sentimos amenazada por la actitud del presidente AMLO que intenta adueñarse de los 3 poderes.

Por lo menos si una buena parte de ese cuantioso presupuesto se dedicara a educar al electorado para orientarlo en la mejor forma de escoger a los candidatos, se resolvería en buena parte el problema de escoger a las personas que nos gobiernan.

Es necesario que se sepan los antecedentes de los candidatos, que tengan un buen currículo y presenten sus declaraciones 3 de 3 por lo menos para conocer sus antecedentes y comportamiento social y humano y el origen de su patrimonio. La mercadotecnia política también debe estar al servicio del pueblo.

Debido al conflicto interno que tienen por su dirigencia, el partido estatal Somos no registró candidatos ante el Instituto Electoral.

Esto implicaría que el naciente instituto político pierda el registro estatal que recién obtuvo, el asunto sería mera anécdota si no implicara el gasto de 10.1 millones de pesos a los que accedió este año el partido por el simple hecho de tener el reconocimiento estatal; recursos que por cierto también peleó en tribunales.

Los 2 bandos que disputan el control del partido esperan que les den la razón y, otra vez por la vía jurídica, conseguir presentar sus candidaturas, aunque sea fuera de tiempo.

Cuando después de las elecciones de 2018 se dio a conocer que la coalición Juntos Haremos Historia, de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, tendría mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, a pocos sorprendió. Después de todo, su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ganó la elección con 53% de los sufragios.

Pero este fue solo el resultado de la votación para Presidente. El elector no tenía intención de darle todo el poder a Morena. En los comicios para diputados federales, la coalición reunió solo 43.5% de los votos: Morena, 37.16; el PT, 3.93; el PES, 2.41. El PES, de hecho, perdió su registro al no alcanzar el mínimo de 3%. Los partidos y candidatos opuestos a AMLO sumaron, en cambio, 56.5% de los sufragios.

La Cámara de Diputados, sin embargo, se conformó de una manera radicalmente distinta. Morena obtuvo 191 diputados, el PT 61 y el PES 56, para un total de 308 de 500. El 43.5% de los votos fueron así suficientes para construir una mayoría de 61.6%. Esta mayoría se ha fortalecido todavía más durante la legislatura por la compra-venta de diputados. El día de hoy Morena tiene ya por sí solo la mayoría absoluta, con 257 diputados, que representan 51.4%; el PT 47, para 9.4%; y el (ya inexistente) PES 19, para 3.8%. Los partidos de la coalición suman ahora 323 diputados o 64.6%. Estos totales no incluyen a los 11 del Partido Verde, 2.2%, que se ha aliado con Morena.

El problema es que el artículo 54, fracción V, de la Constitución establece: "En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios [mayoría relativa y representación proporcional] que representen un porcentaje del total de la cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida". La sobrerrepresentación cuando se asignaron los diputados de representación proporcional era de 18.1%, más del doble del máximo, lo cual significa que la mayoría de Morena y sus aliados es inconstitucional.

Por 9 votos contra 2 el INE tomó el 19 de marzo un acuerdo que busca eliminar esta sobrerrepresentación. Como el reparto de diputados de 2018 se logró con casos en los que Morena "prestó" candidatos al PT y al PES , cuyos triunfos se atribuyeron oficialmente a estos partidos pequeños para dar a Morena un porcentaje mucho mayor de diputados de representación proporcional de los que le correspondían, el INE optó ahora por "verificar la afiliación efectiva" de los candidatos electos por el principio de mayoría relativa: "El triunfo será contabilizado a favor del partido con el cual el o la candidata ganadora tengan una 'afiliación efectiva'".

Morena ha impugnado el acuerdo ante el Tribunal Electoral. Afirma que el INE pretende "impedir que... tenga la mayoría en la Cámara de Diputados" con un cambio de reglas extemporáneo e ilegal. Ha cuestionado también la imparcialidad de 2 consejeros, el presidente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

No sorprende que el INE busque hacer cumplir el artículo 54 de la Constitución. Los consejeros suponen que la disposición constitucional se hizo para cumplirse. Lo que sorprende es que, en 2012, 2015 y 2018, se haya permitido su violación. Y no es una situación sin consecuencias. Muchas de las reformas que ha impulsado la 4T proceden de una mayoría artificial en el Congreso.

José Woldenberg comentaba ayer sobre los argumentos de Morena para defender la sobrerrepresentación: "¡Cómo extraño a la izquierda que peleó y argumentó, a través de los años, por la representación proporcional estricta, porque cada partido tuviese un porcentaje de diputados idéntico al porcentaje de sus votos!".

Seguramente las presiones y tensiones propias de su cargo, la racha de hechos violentos de los últimos 4 meses en Jalisco (entre los que destacan el secuestro y asesinato del empresario inmobiliario Felipe Tomé, el artero asesinato del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, la incursión violenta e impune de un comando a mediodía y en lunes para privar de la libertad a un comensal en Los Otates en la zona zapopana más vigilada del estado, el multihomicidio de 10 albañiles y un cantor en La Jauja, Tonalá, la colocación en la plaza principal de Tlaquepaque a plena luz del día del cadáver de un capo que disputaba la plaza al Cartel Jalisco Nueva Generación, y apenas el lunes pasado el ataque a balazos a las elegantes oficinas de la agencia de comunicación La Covacha, que ha acompañado a Enrique Alfaro desde su campaña a la presidencia municipal de Tlajomulco en el 2009 y a la que ha pagado desde esa fecha y hasta hoy multimillonarios contratos de los gobiernos que él ha encabezado, del partido Movimiento Ciudadano y los de la mayoría de administraciones municipales de Jalisco y otras partes del país donde tienen presencia), el sobresalto político de la semana pasada por la renuncia de Ismael del Toro, su principal operador político para buscar la reelección al bajarse sorpresivamente de la candidatura naranja al gobierno de Guadalajara, y que significó la llegada de Pablo Lemus a esa posición rompiendo los equilibrios al interior del partido MC que siempre había estado bajo su control absoluto, toda la problemática por la crisis de salud por la pandemia y la irritación social por lo errático de la campaña de vacunación que es responsabilidad del gobierno federal pero que también ha golpeado a las autoridades locales, y la peor crisis de abasto de agua en al área metropolitana de Guadalajara en la historia reciente a ciudad que ha provocado protestas de vecinos y conflictos con ejidatarios que niegan ser huachicoleros del agua como asegura su gobierno, harían a cualquier mortal pidiera vacaciones para tomar un respiro, como lo hará a partir de hoy el gobernador de Jalisco según anunció en sus redes sociales, aunque desde ayer fue uno de los pocos gobernadores que no asistió a la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para la firma de una especie de pacto para respetar en las elecciones lo que ya obliga la ley.

Sin duda esta agenda es agotadora y compleja, pero por eso mismo y por las reacciones negativas en la conversación digital tras el anuncio de que se va de vacaciones, es claro que no fue el mejor momento para ello, ya que la alta conflictividad por la que atraviesa la entidad y el partido que lidera ante la inminencia de las campañas hacen ver su ausencia como una indiferencia y abandono ante la gravedad de la situación.

Por eso otra lectura de esta polémica decisión del gobernador es que como los coach del futbol americano que piden tiempo fuera para parar el reloj y tratar de redefinir su estrategia cuando el partido está más que complicado y con el marcador en contra, a él tampoco le quedó otra que salir momentáneamente de la cancha para buscar un espacio que ojalá le sirva, para bien de los jaliscienses, para retomar el rumbo y hacer frente a los grandes retos de Jalisco con los que hasta ahora, evidentemente, su gobierno no ha podido.

El gobernador Enrique Alfaro está siendo víctima de sus dichos. Todo lo que dijo sobre la construcción de la presa de Zapotillo, sobre la gestión del agua en gobiernos anteriores, hoy se le revierte. Está enganchado en el anzuelo de sus propias palabras. Cuando tuvo la oportunidad de apoyar e incluso, por el poder que tenía, de gestionar soluciones de largo plazo de agua para la ciudad, prefirió el aplauso, lo que políticamente le convenía, o creía que le convenía, porque le daba popularidad. Hoy la crisis de agua no sólo se ha convertido en un problema de su administración y en un riesgo electoral sino en un problema de gobernabilidad. Es, pues, en muchos sentidos, una crisis autoinfligida.

Hoy el gobernador demanda que no se politice el tema del agua, cuando él lo politizó; pide un apoyo político, que él no quiso dar; demanda que se acote la discusión a sus términos, cuando él se apoyó en esos argumentos para oponerse a las mismas políticas que hoy propone; quiere que el gobierno federal tome las decisiones que él no ha querido tomar.

En la gestión del agua Enrique Alfaro no ha sido más irresponsable que otros gobernadores, pero tampoco menos. La diferencia estriba en que cada año que pasa el costo es mayor. Si hace 6 años 1 de cada 5 habitantes de la zona metropolitana no tenía un servicio de agua potable permanente y confiable, pues se surtían de pozos inestables y no potabilizados o incluso pipas, hoy hay zonas adscritas al SIAPA que tienen problemas de abastecimiento y de calidad. En síntesis, el problema es mayor y el margen de maniobra mucho menor.

Insistir en la culminación de la presa de Zapotillo y el sistema de bombeo del Purgatorio no parece ya una salida viable. No en sí misma. Ya no es sólo un asunto técnico y medioambiental, sino fundamentalmente político. Cualquier decisión que se tome hoy en torno al agua para Guadalajara debe contemplar una visión regional, de manejo de cuencas y no sólo de tubos, pozos y presas. La solución, la que sea, tendrá que ser construida desde abajo, con los usuarios del campo y la ciudad, y no sólo con técnicos del agua, cúpulas empresariales y universitarias. Hoy cualquier política de agua que se precie de serlo deberá contemplar todas las pequeñas soluciones y no una sola y única visión.

La política hidráulica de Alfaro está haciendo agua. Seguir la misma ruta que sus antecesores, esa que él, con razón o sin ella, tanto criticó, lo llevará irremediablemente al mismo destino, y a nosotros con él.

Uno de los grandes déficits democráticos en México se encuentra en la incapacidad de los partidos políticos de garantizar que las candidaturas que nos presentan son las idóneas para, no sólo ser competitivos en los procesos electorales sino, ante todo, para que quienes resulten elegidas o elegidos desempeñen de manera eficaz los cargos para los cuales les es conferida la confianza ciudadana.

Desde esta perspectiva, resulta cuestionable el círculo vicioso que se ha generado en el desarrollo de las campañas políticas pues las y los candidatos asumen que deben dirigirse a la ciudadanía a través de mensajes que apelan a la emocionalidad, antes que a la racionalidad, pues lo que garantiza elevar la simpatía y la intención del voto, a decir de quienes participan en procesos electorales, es un diseño de mensaje que está dirigido a mover emociones antes que a fomentar la conciencia crítica de la ciudadanía.

Se ha marginado radicalmente la responsabilidad de la pedagogía democrática que tienen los partidos políticos por mandato constitucional. Al contrario de esto, hay figuras públicas que incluso recurren a discursos de odio, reproducción de estereotipos y de prácticas de discriminación que, incluso de manera sutil, se mantienen como parte del posicionamiento discursivo que se utiliza para convencer al electorado de votar por unas y otros candidatos, de todos los colores y signos políticos.

La crisis de representatividad de los partidos está vinculada necesariamente a esta realidad; y como correlato, se traduce en una crisis de legitimidad y credibilidad de la propia democracia pues, al ser elegidas mayoritariamente personas que no tienen las capacidades requeridas para el ejercicio de los cargos, la ciudadanía se desencanta rápidamente de quienes prometieron resolver los problemas más sentidos de la población, se ven imposibilitados para transformar estructuralmente las condiciones de vida de la sociedad.

De esta forma, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2019), levantada y procesada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sólo el 56% de la población nacional se encuentra satisfecha con los servicios de agua potable que recibe en sus viviendas; el 46.2% está satisfecho con los servicios de drenaje; el 38.2% se dice satisfecho con los servicios de alumbrado público en sus calles y colonias; el 39.7% lo está con los parques y jardines de su localidad; el 66.4% lo está respecto de sus servicios de recolección de basura; el 26.2% lo está con los servicios de la policía; y el 25.1% con los servicios de calles y avenidas de los lugares donde viven.

La misma encuesta del INEGI muestra elevados niveles de insatisfacción respecto de los servicios que les prestan las instituciones de los gobiernos estatales y federales. Por lo que la conclusión es inevitable: uno de los factores que explican la insatisfacción con la democracia en México se encuentra en la incapacidad de los partidos políticos de generar gobiernos de calidad, es decir, gobiernos eficaces en el cumplimiento del mandato constitucional y legal, a lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo le ha llamado "déficit de estatalidad".

El próximo mes de junio se elegirán más de 20,000 cargos de elección popular que permitirán la llegada, a distintas posiciones en los gobiernos municipales y estatales, a nuevos responsables de tomar decisiones en un contexto de severas restricciones presupuestales, de incertidumbre por la pandemia, y de constante amenaza por los embates del crimen organizado.

De manera lamentable, estamos ante una democracia que está atrapada en la coyuntura del pragmatismo inmoral de los partidos políticos, que los lleva a actuar con base los cálculos electorales coyunturales, garantizando a las burocracias partidistas proteger sus privilegios y posiciones, pero reproduciendo la fractura estructural de nuestra democracia, que no es otra sino su incapacidad de garantizar un sólido Estado Social de Derecho capaz de proteger a la mayoría.

Los modelos de partidos políticos que buscaban "la eficacia electoral" para lograr posiciones, desde ahí formar "cuadros para la transformación", está completamente desbordada. La consolidación democrática de México y la construcción de un nuevo curso de desarrollo, desde lo local hasta lo federal será posible sólo en la medida en que se consiga el urgente tránsito del arte de emocionar, al arte de gobernar con eficacia, para el bienestar, la paz y la garantía universal y plena de los derechos humanos.

Como ha pasado aún en los momentos más ríspidos de la pendular relación que ha llevado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Enrique Alfaro cambia siempre el tono de reclamo que le hace a distancia, por el de conciliación cuando lo tiene enfrente.

Eso volvió a pasar el domingo pasado que AMLO visitó Tequila para inaugurar una base de la Guardia Nacional. Ahí, Alfaro hizo a un lado las advertencias de que Jalisco no permitirá "más abusos" del gobierno federal en temas presupuestales como las lanzaba apenas a fines del año pasado desde la Alianza Federalista; o los reproches de que tenía 3 meses de no atenderlo cuando lo buscaba para pedirle apoyo para combatir a la delincuencia organizada en Jalisco, como lo hizo hace 2 semanas tras el multihomicidio en la Colonia La Jauja, en Tonalá.

El domingo, su discurso fue más que moderado y gentil para pedir el apoyo de la federación nuevamente en temas de seguridad, de abastecimiento de agua y de vacunas contra el COVID-19 que ayuden a la entidad a superar la emergencia sanitaria.

El presidente pareció reconocer el gesto y lo regresó diciendo que se seguirá fortaleciendo la Guardia Nacional en Jalisco (que, habrá qué decirlo, está lejos de contribuir para enfrentar la grave crisis de inseguridad y violencia que padece el estado), que los adultos mayores estarán vacunados a mas tardar en el mes de abril y que apoyará en la solución del problema de la escasez de agua para la zona metropolitana.

Es, pues, una tregua a prueba de que pase del discurso presidencial a los hechos que se traduzcan en acciones y apoyos presupuestales.

Y es que hay que recordar que eso no pasó luego del reencuentro que tuvieron el 12 de septiembre pasado. Esa tregua no se reflejó en el reparto presupuestal del 2021 y fue motivo de una nueva ruptura.

Por lo visto el domingo en Tequila, parece que la tregua AMLO-Alfaro pactada en enero pasado y que abrió casi 2 años después nuevamente las puertas de Palacio Nacional al gobernador de Jalisco, luego de que el partido Movimiento Ciudadano no se unió a la alianza Va por México, del PAN-PRI-PRD, sigue vigente, por lo que habrá que ver si esta vez sí se traduce en apoyos federales para el bien de Jalisco.

Lo más contrario al federalismo fiscal es un gobernador pidiendo, suplicando, ayuda del soberano, de la federación, en un discurso público. Eso lo sabe el gobernador y lo saben sus colaboradores cercanos también empeñados en el discurso federalista. Entonces, ¿por qué lo hace?

Hay 2 posibles explicaciones. La 1a. es simple y llano pragmatismo. Si el presidente quiere que lo adulemos, si ese es el tono con el que hay que pedir, así lo hacemos. Para eso se es político, para tragar sapos y no hacer gestos. La 2a. es que efectivamente hay un cambio en la relación de estos 2 personajes a raíz de 2 eventos políticos: el que MC no se haya sumado a la alianza opositora y la reunión, de la que supimos realmente muy poco, entre López Obrador y Alfaro en Palacio Nacional hace unas semanas.

Los que leyeron el abandono de la alianza como una traición (PAN y PRD) están ciertos de que Alfaro claudicó, y leen en algunas actitudes recientes frente a la alianza federalista la prueba inequívoca de ello. Los compañeros de partido de Alfaro no sólo sostienen que la alianza es impresentable (toda alianza tiene en el fondo algo de traición y mucho de pragmatismo) sino que, al convertirse en el tercero en discordia, en el fiel de la balanza para algunas decisiones, les permitirá tener mucho mayor manejo político (en cristiano eso significa negociar con sus votos en las cámaras un mejor trato para los estados y municipios donde tienen gobierno o intereses). Como sea, es claro que el discurso federalista no pasará, como sucedió con la Refundación, de un slogan de campaña.

Los partidos empiezan a palomear a sus candidatos a diputaciones locales. Y las primeras listas circulan ya entre grillos. En el caso del PRI, uno de los ganones es Hugo Contreras Zepeda, cuyo principal logro como dirigente estatal de su partido fue acabar con lo que quedaba del tricolor.

Otro caso es el de José María Martínez, candidato a diputado pluri por Morena en la posición 6. El ex senador panista es señalado por tirios y troyanos de estar detrás del tráfico de plazas y favores en el poder judicial [de Jalisco].

También aparece perfilado como pluri en la posición 8 Tomás Vázquez Vigil, ex secretario del Ayuntamiento de Guadalajara con el priista Ramiro Hernández.

Las listas de Morena muestran un eclecticismo casi impúdico. Sus filas están llenas de perfiles provenientes de todos los colores y partidos. No es para menos. Morena como partido de moda es el que más garantías de triunfo les ofrece. Y la clase política apuesta siempre a ganar sin importar la ideología del vehículo que los lleva al próximo "hueso".

Las instancias del poder continúan obcecadas en seguir utilizando las estructuras y los recursos institucionales para crear opciones controladas, ocultas en la máscara de la democracia. A los partidos con registro nacional se agregaron el PES, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México; en el proceso local, se integrarán a la boleta electoral Futuro, Somos y Hagamos. Lo verdaderamente lamentable es que las "nuevas opciones" son más de lo mismo: salvo algunos casos realmente excepcionales, encontramos los mismos intereses, los mismos actores con ropajes gastados y deslucidos, y las mismas prácticas antidemocráticas, algunas grotescamente disfrazadas de "encuestas", tal el caso del impresentable Salgado Macedonio, impuesto como candidato al gobierno de Guerrero por la necedad de López Obrador. El velo de la verdad es tan delgado que se traslucen los dedos del titiritero.

Lo que pudo haber sido una oportunidad para fortalecer la democracia, amenaza con convertirse en una mescolanza al tenor de la letra del viejo tango, Cambalache: "Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor... los inmorales nos han igualado".

Tenemos nuestras dudas sobre qué tan pronosticables o predecibles pueden ser las elecciones del próximo 6 de junio.

Será determinante la pandemia porque si bien es cierto que los casos positivos de coronavirus en Jalisco han disminuido de manera importante, el virus seguirá presente, seguirán los contagios, y el desencanto general de nuestros paisanos por la clase política quizá ponga en la balanza la decisión entre ir a votar y arriesgarse o quedarse tranquilo en casa.

Además será interesante ver qué tantos ciudadanos han cumplido con la renovación y registro en el INE, cuando es un hecho que los procesos para obtener la credencial han estado acompañados de mucho desorden, alta posibilidad de contagios, y son una invitación a no obtenerla vigente.

Y el factor que quizás más pese en el ánimo de quienes vamos a ir a votar es el cuestionamiento sobre los candidatos a los puestos que están en juego. Durante la pandemia, y sus días más críticos, tanto presidentes municipales como regidores y diputados locales y federales brillaron por su ausencia. Entendiendo que para todos era una situación nueva y desconocida, nunca les vimos emprender acciones innovadoras o por lo menos de acompañamiento real para una población lastimada y hundida en la incertidumbre que veía cómo día a día avanzaban los contagios y los muertos, muchas personas tenían que arriesgarse a salir a trabajar porque no había de otra para sobrevivir, y ellos guardaron silencio y guardaron mucho más que una sana distancia ya que gracias a que viven del presupuesto público, aun estando en sus casas guardados nunca dejaron de cobrar.

Esas quizás son cosas que no se olvidan, aunado a que por las restricciones de la pandemia serán muy limitadas las campañas y poco podremos ver y conocer de los candidatos.

Es una elección que por la situación tan complicada que hemos vivido (y que seguimos viviendo) será diferente y el comportamiento de nosotros en las urnas tendrá un alto contenido de impredecible.

Traducir las pifias del presidente en un voto en contra depende mucho más de lo que haga la oposición y francamente no se ve quién lo pueda capitalizar; está tan yerma la tierra en el PRI, PAN y PRD que nada crece en ese campo estéril de ideas y seco de credibilidad.

Este año cumplo 30 años de periodista y desde que recuerdo siempre ha habido intentos de los gobiernos en turno para ejercer presión o incluso censurar a los medios y a los periodistas que les parecen incómodos.

Uno de los instrumentos que más utilizan a su favor es el uso discrecional del presupuesto para publicidad en medios, pues con el garrote de dar o quitar dichos contratos según la información que se publique, se ejerce una presión sobre las áreas comerciales y directivas de los medios y estos influyen en las áreas editoriales y con quienes producen la noticia. Conforme se abultaron los presupuestos de las áreas de comunicación de los gobiernos y los medios dependieron más de esos contratos, las posibilidades de presionar o intentar censurar crecieron en el periodismo de Jalisco.

Así lo hicieron los gobernantes priistas al igual que los panistas Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez. Con este fue frecuente el cambio de fuente de información de reporteros incómodos para esa administración, aunque no se hicieran públicos los reclamos a la prensa. El priista Aristóteles Sandoval Díaz mantuvo relaciones cordiales con los medios y nunca criticó públicamente el trabajo de los periodistas, aunque sus operadores de medios sí influyeron en el despido de reporteros y cancelación de programas radiofónicos.

Pero las presiones y disputas con los medios y con los periodistas están adquiriendo otro tono con el actual gobierno que encabeza Enrique Alfaro. Para empezar, ha cuestionado y denostado el trabajo periodístico que publica información crítica o que al mandatario el parece incómoda. Apenas la semana pasada acusó a los medios que publican información sobre asuntos de seguridad que no siguen la narrativa del gobierno de hacerle el juego al crimen organizado. Una acusación tan seria como peligrosa y además infundada.

Y ahora los colegas que formaban el equipo de noticias de MVS Occidente denunciaron que el espacio radiofónico que tenían desde 2013 fue cancelado de manera abrupta el pasado 5 de febrero. El espacio radiofónico encabezado por Víctor Hugo Magaña, e integrado por Fátima Aguilar, Adrián Montiel y Elizabeth Arriaga realizaba un trabajo periodístico honesto, independiente y empático con problemas sociales relevantes como es el caso de las personas desaparecidas en Jalisco.

En un comunicado que dieron a conocer ayer, estos colegas no dudan que su despido se debió a que el director de MVS Occidente, Jorge Martínez del Campo, "cedió a las presiones ejercidas por el gobierno estatal, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez". Como es común en estos casos, los directivos que aceptan las presiones del poder tratan de encubrir los actos de censuras cobijados por argumentos económicos. Además de dejarlos sin trabajo, MVS se niega a darles una justa indemnización laboral.

El reclamo de quienes fueron despedidos de MVS fue retomado por la organización Artículo 19 (dedicada a la libertad de expresión) y por la tarde de ayer emitió un comunicado donde difunde esta denuncia de presión gubernamental en contra de un medio y le pide al gobernador Enrique Alfaro que "reconozca que el derecho a la libertad de expresión no debe estar condicionado por los contratos de publicidad", que sea tolerante a las expresiones críticas en contra de su administración y que presente una iniciativa de Ley de Comunicación Social que impida que la contratación de publicidad sea utilizada como mecanismo de censura indirecta.

La denuncia hecha por los colegas despedidos tuvo resonancia no sólo local, sino nacional, y ante ello el gobierno estatal emitió un comunicado donde "categóricamente" niega que haya presionado para el despido de los colegas que laboraban en MVS Occidente, y dice que se trata de un conflicto laboral interno. Al final afirma que este gobierno respeta el "libre ejercicio de la labor periodística".

Si esto es cierto, no deberían existir presiones contra ningún medio y no debería haber medios o periodistas o analistas que replican sin cuestionamiento la propaganda del actual gobierno. Los medios y periodistas de Jalisco exigimos respeto al libre ejercicio de nuestro oficio, que no haya despidos injustificados y que se respeten las leyes laborales en todos los casos.

El Partido del Trabajo (es un decir) plantea en un spot que más allá de aplausos, propondrá en el congreso 100% de aumento salarial a los trabajadores sanitarios. Propuesta populista e irrealizable, pero no necesariamente poco atractiva para los votantes.

El oportunismo del PT no es muy distinto al del PVEM, que ha sabido medrar con la oferta de garantizar medicamentos, o al de Morena, que pretendió disfrazar de campañas de salud contra el COVID-19 lo que en realidad era una burda autopromoción electoral.

Estos ejemplos pertenecen a partidos de la coalición gobernante. Esas 3 organizaciones, y otras aliadas a Andrés Manuel López Obrador, buscarán renovar en las elecciones del 6 de junio el compromiso de que se atenderá a los más necesitados, a los más necesarios, a los más sacrificados, a los más vulnerables.

Con 27 meses en el poder, sin embargo, sobran ejemplos que ponen en duda la capacidad del gobierno de AMLO para cumplir sus promesas. Se avanzó en la pensión universal a adultos mayores y en algunos otros programas sociales, pero el saldo es negativo si hablamos de economía, pobreza, inseguridad y, por supuesto, manejo de la pandemia.

La cuestión es si algún otro partido captará votos de la eventual insatisfacción de sectores de la sociedad que resienten la inoperancia del equipo de López Obrador. Las protestas de las mujeres o del personal médico podrían ayudarnos a explorar al respecto.

Luego de la vitalidad y la contundencia, sin soslayar la creatividad, de las protestas de los últimos días de las mujeres frente a la candidatura morenista de Salgado Macedonio, urge reflexionar sobre todo lo mal que como hombres hemos hecho durante demasiados años.

Pero con o sin la reflexión masculina, esa causa contra la violencia de género y por la igualdad no cejará, ni se diluirá, qué duda cabe. ¿Pero se traducirá en votos contra el gobierno y sus partidos en junio?

Porque la insatisfacción no encontrará canales para materializarse en voto de castigo para el gobierno federal. En temas de género todos los partidos quedan a deber, aunque lo más increíble es que los de la oposición no adviertan que las mujeres demandan un cambio frente a lo que ven en Palacio Nacional. Que ahí hay votantes y agenda. O no lo detectan, o sus inercias -y sí, su machismo- les impide reinventarse.

La sumisión de las mujeres del gobierno federal al macho alfa de Palacio es contraria a un movimiento progresista (si es que Morena quiso realmente ser tal cosa, porque AMLO siempre rechazó que fueran prioritarios los temas LGTB, el derecho a decidir y la real equidad). Pero la nulidad de alternativa para la agenda de género que representan PRI, PAN y, lamentablemente, el PRD y MC, dejan a las mujeres no en una orfandad -basta de subestimarlas, ya sabrán revertir la situación- pero sí con pocas o nulas opciones en la boleta electoral.

Eso, y el talante conservador del grueso de la sociedad mexicana, es lo que tiene tranquilo a Andrés Manuel tras su valla. Sabe que nadie le disputará esos votos, porque nadie en la política tiene credibilidad para ofrecer algo programático a las mujeres.

Si el movimiento de mujeres no resulta un factor decisivo en las venideras elecciones, ello no descalifica ni subestima la movilización, pero protesta sin eventual traducción a espacios de toma de decisiones suena a una ruta de cambio muy larga. Si ya querían quemar todo, en una de esas se plantean cambiar a todos los partidos.

Al inicio de la marcha para conmemorar el 8 de marzo, las manifestantes gritaron "Nunca más silencio, nunca más silencio" y se deslindaron de los partidos políticos puesto que para ellas, todos estos institutos representan exactamente lo mismo.

"Las feministas no tenemos partido, no somos infiltradas y despreciamos a todos los políticos que se quieren colgar de nuestra lucha".

"Para nosotras los partidos políticos absolutamente todos son lo mismo", señalaron.

Entraron en vigor las licencias solicitadas por legisladores locales que aspiran a otro cargo público o a reelegirse en el Congreso del Estado.

La panista Irma de Anda y el emecista Salvador Caro, se ausentaron pues buscan su 3er. periodo consecutivo en el congreso estatal. Van por su 1a. reelección Priscila Franco y Quirino Velázquez de Movimiento Ciudadano. De Morena, Arturo Lemus y María Esther López; además de la panista Claudia Murguía. Mara Robles, Enrique Velázquez y Oscar Herrera; migraron de partido para ser postulados a la diputación.

Dejaron la curul para buscar una alcaldía, Sofía García, Mariana Fernández, Érika Pérez, Jesús Hurtado, Luis Munguía y Bruno Blancas. Quienes se perfilan para formar parte de futuras listas de regidores son Rosa Angelica Fregoso, Patricia Mesa e Ismael Espanta.

Irán por diputaciones federales los emecistas Mirza Flores y Ricardo Rodríguez; y del PAN Gustavo Macías.

En el caso del diputado Héctor Pizano, dejó el congreso para integrarse a la administración estatal y sería el nuevo director del Instituto de Pensiones del Estado.

Durante al menos los próximos 3 meses el congreso tendrá una alineación principalmente de suplentes. Incluso la curul del diputado Enrique Velázquez quedaría vacante pues su suplente, Diana González, también busca otro cargo.

Con los suplentes recién llegados, el poder legislativo estará en periodo inhábil y permanecerá cerrado del 29 de marzo al 9 de abril, según lo aprobó la Junta de Coordinación Política.

Elecciones 2021: PES lamenta tener que postular candidatos de diversidad sexual.

Ante la modificación que obliga a postular cuando menos a 2 fórmulas de personas de la diversidad sexual para las candidaturas a diputaciones federales, el Partido Encuentro Solidario (PES) lamentó que sólo exista una dirección para la implementación de acciones afirmativas, toda vez que existen otros sectores de la sociedad.

En el criterio aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE), sostenido por las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se modifican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones federales por ambos principios para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

Dentro de las acciones afirmativas que determinaron las autoridades electorales se encuentra la obligación de postular cuando menos a 2 fórmulas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 distritos electorales federales y a una fórmula de representación proporcional, a pesar de haber concluido ya el proceso de inscripción para la selección de candidatas y candidatos y la etapa de precampañas.

Un total de 35 diputados mexicanos pidieron esta semana licencia para dejar sus escaños y poder aspirar a otros cargos en las elecciones federales y locales del próximo 6 de junio.

Según un comunicado de la Cámara de Diputados, que cuenta con 500 legisladores, el miércoles se autorizó a 24 diputados del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

En la sesión del día anterior, lo pidieron otros 11 diputados, del Partido Acción Nacional (PAN), Morena, PRD, MC y PES.

Casi el 90% de los actuales 500 legisladores buscarán la reelección en esos comicios para permanecer 3 años más en su escaño. La Cámara de Diputados informó el 5 de enero haber recibido 448 cartas de intención de legisladores que optaban a su reelección.

En 1987 se reformó el Artículo 60 de la Constitución para dar nacimiento a un tribunal que garantizara la legalidad en las actuaciones de los organismos electorales.

Supuestamente se justificó la creación de este tribunal para fortalecer la democracia y dar a los ciudadanos la garantía del respeto a éste.

No obstante, la realidad es que, ante la falta de confianza que inspiran las autoridades, fue necesario crear un tribunal para dirimir las controversias entre los diferentes partidos políticos que luchan por el poder valiéndose de toda clase de argucias legales e ilegales violando las leyes electorales. Así fue como nació el primer Tribunal de lo Contencioso Electoral como un órgano autónomo de carácter administrativo.

3 años después, en 1990 se creó el Tribunal Federal Electoral (Trife) también como un órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral al que se le encomendó la noble tarea de constituir una institución profesional muy responsable. También como un órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral.

La Ley de Parkinson (economista británico) establece que la burocracia tiende a crecer y se retroalimenta, lo cual se confirmó en 1993 en que se hizo un nuevo cambio a la Constitución para reforzar la jurisdicción electoral y se creó una sala de Segunda Instancia para dirimir las controversias que se susciten en la primera instancia.

3 años después en 1996 otra reforma a la Constitución para dar origen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como máxima autoridad jurisdiccional en la materia.

En 2014 nueva reforma da origen al nacimiento de una Sala Regional Especializada que se encargaría de resolver los procedimientos especiales sancionadores. Para entonces, ya era abrumadora la carga de trabajo por lo que se crearon 2 nuevas salas regionales a partir de 2017.

El Tribunal Electoral se encarga de resolver: las impugnaciones en las elecciones de diputados y senadores, las impugnaciones que se presenten en la elección de Presidente de la República, las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos políticos electorales, de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación, de resolver los conflictos laborales entre el Tribunal Federal Electoral (Trife) y sus funcionarios, así como el INE y su personal, la imposición de sanciones por parte del INE a partidos y sus funcionarios, así como del INE a su personal, la imposición de sanciones por parte del INE a partidos, agrupaciones, personas físicas y morales, la resolución de procedimientos sancionadores por violación de normas que regulen el acceso a radio y televisión y de los partidos y candidatos, la propaganda electoral y los actos anticipados de precampaña y campaña.

Además, en cada entidad federativa hay un Tribunal Electoral estatal, con toda la burocracia muy bien pagada, todo para dirimir los conflictos y controversias entre los partidos políticos que no obran apegados a las leyes y lo peor es que de ahí salen los funcionarios, diputados, senadores, presidentes municipales y demás gobernantes dizque de elección popular que no confían ni entre ellos mismos.

Con llamados a que los diputados saquen las manos de la fiscalización de cuentas públicas y refuercen la operación del Sistema Estatal Anticorrupción (Seajal), se presentaron en el Congreso del Estado conclusiones de los trabajos sobre reformas a la legislación para prevenir y combatir la corrupción.

Xavier Orendain De Obeso, promotor del pacto por la integridad, lamentó la tardanza en la dictaminación de la iniciativa que lleva 14 meses en análisis, afirmó que durante ese tiempo muchos recursos se han ido a donde no deben. Pidió que avance una nueva ley de designaciones, garantizar recursos para los Órganos Internos de Control y ampliar las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva del Seajal.

"No tenemos un sistema anticorrupción funcionando como todos se merecen, hasta el celular se actualiza cada cuando. Debemos emprender una actualización constante del sistema para irlo adaptando a la realidad, estoy convencido que somos más hábiles que los corruptos", dijo.

Mauricio Merino Huerta, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, solicitó a los diputados locales no regresen a viejas prácticas como el cabildeo de cuentas públicas y modificación de informes finales. Aseveró que los procesos de fiscalización deben ser técnicos y alejados de la negociación política.

"Me parece regresivo, las nuevas facultades que se entregarían a los diputados para revisar el contenido técnico de los informes entregados por la Auditoría Superior del Estado mediante una estructura paralela a la del órgano de fiscalización y para recibir las cuentas públicas y determinar prórrogas para su entrega. Recomiendo eliminar esas facultades de esta reforma", expuso.

Sobre el tema de las cuentas públicas, la diputada Mirza Flores, titular de la Comisión de Vigilancia; negó que impulse una reforma regresiva para que el poder legislativo pueda modificar los informes de fiscalización. Sostuvo que plantearon la presentación de expedientes por duplicado sólo para conocerlos y darles máxima publicidad.

"No hay ningún proceso que se plantee dentro del Congreso del Estado, se pretende que se presente un informe en la Auditoría y otro en el Congreso para darle la máxima publicidad, no para que haya trabajos paralelos. Nunca ha sido una intención de que haya un intervencionismo político", justificó.

Aunque lleva más de un año en su comisión, la diputada Flores negó que la reforma anticorrupción 2.0 esté congelada. Recordó que el paquete legislativo implica modificaciones a 15 leyes, consideró que podría aprobarse en un par de meses.

Por su parte, Mara Robles, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso; comentó que la reforma es muy amplia y planteó concretarla a puntos elementales como garantizar la operación del Comité de Participación Social dándole autonomía presupuestal.

En su turno, Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos; recordó los resultados de la encuesta sobre percepción de corrupción que aplicaron el año pasado. Destacó que 61% de los participantes no sabe en qué institución puede denunciar actos de corrupción. Además de que los ciudadanos reprobaron el trabajo en materia de combate a la corrupción hecho por los gobiernos municipales, estatal y federal.

Por el presunto uso de recursos públicos en actos proselitistas, el Congreso del Estado concluyó que el diputado Arturo Harrera incurrió en una falta administrativa "grave". Destinó a personal a su cargo en una actividad del partido político PT en horario laboral.

Anflopo
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 1o.de marzo de 2021).

Si quieres saber con quien te vas a casar, revisa su Buró de Crédito y su Buró Legal.

Cuando quieres una tarjeta de crédito, conseguir una hipoteca o arrendar un auto, lo primero que va a hacer el banco es checar tu historial en esos 2 burós, para ver que clase de cucaracha eres...

Si no has pagado puntualmente tus créditos o si presumiblemente has cometido algún delito: bye bye mi amorrr... nunca te van a prestar.

Entonces, si los bancos tienen ese "maravilloso sistema" para proteger su dinero, ¿por qué no existe un "maravilloso sistema" donde los ciudadanos votantes podamos proteger el dinero que le damos los políticos? ¡Son los que van a manejar el dinero que pagamos de impuestos!

La solución es crear un Buró de Políticos donde se publiquen los 2 burós existentes y el historial público de cada candidato.

Ahora mismo, para las elecciones de junio, hay muchos candidatos que han sido acusados de todo tipo de delitos y cochinadas. Y muchísimos artistas, locutores, payasos y futbolistas que no tienen NPI de lo que van a hacer, si de casualidad, ganan la elección.

Precisamente por eso, siempre hemos tenido unos pésimos gobernantes. Los elegimos a ciegas... y a lo tarugo.

¿Y quién puede lograr que exista un Buró de Políticos?

Las organizaciones civiles de oposición. Ellas podrían solicitar un cambio urgente en la ley electoral para que cada candidato tuviera la obligación de hacer pública la información de ambos burós y de un Buró Político, hecho por una empresa privada confiable, que tenga una base de datos de su experiencia y de su historial de trabajo social.

Los ciudadanos debemos saber si un candidato a diputado o senador conoce las leyes. Y si hay alguno que se quiere reelegir, tenemos que saber qué iniciativas aprobó o reprobó. Y también debemos conocer si los candidatos a alcalde, gobernador o presidente tiene experiencia en cómo funciona la función publica.

¿Y quién pagaría todo esto? El costo de la elaboración de estos expedientes lo tendría que pagar cada candidato o su partido.

Así como los bancos tienen el privilegio de ver nuestros historiales, los votantes mexicanos tenemos el derecho de saber qué clase de cucarachas elegimos. Si quieres ser servidor público, tu historial debe ser público...

Ya basta de campañas políticas de puras promesas, los candidatos deben de ganarse el puesto enseñando su experiencia y sus logros.

Entre todos, tenemos que limpiar a la corrupta clase política mexicana,

Antes de las próximas elecciones, las más importantes de la historia, nos urge tener un "Buró de Políticos".

El principal resultado en materia del combate a la corrupción de la actual administración [tapatía], es que la figura de la Contraloría Ciudadana permitió tener claridad y transparencia en las investigaciones contra los servidores públicos, destacó el alcalde Ismael del Toro.

Desde que ésta se puso en marcha, se han resuelto 124 procedimientos de responsabilidad administrativa y se han sancionado a 101 personas.

Las áreas con más señalamientos y más investigaciones son la Comisaría de Seguridad, la Dirección de Ingresos, la Dirección de Inspección y Vigilancia, la Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, así como la Dirección de Aseo Público.

"Lo más importante es la certeza de que, si hay un señalamiento de corrupción, es una instancia totalmente técnica y ciudadana, con un proceso de selección, que le permite autonomía para fijar la investigación en los procesos de ilegalidad y sanción a quien resulte responsable, sin que exista protección al funcionario público señalado".

A través de estas áreas se revisaron los casos del exgerente municipal, Alejandro Hermosillo, y de Priscila Álvarez, quien estaba al frente del Instituto Municipal de Atención a la Juventud.

"Son procesos que se realizan con autonomía y transparencia. Simplemente es un proceso claro, transparente, apegado a la legalidad... totalmente apegados a la ley".

En octubre pasado, la Contraloría resolvió que Alejandro Hermosillo incurrió en faltas administrativas consideradas graves por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por la contratación de un primo que dependía jerárquicamente de él. El expediente se turnó al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, quien se encargará de dictar la resolución que corresponda.

Por otra parte, el pasado 15 de febrero, la Contraloría Ciudadana resolvió que la titular del Instituto de la Juventud incurrió también en faltas graves, por lo que su caso se turnó al Tribunal.

La Contraloría advierte que se debe garantizar el derecho de presunción de inocencia de los exservidores, en tanto se dicta sentencia definitiva.

Sigue la discusión sobre si el presidente Andrés Manuel López Obrador doblegó, o no, a David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

La realidad es que este "error" en el cálculo del auditor, sea como sea, debería mínimo costarle el puesto porque sólo hay 2 interpretaciones: obró de mala fe o es francamente ineficiente.

Por otra parte, esta es una oportunidad para revisar la función y eficiencia de la Auditoría. Según un estudio de México Evalúa, de 1998 a 2018, la ASF presentó 1,004 denuncias penales por irregularidades en el manejo de recursos públicos, pero sólo 22 han causado sentencia.

Desde que llegó a encabezar la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares estableció un engranaje de corrupción para que cualquier gobierno pudiera, a cambio de un buen dinero, sacudirse el golpe político de ser señalado por las irregularidades en el manejo del dinero público.

Desde luego, Colmenares no se encarga de operar esto a detalle. Eso lo expondría mucho políticamente. Con el que hay que arreglarse es con el maestro Isaac Rojkind Orleanksy, titular de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, brazo derecho de Colmenares.

¿Cómo funciona? Si la Auditoría Superior hace observaciones sobre algún gobierno, éste de inmediato contacta a los altos funcionarios. La 1a. cita es para explicar en qué consiste la irregularidad. Si para ésta no hay explicación, pues se trata de un abierto desvío de recursos, entonces se pasa a la 2a. ventanilla. Los "contactos" en la Auditoría sugieren contratar a un despacho defensor, con quienes los altos funcionarios de la ASF tienen buena relación. Pero nada avanza hasta que no se da la cita con Rojkind y se define cómo va a ser el intercambio: "según el sapo es la pedrada", dice el dicho, es decir, dependiendo del tamaño del desvío es el tamaño de la tajada de soborno para que la Auditoría haga como que se explicó satisfactoriamente la irregularidad.

Así me lo explican fuentes de primerísimo nivel que, a través de gobiernos estatales, han tenido acceso a este mecanismo de corrupción.

David Colmenares, el auditor Superior, llegó a ese cargo gracias al padrinazgo del ex gobernador de Oaxaca (papá del actual), José Murat Casab. Colmenares trabajaba en un 2o. plano en las zonas económicas especiales, ese experimento que lanzó el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Murat padre había ya recuperado su poder como operador político, pues fue central para que el presidente Peña Nieto lograra el Pacto por México del peñismo. Murat lo llevó a la Auditoría.

Y Murat padre sigue siendo muy poderoso en el actual gobierno. Y no sólo porque su hijo, a pesar de militar en un partido de oposición, es uno de los gobernadores consentidos del presidente AMLO. Al grado que priistas de 1er. nivel aseguran que Murat hijo ya avisó que se arregló con el presidente López Obrador para que Morena arrase en Oaxaca en las elecciones: "le entregó el estado", fue la frase.

El auditor David Colmenares está hoy en el ojo del huracán por descalificar su propia auditoría y recular, tras las declaraciones del presidente AMLO, ante los señalamientos que hizo al gobierno por los gastos en la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la actitud de la Secretaría de la Función Pública hacia los auditores que la vigilan.

Ahora resulta que los aspirantes a cargos de representación popular "renuncian" a los partidos que ayer los cobijaron por "congruencia"... Lo curioso es que los principios ideológicos ahí están, son los mismos... No tienen abuela... Para ellos lo mismo es Chana que Chona y la lealtad está en la nómina... Valdría la pena obligar a los "suspirantes" a dejar pasar algunos años para postularse por otro partido...

Hace año y medio, el alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, golpeó a una mujer y, a pesar de ello, se mantiene en su cargo. No hay mucho que interpretar en este caso, los videos son clarísimos. Álvarez atendió a unos cursos en la Secretaría de Igualdad y purificó su error. Yo entiendo que haya partidos que no compartan la agenda de igualdad entre hombres y mujeres, e incluso de erradicación de la violencia de género, pero si dices que estás comprometido con ella es inexplicable que no le pidas la renuncia al presidente municipal o a cualquier otro cargo electo o candidato.

Otra cosa fue la reacción ante los casos de acoso que acecharon a Sergio Quezada, alcalde de Tototlán. Movimiento Ciudadano tardó en reaccionar, pero cuando lo hizo desconoció a Quezada y está cerca de ser inhabilitado por el poder legislativo. ¿Qué nos deja todo este debate? La voluntad política es clave para castigar y sancionar actos de violencia de género. Sólo cuando hay posible castigo en las urnas los políticos entienden que deben actuar. Tienen que ver amenazado su poder institucional para que tomen la decisión de separar a un acosador, violento o violador.

El "pacto machista" va más allá de López Obrador y Morena. La coalición PAN-PRI-PRD está apostando en sus candidaturas por viejos liderazgos tan o más machistas que López Obrador o por esposas de políticos y mujeres "famosas" como candidatas. Movimiento Ciudadano tiene en Samuel García, candidato a gobernador en Nuevo León, su propia declaración de principios sobre el machismo millennial y en el alcalde acosador de Tototlán, Jalisco, Sergio Quezada, una muestra de su falta de sensibilidad y capacidad para atender el reclamo del movimiento de mujeres.

#YaChole con la misoginia, con no escuchar a las mujeres, con la violencia. #YaChole de partidos y políticos que solapan a criminales. #YaChole con 10 feminicidios al día, escribieron ayer las mujeres ante el silencio de una clase política atrapada en un pacto que va más allá del caso Salgado Macedonio, porque las formas machistas y usos del poder misóginos están en todos los partidos.

Las y los diputados de la cada vez más cuestionada LXII Legislatura local lo volvieron a hacer, y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) volvió a guardar un sospechoso silencio.

Me refiero al nuevo "chaca-chaca", lavado de cuentas públicas o intercambio de impunidad, que protagonizaron en el congreso local el martes pasado las y los legisladores de la bancada mayoritaria del partido Movimiento Ciudadano, con la complicidad del resto de las bancadas (principalmente del PAN), y sólo con la oposición de la bancada de Morena.

Este nuevo "Festín de Impunidad" como le he llamado a las jornadas que desde hace al menos 4 legislaturas se dan de forma periódica para dejar pasar mafiosamente los desvíos del erario que detecta la ASEJ en municipios y dependencias del gobierno estatal, limpió de gastos millonarios no justificados a Zapopan, Tonalá, Atemajac de Brizuela, El Salto y Jamay.

Lo anterior, pese a que esta vez la Comisión de Vigilancia, que encabeza la diputada Mirza Flores, avaló el informe de la ASEJ, que preside Jorge Ortíz, pero que con 29 votos en el pleno se limpiaron de un plumazo las irregularidades observadas.

Repitieron así lo que ya habían cometido en marzo pasado, cuando aprovecharon que mientras todos estábamos preocupados y ocupados en las acciones para mitigar la propagación de la pandemia que apenas iniciaba, las bancadas de MC, PAN y PRI rechazaron fincar cargos en 10 cuentas públicas por 67 millones de pesos, que también ya había ordenado la ASEJ contra autoridades de Etzatlán, Ocotlán, La Barca, Jesús María, Tuxcueca, Zapopan y Tlaquepaque, así como del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital y del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.

Este nuevo golpe a la fiscalización del gasto público y al incipiente y casi nulo combate a la corrupción en Jalisco, coincidió ayer en el congreso con el nombramiento de Esmeralda del Socorro Larios Hernández, como "auditora especial de cumplimiento financiero" de la ASEJ, quien llegó a propuesta del titular de la ASEJ y de la diputada presidenta de la Comisión de Vigilancia, pese a no tener mayor experiencia en temas de revisión de gasto público ni de auditoría, ni tener claro cuáles serán las tareas de su nuevo cargo.

Ojalá el auditor superior salga a la brevedad a explicar cuál es el objetivo de esta nueva contratación, pero sobre todo, a exponer la posición de la ASEJ ante la burla que nuevamente hicieron la mayoría de las y los diputados al ignorar los cargos hechos por sus auditores.

Volver a guardar silencio, como pasó en marzo del año pasado, seguirá minando la autoridad de un auditor que no acaba de dar muestras de que la ASEJ ha salido del secuestro político y cómplice en el que estuvo por más de una década y que va hacia un rumbo distinto desde el 2018, cuando asumió su titularidad.

Sería también interesante saber qué opinan de la última edición del Festín de la Impunidad del martes pasado el Comité de Participación Social (CPS) y el resto de integrantes del comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Algo cambió en el discurso del gobernador Enrique Alfaro. Vimos como un cambio cómo echaba para atrás cualquier restricción a que los adultos mayores puedan entrar a supermercados, grandes almacenes y tiendas departamentales.

Seguramente se dio cuenta del enorme costo político que tuvo el que una medida muy plausible que iba enfocada a cuidar a los adultos mayores de la exposición a contagios, se convirtiera en una agresiva prohibición a entrar a supermercados para comprar sus víveres indispensables. La percepción general es que "la había agarrado" contra uno de los sectores más vulnerables, dejándolos en la indefensión.

La salida de Mariana Fernández del PRI provocó una gran decepción porque era la única candidata considerada para Zapopan.

En la dirigencia del tricolor, nos contaron, dicen que lamentan el "excesivo pragmatismo político y ambición personal" de la ahora precandidata de Morena.

La lista de diputados [locales] que solicitaron licencia sigue creciendo, y a los 11 que ya lo formalizaron se sumó la ex legisladora del Verde (ahora de MC), Rosa Angélica Fregoso.

Cuentan que anda muy animada, pues le prometieron estar en la planilla de regidores que acompañarán a Ismael del Toro en busca de la reelección.

Falta por ver qué puede aportar. Hay quien califica su desempeño como gris, pero eso sí: siempre fiel a los mandatos emecistas.

En Morena aún no confirman quienes dejarán su curul para irse de campaña. Trasciende que serán Érika Pérez y Arturo Lemus.

(17 de febrero de 2021).

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 11 de febrero de 2021).

Mi amigo Manolo se sintió delincuente, algo así como un comprador furtivo. Es mayor de 60, vive solo, y obligado a hacer la compra de sus víveres acudió a un supermercado y para su fortuna, junto al letrero que rezaba "Prohibida la Entrada a Mayores de 60", vigilaba la entrada un empleado al que conoce bien porque lleva años haciendo sus compras en ese lugar y gentilmente le permitió el ingreso, no sin antes advertirle por lo bajo que, en caso de que llegara un inspector, dijera que no le habían preguntado la edad.

Manolo prometió tratar de pasar desapercibido en los pasillos, y finalmente salió sin ningún problema.

Pero Manolo se sentía culpable.

Así viven miles de personas mayores la medida que acompaña a otras para evitar contagios en Jalisco. Personas que viven solas, que no cuentan con quién les auxilie a hacer sus compras, y que sufren el rechazo a la entrada de los comercios si no cuentan con la benevolencia de algún empleado que se haga de la vista corta.

La intención de la medida es por demás plausible: evitar que los adultos mayores (como grupo vulnerable de altísimo riesgo) salgan de sus hogares, y especialmente inhibir las pequeñas romerías familiares que como parte del paseo incluía salir a dar la vuelta con los abuelos, paseo que incluía por supuesto la ida al súper o al centro comercial.

Pero esa parte del mensaje no llegó al grueso de la población; la mayoría de las personas se han enterado de la medida por el letrero de prohibición a la entrada de los comercios.

Lo que originalmente era una medida se comunicó como una terrible prohibición para los mayores, y muy agresiva.

Obviamente hay un sentimiento de marginación y discriminación; si de por sí ya es pesado llevar la carga de vivir solos y así resolver todas su necesidades, estos adultos mayores ahora se ven totalmente relegados.

Pese a que las restricciones por el 3er. Botón de Emergencia implementado para disminuir la cadena de contagios de COVID-19 (que termina este viernes) impiden que adultos mayores ingresen a supermercados, ellos no han dejado de salir, y se las han ingeniado para obtener sus recursos elementales para la vida diaria.

Por ejemplo, las personas mayores de 60 años (edad a partir de la cual ya no se permite su ingreso a las tiendas) continúan yendo a los tianguis a surtirse de frutas, verduras, lácteos, pescado y otros alimentos con los cuales sobrevivir, debido a la cercanía de sus domicilios y a que en este tipo de espacios no se les impide el paso.

Si bien en la mayoría de los tianguis existe personal de los ayuntamientos que monta filtros sanitarios y supervisa las medidas establecidas por los gobiernos estatal y municipales, no deja de representar un riesgo para los adultos mayores, pues todavía hay personas que no portan bien el cubrebocas o que burla los filtros para ingresar, según ha constatado este medio de comunicación tras varias visitas a diversos tianguis de la Metrópoli.

"Antes iba al supermercado pero con estas medidas ya no nos dejaron entrar. Aquí en el tianguis puedo comprar verdura y fruta, pero hay otras cosas, como el papel de baño, que aquí no lo voy a encontrar. Yo vivo solo y no tengo quién me haga el mandado cuando lo necesito, tengo que esperar hasta que mi hermana vaya para encargarle mi lista", dijo Armando, adulto mayor que realizó sus compras este miércoles en el tianguis de Colinas de la Normal, en Guadalajara.

Por este tipo de situaciones, en las cuales los adultos mayores no pueden ingresar a las tiendas y en caso de que las medidas del Botón de Emergencia lleguen a ampliarse, los adultos mayores que fueron entrevistados por este medio de comunicación a través de un sondeo solicitaron a las autoridades que se consideren horarios específicos para su ingreso, pues consideran que el no tomar en cuenta este tipo de medidas vulnera sus derechos.

"Creo que las medidas sanitarias están bien porque reconozco que somos el sector más vulnerable frente al coronavirus, sin embargo, creo también que deberían dejarnos un horario fijo para que solo pudiéramos entrar los adultos mayores, por ejemplo, en las mañanas, antes de que entre toda la gente", dijo el señor Jesús.

Por su parte, el señor Roberto refirió que al no permitirles entrar al supermercado muchos adultos mayores han optado por comprar en establecimientos como pequeñas tiendas de conveniencia o farmacias donde han identificado que sí los dejan entrar, aunque lamentó, deben pagar más por sus productos, afectándolos económicamente.

"Estaría bien que pusieran un horario específico para que podamos entrar las personas mayores, de preferencia en la mañana, y así nosotros nos organizamos para comprar porque además las personas que están en la entrada de los supermercados muchas veces no tienen tacto y lo desmoralizan a uno con su forma de responder", dijo por último la señora Celia.

(V.periódico El Informador en línea del 10 de febrero de 2021).

Cerca de una veintena de diputados [locales] preparan maletas para alzar el vuelo rumbo a un nuevo "hueso", es decir, que la actual legislatura se renovará en más de la mitad.

Quienes más se lamentan son los asesores que tendrán que volver a enseñar a los nuevos legisladores el "abc" del congreso.

Todas las bancadas tendrán bajas, pero la que más es Morena, pues de sus 6 diputados actuales, se espera que se vayan 5.

Del PRI se irán 3; una ya se fue hasta del partido y uno que se pasó a MC ya también dejará la curul. Del PAN se irán 3 y 5 de los naranjas.

Las elecciones suelen ser el vínculo inicial del crimen organizado con el gobierno futuro; todos los partidos lo saben y todos tienen cola que les pisen. Esa es la hipocresía fundante. Los partidos, a través de la legislación electoral, han puesto en manos del INE, antes del IFE, la tarea fiscalizar y perseguir las trampas que ellos mismos hacen. En lugar de darles todas las atribuciones necesarias y usar las instituciones del Estado (como el SAT o la misma Unidad de Inteligencia Financiera) para perseguir el delito electoral, le amarran las manos al árbitro y por si fuera poco se aseguran de que siempre exista alguna contradicción de leyes que les permita ganar en el Tribunal.

Si queremos no sólo limpiar un poco la política sino combatir de verdad al crimen organizado, no hay que ir sólo por los capos sino por los "bejaranos" del mundo.

Aunque en realidad ya tienen sus listados de quienes serán "l@s bueno@s" para la disputa constitucional, los ritos se deben de cumplir, pero lo que sí se puede adelantar es que todos l@s ungid@s serán empátic@s y solidari@s con cuanto tema se les ponga enfrente... en campaña, porque ya ungidos: si te conozco, ni me acuerdo.

Los séquitos que hoy se encargan de realizar la pesada y en ocasiones hasta peligrosa labor de presentar a sus candidatos ante las comunidades más diversas y en los horarios más incomodos, serán los mismos encargados de no permitir que alguien se les acerque a los ungidos, y cuando alguien por suerte o su ingenio logre pasar ese cerco, invariablemente recibirá la promesa fácil: "con mucho gusto, llámale a mi secretario(a)", quien solícito tomará sus datos y segundos después olvidará y desechará su asunto, a menos que le signifique algún beneficio o negocio.

Aclaro que no soy profeta, ni nada que se le parezca, pero lo he visto y vivido tantas veces, que ahora puedo entender el porqué mi padre(+) siendo amigo de importantes personajes de la política siempre se negó a pedirles favor alguno para su beneficio personal o familiar, y aunque no faltaba quien le recriminara su actitud, con el tiempo nos dimos cuenta de que a él le asistía la razón.

El Gobierno de Jalisco rechazó la medida cautelar emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), referente a la restricción del acceso a tiendas de autoservicio, departamentales y comercio a las personas mayores de 60 años de edad y mujeres embarazadas.

Mediante un comunicado, el gobierno estatal señaló que la limitación para adultos mayores se mantiene porque son el grupo de población más vulnerable ante la pandemia por COVID-19.

Recordó que la medida estará vigente solo por un corto periodo: hasta el viernes 12 de febrero de 2021 y en tanto se pueda controlar la emergencia sanitaria en el estado.

Al corte del 5 de febrero de 2021, de los 203,784 casos activos notificados mediante el Sistema Radar Jalisco, el 16.38% corresponden a personas de 60 y más años de edad.

Además, los adultos mayores representan el 68.47% de las 8,857 defunciones ocurridas en Jalisco por COVID-19.

"Dicha medida fue recomendada por la Mesa Especializada de Salud, en la sesión de fecha 15 de enero de 2021, bajo aspectos técnicos y científicos, considerando las características del grupo de riesgo, los lugares materia de la restricción y el contexto", se lee en el documento de respuesta dirigida al visitador general de la CEDHJ.

En otras palabras, no tiene como finalidad el generar una restricción permanente ni discriminatoria para los adultos mayores, pues solo está vigente en tanto cumple su objeto.

Sobre las restricciones a mujeres embarazadas, la Mesa de Salud aclara que las medidas sanitarias aprobadas, en ningún momento restringen el acceso de mujeres embarazadas a tiendas de autoservicio, departamentales y comercio.

"Se me hace grave, pero no tanto. (...) ¿Qué vas a ganar?" Con esas palabras, ante la gravedad del delito de acoso sexual, el alcalde de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, intenta mediar entre una servidora pública y el director de Padrón y Licencias del municipio, Efraín Martínez Íñiguez.

Una grabación que se dio a conocer la semana pasada, tras una denuncia en 2020, evidencia la conversación que en días pasados dio la vuelta a redes sociales y puso al descubierto la indolencia frente a una víctima de acoso.

La reunión entre el alcalde, la joven y Martínez Íñiguez, que tenía como objetivo desestimar la denuncia de ella hacia el director de Padrón y Licencias, no pudo ser más desafortunada, o afortunada, según el cristal con el que se quiera observar. En una cara de la moneda se puede apreciar a un alcalde incapaz de darle la relevancia correspondiente al caso y, como autoridad, renuente a brindar el apoyo en las instancias pertinentes a una mujer, servidora pública o no, frente a una agresión; en la otra se encuentra el machismo en su máxima expresión, justificando la actitud del director de la dependencia pública a no contenerse al tratarse de una mujer hermosa, a quien Quezada Mendoza no dudó en revictimizar con palabras de carácter sexual, pero también se pudo observar a una mujer determinada a no dar un paso atrás.

El intento de persuasión en privado terminó en el orden público, y dejó en claro que la cultura de la denuncia por acoso u hostigamiento sexual que tanto promovía el #ProtocoloCERO que entró en vigor en junio de 2019 quedó de lado; ese día el Código de Ética y Reglas de Integridad para los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco salió por la ventana, pues aunque la joven acudió a instancias como la Unidad de Investigación de Delitos contra Mujeres, la denuncia no prosperó e incluso el Órgano Interno de Control del municipio archivó la investigación.

¿Dónde quedaron la perspectiva de género y las reglas de integridad en la función pública? El caso de la joven que denunció al presidente municipal es sólo uno de los que se pueden presentar en el ámbito público o privado; lo relevante es cómo actúan las autoridades cuando una mujer pide apoyo en casos tan delicados como el acoso u hostigamiento, cuando no sea ya un lamentable abuso sexual.

La disculpa pública del edil de Tototlán no se hizo esperar mediante un video, argumentando su falta de conocimientos técnicos y pericia en la resolución de conflictos. Movimiento Ciudadano, calificó a Sánchez Mendoza como un ciudadano "no ejemplar", mientras que grupos feministas solicitan su destitución.

En aquella reunión, una mujer se mantuvo íntegra frente a 2 figuras de autoridad: un alcalde, ahora en el ojo público, y el director de una dependencia de quien ya nadie habla. "Mi decisión está tomada", fueron las palabras de la joven, y con esa determinación el caso seguirá el curso legal que corresponda, en el que posiblemente ninguna de las partes salga ganando, pues las secuelas de acoso, hostigamiento o abuso sexual no se resuelven ni se superan aún con una destitución o sentencia.

Si Morena pierde la mayoría en el congreso, si la oposición gana la mayoría en el congreso, será por los errores de Morena y no por las virtudes de la oposición. Será por el desgaste de Morena a tan sólo 2 años y medio de haber accedido al poder, por su falta de experiencia, por su probada incapacidad para resolver los problemas que se han presentado. No por las propuestas de la oposición, ¿cuáles? No por los candidatos de la oposición, ¿quiénes?

Si el gobierno de Morena ha tenido una pésima gestión, el desempeño de la oposición no ha sido mejor. No se trata entonces de un problema de la clase política sino de la sociedad en general. La clase política es un reflejo de la sociedad. El bajo nivel de nuestros diputados (Noroña como paradigma) es el reflejo de la sociedad que votó por ellos. La soberbia, la ignorancia, los rasgos autoritarios del presidente corresponden a los del pueblo que lo eligió y que aún hoy lo aprueba. Los políticos del PAN, el PRI, el PRD, el Movimiento Ciudadano, el Verde, no son mejores. Su mediocridad es la de la sociedad, la nuestra.

¿Por qué no tenemos una mejor prensa? Una que nos brinde reportajes valientes, informados, objetivos. ¿Por qué el nivel de la televisión está por los suelos? Porque son medios, están en medio de los hechos que ocurren y de la sociedad que los recibe. Los medios: nuestro espejo. Sin duda alguna el bajo nivel de exigencia social corresponde al bajo nivel de la educación que nos ha forjado. Bibliotecas vacías, librerías escasas (hay más librerías en Barcelona que en todo México), maestros manipulados por sus sindicatos. ¿Alguien piensa que va a salir algo bueno de la educación en manos de la CNTE? ¿Qué clase de mexicanos saldrán de las aulas luego del periodo de Delfina Gómez? "Edúcalos o padécelos", escribió Marco Aurelio. Los estamos padeciendo, los vamos a padecer aún más. La generación de mexicanos educados bajo la conducción de la maestra Delfina y bajo el sindicato de la maestra Elba Esther, ¿va a ser una generación de mexicanos bien educados, bien informados, formados con valores democráticos?

La oposición puede ganar la mayoría en el congreso en las próximas elecciones de junio. La pandemia, como diría el clásico, le vino como anillo al dedo. Sin el desastroso manejo del Covid, la oposición no tendría ninguna posibilidad. Luego de su estrepitosa derrota del 2018, ¿depuraron sus partidos para expulsar a los corruptos? ¿Se abrieron los partidos a la sociedad? ¿Reflexionaron sobre sus errores para no volver a incurrir en ellos? Da la impresión de que no saben porqué perdieron. ¿Alguna propuesta de la oposición para combatir la pobreza extrema? ¿Alguna propuesta para iniciar una auténtica reforma educativa? ¿Qué alternativas ideológicas han elaborado para hacer frente al populismo demagógico? Para enfrentar la agenda dictada por las conferencias mañaneras del presidente, ¿la oposición ha presentado un esquema alternativo de comunicación? ¿Por qué volvemos a ver los mismos rostros de siempre como candidatos a diputados? No saben que no saben porqué sus ideas y los políticos que las enarbolan dejaron de interesar a la sociedad. ¿Recuerdan a Ricardo Anaya trepado en la estructura de un templete como si fuera un niño intentando llamar la atención? Ya cambió. Ahora va de pueblo en pueblo tratando de imitar a López Obrador. ¿Es lo mejor que se le puede ocurrir? ¿Para eso se exilió 2 años?

Artistas y científicos votaron por López Obrador en 2018 y lo siguieron apoyando hasta que el nuevo gobierno les quitó o los amenazó con quitarles sus becas y sus apoyos. ¿Esto es lo mejor que pueden hacer intelectuales, artistas y científicos, votar por quienes les den apoyo y hueso? ¿Algún plan para rescatar al país y elevar su nivel? ¿A los intelectuales no se les ha ocurrido otra cosa mejor que lamentarse por la llegada del populismo?

La oposición puede ganar la mayoría en el congreso pero no merece ganar esa mayoría, todavía no, aún no es tiempo. ¿Ganar el poder para regresar a lo de antes? Como si lo de antes fuera mucho mejor que lo de ahora. Tan no era mejor que la gente votó porque se fueran. Y no se han ido. Siguen los mismos. ¿Algún dirigente panista renunció luego de la derrota? ¿Los Chuchos siguen mandando en el PRD? ¿Cambió el PRI? Quién sí ha cambiado es Morena. Del idealismo pasaron al cinismo. De la transformación pasaron a la transa. De proponer un gobierno democrático como el de Madero pasaron a defender a Manuel Bartlett. Soñaron con un gobierno democrático y lo que hay es el gobierno de uno. Ahora ya son todo lo que abominaban de lo oposición. Ahora la oposición es peor de lo que era en el poder.

¿Qué hacer? Abrir los partidos a la sociedad. Democratizar sus estructuras. Implantar la cultura del debate. Si los partidos no ejercen la democracia interna no es posible que puedan democratizar al país. La corrupción que ha traído consigo Morena será muy difícil de erradicar. Si la sociedad no se reforma a sí misma será imposible que podamos aspirar a tener un gobierno mejor.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) exigió a las autoridades estatales la aplicación de las medidas cautelares dictadas para que las personas adultas mayores puedan acceder a tiendas de autoservicio, departamentales y comercio.

En un comunicado, la CEDHJ dijo que no se condena la emisión de medidas de protección a la salud, pero estas deben garantizar el respeto de la dignidad humana.

"En el contexto de la pandemia de COVID-19, la particular vulnerabilidad de las personas adultas mayores ha motivado que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos dicte diversas medidas cautelares y peticiones que deben cumplirse con oportunidad, por tanto, y con el más firme afán de fortalecer su atención integral y procurando la debida diligencia en su cumplimiento, se emite el presente pronunciamiento público condenando las posibles decisiones arbitrarias y sin sentido humanitario que están afectando a miles de personas adultas mayores, debido a que durante los días pasados se les ha negado el acceso a servicios básicos, abandonando cualquier intención de generar su mejor atención bajo el principio de respeto a su dignidad y sentido de solidaridad", dijo.

Asimismo, la CEDHJ pidió a las autoridades actuar con inmediatez en la adecuada y respetuosa aplicación de las medidas, ponderando el derecho a la salud y el acceso a proveerse de los insumos necesarios para satisfacer sus necesidades, a efecto de erradicar cualquier acto que provoque su discriminación; exhortamos igualmente a toda persona prestadora de servicios a evitar actos que impliquen que cualquier persona sea lesionada en su esfera de derechos fundamentales.

"La medida cautelar alude a la prohibición para que personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas accedan a tiendas de autoservicio, departamentales y comercio, más aún, para quienes viven solas, lo que sin duda resulta discriminatorio y excluyente. Al efecto, se debe considerar que el riesgo de complicaciones va ligado en la mayoría de los casos a factores de riesgo como son: cardiopatías, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades de inmune supresión, etc.; y puede evitarse, entre otras medidas, respetando la sana distancia y con lavado de manos, uso de gel, cubrebocas y careta", dijo.

Añadió que inició de forma oficiosa la integración de un expediente de queja contra quienes resulten responsables por no aplicar de manera respetuosa a los derechos humanos estas medidas, que pudiesen resultar arbitrarias y violentadoras de los derechos humanos.

"Esta emergencia sanitaria debe ser ocasión para la acción responsable de sociedad y gobierno, y de modo alguno, llevar a una crisis de derechos humanos, por lo que instamos a que las decisiones que se tomen tengan un sustento legal y científico, evitando en su operación toda discrecionalidad", dice el comunicado.

En los próximos días se instalará un equipo de consulta emergente con especialistas y la representación de personas adultas mayores, por ser éstas quienes más están sufriendo las disposiciones gubernamentales en el presunto afán de protegerles.

En México los políticos son unos analfabetos, entre todos han leído 3 libros y de literatura barata (...) México es un país donde no hay ningún castigo político ni social por ser delincuente.

No se hace política para servir a la ciudadanía, sino para servirse a uno mismo.

Es imposible acabar con la corrupción en la política mexicana. Tengo una teoría: creo que un lugar engendra y atrae a gente de esas características, que un lugar corrupto engendra y atrae a gente así. La maldad está de manera inherente en el ser humano. México se ha vuelto eso y la política mexicana es el epicentro de esa maldad.

No hay esperanza a corto mediano plazo para que la situación política cambie. Es tan complicado, creo que tendría que tener mejores gobernantes, pero eso es difícil porque los votantes en México no están bien informados (...) No veo en este gobierno de López Obrador un genuino interés por encontrar soluciones verdaderas a los verdaderos problemas de México, que son la violencia contra las mujeres, el hombre narco, la corrupción... son tantos problemas que a uno lo rebasan.

La política mexicana siempre ha sido muy oscura, en los últimos 10 años dejó de ser política para ser grilla.

Francamente ni a cual irle. El PRI, el PAN y el PRD lejos de intentar lavarse la cara, o incluso pretender que lo hacen, están candidateando para las elecciones de verano a representantes de los mismos grupos que los llevaron a la debacle. Y tampoco es que Morena y sus aliados luzcan mejor, aunque sea por otros motivos. El partido de AMLO se ha inclinado por algunos personajes impresentables; quizá buenos provocadores en la tribuna pero verdaderamente temibles en puestos de responsabilidad. Y el PES ha renunciado a todo intento de representar una corriente ideológica, válida o no, para recurrir a ex celebridades venidas a menos en venta al mejor postor.

Como las restricciones oficiales prohíben a adultos mayores entrar a los supermercados, a fin de reducir los riesgos de contagio de COVID-19, muchos de éstos sufren para hacer sus compras, sobre todo quienes no saben hacerlas por internet o no tienen familiares que los ayuden.

"Eso deberían hacer en los camiones, allí van sin cubrebocas", lamentó María, persona que aguardaba afuera de un supermercado.

Amparados en la ley, precandidatos a presidencias municipales y a diputaciones locales contaminan la imagen urbana de la zona metropolitana de Guadalajara con carteles y pintas en bardas.

El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), Guillermo Alcaraz Cross, precisó que está permitido que lo hagan (incluso en anuncios espectaculares), pero deben aclarar que la propaganda va dirigida a los militantes de sus partidos políticos.

Sin embargo, destacó que no pueden hacerlo en el equipamiento urbano.

De acuerdo con el artículo 235 del Código Electoral del Estado, esto corresponde a postes de energía eléctrica o de teléfonos, bancas de parques, puentes peatonales, monumentos, cabinas para hacer llamadas, papeleras o botes de basura, barreras de tráfico, señaléticas o paradas de autobuses.

Ante las limitantes señaladas, los integrantes de los equipos de precampaña acudieron a las colonias y pidieron a los habitantes que les permitieran colocar sus cartelones en las fachadas y pintar sus muros.

Si hoy hubiera elecciones para diputados federales, preguntó El Financiero en enero a los ciudadanos, ¿por qué partido votaría usted? 38% respondieron que por Morena; por el PAN 11%, por el PRI 10% y por el PRD solo 3%. Y 33% confesó que por ninguno o que aún no sabe. Ahí se ubica su humilde servidor. ¿Y ustedes?

A 120 días de los comicios para renovar San Lázaro, esta encuesta de Alejandro Moreno, publicada ayer, pinta un escenario prometedor para el gobierno federal.

La oposición más tradicional no le pisa los talones a Morena. En cambio, los indecisos o rejegos suman hoy un tercio de los votos. Si esos votantes se quedan en casa el 6 de junio, el presidente López Obrador seguirá sin oposición en el San Lázaro.

¿Puede Andrés Manuel en los meses por venir hacer algo para convencer a votantes escépticos de que elijan a candidatos oficialistas a la Cámara de Diputados? Si un milagro ocurre con respecto a la vacunación, y/o si encarcela a un verdadero pez gordo de la corrupción prianista -o morenista (no se rían)-, igual y cosecha aún más distritos. Veremos si el desastroso arranque de la aplicación de las vacunas se corrige, o si la Fiscalía General de la República abre carpetas para montar más shows.

Pero quienes la tienen más difícil son los partidos opositores. Demos por bueno un balance de extremos: digamos que el gobierno de AMLO es un desastre por donde se le vea de forma tal que la ciudadanía quiere un cambio del cambio. Pues la encuesta dice que la tercera parte de los votantes hoy no quieren a Morena... pero tampoco al PAN, al PRI o al PRD.

¿Qué tendrían que hacer entonces, esos partidos, para convencer votantes? Una respuesta tiene varios meses cocinándose y es la que formula que es momento de una alianza prianperredista. El factor de unión de esos contrarios es que López Obrador es tan peligroso que merece dejar a un lado históricas diferencias y apelar a que los electores busquen, ante todo, detener los cambios que ha emprendido en diversos campos el gobierno.

Es decir, ellos quieren ser, ante todo, un vehículo para los frustrados o asustados con el presidente. Pero además de canalizar ese sentimiento antigubernamental, ¿proponen algo distinto al pasado que ellos representan? La respuesta es evidente: no.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició un acta de investigación debido a las medidas del Gobierno del Estado durante el botón de emergencia que impiden acceder a supermercados a adultos mayores.

Desde luego que la medida es discriminatoria y excluyente. ¿Qué pasará con aquellos adultos mayores que vivan solos? La opción de ordenar por internet el súper tampoco es tan viable si consideramos que las nuevas tecnologías representan también un reto para ellos.

Ojalá que el Gobierno del Estado reconsidere, pues estamos en un país con condiciones de pobreza y necesidad que requieren mayor sensibilidad y perspectiva a la hora de tomar este tipo de decisiones.

Ante los mortales resultados [de la pandemia] en México y en Jalisco, para los "políticos" de aquí, los culpables somos los ciudadanos.

Según ellos, miles de familias estamos de luto por pen...santes, por no entender sus mentiras y quedarnos callados cuando un día dicen una cosa y al momento siguiente otra diferente sin ningún rubor, ni remordimiento, porque para ellos lo principal es ver cómo van las encuestas, cómo seguir beneficiando a parientes, amigos, conocidos, ex socios y nuevos cómplices, porque el 6 de junio está a la vuelta de la esquina y seguramente la sociedad habrá de tomar decisiones que no les serán benéficas a los gobiernos en el poder.

Quieren reelegirse... ¿es neta?

A ver... actuales diputados del Congreso de la Unión. ¿Es en serio que ustedes tienen la caradura de lanzarse ooootra vez de candidatos a esos puestos?

¿Ustedes? Los que levantaron sus manitas para aprobar que el dinero de los fideicomisos y los fondos de emergencia fueran robados, dejándonos sin el sistema de salud, sin guarderías, sin medicinas contra el cáncer, sin fondos de emergencia y sin fondos para poder comprar las vacunas que nos urgen para sobrevivir.

¿Ustedes? Los que han provocado que nuestro país se encuentre en la peor crisis económica de su historia mediante más de 40 cambios en nuestra Constitución, hechos precisamente para destruir a las instituciones y a la fuerza empresarial que es la fuente principal de empleos e ingresos tributarios.

¿Ustedes? Los que, para cobardemente tapar su crimen, le echaron la culpa de todo a la pandemia.

Y no sólo me refiero a los congresistas de la izquierda que apoyaron a lo tarugo debido a su ignorancia, sino también a los de la derecha, quienes no protestaron o no supieron negociar para evitar la aprobación de todos esos cambios constitucionales que provocaron la debacle del país. ¿Si no estaban vendidos y tenían a su disposición todos los medios, por qué no protestaron y alertaron a la población de esos peligrosos cambios?

Pero no hablaron ni hicieron nada... ¿Cobardes o corruptos?

¿No les da tan siquiera como alguito de vergüenza, haber destruido a nuestro país y dejado sin empleo a millones de sus paisanos? ¿Acaso creen que sus familiares, amigos y vecinos no saben el mal que han hecho al aprobar esas estupideces?

¿Y todavía creen que la gente va a volver a votar por ustedes...? Jajajaja ¡dobaben!

¿Saben cual va a ser la campaña en su contra? Sacar a la luz cada una de las veces que votaron en contra de México.

Además, si en las próximas elecciones la mayoría de los mexicanos votan y el INE logra conservar su autonomía, sus posibilidades de ser electos son mínimas.

Miren, si todavía tienen algo de vergüenza y autoestima, mejor hagan discreto mutis bien calladitos y cuando regresen a sus estados pidan perdón a todos sus conocidos, con la cabeza agachada.

Pero créanme que muchos mexicanos no los van a olvidar.

Si yo fuera el líder de un partido político, jamás volvería a poner sus nombres y caras en mi campaña.

Venimos de una historia de agravios constantes de la clase gobernante en México: corrupción, mentiras, fraudes, manipulación, engaños, promesas no cumplidas, desfalcos al erario, miles de casos de asesinatos y desapariciones sin resolver, agresiones directas, represión... Sí, es triste, doloroso e indignante hacer este recuento, pero la verdad espero que sirva para entender los niveles de desconfianza que, en general, tenemos los mexicanos.

No hemos tenido ni tendremos gobiernos perfectos, no existen en ninguna parte del mundo; hay dinámicas, procesos e inercias que desde atrás jalan la cuerda para impedir que muchas cosas cambien de fondo y que tengamos mejores condiciones de vida.

Cómo se nota que la alianza entre el Grupo Universidad y los emecistas no cuajó en esta elección. Los Leones Negros, con su nueva franquicia partidista, Hagamos Jalisco, se están llevando a sus filas a los perfiles que en la pasada elección figuraron bajo el escudo naranja.

A Mara Robles, Enrique Velázquez y Juan Carlos Villarreal hay que sumar muy posiblemente a 2 más: Tonatiuh Bravo Padilla, quien dejó la coordinación emecista en la Cámara de Diputados, y María Gómez Rueda, regidora naranja en Zapopan, quien abandonó la precandidatura por esa demarcación.

Aunque no lo han hecho oficial, tanto el ex rector como la ex feuista tienen nexos evidentes con el Grupo Universidad y es cuestión de tiempo para que salten a Hagamos.

No es lo mismo hagamos lo que diga el gobernador que hagamos lo que diga el licenciado.

Los nuevos partidos siguen en la pepena de los "liderazgos" que cambian de camiseta buscando candidatura.

Los actuales regidores de Guadalajara Benito Albarrán, de Morena, y Rosalío Arredondo, de Movimiento Ciudadano, dejaron esos colores para sumarse a Encuentro Solidario.

Ambos recurrieron a lugares comunes para justificar el chapulineo y terminaron diciendo que ahora sí encontraron un partido que representa sus ideales. Siendo realistas, todo indica que para poco le alcanzará al PES y sus flamantes adquisiciones.

Una de las perversiones de nuestro sistema electoral es el famoso registro: los partidos tienen que ganarse su existencia con un mínimo de 3% de la votación válida emitida. La norma, que de entrada parece absurda, tiene todo el sentido del mundo en un país en el que los partidos reciben dinero público. Sólo aquellos que representen a un porcentaje mínimo de ciudadanos tienen derecho a que los subsidiemos. Como es normal, los grupos de interés, como los sindicatos o iglesias, aspiran a tener un partido, como es el caso del de los maestros (antes Panal, hoy Partido Redes Solidarias), o el de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), llamado Fuerza Social por México, o el de las iglesias evangélicas, antes llamado Partido Encuentro Social y hoy Encuentro Solidario (PES). La perversión estriba en que más allá de la representación política, lo que realmente buscan estos partidos, y en eso el Verde es el hermano y ejemplo mayor, es el presupuesto público, mismo que ejercen, a pesar de la fiscalización, con una discrecionalidad que no existe en ningún otro ámbito de la vida pública.

Esta perversión lleva a otra que hoy vemos por todo el país: buscar candidatos conocidos y reconocidos, que den votos, aunque no tengan conocimiento alguno de la política, desde Paquita la del Barrio (MC) hasta la ex Miss Universo Lupita Jones (PAN), pasando por futbolistas, actores, influencers, etc. Nada es nuevo. El PRI llevó a la Cámara de Diputados a personajes como el "El Púas" Olivares, el PRD a "La Tigresa" Irma Serrano, el PAN candidateó a Erick Castillo, el PES a Héctor Suárez, por citar sólo algunos. El caso más patético es lo que sucedió con el futbolista Cuauhtémoc Blanco en Morelos: lo que comenzó como un acuerdo comercial terminó con un pésimo gobernador (el peor evaluado de la historia).

Hoy el fenómeno se multiplica por la cantidad de partidos que buscan registro o mantenerlo en la elección intermedia más polarizada de que tengamos memoria y en la que la mayoría de los votos se repartirá entre las coaliciones Morena-PT-Verde y PAN-PRI-PRD. En este contexto el piso para mantener el registro será de cerca de 1'300,000 mil votos. Si atendemos los resultados de la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky (diciembre 2020), el único de los 4 partidos que no va en coalición que pasaría el corte, y por muy poco, sería MC. Los 3 nuevos difícilmente subsistirán, es decir no mantendrían el registro ni presentando a Batman como candidato.

Eso sí, lo bailado y los 159 millones que se llevará cada uno de ellos nadie se los quita.

Anflopo
(v.pág.3-A del periódico El Informador del 21 de enero de 2021).

Ricardo Anaya dio la nota. A más de 3 años de distancia de las próximas elecciones federales, anunció su intención de reincidir como candidato a la Presidencia de la República...

El fenómeno dista mucho de ser novedoso. Los nombres de muchos "suspirantes" a la Presidencia que en este país han sido, se pierden en los polvorientos tapancos de la memoria. Entre ellos ha habido tanto idealistas como ilusos. Algunos devinieron en mitos (definidos en algún célebre "western" como "mentiras que crecen"); verbigracia, Manuel J. Clouthier o Luis Donaldo Colosio quienes, muertos, han ganado más batallas que en vida. Otros realizaron campañas meritorias (José Vasconcelos, Efraín González Luna, Diego Fernández de Cevallos, Cuauhtémoc Cárdenas...) sin culminarlas en las urnas. Algunos más, aun triunfantes en los comicios, resultaron patéticos en su ejercicio; ejemplo obligado, Vicente Fox: como candidato protagonizó el hito de cerrar 7 décadas de "dictadura perfecta" e hizo buena la baladronada de "sacar al PRI de Los Pinos"; como presidente, en cambio, sus ocurrencias ("la pareja presidencial", "comes y te vas", "hoy, hoy, hoy", "¿y por qué yo...?", las más notorias) dejaron en la memoria ciudadana más huella que sus logros.

La diputada local del Partido Verde, Rosa Angélica Fregoso y Oscar Herrera del Partido del Trabajo (PT) presentaron renuncia a sus respectivos institutos políticos y ambos dejaron la coordinación de las bancadas unipersonales que encabezaron desde el inicio de la actual legislatura estatal.

La legisladora anunció su incorporación formal a la fracción de Movimiento Ciudadano, con quienes ha votado en bloque durante los más de 2 años que lleva en el Congreso de Jalisco. Agradeció al gobernador de Jalisco por el apoyo a su trabajo y negó que su decisión se deba a que le hayan prometido un espacio como regidora en Guadalajara.

"Movimiento Ciudadano a mí me ofreció seguir trabajando por el medio ambiente, por protección civil. Ahorita no tengo ninguna propuesta (de regiduría) ni me han ofrecido nada, en ese sentido yo voy a seguir trabajando aquí integrándome a la bancada de Movimiento Ciudadano", dijo.

Fregoso comentó que con su decisión deja de ser presidenta de bancada, pierde recursos y no continuará con el personal que tenía asignado.

Por su parte, el diputado Óscar Herrera informó vía oficio que renunció al PT y en sesión de la Junta de Coordinación Política se dio cuenta de la desintegración de esa bancada. Aunque llegó al poder legislativo por Morena, Herrera conformó su fracción unipersonal por el PT y también ha sido aliado de Movimiento Ciudadano.

Desde antes del arranque de la actual legislatura la fracción emecista ha sumado a diputados que llegaron postulados por otros partidos, es el caso del ex priista Héctor Pizano; Ismael Espanta y Patricia Meza que migraron de Morena; y Quirino Velázquez que dejó el PRD para integrarse a las filas naranjas.

Una de las críticas de la Canaco Guadalajara a la estrategia para contener la propagación del COVID-19 es que el comercio formal no es un foco de contagio.

En realidad, el problema se centra en espacios como el transporte y, sobre todo, los tianguis que generan aglomeraciones y en donde los usuarios no respetan las medidas sanitarias.

Pese a los esfuerzos de los ayuntamientos, estas áreas representan un reto y un mejorable en la gestión de la pandemia pues de qué sirve el sacrificio de muchos comercios y personas que se confinan si al final los tianguis y el transporte público son un foco de contagio.

El Instituto Nacional de Transparencia (Inai) tiene una plataforma en la que los ciudadanos pueden consultar todo lo que producen o resguardan las instituciones públicas de México, y es también el medio para solicitarles información.

El periodista Sergio Rincón remarca que gracias a esta herramienta se puede evaluar si lo que dicen los funcionarios es verdad, y no solamente hacer notas con declaraciones.

"Podemos acceder a la información financiera, saber cuánto está ganando un funcionario o sus declaraciones patrimoniales. También cuánto gasta el presidente en sus comisiones de viajes, entre otras cuestiones. Es algo que se ha ido perfeccionando y es valioso para el periodismo".

Comparte que, para elaborar el reportaje "Un cacique del agua en el paraíso maya" se realizaron más de 4,500 solicitudes de información, aunque sólo utilizaron 1,500. "Es información que no te va a dar cualquier funcionario... en lo que nos ayuda el Inai es para hacer un periodismo no sólo declarativo, sino que se compruebe con documentos".

Sin embargo, señala que hace falta que el instituto corrija algunas deficiencias, como los problemas con el servidor de la plataforma, o que tenga más "dientes" para obligar a que los sujetos obligados brinden los datos.

Detalla que cada administración presenta obstáculos para negar la información, pero varios periodistas de investigación han notado que actualmente tienden a declarar como inexistente la información, sin que se vote para ello. "Este gobierno se está saltando la ley, porque dice que tienes que hacer esa asamblea para clasificar lo inexistente. En muchos casos, como contratos, los periodistas se han ido a juicios. Es una tendencia de este gobierno, por eso es tan importante el Inai, porque es un contrapeso".

Cynthia Cantero Pacheco, presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (Itei), subraya que el Inai es el coordinador del sistema nacional, donde se determina la política en la materia.

"Esto ha permitido que se ejerza homogéneamente el acceso a la información en todo el país, con más de 8,000 autoridades, y no solamente es garantizar el acceso a la información del poder ejecutivo en el ámbito federal... el carácter de órgano autónomo lo que permite es que se pueda dar seguimiento a la implementación de una política nacional".

La también coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia explica que antes de la reforma para que el Inai fuera autónomo, éste dependía del poder ejecutivo, por lo que cada entidad decidía los mecanismos al acceso a la información, lo que arrojaba que cumplieran de forma desigual.

"Se tendría que reformar la Constitución, quitarle que fuera un órgano nacional, y tendría que desaparecer incluso el sistema nacional. Es desaparecer toda una estructura operativa... no es solamente desaparecer una institución, sino modificar atribuciones y funciones que actualmente todos tenemos completamente vinculantes con el Inai".

En Jalisco, la afectación es que los ciudadanos no podrían acudir a una 2a. instancia en caso de que les restrinjan el acceso a los datos.

¿A que creen ustedes que se debe el nivel intelectual y moral tan bajo de nuestros políticos? Desde hace varios años hemos estado gobernados por individuos cada vez más ineptos... y más corruptos. Sin importar de cuál partido vengan.

Creo firmemente que la culpa es del nivel de preparación tan limitado, que siempre han tenido los políticos y específicamente los dirigentes de los partidos. Salvo honrosas excepciones, son personas que realmente nunca han trabajado en algo que les exija eficiencia y responsabilidad.

Para conseguir un puesto en cualquier empresa nacional o internacional, los candidatos tienen que hacer un examen de conocimientos profundos sobre el trabajo que van a realizar, una prueba de coeficiente intelectual, demostrar mediante un curriculum vitae la experiencia previa y además deben presentar la prueba de no tener antecedentes penales.

Peeero... para ser candidatos a un puesto en el gobierno, no les hacen ninguna prueba. ¿Cómo es posible que cuando alguien quiere ostentar un nombramiento oficial, no se le exija mínimo lo mismo? ¡Como puede ser que no exista ni un solo filtro para elegir a quienes van a manejar los miles de millones del dinero de todos y el destino del país! ¡Esto es absurdo y aberrante!

Las decisiones que toma un empleado de una empresa afectan a toda la organización y a cientos o miles de sus clientes. Pero las decisiones que toma un político, afectan a millones de ciudadanos.

La calidad de los productos de una armadora de autos es igual a la eficiencia del empleado más inepto de la cadena de ensamblaje, porque la pieza que ese empleado instale mal, va a provocar que el automóvil tenga fallas... y la marca se desprestigie.

La vida de un paciente en un quirófano no depende solo del eminente cirujano, sino también del enfermero que lavó y desinfectó el bisturí.

¿Cuál es el resultado de este fenómeno equivocado de contratación laboral? Que la gente menos preparada, la más inepta y floja, asciende al poder y define nuestro futuro social y económico.

En este momento se están escogiendo los candidatos a gobernadores, alcaldes y diputados. Y que yo sepa, ningún partido tiene un sistema de selección moderno para acepar o rechazar a sus postulantes. Todo se sigue basando en el amiguismo, el cochupo y el futuro pago de favores.

Si nos volvemos a equivocar y le entregamos el poder a las manos equivocadas, el país ya no va a aguantar.

El bajísimo nivel de políticos que tiene México es por culpa de los dirigentes de los partidos políticos... de nadie más.

Por favor escojan bien. Recuerden que el nivel del futuro del país, depende del nivel intelectual de sus candidatos.

¿Y a quién le importan las elecciones?, preguntarán muchos, cuando además de la pandemia está crisis económica.

Sólo tengo un apunte: ¿qué harán los partidos políticos, sus candidatos y candidatas? Para casi todos ellos el fuerte de su discurso es acusar a los de enfrente. Todos los hacen.

Necesitamos propuestas. Sensatas, realizables, que puedan medirse. Compromisos y no promesas.

No permita que otra vez haya decepciones. Justo por las emergencias es que se deja llegar a los puestos públicos a los menos aptos y a los más populistas.

Mucho que desear dejaron los casi nulos avances [en 2020] en los 3 grandes problemas ambientales que tenemos en Jalisco y que tienen que ver con la contaminación del aire, del agua y del suelo. En el 1er. caso, el 2020 fue un año más de retraso para el arranque del prometido nuevo modelo de verificación vehicular que no salvó los señalamientos de favoritismos en la licitación de los verificentros. En lo que respecta al agua, sigue sin advertirse una acción decidida para lograr revertir los efectos de años de ecocidio en el Río Santiago, convertido en uno de los cuerpos de agua más contaminados del planeta y que afecta severamente la salud de las comunidades aledañas. El manejo de la basura sigue estando lejos de un modelo sustentable y el mejor ejemplo es el tiradero de Los Laureles que por enésima ocasión ahora sí se asegura que cerrará este año sin que se tengan hasta ahora sitios alternativos ni una política clara para un nuevo tratamiento de las miles de toneladas de basura que genera la metrópoli.