Para restituir la confianza ciudadana en los miembros de la clase política se sugirió que, en forma voluntaria, publiquen 3 declaraciones: patrimonial, declaración de intereses y comprobante de pago de impuestos, para que servidores públicos, legisladores, líderes de partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular den a conocer su situación personal en cuanto a sus bienes patrimoniales, la relación de intereses que tenga con familiares de la clase política y su declaración de impuestos.

Desde el 15 de junio de 2016 fue aprobada por el congreso la Ley 3 de 3 pero con algunas modificaciones que dejan su publicación a conveniencia de los funcionarios públicos no como se planteó en la iniciativa ciudadana.

La ley establece un nuevo marco jurídico de responsabilidades para los servidores públicos y para las empresas en la que se definen las conductas que deben evitarse como corrupción de ambas partes para contribuir a mejorar el diseño institucional para prevenir, combatir y castigar la corrupción.

Esta ley es histórica por ser la 1a. que se genera a instancias de la ciudadanía al ser presentada al congreso con el respaldo de 634,143 ciudadanos y más de 70 instituciones civiles, académicas y expertos colaboradores, bajo el esquema de Parlamento Abierto del Sistema Nacional Anticorrupción.

Finalmente, después de varias discusiones sobre ese tema en el congreso, se aprobaron con fecha 24 de diciembre de 2019 los formatos de presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses para entrar en vigor el 1o.de enero de 2020, que obliga a todas las personas servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión dentro de la administración pública, que sea en el orden municipal, de alcaldías, estatal y federal, así como dentro de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y organizaciones autónomas.

La declaración de la situación patrimonial y de Intereses debe presentarse dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión y después, cada año, en el mes de mayo. Entre los datos que deben presentarse en las declaraciones, está el curriculum vite, el recibo de nómina y declaración fiscal, las escrituras públicas y/o contrato de bienes inmuebles, facturas de vehículos y bienes muebles, contrato y estado de cuenta bancarios, contratos y estados de cuenta de gravamen y adeudos, actas constitutivas de sociedades y asociaciones de las que forme parte.

Ya se acercan las elecciones el mes de junio del 2021 en las que se elegirán 21,368 cargos públicos; 300 diputaciones, más 200 plurinominales que no son por elección y 15 gubernaturas. Estas serán las elecciones más grandes en la historia de México, en donde tenemos la posibilidad de restarle poder al ejecutivo para que no se concentre en una sola persona y evitar una inminente dictadura que le daría al traste a nuestra incipiente democracia, entre otras calamidades.

Cada candidato debería publicar un folleto o una página electrónica con el contenido de sus declaraciones 3 de 3 para que el ciudadano tenga plena conciencia de por quien está emitiendo su voto y abstenerse de vota por los candidatos que no proporcionen esta información.

Los legisladores locales [de Jalisco] que aspiran a ser candidatos para saltar a otro cargo realizarán trabajo proselitista sin tener que pedir licencia, pues la ley no los obliga y sus partidos políticos tampoco.

Por 3er. año consecutivo, los municipios de Jalisco acumulan el mayor monto de endeudamiento a nivel nacional. El Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que los empréstitos contratados ascienden a 6,232 millones de pesos (MDP).

En el semáforo del Sistema de Alertas de Hacienda, 16 ayuntamientos jaliscienses tienen indicadores en rango amarillo.

Destaca el caso de Tonalá, pues su deuda compromete 7 de cada 10 pesos de sus ingresos de libre disposición.

Otras localidades que están en color preventivo son El Salto, Zapotlán el Grande, La Barca y Tala.

También Casimiro Castillo, Chimaltitán, Colotlán, Gómez Farías, Jamay, La Huerta, Pihuamo, San Juanito de Escobedo, San Sebastián del Oeste, Tototlán y Unión de Tula.

Hubo administraciones que no entregaron información a la SHCP: Ameca, Lagos de Moreno, Ojuelos, Poncitlán y Tomatlán.

A escala nacional, con 1,652 MDP, Guadalajara se ubicó en el cuarto lugar entre los gobiernos municipales con mayor deuda. Sólo Tijuana, Monterrey y Hermosillo están por encima de la capital jalisciense.

Ayer se confirmaron las alianzas de los partidos nacionales para la elección de 2021. El PRI, el PAN y el PRD se registraron como la coalición "Va por México", que más bien parece la "Operación Frankenstein".

Por su parte, Morena concretó su alianza con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, aunque tiene alineados a los 3 nuevos institutos políticos: Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y Encuentro Solidario.

Los que van solitos en la elección por la Cámara de Diputados federal, según afirman, son los militantes de Movimiento Ciudadano. Y el PAN en Jalisco advierte que la alianza nacional con el PRI y el PRD impediría cualquier pacto con MC en el estado, como en elecciones pasadas. Sin embargo, no hay que descartar los acuerdos bajo la mesa.

Tras intentar aplicar un madruguete legislativo con la aprobación de una ley sobre desaparecidos diferente a la que están trabajando desde hace meses con familiares y colectivos, diputados locales [de Jalisco] prácticamente se fueron de vacaciones y dejaron el tema entre su larga lista de pendientes.

Los legisladores incumplieron la palabra empeñada de que la ley sobre Declaración de Ausencia, que sí tiene el aval de las familias, se votaría previo al periodo de asueto.

Todo indica que antes de pensar en las víctimas, a la mayoría de los diputados les apuró más no aprobar una legislación que tenga demasiadas exigencias a las autoridades.

Falta por ver si el arranque del periodo de precampañas no provoca que el tema termine sepultado hasta que los tiempos electorales lo permitan.

"Sólo debería haber 2 partidos", dijo alguna vez el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los míos y los de enfrente. Días después, el presidente instó a toda la oposición a unirse en su contra: "Júntense, para que los mexicanos vean que son lo mismo". La polarización política es el contexto que empuja a los partidos políticos a unirse en 2 polos: quienes están con el presidente y quienes están en contra del mandatario. Una operación de alianzas que reduce la pluralidad de nuestro país a 2 expresiones enfrentadas. Nada más falso que dicho reduccionismo, pero nada más rentable electoralmente para el presidente y, también, para una parte de la moribunda oposición.

Le conviene a López Obrador porque unifica a sus bases. Elude el juicio del presente y lo intercambia por el rechazo al pasado. No importa que la economía esté por los suelos, la violencia en máximos históricos o que la gestión de la pandemia haya sido un desastre. Con la alianza de los viejos enemigos -PAN, PRI, PRD-, López Obrador puede decir al pueblo de México: o ellos o yo; mejor los ineptos del presidente a los corruptos del pasado. En el mismo sentido, borra la diversidad regional y local, apostando por un único referéndum nacional. No sobre sus decisiones, no sobre su gobierno, sino sobre el pasado.

Al presidente le conviene un plebiscito porque sabe que incluso con un 35-38% de la votación podría alcanzar la mayoría absoluta. Primero, con trampas en la coalición. Morena denuncia la alianza opositora, pero no remoja sus barbas. El partido del presidente va en alianza con el Partido Verde -el instituto político más corrupto del país-, y el PT, una rémora que no se cansa de succionar recursos públicos. Sumemos. La coalición (Morena + Verde +PT) y añadamos los partidos que se definen afines al presidente, pero que no pueden ir legalmente en la coalición (Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social). El presidente no necesita ganar su propio plebiscito para gobernar con una cómoda mayoría en la 2a. parte de su sexenio. Con cohesionar a los suyos, con solidificar su voto duro, tiene y le sobra.

En la cancha de la oposición, el PRD no tenía mucha opción. El otrora representante de la izquierda mexicana, hoy tiene como único objetivo mantener el 3% que le permita seguir siendo partido. El PRD se hubiera aliado con quien fuera y a la hora que fuera. El PAN se convertirá en el gran símbolo de oposición. Las encuestas son claras: el PAN es identificado como la antítesis de Morena. Incluso, entre los panistas más doctrinarios, la alianza es un mal error para evitar que el populismo campee a sus anchas en las instituciones. Una dura derrota del PRI en las gubernaturas -El Financiero publicó esta semana que el oficialismo encabeza en 14 de las 15 contiendas estatales-, podría ser el ascenso del PAN como la única opción de derecha capaz de disputar el poder a nivel federal y local.

El problema en esta coalición es el PRI. Como lo ha esbozado German Petersen en sus investigaciones, Morena creció a costa del desfonde del PRI en el periodo 2009-2018. Incluso, en la campaña de 2018, Ricardo Anaya cometió el error de anticipar que podía pactar con el PRI para evitar que López Obrador ganara la elección. Es decir, ¿cómo sabemos que los votantes del PRI prefieren sufragar por una coalición opositora que por el oficialismo que defiende las causas nacionalistas que su partido defendió por mucho tiempo? Un mal cálculo del PRI y la sangría de gubernaturas y de diputados puede ser enorme. El PRI podría amanecer el 7 de junio gobernando entre 4 o 5 estados. Es decir, el desvanecimiento del poder estatal que permitió el regreso del PRI luego de la sacudida electoral de 2006.

Sin embargo, más allá de los cálculos de cada fuerza política, existe un factor que nos debe preocupar. Las estrategias del oficialismo y de la oposición comienzan a esbozar un país de 2 bandos. Buscan, a través de coaliciones artificiales, institucionalizar la idea de que México se puede reducir a 2 opciones políticas. Creer que la heterogeneidad de un país en donde hay gente de derecha, de izquierda, liberales, conservadores puede reducirse a un plebiscito sobre un solo hombre. México es mucho más heterogéneo y complejo que las categorías de AMLOver y anti-AMLO.

En las próximas semanas correrán a registrarse candidatas y candidatos de todos los partidos para la elección histórica del próximo año, por el número de cargos de elección popular que se pondrán en juego el 6 de junio. Los partidos, que ahora tienen la obligatoriedad de incluir el principio de género para 50% de sus nominadas, están en el mercado de candidatas que tengan la fuerza necesaria para sumar votos. La ideología no importa, ni los programas. Se trata de ganar a como dé lugar. Este punto es de gran relevancia, sobre todo en estados con candidatos en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador no querrá sufrir la vergüenza de su derrota. Por ejemplo, digamos, en Sonora.

Esta semana Alfonso Durazo, a quien el presidente le pidió hasta el último momento renunciar a la gubernatura de Sonora y no a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se registró como el candidato de Morena. Es una vieja ambición del priista-panista-morenista, y piensa que va seguro a la victoria, montado en el caballo de la popularidad de López Obrador. Durazo llegó Hermosillo para arrancar su campaña semanas antes de dejar el gobierno federal, bañado en lisonjas de la presidenta municipal de la capital Célida López Cárdenas, quien aspiraba a la candidatura para gobernadora, pero entendió que su tiempo sería después y buscará la reelección, mientras sibilinamente lo apuñala.

López Cárdenas ha sido cuidadosa en lo público, pero descuidada en lo privado. Un alto funcionario de Palacio Nacional que impulsó a Durazo dijo que no la necesitaban para ganar la gubernatura, aunque tenían claro que la alcaldesa no era una política fácil, ni leal. Ella ha estado vinculada con el equipo del perseguido ex gobernador Guillermo Padrés desde 2008, cuando la nombró coordinadora del trabajo con las mujeres en su campaña para gobernador. De ahí brincó al PAN estatal, que fue puente para que entrara al gobierno de Padrés como subsecretaria en Desarrollo Social, desde donde la hicieron diputada local del PAN. Como tantos oportunistas, rompió con el PAN en 2017 y se lanzó para la presidencia municipal de Hermosillo en 2018 bajo los colores de Morena.

La alcaldesa ha sido polémica hasta el absurdo. En su 2o. informe de gobierno a mediados de septiembre, pidió que el Ejército habilitara un pelotón de fusilamiento para matar "a los narcotraficantes" por envenenar a la juventud. Sus propuestas contradicen la política de López Obrador y del propio Durazo, quien siguió las instrucciones presidenciales de que con los narcotraficantes, abrazos, pero nunca balazos. López Cárdenas está en lo suyo, que no es lo del candidato a gobernador, ni lo de Palacio Nacional, ni lo del presidente. De hecho, está con sus adversarios.

Los estrategas detrás de la alcaldesa no se encuentran en Hermosillo, sino en la Ciudad de México. No están en Morena, sino en la vieja cantera del PAN. El despacho que le lleva la estrategia es el que encabeza Roberto Gil, el ex secretario particular del entonces presidente Felipe Calderón, quien es una de las mentes pensantes de varios gobernadores panistas enfrentados con López Obrador, y Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo, quien fue apoderado legal del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, cuando Germán Martínez era presidente nacional del partido.

La alcaldesa ha estado utilizando los recursos del municipio de una forma que ha generado sospechas sobre el destino al cual llegan, porque al mismo tiempo que ha afectado las obras locales y los proyectos de inversión, su gasto es galopante, al extremo de tener un nivel de endeudamiento que las autoridades hacendarias lo han colocado en la categoría de "en observación", al haber llegado casi a su tope de 133 millones de pesos este año.

Ex funcionarios del gobierno de Padrés, algunos de ellos que fueron a la cárcel por acusaciones de corrupción en ese sexenio, están haciendo trabajo de tierra en Sonora para construir vínculos con sectores empresariales a los cuales también se les ha acercado Durazo para encontrar apoyos y financiamientos para su campaña.

La alcaldesa López Cárdenas se ha manejado muchas veces con soberbia y desprecio a quienes ve políticamente inferiores. Un botón que demuestra su personalidad fue la entrevista que dio a Luis Alberto Medina, de Proyecto Puente, en febrero de este año, en la que, con un lenguaje soez, se defendió del no pago a una empresa concesionaria de la recolección de basura señalando: "Me frustro mucho porque de veras ha habido mucha gente pendeja que ha estado gobernando esta ciudad". Un político al que ve hacia abajo es precisamente Durazo, al que elogia en la cara y traiciona por la espalda.

2 cosas ha sabido hacer muy bien el Partido Verde Ecologista de México: acomodarse con el ganador de la elección presidencial y enriquecerse gracias a eso.

El Verde fue foxista, luego peñista y ahora obradorista. Voy más allá: le entregó el partido a Vicente Fox, luego se lo entregó a Peña Nieto y ahora se lo ha entregado a López Obrador. A cambio, sólo pide dinero e impunidad para cobrarlo.

Muchas de las figuras de este desprestigiado partido han entrado al juego, pero seguramente hay alguno que ya "cantó", alguno que ya se acercó a las autoridades federales para contar algún capítulo de una historia que gusta mucho en Palacio Nacional: la corrupción del pasado.

Llegó hasta manos federales una declaración detallada de cómo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cúpula del Partido Verde manejaba entre 5 y 7,000 millones de pesos anualmente, y cómo algunas de sus figuras más relevantes -Jorge Emilio González Martínez "El Niño Verde", Jesús Sesma, Arturo Escobar- transferían estos recursos a los estados a cambio de recibir como comisión el 70% del monto transferido. Leyó usted bien: el 70%.

¿Cómo habría funcionado eso? Se acercaban a algún gobernador amigo y le planteaban: te podemos mandar 500 millones de pesos en transferencias del presupuesto público; de esos 500, tú nos regresas 350 millones en efectivo o en depósitos a empresas fantasma, pero te quedas con 150 millones que puedes usar para lo que quieras porque te los vamos a mandar "no etiquetados". Los pactos se daban lo mismo en oficinas públicas que en oficinas alternas y restaurantes de lujo. Los esquemas salpicaron a gobiernos de Sinaloa, Michoacán, el Estado de México, la Ciudad de México, entre otros. En algunos casos, el servicio incluía "lavado", echando mano de factureros y negocios falsos, para facilitar al mandatario el uso libre del dinero público.

Este asombroso esquema 70-30, patrocinado por el gobierno federal y cristalizado por su aliado el Partido Verde, habría prevalecido varios años. El dinero no necesariamente terminaba íntegramente en los bolsillos personales de figuras del partido y gobernadores, sino que podía usarse también en la operación electoral, el apoyo a las campañas por encima de los topes de gastos que establece la ley, sobornos, etc.

Me relatan que la persona que "cantó" dio explicaciones detalladas. En el Verde ya lo saben, y hay cruce de señalamientos sobre quién fue el que "cantó". La pregunta es si prosperará la denuncia considerando que una vez más, este sexenio ha quedado exhibida la sagacidad política del Partido Verde: ahora son de los que gritan que es un honor estar con Obrador.

Tal como se esperaba porque el movimiento ya había sido anticipado por colegas de la fuente y en columnas políticas, los grupos políticos del Estado [de Jalisco] concretaron ayer un nuevo reparto de posiciones de integrantes del poder judicial y una posición en el Consejo de la Judicatura.

En este nuevo descarado reparto de posiciones que se supone son destinadas a los impartidores de justicia más relevantes del estado, Movimiento Ciudadano metió 6 de los 9 magistrados: Adrián Talamantes, ex consejero jurídico del gobernador; José Luis Álvarez Pulido, Ana Cristina Espinoza Valadez, Georgina del Real Vizcaíno, Elsa Navarro Hernández y Ana Elsa Cortes Ureña.

En tanto, en el Partido Acción Nacional (PAN) se dieron el "lujo" de designar incluso al cuñado del coordinador albiazul en el Congreso [de Jalisco], Bogar Salazar Loza, y a José Luis Gutiérrez Miranda. Por su parte, los legisladores del Grupo Universidad empujaron como magistrada a Ruth Gallardo Vega y se quedaron además con la vacante del Consejo de la Judicatura para José de Jesús Becerra.

La fracción de diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) decidió no acudir a las sesiones de elección de magistrados al considerarlo un reparto de cuotas.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se excusó de participar en una de las sesiones en las que se eligió a una magistrada para no convalidar una elección que violó acuerdos legislativos.

El reparto de cuotas también fue cuestionado por las cúpulas empresariales. Xavier Orendáin, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, cuestionó que el reparto de cuotas todavía sea una práctica común en el poder judicial. La Canaco cuestionó el reparto de magistraturas entre cuates y militantes de partidos políticos, pues esa práctica impide que lleguen los mejores perfiles.

En efecto, el burdo reparto de cuotas del poder judicial entre las fracciones legislativas que integran el Congreso del Estado y que a su vez responden a los intereses de los principales grupos políticos, anula de facto la convocatoria que se lanza para que lleguen a esos puestos los perfiles más preparados, pues al final lo que pesa es su padrinazgo político. Este esquema distorsionado y corrupto propicia que se queden en el camino aspirantes que podrían estar más calificados, pero que no contaban con el padrino político que los respaldara, y permite lo opuesto: que lleguen a magistrados, aspirantes que no tenían calificaciones pero si un padrino adecuado.

Además, este burdo esquema de reparto de cuotas en el poder judicial provoca una grave distorsión en la aplicación e impartición de justicia, puesto que los aspirantes que son llevados al cargo saben que deben un importante favor a su padrino político y podría ocasionar que sus decisiones como impartidores de justicia estén influenciadas por el diputado, el gobernador, el presidente de partido o ex rector universitario que lo llevó al puesto. Se propicia así un sistema de distorsión de independencia y de predisposición a decisiones discrecionales o hasta corruptas.

El reparto de cuotas no es nuevo en el poder judicial. De hecho se puede considerar como el mecanismo tradicional de designación de integrantes de ese poder. No sólo eso. Desde hace años también se ha denunciado que algunos diputados vendieron esas plazas al mejor postor. Apenas en agosto pasado el ex dirigente estatal del PAN, Herbert Taylor, denunció a sus ex compañeros de partido de practicar ese comercio ilegal de puestos. "Chema Martínez vendiendo posiciones a cinco millones de pesos para que fuera magistrado y después su secuaz Juan Carlos Márquez haciendo lo propio".

Con frecuencia se ha dicho que el Judicial es el poder público más opaco y corrupto de Jalisco. Pero sería injusto. Sería injusto porque equivale a decir que el legislativo y el ejecutivo no lo son o lo son menos. En realidad todo el gobierno funciona a partir de la opacidad y mediante el engranaje de la corrupción.

Nadie se escapa, pero el judicial destaca porque con frecuencia sus representantes (magistrados o jueces) están envueltos en escándalos y como ahora, sujetos a este vulgar y sucio proceso de reparto de posiciones para los personajes o grupos políticos más influyentes de Jalisco. Y al final, el reparto de cuotas los junta a todos y contribuye a la oferta de autoprotección que se conceden así mismos los grupos políticos o actores de poder más importantes del estado.

Lo cierto es que la alianza PAN-PRI-PRD tiene el encargo y el anhelo urgente de quitar la mayoría en San Lázaro a Morena como bien expone Marko Cortés, pero sin tener o haber intentado diseñar un proyecto de nación con coincidencias mínimas.

Esa omisión no es menor y debilita y a la vez habla de la gran improvisación que hay detrás de esta alianza, que busca lo que sin duda sería muy positivo para el país, como la existencia de contrapesos y para detener la nueva aplanadora morenista que no ha hecho más que atender a pie juntillas lo que les ordena el presidente Andrés Manuel López Obrador, exacerbando sus claros rasgos autoritarios.

Hasta hoy, la alianza parece tener mas contento que preocupado a AMLO, quien ignora los llamados del INE a cumplir con la Constitución y no meterse en política partidista (ayer hasta lo impugnó ante la SCJN), y se pitorrea de ellos diciendo que es el PRIAN aumentado con el PRD y que lo único que quieren es quitar la mayoría a Morena con el objetivo perverso de quitar los apoyos a los pobres y volverse a quedar ellos con el dinero.

López Obrador también está feliz de ver cómo los de la alianza se pelean con los de MC (a los que llaman esquiroles de Morena) que no quisieron repetir alineación con el PAN y con el PRD, por la presencia del PRI, con el argumento de no querer polarizar la elección como quiere la 4T para darle un carácter plebiscitario, que sin los naranjas o con ellos ya está casi establecido.

De cara a la elección del 2021, el presidente López Obrador está concentrando todo el poder que puede. Mientras lo hace, la oposición trata de presentar una alternativa, pero no ofrece ningún programa; lo que ofrece es pensar en distritos electorales. El autoritarismo desde el Estado contra el pragmatismo extremo de andar haciendo cuentas.

Un sector de los desencantados con el presidente AMLO y de los que nunca le creyeron pedía a gritos la unión de las oposiciones para quitarle la mayoría en el Congreso en el 2021. Los líderes de los partidos que se vieron arrasados en las urnas en 2018 permanecieron en el pasmo 2 años, con tímidos intentos de ejercer un contrapeso considerando la poca representación que alcanzaron en el Congreso, y más bien manteniendo un bajo perfil. Se mostraban más temerosos de que les llegaran las investigaciones del pasado que por ejercer la representación de los que votaron por ellos, menos aún por buscar convencer a los tantos que no les dieron el voto pero que tampoco están conformes con el gobierno obradorista.

Finalmente, este fin de semana PAN, PRI y PRD anunciaron que van en alianza a las elecciones intermedias, en más o menos la mitad de los 300 distritos electorales del país. Sus cálculos y negociaciones les dan para pensar que con esas diputaciones logran la mayoría y que les alcanza para ganar algunas de las gubernaturas en juego.

Lo que no se molestaron en definir es qué proponen juntos. Ni siquiera hicieron un intento por presentar un proyecto, un esbozo de plataforma, una idea de país. Se unen por consideraciones numéricas y el objetivo político de arrebatar la mayoría.

El presidente se burla de ellos, dice que confirman su vieja acusación de que PAN, PRI y PRD son lo mismo: la mafia del poder. Y mientras, se ríe de los llamado del INE a que no intervenga en lo electoral, mueve fichas de su gobierno a organismos autónomos y anuncia que va a proponer a un cuadro de la 4T para encabezar el Inegi, uno de los pocos institutos que con autonomía no se suma a la historia ficticia de "los otros datos" y retrata con crudeza el verdadero país que está gobernando.

PAN, PRI y PRD anuncian que presentarán candidatos ciudadanos. Habrá que ver. Pero mientras no digan para qué quieren el poder juntos, el discurso presidencial cobra peso. ¿Se quedarán en lo mismo? ¿Repartición de candidaturas y cuotas? ¿Creerán que los mexicanos opuestos a AMLO quieren simplemente regresar al pasado? Se estarán equivocando.

En la coalición oficial, Morena se pelea con el Verde y con el PT. Se lanzan amenazas de rompimiento los 3. En la oposición, PAN-PRI-PRD por un lado y Movimiento Ciudadano por el otro cruzan acusaciones de ser esquiroles de Morena, unos por juntarse y el otro por no juntarse. En síntesis, los que están con AMLO se están peleando y los que están contra AMLO... también.

Si la alianza PAN-PRD nos parecía antinatural porque se sumaban 2 partidos ideológicamente antagónicos, sumar a ésta al PRI es una mezcla dura difícil de entender. Los 2 enemigos históricos del priismo, el PAN desde 1939 y el PRD desde 1989, se encuentran ahora en una causa: combatir a Morena y a López Obrador de cara a la elección del congreso federal.

La alianza, cuyos principales promotores son empresarios agrupados en Sí por México, es en realidad un bloque anti lopezobradorista. Lo que los une es el combate al régimen que promueve el presidente. Es una alianza pragmática que conlleva muchos riesgos, es cierto, pero más lo es que el sistema de partidos tradicionales está acabado y que es muy poco lo que tienen que perder.

Una alianza PAN-PRI-PRD le facilita al presidente eso que el llama su pedagogía política. Si alguien dudaba que existía una mafia en el poder ahí está la alianza; si alguien quiere saber a qué se refiere el presidente con el viejo régimen, ahí está la alianza; si alguien duda qué significa eso de "conmigo o contra mí", ahí está la alianza.

El problema de la alianza no es ideológico, desde hace rato las posturas políticas de estos partidos son intercambiables, como quedó claro en la aprobación de las llamadas reformas estructurales de Peña. Pero tampoco es que ideológicamente exista un gran diferencia con Morena. ¿Qué es Morena sino una suma de tránsfugas del PRD, el PRI y el PAN? Ahí están desde los viejos liderazgos comunistas y de causas populares que venían del PRD hasta los representantes más puros del priismo antidemocrático con Bartlett y Napoleón Gómez Urrutia a la cabeza, los priistas supuestamente reconvertidos en demócratas, como Alfonso Durazo, y panistas desde los moderados como Germán Martínez o radicales como Manuel Espino pasando por Tatiana Clouthier.

La elección legislativa se está conformando, pues, como un referéndum donde las opciones son el nuevo régimen que plantea López Obrador, que se parece más a la restauración de un viejo PRI de los 70 que propiamente a un nuevo régimen, frente a esa otra cosa que nadie sabe qué es, pero que se opone al nuevo régimen que plantea el presidente.

En este escenario, en la elección legislativa del 2021 no vamos a optar por tal o cual candidato a diputado, sino si queremos o no que el presidente siga teniendo mayoría en la Cámara de Diputados para hacer las reformas legales que ha venido impulsando. Pareciera una temeridad plantear un referéndum a un presidente con 60% de aprobación, pero ir solos en un juego de sólo 2 opciones sería lo más parecido a un intento de suicidio.

Solo falta definir los nombres y apellidos de los candidatos. Por lo pronto, los comités directivos aprobaron y difundieron urbi et orbi la decisión de zanjar sus diferencias "irreconciliables" del pasado, dejar de ser el perro y el gato, los Caín y Abel de la política en México, para, aliados con el PRD -"ambos tres" como buenos hermanos-, designar candidatos comunes para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, "a fin de enfrentar con éxito a Morena en los comicios del próximo año".

Esa es la consigna: arrebatar a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados, para fungir como contrapeso e impedir que sistemáticamente prevalezcan las decisiones presidenciales autócratas ("Autocracia: gobierno de una sola persona") características de la "4a. transformación".

Los partidos políticos, en teoría, se rigen por "principios de doctrina"; en la práctica, lo hacen por intereses; primordialmente, hablando en plata pura, por el ejercicio del poder. Muchos ciudadanos, ingenuamente, los identifican con ideales; en el caso del PRI, con las causas que supuestamente inspiraron el movimiento armado de 1910: la No Reelección, el reparto agrario, la justicia social...; en el del PAN, la Doctrina Social de la Iglesia.

En la práctica, también, el PRI era visto como la agencia de colocaciones del gobierno. El PAN, como la oposición por antonomasia, el cruzado de la democracia y el paladín de la rectitud y la moralidad en el ejercicio del poder. Aunque compartieran las banderas de la justicia social y el bien común, ambos rindieron parecidas cuentas mochas al cabo de sus respectivos ejercicios gubernamentales.

Tras el triunfo de López Obrador -que no precisamente de Morena- en las elecciones de 2018, PRI y PAN quedaron en estado catatónico (por definición, "Síndrome esquizofrénico, con rigidez muscular y estupor mental, algunas veces acompañado de una gran excitación")... Ya se verá si la cacareada "alianza" les suma simpatías... o si, por el contrario, es -como parece- una aberración, y se las resta.

El Consejo Nacional del Partido Acción Nacional avaló una alianza con el PRI y PRD de cara a las elecciones 2021. ¿Qué candado pondrán? Evitarán a "personajes impresentables". También Marko Cortés, dirigente nacional del blanquiazul, dijo que la alianza debe ser con la sociedad para evitar que Morena repita mayoría en la Cámara de Diputados.

Con este escenario se ahonda la lucha por el poder político y el control legislativo, además de una búsqueda de hacer un contrapeso a los ánimos reformistas y centralistas del presidente.

Sin embargo, ideológicamente resulta una aberración que el PRI y el PAN vayan juntos en una elección. Del PRD, ese partido al servicio de cualquier buen postor, nada sorprende.

Surgen 2 dudas de este acuerdo: ¿qué tanto dirá al votante una alianza frankeinsteniana como ésta y si le resultará atractiva? Y la otra, qué negociaciones y tensiones habrá en las alianzas a nivel local como por ejemplo Jalisco, en donde aparece en el mapa político Movimiento Ciudadano.

Si algo ha caracterizado a la administración de Enrique Alfaro, no a las personas sino al gobierno, es la autoestima. No sólo se tienen en altísima consideración y piensan que están cambiando la historia por el simple hecho de que son ellos quienes gobiernan, sino que no tienen empacho en aplaudirse a rabiar.

Todos los gobiernos, como parte de su esquema de propaganda, critican el pasado. En eso no hay novedad ni diferencia alguna entre el gobierno de Alfaro y los anteriores. Pero no habíamos tenido, al menos desde que tengo memoria, uno que pasara tanto tiempo comparándose con los otros como el actual, no que haya pretendido refundar al estado. Para ellos todo lo anterior es por definición corrupto, ineficiente e irresponsable y gobernar, en su visión, es una ardua tarea -siempre enfatizan el esfuerzo desplegado- de corregir el rumbo perdido. El gobernador y su equipo se la viven, pues, luchando contra un enemigo que les dejó un campo minado y salvándonos de las garras de ese monstruo que estuvo a punto de devorarnos de no ser por su milagrosa llegada.

Al más puro estilo trumpiano, la autoestima viene acompañada con el lenguaje grandilocuente. En este gobierno todo es "histórico", se hace "lo que nunca se había hecho", las cosas "ya no son como antes" aunque muchos de los logros que presumen vienen de antes, como la Línea 3 del Tren Ligero o el proyecto del Peribús, y aunque muchos de los funcionarios vengan de esas administraciones de antes, dicen ya no ser como antes. "Nosotros no..." es la frase favorita.

La narrativa del éxito, la forma en que ellos mismos cuentan su novela de grupo, es hoy lo que más obstaculiza al gobierno de Alfaro. Sus enemigos más importantes son la sordera y el aislamiento. La intolerancia a la crítica (en esto son idénticos a los lopezobradoristas que tanto dicen detestar) y la necesidad permanente de autoafirmación los ha llevado a hacer lo mismo que tanto criticaban de gobiernos anteriores: comprar portadas en los diarios y generar grupos de aplaudidores en redes sociales para verse en un espejo que les diga lo grandes que son.

El 1er. tercio del gobierno de Alfaro tiene luces y sombras. Luces, como un manejo mucho más certero de la pandemia, han sido opacadas por esa necesidad permanente de autoafirmación que se traduce en una falta de consistencia en las acciones gubernamentales. Las grandes sombras, como el número de homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas o licitaciones opacas como las de A Toda Máquina, se hacen más evidentes ante una obcecada negación de la realidad.

La autoestima del alfarismo, necesaria para llegar hasta donde han llegado como grupo político, es hoy el principal lastre para hacer un buen gobierno.

Luego de que el Ayuntamiento de Xico, en Veracruz, permitió un festival navideño en plena pandemia de coronavirus, su alcaldesa hizo una polémica declaración para justificar un impulso a la economía local.

Las personas que viven día a día "están a punto de colapsar y vamos a tener otros problemas muy diferentes, puede haber más delincuencia, y si no se van a morir de una cosa, se van a morir de otra cosa, entonces, creo que tenemos que aprender a vivir", dijo Gloria Galván Orduña, presidenta municipal de Xico, al cuestionársele sobre el evento llamado "Villa Iluminada", en el que ayer se observó a personas congregarse sin distaciamiento social.

Galván argumentó que ni la economía ni la vida pueden detenerse y llamó a la corresponsabilidad.

En la página de Facebook que promueve a Xico como pueblo mágico se invitó al encendido de la "Villa Iluminada" el 29 de noviembre y a tomar medidas sanitarias como uso de cubrebocas y gel antibacterial.

Tras su inauguración, se mostraron fotos de las calles que forman el espectáculo con cientos de personas sin respetar la distancia social, muchas de ellas sin cubrebocas.

Tema tabú durante un siglo, nuestros partidos políticos están decididos a demostrar que fue un error abrir espacios para la reelección de legisladores.

El viejo sistema político supo hacer de la discrecionalidad un arte, el arte de abusar mientras simulaba cumplir con la ley. Así, teníamos elecciones pero no democracia. Largas décadas de los entonces decentes partidos de izquierda y derecha, y de ciudadanos e intelectuales, lograron que el PRI cediera, poco a poco y a regañadientes, el control arbitrario del poder. Ello se logró, en parte, haciendo reglas para que la competencia electoral tuviera el piso parejo.

Ahora, tras 3 décadas de alternancias en gubernaturas y 2 en la Presidencia, tenemos que el experimento democrático está a punto de una franca regresión.

Los diputados federales aprobaron la semana pasada que aquellos que busquen reelegirse no tienen que renunciar a sus puestos; es decir, que no tienen que competir en condiciones igualitarias con las y los candidatas que busquen desplazarlos, pues los actuales legisladores tendrán sueldo y gastos pagados por la cámara.

Dicho en otras palabras: en la 1a. ocasión en que las y los diputados podrán reelegirse, todos los partidos han acordado que se privilegie el estatus antes que la posibilidad del cambio.

Si estas reglas quedan en firme, pues falta conocer los lineamientos que sobre la reelección legislativa federal dé el Instituto Nacional Electoral el viernes, el reloj democrático habrá dado un retroceso de medio siglo. El PRI de antaño estaría orgulloso de su victoria cultural: ahora todos los partidos quieren recurrir al abuso para perpetuarse en sus respectivos cotos.

México vive un momento muy peculiar. En la Presidencia de la República hay una persona que pretende no gobernar sino ejercer el poder para modificar de raíz la manera en que se tomaban las decisiones más importantes en este país.

Los supuestos propósitos de ese cambio estructural son vistos con buenos ojos por la mayoría, pero los modos de llevar a cabo tal modificación han encendido diversas alarmas. El presidente no es afecto a negociar, ni recibe bien la crítica o el disenso. Y por varias decisiones inopinadas, su estilo ha ahuyentado la inversión y paralizado la economía.

Frente a esa manera de ejercer el poder, no sin argumentos a menudo los partidos de la oposición denuncian atropellos y desaciertos.

La dinámica democrática sentencia que debatir también sirve para que en unas nuevas elecciones el partido en el poder sea evaluado en su ejercicio, evaluación que se nutrirá de lo que la oposición haya hecho notar de cuanto el gobierno haya errado.

Y se suponía que la cita electoral del año entrante era especialmente crucial, dado lo mucho que hay en juego si se le renueva a un presidente tan devastador un apoyo mayoritario en la Cámara de Diputados, que desde 1997 había servido de contrapeso al ejecutivo.

Pero en vez de estar a la altura de esa crítica circunstancia, los partidos de oposición parecen determinados a dilapidar el poco crédito que les queda. Al ir junto a Morena en el criterio de que los actuales legisladores se pueden reelegir desde la ventaja de la curul muestran su verdadero rostro: criticarán a Andrés Manuel López Obrador, pero son iguales al presidente, pues recurrirán a toda ventaja posible para no arriesgar sus posiciones.

La reelección era una buena idea que se supone que premiaría a aquellos legisladores que hubieran hecho una buena labor. La condición para ello es que el ciudadano sea el único que decida quién permanece y quién se va. Los diputados tuvieron 6 años para definir reglas parejas en una ley secundaria que nunca hicieron tras la reforma de 2014 en la materia. Hoy lanzan acuerdos sin fuerza de ley, pero que benefician el estatus quo: es inmoral lo que hacen, y parecen demostrar que, un siglo después, nuestros partidos no están listos para la reelección.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó que los actuales legisladores federales puedan buscar la elección consecutiva sin pedir licencia y, en consecuencia, seguir recibiendo los apoyos legislativos que otorga el Palacio de San Lázaro. El Instituto Nacional Electoral proponía que dejaran el cargo 60 días antes del día de la elección.

La próxima designación de magistrados le saldrá cara al Congreso del Estado [de Jalisco] y no sólo políticamente por el inminente reparto de cuotas; también presupuestalmente le costará, pues el legislativo tendrá que apoquinar para pagar las pruebas de control y confianza de los aspirantes, además del convenio con el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior que aplicará el examen teórico. Los enterados cuentan que serán varios millones de pesos.

La ventaja es que las finanzas aún gozan de los ahorros que se heredaron de anteriores legislaturas pero que están a punto de extinguirse. Tanto gasto y desgaste para que al final los nombrados sean algunos de los funcionarios, familiares o recomendados que figuran en la lista.

En el estilo personal de gobernar de Alfaro toda decisión que resulta compleja merece una mesa de análisis, al grado que se habla, ya entre broma y en serio, de una "mesocracia". Hacer mesas de expertos para apoyar la toma de decisiones o generar espacios de vigilancia y discusión tiene sin duda grandes virtudes. Si algo se le puede criticar hasta ahora a las mesas alfaristas es que son en general poco plurales, con gente en su mayoría cercana al proyecto político de los naranjas, pero no por ello inútiles.

La novedad es la mesa para estudiar y evaluar la conveniencia de que el estado se salga o se mantenga en el pacto fiscal.

Adherirse o salir del pacto fiscal es una atribución del poder legislativo. Es el congreso en tanto representación popular del estado y responsable de autorizar la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y vigilar el buen uso de los recursos, quien tiene esta decisión. En el supuesto de que realmente estemos pensando en salirnos del pacto fiscal y rascarnos con nuestras propias uñas lo que necesitamos es un análisis de alto nivel técnico que permita evaluar en serio el costo y el beneficio de una decisión así. No se trata sólo de cuánto genera Jalisco y cuánto recibe a cambio, en una aritmética simple, sino cuánto cuesta recordar, si tenemos la capacidad de hacerlo y en el mejor de los casos cuánto tiempo nos llevaría construir un sistema de recaudación y fiscalización. Más aún, qué significa hacernos cargo de nosotros mismos, cómo establecemos la relación entre gobierno y sociedad a través de los impuestos y cómo participamos solidariamente en la federación.

Bienvenido el debate, urgente, sobre un nuevo federalismo, que pasa por el tema fiscal, pero va mucho más allá. La recentralización de atribuciones en materia educativa en el sexenio de Peña Nieto y de salud y seguridad en el actual gobierno son grandes retrocesos en un sistema de facto centralista. El campo de batalla es amplio y la agenda de mediano plazo. Ojalá la nueva mesa sirva para alimentar algo más que el ego de los gobernantes.

Si el polo opuesto se presenta con 2 candidatos en cada distrito volverá a perder. Pero el gran obstáculo para las candidaturas únicas en el PRI y el PAN no será ideológico, en todo caso, sino la ambición de los cuadros y dirigentes. Si nos atenemos a las convicciones ahora mismo podrían estar fundando el PRIAN bajo un nuevo nombre. Pero ninguna de las 2 élites querrá ceder frente a la otra o perder posiciones. Salvo, claro, que crean que pierden aún más yendo por separado. El propio AMLO lo ha reconocido: por fortuna no se unieron en el 2018, yo les habría ganado de cualquier manera pero quizá no habríamos obtenido mayoría en el congreso, afirmó esta semana, palabras más palabras menos. Si así lo cree, resulta contraproducente que acicateé al respetable diciendo que se está con la 4T o en contra de ella, sin medias tintas. Eso es prácticamente un llamado a todos los que tienen alguna diferencia para que se unan en su contra.

Frente a la renovación del congreso en 2021 estas reflexiones dejan dos grandes preguntas en el aire: ¿serán capaces PRI y PAN de trascender sus egoísmos, controlar a sus cuadros regionales y fusionar candidaturas? ¿Convendrá a López Obrador seguir provocándolos para echarlos en brazos uno del otro, o debería comenzar a tenderles puentes para evitar ese escenario?

De acuerdo con una reciente encuesta de la consultora Mitofsky (septiembre de 2020), 64.5% de la población encuestada no confía en los partidos en México y apenas 11.8% tiene confianza por estas organizaciones. Es decir, hay una desconfianza casi generalizada por los partidos.

Pero las cifras son de escándalo al analizar los números de cada partido; de hecho todos tienen más calificaciones negativas que positivas, incluido Morena: apenas 31 de cada 100 entrevistados tiene buena opinión por este partido, mientras que 51.2% tiene mala opinión por el partido del presidente.

Los números para los partidos que anunciaron su interés en aliarse son francamente malos. El PAN tiene 15.6% de confianza y 51.5% de desconfianza; por el PRI confían 5.1% y desconfían 72.4%. Los datos por el PRD son de risa: desconfían 69.8% y obtuvo 0 (cero)% de confianza.

Es decir, ni sumando los datos positivos de PAN, PRI y PRD alcanzan 31% de confianza que consiguió Morena.

El rechazo hacia los partidos es profundo y se ha ido gestando por los agravios que han cometido contra los mexicanos. Los entrevistados para este estudio de Mitofsky dicen que los partidos son corruptos, que no escuchan a la gente, que son atrasados y que sólo trabajan por sus intereses. Por eso no sorprende cuando la mayoría (54.9%) dice que México estaría mejor sin los partidos políticos.

En 2015, una simple división entre el costo total de la elección y el listado nominal en México demuestra que cada voto costó 222.2 pesos; sin embargo, para el siguiente año se incrementará a 291.5, en promedio.

Para 2021, las cifras resultan tras dividir el presupuesto proyectado para el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos (27,689 millones de pesos) entre el listado nominal (94'980,000 electores).

El gasto se dispara porque el Congreso de la Unión considera a todos los inscritos en el listado nominal en la fórmula que define el presupuesto de la elección y para los partidos, cuando apenas votan entre 5 y 6 de cada 10 mexicanos con credencial vigente. En otras palabras, si sólo se consideraran a los electores que realmente participan en las elecciones, el costo del voto se duplicaría.

En la bolsa total se incluye el financiamiento para los partidos nacionales: en 2015 les asignaron 5,355 millones de pesos y el siguiente año se gastarán 7,226 millones.

El problema es que el abstencionismo se ha incrementado en las últimas elecciones. En las de 2019, en las que se eligieron cargos en 6 estados (2 de ellos para gubernaturas), sólo 60% de los ciudadanos acudió a las urnas. Mientras que en las elecciones de octubre pasado de Coahuila e Hidalgo, la votación fue entre 50% y 59%.

En días pasados, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, subrayó que el principal desafío es la pandemia por el COVID-19. "Tenemos el desafío de procurar que la democracia y las elecciones democráticas no sean una víctima más de la pandemia".

El INE estima que adicional a los 27,689 millones de pesos que se proyectan gastar en 2021, se sumen 1,499 millones que se prevén para la consulta popular para juzgar a expresidentes, a desarrollarse el próximo 1 de agosto. Pero dependen del Congreso de la Unión.

La bolsa final será muy superior a los 18,572 millones que se ejercieron en el proceso de 2015.

El gasto electoral en México es mayor al presupuestado por el INE, sumando, por ejemplo, las prerrogativas indirectas y la bolsa de otros entes. Aunque en 2012 el instituto presupuestó 15,953 millones, en realidad habría costado 40,248 millones, según la organización México Evalúa.

El costo promedio del voto en el proceso electoral 2021 en Jalisco será de 131 pesos. Esto significa un peso menos que en las elecciones de 2015 (132 pesos), que fueron también intermedias (se renueva el congreso y los 125 municipios). Lo anterior, tomando en cuenta que el próximo año podrán votar 6'078,000 jaliscienses, los cuales conforman la lista nominal, frente a los 797.4 millones de pesos que se proyecta destinar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en el cual se incluyen las prerrogativas a los partidos políticos.

La reducción del financiamiento que tendrán las fuerzas políticas en 2021, que serán 81 millones de pesos menos que el erogado hace 5 años (250 millones frente a 331 millones), no impactó en el gasto por sufragio.

El costo de cada voto será más elevado si se toma en cuenta que la participación promedio de los electores en procesos intermedios locales es de de 54%, lo que significa que éste podría subir a 242 pesos.

Según el IEPC, en el proceso electoral de 2015 se tuvo una participación de 50.69%, la más baja desde las elecciones de 1995.

En un diagnóstico de las elecciones de hace 5 años, elaborado por Enrique Rocha, académico del ITESO, se señala que el abstencionismo fue más fuerte en el voto urbano. En 11 de 16 ciudades medias y municipios metropolitanos, éste fue superior al 50% y, en ningún caso, los candidatos ganadores rebasaron 25% de los posibles electores. "Esta situación supone un serio problema de legitimidad. El gran ganador en Jalisco del proceso electoral de 2015 fue la abstención", se destaca en el documento.

El mes pasado, este medio reportó que, pese a la reducción de las prerrogativas que tendrán los partidos políticos durante el próximo año, debido a la reforma de 2017 y a la crisis económica provocada por el COVID-19, la elección será más cara.

En agosto pasado, el Instituto Electoral aprobó el presupuesto de 2021, el cual se proyecta en 797.4 millones de pesos. Aunque falta que sea avalado por el Congreso del Estado, es mayor a los 727.8 millones de pesos que se presupuestaron en 2015 para la operación del organismo, la organización de las elecciones y las prerrogativas a los partidos.

Para el próximo año, el mayor aumento se propone para la organización del proceso electoral: de 270 a 419.8 millones. El IEPC responde que el alza podría obedecer a la inflación, el crecimiento del padrón y los costos de los materiales.

Aunque los diputados en Jalisco pretendían acortar los tiempos del proceso electoral y las campañas 2020-2021, se mantendrán según lo previsto, por lo que las precampañas iniciarán el próximo 4 de enero.

Según el calendario aprobado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en esa fecha iniciarán los actos tendientes para recabar el apoyo ciudadano para los aspirantes a las candidaturas a diputaciones, alcaldías e independientes. El periodo concluirá el 12 de febrero.

El 3 de abril, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana resolverá la procedencia de las candidaturas.

Un día después iniciarán las campañas electorales, las cuales concluirán el 2 de junio, para que la jornada electoral se desarrolle el próximo 6 de junio.

En junio pasado, el Congreso del Estado aprobó una reforma que pretendía que las campañas en Jalisco se redujeran de 60 a 30 días. También se pretendía retrasar el inicio del proceso electoral del siguiente año (para que en lugar de arrancar en octubre pasado se iniciara en enero próximo, con la justificación de la pandemia o la crisis por el COVID-19).

Lo anterior fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual invalidó el artículo transitorio aprobado por los diputados.

Pese a esto, el Instituto Electoral tiene facultades para hacer modificaciones posteriores al calendario.

Durante la aprobación del calendario, el presidente del organismo electoral, Guillermo Alcaraz Cross, reconoció que la contingencia sanitaria los obligará a modificar la organización tradicional de las elecciones para garantizar que se desarrollen.

El sistema democrático que tenemos en nuestro país aún debe adaptarse y perfeccionarse. Y es que se ha privilegiado más lo "electorero" que lo electoral, pensando que el desarrollo y la participación ciudadana serían suficientes para sacar adelante al país cobijados bajo la bandera de la democracia. No ha sido así.

Nuestro país vive hoy agraviado por la creciente y lacerante inequidad social, por la dramática inseguridad y por la extendida impunidad reflejada en la falta de transparencia y rendición de cuentas. La política está devaluada y los políticos -sin importar siglas ni colores- se encuentran en el sótano en cuanto a confianza y credibilidad ciudadana, siendo siempre el término empleado como sinónimos de corrupción y abuso.

El sistema político mexicano ha caído en una espiral negativa de cara a la opinión pública al ser cuestionado por la ausencia de espacios abiertos y disponibles para la participación ciudadana y por la evidente preeminencia de intereses sectarios sobre las legítimas necesidades de la mayoría de los mexicanos.

A pesar de que es una obligación establecida en la ley del Sistema Anticorrupción del Estado desde 2017, solo la mitad de los municipios de Jalisco y apenas 40 de casi 200 dependencias y organismos estatales cuentan con su Órgano Interno de Control (OIC), que es la instancia encargada de combatir la corrupción dentro de estos.

Por ejemplo, estos órganos revisan la evolución patrimonial de los servidores públicos, incluyendo la presentación de las declaraciones 3de3; realizan auditorías internas del destino de recursos; supervisan las adquisiciones y contrataciones públicas, así como el cumplimiento en materia de transparencia de la información pública, entre otras.

En un momento donde la mirada está fija a nivel nacional en la lucha contra las corruptelas, entre las dependencias que incumplen con esta instancia están: la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

La Contraloría estatal es la encargada de impulsar, coordinar y supervisar el cumplimiento de estos órganos, por lo que realizan revisiones preventivas. Al respecto, el director general de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción de esa dependencia, Héctor Antuna Sánchez, informó que incluso la mayoría de municipios y organismos que sí avanzaron en la creación de éste órgano no lo tienen debidamente integrado con un área investigadora y una substanciadora para garantizar la transparencia y la imparcialidad en las resoluciones que hagan.

En un diagnóstico que hizo la Contraloría para identificar el estatus de estos órganos en los municipios, algunos ni siquiera respondieron a la solicitud de informes y solo 66 dijeron sí contar con él, aunque hallaron inconsistencias como la falta de evidencia, composición incompleta o perfiles inadecuados para quienes los encabezan.

Juanacatlán, Tepatitlán, Arandas, y San Juan de los Lagos son algunos de los municipios que no lo tienen.

Los posibles actos de corrupción pueden investigarlos estos órganos por hallazgos en sus auditorías o por quejas o denuncias.

Tan sólo este año, las 40 dependencias o entes estatales que sí lo tienen han iniciado a través de éstos 172 auditorías. Dichos procesos para encontrar irregularidades se omiten en aquellas instituciones públicas que desobedecen la ley al no contar con estas instancias anticorrupción.

Héctor Antuna comentó que "la ley resultó imperfecta porque no establece una sanción para los entes que no tengan su OIC, pero debería ser un siguiente paso".

Con los Órgano Internos de Control tienen atribuciones de realizar sanciones con base en la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado. Los casos más complicados son turnados al Tribunal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía Anticorrupción.

Con la finalidad de que las empresas se involucren en la creación de estrategias institucionales contra actos de corrupción, la Contraloría estatal implementa un registro para fortalecer los mecanismos preventivos de faltas administrativas dentro de estas instancias.

"Tal cual como la ley regula que las instituciones públicas deben contar con ciertos controles, manuales, códigos de ética, ahora ya lo están pasando a un ámbito privado para que las mismas empresas, persona física y moral, cuenten con estos controles internos transparentes y que los entes públicos conozcan con quién están teniendo una relación", comentó Héctor Antuna Sánchez, director general de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción de la Contraloría estatal.

Detalló que ya tienen convenios con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) para que sus agremiados se sumen y obtengan el distintivo.

Señaló que aunque ahora es voluntario que las empresas acudan a la Contraloría del Estado a registrarse, se busca que sea un requisito obligatorio que lo marque la Ley de Compras Gubernamentales.

Entre los elementos que transparentan estas empresas están la "comprobación de los representantes legales, el domicilio real, que cuenten con un código de conducta, normas anticorrupción y debe contar con un sistema de denuncias", dijo.

Guadalajara es el municipio con más deuda en Jalisco, con 1,645.6 millones de pesos, que lo ubica en el 4o. sitio a nivel nacional; Zapopan está en el 9o. lugar, con 945.5 millones, y Tonalá se ubica en el 10o. puesto, con 771.3 millones. El 1er. lugar nacional es Tijuana, en Baja California, con 2,600.9 millones.

De los 2,447 municipios que existen en el país, sólo 788 cuentan con obligaciones financieras inscritas en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda, según el análisis publicado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

De estos 788 municipios, 314 no pudieron ser evaluados por la secretaría debido a que no entregaron información, o la misma no fue suficiente para llevar la evaluación.

De los 464 municipios que sí pudieron ser evaluados, sólo 2 presentan un nivel de endeudamiento elevado, mientras 29 tienen un nivel en observación.

Los 433 municipios restantes presentan un nivel de endeudamiento sostenible.

De acuerdo con el Sistema de Alertas en el 1er. semestre de 2020, la deuda de las entidades federativas, municipios y sus entes públicos ascendió a los 596,397.9 millones de pesos, una cifra mayor en 1.2% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, así como inferior en 0.2% respecto al 1er. trimestre de 2020.

La deuda como proporción del Producto Interno Bruto (estatal) se ubicó en 2.7%, la misma cifra en puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior.

La deuda municipal ascendió a 43,879.4 millones de pesos, de los cuales 41,050.5 millones pertenecen únicamente a los ayuntamientos. El resto, 2,828.9 millones, a sus entes públicos.

Las entidades federativas que presentaron un mayor nivel de endeudamiento per cápita respecto al total fueron Nuevo León (14,706 pesos), Quintana Roo (13,133 pesos), Chihuahua (12,935.5 pesos), Coahuila (11, 947.3 pesos) y Ciudad de México (9,259.9 pesos).

Por el contrario, las menos endeudadas fueron Guanajuato (1,052.7 pesos), Puebla (1,034.2 pesos), Guerrero (831.2 pesos), Querétaro (155.8 pesos) y Tlaxcala (22 pesos).

Los estados que sobresalen con una mayor relación de su deuda respecto a su Producto Interno Bruto son Chihuahua (6.6%), Quintana Roo (6.5%), Chiapas (6.3%) y Nayarit (4.8%).

Las de menor relación son Puebla (0.9%), Guanajuato (0.7%) y Campeche (0.5%).

Los municipios que mostraron un mayor endeudamiento fueron Tijuana (2,600.9 millones), Monterrey (1,975.1 millones), Hermosillo (1,882.3 millones), Guadalajara (1,645.6 millones) y León (1,095.1 millones de pesos).

En 2016, el Congreso de la Unión avaló la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con la intención de frenar el endeudamiento irresponsable de los gobernadores y alcaldes en México.

Uno de los candados para evitar irregularidades o abusos, es que los congresos estatales debían aprobar los nuevos créditos bancarios solicitados por los gobiernos estatales o municipales. Por ejemplo, la legislatura local correspondiente, con el voto de las 2 terceras partes de sus miembros, autoriza los montos máximos para la contratación de créditos. Y los diputados deben realizar previamente un análisis de la capacidad de pago, el destino y el otorgamiento de recursos como fuente o garantía de pago.

Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Disciplina Financiera. En caso de presentarse situaciones extraordinarias, como desastres naturales o emergencias sanitarias, como la del COVID-19, los gobiernos podrán contratar y reestructurar financiamientos sin contar con la autorización de la legislatura local correspondiente.

Aunque los legisladores federales afirman que las modificaciones no buscan exceder los niveles de endeudamiento y permanece la obligación de mantener un registro público, el riesgo de que se disparen las deudas en los estados es latente, ante los recortes en programas y recursos provenientes de la federación por la caída en la recaudación ante la pandemia actual, que se extenderá hasta el siguiente año. Y también porque todos los años hay afectaciones por lluvias o temblores, principalmente.

Para evitar más presiones hacia el presidente de México, se incorpora un capítulo de previsiones extraordinarias para que las administraciones locales puedan renegociar sus endeudamientos de corto plazo, si se presenta una caída del Producto Interno Bruto superior al 5%, por lo que se permitirá la reestructuración. De esa forma, tendrán la oportunidad de endeudarse en crisis como la presente (en el 1er. semestre del año se registró una caída de 18%).

Luego que en mayo pasado el Congreso de Jalisco aprobara contratar una deuda por hasta 6,200 millones de pesos, que se pagarán a 20 años, aumentó el endeudamiento por persona en Jalisco.

En 2019, el endeudamiento por persona era de 3,210.3 pesos, pero al 2o. semestre de 2020 subió a 3,538.6 pesos, de acuerdo con el reporte trimestral sobre la deuda de las entidades federativas y municipios. En total, suman 29,487.9 millones de pesos en deuda, lo que significa que creció en 8.7% en relación con el trimestre anterior.

El 78.7% del total del financiamiento corresponde al estado y sus entes públicos, y el resto, 21.3%, a los municipios y sus entes públicos. De los 125 municipios, 89 presentan deuda por un monto de 6,284.9 millones.

Además, según el análisis, Jalisco obtuvo su financiamiento a través de la banca múltiple, con 70.2%. El resto, 29.8%, con la banca de desarrollo.

"Esta deuda tiene como fuente de pago sus participaciones federales en un 86.2%, aportaciones federales con 6%, ingresos propios en 2.7% y la deuda de corto plazo quirografario, con 5.1%".

Por otro lado, en días pasados se dio a conocer que la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Gobierno del Estado [de Jalisco], inició un proceso de suspensión por 15 días sin goce de sueldo contra Juan Antonio González, pñresidente municipal de Tonalá, por el incumplimiento en el pago de un laudo.

Al respecto, el alcalde contesta que todavía están a tiempo de aplazar esta circunstancia y que están abiertos a negociar con los interesados. "Son casos que vienen de administraciones pasadas, que irresponsablemente no les dieron seguimiento ni importancia. Hemos hecho varios convenios con personas que demandaron, pero desgraciadamente no tenemos un presupuesto para estar atacando estas circunstancias".

El gobernador de Jalisco anunció una consulta popular a los jaliscienses para decidir si dejamos o no el Pacto Federal.

La lectura de especialistas es que resultará un ejercicio estéril porque es un asunto del Congreso de la Unión. Es decir, está más allá de las facultades del ejecutivo estatal.

La respuesta del gobernador a AMLO se enmarca en una sola lectura: seguirle el juego político al presidente y pelearle el reflector con sus mismas estrategias.

A su más fiel estilo del tope donde tope, el gobernador se enganchó en la respuesta que lanzó desde la mañanera el presidente a los 10 ejecutivos estatales que integran la Alianza Federalista, en la que minimizó el reclamo presupuestal hecho el lunes en forma simultánea desde cada una de sus entidades (aquí se llamó "Cierre de Filas por Jalisco"), al asegurar que tras esa exigencia hay motivaciones político-electorales, y decirles que pese a que están en su derecho, salir del pacto federal como amenazan requeriría una reforma constitucional y llevaría a controversias que tendría que resolver el poder judicial. Pero antes, los provocó al retarlos a "mandar obedeciendo" y buscar así meterlos en el juego de las consultas que tanto le gustan: "Si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los Estados que gobiernan".

Ante ganaderos, y tras reprochar que el presidente les había incumplido en pagarles más por litro de leche, Alfaro le tomó la palabra a AMLO y anunció que hará esa consulta para saber si los jaliscienses están de acuerdo en seguir con una relación "abusiva" con la federación en la que Jalisco aporta mucho y sólo recibe "malos tratos, groserías y desdenes". Le reprochó además al presidente negarse al "diálogo republicano" con los gobernadores y poner en riesgo el pacto federal.

Se revivió así el tema del Jal-exit, del que se habló a inicios de la pandemia cuando los gobernadores de oposición de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Jalisco amagaron con dejar el pacto fiscal si no se revisaban los términos del reparto de los impuestos y se convocaba urgentemente una Convención Nacional Hacendaria.

La aceptación de esta consulta por parte del gobernador dividió de inmediato opiniones en la redes sociales, desde los que lo apoyaron, hasta los que le reprocharon su bravuconería con el presidente y hasta los que lo tomaron a chunga y bromearon que "ahora que Jalisco sea independiente, México podría ser el invitado de la FIL" (@mongeEmiliano dixit).

Con la crisis de salud, de seguridad y económica que ya padecemos, destinar energía y recursos al juego de las consultas parece inoportuno pese a la trascendencia del debate para la revisión del pacto fiscal que puede darse sin ellas si se serenan los ánimos y los gobernantes actúan más pensando en sus gobernados que en sus clientelas y proyectos políticos futuros, arrastrando así a la población a riesgosas aventuras que maquinan al calor de sus ambiciones.

Una parte, mayoritariamente periodistas, empezó a analizar la propuesta de Enrique Alfaro y revisar si es posible convocar a una consulta ciudadana para decidir sobre lo que propone el gobernador, y entre ellas destaca la nota de Mireya Blanco, donde precisa que hasta ahora no ha sido conformado el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, por lo que no se puede convocar a una consulta de este tipo; y sugerencias como las de Enrique Toussaint al comentar que no es posible salirse del pacto federal pero sería relativamente fácil salir del pacto fiscal.

Pero además de las reacciones arriba comentadas, a mí me sorprendieron la cantidad de llamadas a estaciones de radio, notas comentadas y mensajes en redes sociales donde se pide a Alfaro que también someta a consulta la revocación de mandato para que los jaliscienses decidamos si sigue o se va del cargo. Creo que no está midiendo bien su tasa de aprobación entre la población.

Creo que Alfaro se empeña en esta apuesta fallida por una encendida defensa del federalismo porque cree que esa táctica lo empuja a convertirse en un referente opositor nacional y, por lo tanto, lo acerca en su deseo de ser candidato a la Presidencia de la República. Desde hace tiempo, sabe que confrontarse con López Obrador (por la política sanitaria o federalista, o lo que sea) le gana planas en diarios y canales de televisión de la Ciudad de México.

Más que nunca, los partidos necesitan a los ciudadanos si desean ganar las elecciones de 2021. El descrédito de los partidos políticos, y la ausencia de soluciones a los graves problemas del país que le dieron el triunfo a Andrés Manuel López Obrador en 2018, siguen vigentes. El hartazgo de los ciudadanos por la corrupción, la impunidad y la percepción de que el país estaba sumido en la desesperanza tras los gobiernos del PAN y del PRI, los llevó a votar por una alternativa. Una opción que prometía cero corrupción, cero impunidad, regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles y esclarecer los hechos como el de Ayotzinapa y los feminicidios.

Lamentablemente los males previos al 2018 no han sido resueltos y las promesas de eliminar la corrupción y la impunidad no han sido cumplidas. Tampoco se cumplió la promesa de eximir a las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública, sino todo lo contrario. Se les han entregado más atribuciones y más presupuesto. La incidencia delictiva no se detiene y la economía inició un descenso desde fines de 2018. Y lo más grave, el nuevo gobierno ha llevado a cabo una destrucción sistemática de instituciones y contrapesos constitucionales al poder presidencial. Es decir, los problemas persisten e incluso se han agravado, al tiempo que los partidos no ofrecen alternativas creíbles que entusiasmen a la gente. La gente no añora el pasado, pero tampoco está contenta con el presente y el futuro que le promete el gobierno de López Obrador.

La gente no se siente representada por los partidos. Tienen vida propia y se han alejado de la sociedad. La gente observa que ya no son capaces de traducir las aspiraciones de grupos amplios de la sociedad en políticas públicas, que cambian sus principios a conveniencia, que políticos brincan de un partido a otro por sus intereses personalísimos. Se percibe que los partidos tienden a servirse con la cuchara grande y solo les interesan ellos mismos. Los ciudadanos comunes y corrientes, no militantes partidistas, simplemente no se sienten atraídos por ninguna opción disponible. No quieren votar por el pasado, y no ven una alternativa que les incite a votar en el presente. Se quedan en casa. El abstencionismo florece y quien decide la elección es el dinero, el clientelismo y la sociedad queda al margen.

Los ciudadanos los hemos dejado. Hemos permitido que la cosa pública la controlen los políticos y los partidos para su propio beneficio. Y eso debe terminar. Es la única manera cómo podemos restablecer la utilidad pública de los partidos que son indispensables en una democracia donde haya pluralidad y tolerancia. Sí, los partidos son instituciones de interés público que deben representar a grupos amplios de la sociedad.

Y como tales, en este tiempo de incredulidad, hartazgo y frustración ciudadana al ver que no hay alternativas viables, los partidos deben reencontrarse con la sociedad, y la sociedad con ellos. Si la sociedad quiere tener alternativas atractivas, debe involucrarse en lo público. Si los partidos quieren el voto ciudadano, deben también acercarse, abrirse a opciones y a modos de operar diferentes, con rendición de cuentas y apertura para personas que representen de forma honesta y efectiva el interés público.

Por ello nació Sí por México esta semana. Este colectivo de organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en colocar una agenda ciudadana en las mesas de los partidos para que las hagan propias, las defiendan y lleven a cabo. Y luego, quien resulte electo, se les pueda exigir que lo cumplan, que lo defiendan en nombre de los ciudadanos. Los partidos deberán decidir si siguen con sus modos tradicionales de ignorar a la gente, de presentar caras no-creíbles a la ciudadanía, de escoger a sus candidatos en una lógica de reparto del botín. O bien si se abrirán a la sociedad, si adoptarán una plataforma ciudadana que represente a amplios grupos sociales, que abrirán sus puertas a candidatos no militantes. Esa decisión deberán tomarla el próximo 8 de noviembre. Si aceptan la propuesta de Sí por México, habrá oportunidad de que sean las propuestas y el proyecto del país quien defina a los ganadores mediante el voto. Si no lo hacen, la elección la determinará el dinero público que se destina a la compra del voto por quienes detentan actualmente el poder.

Para quitarse piedritas en el camino de cara al reparto de cuotas y cuates en la próxima designación de magistrados, se aprobó y entró en vigor la reforma para eliminar el requisito de que los aspirantes saquen mínimo 80 de calificación en el examen teórico.

Tras la pasada polémica en el nombramiento de consejeros de la Judicatura [de Jalisco], en donde los diputados invalidaron la prueba, la legislación se modificó para que sean elegibles los mejores calificados, pero con un pequeño "descuento": no será necesario acreditar una nota mínima.

Todo indica que se allana el escenario para el reparto de 9 magistraturas y otra silla en la Judicatura, sin que los gallos tengan que quemarse tanto las pestañas para acreditar el examen.

(V.periódico El Financiero en línea del 16 de octubre de 2020).

¿Creemos o no creemos en las instituciones? Los mexicanos tenemos una extraña, por no decir perversa, relación con la autoridad a la que solo respetamos y reconocemos cuando está de nuestro lado, un comportamiento que podemos sintetizar en el síndrome de "no era penal". Hay, sin duda, extrañamientos y cuestionamientos válidos a la autoridad, no tanto porque hayan negado el registro a México Libre, sino por la forma en la que otros lo obtuvieron. Tenemos que pedir cuentas a las autoridades sobre sus argumentos, pero respetar la decisión del árbitro es la 1a. y más importante regla del cualquier juego y, por supuesto, de la democracia.

Todas las instituciones son perfectibles y todas están y han estado presionadas por los poderes instituidos y fácticos. Ni son puras ni coexisten en un ambiente inocuo; son parte de los vaivenes del poder. De ahí la importancia de que éstas estén diseñadas para que su renovación esté, en la medida de lo posible, desfasada y fuera de la esfera de control de los periodos del poder ejecutivo en turno.

El verdadero demócrata no es el que celebra al árbitro en la victoria, sino el que lo reconoce en la derrota y eso: demócratas, es lo que le urge a este país. Decir que las instituciones están capturadas por un presidente autoritario, como lo hace ahora Calderón, lejos de contribuir a la construcción de instituciones y a la confianza en el sistema electoral de cara al 2021 sólo enrarece el ambiente. Viniendo de un ex presidente de la república, estas declaraciones siembran dudas sobre el de por sí débil andamiaje democrático (enviar a los ex presidentes al retiro era, sin duda, una de las más sabias reglas no escitas del sistema del partidazo).

Los de México Libre lo intentaron, suponemos que lo hicieron con buena fe, y no lo lograron. Lo que toca ahora es que decidan cómo y con quien van a participar en el próximo proceso electoral. Lo peor que pueden hacer por ellos mismos y por el país es quedarse atorados en el "No era penal".

Hoy es la gran rifa en Jalisco TV. Su director, Alejandro Tavares, puso a los camarógrafos a vender boletos para la rifa de una televisión. No crea usted que el dinero recaudado es para invertirle en la modesta producción del canal, sino para pagar las multas vehiculares que heredaron de la anterior gestión.

Tras la rifa hay serias dudas y molestia. Cuenta el personal que en la anterior administración, a la persona multada se le descontó de la nómina el 50% del valor de la infracción y el resto lo pondría el canal... pero con el cambio de gobierno se dieron cuenta que no fue así. ¿Dónde quedó ese dinero?

En fin, mayores preocupaciones hay en Jalisco TV. Por ejemplo, el contagio de COVID-19 entre personal de estudios de televisión y cabinas de audio. Según trabajadores, la Dirección no informa sobre los contagios, no realiza pruebas para detectar cadenas de contagio y no sanitiza.

¿Balance positivo o negativo? El Tribunal Electoral le negó el registro a México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Pero lo concedió a Fuerza Social por México de Pedro Haces, senador morenista suplente de Germán Martínez (ex titular del IMSS), y a Redes Sociales Progresistas de Fernando González, yerno de Elba Esther. También ratificó el registro a Encuentro Solidario, antes Encuentro Social y aliado de Morena.

El dirigente sindical Pedro Haces dirige la CATEM -una especie de CTM priista de Andrés Manuel López Obrador-. En febrero de este año, en un evento de la CATEM en la Arena Ciudad de México, el orador invitado fue AMLO ante más de 25,000 asistentes. Pedro Haces se ha declarado amigo, seguidor de la 4T y "soldado del presidente". Encarna una combinación síndico-demagógica de la "modernidad prehistórica" del sindicalismo.

Sobre la relación de AMLO con Elba Esther Gordillo, tuvo su peor momento en 2006 cuando el entonces candidato la acusó de fraguar el supuesto fraude electoral. Pero el pragmatismo ganó en 2018 cuando Redes Sociales Progresistas, el nuevo partido de la maestra (aunque lo nieguen), se sumó a la campaña de AMLO. Concretamente Fernando González, yerno de La Maestra, y René Fujiwara, nieto de la ex lideresa sindical, firmaron un convenio de colaboración con el candidato presidencial de Morena.

Con esta resolución, los fallos de tribunales se le alínean al presidente, pero más en un sentido de disciplina marcial: los magistrados le avalaron su consulta para enjuiciar a ex presidentes, el proceso para la elección del dirigente de Morena y ahora 2 nuevos partidos cercanos a sus intereses. Y le ponen un alto a Calderón, su enemigo número uno. Estas 3 agrupaciones son impresentables, pero 2 de ellas se presentarán en la elección de 2021 con presupuesto público -hay 7,226 millones para repartir- y una red clientelar para vender y negociar con el gobierno en turno.

Conclusión: nos concentramos en México Libre de Calderón y Zavala, pero nos olvidamos del yerno de La Maestra y del líder sindical morenista. Sumada la confirmación del registro de Encuentro Solidario serán 3 partidos satelitales de Morena dispuestos a cambiar de color y curul a un diputado, a fragmentar el voto para beneficiar al partido hegemónico en 2021 y a continuar una historia que ya vimos: PRImero están los pobres partidos del presidente y sus designios aunque cada uno sea el PRImero en negarlo.

La preocupación de que el gobierno de Antonio Echevarría esté en quiebra le está generando problemas con sus compañeros gobernadores en la Conago, Goan y la Alianza Federalista, pues saben que si los bancos a quienes les deben le congelan las cuentas de inmediato la ABM comenzarán a revisar los riesgos de los otros 31 estados de la república, y podrían subirles las tasas por los riesgos que representan. A finales de septiembre les informé que Nayarit había caído en una suspensión de pagos y hasta hoy sigue en la misma línea.

Este fin de semana pudimos ver el mayor despliegue de fuerza de movilización ciudadana de la organización llamada Frente Nacional Anti AMLO (FRENA), con un plantón que con algunas dificultades, logró instalarse en la Plaza de la Constitución.

Su capacidad de convocatoria ha crecido hasta romper las costuras de su camisa y está consiguiendo llenar un espacio que los partidos de oposición han abandonado. Todo indica que para bien o para mal, FRENA es o está en vías de convertirse en el principal movimiento auténticamente popular que se opone abiertamente al gobierno.

Es difícil saber cuántos de los que participan en los eventos de protesta de FRENA coinciden en que el gobierno tiene planes de implantar el comunismo en México y comparten la ideología conservadora de esa organización. Es posible que muchas de las personas que se han sumado a las manifestaciones coinciden con FRENA en su disgusto con el gobierno, pero no en mucho más que eso. Algunas personas entrevistadas en medios de comunicación que estuvieron protestando con FRENA el fin de semana en el Zócalo, hicieron explícito su deslinde con la organización, pero expresaron que tenían sus motivos para manifestarse contra el gobierno. FRENA, a pesar de que parece estar bien organizado y se moviliza con estrategias en las que utilizan redes sociales y métodos parecidos a los de las empresas de mercadotecnia directa, no es un movimiento homogéneo, monolítico, unificado en torno a un programa ideológico. El cemento que los une es el rechazo al gobierno. Y en eso, se han vuelto el único cauce de múltiples intereses, preocupaciones, opiniones y posturas que pueden ser muy distintas, pero que coinciden en su deseo de un cambio de rumbo. No es que FRENA esté ganando adeptos con sus propuestas conservadoras; más bien parece que se convirtió en el único canal de expresión política que hoy es capaz de generar espacios en los que es posible manifestarse contra el gobierno y tener alguna relevancia para la agenda nacional.

La irrupción de FRENA en la arena pública se da en el vacío dejado por la oposición partidista, pero no es sorpresiva. FRENA es en cierta medida, un reflejo de Morena o de una nueva forma de participación política. Hay algo de respuesta reflejo en un movimiento opositor que reúne a grupos y personas distintos e inconexos, motivados por sentimientos de rechazo al gobierno, frente a otro movimiento, Morena, también lleno de contradicciones y sus integrantes están motivados por sentimientos propios de rechazo a los partidos tradicionales y la corrupción. Tienen ambos un cierto aire de familia en cuanto a que carecen de un programa que les ofrezca una identidad propia, fuera de lo que los une, que es el rechazo tajante a algo. FRENA no es partido político y no parece que tenga la intención de convertirse en uno; por su parte, los miembros de Morena siempre han tenido el cuidado de aclarar que no son un partido, sino un "movimiento". Ambos grupos albergan sectores socialmente conservadores, FRENA en sus fundadores y dirigentes; Morena en sus aliados evangélicos.

Desde el inicio de esta administración, la aparición de FRENA es lo más relevante que ha ocurrido en cuanto a movimientos de oposición al gobierno. Durante ese tiempo, los partidos políticos opositores apenas dieron débiles señales de vida. Es una realidad que los partidos en México han dejado de ser organizadores de la vida social e intermediarios entre los ciudadanos y el poder, y que se han burocratizado y conformado con ser apéndices del Estado para disfrutar de sus prerrogativas y subsidios. Algunas de las iniciativas políticas que parecían tener más representación en la sociedad como México Libre, fracasaron en su intento de convertirse en partidos por no cumplir con ciertos trámites. Por causas parecidas, Morena no ha podido renovar su dirigencia, y todo indica que fue un error convertirse en partido político en lugar de permanecer como movimiento. Todo eso tal vez sea el anuncio de una nueva forma de democracia, menos atada a la organización de partidos y más cercana a movimientos espontáneos de ciudadanos en torno a intereses y preocupaciones específicas.

A pesar de que hemos avanzado, mal que bien, a tiros y a tirones, en la construcción de una cultura democrática en México, resulta que, en general, los ciudadanos no estamos muy acostumbrados a que se nos convoque para tomar en cuenta y en serio nuestras opiniones.

Hemos sido testigos, eso sí, sexenio tras sexenio, de ejercicios simuladores como las famosas y costosísimas consultas para el plan nacional de desarrollo, por ejemplo; replicadas luego en los gobiernos de los estados y de los municipios con la instalación de mesas y toda una parafernalia protocolaria e innecesaria que daba la idea de que sí se atendían las demandas ciudadana expuestas directamente por la sociedad civil.

Para esos planes y para otros, en cuyas aperturas e inauguraciones gobernantes de todos los partidos se han llenado la boca asegurando que impulsaban la participación ciudadana, se dizque convocaba, pero a la hora de la hora, nada era considerado realmente porque ya tenían los documentos enjuagados, lavados, planchados y listos para usar en sus portafolios o escritorios.

La evidencia más clara de que todo esto era pura simulación, teatro y faramalla, es que las demandas auténticas y urgentes de la sociedad empezaron a expresarse en marchas, mítines y plantones para exigir respuestas por los agravios derivados de omisiones y abusos de las autoridades.

Y entonces la clase política, tan pronta a incluir en sus discursos la importancia de la participación de la sociedad civil y del desarrollo democrático, empezó a criminalizarla y a descalificarla; y cuando vio que no era fácil, decidió infiltrarla para, desde adentro, boicotear los movimientos, para desvirtuarlos, para tergiversar las causas y manipular a su antojo con la clara intención de dividir a la población. Lo hemos visto en movimientos estudiantiles, desde hace décadas, dolorosamente; en movimientos feministas; entre los que defiendan causas ambientales, de derechos humanos en general o que combaten la globalización; en las manifestaciones de maestros y en otros movimientos sociales a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI.

En respuesta a tendencias mundiales, para no ser cuestionados o juzgados por la comunidad internacional, supongo, México ha avanzado en la reforma y creación de instituciones democráticas y progresistas que forman parte del andamiaje democrático en el mundo: comisiones de derechos humanos, organismos ciudadanizados de acceso a la información pública y para organizar las elecciones, mecanismos para la rendición de cuentas, tribunales, fiscalías, procuradurías y, por supuesto, mecanismos para alentar la democracia participativa específicamente con el diseño (barroco y complicado como todo lo que quieren dizque abrir a la sociedad) de mecanismos o herramientas como la consulta popular, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la consulta ciudadana. Cada una tiene sus especificaciones, métodos y protocolos y varían de un estado a otro, pero así en general.

Bueno, porque son complejas o porque no estamos acostumbrados o porque pensamos que a la hora de la hora ni van a tomar en cuenta nuestras opiniones, por desconfianza, se usan apenas. Quizá es una combinación de poco de todo, o mucho.

La semana pasada los diputados de Jalisco llegaron a un acuerdo para pedir a la Secretaría de Educación del Estado que sancione las clases particulares a las que han recurrido aquellos papás que tienen recursos y que se imparten en domicilios donde, puestos de acuerdo, varios vecinos envían a sus hijos y pagan un maestro o maestra para por lo menos durante un par de horas diarias recibir lecciones de conocimientos generales.

Eufemísticamente se le ha llamado homeschooling, y bien visto es una medida desesperada de los papás para que en la ausencia de clases presenciales en las escuelas, sus hijos sostengan algún tipo de actividad académica presencial y socialicen con un maestro o maestra y con varios compañeros, aunque sean de diferentes grados escolares.

Nada qué ver con lo que sería una clase en un aula.

Pero es una medida desesperada ante una situación totalmente nueva y complicada como es el confinamiento. Honestamente es complicado creer que se puede seguir con el crecimiento escolar "normal" a la distancia, con clases por internet, chats y la mayoría por canales de televisión. Son muchas las limitantes y de todo tipo.

Los diputados consideran el homeschooling una actividad "irregular" que carece de toda validez oficial. El año no contará.

Una vez más, los señores y señoras legisladoras demuestran estar muy lejos de la realidad, y muestran cero empatía con los papás que ya llevan más de 6 meses con sus hijos refugiados en sus casas tratando de salir adelante académicamente.

Y por lo que hemos platicado con varios padres de familia, lo que menos les preocupa en este momento es la validez oficial de las actividades que están cursando sus hijos.

El año escolar ya lo dieron por perdido, con el consuelo de que es una situación general que afecta a todos los estudiantes.

El confinamiento por la pandemia es una situación totalmente irregular que obliga tomar decisiones completamente diferentes e innovadoras para enfrentar el enorme reto de la educación.

El gobierno y las autoridades, en general, deberían agradecer que haya papás que estén haciendo el esfuerzo y el ejercicio de contratar las clases a distancia, y ellos ocuparse en cómo se va a resolver el problema y el rezago para los otros miles de jovencitos y jovencitas cuyos papás no están en posibilidades de pagar el homeschooling, que trabajan todo el día y que, por tanto, no pueden estar al pendiente de si sus hijos están avanzando, o no, con las clases por televisión.

Cuando esto termine, que tristemente no se ve para cuándo, el saldo va a ser brutal, el rezago de los menos favorecidos será enorme con respecto a los que sí pueden seguir con cierta actividad escolar en casa.

Bien harían los diputados en ponerse a buscar la forma de ayudar e incentivar a quienes menos tienen, y agradecer que haya papás, aunque sean los menos, que están buscando alternativas que hace tiempo debieron buscar las autoridades al contemplar que estamos viviendo una crisis que será larga, muy larga.

La madrugada del viernes 19 de junio pasado, mientras los jaliscienses dormían, las y los diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Acción Nacional (PAN) no sólo fueron cómplices para atracar el Consejo de la Judicatura imponiendo en un desaseado proceso a Tatiana Esther Anaya Zúñiga, a Iván Novia Cruz y a Claudia Esperanza Rivera Maytorena como consejeros de esa institución clave para limpiar el poder judicial, sino que ya encarrerados, decidieron sacar ventaja y enlodar el proceso electoral del 2021, al aprobar una reforma que bajaba de 2 meses a 1 la duración de las campañas electorales.

La iniciativa fue presentada por la bancada panista con toda la bendición, más bien indicación, de la fracción mayoritaria naranja con la coartada de la pandemia del coronavirus, pero que para los opositores, sobre todo para las organizaciones políticas que entonces buscaban su registro como partidos políticos estatales, como Futuro y Hagamos, fue una reforma con la que se intentó que los candidatos de oposición no tuvieran el tiempo suficiente para remontar una campaña a la que llegarían con ventaja los candidatos de MC y PAN que buscarían la reelección o que estarían proyectados desde algún puesto público de los gobiernos municipales y del estatal.

El tufo oportunista y ventajoso de la iniciativa quedó aún más en evidencia por la prisa con la que se procesó y sin entrar al debate de fondo de las reglas electorales, como el tema del financiamiento a los partidos políticos, su rendición de cuentas y los gastos de campaña. De hecho pese a que se recortaba a la mitad el tiempo de las campañas, nunca se planteó disminuir el dinero que recibirían los partidos políticos y sus candidatos y candidatas.

Todo eso lo evaluaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y le dieron un correctivo más, palo pues, a la LXII Legislatura de Jalisco.

La Corte, para bien, logró revertir parte del asalto de aquella madrugada negra, pero nos hizo recordar el asalto a la Judicatura, como un golpe consumado sin reversa que exhibe la sumisión del legislativo frente al poder ejecutivo y la anulación de facto del principio de la separación y autonomía de poderes locales, que la Corte hizo efectiva.

El gobierno de Nayarit, de Antonio Echevarría, ha entrado en una peligrosa suspensión de pagos. ¡Así como lo está leyendo! de hecho, el propio secretario general de Gobierno, Antonio Serrano, lo reveló en entrevista: "En este momento no existe en las arcas el dinero en el estado para pagar. No vamos a tener dinero para pagar las quincenas que se vienen".

Han incumplido sus obligaciones con el SAT, IMSS, ISSSTE, empleados de confianza y sindicalizados, y ahora, hasta con distintos bancos privados de la ABM quienes ya comenzaron los procedimientos necesarios para congelarle las cuentas al estado. Por lo que el pronóstico del tiempo para el estado se ve muy nublado.

El góber, Antonio Echevarría, quien, por cierto, llegó gracias a los panistas y asumiendo el cargo, les dio la espalda, declaró que solicitaría un "apoyo económico adicional" al gobierno de la 4T en un acuerdo que tendría con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pero no está claro si habrá recursos adicionales para la entidad, ni, en su caso, cuánto recibiría ni bajo qué condiciones.

En Twitter, por ejemplo, se pueden encontrar múltiples denuncias de integrantes de la sección 49 del magisterio, que exigen el pago inmediato de la Compensación Nacional Única, que dicen, debió pagarles el gobierno estatal desde el 15 de septiembre.

La situación es grave no sólo por tratarse del gobierno de una de las 32 entidades del país, sino porque llega en un momento en que la economía nacional tendrá su peor año desde la Gran Depresión del siglo XX.

¿Se imaginan el escándalo en el mundo financiero? El Gobierno de la República no puede darse el lujo de que en un momento en que las calificadoras Moodys, Fitch, Standard & Poors, han puesto en revisión la nota de México, se deje caer a un estado oficialmente en bancarrota. De hecho, no cabe la menor duda de que, si esto ocurriera, los temores comenzarían a cundir respecto a un posible efecto dominó sobre otros estados y municipios, que sería de peligrosos alcances y consecuencias imprevisibles.

Lo cierto es que Antonio Echevarría, a 11 meses de dejar el cargo, no ha cumplido con su compromiso de arreglar la administración "desastrosa y fraudulenta" que heredó de Roberto Sandoval. ¿Será que sueña que, como se volvió morenista de corazón, el senador de Morena, Miguel Angel Navarro, quien pinta para ser el nuevo góber, lo perdone? o ¿será el 1er. góber durante la 4T encarcelado por malos manejos? o ¿habrá "rescate" fiscal para Nayarit? Está por verse.

El revés de la Corte a la reforma electoral que aprobó el Congreso de Jalisco es en más de un sentido un machetazo a caballo de espadas. La reforma, cuyo objetivo único era quitar tiempo de campañas a los partidos de oposición usando de manera por demás vulgar el argumento de la epidemia, no tenía más intención que la de sacar ventaja de una situación para favorecer al partido en el poder, Movimiento Ciudadano, y a su nuevo y servil aliado, el PAN.

La reforma se aprobó al más puro estilo de la LXII legislatura: sin discutirse, sin argumentos, por la vía de la imposición y el "haiga sido como haiga sido". Si hay que cerrar el congreso para que no entre la oposición y no se escuchen las protestas, se hace (como fue el caso de la desaparición del Instituto de las Mujeres); si hay que hacerlo de madrugada y de espaldas a la sociedad, se hace (como sucedió con los nombramientos de los consejeros de la Judicatura); si hay que hacer una reforma electoral absurda y sin el consenso de la oposición porque eso conviene al partido en el poder, se hace.

El argumento para reducir las campañas electorales fue la pandemia, pero nunca escuchamos a ningún médico, epidemiólogo o científico advertir sobre los riesgos de las campañas o prever que para abril de 2021 la epidemia por COVID-19 estaría en su peor fase, o cualquier otro argumento medianamente creíble. Fue, simple y llanamente, una maniobra para debilitar a la oposición tal como se intentó, fallidamente, con el dictamen que pretendía no otorgar el registro al partido Futuro.

No funcionó; demasiado burda y mal argumentada. Pero el espíritu antidemocrático de la ley, que no era otra cosa que cerrar los caminos a la oposición -Morena y sus rémoras, el PRI, y ahora también Hagamos y Futuro-, sigue ahí en el congreso y el gobierno naranja y eso es lo que debe preocuparnos.

Los partidos de oposición funcionaban como comparsas del PRI y en la medida en que fueron ganando terreno, se comportaron igual, incluso peor, se degeneraron, pues. Negocio familiar, negocio simplemente, modus vivendi, ¿y la sociedad? Bien gracias.

Los integrantes del Observatorio Permanente del SEA Jalisco volvieron a recordar a las y los diputados locales, especialmente a quienes integran la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, que preside la diputada del partido Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, que ya se les pasaron los tiempos fijados por ellos mismos para integrar la Comisión de Selección del Comité de Participación Social (CPS) del SEA.

Desde el Observatorio urgen ese mecanismo, porque recuerdan también que las comparecencias de las y los aspirantes serán mañana y pasado mañana a las 10 de la mañana y "que es importante que la ciudadanía conozca el cómo se llevarán a cabo estas reuniones por transparencia y rendición de cuentas".

El ánimo abierto a la participación ciudadana y transparente para discutir los nombres de los integrantes que se vivió hace 3 años en la anterior legislatura es totalmente distinto a la apatía y las intenciones de sabotaje y opacidad que privan hoy en la Legislatura LXII que conduce Salvador Caro.

La falta del mecanismo para las comparecencias de las y los aspirantes, a 24 horas de su realización, confirma que en los sótanos del poder persiste la estrategia de debilitar e infiltrar estas instancias ciudadanas cuyo contrapeso les es sumamente incómodo a la clase política y gubernamental.

Insisto, no podemos permitir ese asalto contra los espacios ciudadanos que tardamos muchos años en construir y que son indispensables para construir un sistema anticorrupción que por 1a. vez funcione.

Politólogos y ciudadanos de a pie coincidieron en que las elecciones de 2018 hirieron de muerte a los partidos "tradicionales". El triunfo en los comicios para presidente de la república, gobernadores y alcaldes, más de los candidatos postulados que de partidos cuyo arraigo entre los ciudadanos era prácticamente nulo y cuyo prestigio estaba en veremos, significó, en efecto, un serio quebranto para partidos dueños de historiales tan amplios como contradictorios... Todos, por una parte, en mayor o menor medida se colgaban impúdicamente en el pecho las medallas de la evolución y el pretendido progreso del país, los estados y los municipios en el último medio siglo. Todos, por la otra, cargaban sobre sus siglas y colores emblemáticos el descrédito resultante del desencanto de los ciudadanos que veían más señales de ineptitud y corrupción de los gobernantes que de mejoría para los gobernados en temas tan sensibles como economía, justicia, educación y salud.

Es un hecho que la vida partidista en México está en Morena. El PAN vive en el limbo. Sus liderazgos parece que están dormidos o que trabajan en el área de aeronáutica o algo similar, porque de hacer la oposición a López Obrador no se ve nada. El PRI seguramente está tramitando amparos y el PRD es lo más parecido a una funeraria. Hay más atención en si le dan el registro al partido de Margarita y Felipe que en lo que pasa en los que fueran durante décadas "los partidos grandes". La oposición a López Obrador se está conformado alrededor de desplegados, por un lado, y de radicales de la derecha que ya ni siquiera usan como referencia Venezuela, sino que ya van en la "sovietización" del país. Es la oposición que AMLO ha forjado, a la que ha sacado de sus casas.

La vida interna de Morena está muy divertida. Nos permite ver que es un desastre, que no hay orden alguno, algo muy similar al gobierno, con la diferencia de que en el gobierno hay un líder que todo lo puede, el presidente, y en Morena no se ponen de acuerdo para conseguir uno. El pleito está bueno, pues es una bronca para ver quién sirve a López Obrador con mayor diligencia al tiempo que arma el proceso sucesorio (Mario Delgado); quien también quiere servir ciegamente a López Obrador, pero quiere salir en la tele y aminorar sus complejos y ansiedades (Gibrán); o quien nunca pudo ser presidente del país, pero siempre lo quiso y ahora no le queda de otra que buscar un contraste para lo cual anuncia que será un contrapeso al enorme poder del presidente (Muñoz Ledo).

En una entrevista sin desperdicio (El País 20/09/20), Porfirio Muñoz Ledo hace unas declaraciones que si no fuera porque se dan en Morena, serían escandalosas. En la entrevista, realizada por Luis Beauregard, el candidato hace alarde de su humor, de sus desvaríos y de una de sus especialidades: la polémica. Dice que se lanza a la presidencia de Morena porque "ya no pude ser premio Nobel". Seguramente en su fuero interno piensa que es merecedor al premio, pero que seguramente Marcelo Ebrard le está haciendo campaña en contra. Porque Ebrard es muy malo, según don Porfirio. Ebrard es el mal que habita Morena, por eso amenaza con expulsarlo cuando llegue a ser presidente de Morena: "Perdóname, Marcelo, pero te vas a ir del partido si sigues así. Yo me comprometo. Te vas". Como se puede apreciar el ambiente es casi navideño entre quienes tienen puestos de liderazgo en la cuatroté. Muñoz Ledo acusa también al hombre de Ebrard, Mario Delgado. Le dice que se puede ir del partido porque "ya se pasó de cómplice" y lo acusa directamente de "estar comprando a todas las autoridades". No es claro a qué autoridades se refiere, pero es creíble que en este gobierno todas las autoridades estén a la venta. Y concluye con su advertencia al canciller: "Marcelo, ¿quieres ser presidente? Que encabece la derecha mexicana, por favor. No es una oferta mala". Ciertamente no es una mala oferta que, desgraciadamente, la derecha mexicana no tomará en cuenta, pero lo que sorprende es el afán de expulsar al diferente. Si López Obrador quiere a quienes no están de acuerdo con él fuera del país, Muñoz Ledo quiere en Morena a los que piensan distinto de él, fuera del partido. Tiene toda la lógica del líder del momento.

Habrá que comprar palomitas para la elección en Morena. Es un pleito que recordará aquellos de las épocas, esas sí, soviéticas en las que entre unos y otros se amenazaban: si me expulsas, te expulso. Pero lean la entrevista con Muñoz Ledo, la va a pasar bien. Bajita la mano, se compara con Bobbio y dice que habla "telepáticamente" con López Obrador. Je, je.

Un grupo de personas agredieron al diputado federal Gerardo Fernández Noroña, a quien lanzaron huevos y tomates durante un acto de campaña del candidato del Partido del Trabajo (PT), a la alcaldía de Huichapan, Hidalgo.

Los hechos ocurrieron ayer durante una asamblea informativa, la cual era encabezada por Fernández Noroña. Al momento en que se escuchaba un grito de "fuera, Noroña, no te queremos en Hidalgo", comenzaron a lanzarle huevos y tomates. De inmediato las personas que se encontraban en el presidium intentaron evitar la agresión.

En tanto que al legislador se le escuchó decir: "qué cobardes son, este es un acto de provocación", y acusar al candidato del Partido Verde Ecologista de orquestar el incidente.

En sus redes sociales, el diputado acusó al hermano del aspirante del Verde, Emeterio Moreno Magos, de ordenar la agresión.

Tras estos hechos, el PT advirtió que acudirán ante los órganos electorales y judiciales para sustentar los señalamientos de Fernández Noroña.

Aseguraron que no permitirá que por la frustración y al calor político. los adversarios agredan a la población, pues "Huichapan no puede tener campañas de agresión y violencia".

En tanto, el candidato del Verde, a través de un video en sus redes sociales, se deslindó de estos hechos y dijo que fue informado mientras se trasladaba hacía un evento.

Rechazó que hubiera ordenado un acto así y dijo que luego de las calumnias de Gerardo Fernández, donde le llama "secuestrador", solicitará el apoyo del estado a través del órgano electoral y la Procuraduría de Justicia. Emeterio Moreno Magos no permitirá, dijo, que se le levanten falsos.

Deberán jugar solos porque como institutos políticos debutantes la Ley Electoral no les permite construir alianzas. Llegan con la desventaja de no tener prerrogativas y que apenas tendrán un mes de campaña, por la reforma que propuso el PAN con la bendición del partido Movimiento Ciudadano en una clara estrategia para beneficiarse desde ya en la contienda electoral del año próximo.

La incursión de Futuro y Hagamos es sin duda una buena noticia para la vida política del estado.

Abre la posibilidad de que se refresque la escena pública y se redignifiquen las prácticas políticas tan degradadas en los últimos años.

El regreso de los wikis, cuya figura más visible es el joven Kumamoto, representa la oportunidad de ampliar la agenda pública a temas que incomodan a la partidocracia y que están más cerca de los intereses ciudadanos como ya lo demostraron en su paso por el congreso local en la pasada legislatura que ocuparon una diputación independiente.

Hagamos, cuyo 1er. presidente de la entonces asociación política fue el actual diputado perredista Enrique Velázquez, y que hoy dirige el joven Ernesto Gutiérrez, deberá mostrar en los hechos una nueva ruta a la seguida por el PRD que se perdió en la sumisión al Grupo Universidad, que también los apadrina. Ya dieron muestra de empatía con las causas que reclama la ciudadanía con la iniciativa popular que presentaron al Congreso [de Jalisco] para regular las designaciones públicas y erradicar la lógica de los cuates y las cuotas, y para la que tuvieron que recabar 30,000 firmas.

Una lista negra se refiere a la publicación de un listado de personas, negocios o contribuyentes que han incumplido con una obligación.

Esta medida amedrentadora debería aplicarse también a los funcionarios públicos que no presentan sus declaraciones 3 de 3 para dar a conocer sus nombres en una lista negra. Se aclara que las declaraciones 3 de 3 son las que se refieren a la situación patrimonial del funcionario, a intereses y a su situación fiscal. Esta ley establece un nuevo marco jurídico de responsabilidades para los servidores públicos, como la publicidad de esas declaraciones, además define las conductas que deben ser consideradas como actos de corrupción, por lo que deben agregarse a una lista negra que se dé a la publicidad a aquellos que están detectados como corruptos. Así sabríamos que el tan mencionado Sistema Nacional Anticorrupción SNA está dando frutos.

Todo el que quiso se registró para la encuesta para dirigir Morena, pero un Tribunal Electoral de 5 hombres y 2 mujeres rechazó la convocatoria porque no hay equidad de género entre quienes se inscribieron. ¿Y la democracia?

[¿No será que el dueño de Morena no quiere que el partido se institucionalice, para poder seguir manejándolo a su antojo? - se pregunta el webamster.]

Un grupo de habitantes agredió al alcalde de Coetzala, Veracruz, e incendió un vehículo oficial luego de los festejos del Grito de Independencia pues acusaron de diversas irregularidades a Joaquín Fortino Cocotle Damián, quien recientemente fue designado tras la muerte por COVID-19 de Gerardo Tirso Acahua Apale.

De acuerdo con reportes policíacos, después de haber participado en la ceremonia del Grito de Independencia, el alcalde fue atacado a pedradas cuando llegaba a su casa.

Posteriormente, los inconformes tomaron un vehículo oficial Aveo azul, que fue incendiado frente al palacio municipal.

Recientemente, la regidora única, Brenda Flores Apale, y la síndica, María Josefina Gallardo Hernández, denunciaron que temen por su vida pues han recibido amenazas de muerte ante las protestas que han realizado en contra del alcalde.

Poco les duró a los diputados [locales] el ánimo de darle seguimiento al gasto ejercido para la atención de la contingencia sanitaria en el estado y ya hasta parece que les estorban las comparecencias mensuales del secretario de Hacienda, Juan Partida, aprobadas por ellos mismos.

El tema ha perdido foco y en el legislativo aplazaron la reunión para este jueves (originalmente programada el día 15), y será virtual con los contratiempos que eso implica.

Llama la atención que los diputados tengan tiempo para andar en eventos de partido, en la grilla o de vacaciones, pero cuando se trata de reuniones de trabajo prefieren el home office con sesiones a distancia.

Ya estamos en tiempos electorales. El proceso de elecciones 2021 arrancó oficialmente el pasado lunes 7 de septiembre. Eso significa que de aquí al 6 de junio del próximo año, día de las votaciones, la clase política mexicana, hombre por hombre, mujer por mujer, se estará jugando su futuro.

Decenas de puestos de elección popular, entre presidentes municipales, regidores, diputados federales y diputados locales estarán en juego.

Pero son muchos los llamados y pocos los elegidos.

Es mucha mayor la oferta que la demanda.

Lo que significa que decenas de políticos estarán buscando 1o. quedar como candidatos en las distintas boletas, y 2o., ganar la votación.

Aquellos que aspiran a la reelección buscarán agarrarse hasta con los dientes al puesto, y quienes le tiran a nuevos cargos de elección popular lucharán encarnizadamente contra sus iguales para dejarlos fuera del camino, y después hacer lo propio para eliminar (metafóricamente hablando) a los candidatos de otros partidos.

Usted sabe lo que esto significa.

Que estaremos viendo a decenas de aspirantes buscando reflectores y espacios públicos para darse a conocer y llamar la atención.

Veremos y leeremos (sobre todo en redes sociales) ataques, críticas y descalificaciones como pocas veces, buscando que esos mensajes tengan eco y consigan colarse a un lugar en los periódicos más importantes.

Entre los diputados escucharemos de iniciativas de ley utópicas, irrealizables o completamente alejadas de los problemas inmediatos de la población, con lo que buscan ser tema de discusión de programas de radio y televisión que siguen siendo los medios más masivos y con mayor penetración e influencia entre la población.

Pero este año tendremos 2 factores relativamente nuevos que jugarán un papel importante en la selección de candidatos y después en la votación.

En 1er. término están las secuelas que va dejando la pandemia y el tiempo de confinamientos, donde la inmensa mayoría de los funcionarios brillaron por su ausencia, semi ocultos en sus casas, haciendo home office, pero participando poco y mucho menos tomando liderazgos frente a problemas realmente serios como la amenaza sanitaria y después el golpazo económico.

Para muchos de nosotros, no deja de ser decepcionante que mientras miles de personas perdían el empleo, y muchas más veían reducidos sus ingresos, los funcionarios tenían asegurado su ingreso quincenal sin hacer mayor esfuerzo.

Por eso tan calladitos.

Eso seguramente habrá de pesar en el ánimo popular.

Pero ya están saliendo de lo oscurito.

Y por otro lado, sigue siendo muy importante el peso de Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena; que se ve difícil que alguno de los partidos tradicionales le pueda hacer le contrapeso; están tan desacreditados PRI y PAN que a menos que hagan algo excepcional, tienen casi nulas posibilidades.

Y en Jalisco, Movimiento Ciudadano debe pensar muy bien las cosas; debe ser especialmente cuidadoso en la selección de candidatos y proyectos, porque errores y caprichos (aunados a sus intenciones de no aliarse con nadie) lo pueden poner contra la lona.

Hay varios de sus integrantes que no están muy bien parados.

Habrá que estar muy atentos; un espectáculo diferente, en donde veremos volar de todo, y habrá que agacharse porque muchas veces será suciedad.

La organización Hagamos presentó la Ley #SinCuatesNiCuotas para unificar criterios de designación de cargos públicos.

Aunque reunieron firmas de sobra para presentarla al IEPC Jalisco, en dicha instancia se atoró porque el congreso local aún no instala el Comité de Participación Social y no se ve para cuándo, por lo que mejor acudieron directo con los diputados para que alguno de ellos la suba al pleno sin intermediarios, pero sólo a 2 les llamó la atención.

Lo que espera Hagamos es que los diputados corrijan y se conviertan en la 1a. legislatura en extirpar el mal de las cuotas y de los cuates. Si demuestran voluntad política y legislan con la celeridad que se requiere ante los recientes escándalos, podríamos atestiguar la designación de 9 magistrados bajo esta nueva figura. Si no, los diputados sólo demostrarán que son de la misma calaña que todos.

A Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, le fallaron las matemáticas en una declaración pública y los usuarios de redes sociales no lo perdonaron.

En un video difundido en redes, se escucha al exfutbolista presumir las detenciones de 7 criminales de alto perfil de un total de 10. Sin embargo, explicó que falta aprehender a 4, cuando a la resta de 10 corresponderían 3.

"Nadie de administraciones pasadas ha detenido a 7 personajes peligrosos, 7. Nos faltan 4 de 10", dijo Blanco antre micrófonos de varios medios.

"Esta situación, como siempre se los he dicho, de 10 objetivos hemos agarrado 7, nos faltan 4 objetivos; esperemos que en algún momento vayan a caer estos personajes".

El mandatario estatal reiteró las cifras y volvió a equivocarse.

"Habían (sic) 10, así lo voy a decir, 10 narcos, hemos agarrado a 7, nos faltan 4", afirmó.

Usuarios de redes sociales respondieron con críticas, memes y referencias a la famosa pifia del expresidente Enrique Peña Nieto en 2017 sobre un tiempo de aterrizaje.

Tengo la impresión de que estamos distraídos con una gran puesta en escena. Pienso que en el fondo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quiere que México Libre, de su acérrimo rival Felipe Calderón, obtenga el registro como partido político nacional y esté en la boleta electoral del 2021. Es el escenario perfecto para él:

1.- México Libre no puede estar en coalición con ningún partido político porque la ley obliga a los partidos nuevos a competir solos, por lo que en automático dividiría el voto opositor y sobre todo le restaría fuerza al PAN, que hoy aparece en las encuestas como el 2o. partido más fuerte después de Morena.

2.- El presidente AMLO no puede vivir sin un antagonista. Calderón es su enemigo favorito. Hacia él ha enfocado sus baterías históricamente y eso le ha generado réditos políticos y ha logrado que se desvíe la atención en momentos en los que parecía ahogado.

3.- Calderón es útil y vulnerable. Lo expresé a inicios de mayo: "Calderón es para López Obrador el enemigo perfecto: mantiene viva a su tropa, pero no le representa una amenaza. El presidente AMLO sabe que Calderón no puede disputar el 2024, sabe que es un cartucho quemado de la política nacional y sobre todo, sabe que el proceso contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del calderonismo, es letal para el expresidente. Políticamente, en las cortes de Nueva York no está a juicio García Luna: está a juicio Calderón".

Sospecho que la saña con la que el presidente AMLO se mofó de la noticia de la negación del registro a México Libre esconde un profundo deseo de que Calderón siga políticamente vivo.

Prefiero pensar eso que lo otro: que estamos frente al más abusivo de los autócratas que se despoja de cualquier gesto de estadista, se deja de nuevo dominar por el odio y celebra desde el poder la cancelación de la vía electoral para un grupo opositor, por detestable que sea su más visible cabeza.

(V.periódico El Financiero en línea del 8 de septiembre de 2020).

Morena es un ejemplo de cómo el sistema electoral mexicano, después de décadas de un virtual monopolio, se ha abierto a los nuevos partidos políticos. Creado en 2011 como movimiento político por Andrés Manuel López Obrador, cuando era todavía miembro del PRD, pasó a ser asociación civil en 2012 y apenas en 2014 obtuvo registro como partido político. En la actualidad no solo ha conquistado la Presidencia, sino que tiene mayorías absolutas en ambas cámaras del congreso y encabeza los gobiernos de 5 estados y la Ciudad de México.

Muy pocos países tienen sistemas políticos que permitan el surgimiento de un partido y su conquista del poder de una forma tan rápida. Estados Unidos es un caso extremo con su virtual duopolio. El Partido Democrático y el Republicano han ganado todas las elecciones desde 1852 y han controlado el Congreso desde 1856.

El actual sistema mexicano de partidos puede ser objeto de muchas críticas, pero la flexibilidad en el caso de Morena es muy positiva. Al final los electores tuvieron la posibilidad de expresar su opinión sobre el nuevo partido y su líder con el voto. Esa es la razón de ser de la democracia: dar opciones a los ciudadanos para que expresen sus opiniones y deseos en las urnas.

Por eso me preocupa la decisión del Instituto Nacional Electoral de rechazar el registro como partido de México Libre, la organización fundada por Margarita Zavala. Los consejeros del INE se están adjudicando una decisión que debieron haber dejado a los electores: votar o no por un nuevo partido. Lo curioso es que la Comisión de Prerrogativas del propio INE aprobó previamente el registro.

No me convence el argumento de que 8.2% de los recursos del partido provinieron de aportaciones realizadas por Clip, una aplicación que solo transparenta los últimos 4 dígitos de una tarjeta bancaria. Esto impidió, dicen, que se rastreara el origen de 1.2 millones de pesos en aportaciones. Parece un pretexto, sobre todo cuando hemos visto que Morena recibía donativos mucho mayores en efectivo, sin identificar a los aportantes, que incluso servían para pagar el sueldo de López Obrador, a dicho del propio presidente.

Mucha gente no involucrada en política piensa que, por sistema, el INE debe rechazar cualquier nuevo partido. Se percibe a estas organizaciones como simples negocios particulares. Esta imagen es producto de las cantidades multimillonarias de dinero público que reciben.

Mi posición es que deben ser los electores, y no los consejeros del INE, quienes decidan en las urnas qué partidos o candidatos deben gobernar y cuáles desaparecer. Para eso es la democracia. Si queremos evitar que los partidos se conviertan en negocios, la solución es reducir o eliminar el subsidio que reciben de los contribuyentes. Los partidos no deben ser parásitos de la sociedad: pueden buscar sus propios recursos, como en Estados Unidos.

México Libre va ahora al Tribunal Electoral, pero el fallo puede ser influido por el presidente López Obrador, quien aplaudió la decisión del INE y la consideró "justicia divina". El ejecutivo no debe tratar de influir sobre los jueces o magistrados. Así como los votantes, y no los consejeros electorales, deben escoger con su sufragio a los candidatos o partidos de su preferencia, así los jueces deben poder ofrecer sus fallos sin presiones del primer mandatario.

Nada más lejano a las preferencias de un liberal que un partido religioso como Encuentro Social, hoy rebautizado Encuentro Solidario. El PES, con cualquier otro nombre, sigue siendo el mismo pez. Coincido, sin embargo, con la decisión de darle registro. Negar derechos políticos a los ministros de culto viola la garantía de igualdad ante la ley.

La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) para negarle el registro a México Libre, como partido, y dárselo a Encuentro Solidario, dejó a los consejeros en medio de lo que es la política mexicana: fea, ruin y de mal nacidos, con atropellos innecesarios y contraproducentes. Tiene el agravante del rencor epidérmico del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sin reparar en los aspectos legales de la decisión, concluyó que votar contra el partido que encabeza Margarita Zavala, cuyo principal promotor es el ex presidente Felipe Calderón, los salvó de fenecer por la poca credibilidad que tiene.

La desafortunada frase de López Obrador de que la decisión contra México Libre "fue un triunfo del pueblo", exhibe el trauma que arrastra desde la elección presidencial de 2006 y su odio incontenible contra Calderón. Como un elefante que aplasta todo a su paso, desconoció el trabajo del INE y dejó la percepción de que los consejeros le tuvieron miedo y lo apoyaron contra su enemigo eterno. La democracia no es algo en lo que cree López Obrador, y al haberse inmerso en tecnicismos en sus votaciones, el contexto hizo del INE un daño colateral.

En contra del registro de México Libre votaron el consejero presidente Lorenzo Córdova, Norma de la Cruz, Adriana Favela, José Martín Fernando Faz, Carla Humphrey, Ciro Murayama y Jaime Rivera.

Contra del registro de Encuentro Solidario, Córdova, De la Cruz, Murayama y Dania Ravel. Sólo fueron consistentes en sus votos en contra Córdova, De la Cruz y Murayama, al igual que Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Zavala, que lo hicieron a favor por ambos. Lo que en la superficie parecería una contradicción de algunas consejeras y consejeras, no lo es.

"Los motivos eran diferentes", explicó Rubén Álvarez, vocero del INE, "injerencia de un ente prohibido (ministros de culto) y dinero opaco (8% a través de Clip)". El argumento de Córdova, De la Cruz y Murayama es que un importante número de firmas para alcanzar el registro de México Libre se obtuvieron afuera de iglesias, y que al utilizar la plataforma Clip, el origen de los recursos no era transparente. Calderón denunció inmediatamente la resolución y afirmó que en Clip están perfectamente identificados los afiliados. En lo que compete a Encuentro Solidario, agregó Álvarez, Favela, Humphrey y Rivera "no consideraron que estuviera suficientemente acreditada la intervención de ministros de culto religioso en las asambleas" de ese partido.

El voto cruzado es polémico y alargará la controversia. "Cada caso se debe analizar por separado, más allá de alguna evaluación genérica que se quiera hacer del desempeño del Consejo General", explicó Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y con amplia experiencia en temas electorales. "En efecto, en el 1er. caso había violación a un principio constitucional que para varios consejeros no tiene peso. Desde mi punto de vista sin embargo, se trata de una evaluación a detalle para ver si una organización va a ser partido nacional. Cualquier violación o falta (y hasta presunciones en materia penal o de violación a derechos) debería ser suficiente para no dar esos registros".

Negarle el registro a México Libre y Encuentro Solidario parecía lo más adecuado, pero se evaluó de diferente manera la participación de los ministros de culto. Fue suficiente en el 1er. caso que se recogieran firmas afuera de las iglesias católicas para negar el registro, pero no lo fue en el 2o. caso, donde ministros de culto evangélicos recogieron firmas para el partido confesionalista que emergió de Encuentro Social, un partido que en 2018 hizo alianza con Morena para llevar a López Obrador a la Presidencia a cambio de su apoyo para que Cuauhtémoc Blanco fuera gobernador en Morelos.

La discusión sobre el voto dividido será llevada al Tribunal Electoral, que decidirá si el INE actuó correctamente. Pero la intromisión salvaje de los políticos, es un mensaje ominoso a consejeras y consejeros de lo que se avecina en las próximas elecciones de 2021. Ante opinión política y pública, no existen discusiones técnicas o legalistas, menos aún interpretaciones diferentes que lleven a votaciones divididas o cruzadas. Ante ellas todo tiene un trasfondo político, como lo dejaron ver sonoramente López Obrador y Calderón, desde trincheras diferentes.

Tan lamentable la declaración del presidente, como la que hizo el ex presidente en contra de Córdova y el INE, suponiendo que la negativa del registro era un acuerdo cocinado tiempo atrás de que se llegara a la votación. Ninguno de los 2 está actuando con el temple que deberían tener 2 políticos fogueados, ni aceptan el principio democrático de que las reglas son parejas para todos. Si a uno no le gustan, como antes fue López Obrador y hoy es Calderón, que recurran a las instancias legales que correspondan, como será el Tribunal Electoral, pero que no ensucien con exabruptos y sarcasmos la muy deteriorada democracia mexicana.

A muchos les parece etéreo hablar de la democracia aquí en México, pero sin ella no habría este tipo de discusiones, aunque sean pueriles, ni habría libre asociación, ni competencia electoral, ni libertad de prensa, ni de pensamiento, ni respeto a los derechos humanos ni a las garantías individuales. Es cierto que en todas ellas ha habido un retroceso en este 1er. tercio del sexenio de López Obrador, lo que tendría que ser un incentivo para luchar por lo que tanto trabajo costó a 2 generaciones, antes que el espíritu autoritario de quien hoy nos gobierna termine con lo que falta.

Uno puede estar o no de acuerdo con los votos del INE el viernes pasado, pero tampoco pueden lloriquear algunos consejeros para deslindarse de algunos votos con los que estaban en desacuerdo. Que se preparen y reflexionen qué harán, porque lo del viernes fue una pequeña luz del infierno que probablemente se avecina.

El expresidente Felipe Calderón acusó que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron "convencidos" de cambiar su voto en contra para que México Libre no obtuviera el registro el pasado viernes.

El exmandatario señaló que la consejera Adriana Favela Herrera conocía el expediente del partido y que, aseguró, se habían reunido los requisitos para el registro por lo que votaría a favor, sin embargo, señaló que la consejera "de repente" votó en contra.

"¿Qué pasó en el INE que de un día para otros consejeros fueron 'convencidos' de cambiar su voto? Vean: La consejera conocía el expediente y sabía que habíamos cumplidos los requisitos. Votaría en favor. De repente vota en contra por razones que dice desconocer. Juzguen ustedes", escribió.

En el extracto del video difundido por Calderón Hinojosa se escucha a la consejera electoral comentar: "Yo voté a favor del proyecto de México Libre, pero me acabo de enterar de que no se le dio trámite a una vista del 4 de agosto que se le dio a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; apenas ayer, tengo entendido que se formó el cuaderno de antecedentes en donde se está dando cuenta de irregularidades en la conformación de esta organización".

"Entonces yo no tengo esos elementos, para por lo tanto votaría en contra de que se le dé el registro a México Libre", dijo.

Muy poco honor ha hecho la bancada mayoritaria del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso [de Jalisco] al nombre de ese instituto político al cumplir más de una año de retraso en la integración del Consejo de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público.

Una 1a. convocatoria para integrar este consejo indispensable para que transiten iniciativas y mecanismos de participación ciudadana lo echó abajo la mayoría naranja hace más de un año, luego de la aprobación de una iniciativa del gobernador Enrique Alfaro que se enriqueció con un ejercicio de parlamento abierto, que coordinó la comisión de participación ciudadana, que preside la diputada priista Mariana Fernández, junto con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del gobierno estatal, para crear así la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza.

Poco importó que a esa invitación que emitió la LXII Legislatura a través de la comisión de participación ciudadana, y que estuvo publicada más de 10 días a partir del 25 de julio del 2019, hayan respondido 23 aspirantes que acudieron a la mesa de registro instalada del 19 al 31 de agosto, de los cuales 21 fueron dictaminados como elegibles.

Inexplicablemente la fracción mayoritaria del partido Movimiento Ciudadano se opuso a ese dictamen, rompió el quorum y provocó que la convocatoria se declarara desierta.

Ese desinterés mantiene a esta nueva ley en la inutilidad total cerrando así la posibilidad de que los jaliscienses hagan uso de los mecanismos y herramientas de participación ciudadana que ahí se incluyen.

Una de las modalidades de participación contempladas en esa ley es justamente la iniciativa ciudadana como la que presentó hace unas semanas la asociación política Hagamos llamada "sin cuates ni cuotas" para regular las designaciones públicas y que diseñaron luego de la grave crisis política que provocó el asalto que hizo la LXII Legislatura la madrugada del 19 de junio al Consejo de la Judicatura, al imponer irregularmente a 3 de sus integrantes.

Reunieron más de 30,000 firmas que ya fueron validadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) pero que está congeladas en el congreso porque no está integrado el consejo que se abortó, como señalé arriba, hace más de un año.

La embestida de la mayoría naranja y sus aliados en el congreso local contra el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) por sus críticas a la ilegalidad del nombramiento de las y el consejero de la Judicatura, y la dilación y los obstáculos impuestos para integrar este consejo que haga operar la Ley de Participación Ciudadana confirman lo incómodo que les resultan los contrapesos ciudadanos a la hora de la toma de decisiones, sobre todo cuando se trata de hacer nombramientos, donde sólo quieren colocar a incondicionales que no se atrevan a contravenirlos. Por eso urge presionar para que en el congreso integren este consejo o que se apruebe ya que el IEPC cumpla sus funciones mientras no exista. Basta ya de pretextos y coartadas para buscar acallar desde el poder a la voz ciudadana.

Luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) negó el registro como partido político a la organización México Libre, la ex candidata presidencial y una de sus dirigentes, Margarita Zavala, anticipó que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial a impugnar esa decisión que llamó "absurda".

La esposa del ex presidente Felipe Calderón, acusó que el Consejo General discutió su registro sin considerar toda la información y, tras año y medio de iniciado el proceso, a última hora se cambiaron las "reglas del juego" para aplicarlo exclusivamente en contra de México Libre.

Dijo que hace días esa agrupación advirtió sobre una estrategia desde el gobierno federal para cerrar el paso a México Libre.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), instó al ex mandatario Felipe Calderón a protestar pacíficamente tras la negativa del INE de avalar como partido político a su agrupación México Libre.

Además, el mandatario consideró que esta decisión "es un triunfo del pueblo de México" y de la fuerza de la opinión pública.

"¿Qué le recomendaría a Felipe Calderón? Que haga lo que hicimos nosotros. Que convoque a movilizaciones pacíficas como lo hacíamos cuando nos robaron la Presidencia en 2006 y fuimos miles al Tribunal Electoral", expuso en referencia a los comicios presidenciales que ambos disputaron hace 14 años.

López Obrador ironizó al señalarle a Calderón que, de no haber justicia, vaya al extranjero a pedirla, pero "no en Nueva York, porque allá está (Genaro) García Luna", ex secretario de Seguridad Pública preso por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Tras estas declaraciones, Margarita Zavala señaló que México Libre es encabezado por ella, no por su esposo, y pidió al mandatario respetar el esfuerzo de más de 250,000 mexicanos que conforman la agrupación.

"Usted confiesa que presionó al INE, ahora amenaza al tribunal, con usted pierde la democracia y México", declaró.

El Instituto Nacional Electoral (INE) negó el registro como partidos políticos a México Libre y a Redes Sociales Progresistas, relacionados con Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo, respectivamente.

En lo correspondiente a México Libre, hubo una votación dividida: fueron 7 sufragios a favor y 4 adversos.

El titular del INE, Lorenzo Córdova, se mostró en contra del instituto ligado al expresidente Calderón y su esposa, Margarita Zavala, pues 8.18% del financiamiento no pudo ser identificado.

En el mismo sentido se expresó el consejero Ciro Murayama: "Es uno de los casos en los que hemos identificado que se cae en el supuesto de dificultad para identificar en más de 5% el origen de los recursos del partido", dijo.

Tras conocerse el dictamen, el exmandatario arremetió contra el INE y criticó la decisión. "Si querían negarle el registro a México Libre, señoras y señores consejeros, al menos se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener".

Afirmó que sus donantes "están perfectamente identificados".

En el caso de Redes Sociales Progresistas, no alcanzó los votos para obtener el registro.

Córdova señaló que 1 de cada 5 pesos que gastó el organismo vinculado a la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue obtenido sin precisar el origen del financiamiento.

También explicó que durante la realización de varias asambleas se entregaron dádivas a los asistentes, algo prohibido.

El Grupo Social Promotor de México, antes Nueva Alianza, tampoco pudo conseguir la mayoría para participar en futuras elecciones.

En sentido contrario y pese a que se detectaron diversas irregularidades en su proceso de afiliación, como la participación de ministros de culto en sus asambleas, se decidió avalar al Partido Encuentro Solidario (PES), antes conocido como Encuentro Social.

Consumada ayer la embestida de la bancada mayoritaria del partido Movimiento Ciudadano y sus aliados contra el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), con la facciosa aprobación dividida en el pleno del acuerdo legislativo de la diputada del Partido Verde, Rosa Angélica Fregoso Franco, donde se pide que la Fiscalía investigue y se separe del CPS a David Gómez Álvarez, en venganza por las críticas que hizo ese órgano ciudadano del SEA por los irregulares nombramientos de 2 consejeras y un consejero de la Judicatura la madrugada del viernes 19 de junio, y que seguramente no prosperará más allá del Congreso [de Jalisco] que dirige una Legislatura LXII que se sume cada vez más en el desprestigio, es momento de exigirles a las y los diputados que se dejen de mezquindades y se pongan a discutir y a emitir ya la convocatoria para integrar la nueva Comisión de Selección del SEA.

Como comunidad no podemos permitir que desde el poder se nos arrebaten estos 2 espacios que tardamos décadas en construir y que son la única esperanza de que tengamos algún día un verdadero sistema anticorrupción.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó negar el registro para que cuatro organizaciones se conviertan en partidos políticos.

La negativa fue para Redes Sociales Progresistas, vinculada a Elba Esther Gordillo; Fuerza Social por México, del líder sindical Pedro Haces; Fundación Alternativa, del exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz; y Súmate a Nosotros, del expanista Manuel Espino.

En sesión, la Comisión aprobó que a 3 organizaciones sí se les otorgue el registro: Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre), de Margarita Zavala y Felipe Calderón; Encuentro Solidario, antes Partido Encuentro Social; y Grupo Social Promotor de México, antes Nueva Alianza.

Este viernes será cuando esta decisión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos sea sometida a la consideración del Consejo General del INE y se determine, en definitiva, si procede tal cual fue aprobado esta tarde de jueves.

Del total de observaciones realizadas por la ASEJ a las cuentas públicas del Congreso del Estado en la última década, se han acumulado 1,096 millones de pesos (MDP) en gastos sin aclarar, pero por intervención de tribunales o de los propios diputados, esa cifra ha sido prácticamente "sepultada".

En noviembre pasado, este medio reportó que todavía no hay responsables de los presuntos malos manejos de los presupuestos ejercidos entre 2009 y 2018, que involucran a funcionarios de las últimas 4 legislaturas.

Entre las revisiones del gasto que se encuentran detenidas por suspensiones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa, se encuentran los ejercicios de 2009 y 2010. La Auditoría advirtió irregularidades por 281.3 millones y 113.9 millones, respectivamente.

En marzo de 2018, los diputados locales votaron en contra de hacer observaciones a los informes finales de las auditorías correspondientes a los años 2011 y 2012.

Con esa decisión se libró de responsabilidad a los exfuncionarios del legislativo que estuvieron involucrados en las omisiones: José Manuel Correa, Ernesto Díaz Márquez y Enrique Carlos Trejo Orozco, quienes fungieron como secretario general, director de Control Presupuestal y director de Administración durante la LIX Legislatura de Jalisco.

Además, la Comisión de Vigilancia ha demorado en la revisión de los gastos 2013, 2014 y 2016. Éstos suman observaciones por 68.7 millones de pesos. El único ejercicio "limpio" es del año 2017, aunque también deberá esperar en la fila. El correspondiente a 2018 todavía está en tiempo de fiscalización.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuperó la presidencia de la Cámara de Diputados tras una polémica votación.

Con 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones, fue elegida como nueva titular para el 3er. y último año de legislatura la priista Dulce María Sauri, quien ejercerá el cargo hasta las elecciones del próximo año.

Con esto, se quedó en el camino la fracción del Partido del Trabajo (PT) y su aspirante, Gerardo Fernández Noroña.

De esta manera, se cumplió con el reglamento que establece que cada año se tiene que rotar el cargo, el cual ha sido ocupado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Acción Nacional (PAN).

El puesto le correspondía este año al PRI por ser la 3a. fuerza de la cámara; sin embargo, el PT intentó evitarlo al sumar a sus filas a diputados de otros partidos, pero el tricolor respondió de la misma forma e integró a 4 del PRD.

Luego de que Sauri llegó al cargo, los legisladores del Sol Azteca regresaron a su bancada.

Por este forcejeo, la candidata del PRI no obtuvo el lunes la mayoría calificada necesaria en la votación.

Fernández Noroña señaló de manera directa a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, de meterse en la negociación.

El contundente triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018 catapultó al Partido del Trabajo a conseguir una presencia inusitada en la Cámara de Diputados de 61 representantes y con ello, significarse como la 3a. fuerza política.

Sin embargo, con el paso de los días empezó a cederle diputados a Morena para que esta fracción parlamentaria alcanzara la mayoría simple y con ello, hacerse de la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

A partir de ese momento, el PT recobró el rol secundario que siempre ha tenido y de protagonista político pasó a ser patiño de los morenistas.

Ahora, quisieron recobrar lo que les pertenecía por derecho, pero por sus propios yerros, no accedieron a ese lugar privilegiado, que por número de diputados, ahora le corresponde al PRI.

Además, el Revolucionario Institucional canjeó su voto en la Permanente para dar paso al periodo extraordinario que abrió la puerta para que las farmacéuticas internacionales irrumpan en el escenario nacional, con sus medicamentos que, por cierto, no cumplirán con los requisitos que les impone la Cofrepis a la industria farmacéutica nacional, pero bueno, esta es otra historia.

El propio presidente de la república confirmó ese acuerdo el día de ayer al sentenciar que la presidencia de la Mesa Directiva de la cámara baja le corresponde al PRI, desplazando con esta declaración a su aliado político, el PT.

Lamentable el papel del Partido del Trabajo que hasta su aliado número 1 los haya tirado de una posición que originalmente era de ellos.

La apuesta del PT por Gerardo Fernández Noroña, no solo fue desastrosa, sino que conlleva repercusiones electorales que lo colocan en la antesala de los partidos políticos que perderán el registro el próximo año.

De este tamaño es la pifia del PT por apoyar a un kamikaze político, un cartucho quemado, un mercenario de la política desde hace ya varios años.

Fernández Noroña, tiene más negativos y enemigos políticos como el que más, tanto en las mismas filas de Morena, como en todos los demás partidos políticos.

Por su parte, Alberto Anaya, líder máximo de este partido político, también no las tiene todas consigo, ya que su sempiterna presencia al frente del PT provoca escozor hasta entre sus cuates.

Así las cosas, el PRI tiene una oportunidad dorada para reposicionarse en el ánimo de los electores, al contar con una posición de privilegio en la Cámara de Diputados y con ello, tendrá reflectores rumbo a la elección intermedia del 2021.

Llama la atención que el PRI, para alcanzar esa mayoría ficticia que le aseguró el 3er. lugar en la cámara baja en cuanto al número de miembros de la fracción, contó con el apoyo del PRD, al cederles 4 legisladores, cuando se esperaba que fuera el PVEM, ya que en sus filas hay miembros connotados del primer círculo de colaboradores de Enrique Peña Nieto, pero bueno no hubo necesidad de regresarlos a su cuna materna.

Hay que recordar que en los trabajos iniciales de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, el acuerdo reconoció la mayoría del grupo parlamentario de Morena para presidir la Junta de Coordinación Política durante el lapso de la legislatura, así como la presidencia de la Mesa Directiva durante el 1er. año de actividades.

En el mismo acuerdo, firmado por todos los coordinadores parlamentarios, se reconoció la composición originaria de los grupos parlamentarios que fue formalizada en la declaración constitutiva del 4 de septiembre de 2018, y se plasmó el compromiso de respetar lo dispuesto en el artículo 17, numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General, de que la 2a. fuerza política, representada por el PAN, y la 3a. fuerza política, el PRI, presidirían la Mesa Directiva en los años sucesivos.

Hace 6 años, un desplegado en esta casa editorial pidió a abogados de "carrera intachable" no participar en la convocatoria del Congreso de Jalisco para la elección de magistrados.

"No pierda el tiempo y no se inscriba (...) Son una farsa hecha a modo para los amigos de quienes controlan el Congreso", se leía en el desplegado publicado por los diputados de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Esto puso furiosos a legisladores del PAN, PRI y PRD.

Ofendidos, los panistas negaron la existencia de un sistema de "cuotas y de cuates", pero la semana pasada, Herbert Taylor balconeó a Chema Martínez y a Juan Carlos Márquez como operadores de aquel "mercado" de designaciones.

A 6 años de distancia, ¿el "mercado" prevalece? Ahora los diputados naranjas, con la mayoría en el congreso local, tienen la oportunidad de desarmar aquel sistema de corrupción que ha cooptado al Poder Judicial de Jalisco.

Comandados por el sheriff legislativo Salvador Caro, ¿tendrán tantita memoria?

Ayer, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, informó que el legislador sonorense Manuel López Castillo reculó en su decisión de sumarse al PT para permanecer en la bancada morenista.

De esta manera, Morena retiene la mayoría absoluta, con 251 legisladores y con ello mantiene la presidencia de la Jucopo del órgano legislativo, pero el PT y el PRI se quedan con 46, por lo que están empatados como la 3a. fuerza política en la cámara.

Todavía ni precandidatos hay y las encuestas de preferencias electorales aparecen un día sí y otro también. Estamos en el tiempo de los cálculos, las traiciones, los golpes bajos, las deslealtades, el ascenso o descenso de un grupo o de otro; es plena temporada de chapulines también y seguramente se arman expedientes y estrategias en los sótanos del poder.

La próxima semana, el 7 de septiembre para ser precisos, arrancará en nuestro país el proceso electoral 2020-2021 rumbo a las elecciones intermedias del año entrante, en las que se renovará la Cámara de Diputados (500 curules), 15 gubernaturas, congresos locales, todos, menos los de Coahuila y Quintana Roo, aunque sí tendrán elecciones municipales; y de ayuntamientos, precisamente, comicios en todo el país menos en Ciudad de México, Durango e Hidalgo. Todo el territorio nacional en un proceso complejo, intenso y costosísimo: la propuesta presupuestal es casi de 25,000 millones de pesos.

El asunto es que, en México, estamos inmersos en un contexto político particular, complejo, tenso, tirante, hasta vulnerable podría decir, como para combinar hechos que sólo contribuyen al enrarecimiento y a la pesadez del ambiente.

Igual que con la pandemia, toca hacer de tripas corazón y mantenernos a salvo lo más posible de las fake news y de la violencia política que se da en ese marco que, parece, es cada vez peor elección tras elección.

Ya sabemos cómo son los procesos electorales en México; lo mejor será armarse de paciencia, informarnos siempre bien, buscar datos de calidad, no perder de vista lo que es importante en función de nuestro papel como futuros electores -en la medida de lo posible- vacunarnos contra la manipulación y lidiar con todo a la vez.

Con la incorporación del diputado Manuel López Castillo a la bancada del Partido del Trabajo (PT), ese grupo parlamentario rebasó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se convirtió en la 3a. fuerza en la Cámara de Diputados federal, por lo que reclama la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro.

El nuevo legislador del PT abandonó las filas de Morena y dejó a esa organización con 250 diputados, lo que significa que ya no tiene la mayoría simple. Con ello, corre el riesgo de no presidir la Junta de Coordinación Política.

El PT también sumó a sus filas a José Ángel Pérez, del Partido Encuentro Social, y a Héctor Serrano, quien no estaba ligado a ningún grupo. Hasta ahora, ya suma 47 diputados.

El próximo lunes se renovará la presidencia en la cámara baja, que busca ser encabezada por el petista Gerardo Fernández Noroña. Actualmente ese cargo lo ostenta la panista Laura Rojas.

El presidente López Obrador con frecuencia habla de lo diferente que es su gobierno respecto a los que le precedieron.

Sin embargo, con pocas excepciones, observamos que lo conforman personajes que formaron parte de anteriores administraciones -locales o federal- o que forman parte de algo que genéricamente podría denominarse la 'clase política' de México.

Cuando se observa la trayectoria de nuestro país no puede uno sino concluir que no nos podemos sentir orgullosos de esos políticos.

Los partidos y la administración pública han sido dirigidos en lo general por personas, que más allá de sus capacidades individuales, han visto al poder como un fin en sí mismo o como un medio para obtener negocios y riquezas.

Quizás todo comenzó en los tiempos en los que los generales revolucionarios se convirtieron en administradores públicos.

Los triunfadores de la revolución se dedicaron a ejercer el poder y manejar el presupuesto y de allí nació una amplia clase empresarial que aprovechó una economía que dependía ampliamente del Estado.

Hubo excepciones desde luego. Pero también una regla para hacer negocios al amparo del Estado.

Lo que hoy se conoce como 'corrupción' era la práctica regular, tolerada por los gobiernos y asumida por empresarios y ciudadanos.

Cambió su intensidad. No fue lo mismo la etapa del Maximato cuando mandaba Plutarco Elías Calles que el sexenio de Cárdenas. Tampoco la etapa de Miguel Alemán Valdés que el sexenio de Ruiz Cortines. Fue diferente el sexenio de López Portillo que el de Miguel de la Madrid. O más recientemente el de Salinas que el de Zedillo.

Pero, la realidad es que algunos rasgos de la clase política no cambiaron.

Quizá lo que acabó dando un destino al país fue que, a pesar de que se dio la alternancia política con el triunfo de gobiernos estatales del PAN y del PRD, muy pronto esos grupos fueron asimilándose a los estilos políticos que tenían décadas de prevalecer.

No se heredó ni la 'pureza' de los militantes panistas de los 50 y 60, ni las virtudes de los militantes de izquierda que no dudaban en sacrificar bienestar individual y vida por sus ideas y aspiraciones.

Al paso de los años, tuvimos una hibridación. Muchos priistas de formación y visión terminaron formando parte de partidos de izquierda. Primero del PRD y luego de Morena.

Algunos también acabaron en el PAN. Pero, en el blanquiazul, sobre todo, hubo una réplica de las prácticas priistas de antaño.

Por eso, la clase política que se configuró a lo largo de este siglo tiene muchos rasgos que le son comunes, al margen de los partidos que representen.

Claro que hay excepciones en casi todas las fuerzas políticas, pero precisamente por el hecho de serlo, se hacen notar.

Por una razón o por otra, a México le ha fallado su clase política.

El potencial del país permitiría que la gente viviera mucho mejor de lo que hoy vive, y que pudiera aspirar a mucho más de lo que hoy aspira.

Pero, como dice el viejo adagio: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen.

Es probable que su autor se haya inspirado desde hace décadas en nuestro país.

Cayó, como se esperaba, la denuncia del PAN en contra de Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República; y de David León, ex coordinador de Protección Civil y Morena, por el presunto delito electoral de financiamiento ilegal de campañas. Sin embargo, lo visible oculta el fondo de un episodio que, fuera de lo legal y penal, esconde una historia de trampas y traiciones dentro del Partido Verde, donde el principal involucrado es el senador Manuel Velasco, pero alcanza a salpicar de manera preponderante al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Velasco, el senador que de ser compadre del ex presidente Enrique Peña Nieto y profesarle públicamente su amor, brincó a la trinchera de Andrés Manuel López Obrador entregándole el estado a sus intereses electorales. Hoy, sus métodos de chantaje, se le han revertido frente al presidente, y abierto la imaginación de personas informadas que sospechan si el ex gobernador no es, en realidad, un Caballo de Troya. Su nerviosismo tras la divulgación del video, comentan cercanos a él, sugiere que como debe, teme.

Grabar a políticos y empresarios como una forma de garantía de seguridad que algunos llaman eufemísticamente chantaje político, era un método seguido por Velasco, quien grabó a decenas de personas que acudieron a él por apoyos, que se puede traducir en dinero, entre aspirantes a puestos de elección popular -como podría estar el actual gobernador de Chiapas-, líderes opositores e, incluso, secretarios de estado del gobierno de Peña Nieto. El video de Pío López Obrador se inscribe en esa mecánica, aunque por la intranquilidad registrada en él desde el jueves pasado, probablemente no fue él quien filtró tan dañino video.

El video fue grabado por el mismo León, quien trabajaba como asesor en comunicación con el gobernador Velasco. León tenía un socio en la consultoría, Gerardo Pasquel, quien había sido consejero del Partido Verde y diputado local por el Estado de México, hasta el verano de 2009, cuando pidió licencia. Junto con León llegaron a manejar la comunicación y las relaciones políticas de Velasco en la 2a. parte de su gobierno, hasta que se separaron. Pasquel, que recibió contratos de publicidad en el gobierno de Peña Nieto, se fue a Tamaulipas, a trabajar con García Cabeza de Vaca. León, como lo hizo el entonces gobernador, se pasó a la trinchera de López Obrador.

La relación entre los socios terminó mal -muy peleados. Cada quien siguió su camino. León se integró al equipo de logística de López Obrador desde la campaña y continuó de esa manera hasta que lo nombró coordinador nacional de Protección Civil. Su trabajo eficiente hizo que recientemente lo promoviera a dirigir una nueva empresa en proceso de creación, que administrará la compra de medicinas en el extranjero y su distribución en el país. En espera de que surgiera esta empresa estaba León cuando el video con el hermano de López Obrador lo demolió. Ni nombramiento, ni nada. Probablemente su carrera política se acabó.

Pasquel se asoció con su hermano Bernardo, y con Adrián Escobar, hermano a su vez del diputado Arturo Escobar, uno de los dirigentes del Verde y uno de los grandes operadores electorales del partido, en una empresa que hoy se encarga de adquirir y distribuir los medicamentos para el gobierno de Cabeza de Vaca, además de asesorarlo en temas de comunicación social. La llegada de León no lo iba a beneficiar en el negocio. El video lo difundió el periodista Carlos Loret el jueves pasado a través de la plataforma LatinUs, una empresa propiedad de Miguel Alonso, cuya esposa fue secretaria particular de Arturo Escobar.

Las redes de vínculos sólo permiten hacer conjeturas, porque no hay prueba hasta este momento que en busca de salvaguardar un negocio, hayan entregado a LatinUs el video para descarrilar a León. Loret recibió personalmente el video en sus manos -que eliminaría cualquier intermediación con su patrón-, y León supo que lo iba a transmitir cuando menos 5 días antes de su difusión.

Incluso, en la víspera de la difusión, envió mensajes crípticos con la misma redacción: "Solamente para agradecerte el apoyo que me has dado siempre, especialmente en mi paso por Protección Civil".

Ese día no se entendía el porqué de tal mensaje, pues hasta ese momento su carrera ascendía meteóricamente. León sabía la bomba que explotaría. Preguntas en busca de respuestas se le hicieron llegar por WhatsApp, pero sólo se recibió silencio. Previamente anunció que aclararía todo en la Fiscalía General, salvo una pregunta que no va a responder: ¿Por qué si Velasco grababa todo, fue el video del hermano del presidente el que se filtró?

No parece una vendetta por asuntos de negocios, que sería el caso si Pasquel fuera el responsable de su difusión, pues podría haber entregado otros más, también escandalosos, sin meter al hermano del presidente, y no abrirse un frente al más alto nivel del poder. Esto nos lleva al origen de este texto, el papel de Velasco en todo este nuevo embrollo con potencial de escándalo, al quedar expuesto su modus operandi con la clase política y empresarial.

López Obrador bien le puede estar preguntando, por ejemplo a través del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, a quien el ex gobernador llama lambisconamente "padrino", qué tenía en la cabeza cuando grabó a su hermano. Viejos aliados de Velasco podrán reclamarle que los haya grabado, una vez que descubrieron por los medios que así lo hacía. Si León debe explicaciones de índole electoral y penal, Velasco las debe de índole legal -por grabar sin consentimiento de la otra parte- y político. Por sus marrullerías, el senador bien pudiera ser la siguiente víctima de este episodio.

Desde la década de los años 2000 comenzaron a circular filtraciones a la opinión pública, con videos e imágenes de personas que se dedican profesionalmente a la política y que reciben cuantiosas cantidades de dinero en sobornos, pero también para el financiamiento ilegal de campañas políticas.

Esta serie de filtraciones y revelaciones han contribuido enormemente a profundizar el descontento ciudadano con la democracia, y a que México sea el país de América Latina (junto con Venezuela), en que mayor descontento expresa su ciudadanía respecto de la calidad y utilidad de la misma.

Esas bolsas y maletas repletas de dinero constituyen veneno puro en contra del orden institucional; subvierten las reglas de equidad, legalidad y honestidad que deben guiar a la competencia democrática, y revelan el carácter sistémico de un régimen de corrupción.

Ese carácter sistémico se expresa tanto en la participación reiterada de la clase política en actos de corrupción, como en las alianzas soterradas con grupos del crimen organizado, que han penetrado policías, fiscalías, gobiernos estatales; y por las acusaciones que se han hecho formalmente en los Estados Unidos de América contra del ex secretario de Seguridad Pública federal (2006-2012), parece que el poder corruptor ha llegado a las más altas esferas del poder político.

Por otra parte, son igualmente delicadas y graves las acciones de una parte del sector privado que ha participado de estas componendas; porque si lo que se ha documentado tiene montos millonarios, es válido pensar que hay mucho más aún en las sombras o respecto de lo cual no hay registro gráfico conocido.

En esa lógica, es necesario pensar en cómo y mediante cuáles mecanismos se logra, en 1er. lugar, transformar en efectivo -para no dejar huella fiscal”- el dinero que se entrega a los políticos; y luego cómo ese dinero entra nuevamente a la economía formal.

En todo esto, lo que debe comprenderse es que la discusión pública no puede reducirse al absurdo de comparar sumas entregadas, o incluso, la intención y los fines de las mismas, como si robar menos, como el alcalde que afirmó "robar, pero poquito", o como si pensar que el fin justifica los medios alcanzara para distinguir a quién efectivamente puede acusarse o no de corrupción.

Así las cosas, lo que debemos ser capaces de desmontar es todo un entramado y sistema de reglas paralelas a las formalmente establecidas en la Ley, y con base en las cuales pareciera que es como operan real y efectivamente las maquinarias político-electorales de todos los grupos que disputan "legalmente" el poder.

Hay que subrayar entonces, que lo que viaja en esas bolsas y maletas no es solo dinero; es el poder que subvierte el orden constitucional y tuerce al Estado de Derecho. Es la gangrena que pudre al sistema institucional y que dinamita la posibilidad de construir una democracia como estilo de vida.

Por ello es importante subrayar lo hasta aquí dicho y mostrar el daño que le han hecho al sistema democrático institucional todas y todos quienes han participado de hechos tan reprobables.

Frente al proceso electoral de 2021 la pregunta que surge es, ¿cuántas maletas más están ya en camino o preparándose para garantizar o buscar el triunfo de candidatos y candidatas que garantizan la protección o ventaja para determinados grupos? ¿Cuántas bolsas más y cuántos videos más estaremos viendo en los meses por venir?

De acuerdo con el Inegi, en el 2019, los partidos políticos obtenían una calificación de "confianza institucional", de 3.8 puntos, en una escala de 1 a 10; las cámaras de Diputados y Senadores obtuvieron un 4.3; los gobiernos estatales fueron valorados con un 4.9; los gobiernos municipales y los servidores públicos en general con 5.1; mientras que el gobierno federal obtuvo 5.6 puntos.

No hay democracia que pueda arraigarse y pervivir con esos indicadores; debemos aspirar por el contrario a una democracia que responsa a los valores y principios de la honestidad, la transparencia, la legalidad y la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la vida pública.

El gobierno de Enrique Alfaro ha lanzado una burda campaña contra el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción. El blanco al que apuntaron fue David Gómez Álvarez, el más reciente de los 5 miembros del Comité. Desde el cinismo político alguien podría decir que no es personal, pero en este caso todo es personal: se ha usado de la manera más vil y artera información de una demanda de divorcio, donde todos los datos que están ahí son información privada, que sólo compete a los involucrados, a nadie más.

Cuando la Comisión de Selección, de la que soy parte, nombró a los primeros 5 miembros del Comité en 2017, hubo molestia de algunos poderes fácticos, lo cual habla bien de nuestro trabajo: lo que se buscaba era hacer una Comisión que no respondiera a los poderes, ni a los fácticos ni a los legalmente constituidos, pues se trata de un comité ciudadano de vigilancia y coordinación de los elementos del Sistema Anticorrupción y los sujetos a observar son los poderes. Se criticó en su momento la falta de "peso político" de los miembros, pero el objetivo principal era la independencia de éstos. En 2019 el diagnóstico de la Comisión de Selección fue que, si bien el Comité estaba trabajando muy bien, le faltaba presencia pública. Se eligió entonces a Gómez Álvarez y, otra vez se incomodó al poder, lo cual de nuevo habla bien de la designación.

Lo que está en juego detrás de estos ataques es el control del poder judicial. El CPS se amparó ante las designaciones arbitrarias y contrarias de la propia convocatoria del Congreso del Estado, de los consejeros de la judicatura. Lo que viene en las próximas semanas es la designación de 10 magistrados y es ahí donde un CPS independiente estorba a los alfaristas. Coincidentemente el congreso debe nombrar la nueva Comisión de Selección antes del 14 de septiembre, que es cuando la actual termina su encargo. El juego del congreso, liderado por el diputado Salvador Caro, es sacar la convocatoria lo más tarde posible para no dar tiempo a que se inscriban perfiles que no sean del agrado del gobierno de MC (la convocatoria está lista y guardada en un cajón). Al mismo tiempo, desde Casa Jalisco operan contra el CPS (no hay duda, los operadores de medios del gobernador son quienes han vendido y promovido la nota contra Gómez Álvarez publicada en el sitio Código Magenta), y desde el congreso algunas diputadas naranjas reclaman al consejero una violencia de género que no suscribe quien, dicen, fue la afectada. El objetivo de MC es forzar la renuncia de Gómez Álvarez para que la próxima Comisión de Selección pueda elegir a 2 nuevos miembros del comité y así desequilibrar a un incómodo CPS.

El objetivo del sistema anticorrupción ha sido y es incomodar al poder, y lo están logrando. Enhorabuena. Apoyemos y exijamos un CPS independiente.

En el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) siguen haciendo bien su trabajo, y representando cada vez más una piedra en el zapato que incomoda el andar sin límites y sin señalamientos de sus excesos y discrecionalidades sin los que no saben transitar en el ejercicio del poder y la administración pública, bajo muy contadas y honrosas excepciones, los liderazgos de nuestra clase política y gubernamental.

Prueba de ello son los nuevos embates al CPS, pero especialmente en contra de David Gómez-Álvarez, contra quien se ha orquestado toda una campaña de difamación desde los sótanos del poder, y que curiosamente ha sido aprovechada por el líder de la mayoritaria bancada del partido Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, para pedir que lo investigue la Fiscalía Anticorrupción, en la que ayer se presentó un abogado para hacerla realidad.

Como pasa siempre en estos embates, se mezclan algunos datos reales con otros falsos para crear narrativas que afecten la reputación personal de quien se busca atacar desde el poder. Seguramente Gómez-Álvarez sabrá defenderse solo como ya lo empezó a hacer ayer que circuló una carta abierta y que difundió el propio CPS como respaldo a su más reciente integrante que fue electo hace un año, como todos y todas, luego de un minucioso y transparente proceso realizado por la Comisión de Selección del SEA, que integran personajes de prestigio intachable como los académicos Roberto Arias y Juan de la Borbolla, del sector empresarial René Rivial y María Isabel Lazo, y líderes de opinión como Isabel Sepúlveda y mi vecino de página Diego Petersen.

La ruta que ha seguido esta estrategia de linchamiento moral y sus propaladores públicos y privados deja claro que es parte y continuación de la revancha y golpeteo que iniciaron desde el Congreso [de Jalisco] los diputados y diputadas que atracaron la madrugada del 19 de junio el Consejo de la Judicatura al imponer en un irregular y desaseado proceso a 2 consejeras y a un consejero, que fue reprobado y denunciado ante instancias locales e internacionales por las y los integrantes del CPS.

El 1er. golpe, que desde luego se les revirtió, fue cuando Caro Cabrera lanzó fuertes críticas a la presidenta del CPS, Lucía Almaraz, que grupos feministas consideraron violencia política. Vinieron luego intimidaciones y amenazas de hacer reformas para convertir en honoríficos sus cargos y dejarles de pagar, hasta el acuerdo legislativo lleno de descalificaciones e insinuaciones sin pruebas del actuar del CPS y sus integrantes para tratar de acallar sus críticas.

Si en aquel momento había que arropar y proteger como comunidad el trabajo del CPS, hoy que se revela una clara intentona de debilitarlo ante toda la serie de nombramientos públicos que vienen, más lo debemos hacer, para consolidar a este ente ciudadano que es el único espacio desde donde se puede construir un Sistema Anticorrupción real que incomode, como ellos, a los abusivos del poder.

Durante la actual legislatura estatal se ha registrado el caso de 6 diputados "chapulines" que brincaron de partido político y modificaron la integración de bancadas. Los saltos entre grupos parlamentarios han favorecido que Movimiento Ciudadano (MC) consolide su mayoría. En la elección, el partido naranja ganó 14 espacios y actualmente tiene 17 escaños.

El caso más reciente es Quirino Velázquez Chávez, que llegó postulado por la alianza PAN-MC-PRD; durante casi 2 años fue coordinador de la fracción perredista, aunque permanentemente votó con MC. Tras las diferencias entre la administración estatal y la Universidad de Guadalajara por la aprobación de la deuda, Velázquez salió del PRD y se integró formalmente a la fracción emecista.

Los ajustes en la alineación de los grupos parlamentarios se dieron desde antes del arranque de la 62 Legislatura, en noviembre de 2018. Héctor Pizano Ramos, ex presidente estatal del PRI y 2o. en la lista de plurinominales del tricolor, se cambió a MC desde antes de asumir el cargo.

En la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), también hubo chapulines. María Esther López Chávez, que fue postulada por el Partido del Trabajo, se sumó a la bancada morenista. Mientras que Oscar Herrera, que figuró como morenista, se puso la camiseta del PT para formar una bancada unipersonal.

El diputado Ismael Espanta que entró con la bandera de Morena migró a las filas emecistas y Patricia Meza Nuñez ha votado en alianza con MC, aunque aún no ha formalizado su cambio de camiseta.

No es que no supiéramos que existe corrupción en el país, y tampoco es que nos tome por sorpresa que integrantes del poder legislativo, senadores o diputados, formen parte de ese engranaje corrupto que aceita el sistema político en México.

Pero la difusión de un video donde se constata que ex funcionarios del Senado o colaboradores de senadores reciben varias pacas de dinero con millones de pesos tiene un atractivo morboso justiciero. Es como corroborar, y decir "ya los vimos, cab..., corrompiéndose, recibiendo pacas de dinero".

Sabemos que el sistema y sus integrantes, la clase política profesional, funciona mediante la corrupción, pero también sabemos que por norma funciona un pacto de impunidad mediante el cual la clase gobernante, de todos los partidos, se protegen entre ellos. Por lo regular los corruptos no terminan ni juzgados ni condenados. Es evidente que los políticos detenidos, juzgados y condenados son apenas una mínima proporción de los corruptos que operan el sistema político.

La otra ventaja de los videos, además de saciar nuestro morbo justiciero, es que se pueden identificar a actores, como ocurrió con los videos de Carlos Ahumada en 2004 que terminaron por matar la credibilidad que le quedaba al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Y tal vez los videos difundidos desde la noche del domingo sean el clavo en el ataúd de la credibilidad del Partido Acción Nacional (PAN), porque los personajes que aparecen ahí están vinculados a senadores panistas.

Aparecen Rafael Jesús Caraveo Opengo, exsecretario técnico del Senado y colaborador del senador del PAN José Luis Lavalle Maury, ex presidente de la Comisión de Administración del Senado en la anterior legislatura; y se identifica también a Guillermo Gutiérrez Badillo, exfuncionario del Senado y hasta ayer secretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien también fue senador panista.

En el video difundido se dice que el dinero era para contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque ya Lozoya ha declarado que del dinero por sobornos que la constructora brasileña Odebrecht entregó, una parte del mismo se utilizó para entregar cantidades millonarias a legisladores para que aprobaran la reforma energética y las leyes secundarias impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2013 y 2014.

En el video se habla de cantidades varias pacas de hasta 200,000 pesos hasta acumular millones de pesos. En otras publicaciones se pueden tener más pistas. En su noticiero, Ciro Gómez Leyva sostuvo que en la "denuncia de hechos" de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General se afirma que 7 legisladores del PAN, PRD y PRI recibieron 80 millones de pesos como sobornos a cambio de aprobar la Reforma Energética en diciembre de 2013.

Y se dan nombres de los beneficiados: "El entonces diputado con licencia Ricardo Anaya y quien llegó a la candidatura presidencial del PAN en 2018; Miguel Barbosa, senador del PRD, actual gobernador de Puebla; el senador panista Ernesto Cordero; el senador del PAN Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro; el senador Jorge Luis Lavalle; al senador del PRI David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, y el senador del PAN Salvador Vega". La nota incluso refiere fechas precisas de las entregas de pacas de dinero.

Sobre los personajes que entregaron las pacas, también hay pistas. Según un reportaje de Jesusa Cervantes en Proceso, los operadores del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, para la compra de voto de legisladores, fueron Froylán Gracia Galicia, coordinador de la dirección general de la empresa y Rosario Brindis Álvarez, titular de Enlace Legislativo de Pemex. Para este reportaje se obtuvo el testimonio (anónimo) de un trabajador de Pemex que detalla cómo se armaban las valijas y las pacas de dinero en 2 oficinas del edificio de Pemex y posteriormente cómo se entregaba a los legisladores, a cambio de sus votos (Proceso, 25 julio 2020).

De hecho, no es la 1a. vez que denuncia la entrega de dinero a legisladores a cambio de su voto para la reforma energética: ocurrió en 2013, pero también ocurrió en 2008 durante las reformas impulsadas por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, según nota de Proceso de junio de 2008.

Como cabría esperar, la difusión del video con las pacas de dinero ha producido una legítima indignación y coraje entre miles de mexicanos. Y no podría ser de otra manera pues una paca de dinero de 200,000 pesos, que a una familia promedio le resolvería sus carencias de toda la vida, de manera descarada es entregada a los diputados como si se tratara apenas de una propina. Esta situación indignante de las pacas de corrupción mostradas en los videos, se convertirán en pacas de coraje e indignación que con seguridad tendrá consecuencias para la clase y el sistema político.

La Suprema Corte de Justicia aceptó la revisión de una acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral aprobada por el Congreso de Jalisco para acortar los tiempos de campaña por la pandemia.

Debido a la contingencia sanitaria, los diputados locales redujeron a 30 días el periodo de campaña y aplazaron el inicio del proceso hasta enero. Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente del Comité Ejecutivo de Morena, interpuso el recurso ante la Corte.

Su argumento es que esto inclina la balanza a favor de diputados y alcaldes que busquen la reelección al tener más medios de difusión en demérito de quienes tendrán menos tiempo para colocar su mensaje político.

Veremos qué resuelve la Corte.

La nave de los locos que es nuestro Congreso estatal sigue, como es natural, a la deriva en el servicio, y por la libre en lo que mira a cumplir los intereses y ambiciones de los diputados. Si alguien pensó que la actual legislatura podría significar un cambio radical y positivo, se equivocó de lado a lado. Tan lejos andan de la realidad nacional y local que están empecinados no solamente en seguir defraudando a la sociedad con el congreso más caro del país, sino también siendo uno de los más inútiles, pero eso sí, aferrados a crecer la nómina, como si no les bastara la que ya tienen, 38 diputados y mil empleados, ¡y todavía quieren más! El problema de fondo, como ha señalado recientemente un analista, es que el poder legislativo carece por completo de un control superior y neutral que le pida cuentas, circunstancia que todos aprovechan para dar el más alto ejemplo de corrupción e impunidad.

Resulta que el senador morenista Ricardo Monreal recibió en sus oficinas al doctor Carlos Lomelí acompañado nada menos que de Octavio Pérez Pozos, exoperador político del gobernador de Jalisco.

Según trascendió, Monreal le pidió a Pérez Pozos que opere para Morena en Jalisco de cara al 2021.

Recordemos que Pérez Pozos iba a ocupar una coordinación de Desarrollo Gubernamental en la actual gestión estatal, pero por alguna razón no llegó al puesto. Ahora da el brinco oficialmente de la 4T.

Si a consultas fuéramos, pocos gobernantes, en México -alcaldes, gobernadores, presidentes...-, se salvarían de ir a la cárcel al final de sus mandatos. La regla, con tan honrosas como escasas excepciones, es que la mayoría decepcione a los ciudadanos, en parte porque nunca ha ocurrido el portento de que se cumplan sus promesas de campaña alusivas al bienestar de las personas y el progreso del pueblo en todos los órdenes, y en parte porque casi todos dan motivos para suponer que hicieron de la ley un papalote, y sacrificaron el bien común en aras de su enriquecimiento personal y el de los cómplices en las trapacerías que perpetraron al abrigo del poder.

Lo que muchos esperan es que ya cuanto antes termine esta gestión y venga lo que sigue, lo que sea.

El problema es que el equipo en el poder en este momento no tiene enfrente a nadie que le pueda hacer sombra.

No hay oposición.

Los partidos tradicionales, PRI y PAN, se encuentran en la lona; el 1o. por cargar el estigma del sexenio de Enrique Peña Nieto, reconocido ya como el más corrupto de la historia, y el 2o. con la mancha de la ineficacia, porque ya tuvo la oportunidad, estuvo 12 años al frente del país, y no cambió nada, incluso se transformó más en un nuevo PRI que en una fuerza alternativa.

Y las que podrían parecer fuerzas alternativas de la oposición se están quedando muy cortas. El famoso Bronco de Nuevo León nomás no despegó, y el gobernador de Jalisco le ha apostado más a tratar de crecer a nivel nacional negándose a buscar el apoyo de sus gobernados y se está quedando como el perro de las 2 tortas, porque no crece a nivel nacional e internamente cada día son menos los que lo apoyan.

Con todo hay una masa crítica lejos de la política tradicional que mueve al país desde muy distintas actividades, ahí seguramente habrá de gestarse algo diferente.

¿Qué será?

No lo sabemos.

Pero seguramente algo más acorde a lo que necesita un país como México.

Cuando pensábamos que habíamos visto todo en materia de legislaturas [jaliscienses] para olvidar, llegó la LXII, la actual, con sus desplantes autoritarios y su incapacidad de escucha.

Ahora pretenden aprobar una Ley sobre Desaparición Forzada sin escuchar a los familiares de las víctimas.

Uno puede entender -no justificar ni compartir- que hagan ese tipo de triquiñuelas legislativas cuando lo que va de por medio es la acumulación de poder y la gestión de gobierno. Pero cuando se trata de hacer una ley que facilite la búsqueda de personas desaparecidas, no escuchar a las víctimas, que llevan 2 años trabajando en ello, es un acto de soberbia. Cuando se habla de doble victimización, 1o. por el crimen organizado y luego por las instituciones del Estado, es justamente esto, el hecho terrible de que las víctimas tiene que sufrir, además de la pena por su pérdida, el maltrato de los funcionarios de gobierno.

#SinLasFamiliasNo. Ellas son el sujeto y el objeto de la nueva ley. La ley es para ellas, no para el lucimiento de algún diputado o funcionario.

La semana pasada, el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) advirtió que la iniciativa de reforma presentada el 21 de julio por la diputada del partido Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez, que plantea que sea la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, que ella encabeza, la que reciba los informes mensuales, trimestrales y anuales de cuenta pública de los entes fiscalizables, significaba un retroceso en la revisión del gasto público, porque se convertiría en una instancia intermedia, en la que se podrían retrasar o arreglar-lavar las cuentas públicas antes de enviarlas a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).

Para los integrantes de la esfera ciudadana del SEA, algunos términos de la iniciativa anulan los avances de la reforma del 2017 de la Ley de Fiscalización, que apenas entrará en vigor este año, y que obliga a los diputados y diputadas a sacar las manos de la revisión de las cuentas públicas, para buscar desterrar el lavado de cuentas o, en la jerga de los vicios legislativos, el conocido "chaca-chaca" de la lavadora para sacar rechinando de limpios ejercicios presupuestales con graves irregularidades. Siempre en el congreso local las y los diputados se han intercambiado impunidad. Si había una cuenta pública sucia de algún alcalde o funcionario del PRI, se anulaba con otra igual del PAN, y ahora de MC y sus aliados del Verde, PRD y PT.

La nueva Ley plantea que ahora sea sólo la ASEJ, como órgano técnico del congreso, la que revise las cuentas sin que sus dictámenes puedan ser modificados por las y los legisladores, como ocurrió todavía este año en la actual Legislatura LXII.

Pese a estas críticas, la diputada emecista defiende su iniciativa y rechaza que el espíritu de su reforma sea defender el lavado de cuentas.

Hoy habrá una importante reunión entre las y los integrantes del CPS y la diputada Flores en la que bien podrían solventar diferencias y consolidar una iniciativa en la que vayan juntos para apoyar el fortalecimiento de la ASEJ, en donde el desmontaje de los viejos vicios, como la cadena de despachos de contadores que sobornan a alcaldes y a otros entes fiscalizables con la complicidad de personal interno para también lavar cuentas, va a paso muy lento, por lo que las triquiñuelas de la era Alonso Godoy persisten.

La pandemia bloqueó la rendición de cuentas en Jalisco, pero la transparencia ya se reactivó. Sin embargo, entre el 12 de marzo y el 8 de agosto pasados sumaron 9,826 recursos interpuestos por la población, que están pendientes de responder por parte de todos los sujetos obligados, confirma el Instituto de Transparencia (Itei).

En el portal del Itei existe un 1er. corte de la información, actualizado al 31 de mayo, en el cual publicaron las peticiones, que concentran las dudas relacionadas principalmente con los gastos efectuados por la pandemia, los protocolos de seguridad, las acciones y los enfermos en dependencias públicas. En los primeros meses, las cuestiones que más inquietaban a los ciudadanos eran cuántas pruebas se realizarían, así como las medidas de contención.

Por ejemplo, el 12 de marzo, a través del folio 2401720, se requirió "información en formato digital respecto a los protocolos y medidas para el diagnóstico de prevención, mitigación y tratamiento del coronavirus por parte de los sujetos obligados. Igualmente solicito me informen los datos de contacto para la prueba de diagnóstico del coronavirus, sus costos en los centros de salud y el periodo de entrega de resultados".

Posteriormente se les preguntó a los ayuntamientos sobre los temas como los cambios en los reglamentos, las acciones y los protocolos para evitar contagios, y en el mes de mayo surgieron peticiones sobre las adjudicaciones, los gastos por cuestiones de salud y las reasignaciones.

Este medio publicó que Cynthia Cantero, presidenta del Itei, destacó que, pese a la suspensión de plazos, los sujetos estaban obligados a responder sobre temas de salud.

Joaquín Monroy, profesor de la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales de la Universidad de Guadalajara Virtual, opina que una opción para disminuir las solicitudes relacionadas a la pandemia, y otros temas, sería que los sujetos obligados detectaran los temas que más interesan y que pudieran publicar los datos a través de la transparencia proactiva.

Al respecto, algunos gobiernos locales han hecho esfuerzos, aunque todavía les falta completar información. Por ejemplo, el Gobierno del Estado lanzó un apartado de Transparencia focalizada en su sitio especial de coronavirus.

Aunque destaca el ejercicio del gasto del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud en Jalisco, la Secretaría de Administración y el Fondo Revolvente, no todas las compras tienen datos (como orden de compra, factura y acta del comité), o algunos están incompletas. Incluso, en montos onerosos, como el realizado para adquirir los cubrebocas por 754,000 pesos, no se subió más información. También los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan tienen sitios especiales en donde reportan las acciones especiales para atender la contingencia del nuevo coronavirus, como programas de apoyo, montos ejercidos, beneficiados y montos ejercidos.

Del 1 de enero al 8 de agosto de 2020 se han generado 52,760 solicitudes de información en Jalisco. De ese total, 39,987 fueron para ayuntamientos (28,230) y dependencias de la administración pública descentralizada (10,757), de acuerdo con el sistema "Sires" del Instituto de Trasparencia, que es un concentrador de los datos provistos por los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y sus Municipios.

La Ley de Transparencia de Jalisco garantiza el derecho de los ciudadanos de solicitar, consultar y recibir la información que está en manos de quienes reciben recursos del estado o de los municipios. Esto quiere decir que las instituciones que reciben recursos públicos están obligadas a detallar cómo los gastan, cómo los administran y cuáles son sus resultados.

En octubre de 2016 se lanzó el proyecto Protocolo 409, una plataforma digital para denunciar los actos de corrupción en Jalisco, con la participación del Itei, la Universidad de Guadalajara, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, así como el Gobierno del Estado.

La plataforma permitía a las personas denunciar actos de corrupción que fueran documentados con pruebas obtenidas de la consulta de las páginas de transparencia de las dependencias o de solicitudes de información, con el fin de que sean sancionados los responsables.

En ese entonces, Cynthia Cantero, del Itei, señaló que, pese a los esfuerzos emprendidos, no se habían obtenido los resultados esperados en la lucha contra la corrupción, por lo que urgía encontrar herramientas efectivas, en las que participen todos los actores. "Cualquier persona que conozca alguna acción indebida y que pueda documentarla haciendo uso de las herramientas de la transparencia, es decir, que obtenga soporte documental de sus dichos ya sea navegando en los portales de transparencia de las diferentes autoridades o a través de solicitudes de información, podrá presentar su denuncia por internet".

Sin embargo, la plataforma fue olvidada tras el cambio de administración estatal.

Joaquín Monroy (profesor de la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales de la Universidad de Guadalajara) indica que "otro asunto importante son las adjudicaciones directas. Con motivo de la pandemia hay un uso indiscriminado de este recurso... se entiende que se requieren compras inmediatas, pero hay que mantener la rendición de cuentas".

Toca hacernos la pregunta de qué demonios es Movimiento Ciudadano y si hemos de tomarlos en serio de cara al futuro.

Movimiento Regeneración Nacional es un conglomerado de expriistas, experredistas, exizquierdistas, incluso expanistas y gente de diversos movimientos sociales que, en torno a una persona, con credenciales de lucha social y reclamos legítimos, logró el poder en 2018 al quedarse con la Presidencia de la República y una fuerza casi incontestable en el Congreso de la Unión.

Desde que Morena ganó, el país ha entrado en una riesgosa espiral alimentada por vientos sembrados por los miembros de ese partido -principalmente, pero no solo, el Presidente de la República- y por circunstancias que nadie pudo prever (crisis petrolera internacional, pandemia, crack financiero, etc.).

Morena logró su triunfo en parte por una serie de alianzas, nacionales y regionales, que complican la marcha del propio gobierno. En 2018 ganó una gubernatura una persona profesional como Claudia Sheinbaum, con la que uno puede discrepar o coincidir pero quien sin duda tiene credenciales de profesionalismo. Sin embargo, el triunfo del tabasqueño también aupó a importantes cargos a personajes de lamentable proceder político y público como Cuauhtémoc Blanco.

Esto último lo menciono porque si algo ha quedado claro es que el pragmatismo tiene límites: por no haber puesto reparos a la hora de sumar posibilidades de triunfo, AMLO enfrentará los costos de haberse ligado (y ayudado a empoderarse) a gente como el examericanista, y otros por el estilo.

Pero eso es el pasado. En el futuro asoman citas electorales. De López Obrador y su colección de aliados ya sabemos qué esperar: una agenda pertinente ("primero los pobres"), unos diagnósticos entendibles ("mucho estaba en ruinas"), pero unos métodos y unas prioridades (Dos Bocas, por ejemplo) harto cuestionables. Y sobre todo un pragmatismo que rima con cinismo.

La sociedad entonces querrá escuchar alternativas. Y ahí es donde la cosa se atora con Movimiento Ciudadano.

¿Qué le va a ofrecer ese partido a los ciudadanos en 2021 y acaso en 2024? Ni idea.

Pero lo que no debería ofrecer es que cojean del mismo defecto: tienen en Samuel García un senador impresentable, pero no se atreverán a cortarlo o desconocerlo porque más que principios tienen cálculos.

Desde antes ya sabíamos de qué lado mascaba, pero Samuel García y su video machista no pueden ser parte de un grupo político que se presenta como joven o exento de las taras de nuestra normalidad partidista.

Sobrará quien diga que no es para tanto, que es un error sin trascendencia, que ya ofreció disculpas, etc. Pues que MC se asome a las redes sociales, y vean si es cosa menor lo que hizo su senador. Las discusiones de 2021 y de 2024 serán de género, o no serán.

Ahora, que si lo único que los naranjas tienen para ofrecer al debate público por tan lamentable video son consejos matrimoniales en público a su "extraviado" huerco norteño, como el tristísimo espectáculo que dieron ayer en redes sociales varios de ese partido, mejor ahórrenselos, porque la gente deplora tanto el video como los intentos por tomarle el pelo con tan burdo "manejo de crisis".

Ojalá Movimiento Ciudadano tenga el pundonor de no ser como AMLO, que desdeña los reclamos de las mujeres. Si MC también desprecia esta crucial asignatura, qué se podría esperar en el resto de la agenda.

De lo contrario, si deciden ser como el tabasqueño, los emecistas deberían entender que tienen la batalla del hoy, y la del futuro, perdida. Porque en el terreno del pragmatismo sin pudor, el presidente López Obrador es imbatible... y ellos unos bisoños de doble moral inocultable.

Sobran diputados y senadores. Insistir en este tema para ahorrar dinero suena insensato cuando, según informes del Coneval, cada hora Pemex pierde 237 millones de pesos, CFE pierde 50 millones de pesos, se malgastan miles de millones en los caprichitos presidenciales: el avión presidencial, el aeropuerto de Texcoco y otros.

No obstante, no por eso debemos dejar pasar un anhelo ancestral, el recorte del número de diputados y senadores.

En la Constitución del 17, legislaron tomando encuentra las circunstancias de la época y nuestra azarosa historia y, con toda razón pensaron que habiendo tan sólo 10% o menos de mexicanos que sabían leer y escribir, lo más conveniente sería no pedir muchos requisitos para que todos los ciudadanos pudieran ser diputados o senadores, con el fin de integrar un congreso democrático y popular.

En efecto, los artículos 55 y 58 de nuestra Constitución Política establecen que para ser diputado basta con ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos, tener 21 años cumplidos y ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella. En tanto para ser senador, se requieren los mismos requisitos que para ser diputado excepto la edad, que debe ser de más de 25 años.

Bueno, eso fue hace más de 100 años, ahora las cifras de analfabetismo se han volteado, según el Inegi hay 5.3% de compatriotas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, por lo que ya estamos en posibilidad de agregar a nuestra carta magna unos cuantos requisitos para mejorar la calidad de nuestros representantes populares.

Ahora con la magia de la televisión, con un canal dedicado a transmitir las labores del congreso, estamos enterados de cuál es la conducta de nuestros legisladores, sobre todo en la Cámara de Diputados en donde, si bien todos saben leer y escribir, son pocos los que leen y muchos menos los que escriben.

Contamos con 500 diputados y 128 senadores, el costo de la apertura democrática se multiplicó considerablemente al crearse los plurinominales que son los designados por los partidos políticos, con 200 diputados y 64 senadores sería suficiente debido a que se contratan asesores en exceso y además de sus sueldos tienen dietas, comisiones, gratificaciones, bonos, gastos de viaje y autonomía para asignarse otras prestaciones.

Otro vicio de carácter político es la costumbre de utilizar el congreso para escalar a otros puestos públicos, vulgarmente conocida como chapulineo, por lo que debería prohibirse la separación o renuncia a los cargos de elección popular para aspirar a otros también de elección, como pueden ser regidores, presidentes municipales, gobernadores o presidente de la república. Esa prohibición debería hacerse extensiva también para estos últimos. Todo funcionario de elección popular sea del poder ejecutivo o legislativo debería prohibirse saltar de un cargo a otro.

En esta forma se esforzarían más en cumplir sus funciones, se dedicarían más a trabajar por el pueblo que a fortalecer sus relaciones públicas para aspirar a otros cargos en su carrera política. Aunque no tiene nada de malo tener aspiración a ascender en una carrera política, pero la realidad es que se ha exagerado y ya no tenemos gobernantes que atiendan su oficio como se debe porque están pensando más bien en sus futuras campañas políticas que en administrar los cargos que se les han conferido por votación popular.

Una ley "antidedazo" fue la iniciativa ciudadana #SinCuatesNiCuotas que se presentó ayer en el IEPC Jalisco.

Rosa Imelda Hernández Muñoz fue la encargada de presentar esta propuesta que tiene el apoyo de la agrupación política Hagamos.

Ella fue una de las aspirantes para el puesto de consejera ciudadana de la Judicatura y la única que en el examen de evaluación obtuvo calificación aprobatoria, pero no fue electa, ya que los nombramientos se repartieron por acuerdos partidistas entre MC y PAN.

Seguro no me lo van a querer creer, pero Morena NO quiere hacer valer su palabra y que el PRI presida la Mesa Directiva del Congreso, ¿la razón?, simple y llanamente No tienen palabra. Basta recordar que lo mismo le quisieron hacer al PAN el periodo pasado y hasta decían que les habían hecho sentir la fuerza de la aplanadora mayoritaria porque no los soportaban. Así, su nivel de debate. Sin embargo, no pudieron, y Laura Rojas es la presidenta del Congreso y hasta la SCJN ha llevado a la 4T.

Ahora están haciendo TODO lo que esté a su alcance, incluso COMPRAR diputadas y diputados, para que el PT sea la 3a. fuerza política de la cámara y ellos presidan la Mesa.

Desde mayo, Mario Delgado, en contubernio con sus compinches -los del PES y los impresentables del VERDE-, le están pasando diputados al PT para arrebatarle al Revolucionario Institucional, coordinado por René Juárez, la presidencia de la Mesa Directiva.

Y como nadie sabe para quién trabaja, ¿se acuerdan que el Partido del Trabajo perdió su registro en 2015 y que fue salvado?, no me lo va a creer, sí por el PRI, que junto al gobernador de Aguascalientes operaron en tribunales para que se repitiera la elección en un distrito federal [electoral] de dicha entidad. Así pues, armaron una alianza a modo y meses más tarde ese distrito tuvo una elección extraordinaria que le dio los votos suficientes para que el PT mantuviera su registro.

El pasado 28 de mayo, se fueron Raúl Ernesto Sánchez Barrales Zavalza, Pedro Daniel Abasolo Sánchez y Manuel Huerta Martínez, este último una GRAN adquisición, pues es el diputado que se queda dormido por la marea alcalina, ¿qué dijo?, por el mal del puerco o diría el "pueblo bueno y sabio" por huev...n; salieron de Morena al PT, junto con Elba Lorena Torres del PES. Con lo que el PT se quedó con 40 legisladores, a 6 de alcanzar al PRI. En esos entonces, de Morena todavía podían irse 3, para no perder el 50+1.

Luego, Morena cedió 2 diputados más al PT. A Leticia Díaz Aguilar y Yako Rodríguez, quien es ni más ni menos que el presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, y uno de los principales líderes de Morena de ese sector ¡quihúboles! Por cierto, hace unos días Leticia Díaz se retachó a Morena, ¿quién sabe qué mala cara habrá visto?

Ahora bien, con estas 2 incorporaciones, el PT llega a 42 y Morena se queda con 252 diputados, por lo que ya no podía seguir cediendo más que a un diputado a sus lumbreras legislativas.

Ya en Julio, María Rosete, del PES, y Samuel Calderón, de Morena, se fueron p’al PT, pero aún les faltaban compañeros... son 43 petistas.

Arturo Escobar, del Verde, recibió instrucción desde el Senado para ceder al menos a la mitad de su fracción, para que el PT pueda cumplir "con esa encomienda" -¡tómala, barbón, golpe seco al hocico! Pues esa "quesque" encomienda NO es "encomienda", porque no es un tema tratado al interior de la coalición (Morena, PES, PT y Verde), sino vendido por Alberto Anaya y Benjamín Robles, vicecoordinador en la cámara, a Reginaldo Sandoval para tener mano en la administración de San Lázaro.

El meollo es que, cosa rarísima, el Verde aún no cumple "el acuerdo" pues sabe que su capacidad para extorsionar y no negociar en la cámara, se diluiría.

Y así el PT ni tardo ni perezoso, dicen, optó por la opción más "democrática": la compra de legisladores a cambio de resolver sus problemas económicos y la promesa de reelegirse. ¡Eso es visión, NO ambición! -sarcasmo.

De ahí que digan que el PT anda "venadeando" legisladores y Alberto Anaya dirigiendo la operación, pagando además de las deudas de cada legislador, ofreciéndoles un bono extra de entre 4 y 5 millones de pesos para cambiarse a su bancada. ¿Tanto jugo se puede sacar a la Mesa Directiva? ¿Mario Delgado será parte de esta promesa de negocio?

Pues no, se andan desagarrando las vestiduras porque eso mismo, según la 4T, hicieron los neoliberales y por eso están haciendo niño héroe a Lozoya. ¿Quién de ustedes será el niño héroe del próximo sexenio? El follow the money, NUNCA falla.

De lograrlo, la presidencia no será para Reginaldo, sino para Benjamín Robles, quien vendió que de ahí lanzará al PT y a la coalición a la conquista de Oaxaca. En su momento, recuerden que se le cebó cuando era incondicional de Gabino Cué, pues lo de ser originario de Michoacán decía no era un inconveniente, pero sí lo fue su ambición.

Obvio, la intención detrás de presidir la Mesa Directiva NO es apoyar a AMLO, sino los movimientos, enjuagues y amarres de negocios que podrán hacer desde ahí.

El PT ha mostrado ser el más capitalista de los partidos de izquierda.

P.D. Los carniceros de hoy, serán las reses del mañana.

¿Para eso quisiste la presidencia del PRI?

Ayer por órdenes, línea, de Alito Moreno, Dulce María Sauri y Rubén Moreira votaron a favor de un período extraordinario para que López Obrador compre medicinas en el extranjero y diputados de Morena y compinches extingan los fideicomisos. Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PRD votaron en contra, al igual que Claudia Ruiz Massieu y Manuel Añorve.

La 4T abandonará a la industria farmacéutica mexicana (Amelaf y Amiif) al comprar medicinas en el extranjero.

Alito, supongo, gracias al miedo por sus casas, hizo realidad el PriMor -aplausos- e hizo un divorcio entre el PriMor y el PRI en el Senado.

Así pues, todo el numerito antes descrito del juego de las sillas con el PT, ha terminado. La ilusión es que se queden con la presidencia y Dulce María sea la mera, mera. ¡caray qué pena, por no decir, vergüenza!

El ahora gobernador Enrique Alfaro sabe perfectamente lo que es una legislatura desprestigiada. Aunque nunca se le involucró en los grandes escándalos y saqueos que se dieron entre el 2006 y el 2009 en el Congreso de Jalisco, fue integrante como diputado perredista de aquella vergonzante Legislatura LVIII, con mayoría panista, que presidía el entonces poderoso joven político Jorge Salinas, hoy convertido en un cercanísimo aliado del gobierno emecista, involucrado en el caso "A Toda Máquina", que el Sistema Estatal Anticorrupción le investiga a la actual administración.

Vivió muy de cerca el debut del partido Movimiento Ciudadano (MC) en la vida parlamentaria de Jalisco en la LX Legislatura, que inauguró como coordinador, el ahora senador y líder nacional de ese instituto político, Clemente Castañeda. Alfaro había perdido su 1er. intento de llegar a la gubernatura en una cerrada elección, pero estaba convertido en el líder indiscutible del "movimiento naranja". Su influencia quedó demostrada en aquel episodio del 2012, cuando a inicios de esa legislatura, en lo que sería el gran golpe de legitimidad y cambio de un congreso repudiado, le ordenó a su coordinador retractarse y salir de un acuerdo legislativo plural y unánime para pedir la salida del ya insostenible y cuestionado auditor superior Alonso Godoy Pelayo. Ese hecho marcó negativamente a esa 1a. bancada de MC por su incumplimiento de que llegarían a cambiar la historia del poder legislativo.

La Legislatura LXI fue la 1a. con mayoría naranja, luego del gran triunfo electoral de Alfaro en 2015 que lo llevó a la alcaldía de Guadalajara y a MC a las presidencias municipales más importantes del Estado. Quien coordinó esa primera bancada mayoritaria naranja fue el hoy alcalde tapatío, Ismael del Toro, quien sí pudo sacudirse a Godoy Pelayo y sacar al congreso de la agenda exclusiva de los abusos y la voracidad. Fue en esa legislatura donde se terminó de moldear el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), cuya novedad era la inclusión de un componente ciudadano: justo el Comité Participación Social (CPS), hoy bajo fuego de la mayoría naranja de la Legislatura LXII, que controla el controvertido líder parlamentario Salvador Caro y sus incondicionales aliados del PAN, PRD y Verde, como venganza por las críticas y denuncias que ha hecho el CPS al viciado proceso e imposición de 2 consejeras y un consejero de la Judicatura.

Estos 2 últimos escándalos, más todos los que les han precedido, como el regreso de pagos discrecionales "para apoyo legislativo" a diputadas y diputados, el incremento de la nómina, el lavado de cuentas y el constante mayoriteo para, entre otras cosas, autorizar el mayor endeudamiento en menos de 2 años del gobierno alfarista, ha llevado nuevamente al congreso local al tobogán del desprestigio como en las peores legislaturas de hace más de una década.

Ante esta decadencia legislativa y la decisiva influencia que siempre ha ejercido desde sus distintas posiciones, hoy que tiene la máxima responsabilidad política del estado, la pregunta obligada es cuál es la ponderación que tiene el gobernador del papel del coordinador parlamentario de su partido. Hasta ahora, nada ha dicho ni del atraco a la Judicatura, ni de la bajeza de los ataques al CPS. Urgen sus respuestas para saber, si como escribió ayer David Gómez Álvarez, uno de los integrantes del CPS más atacados, el gobernador tiene su gerente parlamentario, que no sólo le tiene el poder legislativo a su servicio, sino que le tiene también en marcha la entrega del poder judicial.

La política es el arte de hacer cosas indignas y hacerte el digno cuando te reclaman. Es el caso de algunos diputados de Jalisco que, tras una vergonzosa y vergonzante designación de consejeros de la Judicatura, en la madrugada, de espaldas a la gente, construyendo mayoría con votos comprados, ahora responden indignados a los señalamientos del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) con un patético acuerdo legislativo.

Una de las modalidades de la nueva política es invitar testigos sociales para revisar procesos: mesas, comités, expertos. No podemos decir sino ¡qué bien!, de eso se trata un gobierno democrático, salvo cuando lo que se busca es solamente avalar decisiones previamente tomadas. Esto fue lo que pasó con el nombramiento de los consejeros de la Judicatura. Los diputados de MC y PAN, que ya habían acordado el reparto, quisieron simular un proceso abierto y quisieron tener el aval de las universidades y del CPS. El problema es que por andar jugando a los demócratas que no son, terminaron violando los términos de la convocatoria que ellos mismos redactaron, lo que provocó la reacción primero de las universidades, a quienes les echaron la culpa de las fallas en el examen, y luego del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, a quienes invitaron como testigos y que terminaron haciendo pública su opinión respecto al desaseo del proceso y presentando un amparo.

La respuesta de los diputados es visceral y absurda, reclamando una dignidad que el acuerdo legislativo mismo termina por probar que no tienen, pues en lugar de comportarse como un poder del estado se dedican a denostar al Comité de Participación Social y a sus miembros en lo personal; es una diatriba rebosada en palabrería legislativa.

Les puede gustar o no a los diputados que el CPS se ampare ante sus actos y tienen todo el derecho a responder jurídicamente. Es cierto, ellos son los representantes populares y por tanto los únicos que tienen el poder para hacer este tipo de nombramientos. Eso nadie lo cuestiona, la pregunta, y eso es lo que tendrá que resolver un juez, es si pueden violar los términos de la convocatoria que ellos mismos emitieron.

La dignidad no se compra, mucho menos se decreta desde la tribuna de un poder público. En términos del ejercicio del poder, al menos desde Roma para acá, la dignidad no es otra cosa que representar con honorabilidad el poder conferido. Lo que hicieron los diputados aquella noche dista mucho de ser honorable, pues antepusieron sus intereses personales y de grupo sobre los del estado. Atrapados en su pantano, entre más se mueven los diputados, más se hunden.

Más que lamentar ooootra vez las inagotables muestras de pudrición de la Legislatura LXII, de mayoría naranja, que con la imposición de ayer revivió nuevamente el vergonzoso capítulo del atraco que de madrugada cometieron al Consejo de la Judicatura el viernes 19 de junio pasado, lo que hoy debemos celebrar es que el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que encabeza Lucía Almaraz, se ha convertido en una instancia incómoda a los poderes del estado por estar cumpliendo su obligación de escrutarlos, interpelarlos y denunciar las irregularidades en las que incurren.

Esa actitud legitima a los integrantes del CPS para convertirse en el motor que mueva por fin un SEA en el que muchas dependencias que lo integran siguen con una actitud medrosa e indiferente para cumplir con rigor su función. Si bien, por ejemplo, la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) ya despertó al poner en marcha una auditoría especial a los gastos del gobierno estatal por la pandemia del coronavirus, la Fiscalía Anticorrupción está a prueba con el expediente de las desapariciones forzadas que hicieron agentes de la Fiscalía del Estado el 5 de junio por el caso Giovanni; el poder judicial y el Tribunal Administrativo guardaron absoluto silencio en el abuso de la Judicatura; y el Instituto de Transparencia (Itei) y la Contraloría del Estado han pasado sin pena ni gloria en la operación de este sistema.

El actuar de las y los integrantes del CPS desde luego ha despertado la furia de muchos liderazgos de nuestra clase política y gubernamental, que les molesta perder su manto de impunidad, y han buscado la forma de intimidarlos con amenazas de hacer reformas para convertir en honoríficos sus cargos y dejarles de pagar, e incluso recurriendo a amenazas personales y difamaciones.

La más visible embestida de este tipo, que no la única (han tenido también mensajes del poder ejecutivo y del judicial) vino el lunes desde la Junta de Coordinación Política del Congreso local, en la que dominan las determinaciones del diputado Salvador Caro, coordinador de la fracción del partido Movimiento Ciudadano, y sus incondicionales del PAN, Gustavo Macías, el perredista Gerardo Quirino, y Angélica Fregoso, del Verde, al circular un acuerdo legislativo lleno de descalificaciones e insinuaciones sin pruebas al actuar del CPS y sus integrantes en una clara venganza y acto intimidatorio por las críticas que les hicieron al viciado proceso de selección de las consejeras y el consejero de la Judicatura. Tan inconsistentes eran los términos del acuerdo que no lo respaldaron la diputada priista Mariana Fernández, Érika Pérez, de Morena, y Óscar Herrera, del PT. Era tan burdo ese 1er. acuerdo, que ayer llevaron al pleno una versión matizada pero que igual condenaba la libertad de expresión y de crítica del CPS. Esto lo hicieron notar en contundentes intervenciones la diputada emecista Mara Robles y el perredista Enrique Velázquez, que en su momento también condenaron y votaron en contra del desaseado proceso de elección de las y los consejeros. Pero en la LXII Legislatura no hay debate parlamentario de altura, hay imposiciones y diputados y diputadas que en su mayoría están ahí sólo para acatar la línea.

El acuerdo se impuso y el congreso local de mayoría naranja se volvió a disparar al pie y dio otra cavada a su desprestigio.

Por todo ello, es momento de arropar y proteger como comunidad la labor del CPS, para que no recule en su papel y sea cada día más incómodo al poder.

Los diputados locales completaron su berrinche y aprobaron el acuerdo para quejarse de que el Comité de Participación Social los criticó por haber nombrado a sus cuates y cuotas en el Consejo de la Judicatura.

En el dictamen final, los legisladores le bajaron 3 rayitas y suprimieron los párrafos que sonaban a amenazas y aludían a rumores en redes sociales.

En la discusión del tema, los emecistas Mirza Flores y Salvador Caro negaron que el acuerdo sea muestra de que tienen la piel muy sensible a la crítica y defendieron a capa y espada su facultad para definir los nombramientos.

Lo que no se escuchó fue una explicación pública argumentada de qué los llevó a invalidar la evaluación y repartirse las posiciones sin tomarla en consideración.

Con este negro antecedente en las próximas semanas, estos mismos diputados iniciarán con el proceso para designar a 9 magistrados del poder judicial estatal.

Parece que a los coordinadores de bancada del Congreso estatal les caló hondo la crítica de los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) por el nombramiento de tres consejeros de la Judicatura.

Por eso los diputados sacaron toda la artillería en un punto de acuerdo legislativo panfletario que votarán hoy en sesión de pleno.

Los legisladores defienden la legalidad de sus designaciones y, aunque muchos creen que no tienen autoridad moral, se dieron valor para poner en tela de juicio los intereses que tendrían los integrantes del CPS para criticarlos.

Incluso para descalificar a 2 de sus integrantes echaron mano de rumores que circulan en redes sociales sobre presunto acoso sexual. Aunque ya hace un mes que los legisladores nombraron a sus cuates y cuotas, no logran que el tema se enfríe y parece que sólo acumularon rencor que desfogaron en el acuerdo, cuya autoría fue atribuida al sheriff legislativo Salvador Caro.

El CPS se ha convertido en la piedra en el zapato en esta designación indefendible de los legisladores. Ojalá así sea de aquí en adelante en todos los procesos y no sólo cuando hay intereses del Grupo UdeG de por medio.

Otra cosa interesante será conocer hoy la postura del resto de diputados en el pleno: ¿se sumarán a la cacería de brujas o tendrán poquita vergüenza?

Entre más desarrollado es un país, entre más asentada se encuentra la democracia, la presión por renunciar se vuelve más insoportable. Por ejemplo, en Alemania, ministros renuncian por inconsistencias en sus tesis doctorales. En México, Enrique Peña Nieto copió gran parte de su tesis de licenciatura y se mantuvo en el cargo hasta el último minuto. En Francia, un excandidato presidencial -François Fillon- enfrenta una sentencia de 5 años de prisión por contratar a su esposa como su asesora parlamentaria. En México, los 3 poderes son una "gran familia", nepotismo por doquier, y nadie asume ninguna responsabilidad. Nadie renuncia por nada. Por lo tanto, entre más alta es la calidad de la democracia, irregularidades menores exigen una abdicación automática. Y asumámoslo: México no tiene una democracia de calidad y el listón ético de la renuncia se encuentra por los suelos. Aquí, una persona deja su cargo hasta que tiene el "agua hasta el cuello".

Hay algo que no encaja. Se abandona una posición en el Senado de la República para buscar una gubernatura, para ocupar un puesto en el gabinete federal o una posición importante en el servicio exterior. Vanessa Rubio Márquez anuncia que deja su posición legislativa para iniciar un proyecto académico, que complementaría con tareas de consultoría privada.

Su decisión importa, entre otras cosas, porque será sustituida por Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, que en el 2019 renunció al PRI luego de 30 años de militancia.

La senadora suplente de Rubio es colaboradora de Javier Bonilla en el gobierno de Baja California. En el momento en que rinda protesta sabremos si queda como independiente o se suma a la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Esto último es lo más probable.

En sus primeras declaraciones, dejó claro que no volverá al PRI. El tricolor pasará de 14 a 13 escaños en la cámara alta. Si migra a Morena, este partido tendrá 61 senadores, en vez de 60. Si a estos escaños le sumamos los de los partidos aliados de la 4a. Transformación, se llegaría a un gran total de 78, en vez de 77. (Los aliados son PT que tiene 6 senadores; PVEM, con 7, y PES que suma 4).

A la 4a. Transformación le faltan 8 escaños para lograr la mayoría cualificada. Si Sánchez Arredondo se suma, seguirían faltando 7. Son muchos, pero no hay que perder de vista que hace unas semanas se sumó el senador Enríquez. ¿Cuántos chapulines llegarán?

¿Tiene relación la salida de Rubio Márquez con la llegada de Emilio Lozoya? En política no hay coincidencias, dicen los clásicos. Más allá de la perogrullada, el reto es entender el sentido de la decisión de la senadora. Ella estaba en Relaciones Exteriores cuando Emilio Lozoya ejercía su derecho de pernada sobre la caja de Pemex.

Luego de lo que vimos el mes pasado en el atraco de la Legislatura LXII al Consejo de la Judicatura [de Jalisco] con la violación de la convocatoria y de la recién aprobada Reforma Judicial, para la imposición de 2 consejeras y un consejero en ese órgano colegiado, no podemos estar seguros de si el haber tenido una Ley de Designaciones Públicas, como estaba prometido por diputados y diputadas, lo hubiera evitado.

Si algo quedó claro es que si para algo es buena la mayoría de las y los legisladores de todos los colores es para ponerse de acuerdo entre ellos y de espaldas a los ciudadanos que dicen representar, darle la vuelta a la ley con triquiñuelas y repartirse el botín de puestos públicos, beneficiando a sus incondicionales, aunque no sean los de mejor preparación, capacidad y reputación.

Pese a este tropiezo y nueva burla que nos propinaron desde el Congreso [de Jalisco], la renuncia esta semana de la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), Fela Pelayo, por ostentar un grado académico que no tenía y que la norma exigía como requisito para ocupar ese cargo, y que fue como la gota que derramó un vaso que ya estaba lleno de reclamos de grupos feministas a los que su trayectoria y labor nunca convenció, debe hacernos no quitar el dedo del renglón, y exigir que en el congreso local legislen ya esta ley, que al menos sería un candado más para contener la voracidad y seguir combatiendo la visión patrimonialista que tiene nuestra clase política y gubernamental de los puestos que ofrece la administración pública.

La Ley de Designaciones Públicas, cuyo objetivo sería acabar con la siempre dominante lógica de los influyentismos, para darle a los cuates puestos aunque no cumplan los requisitos legales, o para colocarlos de acuerdo a los pactos en lo oscurito de los partidos políticos como cuotas de poder, está contemplada en la Reforma Anticorrupción 2.0, cuyo dictamen duerme el sueño de los justos en los sótanos naranjas del congreso local desde principios de diciembre del año pasado.

No extraña que se mantenga ahí celosamente custodiada para evitar su dictaminación en las comisiones legislativas y su aprobación en el pleno, por tratarse de una iniciativa ciudadana, contraria a los intereses de la partidocracia, fruto del Pacto por la Integridad y por el Bien Ser del Estado, para combatir la corrupción y la impunidad, al que convocó el 28 de marzo del 2019 el líder de los comerciantes en la entidad, Xavier Orendáin, en el marco del 130 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

Hace un año, la Legislatura LXII simuló apertura y aceptó transitar esta propuesta en un proceso de parlamento abierto, para lo que instaló 6 mesas de trabajo en las que participaron organizaciones de la sociedad civil, diputadas y diputados, y que concluyeron sus trabajos en julio pasado.

No debe haber pretextos, pues, para que de una buena vez, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, y su correligionaria Mirza Flores, diputada que presidió el parlamento abierto, liberen el dictamen que debe ser aprobado ya y de forma unánime. De lo contrario habrá que sumar otra farsa y fraude mas tejido en la Avenida Hidalgo 222 y anotar bien quiénes son sus principales inquilinos.

Ser licenciada(o) no hace a una persona más o menos capaz de ejercer un cargo, pero de la misma manera el que los subordinados te digan "dígame, licenciada(o)", no te hace licenciada(o). Fela Pelayo puede ejercer con la misma capacidad y destreza su función habiendo o no terminado la licenciatura, ese no es el punto. El problema es que la ley pide el grado como condición para ser elegible en el cargo y eso no tiene vuelta de hoja. Si fuera una empresa privada es decisión del dueño o del director brincarse su propia normatividad. Pero el gobierno no funciona así, entre otras cosas porque de lo que se trata es justamente que no haya la instrumentación patrimonialista del poder. Todos los gobernantes en mayor o menor medida tienen esa visión, el gobierno es de ellos, y por lo tanto buscan tener el mayor grado de discrecionalidad posible en el manejo del presupuesto y en las decisiones, pero la ley termina acomodando las calabazas.

La salida de Macedonio Tamez de la Coordinación Estratégica de Seguridad implicará una "reestructura" de esta instancia, anunció el gobernador de Jalisco.

De entrada, le recortan 11 millones de pesos y se reorientará a tareas enfocadas al "análisis, seguimiento, evaluación, administración y puesta en marcha de nuevos programas y políticas públicas en materia de seguridad".

Un pequeño detalle: tanto el Reglamento Interno como el Plan Institucional publicado en octubre de 2019 en el Periódico Oficial de Jalisco señalan que entre las funciones de la Coordinación está analizar, evaluar, dar seguimiento y proponer políticas en materia de seguridad.

¿Todo cambia para que todo siga igual?

El desorden urbano se mantiene y, ante los constantes recortes presupuestales, lo más probable es que la marginación, el mantenimiento y la adecuada operación de los servicios públicos se deteriore aún más: las viviendas sin agua seguirán sin estarlo, mientras que el equipamiento y mobiliario urbano seguirá perdiendo funcionalidad y calidad.

La reforma al poder judicial [de Jalisco] que dictaba por 1a. vez la participación del Comité de Participación Social, buscaba romper con la lógica de los compadrazgos, para no poner a los cuates o a las cuotas de los partidos políticos, como siempre se ha hecho, sino elegir a los mejores para liberar a la judicatura de intereses político partidistas y garantizar la independencia de este órgano clave para empezar la limpia del poder judicial.

Lamentablemente esa intención quedó solo en el papel, ya que las y los diputados, no solo ignoraron el trabajo del CPS que había evaluado por debajo de media tabla a las y el consejero impuesto, sino que para poder colocarlos eliminaron ilegalmente uno de los requisitos de la convocatoria como era el haber conseguido mínimo ochenta puntos en el examen escrito. Con esa acción burlaron también a las 5 universidades más importantes del estado que fueron convocadas para diseñar la prueba que al final fue ignorada.

El CPS se quejará por el proceder de las y los diputados locales de Jalisco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) además de que promoverá amparos para tratar de revertir los nombramientos y repetir el proceso de selección haciendo cumplir lo que señala la recién aprobada reforma judicial.

Esta semana también convocaron a una coalición amplia de actores sociales e instituciones para manifestar el desacuerdo con el asalto del Congreso local a la Judicatura a través de un desplegado. Entre otras cosas, en la carta abierta dirigida de las LXII Legislatura, se denuncia que en la sesión de la madrugada del pasado 19 de junio, se desconocieron "procedimientos y fases establecidas en las propias convocatorias aprobadas. Este acto alevoso generó una amplia condena de la sociedad civil (...) que ha expresado su desacuerdo con la controvertida designación".

En el desplegado se exige también a las y los diputados aprobar ya una ley de designaciones públicas para integrar organismos autónomos y poderes públicos con el criterio de la meritocracia y no con dedazos e influyentismos como se hace hasta ahora. Habrá que ver si hay apertura o las y los diputados se siguen haciendo sordos y cavando aún más su desprestigio.

Preocupa que el presidente del Poder Judicial de Jalisco, y también presidente del Consejo de la Judicatura, no haya hecho extrañamiento alguno por la obscena simulación ocurrida en el Congreso para hacer las designaciones públicas de su nuevo compañero y compañeras consejeras, que desprestigia aún más al Supremo Tribunal de Justicia que dirige.

Su llegada hace también que la reciente reforma al poder judicial haya nacido muerta. Ingenuamente pensamos que haber logrado fijar en la ley que estos nombramientos se dieran en procesos abiertos y con árbitros externos, rompería con la lógica de los compadrazgos, de los cuates y las cuotas, para optar por la meritocracia y las competencias profesionales para empezar a limpiar al poder judicial y a construir su verdadera independencia frente al poder ejecutivo y legislativo. Ya quedó claro que eso no fue suficiente y fue fácilmente burlado por los propios diputados y diputadas que hicieron y presumieron esa reforma.

Nadie en su sano juicio puede esperar que una Judicatura secuestrada por intereses políticos cumpla su función de combatir la corrupción y la impunidad de jueces y magistrados para cumplir el anhelo social de tener un poder judicial confiable y que contribuya a pacificar el estado y mejorar los servicios de justicia para los ciudadanos.

La proactividad del Gobierno de Jalisco para transparentar y hacer accesibles los datos e información sobre la pandemia ha quedado a deber.

No sólo tenemos paralizados los mecanismos de transparencia sino que la calidad de la información que comparte el gobierno estatal en su portal es tan deficiente que ubica a Jalisco en el lugar 27 en transparencia.

Esto reveló el "Ranking de Portales Estatales de Salud 2020: la respuesta ante la contingencia", del laboratorio U-GOB, que reprobó al estado con una calificación de 48 sobre 100.

En total se evaluaron 82 reactivos en materia de accesibilidad, transparencia, estadísticas y datos abiertos, trámites y servicios, así como atención ciudadana, entre otros. Los mejores evaluados fueron Guanajuato (71) y Ciudad de México (70.9).

Al interior de los partidos están midiendo ya el riesgo electoral que significa el desprestigio creciente de sus diputados y diputadas de la Legislatura LXII [de Jalisco] por todos los excesos cometidos.

Morena es un partido que chapotea en corrupción y su gobierno pasará a la historia como el ícono de la destrucción y la mentira, pero podría ganar las elecciones del próximo año gracias a un sorpresivo aliado: la oposición.

¿No van a ir unidos PAN-PRI-MC y PRD en las 15 gubernaturas que se juegan el próximo año?

Por lo visto, no.

Ni en las candidaturas a congresos estatales ni en los distritos para diputados federales.

Así podríamos ver, por ejemplo, al pujante estado de Querétaro, líder de la industria aeroespacial en el país, con 80 empresas de ese tipo, caer en manos de los señores del caballo y el trapiche.

O que se cierren fábricas en Nuevo León a través de consultas populares porque afean el paisaje, como dice el presidente, o le roban el viento a los pobres, según el secretario de Medio Ambiente.

Total, ya sabemos, el pueblo manda... con votaciones ilegales armadas por la Secretaría de Gobernación.

Lo más asombroso, como caso para el anecdotario universal de la insensatez política, sería que los partidos de oposición no hicieran acuerdos por distritos, y apoyarse, para impedir que Morena y sus aliados tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Morena ya armó su tándem y su lema: aliado al Verde y al PT, van por "la defensa de AMLO".

La oposición, en cambio, rezonga con que el PAN no quiere al PRI y los priistas ven mal a los panistas, lo cual tiene razones y raíces. Olvidan, sin embargo, que fue la confluencia de esas 2 fuerzas la que hizo posible la apertura económica y política del país, así como el inicio de una modernización inacabada.

Resulta cómico ver que ambos partidos se acomplejan porque les llamen "el PRIAN", como si eso fuera un tema de fondo en las próximas elecciones.

Nada hay más impúdico que la alianza Morena-Verde, pero en esos partidos saben de elecciones y van a sumar pese a las críticas. López Obrador tiene claro lo que quiere: todo el poder para él.

La oposición, en cambio, parece no asimilar que la batalla de 2021 es por el rescate de la nación.

Sin ganarle a Morena el próximo año, olvidémonos de 2024.

Con congreso y mayoría de estados en su poder, los partidos de López Obrador concretarán lo que han intentado hacer para consolidar lo que queda de su proyecto: un país empobrecido y ciudadanos a merced del gobierno.

Sin una robusta oposición política, van a confiscar lo que les venga en gana sin pasar por la autorización de un juez.

El PAN no quiere apoyar en ningún lado al PRI, y el PRI se resiste a respaldar al PAN donde sea indispensable.

Movimiento Ciudadano deja ver que sólo hará alianzas si le escrituran de antemano la candidatura presidencial para Alfaro en 2024.

Empezamos a ver una tragicomedia acerca del suicidio de una nación.

Sin 2021 no hay 2024. Se acabó. La partida habrá terminado.

Los diputados [de Jalisco] aprobaron también una reforma electoral que, usando como pretexto la epidemia de coronavirus, busca recortar los tiempos de las campañas electorales.

El efecto buscado con la reforma que acorta los tiempos no es otro que disminuir las posibilidades de los partidos de oposición de hacer campañas. Entre más cortas sean las campañas, menos podrán darse a conocer y menos oportunidad tendrán de conectar por tierra con los votantes, lo que favorecerá al partido en el gobierno y a los candidatos que buscan reelección. La reducción de tiempos de campaña no significa menos gasto, sino concentración de éste.

La elección 2021 no luce nada fácil para Movimiento Ciudadano. Con todo y su desastre organizativo y su delegada demandada penalmente por ellos mismos, Morena es el partido que más ha crecido en la intención de voto en el estado. Le ayudan sin duda el presidente omnipresente y los programas sociales, pero sobre todo que se quedó como única alternativa al poder de los naranjas: el PRI está más desdibujado que una camiseta pirata y el PAN, dispuesto a convertirse en el partido rémora de Alfaro, sólo hace cálculos electorales, ya no programas de gobierno. Los más afectados por la reforma serían, en caso de lograr su registro esta semana, los nuevos partidos. Futuro, liderado por Pedro Kumamoto, nació de las candidaturas independientes de Wikipolítica, y Hagamos, el partido con el que el grupo político de la Universidad, encabezado por Raúl Padilla, busca meter 1 o 2 diputados más a su ya tradicional bancada pluripartidista.

Una reforma electoral que no cuenta con el aval de los partidos de oposición es una reforma de las mayorías, que puede llamársele de cualquier forma menos democrática.

En política, como en la vida, siempre he preferido a los cínicos que a los hipócritas. No es que los cínicos merezcan aplauso alguno, pero comparados con los hipócritas son mucho más llevaderos.

Con ellos sabemos a qué atenernos, ponen sobre las mesa sus intereses y luego ejercen la presión necesaria o posible para sacar adelante lo que para ellos es conveniente. Los hipócritas juegan por debajo de la mesa, ondean una bandera democrática, se rasgan las vestiduras, atacan a los políticos cínicos para luego de imponer su voluntad y exigir el aplauso.

Lo que acaban de hacer MC y PAN en el Congreso del Estado nombrando a personajes a modo en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Jalisco es una gran muestra de hipocresía política.

Movilizaron a universidades y al sistema estatal anticorrupción para hacer exámenes y evaluaciones, generaron la expectativa de un proceso abierto y transparente y al final terminaron imponiendo en una negociación de cuotas a sus cuates en medio de la noche, de espaldas a los ciudadanos.

Lo mismo podemos decir de la "pareja residencial". La secretaria de la Función Pública autoerigida en zarina anticorrupción, Irma Eréndira Sandoval, quien después de exonerar burdamente a su amigo Manuel Bartlett, resultó que ella estaba exactamente en el mismo caso: en los últimos años se convirtieron ella y su marido, el "secretario de adulación presidencial", John Ackerman, en propietarios de casas y terrenos no declarados por un valor muy superior a sus ingresos. Nadie dice que no pueda haber una explicación lógica, coherente y clara de cómo se hicieron legal y horadamente de ese patrimonio pero, en lugar de dar una respuesta, se tiran al suelo y se victimizan hipócritamente.

El gran problema del discurso de los autoerigidos en grandes transformadores, llámese 4a. Transformación o Refundación, es que parten de una supuesta superioridad moral que, por supuesto, no tienen, y desprecian permanentemente todo lo que viene de ese pasado oscuro que dicen querer cambiar, pero olvidan que son parte de ello.

¿Hay alguna alternativa al cinismo y la hipocresía al hacer política? Por supuesto que sí, se puede hacer política de cartas abiertas cuando los intereses que se juegan y defienden son legítimos. Pero esto sucederá cuando la sociedad premie con el voto al político que hable con la sensatez del ser humano limitado y no a aquellos que vendan grandes transformaciones en plazos inmediatos y luego hipócritamente se quejan de que les dejaron un cochinero.

Las transformaciones de corto plazo son manzanas bofas. Las grandes utopías se construyen despacio, ladrillo a ladrillo y no descansan sobre los hombros de un líder sino de una nación entera, de un pueblo que, en medio de sus propias contradicciones y conflictos, es capaz de compartir e maginar un futuro común.

Luego del alud de críticas que recibieron por las "huizachadas" que aplicaron para nombrar a sus cuates en el Consejo de la Judicatura, los diputados locales andan con ánimos de buscar desquite y el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción podría pagar los platos rotos.

Más de un legislador se ha pronunciado off the record por aprobar la reforma que plantea quitarles el sueldo a los integrantes del comité, lo que representaría el 1er. paso para extinguir ese organismo.

La iniciativa fue presentada hace unos meses por el diputado panista José de Jesús Hurtado, que tuvo roces con el comité en el proceso de designación del procurador de Desarrollo Urbano. Hay quien afirma que los legisladores ya tienen bien desarrollado el caparazón del cinismo para aprobar este tipo de medidas.

Los síntomas de pudrición de la Legislatura 62, de mayoría naranja, habían aparecido desde antes de cumplir su 1er. año de gestión cuando se montaron en el tobogán del desprestigio y empezaron a degradar aún más y como nunca la figura y función de las y los diputados.

Pasarán a la historia por ser los que revivieron los "apoyos económicos" y bonos sin que estuvieran presupuestados; los que incrementaron la nómina para marcar al Congreso de Jalisco como uno de los más caros e ineficientes del país; por lavar cuentas e ignorar cargos hechos por la Auditoría Superior a decenas de ayuntamientos y dependencias; por permitir y autorizar el mayor endeudamiento estatal de la historia; por hacer comparecencias a modo para proteger a funcionarios del gobierno estatal; y por perpetuar en las designaciones públicas la lógica de los cuates y las cuotas.

Por eso no sorprendió el obsceno espectáculo que dieron la tarde del jueves y la madrugada del viernes, cuando aprovecharon que la ciudadanía que dicen representar dormía, y cual si fueran ladrones, perpetrar el atraco de 3 posiciones en el Consejo de la Judicatura.

La imposición de Tatiana Esther Anaya Zúñiga, de Ivan Novia Cruz y de Claudia Esperanza Rivera Maytorena (los 2 primeros cercanos al gobierno alfarista y la 3a. prometida por los emecistas al PAN), impulsada principalmente por las y los diputados de MC y del PAN, que obligaron un acuerdo para ignorar el requisito de lograr al menos 80 puntos en el examen, dejó como se temía, en una burda simulación más la convocatoria, con la que en teoría llegarían al Consejo de la Judicatura los mejores perfiles profesionales, con trayectoria y competencias probadas, así como una reputación intachable.

En lugar de este escenario de legalidad y meritocracia prometido, lo que se vio la madrugada del viernes en el Congreso fue una ilegal y cínica maniobra para cumplir con estas designaciones acordadas previamente y en la obscuridad, ahora sí que de los sótanos del poder (como dice el nuevo clásico), entre MC y el PAN.

Esta afrenta no sólo ofende a los 67 hombres y mujeres que creyeron en la promesa de la Legislatura 62 que habría piso parejo y criterios claros y que atendieron la convocatoria; al Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que evaluó los perfiles; y a las universidades que participaron en el diseño del examen y se les culpó de hacerlo mal, como coartada para poder cometer el asalto, sino es una ofensa y una burla inadmisible a la población de Jalisco.

Desde cualquiera de estas instancias tendrán que venir las acciones y las protestas para revertir estos viciados nombramientos, para evitar que estos procesos fraudulentos se den en las próximas designaciones públicas que vienen del poder judicial, del Instituto de Transparencia y del SEA.

Estos mediocres nombramientos pudrirán también aún más el Supremo Tribunal de Justicia, por lo que su presidente Ricardo Suro, también debería pronunciarse en contra del desaseo y del desprestigio con el que llegan las y el nuevo consejero, y exigir que se reponga el proceso. Nadie puede quedarse cruzado de brazos en la tarea de recuperar un congreso putrefacto.

Luego de años de corrupción y escándalos, el Poder Legislativo [de Jalisco] había podido enderezarse en las últimos 2 legislaturas. Había muchos desafíos pendientes, no obstante, tanto política como administrativamente, el congreso estaba mejor que en el pasado. La Legislatura 60 con, diputados como Clemente Castañeda, Enrique Velázquez, Miguel Castro o Rafael González Pimienta, lograron enderezar la nave. A trancas y barrancas, pero se contuvo el crecimiento de la nómina, se evaporaron los casos de corrupción como López-Castro de la legislatura anterior y el gasto del poder legislativo se redujo en 38%. Desaparecieron las casas enlace y se acabaron excesos como las camionetas, los celulares o los seguros privados. La legislatura bailó mucho al son que tocó el gobierno que llegaba (lo cual era natural con una amplia mayoría del partido del gobierno), pero los diputados cumplieron al detener el colapso financiero de la institución.

Llegó la Legislatura 61. Ahora, la mayoría la tenía Movimiento Ciudadano. Gobierno dividido: el PRI en Casa Jalisco y MC controlando Hidalgo 222. Las alianzas y el trabajo político de diputados como Ismael del Toro, Fela Pelayo, Hugo René Ruiz Esparza, Alejandro Hermosillo, Pilar Pérez Chavira o Pedro Kumamoto permitió que fuera una Legislatura con reformas muy importantes. Se aprobó Sin Voto No Hay Dinero, la iniciativa de reducción de recursos públicos más importante del país. Se nombró a todo el Sistema Anticorrupción con amplios consensos y participación de la ciudadanía. Se fue el corrupto auditor, Alonso Godoy Pelayo -que se había eternizado en el cargo- y llegó un auditor con credibilidad. Se nombró a Alfonso Hernández como ombudsman, tras el oscuro paso de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián por la defensoría popular. Se aprobó la Ley de Participación Social con acuerdo de todas las fracciones parlamentarias. Una legislatura enderezó administrativamente al congreso y otra sirvió para destrabar nombramientos y reformas que habían estado congelados por años. MC también tenía la mayoría, pero Del Toro prefirió tejer consensos y no utilizar el tractor para arrasar con cualquier disidencia.

Sin embargo, el camino andado se fue por la borda en instantes. Los actuales diputados han decidido romper la inercia de parlamento abierto. Romper el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y fungir como una auténtica oficialía de parte del poder ejecutivo. Hagamos un poco de historia. La actual legislatura desapareció al Instituto Jalisciense de las Mujeres con un congreso blindado y la mitad del arco parlamentario fuera de sus escaños en señal de protesta. El 1er. distanciamiento con respecto a esa ciudadanía que dicen representar. Han aprobado los presupuestos (2019 y 2020), y los reajustes así como los endeudamientos, sin casi debate. La alianza MC-PAN que hoy controla el poder legislativo está en plan de tractor pasando por encima de cualquiera que se le ponga en medio.

Se creen muy proactivos llamando a funcionarios a comparecer, pero no son capaces de formularles una sola pregunta que atienda al sentir ciudadano. El miércoles pasado, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez y el coordinador de Seguridad, Macedonio Tamez, asistieron al poder legislativo y los diputados prefirieron quedar bien con los funcionarios, faltando a la representación de sus distritos. Los hechos graves que sucedieron en Jalisco del 4 al 6 de junio ni siquiera despeinaron a los legisladores. Y luego dicen que son los populistas los que minan la credibilidad de las instituciones. Pues no, son esos que no asumen su investidura, y su responsabilidad, los que destrozan el prestigio del congreso.

La gota que derramó el vaso fue el nombramiento de las y los consejeros de la Judicatura. Los legisladores tenían que seguir lo que ellos mismos aprobaron en la ley y en la convocatoria. Y no quisieron. Al darse cuenta que las universidades y el Comité de Participación Social no serían cómplices de sus inconfesables acuerdos, decidieron dinamitar el proceso. En lugar de respetar los resultados de las evaluaciones de las universidades más prestigiosas de Jalisco y atender a los filtros del Sistema Anticorrupción, prefirieron escudarse en errores en los exámenes para declarar elegibles a todas y todos los candidatos a la Judicatura, sin importar si habían aprobado los requisitos mínimos para llegar a la Judicatura. No recuerdo un cinismo de tal tamaño. Y como sabían que estaban burlando la ley que ellos mismos aprobaron y los compromisos que ellos hicieron, decidieron tomarles protesta a los nuevos 3 consejeros a las 2 de la mañana. 2 consejeros para MC: Gabhdiel Novia (cercano a Adrián Talamantes, consejero del gobernador) y Tatiana Anaya (cercana a Rafael Martínez, síndico de Zapopan). Y una consejería para el PAN: Claudia Rivera (cercana a Octavio Esqueda, del Comité Directivo del blanquiazul). Las cuotas y los cuates, esas prácticas que tanto denunciaron los emecistas en la oposición.

En esta coyuntura, todos los partidos son algo responsables de lo que vemos. En mayor o menor medida, las fuerzas parlamentarias, de todo signo político, han puesto su granito de arena para hacer de esta legislatura, la peor desde hace muchos años. Sin embargo, la mayor responsabilidad la tiene Movimiento Ciudadano y su coordinador Salvador Caro. Los naranjas prometieron ser distintos. El otrora comisario de seguridad en Guadalajara que, siendo regidor en Guadalajara denunciaba de corrupción todo lo que olearía al PRI, hoy actúa como lo que es: un priista. Caro viene de ahí y eso de repartirse el pastel, nombrar a candidatos no aptos y hacerlo todo en "lo oscurito", es una práctica enterita del viejo régimen.

Del PAN es mejor no decir nada, porque llevan muchos años actuando de esta manera. Años y años sin proponer nada, y sólo sirviendo de bastón de quien está en el poder. Recuerde usted al PAN aprobando todas las reformas o iniciativas de Aristóteles Sandoval o lo que está haciendo ahora el jefe del ejecutivo. El problema del PAN Jalisco es que sigue secuestrado por un grupo que lo único que quiere es seguir haciendo negocios y lucrando con la derrota cada 3 años. Le interesa la política como método de enriquecimiento, no como instrumento para cambiar las cosas. Qué lejanos de aquellos panistas que lucharon por un país democrático y libre.

MC sí se tiene que mirarse en el espejo del PRI y del PAN. La sociedad jalisciense no concede bonos eternos. Como llegan, si fallan, los electores ponen a cada quien en su lugar. El PAN se fue en 2012 y lleva 8 años sin rumbo. Y el PRI hoy tiene 3 diputados. Llegaron inflados de soberbia en 2012 y hoy el tricolor lucha por sobrevivir. El mensaje de los electores desde 2015 fue confiar en que MC podía cambiar las cosas. Sé que hay voces sensatas en este proyecto político que pueden levantar la voz para corregir el rumbo. Si no lo hacen, el tsunami electoral los mandará muy pronto a la oposición.

Como "caquistocrático", fue calificado por la diputada Mara Robles el proceso de selección de los consejeros de la Judicatura [de Jalisco] la madrugada de ayer, trámite que no tomó en cuenta el examen teórico para elegir a los mejores perfiles, por lo que la legisladora aseguró que se repitieron los vicios de elegir a los integrantes del poder judicial por cuotas partidistas.

"Este sistema de repartición de cargos con base en cuotas lo que ha generado es la caquistocracia, que, según los griegos, quiere decir 'el gobierno de los peores', la mayoría de las personas que tiene capacidades, ética y la voluntad de servir se queda fuera de los procesos porque no tiene acceso a las trampas del poder", refirió la legisladora sobre el nombramiento por 4 años de Claudia Rivera Maytorena, Tatiana Esther Anaya Zúñiga y Gabhdiel Iván Novia Cruz.

Desde su debut parlamentario en Jalisco, en 2012, han pasado ya 3 legislaturas y las bancadas del partido Movimiento Ciudadano han estado lejos de cambiar la historia, como prometieron hacer para dignificar la vida del congreso local, de la política y de los asuntos públicos en general.

Además de que no cumplieron su promesa de campaña de erradicar las viciadas dinámicas de voracidad y opacidad en el poder legislativo, continuaron con la práctica generalizada de las designaciones públicas bajo las lógicas de los cuates y las cuotas con concursos simulados (ya platicaremos de todos los enredos de ayer por las vacantes del Consejo de la Judicatura, como ejemplo); y han reproducido, en versión corregida y aumentada, desde que MC ganó la gubernatura, la actitud de sumisión absoluta de sus legisladores y legisladoras, a los designios del poder ejecutivo.

Como en los mejores tiempos de las mayorías priistas y panistas, las y los diputados que integran la mayoritaria fracción naranja olvidaron su compromiso con los ciudadanos que votaron por ellos para ser sus representantes populares para obedecer sin chistar lo que se les dicte desde Palacio de Gobierno.

Lo más grave de esta obscena supeditación al gobierno estatal es que en el camino se privó incluso en pleno parlamento, al derecho de parlar a Mara Robles, integrante de la bancada emecista, y quien el miércoles no pudo participar pese a que fue la única legisladora que pidió por escrito la renuncia del fiscal, luego de las desapariciones forzadas, como ayer lo volvieron a pedir las y los diputados del PRI y de Morena.

Lo que quedó claro, pues, luego de la comparecencia simulada del miércoles, es que la bancada naranja y sus aliados del PAN, Verde y PT, anularon la función de contrapeso del ejecutivo que debe cumplir el poder legislativo y lo convirtieron en su apéndice. Las y los diputados de MC no pasaron la prueba y demostraron ser iguales a los que tanto criticaron. Quien no hace diferencia no cambia tampoco la historia.

El Partido Verde ha tenido siempre un agudo sentido de la oportunidad. Cuando nació se alió con el PRI, en los tiempos de Fox y Calderón se acercó al PAN, y regresó al PRI del brazo de Peña Nieto. Ahora se alía con Morena. Eso se llama tener principios sólidos.

La 1a. paradoja de la democracia mexicana es que el presidente que podría, cual ingeniero con grandes planes, dedicarse a cambiar todo, emplear en eso su creatividad e ímpetu, prefiere invertir buena parte de su día en tratar de inventar la imagen de una oposición que solo es peligrosa en su cabeza, en sus temores.

La 2a. paradoja la encarnan aquellos que desde el triunfo de López Obrador, el 1 de julio de 2018, no se resignan al resultado de la democracia.

Por un lado, está la llamada oposición tradicional. Desbalagados, resentidos, pero sobre todo desorientados, los partidos políticos que gobernaron México desde los 80 no saben articularse frente a quien ha logrado convertirlos en la bestia negra del cuento que se cuenta todos los días desde Palacio Nacional.

1o., pecaron de ansiosos con aquel intento fallido encabezado, sobre todo, por el panista Javier Corral, gobernador de Chihuahua. Luego su repliegue fue casi total. Hoy, tras 24 meses de su derrota, el PRI está desaparecido y el PAN extraviado.

Frente a un presidente poderoso pero proclive no solo a salidas deschavetadas sino a políticas y proyectos de endebles cimientos, ante un mandatario que trae a la memoria de muchos los peores vicios del autoritarismo priista, en estos 2 años la otrora oposición no solo está lejos de articular un discurso alternativo, sino que ni siquiera ha podido dar muestras de que entiende el reto que se avecina.

Y desde las clases empresariales, tanto como de otros sectores de la sociedad civil, se puede decir lo mismo que de los partidos tradicionales: no saben cómo ser oposición sin ser la oposición que conviene a AMLO.

Para justificar graves errores y no pocas insuficiencias de su gobierno, el presidente anima diario a botargas marchitas que añoran un modelo rechazado en las urnas.

Y los opositores, en vez de reinventarse, creen que el fracaso del tabasqueño les dará no solo una victoria moral, sino que les posibilitará el añorado regreso.

El riesgo de contagios es, en esta etapa de uñas y decálogos, mucho mayor y la atención hospitalaria, más allá de semáforos y recuento de camas, será mucho peor por el simple hecho de que tendremos un sistema estresado. Lo que no hicimos como país y como Estado quedará para revisiones posteriores, pero no deja de ser un fenómeno digno de atención el que el Estado mexicano, su gobierno nacional y subnacionales, reconozcan su incapacidad para seguir manejando la pandemia con políticas públicas.

Más allá de las particularidades de nuestros gobernantes, una de las lecciones de la pandemia es que tenemos gobiernos obesos e ineficientes, con una capacidad de respuesta limitada. Es demasiado costoso para lo que nos ofrece y muy limitado para lo que se requiere un país como el nuestro. Quizá sea momento de dejar de pensar, de poner el foco de atención, en quienes nos gobiernan para comenzar a preocuparnos por el gobierno en sí mismo.

La actuación del 1er. fiscal Anticorrupción de Jalisco ha estado lejos de la expectativa que generó ser el fundador de esta dependencia en febrero de 2018, luego de un largo y ejemplar proceso de selección. No hay hasta hoy un solo caso que nos marque un antes y un después en la lucha contra el lastre de la corrupción y la impunidad por la existencia de esta dependencia que nació junto con el Sistema Estatal Anticorrupción.

Ya sabíamos que la 4a. Transformación quiere concentrar el mayor poder posible en manos del ejecutivo. Una de las maneras de hacerlo es con funcionarios ignorantes.

Muchos son los puntos cuestionables de la iniciativa del senador Ricardo Monreal de Morena para fusionar a 3 de los principales reguladores autónomos y quitar toda independencia a un 4o. La filosofía de la iniciativa, sin embargo, se entiende mejor por una disposición relativamente inocua.

Los consejeros del nuevo Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob) no tendrían que someterse a "exámenes de conocimientos". ¿Qué razones podría haber para tener reguladores ignorantes sobre los temas que deben regir? Una es evitar las vergonzosas exhibiciones públicas de los candidatos de la 4T, pero la iniciativa afirma además que eliminar los exámenes es una forma de "evitar la formación endogámica", "incorporar visiones externas" y "evitar un sesgo a favor de una formación exclusiva tecnocrática".

Cuando la gente sabe de un tema no acepta tan fácilmente las instrucciones de arriba. Por eso queremos una junta de gobierno del Banco de México que entienda de economía, unos funcionarios de salud que comprendan la medicina y la epidemiología, y un titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que esté versado en temas ambientales. No será el caso, sin embargo, del nuevo Inmecob. La 4T quiere consejeros ignorantes.

El propio presidente ha afirmado que prefiere tener funcionarios con 90% de honestidad y 10% de conocimiento: "Hay quienes tienen mucha experiencia, están graduados hasta en universidades del extranjero, tienen hasta doctorados, pero son deshonestos, y a nosotros lo que más nos importa es la honestidad".

Vimos un ejemplo en el caso de José Ángel Carrizales López, un joven propuesto 5 veces por el mandatario para ser comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), rechazado las 5 por el Senado debido a su falta de preparación. López Obrador finalmente lo impuso como titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

La iniciativa de Monreal para cambiar los artículos 27 y 28 de la Constitución busca concentrar más poder en manos del ejecutivo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia y la CRE desaparecerían y sus funciones serían transferidas al nuevo Inmecob. Las facultades de la CRE en materia de hidrocarburos pasarían a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero solo para que el ejecutivo "continúe ejerciendo sus facultades de regulación técnica y económica en materia de hidrocarburos" por conducto de esta última institución.

Siempre es más fácil que un presidente dé órdenes ideológicas a un ignorante que a alguien preparado. La CRE ya está dominada por gente sin preparación, pero leal al presidente, y ha dejado de comportarse con autonomía. El propósito fundamental de la nueva reforma de Monreal es avanzar en este camino.

Para que el presidente tenga un control total, empero, necesita consejeros ignorantes. Quitarles un examen de conocimientos que no podrían aprobar les evita la vergüenza de ser exhibidos públicamente, pero en el fondo el propósito es más sencillo y perverso: Monreal busca impulsar una mayor concentración de las decisiones de competencia económica, telecomunicaciones y energía en el presidente, como en los tiempos del viejo PRI.

Tengo particular aversión por los políticos que se victimizan. El llanto del poderoso me resulta más falso que la sonrisa del payaso. Los gobernantes a quienes les gusta hacerse las víctimas tienen otro elemento en común: no les gusta que los contradigan, que las cosas no sean como ellos dicen, tienden al autoritarismo y a la polarización. En el fondo son egocéntricos, les gusta verse en el espejo y ser el más bonito, el más popular, el más querido. Su ego los hace que se vean a sí mismos en las páginas de la historia antes de escribirlas.

Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador se parecen más de lo que creen y, sobre todo, mucho más de lo que sus respectivos seguidores piensan. Si son antagónicos es porque no soportan la presencia del otro. Los 2 juegan a la víctima, se dicen perseguidos por sus enemigos, los reales y los inventados, viven en medio de un complot permanente y son incapaces de la más mínima reflexión autocrítica.

Uno quiere transformar la vida pública del país, hacer una transformación del tamaño de la independencia, la reforma o la revolución no porque el pueblo se lo pida, sino porque él lo quiere, lo necesita para estar en los altares de la patria. El otro plantea una refundación de Jalisco, una nueva constitución, no porque el estado lo necesite, no hay nadie en las calles, en las universidades, en las instituciones públicas pidiendo o pensando la refundación, lo que hay es una gobernante en Casa Jalisco que quiere pasar a la historia no como un buen gobernador, sino como el que refundó el estado, aunque nadie sepa para qué.

Si algo tienen claro los 2, porque ambos estudiaron en los mismos libros de texto, es que en este país lo héroes consentidos son las víctimas de la historia, no los constructores. Lo que enfatiza López Obrador de Juárez es que fue perseguido y atacado por los conservadores; Madero fue traicionado por los medios y la burguesía; Moctezuma derrocado por el invasor. En cada discurso Alfaro nos dice lo difícil y agotador que es ejercer el poder; lo largo de la cuesta y lo pesado que es la carga. Año y medio después de tomar posesión del gobierno, los 2 siguen hablando de sus enemigos, del cochinero que les dejaron, de lo mal que estaba todo, como si no lo supiéramos. como si ellos no se hubiesen aprovechado de ello en campaña para llegar al poder, como si no nos hubieran prometido que sabían cómo resolverlo.

El político que se victimiza rehúye a la realidad, pero, sobre todo, a su responsabilidad.

Se armó la revolución en el Congreso del Estado con la reprobadera del examen de conocimientos aplicado a aspirantes al Consejo de la Judicatura porque les puso una exhibida a "renombrados" juristas y catedráticos.

Por ejemplo, la directora de la Preparatoria 4 de la UdeG, Rosalinda Mariscal, obtuvo la calificación más baja de los 61 aspirantes, con 42 sobre 100; el director de la carrera de Derecho de la misma casa de estudios, José de Jesús Becerra, si bien sacó 77, los observadores del proceso lo grabaron sacando un "acordeón".

¿Qué cara le darán a sus alumnos con semejantes calificaciones y mañas?

Ayer más de una decena de aspirantes interrumpió la comparecencia del secretario de Hacienda, Juan Partida, porque acudieron a exigir una revisión de sus calificaciones.

Nos informan que la más afectada es la UdeG porque la mayoría de sus aspirantes no alcanzaron a salir en listas... de aprobados.

Es hora que aún no se sabe si tienen que declarar desierta la convocatoria o si les darán alguna ayudadita para que pasen y los puedan nombrar. Ya veremos.

Lo que ocurrió el pasado jueves 4 de junio fue una sorpresa tan manifiesta, que durante un par de horas los manifestantes atacaron el Palacio de Gobierno sin que ninguna autoridad les opusiera resistencia. La certeza de que todo había salido de control quedó clarísima cuando las patrullas de la policía estatal ardían a las puertas mismas de Palacio.

Entre las muchas aristas de análisis que ofrece el episodio y lo que sucedió después, en las manifestaciones más pequeñas del viernes 5 y el sábado 6 de junio, la del ejercicio político y la confrontación entre el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el presidente Andrés Manuel López Obrador, es de las más llamativas y comentadas.

La movilización ocurrida la semana pasada no debe olvidarse, no es resultado sólo de la intriga que se cultiva en los "sótanos del poder". Es totalmente cierto que había infiltrados. El gobernador Enrique Alfaro tiene razón cuando dice que los jaliscienses no se manifiestan con ese grado de violencia. Hubo personas que por intereses desconocidos pero que podemos suponer fácilmente, estuvieron esa tarde en el corazón de la ciudad y participaron en los ataques a edificios públicos y propiedades privadas.

Pero también es verdad que se combinaron factores que deben considerarse: el malestar generado por el largo aislamiento decretado debido a la pandemia del coronavirus; el enfado creciente por la prohibición y lenta reapertura de la economía y el comercio; los mensajes constantes entre autoridades locales y federales, que se contradicen y contribuyen a la incertidumbre. Y varios fenómenos más que hicieron del ambiente social una olla de presión.

Queda claro que las autoridades locales están muy ocupadas y no detectaron el mal cuando nació. Otros, decididos a provocar el estallido, supieron muy bien estimular donde era necesario. Y el episodio imperdonable de la muerte de Giovanni López Ramírez en Ixtlahuacán de los Membrillos les brindó la oportunidad que esperaban.

¿Qué es lo que queda al paso de las protestas? Hay de todo, como en botica. Alfaro Ramírez y López Obrador ganan y pierden.

Enrique Alfaro, quien políticamente estaba echado para adelante, ha empezado a mostrar flaquezas y vulnerabilidades. El gobernador de Jalisco, que ha sido la vanguardia entre los líderes estatales para hacerle frente de manera contestataria al presidente Andrés Manuel López Obrador, se estaba construyendo en el imaginario colectivo de la oposición o los decepcionados del gobierno federal, a un fuerte aspirante a la Presidencia en 2024, pero en los últimos días parece ser más ser un gigante con pies de barro, que alguien forjado para una contienda larga, compleja y crecientemente llena de dificultades.

Tras convertirse en escándalo nacional el asesinato de Giovanni en manos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, un municipio dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, Alfaro irrumpió en la arena pública con la fortaleza de un gladiador, acusando al presidente de estar detrás de la violencia del jueves pasado sobre el Palacio de Gobierno, donde protestaban por el crimen, y que su partido está buscando desestabilizarlo. López Obrador le respondió con fuerza, retándolo a que probara su dicho, y Alfaro comenzó a hacer chiquito, matizando sus críticas, rozando en la zalamería con el Presidente al que había imputado, empezando a replegarse.

Alfaro ha sido un gobernador pendenciero, y durante los primeros 15 meses de su administración fue perdiendo credibilidad y apoyo, e incrementando impopularidad. Una encuesta de Consulta Mitofsky en febrero, lo ubicó con 28.6% de aprobación, lo que para efectos de gobernanza, es un desastre. Un líder que tiene menos del 30% de respaldo, está a la deriva, sin consenso para gobernar. La inseguridad es un tema que no ha podido resolver, pero el mayor negativo que tiene es la falta de empatía con la sociedad jalisciense. La pandemia de COVID-19 le ayudó a frenar el naufragio y le dio aire político por haber tomado acciones rápidas para proteger a la población. Implementó acciones draconianas que probablemente no causaron tanta alarma en la mayoría en ese momento, quizás por estar más preocupada por su vida. El asesinato de Giovanni lo sacudió.

El escándalo regresó a Alfaro a la realidad, quien comenzó a disparar para todos lados. Acusó a López Obrador y a Morena de estar detrás de los disturbios violentos del jueves, y afirmó tener evidencias que nunca presentó. Antes de los hechos violentos se presentó ante la sociedad como un gobernador que estaba atento a cuidar los derechos de sus gobernados -nunca explicó por qué tardó un mes en reaccionar al asesinato de Giovanni-, pero la fiscalía estatal detuvo a jóvenes que protestaban por el crimen mediante "detenciones ilegales y arbitrarias", denunció la Comisión Estatal de Derechos Humanos, constituyéndose en su "desaparición forzada".

El sábado ofreció disculpas en redes sociales, pero quiso fugarse una vez más hacia delante. En una entrevista con Televisa en Guadalajara, afirmó: "No fue un asunto menor. No estamos hablando de marchas y manifestaciones, estamos hablando de que Jalisco recibió una embestida brutal de grupos de intereses difíciles de identificar que construyeron una historia, una estrategia, que buscaron que hubiera muertos en Jalisco. Yo, guardadas las proporciones, me atrevo a decir que se empezaban a generar las condiciones para que aquí se construyera un nuevo Ayotzinapa".

La analogía utilizada por Alfaro es baladí. Las condiciones que menciona se crearon por todas las deficiencias sistémicas en el sistema de procuración y administración de justicia durante su gobierno, que han sido señaladas durante meses. Pero él quiso vincular acciones con personas y grupos, ocultando sus fallas, sugiriendo incluso que el crimen organizado podría haber infiltrado a la fiscalía para generar la violencia y las desapariciones forzadas. Esta es otra sinrazón. ¿Los cárteles de la droga actuando políticamente? Por favor, gobernador.

En estado de apendejamiento se encuentran ahora los partidos que deberían ser de oposición, y que son hoy por hoy meras entelequias cuya existencia se conoce sólo porque acuden puntualmente a recoger sus jugosas prerrogativas. La aplastante victoria conseguida por López Obrador, sus contundentes 30 millones de votos, dejaron al PRI, al PAN y a los demás partidos en un estado de estupefacción del cual todavía no se reponen. AMLO no enfrenta entonces a una verdadera oposición política, salvo la que en ocasiones le presentan algunos de sus propios partidarios, como Porfirio Muñoz Ledo y Ricardo Monreal, quienes en varias ocasiones han tenido el decoro y dignidad que se requieren para decir "No" ahí donde todos están diciendo "Sí, sí, sí". Tal estado de cosas lleva a pensar que la oposición al régimen unipersonal de López Obrador no provendrá de los partidos políticos, sino de la sociedad civil, que ya da muestras de estarse organizando para resistir las desatentadas acciones del presidente más presidencialista que hemos tenido en nuestra época, más autoritario y personalista aún que los del tiempo de mayor dominación del PRI. Irá creciendo la participación de los ciudadanos conscientes, al mismo tiempo que irá menguando la popularidad de AMLO. Ya muchos que le dieron su voto se arrepienten de haberlo hecho, y expresan con sinceridad su contrición. El número de arrepentidos se hará más grande aún conforme se pongan de manifiesto mayormente las fallas y limitaciones del líder de la 4T, cuyas buenas intenciones son tan evidentes como su palmaria incapacidad para llevarlas a la realidad. Entonces López Obrador tendrá que hacer lo que hoy no hace: apegarse a la ley, oír opiniones, respetar a la disidencia y poner freno a su caprichosa voluntad...

Definitivamente, quienes se aprovechan de la necesidad ajena no pueden ser reconocidos más de que como unos "mal nacidos", y lamentablemente para donde se quiera voltear a ver, ahí están: vividores que desde el gobierno compran medicina y/o artículos necesarios para paliar la crisis sanitaria a sobre precio, de mala calidad y bajo estricta adjudicación de contrato. "Autoridades" que aprovechan su poder pasajero para decidir quién sí y quien no puede trabajar para poder sobrevivir; individuos que aumentan el precio de los bienes y servicios de primera necesidad; pero seguramente que entre tanta vileza destacan quienes lucran con la supuesta entrega de despensas a los más necesitados.

El requisito invariable que les han requerido a quienes convocan es presentarse con su credencial del INE... No creo que estén usando los métodos clientelares-electorales con miras a las elecciones del 2021.

A nadie debería sorprender el espectáculo que ofrecieron las y los diputados [locales de Jalisco], estuvieron a la altura de sus predecesores. Porque no sé usted, querida lectora, lector, pero yo sí recuerdo que llevamos ya varias legislaturas compitiendo por el premio a la más ignominiosa.

La mayoría de diputados y diputadas del Congreso local no sólo se convirtieron, junto con el gobernador Enrique Alfaro, en la legislatura que más deuda autorizó en la historia reciente de Jalisco, sino que confirman la ruta de voracidad, abusos y sumisión que ya habían demostrado en otros momentos, el último de ellos en el lavado de cuentas públicas al ignorar cargos a municipios hechos por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

Lo dicho, cada día imprimen más velocidad en el tobogán del desprestigio que abordaron como las peores legislaturas del pasado que terminaron en la pudrición.

El crédito fácil que los bancos entregan a las entidades de gobierno se debe a que el pago de esa deuda está garantizado por los impuestos de todos los ciudadanos.

Las deudas públicas fueron inauguradas por los gobiernos priistas a fines de la década de 1980, pero fueron sin duda los gobiernos panistas quienes las impusieron como forma de gobierno, práctica que llegó para quedarse y aplicarse por gobiernos de todos los partidos, como ahora se atestigua con esta mega deuda impulsada por el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, sin importar que se falte a la promesa de campaña de jamás contratar deuda.

De este modo, los pasados 5 gobernadores han hipotecado el futuro de los jaliscienses cargándonos de deudas innecesarias, si se gobernara para el bien común.

Es importante recordar que el periodo de aumento constante de la deuda estatal coincide justamente con un incremento constante y significativo de las finanzas públicas estatales impulsadas 1o. por la reforma de federalismo hacendario impulsada por el presidente Ernesto Zedillo Ponce en 1995 y por más de una década de aumento sustancial de los precios de petróleo, cuya parte proporcional de excedente llegaba a Jalisco como presupuesto extraordinario.

Pese a ese aumento constante de las finanzas públicas, los gobiernos panistas de Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez y el priista de Aristóteles Sandoval siguieron contratando deuda bajo cualquier pretexto. En el caso de Emilio González destaca la absurda deuda para financiar los Juegos Panamericanos y otra para tapar el boquete abierto por el despilfarro presupuestal (subsidios a diestra y siniestra) y deuda que terminó gastada en cambiar luminarias o pintar fachadas de alcaldías. Aristóteles Sandoval endeudó al municipio para "arreglar" la glorieta Minerva y para pavimentar avenidas.

Pero la actual deuda que casi con seguridad aprobaron ayer los diputados es una de las contrataciones de deuda más absurdas y opacas. 1o. hicieron reasignaciones presupuestales bastante extrañas, se dijo que la federación recortó presupuesto para el estado (la diputada morenista Laura Imelda Pérez lo desmiente) y luego se solicitan 6,200 millones de pesos (MDP) sin tener una idea precisa de dónde serán utilizados estos recursos.

Lo que sigue es que en las próximas 3 décadas pagaremos cerca de 90,000 MDP (unos 3,000 MDP anuales) por el costo de una deuda pública que ahora es de cerca de 30,000 MDP. Así de irresponsable es nuestra clase política que nos ha endeudado tanto, que nos ha hipotecado el futuro.

Hoy les traigo la crónica histórica de la 1a. sesión virtual de la Comisión Permanente en los tiempos del Covid-19.

"Pasará a la historia por ser una sesión inútil, porque habiendo las condiciones, estando dentro de los rangos que permitiría la Secretaría de Salud para poder sesionar, estamos haciéndolo en una forma virtual donde no se pueden votar cosas. Qué forma la de Morena de desperdiciar las oportunidades para ayudar a los mexicanos", dijo el panista veracruzano, Julen Rementería.

También comentó que la sesión se hizo virtual por un capricho desde la Presidencia y sus aliados, quienes No quisieron sesionar presencialmente para apoyar a la sociedad por el impacto social y económico del Covid-19. ¿Cómo les piden quedarse en casa, sin ayudarlos? Y cerró aún más fuerte: "está muriendo la gente por la pandemia sin que se esté aplanando la curva; los hospitales están llenos y muchos no tienen para mantener a sus familias. Los temas se tienen que discutir de forma presencial, y resolver aquello que no hace el ejecutivo". ¿Así o más claro?

Les cuento que antes de llegar a esta permanente, los 13 legisladores de oposición (Claudia Ruiz Massieu, Manuel Añorve, Dulce María Sauri y Rubén Moreira, del PRI; Laura Rojas, Julen Rementería, Éctor Jaime, Nadia Navarro, Lupita Murguía y Josefina Salazar, del PAN; Miguel Ángel Mancera, del PRD, y Ramón Enríquez y Mario Rodríguez, de MC), están viendo por el bien del "Pueblo Bueno y Sabio", evitando que pase la iniciativa de Morena, de Mario Delgado, que busca darle #SuperPoderesALópezObrador, para meterle mano al presupuesto, lo que prácticamente eliminaría al poder legislativo.

En la mesa directiva acordaron discutir dos temas:

Estos fueron "Rápido y Furioso", operativo que sucedió entre 2006 y 2011, y la oposición planteó lo de "impactos sociales y económicos del Covid". ¡Quihúboles con las prioridades!

La priista Dulce María Sauri también estuvo extraordinaria y, palabras más, palabras menos, dijo que fue un abuso de autoridad lo hecho por AMLO y Rocío Nahle al cambiar las reglas del juego. Por lo que la electricidad nos costará más, no alientan ni protegen las energías renovables, e impiden que el país cumpla con sus compromisos nacionales e internacionales para reducir emisión de contaminantes y combatir el cambio climático. Por lo que exigió se deje sin efecto de manera inmediata dicho acuerdo. "Estamos frente a un acto de autoridad que retrocede al país a la década de los 70, que viola la ley y los derechos de quienes han confiado en México".

Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, informó que 120 legisladores de 6 grupos parlamentarios, como Martha Tagle, Lorena Villavicencio y Verónica Juárez, presentarán un punto de acuerdo por el cual se exhorta al ejecutivo federal a otorgar un apoyo de 3,746 pesos, al menos por 3 meses, a las personas que hayan perdido sus ingresos por el Covid-19.

Dolores Padierna, genio y figura, dijo que quiere (claro, mediante una iniciativa) extinguir 44 fideicomisos, sí incluye ¡el Fonden! (el fondo para atender los desastres naturales, como los huracanes que están a 3, 2, 1 de llegar), quesque para tener dinero y enfrentar la crisis. ¿No sería mejor detener los caprichos faraónicos como Santa Lucía, el Tren Maya y Dos Bocas? Ojo, costarán al menos 2 puntos del PIB. Ah, y se le fue a la yugular a Felipe Calderón por el programa "Rápido y Furioso".

Claudia Ruiz Massieu también fue muy clara: "Qué bueno que quieran saber del operativo 'Rápido y Furioso', pero hoy estamos enfrentando la peor pandemia de la historia y en México miles de mexicanos se enfrentan al desempleo, a contagiarse o hasta morir. ¿En verdad, hoy es tiempo de ese tema?".

En cuestión de Salud, el senador de Movimiento Ciudadano Ramón Enríquez indicó que CADA DÍA 400 PROFESIONALES DE LA SALUD SE CONTAGIAN, por lo que propuso apoyarlos: "Deben tener derecho a la salud, atención médica y a la seguridad social". Enfatizó que la Cofepris tardó en autorizar las pruebas para coronavirus después de 80 días del 1er. caso en México.

En tanto, el petista Benjamín Robles aseguró que el presidente AMLO trabaja para todos y da certeza. Dijo que el tamaño de la oposición es el tamaño de sus iniciativas, pero que por ellos (Morena, PT, Verde y PES) y -escuchen bien- a la caída del neoliberalismo, el pueblo estará muy bien y feliz.

La cereza fue de Leticia Gómez, del Verde, quien dijo que NO apoyan lo hecho por el gobierno, pues sólo ellos han defendido desde siempre las energías verdes y les pidió a todos que los apoyen; pero, ¿qué no el Verde hoy no es el socio, ¡ah no!, comparsa de Morena?

Por otra parte, Rubén Moreira (quien no le ha fallado al Pueblo) aseguró que a México le irá peor que a otros países, y propuso modificar el artículo 123 para poder contar con un seguro de desempleo durante la crisis del Covid.

Miguel Ángel Mancera, del PRD, insistió en la creación de un Consejo de Emergencia Económica para que ante una situación extraordinaria se establezcan acciones que eviten poner en riesgo el empleo y el sistema financiero.

Manuel Añorve, del PRI, advirtió que citarán a comparecer a Hugo López-Gatell, porque las cifras de contagiados "no cuadran", y también al director del Cofepris, ya que no es posible que estén paralizadas las investigaciones clínicas. Además propuso la creación de un fondo para rescatar al empleo y al sector turístico que está muy afectado.

El diputado Gerardo Fernández Noroña defendió al titular de la CFE, Manuel Bartlett, a quien calificó de "patriota" y "valuarte de la defensa de la industria eléctrica mexicana", y dijo que hay una campaña contra él. Apuntó que ahora que hablan de su hijo, León Manuel Bartlett Álvarez, propietario de la empresa Cyber Robotics Solutions, refirió que es un ciudadano con nombre y apellidos, y pidió dejar insidias y manifestaciones tendenciosas. "Es incorrecto que estén en esa campaña feroz, permanente, contra el patriota de Manuel Bartlett".

Sin duda, es cierto, que algunos no tienen padre y, sobre todo otros, no tienen madre, pero finalmente son o fueron los hijos de alguien, entonces sí se vale referirse así a las personas.

Saquen ustedes sus conclusiones y piensen que el congreso se renueva el 6 de junio de 2021, y que ya existe la reelección. ¿Nos quedamos así o cambiamos?

Espérense: tengan tantita memoria. En 2013, cuando el actual gobernador de Jalisco perdió la elección, criticó a Aristóteles Sandoval por solicitar 2,500 millones de pesos de deuda a largo plazo.

"Estoy muy triste por Jalisco", dijo entonces. "Lo que pase con Jalisco les importa poco. Solamente cuentan sus intereses. Están hipotecando el futuro de Jalisco", remató.

7 años después, como gobernador, busca endeudar a Jalisco por 6,200 millones de pesos, con lo que él solito engordará la deuda pública en casi 12,000 millones (5 veces más que su antecesor) porque a principios de su gestión, recuerden, ya había pedido otro préstamo.

Lo más oneroso es que 2,600 millones de pesos, casi mitad de la nueva solicitud de deuda, están sin etiquetar ni justificar y son para destinar a municipios. Hay quien ve que en realidad es un mecanismo de financiamiento naranja para la elección intermedia de 2021.

Por si fuera poco, el refundado idiolecto naranja maneja muy bien el discurso: no le llaman deuda sino "reactivación económica de Jalisco"; no necesita justificación porque es una necesidad impuesta por la pandemia; no afecta las finanzas del estado porque no es deuda sino un "mecanismo para tener flujo".

Por cierto, habrá que ver la postura de la Federación, que en voz del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a contratar deuda para hacer frente a la pandemia y ha llamado a los gobiernos estatales a no hacerlo, cuando luego de una eventual autorización del crédito en el Congreso local tenga que ser inscrito y avalado por la Secretaría de Hacienda, como lo estipula la Ley de Disciplina Fiscal.

La deuda pública goza de mala fama y pésima publicidad. No es para menos; el mal manejo de la deuda en este país nos llevó a una serie sucesiva de crisis económicas con devaluaciones asociadas (1976, 1982, 1985) que tuvieron su origen en un mal e irresponsable manejo de las finanzas públicas. Desde entonces la deuda quedó satanizada y eso explica en gran parte la resistencia que tiene el presidente López Obrador para endeudarse como una de las medidas recomendadas para la reactivación económica.

El gobierno de Enrique Alfaro, que tiene la afición contraria, está solicitando al Congreso [de Jalisco] adquirir deuda por 6,200 millones de pesos, lo cual no es ni bueno ni malo en sí mismo, todo depende de para qué y cómo se aplique esa deuda. La función de la deuda en un país, un estado, una empresa o una familia es adelantar bienestar o desarrollo. Si la deuda ayuda para acelerar la recuperación económica del estado después del coronavirus, perfecto, tiene lógica estudiarla. Si la deuda es para tapar el boquete de las finanzas públicas por la crisis, no tiene ningún sentido. Todo, claro, a condición de que quien adquiera esa deuda tenga capacidad de pago.

Jalisco la tiene; sus finanzas públicas son muy sanas. Esto es gracias al estricto manejo de la deuda del gobierno de Aristóteles Sandoval, pero eso no lo van a decir en ninguna exposición de motivos o declaración, pues los gobernantes suelen ser terriblemente mezquinos cuando se trata de reconocer lo que sus antecesores hicieron bien. Hay, pues, capacidad para el endeudamiento sin comprometer gravemente las finanzas del estado en los años venideros. Estando de acuerdo en que la deuda no solo no es mala, sino que en momentos críticos es fundamental para generar desarrollo y que Jalisco tiene un techo de endeudamiento que no lo pone en riesgo, la pregunta clave es para qué la deuda. Los que ha presentado el gobierno del estado no son proyectos concretos, con montos y tasa de retorno económico y social sino números vagos para conceptos generales. Lo hacen con toda intención, lo que buscan es tener la mayor manga ancha en el manejo de esos recursos. Cuando se ha hecho así, los recursos acaban dilapidándose.

Esta administración tiene, decíamos, una afición por los arrendamientos que, otra vez, pueden ser mucho mejor solución que la compra directa de activos si están bien estructurados. Por este y otros mecanismos el gobierno de Alfaro ha contraído obligaciones por más de 11,000 millones de pesos. Antes de autorizar cualquier deuda los diputados tienen que exigirle al gobierno transparentar todos los compromisos, pero sobre todo que presente proyectos y estudios de en qué se va a gastar y cómo va a beneficiar al estado cada peso.

Si los diputados, da igual de qué partido, le dan carta blanca al gobierno del estado estarán haciendo exactamente lo mismo que tanto han criticado y lo contrario para lo que fueron electos: cuidarle las manos al ejecutivo.

Leído ayer en las redes sociales del gobernador:

-Gobernador, ¿es cierto que para su plan de reactivación pedirá 6,000 millones más de deuda?

-No, Édgar; este préstamo para reactivar la economía de nuestro estado podremos pagarlo debido a que nuestras finanzas son fuertes y sanas, no hay endeudamiento.

Parece que la "nueva normalidad" en Jalisco comienza por la abolición de los hechos a través de un renovado idiolecto oficial.

O quizá no entendemos la lógica: es préstamo porque "yo lo pido", pero la deuda es nomás de ustedes, los ciudadanos que la pagan.

Hay que recordar que las finanzas de Jalisco ya están endeudadas. En este momento se tiene una deuda de 27,529 MDP y de aprobarse el crédito propuesto por el gobierno estatal, los pasivos ascenderían a 33,729 MDP.

El endeudamiento que arrastran las finanzas estatales contraído por gobiernos priistas, panistas y ahora de Movimiento Ciudadano produce una carga considerable al presupuesto estatal. Solo este año se destinaron 2,511 MDP para el pago de capital, intereses y comisiones.

La contratación de un nuevo crédito aumentará el pago de intereses de la deuda hasta cerca de 3,000 MDP, cada año por 2 décadas o más.

De hecho, el monto que se paga por el capital e intereses de la deuda cada año es equivalente a los apoyos anunciados para apoyar a trabajadores, comerciantes, negocios e industrias en Jalisco afectados por la pandemia.

De ahí la pertinencia de apostar por el ahorro y la austeridad para reponer los ingresos faltantes por la crisis económica, pero sin endeudar al estado. Si bien el gobierno que encabeza Enrique Alfaro ya anunció un plan de austeridad por dos mil MDP y una disminución del programa de obra pública por 3,600 MDP, tomando en cuenta el volumen del presupuesto total, podría pensarse en un plan de austeridad más amplio que evite contraer más deuda. Seguramente todavía se puede cortar más a servicios personales, materiales y suministros, gastos de ceremonias y de comunicación.

El presupuesto para este año es de 123,013 MDP por lo que un ahorro de 5% del gasto total arroja 6,150 MDP, prácticamente el monto de la deuda que pretende contratarse. Además, hay un subejercicio presupuestal del año pasado de 2,300 MDP, según informó ayer la diputada del PRI, Mariana Fernández.

Debe evitarse más deuda por congruencia y para evitar más cargas a la población. Por congruencia, porque como líder de Movimiento Ciudadano y como candidato a gobernador de ese partido, Enrique Alfaro fue un férreo opositor a la contratación nueva deuda pública cuando así lo anunció el priista Aristóteles Sandoval.

Y contrario a esa postura, Enrique Alfaro ha contratado más empréstitos. Como cuestionó Érika Pérez, diputada local de Morena, "en apenas 16 meses en el cargo, (Alfaro) ya endeudó a Jalisco con 7,450 millones de pesos en este año y sin contar lo de 2019 y lo del arrendamiento del Programa A Toda Máquina". A este se añade una restructuración de 14,184 MDP de anterior deuda para pagarla hasta el año 2039.

Pero la razón de fondo para no contraer más deuda pública es evitar cargar más el peso de la crisis económica en la población que ya está padeciendo esta crisis. La crisis hará más dura la carga para las familias, los trabajadores, los pequeños negocios y comercios. La deuda implica que esa misma población pagará las decisiones actuales, pero a plazos mucho más largos. Una deuda que se hereda a los hijos y los nietos. Por eso, más ahorro y más austeridad en lugar de nueva deuda.

El viernes, en redes sociales a eso de las 7 de la noche, les informaba que Rocío Nahle destruía inversiones y confianza en el país pues, saltándose la Constitución, las leyes y tratados internacionales, sin ética alguna, publicó un acuerdo que le da facultades discrecionales a Sener para desplazar a los privados y generar energía limpia en México. Con lo cual, además, los precios de la luz aumentarán drásticamente y la contaminación ambiental, porque entrará preferentemente la energía de CFE, más cara y contaminante. De hecho, el titular de la Conamer prefirió renunciar.

Los gobiernos de Canadá y la Unión Europea inmediatamente salieron a decirle mediante 2 cartas fuertísimas: "Está usted atentando contra nuestras inversiones". Obvio, el escándalo es mundial, pues nuevamente la 4T mandó el mensaje de que con ellos no hay palabra ni ley que valga.

Lo que me llamó la atención es que el Partido Verde, sí su aliado [de Morena] con el cual hicieron a los contribuyentes parte del crimen organizado, quienes le avalaron desaparecer el Seguro Popular, o las Estancias Infantiles, o echar para atrás la Reforma Educativa, no dijo NADA. Sus compañeros del sexenio en contra de las energías limpias y ellos en modo silencio. ¡Pero son el quesque partido VERDE! Fue hasta el lunes que postearon en Twitter un mensaje que decía: el Partido Verde respeta la decisión del gobierno federal, toda vez que responde a un acto que se encuentra facultado a ejercer. ¡Quihúboles! Qué vergüenza, qué acomodaticios... bueno, de ese pie siempre han cojeado.

Después, en entrevista, el senador Raúl Bolaños Cacho rechazó el acuerdo. Pero, ¿que no lo conducente era que Carlos Puente, el presidente del partido, saliera de inmediato, junto con TODOS los verdes a poner el grito en el cielo?

A ojo de buen cubero las pérdidas, de entrada, equivalen a 35 mmdd, dimensionando el monto equivale a las remesas de todo 2019 que fueron por 36,046 mdd, o a la IED total de 2019, que fue de 33 mmdd.

En los próximos días, los diputados [locales de Jalisco] "decidirán" los nombres de 3 puestos en el Consejo de la Judicatura, y para no perder las sanas tradiciones, ya tienen bien repartidas las cuotas con sus ungidos.

El PAN se quedará con el puesto de consejera jueza y para ello dicen que llegará Claudia Esperanza Rivera Maytorena, quien está muy, muy ligada a Octavio Esqueda, uno de los líderes de este partido.

La UdeG impulsa como consejera ciudadana a María Esther Avelar Álvarez, rectora del Sistema de Universidad Virtual, y por si algo pasa, tienen a Rosalinda Mariscal Flores, directora de la Prepa 16.

Y la vacante de consejero ciudadano queda en manos de Movimiento Ciudadano, quienes apuestan por Gabhdiel Iván Novia Cruz, ex socio del consejero jurídico Adrián Talamantes, o el sobrino del secretario general de Gobierno, Luis Enrique Castellanos Ibarra.

¿A poco creen que estos puestos se los dejan al peligroso y libre ejercicio de la democracia?

Prácticamente nada hemos escuchado del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en esta pandemia de coronavirus que ha puesto en riesgo también los pocos avances que tenemos en materia de transparencia y rendición de cuentas, por la opacidad y discrecionalidad en las que se están dando los gastos extraordinarios de los gobiernos para hacer frente a la emergencia sanitaria decretada el 27 de marzo y donde se estipula que pueden realizar contratos públicos por adjudicación directa.

Si ya de por sí, en tiempos sin contingencia, las compras sin concurso son, indebidamente, las que mas se estilan, muchas y muchos malos funcionarios están aprovechando la crisis sanitaria y las facultades que les da el decreto para hacer su agosto y sacar beneficios personales a base de corruptelas.

Es pues preocupante que ni esta situación extraordinaria, ni las denuncias de compras a sobreprecio que ya se empiezan a presentar, despierten y saquen de su letargo al Sistema Estatal Anticorrupción.

De sus nulos reflejos nos dimos cuenta en marzo pasado, cuando a inicios de las medidas de resguardo y de distanciamiento social parecían ya estar paralizados al dejar pasar sin chistar el festín de impunidad que se otorgaron diputadas y diputados. Mientras todos estábamos enfocados en las acciones para enfrentar y tratar de mitigar los contagios del COVID-19, en el Congreso de Jalisco las y los legisladores del partido Movimiento Ciudadano, del PAN y del PRI ignoraron olímpicamente el trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ, que junto con la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Administrativo, el Supremo Tribunal, el Instituto de Transparencia y la Contraloría General del Estado integran el SEA) y rechazaron fincar cargos a diez cuentas públicas por más de 67 millones de pesos que ya había ordenado la Auditoría.

Pese a lo desaseado e irregular que fue este lavado de cuentas públicas, que recordó los peores tiempos de complicidad con la corrupción y la impunidad en el congreso, y que se expresó con el voto en contra de la bancada de Morena, el SEA y sus integrantes se quedaron mudos. Nunca fueron capaces de alzar la voz para respaldar el trabajo de su colega el Auditor y hacer un extrañamiento al congreso para que corrigiera y acatara los dictámenes de la ASEJ.

Los graves señalamientos de compras a sobreprecio por parte del gobierno estatal por la pandemia del coronavirus, y la petición de que intervenga la Auditoría Superior de la Federación, deben hacer reaccionar al SEA y al menos ordenar auditorías especiales para prevenir o sancionar malos manejos. Sólo una respuesta así, además de sacudirse un poco la humillación del Congreso, podría darnos alguna señal de esperanza de que nuestro sistema anticorrupción no está mudo y aún vive.

Los magros avances logrados en los últimos años en materia de transparencia y rendición de cuentas en nuestro país están, al igual que la humanidad, bajo la amenaza de los efectos de la pandemia del coronavirus.

Desde luego no se vale generalizar, pero muchos y muchas de nuestra clase política y gubernamental son dados a caer en las tentaciones de amasar fortunas al amparo del poder, abriendo incluso empresas para ser a la vez funcionarios y proveedores de gobierno. Otros prefieren quedarse haciendo negocios combinando erario público e influyentismos, para contratar servicios y/o adquirir productos a sobreprecio, entre otras modalidades que forman parte de la amplia gama de corruptelas que nos azotan como comunidad.

No por nada, siempre en los lineamientos y sugerencias de organismos económicos internacionales para mejorar los manejos presupuestales de los gobiernos está el revisar, dar la máxima publicidad y abrir al escrutinio público las compras y las licitaciones de las autoridades de los gobiernos nacionales y subnacionales.

Múltiples estudios, nacionales y extranjeros, demuestran además que en México persisten concepciones patrimonialistas en la administración de dependencias y bienes públicos, que obstaculizan la transparencia y la rendición de cuentas.

Estos vicios y apetitos insanos se exacerban sin duda en contingencias, sobre todo cuando, como pasa ahora en México, se expidió un decreto de emergencia sanitaria como el del pasado 27 de marzo, donde se estipula que se pueden realizar contratos públicos por adjudicación directa, esos que de por sí y en tiempos de normalidad son los que dominan por la discrecionalidad que subsiste en nuestros gobiernos.

Ejemplo de estos burdos oportunismos que aprovechan la tragedia en beneficio propio es el caso de la compra a sobreprecio de respiradores que el hijo de Manuel Bartlett, el ex priista que maneja la Comisión Federal de Electricidad en la 4T, vendió al IMSS, que dirige Zoé Robledo, hijo de otro ex priista, y que ahora está bajo la lupa de la desprestigiada Secretaría de la Función Pública.

En el caso de Jalisco, por la pandemia se suspendieron además los términos para el cumplimiento de las solicitudes de transparencia, por lo que pasada la emergencia mucho habrá que revisar.

En una muestra de apertura, el gobierno estatal lanzó está semana en su portal oficial el micrositio llamado Transparencia Focalizada, para informar de los gastos hechos en las acciones para enfrentar la pandemia del COVID-19. Lo que de entrada llamó la atención es que se ha gastado más en publicidad (26.4 millones de pesos) que en pruebas para detectar el virus (23.4 millones) o que en contratación de personal médico (15.4 millones).

Así las cosas, bien harían tanto en el gobierno federal como en el estatal y los municipales en redoblar la atención en las contrataciones que vengan en lo que resta de emergencia sanitaria, y tener listas las explicaciones y justificaciones de esos gastos extraordinarios ejercidos para que luego de la embestida del coronavirus no se nos venga otra de corruptelas.

Que Felipe Calderón sea considerado el principal opositor político de este país radiografía el estado de desgracia en el que se encuentra la oposición.

El expresidente no aguanta la prueba de la memoria: en 2012, cuando dejó el poder, tuvo prácticamente que huir del país y medio esconderse en Estados Unidos porque no podía salir a la calle en México: su gestión dejaba un regadero de sangre y había abierto la puerta para el regreso del viejo PRI. La conversación era si terminaría juzgado por crímenes de lesa humanidad. Y encima, el arranque trepidante del sexenio de Peña Nieto con el Pacto por México, lo caricaturizaba como un presidente incapaz de hacer política para lograr cambios estructurales.

Fue hasta año y medio después que Calderón pudo dejarse ver en público en México, cuando los escándalos de Ayotzinapa y la casa blanca habían noqueado al presidente Peña y se evidenciaba la inconmensurable corrupción que sería la marca del sexenio: la gente se había arrepentido de votar por los corruptos y a Calderón le valoraban no estar en esa lista.

Con tal oxígeno, impulsó la trunca aspiración presidencial de su esposa y se envalentonó para salir del PAN y tratar de fundar un partido propio. En este sexenio, el presidente López Obrador y los suyos le han hecho la máxima publicidad posible, ubicándolo como el gran antagonista de la 4T.

En síntesis, la relevante posición de Calderón en la política mexicana no se debe a ningún éxito propio, sino a los tropiezos de sus sucesores: por la corrupción de Peña Nieto logró regresar al país y porque AMLO lo ubica como su adversario favorito está por conseguir el registro de México Libre como partido político, aglutinando a un sector del cada vez más nutrido grupo de desencantados con el gobierno actual.

Pero Calderón es para López Obrador el enemigo perfecto: mantiene viva a su tropa, pero no le representa una amenaza. El presidente AMLO sabe que Calderón no puede disputar el 2024, sabe que es un cartucho quemado de la política nacional y sobre todo, sabe que el proceso contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del calderonismo, es letal para el expresidente. Políticamente, en las cortes de Nueva York no está a juicio García Luna: está a juicio Calderón.

¿Qué es entonces la oposición en México? Un puñado de brochazos. Un gobernador que se envalentona un día, un grupo de gobernadores que plantan cara en una conferencia, alguien del empresariado que pinta pero no da color, un grupo de legisladores que frenan un día una ley, un partido que grita ¡No! pero su grito no hace voltear a nadie, otro que no termina de ser grande, uno más que era grande pero se hizo chiquito y coquetea con el gobierno. Hasta ahora, la oposición más sólida parece ser la que ha ido construyendo el presidente López Obrador a partir de los errores de su gobierno. Los que no son de él, pero no son de nadie.

Muchas de las políticas públicas con las que los gobiernos pretenden combatir la pandemia resultan peligrosas o dañinas; algunas son, incluso, criminales.

Ahí está el caso de Nuevo León, donde al gobierno se le ocurrió que la mejor forma de reducir los contagios era restringir el transporte. Ordenó así la disminución de corridas de autobuses y microbuses, suspendió el transporte público los domingos, y prohibió que más de 2 personas pudieran trasladarse en un vehículo privado.

El resultado no fue una disminución en el número de personas que salían a las calles, sino una saturación del transporte público. La aglomeración resultante ha hecho imposible mantener la sana distancia. Si la idea era aumentar el número de contagios, el Gobierno de Nuevo León ha tenido un gran éxito; si el propósito era disminuirlos, estamos viendo un enorme fracaso.

El problema es que los políticos lanzan estrategias sin entender las reacciones naturales de la gente -que el gobernador de Jalisco tilda de "pendejos"- ni las consecuencias prácticas. Piensan que sus buenos deseos son suficientes, pero la verdad es muy distinta. En casos como las restricciones al transporte en Nuevo León, el resultado es francamente criminal.

Los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México están aplicando también políticas que supuestamente buscan impedir contagios, pero tienen el resultado opuesto. Decidieron, por ejemplo, cerrar estaciones del Metro, el Metrobús y el Mexibús, los sistemas de transporte público que el propio gobierno controla, con el argumento de que así lograrían que los vehículos hicieran menos paradas y, por lo tanto, redujeran la aglomeración de las estaciones al hacer los recorridos más expeditos.

El problema es que la gente se ha quedado sin transporte en los lugares en que lo necesita, lo cual la obliga a usar microbuses o taxis. En algunos casos se ha quedado sin más opción que realizar largas e innecesarias caminatas para llegar a una estación abierta. A las personas de la 3a. edad o discapacitadas la medida las despoja de la posibilidad de usar transporte público.

Más perjudicial ha sido prohibir un día a la semana la circulación de vehículos privados. La medida parece diseñada para generar una mayor saturación del transporte público. En algunos casos se convierte en un golpe para quienes utilizan su auto como instrumento para ganarse la vida en un tiempo tan difícil como este. Conozco personas que usan su vehículo para entregar alimentos y otros que lo emplean para trasladar o a atender a seres queridos. Pero hoy todo se complica ante una decisión de autoridades que no tienen conocimiento de políticas públicas ni sensibilidad social.

La forma en que se han hecho los cierres de las llamadas "actividades no esenciales" es otro ejemplo de una política mal diseñada. La medida buscaba generar una mayor distancia entre personas, y quizá lo logró, pero sin respetar cadenas de distribución o las posibilidades de miles de mantener sus ingresos. Los pobres están siendo particularmente afectados, ya que han perdido una parte importante de sus ingresos mientras que las fallas de las cadenas de producción y de distribución se traducen en escasez de productos y en precios más altos.

Las malas políticas públicas terminan siempre por afectar a quienes supuestamente deberían ser sus beneficiarios. Pero a veces van más allá y se convierten en políticas criminales, como las que supuestamente deberían generar una sana distancia en los tiempos del Covid y solo provocan aglomeraciones.

Tan asustados como estamos con los efectos en la salud y la economía del famoso COVID-19, pasan de noche una serie de actitudes de nuestros gobernantes que han visto en esta pandemia la oportunidad para el autoritarismo. El deseo oculto -y a veces no tan oculto- de todo poderoso es regir la vida de los otros. Seguramente encuentran en ello el extraño placer de hacer-hacer, lo más cercano que un hombre puede estar a la idea de dios. La misma ONU ha advertido de los desplantes autoritarios y del peligro de que estas visiones se propaguen y encuentren eco debido a la situación de emergencia.

En México lo hemos visto en todos los niveles de gobierno. Desde alcaldes que han decretado estados de emergencia sin tener atribución legal alguna para ello, hasta gobiernos estatales y el mismo federal, que aprovechan la emergencia para, más allá de buenas o malas intenciones, gastar a sus anchas, hacer compras sin licitación y mover partidas presupuestales. El presidente, por ejemplo, ha solicitado al congreso facultades extraordinarias para el manejo del presupuesto y ha recurrido, como ya es su costumbre, a cederle al Ejército el manejo de hospitales para evitar el engorroso trámite de rendir cuentas, una excepción que fue estipulada para asuntos de seguridad nacional, pero no es, como se maneja, un fuero para gastar a discreción. Con el pretexto de que las oficinas gubernamentales no están funcionando, municipios, estados y federación mandaron de vacaciones la obligación de rendir cuentas y transparentar los ejercicios de gobierno.

Desde sus respectivas palestras, el gobernador de Jalisco y el presidente de la república han hecho de la pandemia una oportunidad para imponer sus formas de ver el mundo. El problema no es que el gobernador nos regañe en cada video que sube o que escriba malas palabras en Twitter, a esto los jaliscienses estamos más que acostumbrados, sino que insulte desde el poder a quienes incumplen el confinamiento sin hacer distinción entre quienes no quieren y los que simplemente no pueden quedarse en casa (solo le faltó decir "y si no hay pan que coman pasteles", como la clásica María Antonieta). El presidente por su parte quiere hacer su voluntad incluso en los ámbitos que no le tocan, dando órdenes a organismos autónomos como el Banco de México de cómo manejar el crédito a las empresas o diciendo que no le gusta "el modito" del acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los bancos mexicanos y organismos cúpula para generar líneas de crédito preferenciales.

La situaciones de emergencia sacan lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, y de nuestros gobernantes también. Si de algo ha de servir es para subir a los políticos a la báscula del autoritarismo y ver realmente cuánto pesa en ellos el afán de imponer.

El protagonismo de "los de siempre" -los vividores de la política-, quienes aprovechan para darse baños de pureza, destacar su figura pseudo mesiánica, pero sobre de todo, busca distraernos de la falta de resultados positivos en los sectores económicos y sociales.

Ejemplos de ellos sobran, pero cada vez que paso por la ruta "de construcción" de la Línea 3 del Tren Ligero me prendo de coraje al ver que de nueva cuenta están destruyendo -por lo menos en las noches- el pavimento hidráulico, que me queda claro nos costó a los contribuyentes millones de pesos, para corregir algún olvido o error de planeación, si es que alguna vez la hubo.

No es posible, me niego a creer que no existan técnicos lo suficientemente calificados en México (en otras partes del mundo, vaya que sí los hay), que puedan llevar a cabo una obra importante, como indudablemente lo será ésta, si es que algún día la llegan a poner en marcha como Dios manda... y mientras tanto, los órganos colegiados, asesores por ministerio de ley de los gobiernos en sus 3 ámbitos, calladitos por temor o por las migajas de negocios que parece que reciben algunos de sus directivos.

Me resisto a entender el porqué las llamadas contralorías no han sido capaces de encontrar las fallas técnicas y a los irresponsables de las mismas, para fincarles responsabilidad legal, y sean las empresas privadas, contratadas y subcontratadas, las que asuman los altísimos costos de estas huisachadas disfrazadas de acciones de gobierno, en lugar de que seamos los ciudadanos los paganos de los malos negocios públicos (aunque sospechosos y jugosos negocios privados de algunos cuantos) sin importar el partido político al que digan pertenecer.

Pagamos con nuestros impuestos, pagamos con el tiempo que nos hacen perder por "obras" realizadas al garete, pagamos con el estrés que padecemos al ver estas irregularidades, y pagamos con los aplausos que obligan a dar algunos personajes como el presidente (AMLO), quien sin ningún tapujo anunció en su 3er. informe, la realización de la obra de la Línea 3, que no es cierto que ya esté terminada -como a todos nos consta-, ni tampoco lo es que la principal inversión económica y de tiempo la ha realizado su gobierno, esto es, para bien o para mal, se atribuye algo que no es cierto... sus colaboradores le mienten al presidente y éste a nosotros.

No hay mentiras buenas.

En medio de la peor crisis de salud que nos haya tocado vivir y de cara a la que puede ser la más profunda crisis económica en un siglo, parecen un tanto absurdos los tambores de guerra políticos, los llamados a la destitución del presidente y la respuesta de él mismo para adelantar la revocación de mandato, que resulta de un machismo político digno de un pleito de secundaria.

El desgaste del presidente ha sido enorme, ha caído 20 puntos en la aprobación de su gobierno en un año, pero nada distinto a otros: el tamaño del desplome es siempre directamente proporcional a la expectativa. En ese sentido el gobierno más parecido al de López Obrador es el de Fox, que cayó 30 puntos en los primeros 15 meses. Cuando López Obrador rompió la barrera de los 50 puntos en algunas encuestas los tiburones olieron sangre. Carroñeros, los llamó el presidente, pero como bien tuiteó Rosanna Reguillo, si los animales carroñeros levantaron la nariz es porque algo huele a podrido en la autodenominada 4a. Transformación. La política es por definición carroñera, y si no que se acuerden los seguidores de López Obrador qué estaba haciendo hace 4 años.

El presidente retó a sus detractores que andan en la calentura de juntar firmas que adelanten para el 2021 la revocación de mandato. Ambas cosas son igual de absurdas, revocar el mandato de un presidente electo democráticamente debe ser solo en casos de fuerza mayor. Podemos estar o no de acuerdo con la gestión de este o aquel presidente y el mecanismo para corregir el rumbo cuando este no nos gusta se llama elección intermedia. De cómo votemos en el 2021, pero sobre todo de qué nos ofrezcan como alternativas Morena y sus aliados y los partidos de oposición dependerá el futuro del sexenio de López Obrador. Si la oposición es capaz de articular un discurso coherente en el que proponga alternativas serias desde el poder legislativo y desde los gobiernos de los estados, seguramente le irá mejor que en la elección del 2018. Pero si, por el contrario, los opositores al presidente se dedican, como hasta ahora, a hacer solo una crítica banal, concentrada en las formas, lo único que lograrán será ahuyentar a los ciudadanos de las urnas, lo cual siempre beneficia al partido en el poder.

Será hasta finales de año o principios del siguiente cuando podremos hacer una verdadera evaluación de la gestión de la crisis de salud, y sobre todo la económica, que haga la administración lopezobradorista. Será entonces el momento de discutir el rumbo a seguir y de poner sobre la mesa propuestas. Ahora lo que toca es salir todos, como ciudad, como estado y como país, lo menos golpeados y con el menor número de víctimas de ambas crisis.

En las elecciones de 2018 Morena obtuvo 40% de los votos para diputados federales de mayoría relativa. Esto significó 21.3 millones de votos, sea directamente por ese partido o por las alianzas que realizó.

La votación por López Obrador fue de 53.3%. Es decir, un 13.3% que votó por opciones diferentes a Morena dio su sufragio a AMLO.

El más reciente ejercicio de investigación de opinión pública de El Financiero muestra que en este momento la votación por Morena es de 18%.

Esto quiere decir que hay una caída de 22 puntos en la intención de voto para ese partido.

El cambio es dramático. Se trata de una desilusión como pocas veces se había visto en la historia del país porque esto se produce apenas 21 meses después de las votaciones de 2018.

La encuesta levantada en marzo, por cierto, no ha captado aún los efectos más dramáticos de la crisis derivada de la pandemia.

Pero vea usted otros datos.

En las elecciones de hace 2 años, el PAN y sus alianzas obtuvieron 19.3% de los votos por diputados. Hoy la encuesta de El Financiero revela que el blanquiazul tendría el 10% de los votos.

Es decir, para el PAN la caída en la intención de voto es de 48%.

Y, en el caso del PRI, la caída es de 46% respecto al casi 15% de votos obtenidos en 2018 para diputados federales.

Del PRD ni hablamos porque no tiene significación estadística, como ninguno de los otros partidos.

¿Qué es lo que ha sucedido con la sociedad mexicana?

Que ha caído en una profunda decepción de los partidos. De todos.

De diciembre de 2018 a la fecha, el porcentaje de entrevistados que no se inclina por ningún partido pasó de 33 a 59%.

Esto significa un alza de 26 puntos. Si lo quiere ver en número de votantes, considerando la participación de 2018, estamos hablando de casi 15 millones.

Y, esto es muy mala noticia. Lo es tanto para quienes respaldan a AMLO como para sus detractores.

Se trata probablemente de la crisis más seria que hemos visto en el sistema político mexicano en mucho tiempo.

La historia política mundial nos dice que cuando hay un porcentaje alto del electorado que se encuentra decepcionado de los políticos y sus organizaciones, se crea el caldo de cultivo para el autoritarismo.

Este puede provenir de los gobernantes en funciones o de fuerzas políticas emergentes que aprovechen la decepción de los ciudadanos y pidan un gobierno que funcione, sin importar los procesos a través de los cuales gobierne o incluso sea elegido.

En condiciones de 'normalidad', como la conocíamos hasta hace un par de meses, la ciudadanía le daba tanta relevancia a los resultados de la gestión del gobierno como a la manera en la cual los gobiernos son electos.

La decepción con los gobiernos y los partidos puede conducir a los ciudadanos a buscar gobiernos que 'le den resultados' en los temas que consideran cruciales, sin importar si son democráticos o no.

El régimen político de China, por ejemplo, puede empezar a ser visto como algo de admirarse.

Afrontemos el futuro, asumamos culpas y errores, construyamos juntos, sobre estas ruinas, la ciudad venidera. Se sabe, es un asunto demasiado importante para ser dejado en las manos de los políticos. Tendrá que venir quizá una ordenada e incruenta insurrección civil. La agenda es vasta, los retos inmensos. No le hace. Como dijo Dylan, "we shall overcome". Podremos librarla.

El Gobierno de Jalisco publicó en su portal titulado "Deuda Pública" el fallo sobre el crédito quirografario por mil millones de pesos para enfrentar la pandemia, y que se asignó a 2 bancos por 800 y 200 millones, respectivamente.

A pesar de que el gobernador insistió en que: "No hay deuda, lo que logramos fue un mecanismo para tener flujo", la realidad es que eso según el marco legal es una deuda pública a corto plazo.

Fin del debate.

El alcalde de Puerto Vallarta, Arturo "El Cepillo" Dávalos, está listo para enfrentar la pandemia de COVID-19.

Mientras gobiernos como Guadalajara reconvirtieron una Cruz Verde y compraron ventiladores mecánicos, en el puerto jalisciense van un paso o "6 metros bajo tierra" adelante, según se vea.

En una sesión del pleno del ayuntamiento este lunes, "El Cepillo" prometió que el COVID-19 no los iba a agarrar "desprevenidos". Por eso, dijo, Servicios Municipales prepara "500 fosas dobles" para enterrar a todos los difuntos que podría provocar la pandemia. ¡Plop!

Quizá una de las mayores consecuencias sea que se exija a los nuevos líderes más preparación y apego a la ciencia, que serán atributos mucho más apreciados. El espectáculo continuo de la política puede entrar en un cuestionamiento y con él los formatos de comunicación estridente. La ola de miedo que recorre el mundo será como un calofrío que nos dejará más alertas contra las ilusiones para abrir paso a un mayor pragmatismo soportado con la ciencia.

Punto para el gobernador de Jalisco por la iniciativa para comenzar con las pruebas masivas de COVID-19 como indica la Organización Mundial de Salud (OMS) para frenar el brote epidémico.

En donde sí se le fueron las cabras fue con su solicitud al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) para suspender vuelos de países que son foco de infección del virus.

Eso ni es competencia del GAP ni decisión del Gobierno de Jalisco, sino de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al ser una concesión federal.

Al igual que la Legislatura 60 que en octubre de 2013 inauguró estas jornadas de complicidad de nuestra clase política y gubernamental para intercambiarse favores y ocultar irregularidades, al más puro estilo de cuando en los tiempos de las mayorías priistas y panistas se lavaban las cuentas públicas, el jueves pasado, mientras todos estábamos enfocados en las acciones para mitigar la propagación del coronavirus, se registró en el Congreso de Jalisco un desaseado proceso en el que en fast-track los diputados de MC, PAN y PRI rechazaron fincar cargos en diez cuentas públicas por más de 67 millones de pesos que ya había ordenado la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). De este quemón se salvó, por fin, la bancada de Morena que no estuvo de acuerdo en que se borrarán de un plumazo los cargos.

Pese a que a la diputada de MC, Mirza Flores Gómez, presidenta de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, negó que se tratara de un lavado de cuentas y que la quita fue por un "trabajo técnico", el haber salvado de los cargos a los alcaldes y exalcaldes de Etzatlán, Ocotlán, La Barca, Jesús María, Tuxcueca, Zapopan y Tlaquepque, así como del Fideicomiso Ciudad Creativa y el Instituto Tecnológico Superior de Tequila, que ya había impuesto la ASEJ, no sólo debilita más a esta institución, sino que deja una preocupante sensación de que lejos de avanzar estamos retrocediendo en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad, y que seguimos en la simulación total.

Es de vital importancia que se diseñe un nuevo sistema electoral que se base en la confianza que deben inspirar los partidos políticos, que se manejen con sus propios recursos sin necesidad de costosos tribunales electorales que sólo sirven para dirimir las disputas entre los partidos por la falta de probidad en sus acciones, que tengan ideología definida cuyos miembros estén identificados con ella.

La Cámara de Diputados aprobó una reforma que permite a los legisladores reelegirse sin tener que pedir licencia y dejar su escaño o curul para hacer campaña.

De manera sorpresiva, sin estar siquiera en el orden del día, sin dictamen de las comisiones legislativas y sin la presencia de los partidos de oposición -sólo MC-, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM aprobaron este miércoles reformas secundarias para la reelección de diputados y senadores.

Con 254 votos a favor, 20 en contra (de MC) y 3 abstenciones, la iniciativa aprobada contiene reformas a 6 artículos a la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (Legipe), y se adicionará un Título Cuarto, para reglamentar la reelección de legisladores.

La reelección quedó prevista en la reforma al artículo 59 de la Constitución desde el 2014, por lo que "sólo se trata de algunas precisiones de reglamentación secundaria para la reelección legislativa", explicó Mario Delgado, líder de los diputados de Morena.

Frente a las acusaciones de los partidos de oposición, que calificaron el acto como "un albazo", Delgado Carrillo argumentó que se hizo de esta manera y en este momento porque "el próximo periodo electoral inicia en septiembre y no se puede modificar la ley 3 meses antes, ya que tendríamos el plazo de mayo para modificar este marco", es decir, cuando los legisladores están ya en receso.

"No hay ningún truco en esto, es un derecho que ya está establecido en la Constitución desde 2014, lo que estamos haciendo simplemente es reglamentarlo para no dejar el vacío y es una reelección simple llana como se establece en la Constitución", precisó.

La reforma propuesta a la Legipe establece que "la Constitución no impone la obligación de separarse del cargo y ello nos motiva a no considerar como obligatoria la solicitud de licencia para concurrir al proceso electoral".

Señala que queda "a consideración del propio legislador que pretende su nueva elección el separarse o no del cargo para efecto del desarrollo de su estrategia de campaña, pues ésta sí encontrará restricciones".

También contiene que "los diputados electos para la actual legislatura pueden ser postulados por partidos diferentes, por distritos electorales distintos a los que fueron electos, en contra de la reforma a la Constitución, que prevé la reelección como mecanismo para que los legisladores tengan mayor trabajo y compromiso con sus electores".

Se aclara que "esta medida no aplicaría para los senadores, en tanto son electos por entidad y representan el pacto federal" y se añade que no habrá distinción entre los diputados electos por mayoría y los de representación proporcional, con el argumento de que "en ambos casos los candidatos son electos por el voto popular, (y) el Estado no puede marcar diferencia entre el derecho de ser electo para quienes han arribado al legislativo por un principio determinado".

La propuesta deja "a la libertad de los partidos, sin regulación del congreso, que puedan definir en sus estatutos restricciones para la reelección, como parte de su propia estrategia, programa o línea política".

Durante la discusión, la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, reprobó que Morena haya sometido el proyecto a votación pese a no haber condiciones y cuando la población está atenta a otros temas.

La reelección, acusó la diputada, "está contemplada en la Constitución pero es ventajosa para ustedes de Morena, para las elecciones de 2021, porque como diputados federales podrán reelegirse para el mismo cargo".

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, expuso que no existe razón para lo cual haya temor de que diputados de Encuentro Social participen en un proceso de reelección, pese a que esa fuerza política ya no cuenta con registro.

Finalmente y tras 40 minutos de discusión, el diputado emecista Tonatiuh Bravo denunció que el borrador de dicho dictamen se presentó apenas ayer en plena reunión de la Junta de Coordinación Política. "Por eso Movimiento Ciudadano considera que esto es un albazo", agregó.

A propuesta del Partido Encuentro Social, las reformas secundarias aprobadas este miércoles para regular la reelección de diputados y senadores incluyeron la posibilidad de que se reelijan los legisladores provenientes de un partido que haya perdido su registro.

La propuesta del PES establece que la pérdida de la militancia puede ser por renuncia expresa del militante, por decisión del órgano partidario correspondiente y en función a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La promesa del Gobierno de Jalisco para apoyar con la iniciativa privada a padres de familia para que cuiden a sus hijos ante la suspensión de clases resultó una tomadura de pelo.

Quedó en puros buenos deseos que nos recuerdan aquel "acuerdo histórico" -porque ya es historia para el olvido- de subsidiar a trabajadores ante el aumento en la tarifa del transporte público.

Alejandro Guzmán, coordinador del Gabinete Económico de Jalisco, dijo que las "medidas" eran promover el trabajo desde casa, horarios flexibles, rediseño de turnos de trabajo y adelantar vacaciones (los que puedan o se acuerden).

Sin ningún compromiso claro, ningún programa, presupuesto o meta, la "medida de contención" se parece mucho a otro juego de espejos al estilo refundación.

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El Gobierno Jalisco insiste en que el "aislamiento social" contra el coronavirus en este punto es "altamente efectivo", según estándares internacionales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, criticó el lunes la prisa de algunos países por cancelar clases y eventos masivos, sin intensificar las pruebas, el aislamiento de enfermos y el rastreo de contactos posiblemente infectados.

Sólo la combinación estas medidas, explicó la OMS, garantiza un combate efectivo contra la pandemia. Ojalá las autoridades federales y locales lo tengan claro.

Con asombro y preocupación vemos cómo la realidad que ve el gobernador de Jalisco y la que vemos los ciudadanos se alejan cada vez más una de la otra.

Y para prueba un clic. El ejecutivo estatal declaró ayer en una entrevista que la convocatoria para que particulares operen verificentros ya estaba publicada.

"El día de ayer se publicó, perdón, esta semana se publicó, el mar... hoy es miércoles, sí... creo que el lunes se publicó ya la convocatoria para que los entes privados que quieran un permiso para tener un centro de verificación ya puedan participar", dijo.

En efecto, el mandatario prometió la semana pasada que se publicaría este lunes, pero eso nunca ocurrió. ¿Alguien le estará mintiendo al gobernador? A menos, claro, que exista "otro" Periódico Oficial del Estado y allí esté publicada la convocatoria.

Me chocan los libros en que los políticos escriben sus puntos de vista. No dudo de ellos, sencillamente no les creo. No me opongo a que lo hagan ni los juzgo, simplemente no me gustan y no me importan en ningún sentido sus opiniones y posiciones.

Para mejorar sus manejos administrativos, en el Congreso de Jalisco invirtieron 3.7 millones en la compra de un software contable. Eso fue hace 2 años, pero las mejoras aún no se notan porque ese sistema todavía no se ha usado; incluso el legislativo aún debe un millón de pesos por esa compra.

La justificación para la demora es que faltaban modificaciones al reglamento del legislativo para cuadrar temas. Tuvo que llegar la Auditoría Superior de la Federación a señalar el desorden administrativo para que en el congreso se pongan las pilas con el nuevo sistema que, en teoría, aumenta el blindaje contra malos manejos.

Llevamos décadas redactando el epitafio de los partidos políticos. En realidad, su existencia siempre ha sido sospechosa. Los conservadores acusan a los partidos políticos de dividirnos. Los socialistas creían que fragmentaban a la clase obrera y eran un invento de la burguesía. Los nacionalistas acusaban a los partidos de promover el interés de grupo por encima del interés general. Y así, durante 2 siglos, los partidos políticos no han gozado de buena fama.

Sin embargo, nunca habían vivido una insignificancia como la contemporánea. No viven una crisis. Tampoco van a desaparecer. No obstante, son auténticos walking dead. La vieja idea del partido político como una agrupación de ciudadanos, que comparte una cierta ideología o idea del mundo, y que se juntan para alcanzar el poder y así transformar la realidad, dejó de existir. Hoy, los partidos políticos son vehículos, puros y duros, para alcanzar el poder. No tienen ningún otro fin. No tienen vida interna, ni debate programático y menos democracia.

No es un fenómeno exclusivamente mexicano. Demos una vuelta por el mundo: Donald Trump gobierna sobre las cenizas de lo que alguna vez fue el gigante del conservadurismo americano, el Partido Republicano. El carisma de Trump se devoró al viejo GOP. Hubo voces discrepantes, pero hoy tiene al partido en sus manos y sus posibilidades de reelegirse han crecido desde que comenzó el torpe proceso de destitución promovido por los demócratas. Reino Unido, algo similar. La destrucción del Partido Conservador, seducido por el nacionalismo populista de Boris Johnson y el Brexit. ¿Y qué decimos de Francia? Sólo quedan Marine Le Pen y Emmanuel Macron. La espada que recorre Occidente es el exterminio de los partidos políticos como alguna vez los conocimos.

A nivel doméstico, la ruina de los partidos políticos es dramática. En Jalisco, PRI y PAN están en condiciones paupérrimas, mientras que los 2 partidos más fuertes, MC y Morena, no tienen ni vida interna, ni liderazgos fuertes, ni tampoco procesos organizacionales complejos. ¿Usted sabe cómo se llama el presidente de MC en Jalisco? Imagínese y estamos hablando de la 1a. fuerza política de la entidad. Así, los partidos políticos se han quitado la máscara y se han revelado como lo que tal vez siempre fueron, pero lo maquillaban: agencias de colocación que consumen una buena cantidad de recursos públicos para llevar personas a la toma de decisión en gobiernos. Se acabó aquella idea romántica del "partido de cuadros", como lo fue el PAN, por ejemplo. Qué ponía especial énfasis en la doctrina y la capacitación de sus militantes. Los panistas te recitaban la historia de su partido. O los partidos de masas, característicos de la izquierda, en donde confluían distintas identidades políticas y había amplias deliberaciones ideológicas.

Y es que la política en el mundo se ha vuelto cesarista. Lo demostró Andrés Manuel López Obrador con su escape del PRD y la fundación de Morena. Hoy, sin el líder, el PRD está al borde de la desaparición y el nuevo partido logró hacerse con la Presidencia, así como con la mayoría en ambas cámaras. La despartidización es un fenómeno que se ha acentuado en el caso mexicano. Casi el 50% de quien se consideraba afín a un partido político en 2006, hoy se declara independiente. Ni siquiera Morena o MC, partidos predominantes a nivel nacional y Jalisco, tienen una base amplia de simpatías. Los partidos captan intención electoral y simpatías por el líder político, no por el partido. El candidato es el mensaje.

Dicho cesarismo, concepto que alude al poder militar supremo que ejercía Julio César en la Roma antigua, es producto de una variedad importante de factores. 1o., las redes sociales y la transformación de los medios de comunicación. La política se ha vuelto un espectáculo en donde lo que importa son las posiciones políticas de los actores y no las declaraciones institucionales. Incluso, la visión estética de los millennial y la generación Z embona mejor con el personalismo de la política que con la noción de militancia partidista. Nuestros tiempos líquidos, citando al gran Bauman, no son los más propicios para la lealtad que supone la militancia partidista.

En ese sentido, los ciudadanos se han vuelto más militantes de causas o personas que de partidos políticos. Los grados elevados de militancia partidista los vemos en las generaciones que actualmente tienen más de 55 años; es decir, que nacieron en los 60. Los menores de dicha edad se sienten más cómodos con una definición independiente de los partidos políticos: ambientalistas, feministas, animalistas, y un larguísimo etcétera. Militantes de causas que a la vez se expresan en símbolos, que los partidos políticos ya no pueden hegemonizar.

Nadie duda que el mundo atraviesa una etapa que podemos definir como "populista". Luego de décadas de dominio incontestable del neoliberalismo, las sociedades han comenzado a votar por opciones nacionalistas, populares y más proteccionistas. El cesarismo es consecuencia del populismo: la erosión de la dimensión institucional de la política. Más que una relación orgánica o institucional con el líder político, ahora se teje un vínculo más directo y sin mediación de la estructura del partido.

La destrucción de los partidos políticos supone que nos adentramos en un momento más riesgoso, incierto y peligroso. Los partidos siempre tuvieron muchos defectos, pero tenían una cualidad: dotaban de certidumbre a la política. Los estatutos, la ideología, los principios, las reglas internas, todo ello servía para encuadrar la acción política. Sabíamos qué esperar de un gobernante de un partido de izquierda, derecha, liberal o conservador. Siempre había diferencias entre el partido y el líder, pero ninguna que alterará por completo el proyecto político. Sin embargo, hoy dicho paraguas dejó de existir. Al ser los partidos meras maquinarias de acceso al poder, subordinadas al líder político, el resultado de los gobiernos queda a capricho del mandamás.

No pretendo redactar un epitafio a los partidos de hoy y para siempre. Estas agrupaciones seguirán existiendo. Sin embargo, los cambios generacionales, los medios de comunicación, las redes sociales, las tecnologías, los debates globales, la ideología, han enviado a los partidos políticos a la insignificancia. En política, en nuestros tiempos, los líderes políticos están por encima de los partidos que los llevan al poder.

Desde que se ciudadanizó el Instituto Federal Electoral, como se llamó por más de 20 años, ha sido sistemática y persistentemente agredido. Elección tras elección, como en un script. Sucede cada 3 y cada 6 años. Por lo general, cuando los partidos no gozan de las preferencias en las encuestas preelectorales, arman como estrategia la descalificación del órgano electoral.

Alguien interesado podría revisar las notas de prensa de los procesos electorales y se encontrará con eso; hasta podría ser tema para una tesis. Recuerdo un episodio, casi como si hubiese sido ayer, cuando a unos meses de iniciar el proceso electoral del año 2000 y luego de varios meses de ausencia, Enrique Ibarra Pedroza, en ese entonces representante del PRI ante el Consejo General del IFE, regresó para presentar, aliado con el Verde y el PT (16 de marzo de 1999), una queja de juicio administrativo "por conducta parcial y poco objetiva" contra 4 consejeros: Emilio Zebadúa y Jaime Cárdenas, asociados con el PRD; Jesús Cantú con el PT y Alonso Lujambio, con el PAN. Y para anunciar que el viernes siguiente (19 de marzo de 1999) presentaría una demanda de juicio político contra los mismos consejeros, pero en la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados. Me tocó cubrir esa nota. El aire pesaba, salían chispas de la sala de sesiones. Fue un golpe muy duro. José Woldenberg, presidente del IFE, dijo que iniciativas de esa naturaleza erosionaban y desgastaban al instituto. Nunca pasó nada contra los consejeros, pero sí quedó como antecedente de las descalificaciones recurrentes que los mismos partidos arman contra la autoridad electoral. No creo que esto pare, pero por lo pronto, como ciudadanos, hay que tenerlo en mente.

El asunto que se dirime con más intensidad en estos días es el que tiene que ver con un morenista de hueso guinda: John Ackerman, quien fue propuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (léase Rosario Piedra Ibarra... ¿Cómo para qué? no había ninguna necesidad, es decepcionante) para integrar el Comité Técnico que evaluará a los aspirantes a ocupar uno de los 4 asientos disponibles en el Consejo General. Su nombramiento está en veremos, pero sería un gran acierto que simplemente declinara y parara todas las descalificaciones, confusiones y malentendidos que este asunto está generando. Morena podría distinguirse como el 1er. partido que no mete mano en el órgano electoral, pero no, cayeron en la tentación de todos los demás, porque desde hace lustros el reparto de asientos en el INE es un proceso intenso que resulta de la intervención de todos los partidos ¿o ya no se acuerdan?

López Obrador ha ido perdiendo capital político de manera muy acelerada, pero no hay quien haya podido capitalizarlo.

Morena, que tiene un respaldo de alrededor de 24% en el país, sigue prendido del presidente, quien tiene un nivel de aprobación considerable -alrededor de 60% en mediciones que no son públicas- lo que le permitirá llegar, pese a mayores desgastes que pudiera tener, en una cómoda situación para las elecciones intermedias del próximo año. Los cálculos dentro del entorno presidencial es que perderán la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pero serán la 1a. minoría y podrán llevarse un buen racimo de gubernaturas. En cualquier caso, no se ve por el momento que, dentro de las estructuras actuales de los partidos de oposición, pueda surgir una fórmula ganadora en 2024.

El alcalde de San Juan de los Lagos, Ubaldo Medina Briseño, negó todo.

Que estuviera enterado de un sistema de videovigilancia pirata; que sus policías estuvieran armados sin licencia; que hubiera un aviador como segundo al mando de la policía.

Lo único que no negó fue el hallazgo de droga en el escritorio de su comisario. Pero aún así defendió que el titular de la policía tenía todas sus pruebas de confianza acreditadas.

Ser un alcalde así, o tener un alcalde así, no tiene precio: que te defienda contra viento, marea y drogas ilegales.

Cuando México necesitaba las voces más sensatas, las mentes más serenas, las ideas más acabadas, irrumpen de nuevo los más primitivos de nuestra política: los oportunistas verdes.

La crisis que vive nuestro país por los feminicidios, que surge luego de años de convulsiones por el hartazgo de las mujeres, quienes ya no van a soltar las calles y las redes sociales para denunciar acoso, violencia y desigualdad, esa crisis precisa que la clase política mexicana esté a la altura de un reto que podría redefinir, para bien, nuestra convivencia.

Pero en vez de ello, hemos atestiguado el maratón de tropezones por parte de la administración, no sólo del presidente, sino también de su equipo de gobierno (es un decir), que se puso a difundir los lugares comunes de un decálogo presidencial sin profundidad ni pertinencia para atender el reto de la violencia de género.

Si ya era enervante y descorazonador el extravío y la cerrazón mostrada por el poder que debería liderar los esfuerzos para reformar las políticas públicas en cuestiones de género, lo que restaba era esperar que otros actores subieran a la palestra a llenar el vacío dejado por el titular del ejecutivo.

Pero nunca podemos subestimar la capacidad del llamado partido verde (así, en minúsculas, en correspondencia con su escala) para llevar las cosas al fango.

Paleros del PAN en 2000, cómplices del PRI en 2012 y ahora remoristas, perdón, ahora morenistas de 1a. fila, los del verde vuelven a las suyas y con su clásica irresponsabilidad salen al debate a proponer que se instale la pena de muerte a feminicidas y violadores, trampa populista que puede capturar simpatías de una sociedad presa del cansancio y la desesperación.

Por qué, Señor, por qué nos mandas de nuevo a Arturo Escobar. Por qué no lo dejaste en Chiapas cuando en video quedó registrado cómo junto a él aparecieron miles y miles de pesos en un aeropuerto.

Por qué no lo mandaste, Señor, a España, peluca incluida, junto con Enrique Peña Nieto, luego de que fue de los pocos funcionarios que no pudo mantenerse en el hueso que le dieron en la Segob peñista.

Qué ofensa tan grande hicimos, Señor, los mexicanos, para que ahora en penitencia tengamos que purgar la pena de observar cómo Escobar se codea, ríe y comparte el pan y la sal, con los que prometieron una renovación de la política nacional.

Ya sabíamos que todos los políticos son iguales. Pero, qué necesidad teníamos, Señor, de ver a Escobar en el desayuno con el presidente López Obrador, el 6 de febrero. A la risa y risa, el que prometió combatir la corrupción y el de los cochinitos, perdón, el de los diputaditos verdes.

Dinos, Señor, por qué nos mandas este cáliz. Por qué cuando más necesitados estábamos de que alguien elevara el nivel de las propuestas para procurar justicia a las mujeres, por qué se abren las puertas mediáticas a estos saltimbanquis que, oportunistas como los más, quieren granjearse simpatías al proponer la locura de la muerte como principio de justicia.

Tiempos aciagos. En vez de que las mujeres parlamentarias lideren el debate, en mala hora se cuelan Escobar y los suyos a tratar de garantizar su cartera de votos para la siguiente elección.

No les interesa la justicia, sino asegurar visibilidad que les dé votos para garantizar esa presencia parlamentaria ridícula, en términos aritméticos y de fondo, pero rendidora para su partido (es un decir) y sus carreras.

Aquí sí nos fallaste, Señor. ¿Por qué les diste alas a estos bichos? Dinos, Señor.

La secretaria de Energía federal, Rocío Nahle, compartió este domingo un tuit sobre su asistencia a un evento oficial, pero con errores que le valieron una lluvia de críticas en redes sociales.

Nahle dijo que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador a la ceremonia por el 107 aniversario luctuoso de "Fransisco" I. Madero y el "Gral." José María Pino Suárez.

Usuarios de la red social destacaron su error de dedo en el caso del otrora presidente Francisco I. Madero y su falta de conocimiento sobre su vicepresidente Pino Suárez, pues no fue general. En el texto también hace falta el acento en la palabra acompañé.

Ante ello, Nahle escribió otro reconociendo su pifia sobre Pino Suárez y argumentando que quien tenía el cargo de general era Felipe Ángeles. Más tarde borró el tuit original con los errores y escribió otro donde ya se lee "Francisco" y "vicepresidente", aunque dejó el "acompañe".

El exmandatario Felipe Calderón fue uno de los críticos.

A la secretaria de Energía ya ha sido blanco de burlas y quejas en redes sociales por su uso de comillas al referirse al proyecto de la Refinería Dos Bocas y por mandar a un joven a la TAPO (terminal de autobuses) ante su reclamo por la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Al paso que vamos dentro de poco habrá en México más partidos políticos que Oxxos. He perdido ya la cuenta de los que hay, y otros se disponen a salir a escena. Muchos partidos tenemos, tantos que han agotado ya los colores del espectro de Newton para identificarse. Las naciones civilizadas tienen pocos. Estados Unidos, país al que Trump le quitó lo civilizado, tiene sólo 2, y con ellos se las han arreglado lindamente desde hace muchos años. Aquí hay demasiados partidos, y muy caros. Algunos son negocio de familia -como el que está por obtener ya su registro-, y otros son propiedad de una sola persona, como el que ahora se halla en el poder. Ciertamente este último no tiene oposición al frente, pues el aplastante triunfo de López Obrador dejó aplastados a los demás partidos, especialmente al PRI y al PAN, que ahora ni sombra son de lo que fueron antes. Si a los partidos existentes se añaden otros se diluirá aún más el voto de los ciudadanos, y eso dará a Morena mayor fuerza. En el caso de México más partidos no significan más democracia, antes bien pueden significar menos democracia. A AMLO le conviene que haya más partidos, por aquello del divide y vencerás. En la hora actual a México eso no le conviene.

La opinión del presidente López Obrador en el sentido de que está de acuerdo en que el Congreso de la Unión discuta la posibilidad de modificar la Constitución para establecer la revocación de mandato prendió una luz roja en el tema y no se ha vuelto a discutir. No obstante, el concepto aun cuando no es nuevo ni en México ni en otros países, vale la pena comentarlo con el propósito de que en un futuro no lejano se pueda plantear con formalidad.

Un brillante político liberal, Ignacio Ramírez, apodado "El Nigromante", quien fue diputado constituyente de 1857, planteó en el congreso una iniciativa formal de reformas a la Constitución, en cuyos artículos 1o. y 5o. decía: "Corresponderá a los poderes de la Unión vigilar su exacta observancia y aplicación, incluyéndose al Presidente de la República, so pena de destitución por el Congreso", "el pueblo mexicano debe tener formas y procedimientos concretos para remover, en casos determinados en la Constitución Política, al Presidente de la República si, como cualquier empleado de gobierno o particular, carece de la capacidad profesional o mental con que se ofertó al pueblo mexicano...".

Los casos por los cuales planteaba Ignacio Ramírez que podría removerse al Presidente de la República eran: "Por traición a la Patria, comprometer el patrimonio y los recursos nacionales a favor de estados o empresas extranjeras o nacionales en detrimento del pueblo de México, o por asociarse en forma reiterada con minorías o congregaciones religiosas que promueven fueros, privilegios o exenciones legales, violando las leyes de equidad vigentes en México", "incapacidad mental o administrativa, basada en el comportamiento personal del mismo Presidente..."; "mentir al pueblo de México en asuntos de interés general, así como comprometer la soberanía política o económica de la nación; falsear documentos e informes de la administración pública y desviar recursos presupuestales serán delitos graves..."; "permitir el ingreso de tropas extranjeras o policías foráneos a territorio nacional..."; "Disponer del Ejército o de las fuerzas del orden público en contra del pueblo de México...".

Cuando han surgido crisis de confianza en nuestros mandatarios, los ciudadanos nos preguntamos por qué razón nuestra Constitución no previenen la revocación del mandato. La respuesta viene implícita en nuestra historia. La eterna lucha del México independiente entre liberales y conservadores, que ahora se identifica como izquierda y derecha, daría lugar a confrontar una de las situaciones más peligrosas para una nación: la inestabilidad que, aunada a una democracia incipiente, podría darnos muchos descalabros.

Para implementar la forma legal de revocar el mandato, debería consultarse a la opinión pública por el único medio legal que sería el plebiscito que llevado a cabo por el INE, se evitaría caer en la tentación de la mano alzada y evitar el mito de la soberanía popular del pueblo sabio. En fin, hay mucho camino por recorrer en este tema, pero no estaría por demás agregar como causal el incumplimiento de las promesas de campaña, porque significan un engaño al pueblo que debe castigarse.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que en el último año las fuerzas políticas con registro nacional perdieron, en conjunto, cerca de 70% de sus afiliados, al pasar de 13'549,895 militantes a 4'280,465 simpatizantes.

La fuga de afiliados se deriva del proceso de revisión y actualización de sus padrones realizado por las fuerzas políticas durante el último año, mediante el cual la autoridad electoral corroboró de manera preliminar, pues aún falta realizar otras pruebas, que no lograron acreditar o refrendar el respaldo ciudadano tal y como lo establece la ley en la materia.

De acuerdo con el Informe final sobre el procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales, se desprende que los partidos del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron una reducción cerca de 50%.

En sesión pública, la consejera electoral Adriana Favela destacó que los partidos políticos son responsables de las afiliaciones. "Nosotros lo único que estamos haciendo es verificar si esa persona que ustedes dicen que es su afiliado tiene la calidad ciudadana, o no, y que está en la Lista Nominal de Electores que tiene el INE".

"No sabemos si esa afiliación es válida o no lo es, esto es, que la hayan recabado de manera adecuada, esa ya es una responsabilidad de ustedes (los partidos políticos). También ustedes son responsables de estar actualizando su padrón de afiliados, así como de la conservación de esas afiliaciones y de los archivos conducentes", añadió la consejera.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 19 de febrero de 2020).

Señales de la voracidad de las y los diputados de la actual legislatura [local] salieron a relucir desde el año pasado, cuando en octubre se autorizaron sumar a su dieta de más de 109,000 pesos mensuales "apoyos económicos" no contemplados en el presupuesto inicial del 2019, para supuestamente pagar los informes individuales de su 1er. año de ejercicio legislativo. Ya entrados en gastos, decidieron también revivir los pagos extra para las y los representantes populares cuyos distritos electorales estuvieran fuera del área metropolitana.

Pese a las críticas generadas en aquel momento, en el Congreso [de Jalisco] no rectificaron ni dieron marcha atrás a esa autorización para meter mano al erario y disponer de los recursos públicos que se les confían, que por su discrecionalidad raya casi en una acto de saqueo.

Nada me gustaría más que equivocar el pronóstico, pero seguramente en el congreso local volverán a ignorar los cuestionamientos por el incumplimiento de sus promesas de austeridad que se han desatado nuevamente por su última tentación patrimonialista: autorizarse llegar hasta 186,000 pesos anuales para contratación de personal.

Como pasa siempre que se trata de autorizar aumento de percepciones y nuevas canonjías y privilegios, los y las diputadas de la mayoritaria fracción del partido Movimiento Ciudadano, del PAN, de Morena, PRI, PRD, PT y Partido Verde, que participan en la actual legislatura local, olvidaron diferencias y se fundieron en la unanimidad de los acuerdos en lo oscurito. Lo que marca el librito de la partidocracia que hace que la clase política llegue a acuerdos para sus intereses de grupo, dando la espalda a la ciudadanía que dice y promete representar.

Así, la Legislatura 62 mandó por la borda los incipientes avances logrados por las 2 pasadas legislaturas para reorientar en algo la agenda del congreso, estancada por casi una década en los escándalos de corrupción y despilfarro que tanto desprestigiaron la figura del diputado desde la Legislatura 58.

Con los apoyos del 2019 y la partida para nuevas contrataciones del 2020 se abandona la ruta de la redignificación y se enfila nuevamente a la dinámica de opacidad que en su momento permitió la existencia de las cuentas secretas y las casas de enlace que eran toda una simulación. Basta recordar que en la justificación de sus gastos de operación, las pocas veces que se transparentaban, en la mayoría de los casos, nada tenían que ver con la actividad legislativa.

Este retroceso golpea severamente la credibilidad de las y los actuales diputados y sus partidos políticos, mucho más a Morena, por ser su debut en la vida parlamentaria de Jalisco, y al partido Movimiento Ciudadano, por ser la fracción mayoritaria, y no haber podido marcar diferencia con los Congresos dominados por los partidos tradicionales como el PRI y el PAN, de los que prometieron diferenciarse para dignificar la actividad política y la vida pública de Jalisco.

La Legislatura 62, pues, reinauguró así el tobogán del desprestigio que seguramente desembocará en su pudrición, como ya sucedió con sus antecesores del pasado reciente, que por cierto siguen impunes.

Cada nueva legislatura la promesa es que, ahora sí, las cosas serán diferentes, que ya no habrá despilfarros, que no existirán dietas extraordinarias ni pagos exorbitantes de asesores. La promesa, en fin, es no disponer de lo que no es suyo para beneficio personal porque legalizado o no, por acuerdo de la mayoría, por coalición de intereses, por cohecho, cuando se dispone de lo público para servicio privado es corrupción, pero nunca se cumple. El discurso de austeridad, hoy tan de moda, ha servido para que salgan a la luz montones de casos en los que funcionarios públicos abusan del erario, muchas veces en tonterías, otras en cosas verdaderamente preocupantes. En el Congreso de Jalisco se ha abierto una vez más la discusión sobre los asesores y el papel que éstos desempeñan en el trabajo legislativo.

No hay nada más caro y peligroso que un diputado con iniciativa. El costo para los ciudadanos de legislar las ocurrencias es enorme. Si eso se resolviera con asesores, si éstos sirvieran únicamente para evitar que los legisladores propongan la 1a. tontería que se les venga a la cabeza y resolver cada problema publicado en la prensa con una iniciativa, el dinero en asesores sería el mejor gastado. Pero no es así, los asesores, en su mayoría, no están ahí para cubrir las carencias de conocimiento de los diputados sino por 3 razones principales: porque son compromisos de campaña de dar chamba y puestos; para hacer trabajo político en los distritos con sueldo a cargo del erario o, el peor de los casos, para tener un sobresueldo, pues pagan una cantidad notable al asesor, pero lo obligan a regresarle al diputado la mitad por fuera.

Algunas posiciones de claro sesgo clasista quisieran que hubiese un mínimo de conocimientos para ser diputado, como si el conocimiento y la decencia fueran de la mano. Nada más falso. Los más peligrosos suelen ser los más leídos y estudiados, pero sobre todo es un asunto de representación. Todos tenemos derecho a votar y a ser votados y quién gane es responsabilidad final de los electores, es decir, nosotros mismos.

La solución, como muchas de las carencias del sector público, pasa por la profesionalización y el servicio civil de carrera. Los asesores no deberían ser de cada diputado sino del congreso, un grupo profesional de abogados especializados al servicio de todos los legisladores sin importar partidos. A ellos deberían de acudir los legisladores para resolver dudas, para enriquecer las iniciativas y valorar las contradicciones con otras leyes y reglamentos existentes. Mientras no avancemos por esa ruta cada legislatura va a argumentar, otra vez, la importancia de los asesores y volveremos al mismo punto.

La deuda de dependencias públicas con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) aumentó durante el año pasado por los retrasos en el pago de aportaciones. De acuerdo con la información disponible en el portal de transparencia del Instituto, el monto total de los pagos pendientes ascendió a 622'986,000 pesos, de 30 entidades públicas que incumplieron. Los pagos pendientes se incrementaron, pues en enero de 2019 habían reportado 609.5 millones de pesos (MDP).

El Ayuntamiento de Puerto Vallarta es el que más debe, tiene un atraso de 67 quincenas, lo que representa 288.7 MDP.

El 2o. puesto en la lista de morosos corresponde al Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios y Transportes con 52.2 millones, le sigue Servicios de Salud Zapopan con 43.1 MDP y 9 quincenas vencidas. El municipio de Tlajomulco ingresó al ranking de incumplidos y cerró el año pasado con 2 quincenas sin reportar aportaciones y 27.9 millones omitidos.

Iván Argüelles Sánchez, director del Ipejal, sostuvo que redoblaron trabajos para evitar rezagos en las aportaciones y argumentó que los atrasos registrados se vienen arrastrando desde pasadas administraciones por la mala gestión de recursos.

"Los adeudos que quedan datan desde hace 10 años y estamos trabajando con los municipios para encontrar los mecanismos para que vayan abonando tanto lo que convinieron en administraciones anteriores como lo que no está convenido".

Comentó que hasta la fecha no han firmado nuevos acuerdos.

El diputado Esteban Estrada Ramírez, presidente de la Comisión de Competitividad y Trabajo, informó que en el paquete de reformas al sistema de pensiones que analizan está la posibilidad endurecer las sanciones para los entes públicos que no cumplan en tiempo y forma con reportar las aportaciones. El legislador sostuvo que en muchos casos los atrasos en los pagos se generan por desorden administrativo más que por falta de recursos.

Ante la presunción de que algunas dependencias públicas afiliadas al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) reportan menos trabajadores de los que en realidad tienen, ese organismo realizará auditorías a las 130 entidades patronales afiliadas, informó Iván Argüelles Sánchez, su director. Explicó que revisarán que cumplan con la plantilla y que todos coticen.

"Más que por una sospecha, hemos detectado que no los reportan con el sueldo completo. Se mandaron los oficios a todas las entidades patronales y nos faculta la ley para hacer esta revisión que ya arrancamos", informó Iván Argüelles.

Paralelamente, el organismo busca ampliar el número de entes públicos sumados al sistema de pensiones. Las 130 dependencias afiliadas son, principalmente, estatales y organismos autónomos. Hay 115 ayuntamientos que no están afiliados y a quienes se busca sumar.

Tal vez el día de mañana gobierne alguien que beneficie en algo al público, ya que como se lo he dicho hasta el cansancio no hay buenos gobernantes, los hay malos como más malos y malísimos aunque ellos consideren que se mejora la plaza, cosa que sucede por inercia. Yo recuerdo que cuando yo era niño había mucha gente descalza y a mí me impresionaba, pero ahora ya veo muy poca gente descalza, entonces podemos considerar que no sé por qué pero esto mejoró un poquito en ese respecto.

No es nuevo ni es exclusivo de Jalisco, pero el nivel de encono y virulencia de Enrique Alfaro contra los medios de comunicación, todos los que son críticos de su ejercicio como gobernador, de sus decisiones y omisiones equivocadas, de las deficiencias e insuficiencias, de los malos elementos en su equipo, está alcanzando niveles verdaderamente preocupantes porque lejos de avanzar en su responsabilidad de gobernar, de ejercer con tino y visión nuestros impuestos y trabajar para abatir los rezagos añejos en diversas materias: seguridad, salud, infraestructura, actividades productivas, agenda de género y muchas otras, como la restitución urgente del tejido social, está varado en las arenas movedizas de la confrontación, la descalificación, las rupturas, los desencuentros, las generalizaciones, el desdén y, por encima de todo, de la soberbia.

Un ejemplo de cómo fue y de cómo pudo haber sido (por cierto, una oportunidad total y absolutamente desperdiciada que podría haberle reportado un depósito fuerte en su cuenta de capital político): Enrique Alfaro optó por el rechazo iracundo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a propósito de la macrorrecomendación por la contaminación del Río Santiago. "No necesito recomendaciones", dijo, cuando ni siquiera se le estaban planteando a él, sino que se retomaban a partir de información que se ocultó por 10 años y de manifestaciones de activistas afectados en sus vidas y su salud por este problema gravísimo. Enrique Alfaro pudo haberse subido al carro de las críticas, justificadísimas, además, a la administración de Emilio González Márquez y cerrar filas junto con la sociedad y la CEDHJ.

Enrique Alfaro no es un ejemplo de gobernante democrático y no creo que su carrera política continúe después de la gubernatura dadas las muestras constantes de inmadurez que nos receta; se la está acabando poco a poco, él mismo, sin ayuda de nadie, bueno, quizá entre sus colaboradores sí tenga varios ayudantes para eso. Pelearse con los medios y los periodistas, con la Comisión de Derechos Humanos, con el gobierno federal, con los ejidatarios con los que compartió causa (los del aeropuerto) y con cuanto crítico de su gobierno, especialmente si tiene razón, no es la base de una administración que vaya a pasar a la historia por buena y eficiente. Si sigue así, al final del ciclo, nada contará más que su desdén a los valores democráticos.

La discusión sobre el futuro del Instituto Nacional Electoral (INE) ha sacado lo más profundos miedos y los más exacerbados rencores de nuestra clase política. No son pocos los morenistas que ven en esta batalla la venganza histórica por lo que ellos consideran fue el fraude de 2006 y han lanzado manifestaciones porriles al grito de "fuera INE". En el otro bando los que consideran que el INE es intocable y que solo una casta de estudiosos debe tener acceso a la institución, un dogma del tamaño de la pureza de la Virgen en el mundo católico.

Ya tuvimos una experiencia en la que un partido mayoritario (en ese momento el PAN) se alió con una fracción del PRI para dejar fuera a la izquierda en la selección de consejeros. El resultado fue que le dieron el argumento perfecto al candidato derrotado, en esa ocasión Andrés Manuel López Obrador en 2006 para no reconocer la elección que, alegó, estaba viciada de origen. Así como no debe extrañarnos que la fuerza mayoritaria busque alianzas con los partidos satélite y quiera manipular las quintetas para quedarse con los cuatro puestos, la mayoría morenista debe evaluar con mucha frialdad el riesgo que lleva para ellos mismos desacreditar al INE.

La Cámara de Diputados tiene que elegir este año a 4 consejeros. A diferencia de otros años y para evitar el reparto de cuotas, en la última modificación a la legislación electoral quedaron establecidos una serie de filtros que, en principio, impedirán una designación burda de consejeros afines: una comisión designada por la Cámara, el Sistema Anticorrupción y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) integrará, previa pasarela y otros mecanismos de evaluación que decida, 4 quintetas de donde el congreso elegirá a un consejero de cada una de ellas. Teniendo Morena el control absoluto de la Cámara de Diputados y de la CNDH, la capacidad ya no de seleccionar incluso de veto de la oposición se reduce sustancialmente, pero el mecanismo debe servir para filtrar a los no elegibles.

En medio está, tristemente porque no hace sino meter ruido, la batalla por los sueldos. El INE, que tiene una estructura profesional sólida pero no barata, ha apelado ante la Corte para no tener que acatar la imposición del tope salarial de López Obrador. Nadie está en contra de que todos ganen menos que el presidente, la pregunta es cuánto debe ser el sueldo del presidente, dónde está el estudio que diga con datos cuál debe ser la estructura salarial del sector público y que 108,000 pesos debe ser el sueldo tope.

Los diputados, de todas las fracciones, dieron un buen 1er. paso al aprobar por unanimidad la convocatoria que contempla el mecanismo de elección de los cuatro nuevos consejeros. Sin embargo, el riesgo de que los radicales de uno u otro bando busquen reventar los acuerdos en algún momento del proceso y que la discusión salarial y del gasto de la democracia contamine la discusión sigue siendo altísimo.

Lo que está en juego no es quién es el dueño de las instituciones sino no regresar a la desconfianza en los procesos electorales. Ojalá lo entiendan.

El gobernador Enrique Alfaro está entrando en ese momento crítico del ejercicio del poder en el que las cosas no son como las imaginó, la novedad se convirtió en rutina y la realidad se presenta inmutable ante los deseos y esfuerzos del gobernante. Es un punto de confrontación con la realidad que más temprano que tarde le llega a todos los que ejercen el poder, el momento en el que comienzan a dudar de todo y de todos, en el que cuesta trabajo entender qué es lo que no funciona y por qué los enormes esfuerzos y sacrificios que implica el ejercicio del poder no dan los resultados esperados.

Uno de los comportamientos más recurrentes es buscar fuera de palacio a los responsables del freno que impide su voluntad de cambio. Los medios de comunicación, los opositores, los que vienen de otros estados a generar violencia acá, los traidores, etc., suelen ser los señalados. Lo hemos oído muchas veces en diferentes versiones, pero el guion es esencialmente el mismo. Un exgobernador me dijo que si de algo se arrepentía era de no haber convocado antes a sus antecesores (él tardó casi 2 años), pues de haber escuchado antes a quienes ya se habían enfrentado al peso de la silla de gobierno y sufrido el mismo síndrome se habría ahorrado -y nos las habría ahorrado a los gobernados- muchas malas decisiones.

El discurso del gobernador Enrique Alfaro frente a los hoteleros la semana pasada acusa claramente una de las confusiones características de esta etapa del ejercicio del poder: creer que las críticas a los funcionarios son críticas al estado, que estar en desacuerdo con el gobierno es estar en contra de la ciudad, perder la dimensión de dónde termina el gobernante y dónde comienzan las instituciones, leer cualquier señalamiento al gobierno en turno como ataque personal. Aunque a ninguno de los 2 les va a gustar la comparación (lo odioso de las comparaciones son los resultados), el estilo personal de Alfaro se parece cada vez más al de Ramírez Acuña cuando era gobernador, quien también pensaba que ejercer el poder implicaba el sometimiento de las voces discordantes a partir de mostrar un carácter personal fuerte y confrontativo. Imposible no recordar aquel artículo de María Marván titulado "El Estado soy yo" en que describía los rasgos autoritarios en la forma de ejercer el poder del entonces gobernador Ramírez Acuña, un artículo por cierto muy celebrado por muchos de los que hoy están en el gobierno alfarista.

El principio de realidad llega tarde o temprano y ello implica, entre otras cosas, renunciar a cambiar el mundo para concentrarse solo en gobernar, entender que la historia de los héroes transformadores tiene más que ver con el momento que con la voluntad de cambio de un gobernante, que para las grandes transformaciones es muy importante la voluntad de poder pero que éstas las hacen los ciudadanos. Los políticos, los grandes políticos, son los que saben leer el entorno y entienden que su papel es facilitar, acompañar y, en los momentos clave, liderar a una sociedad.

La alternancia en el poder y la llegada de Morena han envalentonado a muchos actores en los estados y en la propia UNAM para tratar de romper las estructuras de poder vigentes en las universidades. El 1er. caso y que debe obligarnos a levantar antenas es la eliminación, de un plumazo y con madruguete en el Congreso del Estado [de Nayarit], de la autonomía de la Universidad de Nayarit. La tentación de los gobernadores y grupos políticos de controlar a las casas de estudio es enorme, no solo por lo que son presupuestalmente sino por el capital político que representan.

El gran error que podríamos cometer es meter a las universidades en el mismo saco. Todas tienen problemas de administración y en todas hay cacicazgos, pero las diferencias entre unas y otras, entre Sinaloa y la UNAM, son enormes. Abolir viejos caciques para nombrar jóvenes caciques, que más temprano que tarde se harán viejos caciques, no tiene ningún sentido. Abrirlas a las demandas populares a cambio de bajar aún más los niveles académicos, menos aún.

Democratizar las universidades pasa necesariamente por una mayor transparencia y exigencia de rendición de cuentas en el uso de los recursos, por institucionalizar los procesos y definir los caminos de acceso a puestos, por asegurar la libertad de cátedra y de pensamiento. No hay que bajar sino subir las exigencias en el ingreso, pero al mismo tiempo hay que asegurar políticas de discriminación positiva o acciones afirmativas que den prioridad a grupos vulnerables. Así como la trampa de los caciques es amenazar con que son ellos y solo ellos los que pueden domar políticamente a las universidades, la trampa de los que quieren desbancarlos es asegurar que cambiando de liderazgo político se resuelven los problemas. Tan falso lo uno como lo otro.

El fuego amigo entre naranjas no cesa. En un encuentro sobre los acuerdos para implementar la norma estatal antiplástico, la diputada local Mirza Flores calificó de mal hechas y "taquilleras" algunas reformas en la materia.

Se refería, sin duda, a la medida de Pablo Lemus para prohibir las bolsas de plástico y el unicel que entra en vigor en su municipio a partir de junio 2020.

Por su parte, Lemus sigue montado en su macho: no modificará su reglamento aunque le insistan y sea distinto al que tendrán el resto de los municipios en el estado.

Nuestra clase política ha hecho todo lo que está en sus manos para acabar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Han intentado corromperla con bonos y sueldos exorbitantes, tomarla a base de repartirse las plazas internas, poner al frente a personas cercanas al gobierno en turno y ahora desacreditarla. Lo peor que podríamos hacer los ciudadanos es caer en el juego de los políticos. Con todos sus defectos, la Comisión es, hoy por hoy, uno de los pocos mecanismos que tenemos los ciudadanos para contrarrestar los abusos de poder que le son propios al ejercicio de éste, independientemente de las buenas o malas intenciones de quien lo ejerce.

Lo único que tiene la Comisión, lo dijo con mucha claridad hace años la ex presidente Guadalupe Morfin, es la fuerza de su voz, una fuerza que viene de la legitimidad de sus acciones y del respaldo de la sociedad. El asunto es muy sencillo: si permitimos que las autoridades respondan con prepotencia o displicencia y no con argumentos las recomendaciones de la CEDH, nos estaremos haciendo un harakiri social. No nos equivoquemos, aquí no hay bandos, todo poder requiere contrapesos, organismos de derechos humanos, sociedad civil, prensa libre, oposición en los congresos. No permitamos que quienes tienen temporalmente el encargo de representar al poder del estado, los insulten, desprecien o ninguneen, porque lo que sigue, irremediablemente, es el abuso de poder.

Un día sí y el otro también, el coordinador a veces del Gabinete de Seguridad del Estado de Jalisco, Macedonio Tamez, polemiza con sus declaraciones.

1o. aseguró que de los cadáveres exhumados en fosas clandestinas, la mayoría eran criminales (como si eso pudiera exculpar a la autoridad de ocuparse del asunto).

Luego justificó que Ciencias Forenses no estaba sobresaturado de cadáveres porque muchos venían en "pedazos" y podían compartir espacio. Por si fuera poco, ahora descalificó la Recomendación 10/2019 de la CEDHJ sobre la crisis forense. Y ahora despreció la labor de este organismo autónomo y constitucional. Así lo dijo: "No estoy de acuerdo con ese tipo de recomendaciones, aducen a la doctrina internacional de derechos humanos, pero la doctrina no es obligatoria. Quisiera que me dieran oportunidad de revisar el texto, estamos trabajando mucho como para ponernos a leer los documentos de medio kilo".

Una de las primeras cosas que hizo Margarita Ríos-Farjat, en su calidad de nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue ordenar que se remodelara el despacho que iba a ocupar.

El arribo de la originaria de Nuevo León al máximo órgano de Justicia ha sido descrito como poco terso.

Su equipo de colaboradores se presentó de avanzada, pero con mensajes muy específicos de parte de la "señora".

De entrada, esos entusiastas regios. ¿Por qué será que en la Secretaría de Seguridad (es un decir) de Durazo abundan los sonorenses, y en el equipo de la neoministra los de Nuevo León? ¿Qué no habrán encontrado capital humano de buen nivel en la mismísima ciudad ídem? La cosa es que un particular de la neoministra dejó muy claro, a quienes ya trabajaban en la ponencia que ahora ella ocupa, que la señora es muy "estructurada" y "muy inteligente", que tenían información de cada uno de los integrantes del equipo que estaban heredando, por lo que ya sabían quién era quién; y que mucho cuidado con la ortografía porque la señora no consentía ese tipo de faltas.

También seguro que a otros les gustará que entre los planes de la neoministra está hacer un taller de redacción porque cree que los textos de los análisis que le entregan sus colaboradores son muy acartonados, que quiere que todo su equipo se acostumbre a la incertidumbre (bueno, con este gobierno quién no) y que le interesa proponer un club de lectura de novela. (Yo no sé ustedes, pero yo voto a favor de esto último).

Ya habrá tiempo de conocer algo de las tesis en temas de justicia de la neoministra. Por lo pronto, ya trascienden los detalles de cómo quiere estructurar su oficina y a su equipo. Porque prioridades.

Por décadas hemos escuchado cada inicio de administración municipal, cuando hay alternancia política y la o el que llega es de un partido político distinto a la o el que se va, los reproches de que encuentran ayuntamientos en bancarrota y con múltiples señalamientos de corrupción, por lo que presentan querellas formales en sus primeros meses de ejercicio, sin que prácticamente ninguna concluya con alguna detención.

Curiosamente, cuando la o el nuevo presidente municipal es del mismo partido que su antecesor no hay denuncia oficial alguna, y dicen encontrar todo en orden.

Ya en el ejercicio de las administraciones municipales es muy poco común que se sepa de alguna sanción por corrupción porque las contralorías, hoy conocidas como órganos de control interno, en los municipios, y casi en todas las dependencias del sector público, son posiciones designadas por el gobernante o titular de cada instancia oficial.

Esta sumisión y falta de independencia hace que las o los contralores, lejos de vigilar la aplicación honrada de los presupuestos públicos, se conviertan en los encargados de cuadrar y ocultar los desfalcos para congraciarse con sus jefes políticos o no dejar la zona de confort que les da el cargo.

Habrá que decir que el primero en romper con esta inercia de simulación fue el actual alcalde tapatío, Ismael del Toro, quien antes de llegar a despachar al Ayuntamiento de Guadalajara pidió al Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal de Corrupción (SEA) que le diera un terna para elegir tras ese filtro a su contralor, con lo que Enrique Aldana López se convirtió prácticamente en el único contralor independiente de Jalisco. Inmediatamente se vio la diferencia. Aldana ya investigó y denunció a ex funcionarios municipales de la pasada y actual administración naranja. Este ejemplo lo siguió el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, y también el año pasado instaló una contraloría independiente que ocupa Marco Cervera.

El resto de los ayuntamientos siguen renuentes a este cambio. Por eso puede ser de gran trascendencia lo que ocurrió el jueves pasado en la sesión extraordinaria del CPS del SEA, donde se presentó una propuesta para la implementación de sistemas anticorrupción en los municipios, a propósito de la desaparición de esta oficina en Tlaquepaque, argumentando duplicación de funciones y falta de presupuesto.

En este documento queda claro que no se requieren más recursos ni nuevo personal para montar estos sistemas anticorrupción, y que basta con que articulen las instancias que ya están por ley obligados a tener, como el órgano de control interno, que debe ser encabezado por un contralor independiente y quien podría dirigir la instancia anticorrupción; una unidad de transparencia; la sindicatura; y un consejo ciudadano o contraloría social.

Este planteamiento lo debe hacer suyo el Congreso del Estado para incorporarlo a la reforma 2.0 del SEA que está en proceso. Desde ahí se deben buscar incentivos para que los municipios cumplan o de plano condicionar la entrega de presupuestos al cumplimiento de esta norma, que se podría convertir en la primera barrera de contención para la corrupción y la impunidad en los ayuntamientos.

La semana pasada se cumplieron 10 años de la matanza de 15 jóvenes que se encontraban en una fiesta en el fraccionamiento Villas de Salvácar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Como ha sido la costumbre en todos los niveles de gobierno desde hace muchos años, sea cual sea el partido en el poder, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón criminalizó sin argumentos a las víctimas. Cuando el ex mandatario visitó la ciudad fronteriza fue encarado por la señora Luz María Dávila, quien perdió en esa masacre a sus 2 únicos hijos, Marcos y José Luis, estudiantes ambos. Le dijo que no era bienvenido y le recordó que sus hijos estudiaban y trabajaban, no eran pandilleros. Calderón escuchó con un gesto serio, hosco, pero sin un ápice de empatía, de arrepentimiento por haber acusado a esos muchachos que solo buscaban diversión. Este acto de la madre de 2 hijos asesinados ha sido emblemático y una bandera para miles y miles de víctimas y familias que han padecido la violencia en este país y que no se sienten representadas por las autoridades, pero sobre todo que no han sido escuchadas debidamente.

Desafortunadamente, a más de 10 años de que inició la guerra contra el narcotráfico, tenemos ejemplos de sobra de indiferencia y falta de empatía por parte de nuestros representantes populares, esos que se conducen según sea o no época electoral. El más reciente ocurrió la semana pasada cuando en el Congreso del Estado se realizó el foro para analizar y discutir las leyes relativas a la desaparición de personas. Durante 3 días, en el patio del recinto legislativo, víctimas, especialistas, académicos, activistas y legisladores discutirían las iniciativas en aras de lograr el mejor marco jurídico en la materia.

La realidad les golpeó en la cara a las familias de las personas desaparecidas, pues no importó el retraso de 2 años para armonizar las leyes locales, la urgencia de las familias que todos los días se enfrentan a la ausencia de sus desaparecidos y mucho menos su dolor; las y los diputados las dejaron plantadas. No quisieron escucharlos, enfrentar sus reclamos, no tuvieron el aplomo para acompañarles en un proceso necesario, optaron por la indiferencia, como Felipe Calderón, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se negó a recibir a quienes caminaron por la paz.

Salvo algunas excepciones de diputadas y diputados a quienes al parecer calaron las críticas de su ausencia en la 1a. jornada del foro, las y los integrantes de la LXII Legislatura prefirieron encerrarse en sus oficinas, atender otros asuntos o irse a comer tamales a eventos en los que esconden sus intenciones pre electorales. Si el sufrimiento de las familias no les mueve ni una fibra de empatía y no le otorgan la seriedad indispensable a la emergencia humanitaria que tienen en sus narices, no podemos esperar más que discursos vacíos y banales en redes sociales, aunque se empeñen en defenderlos.

No sé si esperábamos más de ellos como representantes populares. Lo que ahora sé es que su ignominia los pinta de cuerpo entero.

En medio de una encarnizada lucha por crear nuevos partidos políticos (la mayoría de ellos apéndices de los que ya existen) la sociedad mexicana habrá de decidir este año si prefiere contribuir a la formación de nuevas entelequias que implican un importante gasto de nuestros impuestos o decide seguir optando por las llamadas ONG, o sociedades civiles, que implican una mayor participación comunitaria y que en los últimos tiempos han ofrecido mejores resultados a la población.

Las ONG se han venido reproduciendo desde hace por lo menos 2 décadas, con luchas de lo más disímbolas, que buscan atender todos los segmentos de la población que generalmente las instituciones públicas y los propios partidos políticos suelen ignorar. El hartazgo de la gente y la propia necesidad ha ido concientizando paulatinamente a la población, de la necesidad de participar en la solución de los problemas y hacerlo en unión de otras personas que generalmente padecen de la misma necesidad y/o se conduelen de aquellos que no pueden hacer nada -dada su condición de vida- y optan incluso hasta por dejarse morir.

Esto no quiere decir que entre las múltiples ONG que han surgido no se hayan infiltrado personas sin escrúpulos que lejos de ayudar a los demás, también se han aprovechado, pero sin duda alguna, sus aportaciones son bienvenidas.

En el caso de los partidos se dice que implican un mal necesario, de hecho, en una democracia son instrumentos fundamentales, empero, con los ya existentes en nuestro país, más los que amenazan con constituirse para poder participar desde ya en las próximas elecciones del 2021 -y en la bolsa económica destinada a los mismos-, los recursos destinados contribuirían a consolidar nuestra democracia como una de las más caras del mundo, lo que aunado al cero crecimiento económico (o menos cero), favorecería a acrecentar la crisis que se vive en la actualidad, con todo y que los seudoprogresistas del gobierno dicen tener muy buenas intenciones a favor de los que menos tienen, pero sus acciones sólo han logrado convencer a unos cuantos de los beneficiados, casi todos ellos improductivos.

Los oportunistas de siempre, más los surgidos ante las nuevas circunstancias que se viven, pretenden mantenerse allegados a la nómina, aunque para ello se tengan que disfrazar del color que sea necesario, o lo que es lo mismo, se manifiestan a la orden del mejor postor, pues la ideología o principios morales han quedado fuera de sus expectativas.

Los más de 9,000 desaparecidos en Jalisco no fueron suficientes para que los 38 diputados locales acudieran a escuchar a familias de las víctimas y activistas que hicieron precisiones sobre lo que debe contener la legislación estatal para prevenir, investigar y resolver este problema.

Apenas una decena de legisladores anduvo en algún momento en las mesas, aunque fue para sacarse la foto, pero a la mayoría les ganó la indolencia.

En corto, hay quien señala que prefieren no entrarle al tema que es de desgaste; otros diputados se quejaron y criticaron que el panista Eduardo González haya realizado el foro, cuando su comisión no es la convocante en la revisión de iniciativas.

Aunque 3 de las iniciativas que se revisaron en el foro sobre desaparición de personas fueron presentadas por el gobernador, Margarita Sierra, secretaría de Participación Ciudadana, también brilló por su ausencia, lo mismo que Gustavo Quezada, titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Hasta el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, quedó mal y no asistió al encuentro.

Desde hace 3 sexenios se está viviendo este periodo extraordinario de violencia generalizada contra la sociedad cuyas aristas más dolorosas son los homicidios dolosos y la desaparición de personas. Y en todo este periodo, cuyos gobiernos han correspondido a distintos partidos (PAN, PRI y MC), el conjunto de la clase política de Jalisco ha sido omisa y negligente para responder a la altura del principal problema político que ocurre en Jalisco.

El desaire raya en lo criminal porque parece que no saben que Jalisco es una de las entidades con más casos de personas desaparecidas. De 2006 a la fecha hay más de 9,000 personas desaparecidas y el fenómeno no deja de crecer. Las leyes que los diputados tienen pendiente de discutir y aprobar podrían influir en aspectos concretos para establecer, desde ya, un sistema eficaz de búsqueda en vida de las personas y para resolver la grave crisis forense que se tiene en Jalisco.

Parece que Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, puso el desorden en el tema de las modificaciones a los reglamentos para la prohibición de bolsas de plástico.

Ante la pachorra de la Semadet para impulsar el cumplimiento de la norma estatal, Zapopan se adelantó y prohibió la entrega de bolsas de plástico y productos de unicel de un solo uso.

La medida zapopana, más dura que la propuesta en la ley estatal, pasó por alto lo que establece la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Norma Ambiental Estatal (NAE) que formuló (tarde) la Semadet.

El reclamo de los industriales es justo. ¿Cómo van a cumplir normas dispares en un mismo estado? Ahora la Semadet tendrá que poner orden antes de que, como anticipan los empresarios, otros municipios comiencen con cambios a su gusto.

Sergio Graf, titular de Semadet, abandonó a paso veloz el foro sobre gobernanza metropolitana organizado ayer en el Congreso de Jalisco.

Salió con tanta prisa que no tuvo tiempo para dar entrevistas o responder a las inquietudes del titular de la Canaco Guadalajara, Xavier Orendáin, quien urgió a tener más coordinación entre municipios y estado para unificar criterios en la restricción a productos de plástico.

Si analizamos el retraso en el programa de verificación, la incapacidad de Semadet para unificar la recolección de basura o el pírrico avance en la atención a la crisis ambiental del río Santiago, se entiende que el secretario Graf tenga prisa.

Ojalá sea para ponerse a trabajar y concretar alguno de los planes que a la fecha sólo quedaron en presentaciones en donde el gobernador Enrique Alfaro anuncia plazos que luego incumplen olímpicamente.

La remoción de Consuelo Robles, ex titular del OPD de Salud Jalisco, junto con 13 directivos, confirma que no fue sólo el cambio climático lo que provocó la crisis del dengue en el estado.

El desorden administrativo, los conflictos de interés en licitaciones y los señalamientos por nepotismo, tuvieron como corolario esta "reingeniería administrativa" que, por donde se le vea, llega después de costarnos tiempo, dinero y 49 muertes por dengue.

La salida de Robles estaba cantada, ¿pero por qué se fue también toda la plantilla de 1er. nivel? Nos cuentan que en la negociación para renunciar a Robles, ella puso una condición: me voy, pero conmigo se van todos.

La otra razón es que, además de los escándalos y fallas en el 1er. año de gestión, ante los retos en materia de salud que se avecinan con el Insabi, el equipo al mando de la secretaría había demostrado que no estaba a la altura.

Por cierto, todo indica que habrá más "reingenierías administrativas". ¿Le llegará su momento también a la Coordinación Estratégica de Seguridad y a la Secretaría de Igualdad? En radiopasillo se dice que son los siguientes candidatos.

Los despidos anunciados en el sector Salud, y los que se aproximan por cuestiones de la inseguridad que se padece en nuestra entidad, dejan en claro que la improvisación, la deshonestidad y las grillas son malas consejeras.

Tras los pésimos y lamentables resultados ofrecidos durante un año y meses bajo la tutela de la llamada refundación en nuestro estado, en prácticamente todos los rubros -no hay uno solo en que se pueda presumir que se ha mejorado en relación con administraciones anteriores-, sino todo lo contrario.

Involucrados más en las cuestiones políticas que en las que implican salvar vidas, funcionarios de diversas dependencias habrán de dejar su lugar a otros, para continuar con el ensayo y error, luego de que sus jefes decidieron despedir a quienes cuentan con experiencia comprobada en sus áreas, ya sea por venganza política o hasta cuestiones personales.

En Salud y Seguridad se exhiben los resultados más sensibles, porque implican la pérdida de vidas humanas. De acuerdo con la información oficial publicada en EL INFORMADOR, el dengue hemorrágico sumó más de 10,000 casos en 2019 en Jalisco, con lo que ubicó a la entidad como puntera en el país de casos y muertes confirmadas por el virus. De igual manera, en casos probables hubo 76,425 de dengue clásico, 1,226 de dengue hemorrágico y 115 casos de probable muerte por este mosquito.

Por lo que hace a la inseguridad, en 2019 Jalisco vivió el año más violento en toda su historia, lo que lo llevó a ocupar el 4o. lugar nacional en cuanto a asesinatos dolosos. Mientras que en materia de robo de vehículos se alcanzó el nada honroso 2o. lugar nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En repetidas ocasiones he planteado aquí que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), a más de 2 años de su creación, está lejos de cumplir las expectativas que se tenían en su trabajo en el combate a este lastre que es, después de la inseguridad, la mayor causa de irritación social.

Este nuevo modelo para combatir la impunidad de los malos manejos del erario y el patrimonio público generó la esperanza de que por fin vendría un sistema que podría funcionar, sobre todo por incluir al Comité de Participación Social, un componente ciudadano que por 1a. vez se contemplaba en el diseño institucional anticorrupción.

Lo cierto es que esta instancia ciudadana no ha logrado el peso ni la influencia necesaria para sacar de la inercia al resto de las dependencias que forman el SEA, incluidas la recién creada Fiscalía Anticorrupción, y la rescatada y renovada Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).

Tan ausentes son los resultados que en el SEA han caído en claras precipitaciones que lejos de prestigiarlos los exhiben y golpean severamente su credibilidad. El último ejemplo de ello es el encarcelamiento de Miguel Castro, uno de los políticos y funcionarios con la mejor reputación e imagen de la clase política y gubernamental de Jalisco, por supuestos malos manejos por menos de 6 millones de pesos cuando fue secretario de Desarrollo e Integración Social (Sedis) en el gobierno del priista Aristóteles Sandoval, y por haber desacatado las restricciones de su originalmente injusto arresto domiciliario.

La estrategia de los corruptos es y ha sido jalar a todos al lodo. Equiparar los errores o problemas administrativos con corrupción ha provocado que no haya funcionario que se salve del escarnio público. Siempre habrá un medio, página de internet o liderazgo político dispuesto a sacar el dedo flamígero para señalar el menor de los errores del enemigo para llevar la lucha por el poder a la alberca de lodo donde los corruptos de verdad se sienten como en casa.

El mensaje implícito es que todos los funcionarios son corruptos, la diferencia estriba en que hay unos más "inteligentes" (la palabra correcta es cínico) que otros y que por lo tanto como sociedad debemos aceptar que la corrupción no hay que combatirla sino administrarla. Con todo respeto a los muchísimos priistas que respeto, ese fue el mensaje subyacente con el que regresó el PRI al poder: los de otros partidos son tan corruptos como los priistas, pero los priistas repartimos; robamos, pero dejamos robar. El resultado fue letal para el mismo PRI.

Llevar el combate a la corrupción al terreno de las leguleyadas no es sino otra forma de corrupción, más perversa y dañina aún que la corrupción misma. Lo 1o. que tenemos que romper en el combate a la corrupción, y ese debe ser el objetivo más importante del Sistema Anticorrupción, es mandar el mensaje no solo de cero tolerancia al cohecho y a la apropiación privada de lo púbico sino, sobre todo, que desterrar la corrupción nos beneficia a todos, que no es cierto que todos los funcionarios son corruptos y que no son lo mismo problemas administrativos, que habrá que corregir y sancionar como tales, pues se trata del dinero de todos, que la corrupción que pervierte la vida pública.

La partidocracia es el gobierno del pueblo por los partidos políticos, lo cual padecemos desde hace casi 100 años. La partidocracia ha cambiado, ahora al sistema políticos que nos gobierna bien podríamos llamare "Pejecracia", Gobierno del pueblo por un solo individuo de características sui generis que no acabamos de entender.

Podríamos pensar que se trata de una incipiente cuasi dictadura, pues para que exista una dictadura se requiere que sea un gobierno que se ejerza fuera de las leyes constitucionales. Podríamos pensar más bien en una autocracia con tendencias hacia el totalitarismo, despotismo, y omnipotencia.

Cansados de la dictadura de los partidos políticos fuimos a caer en manos de un gobierno que nos tiene en ascuas por su forma original de gobernar que no encaja en molde alguno.

Ahora hay una marcada tendencia para que se suspendan los susidios a los partidos políticos que para este año ascienden a la cantidad de 5,239 millones de pesos (MDP), lo cual representa un aumento con el presupuesto de 2019 de 273 millones de pesos más. El partido más beneficiado será Morena con 1,700 millones de pesos, el resto se repartirá entre los otros 6 partidos registrados. Morena recibirá casi 4 veces más que en 2019. Al parecer, la austeridad republicana no afecta a los partidos políticos; los actores que viven de la política han encontrado una veta de oro al constituir un nuevo partido político. El INE ha recibido 102 solicitudes para crear nuevos partidos. Se supone que un partido político se forma por un grupo numeroso de personas que buscan el bien de la patria, que tienen una ideología y metas para alcanzar el bienestar de la población y es bastante remoto que existan 102 ideologías diferentes que distingan a un partido de otro.

Los requisitos para constituir un partido político a nivel federal son: contar con una Declaración de Principios en la que se expone la idiosincrasia de la agrupación política, su programa de acción, y sus estatutos y deben contar por lo menos con 3,000 afiliados distribuidos en 20 entidades federativas o 300 afiliados en cada uno de los 200 distritos electorales federales. El número total de afiliados varía, pero no puede ser menos de 0.26% del Padrón Federal Electoral de la última elección que fue de 89'332,000 personas, así que los nuevos partidos deberán contar con un mínimo de 23,253 afiliados. Además, deben cubrir otros requisitos de información sobre el origen y destino de sus recursos y comprobación de que han celebrado asambleas y presentar al INE la solicitud d registro con toda la documentación que se requiere para comprobar autenticidad de firmas y demás requisitos.

El pluripartidismo lo diseñó el PRI para pulverizar la oposición siguiendo la escuela maquiavélica "divide y vencerás" y ahora Morena apoyará este sistema que lo beneficia. Se requiere que el INE evite que detrás de cada nuevo partido haya personajes de notoria mala reputación y que el subsidio se reduzca por lo menos en 50%, se ahorrarían 2,600 millones.

La misma perorata de siempre. No basta que al día en nuestro país mueran 3.6 niños a consecuencia de la violencia; que entre 2015 y 2019, hubiera 317 feminicidios de niñas de entre 0 a 17 años de edad, de acuerdo con información de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), que apenas el lunes 6 de enero dio a conocer un informe sobre Infancia y Adolescencia en México. No basta que en estas circunstancias un niño de 11 años haya tenido acceso a armas de fuego y con ellas haya disparado contra su maestra y compañeros de escuela para después quitarse la vida, porque los discursos oficiales siguen siendo los mismos que hace 20 años: que los videojuegos, que la televisión, que la música, que las compañías. ¿Y para cuándo el mea culpa de los gobernantes que no han tenido voluntad ni han sido capaces de poner el foco en el control de armas y articular a las instituciones con un sistema integral y efectivo de protección a los menores? ¿Y para cuándo políticas públicas que trasciendan administraciones y partidos políticos enfocadas a procurar la salud mental, a los cuidados colectivos, en los que todas y todos seamos parte del desarrollo de las y los niños? ¿Y para cuándo las reformas necesarias para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres, para que las cargas laborales no impidan la convivencia familiar? ¿Y para cuándo el sistema educativo se enfocará en el interés superior de la niñez y dejará en 2o. plano los intereses sindicales?

Pocos negocios hay en México que dejen buenas ganancias y no presenten riesgos. El más seguro y provechoso es el negocio de los partidos políticos. Quienes los detentan reciben cantidades multimillonarias sin arriesgar nada y prácticamente sin trabajar. Algunos de los llamados partidos son en verdad empresas familiares, por ejemplo el PT, y aun individuales, como es el caso de Morena, propiedad de López Obrador. Inútiles han sido los intentos que se han hecho para reducir las inmensas prerrogativas que reciben los partidos, pues sus dirigentes defienden esos dineros como gatos boca arriba, para usar un símil popular, y 1o. se dejarían cortar no sé qué cosa que renunciar a un solo peso de las jugosas sumas que perciben. Partidos ricos en país muy pobre. Tal es la triste paradoja que preside esa viciosa situación. Y aun así otros dueños de partidos están haciendo fila para conseguir el registro que automáticamente les dará acceso a ese panal de rica miel que los contribuyentes pagamos con nuestro trabajo, como si no hubiera en el país otras necesidades qué cubrir.

El padrón de militantes de todos los partidos tendrá una purga con la actualización que está en proceso en el Instituto Nacional Electoral.

En el caso de Jalisco sobresale que Movimiento Ciudadano reporta poco más de 22,000 afiliados, a pesar de ser el bastión nacional del partido naranja. En el padrón emecista no aparece el gobernador Enrique Alfaro.

En el caso del PRI, la versión publicada no reporta bajas mayores por el momento a reserva de que la actualización evidencia la debacle del tricolor en la entidad.

Del resto de los partidos no hay ni rastros de padrón, incluso en el nuevo partido con registro estatal, Encuentro Social, ni página de internet tiene activada.

Gobierno que llega, gobierno que anuncia con bombos y platillos el mejor programa jamás visto ni implementado para resolver el gran, gran problema de la basura en Jalisco, sobre todo en Guadalajara y la zona metropolitana, pero hasta ahora, ninguno ha funcionado de manera que podamos hablar de un asunto pendiente y urgente, resuelto.

Antes de la administración de Alberto Cárdenas (1995-2001) no recuerdo iniciativas que por lo menos en los discursos demagógicos dejaran entrever un 1er. interés por resolver el problema de fondo, es decir, tenemos menos de 30 años, como sociedad y gobierno, poniendo atención y fijándonos en el asunto, muy poco.

Este es uno de los quehaceres que se debería pensar y desarrollar con una visión de largo plazo, muy largo plazo, con candados que impidan que las estrategias, si es que son tan buenas, no cambien cada trienio ni cada sexenio. Se requiere continuidad y permanencia con flexibilidad para ajustes mínimos sobre la marcha.

Se han hecho esfuerzos, sí, pero no alcanzan porque siempre, siempre, se está hablando de la basura, de la disposición de los desechos, de los residuos peligrosos, del agotamiento de los rellenos sanitarios, de los rellenos clandestinos, de la separación, de las condiciones de las botes y papeleras en las calles, ahora de los puntos limpios y esto no termina de cambiar de una vez por todas, para bien.

Casi cualquier persona a la que se le pregunte si separa la basura, responderá que lo hacía, pero ya no porque de todos modos todo lo revuelven en el camión, que para qué. Hubo iniciativas para sancionar a quien no separara la basura, se determinó que debían tirarse los desechos de cada género en bolsas de ciertos colores o con cintas distintivas, pero después ya no; y también se intentó tirar la basura por géneros en ciertos días de la semana, de manera que no importaba el color de la bolsa, los martes se recogía sanitario y orgánico y los jueves seco y así, pero esta medida, que en lo personal me pareció que estaba funcionando, fue suspendida de nuevo.

Ahora ni bolsas ni días y se revuelve todo en los camiones. La tarea de separación y reciclaje, que de todos modos se tiene que hacer, se deja a empresas y pepenadores, pero los costos son altos y también las pérdidas por todo lo que de plano no se puede recuperar.

Dentro de todo esto, está el tema de las bolsas de plástico. Se ha manejado de tal forma que para algunas personas es un artículo de fe, motivo para división e intolerancia, para actitudes parecidas a la esquizofrenia. Como todo, nos quieren cargar el muertito a los consumidores. Y no quiero decir para nada que no asumamos la parte que nos corresponde en la reducción de lo que tiramos y en mejorar nuestros hábitos y conductas con respecto a la basura y los envases, pero hasta ahora, no he visto que se llame a cuentas a los fabricantes de bolsas ni de cuanto empaque; porque esa es otra: se prohíben o se van a prohibir las bolsas de plástico en los comercios (como hace años, sin éxito) ¿y qué me dicen de los empaques de los embutidos, de las servilletas, de muchas bebidas, de los quesos; de las bolsitas del azúcar y, en fin, de todos los contenedores de alimentos que son también bolsas de plástico?

La Secretaría de Salud Jalisco hizo un anuncio por demás sorprendente. A partir de ya, ofrecerá atención médica gratuita y medicinas a cualquier ciudadano que no tenga seguro social.

Esto como parte de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, que entró en vigor a partir del 1o. de enero. Es decir, no sólo atenderán gratis a los usuarios del extinto Seguro Popular, también le ofrecerán el servicio a 3 millones de jaliscienses sin seguridad social.

Si el gobierno estatal ya se quejaba de la falta de pago y recursos para operar el Seguro Popular, nos preguntamos cómo harán ahora para extender el servicio gratuito de esa manera.

¿Cubrirán enfermedades catastróficas? ¿Qué tipo de medicinas darán? ¿Garantizan un servicio de calidad? Todas estas son preguntas legítimas cuya respuesta nadie ha dado.

Una cosa es la universalidad de los servicios de salud en el papel, pero otra muy distinta garantizarlo en la realidad.

Con una deuda total de 6,468 millones de pesos (MDP), los municipios de Jalisco se mantienen, por 2o. año consecutivo, como los más endeudados a nivel nacional. El Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), actualizado al 3er. trimestre del año, detalla que 90 ayuntamientos jaliscienses tienen vigente algún tipo de endeudamiento.

A los municipios de la entidad, les siguen los ayuntamientos del Estado de México con pasivos financieros por 5,004 MDP; luego los de Sonora con 4,732 MDP y en Nuevo León acumulan 4,717 MDP. Con sólo 5 municipios, Baja California registra deudas por 4,573 MDP y en Quintana Roo ascienden a 2,582 MDP.

Aunque los municipios jaliscienses acumulan el mayor endeudamiento total, Guadalajara bajó del 2o. al 4o. lugar en el ranking de los ayuntamientos endeudados. Tijuana Baja California refrendó su título como la administración municipal con la mayor deuda de todo el país, con 2,632 MDP, Monterrey registró 1,993 MDP y Hermosillo con 1,873 MDP.

En el caso de Zapopan y Tonalá, se ubicaron en 9o. y 10o. lugar con 960 y 833 millones de pesos en deudas, respectivamente.

El año pasado las administraciones municipales del estado reportaron deudas por 7,376 MDP.

En lo que respecta al semáforo del Sistema de Alertas de la SHCP, cierra el año con focos amarillos por su condición financiera el Ayuntamiento de Tonalá y se advierte que su deuda compromete 97% de sus ingresos de libre disposición. También hay luz amarilla para Casimiro Castillo, Pihuamo y Tequila.

La SHCP especificó que 40 administraciones municipales no remitieron la información necesaria para ser evaluados; entre ellas Chapala, Juanacatlán, Cocula, Lagos de Moreno, Mezquitic, Poncitlán, Tomatlán, Tuxpan, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo, Zapotlán del Rey.

En diciembre la cosa se pone peor. Cada día es más enojoso el asunto del manoseo de los recursos públicos con fines caritativos y aviesas intenciones ideológicas y clientelares.

No sólo me refiero a la perversa idea de poner pistas de hielo o árboles de navidad dignos del norte de Islandia, sino a la más cotidiana costumbre de hacer pensar a los mexicanos que el gobierno es el encargado de dar. No de arreglar, no de proteger. De dar.

Así que el dinero público, ese que se recoge con prediales, multas, ISR e IVA, más lo que salga cada vez más dificultosamente del subsuelo, se destina a entretener a la gente con ganas de que el gobernante en turno sea aplaudido. Que tengan una pista de hielo, que reciban de la mismísima mano de su alcalde o gobernador un cheque o unos lentes o una silla de ruedas.

En Jalisco, este estilito no ha llegado a los groseros extremos que hay en Iztapalapa o Cuauhtémoc, pero hacia allá se encamina. Lo hacía ya Aristóteles Sandoval, y cada día lo hace más Enrique Alfaro.

Esta semana, por ejemplo, Alfaro entregó lentes a 4,000 jóvenes de secundaria. Y claro, fue a que lo vieran los estudiantes. Y claro, hizo pasar a algunos al frente para que se les "regalara" un par de lentes en el bonito acto público en el que el gobernador les da la mano y ellos le dicen gracias señor gobernador y se ponen por fin los cristales. ¿No les da pena? Ese es un programa público, debería bastar con hacer la solicitud, hacer el examen y pasar por los lentes a una oficina de salud. Pero ah no, la caridad gubernamental, el actito público, el señor gobernador generosísimo.

El problema con esta dinámica es que genera ciudadanos de 3a. Otros jóvenes ven que el gobierno regaló lentes (o bicicletas, o tarjetas para el autobús o Ipads) y crecen exigiendo que el gobierno también los apoye a ellos. Los más inquietos llegan a algún partido y desde ahí impulsan propuestas para que el gobierno se encargue de dar algo más, hasta que llegan a los extremos de pedir regalos para todas las mamás en el día de las madres y barbies para las niñas en Reyes. Que el gobierno las dé para que apoye la felicidad de los niños.

Pero no, señores. El gobierno no tiene cartera para dar. El dinero público es una bolsa común que debe ser usada para lo que los individuos no pueden aportar por sí mismos. No, la sociedad no puede hacer una zanja y meter los cables que generan problemas de protección civil, eso sí se le puede pedir a la entelequia que construimos para coordinar nuestra vida en sociedad. La seguridad, por favor, la seguridad. Lo demás es complementario, no es tarea del gobierno y si se hace porque es urgente (o porque es bonito), entonces debe manejarse como es: sin el vergonzante actito público en el que se resta dignidad a los ciudadanos y se hace del generosísimo gobernante un Santa Claus.

Cuentan los enterados que ya salió el verdadero motivo por el que la administración estatal accedió a dejar el refrendo de motos en 260 pesos, sin exigir seguro y licencia.

Fue a partir de un análisis hecho por asesores jurídicos que advirtieron que la medida traería una ola de amparos de automovilistas que cumplen con tener licencia y seguro vigentes, quienes buscarían acceder a la rebaja y pagar menos.

Este análisis habría pesado mucho más que las ruidosas manifestaciones de los motociclistas. Los que salieron a disputarse la medallita de la negociación fueron los diputados Jonadab Martínez y Óscar Herrera; cada uno por su lado, acompañados de representantes de motociclistas, hicieron videos para sus redes sociales celebrando que el aumento será solo de 92 pesos y sin requisitos.

Cualquiera diría que se trata de un ejercicio ocioso... ¿Una encuesta sobre las preferencias electorales de los ciudadanos, ahora...? ¿A finales del año...? ¿En plenas pre-posadas...? ¿A un año de haber tomado posesión los gobernantes elegidos en julio del año pasado, cuando aún no hay elementos de juicio suficientes para valorar su desempeño...? ¿En pleno período de hibernación de los partidos tradicionales, cuando ni sus "cuadros" dirigentes ni sus "bases" militantes dan señales de vida...? ¿A 18 meses de distancia de elecciones "intermedias" que ni remotamente calientan el cotarro como las "federales" que milagrosamente hacen renacer las esperanzas de que -ahora sí- vengan tiempos mejores al designarse democráticamente al todopoderoso, al hacedor de milagros -según los lemas y discursos de campaña- que ejercerá durante 6 años como Presidente de la República...?

Pues sí. "El Financiero" publicó ayer los resultados de una encuesta, que parecen mostrar alguna luz al final de un túnel que se adivina -y se sabe- bastante largo. Por ejemplo, que Morena, el partido del presidente López Obrador, redujo (del 46 al 36%) los niveles de apoyo que tuvo en julio de 2018, cuando se erigió en la alternativa para un gran porcentaje de votantes decepcionados por los partidos tradicionales, especialmente después de las primeras reales alternancias (PRI-PAN-PRI) de la moderna historia de México. Que el PRI tendría 9% y el PAN 12% de la intención de voto: cifras que se antojan irrisorias para "la invencible aplanadora" y pobres para "la oposición por antonomasia" de tiempos, bien visto, muy recientes. Que el apoyo hacia "otros partidos" ("la chiquitera") se queda en el insignificante 2%. Que la única fracción creciente del potencial electorado, en fin, es la correspondiente a los ciudadanos que no sabrían por quién votar... o, de plano, no votarían por ningún partido.

Los procesos electorales, por intensos que resulten, fastidian y desgastan a los ciudadanos. Así, es comprensible el desdén mayoritario, en este momento, por esos temas. Además, faltaría un componente muy importante: la designación de candidatos -caras y nombres pesan- a los cargos que serán votados.

En todo caso, si aún los ciudadanos que tratan de ser analíticos con respecto a los gobernantes no dan color, el fenómeno obedece, probablemente, a que quienes representan a los partidos de oposición en la escena pública, no han sabido ser, en la medida deseable, la oposición "crítica pero constructiva" que todos prometen ser... después de sus derrotas en las urnas.

La corrupción es un problema muy serio en México. Según el INEGI, en 2017 el 14.6% de los mayores de 18 años "que tuvo algún contacto con un servidor público sufrió algún acto de corrupción". La práctica no es exclusiva de la derecha o la izquierda. El mayor porcentaje de actos de corrupción, 20.1%, se registró en la Ciudad de México, que ha tenido gobiernos de izquierda desde 1997. Quintana Roo, Morelos, San Luis Potosí, Chiapas, Durango y el Estado de México, que han tenido regímenes de todo tipo, siguen en la lista. En cambio, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Colima y Nayarit tuvieron los menores índices, pese a que los partidos de oposición siempre se han quejado de corrupción en esas entidades.

La proliferación de acusaciones dificulta acabar con el problema. Llamar corruptos a los rivales políticos o a quienes piensan diferente se ha convertido en una táctica sistemática que no presta atención a los indicios o pruebas de cada caso. Vicente Fox llegó a la Presidencia en el 2000 acusando a los priistas de corrupción, mientras que la izquierda denunció a los gobiernos panistas de lo mismo. En 2018 Ricardo Anaya hizo campaña contra "el PRI corrupto" y el gobierno le respondió inventándole una acusación de lavado de dinero que desapareció milagrosamente después de la elección. Andrés Manuel López Obrador ha dedicado buena parte de su propaganda a acusar de corruptos a sus predecesores. Su ejército de simpatizantes en redes sociales llama "chayotero" a cualquier periodista crítico.

La mayoría de los mexicanos piensa que la corrupción ha aumentado, pero no hay forma de saberlo ya que es un fenómeno difícil de medir. México, en realidad, parece haber registrado avances en el tema. La Auditoría Superior de la Federación ha investigado y exhibido desvíos e irregularidades en el gasto público, aunque hasta hace poco sus investigaciones no llevaban a sanciones penales. El INAI ha forzado una mayor transparencia en el gobierno. Los medios de comunicación han señalado casos de corrupción, obligando en ocasiones al gobierno a actuar a regañadientes, como cuando el gobierno de Enrique Peña ejerció acción penal contra su correligionario gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Algunas organizaciones no gubernamentales, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, han evidenciado masivos actos de corrupción. En 2016 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción.

Aun así, el 44% de los mexicanos, según el IMCO, piensa que la corrupción ha aumentado en el último año. El presidente López Obrador tiene una buena reputación de honestidad personal, pero muchos de sus nuevos programas sociales, como Jóvenes Construyendo el Futuro, se están aplicando sin padrones ni reglas, lo cual hace casi inevitable que surja corrupción.

Mientras los grupos políticos sigan acusando automáticamente a sus rivales de corruptos, no podremos medir los avances ni detectar los errores en la lucha contra este mal. Donde todos son tildados de corruptos, no hay incentivos para ser honesto.

Advirtió el Observatorio Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción que algunos de sus órganos estaban siendo amenazados de sufrir infiltraciones de individuos o grupos de poder que lo que menos quieren es la consolidación del sistema anticorrupción, para preservar canonjías, privilegios y corruptelas que les garantizan la impunidad que siempre ha gozado la clase política y gubernamental.

A nivel nacional, el gobernador Enrique Alfaro es percibido como una clara oposición del gobierno federal, pero también como una persona que se confronta incluso con actores políticos que podrían ser sus aliados, afirmó Carlos Guadarrama, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Se puede convertir en un referente desde la oposición para enfrentar o contener lo que desde el gobierno federal se está llevando a cabo".

Añadió que, si bien luce a escala nacional por su plan de intervención carretera, deberá lidiar con recortes presupuestales. "Lo interesante sería que ahora comenzara a articular un grupo de gobernadores de partidos de oposición que enfrenten lo que él dijo: la visión monolítica de la política".

En su artículo de la semana pasada, la columnista María Amparo Casar destacaba que los mexicanos están "huérfanos de oposición", que es el título de esa entrega en Excélsior.

En su párrafo central, Casar señala que "la derrota de la oposición no fue menor, pero Ricardo Anaya consiguió 12.6 millones votos y José Antonio Meade 9.3 millones. Esos 22 millones de votantes quedaron a la deriva porque los 2 candidatos desaparecieron de la escena pública, una irresponsabilidad. Quizá si, como lo he propuesto, todos los candidatos presidenciales encabezaran a la vez la lista de representación proporcional de senadores (o de diputados) por sus partidos, los candidatos presidenciales no estarían -obligada o voluntariamente- condenados al ostracismo. Por otra parte, los hoy líderes de sus partidos están, por decir lo menos, desdibujados y desorientados. Lo mismo ocurre con los jefes de sus fracciones parlamentarias".

Rescatemos de la columna de María Amparo la dimensión de la orfandad, que pertinentemente nos recuerda: ¿Quién le está hablando hoy a esos 22 millones que no votaron por AMLO, y a los muchos más que ni siquiera acudieron a las urnas?

Se requiere una oposición. Meade y Anaya desaparecieron del escenario, como destaca María Amparo, porque no eran líderes de nada. El 1o. fue un candidato hechizo que terminó por dividir al PRI, el 2o. sólo tuvo ambición unipersonal, hacia adentro de su partido y hacia afuera del mismo al momento de la campaña.

Esos candidatos fueron reflejo de una añeja crisis en el prianismo (y de lo que quedaba del PRD). Así que no hay sorpresa. Meade y Anaya pastan en mejores praderas, para ellos, que la política. La cuestión es que Amlito sigue desaparecido como líder (es un decir) del PRI, y Marko Cortés no ha entendido (ya se avizora difícil que lo logre algún día) que la histeria o el recoger cascajo (Fox) no son el camino.

Falta oposición. Sí. No estuvo el domingo en Paseo de la Reforma, pero tampoco está en las cámaras. La crisis por tanto es más profunda.

La orfandad numérica que nos recordó Casar refleja sólo una cara del problema. Hay un electorado esperando opciones, unos viejos partidos que no paran de defraudar y nada de nuevos liderazgos a la vista.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que comanda Santiago Nieto, está llevando a cabo investigaciones sobre 3 gobernadores que han despertado sospechas por sus manejos económicos personales, según fuentes de 1er. nivel.

Señalan que no salen las cuentas al cruzar los datos de sus gastos e ingresos, con la información que está disponible sobre ellos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Analizan si se configuran los delitos de fraude fiscal, evasión fiscal y lavado de dinero.

Los 3 gobernadores son el de Morelos, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, impulsado por el Partido Encuentro Social y que llegó al poder en la coalición que encabezó el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador; el de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca; y el más reciente de todos, todavía en medio de la polémica por plantear que su mandato es de 5 años en vez de 2, el morenista Jaime Bonilla Valdez.

En el caso de Cuauhtémoc Blanco, según las mismas fuentes de alto nivel, la indagatoria parte de 2 figuras centrales en su operación cotidiana: su medio hermano Ulises Bravo Molina, quien tiene una enorme influencia dentro del gobierno morelense, y José Manuel Sanz, quien fue su representante y ahora despacha como jefe de la oficina del gobernador. La UIF hurga en transacciones inmobiliarias y manejo de efectivo.

En el caso del panista tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, la indagatoria, de acuerdo con dichas fuentes, tiene que ver con la presunta compra de casas, terrenos y ranchos en Estados Unidos.

Y en lo que toca al morenista Jaime Bonilla también: temas de bienes inmuebles en Baja California y del otro lado de la frontera, según la información a la que tuve acceso.

Sobra decir que algunos de los escándalos noticiosos más relevantes de la actual administración federal, no exentos de polémica, han surgido de los expedientes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda: Rosario Robles, Emilio Lozoya, Juan Collado, Ruiz Esparza, Osorio Chong, varios superdelegados, Romero Deschamps, Medina Mora, los de la "Sosa Nostra" en la Universidad Autónoma de Hidalgo, equipos de futbol en la Femexfut, un par de magistrados del poder judicial, el caso de las despensas de Venezuela y una larga, larga lista.

Seguramente pronto tendremos noticias de las indagatorias contra estos 3 gobernadores que podrían derivar también asuntos explosivos.

Más que sintomático fue que las autoridades de Salud en Jalisco, representadas por el secretario Fernando Petersen, y Consuelo Robles, titular del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, no hayan salido ayer a informar sobre el último corte de la epidemia de dengue que sigue imparable pese a la baja de temperaturas propias de la ya inminente temporada decembrina, cuando se esperaba una baja en los casos por la disminución del mosco transmisor.

Lo 1o. que viene a la mente es que la razón de esta ausencia es que no hay ya justificaciones que valgan para salir exentos de responsabilidad, en el hecho de que Jalisco siga como el estado número 1 en el país en casos de este padecimiento con 9,600 confirmados, lo que significó un aumento de 744 casos en sólo una semana. Lo más preocupante es que esta cifra de crecimiento está entre la media de los 500 y 800 casos por semana que se han registrado desde septiembre pasado que se disparó la incidencia.

En la 1a. referencia que hice aquí a esta, que sin duda ha sido la epidemia más grande de dengue, y tal vez de cualquier otra enfermedad en la historia reciente del estado, justo en septiembre pasado, cuando de la crisis de salud pública se pasó a la crisis política por las acusaciones que se hacían en las colonias con brotes de este virus, de acciones gubernamentales tardías y hospitales saturados, que provocaron que en el Congreso de Jalisco la oposición pidiera la renuncia del titular de la SSJ, planteé que era necesario, además de redoblar las acciones para detener la escalada de casos, hacer un diagnóstico para saber por qué se nos habían triplicado hasta esa fecha los casos en relación con el año pasado y así evitar que nos volviera a suceder.

Insistí en esa necesidad en octubre pasado que Jalisco pasó del 2o. al 1er. lugar en número de casos con 5,704 casos, 13 defunciones y apenas 26 en estudio. Hoy en estudio están 112, y los otros 2 indicadores se dispararon al doble.

Lo cierto es que lejos de haber una revisión puntual de lo sucedido para que el dengue se haya convertido en una de las amenazas más grandes para la salud de los jaliscienses este año, lo que ha habido de parte del Gobierno de Jalisco son posturas acríticas que incluso han justificado el uso de insecticidas caducos.

Por eso, serán muy importantes los resultados de la investigación que realiza la propia Contraloría del gobierno estatal sobre el caso particular del uso de plaguicidas pasados de vigencia, para ver si los lugares de su aplicación coinciden o no con las colonias donde se confirmaron los brotes de la enfermedad, pero sobre todo la que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos que investiga el actuar en general de las autoridades ante la crisis del dengue. Ojalá sea una verdadera autopsia de lo ocurrido que deslinde responsabilidades, pero, sobre todo, evite que el próximo año mueran jaliscienses por esta enfermedad y otros casi 10,000 la sufran.

Martha Olivia Arias (experta en tema de seguridad) acentúa que el tema de los aviadores en administraciones públicas es una práctica histórica en el sistema político, "porque la administración se ve como un patrimonio al que todos pueden acceder".

"Se considera que se tiene bien merecido vivir del erario público, y son prebendas y beneficios que se otorgan a la lealtad a toda prueba. Por supuesto que es necesario terminar con los aviadores para generar un compromiso de servicio profesional y serio, respondiendo de cara a la ciudadanía, no de cara a quien te mete al presupuesto".

Si no se resuelve esta situación, remarca, es imposible construir relaciones democráticas, de confianza, y alianzas entre los gobiernos. "Esto de cambiar las adscripciones lo único que hace es solapar incompetencias, es darle herramientas a gente que no tiene el perfil, que termina haciendo cualquier cosa... o nada". Coincide en que se necesita evidenciar quiénes son los aviadores.

En la glosa por el Primer Informe de Gobierno [de Enrique Alfaro], diputados locales denunciaron el retraso en el pago a empleados de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y en la de Asistencia Social. A muchos les adeudan hasta 7 meses.

Pues resulta que varios directores de área de esas secretarías amenazaron a quienes exigen su pago con no contratarlos más si siguen de quejosos.

¿Así hace justicia la refundación? Es pregunta.

La recolección y tratamiento de los desechos sólidos (basura) es un magnífico negocio; en muchas ciudades del mundo la explotan directamente. experimento que ya se hizo en Guadalajara en el período 1965-1968, siendo presidente municipal el Lic. Efraín Urzúa Macias y gobernador el Lic. Francisco Medina Ascencio, la explotación de la basura se hizo en forma bipartita, el ayuntamiento hacía la recolección y aportó el terreno para la construcción de la planta en la zona de Los Belenes en Zapopan. Constaba de una fosa para descargar los camiones, con una grúa móvil que la depositaba en bandas de selección, separando en forma manual los distintos componentes: papel, cartón, vidrio, trapo, metales y otros, dejaba solamente la materia orgánica que se molía con molinos de martillos y cuchillas, luego se transportaba en forma elevada para descargar en patios de fermentación en donde se convertía en composta para mejorador de suelos en agricultura y jardinería. Se otorgó un contrato a los inversionistas por 10 años, a un grupo encabezado por el empresario tequilero Javier Sauza, que en los primeros 5 años se obtendrían utilidades para reembolsar el capital, que fue de 5 millones, costo de maquinaria e instalaciones que adquirieron en Suiza, tomando un modelo de una planta ubicada en una pequeña población en plena zona urbana y no producía malos olores por que la fermentación los eliminaba igual que a las bacterias patógenas. Todo se vendía, papel, cartón vidrio, trapo, hueso, lámina y metales, palos de escoba, chanclas, y trozos de cuero, frascos, y material plástico, principalmente.

En el 1er. año de operación se reembolsó a los accionistas el 20% de su inversión. Llegó el cambio de gobierno con del Lic. Guillermo Cosío VidaurrI, como presidente municipal, recientemente fallecido, quien en su afán de mejorar las finanzas municipales trató de cancelar el contrato concesión, pero como estaba ratificado por el Congreso del Estado, la empresa se amparó y estuvo operando con pérdidas por el sabotaje de que fue víctima. Al término del período se donó la planta al ayuntamiento entrante. No se manejó bien, y fracasó por malos manejos.

Un problema muy serio que existe en diversos ámbitos del gobierno hoy es que la calidad del servicio público se vino para abajo.

Aceptemos sin conceder (porque no hay ninguna evidencia objetiva que lo sustente) que se haya logrado erradicar la corrupción en los más altos niveles del servicio público.

Pero, en otra vertiente, en casi todos los ámbitos de gobierno se escucha por quienes actúan con el servicio público, el comentario de que los actuales funcionarios tienen menos conocimiento y experiencia que los que tuvimos en el pasado. Y eso ya le cuesta a la economía y a la gente.

Habrá decisiones incorrectas, procesos más tortuosos de gestión burocrática e incluso más tentaciones de corrupción en niveles operativos.

¿En qué momento la autoridad pasó de castigar homicidas a ser simple desenterradora de cadáveres? La última fosa clandestina hallada en El Zapote, Tlajomulco, ya suma 25 cuerpos.

Ante estos crímenes, la Fiscalía del Estado de Jalisco y su vocero más costoso de la historia, Macedonio Tamez -se zumba 142,000 pesos al mes-, se limitan a recitar los "avances de la investigación": 5, 10, 24 cuerpos. Y luego: 6 identificados, 10 identificados...

En todo el año no han informado el total de detenidos por estos casos, los sentenciados y qué células del crimen organizado han desarticulado. Su labor, todo indica, no llega tan lejos.

Una de las realidades innegables de este país es la profunda crisis de derechos humanos por la que atraviesa. No es de hoy, no es atribuible a una persona, a un solo partido político o a un gobierno, eso es un hecho, pero en las circunstancias en las que vivimos la relevancia de ciertos procesos se acentúa, como es el caso de la designación de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

Esta elección fue la oportunidad ideal para que los senadores de la república demostraran que es posible cumplir con su deber y elegir perfiles adecuados mediante mecanismos transparentes, justos, de participación y rendición de cuentas. No lo hicieron. Y no solo eso, como si se tratara de un programa de realidad, con drama, intriga y peleas incluidas, probaron una vez más que la ilegalidad, la arbitrariedad, el manoseo de los procesos y la política de cuotas y cuates son parte de su ADN.

Morena y sus secuaces ejecutaron la hazaña y los demás se rasgaron las vestiduras. Durante los últimos días hemos escuchado a legisladores del PAN, PRI y el Partido Movimiento Ciudadano, lamentarse con profundo sentir de lo que ocurrió con esa elección. Condenar, reprochar y hasta expresar un luto por la suciedad con la que actuó la fracción de Morena para cumplir con el capricho del mismísimo presidente de México. Los acusan de no ejercer con probidad su responsabilidad, de alejarse de los principios democráticos, de traicionar a las víctimas. Sostienen que este terrible episodio resta toda credibilidad a la institución y daña su peso moral. Y sí, todo es verdad, tienen razón. Qué bueno que ahora esos senadores de oposición piensen así, que los tengamos como verdaderos defensores de las instituciones y de los derechos humanos.

Ahora bien, ya que andan en esas, no estaría nada mal que repasaran de qué trata el derecho a la verdad y a la memoria, a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Además, estoy segura que no es necesario que les recordemos, por ejemplo, que aquí en Jalisco durante los gobiernos del PAN y el más reciente del PRI, los diputados convirtieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en una oficina de colocaciones para sus allegados, ¿o sí?

¿Será prudente traerles a colación, que hace apenas 2 años en el Congreso del Estado, MC y PRI simularon un proceso limpio e impusieron en la presidencia de la CEDHJ un perfil que representaba la continuidad de quien por 10 años prostituyó a la institución? Por cierto, ¿si en este momento hiciéramos una revisión a su plantilla laboral, pasaría la prueba?

No se preocupen, porque seguramente esas dudas solo nos inquietan a los de amplia memoria y corta superioridad moral.

El bono democrático de la transición se agotó. Los partidos políticos no fueron capaces de entender que era momento de acometer una reforma estructural de los órganos constitucionalmente autónomos. No entendieron que la profunda burocratización y el alejamiento de los intereses de la ciudadanía provocaron que estas instituciones sean vistas más como problemas que como soluciones. Lentamente, una mayoría de mexicanos comenzaron a identificar a dichas instituciones como aparatos del sistema, más preocupados por sus intereses que por garantizar el acceso a derechos de la ciudadanía. El tripartidismo histórico -PAN, PRI, PRD- optó por acordar en el Pacto por México reformas muy "de avanzada", pero que no tocaran sus intereses políticos. Se siguieron repartiendo la CNDH, el INE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha pasividad reformista permitió que el discurso anti-institucional de López Obrador permeara. Si el presidente puede colonizar algunas instituciones es simplemente porque no tienen aprecio social. Porque un ciudadano no entiende en qué le afecta que exista una titular de la CNDH que esté subordinada al poder político. Niega su utilidad.

La atención en los hospitales en general sería buena si no existiera el gobierno o si éste no se metiera en lo que no le importa, creo que habría un sistema de salud mucho más positivo, porque los que son de salud son muy grillos. El Estado no entiende que la Secretaría de Salud es una de las entidades más peligrosas para la salud.

El rompimiento o erosión del sentido de representación se refleja en un creciente distanciamiento entre gobiernos y ciudadanos, partidos y votantes, instituciones y sociedad. Las urnas suelen hoy en día describirse más como depositarios de insatisfacción que como canalizadores de apoyo.

¿Qué tan representados políticamente se sienten los mexicanos? Esa inquietud la incluimos en la encuesta nacional telefónica de El Financiero realizada el pasado mes de octubre, a 820 entrevistados adultos en todo el país. La pregunta textual fue: "Como ciudadano, ¿se siente usted representado políticamente?".

De acuerdo con el estudio, poco menos de la mitad, el 45%, dijo sentirse representado, mientras que la otra mitad + 1, es decir, el 51%, no se siente representado.

Hay una baja notable en el sentido de representación entre el segmento socioeconómico más bajo comparado con otros, lo cual sugiere una influencia de clase. También hay una esperable relación con el partidismo: los partidistas en general, y los morenistas en particular, expresan un mayor sentido de representación que los apartidistas. A pesar de su descrédito, los partidos políticos continúan siendo un referente importante para el sentido de representación.

Los beneficios del gobierno también denotan una influencia: quienes reciben beneficios de programas sociales expresan un mayor sentido de representación que aquellos que no reciben. Además, la evaluación al gobierno actual es otro factor de vinculación: quienes aprueban la labor del Presidente y su gobierno se sienten más representados que quienes la desaprueban.

Hace casi 10 años, en 2010, la encuesta ENVUD (Encuesta Nacional sobre lo que une y divide a los mexicanos) incluyó algunas preguntas similares, aunque no idénticas, lo cual nos da una idea del sentido de representación en ese entonces: El 28% dijo sentirse representado por su diputado federal "siempre" o "algunas veces", mientras que el 71% dijo "rara vez" o "nunca". Por otro lado, el 45% dijo que los gobernantes del país suelen tomar las decisiones correctas "siempre" o "algunas veces", mientras que el 54% dijo "rara vez" o "nunca". Esta última pregunta suele considerarse como un indicador de confianza política, pero ésta y el sentido de representación política van de la mano.

Al no tener la misma pregunta en el tiempo es difícil decir si el sentido de representación ha crecido, se ha reducido o no ha cambiado. Pero el hecho es que hoy la sociedad mexicana está dividida casi en partes iguales entre quienes sí se sienten representados y quienes no.

El día 5 de este mes, los diputados aprobaron las reformas constitucionales que regularán la revocación de mandato a quienes hayan sido electos por votación pública, incluyendo el Presidente de la República.

El mecanismo consiste en el derecho a votar en las consultas populares convocadas por los ciudadanos de una o más entidades federativas. Para esto, es necesario el consentimiento de al menos el 3% de los inscritos en el padrón de electores del INE.

Ahora se podrá enviar a su casa a diputados y senadores faltistas, presidentes municipales y gobernadores prepotentes y autoritarios y a cualquiera de los funcionarios de elección popular por corrupción o ineficiencia. A mitad del período se podrá hacer una evaluación para dar de baja a quien no haya cumplido con su deber.

La revocación de mandato fortalece la democracia y constituye un freno para los funcionarios que hagan mal uso del poder que el pueblo les otorga con su voto.

Flota en el ambiente la incertidumbre de que, toda vez que la revocación de mandato se hace por votación, igualmente puede servir para prolongar el mandato mediante la reelección a la cual se ha manifestado Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que no se reelegiría, pero no puede creerse nada de lo que diga porque ha dado muchas muestras de volubilidad.

Es tanto el afán recaudatorio del Gobierno del Estado que han mandado incrementos en multas e impuestos que hasta algunos diputados de Movimiento Ciudadano están en desacuerdo.

Al grado de que algunos legisladores naranjas les piden a sus compañeros de "oposición" que se manifiesten en contra, pero a la hora de la hora, los votos no les alcanzan y pues ni hablar, que el pueblo pague.

Cómo andarán las presiones por el presupuesto, perdón, el diálogo entre el ejecutivo y los alcaldes, que los andan invitando a desayunar en Casa Jalisco y les leen la cartilla: o están con nosotros o no les llega presupuesto 2020. A otros más los citaron directo en Palacio de Gobierno.

Cuentan que este modo tan sutil fue determinante para que en días pasados una decena de ediles abandonaran sus partidos de origen para ponerse color naranja.

Así que no se extrañen si en los próximos días nos enteremos de nuevas adquisiciones del Movimiento Naranja, y de más bajas en el PRI y en el PVEM, pues con una bolsa presupuestal para obras municipales por 300 millones de pesos y alcaldes del interior con finanzas colapsadas, la tentación es de muchos ceros.

Todavía en la legislatura [de Jalisco] anterior había constantes reclamos por las convocatorias para diversos cargos públicos que erán burdas simulaciones de competencias abiertas entre aspirantes, cuando en realidad estaban hechas para ocultar lo que eran abiertos dedazos.

Eran las llamadas convocatorias para los cuates (familiares, amigos, novias y hasta amantes de los dirigentes de la clase política y gubernamental que sin las capacidades necesarias ganaban los concursos y llegaban a responsabilidades varias en detrimento de la calidad de la administración y los servicios públicos en general) y las cuotas (que es toda esta lógica para que, sin importar tampoco trayectorias y reputaciones, lleguen a las vacantes por las que se deben competir, quienes sean designados por los partidos políticos con base en un reparto discrecional y arbitrario, que se da de espaldas a la ciudadanía).

Recuerdo, por ejemplo, cómo a fines de la jegislatura anterior se buscó imponer estas cuestionadas convocatorias para elegir magistrados y magistradas para el Supremo Tribunal de Justicia y la nueva sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa, ya como parte del Sistema Estatal Anticorrupción, con claras señales de estar hechas a modo para que ganen los que previamente se habían decidido, en una clara e inaceptable burla al resto de los concursantes.

La mala noticia es que parece que en la actual legislatura hay quien quiere volver a estas malas prácticas que siguen sin quedar superadas para evitar favoritismos, que en muchos casos luego degeneran en casos de ineficiencia, o más grave, de corrupción.

Al menos eso deja entrever el comunicado que envió ayer a la Comisión de Vigilancia del Congreso de Jalisco, el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), donde le informa de su decisión de no participar en la elección de la o el titular de la Unidad de Vigilancia, que como se sabe quedó acéfala tras la destitución de su titular en septiembre pasado por presuntos malos manejos de expedientes de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, que encabeza la diputada emecista Mirza Flores Gómez.

Los motivos del CPS para no participar como árbitros en el proceso de selección de este importante puesto en el congreso es que la convocatoria "no converge con nuestros procedimientos de máxima publicidad y tiempo suficiente para registro y evaluación de aspirantes".

Y es que los integrantes del CPS recibieron apenas el viernes a las 16:00 horas los términos de la convocatoria y la invitación a participar en el análisis de los aspirantes y sus trayectorias, para iniciar ayer lunes, lo que sin duda prende los focos rojos del riesgo de volver a los trámites discrecionales y simulaciones con dedicatoria. Lo mejor sería repetir el proceso y acabar con sospechas y suspicacias.

En la última década, el Congreso del Estado ha acumulado un total de 1,096 millones de pesos (MDP) en gastos sin aclarar, pero por intervención de tribunales e incluso de los propios diputados, esa cifra ha sido prácticamente "sepultada"; es decir, no hay todavía responsables de los presuntos malos manejos que en su momento observó la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).

Entre 2009 y 2018 se han hecho observaciones al ejercicio presupuestal del poder legislativo estatal que involucran a funcionarios de las últimas 4 legislaturas.

La revisión del gasto ejercido en los años 2009 y 2010 está detenida por suspensiones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). En dichos procedimientos, la ASEJ advirtió irregularidades por 281.3 y 113.9 MDP, respectivamente.

Además, en marzo del año pasado los diputados locales votaron en contra de hacer observaciones a los informes finales de las auditorías correspondientes a 2011 y 2012. Basados en la anterior Ley de Fiscalización y Auditoría Pública, se ordenó a la ASEJ expedir el finiquito y se dieron por justificados 403.3 millones de pesos en el primer caso, y 229.3 millones en el segundo, que se habían señalado como gastos irregulares.

Con esa decisión se libró de responsabilidad a los ex funcionarios del legislativo que estuvieron involucrados en las omisiones: José Manuel Correa Ceseña, Ernesto Díaz Márquez y Enrique Carlos Trejo Orozco, quienes fungieron como secretario general, director de Control Presupuestal y director de Administración durante la LIX Legislatura de Jalisco.

Por si fuera poco, la Comisión de Vigilancia ha demorado la revisión de los gastos 2013, 2014 y 2016.

En México el tema de los fueros tiene ya una polémica historia que comenzó en el siglo XIX. En su origen el fuero era una forma de proteger a quienes ejercían determinadas responsabilidades de las inevitables represalias que podían venir como efecto de una actuación correcta, pero también servía para evitar el desprestigio de las instituciones, cuando sus altos funcionarios se veían involucrados en alguna actividad ilícita, en este aspecto el fuero posponía las acciones correctivas para el momento en que el funcionario dejaba el cargo, o bien, tales correcciones se desarrollaban en total privacidad, con todos los abusos que ese tipo de manejos discrecionales podría traer consigo.

No obstante, es un hecho que desde hace muchos años el fuero se convirtió en la muralla de la impunidad, pues no solamente protegía contra represalias, sino que se volvió el caparazón por excelencia para cobijar todo tipo de ilícitos cometidos justamente por funcionarios que abusaban de dicho privilegio.

Eliminar el fuero ha sido por lo mismo la bandera de los nuevos partidos, asunto en el que se han logrado ya avances importantes, sin que eso suponga, lamentablemente, que el problema de fondo, el de la impunidad, quede resuelto.

Tal vez no sea ni deba ser responsabilidad de un gobierno entrante evaluar la actuación del saliente, pero tampoco debe ser proteger o encubrir, pues ese tipo de acciones sólo buscan garantizar que cuando el nuevo gobierno salga, recibirá el mismo trato benévolo del entrante, es decir, la impunidad en su más alto y definitivo nivel.

Existen instancias que califican y auditan, pero ¿qué tan libres son? ¿Quiénes tienen como responsabilidad primaria evaluar a fondo a todo gobierno saliente, en los 3 poderes y en los 3 niveles? ¿De qué sirve la abolición de los fueros, si se mantiene incólume el proteccionismo de los gobiernos en funciones hacia sus antecesores?

Mientras el gobierno tenga el poder de facto para decidir a quiénes se le piden cuentas y a quiénes no, y los hechos muestren que los indiciados son siempre personas de 2os. o 3os. planos, y no los principales responsables, la cuestión del fuero o del desafuero acaba siendo hasta cierto punto irrelevante.

Es impactante el progreso que en otras democracias latinoamericanas ha tenido la impartición de justicia y el abatimiento de la impunidad, pese a fueros o cualquier otra triquiñuela; llama la atención que en países como Brasil, Perú, Guatemala, Chile, sus altos funcionarios, incluidos quienes han sido presidentes en dichas naciones, no solamente hayan sido juzgados por tribunales, sino además encarcelados varios de ellos por acciones u omisiones hasta más ligeras de las que se han visto en México, de donde se sigue que la condición de la democracia mexicana sigue siendo deprimente, y muy actual y vigente el sistema presidencialista, luego replicado en los estados, donde quienes gobiernan actúan como monarcas sexenales, según célebre frase de un famoso politólogo.

Son numerosos los ejemplos de obras públicas que realizan o supervisan los gobiernos federal, estatal o municipales de mala calidad, que no se terminan en los plazos anunciados y que terminan costando lo doble o triple de lo calculado inicialmente.

La historia más reciente de este tipo de corrupción la tenemos en la construcción de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero, que se presupuestó inicialmente en 17,000 millones de pesos y terminará costando al menos 34,000 millones de pesos; es decir, el doble. Se va a entregar con 2 años de retraso, que significaron el colapso de cientos de negocios que se vieron afectados por las obras, y aún sin funcionar, se le han encontrado varias fallas en su construcción.

Esto sucede muy frecuentemente en las obras públicas en Jalisco y en todo el país por los favoritismos, los moches y la opacidad en la licitación de los proyectos y su realización, que provocan, también, muchas veces el incumplimiento de los plazos de entrega, y lo más grave, el encarecimiento de las construcciones y los servicios.

Y volviendo a la Línea 3, también habrá que ver en qué quedaron las revisiones a los costos en los arqueos realizados para poder proyectar el presupuesto que hacía falta para concluir los trabajos, y las auditorías que realizarían para sancionar los eventuales casos de corrupción que hayan sido factor para que se duplicara el costo de la L3.

Todos los mexicanos mayores de 18 años sabemos que la seudo-democracia-de-chisguete que tenemos, es una farsa total.

Y por eso nadie va a votar...

Bueno... algunos sí votan, los que ganan dinero vendiendo su voto y los muy pocos ingenuos que creemos que sirve de algo ir a perder el tiempo... y luego presumir el "pulgar negro".

La cosa es que toooodo el sistema democrático mexicano está basado en la farsa de que "el gobierno es legítimo, porque ganó en las elecciones".

Pero a ver... ¿30 es una mayoría de 100? ¡Pues no! Es un porcentaje muy alto... pero solo de los que fueron a votar. Hubo 70 que no opinaron, o votaron por otro.

El problema es que, la democracia mexicana tiene más mala fama que la "Maestra", gracias a todos los chanchullos y maromas que nos han hecho los partidos desde hace 60 años, y a la gran mayoría les da coraje hacer el esfuerzo de ir a votar y que luego le salgan con que "se cayó el sistema" o milagrosamente ganó el candidato más odiado, porque era el del partido en el poder y tenía toda la lana para hacerse una campañota y comprar votos.

Pero lo que es mucho más malo, es que esa farsa nos cuesta a los mexicanos, como 60,000 millones de pesos cada sexenio. Una fortuna que se queda en manos de muy pocos. Entonces, para que haya elecciones justas y que ninguno de estos ladrones se vuelva millonario de volada, tenemos que exigir 2 cambios:
1.- Que el voto sea obligatorio.
2.- Que en lugar de pagarle a los partidos, que nos paguen a los votantes.

Y esto no es una locura si consideramos que en México somos 90 millones de votantes, y las elecciones del 2021 nos costarán 60,000 millones, o sea que cada voto nos cuesta a los mexicanos, 670 pesos.

Mejor se las volteamos: ¿Qué tal si votar fuera obligatorio, nos pagaran 670 pesos por ir a votar y no le dieran nada a los partidos?

Les aseguro que toooodos los mexicanos iríamos a votar. Y de esa manera tendríamos políticos que realmente fueron electos por mayorías reales.

Ahí les dejo la propuesta...

El PRI no deja de perder y eso que aún ni siquiera son elecciones. Lo decimos porque 8 alcaldes de Jalisco se sumaron a la ruta de la refundación.

Se trata de 6 priistas, uno del Verde y uno del PES que decidieron incorporarse a las filas de Movimiento Ciudadano. El propio gobernador Enrique Alfaro se encargó de darles la bienvenida.

Los nuevos emecistas son Prisciliano Ramírez, de Cabo Corrientes; Juan Luis Aguilar, de Jamay; Enrique Rojas Román, de La Barca; Diego Armando Puga Enciso, de Tolimán; Juan Esteban Michel Terriquez, de Tonaya; Reyes Mancilla Aceves, de Tuxcueca; Javier Jiménez Álvarez, de Zacoalco de Torres; y Saúl Padilla Gutiérrez, de Zapotlán del Rey.

Parece que está decidido: la madre de todas las batallas electorales en 2021 será morenos contra naranjas.

Si se hiciera una consulta -una encuesta, digamos, para no llegar al extremo de un referéndum-, al final de cada sexenio, acerca del trato que debería darse al presidente que acaba de dejar el puesto, pocos librarían la cárcel. La "vox populi", en este país, absuelve a pocos y, en cambio, condena a la mayoría, si no a penas privativas de la libertad -y aun al fusilamiento si la pena de muerte no se hubiera abolido de todas las legislaciones-, sí, por lo menos, al desprecio.

Los ex presidentes encarnan sendas etapas (sexenales, precisamente) de la frustración ciudadana: del desencanto de episodios que ordinariamente se inician bajo el signo de la ilusión. Han sido excepcionales, por eso, los ex presidentes que se han reintegrado tranquilamente a la vida privada, sin exponerse a manifestaciones de animadversión o repudio de quienes fueron sus gobernados.

A casi 2 años de creado el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), los resultados están lejos de cumplir con las expectativas que despertó este modelo que por primera vez en la historia incluyó un componente ciudadano como lo es el Comité de Participación Social (CPS).

La labor realizada por esta instancia integrada por 5 expertos y expertas en materia de transparencia, rendición de cuentas y lucha anticorrupción ha sido insuficiente para supervisar y articular a la Secretaría Ejecutiva y las dependencias que integran el SEA (Fiscalía Anticorrupción, Contraloría Estatal, el Instituto de Transparencia, la Auditoría Superior del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa) para que funcione como un verdadero sistema que combata la corrupción y la impunidad.

Esto lo ha advertido sistemáticamente el Observatorio Ciudadano del SEA, que ahora nos alerta de algunos hechos y circunstancias que están entorpeciendo aún más su funcionamiento.

Advierten incluso del riesgo de que algunos de sus órganos estén siendo amenazados de sufrir infiltraciones de individuos o grupos de poder que lo que menos quieren es que se consolide el SEA y les signifique poner en riesgo el manto de impunidad en el que se escudan para mantener derroches, canonjías y corruptelas.

Muchos de los cuestionamientos planteados ayer en un desplegado público ya se habían hecho notar en los informes del Observatorio, como el fracaso en 2 ocasiones, por las disputas de poder, del proceso de selección de las y los titulares de la Secretaría Ejecutiva, que encabeza Aimeé Figueroa.

¿Quién estuvo detrás y con qué intereses para cancelar de último momento y a puerta cerrada este proceso de selección que debe ser público y abierto? ¿Por qué no hay coordinación y seguimiento del SEA ante casos como el de las Villas Panamericanas, Secretaría de Salud, Ciudad Creativa Digital, Casa Jalisco en Chicago, la licitación del programa A Toda Máquina, y la Línea 3, entre otros casos? ¿Por qué no hay aún una Política Estatal Anticorrupción ni rendición de cuentas del presupuesto ejercido? ¿Por qué a 3 meses de que se concluyeron las mesas de parlamento abierto para la reforma 2.0 del SEA no hay avances en su discusión en el congreso?

Estas preguntas planteadas ayer por el Observatorio exigen respuestas claras y contundentes para mantener las esperanzas de que el SEA tiene la capacidad de corregir y retomar el rumbo.

El pluralismo en Jalisco no se tradujo en mejores contrapesos, o en mayores controles, sino en la multiplicación de ventanas para la corrupción. La podredumbre alcanzó niveles inimaginables: hasta magistraturas se podían comprar en el mercado de la política corrupta.

Por ello, el Sistema Estatal Anticorrupción (SAE) vio la luz a través de una organización que presidían ciudadanos externos a los partidos políticos. Hubo innovaciones institucionales para evitar que el sistema quedara en control de los partidos políticos, el gobierno o los poderes fácticos. Se construyó toda una arquitectura de la desconfianza: comisiones de selección, comité de participación social, observatorios del sistema. Todas las fórmulas habidas y por haber para evitar que las "cuotas y los cuates", que predominan en las designaciones públicas, contaminaran el recién parido sistema anticorrupción. Con sus menos y sus más, pero el sistema fue capaz de erigirse con independencia del poder político, a pesar de las resistencias presupuestales y administrativas que hemos visto en los últimos 3 años.

Hoy en día, Jalisco tiene uno de los sistemas anticorrupción más sólidos del país. Un auditor confiable. Un Comité de Participación Social que no está en la órbita de ningún interés de carácter partidista o de gobierno. Una contralora estatal que trascendió administraciones. Un Instituto de Transparencia proactivo y a la vanguardia. Un poder judicial que, con resistencias, pero que lentamente se abre en la presidencia de Ricardo Suro. Y una, aún joven, Fiscalía Anticorrupción que comienza a llevar investigaciones y carpetas ante los jueces, buscando probar las responsabilidades en materia de corrupción que tienen los funcionarios públicos. El sistema dista mucho de ser perfecto, pero la dinámica institucional ya es distinta a lo que sucedía hace algunos años.

Sin embargo, el Sistema Anticorrupción sigue siendo una construcción endeble y precaria. En estos momentos, depende más de la voluntad de sus integrantes que de la fortaleza institucional. Depende más del compromiso de las partes que del aprecio social por esa compleja arquitectura institucional que tiene como desafío prevenir y combatir la corrupción. Para evitar involuciones, 1o., el sistema debe ser celoso de su independencia e impulsar todas las medidas necesarias para garantizarla. No solamente a nivel federal, también a nivel estatal existen tentaciones de actores políticos para debilitar lo poco o mucho que se avanzó en estos años. A través de recortes presupuestales o presiones a los actores clave del sistema.

2o., la independencia no sólo se cultiva en las leyes, sino también en la legitimidad pública. Instituciones valoradas por la ciudadanía son indestructibles. Empero, el sistema ha gastado mucho tiempo en hablar su propio lenguaje y muy poco en comunicarse con la ciudadanía de a pie. La gente no puede estimar o valorar lo que no conoce. No puede sentir apego a algo que le suena burocráticamente lejano. El Comité de Participación ha hecho razonablemente bien su labor de filtro para la designación de cargos públicos, pero no ha logrado articular una estrategia de pedagogía social sobre el sistema y sus alcances. Es tan nebuloso el sistema que una buena parte de la ciudadanía no lo conoce y, la que sí lo conoce, no sabe qué esperar. La autonomía debe estar protegida celosamente en la Constitución, pero sin olvidar que la garantía de que estos cambios perduren el tiempo depende de que el sistema sea visto como una "isla de legalidad", creíble y confiable, en un marco de corrupción sistémica.

Y esta pedagogía del sistema no solamente apela a las expectativas y a su razón de ser, sino también a ser un embrión de una nueva cultura de combate a la corrupción en Jalisco. El hartazgo de la ciudadanía ante la ola de casos de corrupción han alimentado una cultura de la justicia selectiva, la venganza y de populismo punitivo. Queremos ver a políticos tras las rejas, no importa si son culpables o no. Dicha concepción de "justicia como venganza" es la antítesis de lo que debe ser un sistema anticorrupción. El sistema nace como mecanismo institucional para evitar la partidización de la justicia, la utilización del código penal para castigar a adversarios políticos, la proliferación de chivos expiatorios. Esta nueva cultura de combate a la corrupción supone explicar a la ciudadanía que el objetivo del sistema es desmontar hasta las entrañas de las tramas de corrupción. No es identificar a un presunto responsable y ahí cerrar la carpeta de investigación con la sed justiciera satisfecha. Y, para desmontar los casos a profundidad, se necesitan investigaciones largas, pruebas contundentes, inteligencia financiera y equipos especializados. La justicia tarda, pero cuando se siguen los procesos adecuadamente, siempre llega.

No echemos en saco roto todo lo construido. Vivimos un momento político en donde el voluntarismo parece imponerse a la lenta y aburrida -pero efectiva- construcción institucional. Quien piense que Jalisco es el mismo que hace 6 o 10 años, o no tiene memoria o le gusta el status quo. El cambio institucional, particularmente en aquellas encargadas de prevenir y combatir la corrupción, es innegable. El gobernante en turno puede tener intenciones de arrasar con el sistema y hacerlo parte de la historia. Sin embargo, la destrucción sólo es posible si la ciudadanía no defiende a sus instituciones. Y, lamentablemente, hoy el sistema no ha logrado construir base social.

Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, hoy un volcán apagado, regresó con más fuerza que tormenta y tornado para pelear por un "hueso" de 4 años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El polémico ex ombudsman de Jalisco, ese que se despachó una década del erario como José José en barra libre, quiere encabezar el organismo nacional de derechos humanos.

Durante su comparecencia ante senadores, Álvarez Cibrián presumió que en los últimos 5 años de su gestión todas sus recomendaciones fueron atendidas por la autoridad en menos de 10 meses.

Seguro se refería a recomendaciones de restaurantes y buenos vinos porque de eso no cabe duda que aprendió mucho al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Con cargos por 49.4 millones de pesos (MDP), diputados de la Comisión de Vigilancia avalaron fincar observaciones a un paquete de 12 informes de auditorías a municipios y a la del Instituto Tecnológico de Tequila que tiene gastos sin solventar por 21.3 millones desde el año 2012.

Un informe con observaciones millonarias corresponde al municipio de Jilotlán de los Dolores del año 2015 con 12.7 millones de erogaciones, principalmente de obra pública y administración. Acatlán de Juárez, en el mismo año, tiene sin aclarar 7.6 millones por diversos rubros. Los dictámenes aún deben aprobarse en el pleno del Congreso de Jalisco.

Los legisladores acordaron solicitar que se regresen a la Auditoría Superior del Estado los informes de Ocotlán del año 2017 para aclarar 61.6 millones y de Tala del año 2016 con cargo de 14.5 millones. Además de Techaluta y Zapotitlán con pendientes menores a los 100,000 pesos.

Es cierto, a los gobiernos no les gustan las fiscalías independientes y la forma de controlarlas es ahorcándolas presupuestalmente y metiéndolas al laberinto burocrático. A la fiscalía anticorrupción de Jalisco el gobierno pasado no solo no le dio presupuesto, sino que la atiborraron de casos de abuso de autoridad. En este sexenio el jaloneo por los recursos ha continuado y los resultados nomás no llegan. Lo cierto es que el sistema anticorrupción aún no está funcionando bien y que no hemos sido capaces ni de reducir la corrupción ni de procesar a los corruptos. El objetivo último del sistema es si no erradicar la corrupción -sería muy iluso pensarlo así- sí reducirla sustancialmente. Procesar penalmente a los corruptos más que un mensaje ejemplar debe buscar la recuperación de recursos desviados del erario.

Algo estamos haciendo mal cuando las noticias sobre el sistema anticorrupción son las luchas internas por el nombramiento de directores y tenemos una fiscalía persiguiendo güilotas en lugar de un sistema articulado e inteligente cazando elefantes.

El jefe de gabinete de Enrique Alfaro, Hugo Luna, ha negado el presunto gasto excesivo en gasolina explicando que la página de transparencia está mal, que no se gastaron más de 6 millones de pesos en combustible sino sólo 336,000.

¿Es en serio que está diciendo que las páginas de información pública no funcionan? ¿Que están atrasadas, que se las dejó otra administración y se les pasó arreglarlas?

Si esto es en serio, no es un asunto menor. Ya olviden lo de los muchos millones de premium, eso es irrelevante porque todo indica que es falso. Pero ¿qué pasa con la organización de la información del gasto?

Eso de que un periodista o un ciudadano encuentre 2 pesos en un papel oficial (o sitio, pues) y 5 en otro porque no han puesto en orden algo tan absolutamente simple como el dinero para gasolina, genera suspicacia y alerta por incompetencia. No puede ser que toda la habilidad e inteligencia la hayan dejado en las campañas.

El predial es en todo el mundo el impuesto base. En todas las democracias desarrolladas es el ingreso más importante de los municipios y también el que más contribuye al desarrollo de una comunidad. El impuesto predial es sin duda el más progresivo y equitativo, pues se basa en el valor de la vivienda, y el que más contribuye a la disminución de la inequidad, pues en dichos países los servicios públicos (seguridad, agua, educación, áreas verdes, etc.) están vinculados a este impuesto.

En México pasa todo lo contrario. Lo municipios cobran poco y mal y sus ingresos dependen fundamentalmente de las participaciones federales y estatales. Su presupuesto es verdaderamente raquítico comparado con las funciones y responsabilidades que les otorga la Constitución, por lo que los municipios se dedican a 2 cosas: a hacer como que hacen y esperar a que el gobierno estatal o el federal resuelva el problema.

En Jalisco la Universidad de Guadalajara tiene un presupuesto mayor al del municipio capital del estado. Y no es que la universidad tenga mucho presupuesto (si lo comparamos con universidades "federales", la UNAM o el Politécnico, la diferencia es absurdamente abismal), sino que los municipios como instancia gubernamental son sumamente pobres y encima terriblemente ineficientes.

En días recientes, habitantes de Providencia salieron a protestar porque en los últimos años ha aumentado considerablemente el impuesto predial y los servicios no lo han hecho en la misma proporción. No tengo los datos para decir si tienen o no razón, solo viendo los datos de seguridad sospecho que sí, pero este es un buen ejemplo de cómo pagar impuestos no solo beneficia a la comunidad, sino que nos convierte en ciudadanos más exigentes.

El otro gran problema del impuesto predial es que los municipios cobran poco, mal y con un altísimo grado de discrecionalidad. Si le escárbamos a los políticos y a los grandes capitales vamos a encontrar enormes y desagradables sorpresas, pero los presidentes municipales no tienen ni la fuerza para cobrar ni la voluntad de pelearse con los que en algún momento decidirán su futuro político.

La salida, la han puesto ya sobre la mesa algunos actores políticos, es cederles la cobranza a los gobiernos de los estados y que estos se queden con una comisión por la administración y cobranza del impuesto. No se trata, al menos en primera instancia, de aumentar el impuesto, sino simple y sencillamente que todos paguemos y después de ello que todos exijamos a nuestros ayuntamientos mejores servicios, mejor desempeño y mayor transparencia.

Ser ciudadanos y pagar impuestos es un asunto de ida y vuelta.

Las disputas por el poder en los partidos suelen ser las más violentas. Da igual si se llama PRI, PAN, PRD o Morena. Podemos recordar la elección interna del PRI Jalisco para elegir candidatos en 2003, en la que los priistas acusaban a los priistas de mapaches; las golpizas en asambleas del PAN para elegir candidatos para los procesos del año 2000; las acusaciones de fraude contra el grupo Universidad de Guadalajara al interior del PRD que obligaron a repetir la elección, etc. La razón es muy sencilla, aunque no por ello justificable: las elecciones internas de los partidos no están reguladas y no tienen un árbitro exterior que las vigile y las ordene. Todo se vale.

Los mismos ingredientes no pueden generar sino la misma masa. Morena, que nació como un movimiento en torno al liderazgo de López Obrador, quiere ahora dar el brinco a convertirse en un partido de militantes, de hombres y mujeres libres, como si eso fuera producto de la magia o de un milagro. Como no es un partido en forma sino un movimiento, Morena no tiene reglas ni una visión ideológica que los cohesione. Lo único que los une hoy por hoy es el ejercicio del poder, y eso, lo hemos dicho, enloquece y envilece a todos los políticos y a todos los partidos.

Las escenas violentas de este fin de semana en las asambleas distritales de Jalisco son la muestra de lo que puede suceder en todo el país. Quien controle el padrón controlará la elección y en esa batalla no hay reglas. Todos los saben, por lo que los menos escrupulosos serán siempre quienes tengan mayores oportunidades.

Los colonos de Providencia en Guadalajara se manifestaron ante diputados contra el aumento del impuesto predial para 2020 que será de hasta el 7%.

Acusaron que la culpa es de los naranjas y que desde 2015 el predial aumentó más del 50%. A cambio sólo han recibido inseguridad, servicios médicos deficientes y desorden en la vía pública.

Los colonos se equivocaron, pero sólo con el dato del predial que subió a partir de 2017 un 21%. De la deficiencia de servicios, en eso no hay manera de rebatirlos.

Los municipios deberían retomar el principio, ya en el pasado, de aquel alcalde electo de Guadalajara que en julio de 2015 declaró: "En lugar de subirle los impuestos a los que siempre pagan, vamos a ampliar la base de contribuyentes y los que no pagan que paguen".

Un año después se mordió la lengua, ¿pero a poco no sonaba bien bonito?

En el 2016, siendo diputada local del partido Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Higiene y Salud Pública del Congreso del Estado, la doctora Consuelo Robles exigía vehementemente acciones "inmediatas y contundentes" a la Secretaría de Salud para la prevención del dengue, chinkungunya y zika, así como para el combate del mosco transmisor Aedes Aegypti, cuando en Jalisco en lo que iba de aquel año se habían identificado 174 casos de estos padecimientos.

Así lo reclamaba: "Jalisco se ha distinguido por ser uno de los principales estados con pacientes enfermos; vemos que no ha disminuido los últimos seis años la tasa de enfermedad de dengue, zika y chinkungunya (...) en este 2016 tenemos ya 174 casos de dengue, los casos de zika y chinkungunya siguen en aumento".

Por eso sería muy oportuno y pertinente que ahora como titular del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, que junto con la Secretaría de Salud estatal, que encabeza Fernando Petersen, son los responsables directos de la, a todas luces, insuficiente estrategia para prevenir y enfrentar la peor epidemia de dengue en la historia reciente de Jalisco, explique qué acciones "inmediatas y contundentes" realiza desde su dependencia ahora que Jalisco amaneció ayer como 1er. lugar nacional en casos de dengue grave con 1,471, y cuando hasta la semana epidemiológica número 40 suman 5,704 casos, 13 defunciones y 26 en estudio, así como 1er. lugar en casos probables de dengue con 39,226.

A las preguntas planteadas en septiembre, en el sentido de por qué se nos disparó al quíntuple el número de casos en relación con el año anterior en Jalisco, se suman otras. ¿Hasta qué grado afectó la presunta mala relación y disputas de poder entre el titular de la Secretaría de Salud y la encargada de la OPD Servicios de Salud? ¿Se hicieron o no las fumigaciones preventivas en mayo? ¿Se hicieron o no bloques de casos cuando en junio el número de contagios empezó a crecer y se les dio seguimiento para fumigar la casa de los afectados y al menos tres cuadras a la redonda? ¿Cuándo y dónde se colocaron las llamadas ovitrampas para evitar la reproducción del mosco transmisor?

Es una medida incluida en la nueva Ley Federal de Austeridad, pero no tiene nada que ver con la austeridad. Prohíbe que los altos mandos en las instituciones del estado puedan trabajar durante 10 años en empresas privadas en los campos que han regulado. Como en tantas otras medidas, se argumenta que el propósito es eliminar la corrupción, pero el resultado será una injusta disminución de las oportunidades laborales para muchos especialistas y seguramente una baja en la calidad de los funcionarios que pueda contratar el sector público. Quizá lo peor es que la medida busca construir un muro entre la actividad pública y la privada, como si un país no debiera trabajar en unidad.

Muchos funcionarios del actual gobierno mantienen la malsana posición de que el sector privado es por naturaleza corrupto mientras que el servicio público es una causa que exige sacrificios personales y un aislamiento monacal. Los ejecutivos de compañías y de cámaras empresariales se quejan de la resistencia de los funcionarios que regulan a sus sectores para reunirse con ellos y escuchar sus problemas y necesidades. Si se añade el hecho de que muchos de los funcionarios nombrados para cargos importantes tienen poca o nula experiencia en el sector productivo, el resultado es muy negativo. La desconfianza, el burocratismo y el desconocimiento se han aliado para generar una situación crítica. La caída de la inversión fija bruta en 9.1% anual en julio, una cifra sin precedentes desde la crisis de 2009, es en parte consecuencia de esta actitud.

Supongo que han sido numerosos los casos de corrupción en nuestro país, pero el nuevo gobierno condena en abstracto sin dar a conocer casos concretos ni tomar medidas para castigar a los responsables. Cerrar la puerta giratoria entre la empresa privada y el sector público no ayudará a resolver la corrupción. Al contrario, puede agravarla.

Muchos países, aunque no todos, tienen vedas para restringir la puerta giratoria entre el sector público y las empresas privadas. Estas vedas oscilan entre un año, como teníamos en México, hasta 3, como es el caso de la Unión Europea. Una veda de 10 años es inusitada y prácticamente elimina la posibilidad de pasar del sector público al privado. También es una barrera para que personas con experiencia en los sectores regulados puedan pasar al sector público. Como en todo mercado en el que se restringe la movilidad, esto significará una peor asignación de recursos disponibles. Y el talento es uno de los recursos más escasos y más valiosos.

La experiencia nos dice que la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción. Si un antiguo funcionario es contratado por una empresa privada, o viceversa, lo ideal es que el hecho sea público para que se identifiquen las decisiones en que pueda haber conflictos de interés. La veda exagerada que se ha aprobado en México, sin embargo, disminuirá la transparencia y hará que las relaciones entre exfuncionarios y empresas o exejecutivos y oficinas públicas se esconda detrás de asesorías o servicios proporcionados por interpósitos agentes.

En la regulación de sectores como el energético, el farmacéutico o el financiero se necesitan especialistas que realmente entiendan el funcionamiento de las industrias y no que se limiten a un conocimiento académico. El gobierno actual, desafortunadamente, parece estar actuando bajo el principio de que la lealtad política es más importante que la capacidad técnica. El país terminará por pagarlo muy caro.

La abstención no te libra de participar en el circo electoral; abstenerse o votar en blanco es otra manera de votar.

Las urnas mostraron una sociedad fragmentada, lo cual no está mal, porque el bipartidismo es demoledor. Pero claro, ese panorama no está mal si los políticos son capaces de actuar con madurez, con entendimiento del bien común y con espíritu de servicio al Estado, y no como en una guerra de bandas para ver quién araña más poder personal.

¿Por qué ante tantos tropiezos y desatinos del gobierno del presidente López Obrador, la oposición sigue sin existir? La respuesta me parece sencilla: porque no tiene figuras.

Es cierto que también le ha faltado discurso, porque desde que llegó López Obrador a Palacio Nacional han sido muy claros en decir qué no quieren, pero no han logrado posicionar ninguna idea, plan, anhelo, sueño o esperanza, de qué es lo que sí quieren. Y dejan al ciudadano desencantado o enojado con el presidente AMLO con la durísima disyuntiva de decir: lo que hay ahorita es pésimo, regresemos al pasado que fue también malísimo.

Y eso se expresa justamente en sus figuras. ¿Cómo puede el PRI reinventarse si al frente tiene a un ex gobernador señalado de corrupción, con una casa que no atina a explicar de dónde salió, y que llegó al cargo en una elección brutalmente priista? ¿Cómo articular un discurso opositor si 3 veces por semana sale un nuevo escándalo de corrupción del pasado y su ex presidente tiene que disfrazarse para salir? ¿Cómo, si sus principales figuras en el congreso y en las gubernaturas tienen sobre sí la sombra de la sospecha de malos manejos, y la pregunta en el aire es cuándo se decidirá el gobierno a que acompañen a Rosario Robles?

¿Cómo puede el PAN reinventarse si a las primeras de cambio todos recordamos quién es el "Jefe Diego", que nunca ha sabido respetar la frontera entre el ejercicio de la política y el litigio para beneficios privados? Como han dicho muchos: si las propiedades de Bartlett equivalen a 6 "casas blancas" de Peña Nieto, con todo lo de Bartlett no alcanza ni para pagar la deuda de predial de un rancho del "Jefe Diego". ¿La oposición es Calderón, con todos los cadáveres a cuestas?

Yo soy de los que piensan que López Obrador necesita un López Obrador: una figura con un discurso que emocione, con legitimidad, con arrastre, que dé marcación personal al presidente, que lo traiga "cortito" como AMLO trajo "cortitos" a Fox, a Calderón, a Peña, cuando fueron presidentes.

Mientras la oposición no lo encuentre, seguirá desperdiciando oportunidades: las 150 alcaldías de Morena con pésimos resultados de gestión, la gubernatura de Cuitláhuac en Veracruz, la de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, la de Rutilio en Chiapas, el crecimiento cero, el desempleo, los altos índices de inseguridad, la violencia desatada, la sumisión ante Trump, la protección a Bartlett. Tantos y tantos tropiezos... que nadie capitaliza políticamente.

El Senado discutió el martes la desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, solicitada por el PAN contra un gobierno de Morena, y por Morena contra 2 gobiernos del PAN. La justificación en los 3 casos es por los altos índices de criminalidad y la falta de respuestas adecuadas por parte de las autoridades. Todo esto es una farsa. Están jugando con espejos para disfrazar sus vendettas políticas, como parte de una lucha ratonera entre 2 fuerzas que avanzan rápidamente a una confrontación total. Es un juego que no está claro dónde va a terminar y cuánto durará su pretensión de engañar a todos.

Los revanchismos sobre esos gobiernos tienen que ver con temas que rebasan por mucho el de la seguridad, el pretexto para destituir a Diego Sinhue Rodríguez en Guanajuato, Cuitláhuac García en Veracruz, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Los panistas fueron por la cabeza del gobernador de Veracruz tras la destitución forzada del exfiscal Jorge Winckler, que había nombrado el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes. La acción contra el de Tamaulipas se dio como respuesta a una presunta ejecución de 8 personas por parte de policías estatales en Nuevo Laredo. Y contra el guanajuatense, la joya económica del PAN, aprovechando el hecho de que el robo de combustible no ha podido ser controlado. Las razones, sin embargo, no se sostienen.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, esas 3 entidades están muy lejos de estar entre las más violentas del país. Guanajuato se encuentra en el lugar 9 (1,542 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes entre enero y agosto), Tamaulipas figura en el 21 (792 homicidios dolosos), y Veracruz está en el 28 (407). Si los senadores y senadoras estuvieran realmente preocupados por la seguridad, serían otras las entidades donde pondrían el ojo: Colima, el más violento, con 2,315 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes; Querétaro, que ha tenido 1,995; Aguascalientes, con 1,917; la Ciudad de México, con 1,874, y Baja California, con 1,882. En Veracruz se dio la mitad de las víctimas de delitos que en la Ciudad de México, pero el énfasis está en Cuitláhuac García, no en Claudia Sheinbaum. Ese realmente no es el problema de fondo.

Al pretexto balín que anteponen, se suman lecturas incorrectas de la Constitución. Para uno de los más reconocidos constitucionalistas, el maestro Elisur Arteaga, "las amenazas de los panistas y morenistas son simples bravatas, (y) están encaminadas a producir ruido. No van más allá". Arteaga ha explicado y documentado cómo, de acuerdo con el artículo 76 fracción V de la Constitución, el Senado no puede desaparecer los poderes en las entidades. "A lo que lo faculta ese precepto es simplemente a certificar la desaparición de los poderes, cuando realmente no existen, y a declarar, con vista a esa certificación, que es llegado el caso de designar gobernador provisional", abundó.

"La aprobación de la certificación de haber sido desaparecido por poderes de una entidad, se hace por el voto de más de la mitad de los senadores presentes, lo que significa que los panistas, ni contando con el voto de los priistas y los perredistas, podrían lograrla. Los senadores de Morena, si bien pudieran contar con los votos necesarios para aprobar una declaración de esa naturaleza, no les alcanzaría para nombrar gobernador provisional, pues de conformidad con ese mismo precepto, el nombramiento de gobernador se debe hacer contando con el voto aprobatorio de las 2 terceras partes de los senadores presentes".

Según Arteaga, "ni uno ni otro sacarían provecho de su acción y, en cambio, meterían ruido donde hay silencio y más desorden donde hay menos desorden. Si en estos momentos esas entidades, contando con autoridades legítimas, se muestran ingobernables por el alto índice de criminalidad, mucho más lo serían para el caso de que resultaran gobernadas por autoridades impuestas y derivadas de una errónea interpretación del texto constitucional".

Arteaga aporta la interpretación jurídica frente a la aberración jurídica en la que están incurriendo panistas y morenistas en el Senado, y el Sistema Nacional de Seguridad Pública contradice las intenciones políticas con los datos duros de cómo los gobernadores que quieren destituir, no son quienes, por esas razones de incapacidad en el combate a los criminales que provocan la violencia, deberían de estar en la picota. Pero está claro que tampoco se trata de eso.

No son serias nuestras legisladoras y legisladores, ni están actuando con responsabilidad. Están dispuestos a torcer la ley para satisfacer apetitos vengativos y manejar tramposamente las estadísticas y la información dura, engañando a la ciudadanía. El maniqueísmo de sus acciones y declaraciones ha contribuido a la falta de referentes sólidos en el debate público, y a la creciente fabricación de argumentos falsos y contextos inexistentes.

La confusión que generan refuerza la vacuidad deliberativa en la que nos encontramos, donde la sonoridad, aún sin fundamento, es lo que domina en el ruido ensordecedor de nuestra política. No era lo que se esperaba de ellos cuando se les dio el voto, pero es la forma como responden, despreciando con su traición a quien los eligió, y sumándose a una clase política ruin que contribuye a la confusión. No estamos pasando por el momento de mayor luminosidad en nuestra vida pública, pero sí por tiempos donde la farsa predomina en los asuntos públicos. Sus pugnas políticas devienen vendettas y conducen a discusiones tramposas. Son éstas signo de los tiempos, ante lo cual no se puede claudicar. La mediatización no ayudará a nadie, empezando por aquellos que ven en ella la nueva forma de hacer política.

En algún momento previo a 2018 comenzó a materializarse una peregrina idea: "Cuauhtémoc Blanco, candidato a gobernar una emproblemada entidad como Morelos". ¿Qué podía salir mal? Todo. Y todo está saliendo mal.

La política mexicana, como cualquier otra que se dé a respetar, ha padecido la incursión de amateurs. Carmen Salinas, por ejemplo, es solo una de las atracciones a las que el expartidazo ha recurrido en su historia. Pero no es lo mismo -por muchas razones- pasar de la farándula a la política como uno de cientos legisladores, que convertirse en el gobernador de una entidad cuando no solo tu experiencia previa en ese campo es casi nula, sino que la que sí tuviste confirma, precisamente, que eres una pésima opción como ejecutivo, que es el caso del llamado Cuau.

Porque nadie está diciendo que la política deba ser solo para políticos. A nadie, tenga la procedencia que tenga, se le debe negar el derecho a ser un actor político, lo que incluye el gobernar.

Sin embargo, no es el caso de Cuauhtémoc Blanco, un elemento que nada -salvo problemas y polarización- ha aportado a la política desde que se convirtió en candidato a alcalde, allá por 2015.

La crisis de Morelos no empezó con la llegada de Cuauhtémoc al poder. Eso también es cierto. Se trata de un problema estructural que en su etapa actual tiene raíces, al menos, desde los 90, cuando el nombre del juego era, para tratar de acabar con una crisis de inseguridad y secuestros, sacar del poder morelense al PRI, a Jorge Carrillo Olea.

Sucedió, sin embargo, que tras lograrlo, en los 2 sexenios panistas que siguieron el gobierno, a cargo de Sergio Estrada Cajigal y Marco Adame, fue mediocre, corrupto y hasta frívolo.

Luego de ellos tocó el turno a la izquierda, y Graco Ramírez logró detener el crecimiento de la inseguridad sin resolver la polarización de una sociedad dividida, a la que enervó más aún permitiendo que su hijastro se empoderara, contexto que los inventores de Cuauhtémoc como "político" aprovecharon para hacer alcalde de Cuernavaca al americanista.

En este punto surgen 3 cuestiones que se resumen en una: por qué las instituciones mexicanas no pudieron evitar que Blanco siguiera acumulando poder.

La 1a. de esas 3 cuestiones es la llegada de Cuauhtémoc a la alcaldía de la capital morelense, que estuvo plagada de irregularidades y denuncias, documentadas, de falsificación de trámites y presuntos pagos irregulares. A pesar de ello, Blanco no solo no fue sacado de la alcaldía para ser investigado, sino que sin mayor problema se convirtió en candidato a gobernador.

La 2a.: el triunfo de Cuauhtémoc en 2018 se debe al desprestigio de los partidos tradicionales, al arropamiento de AMLO y a su propia popularidad, de acuerdo, y por ello la campaña, antes que obligar a Blanco a compromisos concretos, fue como un premio a su pendenciero e irresponsable comportamiento en la alcaldía, lo que incluye a sus cómplices, perdón, a sus colaboradores.

Y 3a.: ocurrido el triunfo, pasó lo obvio. A mayor poder, mayor irresponsabilidad e indolencia de CB y sus manejadores.

En esas 3 etapas, ni la prensa, ni la sociedad, ni los congresos, ni los partidos han podido contener la negligencia de un equipo, para no decirle pandilla, que incluye al hermano del futbolista y que no hacen algo ante el grave deterioro de un estado nada menor de la república.

Me corrijo. No todo está saliendo mal. Porque Morelos puede empeorar. Y si cae Morelos, complicará aún más a Guerrero, y terminará de emproblemar a la capital. Así que (todavía) no todo ha salido mal. Lo mejor es lo peor que se va a poner. Por Cuau, y porque todo lo demás tampoco funciona.

Tiene razón el señor gobernador, coincido en un 1000% con él: mentirle a sus gobernados, es lo peor que un "juncionario" puede hacer. De ahí que aterrorice tanto el que se nos mienta -ya sea porque se está mal informado o porque se considere que la sociedad no comprende ni a él, ni a sus cifras oficiales, ni las declaraciones de sus "colaboradores"-. El caso es que la ineptitud asoma por todos los rumbos de su mandato, y echarle la culpa "a los mismos de siempre", se convierte en una perversión peor de la que el dengue está ocasionando, pues estamos hablando de la muerte de seres humanos, lo cual no tiene retorno.

En 1a. instancia se había informado que todo estaba bajo control, pero ante los hechos padecidos, finalmente salió a reconocer que sí existe una epidemia (lo cual, no es poca cosa). De los 4,290 personas afectadas -hasta el día de la aparición de su video-, sólo reconoce 2 muertes, es una estadística ¡difícil de creer!-. ¿Por qué no harían rueda de prensa?, ¿para evitar preguntas incómodas o porque no se encontraba físicamente disponible?... las especulaciones salen sobrando, los hechos son los que cuentan.

En cualquier caso, el video por medio del cual el señor gobernador dio la cara a la espantada ciudadanía está lleno de contradicciones, y ni los robots, ni sus múltiples seguidores pueden cambiar la realidad sólo con palabras injuriosas y amenazas o acciones fuera de tiempo.

Si han gastado 45 millones de pesos más (37%) que "los mismos de siempre" y los resultados son negativos, ¿entonces de qué estamos hablando? Si la persona responsable del área admitió que "la prevención y las fumigaciones en Jalisco empezaron tarde" (Mural, viernes 20 de septiembre), entonces alguien miente.

Queda claro que en la entidad existe ineptitud para gobernar en no pocos “juncionarios”. Las muertes aceptadas, más las no reconocidas y las que se puedan sumar son increíbles en un segmento tan ampliamente identificado. Si de acuerdo con el diagnóstico de quienes dicen gobernar: “los mismos de siempre” sólo pretenden sacar raja política, quiere decir que el remedio no está en los muchos millones de pesos que dicen están invirtiendo (116), pues lejos de inversión, deben ser considerados como gasto o derroche a destiempo.

Tampoco el uso de robots en "las benditas redes sociales", ni las llamadas a directores de medios, son la solución. Si en México y en Jalisco no se profesionaliza la función pública, y se permite que el amiguismo y los incondicionales prevalezcan, el gasto social -que nunca debiera ser- provocará más crisis que el propio cambio climático... lo cual ya es mucho decir.

A propósito, ¿ya pasaron a fumigar por su casa, barrio, coto, colonia, fraccionamiento o comunidad?

Mauro Garza de Coparmex Jalisco exigió a la senadora emecista por Jalisco, Verónica Delgadillo, explicar su voto a favor de las leyes secundarias de la reforma educativa.

Respondió en su lugar Clemente Castañeda con un comunicado en donde reprueba la reforma... aunque se abstuvo de votar en contra.

¿Y el resto de los morenos, petistas y naranjas incluida nuestra "influensenadora" Vero? Nomás levantaron la manita. Pedirles explicaciones es demasiado: como exigir posturas elocuentes y claras a un gallinero.

Debido a que no cumplieron con presentar sus cuentas públicas, los municipios de Hostotipaquillo, Santa María de los Ángeles, Tonila y Villa Guerrero; no podrán ser incluidos en el reparto de recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación; del Fondo Municipal de Participaciones y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en Gasolina y Diesel.

Vivimos una guerra con un ascenso alarmante de asesinatos, fosas clandestinas y desapariciones masivas, que a su vez genera una evidente crisis forense. Y sin embargo la respuesta de los gobiernos es la negación.

Eso hizo el panista Emilio González Márquez que de manera irresponsable ocultó en su gobierno el inicio del fenómeno de las desapariciones; lo negó también el priista Aristóteles Sandoval Díaz en cuyo gobierno las desapariciones se duplicaron; y lo niega ahora también el emecista Enrique Alfaro Ramírez, cuando el fenómeno ha llegado a su pico más alto.

Tras la aparición de 155 bolsas con restos humanos (138 en La Primavera y 17 en Tala), el gobernador hizo un recorrido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Al salir declaró que hay voces que "dolosamente" sostienen que hay una crisis forense: "Contrario a lo que algunos intereses que están queriendo generar zozobra y preocupación, Ciencias Forenses está trabajando correctamente, no hay ningún riesgo de ninguna crisis por una sobre saturación de los trabajos que aquí se realizan, tenemos espacios suficientes para evitar que haya un problema como el que se vivió en el gobierno anterior (...)", dijo.

Probablemente no haya una crisis de espacio en el manejo de los cuerpos, pero de que existe una crisis de identificación y de entrega debida y digna de los cuerpos a las familias, existe.

De otro modo no se tendrían historias como las de María y Pedro, padres de Jona, un chico de 17 años desparecido el 27 de septiembre de 2016 en Tlajomulco, y encontrado sin vida una semana después. Desde entonces estuvo en el Servicio Médico Forense (Semefo) y no se le dio aviso a los padres hasta apenas hace una semana, a pesar de que continuamente iban al Semefo a preguntar por su hijo.

Una denuncia semejante hicieron la semana pasada 25 familias en Lagos de Moreno. Informaron que la autoridad forense entregó este año restos de personas que se encontraban en sus instalaciones desde 2016 (Dalia Souza en Zona Docs). Ante esta indignante situación, en un comunicado las familias denunciaron: "la espera de 3 años es injusta e injustificada; incluso, podríamos estar hablando de una desaparición forzada pues el Estado los tenía en su posesión y los ocultaron".

No se puede ocultar la crisis forense y tampoco la del ascenso en las desapariciones. El fenómeno se está multiplicando en cada administración estatal sin que hasta el momento se haga lo necesario para detenerlo.

Un buen comienzo sería terminar con la impunidad. Del total de denuncias por personas ausentes, apenas hay 2 sentencias por desaparición en Jalisco, según ha denunciado el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.

Mientras no se detenga y penalice a quienes cometen desapariciones, mientras no se rompan las cadenas de complicidad que explican la altísima impunidad, la ola de desapariciones, masacres y fosas clandestinas seguirá inundando a la sociedad jalisciense. Dejen de negar la crisis y hagan lo necesario para detener esta guerra.

Los informes políticos de temporada, los que al parecer son considerados por nuestras amadas autoridades, que tanto, tan desinteresadamente y tan generosamente se sacrifican por sus súbditos, como un acto democrático o cuando menos un avance. Pero ese es el punto de vista del emisor del mensaje.

Los receptores, dependiendo de los niveles de amargura de cada una reaccionarán de forma diferente.

Para empezar, la percepción general, real o influenciada por muchos periodistas a los que algunos de los jerarcas acusan de malos, el hecho es que muchos ciudadanos -habitantes del terror- con o sin razón consideran la situación muy distante de ser ideal o cercana.

No digo que todo lo que hacen los jerarcas esté mal o sea dañino, no hay nadie en el universo cuya totalidad de actos sea negativo, ni queriendo. Pero también debemos pensar que tienen una barbaridad de dinero para hacerlo, si usted divide el presupuesto (que siempre se aumenta) entre los días del año el señor gobernador podrá gastar más de 320 millones diarios, el de ésta ciudad más de 25 millones diarios y el de la villa casera más de 19 millones diarios, y con ese lanerío algo bueno se hará también. Y no me opongo a que lo gasten, a lo más me da envidia. Ellos dirán que pagan sueldos y otras cosas pero el hecho es que de que se lo gastan se lo gastan y si bien todos afirman lo hacen por amor al pueblo, cuando son juzgados posteriormente ven que algo de eso se quedó pegado.

Pero lo que verdaderamente no aguanto es el bombardeo de buenas obras de los informes de gobierno, que el propio informe puede con mucho trabajo no escucharlo, pero los anuncios y publicaciones de esas no te libras. Para referirse muy brevemente a los principales fracasos, invariablemente lo achacan a los anteriores gobernantes, lo cual es cierto, los anteriores fueron igualmente incapacidades, solo que las evidentes incapacidades del que está informando serán cargadas a su cuenta por el que siga.

Por la razón que usted quiera hay una fuerte sensación de que esta es una tierra de nadie donde los muertos no se entierran sino que parecen desenterrarse, de eso hablan pocos, pero la mayoría de la raza pelona considera que las actuales autoridades, podrán ser muy buenas personas pero de cómo controlar la violencia no tienen idea.

Si la CNDH fuera una entidad seria y no simplemente un lugar para que los cuates pasen una temporada contentitos de poder y dinero, establecería ultramegarrecomendaciones para suspender la tortura radiofónica de los anuncios de los logros reales y supuestos de los referidos informantes, si fuéramos un país serio (Garcia Oropeza dixit) así sería.

Debido a que no presentaron su informe de cuenta pública del año pasado, 15 ayuntamientos de Jalisco dejarán de recibir recursos federales.

La Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco avaló las fórmulas para la distribución de recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación; del Fondo Municipal de Participaciones y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en Gasolina y Diesel.

El monto a repartir aún se debe aprobar en el presupuesto federal.

"La ley obliga a que deben de presentar su cuenta pública ante la Auditoría Superior del Estado y de ahí se puede sacar la información oficial de cuánto recaudaron en impuestos y contribuciones locales. Los municipios que no cumplen con esa obligación se quedan fuera de recibir recursos", explicó el diputado Ricardo Rodríguez titular de la comisión.

Por esta omisión, quedarán fuera de la distribución de recursos: Ahualulco de Mercado, Bolaños, Gómez Farías, Hostotipaquillo, Ixtlahuacán del Río, Jalostotitlán, San Gabriel, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Santa María del Oro, Tecolotlán, Tonila, Totatiche, Unión de San Antonio y Villa Guerrero.

El diputado de Morena, Bruno Blancas Mercado, abogó por los municipios que incumplieron y pidió que se les dé una nueva oportunidad y se les incluya en la distribución de fondos, si presentan sus cuentas públicas antes del 30 de septiembre, aunque el plazo para hacerlo venció desde abril.

Este año 21 municipios dejaron de recibir fondos federales. Destacan casos como El Salto que perdió 6 millones, Chapala 3.5 millones y Tecalitlán 2.8 millones.

Que ya se necesita un nuevo pergamino, que la Constitución vieja [de Jalisco] tiene telarañas y no se ajusta a la brillante realidad que llegó desde que Enrique Alfaro tiene oficina en Casa Jalisco, que qué emoción ser constituyente.

Hay que tener mucho cuidado con los anhelos depositados en un ejercicio de esta naturaleza. Muchísimo. 1o., porque un marco normativo no hace a la realidad, esta es terca y sigue su camino. 2o., porque un borrón y cuenta nueva puede abrir la puerta a un diseño institucional dirigido por la élite en turno para beneficio de esta élite.

Amplío los 2 planteamientos. Con el 1o. me refiero a las posibilidades reales de que una Constitución más moderna en sus conceptos, más ordenada en su estructura, y más sencilla en su lenguaje altere significativamente el escenario que hoy lastima a los jaliscienses. Una Constitución mejorada (en caso de que lo logren), no impactará en la gravísima crisis de seguridad que vive el estado. Lo que puede hacer es modificar los procesos a través de los cuales se resuelven los conflictos políticos, se organizan las instituciones y se protegen los derechos. A ese me refiero cuando aludo al diseño institucional como apetitoso botín para la élite en turno.

Para explicar mejor esto sirve de algo voltear hacia abajo, hacia la Ciudad de México, aunque el proceso haya sido diferente. Allá, el proceso de nombrar constituyentes fue emocionantísimo y los participantes sentían que hacían historia de la que quiere el actual presidente. Sin embargo, la nueva Constitución no tuvo impacto en las principales demandas sociales (el aire, la movilidad, el agua, la seguridad), pero tuvo un inmenso efecto en el proyecto de poder, pues todas las leyes secundarias, todas toditas, tuvieron que rehacerse una vez que el sonido del bombo y los platillo por la nueva Constitución dejó de escucharse. Aquí es donde viene lo interesante: las leyes secundarias no necesitan ni de un constituyente ciudadano plural, ni de una mayoría calificada ni de los medios escudriñando con lupa el así llamado proceso histórico. Se los voy a poner en español para que quede claro: la ley electoral, la ley que rige al poder judicial y la ley de desarrollo urbano (por mencionar sólo 3 para pararles los pelos de punta), se pudieron hacer desde cero otra vez con el voto de la bancada mayoritaria.

Por eso hay que tener mucho cuidado. Para no depositar en un proceso legislativo que es de suyo insípido más expectativas de las que puede cumplir, y para no abrirle la puerta al poder en turno para hacer leyes a modo después de cubrirse de gloria por hacer una Constitución.

Ex trabajadores del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco informaron que, pese a haber sido despedidos en enero, en las nóminas del organismo continúan apareciendo sus nombres como si aún laboraran y percibieran ingresos ahí.

"Yo hago declaración ante Hacienda porque tengo otro empleo, y sumar ese dinero que nunca me ha llegado... ¿Cómo me va a salir pagar ante el SAT?", cuestionó Humberto Velázquez, quien hasta el 31 de enero era enfermero en el Hospital de Primer Contacto de San Juan de los Lagos.

Los "pagos" para Velázquez, junto con Juana Roque y Clara Torres (enfermera y médico especialista, respectivamente), se extienden desde que rompieron su relación laboral con el OPD en enero, y suman, hasta la 1a. quincena de agosto, 630,000 pesos según la nómina de Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado.

En algunos casos, el salario que percibían aparece repetido hasta 5 veces en una misma quincena.

El fin de la relación laboral de los 3 quedó registrada en la demanda por despido injustificado que interpusieron ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón el pasado 13 de febrero. Todos laboran ya en otras instituciones ajenas al Gobierno de Jalisco.

Suena bien, sin lugar a duda, pero la clase política se ha ganado a pulso la desconfianza. Toda la clase política. A la hora de la hora nunca cumplen y siempre es por motivos-ajenos-a-su-voluntad. ¿El resultado? Pendientes, pendientes y más pendientes, retrasos, rezagos, retrocesos, en todos los ámbitos y desde hace años (ojo con los significados del prefijo re-).

La refundación que propone el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en un discurso que se prolonga ya por algún tiempo (fue un tema recurrente en su campaña), está planteada de una manera que de verdad es muy difícil encontrar a alguien que se oponga: reconciliar, reorganizar, repensar y renacer. En el texto hay otros conceptos atractivos como reconstruir, replantear y renovar.

Si la iniciativa estructural de su administración marcha bajo estos términos, podríamos los jaliscienses albergar la esperanza de que las cosas cambien de fondo para sentarnos en bases distintas a las, viejas, anquilosadas y corrompidas.

La nueva constitución puede sentar las bases, sí, ojalá, pero es preciso trabajar desde distintos frentes y de manera paralela porque si no, no será entendida y en la siguiente administración volverá a haber cambios.

Ojo, tenemos que estar muy atentos al derrotero que sigan estos trabajos de refundación. Por lo pronto ya se aprobó, y no por unanimidad, con bancadas divididas, la reforma constitucional para incluir la figura de Congreso Constituyente en la carta magna de Jalisco vigente, en un 1er. paso; falta que la aprueben por lo menos 63 ayuntamientos de 125 municipios en que está dividido el estado; y luego, cuando finalmente se convoque y se empiece a trabajar en la nueva constitución, hay que estar muy atentos, al alba, para que no se agreguen artículos que beneficien específicamente al gobernante en turno, nada de reelección ni de ampliación de periodo de mandato, y también habría que vigilar con lupa cualquier iniciativa sobre la relación de Jalisco con el gobierno federal. No es un asunto menor y nos atañe a todos.

No olvido que los aficionados a las elecciones sincronizadas nos obligaron a tener lo que pomposamente llamaron la jornada electoral más grande de la historia. Mucha alharaca porque juntaron en una sola fiesta a todos los que pudieron: desde presidente hasta regidores, pasando por alcaldes y gobernadores. Y fue apoteósico: en julio pasado se eligieron más de 16,000 personas para relevar a igual número de políticos en todo el país. Dejémoslo en 3,000 para no exagerar. En 2018 se renovaron poco más de 3,000 cargos importantes y cada uno de esos diputados, senadores, alcaldes o gobernadores está puestísimo y peinado para la fiesta que sigue: la del informe que les preparan sus asesores de contenido y sus consultores de imagen. Oficialmente comenzó la temporada de informes.

La temporada arrancó con el presidente y hay gira por toda la república, parece epidemia. Hasta la senadora Citlali, la de la bomba, ya hizo su numerito con carpa y jefa Sheinbaum incluida.

Los informes anuales, o a los 100 días, o a los 200 o cuando Facebook les recuerde que hace un año la gente estaba votando por ellos deberían de replantearse. Lejísimos estoy de creer que informar no tiene sentido, que la rendición de cuentas es innecesaria o que el diálogo entre poderes es inútil. Al contrario, precisamente porque estoy convencida de que eso es lo pertinente (informar, rendir cuentas y dialogar), creo que estos actos de luz y sonido, así como se siguen haciendo, no sólo son anacrónicos (ese sería el menor de sus defectos), sino perversos y contrarios al espíritu que los motiva. Ni informan, ni rinden cuentas, ni dialogan.

¿Qué necesitamos que nos cuenten cada año? Y si decidimos que eso es necesario, ¿cómo necesitamos que lo hagan? La rendición de cuentas se puede hacer en tiempo real sin mal discurso de por medio, el diálogo entre poderes debe abrirse de forma permanente y lo que urge es un corte de caja informativo que coincida con los ciclos económicos del país, no con los nombramientos.

México está inmerso en una crisis humanitaria por la desaparición de más de 40,000 personas y la muerte en circunstancias de violencia de cientos de miles, desde que Felipe Calderón "declaró la guerra contra el narcotráfico".

Pese a este escenario, quienes gobiernan en lo local y a nivel nacional nos saturan con orondos mensajes en los que se llenan la boca al hablar de logros, avances, cumplimiento a promesas, consolidación de acciones y todos los sinónimos que usted imagine para adornar y hacer lucir su paso por el gobierno que encabezan, cualquiera que sea el caso.

En mi caso, me parece sumamente ofensivo y de un menosprecio absoluto a la situación que atraviesan las víctimas y sus familias, que se siga perpetuando esta costumbre en las circunstancias en las que vivimos los mexicanos. Todos los esfuerzos deberían concentrarse en solventar esta crisis, en hacer justicia, en garantizar la no repetición de estos actos, en combatir la barbarie.

Al margen de la mala calidad de la eslóganes que nos endilgan en una pausa comercial sí y en otra también, -campañas que por cierto, nos cuestan a los contribuyentes millones de pesos-, ¿cuál ejercicio de gobierno sobreviviría el acucioso escrutinio de los ciudadanos? Olvidémonos de las encuestas, que ya hablaremos después de eso, pregúnteles a sus conocidos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, ¿ha mejorado su calidad de vida? ¿Se sienten más seguros y viven con mayor tranquilidad? ¿Cuáles consideran que han sido los logros de cada gobierno, dignos de destacarse?

Con esto no quiero decir que no existan logros, programas y/o acciones de gobierno que rindan frutos, sin embargo, creo que son aislados, consecuencia del trabajo de servidores públicos comprometidos con el bien común y que muchas veces no obtienen ni siquiera la justicia laboral que merecen. Otros también son resultado del trabajo iniciado en administraciones anteriores, a las que se omite deliberadamente por cuestiones políticas, o bien, están fracasados a extinguirse tan pronto como cambie el partido en el gobierno.

Revisemos cuáles de las promesas que nos motivaron a votar, se han cumplido o están en proceso de cumplirse.

Increíble, por decir lo menos, es la forma como Porfirio Muñoz Ledo pasó de ser un personaje que quiso reelegirse, violando los acuerdos en la Cámara de Diputados, a un prócer por desistir de dicha locura, y los mismos legisladores que lo tacharon de espurio le dijeran que era un gran demócrata. O como el propio Mario Delgado lo reconoció: era una agandalle que Morena quería hacerle a los panistas por el simple hecho de ser mayoría.

Pareciera que el honor, los valores y la ética son cosas del pasado.

Después de ver permanentemente que el actuar de legisladores y políticos en general no responde al honor ni a las grandes virtudes que deben tener los hombres públicos, que responden a intereses mezquinos de corto plazo, sin visión de Estado y con el único interés de lograr algo en el corto plazo, ¡qué gran país sería el nuestro si los políticos pensaran y actuaran como los grandes hombres de la 1a, 2a y 3aT! Pues ahora, en la 4T, anteponen el interés particular o de grupos y partidos sobre el interés de la nación.

José Manuel Mireles, antiguo líder de las "autodefensas" de Michoacán y actualmente subdelegado del ISSSTE en esa entidad, durante un evento en un hospital de Apatzingán, aseveró que el Instituto "está en quiebra", en parte porque "muy pocos" trabajadores realizan aportaciones económicas -lo cual, de ser cierto, sería imputable, en todo caso, al mismo Instituto, porque se supone que tiene facultad legal y posibilidades técnicas para descontar de la nómina de los trabajadores las cuotas que obligatoriamente deben enterar-, y en parte porque "las personas que pagan 490 pesos al mes, quieren que se atienda a sus parejas, y a los novios y novias de sus hijos e hijas, y familiares en general"... Hay que atender -subrayó- "a la 1a. piruja, a la 2a. piruja, y a la 3a., la 4a. y hasta la 5a."... Por considerarlas expresiones ofensivas, homofóbicas, "funcionarias estatales, diputadas locales, abogadas y representantes de la sociedad civil" emitieron un pronunciamiento conjunto de protesta, y se congregaron en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia para "exigir" al presidente López Obrador, a través de su representante en el estado, la destitución de Mireles.

Entre las decenas de frentes que ha abierto el presidente ahora surge, como parte de la reforma política que plantea para el 2o. año de gobierno, el cuestionamiento a los plurinominales. Los aplausos no se harán esperar: si algo ha logrado la mala actuación de los políticos es que buena parte de los mexicanos odien a los diputados y senadores plurinominales, a quienes se les ve como vividores y saqueadores del erario. Pero, aunque todos sean pluris no es lo mismo diputados que senadores. Separemos las discusiones que son de naturaleza distinta.

Comencemos por los diputados. Actualmente tenemos 300 electos por la vía directa, que representan a los electores de su distrito, y 200 por la vía plurinominal cuya función es compensar la representación de las minorías. El asunto es muy sencillo: sin diputados plurinominales nunca habríamos tenido una transición pacífica a la democracia como la que tuvimos en México. El problema es que los diputados plurinominales terminaron siendo la representación de los intereses de una partidocracia que se alejó de los ciudadanos. Aun así, hoy son el contrapeso de López Obrador como en su momento lo fueron de Peña y de Calderón.

Seamos sinceros, mientras López Obrador estuvo en la oposición nunca planteó el tema de los plurinominales como prioritario. Más aún, cuando Peña Nieto lo propuso los diputados de Morena, entonces casi todos ellos plurinominales, no secundaron la propuesta. Los pluris nos cuestan a todos, es cierto, pero sobre todo le estorban al poder, llámese como se llame el presidente y sea del partido que sea. Si Peña planteó reducir el número de pluris es porque pensaba que iba a ganar la mayoría de los distritos y si López Obrador lo hace es porque piensa que quitándolos o reduciendo el número a la mitad tendrá más fácil la mayoría calificada en el congreso. Desconfiemos, pues, de entrada, de toda reforma política que surja del poder.

Un caso muy distinto es el de la Cámara de Senadores. Esta cámara representa el pacto federal donde los estados se hablan como iguales y vale tanto la voz de Colima o Tlaxcala como la de Ciudad de México o Jalisco. Los senadores plurinominales se crearon para restarle fuerza al PRI en los 90 y con ello reducir la capacidad de veto que este partido ejercía de facto a las reformas constitucionales. Al cambiar la representación directa de solo 2 senadores del partido ganador y agregar uno de la 2a. fuerza en automático ningún partido, así gane todos los estados, tendrá por sí solo las 2 terceras partes más un voto necesarios para las modificaciones constitucionales. Así, los senadores plurinominales, que distorsionan la igualdad de representantes por estado, salen sobrando.

Hay cosas más importantes que ahorrar dinero y una de ellas es mantener los equilibrios de poder y representación en un país que por definición es diverso y plural. Defender a esos impopulares (y no pocas veces impresentables) diputados plurinominales es defender la democracia y el equilibrio de poderes.

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, mandó a "chin... a su madre" a diputados durante la sesión donde se votaban transitorios.

Durante su participación, Muñoz Ledo se dirigió a un legislador del pleno y le dijo: "revise el reloj porque está marcando progresivamente" y le aclara "cuando es una ley antigua los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan".

Inmediatamente después se dirige a la diputada Dolores Padierna, quien está a su izquierda, y le comenta "chig... a su madre qué manera de legislar". Padierna le cerró el micrófono.

Los partidos políticos son o deberían ser el alma de cualquier sistema político que, con base en leyes, se defina democrático y porque son instituciones de interés público, según nuestra Constitución (Art. 41), encargadas de promover la participación del pueblo en la vida democrática; de contribuir a la integración de la representación nacional y permitir el acceso de los ciudadanos "al ejercicio del poder público".

Por supuesto que para lograr estos objetivos deben disponer de recursos y la carta magna también contempla que no les falte nada. Este año, al Instituto Nacional Electoral se le asignó un presupuesto, para su distribución entre los partidos políticos, de casi 5,000 millones de pesos; y con miras al año 2020 que no es electoral, se autorizó un incremento de 273 millones para un total de 5,239 millones de pesos a repartir entre los partidos.

Falta el visto bueno del legislativo y sin duda habrá ajustes. Está en la mesa de los debates la reducción drástica del financiamiento público. Es un asunto pendiente desde hace décadas y una de las demandas recurrentes de la sociedad. [...] No se puede decir que estén de capa caída con tales presupuestos, ni siquiera si los reducen en 50%, cosa que dudo seriamente.

Eso reciben o recibirán los partidos en México, todo de nuestros impuestos, para su manutención y sus actividades sustantivas. Pues resulta que, hoy por hoy, de todos no se hace uno. Desde hace mucho, mucho tiempo, los partidos políticos han estado enfrascados en luchas intestinas que han desdibujado principios ideológicos, soslayado conductas éticas y desaparecido escrúpulos, de tal suerte que se enfocan en alcanzar el poder político a costa de lo que sea mientras pierden de vista descaradamente, la esencia de su razón de ser: la nación, México.

Si este fuera el enfoque, habría en México un partido en el poder responsable y comprometido, sin luchas internas como las que estamos viendo en el legislativo; y una oposición sólida, contundente y exitosa en sus gestiones y cabildeos para llevar adelante las iniciativas y las políticas públicas que reclama hoy y con urgencia, nuestro país. No los veo así por ningún lado.

Así que asistimos, una vez más, a una representación recargada de la crisis en los partidos políticos en México.

Claro que todo eso no es buena noticia para los ciudadanos de a pie como usted y yo. Ninguno de los partidos se salva, de todos no se hace uno y por la conformación de nuestro sistema político, son, en verdad, un mal necesario. Finalmente, el mayor reflejo de la crisis es esta aberración de agrupación Futuro 21 (Futuro Jalisco ya pintó su raya) que está dando cabida a desplazados, damnificados, rezagados, resentidos y perdedores de varios partidos entre otros Gabriel Quadri del Verde, impresentable; los Chuchos de las tribus perredistas y el Dr. José Narro que se equivocó de partido, entre otros por el estilo. Así las cosas... partidos, partidos.

Del 6o. informe del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción dado a conocer ayer, lo 1o. que habrá que destacar es justamente la perseverancia de quienes lo hacen posible y que han permitido un seguimiento puntual de todas las resistencias de la clase política y gubernamental a la construcción de un verdadero andamiaje institucional anticorrupción, y el accidentado transitar de nuestro incipiente SEA, que a casi 2 años de su nacimiento sigue sin dar los resultados que convenzan a la ciudadanía de que se va por el camino correcto para terminar con la impunidad que siempre ha existido.

Muchos pensarán que detrás del Observatorio hay un numeroso equipo de analistas y colaboradores, pero lo cierto es que el grupo de trabajo que encabezan Cecilia Díaz Romo y Paul Alcántar se cuenta de sobra con los dedos de las manos, lo que sin duda engrandece su misión. Más aún si tomamos en cuenta que su labor es totalmente honorífica y que trabajan fuera de cualquier presupuesto oficial.

Hecho el reconocimiento a la generosidad social del OPSEA, entremos ahora sí a comentar los resultados de esta sexta evaluación, la 3a. del año, luego de la cual podemos concluir que persisten los obstáculos externos y la falta de coordinación interna entre las instancias que integran el SEA (Comité de Participación Social, Fiscalía Anticorrupción, Contraloría Estatal, Instituto de Transparencia, Auditoría Superior, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa), que mantienen a paso muy lento el avance y la consolidación de nuestro modelo anticorrupción.

Prueba de ello, es que los focos rojos en los semáforos que miden mejoras y omisiones, aparecen en distintos aspectos y en diferente medida, en los tres grandes ejes con que el Observatorio analiza el SEA, veamos:

1.-El que tiene que ver con los Presupuestos, Recursos Humanos y Materiales, es en el que más se ha avanzado. De hecho ahí sólo aparece una luz roja que nos alerta del descuido de los municipios para echar a andar sus contralorías independientes, conocidas ahora como los órganos de control interno.

2.-En lo que toca a Normatividad y Armonización, tarea que le corresponde principalmente a las y los legisladores, de 8 indicadores, hay 5 en rojo, 2 en amarillo y sólo un compromiso cumplido en verde. Esta es la mejor prueba de cómo los hombres y las mujeres del poder político y gubernamental siguen sin tener la voluntad de crear un verdadero sistema anticorrupción que acabe con sus privilegios y canonjías. El colmo es que sigan sin publicar las reformas para que la Fiscalía Anticorrupción deje de atender asuntos que nada tienen que ver con desvíos y malos manejos del erario.

3.-Lo preocupante es que donde más focos rojos hay es en los indicadores que miden la Coordinación Integral del Sistema y su Vinculación con la Sociedad Civil. Sin duda el más grave es el que marca la ausencia de una política estatal anticorrupción que debe aprobar y publicar el Comité Coordinador del SEA, que les fue observada desde el 2o. informe el año pasado.

Todo esto explica que siguen imponiéndose las fuerzas que quieren mantener parada, en luz roja, la consolidación del SEA. De ahí su nula respuesta a los escándalos de corrupción que nos estallan a diario.

Como casi siempre, Alfaro desatina feo y mal al menospreciar la oposición a los actos de su gobierno, al despreciar la crítica y al sacudirse a los medios como molestos moscardones. Con esa actitud, como es lógico, no sólo viene la ceguera, sino la opacidad y los yerros. Es peligroso, gobernador, no ver más allá de la nariz y del círculo de leales. La historia está llena de ejemplos de gobernantes que se desbarrancaron por ciegos. La brújula para gobernar se imanta muy fácilmente.

La venta de la Villa Panamericana podría no ser mala idea si, en el camino, escucha un poco afuera de su burbuja y concilia en la medida de lo posible, los bienes en disputa: el recurso público perdido, la necesidad de vivienda en la zona, el cuidado del Bosque de La Primavera, el impulso a la inversión privada, el desarrollo urbano y la recuperación de un patrimonio entelarañado.

El diputado panista Jorge González Arana dejó en evidencia que el tema de la ley estatal sobre desaparecidos no está entre sus prioridades.

Para justificar el atraso de un año en el asunto pidió que se tome en cuenta que la actual legislatura apenas lleva 10 meses en funciones y llegaron sin tener antecedentes del tema.

Además, al arribar al cargo le dieron salida primero a otras reformas como a una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, que incluyó puntos como crear su propio canal de televisión y aprobarse 3 periodos de vacaciones al año.

Las diputadas Mariana Fernández y Sofía Berenice Mosqueda quieren reformar el Código Penal de Jalisco. ¿Y para qué? Para elevar una pena -además de la pena de no formular mejores propuestas-.

Esta vez proponen subir de 20 hasta 40 años de prisión a quien cometa un crimen de odio por razones de preferencia o identidad sexual, ideología, raza, religión, entre otros.

Se nos ocurre una historia y una moraleja. Un día, los diputados se dieron cuenta que habían fijado penas máximas de 100 años para todos y cada uno de los delitos del Código Penal. Entonces, obligados a innovar, descubrieron que no les quedaba más que preocuparse por hacer cumplir las leyes ya existentes.

Ese día, al ritmo que vamos, no está lejos.

México ha sido precursor de un etiquetado frontal informativo y transparente en productos alimenticios. La mayoría de los países no tienen reglas obligatorias de etiquetado frontal, ni siquiera Estados Unidos o Europa. Hoy, sin embargo, los políticos mexicanos, en su constante afán de considerar a los consumidores como imbéciles incapaces de tomar sus propias decisiones, quieren imponer un nuevo etiquetado opaco y tramposo, cuyo único propósito es asustar a los consumidores para que no coman alimentos procesados.

Estos políticos, impulsados por grupos radicales que se oponen a la libertad de los consumidores, buscan llenar todos los paquetes con advertencias de gran tamaño sobre excesos de calorías, sal, azúcares añadidos o grasas saturadas. Estas advertencias, que se colocarían por igual en paquetes con medidas y contenidos muy diferentes, reemplazarían la información precisa del actual etiquetado frontal.

Una barra de amaranto con pasas de 40 gramos y 150 kilocalorías tendría las mismas advertencias de "Exceso de calorías" y "Azúcares añadidos", además de un cintillo de "Evitar consumo excesivo", que una barra de amaranto con chocolate de 70 gramos y 284 calorías. Una de avena de grano entero con relleno de fruta de solo 90 kilocalorías, muy inferior a lo habitual, llevaría 3 sellos de advertencia y el cintillo. Un paquete de 3 tostaditas horneadas de maíz blanco de 18 gramos y solo 72 kilocalorías, esas Salmas que nos dan con el caldito de pollo cuando estamos a dieta o con el estómago delicado, tendría 2 pegotes de advertencia y el cintillo amenazador.

Este etiquetado eliminaría la motivación de la industria para generar productos con menos calorías, grasas o azúcares. Si una tostadita de maíz de 20 kilocalorías tendrá el mismo trato que una barra de chocolate de 284, ¿para qué esforzarse por desarrollar productos con menores niveles de azúcar o de grasas?

Chile tiene un etiquetado similar al que están proponiendo nuestros políticos. En los primeros meses las advertencias generaron miedo y disminuyeron el consumo; algunos de los productores más pequeños tuvieron que cerrar y despedir a sus trabajadores. Después, cuando la gente se habituó, el consumo regresó a sus niveles anteriores. No hay indicios de que haya bajado el sobrepeso. En México ocurrirá lo mismo porque el etiquetado solo castiga a los productos procesados, pero no se mete con las garnachas, las tortas, las frituras o los atoles.

Yo, por lo pronto, exijo a los políticos que me dejen comerme en paz mi Vaquita de 21 kilocalorías. El que quieran ocultar esta información en una advertencia que diga que mi chocolate es peor que una torta de tamal de 400 kilocalorías no solo es una gran mentira sino una artera agresión.

Con demasiada frecuencia los funcionarios públicos piensan que se puede servir a 2 amos, es decir, a la sociedad que les paga y al padrino que los promovió al cargo, no es tarea fácil, menos aún si el número de amos se multiplica.

Como consecuencia del deficiente sistema político que tenemos, las candidaturas a cualquier cargo público de elección popular pasan siempre por la decisión de un padrino, en ocasiones ese padrino ocupará un cargo de mayor rango, lo cual hace más difícil el trabajo del ahijado, a menos que se persuada, como es lo más ordinario, de que servir al padrino deja más dividendos económicos o políticos que servir a la comunidad.

Las consecuencias se hacen desastrosas. Si un alcalde advierte que recibe un erario en bancarrota, no puede ni mencionarlo, porque su antecesor fue su padrino, si un alcalde se da cuenta de que tales o cuales obras del anterior edil no funcionan o fueron crasos errores ¿Cómo los va a corregir, si dicho edil ahora ocupa un cargo superior, además de que le debe la nominación? Por otra parte, quienes ocupan un cargo importante suelen tener la precaución de nombrar a su sucesor, que deberá "cubrirle las espaldas" como signo de gratitud por el favor recibido y condición de otros mayores. Es una historia que podríamos replicar al infinito para cualquier funcionario, a menos que se dé un cambio de partido, entonces ocurrirá que los nuevos funcionarios casi actúen en el extremo opuesto negando y abatiendo cuanto hayan hecho los anteriores, bueno o malo, por el sólo expediente de que eran del partido vencido, que al cabo la ciudadanía paga lo mismo las venganzas que las gratitudes de los políticos en funciones.

Si bien lo miramos no es otra cosa que una reedición del concepto porfiriano de la democracia, "yo nombro al candidato y el pueblo vota por él", gracias a lo cual el candidato ha de vivir eternamente agradecido por la importante oportunidad que se le dio de acceder al poder y al dinero, por lo mismo, el pueblo que votó por él, ocupa un sitio subordinado en la escala del servicio.

Una reforma profunda de nuestro viciado sistema político exigiría la creación de una estructura de acceso a las candidaturas blindada frente a las gratitudes personales y su secuela de corruptelas e ineficiencias, de tal suerte que correspondiera a los partidos políticos presentar un listado de candidatos, hasta donde es posible bastante bien depurada, y que fuera una institución neutral en cierto modo anónima, la que decidiera quien deba contender en un proceso electoral.

La ciudadanía por su parte jamás debería votar 2 veces seguidas por el mismo partido, a la vez que deberían crearse y fortalecerse instituciones sociales capaces de dar un seguimiento crítico a las decisiones del gobierno, que hasta la fecha, lo mismo si se trata de funcionarios emanados de partidos viejos que de los nuevos partidos, que con frecuencia no son otra cosa que la suma de todos los anteriores, siguen actuando como dueños y señores de la sociedad y de sus bienes, bajo todo tipo de pretextos y racionalizaciones.

Cuentan que en la selección del Contralor Ciudadano de Zapopan andan queriendo meter cachirules porque de los 10 apuntados resulta que 7 son empleados del municipio, es decir de Pablo Lemus.

Y para que no falte más polémica en esta designación, cuentan que una de las cartas favoritas es ni más ni menos que el vocero de La Luz del Mundo y abogado del líder Naasón Joaquín García, de nombre Israel García Iñiguez.

En su comparecencia ante el Comité de Participación Social le concedieron más tiempo de exposición y hasta preguntas a modo.

El Partido Acción Nacional (PAN), Morena y el Partido Verde Ecologista en Jalisco tienen deshabilitados los apartados de sus portales de Transparencia, en los que debería estar publicada información financiera como su gasto en nómina.

En una revisión se documentó que, aunque en el portal www.panjal.org.mx/pjTransparencia.php sí aparece la opción de revisar las nóminas completas, no se despliega la información. Algo similar sucede en el sitio https://morenajalisco.org/articulo-8/, donde se marca un error al intentar ingresar a la información sobre el gasto en personal.

En el caso del Partido Verde, en su página http://pvemjalisco.org.mx/sample-page/ se puede consultar la información de las nóminas hasta 2018, pero la erogación realizada durante este año no está disponible.

Si usted ha escuchado a algún funcionario público decir que se equivocó en algo, aunque sea de calle guárdelo en su memoria porque su recuerdo lo convertirá en un museo de algo que cuando menos yo, nunca he escuchado, pero como las generalizaciones son absurdas supongo que en algún gobierno de algún país del mundo, algún funcionario público lo habrá dicho, si usted quiere como confidencia, porque como declaración pública será aun más extraño. El estado de propietario de un hueso es un estado casi de perfección que sólo puede ser contradicho por el jefe, cuando éste no tiene otra optativa mejor.

El suscrito ha repetido, hasta la saciedad que considero que prácticamente nunca ha habido en este mundo un gobierno que no haga daño, y me estoy refiriendo a todos, en todos los tiempos; los ha habido poco dañeros, que son más bien pocos; lo normal es que sean dañeros o muy dañeros, pero buenos para el común de los mortales no, esto no quiere decir de ninguna manera que algunos de ellos sean buenas personas y que incluso sean personas llenas de buenas intenciones, puede darse el caso, pero la actuación de este tendrá mucho que ver con la formación personal del que gobierna, así, si el gobernante de marras es una persona rica, o cuando menos con una vida económicamente solucionada, pensará que los pobres son personas con poco millones, si nadie le ha contradicho antes, porque ya designada con el poder nada ni nadie le contradecirá, porque te puede costar la chamba y nadie está peleado con su bienestar, así que más vale sumisión y prudencia.

La pensadora francesa Madame Staël lo explico en 10 años de destierro diciendo que "Bonaparte sólo quería enseñar una cosa a los franceses, y era que lo podía todo", a fin de que le agradeciesen el mal que dejaba de hacer, como se agradece a otros un beneficio.

Lo anterior creo nos servirá para conocer y tratar de entender para nuestro propio gusto, sin pretender seguidores, haciéndolo sólo para no volvernos loco, revisemos los antecedentes y singularidades del gobernante, su punto de vista que no puede aplicarse a todos, porque todos no somos iguales y aunque el gobernante no lo sepa ni lo entienda.

Ahora las redes anuncian desgracias respecto de las actuaciones del actual tlatoani, pero noto que son juicios basados en gobernantes anteriores que no le quedan a este gobernante y estamos usando parámetros de juicio diferentes; lo mismo en los gobiernos estatales y municipales, considero que debo usar otros elementos de juicio.

Y así lo reitero, no espero de ninguna manera que sean un buen gobierno, solo por accidente harán un acto benéfico para la comunidad, van a ser un mal gobierno, en eso no cambia para nada la cosa, solo espero que estos gobiernos no sean demasiado dañeros, que por la razón que usted quiera no lo sean, pero esto lo que sabremos hasta después.

Aunque nadie sabe dónde están, todavía quedan algunos partidos de oposición en México. Inexistentes casi, apenas tienen fuerza para ir a cobrar los dineros que por ley reciben. El PRI es un vetusto anciano que sólo vive por la esperanza de ser para Morena lo que alguna vez fue el PARM para él. Por su parte el PAN está desmigajado, y el PRD es una memoria ya olvidada. Los otros partidos -partiditos, partidillos, partidejos- son ofensa para la vida pública de la nación y carga indebida para los contribuyentes. López Obrador propone una radical reducción de los dineros que los partidos políticos reciben, y funda su propuesta en la justicia: no debe haber partidos tan ricos en un país tan pobre. Los dirigentes de esos partidos acusan a López Obrador de querer debilitarlos para fortalecer a su propio partido, Morena, y para quitar fuerza al ejercicio democrático y erigirse en jefe máximo. Quizá su acusación sea fundada, pero lo cierto es que hay demasiados partidos, y que algunos de ellos no son tales, sino negocios de vividores, de mercaderes de la política. Comparto entonces la iniciativa de AMLO: es necesario reducir las excesivas prerrogativas de los partidos. Y al mostrar mi acuerdo con López Obrador evoco un viejo dicho: "Hágase el milagro y hágalo el diablo".

Al gobierno de Enrique Alfaro se le está haciendo bolas el engrudo. Los temas complejos no se resuelven, se quedan ahí en la lumbre sin que se atiendan cabalmente. El escándalo del concurso de compra de maquinaria llamado A Toda Máquina sigue flotando en el ambiente, generando malos olores porque nadie ha sido capaz de sacarlo de la lumbre, aceptar lo que se hizo mal y darle para adelante. La relación del gobernador con los grupos de mujeres que protestaron por la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres nunca se compuso, a pesar de que se rediseñó completamente la estructura de la Secretaría de Inclusión nadie pegó los platos rotos. Ahora es el aumento al transporte lo que se hace bolas, porque nadie está cuidando los detalles, hay muchos funcionarios metidos en el tema, pero ninguno al frente.

El gobierno necesitaba urgentemente subir el precio del Tren Ligero y del Macrobús (BRT) porque aun antes de la entrada en operación de la Línea 3 el sistema ya era deficitario y el BRT se caía a pedazos. Lejos de afrontar el problema puntual recurrieron a una resolución del Consejo Tarifario sobre el precio de transporte de las rutas empresa, aplicaron parejo e hicieron pactos cupulares con los empresarios para, de buena voluntad, subir el salario 10 pesos diarios.

El engrudo comenzó a hacerse bolas porque el gobernador y su equipo basaron técnicamente su resolución en un Consejo Tarifario que ellos mismos no respetan y que desacreditaron cuando eran oposición. Con los mismos argumentos que ellos esgrimieron hace 3 años, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) les exige ahora que hagan públicos todos estudios, no sólo la resolución, lo que irremediablemente llevará la discusión a un callejón sin salida. Por otro lado, el pacto con las cúpulas empresariales fue de saliva, expresiones de buena voluntad que no comprometen a nada. Como era de esperarse, los industriales ya comenzaron a poner reparos y condiciones para dar un aumento que, me temo, se quedará en la lista de los buenos deseos y compromisos incumplidos.

En medio de las urgencias que exigen la atención de las autoridades y al mismo tiempo provocan las molestias de la ciudadanía, llama la atención cómo se toman decisiones que claramente pueden abrir nuevos frentes de conflicto. ¿De qué se trata? De algo por lo menos extraño: este lunes 5 de agosto en Palacio de Gobierno, se anunció que la iglesia de La Luz del Mundo llevará a cabo las celebraciones anuales de lo que denominan la Santa Convocación.

¿Desde cuándo el edificio sede del Gobierno del Estado es escenario de presentación de eventos religiosos? Quizá se trata de una inauguración involuntaria que forma parte del programa refundador que se hizo público meses antes de que iniciara la actual administración.

Las convocatorias multitudinarias por motivos religiosos no son nuevas. Más bien, son más antiguas que Jalisco; ya eran tradición antes de la actual etapa histórica del estado. Pero no se acostumbraba desde que se implantó la separación Iglesia-Estado, que los funcionarios del gobierno estatal acompañen a representantes de asociaciones religiosas a arropar sus eventos y programas de actividad.

El tema es particularmente llamativo porque el gobierno estatal no tiene injerencia ninguna en la organización de la Santa Convocación de la Luz del Mundo, en la que esperan hasta 600,000 personas, principalmente en la colonia Hermosa Provincia.

Por años hemos visto cómo las autoridades municipales facilitan personal, información y servicios para organización y vigilancia. Se coordinan, en síntesis, para facilitar que la estancia de los visitantes y todos los actos masivos transcurran con normalidad y la mayor comodidad posible.

Acaso, hubo coordinación con autoridades estatales en materia de movilidad. Pero hasta ahí.

Con ese tipo de anuncios, sobre todo en Palacio de Gobierno, se abre la puerta para que actores de otras iglesias o credos exijan un trato similar.

Eso significa abrir la posibilidad a nuevas críticas y controversias que no necesitan en el gobierno y que para los jaliscienses pueden ser motivo de mayores agravios. Como reza la canción popular: ¿pero qué necesidad?

Es bastante ya con la profunda problemática de inseguridad y el retraso en los acuerdos, por ejemplo, para que aplique la Policía Metropolitana o para que opere la Guardia Nacional; mucho trabajo generan igualmente, los trabajos derivados de la obra pública o los desastres causados por fenómenos como las lluvias o las granizadas inusitadas.

Pendientes los hay, y abundantes, en las tareas para aplicar el programa de mejora en el transporte público y la movilidad.

Y son sólo algunos ejemplos.

En ese complicado escenario, ¿por qué abrir un nuevo frente para el gobierno estatal?

No es ningún secreto que la iglesia de La Luz del Mundo ha trabajado durante muchos años una eficiente estrategia de acercamiento con candidatos en período electoral, que después se convierten en gobernantes, diputados o servidores públicos con diferentes grados de influencia.

Y no pasa desapercibido el amargo período por el que atraviesa esa asociación religiosa, debido a que su líder, Naasón Joaquín García, está detenido en Estados Unidos.

Arriesga mucho el Gobierno de Jalisco, en este escenario, al confundir sus respaldos.

¿Habrá una ruptura entre Alfaro y la UdeG? No, falta mucho para eso y por lo pronto los 2 se necesitan para enfrentar al enemigo mayor que es el gobierno de López Obrador. Lo que sí es evidente es que terminó la luna de miel y que cuando el licenciado diga como en las primarias "tomen su distancia" esto tendrá algunos reflejos por ejemplo en el Congreso [de Jalisco], donde podríamos ver a los diputados de leones negros votando de manera distinta a la bancada de MC en casos específicos.

La manifestación por el alza del transporte, pero sobre todo la respuesta del Gobierno del Estado; la ausencia de Tlaquepaque en la firma de la policía metropolitana; la forma de procesar políticamente el tema de la presa del Zapotillo acusa un desgaste, pero sobre todo, una pérdida de brújula del gobierno alfarista.

¿Perdió Alfaro su toque mágico? ¿Llegó a su límite el modelo tlajomulca de gobernar? Un poco de los 2. Alfaro dejó de ser el político rockstar al que nos tenía, pero sobre todo al que él se había acostumbrado: bastaba un tuit del líder opositor para incendiar las redes y poner al gobierno contra las cuerdas. Su tono duro, implacable, sin concesiones para sus adversarios le ganó a Alfaro fama local y nacional de un político frontal, sin dobleces. Pero eso que como opositor es una virtud como gobernante se revierte: lo frontal parece ahora displicencia y lo implacable se funde en la obstinación y la sordera política.

El modelo tlajomulca de gobernar, ese que llenos de soberbia algunos colaboradores de Alfaro decían que era mejor que el de Bogotá o Medellín, encontró muy rápido sus límites. Un grupo de jóvenes trabajadores y bien preparados le dio la vuelta en materia de gestión pública a un municipio de medio millón de habitantes. Esos mismos acusaron terribles fallas de operación cuando se trató de gobernar la capital: Guadalajara le quedó grande al modelo de los 4 fantásticos, particularmente en materia de seguridad y eficiencia administrativa, pero se notó poco porque la campaña estaba encima y el viento soplaba a favor. Ya en el Gobierno del Estado, con una administración mucho más compleja y viento en contra el modelo acusa inoperancia por todos lados.

La política está haciendo agua. A pesar de tener un secretario de Gobierno de gran experiencia y capacidad política como Enrique Ibarra, las cosas no funcionan y una de las razones es la confusión de roles en el gobierno. Alfaro es un gobernador que sabe y le gusta hacer política, pero eso genera chispas innecesarias. Pero además del propio gobernador hay otras 2 personas que hacen política por fuera de la Secretaría de Gobierno: el coordinador de gabinete, Hugo Luna, y el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro al que el gobernador le sigue encargando algunas tareas (entre ellas la policía metropolitana). Era obvio que habría reacciones por el alza de tarifa al transporte y, sin embargo, actuaron como si los hubiese tomado por sorpresa.

La comunicación, que solía ser el área de presumir de los Alfaroboys hoy hace agua. El manejo de redes ya no es suficiente y los hipermodernos jóvenes operadores no han encontrado mejor esquema que regresar al manejo corporativo de mediados del siglo pasado: los desplegados de apoyo al gobernador para la construcción de la presa de El Zapotillo son el ejemplo más acabado de la pérdida de la brújula.

El estilo tlajomulca de gobernar parece haber encontrado sus límites.

Una cosa es ser oposición y otra ser gobernador. Desde la oposición, las posturas no tienen costo. Puedes prometer el cielo y las estrellas. Decir que es posible construir El Zapotillo a 80 metros y no poner en riesgo a Temacapulín; decir que es posible abatir el rezago de infraestructura sin solicitar un centavo de deuda; decir que se puede acabar con las inundaciones con voluntad política, y hasta que el incremento en el costo del transporte público es una "cuchillada" al pueblo.

Enrique Alfaro siempre supo que más temprano que tarde debía dar luz verde a los aumentos aprobados en la administración de Aristóteles Sandoval. La tarifa en Jalisco no era sostenible mucho tiempo más. Mantener bajo el costo del transporte público hubiera obligado al gobierno a inyectar más de 3,000 millones de pesos en subsidio. Empero, la terca realidad no quita que el gobernador sea esclavo de sus palabras. Cuando la estrategia es polarizar con los gobiernos anteriores para demostrar que tú nunca harías lo mismo, luego, cuando tomas las mismas decisiones que criticaste ácidamente, el costo político es mayor.

La incursión del gobierno mexicano en instrumentos para la transparencia y la rendición de cuentas es relativamente reciente y, además, no ha sido del todo satisfactoria. Lo fue en un principio, sí, cuando pensábamos que las instituciones se estaban renovando en un franco proceso democratizador que nos alcanzaba a todos, sin embargo, cuando los gobiernos, el federal, los estatales y los municipales, de distintos colores, se dieron cuenta de que sí estaban funcionando, los adulteraron y los echaron a perder, casi en todos los casos.

Tenemos el caso emblemático del Instituto Federal Electoral, ahora Nacional Electoral, que en los 90 fue ciudadanizado y por lo menos para las elecciones de 1997 y 2000 funcionó como organizador de los comicios con base en los principios que lo rigen: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia (ahora se llama "máxima publicidad").

Cuando la clase política y me refiero a toda la clase política, a dirigentes de todos los partidos políticos con registro entonces, se dieron cuente de que el IFE funcionaba, se metieron hasta pervertirlo y lograron que la ciudadanización fuera simplemente de papel; se repartieron por cuotas los espacios en el consejo general de la institución, perdió su autonomía y buen parte de su credibilidad, en uno de los hechos más lamentables de nuestra corta historia rumbo a la democracia (caminamos hacia allá pero nada más no llegamos... el horizonte inalcanzable).

Así como el IFE (ahora INE) los partidos políticos se infiltraron en otras instituciones que estaban consideradas como grandes logros, reitero, en el concierto nacional y en el de los estados, específicamente Derechos Humanos y Transparencia. Otros organismos fueron dotar de autonomía como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, para que los gobiernos no intervinieran en la manipulación de cifras; y luego el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Recuerdo que cuando se crearon estos organismos se insistía en que eran temporales, que llegaría el momento en que no fueran necesarios porque se trataba de intervenir para corregir de fondo y, entonces sí, avanzar. Podíamos imaginar, por ejemplo, que sería erradicada la tortura y que entidades como el Seguro Social y el ISSSTE funcionarían como relojitos en beneficio de los derechohabientes; o que no habría ya quejas contra los maestros porque todo caminaba en términos correctos, apegados a derecho y sin intentar abusar o pervertir; no se diga el sistema judicial mexicano, en el caso de Derechos Humanos.

Y en cuanto a Transparencia las instituciones han sufrido altibajos, funcionan unas más que otras, pero también la clase política ha metido mano como sucedió aquí en Jalisco.

Todos estos organismos e instituciones se han creado porque los sucesivos gobiernos no son confiables, por la corrupción que ha campeado, por la manipulación que acostumbran.

La verdad, el entramado autoritario que se ha ido tejiendo en nuestro país a lo largo de décadas, difícilmente se va a destruir en un sexenio.

Nada más hay que pensar en los cientos de miles de burócratas de todos los órdenes de gobierno que por diferentes causas no hacen bien su trabajo, ya sea por la negligencia heredada, porque así lo han hecho siempre, porque son leales al partido que en principio les dio el puesto, a ellos y a sus familias por generaciones; sabemos que en la alternancia desde adentro, en diferentes puntos se boicotea para que los nuevos gobiernos no sean operativos y la ciudadanía los "castigue" en la siguiente elección.

Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que estos organismos se crearon porque estaban de moda, pero no es así; se han fundado porque la sociedad mexicana ha insistido en instrumentos confiables. No estoy de acuerdo con la desaparición del Coneval, sí con una intervención que dé como resultado una mejor entidad, transparente, eficiente, sin abusos, con las plazas necesarias para desarrollar el trabajo y sin excesos.

Hay que ser realistas, no se va a terminar la corrupción de una vez y para siempre, se trata de una lucha cotidiana y quizá permanente, 6 años no son ni serán suficientes para derrotar a un monstruo de más de 80 años; cuando termine este sexenio, será necesario que esas instituciones sigan funcionando, renovadas.

Por no incluir el cálculo del impacto presupuestal que implican las iniciativas que aprueba, el Congreso del Estado ha incumplido las especificaciones que marca la Ley de Disciplina Financiera, que establece esta obligación. El diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, presidente de la Comisión de Hacienda, adelantó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podría fincar observaciones al poder legislativo por no cumplir esta disposición.

Philip Allott es un profesor emérito de Derecho Internacional en la Universidad de Cambridge. Dentro de sus estudios sobre el "idealismo social" menciona que la humanidad ha sucumbido a un plano de egoísmo, prepotencia y maldad, misma que ha desvirtuado el sistema desde sus raíces.

Es verdaderamente preocupante pensar que nuestras leyes no son mejores que la conciencia de nuestros legisladores, con sus honrosas excepciones por supuesto. Resulta insólito que habiendo tantos mexicanos con sed de justicia y con hambre de hacer valer el Estado de Derecho no nos dediquemos más a mejorar nuestro sector público desde sus raíces.

Debemos exigirle una mayor preparación y entrega en un principio a nuestro gobierno, específicamente a nuestros legisladores. Esto se puede formular por medio de una meritocracia dentro de la cual se enaltezcan los estudios y los planes de cada legislador, para evitar a toda costa la improvisación y el mal desempeño laboral de los mismos. Tomemos como ejemplo la meritocracia en China. Dentro de este sistema, el aspirante puede obtener un determinado puesto dependiendo de sus estudios, méritos y talento.

Las ideas de la revolución mental que tanto enfatiza Allott son fundamentales para poder poner esto en acción. Fomentemos una nueva corriente de mexicanos comprometidos con el cambio positivo y la preparación para servir a nuestro país de la manera más adecuada posible. El cambio debe empezar por medio de la conciencia y para ello debemos reinventar nuestro concepto del sector público y lo que merecemos como mexicanos. Debemos entrar a un plano de idealismo social dentro del cual no pensemos lo impensable, sino en el que pensemos aquello que no se ha pensado.

Debo manifestar enfáticamente como ciudadano al corriente en el pago de los impuestos y con el único interés del bien común, que creo firmemente que nuestras egregias autoridades no tienen culpa alguna, o si se quiere, fuera de la preocupación que debemos tener todos, sobre la violencia que sufre la población, no son culpables del transporte tan deficiente que tenemos, no podemos culparlos de las inundaciones ni de las faltas de medicinas, sería injusto culparlos; pero así como digo una cosa digo la otra, y es que no debemos culparlos, tenemos que decir que no tienen la menor idea de cómo solucionar esos y otros problemas, recuerden ustedes que están ahí por ser cuates de los más gargantas, no porque sepan.

De cualquier manera nunca he oído a un funcionario que tenga la culpa de nada, así que usted siga reclamando y capaz que completa el círculo sociedad civil con hueso. Búsquelos, no falla.

Las señales de que Lomelí está decidido a mover lo que le quede de poder para no irse solo, vinieron luego de que Alfaro declaró el domingo pasado que esperaba que "una simple renuncia no genere perdón y olvido" y sea quien sea pague las consecuencias si había un acto indebido. Al día siguiente la respuesta fue que la bancada de Morena en el Congreso de Jalisco amaneció en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción federal para denunciar irregularidades en la multimillonaria licitación para el programa "Refundación: A Toda Máquina", y que el gobernador, al igual que Lomelí, debía separarse del cargo para facilitar las investigaciones.

Como se sabe, este concurso para arrendar maquinaria pesada para los municipios de Jalisco por el que se firmó un contrato multianual por más de 3,600 millones de pesos despertó múltiples sospechas y denuncias por lo que actualmente es investigado por el Sistema Estatal Anticorrupción. El propio gobernador ordenó por eso una investigación a la Contraloría estatal cuyos resultados parciales se dieron a conocer a fines de mayo donde se identificaron faltas administrativas de 3 servidores públicos.

Si bien esta licitación bajo la lupa no ha llamado la atención de Mexicanos Ccontra la Corrupción y la Impunidad, los morenistas quieren que la ASF y la Fiscalía Anticorrupción la revisen con toda minuciosidad como pasó con las empresas y los conflictos de interés del ex súper delegado. Es el contra-ataque de Lomelí.

En lo que mira al poder legislativo, éste debe estar constituido por representantes de la sociedad, no de los partidos o sectas que los promueven, en todo caso, apenas asumen el cargo, deberían renunciar a beneficiar a sus "promotores", eso sería lo honesto.

Las cosas suceden de otra manera. Desde los lejanos tiempos de la independencia, los diputados lejos de representar a la ciudadanía, la han usurpado, por lo mismo se han dedicado a fabricar o copiar cuanta ley les ha venido en gana sin informar nunca a la sociedad, en ocasiones muchas de esas leyes eran necesarias e importantes, otras en cambio iban en contra de la misma comunidad, pero al margen de lo bueno o lo malo de tales normas, lo permanentemente negativo ha sido el modo amañado en que han procedido, un modo desde luego legitimado por ellos mismos y que ha provocado estragos en la vida nacional, de manera particular, el daño permanente a la madurez democrática de los mexicanos. En efecto, aún en el caso de "hacernos el bien" pero sin pedirnos permiso, el resultado final es bastante negativo. Este tipo de conducta es natural y propia de los padres hacia sus hijos menores, pero si esa actitud protectora se prolonga de por vida, los hijos acaban volviéndose irresponsables, inmaduros y atenidos, incapaces de descubrir por sí mismos qué es lo que les conviene y sobre todo, incapaces de asumir los costos que supone el logro de una buena meta. Sin duda el gobierno mexicano se ha beneficiado ampliamente de este paternalismo que hace de la sociedad un pueblo manipulable, sometido y ajeno al quehacer político, en términos marxistas, una sociedad enajenada.

"A espaldas de la ciudadanía", ese podría ser sin duda el lema que caracteriza a los legisladores mexicanos. A espaldas de la ciudadanía deciden los sueldos que han de ganar, sus aumentos y prestaciones, a espaldas de los ciudadanos usan las leyes para blindarse y asegurarse el futuro, a nuestras espaldas hacen acuerdos que nos traicionan, se alían con los enemigos de nuestra cultura, contratan un mundo de asesores reales y ficticios, y se dedican a fabricar cuanta ley se les ocurre sin que nadie lo pida, lo peor del caso es que hagan lo que hagan siempre quedan impunes.

Despertar el sentido político de los ciudadanos, movilizar a la gente, empoderarla, hacerla consciente de que es ella la que paga, la que vota y por lo mismo la que manda, es una tarea pendiente que la educación cívica y escolar debe satisfacer con urgencia.

Lo que nos faltaba. Mientras nos enfrascamos en la discusión, protestas y amagos de impugnaciones en torno a la reforma al poder judicial, la real politik nos revienta en la cara.

El Congreso de Jalisco aprobó la ratificación por otros 10 años para el magistrado Laurentino López Villaseñor del polémico Tribunal de Justicia Administrativa -ahora entendemos por qué el comportamiento de corderito al bajarse el sueldo pues quería su ratificación-.

Una de las propuestas de la reforma al Judicial es acotar los periodos de los magistrados. Justamente lo contrario a lo que ocurrió ayer en el Congreso de Jalisco.

El proceso de extinción de los partidos que no alcanzaron el mínimo de votación requerida aún no concluye, a más de un año de la jornada electoral.

A nivel federal están en etapa de liquidación Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal). Estos 2 institutos políticos también perdieron el derecho a recibir prerrogativas estatales [en Jalisco] junto con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime Rivera Velázquez, explicó que el proceso de liquidación se alarga debido a que cada instituto debe cubrir todas sus obligaciones fiscales, pago a acreedores, conflictos laborales o multas, trámites que aplazan el tema durante meses. Detalló que una vez cubiertos todos los compromisos, los activos y patrimonio que queden se reintegran al erario.

"En una experiencia anterior con el Partido Humanista, el proceso fue muy largo porque aparecieron muchos reclamos de tipo laboral", precisó.

Señaló que a nivel estatal es el mismo proceso. Comentó que en el caso del PRD Jalisco, al conservar registro federal, mantiene su representación local que se sostiene sólo de recursos nacionales.

El florido lenguaje del presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Martín del Campo, salió a relucir cuando se votaba un punto de acuerdo de la bancada del PRD para solicitar al gobierno capitalino informe sobre el convenio de colaboración con la Guardia Nacional.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del legislativo local, realizado en el salón de plenos, cuando la secretaria de la Mesa Directiva, Martha Ávila, pidió a los diputados votar por aprobar o rechazar la propuesta, en el fondo se puede escuchar a Martín del Campo: "Álcenla pinches pendejos por la negativa, hijos de su pinche, puta madre, pendejetes..." en una murmuración que quedó grabada como parte de la sesión.

El presidente del congreso capitalino y legislador del Partido del Trabajo (PT), Jesús Martín del Campo, quien inició esta primera legislatura en la bancada de Morena, al término de la sesión de este miércoles rechazó hablar sobre el asunto y salió presuroso del salón de plenos.

¿Y cómo está la oposición un año después de la victoria de López Obrador? Si fuera una pelea de box, diríamos que la oposición fue noqueada hace un año.

365 días más tarde sigue en la lona, ha tratado de levantarse y conectar un par de golpes, pero son strikes que no impactan en el rival. El peleador tropieza, sangra de la ceja, sigue hinchado del ojo y sus piernas se advierten cansadas.

El mejor escenario que vive la oposición es el Senado. Ahí han logrado frenarle un par de cosas al presidente López Obrador y su partido. Como se tienen que juntar todos para vencer al grandote, pierden identidad y la posibilidad de capitalizar políticamente sus victorias legislativas. ¿Con quién simpatizarán los que están a favor de que la Guardia Nacional no fuera, al menos en el papel, tan militar? ¿Por quién votarán los que defendieron un pedazo de reforma educativa? ¿A quién apoyan los que están contentos de ver cómo conjuraron la revocación de mandato el día de la elección intermedia? ¿Con el PAN, el PRI, el PRD, con MC? ¿Con todos, con ninguno?

Internamente, los partidos están en crisis. Marko Cortés en el PAN tiene el desafío de un partido que en noviembre cumple 80 años pero tiene en la boca el sabor de la derrota electoral brutal en 2018, las 2 gubernaturas que perdió en este 2019 y como símbolo adverso, ya se le fueron sus 2 políticos que han llegado más lejos: los ex presidentes Fox y Calderón. El PAN no tiene narrativa y la necesita urgentemente si, como lo ha dicho su dirigente, busca robar a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados en la elección del 2021. El PAN se ha posicionado como el más acérrimo rival del presidente López Obrador, al menos en el discurso. Desde su dirigencia y desde el legislativo. Pero los gobernadores panistas son en su mayoría cálidos y condescendientes con el presidente. No basta con el discurso del NO, con el discurso antiAMLO, hace falta decir a dónde SÍ quieren llevar al país.

Claudia Ruiz Massieu está por salir del PRI. El proceso interno reveló que por mucho que cambien los tiempos, el PRI apuesta a ser el mismo de siempre. Todo apunta a que el 11 de agosto vencerá Alejandro "Alito" Moreno, una cuestionada elección interna por la dirigencia priista. Llegará al estilo PRI: los métodos de alianza y operación política no son para presumir que el tricolor entendió el mensaje de julio del año pasado. La carga de corrupción, de cochupos, de falta de transparencia, parece muy pesada, muy difícil de superar a corto plazo. El PRI ha jugado hasta ahora el papel de una oposición leal al presidente AMLO. No sé si por estrategia o por miedo a que les desempolven los expedientes.

MC y su principal figura, el gobernador tapatío Enrique Alfaro, perdieron el impulso de arranque de sexenio con el que parecían dibujar una narrativa de oposición cercana a la sociedad civil.

Y el PRD está en peligro de extinción.

A lo mejor las carencias de la oposición también explican la popularidad presidencial. A lo mejor la oposición a López Obrador no surgirá de los partidos. Ha sucedido en otros países. Quizá brotará orgánicamente de algún sector de la sociedad.

Buena parte del debate sobre una reforma elecotral es que sea menos costoso. Una alternativa es la conveniencia o no, de que el voto en México sea electrónico o digital. Parecería la evolución natural para reducir el costo de instalar una casilla, no imprimir boletas, menos funcionarios, mayor agilidad en el conteo, entre otros beneficios potenciales.

Sin embargo, no considera la realidad de lo que pasa hoy en el mundo de los ataques y sabotajes cibernéticos. Aunque parezca exagerado o de ciencia ficción, vivimos una guerra cibernética entre las potencias económicas y militares del mundo.

En 2016 se dieron los ataques rusos a las elecciones de Brexit y presidencial de Estados Unidos.

¿Tendría el INE la capacidad de proteger el sistema electoral mexicano de esta guerra cibernética? Mejor conservamos el voto en papel, del siglo XX, pero más seguro.

El PRD comienza su mutación hacia un nuevo partido. Así como en 1989 el registro del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) dio lugar al Partido de la Revolución Democrática (PRD), que entonces se plantó frente al electorado como un partido social demócrata, hoy los administradores de lo que quedó del PRD después de ser arrasados por la ola de Morena ponen el registro al servicio de un nuevo movimiento llamado Futuro 21.

Llama la atención de entrada que usen el nombre Futuro, cuando los wikis acababan de anunciar en Jalisco que buscarían la formación de un partido con el mismo nombre. O a los 2 les faltó imaginación (el nombre es malo) o simplemente en un acto de soberbia capitalina ni siquiera voltean a ver lo que sucede en otras partes del país. De acuerdo con Gabriel Quadri, uno de los integrantes de este nuevo movimiento, el nombre no es definitivo.

Futuro 21 o como se llame en el futuro nace con una idea clara; ser la oposición al movimiento de López Obrador y comenzar desde ahora la estrategia electoral para evitar que el partido del presidente arrase en la elección intermedia; el futuro del país se juega en muchos sentidos en la elección intermedia de 2021. En principio suena bien y se agradece que un grupo de ciudadanos se organice para hacer frente a la ola Morena independientemente de que estemos o no de acuerdo con la visión de López Obrador, más aún cuando los partidos tradicionales, PAN y PRI, están en proceso de descomposición por su incapacidad para entender nuevas realidades. Rehuir del pensamiento único y de la uniformidad es fundamental para que la democracia se desarrolle y aunque sea solo por eso vale la pena el esfuerzo.

Hay 2 formas de ser contrapeso. Una es simple y llanamente señalando las contradicciones del gobierno en turno, que son muchas y serán cada vez más conforme avance el sexenio. Se trata sobre todo de no dejar solo al presidente en el campo mediático y de las redes, hacerle sombra a una figura hoy por hoy omnipresente. La otra es construyendo una visión alternativa de país lo cual se ve francamente difícil si pretenden hacerlo solo con figuras políticas recicladas de diferentes partidos. Para decirlo en términos futboleros, la inclusión en el equipo de gente como Gabriel Quadri, Miguel Ángel Mancera, el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles (PRD), los excandidatos a la jefatura de Gobierno Demetrio Sodi (PAN) y Purificación Carpinteyro (Panal), son el equivalente a la contratación del "Cepillo" Peralta en Chivas.

Si Futuro 21 o como se llegue a llamar no es capaz de conquistar y desarrollar cuadros jóvenes su futuro difícilmente estará más allá de la elección intermedia.

Una de las cosas que más sorprende a los mexicanos que viajan a países democráticos avanzados es la ausencia de publicidad oficial. Uno puede pasar días completos escuchando la radio en España o viendo la televisión en Estados Unidos o Canadá sin escuchar o ver un solo anuncio del gobierno. Los únicos que recuerdo en la Unión Americana son los de reclutamiento de las fuerzas armadas.

Los países autoritarios, como Cuba y Venezuela, tienen en contraste un bombardeo constante de propaganda oficial. En Cuba el gobierno controla virtualmente todos los medios y los ha usado siempre para promover sus acciones e ideología. En Venezuela Hugo Chávez comenzó la costumbre, continuada por Nicolás Maduro, de forzar "cadenas nacionales" para llevar sus mensajes a la población. Emisoras críticas al régimen, como RCTV, la televisora con mayor público en su momento, fueron sacadas del aire y sus instalaciones y equipos expropiados sin indemnización.

México está más cerca de los países autoritarios que de los democráticos. El gobierno, el INE y los partidos políticos difunden diariamente una avalancha de spots en radio y televisión abiertas. Los anuncios además se desperdician porque tienen mensajes extemporáneos o irrelevantes. Además, el gobierno utiliza fondos públicos para comprar espacios adicionales.

Mi opinión es que el gobierno no debería usar dinero público para publicidad y que, además, debería devolver los tiempos fiscales y de Estado a la radio y la televisión abiertas, hoy en competencia con medios que no cargan con este lastre. Pero si vamos a seguir con el actual esquema, hay que tener un mejor manejo de los tiempos oficiales y un uso más eficaz de los recursos públicos.

El populismo penal se refiere a esa manía de los legisladores por reformar el Código Penal y aumentar los años de cárcel para castigar cualquier delito menor que se les ocurra.

Nunca consideran la proporcionalidad del ilícito frente a la pena ni la capacidad de la autoridad para hacer cumplir esa ley. Mucho menos reparan en la saturación de las cárceles.

Un ejemplo "sobresaliente" es la iniciativa del emecista Javier Romo Mendoza. Quiere meter hasta 8 años a la cárcel a quien robe un celular y hasta 2 años y medio a quien lo compre.

Su propuesta es que este delito se "castigue de oficio". Si la Fiscalía del Estado no castiga un homicidio, ¿podrá perseguir de oficio el delito de robo y compra de celulares robados?

Si avanza la reforma, aún en comisiones, está destinada a ser letra muerta. Como tantas similares. No sabemos si es oportunismo o simple ignorancia de nuestros legisladores, pero les pagamos muy bien como para que mínimo analicen la viabilidad de sus iniciativas.

El régimen de la transición democrática entró en crisis. No sabemos cuándo comenzó, pero los síntomas son innegables. La autoridad electoral perdió credibilidad: de acuerdo a Consulta Mitofsky, los mexicanos apenas aprueban la labor del Instituto Nacional Electoral (6.2). Hay casi tanto rechazo al INE como a los banqueros. Los 3 partidos más representativos de México, los que encabezaron la transición, están en agonía. Representan sólo al 40% de los electores y tienen, en las encuestas, una intención de voto del 35%.

En el mismo sentido, existe enojo por la cantidad de dinero que cuesta la democracia. Las elecciones de 2018 costaron 25,000 millones de pesos (como la Línea 3 del Tren Ligearo). Y ese gasto no nos ayuda a que la ciudadanía apoye la democracia. De 2002 a la fecha, el apoyo a la democracia se ha desplomado en México: al pasar de 62% a 38%. Y no sólo eso, la misma cantidad de mexicanos (38%) considera que da lo mismo vivir en una democracia o en un régimen autoritario. Sólo un ciego no lo vería, tenemos un gravísimo problema con la legitimidad del sistema político. Es caro, malo, genera hartazgo, cansancio, indignación y hastío.

Todas las reformas electorales que se han hecho desde 2007 hasta 2014, apostaron por corregir elementos en una misma dirección: recargar al árbitro electoral de múltiples funciones. Hoy el INE es un monstruo que vigila a los medios de comunicación, hace la credencial de identificación más importante del país, realiza publicaciones, analiza la metodología de las encuestas, fiscaliza el gasto de los partidos políticos. A veces, parece que la última de sus funciones es la organización de los comicios. Necesitamos un "reset".

Morena ya abrió la Caja de Pandora con las primeras declaraciones en donde esbozan una reforma electoral para "hacer más austeras las elecciones". El problema es que el eje central no es fortalecer la democracia, sino ahorrar. No importa si arrasas con el federalismo (eliminando los institutos locales electorales); no importa si te llevas entre las patas al Consejo General del INE (la autonomía del árbitro); no importa si pones en riesgo los datos electorales (llevando el padrón electoral a Gobernación), y no importa si rompes la pluralidad del país eliminando los diputados plurinominales. Es cierto, todavía no hay propuestas escritas como tal, pero lo que sí hay es una serie de declaraciones que apuntan en la dirección de centralizar, controlar y hegemonizar las instituciones electorales.

La oposición ha reaccionado en bloque. Pactaron, algo que no han logrado hacer en 6 meses -sólo en el debate sobre la Guardia Nacional-, un acuerdo de mínimos en donde sitúan las líneas rojas que no piensan transgredir en la negociación con la mayoría de Morena. Muchos de ellos son elementos razonables y que significan conquistas históricas. Sin embargo, al igual que Morena, no hay un planteamiento concreto. Para ser más claro, nadie está dibujando el tipo de elecciones y representación que queremos. Nadie está planteando en el horizonte el tipo de instituciones que queremos construir. No hay diagnóstico y mucho menos proyecto.

La 1a. pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué las elecciones, los partidos políticos y hasta la democracia misma emocionan a tan poquitos? ¿Por qué ha perdido una tercera parte de sus adeptos en 16 años? ¿Por qué el 85% está insatisfecho y los niveles de abstencionismo siguen siendo altos? Hay 2 crisis: una de eficiencia (resultados) y una de representatividad (no son como yo). La 2a. es casi universal. Los políticos son vistos como mezquinos defensores de sus intereses o de los intereses de los poderosos, y que son nada férreos a la hora de defender soluciones para la gente común. Si partimos de esa base, atentar contra la representación proporcional o contra la autonomía de las instituciones electorales es justo el medicamento opuesto. La contraindicación. Las elecciones y el sistema de partidos debe ser más barato, pero sin llevarse entre las patas el pluralismo de este país. México no cabe en 2 o 3 partidos. Son necesarios candidatos independientes, partidos minoritarios, locales, representación regional. La pluralidad y la heterogeneidad de ideas son valores a cuidar.

Empero, lo que me preocupa más es lo 1o. La crisis de eficiencia. Y esta no tiene que ver necesariamente con las elecciones. Aunque a veces parezca que sí. En México, mal que bien, elegimos gobernantes, representantes. Entre ellos pactan y acuerdan. No hay problemas de gobernabilidad en el juego interpartidista. Es cierto que lo hay con el narcotráfico, pero en general la polarización entre partidos políticos no llega al extremo de la parálisis o la obstaculización. Veamos los datos. La amplia mayoría de las reformas a la Constitución Mexicana (1917) se han hecho desde que hay gobiernos divididos. De acuerdo a Marván y Casar (2013), ha habido más reformas constitucionales desde 1997 que hay una mayoría en el congreso que no coincide con el partido que gobierna, que en los 80 años previos. Es decir, no hay un problema de pactos ni de acuerdos políticos.

Entonces, si los partidos se ponen de acuerdo, y pactan reformas constantemente, ¿Cuál es el problema? La implementación y la eficacia de dichas decisiones. Como diría el doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco, llevamos años obsesionados con las elecciones y poco atentos de reformar la forma de gobernar. Nos encanta meterle mano a los comicios, aunque el problema esté en otro lado. Y en realidad, la obsesión por las elecciones no viene de los ciudadanos, sino de los partidos políticos que en cada sexenio encuentran la oportunidad de remodelar el tablero electoral de acuerdo a sus objetivos y cálculos rumbo a los siguientes comicios. Los problemas de la democracia mexicana trascienden la dimensión electoral y son, sobre todo, de gobierno.

La reforma electoral (va a haber una, eso seguro) tiene que ser aprobada por consenso de todas las formaciones políticas. El oficialismo -Morena y sus aliados- deben dejar la tentación de arrasar con las instituciones locales y vulnerar la autonomía del órgano electoral. De la misma forma, el presidente tiene que pactar con la oposición una fecha concreta para la consulta de revocación de mandato. ¿De qué sirve un instrumento revocatorio si la oposición no lo acepta? Un ejercicio que no genera consensos no le conviene ni a López Obrador, ni a los partidos de oposición y tampoco a los ciudadanos. Sería un carísimo ejercicio de inutilidad. Y la oposición también tiene que aceptar que las elecciones y el sistema de partidos no nos pueden costar tanto. Es un reclamo de la ciudadanía: bájenle al gasto político. Los partidos políticos tienen que aceptar reducir sus prerrogativas y el INE tiene que hacer un auténtico ejercicio de austeridad. Lo vimos en temas como el de la Guardia Nacional o la austeridad en el poder judicial, el debate político y el diálogo devinieron en buenos acuerdos. Es necesario discutirlo todo, el actual modelo quedó obsoleto.

Esta semana quedará marcada por el regreso de los reflectores a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) por las acusaciones lanzadas por la diputada del partido Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, que en su calidad de presidenta de la comisión legislativa de vigilancia y del sistema estatal anticorrupción, denunció tener testimonios de entes auditables que fueron víctimas de auditores corruptos que les cobraban por tapar irregularidades de sus cuentas públicas.

El titular de la ASEJ, Jorge Ortíz, me dijo que hasta el momento la diputada no le ha especificado cuáles fueron los funcionarios a quienes los auditores a su cargo quisieron sobornar. Aseguró que ya se hacen las investigaciones correspondientes, y no se mostró convencido que lo mejor sea que en el congreso contraten a más personal para que auditen a la Auditoría.

Desde luego habrá que dar seguimiento diario hasta que este episodio abierto por Flores llegue a una conclusión, pero por lo pronto lo que también habrá que aprovechar de esta coyuntura es revisar qué ha sucedido en la ASEJ, que la consideramos liberada en el 2018 a la llegada de Ortíz, como el 1er. auditor no electo por la clase política y gubernamental, sino por el Comité de Participación Social, el componente ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.

Antes de esa fecha, casi durante una década, la ASEJ era noticia permanente por los excesos de quien fuera su titular casi vitalicio, Alonso Godoy Pelayo, ex funcionario que figura como el que más pensión recibe y que ha reaparecido al lado del también cuestionado súper delegado federal del gobierno de la autollamada 4a. transformación, Carlos Lomelí Bolaños.

Desde el pago de casi 10 millones de pesos por presuntas vacaciones no disfrutadas, la compra millonaria de formas valoradas a su suegro, la construcción opaca del faraónico edificio hoy sede de la ASEJ, la autoasignación de su megasalario, y el uso faccioso de la Auditoría, Godoy era continuamente noticia hasta su retiro obligado por la irritación social que causó su desempeño.

De Ortíz en cambio, habíamos sabido poco hasta las acusaciones contra la ASEJ de esta semana. Ningún cambio sustancial se ha percibido con su llegada a una institución clave en el combate a la corrupción, que además ahora forma parte de un sistema que no acaba de funcionar como tal.

Por lo pronto, los señalamientos de la diputada Flores, combinado con la falta de noticias de un nuevo tratamiento de la revisión de las cuentas públicas, hace pensar que Ortíz no ha logrado desmontar ni erradicar las tramas de corrupción que se tejieron durante los años que la ASEJ estuvo secuestrada y funcionó más como cómplice, que inhibidor de las corruptelas de la clase política y gubernamental.

El edificio administrativo del Congreso del Estado ubicado en Avenida Juárez y la calle Corona no tiene escrituras, lo que se suma a todos los desperfectos que le han encontrado.

Cuentan los enterados que no existe el documento original. ¿La razón? Nunca le pagaron al notario Samuel Fernández Ávila, padre de la diputada priista Mariana Fernández, por el trámite que debió realizarse hace 8 años.

Pero no vayan a pensar mal. Desde las áreas administrativas del legislativo aclararon que la legisladora nada tuvo que ver con el pago a su progenitor. De hecho, argumentaron que sus servicios se contrataron antes de que ella llegara a la curul y por omisión del legislativo no se ha realizado el pago.

Legislar para la tribuna se refiere a la costumbre de los diputados de impulsar iniciativas de ley inaplicables en la realidad, pero que versan sobre temas mediáticos o de moda.

Este supuesto se cumple con la iniciativa del diputado emecista Ismael Espanta Tejeda aprobada la semana pasada. La medida avalada por el pleno del Congreso de Jalisco modifica la Ley de Protección y Atención a Migrantes del Estado de Jalisco. Estipula que a todos los migrantes nuestro estado les debe garantizar el derecho irrestricto: "A los servicios de atención médica previstos por el sector público, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables".

La salud es un derecho humano, pero no basta añadir 25 palabras a una ley para garantizar ese derecho a la población migrante en tránsito sin analizar la realidad de los servicios de salud en el estado. Sobre todo si consideramos que 1,600 migrantes circulan a diario por Jalisco, según la iniciativa. Y es una población con tendencia a aumentar.

De entrada, el derecho que plantea el diputado no se garantiza ni al total de los jaliscienses.

En el Informe Anual Sobre la Situación de la Pobreza y Rezago Social 2017 de la entonces Sedesol, se indica que 1 de cada 5 jaliscienses carece de acceso a servicios de salud a través del IMSS, ISSSTE o un seguro privado.

En la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), los servicios de atención prehospitalaria están rebasados. Tenemos una unidad de urgencias médicas o Cruz Verde por cada 75,000 pobladores cuando la OMS recomienda una por cada 25,000.

El tipo de ayuda que requiere un migrante está relacionada principalmente con alimento, hospedaje y asesoría jurídica. Pero alrededor del 10% de la población en tránsito por la ZMG también requiere de servicios de atención médica, según el estudio "Guadalajara, refugio de migrantes centroamericanos" de la UdeG. Sobre todo requieren atención por cansancio, golpes, lesiones en los pies, fiebre y en menor proporción alguna enfermedad crónica.

Todo ese contexto se omite en la iniciativa del diputado. Carece, como muchas otras, de lo que el Observatorio Legislativo del ITESO ha denominado mecanismo de garantía, es decir, que el diputado se pregunte antes: ¿será posible cumplir esta ley? ¿cuánto costará aplicar esta ley? ¿tenemos el dinero para que se haga realidad?

En 25 palabras, el diputado despachó su reforma. Cualquier duda que se despeje "conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables".

Como la serpiente que se muerde la cola, este tipo de reformas para la tribuna sólo aumentan la letra muerta de nuestra legislación. Más leyes que nadie cumple. El debate no es quitar o dar atención médica a los migrantes. Sino proponer y analizar un mecanismo para garantizarles acceso a la salud a ellos y a también a los jaliscienses.

Promover una ley o una reforma sin evaluar su viabilidad debería ser motivo de sanción. Pero a los diputados, por el contrario, les pagamos.

Salvo honrosas y casi únicas excepciones, los contralores son una figura que elige en toda la administración pública, en los 3 niveles de gobierno y en los 3 poderes del Estado a nivel local o federal, el gobernante o titular en turno de cada dependencia. Eso provoca una implícita subordinación. Así las o los contralores lejos de cuidar el ejercicio honrado de los presupuestos públicos se convierten en los encargados de cuadrar y ocultar los desfalcos para congraciase con sus jefes políticos o no dejar la zona de confort que les da el cargo.

Desde luego han existido casos en lo que llegan profesionales y expertos en la materia que gozan de buena reputación pública, pero que cuando aparecen casos de evidentes casos de corrupción que tocan a las altas esferas del poder, son presionados para no llegar hasta las últimas consecuencias. Ninguno de ellos ha renunciado como rechazo a esa manipulación y prefieren pagar con el desgaste de su prestigio y credibilidad, pero seguir en ese espacio de poder.

La esperanza, pues, de que se ponga la 1a. barrera de contención para la corrupción y la impunidad en cada una de las oficinas públicas es tener contralores independientes que no sean nombrados por el poder en turno, con diseños institucionales que cuiden de cerca su actuar, para que se conviertan en auténticos vigilantes del gasto público y dejen de responder sólo a los intereses políticos de sus jefes.

El Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que hay "focos amarillos" en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, ya que esos estados del norte registraron en el primer trimestre de 2019 un nivel de deuda mayor al nivel de Ingresos de Libre Disposición (ILD).

Coahuila es el estado con mayor endeudamiento respecto de sus ingresos, ya que al 1er. trimestre de 2019 reportó ILD por 23,482 millones de pesos, mientras que su deuda ascendió a 37,600 millones de pesos, es decir, la deuda representó 160% de los ingresos.

En 2o. lugar se encontró Chihuahua con un nivel de ILD de 147%, seguido por Nuevo León con un nivel de deuda respecto a ingresos de 109%; mientras que Sonora reportó ILD por 23,129 millones de pesos, monto menor a la deuda de la entidad que ascendió a 24,000 millones de pesos.

En el caso de Baja California, los problemas que presentó en el 1er. trimestre del 2019 fue en la capacidad para pago de deuda y pago a proveedores.

La fortaleza de Morena es también fruto de la debilidad de la oposición partidista. Un PAN sin liderazgo y que no encuentra rumbo; un PRI que no sabe si refundarse, renombrarse o lo que sea con tal de salir de la insignificancia; el PRD que navega a la desaparición; MC que no deja de ser un partido regional, y el resto de satélites que orbitan en torno a Morena.

Mientras que el PAN y el PRI se congratulan a sí mismos por no haber perdido tanto hace unas semanas como hace casi un año, la sociedad civil está ocupada realizando el trabajo que los partidos deberían, por lo menos, intentar hacer.

Con solo escuchar a Marko Cortés o a Claudia Ruiz Massieu queda claro que cualquier contrapeso a la agenda presidencial, y por extensión de Morena, no vendrá de ahí.

Por eso han llamado la atención los logros conseguidos por el colectivo No más Derroches, integrado por diversas organizaciones y ciudadanos. A diferencia de ocasiones anteriores, en las que los grupos opositores han marchado por las calles o buscado una negociación política en el congreso, lo interesante de No más Derroches es que utiliza una vía poco explorada: el litigio jurídico.

Este grupo ha planteado un alud de amparos contra 2 de las acciones más representativas del gobierno actual: el desmantelamiento del aeropuerto inacabado de Texcoco y la construcción de su alternativa en la Base Aérea de Santa Lucía.

En el 1er. caso acaba de obtener una suspensión provisional para evitar que el gobierno inunde Texcoco y así sepulte, literalmente, la obra. En breve un juez deberá dictaminar si la suspensión se vuelve definitiva, lo cual mantendría Texcoco como está durante lo que dure el juicio.

En el 2o., el colectivo ha conseguido ya 2 suspensiones definitivas por motivos distintos. Por una parte, Santa Lucía no podrá avanzar mientras el gobierno no presente las autorizaciones necesarias en materia ecológica y arqueológica para poder construir. Por otra, tampoco podrá continuar mientras no presente los estudios correspondientes de seguridad aeronáutica.

Es decir, Santa Lucía no avanzará mientras no se determine si afectará al medio ambiente y cómo, si dañará vestigios arqueológicos y si es seguro utilizarlo junto con el aeropuerto actual. Puesto así suena elemental: para poder construirse, la terminal debe cumplir los requisitos de ley. Como debe de ser, con independencia de quién gobierne.

Pero a la oposición partidista esto le ha tenido sin cuidado. Tuvieron que ser los ciudadanos quienes reivindicaran sus propios intereses porque nadie más lo iba a hacer.

Coparmex Jalisco criticó que la invitación a discutir la Reforma Laboral se haga después de su aprobación y no antes, comentó el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Ricardo Barbosa.

"Se nos hace absurdo que se nos cite a un periodo de parlamento abierto después de aprobada la ley. En todos los países del mundo donde hay un proceso democrático adecuado, el parlamento abierto se hace antes de aprobar la ley, pero aquí es al revés, ya cuando ven todos los defectos que nosotros les señalamos desde antes de la promulgación, ahora nos llaman a platicar en julio", dijo.

La percepción de impunidad persiste porque las sanciones a ex funcionarios y ex funcionarias, y a quienes están en funciones en los actuales gobiernos, brillan por su ausencia pese a los evidentes casos de corrupción que se denuncian, y que caminan a paso muy lento en las oficinas de las distintas dependencias del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Por eso muchos y muchas cuestionaron ayer el inicio de los foros en el Congreso del Estado para hacer la llamada reforma 2.0 del Sistema Estatal Anticorrupción, que más allá de las críticas debe ser tomada como un nuevo intento para relanzar y hacer los ajustes necesarios para que funcione y parar la voracidad de una clase política y gubernamental que ve en la impunidad el mayor estímulo para cometer corruptelas en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos.

En ese sentido habrá que hacer un puntual seguimiento a la mesa interinstitucional y el ejercicio de parlamento abierto al que se comprometieron las y los diputados para ir haciendo las reformas que consoliden el SEA.

Una muestra de esa voluntad la pueden dar de inmediato al atender de una vez por todas la petición que se les viene haciendo a los legisladores desde que nació la Fiscalía Anticorrupción y que por no hacerlo se ha colapsado.

Si bien atendieron parcialmente la petición e hicieron modificaciones en el Título 7o. de la ley en la materia, para ya no enviar los casos de tortura, hace falta aún quitar otros delitos que nada tienen que ver con el combate a la corrupción o de desvíos de recursos.

Deben, pues, reformar esta ley y acotar las tareas de la fiscalía especializada, y de paso investigar si esta pifia legislativa fue solo incapacidad o dolo de algunos de la clase política para prolongar su paraíso de impunidad. Sería un buen inicio de la reforma 2.0 del SEA.

La corrupción no está en el ADN del mexicano y si ha permeado en todo el país es por la impunidad, aseveró Ernesto Canales Santos, 1er. zar anticorrupción del Estado de Nuevo León; consideró que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los sistemas estatales pasan por un momento clave para afianzarse o tener un retroceso.

El ex titular de la subprocuraduría anticorrupción neoleonesa dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad de consolidar la lucha contra la corrupción y sancionarla. Apuntó que en sus primeros meses la administración federal mostró poco apoyo al tema.

"Estamos muy preocupados por una acción que tomó el gobierno y me refiero a la prisión preventiva obligatoria para los delitos de corrupción. Retrocedimos al sistema anterior y es muy peligroso para las libertades del país, pues se otorga al ejecutivo un cheque en blanco para meter a la cárcel a cualquier opositor", comentó.

Añadió que hay fuerzas que buscan interrumpir la operación de los sistemas anticorrupción y sus avances. Puso como ejemplo el caso de Nuevo León, en donde, desde el congreso estatal, el PAN y PRI modificaron las leyes para quitarle autonomía al esquema anticorrupción y crearon una fiscalía a modo.

Canales Santos visitó Guadalajara para presentar su libro ¿Cómo nos arreglamos?, obra en la que narra su experiencia en los 3 años que encabezó el ente de combate a la corrupción y los obstáculos que sorteó.

"Los obstáculos son muchos. Algunos están en la ley, como por ejemplo el juicio de amparo que ha caído en graves vicios. Las suspensiones de juicios de amparos contra procedimientos por corrupción se dan a diestra y siniestra e impiden que el proceso penal tenga celeridad", puntualizó.

Las elecciones de este domingo en 6 estados tuvieron las peores cifras de participación ciudadana en los últimos años.

Quintana Roo, donde se eligió congreso, tuvo un récord de abstencionismo de 78%. En BC fue de 70%, mientras que en Puebla de 77%. Porfirio Muñoz Ledo dijo que estas cifras no son alentadoras para la democracia.

Morena y sus aliados salieron al ruedo como el gran favorito. Se esperaba que el efecto López Obrador invadiera y arrasara voto por voto y casilla por casilla. No fue así. Si bien Morena es sin duda el gran ganador de la contienda ya que se lleva las 2 gubernaturas en juego, lo hace de manera menos contundente de lo esperado y con altibajos en otros estados.

El PAN, que para algunos es el gran perdedor de la jornada, pues es el derrotado en las 2 elecciones de gobernador, tiene por el contrario muy buen desempeño en Tamaulipas, Aguascalientes y Durango. En el 1o. prácticamente arrasó, con 21 de las 22 diputaciones locales. Lo que sí quedó en evidencia es que el conflicto interno sigue sin sanar: Ni les fue tan mal como dicen los detractores del presidente Marko Cortés ni tan bien como presume el Comité Nacional.

Al PRI le fue fatal, pero menos mal de lo esperado. Que el resultado del PRI sea malo y no pésimo se debe quizá al alto nivel de abstencionismo con lo que su voto duro, reducido a su mínima expresión les alcanzó para tener mejores resultados de lo esperado en las encuestas. El PRD apareció como una especie de zombi y MC demostró que sigue siendo un partido de regiones.

La abstención es la nota preocupante de la jornada. Es sin duda el ambiente sobrecargado: hay una saturación política y una crispación social que poco animan a los votantes.

Para los que pensaban que la democracia y el sistema de partidos estaban acabados, nada más falso: Las instituciones democráticas funcionan y el pluralismo del país ahí está tan vivo como siempre en el último cuarto de siglo. La alternancia se da sin sobresaltos y los partidos, a pesar de sus crisis recurrentes y problemas de identidad siguen siendo el mecanismo para canalizar la discrepancia política.

El sistema de partidos en México está roto. El viejo tripartidismo quedó sepultado el pasado primero de julio. PRI, PAN y PRD tienen hoy menos del 40% de las simpatías de los mexicanos en las urnas. De las cenizas, emergió Morena. La plataforma de López Obrador que todavía no sabemos si será un partido organizado y estructurado al estilo de los tradicionales, un vehículo que sirvió para una coyuntura determinada pero que no tendrá mucho sentido cuando se vaya López Obrador o un movimiento social institucionalizado al estilo sudamericano. Tal vez, Morena tiene algo de todo lo anterior; empero, lo indudable es que parte como favorito para arrasar en las primeras elecciones que se celebran luego del triunfo presidencial de López Obrador.

Hay quien piensa que Morena está construyendo una hegemonía equiparable a la del PRI de los años del partidazo. Discrepo de esa idea, pero es cierto que la debilidad de la oposición en México les está abriendo la puerta a muchos gobiernos. Morena aprovecha la ruptura del sistema de partidos para colocarse como un instituto político que jala votos a la derecha y a la izquierda, entre los conservadores y los progresistas.

El Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción señaló, en la presentación de su 5o. informe en Casa ITESO Clavigero, que se ha detectado, en Jalisco y a nivel federal, que "aproximadamente 2 terceras partes de los servidores públicos que tienen cargos directivos no son reclutados conforme al perfil requerido, ni son evaluados mediante exámenes formales de ingreso", comentó Paul Alcántar, integrante del colectivo Tómala.

Ante esto, el activista acentúo que si el combate a la corrupción es de interés de los 3 niveles de gobierno y de los organismos autónomos, parte del Sistema Estatal Anticorrupción, "se debe transitar hacia la Ley de Designaciones Públicas que corrija de fondo esta situación", comentó.

También recordó que es corrupción la asignación de puestos públicos por compromisos con amigos, para pagar favores políticos y cubrir cuotas de partidos.

En el semáforo de observaciones que hizo la organización, el punto de la implementación y gestión de la Ley de Designaciones Públicas continúa en rojo, es decir, que no se ha cumplido.

El Observatorio concluyó sobre este tema que es necesaria una designación de puestos públicos con "mecanismos abiertos, competidos, transparentes y basados en perfiles técnicos que dignifiquen el servicio público en todos sus niveles y reduzcan el control político de los partidos sobre los procesos".

En mi inocencia, es decir, en mi ignorancia, pensaba que los partidos políticos querían llegar al poder para cambiar la sociedad de acuerdo a sus valores. Pero ahora comprendo que lo que quieren es cambiar sus valores hasta atinar con los más adecuados para llegar al poder. Lo que reforzaría la evidente sospecha de que, más que buscar la grandeza del país, buscan la suya propia. Probablemente siempre ha habido, en todos los momentos y todos los partidos, una tendencia oculta hacia este oportunismo, este chaqueterismo. Pero lo que me deja alucinada es el descaro con que ahora lo hacen. Se acabaron las máscaras. "Estas son mis opiniones; si no le gustan, tengo otras", decía el gran Groucho, que siempre supo más de la vida que el otro Marx.

Enrique Alfaro no termina de hacer clic con sus gobernados y eso va creando una distancia entre él y sus seguidores.

Han pasado 6 meses desde que tomó posesión, y se siente lejano a la vida de los habitantes del estado.

Para ser la figura más relevante en este momento de Jalisco, y siendo éste uno de los estados más importantes del país, a Alfaro le hace falta presencia aquí en eventos de cercanía con la gente (su gente), y en coberturas de medios de comunicación que hablen de esa cercanía con la gente.

Alfaro, a diferencia de sus antecesores, decidió acabar con la práctica de repartir dinero en los medios de comunicación para garantizar su cobertura y presencia. Algo totalmente plausible porque se prestaba a manipulaciones perversas, malos manejos y hasta chantajes de ambas partes.

Pero Alfaro fue más allá.

No busca a los medios tradicionales. La prensa, la radio y la televisión.

Le ha apostado a comunicar por las redes sociales, fundamentalmente sus cuentas de Twitter y Facebook, pero ya está visto que esa difusión es especializada y muy limitada, porque obliga a los receptores a estar al pendiente de las cuentas del gobernador cuando las redes son un océano de informaciones diversas, inundadas de contenidos de todo tipo, y donde hay líneas de información mucho más interesantes y atractivas que lo que de carácter institucional tenga que decir un gobernador.

Alfaro necesita a los medios tradicionales, y los medios necesitan a Alfaro.

Hace falta en televisión, radio y prensa esa presencia a la altura de alguien que, como él, se ha echado a la espalda la tarea de guiar un estado de manera diferente en tiempos difíciles y en un entorno que cada vez se ve más complicado.

Necesita mostrarse públicamente como esa alternativa que eligieron los jaliscienses por encima del arrastre nacional de López Obrador y de los partidos tradicionales.

Una buena política de acercamiento a los jaliscienses en los medios ayudaría, además, a atenuar esa imagen de enojo y pleito que parece caracterizarlo ya en casi todas sus intervenciones.

Héctor Pizano fue el gran promotor del haber de retiro para jueces y magistrados, ese "bono" millonario que reciben al jubilarse y que [el gobernador] Alfaro quiere eliminar.

La medida la impulsó Pizano como diputado priista. Ahora que cambió de patrón, ¿el diputado naranja defenderá la compensación millonaria en contra de los designios de su jefe?

¿Hasta dónde sería posible y provechoso el que las asociaciones religiosas tuviesen diputados en el congreso? Es una cuestión bastante polémica, pero no saldría a flote si no se diera ya por lo menos en el Congreso de Jalisco, en el cual una asociación religiosa suele tener por lo menos una diputación.

Que eso va en contra del estado laico, desde luego, es una flagrante violación, pero también expresa la facilidad con la cual los partidos se corrompen, se dejan sobornar, y como no queriendo darse cuenta, otorgan candidaturas a tales o cuales asociaciones evidentemente religiosas, precisamente porque son tales asociaciones. Hagamos un acto de imaginación: de pronto frente al escritorio de un presidente de partido, como sería el PRI o Movimiento Ciudadano, o cualquier otro, llega el emisario de una de estas asociaciones a negociar el otorgamiento de una candidatura a un determinado miembro de su grupo de creyentes, el presidente partidista no puede ignorar de qué se trata, sería muy penoso que alguien con ese cargo no se diera cuenta de quiénes le solicitan la candidatura; pero al otorgarla, ¿es a cambio de qué?

Bueno pues resulta que una y otra vez, cuando no un partido, otro, otorgan a esa misma asociación religiosa con sede en el oriente tapatío, candidaturas seguras, incluso hasta las pueden obtener en uno y otro partido, de tal modo que si en éste pierden, en aquél ganen. Posteriormente, no uno sino muchos puestos públicos se otorgarán a los miembros de su religión exclusivamente por tratarse de ellos, es decir, cometiendo un acto lamentable de discriminación religiosa pues es en función de su religión que se les otorgan los puestos, como claramente lo declaró un funcionario de la actual administración a pregunta expresa, justificándose en que este tipo de personas eran muy leales al partido y muy confiables en el trabajo, ¿y el estado laico?

El estado laico será el tema de un foro organizado recientemente en el congreso estatal justamente por el diputado religioso ya triunfante gracias a los buenos oficios de su asociación religiosa y de la flexibilidad legal de Movimiento Ciudadano; asunto del todo paradójico y una vez más confirmatorio de que no vivimos en un país serio, de que en esta nación el surrealismo es no su 2a. sino su 1a. piel, ¿Cómo quien obtuvo una curul pisoteando el estado laico, organiza un foro para defenderlo?

Desde luego la temática no fue tanto el estado laico, cuanto un ataque a lo que eufemistamente llamaron ahí "religiones mayoritarias", como si en Jalisco hubiera muchas.

De cualquier manera lo importante del asunto es llevar las cosas a un nivel de igualdad en derechos y en participación, si ya de hecho hay diputados que en el congreso estatal defienden los intereses de su religión, y están ahí en función de su religión, pues que las demás religiones, mayoritarias o minoritarias, tengan también la misma posibilidad, a fin de superar una fase inesperada de vuelta al pasado en que el estado favorecía una determinada religión en detrimento de las demás, es decir, el llamado régimen de privilegios.

En uno de los Faustos de Goethe hay una escena en la que el personaje está hablando con el chamuco y le pregunta ¿qué hacer cuando se le acaben las ideas? Y el diablo le contesta: di palabras, esa escena para mi es un ejemplo de lo que hacen y declaran los políticos.

Dígame si no, cuando anuncian la apertura de los futuros Campos Elíseos en el que creo que se llamará Paseo Alcalde y los pronósticos son verdaderamente inmejorables según nuestras amadas autoridades que tanto de preocupan por nosotros, dicen que quedó de rechupete, que sorprenderá al mundo, pero la realidad es que una maquinota que ahí trabajaba se cayó en un megahoyo, de repente se sorprendieron y lo más que dijeron fue que esto, que lo otro, que fue y que vino y que se investigará hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, que es perfectamente normal, que estaba así pensado, es más a la mejor pueden anunciar alguna resbaladilla de la superficie al tren ligero para si algún día funciona.

Otra de las quejas se acumulan es de la violencia, que la mayoría atribuye a la actuación de la delincuencia organizada y yo incluiría a la delincuencia desorganizada, al gobierno, personalmente yo no creo que sea culpa del gobierno actual, esto ya lleva mucho rato, lo que sí, creo que en todos sus niveles no creo y ojalá me equivoque, a ningún nivel tienen idea de cómo restaurar la confianza (que debemos distinguir de los hechos reales y la percepción de la gente) cada mes alguna autoridad declara que los delitos han bajado, pero como que la raza no les cree, porque se usa la estadística para manejar las declaraciones de tal manera que algún día tendremos que concluir que son falsas las víctimas.

Por otra parte los medios, sobre todo, critican el nuevo sistema penal, que nos impusieron los gabachos y al que de metiche creo que el desbalance viene de querer aplicar un sistema de 1er. mundo en un país del 3er. mundo, pero todo tiene cosas buenas también, platicando con una gente que creo le entiende del tema me hizo notar que con este nuevo sistema el gran avance es que pocas veces entamban a un inocente y eso pues es bueno.

Lo que sí es que han de traer mucha lana porque como se anuncian obras nuevas, por eso no nos vamos a quejar.

Creíamos que Alberto Uribe -ex alcalde de Tlajomulco para aquellos que no lo recuerdan- andaba feliz sellando pasaportes, pero nos equivocamos.

Después del desorden administrativo que heredó según la nueva gestión municipal, el neo-morenista Uribe reapareció como ponente en el México Business Forum de la Ciudad de México.

Ofreció una "lección" sobre Inversión Extranjera Directa (IED) en la que por cierto nuestro país cayó 8 lugares a nivel mundial según la consultora AT Kearney.

Seguro que Marcelo Ebrard tiene al ex alcalde como consejero económico y comercial pues en su gestión municipal una vez se reunió con varios chinos para captar inversión del gigante asiático -de la que nadie supo más-.

En medio de las diferencias entre los diputados [locales] del PRD Enrique Velázquez y el emecista Salvador Caro por el método de nombramiento de magistrados, se filtró la versión de que el padre del perredista, juez de Control de Tercer Circuito Judicial, fue quien dejó libre a "El Chofo".

Y mientras tanto, los partidos se frotan las manos con las negociaciones para ocupar con sus "cuotas y cuates" las 4 vacantes de magistrados.

Pobre Jalisco.

A los problemas de inseguridad y deficiencias en la impartición de justicia hay que añadir ahora los conflictos políticos, las peleas por las cuotas de poder, las versiones a medias y allí nos hallamos.

La Cámara de Diputados aprobó ayer las reformas constitucionales al Artículo 74 para "prohibir" el uso de las partidas "secretas" en el presupuesto federal; es decir, que no puedan ser fiscalizadas. Los legisladores presumen que la iniciativa pretende evitar cualquier acto de corrupción por parte del gobierno de López Obrador y, sobre todo, para evitar el uso discrecional del presupuesto.

¿Estarán preocupados también los 32 gobernadores, por ser una reforma constitucional? Por aquello de los miles de millones de pesos que ejercen como quieren cada año, gracias a los recursos extraordinarios que llegan de la federación.

Nadie, excepto los directamente beneficiados, está de acuerdo con la forma en que el Congreso [de Jalisco] elige a los magistrados del poder judicial y otros cargos públicos. Los diputados se reparten las designaciones cual botín de guerra; ese es el 1er. gran acuerdo entre fracciones parlamentarias antes de comenzar cualquier legislatura y luego viene el 2o. reparto dentro de los partidos (excepto claro los que tienen dueño donde el jefe se queda con todo) de manera que toda designación termina teniendo una correa que va directo a las manos de un político.

Con el afán de modificar este esquema perverso, el gobernador Enrique Alfaro, a través de su operador en el congreso, el diputado Salvador Caro, está proponiendo modificar la forma en que se elige a los magistrados del poder judicial para que, como se hacía antes, sea el gobernador y solo el gobernador quien tenga la atribución de proponer ternas. El argumento que van a esgrimir, ya lo estoy escuchando, es que así es como se hace a nivel federal y por lo tanto no solo es legítimo sino deseable y que el equilibrio se da en la medida en que son nombramientos por 15 años con lo que ningún gobernador tendrá control absoluto.

La capacidad corruptora del congreso es ciertamente insospechada y lo que pasa por sus manos siempre tiene un dejo de sospecha. Es gracias a este sistema de cuotas y cuates que tenemos magistrados impresentables (no voy a citar nombres, no quiero omitir a alguno de los impresentables y luego se vaya a sentir). Pero la solución no es volver al pasado, que tan de moda está decir que fue mejor. Lo que necesita Jalisco para esto que se ha dado por llamar Refundación es un sistema de designaciones públicas que permita a los mejores hombres y mujeres aspirar, legítimamente y sin necesidad de deber favores, a los cargos públicos que determina el congreso.

Está claro que los únicos poderes legítimamente constituidos y que son los que deben tener la responsabilidad final de elegir magistrados del poder judicial, consejeros electorales o presidente da la Comisión de Derechos Humanos, son el ejecutivo y el legislativo; sobre ellos debe caer siempre la responsabilidad final. Lo importante es quitarle el grado de discrecionalidad con la que ejercen el poder subiendo los requisitos de elegibilidad y obligando a los poderes a razonar sus postulaciones. Ningún magistrado o consejero electoral, por ejemplo, debería serlo sin pasar un examen de habilidades y conocimientos frente a un órgano independiente. El gobernador o el congreso, quien lo proponga, debería, por ley, hacer una exposición de motivos y una declaración de intereses. El voto en el congreso debería ser público y razonado y no secreto y en bloque, etc.

Abolir el sistema de cuotas y cuates para avanzar hacia uno de designaciones públicas basada en méritos y habilidades comprobables debería ser uno de los pilares de eso que el gobernador impulsa como la Refundación de Jalisco.

Es una afrenta y una vergüenza pública que, a 27 años de las explosiones del 22 de abril de 1992, los damnificados sigan planteando las mismas demandas y exigencias al Gobierno. Es una muestra de desidia, indolencia e incapacidad de la clase política que ha mal gobernado este estado.

El pasado lunes los damnificados hicieron un recuento de sus exigencias y son, prácticamente, las mismas que plantean año con año. No son demandas que no deban exigir en justicia, y no son demandas onerosas o desproporcionadas que las autoridades no pudieran cumplir y resolver, si tuvieran vergüenza y sentido de la responsabilidad.

Las exigencias de los damnificados fueron pasando como una papa caliente en los gobiernos de los panistas Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez y del priista Aristóteles Sandoval Íñiguez. El 22 de abril el actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano, prometió que en este año, su gobierno cerraría los capítulos pendientes con los damnificados. Vamos a ver si cumple su promesa.

Esta desvergüenza de los gobiernos de no resarcir por completo los daños que las explosiones del 22 de abril causaron a miles de personas, ocurre porque los responsables de los hechos jamás fueron investigados, sentenciados y obligados a pagar por sus responsabilidades por lo que la tragedia quedó impune, como una marca indeleble de nuestra vida pública.

Desde un momento de la tragedia, los tapatíos supimos que la responsabilidad apuntaba a Petróleos Mexicanos (Pemex), única responsable de un derrame de hidrocarburos de la dimensión necesaria para explicar las explosiones ocurridas el 22 de abril de 1992.

Hasta ahora, el 22 de abril es una herida abierta porque los responsables jamás pagaron por su negligencia y delitos, que causaron daños a miles de tapatíos.

El voto otorgado el 1o. de julio de 2018 por más de 30 millones de mexicanos orillados por el supuesto hartazgo generado por los partidos políticos, la inmensa corrupción e impunidad de los mal llamados "servidores públicos", ha presenciado incrédulo una fluida coriente migratoria del PRI-AN/PRD al beatífico paraíso de Morena. Con la mesiánica frase: "ve y no peques más...".

Zapatos de diseñador con valor mínimo de 20,000 pesos, adopciones de elefantes y rinocerontes en viajes a un safari en África y tours enfundados en vestimenta árabe arriba de camellos, son parte de los lujos que legisladores locales y federales pertenecientes al Partido Movimiento Ciudadano se pueden dar.

Han sido semanas en los que una constante ha destacado: el cuestionamiento por la falta de sensibilidad política de las autoridades en turno ante la dudosa operación en la adjudicación de grandes contratos, que lo compara con anteriores administraciones. Desconcierta aún más, que esto suceda después de años de pregonar que ellos, los que formaron el Partido Movimiento Ciudadano en Jalisco y sus militantes, serían distintos al resto.

Si alguna diferencia habría que señalar, sería en todo caso la rapidez con la que perdieron el rumbo y marcaron la distancia con sus gobernados, la ciudadanía. Cada vez son más los detalles que -aparentemente pasan desaparecidos- pero abrieron una caja de Pandora cuando el gobernador Enrique Alfaro observó a finales del mes de febrero, en primerísima fila, un partido de los Lakers de Los Ángeles.

Con su tiempo libre y dinero puede él y cualquier servidor público hacer lo que quieran, pero por el grado de responsabilidad que exige su trabajo, la sensibilidad, empatía y solidaridad deben ser cualidades intrínsecas al puesto que ejercen, principalmente cuando han gastado millones de pesos en redes sociales para posicionar mensajes donde afirman ser conscientes de la realidad. Lo que parece que no han entendido es que la realidad que más lastima a los jaliscienses es la inseguridad.

Las campañas de comunicación empleadas ya no son suficientes para ocultar las evidencias. Y no, las críticas y reclamos no son violencia política, como pudieran argumentar algunas legisladoras. Son la respuesta a la incongruencia con la que se conducen y que presumen en redes sociales: por un lado, las diputadas Mirza Flores y Ana Lidia Sandoval utilizando zapatos de marcas de lujo como Yves Saint Laurent, con valor de casi mil dólares, los mismos con los que aparecía en eventos públicos Rosario Robles, protagonista de la "La Estafa Maestra". Por otro, la representante de los jaliscienses en el Senado, Verónica Delgadillo, que gusta de viajar por el mundo y hacer relatos al estilo de los blogueros de moda, se da el lujo de adoptar "virtualmente" jirafas y rinocerontes.

Recientemente otro senador de la bancada naranja, Samuel García, aprovechó un viaje de trabajo a Qatar para posar como un jeque arriba de un camello. Y ante las críticas, calificó a sus detractores como "ardidos". Así el nivel.

La pregunta es, ¿a quién creen ellos que representan?

Aunque parezcan frivolidades, cada vez molestan más estas exhibiciones, porque son un ejemplo de los privilegios de la clase política, esos a los que la mayor parte de los mexicanos no pueden acceder. ¿En que se convirtieron al llegar al poder? ¿O es acaso que ahora empiezan a revelarse como son? Igual que los demás, los mismos de siempre.

Siendo totalmente cierto y certero el diagnóstico (tampoco se necesita ir a Harvard para hacerlo) de que los municipios no cobran como debían, centralizar el cobro del impuesto predial sería un paso mayor e irreversible hacia el centralismo. Si los municipios hoy son el desastre administrativo que son se debe fundamentalmente a 2 cosas: un 115 Constitucional que, como hemos dicho en otras ocasiones, es demasiado grande para los municipios pequeños y demasiado estrecho para el gobierno de las ciudades (más temprano que tarde tendremos que pensar en figuras distintas y adecuadas, pero ese es otro tema) y una dependencia fiscal de la federación que ha provocado que los gobiernos municipales sean cada día más inútiles y mantenidos. Para cualquier alcalde con sueños de reelección, le es más rentable ir a llorar a Hacienda que cobrar lo que debe a los ciudadanos que decidirán su futuro. Los ayuntamientos tienen bajo su responsabilidad el cobro de multas, licencias y derechos y el deporte favorito de los regidores es condonarlos. El único impuesto que está hoy bajo su responsabilidad es el predial y efectivamente lo cobran poco y mal.

La opción de que sea la federación quien cobre el predial y, previo descuento de la comisión, transfiera los recursos que le toca a cada uno les quita a los municipios la carga de tener una estructura de cobro, pero sobre todo en los municipios pequeños de tener que cobrarle, o peor aún embargar, al compadre, al amigo, al ahijado, y a la mamá. La Federación tiene, además de la desvinculación territorial (Hacienda no tiene parientes) una capacidad de coacción y sistemas de cobranza bastante eficientes.

El esquema tiene sin duda virtudes administrativas, pero si no va acompañado de un proceso de desarrollo institucional solo provocará que los municipios sigan siendo menores de edad y una exacerbación del centralismo y la concentración de poder que, en la presidencia de López Obrador, parece avanzar a pasos agigantados.

El presidente municipal de Talpa de Allende, Martín Eduardo Guzmán Peña, ordenó el arresto del regidor Kito Franco, luego de un desencuentro durante la 8a. sesión ordinaria del ayuntamiento del mencionado municipio.

Guzmán Peña, quien llegó a la alcaldía de Talpa de Allende bajo los colores del PRI, afirmó que ordenó el arresto debido a que el regidor de Movimiento Ciudadano (MC) se manejó con una actitud irrespetuosa ante él y el cabildo que encabeza y descartó que la acción haya estado relacionada con posturas políticas.

"No tiene nada que ver con su actuación como regidor, simple y sencillamente en base a la ley por falta de respeto a la autoridad y el recinto se le mandó detener", afirmó.

El presidente sostuvo que el arresto se dio luego de que se le solicitara al regidor el comportarse de manera respetuosa durante la sesión, llegando a proferir "mentadas de madre".

"El regidor en cuestión se la pasa continuamente insultando a mi persona y faltando al respeto al recinto", señaló el edil.

En un video donde se puede observar una discusión durante una sesión de cabildo anterior a en la que se dio el arresto, se puede observar que Franco sí profiere palabras altisonantes contra el alcalde.

El incidente ocurrió durante la noche del pasado viernes 5 de abril y el regidor pasó 13 horas bajo arresto luego de que le diera a elegir entre esta opción o realizar trabajo comunitario, según contó él mismo. El regidor adelantó que él y MC darán a conocer las acciones que llevarán a cabo.

Los "chapulines, sabandijas, vividores y mercenarios" de la política son resultado de la insuficiente formación ideológica y de nuevos cuadros, lo cual se ha convertido en la principal debilidad del sistema político mexicano de hoy en día, ya que desde hace décadas, la fórmula más socorrida por la mayoría de los nuevos y algunos viejos partidos políticos para mantener sus estructuras, ha sido la "compra de voluntades".

Los candidatos independientes que tanta expectativa causaron en la elección de mediados del 2018 -sin resultados convincentes en las urnas-, así como los que decían renegar del sistema de partidos políticos, hoy dicen estar trabajando en fortalecer lo que ayer criticaban, pero no necesariamente mediante la formación de "cuadros" propios, sino más bien, cooptando, comprando y/o estableciendo acuerdos y alianzas, muchas de ellas calificadas como de contra-natura, pero de cuantitativos resultados.

En la "época moderna" el antiguo concepto de ideología ha sido transformado en un tratado de conveniencias sujeto a la negociación, al alcance del mejor postor, pero sobre todo en un esquema en el cual la cooptación parece ser la mejor herramienta de quienes, incapaces de conformar sus propios "cuadros" optan por aprovechar la confusión, frustración y hasta la necesidad de algunos actores, con tal de poder allegarse votos extras.

Hay quienes afirman que de ideología nadie come, y puede que tengan razón, empero, una cosa es vender un trabajo profesional, y otra muy distinta, cambiar de partido cada que las circunstancias $$$ apetecen.

Por supuesto que cada cual es libre de optar por el instituto político con el cual tenga más coincidencia, más y mejores oportunidades, pero dejar la "cuna" que te formó para luego vituperar a quien te dio lo necesario para sobrevivir y formarte, y afirmar que tal opción es de lo peor, me parece que además de ser un contra sentido, se convierte en su peor tarjeta de presentación, al ser un desagradecido.

Si las nuevas generaciones, así como las incipientes organizaciones, y los desesperados intentos -que los hay- de crear una nueva forma de participación política que venga a coadyuvar al logro de mejores estándares de vida para la mayoría de los mexicanos, no se ocupan de crear y fortalecer sus "cuadros", será casi imposible que nuestra gran nación alcance los estándares que muchos de nuestros visionarios héroes nacionales soñaron, por lo que lejos de contribuir a lograr un México mejor, se estará siendo cómplice de aquellos para los que el poder sólo es el medio para enriquecer su patrimonio material y sus ínfulas de poder político y social.

La solución es "sencilla": es cuestión de ponerse a trabajar en una mejor selección de sus militantes y de sus directivos, pero sobre todo imbuirles una ideología a favor del prójimo.

Tanto Andrés Manuel López Obrador como Enrique Alfaro no toman la crítica de la mejor manera. En lugar de entender el papel del disenso, los calificativos llueven por doquier. López Obrador llama conservadores, fifís y neoliberales a todo aquél que discrepa de la línea oficial. El presidente sospecha de la sociedad civil y los califica como marionetas de los poderes fácticos empresariales. Todo quien critica sus políticas públicas o posicionamientos, de acuerdo a la visión del jefe del ejecutivo, es sospechoso de los intereses más inconfesables. No importa si es la Coparmex, el Colectivo Seguridad Sin Guerra o el diario Reforma. Los fifís son ese caparazón que busca la supervivencia del sistema y el estatus quo. Más que lucha de clases, es llevarnos permanentemente a los debates decimonónicos.

Enrique Alfaro también lo hace. Cuando se discutió la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) cargó contra las organizaciones feministas y sociales. Se deslizó en la opinión pública que las activistas tenían sus intereses y que sus quejas no eran legítimas. Lo mismo pasa con algunos medios de comunicación. El gobernador trasciende el válido derecho de réplica, que debe respetarse a todos los gobernantes, y califica como "periodiquito" o "basura" a los periódicos que no le gustan. En democracia, el gobernante puede expresar su opinión sobre el trabajo del periodista -eso no es problema- el asunto es que la descalificación invisibiliza la rendición de cuentas. El gobernante tiene el derecho de dar su opinión sobre el periodismo, pero nunca eludiendo responder por notas que ponen en tela de juicio la forma en que se ejerce el poder.

La intolerancia al disenso no significa que la libertad de expresión esté en riesgo. Estas son dos dimensiones del debate que suelen confundirse. Qué Alfaro llame a NTR "periodiquito" o qué López Obrador catalogue a Reforma de “prensa fifí” no supone erosión de la libertad de expresión. Tampoco qué Donald Trump se meta con The New York Times en Estados Unidos o qué Pablo Iglesias en España diga que los dueños medios de comunicación tienen intereses económicos y buscan utilizar su cobertura para favorecer dichas aspiraciones. El gobernante debe respetar el disenso por ser connatural a la democracia, pero las descalificaciones no ponen en riesgo la libertad de expresión.

Lo que atenta contra la libertad de expresión es la vieja táctica priista de reconocer al periodista en público, pero presionar por su silencio detrás de bambalinas. Utilizar la chequera del gobierno para sacar del aire a comunicadores críticos y premiar a los leales al régimen.

En México debemos normalizar el debate abierto entre medios de comunicación y periodistas, por un lado, y gobernantes, por el otro. Eso no significa justificar insultos. Pero sí simboliza pasar de un régimen en donde la relación entre el poder y la prensa se planchaba en lo oscurito, en el palacio, a una democracia deliberativa en donde la prensa publica lo que cree oportuno y el gobernante, sea estatal o nacional, opina con apertura sobre el ejercicio periodístico.

No creo que la libertad de expresión esté en riesgo, ni en Jalisco ni en México. Siempre y cuando, la sociedad abrace y proteja los espacios de disenso.

La crítica fundada, las opiniones diferentes con motivaciones sanas y constructivas detrás de ellas, aunque molesten, no son intentos malvados para perjudicar o dejar "mal parado" a quien se equivoca, piensa o hace mal, sino la oportunidad para meditar, y en su caso corregir o mejorar.

Los políticos debieran molestarse no con quienes les dicen la verdad, o con quienes con fundamentos y experiencia critican y sugieren soluciones distintas a los problemas, sino con quienes les dicen siempre lo que quieren oír.

Los amigos no mienten, los enemigos sí. Los amigos critican de frente, los enemigos por detrás. Los amigos sostienen públicamente sus críticas, los enemigos las esconden.

La adulación es el disfraz preferido de los enemigos, por ello, en lugar de que los gobernantes desconfíen de sus críticos, debieran desconfiar de los aduladores incondicionales cuyo único fin es quitarlos de la silla para ponerse ellos. Los ciudadanos críticos lo único que queremos es vivir mejor trabajando en lo nuestro, no sus puestos.

Cuando la sociedad civil, organizada o desorganizada, critica u opina diferente, hace lo que los amigos sinceros hacen cuando ven a un camarada dirigirse a un barranco: tratar de detenerlo, no de empujarlo.

Si los funcionarios públicos de alto nivel, los diputados y senadores se dieran la oportunidad de escuchar consejos de expertos que en muchos temas saben más que ellos, de personas valiosas fuera de sus círculos de poder que ven las cosas de otra manera, y sobre todo, que no tienen necesidad de quedar bien con nadie, habría menos pifias y mejores resultados.

No escuchar, sentirse agredidos, o peor aún, tratar de callar las opiniones de quienes piensan diferente, sólo puede ser por dos razones: o por soberbia o porque hay una agenda oculta. Y en cualquiera de los casos el final no es bueno, pues la soberbia hace que se cometan estupideces por orgullo, y las agendas ocultas si acaso benefician a alguien es a ellos mismos o a la mafia del poder en turno, mas no a la sociedad.

Si los gobernantes escucharan, si supieran que la lógica elemental en la que juegan es apenas el aperitivo, la botana del banquete de la filosofía; si tan sólo entendieran que los razonamientos primarios que hacen son sólo ambiciones de dinero y poder disfrazadas de racionalidad y trascendencia, tal y como el filósofo americano Will Durant decía (traduzco): "pretenden construir edificios de pensamiento imparcial, cuando en realidad sólo seleccionan aquellos datos y acuerdos que le dan dignidad a ciertos deseos patrióticos personales", otro "ganso" cantaría.

Las personas intelectualmente pobres evitan, denuestan o agreden a quienes manifiestan críticas u opiniones diferentes, porque en muchos casos exhiben las falacias o las debilidades de sus ideas y silogismos.

Tienen la "valentía" para atacar al amparo de las influencias y fuero que les protege, a quienes señalan sus errores, pero no tienen la valentía para sincerarse con ellos mismos y reconocer las críticas fundadas o la falta de experiencia y conocimientos en determinados asuntos.

No confían en los expertos ni en la motivación y sano interés de la sociedad más informada y educada por una sola razón: el león cree que todos son de su condición.

Ah... si tan sólo escucharan..., si la clase política tuviera la humildad para reconocer errores y la fortaleza para corregirlos, entonces sí que lograrían la transformación del país, pero no por decreto o simples deseos de grandeza, sino porque ellos mismos se transformaron, y no por una 4a. vez sino para siempre.

Nos adelantan que el Congreso de Jalisco pretende avalar esta semana el nuevo plan de verificación vehicular.

¿Cuál es el sospechosismo? Que el dictamen se subiría al pleno este viernes, cuando está pactada la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Guadalajara en donde habrá desde conferencia mañanera hasta recorrido por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero.

Muchos indignados -por el incremento en las sanciones, el regreso de los verificentros y hasta el retiro de circulación de los vehículos que no pasen en una 2a. verificación- coinciden en que los diputados pretenden 2 cosas.

La 1a.: aprovechar que López Obrador acaparará todos los reflectores de la cobertura del viernes y que los medios de comunicación priorizarán esas noticias para las publicaciones del día siguiente.

La 2a.: como es fin de semana y se avecinan las vacaciones, pues de una vez lanzarán el polémico dictamen.

Por eso hay un reto para los legisladores: ¿Podrían esperar a la siguiente semana?

El martes 12 de febrero el Comité de Adquisiciones del poder ejecutivo del Estado de Jalisco decidió asignar un contrato por 3,634 millones de pesos al Grupo Mega, cuyo propietario es Guillermo Romo Romero. 2 semanas después, el miércoles 27 de febrero, el mismo empresario departía con el gobernador Enrique Alfaro, la diputada local Mirza Flores y otros acompañantes, en el partido de basquetbol de los Lakers, en Los Ángeles, California. Según dijo en un inicio la diputada Mirza Flores, los boletos los habría pagado el empresario tequilero.

Sólo este hecho, de la cercanía y convivencia entre el titular del poder ejecutivo y el empresario que se ganó un contrato de 3,634 mdp, merecería que las autoridades correspondientes revisen el caso. Pero no es el único indicio para sospechar de un "turbio" proceso de licitación de este jugoso contrato, como bien ha descrito Sonia Serrano en sus sólidos reportajes en el diario NTR.

- La relación entre las empresas Grupo Mega y Avancap (de las 4 participantes las únicas avaladas para competir por el contrato) a través de la abogada Mariel Rodríguez Printzen y del director comercial Román Ibarra Gangoiti.

- Mismo domicilio reportado por los anteriores personajes, entre Grupo Mega y Avancap.

- Vínculo de parentesco (tío segundo) entre Juan Jaime Petersen Farah, miembro del consejo de administración de Grupo Mega y Esteban Petersen Cortés, secretario de Administración y presidente del Comité de Adquisiciones del poder ejecutivo estatal, según Álvaro Quintero en su denuncia ante la Contraloría del Estado.

- Participación de los hermanos Carlos y Jorge Salinas Osornio, según denuncia de los diputados de Morena: el 1o. tiene el puesto de Inteligencia Comercial en el despacho del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y el 2o. es asesor del empresario y estuvo presente en la gira en Los Ángeles y en el partido de los Lakers.

- Mariel Rodríguez Printzen trabajó antes en las notarías públicas la 26 a cargo de David Alfaro Ramírez, hermano del gobernador y en la notaría 83, cuyo titular es Enrique Alfaro Anguiano, padre del mandatario (Sonia Serrano, NTR, 2 abril 2019).

- Historial de contratos anteriores entre el Grupo Mega y gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano en Guadalajara y Tlajomulco.

Ante estos indicios, suficientes para pensar que sí hay conflictos de intereses, la respuesta del Gobierno del Estado ha sido la débil defensa del proceso de licitación y declaraciones descalificatorias del gobernador Enrique Alfaro quien dijo que no respondería "mentiras" a un "periodiquito".

Ante esto la Contraloría del Estado dio entrada ayer a las denuncias presentadas por Jorge Carlos Ruiz Romero (por "posible tráfico de influencias a favor del empresario Guillermo Romo Romero") y de Álvaro Quintero Casillas, por "posibles faltas administrativas y delitos en que habrían incurrido durante el proceso de licitación" de la maquinaria rentada por el Gobierno del Estado. Falta ver si Morena presenta la denuncia penal que anunció y si la Fiscalía Anticorrupción investiga de oficio, como lo pidió el PRI.

Todo indica que estamos ante algo más que "mentiras" publicadas en un "periodiquito".

Hay indicios sólidos que permiten pensar que existe un conflicto de intereses o de plano un tráfico de influencias entre representantes del poder público y la empresa beneficiaria del contrato.

Empieza a notarse la improvisación para legislar por parte del diputado naranja Jonadab Martínez, presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso de Jalisco.

1o., tras aprobar su propia iniciativa sobre la sanción por conducir sin licencia, difundió información equivocada sobre la multa máxima que era 3,800 pesos.

Ahora, en la Comisión de Estudios Legislativos, propuso bajar la multa a 2,112 pesos tras las críticas y el colapso que provocó en la Secretaría de Transporte de ciudadanos que corrieron a sacar su documento.

¿De qué sesudo análisis de la Ley de Movilidad sacará Jonadab que la multa máxima puede subir y bajar como la bilirrubina? Dudamos que lo tenga claro. Pura "técnica legislativa".

La semana pasada, Jonadab también anduvo difundiendo información sobre el nuevo sistema de verificación por aprobarse en el congreso y que la propia Semadet criticó y con ganas, hasta desmintió.

Hay que seguir de cerca a esta "joven promesa" del legislativo para evitar que riegue más el tepache.

En otro momento y circunstancia, los reclamos que hicieron diputados y diputadas al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, hubieran sido, sin duda, música para los oídos de una comunidad agraviada en el pasado y en el presente, por la voracidad de una clase política y gubernamental que ve en la impunidad el mayor estímulo para cada vez, cometer saqueos mayores en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Si en el Congreso de Jalisco, la Legislatura LXII haya abierto los numerosos episodios de corrupción que están impunes y se han acumulado desde la tristemente célebre Legislatura LVIII, la sentencia de que si no hay funcionarios encarcelados, el Sistema Estatal Anticorrupción será una "broma" para los ciudadanos que lanzó el martes pasado el presidente de la Mesa Directiva del poder legislativo, Salvador Caro, se haya escuchado fuerte y haya llegado lejos.

Pero resulta que en el congreso local no han pregonado con el ejemplo, ni han dado prioridad a lo que les toca hacer a legisladores y legisladoras en materia de combate a la corrupción. 2 botones de muestra:

1) Desde enero, el secretario general del congreso, Salvador de la Cruz, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, por los que cobran sin ir a trabajar al Palacio Legislativo o a sus otras oficinas, las y los aviadores, pues. Pero hasta hoy no han adjuntado elementos de prueba. Le echan la bolita al contralor del congreso, Raúl Bermúdez, quien en teoría hace las investigaciones para documentar los casos, y quien desde enero dice que las concluirá en 15 días, sin que hasta ahora haya entregado nada.

2) Han ignorado revisar el Título Séptimo de la ley en la materia, para corregir el gazapo, que se hizo por error o deliberadamente, y que desde su creación ha provocado que la Fiscalía Anticorrupción se ahogue en trabajo atendiendo carpetas de investigación que no tienen nada que ver con asuntos de desvíos de recursos. Si quieren que el fiscal Anticorrupción les entregue un buen "diagnóstico específico" de los casos que está investigando como se lo pidieron el martes, deben ya reformar la ley y acotar la tareas de la Fiscalía especializada, y de paso investigar si esta pifia legislativa fue solo incapacidad, o dolo de algunos de la clase política para prolongar su paraíso de impunidad.

Por este panorama, las muy pertinentes y justificadas exigencias hechas al fiscal Anticorrupción durante su visita al Congreso del Estado el martes pasado, entre las que estaban también que "sancionara" y "encarcelara" a los funcionarios que roban o hacen negocio con el erario, fueron un grito que escucharon pocos.

Nuestra democracia nació con mártires y mucha buena voluntad, pero sin demócratas. Las consecuencias de ello las hemos visto y padecido a lo largo de los últimos 18 años: partidos alejados de los intereses de sus representados y una clase política inmersa en la cultura política del cochupo, el tráfico de intereses y la corrupción, todo eso que creíamos haber matado con el priismo del siglo XX, pero que siguió ahí.

Todo esto no es sino la misma historia que hemos venido escuchando desde 1995, hace la friolera de 25 años, para acá de boca de los gobernantes sin que haya pasado nada. Todos los gobernadores prometen perseguir la corrupción y meter a la cárcel a los corruptos y salvo pequeños casos mal armados donde los funcionarios escogidos terminan a salto de mata por unos meses o amparados, no ha habido resultado alguno, todo queda en tronantes señalamientos. No tengo por qué dudar de la voluntad del gobernador actual de perseguir la corrupción, pero tengo muchos motivos para sospechar que no pasará gran cosa.

Afianzarse en el poder hablando mal de los de atrás ofrece cada día menos resultados. A Alberto Cárdenas, 1er. gobernador no priistas después de 70 años, el discurso le dio para 3 años, pero cuando brotó el 1er. escándalo de corrupción en su administración aquello se acabó. Al resto de los gobernadores les ha redituado cada vez menos. Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval tuvieron cada uno menos margen que el anterior. De hecho, los 8,000 millones de "irregularidades" que señaló el gobernador priista de la administración de su antecesor flotaron como una nata a lo largo de 6 años sin que nada pasara.

Alfaro lleva varias semanas dando a conocer las irregularidades que han ido encontrando, pensando quizá que eso le dará fuerza frente a los gobernados, pero no es así. Denunciar ya no basta; decir que en Jalisco no habrá perdón ni olvido tampoco alcanza. La normalización del combate a la corrupción se va a dar cuando la rueda de prensa no sea para decir que se encontraron irregularidades. Éstas deberían transformarse de oficio en acusaciones y dar a conocer los resultados: hoy fulano fue condenado a prisión y a devolver X cantidad de dinero.

Aunque se incluyó el tema de las deudas entre las anomalías detectadas en la pasada Secretaría de Salud, continúan siendo un misterio los pasivos multimillonarios que acumuló y la forma en que los bajaron; en otras palabras, "limpiaron".

Por allá en 2013, Emilio González le heredó 621 millones a Aristóteles Sandoval; sin embargo, en 2016, los pasivos del Organismo Público Servicios de Salud ascendieron a los 3,822 millones. ¡Qué tal!

Aristóteles le inyectó cantidades sin precedentes a la Secretaría de Salud para bajar esos pasivos, que ya los quisiera el Gobierno de Jalisco. Hoy, en el portal de la dependencia es difícil, por no decir imposible, acceder al monto que se adeuda (¿qué raro?), pero hay 2 preguntas básicas: ¿En qué se endeudaron y qué se descobijó para reducir los pasivos al final de la administración?

Mientras el gobierno federal prácticamente desarticuló el Sistema Nacional Anticorrupción, hace falta que en Jalisco se demuestre que realmente se quiere combatir este mal, con el nombramiento de los mejores.

Jalisco necesita menos política y más administración. El reclamo ciudadano tiene que ver con problemas muy puntuales, en donde la refundación no necesariamente es la respuesta: transporte público deficiente, sistema de salud quebrado e indigno, un sistema educativo que expulsa a los adolescentes en secundaria, una violencia que no cesa, un ministerio público roto, corruptos sin castigo, salarios que no ajustan para llegar a fin de mes, violencia estructural contra las mujeres y un poder judicial corrupto. La refundación no ha tenido atracción popular por una simple razón: una mayoría de jaliscienses no lo ve como solución a sus problemas. No es un problema de leyes, sino de implementación, combate a la impunidad y eficiencia de la administración pública. Es un problema de saber gobernar no de legislar mejor.

Javier Corral, gobernador (panista) de Chihuahua, aseveró que los comicios de julio pasado deben interpretarse como "la ruina del sistema de partidos" en México. Que el candidato de un partido sin historia, sin arraigo, surgido prácticamente de la nada, ganara la elección presidencial, no dejaba dudas: había ganado el candidato; no el partido.

Ahora, mientras se especula si los partidos tradicionales acertarán o no a levantarse de sus cenizas, Corral asume el rol que, en teoría, corresponde a la oposición: criticar (por definición, "juzgar de las cosas, con base en principios de un arte o ciencia") al gobernante.

Sólo a los que temen que el pueblo piense se les pudo haber ocurrido desechar y enterrar los beneficios de las clases de civismo y filosofía. Son los que temen el progreso intelectual de las masas porque figuran que se hacen indomables. Incautos artífices de creer que el poder es para controlar y no para exaltar la sublime inteligencia reflexiva del ser humano.

Los políticos no tienen capacidad para decidir cuándo empieza la vida humana. El Congreso de Nuevo León asume una posición que sería risible, si no pudiera ser tan trágica, al declarar: "Es de reconocer por este parlamento que existe vida humana desde el momento mismo de la concepción". La frase refleja la arrogancia de la ignorancia.

El cigoto es la 1a. célula con material genético fusionado de los 2 padres. El American College of Pediatricians señala, en un documento preparado originalmente por Fred de Miranda en 2004 y actualizado por Patricia Lee June en 2017, que "la vida humana empieza en la concepción, la fecundación"; pero enfatiza la posición de J.T. Eberl: "Sin embargo, lo que es controvertido es si esta célula genéticamente única debe considerarse como una persona humana". Según Arthur Caplan, profesor y fundador de la División de Ética Médica del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, "Muchos científicos dirían que no saben cuándo empieza la vida. Hay una serie de momentos cruciales" en el proceso (citado por Elissa Strauss, Slate, 4.4.17).

Los seres humanos comunes y corrientes coincidimos sin darnos cuenta. No damos emocionalmente la misma importancia a la pérdida de un cigoto, formado por una sola célula, o a la de unos blastómeros, una mórula, una blástula o una gástrula, agrupaciones celulares diminutas y sin diferenciación, que a la de un feto desarrollado o a la de un bebé. Las organizaciones antiabortistas no ilustran sus pancartas o videos con un cigoto o una gástrula, sino con un feto desarrollado, porque no obtienen la misma respuesta visceral a la pérdida de un grupo indiferenciado de células que ante la de un feto con todas las características del ser humano.

Yo puedo coincidir con los antiabortistas en la necesidad de reducir los abortos, pero el camino no es castigar a las mujeres que aborten sino disminuir los embarazos no deseados. Una buena política pública de educación sexual y difusión de los métodos anticonceptivos, sobre todo entre los jóvenes, tendría la consecuencia tan deseada de disminuir los abortos que no ha logrado el encarcelamiento de las mujeres.

Pretender que los políticos saben más que los filósofos y los científicos, y que pueden definir con exactitud cuándo un embrión se convierte en ser humano, es una simple exhibición de ignorancia. Encarcelar a una mujer por abortar, con la idea de que el aborto es un homicidio, no solo es mala ciencia y peor filosofía, sino una pésima política pública.

Por aportaciones no reportadas o desviadas, entidades públicas adeudan alrededor de 1,100 millones de pesos al Instituto de Pensiones de Jalisco, entre cartera vencida y convenios establecidos para regularizar su situación.

Con corte al pasado 27 de febrero, la deuda alcanzaba los 510 millones de pesos, mientras que los convenios se ubicaban en 600 millones de pesos.

A pesar de esto, el titular del Ipejal comenta que tanto los municipios como los organismos han mostrado voluntad para ponerse al corriente. "Ya nos están pagando. Se han ido regularizando poco a poco".

Recuerda que la situación era crítica, pues había casos, como algunos organismos descentralizados, que no tenían ni para cubrir los aguinaldos, por lo que difícilmente podían hacer frente a las deudas con el Instituto.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome), se tienen pláticas con la unidad liquidadora para que se cubran los pagos pendientes.

Aunque en administraciones pasadas se firmaban convenios con las entidades públicas deudoras por hasta 20 años, Argüelles aclara que ya no serán a largo plazo, "no estamos firmando ningún convenio que trascienda la administración. Hemos firmado convenios con organismos que no pasan de un año, porque les digo que le echen ganas, ajusten su presupuesto porque yo no puedo firmar un convenio a 10 años".

A pesar de que el Ayuntamiento de Tonalá tiene convenio firmado, en el último corte de la 2a. quincena de enero publicado en el portal del Ipejal, tenía 2 abonos vencidos por 2.8 millones de pesos (la deuda supera los 8 millones). Sin embargo, Argüelles destaca que el municipio ha mostrado disposición para cubrir el saldo pendiente.

En el caso de Puerto Vallarta y Chapala, que son 2 de los municipios con el mayor monto de deuda, 221.9 millones de pesos y 53.9 millones, respectivamente, comenta que están por llegar a acuerdos. "También estamos apretando".

El Ayuntamiento de Zapopan aparece en la lista de los que más adeudan, con 77.4 millones de pesos; sin embargo, los pasivos obedecen solamente a 2 quincenas vencidas que no pagó la alcaldía, según el último reporte del Instituto de Pensiones.

La comparecencia ayer en el Congreso [del estado] del 1er. fiscal anticorrupción en la historia de Jalisco, Gerardo de la Cruz, sirvió sólo para confirmar que los resultados de esta instancia clave del Sistema Estatal Anticorrupción están muy lejos de lo que se esperaba.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sigue ahogada atendiendo quejas de abusos de autoridad y tortura, y apenas 30% de las carpetas de investigación tiene que ver con asuntos de malos manejos administrativos y desvíos de los presupuestos públicos.

Por eso, en casi año y medio de trabajo los resultados de la Fiscalía Anticorrupción son prácticamente nulos, y el reino de impunidad que se propuso combatir sigue intocado.

Sus resultados concretos son 6 detenidos, de los cuales a sólo 2 se le ha vinculado a proceso.

Esta ineficacia no se resolverá mientras no se acote la competencia de la Fiscalía Anticorrupción, como se ha venido reclamando casi desde su nacimiento.

De entrada, el fiscal debe exigir con mayor insistencia y energía que esta condición cambie, y las y los diputados atender ya esta inconsistencia legislativa, que por todas las largas que dan para su corrección, más que falta de técnica, parece la mano negra de la clase política y gubernamental para prolongar lo más posible el goce de las prebendas, corruptelas e impunidad de siempre.

En México, como en la mayor parte del mundo, la credibilidad en los partidos políticos es cada vez más vaga. Las múltiples quejas acerca del comportamiento de sus integrantes deja mucho que desear, de ahí que los voluminosos apoyos económicos que se les brindan, sean cada vez más criticados, pues no se percibe el beneficio de su permanencia, al menos no en las condiciones actuales.

No obstante lo anterior, estudiosos, expertos y políticos de carrera coinciden en que el mejor sistema de convivencia democrática para un país, es el que se desarrolla con base en los partidos políticos. En las últimas décadas nuestra nación ha experimentado el surgimiento de múltiples partidos, la mayoría ávidos de la riqueza económica que proporciona el Estado mexicano, para luego pretender el poder, propósito esencial de los partidos.

El egoísmo y la soberbia de unos cuantos, ha logrado demeritar la función pública que dichos institutos debieran de aportar.

Durante el proceso electoral recién concluido, "la novedad" fueron los candidatos independientes, así como algunos candidatos más que dijeron renegar de los partidos, pero finalmente algunos cooptaron alguna de las franquicias establecidas, mientras que otros ya preparan sus trámites para no dejar de vivir del presupuesto.

Porque una cosa es lo que se dice antes de que inicien las campañas políticas, otra cuando se está en campaña, y una muy diferente después del proceso electoral.

Cada que termina una administración los que llegan se escandalizan de lo que sucedía en los gobiernos que, para bien de todos, han terminado, y prometen hacer grandes cambios para que eso no vuelva a suceder. Pero cuando esa administración termina nos damos cuenta de que no solo no hicieron nada para terminar con la corrupción, sino que inventaron nuevas formas de evadir los mecanismos de la ley, mismos que a la llegada de una nueva administración nos dirán que fue sólo una simulación y así hasta el infinito; así ad nauseam.

Hace unas semanas un empresario se me acercó para comentarme las porquerías de la que, como representante de una cámara empresarial, había sido testigo en las compras de un ayuntamiento metropolitano. -No recuerdo haber escuchado tu denuncia, le dije. -Claro que no, era gente muy importante de la cámara; yo no me voy a meter en broncas, insistió. -Entonces renuncia, concluí. No denunció, tampoco renunció.

Los comités de compras de los ayuntamientos y el Gobierno del Estado siguen teniendo como garantes a representantes de las cámaras que terminan siendo inútiles porque se enfrentan a un terrible conflicto de interés. A la postre su presencia en los comités de adquisiciones y de asignación de obra solo han servido para perpetuar la corrupción de la cual uno de sus pares se ve beneficiado.

El esquema de comités de adquisiciones con representación empresarial está ya rebasado pues solo sirve para convalidar y justificar socialmente decisiones previamente tomadas cuando no flagrantes de actos de corrupción. El combate a la corrupción más que buena voluntad requiere del diseño de mecanismos donde las palabras claves son contrapesos y conflicto de interés. En los concursos de obra pública, por ejemplo, los únicos que no deben tener voz ni voto en el comité es la Cámara de la Construcción, y en los comités de adquisiciones no deben estar representados los comerciantes.

No solo hay que rediseñar los mecanismos de los concursos y licitaciones para hacerlos ágiles, confiables y verificables, sino cambiar la representación social para generar verdaderos contrapesos, y sobre todo evitar el conflicto de interés. De otro modo seguiremos en el eterno discurso de lo mal que hacían los de atrás como mantra justificatorio y no como elemento de diagnóstico que nos permita avanzar.

Para el filósofo y escritor francés Jean d'Ormesson la democracia actual es una "ineptocracia", la cual define como el sistema de gobierno en el que los menos preparados para gobernar son elegidos por los menos preparados para producir y procurarse su sustento, el cual reciben en bienes y servicios pagados con los impuestos confiscatorios sobre el trabajo y riqueza de unos productores en número descendente, y todo ello promovido por una izquierda populista y demagoga que predica teorías que sabe han fracasado donde se han aplicado a personas que consideran idiotas.

Esta definición refleja la realidad de una cada vez mayor cantidad de gobernantes, representantes populares y funcionarios públicos que sin tener las mínimas calificaciones, conocimientos o experiencia terminan legislando, ocupando puestos de poder, manipulando la opinión pública y tomando decisiones que afectan la vida y el patrimonio de millones de personas.

Las consecuencias negativas de la ineptocracia se reducirían simplemente aumentando los requisitos para ocupar determinados puestos y cargos públicos, aunque eso sería como pedirle "peras al olmo", pues requeriría que muchos de los actuales legisladores redacten y aprueben una ley que impida que personas como ellos mismos puedan acceder al poder.

La "nueva administración" del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma que va a hacer magia para regresarle el registro al Partido Encuentro Social (PES), aliado de Morena en la elección presidencial. La manera en como están diseñando el truco implicaría que prácticamente ningún partido chico vuelva a perder el registro, aunque no consiga el mínimo porcentual de votos que marca la ley: basta con que tenga ese porcentaje en su bancada de legisladores; así, el partido grande le puede donar diputados al chiquito, y aunque nadie haya votado por éste, ¡tiene registro!

A la par de contratar un nuevo crédito por 5,250 millones de pesos, el Gobierno de Jalisco solicitó al Congreso [de Jalisco] una autorización para reestructurar los 32 endeudamientos vigentes y extender su pago a 25 años. De acuerdo con la iniciativa que recibió el poder legislativo, el monto total de la deuda estatal directa que se renegociaría asciende a 19,791 millones de pesos; es decir, 2,200 millones más que lo anunciado por el secretario de Hacienda, Juan Partida Morales, cuando anunció la solicitud de crédito.

Según el portal de transparencia de la Secretaría de Hacienda en la entidad, el vencimiento más próximo de crédito estatal es en 2020, y el de mayor vigencia es en 2037.

El coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Ricardo Gallardo, renunció este martes formalmente a su militancia.

De acuerdo con fuentes cercanas al sol azteca, se conoció la versión de que Gallardo va a apoyar a un grupo de aproximadamente 12 legisladores que saldrán de la bancada y serán independientes.

Los diputados federales Héctor Serrano, Mauricio Toledo, Raymundo García Gutiérrez, Emmanuel Reyes Carmona, Luz Rosas Martínez y Lilia Villafuerte, analizaban abandonar la fracción porque no hubo libertad al votar el dictamen de la Guardia Nacional y desde la dirigencia del PRD se les abrió un proceso de expulsión a quienes aún militan en este partido, pero aun así, reiteraron su apoyo de acompañar las iniciativas de López Obrador.

Además, el pasado viernes, el perredista Mauricio Toledo, confirmó que él y un grupo de 6 legisladores del sol azteca analizaban renunciar a esta fracción para apoyar los proyectos del presidente, Andrés Manuel López Obrador y de la bancada de Morena.

Sobre esto, el propio Toledo informó que no se unirá a la bancada de Morena y que, en caso de abandonar su bancada, él y otros seis legisladores se mantendrán como diputados independientes, pero acompañarán a López Obrador.

El 15 de enero de 2013 el Congreso del Estado avaló la solicitud del gobierno encabezado por el panista Emilio González Márquez, para contratar un crédito por más de 2,000 millones de pesos, a fin de pagar deudas adquiridas para la realización de los Juegos Panamericanos de 2011.

Con los votos en contra de los 5 diputados de Movimiento Ciudadano: Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo, Fabiola Loya, Salvador Zamora, Julio Nelson García y de 2 panistas que hoy integran las filas partido naranja, Alberto Esquer y Ricardo Rodríguez, se dio luz verde al requerimiento del gobernador.

Además de la oposición de los legisladores, el entonces candidato perdedor de las elecciones a la gubernatura y líder moral del partido en Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, externó públicamente su rechazo a lo ocurrido en el legislativo. Incluso, lo atribuyó a un acuerdo entre los gobernadores constitucional y electo Emilio González y Aristóteles Sandoval, respectivamente.

"Estoy muy triste por Jalisco (...) Hoy con esta decisión el PRI y del PAN creo que queda perfectamente claro quién le mintió al pueblo de Jalisco. (...) A los dos partidos lo que pase con Jalisco les importa poco, solamente cuentan sus intereses. Están hipotecando el futuro de nuestros hijos", mencionó Alfaro.

El pasado viernes, las nuevas autoridades estatales anunciaron que ante los recortes presupuestales del gobierno federal y con el fin de concretar los proyectos prioritarios el Gobierno del Estado, pedirá un préstamo por 5,250 millones de pesos. ¿Alguien nos podría decir por qué ahora no se hipotecará el futuro de nuestros hijos?

Cada vez es más difícil para los legisladores jaliscienses en la Cámara de Diputados y en la de Senadores mantener un discurso congruente como oposición del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, o incluso del que lidera en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, cuando en estas tierras las acciones o políticas que se critican allá, son tan parecidas aquí.

No debe ser fácil para una senadora cuestionar a la jefa de Gobierno capitalina por desestimar la campaña que denuncia los secuestros en el Metro de la ciudad, sabiendo que, en su estado, el gobernador desapareció al Instituto Jalisciense de las Mujeres y no sólo se negó a dialogar con las organizaciones civiles sino que además las ha atacado y descalificado.

En el tema de la ratificación de mandato, Alfaro ya puso en duda que cumplirá su promesa de que el ciudadano vote para que decida si se queda o se va de la gubernatura a medio sexenio. El jueves pasado que presentó su primera iniciativa preferente para crear una nueva Ley del Sistema de Participación y Gobernanza, dijo que el que haya o no un referéndum ratificatorio dependerá de las reformas que se hagan sobre el tema a nivel nacional.

Como se sabe, hasta ahora Alfaro se ha sometido a ejercicios de revocación de mandato cuando fue alcalde de Tlajomulco y de Guadalajara, pero que han estado lejos de ser procesos independientes, ya que como gobierno son los que organizan y controlan las votaciones. Aunque con mayores requisitos, la nueva iniciativa pondría en manos este eventual ejercicio de revocación en un consejo ciudadano, que debiera inaugurar Alfaro si finalmente se decide a cumplir una promesa empeñada.

A pesar de contar sólo con secundaria, María Chávez García se desempeña como secretaria administrativa del fondo sectorial Conacyt-Sener, así lo detalla la información que aparece en su declaración patrimonial y de posible conflicto de interés, la cual no quiso hacer pública a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que todo funcionario público debería abrir toda su información patrimonial o no podría trabajar en el gobierno federal.

Documentos públicos indican que la servidora pública se ha desempeñado como mostradora de ropa interior, diputada federal y asesora en el Senado de la República.

El Universal encontró en el Sistema de Información Legislativa (SIL) que entre 1978 y 1991 María Chávez García trabajó como exhibidora de lencería para empresas de ese ramo, y entre 1991 y 1993 fungió como auxiliar de regidor en Ecatepec, Estado de México.

Del 29 de agosto de 2015 al 31 de agosto de 2018, Chávez García fue electa diputada federal por el distrito 7 de la Ciudad de México en la LXIII Legislatura por Morena, en donde fue parte de las comisiones de Cambio Climático, Competitividad y de Medio Ambiente.

De septiembre a noviembre del año pasado laboró como asesora de un senador.

En la plataforma Declaranet, que pertenece a la Secretaría de la Función Pública (SFP), se indica que María Chávez García inició funciones en la Secretaría de Energía desde el 1 de diciembre de 2018 y que sus estudios de secundaria los realizó en la Escuela Secundaria para Trabajadores número 42.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) informó que dio por terminada la relación laboral de la diseñadora de moda, Edith Arrieta Meza, luego de que se diera a conocer que carece del perfil y experiencia al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).

Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la funcionaria sería cesada y que el Conacyt daría una explicación. Por medio de un comunicado, el Consejo explicó que Arrieta Meza fue invitada a colaborar en Cibiogem debido a su amplia experiencia en "trabajo organizativo y de enlace en comunidades rurales, así como en la protección y bioseguridad" de la riqueza agrobiológica de la Ciudad de México y otros estados de la república.

El Conacyt defendió que Arrieta, que cursó la licenciatura en diseño de moda en la Universidad Jannette Klein en la Ciudad de México, posee "profundos conocimientos tradicionales sobre los maíces nativos mexicanos adquiridos a lo largo de su vida", ya que proviene de una familia campesina de Milpa Alta.

"Aunque lamentablemente aún no somos capaces de reconocer como sociedad el inmenso valor de este tipo de saberes, éstos fueron fundamentales para realizar de manera adecuada la tarea encomendada a la Lic. Arrieta", señala el comunicado.

El consejo informó que su puesto será ocupado por la maestra en Ciencias, Eva Bermúdez García, por los requerimientos técnicos que se precisan a futuro. Bermúdez es licenciada en Química de Alimentos y una maestría en Ciencias Bioquímicas, ambas por la Facultad de Química de la UNAM.

David Alexir Ledesma Feregrino es nombrado como el nuevo subdirector del Conacyt (además de coordinador de Comunicación en la misma dependencia).

El nombramiento causó una ola de criticas cuando se supo que de acuerdo a su perfil, Ledesma:

- Tiene 29 años.
- Sus estudios llegan a 3er. semestre de Comunicación.
- Su experiencia en #ciencia o divulgación científica es técnicamente nula.
- Fue editor en un portal de noticias afín a Andrés Manuel López Obrador.
- Fue asesor de discursos de Dolores Padierna, diputada por #MORENA para la CDMX (2018-2021).

#CONACYT defendió el nombramiento en un comunicado publicando el currículo de Ledesma, pero llamó la atención que la dependencia le adjudicó un sueldo superior a 40,000 pesos a alguien sin experiencia ni titulo (o estudios, en este caso) afín al campo. (Milenio, Nación321; febrero 11).

Finalmente, en redes sociales también resonó una petición en la plataforma de Change.org para remover a Ledesma Feregrino de su puesto. (Mientras tanto en México, febrero 11).

Apenas días después se dio a conocer que Edith Arrieta Meza, la nueva directora de Cibiogem México (Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, dependencia de CONACYT), es egresada como diseñadora de modas (El Universal, febrero 13), y que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, debe materias de su carrera de derecho. (Proceso, febrero 12).

- Luis.

Paco Calderón
(12 de febrero de 2019).

Ni Enrique Alfaro ni Claudia Sheinbaum ni Olga Sánchez Cordero ni Javier Jiménez Espriú ni David Alexir Ledesma, el nuevo subdirector de Conacyt, son víctimas de nada. Traigo a colación a Alfaro porque tiene esa inclinación, no porque esté en una coyuntura de victimización. Vamos a decirlo con claridad para interiorizarlo: el poder nunca es víctima y el gobernante no es discriminado.

Miren, la autoridad puede ser blanco de burlas, de críticas, de organizaciones que ponen en la agenda otro punto de vista, de partidos opositores que dicen mentiras, de partidos opositores que griten verdades, pero eso no debe ser considerado como discriminación y jamás debe edificarse un discurso de víctima alrededor de eso.

¿Por qué? Porque cambia la lógica de la relación entre los ciudadanos y el poder. Porque afecta la libertad y porque abre la puerta a un camino de intocabilidad que conduce derechito al autoritarismo.

Pase lo que pase. No importa si el presidente conservador es acusado de alcohólico o si el mandatario bien peinado pierde su matrimonio por culpa de la prensa. No importa si la oposición está jugando con medias verdades o de plano construyendo una realidad paralela. El poder, hay que repetirlo, decirlo despacio y grabarlo en la corteza cerebral, no es víctima.

Y el poder tiene nombres, no es un vaho producido por el THC. Si a Bartlett lo desacreditan, si a un funcionario exitoso lo acusan de no tener méritos académicos, si a Peña lo destruyen acusándolo de haber matado a 43 jóvenes, si a López Obrador lo critican por hablar con lentitud, o si a Rocío Nahle se le culpa por no estar a la altura del desafío energético, estaremos en el peor de los casos ante infamias, calumnias, mentiras, manipulación de la verdad, exageración de características irrelevantes o, en el mejor de los casos, ante puntos de vista divergentes, pero nunca ante bullying. Eso es ridículo como idea y peligroso como discurso público.

No debemos dejar entrar esa idea ni por equivocación a nuestro debate. En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de quien menos lo esperábamos, ha llegado a esa bajeza. Como ustedes saben, en la agenda pública (no política) el tema de los secuestros a mujeres es trending topic, lo que ha generado campañas de solidaridad y prevención. Hay espectaculares en la capital que dicen: No estás sola, grita, etc. Ante eso, la jefa de Gobierno ha hecho público su malestar porque lo considera una campaña de desprestigio en su contra, en contra de su administración.

Pero no, la jefa de Gobierno no es víctima de una campaña contra su administración porque la gente ponga letreros para combatir el secuestro de mujeres. El secuestro es real y la inseguridad es real, pero aun en el caso de que fuera una psicosis colectiva o un sobredimensionamiento del fenómeno, Sheinbaum no puede decir eso. A menos que haya quiera dejar atrás su imagen limpia y adopte la del canalla poderoso que pide protección ante los ataques civiles y pavimenta el camino hacia la intocabilidad.

Ni en la Ciudad de México ni en Jalisco ni en el país lo debemos tolerar.

En 2006, cuando Felipe Calderón llegó a la Presidencia, su estado natal fue el punto inicial de la "guerra contra el narco". Ahí se topó con una enemistad: el gobernador, perredista en ese entonces, Leonel Godoy.

Los desacuerdos Calderón-Godoy acompañaron y quizá profundizaron una crisis social y de seguridad que hundió a Michoacán en una de sus peores etapas.

13 años, cientos de muertos y miles de negocios quebrados después, los desacuerdos entre el presidente y el gobernador indican que esa indeseable contienda se comienza a repetir con otros jugadores: el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Silvano Aureoles.

El pleito es añejo. Comenzó cuando ambos militaban en el PRD. Luego, AMLO en Morena acusó a Aureoles de ser tapete de Peña Nieto, cuando presidía la Cámara de Diputados. Recientemente recrudecido en la campaña presidencial, exponenciado por el desabasto de gasolina y en clímax por el debate sobre quién le paga la nómina a los maestros, especialmente a los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Ninguno quiso tomar el balón: ¿quién quiere firmar el cheque que nunca llena a la CNTE? Mientras, las pérdidas económicas son de miles de millones de pesos por el tapón en el puerto de Lázaro Cárdenas y el cierre de las vías de tren.

El viernes pasado, ambos se reunieron en Huetamo, Michoacán. El tono cambió. Silvano dijo que lo recibía con los brazos abiertos; Andrés Manuel estuvo sonriente. Pero el caos siguió afuera. La CNTE quiso entrar al acto por la fuerza.

Las pocas empresas fuertes que radican en Michoacán ya analizan si se van, como hace 13 años, en los peores tiempos. Las extorsiones y amenazas se han reactivado, según me reportan empresarios madereros, aunque ahora no traen la firma del cártel de Los Caballeros Templarios, sino del Nueva Generación.

Al parecer los desvaríos políticos son altamente contagiosos. Leí con terror el pasado miércoles en EL INFORMADOR la idea del gobernador Enrique Alfaro crear una nueva constitución para Jalisco. Parece querer aprovechar el viaje de López Obrador en una aventura similar. O peor, querer mal copiarle a la Ciudad de México la suya, por cierto, muy mal hecha. El presidente si puede hará la suya para buscar afianzarse en el poder. Las 2 propuestas son un despropósito caro, inútil y en el caso federal, peligroso.

¿Cuándo se requiere de una nueva constitución? Según una acertada doctrina cuando el orden político y jurídico dejó de ser legítimo o resulta imposible la convivencia pacífica de los ciudadanos bajo su vigencia. Sin duda hay quienes afirman, bajo no se cuáles parámetros, lo contrario. Según esa minoría, tanto nuestras leyes como nuestras autoridades son ilegítimas y bajo su amparo no existe ni es posible la convivencia pacífica en sociedad. Algo así como si estuviéramos en una situación social análoga a la venezolana. Eso es una falsedad. Tenemos muchos problemas y tendremos peores, pero hoy no hay nada parecido. Y la existencia de un nuevo líder llegado de un proceso democrático, así sea enormemente popular, no justifica un nuevo pacto político. Los pactos políticos son para cerrar problemas irresolubles y de alta envergadura, no para crearlos.

Pero también indica una contradicción total. Al venir la propuesta, tanto del ejecutivo federal como del local, están negando su propia legitimidad y eficacia. Y de paso se llevan a todas las demás autoridades de todos sus órdenes y niveles de gobierno. Por eso, las constituciones nuevas son promovidas e impuestas por la oposición, regularmente armada, como un nuevo proyecto político para todo el Estado, tal como ha ocurrido en todas las nuestras. Además, tratándose de las constituciones locales, son muy limitadas. Toman y desarrollan las opciones y competencias con los límites que les da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo lo demás es de adorno, tinta y recursos desperdiciados.

Para Hermes Ulises Ramírez Sánchez (coordinador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG), el nuevo programa de verificación vehicular resultará "insuficiente" para atender la mala calidad de aire que hay en Guadalajara, si éste no involucra a todas las dependencias del estado. "No es solo la Semadet; son varias secretarías que tienen que ir con el mismo objetivo. No es cada quien con objetivos particulares".

Expresó que sí hay buenas intenciones en la estrategia, aunque "resaltaron mucho que no tienen fines recaudatorios y, si no hay fines recaudatorios, ¿por qué el gobierno, en lugar de estar invirtiendo en otras cosas como en mejorar la salud de la población por la contaminación, no le invierte a que el programa de verificación sea completamente gratuito? Porque esta verificación será más cara que la anterior".

Finalmente, resaltó que para mejorar la calidad del aire hacen falta acciones y no solo planes. Una de esas acciones: poner el ejemplo y comprobar que todos los vehículos oficiales de estado y municipios están verificados.

A nivel de gobernadores, muchos -priistas en su mayoría- han estado recientemente encarcelados o procesados, por delitos que van desde operaciones con recursos de procedencia ilícita hasta peculado, defraudación fiscal o delincuencia organizada; otros se han dado a la fuga. Nombres: Mario Villanueva (Quintana Roo), Andrés Granier (Tabasco), Jesús Reyna (Michoacán), Flavino Ríos (Veracruz), Guillermo Padrés (Sonora), Luis Armando Reynoso (Aguascalientes), Rodrigo Medina (Nuevo León), César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo), Fidel Herrera (Veracruz), Gabino Cué (Oaxaca), Tomás Yarrington (Tamaulipas), Jorge Torres (Coahuila) y Javier Duarte (Veracruz).

En varios casos más, cuyas supuestas trapacerías han estado en las lenguas de la gente, o no hubo denuncias, o salieron limpios de las auditorías realizadas a sus gestiones... o no hubo "voluntad política" para ahondar en las investigaciones, quizá para eludir el riesgo de que "con la vara que midas serás medido". En otros, que involucraban a ex presidentes, la posibilidad de que se tomaran medidas legales para descartar que fuera mal habida la ostensible riqueza que algunos acumularon durante su ejercicio, se estrellaba ante el esquema de complicidades que generaba el "partido único", vigente durante 7 décadas... y porque "la alternancia en el poder" se suscribió, aparentemente, a la misma fórmula.

Un diezmado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco deberá supervisar y dar seguimiento en los próximos meses a la realización de asambleas, municipales o distritales, de 17 organizaciones y asociaciones civiles que buscan convertirse en partidos políticos estatales para contender en las elecciones del 2021, cuando estén en juego diputaciones locales, federales y 125 alcaldías.

Llama la atención que pese al enorme desprestigio de los partidos políticos tradicionales, que se reflejó en la debacle electoral de los otrora 3 grandes políticos nacionales (PRI-PAN-PRD) en la pasada elección, y el triunfo de fuerzas emergentes como Morena en el país y el partido Movimiento Ciudadano en Jalisco, sean tantas las organizaciones que busquen revivir la figura de los partidos estatales, que en la entidad tuvieron su última expresión con el Partido del Pueblo Jalisciense (PPJ) en las elecciones estatales de 1995 en la que obtuvieron sólo 5,709 votos, equivalentes al 0.27% de la votación en la contienda por gobernador.

Desde luego no puede haber democracias sin partidos políticos, pero sin duda esta mejora en la medida en que estas instituciones conserven su esencia y su carácter de interés público y no degeneren en clubes privados que lejos de ver por las preocupaciones ciudadanas velan sólo por sus intereses de poder y de grupos, como nos ha ocurrido con los viejos y los nuevos partidos.

En ese sentido, lo deseable sería que los ciudadanos revisen muy bien las múltiples ofertas que tendrán para respaldar uno u otro proyecto, y apoyen a los que al menos en sus planteamientos aseguren que buscan contrastar con los vicios partidistas y soberbias políticas actuales y que sus agendas públicas recuperaran las auténticas demandas ciudadanas. Y cierren el paso también, a todos aquellos que sólo buscan entrar al muy rentable negocio de buscar sólo los aún jugosos presupuestos partidistas en beneficio personal.

Hace algunos años cuando en la Legislatura 60, MC señalaba la colusión del PRIAN para votar puntos de acuerdo de espalda a la gente, ¿hubiéramos creído que MC haría exactamente lo mismo cuando tuviera la mayoría en el Congreso [de Jalisco]? Cuando MC se manifestó contra la reforma energética en el contexto de un poder legislativo más parecido a un fortín que a "la casa del pueblo", ¿era concebible que el partido naranja actuaría de la misma forma cuando llegaran las presiones ciudadanas y fueran la fuerza política hegemónica en Jalisco?

La forma en que el partido naranja operó la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres es autoritaria, impidiendo que las organizaciones se expresaran en la sesión y que la oposición pudiera participar en los debates. No hubo división de poderes y a través de una alianza con el PRD, el PT y el Verde, extinguieron una institución que tiene un peso simbólico muy relevante para múltiples colectivos de la sociedad civil. Lo paradójico es que MC se reivindicó, por al menos un lustro, como un instrumento de la ciudadanía para colocar agendas prioritarias en las instituciones representativas. Mario Silva, Patricia Martínez, Jesús Carlos Soto, Alicia Ocampo, Malena García, Guadalupe Morfín. Son muchísimos los nombres de cargos o ex cargos en gobiernos de MC que provienen de organizaciones de la sociedad civil.

Pensar que la autonomía del gobierno se construye a través de la imposición y el autoritarismo, y no a través del razonamiento, la deliberación y el convencimiento. Detrás de las posiciones de Enrique Alfaro aparece una forma de entender el Estado y su relación con la sociedad. Ceder y cambiar propuestas no debería ser sinónimo de debilidad de un gobierno, sino una forma de entender la gobernabilidad democrática en un contexto de pluralismo. Sin la participación ciudadana, sin el despertar de los colectivos, serían impensables los avances en transparencia, democratización, reformas políticas, auditoría, derechos civiles, libertades, políticas anticorrupción. Bueno, sin la participación ciudadana, un proyecto como Movimiento Ciudadano hubiera sido impensable.

Tal vez la mejor comparación que podemos hacer del presente es con la llegada del PAN en 1995. El blanquiazul arribó a Casa Jalisco con un impulso ciudadano muy considerable. El 1er. gabinete de Alberto Cárdenas es síntoma de esa pluralidad que supuso el cambio político a nivel estatal. Sin embargo, con el paso del tiempo, el PAN se distanció de la ciudadanía y comenzó a pensar más en los equilibrios de poder internos, en sus intereses, y mucho menos en las demandas de la ciudadanía. Todo derivó en una batalla fratricida que fracturó al partido y lo alejó del sentir popular. MC corre ese riesgo, y lo corre de forma muy prematura -el partido, como tal, tiene 10 años de vida-.

Al igual que Wikipolítica, asociación de la que forma parte Pedro Kumamoto, ex candidato a senador de la república, otras 16 organizaciones iniciaron el trámite ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para conformar un partido político en la entidad.

Entre las que se sumaron están Confío, de Salvador Cosío, ex aspirante a la gubernatura, y Hagamos, del diputado Enrique Velázquez.

También destacan otras que, si logran constituirse, se denominarán MÁS, Partido Antiabortista Provida, Unidos Podemos, Movimiento Nueva Era, Podemos X Jalisco, Partido por la Vida, Podemos Jalisco, México Entregado a la Transformación, Independientes Unidos por Jalisco, Avancemos, Unión por la Patria, Jalisco en Acción, UNE México y Partido Reformista.

Para conseguir el objetivo, deben llevar a cabo asambleas en 14 distritos u 84 municipios del Estado. El IEPC indicó que se tienen contemplados 714 eventos que serán atendidos por 81 servidores públicos.

También tienen que realizar una asamblea estatal constitutiva en la que aprueben sus estatutos, declaración de principios y programas que normarán sus actividades.

Además, el número total de afiliados no podrá ser menor a 0.26% del padrón electoral del estado que se usó en los últimos comicios locales.

Por otra parte, 106 agrupaciones manifestaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su intención de convertirse en partidos políticos a nivel nacional.

Figuran México Libre, de Margarita Zavala, quien compitió por la Presidencia en los comicios de 2018, y Redes Sociales Progresistas, de Fernando González y René Fujiwara, yerno y nieto, respectivamente, de Elba Esther Gordillo, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

La evolución de la democracia nos ha llevado por el tortuoso camino de la partidocracia, entendiendo esto como el gobierno del pueblo por los voraces partidos políticos. Apenas salimos de la dictadura de partido y caímos en la dictadura pluripartidista que finalmente derivó en el gobierno de un solo partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). En la lucha por el poder el ex presidente Fox lo declinó y lo tomaron inmediatamente los 3 partidos políticos más fuertes, PAN, PRD y PRI.

En efecto, por su cuenta se pronunciaron las distintas fuerzas que se sintieron amenazadas por la posibilidad de que llegara a la Presidencia de la República una persona con ideas radicales izquierdistas, que podría desquiciar la economía del país, al tratar de repartir la riqueza como lo intentaron Echeverría y López Portillo, en lugar de crear condiciones propicias para generala y lo que hicieron fue repartir la pobreza. Si le das de comer a una persona lo hacer una vez, si le das trabajo lo beneficias todos los días.

Al clero se le unió su instrumento político el PAN. Por su lado el PRI lanzó una ofensiva en contra del "Peje". De inmediato la iniciativa privada lanzó el grito para detener al exaltado candidato de izquierda que no representa a toda la supuesta izquierda.

Cuando nos gobernaba el PRI revolucionario, los políticos eran hombres cuidadosos de su imagen y prestigio personal, no trascendían sus actos privados de conducta personal y no se enriquecían escandalosamente. Terminó el gobierno del PRI, tratando de convencernos de que hicieron su trabajo, por medio de propaganda descarada, redundante y mediocre en los medios de radio y televisión gastando más de 5,000 millones de pesos en un año.

El presupuesto para subsidiar a los partidos políticos para 2019 es de casi 5,000 millones de pesos, de los cuales, para Morena son 1,567 millones de pesos, para el PAN 861 millones de pesos, para el PRI 811 millones y más de 350 millones para cada uno de los demás partidos. En total se repartirán 4,998 millones de pesos en 2019 y esto es porque ya estamos gobernados por un régimen de austeridad republicana llamado Morena.

Ante este jugoso botín, se lanzan los políticos a la constitución de nuevos partidos. El de Elba Esther Gordillo por medio de su yerno Fernando González y su nieto René Fugiwara, hicieron trámites para registrar "Redes Sociales Progresistas" (RSP). El paso previo para constituirse como partido político es el registro ante el INE como Agrupación Política Nacional (APN) y una vez cumplidos los requisitos se solicita se transforme en partido político. Ante este jugoso y lucrativo negocio ya se apuntan para constituirse como partidos políticos, "Convicción Mexicana por la Democracia", "Expresión Liberal Democrática", "Unión Nacional Sinarquista" (que dio origen al nacimiento del PAN), "Praxis Democrática", "Asociación Nacional por la Defensa de los Derechos Políticos Electorales", "México Nuevo" y "Pueblo Republicano Colosista", entre otros, más los que acumulen esta semana, mientras no hagamos plantones para protestar por este saqueo, que parece ser, es lo único que funciona para que se haga justicia, hasta conseguir que se eliminen los subsidios para los partidos políticos.

Como lo habían primero amenazado (cuando se debatía la candidatura al interior del PAN) y luego prometido, Margarita Zavala y el ex presidente Felipe Calderón han decidido lanzarse a la aventura de formar un nuevo partido político. Si logran el registro se llamará Libre y buscará estar presente desde la elección intermedia del 2021.

¿Tiene sentido un nuevo partido en el momento político que vive el país? Ante el claro y creciente descrédito de los partidos llamados tradicionales, PRI, PAN y PRD, por supuesto que sí. Los partidos viven su peor momento de credibilidad desde la transición democrática iniciada en 1997 y por las dinámicas internas en que están metidos parece, a simple vista, más fácil crear uno nuevo que componer uno viejo. Eso hizo López Obrador y, diría el clásico, "lo ven a uno y creen que es fácil".

Los escépticos dicen que ninguna de las múltiples escisiones de Acción Nacional ha logrado romper al partido. "El que se va, se va solo", presumen, porque la marca pesa. Es cierto, pero el análisis resulta demasiado simplista. El que no haya pasado no quiere decir que no pueda suceder o dicho en palabras coloquiales, nada pasa hasta que sucede. Eso mismo pensaban los priistas, en el culmen de la arrogancia del partido de estado cuando 3 aventureros, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez Navarrete anunciaron la creación de la Corriente Democrática y partieron al PRI.

Para la gente de izquierda, Calderón ha sido el peor de los presidentes de este país; para la derecha, el mejor. El ex presidente divide opiniones y a quererlo o no Margarita Zavala cargará con ese estigma. Parece que no tendrá problema para conseguir las 240,000 firmas necesarias, pues el ejercicio de la candidatura independiente demostró que tiene el músculo suficiente. La pregunta es si eso le da para hacer un partido pequeño o si realmente trae canicas para competir en 2024.

En la elección intermedia la oposición, juntos, separados o en acuerdos pragmáticos tiene que concentrarse en ganar distritos para evitar lo que parece una aplanadora de Morena con López Obrador otra vez en la boleta, ahora en un referéndum de revocación de mandato. Para el 2024 o los partidos de oposición, nuevos y viejos, van en alianza o Morena se los va a comer de un bocado.

Este fin de semana se anunció que Elba Esther Gordillo, su yerno y su nieto buscarán formar un partido político. "Redes Sociales Progresistas por un Proyecto Alternativo de Nación". A manera de escenografía, el rostro enorme del presidente AMLO.

En México, la palabra "oposición" nos remite a un papel político destructivo, de bloqueo y de intolerancia frente al gobierno. Socialmente, nunca se ha entendido la relevancia de una oposición que señale los desatinos del oficialismo. La cultura política, que se construyó por décadas en el país, criminaliza la disidencia y señala duramente al opositor. Es como si la oposición permanentemente conspirara para la inestabilidad y el desequilibrio. En México, pocas veces hemos entendido que el futuro del país no sólo depende de quien gobierna, sino también de la capacidad que tienen las fuerzas políticas -o sociales- externas al gobierno para ejercer una oposición de calidad y dibujar escenarios alternativos.

La elección de 2018 sacudió el sistema de partidos y nos dejó una coalición gobernante -Morena y sus aliados- con mayoría absoluta en ambas cámaras y con 19 legislaturas locales encabezadas por el partido de Andrés Manuel López Obrador. La oposición partidista quedó sumamente debilitada: el PRI en un ejercicio incierto de reconstrucción; el PAN con una división endémica y una minoría que no le concede el papel de "fuerza antagónica" a Morena, y el PRD pavimentando el camino hacia la desaparición. El contexto, y los equilibrios políticos, suponen el traslado del rol de oposición del sistema de partidos a la sociedad civil.

Ayer adelanté aquí que en el congreso se aprobaría convertir en delito grave el huachicoleo, la corrupción y las faltas electorales, pero la sesión se suspendió después del cierre de la edición y se pasó para febrero, cuando seguramente quedará esta iniciativa aprobada, del mismo modo que la Guardia Nacional y el fiscal. Todo con sello morenista y sin contrapesos.

Más que extraño resultaba que pese a que el combate al robo de combustibles ha sido tomado como la principal causa y bandera del arranque del gobierno federal autollamado de la 4a. transformación, el artículo 19 de la Constitución siguiera sin reformarse para hacer del huachicoleo un delito grave, y que los detenidos por esta ilícita actividad no puedan salir de prisión bajo fianza como siempre ha ocurrido.

Más aún ahora que la Procuraduría General de la República busca que se judicialicen las 1,700 carpetas de investigación que aseguran han abierto hasta ahora en contra de funcionarios de Pemex, políticos, gasolineros, militares, policías y miembros de bandas delincuenciales con las que se han coludido para el saqueo de hidrocarburos de las instalaciones de la petrolera y a través de las ordeñas clandestinas.

Mientras el negocio del robo de hidrocarburos creció como bola de nieve, en el Senado se mantuvo congelada por años una iniciativa para incrementar el castigo por este delito y que causara prisión preventiva oficiosa.

Esta omisión sugería que la trama de corrupción alcanzaba también los más altos niveles legislativos, para buscar mantener la impunidad a la trama de corrupción de esta pujante industria ilegal, objetivo que lograron durante años.

Esto empezó a cambiar a inicios de la actual Legislatura con mayoría del bloque Morena-PES-PT cuando se logró destrabar y aprobar esta iniciativa en el Senado. Pasó luego a la Cámara de Diputados donde el martes se discutió y avaló con voto dividido en la Comisión de Puntos Constitucionales y se espera que hoy el dictamen sea votado en el pleno dentro del periodo extraordinario abierto ayer con la discusión de la creación de la Guardia Nacional.

En la iniciativa, además del huachicol, se considera también convertir en delito grave la corrupción y las faltas electorales, lo que dividió opiniones, sobre todo de los diputados del partido Movimiento Ciudadano y del PRD, que votaron en contra en comisiones y donde el PRI y el PAN se abstuvieron. Los diputados del PAN incluso propusieron convocar a foros para analizar y escuchar más voces sobre el tema antes de legislarlo.

Pese a lo ocurrido en la Comisión de Puntos Constitucionales es casi un hecho que la bancada mayoritaria de Morena logré con sus aliados del PT y del PES, y los que muy probablemente consiga del Partido Verde e incluso del PRI, como ocurrió ayer en el tema de la Guardia Nacional, los 334 votos que se necesitan para alcanzar 2 terceras partes de los votos para aprobar esta reforma constitucional, que luego deberán avalar los congresos de los estados.

El convertir en delito grave el huachicoleo y la corrupción es sin duda una buena noticia que ojalá ayude en este combate sin precedente al robo de hidrocarburos que se había tornado en abierto desafío y amenaza al Estado mexicano.

La deuda pública de 31 de las 32 entidades del país, asciende a 568,934 millones de pesos, de acuerdo con informes de la Cuenta Pública al 3er. trimestre de 2018.

A este pasivo se suman, además, 68,456 millones de pesos por servicios de la deuda y pago de inversión, así como 119,000 por obligaciones a corto plazo y proveedores.

Los estados con mayor déficit son la capital del país, el Estado de México y Chihuahua.

El Tribunal de Arbitraje y Escalafón fijó 39 multas contra el Congreso del Estado, por presuntos incumplimientos en el trámite de solicitudes de suspensión contra presidentes municipales por el impago de laudos. El titular de la Coordinación de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, Francisco Javier Ulloa Sánchez, informó que el poder legislativo presentó un amparo para no pagar las multas, consideran que no violentaron ningún proceso y subrayó que con las reformas a la Ley Orgánica del Congreso desaparecieron las áreas referidas.

En las sanciones se señalaba a la ex diputada Adriana Medina Ortiz, presidenta de la Comisión de Desarrollo Municipal, que ya no existe, y al ex secretario técnico de la Comisión de Gobernación, Enrique Hernández. Las multas se acumularon en los últimos meses de la pasada legislatura.

"Esas multas fueron notificadas en la actual legislatura de manera que sí tenemos 39 multas derivadas de juicios laborales. El total de las multas son aproximadamente 284,000 pesos, lo que el Congreso tendría que pagar, que finalmente las estamos impugnando y estamos ciertos que van a quedar sin efecto", explicó.

Sobre el tema, la diputada Elizabeth Alcaraz Virgen, titular de la Comisión de Gobernación, confió en que las sanciones no trasciendan pues los casos en los que presuntamente se incumplieron términos ya pasaron como acuerdo legislativo en el pleno del congreso.

La diputada informó que. desde su arribo al cargo en noviembre pasado, han recibido 900 asuntos relacionados con suspensiones contra autoridades municipales por impago de laudos. La legisladora dijo que han cumplido con los términos de los procesos y revisan cada uno de los casos para agilizar su trámite.

Qué dirá Enrique Alfaro cuando se entere que su fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, decidió ya no alimentar la herramienta de datos abiertos Seguridad Map.

El argumento de nuestro Primer Juglar del Estado es que buscará una herramienta con datos más "interpretables". ¿Más que un mapa con los delitos geolocalizados por colonia y por mes? Se ve difícil.

Mientras Alfaro pugna por un dictamen sobre la Guardia Nacional que no centralice en manos de la Federación la información sobre criminalidad, su fiscal, por otro lado, renuncia a una aplicación que empodera al ciudadano y combate esa visión centralista del manejo estadístico sobre delincuencia.

Ahí avísenle al gobernador porque parece que nuestro fiscal del Estado viene de otra época. No vaya a intentar poner una carpeta en papel con los delitos consultables en su oficina.

Del establecimiento de prohibiciones y leyes para controlar a los funcionarios puede deducirse lo que hacen normalmente. Entre más leyes haya regulando la función pública quiere decir que peores son los gobernantes. Con mejores hombres en el poder se necesitarían menos leyes.