¿Cómo ayudar al mayor número de personas a pensar y hacerlo de manera crítica? Nuevamente nuestra sociedad estará expuesta a las infinitas trampas de la publicidad y la mercadotecnia de cuantos aspiran a ganar las próximas elecciones. Nuevamente los partidos y sus candidatos presumirán la fiesta enorme de logros que no lo son, y lo peor de lo peor, nuevamente todos prometerán la luna y las estrellas, que abatirán la corrupción, la inseguridad, la impunidad y la pobreza, es decir que ahora sí harán todo lo que no han hecho en los cargos que anteriormente ocuparon. Muchas personas volverán a decir que este gobierno sí arregló calles aunque a la primera lluvia se hayan arruinado, y veremos y oiremos a los actores pagados decir maravillas de tal o cual partido o ilustre aspirante, mientras multitudes sacadas de quién sabe dónde aplauden, gritan y aclaman, una vez más la vergonzosa comedia electoral.

La caducidad ya inocultable del sistema político mexicano exige de una enorme creatividad por parte de la ciudadanía. Ningún sistema es perfecto ni mucho menos eterno. Nuestra envejecida democracia del siglo XIX, ultrajada y corrompida luego de 100 años de "revolución" y partidismo desaforado reclama no de remiendos sino de un cambio profundo, exige de innovación, de audacia, de saber correr riesgos, de acciones sociales inteligentes que pongan fin a este sistema de explotación legalizada, a este mundo de partidos coludidos, revueltos, confundidos donde toda brújula se ha perdido, y ofrezcan los caminos, las instancias y las nuevas formas de elección y de gobierno que México necesita para salir del atolladero en que sus políticos lo han hundido.

El sistema político que soportamos que cada vez se ha vuelto más dictatorial y cínico.

Pierden su tiempo los opositores al poner argumentos racionales frente a la oferta de Morena. En López Obrador no hay argumentos, sino la convicción personal de un designio a través del cual hablan al presente antepasados reales o imaginarios en el que México se supone moralmente era superior y distinto. No hay argumento ante el votante de López Obrador porque no es su preferencia electoral, sino su creencia íntima y eso no se discute. Se tiene o no se tiene fe.

Su lógica lleva a aparentes contradicciones y discrepancias con la realidad: una sociedad en la que el dinero no cuesta, el trabajo es secundario y por eso hay que becar a ninis; el rendimiento y los resultados tampoco significan un valor personal o social, por eso la eliminación de evaluaciones escolares y el ingreso ilimitado con becas a todos los niveles de educación; la productividad y la competitividad de los subsistemas sociales y de la sociedad en su conjunto son accesorios y en todo caso un pretexto para la discriminación y la desigualdad. Se trata, como él mismo lo ha dicho, de traer consigo el bienestar del alma, valor incuantificable en el reino de la voracidad, la rapacidad y el despojo originario. El mal no existe. Es contextual e históricamente determinado. Por eso, la inocencia y la bondad primigenias de narcotraficantes, secuestradores y violadores con quienes el Estado, en una degeneración en la búsqueda del bien, se niega a dialogar y los persigue y con frecuencia los mata. Todo eso se va a acabar porque él está convencido de sus dotes y capacidades para el cambio moral en cascada, desde la cima del poder político.

¿Ante eso, qué tipo de campaña racional y competitiva pueden emprender los opositores y en particular el PRI, que encarna la degeneración que hay que regenerar y que sea capaz de persuadir a un votante de que exprese su preferencia por él? No anden buscando electorólogos americanos o sudamericanos para enfrentar con éxito electoral un discurso ancestral, autóctono y religioso.

Resultado de la postura del PES en asuntos de la agenda social como son aborto, matrimonio igualitario y adopción para parejas del mismo sexo, ciertos círculos intelectuales y progresistas le han recriminado a López Obrador que haya suscrito acuerdo con dicho partido; sin embargo, no hay registro como gobernante o como candidato que el virtual candidato presidencial de Morena mantenga una postura "liberal" en dichos temas. Seguramente López Obrador está más cerca del PES de lo que muchos de sus simpatizantes advierten.

Mucho se ha hablado de la extraña mezcla programática que podría surgir de una alianza como la de Morena y el Partido Encuentro Social, que claramente podrían sacrificar algunos de los derechos y libertades que Ciudad de México ha conseguido ya. La candidata de esta alianza ya está definida, pero no se ha escuchado la voz de Claudia Sheinbaum sobre temas como el matrimonio igualitario, la adopción entre parejas del mismo sexo o incluso la interrupción del embarazo.

¿Estaría dispuesta a recortar derechos y libertades con tal de mantener contentos a sus nuevos aliados?

Los partidos políticos suelen ningunear los debates ideológicos. Dicen que eso no le interesa a la gente. Que los ciudadanos quieren buenos gobiernos sin importar las ideologías. Curiosa salida. O mejor: que, por México, ¡Hay que renunciar a lo que nos divide y enfatizar lo que nos une! Eso dijo López Obrador de su alianza con Encuentro Social: en el fondo, Morena y el PES compartimos lo mismo. Dichas argucias verbales son sólo reflejo de la baja estatura de la clase política que se niega a tomar posturas en los temas más espinosos del país, sea la ley de seguridad interior o el Tratado de Libre Comercio. Todas las respuestas y posturas tienen una raíz ideológica.

Sin embargo, la política no tiene sentido sin ideología. No tiene sentido sin una serie de partidos políticos que compitan cada determinado periodo de tiempo por el voto, poniendo sobre la palestra pública diversos proyectos que parten de principios distintos. Así, la ideología no es un hecho accidental de la política, sino su esencia misma. Sin ideología, qué elegimos cada tres años: ¿al más guapo o guapa? ¿al mejor orador? ¿a quién se viste mejor? ¿a quién tiene más dinero o una mejor trayectoria? La política supone que votemos por aquél que encarna los valores que creemos que son correctos para la sociedad. El pragmatismo exacerbado mata la credibilidad en la política y profundiza la distancia entre ciudadanos y partidos.

A diferencia de la deriva de la política mexicana, nuestro país necesita más y mejor debate ideológico. Más y mejor contraste de proyectos y propuestas. Sin dicho contraste, la política se vuelve una competencia de imagen y un espectáculo de masas, pero desprovista de ideas para transformar la realidad en lo que vivimos. El pragmatismo de la clase política, en donde unos se coaligan con los otros sin compartir nada, es el indicativo más claro de la crisis que vive el sistema.

Cualquier propuesta de combate a la corrupción, de fortalecimiento del Estado de Derecho, seguridad y desarrollo económico caerá en la trituradora política si no tenemos una democracia funcional y eficiente, y una forma de entender nuestra relación con el mundo.

José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde, ambos ex presidentes del Instituto Federal Electoral hacen las propuestas que resultarán quizás las más controvertidas pero que tienen todo el sentido del mundo desde la perspectiva de la funcionalidad democrática. Woldenberg plantea igualar el número de diputados de representación proporcional a los de mayoría relativa, de manera que se fortalezca la representación de la pluralidad. Luis Carlos Ugalde pone sobre la mesa el voto obligatorio como una forma de reducir el clientelismo electoral (cuando tienes que votar por mandato de ley la movilización y acarreo pierden todo sentido) y reducir no solo los montos de financiamiento público a los partidos, sino también las asignaciones a grupos parlamentarios. El 1er. escalón de la corrupción son las elecciones, y lo que él propone es matarla de raíz.

El Estado de México fue, sin duda, el gran laboratorio electoral para 2018. Sin embargo, los protagonistas han hecho un pacto para olvidar lo que sucedió en junio de 2017.

El ganador no quisiera acordarse, pues la suciedad y el derroche fue tan grande y escandaloso, que es mejor pasar por alto la victoria pírrica a falta de vergüenza.

Extrañamente, los perdedores también ya ni lo mencionan. Casi al día siguiente se sumaron al olvido de los vencedores y no solo eso, el líder de Morena, a 15 días de los comicios, organizó "un congreso" de un solo discurso, donde anticipó que en 2018 repetirían la hazaña sectaria y solo irían con el PT, el cual había declinado tardíamente, por la candidata Delfina Gómez y nada dijo que su estrategia era abandonar el ropaje de la izquierda y asumir su posición histórica de derecha.

El PRD, el otro perdedor, gritó feliz "¡Perdimos!", pero "logramos el 18%" y Juan Zepeda, su candidato, se convirtió en figura nacional efímera.

El PAN, ahora aliado del PRD, desapareció en medio de la depresión de su ex candidata presidencial y solo profundizó el proceso de fractura en el partido que encabezó la alternancia a partir de 2000 y que, junto al lopezobradorismo, fueron los responsables del regreso del PRI.

Las opciones para 2018 quedaron en 3 bloques, que Porfirio Muñoz Ledo llamara al de PAN-PRD "un mazacote".

Bajo ese concepto, el bloque PRI-Verde-Nueva Alianza es un mazacote de intereses que se suman para darle continuidad al mismo modelo establecido hace 30 años.

El mazacote PAN-PRD, donde por 1a. vez la izquierda desde 1976 no tendrá candidato propio y su programa solo se basa en la idea de ganar, sin establecer cambios estructurales en lo político y económico.

Pero el mazacote más sorpresivo fue, sin duda, el que construyera sin consulta Andrés Manuel López Obrador, uniendo a la extrema derecha a su proyecto, para reafirmar su derecha propia. La alianza con el PES es solo la culminación de un proyecto con fondo religioso desde aquel "éxodo" que saliera de Tabasco y que para él significaba representar a Moisés en su proyecto bíblico.

Un escenario de continuidad y de la derechización abierta de las izquierdas nos espera para 2018.

Para la sociedad mexicana, lo más urgente seguirá siendo la espera. 6 años más de barbarie y falta de gobierno y de Estado de Derecho se ve como futuro nacional, ante la falta de alternativas que hoy nos brindan los mazacotes.

López Obrador dio a conocer a los integrantes de su gabinete presidencial, cuyo principal mérito parece ser la equidad de género, 8 mujeres y 8 hombres, pero creo que ese es un análisis simplista, porque el género por sí solo no determina calidad.

De la lista hay algunos conocidos, la ex ministra de la Corte Olga Islas, que batalla con su formación y la amnistía al crimen organizado de su candidato; Esteban Moctezuma, secretario general del PRI en la campaña de Ernesto Zedillo, en 1994, su 1er. secretario, breve, de Gobernación y al final de Desarrollo Social; Javier Jiménez Espriú, ex funcionario de Obras Públicas y secretario general administrativo de la UNAM, y Héctor Vasconcelos. La constante de los demás es su ausencia de cargos públicos, sin experiencia y sin antecedentes políticos, ajenos a las políticas públicas, pero sin cola que les pisen, pero, sobre todo, no son de su partido ni de sus rijosos como Martí Batres, John Ackerman, Horacio Duarte, Pablo Gómez, Manuel Bartlett y Layda Sansores, por mencionar algunos.

El mensaje de este gabinete no es quiénes lo forman, sino los que no están, sus rijosos, y esa fue la señal de paz que Andrés Manuel quiso mandar fuera de su feligresía, cuyos votos necesita si quiere ganar las elecciones.

Dicho lo anterior, hay que apuntar, 1o., que no hay ningún compromiso, de ganar el 1 de julio, de confirmar a este equipo; 2o., que de ganar y confirmarlos, que no fueran de transición para relevarlos por los duros.

Por cierto, López Obrador dejó vacantes las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina por razones que desconozco, pero que aparentemente no le preocupa porque ha dicho que agrupará a las fuerzas armadas en una guardia nacional de la que él será el jefe.

Los asuntos de la elección del 18 son: la salud de López Obrador, sus políticas de regreso al pasado y su obsesión por ser presidente a cualquier costo.

Algunos de los más reputados analistas se han ocupado de la peculiar alianza de Morena, PT y PES. En su columna de éste lunes en El Universal, José Antonio Crespo rescata un fragmento de la declaración de principios del Partido Encuentro Social, donde a propósito de la izquierda, se lee lo siguiente.

"...Sus anticuadas y fallidas ideas para generar crecimiento y desarrollo económico -de la izquierda- son verdaderamente irrealizables... incluso, no solo denotan resentimiento social sino que lo promueven... La izquierda hoy polariza, divide, confronta".

No entienden que PES y Morena nunca han sido de izquierda, sino 2 locuaces partidos familiares de derecha extrema. Pero si seguimos con la línea argumentativa de AMLO, debemos concluir que PES no es de "ultraderecha", porque "los representantes de la ultraderecha en México son quienes en los últimos 30 años han estado a cargo del Estado y que han aplicado la actual política económica de entregar recursos del país a particulares".

¿Pero qué creen? Que hasta hace pocos años, Hugo Eric Flores, el dueño del PES, era un reputado militante del PRI, de esa derecha que ahora perdona AMLO? De risa loca.

Pero hay más. El pasado martes, Roberto Blancarte -reconocido especialista en religiones-, regaló a los lectores de MILENIO uno de los más puntuales artículos sobre el tema.

Con el título "El 'pes peje'", Blancarte escribió: "Estoy convencido de que no hay cálculo político o estratégico en la alianza de Morena con el PES; por el contrario, existe una identificación absoluta de López Obrador con las posiciones conservadoras de sus dirigentes y militantes".

"El virtual candidato de Morena a la Presidencia, al igual que los dirigentes del PES, cree que las posturas religiosas deben normar los comportamientos políticos y por lo tanto la definición de políticas públicas que establezcan los gobiernos que ellos presidan"."

"Si no fuera el caso, es decir, si no se pretendiera legislar y normar la vida pública desde lo religioso, ¿qué sentido tendría anunciar que las creencias religiosas personales deben aparearse con la política?"

La soberbia y conservadurismo de López Obrador le impidieron ganar la presidencia en 2006.

Patricia Mercado era ya la candidata presidencial del partido Alternativa Socialdemócrata. La cercanía de propuestas y la posibilidad de apuntalar un triunfo de la izquierda motivaron a la candidata presidencial a buscar una alianza con AMLO.

Sin embargo, el candidato de la Alianza por el Bien de Todos, formada por PRD-PT-Convergencia (hoy MC), rechazó la propuesta de Mercado, cuestionando el respaldo de los socialdemócratas a temas como la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo; el derecho al aborto o la despenalización en el uso de la mariguana.

La campaña de Mercado fue muy exitosa y las encuestas marcaban al final de la campaña un 3% de intención de voto.

Al final, Mercado obtuvo 2.76% de los votos válidos, equivalente a 1'128,000 sufragios... y AMLO perdió por cerca de 244,000 votos.

Aun suponiendo que no todos los votos de Mercado se hubieran ido a AMLO, con la cuarta parte hubiera sido suficiente para ganar.

Tal vez recordando esa experiencia, AMLO ahora ha estado dispuesto a venderle su alma... al PES.

Esta fuerza política, con fuerte arraigo en la comunidad evangélica, obtuvo en las elecciones federales de 2015 1'325,000 votos de sus candidatos a diputados de representación proporcional. Esta cifra fue casi 3.5% de los votos válidos de la elección.

Apenas el 11 de junio pasado, en el Tercer Congreso Nacional Extraordinario de Morena, AMLO señaló lo siguiente:

"No podemos marchar juntos con esos partidos. Me refiero, para ser preciso al PRI, al PAN, al PRD, Verde, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, Nueva Alianza". Y arrancó la ovación de los asistentes.

El pragmatismo mostrado por AMLO, para dar cabida a un partido al que había puesto en la lista de los indeseables, parece contrastar con la rigidez y terquedad mostrados en 2006. Pareciera que ahora la consigna es ganar, sin importar con quién se junte... siempre y cuando le traiga votos.

Cosas tan superficiales como que ya le ponen maquillaje en sus entrevistas para televisión, cosas tan relevantes como entablar una alianza con el Partido Encuentro Social.

Quizá esta coalición, que fue explosiva entre sus fieles, para él, en lo personal, resultó mucho menos difícil: López Obrador es muy religioso y profundamente conservador. Como el PES. Lo ha exhibido históricamente: mucho se ha dicho que cuando encabezó el Gobierno del DF bloqueó las iniciativas de matrimonio igualitario e interrupción legal del embarazo. Luego en el discurso abrazó estas banderas por conveniencia política. Es una de sus más notables contradicciones.

Tan flagrante, que cuando anunció su alianza con el PES le protestaron hasta con pancartas personajes centrales de su lucha como Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez. Más allá: en el gabinete de López Obrador en Morena hay una Secretaría de la Diversidad Sexual, encabezada por Temístocles Villanueva, quien en un comunicado se dijo sorprendido y escéptico cuando se anunció la alianza. Al día siguiente redactó en Twitter: "pude platicar unos minutos con él", y divulgó que AMLO le prometió que "no vamos a ceder ante el conservadurismo".

Este episodio exhibe la fortaleza, pero también la debilidad de López Obrador. Lo que le puede hacer ganar y lo que le puede hacer perder.

Lo muestra como un pragmático que hace cálculos políticos despiadados y actúa en consecuencia: lo que sea para sumar votos. Pero también lo vuelve a exhibir como autoritario, mesiánico, que no es capaz de explicar a un integrante de su gabinete partidista del ferrocarril que lo va a atropellar con su visto bueno, que no se reúne con figuras que lo han apoyado por décadas para convencerlas de la necesidad de una alianza, que ni siquiera tomó la llamada a los damnificados de su decisión sobre quién será su candidata al Gobierno de la Ciudad de México. Un López Obrador que no escucha a nadie, que exige no sólo lealtad sino sumisión.

Las ganas, sin escuchar razones, dominan las acciones de Andrés Manuel López Obrador. Generalmente, sobre todo en acciones fundamentales, como fue la sugerencia de sus asesores de no realizar el plantón en Paseo de la Reforma en protesta por el resultado de la elección que le dio a Felipe Calderón la Presidencia por el costo que entrañaría. Como lo advirtieron, aquella protesta que trastocó la actividad económica en la Ciudad de México, se le sigue recordando de manera negativa.

Este tipo de exabruptos políticos no los ha corregido. El gabinete que presentó en el arranque de la precampaña presidencial con el cual gobernaría en caso de llegar a Los Pinos en 2018, es otro de esos ejemplos señeros. Los nombres de su equipo fueron recibidos con respeto, pero valorado en términos generales como un gabinete de 2a. división.

La culpa no es de ellos, sino de la necedad de López Obrador por hacer el anuncio el 14 de diciembre, sin quererlo aplazar día más, y por haber dejado sin explicación cuáles fueron los motivos detrás de algunos de los nombramientos. Tal es el caso de Olga Cordero, a quien llevaría como secretaria de Gobernación, que fue un nombramiento que no se entendió por la nula experiencia de la abogada que, antes de ser ministra de la Suprema Corte de Justicia era notaria. La señora Cordero no está por su experiencia, sino que es el guiño más grande que le ha hecho el puntero en las preferencias electorales, al empresariado. Cordero es la gran pieza de los empresarios en el gabinete de López Obrador, un enlace que les daría confianza y certidumbre de que en caso de llegar a la Presidencia, no habría una cacería de brujas contra ellos.

De cualquier manera, la señora Cordero no le da mayor lustre que el efímero impulso que le dará el nombramiento. Otros de mucho mayor envergadura, que habrían provocado en muchos las reflexión de que López Obrador es muy diferente en términos de aplomo y visión que el de 2006 y 2012, lo echó a perder, no por no haber crecido y madurado políticamente en todos estos años, sino porque no quiso esperar unos pocos meses, antes de iniciarse la campaña presidencial, para que pudieran sumarse 2 personas que habrían revolucionado su campaña y potenciado sus probabilidades de triunfo.

Uno de ellos fue Santiago Levy, el vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, subsecretario de Hacienda en el gobierno de Ernesto Zedillo y director del Seguro Social durante el gobierno de Vicente Fox, pero quien en los 90 fue el arquitecto principal del programa Progresa-Oportunidades, que sirvió de ejemplo a varios gobiernos en el mundo, como el de Inacio Lula da Silva. Levy estaba dispuesto a sumarse al equipo de López Obrador, pero no podía hacerlo en este momento sino hasta la primavera, cuando estuviera libre de compromisos adquiridos con universidades en Estados Unidos donde una de las restricciones es que no puede hacer política. López Obrador se tuvo que conformar con Carlos Urzúa, que fue secretario de Finanzas en el 1er. medio del gobierno del precandidato en la Ciudad de México.

Otra fue Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, que depende de la Organización de las Naciones Unidas, donde previamente fue la coordinadora de su programa de desarrollo sustentable. López Obrador le ofreció a Bárcena la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero una vez más, cuando al enviado del precandidato a Chile, la sede la Cepal, le hizo la propuesta, le respondió que aceptaría, pero no antes de la primavera -al igual que Levy-, por tener compromisos contraídos en la organización que dirige. Tampoco quiso esperar López Obrador y nombró a Héctor Vasconcelos, diplomático de carrera pero enfocado en las artes.

No se entiende por qué López Obrador no mantuvo en reserva los nombramientos en las carteras de Hacienda y Relaciones Exteriores, para poder dar un campanazo nacional e internacional, como sí lo hizo para el cargo de secretario de Seguridad Pública, que en su diseño de gobierno, volverá a renacer como secretaría y eliminará de la degradación administrativa -con todo su costo y consecuencias- que provocó el presidente Enrique Peña Nieto al aprobar a su secretario de Gobernación la absorción de esa dependencia.

Las prisas de López Obrador produjeron un gabinete que, en la parte positiva, no presenta un armado a partir de cuotas políticas sino, en ese sentido, es serio y pragmático al incorporar formalmente a personas que trabajaron con él durante estos meses que con quienes nunca había estado cerca, como Esteban Moctezuma, quien asumiría la Secretaría de Educación, y que ha sido pivote en algunas de las nuevas alianzas que ha ido construyendo el equipo del precandidato. Moctezuma fue secretario de Gobernación y de Desarrollo Social en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuyo nombre siempre ronda en torno a López Obrador. La parte negativa es la mediocridad, medida en términos de opinión pública. López Obrador presentó lo que tuvo listo el 14 de diciembre. Se apresuró y perdió. El ímpetu, sin razonar, le sigue costando.

Pongamos que Enrique Alfaro gana la gubernatura (¿otra cosa puede pasar?). Necesita un gabinete leal, rodeado de sus hombres de confianza, por eso, nos dicen, tiene planes para Clemente Castañeda como integrante de su gobierno.

Eso cambia la candidatura de Clemente al Senado. Competiría contra el independiente Pedro Kumamoto, pero si gana el naranja (aquí sí supongamos), tendría que pedir licencia. Y su senador suplente es Alberto Galarza "El Rojo", ex presidente de la FEU.

Esa parte de la ecuación también debería estar presente en el votante, como posibilidad, a la hora de decidir frente a la boleta.

La mayoría de nuestros amados gobernantes no tienen baja su autoestima. Si no me cree, busque usted al funcionario que le parezca que haya hecho el peor trabajo en su actividad oficial y que desde luego tenga aspiraciones de un nuevo hueso, su autocalificación será excelente lo que no creo coincida con la opinión que la raza pelona tiene de ellos.

Desde luego las elecciones no se tratan, de ninguna manera, de elegir a las mejores personas, no, se trata de elegir, si es que hay que hacerlo, a los menos malos -si se pudiera evitarlas, muchos lo preferiríamos- y sería interesante que hubiese candidatos mudos. Creo, sin estar seguro, que Quevedo dijo algo así como que el que más promete es el que menos está dispuesto a cumplir esas promesas.

Ahora que somos tanta gente que se hace evidente que cada cual tiene su propia idea de cómo debe gobernarse, los hay a quienes guste hablar de las reformas estructurales, que en su momento anunciaban cambiarían la vida en México; a otros los impacta la llamada obra pública; habrá a quienes emocionen las ayudas sociales. A final de cuentas todos debemos tener derecho a que nos gusten o no las acciones de las autoridades y lo que es cierto es que también debemos tener el derecho de tomar en cuenta o no esas acciones para emitir nuestro voto.

Por mi parte yo tomaría en cuenta si algún día se llegara a reducir el escandaloso gasto público, aunque no hicieran todos los logros que presumen.

El año electoral estará cargado con millones y millones de spots que nadie quiere ver ni escuchar.

[El exfiscal electoral] Santiago Nieto habló sobre los fraudes a la ley electoral y la manera en que los políticos burlan la ley en total impunidad; ejemplos: la propaganda encubierta y precampañas de precandidatos únicos.

López Obrador está muy cercano a la población que este sistema económico ha dañado. Pero... muchas de que sus propuestas son rechazadas por amplios sectores productivos, además de que no escucha; confía que sólo él es la solución para un país de tantas complejidades. Hoy quiere ganar a toda costa, así prometió amnistía a narcos en zonas donde ellos mandan... y se alió al PES, partido de extrema derecha, lo que le reclamaron airadamente Elena Poniatovska y Jesusa Rodríguez, antes sus más importantes apoyos. Su proyecto, a la luz de sus declaraciones, parece simplista y popular.

En teoría, las campañas electorales deberían ser períodos propicios para que candidatos y partidos plantearan a los ciudadanos su diagnóstico sobre la situación del país y sus propuestas de gobierno. En la práctica, son lo que estamos viendo: competencias de descalificaciones; batallas campales de ofensas, diatribas, cuchufletas e ironías; guerras de lodo -como ya se les designa genéricamente-, en suma.

Cualquiera diría que el tono de la controversia es una ofensa para la inteligencia de los ciudadanos, si no fuera porque candidatos y partidos parecen entender que los votos que dirimirán la contienda serán emitidos por aficionados a la lucha libre, cuya divisa -nadie lo ignora- cabe en 3 palabras: "¡Queremos ver sangre...!".

Integrada, pues, la terna de los principales candidatos para la elección presidencial del próximo 1º. de julio, las opciones, lejos de ser promisorias, se antojan, por ahora, sombrías...

Por orden de aparición -como en el teatro-: un aspirante que por 3a. vez aparecerá en las boletas, a base de incrementar el énfasis en el discurso populista con el que se presenta, en tono mesiánico, como la única posibilidad de verdadero cambio; como la némesis de "la mafia (PAN-PRI, que históricamente se ha alternado) en el poder"; como el salvador de la patria, en suma... aun siendo un gallo muy jugado, pero nunca ganador. Un no priísta que precisamente por no serlo, y a despecho de su grisura como funcionario público en administraciones de diferente cuño, intentará redimir al PRI de su desprestigio. Y ahora, un híbrido surgido de 2 fuerzas políticas tradicionalmente antagónicas y conceptualmente contradictorias.

Colofón: la terna en cuestión evoca el epigrama que una mano misteriosa redactó y colocó bajo la célebre fotografía de Casasola, con Pancho Villa, Emiliano Zapata y Rodolfo Fierro, más 2 decenas de revolucionarios, encaramados sobre la silla presidencial de Porfirio Díaz, tras irrumpir en Palacio Nacional, en diciembre de 1914: "No son trasunto fiel del calvario / las fachas estas; / ninguno es Dimas; / los tres son Gestas".

Fueron la senadora Dolores Padierna y su ex esposo René Bejarano, líderes de Izquierda Democrática Nacional, una de las corrientes históricas y poderosas del PRD, los detonantes de lo que hoy se vive.

A principio de septiembre renunciaron al partido en el que militaron por 28 años en protesta por la alianza con el PAN, anunciada en mayo por Anaya y la líder del PRD, Alejandra Barrales, para formar un frente amplio opositor en 2018. Desde agosto habían amagado con irse, pero dentro del PRD no hubo los reflejos necesarios para evitar su renuncia. La salida de ellos 2 hacia el campo de Andrés Manuel López Obrador en Morena, debilitó al PRD como una opción real de poder.

La salida de Padierna y Bejarano volvió al PRD rehén del PAN. El PRD se quedó sin alternativa: o firmaba la coalición, con lo cual obtendría posiciones de gobierno y legislativas en 2018 para repartir entre sus militantes, o sin ser una opción de poder real, colapsaría con la diáspora hacia Morena. Sacrificar a Mancera fue una decisión pragmática, tras una gestión débil de Barrales para sostener al partido en una posición de fuerza dentro de las negociaciones del Frente.

Los partidos políticos se ven desintegrados con exposición desmedida productora de actores dotados de oportunismo patético y vacuo mensaje; incongruente con las circunstancia del país, donde prevalece la ausencia de regulación de presupuesto del Estado hacia los propios partidos donde la percepción es su continua politización de todo cuanto vive la población.

La idea de López Obrador de ofrecer una "amnistía" a los narcotraficantes, para con eso -según él- pacificar el país es, por decir lo menos, una tontería. Esto es lo que dijo: "(...) vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas", agregando luego "con el apoyo de los familiares de las víctimas".

Supongo que añadió esto último al darse cuenta que es imposible obtener apoyo de las víctimas, porque la mayoría están muertas.

AMLO no distingue (¿o no sabe?) la enorme diferencia que hay entre otorgar una amnistía a sicarios y capos del narcotráfico, y a líderes de movimientos políticos o miembros de ejércitos revolucionarios, como la amnistía otorgada a las FARC en Colombia que además sólo aplica a quienes cometieron delitos menores, y nunca a criminales que han asesinado y descuartizado a miles de personas.

Si la violencia en el país se debe principalmente a las narcoactividades, haría más sentido analizar los pros y contras de la legalización de las drogas como medio para pacificar el país que analizar el indulto a criminales presos, lo cual más que una amnistía, sería un vil intercambio de impunidades.

Cuando los reporteros que sí son capaces de cuestionar y rebatir con argumentos las ocurrencias le preguntaron a AMLO si esta amnistía de que habla alcanzaría a los líderes de los cárteles, su respuesta fue: "Vamos a plantearlo. Lo estoy analizando. Lo que sí les puedo decir es que no va a quedarse ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad".

Las frases "lo estoy analizando" y "vamos a plantearlo" son muy reveladoras de quién es AMLO y cómo piensa.

La 1a. ("lo estoy analizando") revela que es él solo el que hace y deshace, y que la democracia y las instituciones le importan poco o nada. Como lo haría un dictador, él no propone, él decreta.

En la 2a. frase ("vamos a plantearlo"), el plural que usa no lo percibo como un plural democrático o incluyente, sino como el plural mayestático que se comenzó a usar en la edad media por reyes y papas.

El plural mayestático, o "plural de majestad", consiste en referirse a uno mismo, sea hablante o escritor, mediante el uso de la primera persona del plural y usando el pronombre "nos", en sustitución de "yo", imitando el estilo lingüístico de los reyes y altos jerarcas de Iglesia, que se expresan en plural (hemos decidido otorgarle a...).

Hoy en día, la clase política utiliza este modo de hablar para ya sea diluir responsabilidades a la hora de tomar ciertas decisiones, o bien para dar la impresión de que sus ideas son apoyadas por los demás ciudadanos.

No confundamos el plural mayestático de AMLO con el plural de modestia que se emplea cuando alguien quiere no darse importancia, y que es utilizado por los mexicanos más humildes.

Es obvio que una eventual liberación de capos sería el resultado de negociaciones directas con ellos, por lo que las preguntas que AMLO debiera hacerse y responder antes de siquiera proponer semejante plan, serían: ¿qué pedirían los narcos a cambio de pacificar el país -asumiendo por supuesto que son capaces de garantizar la paz, lo cual es bastante cuestionable- y qué estaría el gobierno, en manos de AMLO, dispuesto a ofrecer a cambio?

¿Simplemente los perdonaría y dejaría en libertad a cambio de promesas de no violencia, que pueden ser tan vacías y falsas como sus propias promesas? ¿Seguirían operando sus narconegocios? ¿Los perdonaría y les incautaría todos sus bienes, es decir, los dejaría libres y pobres como empezaron, o terminarían libres y ricos?

Todo esto y muchas cosas más relacionadas con la complejidad de otorgar una amnistía confirman que de AMLO sólo se pueden esperar ocurrencias y utopías, y que a cada uno de nosotros nos dirá siempre lo que queremos oír con tal de ganar votos.

Apenas estamos en el inicio de la temporada electoral. Apenas conoceremos las 1as. campañas hechas "para simpatizantes" y comenzaremos el nauseabundo camino hacia julio 1o.

Dice el dueño de Morena que los secretarios de la Defensa y la Marina no deben hablar, que solo deben obedecer. Y dicen sus corifeos que si hablan, "hacen política" y "violan la Constitución".

Está claro, para el pensamiento democrático, que en México todos tienen derecho a expresar su punto de vista. Incluso el locuaz cura Solalinde, promotor político de Morena, que hace proselitismo sin que el INE se percate.

Y viene a cuento, porque luego de la "descocada" declaración de AMLO -de que perdonaría a los capos del crimen-, tanto el general Salvador Cienfuegos como el almirante Vidal Francisco Soberón externaron su opinión y condenaron la eventual amnistía.

En realidad, la censura es la cultura dictatorial de Obrador y los suyos. En el reino de AMLO -no en un gobierno democrático- la norma es censurar libertades básicas, como la de expresión.

Hace 2 semanas, Morena lanzó su convocatoria para elegir a 3,415 candidatos que representarán al partido de AMLO en las elecciones de 2018. En el documento se establecen las reglas para seleccionar candidatos pero, sobre todo, queda clara la censura endémica, que es la cultura de los rojos de Morena.

Lo curioso es que además de una grosera simulación para seleccionar a los incondicionales, Morena establece en su convocatoria, con santo y seña -la cual debería rechazar el INE-, la censura como norma y cultura.

Dice la convocatoria: "Queda estrictamente prohibido que (los candidatos) realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros aspirantes". Y advierte: "La falta a esta disposición será sancionada con la cancelación del registro aprobado al cargo por el que se postuló". ¿Qué significa lo anterior?

Que Morena es una dictadura, no un partido. Por eso a nadie debe asustar que AMLO, Bartlett y medios afines al tabasqueño pretendan callar a los críticos de Obrador, sean periodistas, medios o militares del más alto rango.

¿Qué piensan y dicen soldados y marinos que se juegan la vida en el Ejército y la Marina?

Una búsqueda en Facebook arroja que soldados y marinos -la tropa- le ponen una "madriza" a López Obrador, por salir en defensa de los criminales.

Van ejemplos -de cientos de comentarios en la red social-, de soldados y marinos que viven en carne propia la lucha contra el crimen.

"Soldados del Ejército Mexicano: En el año más violento en lo que va del siglo, #AMLO propone amnistiar a los capos del narco. Bonito mensaje les manda: 'sigan matando y yo los perdono en un año si me hacen presidente'. El Peje se supera, siempre dice una estupidez mayor a la anterior".

"Lunita Soriano: Viejo estúpido, mierda tiene en la cabeza, cómo cree que haciendo eso las cosas cambiarán, si estamos viviendo en un país que está pidiendo la paz".

"Alcides Rocha: Qué pendejadas, soy tío de un niño secuestrado y asesinado. ¿Creen que mi familia perdonaría a estas pinches lacras?".

"Alfredo Cuetos Montalvo: Definitivamente no sé quién es más pendejo e ignorante, si López Obrador o quienes lo apoyan".

"Fuerzas Armadas de México: ¿Por qué no atacan a otro candidato? Pues porque este es el único que saca cada estupidez y de paso nos embarra a nosotros para ganar votos".

"Tavo González: #AMLOCO. LÓPEZ OBRADOR ES UN PELIGRO PARA MÉXICO. NO AL POPULISMO, CÁRCEL A LOS DELINCUENTES".

"Mon Akkún: Lamentable leer tanta confusión en la gente. Unos defendiendo a un tremendo dictador que está obsesionado con el poder y otros defendiendo al narcotráfico".

"Eliut David: No veo muy viable acabar con el narcotráfico solo perdonando, existen intereses económicos muy fuertes que van más allá de un acuerdo moral. Y este señor AMLO lo sabe".

"Marco Antonio Sandoval: Miren chairos, ya abran los ojos, el mesías que ustedes siguen está completamente loco de poder. Las fuerzas armadas no estamos con el Peje, no lo queremos".

Y mientras el tiempo corre a favor de Ricardo Anaya, que lo deja correr, hoy estamos a 6 días de que inicien las precampañas el próximo jueves, los Chuchos se toman la foto con Miguel Mancera y se alinean con Anaya, temerosos del futuro del PRD y convencidos de que les iría mejor con el PAN que solos. ¡A lo que han llegado!

Ayer el propio jefe de Gobierno me dijo que él no romperá ese Frente y que está en manos del PRD: si decide ir solo con él de candidato, irá, si van con la alianza y no hay proceso de selección, permanecerá en su cargo, pero exigirá que para la candidatura del Gobierno de la Ciudad de México por la coalición, haya un proceso abierto de selección de candidato.

Por lo pronto hoy el Frente sobrevive por la necesidad vital de los dirigentes del PRD de ser cola de ratón.

La transparencia municipal en Jalisco sigue en un subibaja: de 31 municipios analizados por EL Colectivo Ciudadanos por Municipio Transparentes, 17 no alcanzan calificación aprobatoria. Pero ninguno supera la totalidad de los créditos para alcanzar 100, en buena medida, porque los regidores de oposición se han negado a actualizar su declaración 3 de 3.

Desde hace un par de meses, el todavía presidente de Morena reveló en un video que, de acuerdo a la información que tenía, Meade sería el candidato presidencial del PRI.

Más allá de creerlo, la intención de golpearlo era muy obvia.

Los ataques personalizados continuaron, llegando al nivel del insulto.

"Se los dije, estaba mejor Chong. Hoy se confirma con la encuesta de El Universal, Meade está en 3o. Por más que EPN, Salinas, Fox, Cienfuegos, el almirante, Claudio X, etc. etc. lo inflan, no hace ni burbuja. Todavía están a tiempo y es de sabios cambiar de opinión".

Ni los más ingenuos pensarían que AMLO está interesado en que el PRI tenga un mejor candidato.

Es obvio que AMLO tiene un rechazo absoluto y casi paranoico a la candidatura de Meade.

Es elemental que si fuera tan irrelevante como AMLO quiere hacerlo creer, no le hubiera dedicado ni la quinta parte de la atención que le ha puesto en las últimas semanas.

Respuestas como las anteriores parecen indicar que el presidente Peña no se equivocó en su selección.

Intuitivo como es, AMLO sabe que si hay un candidato que le puede ganar, es precisamente Meade.

¿Por qué? ¿Qué no se trata de un tecnócrata insensible que ni siquiera tiene el respaldo del que algunos llaman 'el PRI profundo'?

López Obrador tiene una narrativa de campaña que se ajusta a un priista convencional. Y está incómodo cuando se trata de un 'no priista'. Tendrá que destinar parte de su discurso a hacer ver que se trata de un 'priista embozado', lo que le implica desperdiciar municiones.

Pero quizás, el mayor de los problemas es que no le va a funcionar el discurso de la corrupción.

Nuevamente va a tener que ser elíptico y tendrá que acusar al candidato del PRI de haber sido parte de un gobierno en el que hubo corrupción, lo que ya no es tan efectivo como cuando hay una acusación directa.

Pero además, por si algo faltara, resulta que Meade sí tiene ideas y propuestas. Es estructurado y puede ser muy crítico.

En otras palabras, un cambio completo del script.

Por eso el virtual candidato de Morena ha andado como chivo en cristalería. Hay quien piensa que ha sido para atraer la atención. No lo creo.

López Obrador no requiere atraer reflectores: lo conoce el 95% del electorado. Lo que requiere es generar más simpatías, y propuestas tan disparatadas como la de la amnistía a los capos, no le funcionan. Más bien lo exhiben y desacreditan.

La incomodidad evidente que Meade le despierta a AMLO es como la de aquellos peleadores que se salen por completo del estilo del contrincante, al que no pueden acomodarle los golpes que están acostumbrados a dar y que son los que dominan y les han dado triunfos.

¡Vaya!, y López Obrador, de paso, alienta el 'fuego amigo' contra Meade, por si aún hubiera quienes estuvieran rumiando su resentimiento y frustración.

Si el gobernador [de Jalisco] y los partidos buscan al fiscal anticorrupción cómodo, a aquél que pueda ser manipulado o, para usar los eufemismos del poder, que sea dialogante y entienda las lógicas del poder, vamos a tener un fiscal acotado y lejano a los intereses de los ciudadanos.

En 2004, Andrés Manuel López Obrador se lanzó de lleno a la contienda presidencial con la presentación de su Proyecto Alternativo de Nación. En su lectura del momento que vivía el país, AMLO escribía que:

"Es innegable que en los últimos años México ha avanzado en el terreno democrático. Hay alternancia política y los gobiernos, en sus diferentes niveles, gozan de una mayor legitimidad. Ya no predomina un solo partido; las elecciones son más limpias y libres; los poderes han empezado a funcionar en equilibrio y cada vez se actúa con mayor tolerancia y respeto a la pluralidad política."

Aunque una década después uno de los más férreos defensores de López Obrador, John Ackerman, iba a escribir un libro entero denunciando que la idea de que en México hubo una apertura política es un artilugio de la mafia intelectual del país para confundir y desmovilizar a las masas, la verdad es que en 2004 era difícil no estar de acuerdo con esta perspectiva.

Lo que muchos no admitimos en aquel entonces, aunque ya varios sospechaban, era que el reconocimiento lopezobradorista del avance democrático iba de la mano con su propio avance electoral. En el momento en que ambos caminos dejaron de correr en paralelo, AMLO decretó el fin de la transición democrática y reintrodujo la centralidad de la lucha por la democracia "auténtica". En el nuevo Proyecto Alternativo de Nación, versión 2018, Lineamiento No. 9, dice el presidente de Morena:

"Se establecerá una auténtica democracia. Nunca más una imposición; se dejará de usar el dinero del erario para comprar votos y lealtades; la propaganda gubernamental en medios de información no será tendenciosa ni demagógica; se acabarán las trampas y el fraude: las autoridades electorales tendrán absoluta independencia para proceder con estricto apego a la Constitución y a las leyes. En suma, nada ni nadie estará por encima de la voluntad soberana del pueblo."

Con esto habremos completado el círculo: el país avanzaba en la consolidación de la democracia, cuya conclusión natural habría sido el triunfo electoral de Andres Manuel López Obrador en 2006, hasta que la "imposición", "las trampas y el fraude" truncaron el progreso. Ahora, tras la victoria electoral del tabasqueño se "establecerá una auténtica democracia".

Hasta aquí nada nuevo. Para el lopezobradorismo la democracia siempre ha sido un juego de suma cero. Si gana AMLO hay democracia, y si no, pues no. No importa que Morena tenga acceso a recursos públicos y tiempo en los medios; de nada vale que sus voceros y partidarios tengan amplia difusión en la prensa escrita y electrónica; no cuentan tampoco los varios triunfos electorales de Morena desde su fundación, que aquí hemos reseñado. La democracia sin el triunfo del dirigente es una imposibilidad para sus partidarios.

Se ha destacado muchas veces que AMLO favorece el tipo de participación asamblearia y plebiscitaria que se viste con el atractivo ropaje de la "democracia directa", pero termina por corroer el andamiaje institucional que vuelve sustentable e impersonal a la democracia. Ejemplos no escasean, como las concentraciones multitudinarias que lo eligieron como "presidente legítimo", así como sus propuestas de llevar toda la agenda social progresista (igualdad de derechos, libertad de elegir) a consulta. Sin embargo, todos estos actos no constituyen expresiones de una filosofía democrática radical; son en realidad escenificaciones cuyo valor, para el dirigente, radica en su simbolismo y no en su utilidad o legitimidad para la toma de decisiones.

El principal factor que define la relación de Andrés Manuel López Obrador con la democracia es la desconfianza. El tabasqueño, lo sabe todo el mundo, desconfía de los demás políticos, adversarios y aliados por igual; desconfía de los zalameros y de los que crecen bajo su sombra, y por supuesto desconfía de lo que percibe como fuerzas oscuras empeñadas en detenerlo. Pero de quien más desconfía López Obrador es de la ciudadanía y, sobre todo, de sus votantes.

Los ciudadanos, piensa el dirigente, se distraen con facilidad y les es difícil procesar más de un tema a la vez, por eso hay que recordarles todo el tiempo que se concentren en lo importante. Las iniciativas de cambios legislativos y políticas públicas que no cuentan con el sello oficial del tabasqueño son "cortinas de humo" e intentos por desviar la atención. Entre los potenciales aliados, los que se atreven a manifestar ideas contrarias o exigir pronunciamientos claros, son etiquetados de "provocadores". "No los voy a traicionar" suele repetir el candidato en sus mítines, pero lo que en realidad pide es que no lo traicionen a él.

La mayor prueba de la desconfianza de AMLO hacia el electorado es la falta de transparencia en sus propuestas. En un artículo reciente, Guillermo Sheridan documentó las inconsistencias entre las iniciativas en materia educativa que aparecen en el texto del Proyecto Alternativo de Nación y la versión para consumo popular en el discurso de presentación del proyecto. Una lectura de cada versión del Proyecto Alternativo de Nación entre 2004 y 2018 revela que el trabajo está ahí y el producto es buen material para el debate. ¿Por qué entonces las versiones públicas de los documentos se leen más como cartas a los Reyes Magos, con todo y trenes de lujo, y regalos en efectivo para cada vez más grupos sociales? Porque claramente López Obrador no confía en que el electorado y sus votantes van a apoyarlo con base tan solo en los méritos de las propuestas.

Por eso, AMLO se saca propuestas de la manga, como la de otorgar amnistía a los líderes del narco, que sorprenden a todo mundo y obligan a sus voceros a realizar todo tipo de malabares para acomodarlas en el canon de la doctrina. La demagogia no es solo un intento de encandilamiento de los votantes, es sobre todo una muestra de la desconfianza que se les tiene. La democracia se construye asumiendo la mayoría de edad del electorado.

Hoy por hoy, la porción más grande del electorado mexicano es la que conforman ciudadanos que ya no quieren al PRI en Los Pinos... pero tampoco quieren que llegue López Obrador.

Eso no significa que esa porción mayoritaria le pertenece al Frente Ciudadano por México. Pero el potencial está ahí. Una propuesta inteligente, una comunicación eficaz y una campaña profesional pueden hacer que el -tantas veces sepultado- Frente sea en realidad una fuerza muy competitiva en busca de la Presidencia.

Y claro, Ricardo Anaya. Que nadie duda que será candidato presidencial. Es verdad que se ha ganado desconfianza entre sus pares y que sus peroratas pueden sentirse interminables, pero los señalamientos y denuncias en su contra han sido políticamente nucleares, y él ha sobrevivido. Y es muy bueno para los debates, que si se realizan en formatos abiertos, pueden ser definitorios.

La oportunidad para el Frente ahí está. A ver si la aprovechan o terminan por hacer bueno el obituario largamente redactado.

Si un candidato no tiene margen de error es Andrés Manuel López Obrador. Es cierto lo que denuncia: los medios están esperando que se equivoque para aventar carretonadas de críticas. Él dirá que es porque los medios son parte de la mafia del poder; los medios, que han aguantado una y otra vez las ofensas, justificadas o exageradas, del eterno candidato, lo están cazando. Pero no hay sorpresa: si López Obrador imaginaba que la campaña sería diferente está fuera de la realidad. Hay un interés específico de los grupos de poder de este país de que no llegue al gobierno y por lo mismo cada error que cometa se lo van a cobrar al doble que a cualquier otro candidato, y él lo sabe.

Lo cierto es que es un disparate y que la amnistía [al narco] no puede ser una salida al conflicto en que vive este país. Y no lo es por una sencilla razón: plantear una amnistía es reconocer al crimen organizado como parte beligerante, es darle a la tan criticada guerra al narco de Calderón estatus de conflicto bélico.

En una elección tan enconada como la que vivimos, las críticas a López Obrador tienen poco efecto. Quienes creen en él (porque a estas alturas lo que tiene El Peje es un grupo de fervientes seguidores más parecidos a un sistema religioso que a un partido) no cuestionarán nunca sus palabras; quienes lo detestan solo confirman su odio. Pero este tipo de declaraciones sí pesan cuando se trata de definir el voto útil, todos aquellos que, me incluyo en ellos, vamos a esperar hasta el último segundo para votar por quien nos parezca menos peor.

Es sin duda preocupante que las campañas tengan ese nivel de ocurrencias sobre el problema más delicado del país; que el candidato con mayor intención de voto en estos momentos crea que pueda darse el lujo de improvisar en un asunto tan delicado.

No ha habido nadie con autoridad moral o representatividad, salvo la secretaria general de Morena, Yeidkol Polevsky, que haya salido a defender o explicar las razones de López Obrador. Tampoco él tuvo los reflejos para enfrentar y salir de la avalancha que le cayó encima. En su propio portal no se registró la declaración que hizo el sábado en Guerrero, donde adelantó la propuesta que tanto daño le está causando. La errata comenzó a ser reconocida en casa, pero orgulloso, no la admite todavía.

Si quería López Obrador confrontarse con todos, comenzar a ser criticado por el simplismo de su propuesta y mofa en las redes sociales -donde circuló desde el lunes al mediodía un meme de Joaquín "El Chapo" Guzmán con la leyenda de campaña, "estaría mejor con López Obrador"-, este fue el mejor camino. Si quería seguir agraviando a las fuerzas armadas, fue el atajo más rápido. ¿Habrá pensado López Obrador que su propuesta convertiría a su eventual gobierno en un delincuente?

López Obrador necesita corregir rápidamente su dicho y rechazar esa propuesta. Su autoridad moral como líder depende de ello y no puede refugiarse en su base electoral que es incondicional y a la que no le importa estar dentro de la ley o en la ilegalidad, o que sus dichos y ocurrencias le causen daño político a aspiraciones presidenciales, o lo descalifiquen como un aventurero que no entiende la complejidad de los temas de fondo. No puede jugar con su gradería que, en 2 elecciones presidenciales, ha mostrado ser insuficiente para llegar al poder.

Desde el lunes varios analistas han mostrado lo inútil que ha sido esta medida en experiencias internacionales.

Una línea de discusión en los medios comenzó a socializarse. Si López Obrador plantea la amnistía para los líderes de los cárteles de las drogas, ¿no está buscando también financiamiento del narcotráfico para su campaña presidencial? Cercanos a López Obrador aseguran que es un disparate, pero al igual que las técnicas que él maneja, las percepciones se van construyendo hasta convertirlas en realidad. Para que una percepción cobre legitimidad -que no es lo mismo que legalidad o certeza-, debe haber elementos que la alimenten. López Obrador los tiene. Recientemente en Guerrero, donde hizo esa declaración, nombró como su coordinador de campaña al ex alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, de quien se escribió en este espacio en febrero de 2007: "¿Qué tanto se metió el alcalde de Acapulco con los cárteles de las drogas? No hay acusaciones contra él a nivel federal, ni averiguación previa en marcha. Sí se tiene indicios en el gobierno federal de que hubo dinero del narco en la campaña de Salgado Macedonio, de los 2 cárteles que se disputan Acapulco, el de Sinaloa y el del Golfo".

Los nexos oscuros de López Obrador en Guerrero no le ayudan en absoluto. En 2006, Salgado Macedonio acumulaba 20 amenazas de muerte y había bajado cerca de 30 kilos de peso por las angustias. Salvó su vida por la protección federal y porque los cárteles comenzaron su guerra de unos contra otros. Otro asociado a López Obrador en Guerrero es Lázaro Masón, que fue secretario de Salud en el gobierno de Ángel Heladio Aguirre, quien lo separó después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa por su relación con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien presentó a López Obrador para que lo apoyara en su carrera política. Abarca está preso por aquel crimen, y se han ido recopilando evidencias que lo vinculan directamente con aquella desaparición y el asesinado de varios de esos estudiantes.

López Obrador va a seguir abriendo espacios para que lo critiquen o denuesten si no lo frenan. Las analogías se van a trazar rápidamente con Venezuela, donde ya lo han estado equiparando con el finado Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, que han tenido conexiones con los cárteles de las drogas y crearon un incipiente narcoestado. O está a favor, o está en contra de los cárteles de las drogas. No hay más para dónde hacerse.

El líder del Sector Popular del PRI, Arturo Zamora Jiménez, advirtió que la ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador de dar amnistía a los delincuentes y pactar con ellos "es una grave amenaza a la seguridad del país".

Sostuvo que la oferta del líder nacional de Morena es una clara muestra de su vocación por violentar el Estado de Derecho y minar las instituciones. "No se puede querer gobernar un país en torno a ocurrencias; el dueño de Morena muestra su desesperación por conseguir apoyos, pues sabe que por 3a. ocasión perderá la Presidencia de la República".

Explicó que al pretender legalizar, perdonar y dejar sin castigo los delitos cometidos por el crimen organizado López Obrador está despreciando y desconociendo los esfuerzos de toda una nación. “Si como aspirante a la Presidencia ya piensa en trastocar el orden constitucional, si llegase al cargo no tendría límites para desconocerlo e imponer su autoritarismo", acusó.

"López Obrador ya dejó claro de qué lado está: del lado de los victimarios y lejos de las víctimas. Se rinde ante el crimen, claudica en las acciones y programas de seguridad emprendidas por las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad pública y pretende pactar con quienes tanto dolor y pesar han causado a los mexicanos", subrayó el senador con licencia.

Zamora Jiménez dijo que las declaraciones del dirigente de Morena tienen un lado más grave aún, "podría tratarse de una estrategia calculada de aproximación a quienes tanto daño han causado al país, en la búsqueda de apoyo político e inmunidad para él y sus candidatos en las regiones del país donde tienen presencia estos delincuentes". Consideró que "su propuesta anticipa prerrogativas para los delincuentes, a cambio de candidaturas y puestos políticos y de fuentes de financiamiento para su movimiento".

El secretario general de la CNOP cuestionó "¿de qué otra forma pueden explicarse años de campaña y recorridos interminables por el territorio nacional sin que haya habido explicación alguna de su forma de financiarse?". Desde el punto de vista del dirigente de los cenopistas, con la propuesta de López Obrador personas como José Luis Abarca, exalcalde de Iguala vinculado a la desaparición de 43 jóvenes, quedarían en libertad y sin castigo.

"Declaraciones como la de ofrecer amnistía a los delincuentes nos revelan el verdadero rostro de López Obrador y su real intención sobre su proyecto de nación".

"Andrés Manuel es un líder voluntarioso, un político sin escrúpulos que no busca el fortalecimiento del Estado de Derecho, de las instituciones y la seguridad de los mexicanos, sino solamente satisfacer su hambre de poder", finalizó.

Las precampañas, que durarán hasta el 11 de febrero, en realidad son un pretexto para gastar más dinero. Un pequeño gran exceso de democracia rica en país pobre.

La 1a. paradoja de la declaración de AMLO estriba en que él mismo acababa de expresar, con el énfasis que la aseveración ameritaba, que "no es posible que siga este régimen de corrupción e impunidad". La paradoja consiste en que hay, para efectos prácticos, una gran semejanza entre amnistía e impunidad. La 1a., por definición, es "un instrumento jurídico que tiene por efecto la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica". Ordinariamente se aplica para delitos políticos. Aplicada, en cambio, para delitos comunes, parecería una forma de impunidad porque dejaría sin castigo las conductas criminales que ya se cometieron.

Además, AMLO apuntó la posibilidad de "convocar (a los capos del narcotráfico, se infiere; a criminales que han devastado extensas zonas del país, causado miles de muertos, destrozado familias, arruinado a comunidades enteras y ofrecido a los jóvenes un futuro atroz, de delito y tragedia) a un diálogo (...), siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas". Dicho "apoyo" tendría que ser el perdón; es decir, el olvido de la reparación del daño, que en muchos casos fue la vida misma.

Una más: si el principal mercado del narcotráfico mexicano está en Estados Unidos, AMLO afirma que "exigirá" al gobierno norteamericano "tomar medidas para reducir el consumo de drogas", soslayando, 1o., que el consumo de drogas forma parte del régimen de libertades ciudadanas, entendidas a la manera estadounidense; y 2o., que, por fuerte que balen, las ovejas que se ponen en plan de "exigir" lo que quieran al león... se ven ridículas.

Si lo que pretendía Andrés Manuel López Obrador era ganarle reflectores a su contrincante José Antonio Meade, vaya que lo consiguió, pero a un costo muy alto. El que será candidato presidencial por 3a. ocasión en 2018, desató una guerra de declaraciones en su contra, después que en Guerrero (uno de los estados con más asesinatos y delincuencia del país) comentó el domingo pasado que entre las posibilidades que deben analizarse para reducir la violencia en México, una de éstas es la amnistía a los criminales, a los cabecillas del narcotráfico.

Lo que resultó fueron las respuestas en racimo de diferentes figuras, entre éstas la del general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, precedidas de un NO tajante y fuerte. El razonamiento inmediato se articuló en estas palabras: perdonar a los narcotraficantes, a los criminales organizados, es convertir al país en un narcoestado y es defender a los victimarios y estar en contra de las víctimas.

Y además, con deseos de atacar a López Obrador, también aparecieron discursos como el del presidente nacional de Acción Nacional, Ricardo Anaya, que calificó la sugerencia como "una locura más de López Obrador".

Una 1a. lectura nos dice claramente que el líder del Movimiento de Regeneración Nacional perdió al externar esa postura. Podrán intentar explicarla una y otra vez, pero el mensaje ya permeó: Andrés Manuel propone perdonar a los narcos; propone pactar con ellos.

Quienes se apresuraron a rechazar la amnistía y el perdón a los narcos, defienden la aplicación de la ley; han subrayado que para combatir la impunidad y la debilidad de las instituciones, hace falta la aplicación de la justicia. Sí, claro, ¿pero, cuándo? ¿Cómo?

El sexenio de Felipe Calderón sólo abrió la puerta a la barbarie. El sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido ridículamente incapaz. Su saldo sangriento (asesinatos y feminicidios; secuestros, desapariciones, extorsiones, violaciones) será mucho más alto que el anterior.

Queda saber qué sí proponen los otros. ¿Qué proponen a cambio?

López Obrador tiene una lengua muy suelta, que como dice unas cosas, dice otras, y se corrige sin prurito alguno. Así sucedió con su propuesta de descentralizar las secretarías de estado, que menos de 24 horas después rectificó y dejó en su lugar actual a dependencias como las que albergan las fuerzas armadas. Ya explicaría las razones de ese cambio, dijo para justificar su súbito cambio de señal, sin que hasta ahora haya aportado claridad sobre la marcha para atrás. Pero ahora, con la amnistía que propone para los líderes de los cárteles de las drogas, volvió a lastimar a las fuerzas armadas y, sobretodo, a los familiares de decenas de miles de víctimas de la cruenta lucha contra las bandas criminales.

No entiende mucho López Obrador del tema del narcotráfico, aunque critica de manera regular todo tipo de estrategia. No combatir al narcotráfico durante los primeros 8 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, ignora, provocó el reforzamiento de los cárteles de las drogas y el inicio del fin de la inútil estrategia de seguridad en la administración, que en buena medida le costó la candidatura presidencial a su arquitecto, el secretario de Gobernación. La propuesta de amnistía la acompaña de una estrategia integral que, si se excluye el perdón a criminales, es lo mismo que propuso el ex presidente Felipe Calderón en 2009, y buscó concretar Peña Nieto desde el principio de su gestión. La única analogía con su propuesta es con Vicente Fox, quien la planteó como ex presidente en 2011. Lo preocupante no es la falta de novedad en sus ideas, sino lo reiterativo de su propuesta para perdonar criminales, que sugiere que no es una "locura", como calificó el presidente del PAN, Ricardo Anaya, sino una semilla que está floreciendo en su cabeza.

Alexia Incómoda, el nombre bajo el cual conversa una de las personas más informadas en seguridad y política que habitan el universo de Twitter, recordó el lunes, como contexto de los dichos de López Obrador, que esa propuesta la ha hecho a lo largo de todo el año, comenzando en Sinaloa, cuando la Marina realizó operativos quirúrgicos en contra de las bases de apoyo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y cuando en febrero sus comandos abatieron a Juan Francisco Patrón Sánchez, apodado El H-2, quien era el jefe de plaza del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, enemistados con Guzmán y el cártel del Pacífico desde 2008, en Nayarit. La historia del perdón a criminales por parte de López Obrador no es nueva. La idea de cómo se puede trabajar desde el poder con el narcotráfico, tampoco. Quizás, tampoco originalmente de él.

El pacto con los narcos desde el poder ha dominado los libretos más exitosos en la producción de telenovelas de Epigmenio Ibarra, director general de Argos Comunicación, que desarrollan las vinculaciones criminales con funcionarios de los 3 niveles de gobierno.

Ibarra, quien ha trabajado o estado cerca de López Obrador desde hace unos 15 años, es uno de los principales responsables del aparato de propaganda del precandidato presidencial, quien a través de sus redes sociales hizo virales temas como el movimiento #YoSoy132, o cruzadas contra Peña Nieto en el mundo virtual, como el aglutinado en el hashtag #RenunciaYa. Paralelamente, ha hecho a Peña Nieto responsable del "crimen de Estado" por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Probablemente, vista la propuesta en este contexto, es Ibarra quien sembró la idea de amnistiar criminales en su cabeza.

López Obrador, en todo caso, es el responsable de sus palabras, al ser el diseminador y promotor de esta propuesta y pensar incorporarla a su proyecto de nación. Bien se vería México de concretarla: el Ejército y la Marina a los cuarteles; los jefes de los cárteles de la droga, asesinos de militares y policías, a las calles. La Pax Narca renacería bajo su gobierno. A menos que rectifique la propuesta.

No es la 1a. vez que López Obrador interrogado sobre qué hacer para recuperar la seguridad habla de paz, amor y de otorgar una amnistía a los narcotraficantes. Lo dijo en la campaña del 2006 y del 2012. En ambas tuvo respuesta de los grupos criminales: candidatos suyos pudieron hacer campaña en distritos vedados para otros candidatos e incluso para representantes del entonces IFE, sobre todo en Guerrero. Fue notorio el activismo en su favor en entidades como Tamaulipas, por parte, sobre todo, de los grupos relacionados con Osiel Cárdenas.

En esas campañas AMLO tuvo el apoyo implícito de los grupos criminales, como lo tendrá ahora no sólo por la propuesta de declarar una amnistía, sino porque su propuesta de seguridad pública omite cualquier alternativa de lucha contra el crimen organizado, retirar al Ejército y a la Marina de esas responsabilidades y dejar el terreno libre para la operación de los grupos criminales.

Pero el tema va más allá de la irresponsabilidad manifiesta que siempre ha tenido el candidato de Morena en estos temas (durante su periodo en la CDMX la inseguridad se disparó hasta niveles inigualables, muy superiores al día de hoy y su respuesta fue que era una queja de los pirruris capitalinos), llega al ámbito ideológico.

Para López y quienes actúan como sus usinas de pensamiento, como Epigmenio Ibarra, el narcotráfico y la violencia que de él se deriva, debe ser tratado como si habláramos de una guerrilla opositora al gobierno. Por eso plantean negociar con él y López Obrador insiste una y otra vez en que se trata de una lucha del pueblo contra el pueblo. Epigmenio suele presentar de la misma forma el tema en sus novelas, como Ingobernable, donde no hay diferencias entre los narcotraficantes, los fayuqueros, la guerrilla, la oposición. Hay medios cercanos a estos grupos que venden la idea, una y otra vez, de que los desaparecidos son un símil de los miles de desaparecidos que ocasionaron las dictaduras militares de los años 70 en Centro y Sudamérica, sobre todo en Argentina, obviando el hecho elemental de que aquella fue una brutal estrategia de Estado contra sus opositores políticos y que la enorme mayoría de los desaparecidos en México son personas eliminadas por los grupos criminales en guerra, sobre todo, con otros grupos criminales, y son también, muchos, hombres y mujeres que, simplemente, pagaron con su vida por no haber pagado chantajes o rescates de secuestros realizados por los propios grupos criminales.

Los narcotraficantes a los que quiere amnistiar AMLO, no tienen bandera política o social alguna más allá de sus negocios y la acumulación de dinero y poder, a través de la violencia, la corrupción, la intimidación. Resulta absurdo que AMLO se diga un luchador contra lo que llama la mafia del poder y sea tan indulgente con la mafia a secas.

Los personajes a los que López Obrador quiere indultar (una forma de acceder a sus recursos y apoyos) son genocidas: son criminales que han acabado con la vida de miles y miles de mexicanos y lo han hecho, simplemente, por hacer negocio. Son criminales que en la mayoría de los casos no sólo introducen drogas en otros países (en Estados Unidos los opiáceos han causado 60,000 muertes este año), sino que también las venden entre nuestros hijos. Son miles los jóvenes mexicanos muertos por consumir drogas o por sus secuelas. Son criminales que se dedican también al secuestro, a la extorsión, al huachicoleo, que roba miles de millones al patrimonio público, que son el principal factor de corrupción del país.

Nunca, ninguna democracia del mundo ha hecho un pacto o una amnistía como la que propone López Obrador con los grupos criminales. Lo ha hecho, pero no de forma pública, el gobierno de Vladimir Putin con sectores de la mafia rusa que terminaron unificados en los hechos con los principales grupos de lo que fue la KGB (por cierto, ¿han visto qué bien trata el órganos oficial de Putin, el Rusia Today a AMLO?).

Fox decía que la amnistía con los narcos podía ser similar a la que se realizó en 1994 con los zapatistas. Gente del entorno de López dice que ahí está el ejemplo del acuerdo de Colombia con laa FARC. Olvidan que más allá de que ambos grupos tuvieron algún contacto (muchos en el caso de las FARC) con el crimen organizado, en esencia eran, son, grupos políticos, guerrillas con una ideología compartible o no, pero con objetivos políticos. Por eso se podía y debía dialogar con ellos, y por eso se pudo llegar a acuerdos. Por cierto, en Colombia lo más complejo fue deslindar de los acuerdos a grupos de las FARC que se habían involucrado tanto en el narcotráfico que ya, simplemente eran parte de él. Esos grupos despojados ya de cualquier bandera ideológica siguen trabajando para quien siempre lo hicieron, los criminales.

La campaña y la propuesta de AMLO está destinada a abrir el camino a los criminales, no a cerrárselo. No se trata de analizar estrategias que pueden ser más o menos acertadas para combatir el crimen, sino de rendirse ante él para incorporarlo a una lógica de gobierno, como hicieron en su momento Putin (el que más éxito tuvo en ello), pero también los gobiernos de Cuba y, sobre todo, de Venezuela.

No se trata sólo de la amnistía a los narcotraficantes, sino también de la intención de desmantelar toda la institucionalidad de seguridad en el país: al Ejército y a la Marina los califican de represores y de perpetrar masacres; no quieren una ley de seguridad interna ni ninguna norma que permita darle un curso legal a la lucha contra los criminales. La suya, en estos temas es, simplemente, una estrategia criminal más, de una irresponsabilidad e ignorancia inaceptables.

El presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, no descartó la posibilidad de ofrecer amnistía a los líderes de los cárteles, con tal de que se termine la violencia y así garantizar la paz en el país.

¿Qué pensar de las candidaturas dizque independientes del Bronco, aún gobernador de Nuevo Léon, quien fue militante del PRI durante más de 3 decenios? ¿O de Margarita Zavala, cuya familia forma parte de las dinastías centrales del PAN, y que es ni más ni menos que la esposa de un ex presidente panista, como Felipe Calderón? ¿O de Armando Ríos Piter, reciente ex perredista al que le quisieron colgar el mote del "Macron mexicano", para ver si se producía el milagro y las multitudes se lanzaban a apoyarlo? Estos 3 aspirantes encabezan la lista de los que más firmas han conseguido en busca de que el INE los registre como candidatos independientes a la Presidencia. Y todos ellos, como es fácil notar, provienen del corazón mismo del sistema de partidos. Serán formalmente independientes pero no tienen ninguna clase de pedigrí ciudadano, como se han afanado tantos en afirmar. Un caso similar, aunque no haya formado parte de un instituto político, es el del locutor Pedro Ferriz de Con, quien llegó a ser uno de los periodistas más poderosos del medio y que se ha codeado durante tanto tiempo con los poderosos de este país que resulta difícil sostener que es un ciudadano común y corriente.

Desde luego que no sucede así con todos. Pedro Kumamoto, el diputado independiente por mi distrito, el 10 de Zapopan, y quien ahora está embarcado en la aventura de conseguir su registro como candidato independiente para senador, es un ejemplo. Kumamoto no proviene de ningún partido. Comenzó su carrera política apenas egresar de la universidad. Ha impulsado, en el congreso, propuestas que han puesto frenos a los inmensos privilegios, económicos y legales, que la clase política se concede a sí misma. Hay gente que no está de acuerdo en sus medidas y que pela los dientes ante la posibilidad de que aparezcan más kumamotos.

Resulta evidente que haber obtenido 2 licenciaturas en Economía y Derecho y un doctorado en una de las más prestigiadas universidades del mundo, además de haber encabezado 5 veces alguna secretaría en gobiernos de diferentes partidos con un historial pulcro, suena mucho mejor que contar con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, haber sido jefe de Gobierno del Distrito Federal dejando sin acceso para consulta o revisión las cuentas de las principales obras de infraestructura y haberse auto proclamado presidente legítimo en rebeldía por no aceptar una derrota electoral, como lo hizo su principal contrincante, es mucho mejor perfil para confiarle la dirección de un país, pero ello de ninguna manera garantiza mejores condiciones de vida para la población.

Para que nuestras condiciones de vida sean mejores, las debemos cambiar cada uno de nosotros con nuestro comportamiento, con un mayor sentido de responsabilidad, con un trabajo honrado y una conciencia social que no se dan por decreto. La autoridad puede, si acaso, mejorar el cumplimiento del Estado de Derecho que haga valer la ley y evite la impunidad, manejar los recursos de manera responsable y transparente y asistir a la población con un principio de subsidiariedad transitorio; esperar que haga algo más es soñar.

No magnifiquemos la capacidad de los candidatos, pero tomemos en cuenta su historial para ver qué nos pueden ofrecer y cumplir en base a lo que saben hacer.

Mucho se ha hablado del neologismo "posverdad". Se afirma, es un estado de cosas, donde una creencia no correspondiente con la realidad -contrastable con hechos-, se entiende en la opinión pública como verdadera. A pesar de lo nuevo del término, esto siempre ha ocurrido. La desinformación en la política es un arma desde siempre utilizada para atacar al contrincante y de todas las formas imaginables.

En la campaña electoral para el 2018 -ya comenzada de facto-, veremos hartos esfuerzos por crear posverdades para hundir al adversario. La guerra informativa será de todos los días. Usted que lee, podrá distinguir las verdades y las mentiras. Pero el problema (pasa en todo el mundo) es la muy poca calidad de la información e irracional sentimentalismo de las grandes masas, y así deciden su voto. Y esto lo saben los partidos y candidatos -particularmente los populistas para los cuales la mentira es esencial-. Por eso presenciaremos, probablemente las campañas más injuriosas y estrafalarias de nuestra historia.

Entre todos los candidatos que se están postulando y los que probablemente se registren, no hay uno solo que nos ofrezca una visión hacia el futuro para combatir los males que nos aquejan. Tenemos ausencia de líderes capaces.

Los partidos tienen que cambiar su forma de pensar, tienen que buscar a aquel candidato que proponga nuevas soluciones para viejos problemas, no el que tenga más apoyo, no el que señale con el dedo del gran elector, no el que tenga más carisma, no el que nos envuelva con su verborrea, sino al que tenga nuevas soluciones; soluciones basadas en estudios serios realizados por universidades o instituciones de estudios económicos y sociales; no al que utilice simbolismo religioso; no al que nos engañe con corazonadas o frases hechas que suenan bonito y ofrezca acabar con los problemas que nos aquejan con la sola voluntad de hacerlo.

Lo que gastamos en subsidiar a los partidos políticos debemos encauzarlo a orientar a la población para educarla y enseñarle a distinguir los discursos populistas de las propuestas serias y técnicamente fundadas. Necesitamos que todas las estructuras políticas que solo sirven para pintar de democracia nuestro sistema político, reencaucen sus programas para fomentar la cultura social y política de la población para encontrar nuevas soluciones a nuestros viejos problemas.

Veamos a los independientes que buscan la Presidencia de la República. Los 3 que van punteando en la recolección de firmas, que no es garantía de que les vaya a ir bien en la elección, son vistos como tránsfugas de partidos políticos tradicionales. Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", brincó del PRI a la supuesta independencia y así llegó a gobernador; Margarita Zavala hizo lo propio desde el PAN y Armando Ríos Piter del PRD.

Al parecer, los 3 no fueron satisfactoriamente reconocidos en sus partidos y por lo tanto no los proyectaron, y por ello buscaron esta vía del independentismo recién inaugurada en la democracia mexicana.

A los otros 2 independientes, Pedro Ferriz de Con y María de Jesús Patricio, que podrían tener mucho más de independientes que los 3 anteriores, los vemos muy rezagados, con escasas posibilidades de conseguir las más de 800,000 firmas que requieren.

Pero al hablar de los tránsfugas de inmediato surgen 2 preguntas fundamentales: ¿Qué tanto hicieron por transformar a sus partidos cuando estuvieron en ellos? Y, ¿Si no pudieron hacer gran cosa por el país cuando contaban con toda la estructura y los recursos de un partido, qué tanto podrían hacer ahora solos?

Las respuestas seguramente no son muy alentadoras.

Y está, por supuesto, el tema de la distracción; estamos a veces tan ocupados viendo su feroz batalla hormiga por conseguir firmas para el registro, que parece que perdemos de vista a los 3 que sí tienen posibilidad, y de entre los que sí saldrá el próximo presidente. Nos referimos a los ya destapados Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, y al semi destapado Ricardo Anaya.

Nada más conveniente que los reflectores estén puestos en otra parte.

La fuerza de la costumbre llevó a partidos y políticos a suponer que en todo proceso electoral lo más importante es el partido y el candidato al puesto de elección popular del que se trata.

Más aún, la idea equivocada de que "el corazón" de todo proceso electoral está en el partido y el candidato la han trasladado -de manera tramposa-, al imaginario colectivo de los electores.

Por eso proliferan las campañas mesiánicas -como la de Andrés Manuel López Obrador-, quien no solo construyó su propio partido, sino que se apropió de la franquicia y hasta "se vende" -ante los electores- como el salvador de la patria.

En esa lógica electorera no importan ni la propuesta del partido ni lo que quieren los ciudadanos, solo importan el partido y el candidato.

De igual manera, por eso fuimos testigos de la expectación mediática y política provocada por el destape del candidato del PRI y el estupor que provocó en muchos el nombre del elegido; cargo que finalmente recayó en José Antonio Meade.

Lo cierto es que la idea de que el candidato y el partido son más importantes que el ciudadano -electores que dan el voto y legitiman al ganador- es una de las taras perpetuadas por políticos y partidos en los procesos electorales mexicanos, junto con otras desviaciones como "el dedo" y "la cargada".

Sin embargo, pocos se atreven a reconocer que lo verdaderamente importante en un proceso electoral es lo que quieren, piensan, creen, lo que suponen y todo aquello en lo que confían los electores respecto a un partido en competencia y de un candidato en contienda electoral.

Dicho de otro modo, los partidos modernos, los políticos inteligentes y las sociedades verdaderamente democráticas privilegian el interés del ciudadano antes de postular a un candidato al máximo puesto de elección, como el de candidato presidencial.

En el caso opuesto, en los partidos familiares y en las democracias bananeras se privilegia el culto al candidato, al líder y la lealtad al partido.

Meade dejó entrever que considera al líder de Morena su principal oponente en la contienda por la Presidencia de la República, pues al igual que el tabasqueño, "llevo también muchos años trabajando por ir cambiando este país, trabajando por ir encontrando soluciones a problemas muy difíciles", pero la diferencia es que Andrés Manuel es un personaje que lleva años tratando de dividir a un país que enfrenta grandes retos.

"A ver, de todos los problemas, de todos los retos, de todas las dificultades que hemos tenido, hay una sola voz que nunca ha sido constructiva, hay una sola voz que nunca ha buscado unidad, hay una sola voz que solo ha planteado dividir y esa es la voz de Andrés Manuel, ya después de 20 años, sin duda ese es un tema que llama la atención".

Consideró que "sus planteamientos son viejos, y el diagnóstico de muchos de los retos que apunta son correctos, me parece que ahí están muchos de los temas que tenemos que trabajar, pero la forma de resolver esos planteamientos no se ve nada", dijo.

Consideró que el Frente Ciudadano por México no llegará al final de la contienda, ya que "cuando uno busca articular solo por el afán de buscar el poder, ideas en las que no se aprecia más convicción que esa, queda un conjunto vacío. A mí me parece que el objetivo de buscar gobernar es ofrecer soluciones y construir instituciones".

Hay indicios de que AMLO no ha aprendido las lecciones que lo llevaron a perder los 2 comicios en los que ha participado a nivel federal.

Sigue hablando esencialmente a su electorado duro y hace pocos guiños a quienes no lo respaldan, por más que algunos de sus colaboradores, como Alfonso Romo, intenten abrir el espectro de quienes pueden apoyarlo.

Si la muerte no lo impide tendremos que preocuparnos porque lo que viene durante los próximos meses será sufrir una andanada de publicidad, por parte de una pléyade de ciudadanos impelidos por una turgente necesidad de amar al pueblo.

No debemos generalizar porque hacerlo es engañarnos, no todos los políticos son malos, hay peores.

Debo decir que debe haber gentes buenas, que por regla general casi nunca logran llegar a los grandes huesos. Digo que puede malinterpretarse porque todos los candidatos se van a autocalificar como de esta clase, pero no se engañe, son los menos.

Debo reconocer además que creo que prácticamente todo lo que hace el gobierno está mal hecho y cuando no es así, con seguridad que es muy caro; también creo que el mayor gasto que nuestro amado gobierno hace es en publicidad y si no me cree, pues simplemente encienda el radio o la tele y luego, si su masoquismo es tanto, pues compárelo con la situación que usted observa. Ello también será más visible cuando los millones de candidatos que pretenden representarnos hablen de lo que, según ellos, sus rivales han hecho; desde luego, ellos como son bien buenos, harán siempre el bien y lo harán cuando tengan suficiente presupuesto y tiempo suficiente, y si no, pues esperemos para la siguiente elección, total que a cada mexicano tener gobierno nos cuesta nada más 40,000 pesos anuales.

Como pueden observar, el panorama no es muy esperanzador, por más que queramos ser optimistas o si se quiere no muy pesimistas. Esto no tiene muchos visos de mejorar, si tenemos suerte, resultará que alguno de los candidatos cumple alguna de sus promesas, pues será un poco menos malo.

Lo peor del caso es que en este tema no hay salvación y, nos guste o no, elecciones va a haber y algunos, sea como sea, van a resultar ganadores.

Vergonzoso y fuera de la ley es el comportamiento que mostraron los diputados de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Desde hace semanas hubo problemas y conflictos en la tribuna entre los diputados y diputadas del PRD y de Morena, fue una vergonzosa revuelta, se jalaron los cabellos, se tiraron de mordidas, produciendo un espectáculo terrible.

Destituyeron a la Mesa Directiva, se apoderaron de ella y la Asamblea estuvo paralizada. Esto es una pequeña muestra de lo que tendríamos en el congreso y en el gobierno si se votara por Morena. Fue un ejemplo de irresponsabilidad, vandalismo y barbarie de las huestes de López.

En esos días Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, le tuvo que pedir a López que interviniera para poner en orden a sus diputados, porque tenían paralizada la autorización importante ni más ni menos que de la Ley de Construcción de Ciudad de México y el presupuesto del gobierno.

Ya sin el control de la tribuna, los diputados de Morena alegaban y exigían que se votara de nuevo la presidencia de la Mesa Directiva para que no sea ni Fernando Zárate (PVEM) ni Flor Ivone Morales (Morena) quienes la ocupen. Luego, para impedir que la Mesa Directiva presidida por Zárate realizara la sesión, los diputados agresivos de Morena utilizaban altavoces para gritar dentro del salón, mientras que otro grupo sostenía pancartas al pie de la tribuna.

Todo este comportamiento de las huestes de Morena en la Asamblea Legislativa nos da un ejemplo de cómo podría ser si por desgracia llegara a la Presidencia su cacique, creador del "partido del amor" Andrés López, que ahora anunció que se va a inscribir como precandidato a la Presidencia de la República el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe "la Virgen morena", medida que trata de mejorar su imagen con su partido Morena.

Nos hemos dado cuenta de su planteamiento si llegara a la Presidencia, que sus planes son puros buenos deseos y buenos oficios; luego desvergonzadamente dice que el procurador general dependería directamente del Presidente de la República.

Juan Ramón de la Fuente, presidente del Instituto Aspen en México, afirmó que quienes aspiran a ser candidatos independientes a la Presidencia de la República no representan la figura como tal.

Resaltó que una gran parte de ellos ya militaba en partidos políticos, los cuales abandonaron para buscar una aspiración personal.

"Creo que esto se ha desvirtuado, porque creo que la ley da espacio para que haya acceso a las candidaturas independientes a personas que sí tienen una militancia reconocida y una trayectoria dentro de ellos y que, simplemente, renuncian a ellos para poder tratar de lograr una candidatura por otra ruta. El espíritu de las candidaturas independientes es que fueran para ciudadanos que no necesariamente han tenido militancia partidista".

Sólo con evidencia y argumentos es como se tiene legitimidad para juzgar si AMLO es un peligro, una bendición u otro político más.

El mérito financiero de AMLO como jefe de Gobierno fue que sus "programas de apoyo social" los llevó a cabo con un endeudamiento mínimo: el saldo de la deuda del DF aumentó sólo en 2.5 miles de millones de pesos a precios constantes de 2017 (mmppc), prácticamente nada. ¿Cómo le hizo?: 1.- Redujo el gasto neto total del DF de 268.3 mmppc en 2001 a 216.1 mmppc en 2005. 2.- Obtuvo mayores ingresos por recaudación propia, participaciones federales y negoció recibir Fortamun. 3.- Disminuyó fuertemente el gasto en inversión pública que, durante ese período, pasó de 41.5 mmppc a 27.5 mmppc. Esto significó muchos baches, "encharcamientos" y otras inconveniencias. 4.- Invirtió muy poco en agua, pero sí gastó en apoyos sociales. 5.- Encargó la obra del "Segundo Piso" a una secretaría ajena a su responsabilidad, y los gastos de esta obra en ese entonces los clasificó como información reservada por 12 años.

6.- La reducción drástica en el gasto corriente se dio en servicios personales. 7.- Castigó fuertemente las remuneraciones de los funcionarios altamente capacitados, y con ello le fue muy difícil reclutar talento. El talento y eficacia de Carlos Urzúa y Arturo Herrera fueron la excepción. De ahí que no sorprenda la corrupción que todos vimos por televisión. 8.- En cambio, lo que sí aumentaron fueron los subsidios y transferencias que mostraron un incremento real de 49.5% con respecto al cierre de 2000. Ahí se gestó el padecimiento que pronto contagió a los presupuestos de egresos de la federación, de las entidades federativas y municipios: mucho gasto estéril o muchos regalos a costa de poca inversión en infraestructura y en el gasto requerido para mejorar la calidad de los servicios públicos.

Hay que reconocerle que su programa emblemático "Programa de Apoyo Social a Adultos Mayores", introducido en 2001, fue "copiado" posteriormente por el gobierno federal (2007), los gobiernos estatales y varios gobiernos municipales. AMLO, para afirmarse en la "izquierda", necesitaba de una contrapropuesta a uno de los mejores programas sociales que ha diseñado el gobierno federal con reconocimiento internacional: el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) que introdujo el presidente Zedillo en agosto de 1997 para combatir y acabar con el círculo vicioso en el que se encuentra la población atrapada en la pobreza extrema. Aquí también hay una gran diferencia: a Progresa/Oportunidades/Prospera sí es posible evaluarlo; el de AMLO no, pues carece de padrón de beneficiarios.

La propuesta de AMLO llega tarde al 2018. ¿Por qué? Porque sus políticas de gasto público, incluidos programas sociales, ya han sido adoptadas por los 3 órdenes de gobierno. En algo sí fue diferente: no sobreendeudó el DF, pero lo hizo al altísimo costo de no expandir y no mejorar la infraestructura de una ciudad como la capital. Su efectividad electoral contagió a todos los gobiernos, y los asesores de AMLO aún no se atreven a decirle que su propuesta no impulsa el crecimiento económico ni reduce la pobreza.

El pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco aprobó este viernes a 119 aspirantes a candidaturas independientes a los cargos de munícipes, diputaciones de mayoría relativa y para gobernador.

Fueron 59 aspirantes para presidencias municipales los que obtuvieron su oportunidad de mantenerse en competencia, 53 aspirantes a diputaciones y 7 para gobernador. "Al final quedaron fuera de la oportunidad de mantenerse en este proceso 33 ciudadanos", informó el presidente del Consejo del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross.

Fueron 20 aspirantes a munícipes y 13 a diputaciones los que fueron rechazados, por ejemplo, por incumplimiento en los requisitos de las actas constitutivas de sus asociaciones civiles, no presentar contrato de cuenta bancaria de la asociación civil, omitir registro ante el Servicio de Administración Tributaria o errores en la integración de sus planillas, entre otras omisiones.

Los aspirantes a la gubernatura deben salir a recabar firmas el día 9 de diciembre durante 60 días y deberán obtener el 1% del padrón electoral en el estado, alrededor de 58,000 firmas.

Para el resto de las candidaturas podrán recabar firmas desde el 19 de diciembre y durante 40 días, también con el 1% de los votantes registrados en su municipio o distrito, según sea la aspiración a alcalde o diputado.

Anflopo
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 24 de noviembre de 2017).

¿Sabía usted que Movimiento Ciudadano fue fundado por Andrés Manuel López Obrador? Con el nombre de Convergencia Democrática que en 1998 se constituyó como partido político nacional con el nombre de Movimiento Ciudadano, presidido entonces por Dante Delgado Rannauro de 1999 a 2002; él fue en 1995 procurador agrario y coordinador de la Comisión para el Bienestar Social y Desarrollo Económico Sustentable para el Estado de Chiapas. Poco tiempo después, fue encarcelado acusado de daño patrimonial al estado cuando se desempeñó como gobernador de Veracruz; después de poco más de año y medio, fue liberado.

Varios gobernadores pertenecientes a los partidos políticos PAN y PRI fueron acusados de diversos delitos por mal uso de los fondos públicos, unos fueron encarcelados, otros están procesados y otros están huyendo, lo cual ha dado al traste con la credibilidad del sistema democrático partidista.

Como respuesta de la sociedad, han proliferado los candidatos independientes y varios de ellos renunciaron a sus partidos políticos para lanzar sus candidaturas por la vía libre, lo cual no creo que los haga aparecer ante los ojos de los electores como idóneos para los puestos a que aspiran.

Los partidos políticos se han desprestigiado a la par de todo el sistema de gobierno. Los organismos encargados de vigilar a las instituciones y a los funcionaros públicos han proliferado. En toda dependencia oficial hay un cuerpo de auditores que revisan las cuentas públicas; hay contralores que vigilan el cumplimiento de reglamentos y manuales de operación, hay comités de adquisiciones y comités internos de vigilancia, para evitar que se cometan delitos de corrupción. Hay comisiones de derechos humanos que vigilan que no se cometan abusos entre gobernantes y gobernados.

Hay tribunales exclusivos para dirimir las controversias entre los partidos políticos, las diferencias y el debido destino de los jugosos subsidios que reciben.

Todos estos organismos de vigilancia y supervisión tienen un costo similar al que se destina a la operación; todo debido a la degradación de la moral, de la honradez y la falta de espíritu de servicio. Si los funcionarios públicos se condujeran con honestidad saldría sobrando tanta burocracia para controlarlos. Ahora ya contamos con un súper Sistema Nacional Anticorrupción que, con el tiempo va a ser necesario crear otro organismo para que vigile que no se corrompa el nuevo sistema.

Ahora para las elecciones de 2018, contamos con órganos de vigilancia que controlarán a las comisiones, de las que a su vez, dependen las comisiones locales y distritales de vigilancia para supervisar a los grupos de trabajo.

Para asegurar la certeza democrática contamos con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además tenemos tribunales estatales electorales y tribunales locales electorales, lo cual no nos ha garantizado hasta ahora contar con elecciones limpias, libres de sospecha.

Todas estas estructuras de vigilancia serían innecesarias si los partidos políticos no existieran.

También entre independientes hay niveles. Por eso Pedro Kumamoto, algo así como el Independiente Sol, marcó distancia con los aspirantes sin partido, a menos que sean emanados de Wikipolítica. De entre 152 anotados, vaticinó, más de alguno vendrá maleado por los vicios de la partidocracia.

No es el 1er. Proyecto Alternativo de Nación que ofrece Andrés Manuel López Obrador.

Hubo un gran énfasis en la presentación del 20 de noviembre sobre el respeto a la propiedad privada. López Obrador busca, al parecer, atajar la idea de que será otro Hugo Chávez si llega a la Presidencia. "Creemos en la propiedad privada y social", dijo el empresario Alfonso Romo, encargado de coordinar el proyecto. "No vemos la propiedad privada como una concesión benévola del Estado, sino como un derecho inherente a cada hombre y cada mujer". Milton Friedman no lo habría dicho mejor.

En el campo económico, López Obrador ofrece el mejor de los mundos posibles. Un fuerte aumento en el gasto social y en infraestructura, acompañado de la eliminación del déficit de presupuesto sin aumentar impuestos. ¿Cómo se logra este milagro? En parte con la reasignación de 412,000 millones de pesos de gasto público. Otra parte proviene de un fuerte ahorro en los egresos.

Pero hay dudas sobre las cifras. El Proyecto 2018-2024 plantea un ahorro de 56,130 millones de pesos por la reducción de 50% en los sueldos de funcionarios que ganen más de un millón de pesos anuales (proyecto18.mx). En varias ocasiones, sin embargo, funcionarios de Hacienda han señalado que todos los sueldos de los altos funcionarios públicos, de director general hasta presidente de la república, suman apenas 5,000 millones de pesos al año. Alguien miente o tiene mala información.

López Obrador y sus seguidores nunca han sido muy cuidadosos con las cifras. Este lunes Andrés Manuel reiteró su afirmación de que Morena lleva "15 puntos" de ventaja en "todas las encuestas". No sé cuáles sean todas las encuestas, pero las que conozco colocan a Morena adelante solo que por márgenes muy pequeños. Consulta Mitofsky le dio a Morena en octubre el 1er. lugar en las preferencias con 19.3%, con el PAN ligeramente atrás con 19%. La encuesta de El Universal de septiembre colocaba a Morena adelante con 23.3 y al PAN en 2o. con 20%. Quizá los 15 puntos sean de la misteriosa encuestadora que le dio el triunfo a Claudia Sheinbaum en la contienda por la candidatura de la Ciudad de México.

El proyecto propone una vez más cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pero el supuesto ahorro es falso. El documento dice que el aeropuerto costará 180,000 millones de pesos, sólo que la inversión se recuperará por la operación privada. Cancelarlo no sólo no ahorraría nada, sino que tendría un costo enorme porque las empresas que están realizando la construcción tendrían que ser compensadas. El proyecto también plantea que el combate a la corrupción significaría un ahorro de 10% del gasto público, más de 500,000 millones de pesos. Es una cifra extraordinaria, pero que no deja de ser una simple buena intención.

No parece muy distinto este Proyecto 2018-2024 que los anteriores. La idea central es que Andrés Manuel es honesto y todos los demás políticos corruptos. Sólo un gobierno que él encabece podrá erradicar la corrupción y darnos un país próspero.

Hace tiempo ya que la oposición pedía un cambio. Porfirio Muñoz Ledo encabezó el debate por muchos años y, recientemente tomó la batuta, a su manera, el priista Manlio Fabio Beltrones.

El sonorense ha impulsado una cruzada nacional a favor de un gobierno de coalición, ya establecido en la Constitución, pero aún sin forma, sin instructivo. Su idea, se las resumo, es que el Senado mande en Presidencia. Que tenga mano en el gabinete y, por lo tanto, en las políticas públicas.

Hoy, la amistad formada por el PAN, el PRD y el MC, tiene la misma dirección. No tendrán rumbo programático, pero han encontrado un camino inteligente para andarlo juntos sin mayores problemas: cambiar el régimen, restarle poder al ejecutivo y dárselo al trabajo parlamentario. Otra vez, con participación de este en el rumbo del gobierno federal, a través del nombramiento de un jefe de gabinete (el secretario de gobernación), otra dinámica de vida interna en el Congreso y peso en las secretarías.

Es una jugada habilísima: encuentran una forma de juntar a la derecha y a la izquierda sin pelearse, presentan una propuesta atractiva que combate a los malos (el presidente y su equipo) y ganan aunque pierdan, porque una propuesta de esta naturaleza, al hacer fuerte al Congreso, en realidad hace fuertes a estos partidos en un escenario tanto lopezobradorista como tricolor.

Es el viejo Frente Opositor. Pero para volverlo más apetecible a los ciudadanos, que quizá no se animen a votar por un movimiento que está en contra de algo en lugar de a favor de una propuesta nueva, los líderes decidieron cambiarle el nombre a Frente Ciudadano. Sigue siendo, sin embargo, una extraña combinación de partidos de ideologías muy distintas que no ofrece una visión clara del México que quiere construir.

El Frente Ciudadano, sin embargo, difícilmente puede esconder sus orígenes. Es una organización que surge de la ambición por alcanzar el poder a como dé lugar. Como no puede constituirse en torno a una serie de ideas y propuestas concretas, se conforma en torno el rechazo de los otros. El Frente es la coalición de quienes están en contra del PRI, pero también de Andrés Manuel López Obrador. No pretende decir a los ciudadanos cuáles son las propuestas por las que debe votar, sino por quién no hacerlo.

Las coaliciones y alianzas son una parte integral de la democracia. La política es, después de todo, el arte de llegar a acuerdos en una sociedad en la que de manera natural la gente tiene ideologías muy distintas. Pero una cosa es que legisladores y funcionarios de distintas corrientes, electos por el voto popular, lleguen a acuerdos para impulsar programas de forma conjunta, como ocurrió con el Pacto por México a principios de este gobierno, y otra muy distinta que se monten alianzas antes de las elecciones entre partidos que ocultan sus diferencias ideológicas con el simple propósito de alcanzar el poder.

La apuesta de los líderes del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano es que los electores se mantendrán fieles a estos partidos y los votos de todos se sumarán para darles triunfos en 2018. Efectivamente, si se suma la intención del voto del PAN, el PRD y MC se obtiene un resultado superior al del PRI y el Verde o al de Morena.

El problema es que los ciudadanos no sabemos cuáles serían las políticas que impulsaría esta coalición. El PAN se ha distinguido en el pasado por defender la economía de mercado y la libre empresa, pero el PRD y MC se han opuesto abiertamente a estas libertades económicas. ¿Qué tipo de gobierno nos daría el Frente Ciudadano? ¿Uno que promoviera el libre mercado o uno que buscara fortalecer la intervención del Estado en la economía? No lo sabemos.

Por el contrario, el PRD ha defendido tradicionalmente las libertades morales. Ha aceptado el matrimonio entre homosexuales, ha despenalizado el aborto y ha buscado legalizar el consumo de las drogas o cuando menos de la marihuana. El PAN, en cambio, ha defendido el rechazo católico tradicional de estas decisiones personales. Tampoco sabemos la posición del Frente sobre estos temas morales.

Los líderes del Frente Ciudadano tienen, sin embargo, confianza en la estupidez de los ciudadanos. Están convencidos de que pueden convencerlos de votar por sus candidatos sin tener que decir cuáles son las políticas que aplicarían una vez que estuvieran en el gobierno. Por eso hablan de temas, como la corrupción, de manera abstracta, sin explicar cómo la combatirían o sin aceptar que éste no es un mal sólo del PRI, que en los gobiernos que ellos han encabezado también ha habido corrupción.

Sólo hay un mensaje político claro del Frente Ciudadano. Sus líderes están en contra del PRI y de López Obrador. ¿A favor de qué están? De ser ellos los que ocupen el poder.

En el sector empresarial están decepcionados de 2 sexenios panistas y frustrados porque el regreso del PRI al poder está muy lejos de lo que pensaban sería. Ni sabían cómo gobernar el país y llevarlo a mejor destino, ni habían visto la corrupción tan extendida como en la actual administración.

Este panorama ha hecho lo que Jorge Buendía, la cabeza de la empresa de opinión pública Buendía & Laredo, caracteriza como "un muy mal humor" de los mexicanos en estos tiempos. El 64%, dijo Buendía la semana pasada en una presentación en el Centro Woodrow Wilson de Washington, piensan que el país va en una dirección equivocada, que es una proporción similar de los electores que votaron en 2012 por otra opción que no fuera Enrique Peña Nieto, se mantienen inamovibles como fuerza opositora.

López Obrador mantiene un núcleo muy sólido entre los electores, que le ha permitido tener garantizada una tercera parte del electorado. Esto no le ha servido, empero, para ganar 2 elecciones presidenciales, ni ha sido suficiente para poder montar una oposición social de envergadura como respaldo a sus impugnaciones. Su respuesta ante ello ha sido ratificar sus viejas banderas nacionalistas y mantener su decisión de que en caso de ganar la Presidencia de la República, desmontará las reformas del presidente Peña Nieto, en particular la energética y la educativa.

Los mensajes de López Obrador no han caído bien entre las clases empresariales y los inversionistas, ante los cuales no ha podido ni querido modificar su imagen. ¿Hay razones objetivas para el temor a que López Obrador sea presidente el próximo año? "Siempre existe la posibilidad de que AMLO, por sí mismo, le recuerde a los mexicanos por qué nunca podrán confiarle la Presidencia", escribió recientemente Richard G. Miles, director de la Iniciativa del Futuro México-EU del Centro Estratégico de Estudios Internacionales en Washington. "López Obrador en un populista autoritario de corazón. Si insiste en deshacer la reforma energética o sabotea las delicadas negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o apoya a Venezuela, podría empujar a los votantes hacia opciones menos atractivas pero más seguras. O podría, difícilmente, mantener la auto disciplina y martillar el único mensaje con el que está ganando: todos los demás son unos ladrones".

Hace unos días Niall Walsh, director asociado de Global Risk Insights, escribió que la victoria de López Obrador comprometería la potencia regional de México. "Los inversionistas internacionales favorecen instituciones fuertes y estables, y temen de líderes populistas que amenazan con desmantelar las normas y las estructuras burocráticas", agregó. "Considerando su disposición a prevenir la implementación de las reformas pro-mercado, el potencial de la elección de AMLO traería negatividad en los mercados. Sería probable un declive en el valor del peso, acompañado por una reducción en el crecimiento, comparado con otras economías latinoamericanas".

Las preocupaciones del capital mexicano y extranjero nacen de su programa de gobierno, donde ven una modificación de la competencia del mercado, por un modelo de sustitución de importaciones, que fue la política económica que siguieron los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo en los años donde la economía mundial había cambiado, y que llevó a México a 12 años de profunda crisis. No les gusta el lenguaje mediante el cual señala que la privatización es sinónimo de robo, o cómo concilia sus propuestas de ampliación del gasto público y proyectos de obra pública e infraestructura, sin un plan de ingresos que no sea la captación de recursos mediante la reducción de la corrupción o iniciativa muy atractivas para el electorado pero sin impacto real en las finanzas públicas, como la venta del avión presidencial.

Comenzó la feria de los independientes. En estos días se anotaron como candidatos sin partido para buscar la gubernatura del estado 2 personajes que llaman la atención. Salvador Cosío Gaona y Vicente Fernández Jr.

De Salvador Cosío podemos decir cualquier cosa excepto que sea un improvisado; él es un profesional de la política. Conoce como pocos el mundo político de este estado, ha transitado por varios partidos: comenzó en el PRI, partido por el que su padre fue gobernador del estado de 1989 a 1991; migró al PRD y luego se fue a Morena trabajando siempre en el proyecto de Andrés Manuel. Todavía hace unos meses dijo que buscaría la candidatura por este último partido. Finalmente, al no ser tomado en cuenta por Andrés Manuel decidió contender de manera independiente.

Vicente Fernández Jr. es todo lo contrario. Nunca ha sido político, no conoce la política, no tiene una trayectoria en organismos de sociedad civil o filantropía. Lo que tiene es un nombre muy potente que es una marca en sí mismo: el de su padre. Lo que puede ofrecer Vicente Fernández Jr. es la fama de su padre, y muy poco más. Sus primeras entrevistas dejaron claro que, lo suyo lo suyo, no es el discurso, ni el conocimiento de la realidad del estado ni la visión política. Sus respuestas estuvieron llenas de lugares comunes, pero además expresados con muy poca gracia.

Ninguno de los 2, ellos lo saben, tiene la más mínima posibilidad de ganar y ambos tendrán que gastar un dineral para cumplirse el capricho de ser candidatos. A menos que detrás de estas candidaturas lo que exista sea una voluntad ajena, una estrategia de pulverización del voto, 2 Lagrimitas un poco, solo un poco, más creíbles.

Lagrimita como candidato en Guadalajara en 2015 no funcionó. Fue un verdadero fracaso. Me atrevería a decir que el payaso solo contribuyó a una derrota más estrepitosa del PRI. Vicente Fernández Jr. puede ser la versión 2.0 de Lagrimita. El caso de Salvador Cosío es totalmente distinto. Se trata de un político profesional que sabrá golpear, discutir e incluso debatir. Puede convertirse en un Lagrimita que haga llorar a otros... y encima se va a divertir.

En total, de acuerdo con la información dada a conocer por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, 152 personas aspiran a un cargo de competencia electoral sin militar en ningún partico político. 7 buscarán la gubernatura; 79 quieren ser presidentes municipales y los restantes 66 optarán por una diputación local.

El trámite es gratuito.

Una aclaración: el 1er. paso es que el propio IEPC los acepte como aspirantes. Esto quiere decir que habrán cumplido con los requisitos de ley para ser aceptados en un siguiente paso: la petición de firmas a la ciudadanía.

Evidentemente, quienes más llaman la atención son algunos de los 7 personajes que intentarán ser candidatos al Gobierno de Jalisco.

Salvador Cosío, hijo del ex gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, se describe a sí mismo como un "político profesional". Ha sido diputado y formó parte de una de las legislaturas más cuestionadas en los últimos años, la 57.

En cuanto a Raúl Octavio Espinoza, fue un militante de Acción Nacional que saboreó -y aprovechó- el poder, sobre todo durante el 1er. sexenio de los 3 que el partido blanquiazul gobernó esta entidad. Su trayectoria política se borró después, y aunque intentó reiteradamente figurar en el PAN, las dinámicas internas del partido (profundamente excluyentes) lo desaparecieron por completo.

Lo de Vicente Fernández hijo... bueno, son los frutos extraños de un sistema que abre las puertas a todos, incluso a quienes no tienen idea de una competencia electoral.

Lo que sigue para los que se anotaron, siempre que sean admitidos, es iniciar una ardua tarea de recolección de firmas. Una tarea compleja. Pueden aprender de lo que viven todos los aspirantes a una candidatura presidencial, con Margarita Zavala y Jaime Rodríguez "El Bronco" en la delantera.

En Jalisco, quienes quieren verse como candidatos a la gubernatura tienen la obligación de reunir al menos 58,000 firmas válidas, con fotografía de la credencial electoral incluida. Deberán cumplir la tarea en 2 meses, del 9 de diciembre y hasta el 9 de febrero. Parecen pocas firmas, pero desde ahora es posible afirmar que difícilmente van a conseguirlo.

Por cierto, Kumamoto emprendió una aventura federal y está en plena tarea de reunir más firmas: 115,000. Aspira a ser senador. Es muy probable que lo consiga.

La deuda que arrastran dependencias públicas con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) no se ha reducido, al contrario, en lo que va del año la cartera vencida ha crecido.

En enero, los pasivos de los organismos públicos con el Ipejal ascendían a 827.4 millones de pesos (MDP). En ese entonces había una lista de 42 dependencias sin pagar sus aportaciones patronales.

Al cierre de octubre, el adeudo se elevó a 1,233.7 MDP y la baraja de entes con atrasos en pagos también creció a 47.

La suma de cuotas sin reportar aumentó a pesar de la reforma al Código Penal estatal, que entró en vigor en julio de 2013. La medida establece sanciones a los servidores públicos (3 a 15 años de prisión) por no pagar al Instituto, salvo que busquen un convenio de pago alterno.

La paraestatal Servicios y Transportes (SyT) es el caso más representativo pues adeuda 259.5 MDP al Instituto (esto representa el 92% de su presupuesto anual). En total SyT tiene 231 quincenas vencidas.

Los ayuntamientos de Guadalajara y Tonalá tampoco han logrado regularizar su situación. Por ejemplo, la deuda tonalteca casi se duplicó en lo que va del año para sumar 109.4 MDP. Por otra parte, la comuna tapatía es la que más debe con un total de 403.1 MDP.

Al respecto, el ayuntamiento tapatío aseguró que el adeudo es ligeramente menor y obedece al "atraso en el reintegro por parte de la federación del Impuesto sobre la Renta" correspondiente a mayo, junio, julio y agosto. A final de año, sostuvo la comuna, liquidarán la deuda correspondiente a la retención de empleados.

En agosto de 2015, antes de asumir la presidencia municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, denunció que durante la administración de su antecesor, Ramiro Hernández, se desviaron al menos 300 millones de pesos de los recursos de las aportaciones al Instituto de Pensiones.

El entonces alcalde electo planteó que con la venta de un terreno al Gobierno del Estado se cubrirían 120 millones del pasivo.

A más de 2 años del anuncio, el ayuntamiento tapatío no ha conseguido bajar la deuda con el Ipejal, por lo contrario, en enero se reportó en 231.1 millones y para la última quincena de octubre ascendió a 403.1.

El Ipejal requiere de "dientes" para poder obligar a los entes públicos a cumplir con las aportaciones de ley y garantizar que no se afecten los derechos de los trabajadores, señaló el doctor Estanislao Solórzano Barón, investigador de la División de Asuntos Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

"El conflicto desde el punto de vista burocrático es quien le exige al Estado, que en este caso es el patrón que cumpla con las aportaciones, muchas veces todo queda a una decisión política. El problema más grave es la legitimación que tenga pensiones para exigir los pasivos, porque ¿cuál sería el beneficio de llevar al funcionario a la cárcel si no se hacen los pagos?", comentó.

El especialista en Derecho Laboral dijo que los trabajadores afectados por el impago de los entes públicos pueden recurrir al Tribunal de Arbitraje y Escalafón para demandar que no se afecten sus derechos.

En el organigrama político se ubican los partidos, asentados en principios ideales de honestidad, capacidad y lealtad al servicio público; principios disimulados y en muchos casos perdidos con grave desprestigio que no alcanza a sancionar la ley.

Las posturas políticas ascienden a los partidos políticos, teóricamente dedicados a la dirección y la buena conducción de personajes dignos, que realmente son líderes carentes del debido apoyo de sus afiliados y por consiguiente de la sociedad electoral, que habrá de manifestar su decisión el año venidero. Tal es la meta carente de solidez y apego de servicio a la solución de problemas.

Hace ya un buen rato que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México no tiene sesiones... por lo menos no que sean legalmente válidas. Los gritos, descalificaciones, manoteos y hasta mordidas han reemplazado las discusiones, acuerdos y votaciones desde el pasado 7 de noviembre. Todo es culpa de un sarape o, más bien, de El Sarape.

Los diputados empezaron a pelearse a partir de la discusión de una planta de "termovalorización" llamada El Sarape. Los diputados de Morena tomaron la tribuna para evitar que se votara el proyecto y desde entonces no han permitido las actividades normales de la Asamblea. La propia presidenta, la morenista Flor Ivone Morales, fue destituida por un voto de los demás partidos, aunque al parecer la sesión que tomó esta decisión y otras posteriores no contaron con el quórum legal. Hoy realmente no sabemos ni siquiera quién preside la Asamblea.

La planta de termovalorización no es otra cosa que un horno en el que se quemará basura inorgánica para generar electricidad. Será construida por una empresa privada, Termo WTE, filial de la francesa Veolia. Quizá de ahí proceda la oposición de Morena, un partido al que la inversión privada le genera urticaria.

Según Morena la construcción de la planta dejará a la Ciudad de México con una deuda de más de 100,000 millones de pesos, aunque en realidad el costo de la planta será inferior a 12,000 millones. La empresa concesionaria recuperaría su inversión vendiendo electricidad y las compras ya están aseguradas, porque buena parte sería adquirida por el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Después de un tiempo, la planta pasaría a ser propiedad del gobierno. Es un buen esquema. La ciudad está ofreciendo garantías que sólo se convertirían en pagos si se cancela el proyecto de manera unilateral (por ejemplo, en un gobierno de Morena).

Cada vez es más urgente encontrar una forma de manejar los residuos sólidos de la Ciudad de México. La urbe se ha visto obligada a cerrar el tiradero del Bordo Poniente, mientras que el Estado de México es reacio a seguir recibiendo la basura capitalina. Pero ésta no va a desaparecer por arte de magia. Es necesario depositarla en algún lugar, reciclarla o quemarla.

La propuesta de la termovalorizadora pretende matar 2 pájaros de un tiro. Por una parte, eliminaría buena parte de la basura inorgánica de la ciudad; por la otra, generaría electricidad que de todas maneras se necesita. Que el proyecto lo haga una empresa privada especializada es una buena decisión. La idea de algunos políticos de que el gobierno debe hacer todo es obsoleta y peligrosa, y al final cuesta más a los ciudadanos por la creación de burocracias permanentes.

Hay cuestionamientos más serios a la planta, que al final es una termoeléctrica que en lugar de usar combustóleo quema basura. Esto genera emisiones de gases contaminantes que agravan el problema de contaminación del aire. Siempre será menos contaminante tener otras formas de generación como, por ejemplo, las plantas de ciclo combinado de gas.

Los diputados de la Ciudad de México, sin embargo, no están discutiendo ni estos temas de fondo ni nada más. A lo mucho se gritan y se insultan. El pleito entre Morena y el PRD es cada vez más irracional. Este 15 de noviembre César Cravioto de Morena llegó al pleno de la Asamblea con un megáfono, pero un megáfono no permite argumentar. El Sarape es la excusa. El problema de fondo es que tenemos diputados que no entienden qué es ni cómo funciona la democracia.

El gasto en Comunicación Social de los gobiernos tiene una perversión de origen y es que usen nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos, en decirnos lo que los gobernantes quieren que sepamos y no para que nos informen lo que nosotros necesitamos saber. Esa pequeña diferencia pervierte de origen el gasto de comunicación, pues terminan generando un beneficio personal, la imagen del gobernante, con dinero ajeno.

La resolución de la Corte del miércoles pasado pone además el punto sobre la i cuando dice que el gasto discrecional, sin reglas de operación ni control, ha provocado una distorsión que afecta el derecho a la información, pues se alienta la visión pro gobiernista al tiempo que opaca las voces críticas frente al concierto de corifeos en que la publicidad gubernamental ha convertido a muchos medios de comunicación. La resolución pone como fecha límite para que esté aprobada la ley reglamentaria en la materia el 30 de abril, es decir, en plena campaña por la presidencia.

La batalla por la reglamentación será, podemos preverlo, ruda y despiadada. Lo que está en juego no es solo la autoestima de los gobernantes y una forma perversa de mantenerse en el poder, sino la sobrevivencia de muchos medios de comunicación cuyos ingresos dependen fundamentalmente de estos recursos. Son muchos, me atrevería a decir que al menos la mitad, de medios nacionales y regionales que dependen en más de 50% de sus ingresos de los 3 niveles de gobierno. Hoy 1 de cada 3 pesos que se gasta en publicidad en este país viene del gobierno; a principios de este siglo era solo 1 de cada 10.

A un mes de que inició la recolección de firmas por parte de los independientes, parecería que el reto de alcanzar las 867,000 firmas está cuesta arriba. Hasta ahora, según datos del INE, los 4 candidatos que más firmas registradas son "El Bronco" con 132,000; Margarita Zavala con 120,000; María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy) con 33,000 (3.9% del total) y Armando Ríos Piter con 29,000.

El mecanismo para levantar las firmas, con la aplicación o en papel, ha generado una discusión importante sobre su eficacia, y en qué medida facilita o entorpece el trabajo de los aspirantes y sus colaboradores. Queda claro que, como parte de una futura reforma electoral, los requisitos para una candidatura sin partido deben cambiar para facilitar la participación y registro de aspirantes independientes.

La candidata que realmente sería lamentable no tener en la boleta es Marichuy. Su participación sería muy valiosa para darle mayor visibilidad a la condición y discriminación que padecen las mujeres y los pueblos indígenas. Marichuy conjuga 3 condiciones de vulnerabilidad y opresión: clase económica, género y condición étnica.

De acuerdo con el informe anual de la organización Artículo 19, el gobierno mexicano suma en gasto publicitario, desde el inicio del sexenio hasta diciembre de 2016, 34,109 millones de pesos, según cifras preliminares de la Secretaría de la Función Pública.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión a emitir la ley reglamentaria sobre el gasto en publicidad gubernamental a más tardar para el 30 de abril de 2018.

Durante la sesión de la Primera Sala de este miércoles, con mayoría de 4 votos los ministros concedieron un amparo a organizaciones de la sociedad civil para obligar a los legisladores federales a regular el gasto que realiza el gobierno en publicidad oficial que paga a los medios de comunicación del país.

La expedición de esta reglamentación se estableció en la reforma político-electoral que entró en vigor desde 2014 y el congreso tenía hasta el 30 de abril de ese año para emitir la ley reglamentaria sobre el gasto de comunicación social.

El proyecto fue realizado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien consideró que el congreso incumplió con su obligación de emitir la ley reglamentaria conforme a la reforma constitucional, por lo que para el 30 de abril de 2018 deberá emitir el cuerpo normativo.

"Estamos muy satisfechos de que la Suprema Corte consideró que este es un tema que el congreso debe legislar de manera prioritaria y esperaremos a ver el engrose (la sentencia definitiva) para conocer sus efectos", dijo Ricardo Luévano de Artículo 19.

Margarita Zavala se equivocó. Supongo que ella misma ya se da cuenta. Dejar el PAN para buscar una candidatura independiente fue un gesto romántico, una protesta contra los abusos del presidente panista Ricardo Anaya, pero al final sólo se ha hecho daño a sí misma.

El camino para obtener el registro como candidata independiente a la Presidencia está demostrando ser más difícil de lo que muchos pensaban. Si reunir firmas del 1% del padrón electoral parecía sencillo en abstracto, en la realidad está resultando una tarea hercúlea. En este momento parece que ninguno de los aspirantes podrá conseguir el objetivo.

¿Qué significa conseguir 866,593 firmas certificadas en 17 entidades? El Partido Acción Nacional, con sus 78 años de existencia y sus triunfos electorales, apenas rebasa los 220,573 militantes según el INE. Margarita tendría que obtener de aquí al 19 de febrero el respaldo confirmado y singular -sin que el ciudadano dé su firma a ningún otro candidato- de 4 veces el número de militantes del PAN.

Ser un candidato independiente a la Presidencia parece más difícil que formar un nuevo partido, el cual además es mejor negocio. Un nuevo partido debe contar con 3,000 afiliados en 20 entidades federativas o 300 afiliados en 200 distritos electorales. El número de afiliados no puede ser menor al 0.26% del padrón electoral de la elección federal anterior. Son requisitos más fáciles que los de un candidato independiente. Muchos de los partidos actuales seguramente no podrían cumplir los requisitos si trataran de obtener el registro hoy. Los candidatos independientes, en cambio, están teniendo que cumplir criterios muy estrictos. Sus firmas, por ejemplo, tienen que ser de personas reales, mientras que muchos de los supuestos militantes de los partidos son al parecer ficticios.

Al final Margarita se puede quedar sin nada. A pesar de haber estado número 1 o 2 en casi todas las encuestas en los últimos años, hoy se enfrenta a la posibilidad de no poder siquiera contender.

Ante las complicadas, y a veces irracionales, reglas electorales, la política en nuestro país requiere de decisiones inteligentes y muy calculadas. Margarita era una de las principales contendientes a la Presidencia.

Un rumor corría como fuego en la paja entre los militantes de Morena. De no suceder algo gordo e imprevisto, como decía el clásico, Liópez será el candidato de Morena a la Presidencia de la Republica. Pero se trata solo de un rumor, no lo olviden, pues antes, el Consejo Nacional de Morena tendrá que reunirse y discutir si ese es el candidato que conviene a Morena. ¿Por qué observa Gil caras incrédulas?

Cada quien sus liturgias. A esta se le llama la liturgia del elegido, o él o nadie. En una asamblea histórica se pedirá a la militancia: que levante la mano el que esté de acuerdo con que Liópez sea el candidato de Morena a la Presidencia de la República. Hay gran incertidumbre, nadie sabe nada a ciencia cierta.

El viernes pasado se llevó a cabo el reencuentro Andrés Manuel López Obrador-Ricardo Monreal, después de 8 meses de no hablarse.

De acuerdo con la versión del zacatecano, no se habían visto porque él se metió muy fuerte en el proceso electoral del Estado de México y luego vino el conflicto por su proyecto para ser el candidato de Morena al gobierno de Ciudad de México, cuando ese cargo estaba decidido para Claudia Sheinbaum desde al menos 4 años atrás, y luego le vinieron con aquello de la encuesta en la que lo mandaron hasta el 4o. lugar después de la propia Sheinbaum, Martí Batres y Mario Delgado.

Ante esto, se le acercaron de todos los partidos: el autollamado Frente Opositor, el PRI, el Panal y hasta el Verde.

En el 1er. caso le quedó claro que no tenía espacio, esa posición era para Alejandra Barrales, como la presidencial será para Ricardo Anaya; al PRI le dijo que no, cuando un cercano a ambos le llevó en privado el mensaje que en público le había enviado el tabasqueño: Que no vaya a ir con lamafia del poder.

Y por eso hablaron el viernes por la tarde durante 2 horas, quedando en volver a verse esta semana.

No creo que en este 1er. reacercamiento hubieran hablado de cargos, pero si hubiera sido así, lo que más le conviene a los 2 es que Monreal no sea presidente del partido, una derrota en Ciudad de México o en la presidencial se la cargarían con todos sus epítetos que siempre inician con traidor. De ser el zacatecano pediría ir al Senado.

Al ritmo con el que están recabando las firmas que exige la ley, les llevará más de 7 meses cumplir el requisito a los aspirantes a convertirse en candidatos presidenciales independientes. Es decir, lograrían entrar a la boleta después de celebradas las elecciones en las que desean participar. Y eso en el caso de Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", que son los más adelantados. A otros como Armando Ríos Piter y Pedro Ferriz, más rezagados, les tomará años. El único problema es que el plazo que contemplan las normas vence en 3 meses, el 19 de febrero.

La exigencia de reunir 866,593 firmas acreditadas como requisito para ser candidato ciudadano es en sí mismo una contradicción porque ningún ciudadano sin estructura puede conseguir la proeza. Para Margarita Zavala y para "El Bronco" significa obtener 8,000 firmas diarias, navidades, sábados y domingos incluidos, ininterrumpidamente hasta mediados de febrero. Eso, en sí mismo, requiere un trabajo de organización brutal. No se trata de salir a una plaza comercial y pedir firmas al calce de un pliego, sino un trámite que puede llevar más de 20 minutos por persona y eso si la App digital exigida por las autoridades está funcionando cabalmente.

Desde luego, el INE tenía que establecer requisitos o de otra manera la boleta electoral se habría convertido en un pequeño directorio telefónico de candidatos. Pero es evidente que se les pasó la mano.

Lo importante a destacar es que no se trata de un error de cálculo, sino de un candado destinado a salvaguardar los privilegios de las dirigencias partidarias. Recordemos que los consejeros que dirigen el INE han sido designados desde el Congreso, por acuerdo de los propios partidos.

Y son los partidos políticos los menos interesados en perder el monopolio que ejercen para acceder al poder. Las élites de los partidos no sólo son los dueños del antro, también los cadeneros. Son los que deciden quién entra y quién se queda fuera y de allí deriva parte de su inmenso poder (no exclusivamente: también porque son las fracciones parlamentarias las que deciden leyes, presupuestos y designaciones de muchos organismos).

El triunfo "por la libre" de parte de "El Bronco" en Nuevo León, encendió todas las alarmas de las élites partidarias. Hasta entonces las candidaturas independientes eran meramente testimoniales, anecdóticas. Uno que otro diputado, alguna alcaldía de poca monta. Políticamente el efecto era mínimo y el beneficio considerable. Le permitía al sistema presentarse frente al mundo como una versión moderna y abierta. Pero lo de Nuevo León, dolió. Perder una de las joyas de la corona nunca estuvo en el presupuesto.

Así que lejos de pavimentar el camino, las autoridades se han asegurado de que se convierta en un vía crucis, en particular para un aspirante a la Presidencia.

El requisito de 866,000 firmas impedía que la entrada a la boleta se convirtiera en coladera y amenazara el monopolio de los partidos, pero al mismo tiempo era asequible en caso de que el sistema quisiera fomentar por abajo del agua una candidatura independiente capaz de hacerle daño a su rival.

Si el PRI quiere ganar tiene que dejar de sostenerse en burbujas y hacer un trabajo más sólido de beneficio a la población, además de castigar la corrupción, aunque Lozoya resulte raspado... Y, claro, cuidar que su decisión, o sea el dedazo, no rebase lo que Zuckermann llama el perfil competitivo, o el de lealtad, resultando que pudiera ganar el perfil del miedo, porque entonces Videgaray podría ser el elegido.

Sobre el Frente Ciudadano por México, con Barrales para el gobierno de la Ciudad de México y Anaya casi en la final, algunos analistas lo exponen como una suma de intereses y contradicciones que, además, no tiene un programa para atender los faltantes sociales y económicos de México, porque es contra natura; 2 visiones irreconciliables sin propuesta.

Morena, con más de lo mismo, proyecto unipersonal sin aceptar opiniones, mucho menos debates, acercándose demasiado a las estructuras viciadas, ha mermado su representatividad para ser alternativa en un país con tantos agobios. Perdió su momento y hoy no suma a las nuevas generaciones, tampoco a expertos académicos que desde las universidades públicas ofrecen el puntual análisis del estado del país, conocimiento que podría ser eje de un excelente proyecto de nación, que no hay.

Y están los independientes, claro. Triste panorama. Un titular del INE que defiende a capa y espada los errores de una tecnología sin probar y que fue "ofrecida" a los aspirantes para (¿retrasar?) su registro. A la fecha, ni Margarita, ni El Bronco, los punteros, llegan siquiera al 20% de las firmas necesarias. Pero, sobre todo, ninguno de ellos tiene proyecto de país distinto al actual, luego, se vuelven, en su mayoría, distractores que no ayudan, excepción hecha de Kumamoto y, desde luego, de Marichuy, quien hace visible la invisibilidad política y económica de los indígenas en México.

Así, el futuro no se mira halagüeño, y con las apuestas corridas lo que hay es una muy triste realidad política: con demasiados intereses y sin proyecto.

Es la temporada de renuncias. Hay una ausencia en el poder que se traduce en represalias para la ciudadanía. Las figuras de autoridad tienen la cabeza puesta en su próximo movimiento y no hay forma de detenerlas. Ninguna lista de personas "desconocidas" ni las demandas ciudadanas aparentan tener una utilidad para hacerlos sensibles a la importancia del servicio público. Queremos que se responsabilicen y que de una vez concluyan un trabajo bien hecho. Ese que va más allá de sus propios intereses.

AMLO tiene la palabra.

Y además de tenerla, no la comparte. Eso evidencia el video difundido por Andrés Manuel al lado del diputado Carlos Lomelí y de Toño Pérez durante su reciente gira en Jalisco.

Durante casi 3 minutos, el líder de Morena manifiesta todo el apoyo y apuesta a sus 2 "gallos", mientras éstos sonríen sin decir ni pío.

Para que les quede claro quién es el protagonista.

A poco menos de una semana de las elecciones en el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador se levantó en uno de esos días que quiere destruir todo. Le tomó una llamada a Carmen Aristegui a quien maltrató porque no le gustó lo que la periodista estaba obligada por su profesión a hacer: preguntar y cuestionar. "Mirona profesional", le recetó López Obrador por hacer su trabajo. Horas después le tomó una llamada telefónica a Pepe Cárdenas, otro de los conductores por excelencia, con quien se peleó ácidamente. La catarata de críticas le llovió al virtual candidato a la Presidencia.

Su intolerancia ante preguntas incómodas, pero pertinentes, preocuparon al equipo de campaña de Delfina Gómez, candidata de Morena al Gobierno del Estado de México, que llevaron a uno de sus miembros a comentar: "Espero que no venga más; es un lastre". Gómez, la cenicienta política, perdió apenas con el candidato del PRI, tras una fuerte campaña en medios contra actos de presunta corrupción de miembros de Morena que frenaron su ascenso. La corrupción, una de las grandes banderas de López Obrador, que proclamó "la honestidad valiente", fue horadada, pero López Obrador, cuya formación teológica ve sólo buenos o malos sin matices, ha sido refractario a esas críticas.

Hace unos días, nombró a Félix Salgado Macedonio como coordinador estatal de Morena en Guerrero. Salgado Macedonio fue presidente estatal del PRD, diputado federal y alcalde de Acapulco, político primitivo, atrabiliario quien durante su administración en el puerto, se dejó arrastrar en una pelea entre narcotraficantes que peleaban la plaza, y lo tenían amenazado de muerte. Su nombre apesta, pero no es algo que inquiete a López Obrador, quien hace unos días respaldó a Claudia Sheimbaum como aspirante al Gobierno de la Ciudad de México, sujeta a investigación para determinar si como delegada de Tlalpan incurrió en ilegalidades que pudieran haber causado la muerte de 19 niños en el Colegio "Enrique Rébsamen", o recibió dinero de narcomenudistas de Tláhuac para su campaña electoral.

Las críticas sobre corrupción en su entorno, siempre las ha rechazado sin argumentación alguna, salvo que "la mafia del poder", en donde agrupa a todos que no piensen como él, se encuentra detrás de ello. La forma frívola como aborda el tema, le va a costar. Algunas personas que lo ven con aprecio, han comenzado a observar públicamente que López Obrador no es como se pinta. Uno de ellos es el reconocido académico Edgardo Buscaglia, actualmente investigador en la Universidad de Columbia, quien reveló a la revista The Atlantic, en una crónica titulada "El Populista Salvador de México Puede ser Demasiado Bueno para ser Verdad", un episodio que lo dibuja de cuerpo entero.

Buscaglia recordó que cuando llegó a ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México, su equipo lo contactó en busca de ideas frescas, por lo que le propuso contralores ciudadanos, mediante los cuales le daría acceso a ciudadanos a revisar el gasto de gobierno para así inhibir la corrupción y renovar la confianza en el gobierno. La respuesta que recibió fue que López Obrador pensaba que eso era darle a "la gente demasiado control" y que prefería hacerlo él mismo. Según Buscaglia, López Obrador mantuvo la jerarquía local corrupta a fin de que pudiera servirle a sus propios objetivos. No es el revolucionario devoto de las reformas democráticas que dice ser, agregó el investigador que vivió varios años en México.

El artículo en The Atlantic recoge las críticas que señalan que las prescripciones de López Obrador en materia de corrupción y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte son muy idealistas y simples, que en lugar de mejorar la economía y la democracia, la desestabilizarían y la debilitaría. "En un momento de profunda desconfianza en el gobierno, la visión de López Obrador puede ser intoxicante, pero si la historia es una guía, es improbable que provea la realidad que promete", indicó la revista, que no fue la única, en caprichosa coincidencia, que habló del precandidato presidencial al arrancar noviembre.

El semanario británico The Economist publicó un artículo de su columnista de temas latinoamericanos, Michael Reid, que firma como "Bello", quien aseguró que el tabasqueño "ha minado las instituciones democráticas de México". The Economist advirtió que pese a que señala a Benito Juárez, Francisco Madero y a Lázaro Cárdenas como sus modelos a seguir, no podría ser más diferente a ellos en materia de la defensa de valores democráticos. Resalta el contraste con Cárdenas, quien argumenta que tenía un agudo sentido para distinguir lo popular y lo populista, y buscó reducir la división social, sin incitar al odio entre rivales y perdonó a aquellos que se habían levantado contra el Estado. Esto, en comparación López Obrador, quien "por el contrario, es menos aficionado a los gestos unificadores".

La respuesta de López Obrador a las críticas fue el fin de semana... reiterando su apego a los principios de sus guías políticos. Nada más. No enfrentó las imputaciones de favorecer a la corrupción ni inclinarse por el autoritarismo. Tampoco respondió a los señalamientos sobre un pensamiento simple y sin contenido. Durante años López Obrador ha nadado de muertito, por utilizar una frase de él, pero ese largo periodo de gracia parece estar terminando.

Marcelo Ebrard, un político inteligente y sofisticado, debió haber sido el candidato de la izquierda en 2012, tras haberle ganado en las encuestas a López Obrador, que era el método que definiría al nominado. Pero el tabasqueño incumplió su acuerdo y al dejar claro que él no apoyaría a quien no fuera él, Ebrard optó por ceder el lugar y evitar la división de la izquierda.

López Obrador, más allá de las lecturas que puedan hacer quienes han trabajado años cerca de él, no ha dado indicaciones que esté listo para dejar el camino abierto a otro candidato, que respaldado por él, ponga en marcha su programa de gobierno. Todas las declaraciones públicas del virtual candidato, es que él se ve despachando en Palacio Nacional a partir de diciembre del próximo año. La seguridad con la que él se contempla en la Presidencia, no difiere de la que mostraba en 2006 y 2012.

Morena no ha alcanzado a ser un partido con estructura que pueda sobrevivir a López Obrador. La posibilidad de alcanzar la Presidencia depende únicamente de su fuerza, su inteligencia y su capacidad para persuadir a quienes hoy se encuentran indecisos. Pero también de que no cometa errores. Esa es otra característica del eterno aspirante presidencial: se descarrila solo. Le sale su espíritu poco tolerante y sus reflejos lentos. Esto lo ha aniquilado en el pasado y si no aprende, le sucederá en el futuro. Recientemente nos lo demostró.

Después de 100 años de nuestra Constitución Política, en la que se otorgó a los estados y municipios la libertad para administrar libremente su hacienda, se está legislando para obligarlos a respetar una disciplina financiera mediante la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios que entró en vigor en este año, esto es 100 años después de haberles otorgado la libertad de administrar sus recursos. ¿Por qué esa demora? ¿Por qué nos esperamos más de 100 años para que estados y municipios saquearan las arcas públicas, cuyos fondos fueron aportados por los ciudadanos? Tratando de encontrar respuestas, suponemos que la principal causa es porque las formas de allegarse de recursos fueron cambiando paulatinamente mediante la mejor eficiencia en la recaudación de impuestos y derechos, hasta la facilidad de endeudarse sin más límite que la deficiente función calificadora de las agencias financieras.

La Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios entró en vigor el día 1o. de enero de 2017, excepto algunos artículos que entrarán en fechas posteriores; aunque ya existían diversas leyes que de alguna manera limitaban el dispendio de los fondos públicos, fueron insuficientes para controlar el saqueo inaudito a que hemos llegado; tales fueron la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Deuda Pública y Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En efecto, nunca se había visto tal cantidad de gobernadores acusados de sustraer los fondos públicos en su beneficio y en la cuantía que lo hicieron de miles de millones de pesos, cuyo monto total aún no se determina.

Esperamos que esta nueva ley financiera que delimita y regula la disciplina en el uso de los fondos públicos, regule el monto de los endeudamientos y obligue a elaborar informes y estados financieros fidedignos para estar al pendiente de que no se sobrepasen y actuar con rapidez, en tiempo real, para frenar, destituir y en su caso, castigar severamente a los responsables.

La obsesión debe ser acabar con la corrupción de la clase política mexicana. Y también con la impunidad.

Y la obsesión no es por pretender arrebatar algo que la clase política siente como una especie de "derecho" ganado por tantos años de sumisión y lealtad a sus grupos e intereses políticos.

El problema es estructural.

La corrupción, además de costarnos como país el equivalente al 10% del PIB, significa recursos por miles de millones de pesos, y el tiempo que sus "operadores" dedican a instrumentarla y ejercerla, no se está utilizando en combatir a la pobreza, la inseguridad, y los retrasos en educación o salud pública, por mencionar sólo algunos.

La batalla por combatir la corrupción es durísima. Como sociedad vamos contra un ejército burocrático que ostenta el dinero y el poder, y que entiende que ocupar cargos públicos de alto nivel es sinónimo de enriquecerse.

¿Ustedes creen que se van a dejar?

Por supuesto que no.

Los partidos políticos sin distingo antes prefieren enlodar su propia imagen que aplicar el Estado de Derecho.

Quien lleva años presentándose con la bandera de la anticorrupción es Andrés Manuel López Obrador. Pero ese discurso también ha sido demolido por el propio líder: victimiza a Eva Cadena después de recibir sobres de dinero, reincorpora a su grupo de operadores a René Bejarano con el historial de videoescándalos de sobornos y más recientemente defiende a capa y espada al impresentable Partido del Trabajo de los cargos por embolsarse 100 millones de pesos en las cuentas personales de la esposa del dirigente nacional de este partido.

Por no contar que su gestión en la Ciudad de México no implicó una disminución de las corruptelas, que descalificó de saque el ejercicio ciudadano de la Ley 3de3 y que su plan para terminar con este flagelo es que él llegue a Los Pinos y ponga el ejemplo (así de increíble).

López Obrador no prometió ser un demócrata. Su estilo más bien ha sido autoritario siempre.

Lo único que nos debería de llamar la atención de la persecución a algunos líderes y en concreto a la esposa del presidente eterno del PT, Guadalupe Rodríguez, es que no haya sucedido antes. El PT, junto con el Verde, son los 2 grandes ejemplos de un partido convertido en negocio familiar. No ha ganado una elección importante en su vida, pero su presencia regional, principalmente en Nuevo León, Chihuahua, Durango y Zacatecas, y una estructura creada con base en complicidades más que en afinidades ideológicas han hecho de este partido un gran negocio. Nacido del movimiento Tierra y Libertad, el Partido del Trabajo solo ha tenido en sus 27 años de historia un solo líder y en la práctica dueño: Alberto Anaya.

Si bien el PT siempre ha jugado electoralmente con la izquierda, o casi siempre, en la práctica su fuerza está en negociar los votos con los gobernadores en turno de esos estados a cambio de prebendas, como fue el caso de las guarderías.

El fraude y la desviación de recursos están y han estado ahí, diáfanos, a la vista de todos, pero nadie quería, o a nadie le convenía, verlo.

El golpe está dado. Entre más trate la dirigencia de Morena de defender al indefendible de su aliado Anaya más se va a embarrar.

La preocupación de Anaya es comprensible. La PGR está realizando una investigación en contra de su esposa, Guadalupe Rodríguez Martínez, y de otros dirigentes del partido por haber recibido depósitos de recursos que debieron haber sido destinados a varios Centros de Desarrollo Infantil de Nuevo León que el Partido del Trabajo controla.

"La federación envía estos recursos -apunta [Jaime Rodríguez] El Bronco-. No son recursos del estado. Nosotros tenemos que transferirlos adonde la federación nos dice. Y es precisamente a una sola cuenta que tiene Lupita, la esposa de Beto. Nosotros no sabíamos que esa cuenta no debiera de ser así, porque así lo han hecho por años, y no necesariamente en este gobierno".

En los últimos ocho años, según Reforma, la organización Frente Popular Tierra y Libertad, vinculada al PT, ha recibido 4,162.8 millones de pesos por manejar Cendis, que son guarderías y preprimarias administradas de forma privada, pero que reciben dinero del gobierno. Los Cendis del PT han venido operando desde hace 15 años. "Siempre ellos han tenido la administración de estos centros de desarrollo, como si fuera su propio negocio -afirma El Bronco-. Porque no es nada más el recurso que el estado les da. Ellos les cobran a los niños, o a los papás de los niños, un porcentaje del salario... cuando el estado sostiene totalmente los centros de desarrollo".

En 2018 el PT recibirá 376 millones de pesos del INE, a lo que habría que sumar lo que le den las OPLEs en los estados. Su manejo de escuelas particulares subsidiadas por el gobierno nos demuestra que las prerrogativas son sólo la punta del iceberg del negocio. Lo peor, como dice Anaya, es que el PT recibe una miseria en comparación con los demás partidos.

Interesante enterarse también que el partido de los trabajadores no ha pagado prestaciones a sus maestros de Cendis desde hace 15 años.

A nadie sorprende escuchar que en nuestro país hay una crisis de representatividad. Los políticos toman decisiones aisladas sin considerar las voces de quienes les permitieron ocupar su cargo. Toman la palabra y eligen discursos vacíos que creen que por derecho les corresponden.

Se diría que la recomendación del cardenal arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, en el sentido de que las próximas campañas electorales sean, por sobre todas las cosas, austeras, es irreprochable; que interpreta fielmente el sentir de los ciudadanos; que si éstos, según las encuestas, comparten un sentimiento de frustración y desencanto por la democracia "a la mexicana", lo hacen porque están convencidos de que el costo del juguete es desproporcionadamente mayor a la utilidad que les reporta.

Monseñor Robles Ortega fundamenta su declaración en que la austeridad -que implica sobriedad y moderación llevadas al extremo- debería ser una exigencia derivada de "la realidad económica que vive el país". Más que a la situación de pobreza en que -a contrapelo del tono triunfalista del discurso oficial y de sus programas asistencialistas- sigue viviendo un porcentaje significativo de los mexicanos, el prelado aludía a las circunstancias agravantes derivadas de los sismos que afectaron severamente a varias entidades del país el pasado mes de septiembre. Si se estima que reconstruir, en la medida de lo posible, lo que destruyeron los temblores, exigirá una inversión extraordinaria de más de 30 mil millones de pesos, se infiere que uno de los rubros en que se deberían aplicar recortes sustanciales es, precisamente, el de las campañas electorales, demostrado como está que si algo las caracteriza es, justamente, el derroche.

Las propuestas de algunos partidos políticos -el PRI, específicamente- y de varios servidores públicos, de recortar drásticamente y aun erradicar las participaciones del Presupuesto que se otorgan a los partidos, y de eliminar -o reducir, al menos- el número de diputados "plurinominales", generó una polémica acerca del riesgo de que las campañas se contaminen con "dinero sucio"; del narcotráfico, concretamente...

Puesto que ni hay manera de asegurarse de que sea "limpio" todo el dinero que se inyecta a las campañas ni de evitar que se filtre el sucio -véanse, ahora mismo, las sospechas de que las millonarias "mordidas" de Odebrecht incidieron en las campañas federales de hace 5 años-, el ciudadano de a pie deplora que al dinero de los impuestos, que sale de su bolsillo, se dé un uso tan deplorable y tan inútil como el que los partidos políticos, so pretexto de las campañas, dilapidan en ruido y basura.

Hay 2 reformas que podrían proponerse y empujarse:

-El servicio civil de carrera.
-La prohibición legal de abandonar un encargo para aspirar a una candidatura.

Estas 2 medidas dotarían al aparato burocrático y gubernamental de un mayor perfil técnico y, de paso, le quitaría a las competencias electorales una buena parte de la atmósfera viciada que provocan los mandones en las cúpulas de poder. La obligación de quedarse a cumplir con los encargos que ellos mismos pidieron a los votantes, daría más espacio para renovación de cuadros y permitiría, al menos en teoría, mejorar el ejercicio de gobierno.

(V.periódico El Financiero en línea del 30 de octubre de 2017).

Frente a la investigación de la PGR por el presunto desvío de 100 millones de pesos de recursos públicos de Nuevo León a cuentas personales de Guadalupe Ramírez Martínez, fundadora del PT y esposa de su líder nacional, Alberto Anaya, López Obrador fijó postura: es una persecución política del gobierno de Enrique Peña Nieto por el apoyo petista a Morena. "Los vamos a defender", anunció en un tuit.

Poco antes de la elección de gobernador en el Estado de México, López Obrador decía que el PT ya se había vendido a la mafia del poder. Cerca del final de la campaña el candidato petista Óscar González Yáñez declinó a favor de la abanderada de Morena, Delfina Gómez, y volvió a ser un partido honesto a los ojos del tabasqueño.

El PT ya aprobó ir en alianza con Morena al 2018 para la elección presidencial, las legislativas y las estatales de gobernador. Va con López Obrador. Es un partido que sigue por estatutos la "Línea de masas" de Mao Tse Tung, que admira al régimen norcoreano y al gobierno madurista de Venezuela. Se alía según le convenga con el PRD, con Morena, con el PRI o con el Partido Verde, y en sus 27 años de vida ha tenido una dirigencia colegiada siempre encabezada por Alberto Anaya e integrada por los mismos: los hermanos González Yáñez, Rucardo Cantú y Pedro Vázquez.

Anaya ha sido en ese lapso 2 veces senador y 4 diputado federal. Ha sido el máximo líder de un partido que ha recibido casi 10,000 millones de pesos de financiamiento público. Maneja con su esposa un negocio privado de 72 centros de desarrollo infantil que cobran a los padres de sus alumnos y además reciben dinero del erario de 12 estados. De 2009 a 2017 ha recibido casi 4,000 millones de pesos etiquetados por el congreso para esos Cendis. En 2015, más de 900 millones de pesos para ese propósito.

Fue impulsado para su nacimiento por Raúl Salinas de Gortari, en el gobierno de su hermano Carlos, ha postulado lo mismo a Cuauhtémoc Cárdenas que a César Duarte, a Gabino Cué y a López Obrador, y tiene como exponente central en el Senado, hasta hace poco su coordinador, a Manuel Bartlett.

En la elección federal de 2015, la votación que obtuvo no le alcanzaba para mantener su registro nacional. De última hora, una maniobra de la Secretaría de Gobernación le salvó la vida. 2 años después, regresó a los brazos de Andrés Manuel.

La imagen de candidato anticorrupción de López Obrador va acumulando lastres por su defensa de personajes implicados en escándalos.

La apuesta por la honestidad de los dirigentes del PT parece de alto riesgo. Optó de nuevo por la teoría del complot y la defensa a ultranza de los señalados. Confía en que sigue teniendo teflón. Siento que ese teflón ya está muy raspado. Ya no es lo mismo que antes.

La corrupción y los contubernios que la clase política utiliza para llegar y mantenerse en el poder se basan en los códigos de conducta de la "omertá" que están por encima de la ley y de cualquier código de ética establecido en los estatutos de los partidos políticos, de las empresas e instituciones públicas, y de muchas de las organizaciones ciudadanas que muchas veces son utilizadas para obtener beneficios y prebendas del gobierno.

Para los que no lo sepan, la "omertá" o ley del silencio es un código de honor de la mafia siciliana (Cosa Nostra) que impide dar cualquier información sobre las actividades de la organización o personas de la misma a terceros, particularmente a las autoridades. La violación de este código es considerada una traición que se castiga con la muerte.

En México, los puestos públicos de alto nivel están reservados para personas que forman parte de círculos herméticos e impenetrables que ocultan inconfesables pactos y alianzas, y que sólo pueden subsistir con leyes de silencio. Y cuando por alguna razón el silencio se rompe o la corrupción se descubre, los involucrados que se apegan a la "omertá" reciben del poderoso círculo el apoyo necesario para sacarlos del atolladero y salir impunes.

Lo único que tienen que hacer es callar, aguantar el desprestigio y las improbables o reducidas penas que las leyes del país llegaran a imponerles, las cuales siempre serán más benévolas que los castigos de la mafia en el poder.

La única manera de combatir leyes de silencio como las de la "omertá", sería con un código ciudadano que obligue a la denuncia, y que podríamos llamar la "Ley del Aviso" o "delatá" (var. delatar) y en la que el castigo por guardar silencio cómplice sea el rechazo y la muerte social.

Estas formas de robar del erario, simularlo y después auto exonerarse utilizando el poder están en vías de extinción. El avance de la ciudadanía en los cuerpos que habrán de investigar, exhibir y castigar la corrupción es ya inevitable. Jalisco, con trabajos, va siendo ejemplo porque entre jalones y resistencias de la clase política avanza el Sistema Estatal Anticorrupción en manos ciudadanas.

Más tarde o más temprano habrá de ocurrir también a nivel nacional. Son muchos, y cada vez más importantes, los sectores civiles que están hartos de la corrupción y sobre todo de sus consecuencias, que tienen al país hundido en la mediocridad y obteniendo resultados "medianones" cuando podrían ser extraordinarios.

A la batalla aún le resta mucho: imagínese lo que está dispuesta a hacer la clase política para no perder este privilegio de enriquecerse a costa de los recursos públicos. El dinosaurio se transforma en dragón y arremete feroz contra sus enemigos.

Pero hay que estar ahí, es la evolución de la historia la que está arrinconando a la clase corrupta, y por ello hay que disfrutar como espectadores estos últimos días de simulación y descaro; es algo que afortunadamente se extingue poco a poco en nuestro país.

El INE ya se está tardando en admitir que no jaló bien lo de la aplicación digital para que los candidatos independientes recolecten las firmas que necesitan para aparecer en la boleta. La app no sirve a plenitud y hay zonas enteras de México, enormes grupos ciudadanos para los que este mundo aún es ajeno.

Sin dinero ilegal, la partidocracia no funcionaría, sin corrupción, no había campañas por el poder. La corrupción es parte consustancial del sistema político. Si se quiere eliminar la corrupción, hay que desmontar este sistema político y construir otro.

Tras coincidir en que no hay un uso sino "un abuso" de las candidaturas independientes, por el elevado número de aspirantes registrados, Javier Soto Morales, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, comentó que la ciudadanía no se debe dejar encandilar por este tipo de figuras.

Acentuó que se deberán analizar los perfiles, trayectorias, planes y programas de gobierno. Puso como ejemplo el caso de Nuevo León, luego de que en 2015, "El Bronco" se convirtiera en el 1er. independiente en ganar una gubernatura.

"Es prácticamente nulo lo que ha podido hacer en el ejercicio de gobierno, porque ni en su congreso local, y mucho menos en el congreso federal ha logrado establecer las alianzas, las negociaciones (que favorezcan) a Nuevo León; es decir, el señor está desarticulado y ha estado desarticulado, y ese es un riesgo que a veces no vemos en la figura de los candidatos independientes, en caso de llegar al poder".

Agregó que en Jalisco se tiene el caso de Kumamoto, quien si bien ha demostrado frescura y una manera distinta de hacer las cosas, por su juventud y propuestas, "también es, hay que reconocerlo, muy limitado lo que Pedro ha podido hacer en esta legislatura".

Nos queda más que claro que candidato independiente no es sinónimo de vitalidad democrática sino, muchas veces, de ocurrencias y chistes involuntarios.

De entre los 40 aspirantes a la Presidencia de la República, ninguno ofrece una plataforma y plan sólido de gobierno. Por el contrario, destacan las vaguedades y algunas perlas.

Édgar Portillo, académico de la UAM, promete hacer campeona a la Selección Mexicana de Fútbol en el 2022. Antonio Zavala, de Tamaulipas, propone acabar con los males del país eliminando "la modorra" -¿y creando un Sistema Nacional Antimodorra?-.

Pero el que sí voló alto fue Gustavo Javier Jiménez Pons. En su concepción, el enriquecimiento ilícito debe catalogarse como traición a la patria y, naturalmente, castigarse con el fusilamiento.

Esa es la calidad de [algunos de] nuestros aspirantes independientes.

Los diputados añadieron 43,200 millones de pesos a los ingresos gubernamentales presupuestados para 2018. ¿Dónde encontraron el dinero? Subieron la estimación del tipo de cambio y del precio del petróleo; decretaron también que el SAT mejorará su eficiencia recaudadora. ¡Qué fácil es reunir 43,200 millones de pesos!

Para un político, el acceso de las personas a información inmediata pone en riesgo sus promesas, porque la población puede saber qué sucede en tiempo real, en su país y en otros. Los ciudadanos comparan más a menudo y más velozmente; y como se les ha prometido que la globalización es buena, pues quieren lo que otros tienen. Esto está cambiando las relaciones políticas en las sociedades.

Los enojos y reclamos sociales, así como los sentimientos de exclusión que tradicionalmente se canalizaban a los partidos políticos o eran intermediados por los medios de comunicación, encontraron en las redes sociales un vector para expresarse y organizarse. Los partidos son (¿o eran?) clave en la democracia representativa, pero hoy son lentos para mover las necesidades de las personas, quienes tienen la capacidad de tomar decisiones de manera más veloz con un celular en la mano. Si la gente ve que puede organizarse con sus pares mediante un par de mensajes en WhatsApp, ¿cómo compite un congreso que toma años para resolver leyes, un burócrata que tarda meses para revisar un expediente, o una escuela sin tecnología?

Tendríamos que suponer que los aspirantes a tales candidaturas [independientes] lo hacen porque tienen una propuesta concreta y realizable para el desempeño del cargo al cual aspiran, y que además poseen las cualidades y aptitudes requeridas, no obstante, una vez que ganen se encontrarán con que su proyecto por muy promisorio que sea no puede llevarse a la práctica porque carecen de los apoyos suficientes en la estructura de gobierno.

La verdad es que un notable número de interesados en una candidatura independiente se mueve por razones muy lejanas a la búsqueda de soluciones reales y concretas a la problemática nacional, siendo más bien atraídos por las nada despreciables ventajas de ocupar un cargo público.

El problema de fondo sigue siendo el mismo: nosotros, nuestra idiosincrasia política de muy baja cuna, nuestra tendencia todavía incurable al arribismo, al aprovechamiento de la oportunidad ajena a todo compromiso. No sería exagerado pensar que un muy elevado porcentaje de cuantos hoy se están moviendo en vísperas al próximo proceso electoral lo único que tienen en mente es el dinero y el poder, de sobra saben que en un marco legal donde la rendición de cuentas o no existe o no funciona, medio matarse ahora por un cargo resulta realmente alucinante, es la oportunidad del sexenio, y se estimula desde el ejemplo que dan a todo el país las grandes pugnas internas de los partidos. En este país ningún político se mata por servir, pero sí que lo hacen por lucrar, máxime si lo pueden hacer impunemente.

Si [los candidatos independientes] ganan, apenas lo hagan toparán con la pesada maquinaria del sistema político mexicano hecho, ni más ni menos, para impedir que suceda el cambio.

Solo para esta época, con el fallo, en todos los sentidos, del Tribunal Electoral, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya tendrán otros 400,000 spots más para esta época, que pasarán en 2,500 estaciones de radio y televisión de todo el país.

El INE recibió 87 avisos de intención de presuntos candidatos independientes a la Presidencia de la República, de los cuales declaró procedentes 48, los demás fueron eliminados por improcedentes, no reunían ni los requisitos.

No a la simulación, a una forma vieja y caduca de hacer política, al doble discurso y a la mentira, a que los políticos son los dueños de los partidos, a los arreglos en lo oscuro, al reparto de puestos y cargos públicos, a la compra de voluntades y apoyos, y a la idea cínica de que sólo con dinero se gana una elección.

Cuál es la verdadera razón detrás de la renuncia de Raúl Cervantes? Una posibilidad es que efectivamente, en un arranque de realismo político, el procurador se haya dado cuenta de que traía la carrocería más abollada que un minibús en el Periférico y que eso prácticamente lo había inhabilitado políticamente no solo para seguir operando sino para tener el mínimo de credibilidad requerido para desempeñar el cargo. La 2a. es justamente que el cambio en la PGR ayude a ralentizar los casos escabrosos, entre ellos el de Odebrecht, pero siendo sinceros las prisas nunca han sido algo que mueva a la procuración de justicia en este país. Digamos que para hacerse bueyes no hay que sacrificar a ninguno.

El periodo de Cervantes no es ni mejor ni peor que los anteriores: pocos resultados, mala operación política y el escándalo para rematar una administración bastante gris. Nada distinto a lo que ocurrió con Jesús Murillo Karam o con Areli Gómez, o para atrás con los procuradores de Calderón, Fox, Zedillo o Salinas, todos marcados por la violencia, pero sobre todo por los altos índices de impunidad. El último procurador que estuvo 6 años en el cargo fue García Ramírez en el sexenio de De la Madrid y de ahí para acá se convirtió en un cargo efímero, con las consecuencias que ello tiene: debilidad institucional y falta absoluta de credibilidad.

¿Viene ahora sí la era del fiscal independiente o vamos a ir a un interinato más? Aunque el Presidente asegura que él nunca dijo que la elección sería hasta después de la elección del 2018, como quiere Andrés Manuel [López], se ve muy difícil que se logre un acuerdo político en estos momentos donde lo que reina es la crispación y los ataques personales. El nombramiento del fiscal está encadenado por lo electoral.

En Chiapas, por Morena, Zoe Robledo, hijo de un exgobernador priista, será el candidato a la gubernatura.

Se están dando con todo, como nunca antes. PRI y PAN. Gobierno y Frente Ciudadano por México. Pero a los 2 se les está olvidando algo: el que puntea en los careos de las encuestas presidenciales rumbo al 2018 es Andrés Manuel López Obrador, quien luce tranquilo, sin estrés, disfrutando el espectáculo de cómo se pelean sus rivales. Agita el agua con algún tuit, pica a Osorio Chong, pica a Nuño, a Meade, a Anaya, y se repliega mientras atestigua el agarrón.

Las estrategias del gobierno y el Frente sólo tienen una lectura lógica: sus integrantes ya aceptaron que López Obrador es el 1er. finalista de la contienda. Él ya llegó a la final y, apenas calentando músculos para no engarrotarse a la hora del partido, aguarda al vencedor de la semifinal que se juega entre el gobierno y el Frente.

Su disputa está llegando tan pero tan lejos, lastimando tanto y tan íntimamente, que flaquea la premisa de que al final todas las fuerzas anti-lopezobradoristas se van a juntar en torno al candidato que pueda ganar al tabasqueño.

Parecen asumir que llegado el partido de la final, si el PRI está en 3a. posición sus votos se alinearán con el PAN, y viceversa. En el Estado de México ya se vio que eso no pasa en automático, y con una guerra tan atroz, cada vez menos votos del PAN estarán dispuestos a volverse útiles a favor del PRI o al revés.

Rubén Figueroa Figueroa fue gobernador de Guerrero. Sin embargo, no fue por ello que alcanzó celebridad inmarcesible. La consiguió por la frase que utilizó para trazar, a solicitud de un periodista, el boceto preliminar de las elecciones de las que saldría el sucesor de Luis Echeverría. Más de 40 años han transcurrido desde entonces, y la frase, hoy en día, sigue vigente (salvo prueba en contrario): "La caballada está flaca".

La frase se volvió clásica, de conformidad con el axioma de que "los clásicos no se repiten porque sean clásicos: son clásicos porque se repiten". En otras palabras, el especie de aforismo de Figueroa sigue vigente porque resulta aplicable con demasiada frecuencia; porque, desde la perspectiva de muchos ciudadanos y de no pocos analistas, en la generalidad de los procesos electorales más recientes la regla no ha sido que gane el mejor -que sería lo deseable-... sino que lo haga el menos malo.

De cara a las elecciones del año próximo, la única variante significativa con respecto a los procesos tradicionales es, por ahora, la inscripción, en masa, de casi un centenar de precandidatos "independientes".

Hasta ahora, el mayor capital de los "independientes" es, como consta en actas, el desprestigio de la política y el descrédito de los partidos. De ahí que evoquen, de alguna manera, a los comicastros que ocasionalmente eran postulados a cargos de elección popular por algunos partidos... con resultados en consonancia: ridículos.

Ya varias veces me habían dicho que Raúl Cervantes estaba harto, con ganas de tirar la toalla. No me la creí. Es raro ver ejemplares en la función gubernamental que no sean capaces de resistir a todo, a lo que sea, con tal de seguir en un puesto de poder.

Pero sucedió. Cuando escucharon el penúltimo párrafo de su intervención, los senadores se quedaron como en estado de choque. El procurador les aventaba la renuncia en la cara y aprovechaba para lanzar una crítica inusual en alguien en esa posición y más inusual aún en alguien que se va.

1o., les fustigó que ante tantos cuestionamientos de que era cómplice, había metido a la cárcel a los que se creían impunes: gobernadores corruptos, alcaldes huachicoleros, del PRI y de todos los partidos.

2o., le dejó a su sucesor una granada política en el escritorio, para que decida si la lanza o deja que le explote en las manos: anunció que el caso Odebrecht está concluido. En síntesis, que no hay pretexto para no proceder. Algunas fuentes me han dicho que la investigación apunta contra los que ya se sospecha del PRI y contra algunas sorpresas: al parecer el brazo corruptor de Odebrecht alcanzó también al PAN y al PRD a nivel estatal.

3o., les soltó que se iba porque ya no quería que usaran su nombre como argumento para frenar las nuevas leyes que requieren la PGR y las procuradurías locales frente al nuevo sistema de justicia penal. Éstas empiezan a discutirse hoy en la Cámara de Diputados y se preveía que se empantanaran por el debate del No al pase automático, el No al #FiscalCarnal.

El Frente puede festejar la caída del procurador. A la velocidad de un Ferrari, no sólo impidieron que se volviera fiscal sino que lo inhabilitaron hasta tumbarlo de la silla. Pero esa victoria se puede convertir en derrota si guardan el puesto para dárselo a algún cercano suyo.

López Obrador señala que el Frente [Ciudadano por México, formado por el PAN, el PRD y MC] le da vergüenza porque quienes lo integran tienen ideologías distintas, carecen de ideales y su lucha es por el poder. En efecto, por definición, los partidos luchan por el poder, y suelen aliarse pese a tener ideologías distintas, como la duradera -ya extinta- coalición de los democristianos y los socialdemócratas en Alemania.

La férrea oposición al Frente Ciudadano se entiende porque rompe con el ideal de polarización que buscan Peña Nieto y López Obrador para 2018. Una 3a. opción afecta al PRI porque verían en ella una alternativa aquellos que no quieren votar por la continuidad, pero tampoco los convence López Obrador. A este tampoco le conviene por la misma razón. Si es el único opositor al PRI, habrá quien fastidiado por el peñismo, le dé el beneficio de duda. Ambos quieren una elección entre 2, jamás entre 3, porque no beneficia a ninguno de ellos. Sería bueno para el electorado, al abrir las opciones de elección. Pero claro, los electores son lo menos que les importa.

El Instituto Nacional Electoral informó que, hasta la tarde de este sábado, 74 aspirantes se registraron para ser candidatos independientes a la Presidencia de la República y será hasta este domingo cuando la autoridad electoral informe la cifra final.

De acuerdo con la lista preliminar que envió el INE, destacan los nombres de Pedro Ferriz de Con, Armando Ríos Piter, Margarita Zavala y el actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco".

Al Senado de la República, la cifra llegó a 34 y entre los que destacan se encuentra Manuel Clouthier Carrillo y Pedro Kumamoto. El registro para la cámara alta vence hasta este domingo a la media noche.

En tanto, la lista para la Cámara de Diputados quedó en 240 aspirantes a ser diputados federales por la vía independiente.

Las candidaturas independientes fueron promovidas como la panacea frente a la corrupta partidocracia. Subido en su efervescencia inicial, la elección intermedia de 2015, más de alguno vaticinaba el advenimiento de un México sin partidos políticos. Un cúmulo de analistas, que confunden deseo con realidad, redactaban el epitafio del sistema de partidos. Las redes sociales, y las nuevas formas de entender la comunicación, serían el escenario final del afianzamiento de los independientes como los salvadores de la democracia mexicana.

La euforia pasó y el tiempo se encargó de poner a los candidatos externos a los partidos políticos, en su lugar. El papel de los independientes comenzó a ser fundamental en lo local, como dinamizadores de la competencia política municipal o distrital. La figura no fracasó, ya que eso sólo lo puede decir quien tenía expectativas desmedidas sobre el rol de los candidatos independientes. Es más exacto decir que la vía independiente encontró su dimensión adecuada.

En la elección presidencial de 2018, la vía independiente tendrá un peso difícil de sopesar a 8 meses de la elección. Por un lado, hasta 37 aspirantes se registraron en días pasados en el Instituto Nacional Electoral. Hay de todo: gobernadores en funciones -el Bronco; líderes de comunidades indígenas- Marichuy; comunicadores -Ferriz de Con; militantes partidistas que no obtuvieron candidatura, Ríos Piters o Margarita Zavala. Seguro, entre la treintena, hay quien sabe que no alcanzará las firmas, quien sólo quiere recaudar dinero (pueden gastar hasta 33 millones de pesos para recabar las 866,000 firmas en 17 estados que pide la ley), y no falta el que le esté haciendo el juego a un partido político o al sistema.

La realidad es que las reglas están diseñadas para evitar que un número inmanejable de independientes llegue a la boleta. 1o., por los requisitos.

Aunque el INE habilitó una aplicación que permite recabar las firmas con más facilidad, lo cierto es que el número y la dispersión geográfica son candados innegables. Y, 2, un ciudadano sólo puede firmar y apoyar a un candidato. Esto quiere decir que para que los 37 independientes obtengan su registro, deberían firmar 30 millones de mexicanos -más o menos un 37% de la lista nominal de electores-. No es descabellado señalar que serán sólo 2 o 3 aspirantes independientes los que logren cumplir los requisitos, quienes tengan más estructura y apoyo económico.

Otra vertiente positiva es la candidatura independiente como plataforma de denuncia. Lo hemos visto con Pedro Kumamoto en Jalisco: una parte importante de su trabajo ha sido denunciar cómo opera la clase política en el congreso. Su fuerza política, como representación legislativa, no le permite transformar de fondo esas realidades, pero la denuncia funciona para entender las entrañas de una institución opaca.

De la misma forma, en una elección, un candidato independiente -con credibilidad y autonomía- podría denunciar el gasto exorbitado, la compra de votos y todas esas prácticas nocivas para la democracia. Es cierto, a ningún independiente le ajusta, hoy en día, para ganar una elección, pero eso no quiere decir que su papel, sea irrelevante.

Sin embargo, no todo es "miel sobre hojuelas" con la irrupción de los candidatos independientes en la elección presidencial. De entrada, fragmentan el voto y, dicha dispersión, no necesariamente obedece a diferencias ideológicas o de visión sobre el país que queremos construir.

Tal vez excluyendo a Marichuy, pero el resto de los candidatos independientes son rupturas al interior de la clase política. Margarita Zavala no obtiene la candidatura presidencial y rompe. Armando Ríos Piters no obtiene la candidatura a gobernador de Guerrero y se va de independiente.

La fragmentación es positiva para la democracia si responde a la heterogeneidad social, si no sólo es reproducir el mismo modelo partidocrático.

Y una 2a. deriva nociva: los independiente podrían ser funcionales como lo han sido los partidos minoritarios en México. Los partidos chicos tendrían que ser, si nos vamos por la teoría, un vehículo que represente a minorías y traslade su agenda y demandas a los congresos y a las instituciones. No lo han sido. Dígame el partido que sea: el Verde es un negocio familiar, rentable para dar mayorías. El Partido del Trabajo es una rémora que succiona lo que puede mientras habla de Corea del Norte. Algo similar podría ocurrir con los independientes: un anzuelo ante ese electorado que ya no cree en los partidos políticos pero que podría ser seducido por un candidato externo que juegue bien la carta de la impostura.

Lo cierto es que 1 de cada 2 mexicanos está dispuesto a votar por un candidato independiente y 2 de cada 3 ya no simpatizan con ningún partido.

Los partidos siempre se deslindan de los candidatos que promueven cuando éstos hacen mal las cosas ¿no sería ya el momento de que se les fincara responsabilidad incluso penal a los partidos, cuando sus candidatos ya en el cargo delinquen? El trabajo esencial de los partidos debería ser extenuarse en el análisis de las personas que promueven a las candidaturas, no sólo en el sentido si serán o no capaces de ganar, sino sobre todo si serán capaces de gobernar de tal modo que no contribuyan todavía más al desprestigio del instituto político que los promovió.

El INE informó que hasta el momento se contabilizaron a 44 personas que buscan ser presidente, 24 senadores y 242 diputados.

La convocatoria para aspirantes a una diputación concluyó el martes, mientras que quienes persiguen la Presidencia y el Senado tienen hasta el 14 y 15 de octubre para comunicar sus intenciones, respectivamente.

Las 310 manifestaciones de intención representan un incremento del 154% respecto a las 122 que recibió el INE en las últimas elecciones federales; sin embargo, en el 2015 sólo se renovó la Cámara de Diputados y el número de cargos en competencia era menor.

Desde la introducción de las candidaturas independientes en la Constitución y la legislación electoral he advertido sobre limitantes para quienes opten por esta figura puedan participar en condiciones de equidad en la competencia política. No sólo son las reglas para obtener el apoyo ciudadano mediante un número determinado de firmas, etapa que parece imposible de cumplir en plazos tan cortos, sino también las diferencias en el financiamiento público y el tope de gastos de campaña, donde la ley establece montos desventajosos a los independientes frente a los partidos.

A pesar de las barreras impuestas en la legislación, en las últimas semanas hemos sido testigos de un inusitado interés ciudadano por participar en la contienda federal por la vía independiente.

Ahora viene el tramo más importante y complicado, a contrarreloj: los aspirantes tendrán que recabar un número de apoyos ciudadanos para obtener su registro como candidatos independientes. Para la candidatura presidencial se requieren 866,593 firmas en por lo menos 17 entidades federativas, que deberán ser recolectadas en un lapso de 120 días. Para las senadurías y diputaciones federales, los ciudadanos tendrán que obtener el apoyo de al menos 2% de los ciudadanos inscritos en la entidad o distrito por el que se compite, en al menos la mitad de distritos o secciones, según corresponda el cargo.

En el INE nos hemos dado a la tarea de facilitar mejores condiciones a los candidatos independientes. Por ello, se desarrolló una aplicación móvil que permite capturar automáticamente el apoyo ciudadano con la fotografía de la credencial de elector y la firma digital. No se requiere conexión a internet en tiempo real para capturar y enviar los apoyos ciudadanos. Los datos pueden recabarse y enviarse cuando se tenga acceso a internet. La información se envía en tiempo real a la base de datos del Registro Federal de Electores, donde se valida con la lista nominal y se genera un reporte que puede consultar el aspirante conforme remite sus apoyos, lo que le permite llevar un control.

Así se evita el papeleo de las cédulas llenadas a mano y las copias fotostáticas de la credencial de elector, que hasta hace poco eran exigidas en el procedimiento. Además, se minimiza la posibilidad de errores en la captura. Es importante decir que con el envío directo de los registros captados y su eliminación automática en el dispositivo móvil se garantiza la protección de datos personales.

El desarrollo de la aplicación es avance notable que facilita a aspirantes y autoridad el ejercicio de derechos y obligaciones.

La contienda electoral de 2018 parecería estar planteada en estos términos: en una esquina, la partidocracia tradicional; en la otra, las ambiciones personalistas de unos cuantos ilusos.

La mayoría de los independientes lo único que tienen que ofrecer al electorado es un ego descomunal. Pedro Ferriz, y "El Bronco" son impresentables. Armando Ríos Piter tiene mucho más oficio, pero no ha logrado concretar un discurso que emocione y sobre todo no tiene un movimiento lo suficientemente fuerte para tener alguna oportunidad en esta elección. Margarita Zavala, por el reconocimiento e intención de voto que tiene en las encuestas sería la única contendiente con alguna oportunidad, aunque sea remota.

La mayor parte de los aspirantes nos someten a infantiles caricaturas sobre sus arquetipos: el bueno, el técnico, la honesta, el súper honesto, el joven, el experimentado, el amigo del bueno, el independiente.

Los aspirantes a candidaturas de cualquier organización política -lamentablemente- están más definidos en estas suposiciones: Las cercanías, amistades y hasta la estrategia que tejen para posicionar(se) rumbo a un cargo público está manoseada y obedece al interés, al mérito interno e incomprendido de un partido, a todo, menos a una representación ciudadana genuina.

Una vez que ha iniciado el proceso electoral con rumbo al primer domingo de julio de 2018, la moda son ya, las "candidaturas independientes", con todo lo que éstas quieran decir, razón más que suficiente para darles la bienvenida (en Jalisco 20 registradas hasta la fecha), como una manifestación de inconformidad, de intención de cambio, de buenos deseos, de formas diferentes, pero de ninguna manera son un sinónimo de pureza, a menos de que exista una nueva definición que tenga que ver con "lo que nos convenga de acuerdo a la circunstancia que estemos viviendo".

En esta misma "moda" van incluidos los operadores que se manejan con bajo perfil y deambulan de un partido a otro, generalmente siguiendo órdenes de alguien de más arriba (por lo menos terrenalmente, aunque también están quienes se dicen guiados espiritualmente).

Y mire usted, la verdad es que lo malo no radica en los cambios -cualquiera puede cambiar de opinión e intereses y es respetable-, pero quienes cambian por la ambición de una candidatura o mantenerse en una nómina, la mera verdad es que no tienen ma...nera de justificarse, sin importar si la aspiración es a la más alta magistratura o una regiduría -hay quienes hasta por una suplencia son capaces de cualquier cosa-.

Los que menos me convencen son aquellos que tras el cambio, utilizan como "herramienta de convencimiento" el denostar a la organización o institución que abandonaron.

Así, los hay, que se van porque no alcanzaron lo que buscaban y ahora pretenden el reintegro por los años de militancia no reconocidos, a cambio ofrecen los "miles de seguidores que dicen tener", además de la información organizacional obtenida cuando se decían militantes de su anterior o anteriores partidos.

Quizá lo 1o. que tendríamos que hacer es no llamar independientes a aquellos que pretendan, por gusto o necesidad, competir por un cargo popular en la modalidad que no requiere de ese aspirante el requisito de contar con el respaldo de un partido político.

No suena tan sexy, menos aún para aquell@s que quieren distanciarse lo más posible de la actual pestilencia inherente a la palabra partido, pero quizá lo correcto sería simplemente llamarles candidatos(as) apartidistas.

Porque, al menos formalmente, eso sí son, hombres y mujeres sin partido. Y eso, que mujeres y hombres no tengan que sujetarse a las rigideces (no necesariamente malas per se) de los partidos, es una buena noticia, o debería serlo en un México que aspiró por décadas a ello, a librarse de los partidos como única vía para acceder a puestos de elección.

Que haya muchos en el arrancadero no quiere decir que habrá muchos al final de la carrera.

Si un militante cree que su líder (es un decir), no lo deja crecer/participar/competir qué bueno que hoy pueda exclamar esas 2 bonitas palabras de "me largo", y tener una oportunidad, por complicada que se presente, de buscar el añorado puesto.

La culpa entonces no es de las candidaturas apartidistas, así las abracen Margarita, Pedro, Armando, Marichuy o incluso, ay la guácara, "El Bronco". Veamos qué decide la gente. ¿O ustedes necesitan que venga algún santón y canonice entre candidaturas apartidistas legítimas y espurias?

Las reformas aprobadas como parte del Sistema Anticorrupción del Estado obligarán a los funcionarios públicos a presentar, además de su declaración patrimonial, una declaración de intereses y copia de su declaración fiscal. Dichas reformas llegan cuando el número de omisos que no cumplieron con presentar su informe patrimonial del último año superó los 7,000 burócratas (722 en el Ayuntamiento de Guadalajara).

El mal ejemplo lo ponen 13 presidentes municipales entre los que están Sergio Chávez Dávalos de Tonalá, Marcos Godínez Montes de El Salto, quienes no remitieron su declaración anual de 2016 y Refugio Velázquez Vallín, alcalde de Juanacatlán, quien tampoco presentó la declaración 2015.

De acuerdo con la organización Borde Político, solo 12 senadores de 128 obtuvieron una evaluación satisfactoria con respecto a su trabajo como parlamentarios en una evaluación hecha a sus iniciativas, puntos de acuerdo, asistencias, "rol político", influencia en redes sociales y presentación de su declaración 3de3, entre otros criterios.

En contraste, el 90% del Senado, es decir, 116 legisladores obtuvieron una calificación menor a 60 puntos e incluso hay senadores que según la plataforma "Borde-Score" no han presentado alguna iniciativa de manera individual en lo que va de la 63 Legislatura.

Hace unas semanas, en los medios se informó que había una iniciativa para cancelar el soporte económico a los partidos políticos y hubo proposiciones de diferentes formas; esto debe cumplirse en beneficio del pueblo mexicano y dejar de gastar el patrimonio de los mexicanos apoyando a los partidos, que según se ha visto han demostrado que ninguno es confiable. Esta iniciativa debe concluirse en beneficio de México.

Vuelvo a mencionar a Estados Unidos, nuestros vecinos del norte, donde el gobierno no les da un dólar a los partidos; pueden recibir las aportaciones que ellos consigan de donde las consigan, la única exigencia es que tienen que registrar de dónde viene y de quién reciben el dinero. Este sistema se debe implementar de inmediato en nuestro país y no darles un solo centavo a los partidos, pero sí dejarlos que reciban todo lo que puedan ellos promover, con la condición de que informen de dónde y cómo vienen las aportaciones; también al INE hay que "tumbarle" cuando menos el 50% de lo que gasta y todas estas monumentales sumas de dinero se deben dirigir a proyectos para mejorar el desarrollo social y disminuir la pobreza.

Las candidaturas independientes tenían el espíritu de abrir la puerta a ciudadanos sin el aparato de los partidos... luego ni Margarita, ni Mancera, caen en ese rubro. Muy por el contrario, de llegar por esa vía, estarían engañando a la población. Ah, pero eso es lo de menos cuando la clase política, ellos incluidos, ha dado muestras de que es capaz de todo con tal de alcanzar el poder.

Los independientes sólo tienen una fórmula para ser competitivos: converger en una única candidatura que les permita evitar la fragmentación. Al contrario de las decisiones que han tomado en los últimos días, la dispersión de candidatos independientes favorece a las estructuras partidistas -en particular al PRI y a Morena- para quedarse con la Presidencia de la República con un 28-30% de los votos. Sin embargo, llegar a los consensos necesarios para una candidatura independiente común es complejo y nos enfrenta a una realidad que asemeja a las divisiones partidistas: ¿qué comparten Ferriz de Con y Marichuy?

Las candidaturas independientes tienen tantos candados que las hacen imposibles. Solo personajes de la partidocracia tienen el dinero, las relaciones y demás para reunir un millón de firmas. Por eso, van a registrarse, probablemente, El Bronco, priista de toda la vida y actual gobernador de Nuevo León; Margarita Zavala, militante del PAN hasta ayer y, sin ser misógino, esposa del ex presidente Felipe Calderón, lo que la determina en gran medida; también está Pedro Ferriz, conductor de tv vinculado siempre a los gobiernos priistas; está un político que ha pasado por gobiernos del PAN, del PRI, del PRD además de haber sido diputado y senador: Armando Ríos Piter. La única candidatura no vinculada a la partidocracia es la de Marichuy, mujer campesina postulada por el Congreso Nacional Indígena.

El sistema político mexicano está diseñado para mantener el monopolio de una casta: la partidocracia. Ningún trabajador, profesor, estudiante, mujer, campesino o menos un desempleado joven o viejo, por supuesto ningún militante de un partido sin registro, puede ser candidato a ninguna estructura del Estado nacional o localmente. Vivimos una democracia simulada que sirve para defender a una casta y para enriquecer a los supuestos representantes, sean diputados locales, federales, senadores, gobernadores, presidentes municipales y, por supuesto, presidentes del gobierno federal.

En los tiempos que corren, pareciera que la inercia del poder es lo único que mantiene unidos a los partidos políticos. Lo deseable y lógico es que el eslabón más fuerte de esas instituciones sean el proyecto común y reglas internas que aseguren a sus miembros inclusión en candidaturas y representación regional o social en los órganos de dirección. No es así como ocurre y la democracia se ha vuelto una especie de producto tóxico para los partidos, los históricos y los nuevos, que por igual le han dado vuelta y han desestimado el enorme valor de la democracia interna como factor para presentarse como opciones válidas ante la sociedad.

En la cimiente de nuestro régimen político, los partidos fueron conceptualizados como escuela de democracia y vida cívica; que los partidos se nieguen a ello significa que la política en su conjunto se enfila hacia su debilitamiento y se envilece. Partidos enfermos de autoritarismo y manejados cupularmente abren la puerta a muchos de los defectos y debilidades de la vida pública causantes de buena parte del malestar social contra la política y los políticos en general. No uno, todos los partidos se han negado de manera sistemática a la democracia. La reforma de 2007 fue un severo retroceso, en el sentido de que el tema de democracia de los partidos dejó de ser un asunto de interés público para remitirlo a las decisiones exclusivas de los partidos y de sus dirigencias. Un error monumental. La democracia no debe ser opción, sino obligación.

Los partidos -todos- han perdido estima social y prestigio político. Las candidaturas independientes han sido una forma de sanción ciudadana, un castigo que no resuelve de fondo el problema. No hay democracia representativa posible sin los partidos. El tema a futuro es acomodar diferentes formas de participación y representación política al margen del sistema de partidos, un desafío monumental y que quizá signifique un nuevo paradigma para la democracia representativa. Independientemente de ello, los partidos en México no pueden mantenerse como hasta ahora, divorciados de los principios de la modernidad democrática.

López Obrador ha tenido la habilidad de presentarse como una opción diferente a lo existente. Fue un paso importante dar lugar a Morena como una organización consecuente a su propósito de cambiar a México desde la Presidencia del país. En su caso, es explicable que sea un partido a su servicio y que allí nadie se atreva a cuestionar su campaña anticipada como candidato presidencial. Un partido nuevo con un dirigente con amplia base política como López Obrador recreó la expectativa de algo diferente. No ha sido el caso, y en poco tiempo se ha visto que comparte los problemas de todos los partidos: autoritarismo y opacidad en el financiamiento.

Por ejemplo, la decisión de definir candidatos a través del sistema de encuestas es un error, mucho mayor cuando se hace en la opacidad y la simulación. Opacidad porque el ejercicio demoscópico se hizo sin el consenso de los contendientes en las particularidades metodológicas del estudio; simulación, porque el resultado se dice que es para seleccionar a quien coordinará los trabajos del partido en la entidad, cuando todo mundo entiende que es para definir la candidatura. Se hace así para violar la ley amarrándole las manos a las autoridades electorales mediante una clásica "chicana" legal.

En el marco de los desastres naturales recientes, los partidos fueron sometidos a un severo cuestionamiento con motivo del financiamiento público; la presión social para remitir esos recursos a la reconstrucción fue una manera de hacer valer el desencanto con lo que existe. El problema no es lo que cuestan los partidos al erario, sino la distancia de éstos con la sociedad y su disfuncionalidad para dar representatividad al sistema político. En otras palabras, el problema del gasto público electoral es mucho menor respecto al hecho, ese sí grave, de que los partidos han dejado de cumplir con sus responsabilidades en el sistema democrático.

Las candidaturas independientes resuelven un tema constitucional para garantizar el derecho a ser votado y, eventualmente, como ha ocurrido en varios países, de manera excepcional pueden airear el sistema político para empoderar a políticos o ciudadanos al margen del sistema partidario.

La cuestión de fondo es que ha llegado el momento para que los partidos asuman responsabilidad y adviertan la magnitud del problema por servirse de la democracia y no servir a ésta. Las candidaturas independientes están en desventaja respecto a las de los partidos en términos de prerrogativas; pero también hay imprecisiones en la ley en materia de fiscalización para esta modalidad de campaña. La inequidad es un problema y no menos es la transparencia sobre origen y gasto de campañas. El tema es relevante porque ante la cerrazón de los partidos, serán muchos los candidatos que buscarán el cargo por la vía independiente.

Las elecciones presidenciales han dejado un saldo en lo general positivo de reformas, muchas de las cuales buscan corregir problemas del sistema electoral, aunque no todas ellas muy acertadas, como fue, en algunos capítulos, la de 2007. Desde ahora se anticipa la necesidad de cambiar las reglas, y una fundamental será la de obligar a los partidos a la democracia en todas sus decisiones. No se puede exigir hacia afuera lo que niegan en casa a los suyos; porque la democracia es solo una, y los demócratas lo son en todo lugar y en todo el tiempo.

En el límite del plazo, solo 4 de los 10 partidos nacionales hicieron oficial ante el Instituto Nacional Electoral su renuncia a las prerrogativas que reciben para apoyar a los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre.

Esta medida permitirá que 118'795,116 pesos sean reintegrados a la federación para que puedan ser destinados a las labores de reconstrucción que, se estima, tendrá un costo de alrededor de 40,000 millones de pesos.

Hasta el momento, solo los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social han atendido la exigencia de la ciudadanía.

Solo el PRI y MC renunciaron a la totalidad de su financiamiento público; mientras que el resto todavía recibirá una parte del dinero destinado para su gasto ordinario y que tendría que ser depositado en los próximos días.

No obstante los partidos tendrán hasta hoy para presentar su solicitud formal ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas.

Senadores de distintos partidos coincidieron en que sería un alto riesgo que los partidos renuncien al financiamiento público porque grandes empresarios podrían financiar las campañas y cooptar a los institutos políticos e incluso podría inmiscuirse el dinero de la delincuencia organizada.

En total son 20 los aspirantes en Jalisco que presentaron su carta de interés ante el INE para buscar una diputación federal por la vía independiente.

Por supuesto que en la lista de aspirantes a candidatos a independientes se detectan "chapulines" que saltarían desde los partidos.

Entre ellos el ex priista Adrián Salinas Tostado, ex regidor en Tlajomulco, que ahora busca utilizar la plataforma de independiente para competir por un espacio en la Cámara de Diputados por el distrito 12.

Salinas Tostado fue candidato a presidente municipal por el PRI en 2012, pero perdió ante Ismael del Toro, y renunció al tricolor 3 años después.

Los dirigentes de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano enfrentan críticas desde dentro de sus filas y descalificaciones externas.

La historia de alianzas entre esos 3 partidos y otros en México se ha quedado siempre en el reparto de candidaturas y en una toma y daca electoral. Una vez ganada una elección, en ninguno de los ya muchos casos de gubernaturas obtenidas con esa fórmula se ha producido un gobierno de coalición. Ni siquiera un gobierno que tenga un programa conjunto. El personaje que gana el cargo lleva mano, reparte algunos puestos y luego gobierna como mejor le parece o mejor puede. Los resultados no han sido tampoco muy buenos.

El reto de diseñar verdaderamente un programa compartido de gobierno, lograr la adhesión de la mayoría de sus respectivos militantes y después comunicarlo con claridad a los electores es mucho mayor de lo que podría parecer: Sería casi inédito que los votantes mexicanos tuvieran una idea clara y puntual de lo que haría al llegar al gobierno la fuerza política por la que sufragan. En el mundo electoral de slogans y millones de spots vacíos se conocen gestos, desplantes y ocurrencias de los candidatos, pero muy pocas veces ideas concretas de cómo será su gobierno.

Por lo pronto, hablan vagamente de un método democrático. Y dejan entrever que los 3 están en contra de una elección abierta a todos los ciudadanos, con el argumento de que sería abrir la puerta para que el PRI y el gobierno federal operen, influyan, la descarrilen o de plano decidan quién será el abanderado.

Y los aspirantes presidenciales dentro del PAN y el PRD que desde hace meses se apuntaron y reclaman apertura, proponen justamente una elección abierta.

Ahora resulta que es ilegal que los dirigentes de partidos políticos, en un arrebato de generosidad y desprendimiento, inspirados por las muestras de solidaridad con los damnificados por los sismos del mes pasado que dieron miles de mexicanos, decidan donar para esa noble causa parte de las aportaciones presupuestales que reciben como financiamiento público...

Como se supone que el manejo de tales fondos está minuciosamente fiscalizado, también se supone que deben informar pormenorizadamente acerca del destino que les dan, y que ese destino debe estar en concordancia con sus funciones específicas, primordialmente de carácter electoral.

Independientemente de los tecnicismos legales que se esgrimen para abortar las iniciativas que surgieron a partir del consenso en que reconstruir lo destruido por los sismos debería ser la prioridad número 1 en este país en que con mucha frecuencia se gasta en lo superfluo lo que se escatima para lo esencial, se aduce que suprimir de tajo el financiamiento público a los partidos -como solicitaba el PRI-, los expondría a quedar a expensas de financiamientos ilícitos: como si esa posibilidad no existiera, o como si tanto los dirigentes de partidos como los particulares interesados en hacer aportaciones económicas -con la intención de obtener beneficios (desde contratos o concesiones barnizadas de legalidad, hasta prebendas, canonjías e impunidades notoriamente inmorales) "al triunfo de la causa"- no estuvieran suficientemente ejercitados en el manejo de recursos económicos derivados de ese perverso esquema de complicidades.

Históricamente se ha demostrado que, aun en México, los partidos políticos pueden ser autosuficientes; que pueden vivir con honestidad y decoro merced a las cuotas de sus afiliados y a las aportaciones de sus militantes que acceden a cargos públicos. En ese sentido llegaron a ser ejemplares los dirigentes y militantes -especialmente de partidos de oposición, que tenían como bandera el ejercicio ético de la política- que aportaban generosa y desinteresadamente de su peculio (hay que recordar, a ese respecto, que eran los tiempos de la hegemonía priísta) para la operación de los mismos.

Nada que ver con las legiones de oportunistas, desprovistos de ideología, movidos exclusivamente por el afán, ya de perdido, de ocupar algún puesto administrativo en cualquiera de las agencias de colocaciones en que se han convertido los partidos, para beneficiarse con las migajas de esos fondos que muchos ciudadanos consideran ofensivos, e idealmente con la buena rebanada de pastel que son los cargos públicos a que ocasionalmente se tiene acceso.

Sorprende que "Desde la Fe" ("Órgano de Información de la Arquidiócesis de México"), en su editorial de ayer, saltara del tono habitual, sobrio y comedido, al de la oposición, ácido y agresivo. Así, al aludir a la propuesta de orientar a la reconstrucción los cuantiosos fondos que actualmente se destinan al financiamiento de los partidos, y adelgazar, para los mismos efectos, el Congreso de la Unión, el texto la tilda de "bandera de paladines políticos, con claras intenciones para afianzarse en el poder en (las elecciones de) 2018".

Con respecto a las reformas estructurales planteadas por la actual administración, "Desde la Fe" señala que "Lo evidente (sic) es sacar del nicho del poder y de los fueros a los políticos que se han hecho ricos a costa del servicio público". Demanda elegir a candidatos "de auténtica representación popular, no a sibaritas nutridos de privilegios, moches y prebendas"; designar a ministros, magistrados y jueces "más austeros y menos apoltronados, engrosando cuerpo y bolsillos", y a consejeros electorales "capaces de vigilar los procesos democráticos con justicia, y no como dictadorcillos censurantes (...) de los que piensan diferente". Reclama, finalmente, "hundir el bisturí en esa llaga que supura, la de una clase (...) que se frota las manos al capitalizar la tragedia y asirse al poder a manera de sanguijuelas chupasangre".

Después de la competencia loca de varias semanas en las que representantes de todos los partidos políticos se apresuraron en tratar de demostrar su cercanía, preocupación y solidaridad con las personas afectadas y con la sociedad misma a través de candentes declaraciones, al iniciar el mes de octubre, nos encontramos con que Enrique Ochoa Reza si cumplió con la formalidad requerida ante las instituciones oficiales, para que los 258 millones que les correspondían a su partido, el PRI, como su última ministración del año, se destinaran al Fondo de Reconstrucción Nacional.

De la misma forma lo hicieron los representantes del PES y el PVEM, cada cual, con el monto de asignatura correspondiente. Los demás, argumentaron buscar la entrega de recursos por otras vías, aunque se apresuraron a afirmar que éstas serían transparentes y puntuales... ¿será?

Y ya encarrilados, se hicieron propuestas que van desde el cero patrocinio oficial para partidos, y hasta la desaparición de las diputaciones y escaños del Senado plurinominales.

Por supuesto que los partidos que viven de y por el subsidio oficial, de inmediato se opusieron, mientras que otros han afirmado que buscarán las formas jurídicas para hacerlo posible (se requiere de una reforma constitucional).

(V.periódico El Financiero en línea del 29 de septiembre de 2017).

Imagine unas elecciones sin pendones ni espectaculares; sin largos y tediosos anuncios en la televisión y radio; sin despensas ni tarjetas de débito cargadas de billetes. Una campaña presidencial que no invada nuestras casas, que esté ahí, como una decisión importante que tenemos que tomar y debatir, pero no como el centro de nuestras vidas durante 90 días. Una campaña con más debates y menos spots; con más calle y contacto con la gente y menos promesas huecas. Una campaña donde las ideas y las propuestas puedan ser ampliamente difundidas, pero también contrastadas.

En el estilo de hacer campañas en México queda mucho de esa forma de hacer política del partido único, del partidazo del siglo XX. Las campañas en la era del dedazo tenían una función primordial, que era la legitimación del Tlatoani. No eran campañas para conseguir el voto sino para dar a conocer al rey en turno (y en no pocas ocasiones para que ese rey conociera el país antes de tomar el poder). Eran campañas para conocer al presidente, no para elegirlo.

¿Podemos cambiar la forma de las campañas? Sin duda. Todo esto es posible si construimos una democracia diferente. Si en lugar de darle mucho dinero y mucho tiempo a los partidos para hacer campaña les damos poco de los 2. Si en lugar de hacer una fiscalización cara y mala desde el Instituto Nacional Electoral la hacemos desde el SAT y tipificamos el engaño en el reporte de campañas como delito penal.

Hay un riesgo, no menor, de convertir las campañas en algo tan pesado y aburrido que termine siendo tema de unos cuantos enterados. Las democracias muy consolidadas tienen en general una participación muy baja en las urnas. Tenemos que encontrar un punto que evite el derroche absurdo, pero que mantenga el tono más o menos festivo de la elección; que inhiba la compra de votos, pero que mantengan el activismo de los militantes de los partidos; que permitan el contraste de ideas pero que no maten la viveza.

Todos estamos hasta el gorro de una democracia obesa, torpe y enfermiza, pero no es quitándole la comida como la vamos a sanar. Hay que ponerla a dieta; sí. Hay que moverla; sí. Hay que sacarla de su zona de confort, todo sí, pero sin perder de vista que no podemos ponerla en riesgo.

Estamos ante una oportunidad única de transformar nuestro sistema democrático. 3 millones de firmas en change.org alcanzaron a asustar a los partidos. Pero si solo nos quedamos en las firmas los cambios los harán ellos, para ellos y solo con ellos. Sí hay otra elección posible; no bajemos la presión.

Mario Castellanos, diputado local de MC, presentó una propuesta para que el legislativo elabore su propio mecanismo de autoevaluación y puso en evidencia que los emecistas no están tan unidos como presumen.

Cuando se propuso que toda la bancada naranja suscribiera la iniciativa, para pronto brincó la diputada Martha Villanueva que rechazó sumarse a la propuesta.

Salta a la vista que hay legisladores que no les interesa que su trabajo se revise; ya veremos qué destino tiene esta nueva propuesta.

No descarto que el equipo económico cercano a López Obrador avance y tenga, al paso de los meses, respuestas que hoy no existen. Pero, por lo pronto, los lineamientos son muy generales y propuestas como el recorte de 300,000 millones de pesos para crear el fondo para apoyar a damnificados, no se formulan de modo que tengan viabilidad.

Si, como dice frecuentemente Alfonso Romo, la gestión de AMLO en la Ciudad de México es una guía de cómo se comportaría López Obrador en el gobierno, no se encuentra un recorte de gastos significativo entre 2000 y 2006 en la capital.

Si AMLO quiere cambiar su imagen en el sector empresarial, por lo pronto, está fracasando.

(V.periódico El Financiero en línea del 27 de septiembre de 2017).

De hecho, las diversas propuestas que plantean cancelar el financiamiento público a los partidos tienen propósitos electorales manifiestos.

No critico a los partidos que tratan de capitalizar la circunstancia. Hacen su trabajo.

Las propuestas del PRI aprovechan el descrédito de la clase política y tratan de congraciarse con quienes piden que se retiren los recursos públicos. El PRI es el partido con más estructura a escala nacional y el que más fácilmente podría transitar a un esquema que depende de sus afiliados. Morena también aplaude el quitar el financiamiento público. Sin él, es más fácil que se preserve la intención de voto que hoy prevalece y que favorece a López Obrador.

Como en un mercado de merolicos, los dirigentes partidistas vociferan sus propuestas de ahorro para apoyar a los damnificados por los recientes sismos.

-Hay que ceder el 20% de nuestras prerrogativas.

-No, que sea el 100% y la desaparición de plurinominales.

-Pero que se incluya eliminar el fuero y reducir el gasto en publicidad.

-A un lado: la vía debe ser un fideicomiso, quitar pensiones a ex presidentes y cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco.

Así ha subido el "tono" de las apuestas.

Lo más indignante es que detrás sólo está el interés vil de capitalizar la mejor propuesta para lucrar políticamente con ello.

Nunca habíamos visto a los partidos tan solícitos para responder al clamor ciudadano, ahora sí que "pégame, mátame, pero no te olvides de mí en las elecciones". El juego se llama quién da más. 1o. fue Morena que dijo que 25%, luego el PRI con igual cantidad. PAN y PRD subieron la oferta a 50%. Los más pequeños, MC y PES dijeron "mi resto": cero pesos a los partidos. Pago sin ver, dijo el PRI. Los partidos del Frente, PAN, PRD y MC reviraron: eso, mi casa y una hermana.

No caigamos en su juego. Lo que quieren los partidos es llamar la atención y tirarse al piso para que los ciudadanos los recojamos. Me queda claro que el clamor de cero pesos a los partidos es un sentimiento real. Yo mismo me sumé a la campaña por la reducción de la mitad de los recursos a los partidos y 8 de cada 10 respuestas fueron que no se les quitara la mitad, que se les quitara todo.

Serenos. ¿De verdad queremos un sistema de partidos donde todos los recursos sean privados? Las consecuencias pueden ser funestas. La vida de los partidos la controlarán quienes pongan el dinero. Más de alguno argumentará, con razón, que si de todos modos a los partidos los gobiernan castas y terminan, todos, controlados por intereses económicos, cuál es el objeto de invertir dinero público en ellos. La razón es muy sencilla: los partidos son y deben seguir siendo organismos de interés público.

Pero una cosa es que los partidos reciban recursos fiscales y otra muy distinta es que ellos mismos, a través de sus cuadros en los congresos, decidan cuánto dinero debemos darles. Esa es la perversión y es eso lo que hay que corregir. Durante los últimos 20 años los partidos han sido juez y parte de las decisiones económicas, con la idea de que entre ellos mismos se vigilan, se controlan y se equilibran. Pues nada, que salieron más duchos para ponerse de acuerdo en lo que sí les importa, que es el billete, que en lo que a nosotros nos importa, que son las políticas públicas y de gobierno.

Hay que aprovechar la coyuntura y el movimiento telúrico generado desde las redes sociales para avanzar y corregir lo que no nos gusta, para fiscalizar más y mejor a los partidos y para tener una democracia más austera y eficiente. Pero no caigamos en la trampa de esta absurda subasta de cariño que, por lo demás, sabemos que es más falsa que una moneda de 3 pesos.

La desconfianza con las instituciones ha tenido un alto costo. La forma como el gobierno de Morelos detuvo torpemente la ayuda ciudadana para las víctimas del sismo del 19 de septiembre, incendió, con justa razón, las redes sociales. La crítica fue directa contra el responsable político del atropello, el gobernador Graco Ramírez, a quien acusaron de lucrar con los víveres que detonó el repudio que se fue ampliando como un tsunami digital que, horas después de iniciado, detuvo la ayuda ciudadana en la Ciudad de México. La contaminación morelense paró en seco las donaciones y dejó de llegar ayuda a los centros de acopio, al comparar a todos los gobernantes con Ramírez.

Un hecho, el que la policía de Morelos detuviera el viernes los camiones de ayuda que salían de los centros de acopio, galvanizó la desconfianza ciudadana en los políticos y las instituciones. No fue un invento o producto de la maledicencia de quienes tomaron Facebook y Twitter como sus armas. Existen experiencias claras desde 1985 que la ayuda para necesitados varias veces jamás llega a su destino. Ha habido casos en el pasado donde se descubre que ropa, casas de campaña y alimento para víctimas de un siniestro terminaron en venta de garaje de autoridades ladronas. Ha habido otros donde la desorganización en el manejo de la ayuda y la ineficiente logística dejó por años donaciones para inundaciones o sismos sin ser entregadas. En ocasiones más frecuentes de las que uno quisiera ver, se detiene la distribución para que el gobernante en turno y su gabinete se tomen fotografías junto a la ayuda y sean ellos quienes la repartan. No importan las necesidades urgentes, sino transmitir que las están atendiendo.

Estas imágenes en la mente colectiva crean condiciones para que, además de los hechos objetivos y las denuncias factuales, corran todo tipo de versiones.

Sólo hay que revisar el comportamiento totalmente errático del gobierno de Graco Ramírez en Morelos. Sin duda es el estado con más afectaciones por el sismo del 19 de septiembre, porque aunque hay menos fallecidos y daños que en la Ciudad de México, en proporción la entidad quedó arrasada; el municipio de Jojutla está literalmente derruido y las denuncias por la falta de apoyo no disminuyen a una semana de ocurrida la desgracia.

¿Qué decide la administración de Graco Ramírez? Detener los convoyes de ayuda; utilizar las patrullas de policía para literalmente atrapar los vehículos con donativos. Inexplicablemente, el gobierno estatal decidió que todos los víveres, medicamentos y donativos llegados de cualquier punto del país tenían que ser embodegados por el DIF y redistribuidos por el sistema de asistencia que dirige la esposa del mandatario, Elena Cepeda.

Las denuncias públicas desbordan las redes sociales y los chats. La gente en Morelos lanza acusaciones y a la fuerza entra a varias bodegas donde se están almacenando las ayudas para literalmente saquearlas. Graco y su esposa denuncian una "campaña de desinformación" y son incapaces, igual que muchas otras autoridades en Puebla, Chiapas o Guerrero, de entender que la gente decide organizarse de otro modo. Que no quieren atender las disposiciones de instituciones que no respetan y en las que no confían.

El gobierno de Graco Ramírez enfrentará investigaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) porque hay denuncias sustentadas de que están secuestrando los donativos para autopromoverse; y además de miles de firmas que exigen un juicio político en su contra, el mandatario está enfrentado por estos comportamientos con la Iglesia Católica y las autoridades universitarias.

Este gobernador es seguramente un caso extremo de error político en el tratamiento y administración del apoyo a la tragedia, pero el Estado de Morelos refleja claramente la desvinculación general entre autoridades y población, la desconfianza y la debilidad de las instituciones ante una urgencia que debiera ser la ocasión ideal para una reconciliación social.

La petición en change.org rompió récord de visitas por los usuarios que exigían a los partidos políticos reasignar el presupuesto dedicado a sus campañas. Le recordamos a los políticos que son, antes que cualquier otra cosa, servidores públicos y que el dinero no es suyo: este país tiene otras prioridades. No les quedó de otra que ceder, aunque todos aprovecharon para fingir (quién les cree) generosidad.

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 25 de septiembre de 2017).

Las propuestas de los partidos políticos para donar sus prerrogativas a los afectados por el sismo son muy dispares.

Los expertos aseguran que detrás de esa "diversidad" -unos piden que se done el 20% y otros que todo- estaría una trampa para que, al no acordar una sola vía, el tema se atore y acaben culpándose unos a otros sin que ocurra nada.

Pero no sólo deberíamos recortar dinero a los partidos. El INE solicitó 25,000 millones de pesos de presupuesto para 2018, pero Enrique Peña Nieto etiquetó 29,000 millones en el paquete económico para el próximo año. ¿Y si ese extra lo entregamos a los damnificados?

El secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz Medina, sostuvo que la información en el sentido de que el gobierno del estado detiene camiones de ayuda procedentes de otros estados para colocar leyendas del DIF Morelos, afectó la llegada de apoyo pues generó incertidumbre y desconfianza.

La tragedia humana tiene cara de incompetencia y rivalidades políticas en Morelos. En el centro de la denostación e ira se encuentra el gobernador Graco Ramírez, pero no puede dejar de incorporarse en el cóctel lesivo a su esposa Elena Cepeda, descrita públicamente como déspota, y al comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, el detonador de la crisis política por la manera absurda y represiva con la que, para esconder las vendettas de su jefe, incendió la sensible pradera. El trío logró que en el momento de una de las peores crisis en el centro del país en los últimos 30 años, la indignación contra ellos fuera tan grande que distrajo atención de las acciones de rescate y apoyo a una población devastada por el sismo del 19 de septiembre, los enfrentara y marchara sobre ellos. El gobierno de Ramírez se convirtió en unos cuantos días, en un gobierno fallido.

El desastre de Morelos, narrado por personas que conocen los entretelones de la política estatal, comenzó el jueves, cuando Gabriel Rivas, ex diputado del PRD, actualmente vinculado a Morena y vocero de la Asociación Civil Morelense "Gustavo Alejandro Salgado Salgado", entró a uno de los centros de acopio del DIF en Cuernavaca para sacar la ayuda y distribuirla directamente, porque no se estaba repartiendo. Para ese momento llovían las acusaciones contra el gobierno, y en particular contra la señora Cepeda, de que estaban administrando la ayuda solidaria de la ciudadanía con fines electorales. No escapaba que el hijo de la señora Cepeda, Rodrigo Gayosso, quiera ser el candidato a gobernador que suceda a su padrastro.

La 1a. acción de fuerza contra Rivas, un agitador profesional viejo amigo de Ramírez, con quien trabajó para la destitución del gobernador Jorge Carrillo Olea en los 90s, fue alrededor de las cinco de la tarde del jueves. De acuerdo con el gobierno morelense, Rivas, junto con las Vicentinas -una orden de caridad de monjas, totalmente apolíticas-, habían impedido que un tráiler de ayuda de Michoacán pudiera ser descargado en las bodegas del DIF estatal. El reporte de la prensa es que la gente lo descargó y colocó agua y víveres en sus vehículos para distribuirlas en varias zonas afectadas en el estado. Ramírez acusó a Rivas de "asaltar" la bodega.

Lo que siguió hundió aún más al gobernador. La señora Cepeda, directora del DIF estatal, añadió la prensa de Cuernavaca, ordenó que la ayuda que llegara del país fuera almacenada en una bodega, y Capella comenzó a detener los tráileres. Una hora después de comenzado todo, el secretario general de Gobierno, Matías Quiroz Medina, escribió en su cuenta de redes sociales que "habían identificado" al líder de quienes liberaron los víveres, a quienes calificó de "saqueadores". La señora Cepeda afirmó que denunciaría penalmente a los "saqueadores". La ceguera política e insensibilidad de las autoridades morelenses se enfrentó con la decisión de la ciudadanía de encararlos.

Para el viernes, Cuernavaca hervía mientras el impacto del sismo comenzaba a mostrar los estragos en Morelos. Videos tomados por la gente mostraban toneladas de víveres en bodegas sin ser distribuidos. Para entonces ya era irrelevante si las imágenes correspondían al momento o no. La ira iba creciendo. Capella insultó a quienes llevaban víveres al estado, al instarlos a no hacer "turismo sísmico", y pedir que no viajaran al estado porque lo único que hacían era estorbar el trabajo que estaba haciendo el gobierno. A nadie importó. En varias partes de Cuernavaca hubo connatos de enfrentamiento entre ciudadanos y policías. Capella insistió en politizar los incidentes y acusó a trabajadores del municipio de Cuernavaca, a quienes nunca identificó, de ser los responsables de asaltar los tráileres, aunque horas después reculó y dijo que sólo eran rumores.

La noche del viernes, el comisionado de Seguridad Pública, frente a la creciente acción ciudadana de tomar los tráileres y llevarlos a distintas comunidades para su distribución, dijo que no lo permitiría y que "impondría el orden", para lo cual anticipó que la policía realizaría operativos para, en castellano claro, hacer redadas contra quienes tenían identificados como autores intelectuales. Es decir, los adversarios políticos del gobernador. La acción policial fue insuficiente. Si antes, cuando detuvieron los tráileres que liberaron Rivas y las Vicentinas tuvieron que dejarlos ir por la tensión que estaba creando la policía, tampoco hubo forma que pudieran impedir que el viernes por la noche unas 500 personas se enfrentaran con 30 policías en las instalaciones del DIF, donde no evitaron que se llevaran la ayuda para distribuirla.

Capella decía que la razón por la cual había sacado a la policía a las calles era para "proteger" las donaciones. Lo ignoraron. La sociedad se organizó con otras instituciones no gubernamentales. El seminario conciliar de Cuernavaca sirvió como centro de acopio. Empresarios como Alfredo Harp, a través de su fundación, llevó directamente donaciones a zonas afectadas. Instalaciones deportivas como el Aqua Splash de la familia Abe, fueron transformadas en albergues en Jojutla. Los mormones levantaron un albergue en Cuautla, y el Centro Cristiano hizo su propio acopio para hacer entregas directas a poblaciones. En los pueblos fueron los mayordomos -electos por la población-, los ayudantes municipales y los comités de las iglesias, quienes comenzaron a entregar la ayuda a la gente.

La sociedad se organizó mientras el gobierno luchaba contra sus enemigos políticos sin atender con la celeridad exigida a las víctimas del sismo.

Ni la gente común y corriente ni yo tenemos forma de verificar las acusaciones. No tengo certeza de que el gobierno de Morelos sea inocente y consideraré toda información que reciba. Pero de momento parece que en Morelos ha habido una campaña que aprovecha la tragedia para propósitos políticos.

La decisión del gobierno de Graco Ramírez de monopolizar en el Sistema DIF Morelos toda la ayuda para los damnificados de la entidad causó enojo y desconfianza, advirtieron organizaciones civiles y políticos.

"Fue una decisión equivocada, incluso hubo empresarios que fueron amedrentados y amenazados con ser remitidos a la autoridad, con un tráiler cargado de ayuda. Es inhumano", dijo el diputado del PAN Javier Bolaños.

El señalamiento fue en contra también de la esposa del gobernador perredista y presidenta del DIF estatal, Elena Cepeda, quien rechazó las acusaciones.

"Lo que planteamos es formar grupos de ciudadanos que vigilen la llegada y salida de los donativos", dijo Víctor Torres, quien donó zapatos y ropa en Jojutla.

La palabra politización tiene una carga negativa en México. Cuando la enuncias, cualquier ciudadano piensa en el lucro político de un tema público. En la partidización extrema de aquello que no tendría que girar en torno a los caprichos coyunturales. Seguridad pública, desastres naturales, tragedias humanas, todo lo que implica vidas y que, sin embargo, los partidos políticos los convierten en arenas de discusión partidista. Así, la politización es entendida como la cúspide de la irresponsabilidad de la clase política.

Lucrar políticamente con el dolor no es politización, sino más bien un acto vil y miserable. La irresponsabilidad de pensar antes en el beneficio de un partido político determinado y no en la defensa del interés general. El particularismo o el lucro con la tragedia es sinónimo de la bajeza de los líderes políticos del país.

La politización es otra cosa. La politización es asumir que detrás de una necesidad, un problema o una exclusión, siempre hay una solución política. La politización es entender que la política está para resolver los problemas de los ciudadanos, y las tragedias suelen ser momentos ideales para entender el papel de la política.

Confundir a la política como llave, que es lo que debe ser, por la política como irresponsabilidad para obtener réditos particulares, suele ser un error en el debate público en México.

México enfrentó esta semana que concluye, una de las peores tragedias de su historia. Los muertos ascienden a 285, hasta el momento de redactar este artículo, y la reconstrucción podría oscilar entre 20 y 25,000 millones de pesos. Estamos hablando de una décima porcentual del PIB nacional. El asunto de fondo es: ¿a qué tipo de decisiones como país nos llevará la tragedia? ¿Qué efecto político veremos? Todo indica que la politización se dirige hacia la agenda de la corrupción y el combate a los privilegios de la clase política. Más que el establishment, quien está señalada es la clase política que vive en una burbuja que llega al extremo de que los partidos políticos nos cuestan casi como la reconstrucción luego de un sismo. En esta coyuntura, la reacción de las instituciones ante la indignación será importante para entender si los políticos serán vistos como parte del problema o de la solución.

La voz de los mexicanos, con la extraordinaria fuerza que la unidad da, se hizo escuchar y exigió a los partidos políticos, no donar, sino renunciar a su financiamiento para las fatuas campañas electorales. Demandando que ese recurso, de los mexicanos, fuera para los damnificados. Y ante esta férrea voluntad expresada, las autoridades supieron que la ciudadanía no está jugando...

Entonces, ante esta fuerte presión social, lo impensable sucedió, las autoridades del INE "encontraron" un camino legal para que esta renuncia de recursos se dé. Y los partidos se apresuraron a ser los "buenos"... el PRI y el Verde devuelven 25 %; el PAN puede regresar el 50% pero a una comisión ciudadana, como Enrique Krause propuso. Y Movimiento Ciudadano renuncia a todo su financiamiento.

La reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Ciudad de México y Guerrero será larga y muy costosa. Por más solidaria que sea la gente, no habrá suficientes recursos. Los recursos los tiene secuestrados el Estado y tenemos qué obligarlo a que los entregue para integrar un fondo de reconstrucción que repare la vida, lo más dignamente posible, a los millones de damnificados.

Es tiempo de parar todos los abusos de la clase política y gubernamental. La clase política pensará que ya hizo su "aportación solidaria" regresando parte o todo el dinero del financiamiento público. No basta.

Hay qué pensar, por ejemplo, en desaparecer los organismos electorales profesionales y pensar en concejos electorales que no necesiten del gasto en elecciones ni en un sistema permanente parasitario. Hay que eliminar los altos sueldos y prebendas. Pero apuesto que la clase política no se suicidará.

Es necesario pensar en otras formas de gobernarnos, de juntar y repartir los recursos de la propia sociedad, sin las mediaciones de gobiernos y una clase política.

La clase política de nuestro país, salvo honrosas aunque mínimas excepciones se ha mostrado particularmente miserable ante los mortales y terribles resultados de los recientes sismos.

Hablando de oportunistas. Si algo les he criticado a los partidos políticos es su clientelismo, es decir, comprar votos a cambio de dinero, bienes o servicios.

No se vayan por las ramas. Quítense la lana desde el presupuesto y aplíquenlo a los damnificados. Luego autoridades donando dinero público. Muy bonito, donando dinero ajeno y fomentando clientela de paso.

Donación de la mitad del salario de un mes anuncian ciertos funcionarios públicos y algunos profesionales de la política... (con los correspondientes bombo y platillo, por cierto, en detrimento de la conseja de "que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha" cuando de tener un gesto de genuina generosidad se trata).

Las aportaciones de los "servidores públicos", amén de ser farisaicas, apenas si representan un alivio a su conciencia y una compensación a los abusos que de manera sistemática realizan, al asignarse salarios y prestaciones adicionales ofensivos para la gran mayoría de los ciudadanos, en este país que tiene, en efecto, gobernados pobres y gobernantes ricos.

Los presupuestos de egresos, en todos los niveles de gobierno, disponen de infinidad de partidas -para propaganda electoral, festejos, celebraciones, obsequios, "comunicación social" y demás- que se antojan, en las presentes circunstancias, totalmente ociosas, superfluas y, por lo tanto, prescindibles.

Un gesto de esa naturaleza, pues, sería visto por los ciudadanos no solo como muestra de sensibilidad y de solidaridad con los damnificados, sino como señal de sensatez para ejercer, en momentos de crisis, en beneficio de los más necesitados, el dinero del pueblo.

El que regresó del retiro "voluntario" fue el polémico Enrique Aubry, presidente estatal del Partido Verde en Jalisco.

Y lo hizo para unirse al coro que pide que los partidos renuncien a sus prerrogativas para entregarlas a los damnificados por los sismos.

El ex diputado argumentó que se requiere una reforma federal para que sea legal la entrega de recursos.

¿Oportunismo puro o cinismo?

Qué pronto se le olvidó a Aubry que su partido fue precisamente el que intentó echar abajo, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma #SinVotoNoHayDinero en Jalisco.

No hay que ser... doble cara.

El diputado independiente Pedro Kumamoto aseveró que le parece de mal gusto que, en medio de la contingencia, algunos actores políticos quieran "pararse el cuello" proponiendo la reducción.

Y recordó que hace apenas unos meses, los legisladores congelaron en la Cámara de Diputados la iniciativa #SinVotoNoHayDinero.

Todo indica que el recorte a partidos será una realidad.

Anoche Lorenzo Córdova anunció que convocaron a los partidos para informarles que "sí hay vías legales para que sus recursos sirvan a los damnificados del sismo".

(V.periódico El Financiero en línea del 22 de septiembre de 2017).

Lo deseable es que la clase política como un todo aprendiera y supiera que, más allá de diferencias, debe operar como esa fila de personas que se pasaban los escombros de mano en mano.

Quizá por el temor a esa nueva realidad de ciudadanos activos y movilizados, los partidos políticos y legisladores brillaron por su ausencia.

Tal vez saben que pretender usar a esa fuerza incontenible de jóvenes volcados en el apoyo y el rescate, sería jugar con fuego y quedar "chamuscados".

El debate público acerca de hacer lo necesario para canalizar los recursos asignados a las campañas hacia la reconstrucción, puede ser apenas el comienzo de un cambio profundo en el sistema de partidos en México.

La primera propuesta vino de Andrés Manuel López Obrador quien pidió que la mitad de los recursos que le corresponden a Morena los enviaran a Chiapas y Oaxaca para los damnificados. Tuvo cuidado de hacerlo muy visible, muy sonado y jurídicamente imposible. El INE le contestó lo que seguramente quería que le contestaran, que ellos no podían hacer eso pues los recursos estaban etiquetados para los partidos. Si Morena quisiera realmente donar la mitad de sus recursos a los damnificados no tenía ni que pedirlo al INE ni hacerlo público, bastaba con que el partido hubiese hecho una donación, pero lo que todo político busca son reflectores.

Lo que sí provocó López Obrador es que tras el sismo en Ciudad de México, Morelos, Puebla y Estado de México se generara una ola twittera, que a estas alturas ya puede considerarse alerta de tsunami, para que todos los partidos renuncien a la mitad de sus ingresos y que estos se destinen a los damnificados por el sismo. Durante el año electoral los partidos recibirán la friolera de 12,000 millones de pesos. La mitad de ellos no alcanza para reconstruir los daños causados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, pero de que ayudan, no hay duda.

¿Le pasa algo a la democracia si se le recorta la mitad del dinero a los partidos? Realmente no. Nuestra democracia se ha caracterizado por ser muy cara. Es el costo de la desconfianza, sembrada a través de décadas, nos dicen las autoridades electorales, y tienen razón, pero a estas alturas al sistema democrático no le pasa nada si el subsidio se les reduce a la mitad. A quien sí le pasa es a los partidos, que tienen estructuras muy obesas, que ya se acostumbraron a vivir de la ubre del Estado y que no quieren perder sus canonjías.

Los partidos creen que la democracia son ellos y que la democracia existe para ellos. Los ciudadanos vemos las cosas de una manera distinta: los partidos son un mal necesario de la democracia y últimamente estamos hasta el gorro del abuso que hacen de los recursos públicos.

La excusa es el temblor, pero el odio a los partidos y la exigencia de una democracia más austera y funcional es anterior. El sismo, sumado a la propaganda de Andrés Manuel, hicieron que el reclamo tomara forma en las redes y hoy la propuesta del candidato de Morena se volvió exigencia.

Diputados, senadores y partidos políticos tienen en sus narices una oportunidad de "oro" para recuperar un poco de credibilidad. Ante la tragedia por los sismos que azotaron al centro y sur del país, lo menos que se espera de la clase política, que tiene en sus manos la administración de los recursos públicos, es que toquen sus privilegios y prerrogativas para apoyar las zonas afectadas.

Con tantas necesidades, cómo explican que el gasto proyectado en 2018 para los partidos políticos sea de casi 7,000 millones de pesos, mientras que el Fondo Nacional de Desastres tiene apenas 6,000 millones de pesos. ¡Más para los partidos, menos para las víctimas de los terremotos! Aunque usted no lo crea...

Esperamos que las buenas intenciones de las señoras y señores legisladores no se queden en subir fotos en las redes sociales, cadenas de oración o condolencias, y se pongan a trabajar en lo que les toca. En otras palabras, que el próximo 15 de noviembre aprueben un paquete presupuestal congruente con esas posturas de "apoyo" y "solidaridad".

Andrés Manuel López Obrador se pintó de cuerpo entero con su mensaje de ayer en redes sociales.

Desechó de un plumazo el criterio legal en el sentido de que los recursos para las campañas son para eso y no pueden ser usados para otro

propósito.

Todo el manejo es cuestionable, pero atiende a la sensación pública real de que los partidos políticos gastan mucho dinero que debe destinarse a otros propósitos.

No importa que tenga que violarse la ley; tampoco que se asignen recursos que no existen; no importa que la vigilancia del destino de esos recursos no exista realmente.

Ya López Obrador se adelantó en la jugada y seguramente cosechará los aplausos... aunque ¡ya los diputados del PRI lo respalden!

Y a ver si el INE o el Tribunal son tan valientes para decirle que viola la ley y que está engañando.

¿Les seguirá ganando la partida a todos los demás?

La clase política mexicana ha fracturado a la sociedad mexicana desde hace tiempo.

Un desafío para partidos y personajes públicos es hacerle frente a la desgracia a través de la generación de una nueva actitud.

Está muy de moda que los políticos, de todos los signos, se quejen de la prensa (y eso que ellos se han encargado de arrinconar y perseguir, de todas las formas posibles, el periodismo independiente, al que anhelan ver sustituido por puro medio orgánico o, de perdida, maiceado). Pero muy pocos de ellos, si alguno, reflexiona lo evidente: los primeros en mentir y en decepcionar, históricamente, han sido ellos. Los primeros en malgastar el apoyo popular y hacer su real gana han sido ellos. Como Emilio González, aquel gobernador que decía que éramos unos poquitos los que nos oponíamos a que regalara dinero a sus aliados políticos y que, luego de un sexenio de desastres, consiguió que su partido, que llevaba años en el poder, cayera al 3er. lugar y quedara apartado de cualquier puesto significativo en el estado (allí se mantiene).

Los políticos continúan tercos en la exigencia de los cheques en blanco y reniegan si se les hace el menor cuestionamiento. No se dan cuenta de que han demostrado, desde hace mucho, que no tienen fondos para cubrir esos endosos de fe. Los militantes son, cada día, menos. Cunde el escepticismo. Se lo ganaron.

La cúpula de la clase política no parece darse cuenta del grado de repulsión que despiertan a lo largo y ancho del país. Este rechazo va más allá de los altos funcionarios del gobierno y alcanza especial intensidad contra los legisladores y los jerarcas partidistas.

¿Hay motivos para la indignación? Sobran. Todos los días desayunamos con un nuevo escándalo.

La Función Pública y la Procuraduría no investigan, y si lo hacen, es para decirnos que ya se aprobaron las cuentas públicas, que ya revisaron y no encontraron nada, y que si de casualidad hallan algo, fincarán responsabilidades caiga quien caiga.

Y no cae nadie.

Vaya, hasta el encarcelado Javier Duarte puede estar tranquilo de que no tendrá que regresar los millones que se llevó.

La normalización de la corrupción sigue en curso y el pacto de impunidad continúa vigente.

Y entonces ésos, los graduados en desaparecer dinero público, los que han saqueado al erario como nunca antes, van y dicen en Oaxaca y en Chiapas a los damnificados del sismo que la ayuda y las despensas sí les llegarán.

La gente ya no aguanta tanto cinismo, tanto descaro, tanta impunidad. Los odia.

El lunes por la mañana, luego de 4 días del sismo más fuerte de la historia del país, en la zona más afectada, Oaxaca y Chiapas, la ayuda gubernamental no había llegado. Los afectados, miles de ellos, aún no tenían la urgente atención médica, agua potable para beber, tampoco alimentos. La respuesta federal y estatal fue no sólo lenta, sino negligente. Fue hasta que este problema se expuso en medios noticiosos que los responsables del país se pusieron a trabajar en lo que es su deber.

Así, en las calles de los poblados afectados, la presencia del Ejército tampoco se veía como en otras ocasiones, varios periodistas lo aseveraron. Y las secretarías del Estado estaban ausentes. Aún el gobernador de Oaxaca ante el extrañamiento de una televisora expresó: "qué buena pregunta..., lo que sucede es que la ayuda está dispersada en las pequeñas ciudades y poblados". Pero no había tal, no había respuesta gubernamental, ni en Juchitán mucho menos en los pequeños poblados alejados que no tenían ni la ayuda del Ejército porque solo se contaba con 2 helicópteros. Fue hasta este miércoles que empezó a fluir la ayuda, aunque sólo a la mitad de los municipios.

La solidaridad de los legisladores sorprendió al país: donarán a los afectados, nada más y nada menos que un día de su salario, un valiosísimo día, aunque para que no se diga, mejor 2, ¡dos!

Y a la orden presidencial, aunque los damnificados no habían recibido siquiera las primeras atenciones, ya estaban siendo contados para "el censo". Eso era lo más importante, no la vigilancia nocturna de las pertenencias de los damnificados, no la alimentación o el abrigo, sino esa reconstrucción millonaria que aglutinará a las constructoras del sexenio...

Porque aunque esa ofrecida reconstrucción pudiera ser una buena noticia, el recuerdo de las defectuosas casas hechas para los damnificados de Ingrid y Manuel, que a 4 años aún no tienen un sitio seguro para vivir; casas pagadas por el erario que hoy deben ser demolidas, lo empaña todo.

El Gobierno de México, un país con amplias zonas sísmicas, no estuvo preparado y tampoco respondió con celeridad y eficiencia. Eso fue evidente.

Y en este triste escenario, una luz de solidaridad: las brigadas del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Jóvenes mujeres y hombres estudiantes de los últimos años de la Escuela Medicina que con el compromiso social arraigado se presentaron para darlo todo a una población golpeada que necesitaba su ayuda. Y llegaron las brigadas de ingenieros y arquitectos del IPN para revisar las viviendas dañadas y decirles a los pobladores quienes podían con seguridad ingresar en sus casas, quienes debían apuntalar y quienes no tenían más remedio de demoler.

La negativa implícita de los partidos políticos a reducir su bolsa para las campañas del próximo año ha enojado a la ciudadanía. El gasto es grosero y se vuelve un puñetazo cuando las imágenes desde Chiapas y Oaxaca muestra que a la miseria le viene mal el maridaje con el desastre natural. Casas mal construidas, corrupción y millones de pesos que se filtran entre las rendijas de las irregularidades ayudaron a que el temblor del jueves 7 aniquilara esfuerzos y evidenciara codicias.

Las iniciativas ciudadanas de reducción en el presupuesto electoral han tenido eco en medios e intelectuales, no así en los partidos que, en cálculo, han visto que los más afectados serán los más pequeños que, con menos marmaja, se verán en serias dificultades para ser competitivos.

Es la decisión complicada: o ceder el dinero que no será adjudicado a su intención sino al esfuerzo del gobierno priísta o esperar a que la gente olvide para julio de 2018 y, con ello, tener fondos para competir a un PRI dispuesto a casi todo con tal de no perder el poder.

En el lado del acuerdo en los oscurito, el Frente Amplio ha comenzado la repartición de huesos y puestos. Saben que en el PRI, las cuotas tardarán en otorgarse y qué hay ya muchas manos metidas en ese guiso llamado el tapado. El paseíllo de precandidatos del Revolucionario Intitucional a través de la zona de desastre ha sido grosero y hasta inútil. Ninguno lo ha aprovechado de manera adecuada para desplegar sus virtudes como líder en una tragedia.

La repartición del Frente va desde candidaturas a gubernaturas y senadurías hasta promesas en el hipotético gabinete que tendría el candidato del agua y el aceite. La alianza política como simple contubernio electoral.

Y todo termina por ser un hueso.

Esta semana el equipo de comunicación social de Miguel Ángel Mancera comenzó a difundir una serie de 6 spots relacionados con su 5o. Informe de Gobierno. En todos ellos se busca mostrar a Mancera como un ciudadano más, alejado de todo aquello que el votante potencial percibe como “política”.

En todos los anuncios los logros son igual de paupérrimos. Para 5 años de gobierno, presumir el todavía inexistente aumento de una red de bicis, el cambio de nombre de una ciudad o una carrera anual es trivial frente a los grandes problemas que han aparecido o crecido bajo su mandato.

Paradójicamente, los spots que presentan a Mancera como alguien cercano a los capitalinos lo que hacen es descubrirlo como alguien completamente alejado de la realidad.

Hoy el Congreso del Estado estará discutiendo y en su caso aprobando las leyes secundarias del sistema anticorrupción, esa que puede hacer de este sistema un ejemplo a nivel nacional o un fiasco más en esta larga batalla contra la impunidad del poder. No es sencillo, estamos ante un acto en el que el poder, representado en los partidos políticos, tiene que atarse las manos y legislar contra sus propios intereses para ganar credibilidad frente a los ciudadanos.

Hablamos al menos de 2'300,000 mexicanos que perdieron patrimonio o resultaron dañados por el sismo, más de 300 municipios y decenas de miles de viviendas afectadas. Millones de mexicanos tocados por la muerte, las heridas o el daño patrimonial.

Y ante la tragedia, la respuesta de la clase política ha sido tardanza, la chabacanería, el reparto partidista de despensas y el espectáculo o el lucro político. Todavía los pueblos más afectados no habían enterrados a sus muertos, cuando los gobernantes comenzaron a lucrar miserablemente con el dolor de los damnificados por el terremoto.

La clase gobernante mexicana ha dado varias muestras de este tipo de solidaridad hipócrita o instrumental. Por ejemplo, los senadores abriendo una cuenta bancaria para recibir donativos sin hacer ellos una donación, o el anuncio de los 500 diputados anunciando la aportación de un día de su salario, es decir 1.2 millones de pesos, apenas 0.01% del presupuesto anual que tienen (7,620 mdp). No sólo están ofreciendo donaciones miserables, también están haciendo un miserable uso electoral de la ayuda, como el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes poniendo propaganda en las despensas entregadas a damnificados; o el proselitismo que hizo la coordinadora de los diputados federales de Morena, Rocío Nahle, presumiendo que la ayuda era de su partido.

Muchos funcionarios usan la tragedia para buscar su propia promoción en redes sociales o medios convencionales.

Es una solidaridad tipo “selfie”, podríamos decir, porque se otorga siempre y cuando se aparezca en la foto y se obtengan beneficios políticos o personales.

El director del Centro Jalisco de la SCT, Salvador Fernández Ayala, afirmó que este año se terminarán el Nodo Vial Technology Park. La entrega, prevista para septiembre, se retrasó debido al temporal. La obra ha tenido varios deslices: en enero de este año se dio a conocer que, por un error de cálculo, el costo se duplicaría. Pasó de 87. 1 millones de pesos a 180 millones. Fernández Ayala indicó en su momento que hubo "errores iniciales y omisiones en proyectos".

(V.periódico El Financiero en línea del 12 de septiembre de 2017).

Los de López Obrador recién nos regalaron su propia vergüenza: salieron a defender al régimen de Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte.

Independientemente de lo que se piense de la expulsión del embajador norcoreano en México -una medida que motiva debatir qué papel debe jugar nuestro país en el concierto internacional-, más allá de que Donald Trump es un impresentable y su estrategia hacia Corea del Norte es infantil, el régimen de Kim Jong-un no merece otra cosa más que la condena.

Para los de Morena debería ser así hasta por estrategia electoral: cuando uno de los grandes temores que despierta López Obrador es su talante antidemocrático y autoritario, cuando tanto se le ha criticado por no condenar la dictadura cubana, por coquetear con la dupla Chávez-Maduro de Venezuela, qué necesidad de buscar la selfie con uno de los más desprestigiados gobiernos del planeta.

Un opositor como López Obrador o cualquiera de Morena, no existe y no ha existido desde que se fundó Corea del Norte (y la gobernaron primero el abuelo y luego el papá del actual presidente). Los que lo intentan son encarcelados o asesinados.

Pero los de Morena parece que no pueden evitarlo, que está en su naturaleza, en su instinto, en su genética política. Es su querencia.

El ex magistrado electoral Gonzalo Julián Rosa Hernández y la juez Rosa María del Carmen López Ortiz, fueron designados por el pleno del Congreso del Estado como nuevos integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Los diputados aprobaron los nombramientos a pesar de que los magistrados salientes Juan José Rodríguez López y Celso Rodríguez González promovieron amparos para mantenerse en el cargo.

El discurso que decreta el derrumbe de las ideologías es sólo el preludio para justificar el pragmatismo como única brújula del quehacer político.

El "Frente" es el proyecto de las élites económicas del país, que ya no confían en el PRI, pero que se resisten a aceptar a López Obrador como presidente. Es una especie de discurso centrista, que quiere que las cosas sigan más o menos igual -política económica, gasto, impuestos, etc.- pero dando una imagen de cambio. La eterna búsqueda por un "Macron mexicano" que se plante con credibilidad frente a aquellos que enarbolan el antisistema, pero siempre manteniendo los privilegios de las élites.

Extraviados durante más de 3 años -en total 43 meses- en un laberinto tachonado de debates sordos e intereses cruzados, la administración Peña Nieto, el PRI y el Senado parecen haber llegado a la conclusión de que una reforma clave para la transformación de la justicia en México, la nueva Fiscalía General, debe ser echada a la basura.

Se trata de una faceta más de la descomposición que acumula la PGR casi desde que fue establecida como apéndice del poder ejecutivo, a inicios del siglo pasado. Los caprichos presidenciales sobre la dependencia se manifiestan en que en los últimos 100 años, cada titular del Ministerio Público Federal duró en promedio 2.5 años en el cargo. En todo ese periodo hubo sólo 4 casos que se mantuvieron en el puesto por el lapso para el que fueron designados. La llegada de la modernidad agravó el problema: desde la administración de Carlos Salinas de Gortari, hace 30 años, los procuradores generales han sido removidos en promedio cada 2 años. En casi 5 años, la actual administración ya lleva 3 titulares, y podría sumar al menos uno más.

Reiterados informes, tanto internos como externos, dan cuenta hoy que la PGR se halla lastrada por su falta de autonomía e independencia; por ineficacia operativa ante la impunidad dominante, y por una corrupción interna cada vez más grave. El deterioro se ha ahondado sin importar si en Los Pinos ha despachado un priísta o un panista.

La Cámara de Diputados aprobó en 2014 la reforma del caso, con el voto mayoritario del PAN, bajo la directriz del señor Anaya, actual presidente de ese partido y en aquel entonces diputado federal y dirigente interino del propio blanquiazul.

Anaya proclamó aquella vez un gran avance por la transformación de la PGR a una Fiscalía presuntamente autónoma. Lo que no reveló fue que su partido había avalado, entre múltiples aspectos espinosos, sembrar en la carta magna 2 manzanas venenosas, un doble "pase automático": Que el 1er. fiscal general sería el procurador que estuviera en funciones cuando se aprobara la legislación reglamentaria. Y que todo el personal de la Procuraduría sería migrado a la Fiscalía. Ello equivale a implantar tejido putrefacto en el organismo de un recién nacido.

El apoyo del PAN para legislar a la medida del PRI alcanzó todavía para generar una iniciativa de ley reglamentaria que deja todo ánimo normativo a la discrecionalidad del nuevo fiscal, dejando sin cubrir aspectos centrales para garantizar la pretendida autonomía.

Esa iniciativa, enviada al Senado, tiene visos de inconstitucionalidad porque entre otros aspectos, no incluye la incorporación del nuevo fiscal anticorrupción, aprobado en 2015 e idénticamente atorado.

Los próximos días determinarán si la Fiscalía como fue concebida es viable. Mucho antes de que llegue la designación del fiscal, la ley reglamentaria debe pasar, con múltiples ajustes, por 3 comisiones, 2 de las cuales son encabezadas por la oposición: la de Justicia, con la panista María del Pilar Ortega, y Estudios Legislativos, con Alejandro Encinas, senador independiente cercano a Morena. La 3a. es la de Gobernación, a cargo de la priísta Cristina Díaz. Es más que probable que sin nueva reforma, el tema se atore sin remedio.

Un previsible nuevo estancamiento en las negociaciones y la cercanía de las elecciones del 2018, impondrían tal nerviosismo a las partes involucradas, incluida la administración Peña Nieto, partidos y legisladores, que abrirá la necesidad de meter otra vez el bisturí a la Constitución. Y que todo empiece de nuevo.

7 días que no conmovieron a México. Quizá entretuvieron a la clase política, siempre ávida de crear problemas para luego mostrarse como salvadores de la patria al desfacer los entuertos que son su criatura, temas que les saturan pero que no se relacionan, en lo más mínimo, con la adversidad cotidiana de los ciudadanos.

Y no porque no haga falta un fiscal cabal antes que carnal. Urge. Pero urge desde hace años, como urge -también a tiempo- un secretario de Gobernación que asuma las funciones de la seguridad, y en una de esas de la gobernabilidad.

Sin embargo, el parto de los montes de estos 7 días fue para poner un candado. Insuperable metáfora. Nuestra clase política sudó la gota gorda en torno al verbo impedir. El espectáculo quizá habría valido la pena si hubieran tenido como meta elegir al mejor fiscal, no andar rizando el rizo de un manoseado transitorio con dedicatoria.

Quien crea que lo que estaba en la mesa era la idea de buscar al Quijote que quiera enfrentar, montado en ese flaco jamelgo que es la estructura de la PGR, se equivoca.

Lo que importaba era el tango, y el PRI se abrazó a Anaya y fueron de aquí para allá en un baile que salvo los requiebros y el sudor, actuado o real, no producirá nada, ni un fiscal decente para acabar pronto.

Y mientras la arena de la grilla estaba de bote en bote, toditos ellos locos de la emoción.

Que nadie hable de corrupción ni de nada nada nada que no sea de ellos y su agenda. Grandes nuestros políticos: les tomó 7 días desempolvar un candado.

El Instituto Nacional Electoral impondrá hoy nuevas multas, por 67.2 millones de pesos, a 6 partidos por violar los derechos de libre afiliación al empadronar sin permiso a militantes del PAN.

Un grupo de militantes de Morena Jalisco, encabezado por Jaime Hernández Ortiz, rechazó las posibles candidaturas de Carlos Lomelí y Enrique Michel a la gubernatura del estado. Acusaron que quieren cerrar el partido a las amistades.

Hernández Ortiz señaló que el el partido hay prácticas de exclusión, contrarias a una agrupación política que se dice diferente a las demás.

"Carlos Lomelí y todos que están montándose, también Enrique Michel, quiero decirles que hay elementos para que todas esas candidaturas se caigan. Definitivamente no serán los candidatos".

Externó su apoyo a Salvador Cosío Gaona pues indicó que su candidatura no tiene elemento alguno que pueda objetarle la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Además, Hernández Ortiz denunció imposiciones por parte de la dirigencia nacional para elegir candidatos y a sus líderes estatales.

Señaló que han tratado de comunicarse con Andrés Manuel López Obrador para solucionar la problemática pero que no han sido escuchados. "Sólo hemos encontrado silencio e indiferencia".

Explicó que presentarán una solicitud ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que convoque de inmediato a elecciones internas en el partido y que pedirá al Instituto Nacional Electoral sancionar a la dirigencia.

Está claro. Todos juegan al máximo límite para que el adversario ceda y claudique. La oposición al PRI en la Cámara de Diputados forzó una crisis constitucional que paralizó a San Lázaro para que el gobierno ordene a sus diputados que acepten el ultimátum de quienes demandan eliminar el pase automático de procurador general a fiscal general, que se establece en la ley. La política mexicana se encuentra en este péndulo. Algunos están por la suma cero; otros por la claudicación del adversario. Brinkmanship es el nombre del juego, entendido como el ejercicio de una política arriesgada que a veces es suicida.

La falta de una solución a la instalación de los órganos de dirección de la Cámara de Diputados llevó a que el miércoles amaneciera el país sin que nadie pueda recibir el Paquete Económico para 2018, con lo que, teóricamente, no podrá iniciar la discusión sobre el presupuesto y paralizará al gobierno. La motivación es el conflicto por la negativa del PRI a discutir una iniciativa presidencial para eliminar el llamado pase automático, previsto por la ley desde 2014 y aprobado por el PAN, que hoy encabeza la cruzada en contra, y que en aquellos remotos tiempos hacía el amor todas las noches con el PRI. La discusión no es suficiente. La oposición quiere que se elimine esa provisión. Punto. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Quién cederá?

En San Lázaro, la oposición va a toda velocidad rumbo al despeñadero y, aunque no quiera, el PRI es arrastrado por la pendiente. Los diputados movieron el reloj legislativo -que es como eufemísticamente resuelven su violación a la ley- para el próximo jueves, a fin de dar tiempo a que avancen las negociaciones. O legislan los priistas contra el pase automático en el Senado, la cámara donde se encuentra la propuesta presidencial, o no se instala el congreso. No hagan apuestas.

El homogéneo bloque de la oposición se enfrenta a un PRI que tiene el poder en el ejecutivo, pero no le alcanza en el legislativo para lograr todos sus objetivos.

¿El mejor regidor y el mejor diputado es el que no habla? Sin duda no, pero son preferibles los callados y discretos que los ocurrentes. Y entre los ocurrentes hay unos peores que otros: hay los que simplemente quieren figurar y quedar bien con algún grupo de electores y los más peligrosos, los que quieren elevar sus convicciones personales a rango de ley, reglamento o un punto de acuerdo, aunque nada tenga que ver con la vida pública.

Una revisión de las iniciativas más extrañas en el cabildo de Guadalajara dio resultados que serían de morirse de la risa, si no es porque nos cuestan dinero. Son cosas que seguramente los regidores y regidoras no harían si tuvieran que pagarlas ellos mismos, pero sobre todo, que nada abonan a la vida pública de la ciudad. Promover el uso de la copa menstrual; declarar patrimonio cultural a los buñuelos (supongo que eso incluye la maravillosa miel de guayaba de la señora que los vende afuera del Santuario) o imprimir separadores de libro con el himno de Jalisco, son algunos ejemplos de la creatividad de nuestros regidores.

Pero, si bien la revisión se hizo del Ayuntamiento de Guadalajara, lo mismo o hasta peor sucede en los otros 124 municipios y, para no ir más lejos, en el Congreso del Estado.

Siempre será mejor aguantar las malas ocurrencias (mientras no las aprueben, claro está) que limitar la libertad de expresión. Para evitar este tipo de dinámicas, pero sobre todo, para evitar que los regidores se exhiban con geniales ideas, es que durante muchos años se acostumbraba "la previa", una reunión de cabildo a puerta cerrada que se celebraba unas horas antes donde cada regidor ventilaba los temas que traía. La dinámica permitía que algunos regidores descargaran su ira antes de la sesión, con lo que se evitaban sorpresas, y además se convencía, con mano izquierda o con autoritarismo, según el caso, a algunos regidores de no llevar a la sesión formal los temas que no eran trascendentes.

Dice la sabiduría política que hay cosas que uno nunca debe enterarse, entre ellas cómo se hacen las salchichas y cómo se hacen las leyes, pues uno deja de comer hot dogs, y de creer en la democracia.

Este fin de semana, uno de los grupos políticos más influyentes de la capital del país regresó al nido: Izquierda Democrática Nacional, de René Bejarano y Dolores Padierna, se alineó de nuevo con Andrés Manuel López Obrador, al que apoya desde hace 20 años.

Dolores Padierna, experimentada y combativa parlamentaria, ha sido una de las más eficaces opositoras a los regímenes del PAN y el PRI. Siendo la coordinadora de los senadores del PRD, anuncia que abandona este partido y se adhiere a Morena.

Su esposo, René Bejarano, es sinónimo de escándalo político. Tanto, que López Obrador pierde los estribos cuando se le vincula con él, cuando se le pregunta por él.

Bejarano era el 2o. hombre más poderoso en la administración del DF cuando Andrés Manuel era jefe de Gobierno. Primero como su secretario particular y luego como cabeza de la Asamblea Legislativa. Era su gran operador político y electoral.

Hace más de una década, en el 2004, en su noticiario matutino, Brozo divulgó un video en el que aparecía Bejarano recibiendo fajos de billetes del empresario Carlos Ahumada. El videoescándalo marcó la vida política de México y truncó la ascendente carrera de Bejarano.

Pero Bejarano sólo se escondió del reflector. Lo que sabe hacer lo siguió haciendo donde se mueve mejor: en los sótanos del poder, debajo de la mesa.

Su esposa nunca dejó de estar en 1a. fila y su organización IDN mantuvo hasta hoy un peso que ha atraído y obligado a muchos políticos a sentarse con él a negociar: jefes de gobierno posteriores, figuras perredistas, panistas y priistas, secretarios de estado con aspiraciones... Bejarano siempre tuvo para ellos algo que ofrecer y algo que pedir.

Pero una foto con él era tóxica. De inmediato el público reaccionaba. Bejarano se volvió uno de los símbolos de corrupción, en este caso, de la izquierda mexicana. Bejarano lo entendió. No buscaba la foto. Ni siquiera con AMLO. Ayer dijo que sigue sin buscarla.

Pero fue leal: Bejarano apoyó a AMLO en sus candidaturas presidenciales de 2006 y 2012 con el PRD, y ahora que viene el 2018, Bejarano ya se pasó a Morena. Lo oficializó -mitin y discurso- este fin de semana.

El Gobierno de Jalisco y los ayuntamientos metropolitanos tiraron a la basura un millón de dólares que la Fundación Rockefeller le había donado al Imeplan para crear una gerencia de resiliencia para la ciudad.

Nos cuentan que se debió a diferencias entre Magdalena Ruiz, titular de Semadet, el Imeplan y los ayuntamientos metropolitanos por el nombramiento del futuro "gerente", que al final no se realizó.

Por un lado, el gobierno estatal quería rescatar al ex director del Imeplan, Alberto Orozco, mientras los de enfrente promovían a Eugenio Arriaga, ex funcionario panista.

Habiendo perfiles técnicos, la grilla trabó el nombramiento, así que Rockefeller sacó a Guadalajara de la lista de las 100 ciudades resilientes y nos metió, pero en la lista negra de grillos e incumplidos.

La semana pasada varios titulares celebraban la supuesta aprobación de los gobiernos municipales tras la jornada dedicada a la ratificación de mandato. Movimiento Ciudadano dio a conocer con bombo y platillo las cifras de su victoria contundente, sin mencionar algunos detalles como que en el municipio de Guadalajara únicamente el 5% del listado nominal dio su voto a favor del sí, por ejemplo.

¿Qué hubiera pasado en caso de preguntarle a la ciudadanía si aprueba a sus gobiernos con base en su percepción de la inseguridad? 3 días después del domingo de la ratificación se dio a conocer el fracaso de los planes anti violencia en los municipios de Jalisco. En tan solo un año, el homicidio doloso aumentó un 18% en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco. No hemos avanzado en materia de prevención del delito ni en contención de los criminales.

Ayer estudiantes universitarios salieron a manifestarse tras el doloroso fallecimiento de uno de ellos a causa de un ladrón que le arrebató el celular. Lo mismo en temas de género, pues también nos enteramos de que Jalisco es el 3er. estado más violento hacia las mujeres. El panorama noticioso de todos los días incluye cada vez más linchamientos, violencia, e inconformidad.

La verdad es que resulta curioso que los políticos se "den like" a ellos mismos, cuando en la misma semana hubo diferentes acontecimientos que dan cuenta de las deudas que tienen -a todos los niveles de gobierno- con el ciudadano de a pie. Si quieren que de verdad celebremos éxitos históricos y que vayamos entusiasmados a ratificar gobiernos, habrá que atender eso que seguimos pidiendo: la posibilidad de vivir sin miedo.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentan estos días una serie de reportajes sobre un mecanismo de desvío de recursos en donde 8 universidades tuvieron un rol protagónico.

Cito párrafos del reportaje:

"El esquema es simple: para eludir la Ley de Adquisiciones -que los obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir-, las dependencias firmaron convenios con universidades públicas. La ley permite hacerlo, pero solo si las universidades realizan al menos el 51% del servicio contratado (ninguna respetó eso)."

"Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio. Esta triangulación viola la ley, como reconocen los propios funcionarios públicos consultados."

"De las 186 las empresas seleccionadas en estos convenios, 128 presentan irregularidades, de acuerdo con las propias autoridades consultadas. Es decir, ninguna de estas 128 debieron recibir contratos públicos, según lo que establece la ley."

"Hay casos donde el esquema involucra hasta 12 empresas en un mismo contrato. Una o 2 empresas realizan el servicio y el resto cobra por no hacer nada."

Si las casas de estudios donde formamos jóvenes se corrompen, ¿qué nos queda?

Andrés Manuel López Obrador se va a ir de gira a Estados Unidos y Europa. Uno de los objetivos fundamentales de este viaje es tener contactos con la comunidad empresarial.

El propósito de estos encuentros es tratar de erradicar la imagen de que se trata de un político que representa una amenaza para los inversionistas de México y el mundo.

Durante la semana pasada, AMLO no fue muy exitoso en ese propósito, cuando dio una entrevista en Los Ángeles a The Wall Street Journal.

La nota derivada de esa entrevista fue encabezada por el diario norteamericano señalando que AMLO llamaba a que se suspendan las negociaciones del TLCAN.

Y la advertencia viene más adelante:

"Cualquier trato comercial injusto, puede ser revisado por el gobierno mexicano", en caso de que gane la elección presidencial del próximo 1 de julio.

En otras palabras, le está diciendo a todos los actores económicos que si él considera que los términos finales del tratado que hoy se renegocia no le gustan, promoverá su revisión.

Otra parte de la entrevista publicada por el Journal tampoco es para tranquilizar a la inversión.

A propósito de la reforma energética, señaló: "Nosotros auditaremos los contratos, veremos cómo fueron hechos y nos aseguraremos que no hay corrupción envuelta. No aceptaremos contratos desventajosos donde México sea desprovisto de su ingreso".

Sería menos inquietante esta declaración si hubiera claridad en lo que AMLO entiende por corrupción o por contratos desventajosos.

Si la pretensión de la declaración era apaciguar los nervios e inquietudes de los inversionistas que le han puesto -o quieren ponerle- recursos al sector de hidrocarburos, el resultado habría sido completamente opuesto a lo que resultó.

Moody’s señaló el miércoles pasado que la elección del próximo año podría ser un riesgo más grande para la economía de México que la misma renegociación del TLCAN.

Si ese va a ser el resultado de otros intercambios de AMLO con representantes de inversionistas, creo que más que tranquilizar, va a inquietar a los mercados.

Con este tipo de propuestas, lo único que daría serenidad a los inversionistas en el curso de los próximos meses es... observar que López Obrador pierde posiciones en las encuestas de intención de voto.

En una entrevista la semana pasada con el periódico The Wall Street Journal, vocero de los intereses empresariales de Estados Unidos, López Obrador fue inmensamente cándido o perversamente claro en el mensaje que lanzó a los capitanes capitalistas de esa nación, cuando habló del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la Reforma Energética.

La renegociación del TLCAN, cuya 2a. fase concluye este lunes en la Ciudad de México, debe suspenderse. Así lo dijo López Obrador al Journal, y que debían esperar a que pasaran las elecciones presidenciales. ¿Por qué Estados Unidos y Canadá tendrían que aguardar a lo que suceda en México? De hecho, en Estados Unidos quieren que todo concluya antes de las elecciones, por el temor que tienen de una regresión comercial con López Obrador. "No es conveniente buscar un acuerdo bajo presión", agregó el precandidato presidencial con una explicación sin asidero a su 1a. reflexión, y que se refiere a las amenazas del presidente Donald Trump. "Cualquier tratado injusto puede ser revisado por el gobierno de México". En realidad es el Senado quien debe revisarlo; el gobierno lo firma.

Pero esos matices no importan. El sentido de lo que expresó es lo relevante porque permiten asomarse a su pensamiento. Más grave aún, pensando en el impacto de sus palabras en Wall Street, es lo que dijo de la Reforma Económica que tiene, como mayor atractivo en el mundo, que el sector privado puede invertir en los campos petroleros mexicanos y en el gas. La apertura del sector energético, está fuera de discusión. Si es presidente, dijo López Obrador, cerrará las licitaciones energéticas. Momentos después, se volvió a contradecir. "Favorezco la inversión extranjera, pero no permitiré que se afecten los intereses mexicanos". Le gusta la inversión extranjera, pero en otro país, porque no aceptará ningún dólar más en ese sector.

Las galimatías de López Obrador buscan esconder su ideología estatista con un lenguaje aperturista, pero las contradicciones son evidentes. El Journal no aborda el doble lenguaje del precandidato, pero recuerda los recientes reportes de las agencias calificadoras en Estados Unidos sobre sus temores por el futuro de las reformas en caso de que gane la Presidencia, y la última encuesta del Banco de México con analistas del sector privado, donde señalaron que la incertidumbre política es uno de los principales obstáculos para el crecimiento. Ningún otro aspirante a la Presidencia ha sugerido incluso que revertirá las reformas peñistas.

Mientras en las calles la inseguridad campea, los políticos se disfrazan de demócratas tratan de justificar sus malas decisiones y sus omisiones; presumen que son progresistas, pero si hay oposición ciudadana la intolerancia es inconmensurable, desproporcionada y feroz, el juicio inmediato; y la oposición política real aprovecha y lleva agua a su molino. Unos y otros celebran los errores de unos y otros porque significan posibilidades de ganar las próximas elecciones y seguir viviendo, por nada, del erario público. ¿Y nosotros qué? No servimos más que de parapeto y somos buenos como paganos de todo, de sus carreras políticas, de su corrupción, de sus ineficiencias y aires de grandeza... la clase política mexicana corrupta, hipócrita y manipuladora nos tiene sumidos en una crisis sin precedente. Y luego nos dicen que nosotros tenemos la culpa.

La Fiscalía General, que junto con su nuevo órgano, la Fiscalía Anticorrupción, ha sido presentada como un cambio de paradigma en la impartición de justicia en el país, no es más que otro botín.

Y mientras se reparte entre unos pocos, México y sus instituciones se convierten, por enésima vez, en rehenes de los partidos.

Amigos defienden al ingeniero [Cuauhtémoc] Cárdenas y lo consideran un adalid de la joven democracia mexicana. Gamés, en cambio, considera al ingeniero un cacique con proclividades democráticas, que fundó un partido del cual fue dueño, un priista rencoroso, un gobernador que inició la destrucción de Michoacán, luego la prosiguió su hijo, Lázaro, y la consumó Leonel Godoy. Ahora pide la destitución de los consejeros electorales y en San Cristóbal de Las Casas dijo unas obviedades deliciosas: que la sociedad debe exigir a los aspirantes a la Presidencia cuáles son las soluciones a los problemas de México como la inseguridad, la falta de empleo y la pobreza de las familias. ¿El ingeniero propuso en sus campañas soluciones a esos problemas? No, no y no.

Enrique Alfaro fue ratificado -junto con los otros alcaldes "ciudadanos" que lo acompañan-. Era casi un resultado cantado.

Alfaro trazó la ruta de su gobierno hacia la ratificación como método de diferenciación del priismo. Ya sea por confianza en la gestión o confianza en la apatía ciudadana, el alcalde fijó el resultado como trampolín para el futuro personal y del estado. De forma torpe y desarticulada, la oposición intentó desacreditar el ejercicio. No hubo mucho caso no porque no existieran motivos para ello, sino porque el descrédito de la política hizo que las voces se perdieran en su miasma. Prisitas y panistas no revisaron el pasado y, por ello, los caminos para evidenciar las fallas de la ratificación no surtieron efecto. El trabajo de escritorio falló y, con ello, el objetivo.

Las características políticas del estado lo hacen altamente apetitoso a los distintos partidos y saben, también, que es territorio donde AMLO tiene pocas posibilidades de triunfo. Eso abre las posibilidades a otro tipo de acuerdos donde los partidos locales jugaran de espectadores ante las necesidades nacionales.

Jalisco bien vale una misa o un Alfaro, piensan en el gobierno federal.

Y sí, MORENA se aleja cada día más de la preferencia jalisciense. Esta semana, la ley Kumamoto tuvo un triunfo en la Corte. Morenitas connotados decidieron usarla para pegarle al hijo pródigo del independentismo. Puede ser que el golpeteo funcione a nivel nacional entre la grey obradorista, pero para Jalisco el revés de las huestes de López Obrador contra Pedro Kumamoto significará una pérdida considerable de simpatías y, obvio, de votos.

Para nosotros como ciudadanos no es un tema menor, y sentimos que no lo han tratado con el merecido respeto.

Nos referimos a las comparecencias de viernes y lunes pasados en el Congreso de Jalisco de los 51 aspirantes (que al final fueron 48) a formar parte de una comisión que a su vez elegirá un Comité de Participación Social que será el encargado de encabezar activamente en la designación del fiscal anticorrupción en el estado, y eventualmente del mismísimo fiscal general de Jalisco.

Los 48 aspirantes que estuvieron en el congreso y hablaron ante los diputados para exponer sus motivos son en su gran mayoría ciudadanos probos, de 1er. nivel, que han honrado el proceso con su presencia y su participación. Vamos, pusieron sobre la mesa su nombre y su prestigio los rectores de las principales universidades privadas de Guadalajara. De ese tamaño.

Pero, para los señores diputados se trató de un asunto menor, o por lo menos así lo transmitieron, cuando de una comisión integrada por 9 diputados, a la 1a. sesión sólo asistieron 4, y para la 2a. sólo estuvieron de fijo 5, porque el resto entraban y salían seguramente para atender asuntos de mayor envergadura.

Llamó la atención que a esa 1a. sesión faltaran 2 de los considerados diputados "políticamente correctos": el joven independiente Pedro Kumamoto, y por su parte Ismael del Toro, líder de los legisladores de Movimiento Ciudadano, quien leyó un discurso, salió en la foto y se retiró.

Si tomamos la asistencia como el nivel de interés del congreso al proceso, al final fue de 50%, es decir reprobado. En 2 sesiones hubo 18 sillas, y sólo se ocuparon 9.

¿Porqué el desinterés de los diputados?

Bien visto se explica porque a fin de cuentas, independientemente de su partido, forman parte de esa clase política que, también lo dijo el gobernador, tiene a la corrupción "como parte de su ADN".

La metáfora es fuerte pero quizás los diputados están conscientes que, como parte de esa clase política visiblemente corrupta, ellos a final de cuentas están seleccionando en última instancia a los soldados que más tarde o más temprano formarán el pelotón de fusilamiento que algún día los tendrá enfrente.

La Suprema Corte aceptó el derecho de Jalisco a cambiar las reglas para dar dinero a los partidos. Muy su asunto y nadie tiene que venir a decirle que no es mexicano por eso. El Congreso local hizo uso de sus facultades y no violentó la ley al aprobar el esquema llamado "sin tu voto no hay dinero".

De eso se trató lo que aprobaron los ministros. No decidieron que la ley Kumamoto sea buena o mala, sino que reconocieron la facultad de Jalisco para cambiar las reglas de financiamiento. En el espantoso marasmo de decisiones centralizadoras, este es un respiro al federalismo.

Le veo, sin embargo, un problema grave. "Sin tu voto no hay dinero" va a producir que tampoco haya votos. La ley Kumamoto establece un sistema de incentivos que sólo toma en cuenta un lado del binomio: los partidos. El esquema supone que los partidos tendrán incentivos para llamar a votar, pues de eso depende su dinero público.

Bien. ¿Y los espantosos incentivos que se crean para el otro lado del binomio democrático? Les recuerdo que los electores son individuos racionales que toman decisiones también en función de incentivos, costos y beneficios. Tarde o temprano, los electores se darán cuenta de que cada boleta implica, más que una decisión ideológica, un visto bueno para la manutención de los Anaya, Ochoa, Barrales, Delgado [,López] y sus equivalentes estatales.

A los partidos deben de cortarles el suministro público por completo y dejar de anclar el voto, que es una acción democrática, con el presupuesto, que es tubería burocrática.

El naciente Partido Encuentro Social (PES), que ha encontrado una jugosa veta en impulsar a personajes famosos para volverse sus candidatos, acaba de lanzarle una oferta al legendario futbolista mexicano Hugo Sánchez, según se supo en los pasillos del Instituto Nacional Electoral.

El PES recién destapó a la también estrella del futbol, Cuauhtémoc Blanco, para ser su candidato al Gobierno de Morelos, una postulación que tiene preocupado y ocupado al mandatario estatal, Graco Ramírez. "El Cuau", que marca muy bien en las encuestas, ha usado como plataforma de campaña la amenaza de que va a meter a la cárcel a Graco y los suyos. El gobernador se ha esforzado notablemente en lograr una alianza PAN-PRD a nivel nacional, que pueda permear a nivel estatal, para que su candidato tenga mejores posibilidades en la contienda.

Hugo no mordió el anzuelo. Les habría dicho que él no sabía si quería ser gobernante, que no sabía si quería poner todo su prestigio futbolístico al servicio de un partido político y que no sabía si, en dado caso, ese partido era el PES. Gol.

Ricardo Monreal no aguantó más. El delegado de Cuauhtémoc y precandidato de Morena al Gobierno de la Ciudad de México se lanzó contra la decisión unilateral del gran elector del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien designó como candidata a Claudia Sheinbaum, la delegada de Tlalpan en un proceso por demás opaco: nadie supo cómo, ni quién realizó la encuesta con la que se tomó la decisión, solo se les dio a conocer a los 4 participantes (otro delegado, Martí Batres, y el senador Mario Delgado completaban el cuadro) negándoles de entrada no solo el derecho al pataleo sino a conocer cómo se había hecho la famosa encuesta.

Fue un dedazo disfrazado, pero tan mal disfrazado, que le puede costar a Andrés Manuel más que si hubiese sido un dedazo descarado. En política, dice la sabiduría, lo que no se vale es la sorpresa. Si el líder moral (eufemismo mexicano para designar a los caciques) y dueño de Morena les hubiera planteado que la decisión era que compitiera Claudia pero que necesitaba que los otros 3 participaran para legitimar el proceso muy probablemente lo hubieran hecho, sin entusiasmo, pero con obediencia. Este tipo de simulaciones son muy comunes en la política nacional, lo hemos visto en elecciones internas del PRI, o incluso en la elección del rector de la Universidad de Guadalajara. Son las elecciones más cerradas, se deciden por un solo voto: el del gran elector.

Nadie en Morena, ni los seguidores ni los militantes, espera democracia interna en el partido que se creó para llevar a López Obrador a la Presidencia. Ese es su principio y su fin. Difícilmente Morena sobrevivirá como un partido fuerte después de la elección el 2018, independientemente del resultado: si gana porque Andrés cooptará la vida del partido; si pierde porque carecerá de sentido. Lo que no pueden permitirse es que el partido se rompa antes de la elección, y lo de Ricardo Montreal parece ir más allá del simple berrinche.

Ya hemos dicho que, en este momento, el único que puede derrotar a López Obrador es "El Peje", esta especie de alter ego autodestructivo que llevó a Andrés Manuel a cometer errores terribles en la elección de 2006 y que al parecer ha regresado. La falta de respuesta a la crisis Monreal parece estar confirmando un nuevo error, de esos que terminan costándole caros al líder de Morena. Después de la designación del candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México vendrá la de los candidatos a gobernador en otros 8 estados de la república y las reglas parecen ser las mismas: no hay reglas, porque no hay vida institucional.

Hay rebelión en la granja. Veamos cómo reacciona el pastor.

El ejercicio de la ratificación de mandato realizado el domingo, deja dudas con respecto a su utilidad o pertinencia. Decir que 9 de cada 10 participantes ratificaron a sus alcaldes, no significa que 9 de cada 10 habitantes del municipio lo hiciera. Si la participación ciudadana en las elecciones -que pocas veces rebasa 50% del listado nominal de potenciales votantes- deja dudas con respecto a la legitimidad de los votados, no obstante el consenso de que quienes se abstienen de votar no tienen derecho a impugnar los resultados, las mismas dudas deja la utilidad o pertinencia de la pretendida ratificación -decidida por menos de 150,000 ciudadanos en 4 de los 7 municipios conurbados- de quienes gobiernan a poco más de 5 millones de habitantes en la zona metropolitana de Guadalajara.

La Junta de Coordinación Metropolitana no podrá acceder al recurso de 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller. La razón: de forma unánime decidieron no elegir a ningún candidato para encabezar la Oficina de Resiliencia y en su lugar crear un equipo interdisciplinario.

Por ello no recibirán el donativo de hasta un millón de dólares, pues el acuerdo financia la contratación de un perfil especializado y financiar su salario, lo que ya no será así.

Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia que dio revés a las intenciones de conservar intactas sus prerrogativas como partido, los diputados del Partido Verde en el Congreso [de Jalisco] dejaron de ser tucanes para convertirse en avestruz y esconder la cabeza.

La diputada verde Erika Ramírez negó que su controversia fuera para conservar su jugoso presupuesto.

Resulta que los verdes sólo querían que la Corte corrigiera algunas imprecisiones en la reforma.

Ajá.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como constitucional la iniciativa "Sin voto no hay dinero", también llamada "Ley Kumamoto".

Con 7 votos a favor y 4 en contra, la Corte aprobó la reforma a la Constitución Política y del Código Electoral y de Participación Social [de Jalisco] publicada el 2 de junio de este año.

Dicha ley entrará en vigor en 2019 en Jalisco y establece que en años no electorales, el cálculo de los recursos que recibirán los partidos políticos se realizará multiplicando el número de electores en el padrón por el 20% del valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Mientras que en años electorales los recursos serán calculados tomando en consideración el total de votos válidos obtenidos en la elección previa de diputados por el 65% de la UMA.

El Partido Verde está brutalmente dividido. Hay pleito en la cúpula. Las 2 figuras más relevantes de este partido terminaron una discusión a gritos y llevan un tiempo sin hablarse. El dueño del partido, Jorge Emilio González "El Niño Verde", y su único gobernador, Manuel Velasco Coello de Chiapas, se han enfrascado en una disputa que no parece encontrar solución.

Parece que el motivo es que dejó de fluir el dinero. ¿Qué otra cosa iba a dividir a los verdes? Además, parece que el "Niño Verde" tiene un nuevo consentido: el presidente municipal de Cancún, Remberto Estrada. Jorge Emilio González tiene en él su apuesta y, como se da vida de magnate, ya de plano movió su residencia a ese maravilloso destino turístico. A él le apuesta su capital político y económico.

Hay otro asunto clave. Un acuse de traición. En Los Pinos recibieron hace unos meses la grabación de una llamada telefónica del gobernador Manuel Velasco orquestando apoyos a favor de Morena. Velasco ha tendido puentes con el partido de Andrés Manuel López Obrador, a través de su abuelo materno Fernando Coello Pedrero. Su plan aparentemente es inclinar su sucesión a favor del candidato de Morena.

Encima del pleito entre sus 2 figuras más relevantes, el Partido Verde Ecologista de México lanzó un divertido amago. Difundió que estaba evaluando cortar con el PRI, del que ha vivido desde el año 2003.

El vocero verde, Carlos Puente, deslizó que su partido evaluaba unirse al Frente Amplio opositor al que están convocando PAN y PRD. En corto decían que se sentían maltratados por el PRI y el presidente Peña. Que ya no los consultaban, ya no los cabildeaban, ya no los tomaban en cuenta, que ya nomás les tiraban línea.

El amago lució casi de inmediato desmentido: los legisladores verdes organizaron su reunión plenaria la semana pasada y uniformados con chalequito verde, vieron desfilar frente a ellos a todos los presidenciables del PRI.

Conociéndolos, han de estar encareciendo su amor... para luego venderlo otra vez.

¿Cuánto nos costará el sistema electoral en 2018? El gasto se esconde en un laberinto de rubros, pero podemos sumar los que conocemos.

Si sumamos el dinero de los partidos, el INE, las OPLEs [organismos electorales locales], los tribunales y los spots estaríamos hablando de un costo total de unos 65,750 millones de pesos. Sin embargo, los partidos pueden también recibir aportaciones privadas por hasta 49% de las aportaciones públicas. Esto podría equivaler a unos 6,000 millones de pesos. No hay forma de calcular, por otra parte, el dinero que los gobiernos dan a partidos y candidatos por debajo del agua.

Lorenzo Córdova, presidente del INE, ha negado que "la democracia mexicana [sea] la más cara del mundo... Todavía estamos muy lejos de lo que son las democracias caras, como la de Estados Unidos". Pero hay una enorme diferencia. En Estados Unidos, los simpatizantes sufragan voluntariamente los gastos de campaña; en México, los contribuyentes son obligados a subsidiarlos. El costo de organización, por otra parte, es mucho mayor en México.

MORENA, S.A. (empresa electoral subsidiada por el Estado, en este caso: los ciudadanos) eligió -a través de una encuesta tan secreta que sólo existe en la imaginación de su líder- a su candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Si los políticos se asesoran solamente de quienes les dicen a todo que sí, y encima asumen su cargo con atavismos monárquicos tan arraigados en México, sus acciones serán imprecisas, inoportunas, confusas y escandalosas.

Históricamente las huelgas de hambre eran en el pasado un recurso político aceptado, todos recordamos las huelgas de Gandhi y aquí en nuestro país rememoro, entre otros, que Valentín Campa duró años en huelga de hambre y por qué no, la mini huelga del señor presidente Salinas. Pero siempre hay alguien que estropea los espectáculos y ese fue Bobby Sands y otros jóvenes irlandeses que en los 80s se pusieron en huelga de hambre y demostraron que en ese estado nadie sobrevivía más de 60 días, plazo en el que murieron todos, con lo que la figura perdió popularidad.

A mí no me engaña, la de Duarte no es ni ha sido ni será nada más que una dieta; huelguitas a mí. Todos, absolutamente todos los seres humanos que estamos pesando cuando menos un 20% más de lo que nos impone la Organización Mundial de la Salud vivimos agobiados por el bullying social, de modo que lo único que pensamos es cómo bajar de peso y el veracruzano vio la oportunidad de hacerlo y cómo al parecer va a quedar muy contentito (los centavos quitan hasta lo menso, ya no digamos lo gordo). Aunque como hermano de destino le digo que tenga cuidado, porque cuando pierdes peso el adelgazante cree que está quedando como Brad Pitt, cuando la realidad es que al enflacar empiezas a quedar como toro cebú, te salen arrugas en las arrugas y celulitis en la celulitis.

De tal manera, el esfuerzo del presunto debe de ser estimado en lo que vale, a la cárcel cualquiera va, y más si tienes lana, como parece ser el caso, eso no tiene chiste, cualquiera lo hace; lo difícil es estando encerrado y con plata decidir ponerse a dieta, porque aunque parezca imposible a nadie le importa y salvo casos extraordinarios, nadie lo va a notar.

Es tan profunda la descomposición del sistema político de democracia liberal representativa, tan extendido el hartazgo de la sociedad frente a sus actores (gobiernos, clase política, partidos) y sus procedimientos (campañas, elecciones, administraciones públicas) que cualquier ligera modificación a este cuestionado sistema, parece una mejoría, parece un gran avance.

Así están vendiendo los políticos de Movimiento Ciudadano el ejercicio de ratificación de mandato al que se someterán los presidentes de 25 municipios gobernados por este partido en Jalisco. Según los promotores de este ejercicio, la ratificación de mandato amplía los derechos de participación de los ciudadanos.

En tanto, los detractores de este ejercicio (principalmente políticos del PRI) lo cuestionan porque no es una figura constitucional, y por considerar que simple y llanamente se trata de un ejercicio que sirve de promoción de la figura de los alcaldes de MC, especialmente del presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez. La del PRI es una crítica incongruente, por la falta de autoridad moral de este partido para cuestionar formas ampliadas de la democracia representativa; el PRI es el partido que más a actuado en contra de la democracia en este país.

Más allá de las posibles manipulaciones que puedan desplegarse durante el ejercicio de ratificación de mandato (acuerdos entre partidos y grupos políticos para alterar la votación en un sentido; dejarse perder en un municipio para dar "legitimidad" al ejercicio), creo que la figura es impulsada en 2 sentidos: por un grupo de ciudadanos que de justificadamente y de buena fe buscan ampliar las formas de participación política tan limitadas en el actual sistema político; el otro sentido es el que empujan los líderes políticos de MC que no buscan una democracia más amplia, sino una base electoral más ancha, y una proyección personal de aspirantes a otros puestos de poder. Y tal como está el escenario, se impondrá la 2a. tendencia. Una manipulación de la participación de miles de personas para empujar una opción que aparecerá en la boleta electoral.

Pero al final, ambas tendencias consiguen un resultado semejante en cuanto al uso de esta figura: dotar de cierta legitimidad al actual sistema político de democracia liberal. Se trata de vender este ejercicio como un gran cambio político, cuando no es sino una aspirina en un cuerpo moribundo.

Nuestra clase política y gubernamental jugará al límite de la simulación. Los que se van del poder para blindarse, los que nunca han sido molestados para seguirse perpetuando impunes, y los que quieren llegar, para disfrutar de la fiscalización a modo que sus antecesores gozaron e "injustamente" les quieren arrebatar. Lo alentador es que esta vez hay muchas más voluntades y conciencias enteradas de ello. [...] Por fortuna, esta vez hubo una sociedad civil atenta y activa que se encargó también de convencer a perfiles con credibilidad, habilidades y reputación incuestionable que dejarán muy claro si los diputados buscan simular una vez más y darle la espalda al ciudadano por cumplir con los intereses de sus jefes políticos y fácticos. Por eso hoy viernes en la 1a. pasarela de los candidatos que propuso la academia, y el lunes que expongan los que postularon las organizaciones de la sociedad civil, los primeros que deben quedar fuera son los que formen parte de alguna estructura de gobierno o manejen dinero del erario. Incluso que sean profesionistas que litiguen a favor de intereses de los poderes fácticos que negocian con el poder político y gubernamental posiciones y negocios. Desde hoy, para tener un verdadero Sistema Estatal Anticorrupción, lo innegociable es la independencia y la reputación. Esa debe ser la bandera de todos que debemos defender hasta las últimas consecuencias.

Ricardo Monreal declaró que tomaría un receso pero no dejaría Morena, él que ha estado, me recordó el martes, en el PRI, PRD, PT, MC y ahora en el partido de AMLO. Y que hace 20 años renunció al PRI por la imposición de un candidato en Zacatecas. Luchar contra la nomenklatura no va a ser fácil, remató.

Lo que debemos pedir a nuestros futuros gobernantes es que eliminen todos aquellos costos que no nos proporcionan ningún beneficio, como el subsidio a los partidos políticos y los costosos tribunales que dirimen sus controversias; eliminar al Senado pasando sus funciones que en muchos casos se duplican a la Cámara de Diputados y eliminar a los 100 diputados que ofreció y no ha cumplido el presidente Peña Nieto.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) junto con Morena, el PRD y el PT fueron los peor evaluados en la información que por ley deben subir a sus sitios web y al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot).

En una evaluación elaborada por el Inai, el STPRM obtuvo 0 de 100 puntos posibles, debido a que se ha negado a subir su información e incluso ha buscado acciones legales para no cumplir con los resolutivos del instituto.

El comisionado presidente del Inai, Francisco Acuña, señaló que Morena obtuvo una evaluación de 8.9 de 100 puntos; seguido del PRD, que registró 30.4, y el PT, 52 de 100 puntos.

Los estados, municipios y sus entes públicos no reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 14,481 millones de pesos en el Registro Público Único (RPU) por concepto de saldo de la deuda de gobiernos locales en el 1er. trimestre de 2017.

Esto quiere decir que, si bien los estados reportaron a Hacienda un saldo total de la deuda por 570,299 millones de pesos en el 1er. trimestre del año, no se trata de todo el pasivo existente.

Kristobal Meléndez, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que los estados están obligados a informar los movimientos en la deuda en el RPU, sin embargo, había un tipo de deuda que todavía no estaba en tránsito, ni registrada y sobre la que las entidades federativas no tienen obligación de declarar, que es lo que presentó Hacienda.

Los estados que no reportaron toda su deuda a la SHCP fueron Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Hacienda aclaró que la deuda no reportada por los estados, municipios y sus entes públicos corresponde a préstamos contratados con anterioridad a la entrada en vigor del RPU (1 de noviembre de 2016) y por lo tanto no existe obligación de reporte, sin embargo, la dependencia realizó el ejercicio comparativo para transparentar los procesos.

El cruce de datos entre SHCP y CNBV sirve para reducir los montos que no están registrados y dar mayor certidumbre a los bancos en saber cuánto realmente es la deuda de los estados, destacó Meléndez.

Las campañas políticas, el dinero para ganar los puestos, está en el origen de muchos de los casos de corrupción que vemos a diario. Concesiones inexplicables que no obedecen al interés público; violaciones arteras o cambios injustificados en los usos de suelo; cuotas en los gabinetes que no tiene nada que ver con la experiencia requerida en un cargo; contratación de empresas que aparecen de la noche a la mañana, y desaparecen con igual velocidad; enriquecimiento inexplicable de funcionarios. El dinero a raudales, necesario para ganar una elección -en el Estado de México se barajan cifras que superan los 900 millones de pesos- es la génesis de un sistema con bajísima rendición de cuentas y sin controles contra la corrupción.

En cualquier democracia medianamente funcional, la oposición ya habría instalado una comisión que investigue a fondo cómo se pagó la campaña de Peña Nieto en 2012. Sin embargo, en un país con instituciones disfuncionales, ni la oposición cumple su chamba de vigilar al gobierno, lo que el buen periodismo sí hace. Más que grandes sistemas anticorrupción, lo que necesita México es una fiscalía independiente capaz de investigar estos casos. El INE está rebasado y no puede ni hacer sonar el silbato. Como "amigos de Fox" o Pemexgate, el caso Odebrecht, si hay presión social y de los medios, podría ser un hito en el debate sobre elecciones y dinero en nuestro país.

Si la lucha por el poder político en México tuviera como motivación el servicio público, la definición democrática y la puesta en marcha de un proyecto de nación emanado de nuestra historia, de nuestra realidad y de nuestras aspiraciones, consensuado y progresivo, seguramente no seríamos espectadores del teatro de las falsedades, de las vanidades y del ridículo como sucede justo hoy y ayer y seguramente, mañana.

Los 3 grandes partidos que han llegado al poder y que han sido y son gobierno, son una muestra fehaciente de que lo que menos les importa, pese a los mandatos constitucionales, es operar como entidades de interés público y actuar en consecuencia. Los otros, hasta ahora, los que prácticamente no han sido gobierno (y me refiero al poder ejecutivo), sobreviven gracias a que se han colgado de los grandes para financiarse de recursos públicos y, obviamente, para los grandes son útiles; acuerdos no escritos de mutua conveniencia muy, pero muy alejada de lo que debería ser y de lo que en México se requiere.

Otro sería el escenario si los partidos y sus militantes funcionaran bajo la lógica del servicio, la de sacar al país adelante, la de superar rezagos, la de trabajar para recuperar el tiempo perdido en materia de salud, educación, vivienda, infraestructura, empleo; y también si los propósitos incluyeran el impulso de un proyecto de nación que tenga cabida para las mayorías. No es así, y lo sabemos.

Ahora somos testigos de un espectáculo que nos han impuesto gracias a la manipulación legal que ejercen derivada del monopolio del poder y todos los partidos, ninguno se salva, están enfrascados en las elecciones del año entrante con todos los cálculos, omisiones y decisiones que esto implica, todas por lo general en detrimento de la sociedad que los mantiene.

En las últimas semanas he escuchado cuestiones aparentemente tan simples como que se apresuren trámites este año porque en 2018 "todo mundo" estaré en campaña, tratando de acomodarse de un lado o de otro; de no perder el hueso o la plaza; pensando (y rogando) en elegir bien para no equivocarse, para no "moverse" porque si no, no salen en la foto; o para moverse si es lo que demanda la clase política de hoy, dependiendo de para dónde y con quién.

Estamos ya en la dinámica de cada 6 años, se avecinan las elecciones "grandes", las que incluyen la presidencial y en este circo también participan los proveedores electorales de cuanto material promocional. El negocio es redondo y las ganancias pingües para quienes "se ponen vivos" o para quienes tienen conocidos dentro del sistema político mexicano.

Creí muy tímidamente, de hecho fue un pensamiento en verdad precario, que quizá en esta ocasión podía ser diferente, pero no. Incluso me sorprenden muchos colegas que ya están inmersos de plano en las adivinanzas políticas, en los cálculos, en el análisis electoral y electorero, que siguen líneas o no, pero que no hablan de otra cosa.

Ya sabemos que sus idearios y estatutos [de todos los partidos políticos] son perfectos, la cuestión es que a la hora de la práctica nada es cierto y de todos modos nos llevan al baile, de todos modos la corrupción campea, la descomposición de la clase política, la incongruencia entre decir y hacer; las promesas incumplidas y todo.

Si como sociedad civil no es posible, porque la frenan, emprender cambios reales y de fondo en nuestro sistema de gobierno ¿para qué el teatro? Eso ya nadie lo cree, quizá ellos, que hasta parecen de verdad.

Hace algunas semanas que el empresariado mexicano, en voz de la COPARMEX, hablaba de proponer a las autoridades hacendarias una reforma fiscal, señalaba con tono hasta de enojo que en nuestro país es ya inaudito seguir con una carga fiscal muy elevada, que exprime y fiscaliza particularmente a la clase media, mientras que el sector gobernante sigue destapando semana tras semana casos groseros de corrupción sin que haya verdaderamente acciones en su contra.

Recordar que los ex gobernadores que están presos es porque han sido señalados por sus sucesores, en todos los casos de partidos de oposición. Aquellos estados donde hay acusaciones fuertes, como Coahuila, donde ganó el mismo partido reina la total impunidad.

Esa 1a. propuesta de la COPARMEX tenía una lógica brutal. pues es muy disparejo que exista un cobro rígido de impuestos, y una carga tan alta a los causantes cautivos (sólo 4 de cada 10 mexicanos), mientras el equivalente al 10% del PIB se va en corrupción y la mayoría de nuestros paisanos vive en la informalidad.

Que yo recuerde, era la 1a. ocasión en décadas que el sector empresarial dejaba de ser tolerante y mesurado con los políticos para adoptar una postura mucho más crítica.

Ya después, cuando la propuesta se volvió formal y se le presentó a la Secretaria de Hacienda, se había mesurado el mensaje y bajado el tono, se omitió el argumento de la corrupción, y quedó en 10 puntos en los que sí se incluye una disminución de impuestos, pero más enfocada a permitir que el sector privado tenga más recursos para invertir y para desahogar un poco a la clase media.

Y es que esa postura del empresariado es muestra de que por fin las cosas están cambiando.

Hay un gran fastidio y falta de tolerancia hacia la clase política, aunque ésta no lo está entendiendo.

El factor del descontento es ya un jugador importante en la vida nacional, y jugará un papel cada vez más importante conforme pase el tiempo.

Estamos convencidos que cuando se habla de los bajísimos índices de popularidad del presidente Peña en realidad esos índices son una media que evalúa a toda la clase política mexicana. Sólo ellos están contentos consigo mismos, pero seguramente por el extraordinario negocio que es estar metido en la política.

Y tan no han medido el fastidio y el descontento que siguen ocupados en ver cómo elegir a sus candidatos, y lo hacen tal como lo venían haciendo desde hace décadas. Discuten ellos, grillan ellos, y se aplauden ellos, sin echar si quiera un ojo hacia afuera.

En los próximos meses asistiremos a un escenario inédito donde los candidatos nacen enanos, por el fastidio, y se irán haciendo cada vez más pequeños conforme avance el tiempo.

Pocas cosas en México unifican tanto a la opinión pública como el desprestigio de los partidos políticos...

Los gobiernos son objeto, con muchísima frecuencia, de críticas; sin embargo, cuando los servicios públicos resultan aceptables para los vecinos, e incluso cuando los gobernantes toman medidas para ser eficaces y expeditos en el cobro de los impuestos -por desagradable que para el ciudadano común resulte tener que pasar por esa aduana-, esa eficiencia y esa celeridad se reconocen como un acierto... y aun se agradecen. Los políticos en general tampoco gozan de demasiadas simpatías: se les ve como logreros; como aprendices de todo y oficiales de nada; como variante privilegiada de los consabidos "milusos"; el ciudadano de a pie, empero, no deja de reconocer que, aunque deban buscarse con lupa, llega a haber honrosas excepciones a la regla de que los políticos sean, como dijo alguna vez Don Efraín González Luna, "oportunistas que buscan, en el desempeño de los cargos públicos, los beneficios económicos que serían capaces de obtener mediante el trabajo honrado".

A los partidos políticos, en cambio, difícilmente se les encuentra por dónde el diablo los deseche. El ciudadano común los ve como rémoras de la economía y de la política. La única utilidad que les reconoce es la de fungir como agencias de colocaciones por las que tienen que pasar los aspirantes a hacer de lo que pomposamente se denomina "servicio público", su modus vivendi.

Se explica, en tal virtud, la contrariedad, el enfado y aun la grima que provoca la noticia relacionada con las "prerrogativas" (por definición, privilegios; concesiones graciosas) otorgadas a los partidos políticos con vistas a las erogaciones que supuestamente deberán hacer en 2018 que será "año electoral".

Millonarias -faltaba más...-, las dichosas "prerrogativas" son adicionales a las asignaciones presupuestales que de ordinario reciben los "institutos políticos"; su destino, por lo consiguiente, será hacer frente a los "gastos de campaña", que el ciudadano común identifica con la abrumadora, asfixiante, y contaminante -y no pocas veces definitivamente repelente- parafernalia propagandística: calcomanías, carteles, volantes, espectaculares, desplegados y spots en los medios de comunicación.

Si se tratara de su dinero, estarían en su derecho de gastarlo como les plazca. Pero como se trata de dinero del pueblo, es muy probable que el joven diputado independiente Pedro Kumamoto -una de las honrosas excepciones de que se hablaba párrafos arriba- represente el sentir generalizado cuando sintetiza esta historia en cinco palabras: "Mucho dinero... y poca vergüenza".

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece las sanciones que se aplicarán por actos u omisiones graves en que incurran los servidores públicos y los particulares que se coludan para cometer ilícitos.

Las sanciones por faltas administrativas graves son: suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica; inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones. Se observa que no se mencionan sanciones penales lo cual no es equitativo pues a los contribuyentes sí se les aplican.

Se consideran faltas administrativas graves: cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de la información; abuso de funciones, actuación bajo conflicto de intereses; contratación indebida de servidor público; enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses; tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, obstrucción de justicia.

En tanto que los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves son: soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos; tráfico de influencias, utilización de información privilegiada; colusión, uso indebido de recursos públicos, contratación indebida de ex servidores públicos.

También se consideran faltas de particulares en situación especial, que son aquellos realizados por candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipo de campaña electoral o de transición entre administración del sector público y líderes de sindicato del sector público.

Lo más importante en la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción, es la investigación que no debe iniciarse solo por denuncia, sino que debe hacerse de oficio, derivada de las auditorías practicadas por las autoridades competentes o, en su caso, auditores externos; debe darse seguimiento a la investigación, hasta llegar a la imposición del castigo y aplicación de las penas en que se incurrió.

[Los partidos políticos] sin calidad moral para tirar la primera piedra, porque tan solo en las últimas elecciones del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, omitieron reportar al INE el 25% del dinero utilizado en la campaña. Esto ha sido llamado el gasto no reportado más alto de la historia.

Pocos vieron el escándalo paralelo que mandó a México el Tesoro de Estados Unidos. ¿Cuál es el escándalo?

Casi nada. Resulta que en el mismo "paquete podrido" lanzado a México y a los mexicanos, también venía el diputado Carlos Lomelí Bolaños, a quien buena parte de las izquierdas mexicanas vincula con el crimen organizado y el narcotráfico y quien habría financiado a Morena de AMLO.

Otro presunto narco -el diputado Lomelí Bolaños- se sumó a la lista de “recaudadores” de AMLO y de Morena.

Resulta que una sociedad de contentillo, ciega, sorda y miope solapa que el más aventajado presidenciable sea descubierto por el gobierno de EU como financiado por un presunto criminal.

La revelación del Tesoro no importó a las redes y menos a los legionarios idiotas que prefieren despedazar a Rafa Márquez, que exigir una explicación por la larga lista de recaudadores del narco de Morena.

Doble moral que purifica hasta a los peores narcopolíticos y al narcopartido que pretende gobernar México.

Y no, que nadie se equivoque. Los presuntos vínculos de Morena y de AMLO con el crimen -y con el narco en particular- no son un hecho aislado, un caso único y tampoco se trata de una repentina revelación.

Hemos documentado, reiteradamente, por lo menos una decena de casos de políticos vinculados con el narco y que recaudan para Morena. ¿Lo dudan?

Los más recientes son el diputado de Morena Carlos Lomelí Bolaños exhibido por el Tesoro de EU y por las izquierdas mexicanas como recaudador de Morena; Rigoberto Salgado, jefe del narcogobierno de Tláhuac, socio de El Ojos y también recaudador de Morena.

Otros son José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala y activista de Guerreros Unidos, grupo responsable del crimen de los 43. Félix Salgado, vinculado con Los Zetas; Fidel Demédicis y Enrique Alonso Plascencia, vinculados a Los Rojos. Julio César Godoy, lugarteniente de La Tuta. Ricardo Gallardo, ex alcalde de Soledad de Graciano, SLP. Juan Ignacio García, alcalde de Cancún y quien llevó al narco a ese municipio. Greg Sánchez, preso por mantener vínculos con Los Zetas... y muchos otros.

¿Quién explicará el financiamiento del narcopartido Morena? ¿Quién sancionará la narcopolítica?

Los mismos han estado décadas ahí. ¿Ahí dónde? Pues ahí, en donde mismo: ganen o pierdan, claro está, los mismos siempre acaban a la sombra del favor del poder, no por nada desde los 80 son los mismos.

Eso sí, a lo largo de unos 7 sexenios algunos de los mismos han cambiado de colores, cierto, pero siempre sin dejar de ser los mismos.

Porque los mismos componen una generación con medio siglo: de Porfirio a Creel, de Arturo Núñez a Javier Corral, de Cuauhtémoc a Graco, etc. Ellos son los mismos. Ellos y sus adláteres, personajes que sin tener medio siglo en la política llevan años y años en la lógica de los mismos: aprendiendo lo mismo, haciendo lo mismo, derivando en lo mismo. Provocando, por ejemplo, el estancamiento económico estabilizador, la máxima criatura de los mismos.

No hace mucho algunos de ellos se hacían llamar panistas, otros se decían de izquierda. Hoy aquellos y estos desesperan para construir un paraguas -al que llaman frente- que ante la tormenta que suponen que se avecina guarezca a los mismos que cuando sacaron al PRI del palacio no pudieron, no supieron o no quisieron cambiar las cosas. Sí, a esos mismos que hoy son dueños de casi todos los partidos, de las cámaras, de las gubernaturas y, alternancia más o alternancia menos, de Los Pinos; y pretenden que como siempre las elecciones muevan todo pero que los puestos sean para ellos, para los mismos.

Al final de cuentas a los mismos no les molesta mayor cosa que en 2018 la presidencia la retenga el PRI, pues qué es un priista sino el súmmum de la filosofía de los mismos: nadie como un priista para vender la sexenal idea que ora sí todo cambiará, todo-todo, menos la corte de los mismos.

MC dice sí pero no; en el PAN unos quieren y otros la rechazan; al PRD le urge una alianza que le dé vida, pero sobre todo sentido; el PRI ha aprendido que en una elección cerrada 3 puntos de un aliado valen oro. PT, Verde, Panal y toda la red de partidos rémoras que aparecen y desaparecen cada elección no saben vivir de otra manera. Las alianzas son ya parte de la normalidad democrática mexicana (que, dicho sea de paso, tiene muy poco de normal).

"La alianza será con los ciudadanos y no con los partidos", plantea MC. Es una buena retórica, pero en la práctica no significa nada. Una alianza con los ciudadanos significaría que le presten su registro a un candidato ciudadano. Aunque no quieran o les guste jugar a que no lo son, MC es un partido, actúa con lógica de partido y jugará con las reglas de los partidos, no con la de los candidatos ciudadanos. La alianza, con quien la haga, será pensando en el registro, en las posiciones en las cámaras, en los posibles triunfos locales.

A lo largo de toda la semana pasada, la preocupación de los asesores de Andrés Manuel López Obrador era en qué momento la investigación de narcopolítica en la Delegación Tláhuac, encabezada por un connotado miembro de su partido, Morena, Rigoberto Salgado, empezará a salpicarlo.

Tláhuac es la bomba de tiempo para Morena. No se volvió un foco rojo de seguridad en los últimos años, ni tampoco emergió como zona de narcomenudeo de manera reciente. Desde los 70s, Tláhuac y una zona del mexiquense Neza, en la zona conurbada al oriente de la Ciudad de México, era donde se adquirían drogas. Es imposible que Salgado no conociera del tema de tiempo atrás, al haber sido dos veces responsable de la seguridad pública en Tláhuac antes de llegar a delegado. Sus omisiones o comisiones -ya lo determinarán las investigaciones-, le van a provocar la caída política y, eventualmente, hasta la libertad.

Su caso se extiende, cuando menos en el campo de las investigaciones, hasta otras delegaciones morenistas, como Tlalpan, que encabeza la señora Sheinbaum, en cuanto a si dinero criminal fue inyectado a sus campañas. López Obrador ha sido enfático al hablar sobre Tláhuac, para deslindar claramente a Salgado de Morena. No defiende al delegado; busca blindar al partido. Nunca antes había estado tan cerca de ser vinculado él, sus cercanos y su partido, a grupos criminales. Lo más cercano a lo que estuvo expuesto fue en el caso de José Luis Abarca, alcalde de Iguala cuando la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, a quien había apoyado. La prensa ha documentado cómo cuando en la campaña de Abarca le dijeron en Iguala sobre las acusaciones de haber ordenado asesinatos, López Obrador los desoyó. Esa actitud, no querer escuchar para no saber, lo ha marcado en el pasado.

Cuando en la campaña para el gobierno de la Ciudad de México, la entonces presidenta del PRD, Rosario Robles, le dijo que había conseguido que un empresario financiara al partido, López Obrador le respondió que lo arreglara ella pero que él no quería saber nada de eso. Ese empresario era el argentino Carlos Ahumada, que a cambio de ser mecenas de los perredistas e inyectar recursos a sus campañas, incluida la de López Obrador, recibió contratos de obra pública en diversas delegaciones, como Tláhuac.

Nunca se exploró la posible inyección de dinero criminal al PRD de López Obrador en aquellos años por la vía de Ahumada, como tampoco lo que representaba Abarca para los delincuentes en aquella zona.

López Obrador nunca quiso saber de dónde salían los recursos, aunque era beneficiario de ellos. Ese mismo modus operandi es el que vuelve a aparecer en Tláhuac, donde probablemente, de acuerdo con su actitud de no saber lo que no quiere saber, lo tiene en medio de una investigación federal de gran calado. La manera deliberadamente negligente con la que trata los asuntos de financiamiento político, lo hacen responsable.

Pablo Gómez y Leonel Godoy, expresidentes del PRD, y el miembro del CEN perredista Carlos Sotelo, informaron públicamente que se suman a López Obrador.

(V.periódico El Financiero en línea del 8 de agosto de 2017).

En estos días han circulado imágenes de Enrique Michel, ex presidente del Cesjal y precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Jalisco disfrazado de rey haciendo un paseíllo por una alfombra mientras sus invitados le aplauden profusamente.

Todo quedaría en una buena ocurrencia de fiesta temática si no fuera porque efectivamente el señor pretende ser candidato a gobernador y pretende serlo por el partido de Andrés Manuel López Obrador.

¿Comparten López Obrador y Enrique Michel algo más que la ambición de poder; hay una idea común del país que quieren construir?; ¿hay un mínimo de coherencia necesaria con los ideales y principios de Morena (que, dicho sea de paso, escuchando a López Obrador, cada día son menos claros y más intercambiables) o el dinero terminará imponiendo su lógica.

El descrédito de los partidos y sus militantes ha provocado que estos tengan que abrirse a eso que llamamos candidaturas ciudadanas, pero el riesgo está justamente en que terminen candidateando a hombres y mujeres que no sólo no se han preparado para gobernar, sino que están a años luz de tener una mínima visión del país y de la democracia.

El imaginario del rey chiquito que representó Michel en su fiesta no es muy distinto al de otros personajes que han aparecido en la política nacional, desde El Bronco hasta Javier Duarte, pasando por todo tipo de mirreyes empoderados por una camioneta blindada y un séquito de guaruras. Nada hay más dañino para las instituciones democráticas que estas visiones mesiánicas que, dicho sea de paso, cada día rondan más a los partidos políticos.

Sus resoluciones [del INE] que casi siempre terminan beneficiando directa o indirectamente a López Obrador (al que no han tocado ni con el pétalo de una rosa) no han impedido que el candidato de Morena descalifique una y otra vez al Instituto pidiendo, incluso, la destitución de sus consejeros.

Ahora el INE se volverá a meter en otro problema. El 20 de julio pasado, su Consejo General aprobó un acuerdo al que denominó "piso parejo" que lo que hace es colocar el piso electoral aún más disparejo y beneficiar abiertamente a Morena. El acuerdo establece que se define la figura de "aspirante" a un cargo de elección popular con base "en el gasto". Eso quiere decir que si cualquier ciudadano compra espacios para difundir su imagen o su desempeño automáticamente se lo considera un aspirante. Eso incluye, por ejemplo, los informes de labores y los ejercicios de rendición de cuentas que realice cualquier funcionario público incluso con recursos propios. En otras palabras, cualquier aparición que haga un funcionario o un ciudadano en medios puede ser contabilizada como gastos de precampaña aunque ese funcionario o ciudadano no esté hablando en esas apariciones en absoluto de alguna aspiración a futuro en un cargo de elección popular. Un caso: si Carlos Slim decidiera ser candidato ¿contabilizarían como gasto de campaña los spots de Telmex? Según la norma aprobada, sí.

Es una locura y una inequidad. Porque en los últimos años, el INE no ha hecho nada en absoluto para frenar la publicidad, millones de spots nacionales y locales, de López Obrador, en radio y televisión con motivo de cualquier campaña electoral (¿qué mejor ejemplo que la del Estado de México, cuando apareció mucho más Andrés Manuel que Delfina?), pero ahora, fuera de los tiempos legales y constitucionales quiere prohibir la actividad de cualquiera de los otros potenciales aspirantes que no pueden llegar ni a la milésima parte de la exposición que ya tuvo el candidato de Morena.

El INE parece que quiere piso parejo, pero sólo para Andrés Manuel.

Las revocaciones de MC son un ejercicio para ampliar su clientela, y obtener datos (de forma expresa o sutil) sobre su tamaño, hacer proyecciones sobre la efectividad de sus "presupuestos participativos", -no otra cosa que dar dinero a cambio de votos-, y sobre la conveniencia de la ubicación de sus urnas. Ponerlas más cerca de donde los apoyan es esencial. Además llamar la atención para una revocación de mandato para salir en la tele un año y medio antes de las nuevas elecciones gusta.

Finalmente se trata de un procedimiento no constitucional escrito en un reglamento en papel del baño. Es como opinar reglamentariamente a favor del Atlas o las Chivas. Pero, ¿será más prudente callar y dejarlos chiflando en la loma? ¿O criticar la farsa y votar en contra dentro de ella? Votar en contra de la ratificación me parece una mejor opción, por lo menos para avergonzarlos de su líder matón de tradiciones. Tan solo serán 165,000 boletas. Y sean pocos o muchos en contra, dirán será un éxito y lo más importante, no hay manera de hacerlos perder.

Pero no estoy seguro de lo afirmado. Así funcionan las vaciladas.

Los partidarios de Andrés Manuel López Obrador deberían estar muy preocupados.

Asoma cada vez con más claridad el temperamento que hizo perder al entonces candidato del PRD en 2006 una elección que pudo haber ganado con holgura.

Uno de los factores que motivó la erosión de la ventaja de AMLO fue su actitud agresiva e intolerante que asustó a votantes de centro-izquierda, que se habían inclinado por él en los meses anteriores.

Viene a colación este recuento porque la actitud asumida por el presidente de Morena en el caso Tláhuac –como ocurrió previamente en el de Eva Cadena, y que quizás le impidió el triunfo en el Estado de México– puede costarle votos y hacerle perder el 1er. lugar en el que hoy marcha en la mayoría de las encuestas.

La más elemental racionalidad política hubiera recomendado una actitud de fuerte crítica a los responsables de que en Tláhuac proliferara el narcomenudeo y haber exigido una investigación, demandando que se castigara a cualquiera que fuera responsable de contubernio con el crimen organizado independientemente de su filiación partidista.

No le hubiera costado absolutamente nada y lo hubiera posicionado como político responsable.

En lugar de ello, criticó el viernes pasado a los que demandan investigar al delegado: "es un asunto que tiene como propósito manchar a Morena, porque están muy nerviosos por su crecimiento... quieren reeditar lo de la señora Eva (Cadena), están muy nerviosos los de la mafia del poder".

Esas declaraciones de AMLO reciben aplausos de sus partidarios. Pero, para los electores indecisos, que eventualmente votarían por AMLO como opción para cambiar el sistema político, la estrategia no funcionará si al final se fincan responsabilidades a Rigoberto Salgado, pues quedará de manifiesto que AMLO tolera a corruptos o aun mafiosos en su entorno.

Ninguna decisión se toma con base en las necesidades de la población a la que se deben [los políticos]. Si seguimos el rastro o la pista de sus manifiestos, informes, declaraciones y acciones varias, confirmaremos que nada, pero nada, se hace sin interés electorero. Dicho de otras formas: no dan paso sin huarache o se dedican a llevar agua a sus molinos.

Los ciudadanos estamos a expensas de que estas decisiones interesadas representen algún beneficio, pero también se corre el riesgo de que no y pasen a convertirse en claras y absolutas imposiciones dignas de gobiernos autoritarios.

Las tendencias absolutistas de los gobernadores no son nada nuevas. En la camada del así llamado "nuevo PRI", que presentó el presidente Peña Nieto en su momento, vimos varios ejemplos.

Hoy vemos otros en la siguiente generación, aquella que todavía no tiene órdenes de aprehensión en contra pero sí actitudes que los encaminan al reclusorio, aunque ellos lo que buscan es la Presidencia.

Primero está Jaime El Bronco Rodríguez, que al asumir la gubernatura se comprometió a hacer buen uso de recursos públicos -cuando lo entrevisté en 2015 me dijo que Nuevo León estaba "en quiebra"-. Ahora se promociona en vallas en las principales ciudades del país a un costo calculado en 7.5 millones de pesos. Él niega haber pagado.

Olvidada está una de las grandes promesas que hizo el 1er. gobernador independiente de México. La otra, encarcelar a su antecesor, parece ir por el mismo rumbo. A esto hay que añadir el cambio de actitud: hoy actúa como si su autoridad fuera incuestionable. Como virrey y no funcionario electo. Veta a medios que lo investigan y amenaza con auditar a sus dueños.

Luego está Eruviel Ávila, quien tuvo una fastuosa boda el mes pasado en Tlalnepantla. Según una vecina de la hacienda donde se llevó a cabo la boda, a quien entrevisté, el gobierno estatal envió días antes a cuadrillas de trabajadores a pintar las fachadas de las casas aledañas. También repavimentaron calles y topes. En horas se hizo lo que no había pasado en varios años, con el fin de asegurar que la boda fuera digna del gobernador e invitados, entre ellos el Presidente.

Ahí no terminó el asunto: para cerciorarse de que los puestos de comercio formal e informal no mancharan el paisaje, funcionarios del gobierno les pagaron a los vecinos un día entero de ventas a cambio de no abrir.

Los políticos mexicanos no entienden que el poder no es para organizar fiestas o castigar opositores. Esta forma de ver las cosas hace que México parezca más un virreinato que una "vibrante democracia", como le llaman algunos.

No es curioso, sino de risa loca, el silencio por más de una semana del dueño de Morena, de su claque y hasta de su prensa militante, sobre la gravedad de los crímenes en el territorio "morenista" de Tláhuac.

Ayer, AMLO solo atinó a decir que se trata de guerra sucia contra Morena. Nada explicó de sus nexos con el narco y tampoco por qué impuso al motejado como narcodelegado.

Y es que los días que siguieron a la caída de El Ojos, Morena, sus gerentes y sus brazos mediáticos bajaron el perfil del hecho hasta casi el silencio.

Hasta el 4o. día apareció el "control de daños". Salió de su "agujero" el jefe delegacional: Rigoberto Salgado abarató las entrevistas en medios. Ridículo, dijo que es ciego, sordo y de "entendederas" cortas.

¿Por qué? Porque nunca vio nada de lo que pasaba en Tláhuac, nunca escuchó nada y tampoco entendió nada. Es decir, Tláhuac es "gobernada" por un incapacitado de sus facultades básicas.

Todo a pesar de que en Tláhuac se repite -como una calca- la tragedia de Iguala, donde el alcalde impuesto por AMLO y donde un gobierno estatal solapado por el dueño de Morena fueron responsables del crimen de los 43 de Ayotzinapa.

En Tláhuac, como saben, AMLO impuso como jefe delegacional a Rigoberto Salgado quien, junto con sus hermanos -según todas las evidencias periodísticas-, es jefe del brazo político del narcomenudeo que, a su vez, jefaturaba Felipe de Jesús Pérez, motejado como El Ojos, abatido por policías y marinos.

A la vez -según investigaciones periodísticas-, El Ojos sería presunto autor material de la desaparición de 68 jóvenes mototaxistas a quienes nadie más ha visto desde que se negaron a colaborar él.

Lo curioso -a pesar de la similitud de los casos- es que en Tláhuac no se escucha la "cantaleta" de que "fue el Estado", a pesar de que el jefe delegacional de Tláhuac es parte de la instituciones del Estado, institución que, al mismo tiempo, autoriza y regula los llamados mototaxis y al comercio ambulante, que son la base social del grupo criminal de El Ojos.

Por eso las preguntas. ¿Dónde están las voces de aquellos "morenistas" que han convertido el crimen de los 43 en causa político-electoral? ¿Por qué los que reclaman la solución al crimen de los 43 no exigen con igual vehemencia se investigue la presunta desaparición de 68 mototaxistas de Tláhuac?

Más allá de un largo silencio de Obrador, lo cierto es que el caso Tláhuac -en general- y la supuesta desaparición de 68 jóvenes -en particular- merecen una profunda investigación de autoridades de la CdMx, de la Asamblea Legislativa, del Congreso de la Unión y, sobre todo, del gobierno federal.

A su vez, el dueño de Morena y sus gerentes deben explicar las razones para solapar a un presunto criminal y un crimen de Estado cometido en Tláhuac.

Si hacemos memoria, fue unánime el reclamo -por parte de los mismos que hoy guardan silencio- para exigir la renuncia de Gerardo Ruiz Esparza, titular de Comunicaciones y Transportes, por el socavón.

Hoy, ante un crimen como el de Tláhuac, el dueño de Morena tiene una responsabilidad política igual de grave que la de Ruiz Esparza. ¿Por qué?

Porque Morena también es parte de las instituciones del Estado -vive del dinero público- y también debe rendir cuentas de sus actos. ¿Por qué Morena impuso en Tláhuac a un incapacitado mental -ciego, sordo e idiota- que, igual que su partido, debe ser sancionado por sus omisiones?

La crítica periodística y la exigencia ciudadana no pueden ser selectivas. Si se exige a unos, se debe exigir a los otros, porque en los 2 casos están involucradas responsabilidades e instituciones del Estado.

Por lo pronto, la "rueda de molino" de Morena ya se encamina a tratar de culpar a Miguel Mancera por el caso Tláhuac, igual que esa misma "rueda de molino" culpó a Peña Nieto del crimen de los 43 de Iguala.

El maniqueísmo engañabobos.

Quizás a muchos de Morena no les guste, pero en el fondo, ellos y los del PRD son priistas en su origen, generación 1988.

El libro de Andrés Manuel López Obrador se llama 2018: La salida. Decadencia y renacimiento de México.

Desde 1983, asegura López Obrador, México está gobernado por una banda de malhechores : una "mafia en el poder". Los instrumentos de esa mafia son "privatizar, sinónimo de robar"; el "contratismo voraz"; "la delincuencia de cuello blanco"; y haberle torcido "el pescuezo a la gallina de los huevos de oro": la renta petrolera monopólica de Pemex.

Lo que uno espera a continuación es la promesa de limpia. Pero lo que sucede a continuación es que López Obrador otorga el perdón a los malhechores.

Escribe: "Les decimos a los integrantes del grupo en el poder que a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que tras su posible derrota en 2018 no habrá represalias, persecución o destierro para nadie" (página 102).

Si prometiera esto otro candidato, López Obrador diría que tanta magnanimidad no puede ser sino complicidad. Y tendría razón.

Pasado el trago del perdón, López Obrador se desborda en su propuesta. Cree, con el general Francisco J. Múgica, amigo del presidente Lázaro Cárdenas, paradigma histórico de López Obrador, junto con Fidel Castro y Salvador Allende, que para lograr la prosperidad de México hacen falta sólo "la simple moralidad" y "algunas pequeñas reformas".

López Obrador no ha ido muy lejos para encontrar al personaje que encarna la reserva de "simple moralidad" que Múgica soñaba. Le ha bastado verse en el espejo: la reserva de "simple moralidad" que le falta a México es él mismo. Él es el instrumento capaz de poner fin a la corrupción que agobia a la república. Bastará hacerlo presidente, y la limpia vendrá desde arriba.

La suspensión de la corrupción, según López Obrador, permitirá al Gobierno un ahorro de 500,000 millones de pesos cada año, con los cuales el Estado podrá recobrar la iniciativa destruida por el neoliberalismo, hacer las inversiones necesarias para que haya crecimiento económico y equidad social, y atraer la inversión privada en proporciones de 1 a 16: por cada peso invertido por el Estado, los privados pondrán 16, como fue el caso, según López Obrador, durante sus años de gobierno de la Ciudad de México (2000-2005).

Mediante estas sencillas fórmulas, México crecerá al 4% en los primeros 4 años del Gobierno de López Obrador, y al 6% en los 2 últimos. Para entonces "los trabajadores habrán recuperado cuando menos el 20% de su poder adquisitivo. Ningún mexicano padecerá hambre y nadie vivirá en la pobreza extrema. Los adultos mayores gozarán de pensiones justas y vivirán sin preocupaciones materiales y serán felices".

Dejamos aquí los linderos de la política y entramos en los del delirio o la fe. La agenda se vuelve evangelio, el proyecto político, camino a la felicidad.

No he visto nunca en López Obrador sino a un político profesional. Soy incapaz de penetrar o de creer en su dimensión ética o moral. Lo que veo en su evangelio es sobre todo el propósito político. Creo que lee bien la revuelta moral (contra la corrupción, contra la impunidad, contra la ineficacia del gobierno) que recorre México. Para subirse a esa creciente marea ha decidido ir un paso más allá del discurso de la indignación, hasta el discurso religioso.

Creo que actúa en esto con pragmatismo absoluto, subiendo las apuestas: si tenemos que hacer promesas incumplibles, que sean gigantescas; si tenemos que dar soluciones difíciles, que sean absolutas; si tenemos que estimular la fe, prometamos el cielo en la tierra.

El llamado a creer puede ser la pieza más potente de la propuesta de López Obrador, porque está leyendo algo sencillo y profundo de las emociones que dominan el desencanto mexicano.

Ese algo podría resumirse de la siguiente manera: ahí donde todos dicen ya no creer en nada, debe haber unas ganas enormes de creer en algo que rompa con todo.

Basta con que un tercio de los votantes se disponga a creer que la promesa de López Obrador se hará realidad. Entonces López Obrador ganará la Presidencia y los mexicanos pagaremos por partida doble: por no haber creído en nada y por haber creído de más.

La república amorosa de López Obrador quiere volver al México anterior a 1983. Busca la restauración del viejo Estado grande y el viejo presidencialismo populista. Es la versión mexicana del oleaje de utopías regresivas que bañan al mundo.

Los naranjas repiten hasta el cansancio en sus discursos que "México es un país que se cae a pedazos", en gran medida por esa clase política que no escucha. Pero no dicen nada cuando les llega el turno.

(V.periódico El Financiero en línea del 24 de julio de 2017).

Los diputados demuestran que es más fácil hablar de austeridad que llevarla a la práctica.

En la justificación del gasto en boletos de avión de plano sólo cumplen con el requisito mínimo de presentar comprobantes y facturas, pero se ahorran la molestia de informar resultados como marca la ley.

A los legisladores les molesta tocar estos temas y para pronto responden que ellos ya no incurren en los excesos de anteriores legislaturas.

Lo cierto es que fueron ellos quienes hicieron la ley y el reglamento de austeridad en donde incluyeron esas "nimiedades" por las que ahora son cuestionados.

***

Desde 2001 tooooda la administración pública en Jalisco estaba obligada a cumplir con el servicio civil de carrera.

Significa que los más de 100,000 burócratas en Jalisco, estatales y municipales, deberían ser seleccionados por sus trayectorias afines a sus cargos, pero ocurre todo lo contrario.

En realidad es suficiente con ser compadre o militante de un partido para ascender a las principales secretarías o direcciones.

Si bien todos los estados están cumpliendo con la emisión de la nómina electrónica, los municipios y organismos descentralizados locales están fallando, según información del Servicio de Administración Tributaria.

Desde 2015, los estados, municipios y organismos descentralizados están obligados a emitir recibos de nómina por vía electrónica como cualquier empresa privada.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco es un símbolo de la descomposición de los organismos autónomos, que fueron columna vertebral de la transición política en México. Un organismo elefantiásico, que triplicó su presupuesto en una década -50 a 154 millones de pesos-, atiborrado de cuotas partidistas y que nunca había estado tan alejado de las víctimas. Con un titular, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, que decide no ver la realidad y prefiere agazaparse en indicadores burocráticos de desempeño. Jalisco es más violento e inseguro que hace una década, pero eso no le quita el sueño al presidente de la CEDHJ. Es un "defensor del puesto, no un defensor del pueblo", como lo calificó Emilio Álvarez Icaza.

La abdicación de la CEDHJ a reivindicar los derechos fundamentales como espacio de dignidad y protección a las víctimas, explica también el deterioro de la imagen pública de los derechos humanos.

La credibilidad es el oxígeno de un órgano protector de los derechos humanos. Una institución que entiende que existe por y para las víctimas. Credibilidad como voz pública, pero también como eficacia. El Instituto Federal Electoral de José Woldenberg fincó su eficacia en el prestigio público, en la credibilidad social de la que gozaba el IFE y que hoy perdió por completo el Instituto Nacional Electoral. La alternancia no se puede explicar sin el órgano autónomo que organizó las elecciones en 1997 y 2000. Paradójicamente, cuando más dientes e instrumentos tiene el INE, más debilitado luce. Más inoperante. Los órganos autónomos deben su existencia a la credibilidad y, si se extravían, el retorno a la senda de la confianza es casi imposible.

No puedes hablar de una instancia puesta al servicio de los ciudadanos cuando los partidos políticos mandan sobre su operación diaria y los salarios son totalmente desproporcionados. La austeridad no es menor. Sin caer en demagogias, pero un órgano al servicio de la protección de los derechos humanos no se puede mover entre restaurantes de lujo, viajes al extranjero y gastos superfluos. Recobrar su peso moral implica conducirse con austeridad y destinar los recursos a la protección de las víctimas.

Lamentablemente, como en otros organismos considerados ciudadanos o ciudadanizados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sujeta a los vaivenes partidistas, de ser una institución de la que podíamos sentirnos orgullosos por el componente de vanguardia y ejemplo en el concierto nacional (como en su momento fueron el ITEI y el propio Consejo Electoral de Jalisco hoy Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco) pasó a convertirse en una entidad secuestrada por cuotas e intereses de partidos políticos.

¿Será posible que quien llegue no responda a intereses de partido ni actúe siguiendo tendencias? ¿Será posible que el o la elegida trabaje de tal manera que el avance en la defensa de los derechos humanos sea una realidad medible y evaluable? ¿Que no nade de muertito mientras se alimenta generosamente de nuestros impuestos? ¿Podría alguien de los decisores ofrecer garantías a los ciudadanos de que la selección estará apegada a derecho, de que efectivamente se buscará y elegirá al mejor o a la mejor de entre todos los aspirantes? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos de a pie para que esto suceda, para que el proceso no se vicie como el anterior y para que no pasemos otros 5 o 10 años como si en Jalisco no existiera la figura defensora de los derechos humanos?

El tiempo es el perfecto para aprender de lo que ha sucedido en el pasado y, sobre todo, es una oportunidad para que la clase política se reivindique por lo menos en esta materia que es fundamental para la armonía y cohesión del tejido social tan violentado y maltrecho; una materia a la que se le dio importancia al principio (porque era tendencia) pero cuando los resultados implicaban el cuestionamiento severo y la exposición pública de los malos funcionarios públicos, motivaron que los mismos políticos que crearon la institución, la atacaran y debilitaran mediante la perversión de la estructura.

Sólo una amonestación pública recibieron la mayoría de los partidos políticos por no retirar la propaganda en los tiempos estipulados, como parte del pasado proceso electoral, así lo determinó el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Los únicos que quedaron exentos son Encuentro Social y Partido Verde Ecologista de México.

En caso de que en el próximo proceso electoral reincidan los mismos partidos en la falta, entonces, aplicaría una sanción económica.

Si México está dividido en 32 entidades federativas, y si sucede, por mera casualidad, que 16 ex gobernadores están sometidos, hoy por hoy, a la mirada inquisitiva de las autoridades judiciales -procesados y encarcelados algunos, en vías de extradición otros y simplemente prófugos algunos más-, una interpretación simplista del dato llevaría a la conclusión de que entre los ciudadanos que recientemente han tenido la honrosa distinción de ser gobernadores en este bendito país, la mitad eran buenos y la mitad malos; o la mitad honrados y la otra mitad corruptos.

Si se hiciera una consulta para que, a partir de los indicios que pudieron captarse durante su ejercicio como "servidores públicos", en el más alto cargo que ciudadano alguno puede desempeñar en la entidad de la que es originario o ha sido habitante habitual -valga el pleonasmo-, probablemente la categorización sería diferente: por una parte, los que fueron tan burdos para realizar sus tropelías, para enriquecerse o para beneficiar a sus familiares, cómplices y allegados, que no dejaron opción a que el amplio manto de la impunidad los cobijara; por la otra, los que supieron ser suficientemente hábiles para ocultar sus arbitrariedades, corruptelas y raterías, o para tejer una ingeniosa red de complicidades que los pusiera, al final de su desempeño, lejos del brazo de la justicia.

No serían, pues, los buenos y los malos. Serían los tontos y los listos.

Es probable que no en todos los casos se sostengan las acusaciones de malversación o desvío de fondos. Es probable que en algunos casos, ellos o sus colaboradores sólo hayan incurrido en faltas administrativas. Es probable que no se les puedan imputar raterías. Es probable que su línea de conducta, como gobernantes, fuera la conseja de sus ancestros: "El dinero ajeno no se toca; y si es del pueblo, menos"; o la variante: "Es de elemental honradez rendir cuentas hasta del último centavo cuando se manera dinero ajeno". Por contrapartida, es probable que muchos ex gobernadores que parecerían estar exentos de culpa porque no dejaron indicios de haber incurrido en trapacerías escandalosas o de haberse enriquecido en el ejercicio de su cargo, no estén tan libres de pecado como parece, ni tengan la conciencia tan limpia como pudiera pensarse.

Javier Duarte de Ochoa se ha ganado a pulso la antipatía de buena parte de la sociedad, no sólo por las evidencias de que llegó al gobierno a robar de modo organizado y mayúsculo (y no de modo discreto y moderado, como hacen la mayoría), sino a hacerlo de modo ostentoso: ranchos de lujo, una "casa de gobierno" con sala de cine incluida, automensajes de impulso al lucro: "Sí merezco abundancia" (Karime Macías). Con su modo de disponer los recursos públicos, su despreciable personalidad y la centralización de la corrupción nacional en su figura, el gobierno de Peña Nieto tendría la oportunidad de redimirse ante una parte de la sociedad si castiga a Duarte como es debido. Pero todo indica que no sólo no lo hará, sino que pareciera que hay un acuerdo para que el odiado político, salga pronto de la cárcel.

Para empezar, de manera inexplicable, los montos desviados imputados a Javier Duarte pasaron de más de 65,000 millones de pesos a apenas 438 mdp, de los cuales vergonzosamente los fiscales que de la PGR apenas pudieron aportar "pruebas" por 38.5 mdp en la primera audiencia ante el juez, la noche del lunes 17 de julio. ¿Dónde quedan las 57 denuncias que la Auditoría Superior de la Federación ya presentó ante la PGR por posibles daños al erario por 45,000 mdp de los años 2011 y 2014 y en proceso de aclaración otros 15,000 mdp de los 2 años anteriores? El órgano fiscalizador de Veracruz, por su parte, le imputa desvíos por 20,578 mdp.

En lugar de presentar un caso sólido para probar los desvíos y lograr del juez una condena ejemplar para Duarte, la actuación de los enviados de la PGR en la 1a. audiencia fue un fiasco, a grado tal que el juez regañó a los fiscales y el abogado defensor de Duarte, Marco del Toro (defensor también de Elba Esther Gordillo) se dio el gusto de reírse en la cara de los fiscales y decir ufano que el caso en contra de su defendido "se está desmoronando".

Con el estado en el que se encuentra la ciudad se nota que ya tienen la cabeza en otras pretensiones. No importan la inseguridad ni las fallas en cuestiones de servicios, hay algo que los tiene distraídos: es la temporada de "pre pre campaña".

Por 1a. vez los presidentes municipales tendrán la opción de ser reelegidos supuestamente para evitar que dejen las cosas a medias en el afán de saltar a otro puesto público. En teoría esto fortalecería la democracia al obligar al alcalde interesado a rendir cuentas a la ciudadanía. En teoría. Como casi todo en el gobierno.

No sabemos si las leyes son lo bastante adecuadas para un proceso así, ni tampoco si esto promueve más bien los mismos vicios de los políticos de siempre. Lo que sí sabemos es que mientras algunos ya están pensando en apartar su lugar, han descuidado el trabajo por el que les pagamos todos nosotros.

El robo de autos va al alza. Los casos de homicidio ni se diga. A pesar de que los ciudadanos nos sentimos más vulnerables que nunca, hay más interés en hacer discursos y dar felicitaciones que en dejar que las acciones sean las que hablen. Es el caso de los alcaldes de Movimiento Ciudadano. Han comenzado a hacer ruido respecto a sus aspiraciones sin pensar que la mejor manera de ganar de nuevo es hacer su trabajo bien. No hablar bonito. No culpar a otros.

No ejercer recursos humanos y económicos que deberían tener otro destino. Tendrían que estar concentrados en atender a ese ciudadano que vive con el temor de ser una víctima más.

Cuando no les ha quedado de otra, las autoridades de distintos órdenes de gobierno reconocen que la inseguridad es el gran tema al que no terminan de dar solución.

Ante la falta de respuestas válidas echan el polvo debajo de la alfombra y miran hacia otro lado, como intentando que nadie se dé cuenta que no saben limpiar. Sólo ellos se engañan.

Lo corrupto no se quita con leyes, esto creo que todo lo tenemos suficientemente claro. Lo importante es que tengamos un sistema que inhiba la corrupción, pero sobre todo que, en dado caso de perseguir un delito, tenga con un poco más de posibilidades de éxito. De eso se tratan las reformas, de darnos un conjunto de herramientas que cierren el camino al cochupo y que, cuando se tenga que perseguir un acto de corrupción tengamos más fuerza nosotros que ellos.

2 de los engranes principales de este sistema son el Fiscal Anticorrupción y el Auditor Superior. El 1o. depende del ejecutivo, el 2o. del legislativo. Ambos poderes defendieron como gatos boca arriba la posibilidad de meter mano en esos nombramientos o si se prefiere de no perder el control en esas esferas.

La propuesta de que el Fiscal Anticorrupción sea nombrado a partir de una criba previa hecha por el Consejo Ciudadano evitaría que el gobernador en turno ponga un fiscal a modo, algo que está en la naturaleza de todo político. Como quedó la reforma constitucional el gobernador está obligado a atender al Consejo Ciudadano pero no limitado a que solo pueda proponer a un candidato avalado por el consejo. Esto, que parece una tontería, no lo es, pues por más que en las leyes secundarias, como dicen que lo harán, especifiquen mecanismos de participación ciudadana, estas recomendaciones no son vinculantes, es decir, el gobernador no está obligado a acatarlas.

En el caso del auditor sucede lo mismo. Los diputados no quisieron soltar el control del auditor. La función de la auditoría sigue siendo una atribución exclusiva del Congreso [de Jalisco], eso nadie lo discute ni lo pelea, lo que queremos es un auditor que dependa del poder legislativo, pero sea independiente de los diputados en turno y de los poderes fácticos. Como quedó la reforma la auditoría seguirá siendo un brazo largo de los poderosos, no un aliando de los ciudadanos que garantice el buen uso de nuestros impuestos.

Un análisis mínimo de algunos temas de la anticorrupción, sin necesidad de ser experto, con solo preguntas de sentido común se puede ver que la intención, a pesar de los juramentos de pureza no parece ser el objetivo final. Lo invito a hacer conmigo algunas consideraciones.

Quieren elegirlo de entre la llamada "sociedad civil" lo que en sí mismo no garantiza nada, para mi esta sociedad es formada mayoritariamente por sujetos ansiosos de buena o mala fe por entrar a gozar de la generosísima ubre pública o usted cree que los aspirantes ¿podrían acreditar ganar fuera del hueso lo mismo que van a ganar?

Aseguran debe tener autonomía y en mi experiencia eso tan solo puede significar que el feliz elegido podrá fijarse a sí mismo su sueldo y prestaciones; al tiempo.

Más divertido está el asunto del Tribunal Administrativo ya que fíjese que suave, lo que critican de sus miembros es que otorgan suspensiones contra actos administrativos y saben qué, que continuarán otorgándolas simplemente cambiarán los que las revisen. Si en lugar de nombrar un tribunal superior hubieran nombrado jueces de 1a. instancia, los actuales ya no podrían otorgar suspensiones y se limitaría su actuar a revisar lo hecho por los jueces.

A la hora de los sueldos la cosa va a ser de risa loca, no nos la vamos a acabar. Según los mal pensados es que nombrar 6 jueces de 1a. instancia no produce tanto como vender 3 nombramientos de megamagistrados.

Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros, revela un estudio realizado en 31 estados, que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el reporte se enlistan los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás.

El estudio revela que hay, además, otros 7,148 servidores públicos del poder judicial que comparten espacio laboral con sus parientes.

Aunque se identifica a cada juzgador y empleado por su número de expediente, el estudio no proporciona sus nombres.

Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución.

Esa disposición legal fue concebida para garantizar la autonomía de los jueces, pero ha sido desvirtuada para el nombramiento discrecional de parientes, como evidencia el estudio elaborado por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada.

"No sólo los magistrados de circuito y jueces de distrito logran generar redes clientelares haciendo mal uso de esta atribución. Los números muestran que muchos secretarios, actuarios, oficiales y administrativos poseen familiares en el mismo circuito y en otros. Claramente influyen en la designación, y lo hacen sin que sea posible incoarles (iniciarles proceso o expediente) ningún tipo de responsabilidad", advierte el estudio, del que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) posee una copia.

El estudio asienta que se ha dado la multiplicación de "redes clientelares" dentro de los órganos jurisdiccionales, o bien con cruzamientos y "enroques" entre los diversos circuitos.

En la práctica, ha ocurrido que los juzgadores intercambian empleos para sus familiares con colegas de otros circuitos, quienes corresponden en forma recíproca.

En el estudio se exponen casos extremos, como el de un magistrado del circuito correspondiente a Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos en puestos administrativos, como actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado.

Otros 2 magistrados de San Luis Potosí y de Baja California tienen 11 parientes cada uno.

Los datos de este estudio fueron recopilados por el consejero Felipe Borrego Estrada en visitas realizadas del 28 de enero de 2016 al 31 de enero de 2017 en 31 circuitos del país, y según se dice la información recabada fue corroborada con información del CJF.

El informe no incluye el 1er. circuito, correspondiente a la Ciudad de México, debido a que los responsables del estudio no pudieron obtener información. Tampoco fue posible conseguir datos en los órganos jurisdiccionales de Nezahualcóyotl y Naucalpan, correspondientes.

De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el poder judicial; de 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%.

Aunque hay estados donde el nepotismo es más grave. Es el caso del circuito 16o., que corresponde a Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%.

En esa entidad, hay un magistrado que tiene a su pareja como secretaria del tribunal, además de emplear a 2 hijos como oficiales administrativos.

El nepotismo también se manifiesta en el resto del personal, no sólo entre los titulares. De 1,214 servidores públicos adscritos a dicho circuito, 438 tienen parientes.

Muchos de esos empleados tienen múltiples familiares. Por ejemplo, un secretario de tribunal tiene 2 cuñados, un concuño, 5 primos y una sobrina en cargos administrativos, mientras que otro secretario particular ha incorporado a una hermana y 6 primas.

En el circuito correspondiente a Aguascalientes, el 81% de los jueces y magistrados tienen parientes trabajando con ellos. De 16 titulares de tribunales y juzgados, 13 cuentan con familiares.

El circuito correspondiente a Jalisco ocupa el 3er. lugar con más juzgadores que tienen parientes en el poder judicial, con 76%.

En Colima no abusan los jueces, sino los empleados.

El circuito 32o., correspondiente a Colima, es el que tiene el menor número de empleados del poder judicial, pero a la vez es el que registra mayor porcentaje de posible nepotismo.

De 199 empleados, al menos 136 tienen parientes -principalmente esposas, hermanos e hijos-, lo que representa el 68.34% del total de plazas.

En contraste, el nepotismo entre juzgadores es el 2o. menor en el país, pues de 10 jueces y magistrados, sólo 2 tienen parientes.

Pese a ser el estado más pequeño, Tlaxcala registra uno de los más altos porcentajes de nepotismo judicial, del 70% en el caso de juzgadores y de 45% entre los funcionarios del 28o. circuito.

El 3er. circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el 1er. lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados.

En ese circuito hay 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos.

Por mencionar algunos ejemplos: uno de los magistrados de circuito tiene trabajando a sus 4 hijos. Uno de ellos es oficial administrativo, 2 más son secretarios de tribunal y de juzgado.

Otro magistrado tiene a 2 hijos trabajando como oficiales administrativos y a otro como actuario judicial.

En la lista del Estado de Jalisco aparece el caso de otros 3 hijos de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal.

Esta práctica de emplear a los hijos de magistrados y jueces se ha replicado en 29 de los 31 circuitos revisados en el estudio.

Nuevo León ocupa el 2o. lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen a 36 hijos trabajando en el poder judicial.

Hay casos extremos, como el de un juzgador del Estado de México, que tiene a 3 hijos y a 4 nueras con cargos tan variados como secretario de tribunal, actuarios judiciales y empleados administrativos.

En el estudio realizado en 31 circuitos se identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o exesposa trabajando en el poder judicial.

De ese listado destacan el circuito 6o. de Puebla, en donde se ha dado trabajo a 11 parejas de jueces y magistrados, el 16o. de Guanajuato con 10 casos y el 18o. de Morelos con 9.

¿Quién dijo que las nuevas parejas y los ex no pueden tener una sana convivencia? Hay magistrados que lo han hecho posible.

Un magistrado del 2o. circuito, del Estado de México, tiene trabajando a su actual cónyuge en el cargo de secretario de tribunal y a su expareja como secretario de juzgado; además, empleó a su cuñado como oficial administrativo.

En el circuito correspondiente a Guanajuato hay un caso parecido: un magistrado tiene a su ex cónyuge como oficial administrativo y a su actual pareja como secretaria del tribunal, además de emplear a 2 hijos.

En el recuento entregado al CJF sobresalen los casos de 136 juzgadores que tienen hermanos que trabajan en los juzgados y tribunales.

Michoacán está en 1er. lugar, con 20 de estos casos, seguido de Jalisco con 17.

En algunos circuitos, los magistrados han empleado a varios hermanos; es el caso del correspondiente al Estado de México, en donde 13 juzgadores tienen a 17 hermanos trabajando como oficiales administrativos y secretarios.

Para completar la familia, también se ha dado empleo a los papás. Esta práctica se dio en 11 circuitos, donde trabajan los padres de 27 magistrados.

Destaca el caso de Puebla, donde se empleó a papás o mamás de 13 juzgadores.

Además de compartir empleo en el poder judicial con su papá, un magistrado de Puebla ocupó a 8 de sus tíos como secretarios, actuarios y empleados administrativos.

Otros 2 magistrados de Querétaro y de Nuevo León tienen a 14 sobrinos en la nómina de los circuitos judiciales correspondientes a esas entidades.

Yo votaría por aquel que me conteste [satisfactoriamente] algunas preguntas como: ¿Va a nombrar como colaboradores a sus íntimos amigos o incondicionales que lo halagan? ¿Va a contratar los servicios de las empresas llamadas head hunters? ¿Va a sustituir a funcionarios que pertenecen a otro partido sin investigar su eficiencia y honorabilidad? ¿Si algunos colaboradores no le responden los va a sostener para demostrar su poder y autoridad? ¿Va a combatir la corrupción en serio, con toda la fuerza del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Tiene un plan para disminuir la delincuencia?

¿Va a adelgazar la burocracia que ha crecido exponencialmente o va a agregar a los miembros de su equipo para premiar su esfuerzo sin quitar a los parásitos, aviadores o inútiles que plagan las nóminas? ¿Va a disminuir el gasto corriente eliminando las partidas para viajes, gastos suntuarios, vehículos de lujo, guardias de seguridad, sueldos exagerados?

Algunos candidatos en campañas anteriores no han demostrado estar a la altura de las circunstancias, su experiencia política no se ha distinguido por logros significativos. En Jalisco el voto de castigo se aplicó al PRI y dio lugar al cambio, desgraciadamente el cambio fue solo de siglas, ahora el PAN también nos ha decepcionado, el voto de castigo cambia de perjudicado.

Guardar el dinero del presupuesto para ejercerlo el año de campaña ya no convence a nadie que el gobierno en el poder está trabajando, la lectura que nos da esa actitud es que tienen más de 5 años sin trabajar.

Se quedaron con el ojo cuadrado varios integrantes de Morena cuando el fin de semana pasado, en el marco de su Consejo Nacional, se empezaron a repartir las candidaturas para el 2018 en el Estado de México. Por sorteo, la 1a. posición en el Senado quedó para una mujer: un traje a la medida de la maestra Delfina Gómez.

Los líderes y figuras de Morena empezaron a buscar acomodo, a definir sus futuros políticos, en una contradicción diseñada por la dirigencia nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador: se supone que este partido está peleando anular la elección mexiquense, se supone que tienen todas las pruebas para echarla abajo, se supone que Delfina va a ser gobernadora y muchos de esos líderes y figuras van a despachar en su gabinete: ¿qué hacen repartiéndose las candidaturas del 2018?

El resultado de Morena en la elección mexiquense ha dejado, desde mi punto de vista, 3 discusiones centrales para este partido, que no detecto que se estén procesando:

La 1a. es una revisión interna de quién falló en operar la estructura, por qué no hubo representantes en todas las casillas. Una revisión nada sencilla porque implica explicaciones de 2 personajes muy poderosos: José Ramón López Beltrán, nada menos que hijo de López Obrador; y Gabriel García, el cerebro financiero de las campañas, el hombre que maneja el dinero.

La 2a. es qué hacer con el PRD. En la cúpula de Morena todos concluyen que Juan Zepeda les quitó la victoria. El candidato perredista -fenómeno inesperado- sumó votos que pudieron ser de Delfina, pero Morena no hizo más que restarse esos sufragios al ofender una y otra vez al PRD. ¿Se van a atrever a poner ese tema sobre la mesa, a pesar de que López Obrador sigue en la lógica de despreciar al PRD?

La 3a. es qué van a hacer con Delfina Gómez, quien demostró ser “un productazo” electoral, como la definían en su cuarto de guerra.

El discurso de que con un gobierno austero o a través de la eliminación de la corrupción va a alcanzar para todo, simple y sencillamente no se soporta.

Esta aritmética la entienden muy bien los asesores de AMLO, que no encuentran cómo explicarle al tabasqueño que sus afortunadas frases de campaña no pueden ser base para una estrategia de gasto público.

Mientras tooodos los diputados prometen que no habrá reparto de cuotas políticas destaca una declaración del coordinador emecista, Ismael del Toro, quien subraya que para el siguiente año, el sistema anticorrupción jalisciense tendría un presupuesto de alrededor de mil millones de pesos (3 veces más de lo que tiene la Auditoría Superior, por ejemplo).

Es una buena intención para fortalecer el tema, pero ojalá y sea para combatir la corrupción y no para alimentar a la gorda burocracia.

(V.periódico El Financiero en línea del 10 de julio de 2017).

Quienes quieran dirigir el país nos deberán decir qué harán y cómo lo van a hacer... Ya no más promesas vacías. La respuesta que la ciudadanía espera es saber cómo van a enfrentar estos problemas, cómo se conducirá al país.

Hace por lo menos 20 años, fines del siglo XX, desde la sociedad civil y el periodismo crítico y de investigación, se empezó a vigilar y a cuestionar a los servidores públicos. Antes de que la alternancia fuera una realidad en México, la oposición de desgañitaba contra los abusos del PRI pero no pasaba nada. Y a través de medios de comunicación los "periodicazos" se fueron incrementando con repercusiones favorables en cuanto a la toma de decisiones o solución de las irregularidades que se exponían; se cortaban cabezas por lo general.

Así, cada vez más leíamos, veíamos y escuchábamos información relacionada con los sueldos y los gastos de la clase política, particularmente cuando los montos empezaron a crecer exponencialmente con el argumento (dizque) de que de esa manera se combatiría la corrupción (ajá).

A partir de los primeros señalamientos con respecto al mal manejo de los recursos públicos, ante las exigencias ciudadanas y la exposición constante en medios de comunicación, se tomaron medidas para contener los abusos como aquella comisión salarial en la que se determinarían los ingresos de los funcionarios públicos y que a la hora de la hora no sirvió de nada.

También se hicieron reglamentos y propuestas para frenar la escalada de gastos, sobre todo en el legislativo, aunque por supuesto los ingresos y gastos de titulares del ejecutivo e integrantes del poder judicial nos han escandalizado e indignado y hasta la fecha.

Pues bien, todo parece indicar que ninguna de las medidas, de los mea culpa, de los reglamentos y propuestas han servido para algo.

Todo es letra muerta no hay honor, ni el más leve asomo de vergüenza, de conciencia social y de amor por la patria chica y la grande.

Es escandaloso lo que gastan, es indignante que tomen dinero de lo que pagamos los contribuyentes para ellos comer muy bien e invitar a sus cuates, contratar seguros de gastos médicos, recibir un aguinaldo de 50 días, más viáticos cuando viajan dentro y fuera del país, gasolina, traslados, los sueldos y prestaciones de 17 empleados por diputado y una bolsa anual para el manejo de comités y comisiones, que para eso sí son muy buenos, para crearlas y obtener los presupuestos correspondientes.

Cuando se trata de recortar estos gastos, de poner orden real y de vigilar cada centavo, los legisladores de todos los partidos se unen, se convierten en uno, defienden, casi literal, a capa y espada sus jugosas prestaciones, sus prebendas y privilegios. Nunca han tenido éxito propuestas golondrinas para reducir sueldos, bonos y todo lo demás que conocemos de sobra y nos enardece por los abusos y por el contraste con la realidad paupérrima de la mayoría de mexicanos.

No, no hay remedio ni esperanzas de que lo haya. La desfachatez y el cinismo de la clase política los alcanza a todos y los abusos seguirán quién sabe hasta cuándo... sin remedio.

Cerco están levantando los partidos políticos contra el Sistema Nacional Anticorrupción que busca exigirles cuentas. Lo quieren tener, pero inútil.

Sin ruido, la sociedad va perdiendo, los políticos van ganando.

Nuestra (?) clase política parece condenada a un mal que podría denominarse como redentoritis aguda. Que venga un superhombre (supermujer, también aplica) a salvarnos.

Al cierre del año pasado, los estados de la república adeudaban 49,442 millones de pesos a proveedores y contratistas, destacando la Ciudad de México como la más endeudada con 22,842 millones de pesos, es decir, 46.2% del total.

Este monto es equivalente a los presuntos desvíos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y equivalente a una cuarta parte de los 225,000 millones de pesos que acumularon en sus cuentas bancarias los estados y municipios.

[¿Por qué acumulan dinero en sus cuentas bancarias estados y municipios? ¿Para robarse los intereses? - pregunta el webmaster.]

De acuerdo con el Sistema de Alertas de las entidades federativas elaborado por Hacienda donde se revelaron de forma consolidada ese tipo de deudas por 1a. vez, 7 estados fueron puestos en observación por el endeudamiento a corto plazo con proveedores y contratistas. Oaxaca fue el único que fue puesto con foco rojo debido a su elevado endeudamiento.

De acuerdo con las cifras publicadas por Hacienda, el total de los pasivos a corto plazo de las entidades fue de 108,831 MDP, de los cuales el 45.4% corresponde a obligaciones con proveedores y contratistas.

Del otro lado, Puebla figura como la única entidad que no tiene deuda con proveedores. Querétaro y Yucatán se colocan en 2o. y 3er. lugar con menos deuda, 9'667,000 y 37'128,000 pesos, respectivamente.

La 2a. vuelta para el próximo proceso electoral ya no es viable. La rechazó el PRI y también Morena. Sin ellos, está cancelada.

Hay quienes piensan -entre ellos el mismo líder de Morena- que la 2a. vuelta sería la estrategia para derrotarlo, pues es el político que más opiniones favorables tiene (33%), pero también el que más opiniones desfavorables acumula (34%).

Lo relevante, por lo tanto, no es sólo quién gane la elección sino quién puede tener la capacidad de convocar a las diversas fuerzas políticas a establecer los acuerdos que le den viabilidad al país.

Si el ganador de la elección presidencial no tiene esa capacidad -lamentablemente creo que AMLO no tiene ninguna vocación negociadora- pudiéramos tener un ejecutivo paralizado que sólo podrá realizar acciones de gobierno si anula al congreso.

¿En verdad queremos regresar a la cultura política de hace 40 años o más?

Los detractores de la 2a. vuelta tienen razón en que la calidad de los partidos sigue siendo igual de mala en la 1a. que en la 2a. vuelta, pero con estos partidos, estos candidatos y esta situación del país hay que arar y la 2a. vuelta se convierte hoy en un mecanismo fundamental de legitimidad y gobernanza que no hay que despreciar.

La incapacidad de tener una comunicación política eficiente que defienda los intereses mexicanos, no es exclusiva del gobierno de Peña Nieto. Se extiende por muchos sexenios, explicado por la deformación gubernamental de pensar que información es igual a propaganda, que siempre los hace perder la iniciativa y estar siempre a la defensiva.

Algo pasa últimamente que a los gobiernos de todos los colores les ha dado por reconocer las dificultades que tenemos como sociedad, aun cuando en teoría son ellos quienes deberían estar resolviéndolas. No es que pretendan atender temas como la inseguridad o la pobreza con más ganas, más bien admiten esas realidades para las que no hay mentira posible. Si fingen demencia o admiten que sus esfuerzos son insuficientes, la verdad es que nos hacen pasar de la rabia al aburrimiento, dependiendo la ocasión.

Hace unos días el comisario de la Policía Municipal de Guadalajara, Salvador Caro, presentó algunos datos sobre el operativo contra el narcomenudeo que realizan en colaboración con gobierno federal y estatal en zonas de la ciudad como Analco, el Santuario y la 5 de Febrero. Las cifras fueron presentadas con el ánimo de aumentar los números para que se vieran casi alegres, aunque no por eso menos confusos. El comisario señaló que desde el inicio de su administración se han decomisado 123,807 gramos de vegetal verde (o sea, 123 kilos de mariguana); 15,987 gramos de drogas sintéticas (es decir 15 kilos); y 13,841 pastillas psicotrópicas. En 2 años han logrado detener a poco más de mil personas con posesión de droga. Es decir, en toda su administración han logrado confiscar menos de lo que a veces se logra con un solo operativo en un municipio.

De nada sirven los informes cuando los resultados se quedan cortos. O que al menos nos contesten por qué si trabajan tanto, seguimos tan mal.

¿Qué sentirá un jefe policiaco, un alcalde, un gobernador, cualquiera de sus colaboradores cuando ve que el presidente Enrique Peña Nieto minimiza las denuncias de ataques a la libertad de expresión y lo del espionaje hasta lo arroja al cajón de las ridiculeces y nimiedades? Quizá deduzca que la impunidad permea y que se vale eso y más sin que haya consecuencias.

¿Qué pensará un militante enardecido por el discurso radical, un dirigente partidista, un operador político que controla grupos de choque y maneja mucho dinero cuando ve que el presidenciable Andrés Manuel López Obrador ataca a quien lo cuestiona, insulta, descalifica y calumnia a periodistas y medios? Quizá deduzca que la impunidad permea y que se vale eso y más sin que haya consecuencias.

Peligrosa ruta.

La Auditoría Superior de la Federación entregó el viernes el 1o. de 3 informes con las observaciones al gasto de dinero federal de la Cuenta Pública 2016.

¿Cómo le fue a Jalisco?

En esta ocasión no está entre las entidades con más monto observado, pero se alcanza a percibir un foco amarillo en Tlaquepaque, pues de las 21 promociones de sanciones administrativas 9 corresponden a ese municipio por carecer de orden en el gasto y "por no garantizar mediante fianza los vicios ocultos de 11 obras públicas pagadas".

El resto de las sanciones son para el Gobierno de Jalisco (9), Ayotlán (2) y Tonalá (1).

Los políticos se disputan la paternidad del Sistema Anticorrupción como si fuera el decreto de abolición de la corrupción en el país. Hablamos de un fiscal autónomo, como ese jurista de hierro que se encargará de perseguir hasta al último sospechoso de corrupción. Lo mismo que decíamos de la autonomía para el órgano de transparencia o la defensa de los derechos humanos. Hablamos de que el Sistema debe ser presidido por un "ciudadano". Una conquista social fue quitarles a los partidos la coordinación del Sistema. Como si eso nos garantizara de golpe y porrazo la supervisión escrupulosa y pulcra. Y como si no nos acordáramos que bajo la misma idea hemos llenado de "ciudadanos" a los consejos de adquisiciones, comités de participación, consejos sociales, secretariados técnicos. ¿Y la denuncia de la corrupción? Bien, gracias.

No dudo que el Sistema Nacional Anticorrupción, y sus equivalentes en los estados, sean un paso en la dirección correcta. Nadie puede estar en contra de tribunales administrativos independientes y con contrapesos; de auditorías con "dientes" y rendición de cuentas; de un fiscal que combate la corrupción, y de que los ciudadanos tengamos más información a través de la publicidad de las declaraciones de impuestos, patrimonial y de intereses. Este diseño institucional favorece la aparición de lo que los especialistas llaman: islas de legalidad. Espacios cuasi blindados.

Sin embargo, y aquí introduzco el pesimismo, detrás del Sistema Nacional Anticorrupción hay una errada conceptualización de la corrupción en el país y las variables que explican su reproducción. En un brillante ensayo de Anna Person, Bo Rothstein y Jan Teorell, titulado: ¿Por qué fracasan las reformas anticorrupción?, los autores concluyen que su fracaso se debe a que parten de la fe de que existe un "principal" (ciudadano) que va a supervisar y fiscalizar al agente (el funcionario). La idea es simple: entre el ciudadano y el funcionario hay un problema de asimetría de información, por lo tanto, si ponemos al ciudadano a vigilar al político con la información necesaria, automáticamente denunciará la corrupción y el combate a la impunidad será inevitable.

En la práctica, dicha denuncia no aparece. Se forman consejos por delante y por detrás, comisiones para vigilar los gastos de gobierno, y los ciudadanos que los integran deciden callar. ¿O usted ha escuchado que un empresario, que forma parte de un comité de adquisiciones de un municipio, denuncie que una licitación es en realidad una compra inducida, con bases de convocatoria totalmente amañadas? ¿O usted recuerda a algún miembro de una organización de la sociedad civil que, como parte de un comité de transparencia, haga una rueda de prensa para denunciar que los gobiernos no están luchando firmemente contra la opacidad? Yo no recuerdo a ninguno.

Y es que la corrupción no es un problema exclusivo del gobierno. México es un país que presenta niveles de corrupción sistémicos y sistemáticos. Los grados de corrupción abarcan desde el nivel más pequeño, la típica mordida al agente de tránsito o la propina al operador de limpieza municipal, hasta el nivel más dramático de corrupción: la cooptación del Estado. La cooptación del Estado significa que las instituciones son secuestradas por grupos de poder fácticos: empresarios, líderes políticos, narcotráfico. Si no partimos de una identificación sistémica de la corrupción vamos a seguir tropezando con las mismas fórmulas que parten de premisas falsas.

La corrupción es el abuso de poder para beneficio personal. La corrupción es un problema complejo que mezcla impunidad, instituciones de baja calidad, normalización de las prácticas corruptas y un sistema sin contrapesos funcionales. El Sistema Anticorrupción tendrá éxito si empuja a la construcción de un país en donde los medios de comunicación denuncien la corrupción y ejerzan como guardianes de la democracia; en donde los jueces hagan su trabajo sin importar a quien deban juzgar; que el congreso sirva como un verdadero espacio de contrapeso y fiscalización, y no como el ambiente ideal para la complicidad. Que el fiscal se sepa vigilado y entienda su papel de 1er. defensor público en el combate a la corrupción. Una ciudadanía activa y participativa que manda un mensaje: los estamos vigilando y presionaremos por sanciones a los corruptos. No hay fórmulas mágicas, para reducir los niveles tan alarmantes de corrupción, México necesita más que un sistema con un comité de participación ciudadana.

La receta en todos los países que han logrado reducir la corrupción: que las instituciones clave de la democracia funcionen. Las soluciones ya las tenían Montesquieu y Madison hace 250 años: la ambición de uno contrarresta la ambición de otro. Contrapesos reales y auténticos, punto final.

Todos los partidos son iguales al compartir una filosofía del poder, el clientelismo (con López Obrador a la cabeza) y que es el orígen de nuestras desgracias y frustraciones. Es decir, la compra del voto por cargos, favores o dinero.

La 2a. vuelta electoral para la elección presidencial es una magnífica idea, al significar la imposibilidad de ganar por parte del candidato con mayores negativos, además darle un apoyo de más de la mitad de los votos al ganador. En tanto López Obrador viva -y con ello ser candidato eterno, incluso si gana porque iría por la reelección, no me cabe duda-, NO la va a permitir (siempre se sale con la suya en éste tipo de asuntos y sus culpas rutinariamente se las acaban atragantando otros) porque implicaría su derrota también eterna. De todos los candidatos posibles, él goza de los mayores negativos.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, tiene la lengua muy larga y la congruencia muy corta. Esta semana anunció que demandará a los principales medios de comunicación de su estado porque dicen mentiras y nadie les ha puesto un alto, afianzando en la ética pública su desafío. Al mismo tiempo, sigue mascando el chicloso podrido de su fiscal anticorrupción, Ernesto Canales, acusado de fraude en la Ciudad de México, y quien pese a ir perdiendo en todas las instancias judiciales su alegato de inocencia, lo mantiene en el cargo. Hace mucho tiempo Canales debió haber renunciado -en aras de la ética institucional-, o el gobernador haberlo despedido, porque un presunto delincuente no puede ser el responsable de perseguir delincuentes. La doble moral de El Bronco, que se presenta como justiciero, es de antología.

Canales se encuentra en un pantano legal. Entre más se mueve, más se hunde. El 26 de marzo de 2012 fue acusado, junto con un viejo asociado, César Gerardo García Méndez, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La demanda, interpuesta por los abogados de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, señalaba que los abogados "se apoderaron y dispusieron en su beneficio" de los 6 millones de dólares pagados por Televisa, como compensación por la venta de sus acciones a Emilio Azcárraga Jean, "obteniendo un lucro indebido y generado un detrimento patrimonial" a su cliente. Canales lo ha negado siempre, aunque a través de denuncias periodísticas ha sido forzado a aceptar que existe el litigio en su contra.

En el mes de mayo de 2015 se aprobó la reforma constitucional que dio origen a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), esto es, hace más de 2 años durante los cuales nuestras autoridades no han hecho más que mostrarnos sus buenos deseos de comenzar a atajar este complejo flagelo que ha desacreditado a nuestra incipiente democracia, ha frenado la economía, ha crecido la brecha de la desigualdad social, ha aumentado la violencia y ha mermado la confianza en nuestro gobierno.

El ritmo al que avanzan todas estas reformas nos da la impresión de que este gobierno no tiene prisa en sujetarse a estas leyes y lleva el paso tranquilo para que se le apliquen a la siguiente administración.

Buena parte de las redes de corrupción son los cuantiosos desvíos de recursos para destinarlos a fines electorales, por eso urge que se ponga en marcha antes del periodo electoral de 2018 para que sea aplicable de inmediato y no a toro pasado.

El plazo para que entre en vigor el SNA en todo el país es el 18 de julio próximo, por lo que el fiscal anticorrupción deberá ser nombrado antes de esa fecha. La principal dificultad la constituyen los sistemas locales anticorrupción que van a paso lento y con dificultades. En este tema Jalisco, junto con otros 6 estados están rezagados.

Es imposible que se cumpla con la fecha límite del 18 de julio próximo, por lo que se espera una ampliación del plazo, lo dicho, no les urge.

No hay nada peor que un diputado con iniciativa: el año pasado los legisladores jaliscienses presentaron la friolera de 974 iniciativas de ley o puntos de acuerdo para su discusión. Esto, que podría hacer parecer que tenemos el congreso más productivo y trabajador del país es en realidad una tragedia. En Tlaxcala, por ejemplo, solo se presentaron 4 iniciativas de ley en todo el año; en Chiapas 11; en la CDMX, 325, que siguen siendo muchas pero son apenas un tercio de las nuestras. Esto significa que en promedio cada diputado presentó 25 propuestas de ley, modificación de ley o punto de acuerdo, pero, ¿de cuántas se acuerda usted?, ¿cuántas de estas iniciativas realmente fueron trascendentes?, ¿cuántas sirvieron para mejorar la calidad de vida de los jaliscienses?

Reza el dicho popular de que las ideas son como las nalgas: todo mundo tiene un par, pero muy pocos las tienen buenas.

El afán de normar nos ha llevado a una sobrerregulación no solo de las actividades económicas, que es de lo que se quejan continuamente los empresarios, sino de la vida cotidiana. Son tantas, tan variadas y tan absurdas nuestras normas de convivencia, todas producto de grandes ideas de diputados o regidores, que a cada momento los jaliscienses violamos alguna ley o reglamento sin darnos cuenta. Pero lo peor es que nuestro corpus de leyes se ha vuelto tan complejo y contradictorio que termina favoreciendo la impunidad.

Parte del problema es que no hay una verdadera planeación legislativa. Las fracciones comienzan el año sin una idea clara de qué es lo que quieren proponer ni un diagnóstico de cuáles son las reformas necesarias para darnos un mejor futuro. Lo que rifa es la ocurrencia, el punto de acuerdo absurdo e innecesario, ese que solo sirve para quedar bien con el respetable público o ganar una nota en un medio de comunicación (van dos ejemplos de antología, cortesía de Rubén Alonso: los diputados exigieron a la Secretaría de Salud que investigara un rumor de internet de que las cadenas americanas de comida obtenían su carne de granjas con animales genéticamente modificados que no tenían patas. Otro exigió que los ayuntamientos limpiaran las fuentes "porque las palomas hacían sus necesidades en ellas").

La luna de miel con el electorado [de Jaime Rodríguez "El Bronco"] se agotó y abundan sus problemas de gobernabilidad y el desbordamiento de la violencia y la inseguridad. Que eso sea expuesto en los medios le molesta, por lo que parece querer censurar todo lo que afecta a su imagen y su gestión. No lo logrará. La incompetencia demostrada en los 19 meses que lleva su administración es inocultable, se difunda o no. Pésimo gobernador, en función de resultados, y típico en los talantes autoritarios que buscan siempre en los medios la solución de sus problemas.

Qucho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 28 de junio de 2017).

Con todo y sus programas de austeridad y reformas aprobadas, el Congreso de Jalisco continúa señalado por excesos en el gasto de la nómina, falta de transparencia y por la presentación de iniciativas cuestionables o superfluas.

En el marco de la presentación del Informe Legislativo 2017 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), se reveló que en Jalisco se presentaron 974 iniciativas de ley en 2016, pero sólo se aprobó una tercera parte (367). Si bien Jalisco resultó líder nacional en el 1er. indicador, el investigador del Imco, Ramiro Suárez Galán, critica: "Es difícil pensar que en un año se presenten tantas iniciativas con justificación técnica o viabilidad". Por eso muchas terminan en la congeladora o son "para posicionarse en la agenda mediática a sabiendas que no se aprobarán".

Para Alberto Bayardo Pérez Arce, coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO, la mayoría de las propuestas de ley de los diputados carece de mecanismos de garantía y hay otras que se quedan prácticamente en exhortos, "como coloquialmente decimos, (les faltan) dientes. Tenemos muchas iniciativas donde lo que se propone no hay nada que nos asegure que eso se va a cumplir, porque no hay sanciones o digamos algún tipo de incentivo positivo para quien cumple con la ley".

Recientemente, el Observatorio presentó una evaluación sobre la calidad de 220 iniciativas presentadas en la actual Legislatura, la cual aprobaron de panzazo con un 64% de calificación.

Bayardo señaló que se han encontrado con leyes mal hechas, "muchísimas iniciativas de ley, no tienen profundidad y no revisan los alcances y las implicaciones, precisamente por la enorme cantidad de iniciativas que se están presentando, en un afán de demostrar que sí se trabaja y sí se produce".

Uno de los temas favoritos en las propuestas de los diputados, explicó, es aumentar años de cárcel a cualquier conducta que se considere inapropiada: "Está comprobado que eso no funciona. Aumentar años de cárcel cuando la impunidad es del 98%, pues no sirve nada".

Subrayó que los diputados aún no tienen claro que deben enfocarse en resolver problemas públicos, "porque muchos han estudiado derecho y entonces viven algo que algunos llamamos el idealismo jurídico, donde piensan que solamente por promulgar una ley, inmediatamente empieza a cambiar la realidad, y no es así".

Con una lógica de sobrevivencia y una dinámica mercenaria, el PRD nacional busca un Frente Amplio de Partidos para derrotar al PRI en alianza con el PAN, con Movimiento Ciudadano y con los que se dejen.

No se puede negar que es una buena idea para ganar. Pero es un error tremendo para la vida interna del partido, una estrategia equivocada para gobernar y un ataque mortal a la pluralidad ideológica del sistema político mexicano, que está ahí: en el PRD y en el PAN. No busquen en otro lugar: ni los partidos pequeños, ni MC, ni los candidatos independientes con sus interesantes pero concretísimas agendas, contribuyen gran cosa a la diversidad ideológica. Los únicos que tienen clara una postura frente al Estado, el mercado, las libertades y la desigualdad, son los panistas y los perredistas.

La posibilidad de la extraña alianza entre Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y alguien como [Dante] Delgado, mete mucho ruido.

Las campañas serán muy confusas, pero más confusa será la tarea del elector, que verá decenas de formas de expresar su rechazo o aprobación a un partido. En alguna boleta verá a los enemigos juntos y en otra no. La guerra postelectoral será histórica y la democracia será acusada de no funcionar más.

El más reciente arranque del gobernador sin partido Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" fue expulsar de una conferencia de prensa al reportero del periódico El Norte, perteneciente al Grupo Reforma, al que en la opinión pública y los pasillos del poder se identifica como impulsor y promotor estratégico de la campaña política de "El Bronco" hace 2 años. No conforme, se lanzó contra el dueño de ese consorcio mediático, lo acusó de robarse una calle, sugirió que su dinero es malhabido y amenazó con fiscalizarlo. Con ello rebasó a Trump y a López Obrador en sus estridencias contra la prensa que los cuestiona.

"El Bronco" está de pleito con los medios, con cualquiera que lo critique, se contradice como hábito, le renuncian sus funcionarios, sigue rodeado de impresentables, están en crisis la seguridad pública, las cárceles, no ha cumplido las promesas populistas más atractivas de su campaña... pero hay quien todavía lo anda busque y busque para la carrera presidencial.

En lo que se equivoca el bravucón gobernador de Nuevo León es en pensar que un medio de comunicación, el que sea, no puede pedirle cuentas al gobernador, y que para exigir, el medio tiene antes que demostrar su inocencia. Hay una pequeña diferencia entre los medios y los políticos que "El Bronco" no entiende (ha demostrado que hay muchas cosas que no entiende) o no quiere entender (ha probado también tener un gran capacidad para hacerse maje), y es que él tiene la obligación de dar cuentas del manejo de los recursos públicos, se lo pida una santa monja del Sagrado Corazón, un banquero baquetón o un despreciable periodista. En tanto los que exigen sean ciudadanos con derechos, el señor de las broncas está obligado a responder. Punto.

"El Bronco", más allá de ser un político fantoche, poco serio y nada confiable, ha convertido sus pleitos con los medios de comunicación en parte de su campaña. Es una forma de victimizarse para no rendir cuentas de un gobierno desastroso. En eso se parece mucho a lo que hace el presidente estadounidense Donald Trump: cuando todo falla, construye un nuevo enemigo.

Son muchos los políticos que quisieran vivir sin medios de comunicación, los que creen, con razón o sin ella, que los medios son un estorbo para avanzar en la agenda, para darle celeridad a las decisiones, para la gobernabilidad misma. Cuando al poder no le gusta explicar es síntoma de que no tiene argumentos; cuando el poder odia que lo cuestionen es porque no tiene respuestas. Trump o "El Bronco" prefieren gobernar por redes sociales porque ahí ponen la reglas, porque ahí el enfrentamiento se diluye y se desinstitucionaliza; porque ahí no gana el que tiene razón sino el que impone su versión, la mayoría de las veces construida con esos famosos hechos alternativos.

Los reclamos -en muchos casos infundados- de los partidos a la autoridad electoral en las pasadas elecciones estatales y posiciones como las que frecuentemente esgrime AMLO descalificando al INE o al Tribunal, debilitan la autoridad moral y el respaldo público del árbitro electoral. En una elección probablemente muy competida y cuestionada, este proceso puede dar lugar a una situación de ingobernabilidad del proceso mismo y en el extremo a una crisis política.

El panorama electoral inmediato es, en síntesis, más de lo mismo: polarización absoluta de la sociedad mexicana y dominio de los mismo actores políticos, los que dan la cara y los que participan en los entretelones.

¿Opción de cambio? ¿Dónde?

Surgió el rosario de irregularidades atribuidas a la gestión de la maestra Delfina Gómez cuando fue presidenta municipal de Texcoco. La mayoría de estos escándalos en Texcoco estaban protagonizados por su padrino político Higinio Martínez, ex perredista convertido al morenismo.

En un par de ocasiones, confrontada por sus rivales en los debates que le sacaban los escándalos municipales, Delfina Gómez se quedaba con cara de what. No sabía qué responder o no sabía qué había sucedido.

Cuentan algunos de sus allegados que en la recta final de la campaña, agobiada porque diario era un nuevo escándalo, estalló en cólera contra padrino y camarilla: "¡¿Pues qué tanto hicieron?!". Ya habían salido las retenciones obligatorias de sueldos, la cantidad de parientes de Higinio Martínez en la nómina, el aumento del robo de combustible, liquidaciones, bonos...

Pero lo que ha inquietado a Morena ya en las fechas poselectorales es si Higinio traicionó a su pupila y a su líder.

En toda elección es crucial contar con una estructura que lleve a la gente a votar, se encargue de que en todas las casillas haya un representante del partido y al final de los conteos recolecte las actas.

Higinio Martínez y Horacio Duarte tenían esa encomienda, con el financiamiento canalizado a través de Gabriel García (cerebro financiero del grupo), y bajo la coordinación general de José Ramón y Andrés López Beltrán, hijos de López Obrador.

Higinio Martínez no tiene buena fama. Sobran expedientes para cuestionar su honestidad. Eso no impidió que en Morena le abrieran la puerta de par en par. Pero más allá de eso, en los días posteriores a los comicios, hasta la cúpula de este partido llegaron preguntas sobre él: ¿no se dejó seducir por dineros rivales para que fallara la estructura de vigilancia electoral el mero día? Porque de que falló, falló. Hubo zonas enteras a las que no llegaron representantes de Morena y no tuvieron esa noche las actas para hacer la contabilidad propia y saber si habían ganado. ¿Y si Higinio hizo su evaluación y consideró que él ya había ganado, porque los suyos se acomodaron bien en alcaldías donde podrán seguir haciendo lo mismo de siempre?

Finalmente han construido una mayoría los consejeros del Instituto Nacional Electoral: a partir de septiembre, los dirigentes nacionales de los partidos políticos no pueden aparecer en los spots de su partido si aspiran a un cargo de elección popular, hasta que los tiempos de propaganda se los permitan.

Una interpretación de botepronto es que el INE está poniendo un alto a Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. La otra es que, en realidad, el INE ha avalado las millones de veces que aparecieron en radio y televisión, se los seguirá permitiendo un par de meses más y sólo se los prohibirá unas cuantas semanas (en caso de que Anaya termine siendo candidato del PAN a la Presidencia o a lo que sea) hasta que arranquen oficialmente las precampañas. Y que encima de todo, ese criterio les permitiría volverlo a hacer.

De acuerdo con cifras oficiales del INE, en los últimos 3 años Andrés Manuel López Obrador ha aparecido en 2.1 millones de spots en radio y televisión. Tuvo 1,900 anuncios al día. Curioso que mientras eso suceda, y goce de una amplia cobertura en los medios de comunicación tradicionales, siga con el cuento del "cerco informativo" novedosamente rematado ahora por el "benditas redes sociales", como si se tratara de un líder opositor censurado cuyo mensaje tiene que llegar casi clandestinamente a las masas.

Por su parte, en los últimos tres años, Ricardo Anaya apareció 1.4 millones de veces en los spots de radio y tv asignados al PAN. 1,278 veces diarias.

Ambos usaron los spots de su partido para la promoción de sus aspiraciones personales. Esa es una obvia semejanza. El resultado que tuvieron para ellos esos spots es lo que los diferencia.

Andrés Manuel López Obrador está posicionado en las encuestas como el adversario a vencer en la elección presidencial del 2018. Y a diferencia de las 2 ocasiones anteriores en que buscó la candidatura a Los Pinos, no tiene competencia dentro de su partido y no hay duda de que él será el candidato.

Ricardo Anaya no tiene esas certezas. Se ha vuelto más conocido, sin duda; ha afianzado su posición dentro del PAN, ni qué se diga; pero en las encuestas no es el más destacado de su partido ni sus íntimos se atreven a decir que tienen en la bolsa la candidatura panista. Y esto, a pesar de la millonada de spots, de que la realidad política favorece su discurso y de que ha tenido desempeños extraordinarios en los debates contra sus rivales del PRI.

Dese hace ya varios sexenios la revocación de mandato ha revoloteado sobre la democracia mexicana, espantada una y otra vez por los políticos de los 3 niveles de gobierno, y que ahora se asoma de nuevo ante los nuevos procesos electorales.

Ya no sabemos qué tan próximas estén las elecciones federales, pues para los partidos nunca están lejos, de suyo todo el tiempo están en campaña porque los múltiples "juegos de la silla" que en esos ambientes se estilan son permanentes.

Los ventarrones del partidismo andan desatados bajo la consigna de todos contra uno, en su 1er. acto. El enemigo a vencer, desacreditar, confrontar, ridiculizar y recriminarle su pasado, presente y hasta su futuro, si llegara a ganar, es bastante bien conocido porque tiene años de estar en campaña permanente, un término que escapa a la legislación actual. Campaña que ha tenido de todo, hasta el simulacro surrealista de una autoproclamación como presidente legítimo, publicación y presentación de libros, giras nacionales constantes, y comerciales protagonizados por el susodicho con variedad de vestuarios, escenarios y lenguajes.

Y como quiera que los partidos oponentes se toman muy en serio su papel de seguir salvando a la patria de tales amenazas, nos recetan otra serie de comerciales vehementes, directos, "verdularios" y sobre todo, cínicos, porque a fin de cuentas denuncian lo mismo que ellos hacen, es psicológico pues.

Y mientras éstos se pelean en los medios y en las redes, otros funcionarios andan con el brete de hacerse evaluar por la ciudadanía con tal honestidad y rigor que prometen dejar el cargo si salen reprobados.

No nos hagamos ilusiones, no estamos en Inglaterra donde la voluntad popular sacó al país de la Unión Europea e hizo renunciar a su primer ministro. Acá todavía estamos en la Nueva España si no es que antes, en la era feliz de los cacicazgos y los tlatoanis absolutos.

Pero bueno, que venga la evaluación ciudadana, pero que se haga sobre un solo punto, el que es crucial y explica y da razón de la existencia del gobierno: la seguridad, sí, la función primordial de todo estado, garantizar la vida y los bienes de la ciudadanía; y que ese día califiquen a los alcaldes y de paso al señor gobernador todas las personas que han sufrido robos en la vía pública, en sus casas, en sus talleres, escuelas y comercios, que vayan todos los que han perdido a un familiar a causa de la delincuencia organizada o desorganizada, los que han sido amenazados de ver arder su negocio si no pagan plaza, que manifiesten su sentir los habitantes de los pueblos de Jalisco todo el tiempo sometidos por cárteles de todo tipo, ese sí que sería un acto civil de la más pura democracia.

En nuestro país ningún político pierde una elección. Todos se declaran vencedores al cerrar las urnas. La derrota, cuando llega, es siempre consecuencia de un fraude; y la culpa, por supuesto, del árbitro vendido.

Los cuestionamientos al árbitro electoral buscan generar rechazo e incredulidad. Lo anunció en 2006 Andrés Manuel López Obrador cuando mandó al diablo las instituciones. No sólo culpó al IFE de su estrecha derrota, sino que maniobró hasta lograr la destitución de Luis Carlos Ugalde de la presidencia de la institución, a pesar de que su cargo estaba supuestamente protegido por ley.

La clase política ha logrado debilitar la credibilidad del INE, a pesar de que el instituto es su creación. Una encuesta de Reforma señala que el 60% de los entrevistados no piensa que el INE tenga capacidad para operar las elecciones de 2018, mientras que 55% considera que el instituto no es independiente del gobierno.

El INE no es perfecto, ciertamente, pero estas descalificaciones son injustas. Nuestras leyes y árbitros electorales representan grandes avances sobre 1976 o 1988. Las reformas de 1977, 1990, 1993, 1994 y 1996 nos dieron reglas más justas y un IFE independiente. Lo más importante es que permitieron la alternancia de partidos en el poder por primera vez en nuestra historia.

Las reformas de 2007 y 2014 tuvieron retrocesos, pero aun así el sistema actual es infinitamente mejor al de 1988. Recuerdo una entrevista con Jorge Alcocer, representante del Frente Democrático Nacional en la elección de 1988, que narraba los absurdos y abusos en el recuento de actas con los que se perpetró el fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy serían imposibles.

La alternancia de partidos es la prueba de fuego de una democracia, y en nuestro país es la regla y no la excepción. Esta alternancia es mayor en México que en Estados Unidos, donde muchas reglas están hechas para proteger al incumbent, esto es, al partido o candidato en el poder. En 2015 y 2016 hubo en México 21 elecciones para renovar gobernadores y los partidos de oposición triunfaron en 13. Este éxito de la oposición, en 62% de los casos, es altísimo. Todavía no han concluido las impugnaciones de los comicios de 2017, pero si se mantienen los resultados hasta ahora habrá 2 triunfos del partido en el poder y uno de la oposición. Estamos muy lejos del sistema de partido único.

Los procesos desde la recepción de boletas hasta la declaración del ganador son tan buenos en nuestro país como en cualquiera. En Coahuila lo que falló fue la complejidad del sistema de alianzas que inventaron los legisladores. Las faltas mayores tienen lugar antes y después de la votación. Antes, gobiernos y partidos compran votos a través de dádivas o programas sociales. Después, el problema es la falta de ética de políticos y candidatos, que al cerrar las casillas se declaran vencedores sólo para decirse despojados después.

La idea de que no puede haber una democracia real mientras no triunfe la izquierda, o Morena o el PT, es inaceptable. Lo es también la práctica de culpar al árbitro de cualquier derrota. Quienes lo hacen buscan debilitar a las instituciones electorales. El PRD, Morena y el PT lo han hecho de forma sistemática. El PAN defiende las elecciones cuando gana, como en 2006, pero las cuestiona cuando pierde, como ahora en Coahuila. No tenemos demócratas.

Esta es la mejor forma de acabar con las instituciones, y van muy bien. Poner y quitar directores al capricho de los gobernantes en turno asegura que nada funcione.

¿Realmente los alcaldes y el gobernador quieren un Instituto Metrpolitano de Planeación fuerte e independiente o lo que quieren es asegurarse de que no funcione para que nada les quite poder y margen de maniobra? Lo sabremos con el nombramiento del próximo director. Si realmente quieren una institución que marque el rumbo de la ciudad, buscarán un director de alto nivel. Si nombran alguien cercano, que les sea cómodo y que puedan mover sin costo, ya sabremos qué plan con el Imeplan.

Qucho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 19 de junio de 2017).

A través del editorial del semanario religioso Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México expresó que las elecciones del próximo año serán "por la obtención del poder sin importar los medios que se utilicen".

El texto argumentó que las elecciones del pasado 4 de junio en 4 entidades federativas revelaron la pluralidad política que provoca que los cargos de elección popular se ganen por estrechos márgenes en el porcentaje de votos, lo que deriva en que ningún candidato pueda salir a declarar el triunfo, rotundo, contundente, legal e inobjetable.

Además, señaló que las elecciones revelan vicios arraigados "de una democracia que se supone madura, pero que en los hechos condiciona la libertad, vencida por la manipulación".

Las premisas sobre los candidatos independientes resultaron falsas, porque eran erradas de origen. Un independiente puede gobernar mejor porque no tiene la presión de los intereses de los partidos políticos, decían. Pues no necesariamente. Si analizamos la gestión del "Bronco" en Nuevo León, nos percataremos que no hay grandes diferencias con los resultados del PAN o del PRI en dicha entidad. Sin embargo, el problema no es el origen de la candidatura, si es partidista o no partidista, sino la ausencia total de un proyecto de gobierno. El "Bronco" hubiera fracasado contendiendo desde los partidos o desde la candidatura independiente.

Las candidaturas independientes están encontrando su verdadero espacio. Son fundamentales para refrescar y oxigenar la política luego de la hegemonía partidocrática en México, pero no tienen como objetivo la destrucción de los partidos políticos. Son, también, esenciales en los planos locales para articular nuevas formas de representación y llevar a las instituciones muchas de las demandas ciudadanas ignoradas históricamente por los partidos políticos. Empero, gobernantes malos o corruptos pueden venir de cualquier lado, de los partidos políticos o plataformas ciudadanas.

Andrés Manuel López Obrador pasó la factura al PRD porque su candidato a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, no declinó a favor de Delfina Gómez, candidata de Morena. Zepeda y el PRD sí les hicieron daño. Los medios de comunicación le abrieron sus puertas y en un instante se convirtió en la sensación de la campaña electoral. Obtuvo un millón de votos, básicamente de Neza, el municipio donde fue alcalde, y contribuyó a quitarle electores a Morena en la zona metropolitana de la Ciudad de México y el sur del estado. No se lo perdonó López Obrador. De mercenario no bajó al partido que lo postuló 2 veces a la Presidencia, y adelantó que no buscará una alianza con el PRD en la elección presidencial de 2018.

López Obrador perdonó al PT, que a cambio de que el presidente Enrique Peña Nieto ordenara a su partido que le apoyara con los votos suficientes en Aguascalientes para que no perdieran el registro y las prerrogativas, fue su aliado táctico en cuanta elección se presentó en el último año hasta que, una semanas antes de la elección del 4 de junio, su candidato a gobernador en el Estado de México, Óscar Yáñez, un bon vivant oportunista de la política, le entregó sus pocos votos a Morena. La memoria de López Obrador no es longeva sino coyuntural. Sus decisiones aliancistas murieron y nacieron hace 2 domingos, bajo un criterio purista, teológico como su discurso, de que con los impuros no emprendería la marcha hacia el 2018, mientras que los arrepentidos, como el PT, serían indultados.

Para la sucesión presidencial que ya comenzó, López Obrador reclutará perredistas y líderes sociales en todo el país, sin meterse al pantano donde chapalean sus dirigentes. Es una decisión principista, aunque maniquea, sobre cómo ve el panorama político y electoral, y cómo analizó los resultados de Morena el 4 de junio. Muy bien en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, donde su candidato fue un factor de la aplastante derrota del PRI, y menos bien en Veracruz, donde el impulso de las elecciones del año pasado lo mantuvo como 3a. fuerza, pero sin la energía de aquél entonces. Aun así, el gran malestar en el país, que se alineaba a favor de los candidatos de Morena, no le alcanzó para ganar posiciones de gobierno, salvo un puñado de alcaldías veracruzanas. La pregunta si con el andamiaje que está mostrando hoy en día López Obrador, le alcanzará para ganar la Presidencia, tiene una respuesta simple: no.

Con sus amarres actuales, López Obrador no tiene el combustible para ir a las elecciones presidenciales con claras posibilidades de ganar. Será una fuerza competitiva, pero no la locomotora que parece cree tener. Por ello debería ser más prudente y menos soberbio. El dinero y las irregularidades durante las campañas no fueron las únicas razones por las que no alcanzó la gubernatura mexiquense o mejores resultados en Veracruz. Tuvo errores en la organización, como la falta de representantes de casillas en el Estado de México, y no menos relevante, la campaña sucia que le endilgó el PRI fue kryptonita.

La revelación del llamado diezmo de Gómez cuando era alcaldesa en Texcoco, no le quitó puntos, de acuerdo con sus estrategas, pero frenó su avance ante el priista Alfredo del Mazo. La campaña con el instrumento útil de Eva Cadena, la candidata a una presidencia municipal en Veracruz, que apareció en un video recibiendo dinero que decían era para López Obrador, golpeó de manera importante la imagen de honestidad del jefe de Morena, de acuerdo con resultados preliminares sobre el impacto electoral de la campaña. Su fuerza quedó menguada y no fue suficiente para impulsar en el último tramo a su candidata mexiquense.

López Obrador no parece estar analizando con frialdad la variedad de recursos que se utilizaron contra él y Morena en los procesos electorales pasados, aunque su comportamiento luce bipolar en ocasiones. No se sabe aún, por ejemplo, el tamaño del impacto negativo de su alteración durante la entrevista con Pepe Cárdenas en Radio Fórmula, con quien prácticamente se peleó al aire. Cárdenas, un profesional probado y reprimido en el pasado por la defensa a su libertad, quedó periodísticamente reivindicado mientras que su interlocutor exhibió su piel delgada y a veces intolerante. Más grave aún, en términos de comportamiento, fue la manera como criticó también a Carmen Aristegui, en otra entrevista por internet, por no hacer bien su trabajo. Aristegui es incondicional de López Obrador, por lo cual los expertos se preguntan: si a una leal maltrata, ¿qué será con quienes discrepan con él?

Ya se está viendo. Los excluye, los critica, los insulta. Debe entender que el ejército que ha juntado hasta ahora no le dará para ganar y que tiene que convencer a otros, en la sociedad política y en la civil, que es la mejor alternativa para el país, pero sin ese purismo con tufo totalitario que asomó en él durante las tres últimas semanas de efervescencia electoral.

En septiembre de 2016, el Congreso de Jalisco presumió la aprobación de la reforma que obligaba a los servidores públicos de 1er. nivel a que publicaran sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. Sin embargo, sólo 18 de los 39 legisladores han decidido rendir cuentas en la plataforma 3de3 de la organización Transparencia Mexicana. Los 13 diputados naranjas, sólo 2 de los 14 priistas, una legisladora perredista y los diputados independientes Pedro Kumamoto y Hugo Rodríguez (quien antes era de Movimiento Ciudadano), son la excepción en la LXI Legislatura.

Los 5 panistas, los 3 del Verde y el solitario de Nueva Alianza coinciden en ser los más opacos.

A un año de que subieran sus declaraciones a la platafoma 3de3, el gobernador Aristóteles Sandoval y los secretarios que conforman su gabinete incumplen con la actualización de las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses, pues desde entonces no han reportado sus ingresos, patrimonio, ganancias de empresas, pago de impuestos o situaciones de conflicto de interés.

Transparencia Mexicana informó que, en Jalisco, 76 funcionarios públicos han hecho públicas sus declaraciones en la plataforma 3de3: el gobernador y 38 funcionarios de su gabinete, 25 funcionarios de gabinetes municipales, 18 diputados locales, 12 legisladores federales, 6 alcaldes y un senador. El resto incumple.

Los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan mantienen abierto un portal de transparencia en donde se publican las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de los funcionarios de 1er. nivel, pero está desactualizado.

La mayoría de los funcionarios públicos en los portales oficiales de los ayuntamientos ofrece información sobre el ejercicio 2014, cuando ni siquiera estaban en el gobierno.

Guadalajara y Zapopan son los únicos municipios de Jalisco (junto con 7 más a escala nacional) que Transparencia Mexicana considera que tienen un "gabinete transparente", pese a que han olvidado actualizar la información en sus propias páginas.

Un ejemplo está en el alcalde tapatío, Enrique Alfaro, que en la página del municipio no reporta 1'382,000 pesos de remuneración anual que recibió en su 1er. año de gobierno, y sólo se mencionan sus ingresos por actividades fuera de la función pública. En cambio, en la página de Transparencia Mexicana sí tiene actualizados los datos.

Por su parte, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, no ha actualizado sus declaraciones ni en la página del municipio ni de Transparencia Mexicana. Él revela sólo sus propiedades, vehículos y cuentas bancarias, pero no sus ingresos.

Con el fin de combatir la corrupción, los conflictos de interés y evaluar la evolución del patrimonio y empresas de los servidores públicos, los diputados de Jalisco responden que impulsarán la máxima publicidad de la declaración 3de3.

Pero las bancadas coinciden en que deben analizar el fallo de la Corte.

Que la transparencia a través de las declaraciones 3de3 sea una obligación, y no una opción que quede a criterio de cada funcionario. El presidente de Coparmex, Mauro Garza, espera que la reforma decretada en el Congreso de Jalisco en 2016 se haga valer y la obligatoriedad que aprobaron los legisladores "sea claramente pública". "La Ley de Responsabilidades Administrativas será una de las leyes complementarias del Sistema Local Anticorrupción. Hacemos un llamado a los diputados para que en Jalisco se establezca la obligatoriedad y libre acceso a las declaraciones 3de3 como un elemento imprescindible para combatir la corrupción".

Los servidores públicos podrán decidir libremente si hacen o no públicas su declaración fiscal, patrimonial y de intereses.

Por mayoría de votos, los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, avalaron el fallo del ministro José Ramón Cossío Díaz, que establece que es válido que los servidores públicos mantengan en secrecía sus declaraciones, pues no toda la información personal de éstos es necesaria y hay información que puede poner en peligro su vida o su integridad, lo que no justifica que el interés público esté por encima de dicho riesgo.

Por ello, los funcionarios públicos, incluidos los integrantes del Poder Judicial de la Federación que obtienen salarios de hasta 4.08 millones de pesos al año, no están obligados a dar a conocer su declaración 3de3.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, también llamada Ley 3de3, fue aprobada por el Senado el año pasado, con una modificación al Artículo 29, propuesta por el PVEM y el PRI, y que permite de manera discrecional no hacer públicos los datos privados que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

Unos 200 diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano impugnaron ante la SCJN esta modificación y acusaron que se violaban los principios de transparencia para combatir efectivamente la corrupción.

La apuesta de López Obrador es que los militantes del PRD simplemente se salgan de su partido para engrosar las filas de Morena. No descarto que lo logre. Nadie habría pensado el 9 de septiembre de 2012, cuando anunció que se separaba del PRD para formar Morena, que éste sería el principal partido de la izquierda de nuestro país en 2017.

López Obrador dijo entonces que la separación era amigable: "No se trata de una ruptura. Me despido en los mejores términos. Me separo de los partidos progresistas con mi más profundo agradecimiento a sus dirigentes y militantes... Estamos a mano y en paz". Pero hoy no están ni a mano ni en paz. Las descalificaciones de López Obrador al PRD son insultantes. El líder natural de la izquierda no busca alianzas, exige obediencia.

Al hacerlo Andrés Manuel no sólo ha exhibido un carácter autoritario que atemoriza a muchos, sino que divide a la izquierda.

Visto como está que muchos hombres que han gobernado este país -y varios estados, y muchos municipios...- demostraron sobradamente no estar capacitados para hacerlo, la gran incógnita es si hay mujeres preparadas para esa delicada encomienda.

Sorprende que sea Andrés Manuel López Obrador, el candidato que trae el viento a favor para la elección de 2018, quien dinamite los puentes, cuando lo que debería estar haciendo es construir un gran bloque. En lo que parece ser un arranque de dignidad, porque políticamente tiene poco sentido, el presidente y candidato de Morena decretó ya que no harán alianza con el PRD ni con Movimiento Ciudadano e irán sólo en alianza con el Partido de los Trabajadores.

Estratégicamente la decisión no tienen ningún sentido. Más allá de que el PT fue el único de los partidos de la izquierda que le hizo caso al 5o. ultimátum en el Estado de México (que a la postre le sirvió de muy poco), romper la posible alianza no suma. El PT está en la lona. Hay que recordar que este partido había perdido el registro en la elección intermedia y que gracias a una artimaña, a la que se prestó el PRI en una elección que se repitió en Aguascalientes, lograron mantenerse como rémoras del sistema electoral. Lo único que el PT le aporta a López Obrador (además de su propio desprestigio) es ego, pues ellos sí le hicieron caso.

No sé si efectivamente la posible alianza con el PRD y MC estaba ya rota desde antes y los que hizo López Obrador fue mandarlos al diablo antes de que lo mandaran a él, pero en todo caso no gana nada dinamitando los puentes en estos momentos. Puedes no usarlo, poner una garita en el puente o incluso clausurarlo por un tiempo, pero si el puente existe, volarlo en pedazos no tiene lógica.

Entró Andrés Manuel en la etapa autodestructiva? Todo indica que sí, que está más preocupado por la pureza que por seguir generando adeptos, más enfocado a administrar su capital político que en ampliarlo. Y eso, a la postre, se paga.

A diferencia de la reforma electoral [en Jalisco], cuyo resultado impacta principalmente en la vida de los partidos (no subestimo la importancia del ahorro que se logró, pero es más un juego para la tribuna que algo que vaya a cambiar nuestras vidas), el paquete de reforma anticorrupción es fundamental para la relación entre sociedad y gobierno. De cómo encaremos esta reforma depende en gran medida la capacidad que tengamos para inhibir y castigar la corrupción.

La clave de la reforma estará entonces en la capacidad que tengamos como sociedad civil para subir el costo a los actores políticos. Debemos tener muy claro cuáles son los mínimos (que en este caso es lo aprobado en la reforma federal) y dónde están los puntos críticos a vigilar. Yo veo 4: 1) El nombramiento del fiscal anticorrupción. Quién y cómo se designe a esta figura es clave para que el sistema funcione. 2) Independencia estructural y financiera de la fiscalía. Si depende del fiscal general estará orgánicamente en el Gobierno del Estado. 3) Organismos ciudadanos designados por ciudadanos. Esto es, que sean ciudadanos seleccionados por el Congreso [de Jalisco] quienes designen a partir de reglas muy claras a los ciudadanos que estarán vigilando el sistema anticorrupción. Esta "doble ciudadanización", por decirle de alguna manera, reduce la posibilidad de que los organismos ciudadanos terminen siendo cuotas de partidos. 4) Una auditoria con independencia, capacidad técnica y moral.

Manda decir Andrés Manuel López Obrador que en 2018 habrá de 2 sopas: o con él o con un diablo que según su cosmovisión se pinta de tonalidades verde-roja-azul-amarilla-turquesa-naranja y lo que se acumule.

Hay quien pensará que es exactamente al revés, que el diablo es él, y que de lo que se tratarán las elecciones del año entrante es de que gane cualquiera, menos el Peje.

En todo caso, cuando más se necesitaba un discurso político que movilizara a todos aquellos (morenistas o no) que amanecieron asqueados el lunes pasado con las trapacerías de los priistas, en esa coyuntura López Obrador decidió doblar la apuesta reduccionista: conmigo o contra mí.

En vez de tejer un mensaje donde lo esencial sea canalizar la opresiva sensación de muchos, de todos esos que tienen claro que México no merece ser visto de nuevo como un país donde la democracia electoral es un chiste -muy caro chiste, encima de todo-, López Obrador optó por el atrincheramiento.

Este domingo, en el 3er. congreso extraordinario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), AMLO dejó claro que no buscará una alianza con partido alguno, particularmente el de la Revolución Democrática por lo sucedido en el Estado de México.

El tabasqueño confunde los tiempos. En el terreno de la impugnación, la elección de hace 8 días es vigente. Pero en la lógica de lo que se avecina rumbo al 2018 no entendió que su discurso tendría que ser solo contra el PRI, no contra todos.

Éste no era el momento para el empecinamiento y el ajuste de cuentas, mismo en el que no necesariamente él saldría bien librado. Eso sin mencionar lo anticlimático que resulta criticar a todos y simultáneamente aceptar al Partido del Trabajo, retrógrada y oportunista como el que más.

El líder y seguro candidato de Morena no entendió que su futuro pasa por reducir la batalla a sacar al PRI del poder, no para elegir entre él y todo el sistema. El 2018 era un referéndum sobre los priistas, cuyo retorno ha sido una calamidad en corrupción, violencia e ingobernabilidad, pero ahora será sobre él.

En palabras de un secretario de Gobernación, acaba de alinear a todos los enemigos, mandato exactamente opuesto al sabio divide y vencerás. AMLO, de nuevo, se confunde.

La innovación legislativa que permitió las candidaturas independientes ha sido sin duda uno de los avances más significativos en lo que mira a la reforma política de México.

Trascendente desde muchos puntos de vista tiene la peculiaridad de dar el 1er. paso hacia una emancipación efectiva de la sociedad con respecto a los partidos e incluso demostrar lo que a muchos politólogos les parecía imposible, que si se puede tener una democracia sin partidos políticos.

Al margen de lo que ocurra en otras naciones con régimen democrático, en nuestra nación el sistema de partidos caducó desde hace ya mucho tiempo, mantenerlo a toda costa produjo además su incurable corrupción tanto en su organización interna como en el efecto que produce sobre el conjunto de la sociedad. Habida cuenta de que pertenecer a un partido abre la posibilidad de obtener cargos públicos sin tener el perfil adecuado para desempeñarlos ni muchos menos rendir cuentas de su ejercicio, ha favorecido una permanente ineficiencia de la función pública, pues se puede llegar hasta las más altas responsabilidades sin saber cómo ejercerlas afirmando que se aprenderá en la práctica. En la práctica ni aprende el aprendiz ni su ineptitud le reduce el salario pero el costo para la sociedad es cada vez más elevado.

Los partidos políticos traicionando las razones de su origen crearon un mundo aparte, se combaten encarnizadamente entre ellos para luego establecer alianzas, acuerdos y convenios. Gastan nuestros recursos en sostener todo un aparato burocrático interno cuyo único propósito es mantenerse a flote para seguir peleando cargos y posiciones que de alcanzarlas no buscan otro fin que la sobrevivencia del partido. Este deporte extremo en el cual se pasan los años electorales o no electorales pueden practicarlo sin pena ni tropiezo gracias al altísimo financiamiento de que disponen haya o no haya elecciones, y sobre todo, sabiendo de antemano que este gasto es de los dispendios más inútiles y aún nocivos que mantiene el país.

Para modificar este juego perverso se requiere de las cámaras legislativas, pero las cámaras están en manos de los partidos, y no parece que vayan a aceptar reformas que perjudiquen los intereses para los cuales han vivido todo el tiempo, y si eventualmente algún congreso procede y establece una norma o ley que los afecte, tienen un recurso final, la suprema corte de justicia, que desde hace ya varios años se escribe con minúscula, y que debería ser una de las primeras instituciones en ser profundamente reformada pues aunque son pocos los ministros que la forman, parecieran cuarenta.

Los partidos han hecho un mundo aparte, otro México donde ellos viven y divagan sin dejar de ordeñar al México real, al México que les paga su onerosa forma de vida y su deficiente trabajo, por eso sorprende y no lo ocurrido en el Congreso del Estado de Jalisco, pues seguramente no habría sucedido a no ser porque existen personas que llegaron a él por la vía de las candidaturas independientes, y por lo tanto al margen del servilismo partidista que ha caracterizado a nuestros políticos. Habrá que esperar ahora a que no intervenga la "suprema" y eche a perder tan buenos propósitos.

El problema es que, como se vio en las 2 elecciones presidenciales pasadas, AMLO y el PRD -Morena es posterior a 2012- nunca han montado una impugnación legalmente efectiva.

En 2006 buscaron un recuento bajo el argumento de haber ganado en las urnas. Pero también la anulación por argumentar que la elección estaba viciada.

Palabras más, palabras menos, el Tribunal Electoral les dijo que ambas peticiones eran contradictorias: no se podía demandar un recuento de votos si se pedía que se anularan todos. Sobra decirlo, perdieron.

En 2012 intentaron una estrategia distinta: fueron solo por nulidad. Una de las pruebas más cacareadas fue la presentación de animales de granja como evidencia de compra de voto. No sirvió de nada.

Ahora, de acuerdo con el video de AMLO del miércoles, la estrategia es la de 2006: intentar probar que hubo alteración de votos y que la elección fue inequitativa.

Éste es un error. Al igual que en 2006, le facilita el trabajo al Tribunal Electoral para desechar de tajo su impugnación. Tiene que elegir: inequidad o recuento total.

En este siglo las 3 impugnaciones a elecciones de gobernador que han tenido éxito (Tabasco 2000, Colima 2003 y 2015) se han ido por la veta de la inequidad.

Ése es el camino menos complicado pero igual es casi imposible. El umbral para demostrar inequidad es muy alto.

¿Por qué razón AMLO pone nerviosos a los inversionistas?

Por lo que he captado hasta ahora, el factor que más preocupa es la posición que pueda asumir respecto a la reforma energética.

Incluso no hay nerviosismo respecto al reconocimiento de los contratos. Más bien el problema es que llevar a buen puerto la reforma exige un proceso que debe durar 5 o 6 años más, por lo menos, y una parte de ese proceso correspondería a la próxima administración.

La incertidumbre es el combustible de la inestabilidad. Y en ella, muchos pierden.

Por eso, en el corto plazo la paridad del peso va a estar en relación inversa con la probabilidad de que AMLO gane la elección del próximo año... salvo que el equipo económico del virtual candidato presidencial, entre el que se cuenta a Rogelio Ramírez de la O, de manera destacada, pero también a Adolfo Hellmund y desde luego a Alfonso Romo, logre convencer a los inversionistas de que no tienen riesgos. Son personas competentes y bien acreditadas. Podrían hacerlo.

El problema con el que habrán de lidiar se parece al que afronta el equipo económico de Trump, que hace esfuerzos para presentar el lado racional de sus propuestas, y de golpe, en una mañana, el presidente hace trizas la estrategia con un tuit. Aquí sería con una mala entrevista radiofónica.

Una palanca de todos los opositores a AMLO, de izquierda, centro y derecha, es que su probabilidad de éxito encarece al dólar.

La manía de la casi totalidad de los candidatos, de proclamarse vencedores en cuanto se cierran las casillas, no sólo es una farsa: es una burla a la democracia; es una ofensa a los ciudadanos de a pie -no funcionarios públicos- que fungen como funcionarios de casilla.

Por más que sea digno de celebrarse que muchas de las prácticas más violentas o repugnantes que antaño solían caracterizar a las elecciones mexicanas se hayan superado, aún siguen vigentes algunos vicios que le dan al caldo el sabor de la consabida picaresca mexicana: compra de sufragios, acarreo de votantes, etcétera. Asumir anticipadamente actitudes triunfalistas abre de par en par la posibilidad de que, al difundirse finalmente los resultados oficiales, los perdedores den vuelo a la sospecha de que hubo dolo, consigna, mano negra o chapuza declarada en el conteo.

Lo peor del caso, sin embargo, es que, a la larga, el ciudadano común se queda con la idea de que todas las cosas que se dijeron, todas las promesas de los candidatos, desgranadas profusamente en ese maratón de buenos deseos y buenas intenciones que son las campañas, caben en el título de la celebérrima película: "Lo que el Viento se Llevó". De los aspirantes a cargos públicos que antepusieron la honestidad a la cabeza de los valores en que creen, pocos, al final de su ejercicio, salen limpios: los que no dejan indicios de que sólo aprovecharon el cargo para enriquecerse o para beneficiar a sus cómplices, dejan un intenso olor a azufre, al comprobarse que, en efecto, personificaron casos escandalosos de deshonestidad e incompetencia.

No se han terminado de contra los votos de las elecciones del 17 y ya estamos de lleno en las del 2018. Desde la madrugada del lunes López Obrador comenzó a dar sus primeros pasos de cara a la elección presidencial. Envuelto en su papel de víctima (no digo que no tenga razón en sus reclamos, lo que digo es que sabe asumir ese rol como ningún otro) Andrés ira por el país denunciando el fraude en el Estado de México, aunque él mismo sabe que el número de votos en las urnas no le favorecieron a su candidata y que el problema está ahí donde nadie, ni él mismo, quiere poner la mirada: en el uso de recurso públicos e ilícitos en las campañas.

El líder de Morena parece empeñado, como ha demostrado durante años, en destruir con una mano lo que construye con la otra. Una vez más utilizó como argumento el tema del fraude, una vez más no reconoce resultados: nunca lo ha hecho cuando ha perdido una elección desde que compitió en Tabasco en 1989. Otra vez las instituciones son espurias y, ahora "supuestas". Por eso López Obrador no pasa del 30%: tuvo 35% en el 2006, 31% en 2012, igual que ahora en el Edomex (¿alguien duda de que el candidato de Morena fue él?). Recurre a alianzas cada vez más controvertidas, incluyendo a Elba Esther Gordillo, Fernando Espino, Napoleón Gómez Urrutia. Si López Obrador quiere ganar tiene que moverse hacia el centro y eso no pasa por estar de acuerdo con la Iglesia Católica para ir en contra del aborto o los matrimonios igualitarios: pasa por una actitud de tolerancia y amplitud de miras que cada vez que se asoma a una derrota desaparece en el líder de Morena e impide a amplias franjas del electorado confiar en él.

El PRD tuvo una buena jornada. Comenzó la campaña mexiquense casi desfondado. López Obrador se dio el lujo de rechazar en ¡¡15!! oportunidades una alianza con el PRD. Las primeras encuestas le daban un 6, 7%, pero Juan Zepeda terminó con 18 puntos. Ha comprobado que se pueden enfrentar a Morena y salir adelante sin agacharse ante las presiones.

Si alguna lección tendría que dejar la jornada electoral de ayer, más allá de los resultados y las alineaciones partidarias de cara a 2018, es que nuestro sistema electoral no da ya más de sí, no garantiza la gobernabilidad, no refleja a las mayorías y que por más controles que se traten de implementar ante un voto disperso que exige porcentajes de votación tan bajos para ganar una elección, la tentación y la posibilidad de manipular comicios crece exponencialmente.

Lo cierto es que tendremos un ganador o ganadora que apenas alcanzará los 30 puntos, con una abstención que rondará en 50% de las listas nominales. En otras palabras, quien gane lo hará, en términos absolutos, representando a 15 o 20% del electorado. Es la mejor fórmula para ser, siempre, un gobierno de minoría, sin poder sacar una agenda legislativa y con una oposición que sabe que es mucho mejor negocio oponerse a todo desde la calle o los medios, que cogobernar desde el congreso o el gabinete.

La reforma que implemente la 2a. vuelta, ya hemos insistido en ello, no tendría destinatario especial. Se han opuesto a ella, por las mismas razones, el PRI y Morena. Ambos creen que es mejor ganar con 28% que ir a una 2a. vuelta que le otorgue al futuro mandatario una mayoría propia que se pueda reflejar, además, en fuertes acuerdos legislativos. Creen que en una 2a. vuelta las alianzas podrían no favorecerlos.

No deberíamos esperar para implementar la reforma de la 2a. vuelta hasta 2024. Las 2 últimas reformas electorales no han mejorado el sistema, han mostrado avance en algunos terrenos, pero en realidad han terminado cerrando aún más, quitando espacios a la ciudadanía y a la propia gobernabilidad en beneficio de las cúpulas partidarias.

Gane quien gane no tendrá el consenso de más de 20% de los electores reales del Estado de México y comenzará a gobernar con 80% de opositores. Y lo mismo sucederá en Coahuila y Nayarit. Y, sin 2a. vuelta, en 2018 en todo México. No alcanza para gobernar un país.

Para el académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, doctor José Antonio Crespo Mendoza, los partidos en Estado de México cometieron errores de diversos tipos e intensidades:

"Al margen de cuáles sean finalmente los resultados (...) El ganador lo será pese a sus errores, y los perdedores deberán su derrota en buena parte a sus errores. El principal error del PRI, en realidad de Peña Nieto, fue su candidato. Uno que representa justo aquello contra lo que la mayoría de la gente estaba; un aristócrata que encarna al grupo Atlacomulco".

Sobre el PRD explicó "debió insistir en buscar la alianza con el PAN desde un inicio, con la cual probablemente hubieran ganado la gubernatura. Pero perdió tiempo valioso sondeando como candidato a un abierto obradorista, Alejandro Encinas (...) Pese a todo, Juan Zepeda resultó una sorpresa para los propios perredistas".

Al explicar la situación de la candidata de Morena, el académico afirma que tuvieron un gran desempeño: "Probablemente fue acertada la designación de Delfina Gómez como candidata (...) pese a los trapos sucios que le sacaron durante la campaña (...) Pero en realidad la campaña y el triunfo fueron de López Obrador. No fue error haber aceptado la ayuda de Elba Esther Gordillo, pues pudo haber aportado puntos decisivos, y el costo político de ello será menor, pues los feligreses de AMLO no lo cuestionarán ni abandonarán haga lo que haga".

Finalmente el PAN: "hubo de elegir a la única figura que aparecía como competitiva en las encuestas. Los demás simple y sencillamente aparecían en el suelo. Para infortunio de los panistas, Josefina Vázquez ha demostrado una y otra vez ser una pésima candidata".

La estrategia de López Obrador fue elegir a una candidata que lo representaba a él y sólo a él, sin posibilidad de una vida propia. Más de la tercera parte de los mítines de Delfina Gómez fueron encabezados por él y sólo él llevaba el discurso central.

En el camino, el líder nacional de Morena se peleó con el Ejército, con la Marina, discutió con el padre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se enganchó en una pelea de callejón con el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, tropezó frente a los videos de la morenista Eva Cadena, insultó al candidato del PRD al que pedía declinar a favor de su candidata, aceptó una alianza bastante visible con los operadores políticos de Elba Esther Gordillo, y permitió el coqueteo con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Todo se aceleró cuando El Universal difundió la 4a. versión del video donde Eva Cadena, "la recaudadora", reveló que Rocío Nahle, diputada federal y colaboradora de AMLO, era "la verdadera recaudadora" de Morena, en Veracruz. El nuevo video desató la furia de Obrador quien, sin límite alguno, insultó al presidente Peña Nieto, al secretario de Gobernación y al gobernador de Veracruz quienes, según éstos habrían puesto una trampa a Morena y a sus ingenuos seguidores. Durante toda la campaña de Morena, Delfina Gómez fue exhibida, ya que en su gestión como alcaldesa de Texcoco, se le acusó de haber desviado recursos financieros del municipio para apoyar a Morena.

Dice el dicho que la vida nos regala incontables oportunidades de quedarnos callados y la mayoría de las veces las desaprovechamos. Fue un regalo, era nuestro y lo dejamos ir. Pero ninguno como el que dejó ir el alcalde Enrique Alfaro el viernes pasado: cuando tenía frente a sí la oportunidad de no opinar sobre la reforma política, pues nadie le estaba preguntando, no digamos presionando, abrió la boca, se fue de bruces y terminó regando un tepache que ni siquiera era suyo.

La forma, terriblemente despectiva, en que se expresó del "muchacho Kumamoto" un diputado que cualquier partido, comenzando por MC, soñaría con tener en sus filas, pero cuyo capital político es justamente no pertenecer a ningún y haberlos vencido a todos, fue gratuita e innecesaria. ¿Qué necesidad tenía Enrique Alfaro de lucirse con la reforma política? No encuentro ninguna, salvo un ego que no soportó estar fuera de la foto. En el discurso dice que fue él quien tomó la decisión de sacar adelante la reforma: tomó el teléfono, le llamo al Kumamoto, les llamó a los diputados de su fracción y rescató una reforma muerta, dijo. Vamos a creer que efectivamente fue así. Un gran político se reconoce en su generosidad y en su discurso él nunca reconoce a sus diputados, nunca aplaudió el esfuerzo de su coordinador, Ismael del Toro. En su crítica al gobernador que "había engañado al muchacho" termina poniéndose exactamente en la misma posición, como un líder que no respeta el trabajo legislativo. Si algo se le puede criticar a Aristóteles Sandoval en la reforma es que anuló a la fracción de su partido, esta visión antidemocrática donde los diputados no son sino instrumentos, votos a la disposición de un líder. Lo mismo, tristemente, hizo Alfaro en su discurso del viernes.

Sin embargo, lo que más me preocupa del discurso es esta idea, bastante mesiánica de que antes de mí todos eran pillos y después de mí, la incertidumbre. Sé que el adjetivo es duro, pero mesiánico significa exactamente "una persona que se hace acreedora a una confianza desmedida por parte de la gente para conseguir un objetivo o solucionar un problema" y la frase en Alfaro, después de describir sus grandes logros de su gobierno fue: "porque yo me voy en unos meses, yo me voy en un rato, y luego qué".

En Chimalhuacán y Texcoco, Estado de México, el gobierno juega un papel importante pero no principal. Para eso está la organización de Antorcha Campesina, que de facto controla los municipios. Aunque Antorcha siempre ha estado asociada al PRI, su relación es más bien transaccional: apoyan a cambio de beneficios.

En esta elección, por ejemplo, llamaron a votar por Alfredo del Mazo pero a regañadientes. Irán con él, y esto lo dijo su líder Aquiles Córdova en un mitin, "por ser el menos malo".

Antorcha es el que maneja el dinero, el que decide a quién se lo da, y el que hace la operación electoral en los municipios.

El Senado no es de los legisladores, es de la República. Y cada uno de sus integrantes, cuantimás la mesa directiva, deben rendir cuentas a la República.

Nada de jugar a ser dueños de algo que no les pertenece. No son ci-i-os de nada. Son representantes populares y están obligados a informar de sus actos.

Mientras se discute la reducción o la eliminación de las prerrogativas, la población ya perdió la confianza en los partidos políticos. Hoy su popularidad es peor.

La Encuesta 2016 del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos de nueva cuenta ubica a las instituciones políticas en el sótano de la desaprobación ciudadana. Su calificación, igual que hace 2 años, es de las peores entre 15 instancias evaluadas. Los 2,400 habitantes del área metropolitana encuestados les dan una calificación de 1.8 sobre 5. "Los partidos políticos están en el verdadero fondo. Son más confiables cualquiera de las policías que los partidos", precisó Augusto Chacón, titular de Jalisco Cómo Vamos.

Ligeramente arriba, con una calificación de 1.9, están los jueces. Comparten ese sótano de descrédito. Sin embargo, todas las instancias, incluidos los ayuntamientos, el Gobierno del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, entre otros, están peor evaluadas que hace 2 años. Hay una desconfianza generalizada de la población hacia todas las instituciones.

Temas como inseguridad, transporte público, las calles o la pavimentación siguen siendo de los servicios peor evaluados.

La mayoría de habitantes del área metropolitana de Guadalajara considera que la ciudad es "muy insegura". No sólo eso: creen que está peor en ese sentido que hace 2 años, según la encuesta practicada durante los últimos meses de 2016 por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.

Los resultados de la evaluación revelan que, en 2014, el porcentaje de personas que consideraban "muy insegura" a la ciudad eran 8.7, pero ahora la cifra es del 25.6. Uno de cada 4.

Augusto Chacón detalla que la percepción de inseguridad "creció muy significativamente", pues incluso "se duplicó el número de personas que nos dijo que había sufrido un delito".

Todos los indicadores en materia ambiental que Jalisco Cómo Vamos preguntó en la encuesta 2016 están evaluados de regular hacia abajo. Los tapatíos notan la mala calidad del aire que respiran y la contaminación del agua que fluye por ríos y arroyos.

Ambos puntos reciben una calificación reprobatoria de 5.8 sobre 10. Los participantes también revelaron su opinión sobre la gestión ambiental en el nivel de ruido en la ciudad: se mostraron inconformes al dar otro 5.8.

Lo mismo sucedió con la cantidad de árboles. Guadalajara y Zapopan reciben un 5.5 y 5.6 en la evaluación, respectivamente.

La edición 2012 de la encuesta también preguntó a los entrevistados cuáles eran las instituciones que realmente contribuyen en la sociedad. Entonces, el Gobierno de la República obtuvo el 26.3% de los votos. 4 años después, su nivel de confianza redujo al 15.9%. "Sorprende lo bajo que están los gobiernos (sobre todo municipales)", destaca Augusto Chacón. "La posición en el aprecio de las personas para que los gobiernos municipales disminuyan la desigualdad está muy abajo".

En términos generales, sólo el 13.7% de los encuestados creen en la labor que se realiza desde los ayuntamientos.

La autoridad municipal "se ha despersonalizado". En la opinión de Chacón, "ahora atraen inversión, crean empleos y crean marca de ciudad, pero los servicios básicos, con los que podrían hacer una distribución equitativa de la riqueza: el mismo alumbrado y pavimento para todos (...) se está descuidando muchísimo y la gente lo percibe".

La mayoría de las personas cree que temas como las áreas verdes, el agua, las banquetas y la iluminación siguen igual que hace 2 años.

La diputada local de Veracruz, Eva Cadena se dijo víctima de linchamiento político y acusó que Morena incurre, al igual que otros partidos políticos, en prácticas irregulares de financiamiento público para apoyar las campañas políticas.

Dijo que ha sido amenazada de muerte, que su partido la dejó sola y que presentará una denuncia sobre el financiamiento ilegal que se utiliza para campañas con recursos públicos del congreso local. "Morena, lamento decirlo, asume las mismas prácticas de financiamiento ilegal de las de sus adversarios".

"Es tiempo de decir la verdad y de hablar" de las prácticas corruptas, del uso de recursos públicos, del engaño y de la doble moral.

Otro ejemplo, dijo, es el discurso de los diputados de ese partido, respecto a la donación que hacen supuestamente de 50% de su sueldo, para las universidades que promueve López Obrador. Si fueran realmente honestos, dijo, entregarían el 50% de los recursos que cobra un diputado de Morena, pero la verdad es que no aportan ni el 10%.

Detalló que en el Congreso del Estado los bonos que supuestamente no reciben los diputados de Morena, en los hechos si son aceptados por éstos y los utilizan para financiar actividades partidistas como las visitas de López Obrador a la entidad.

Estos recursos son irregulares en cuanto a su origen y por lo mismo se utilizan discrecionalmente, además de que no se reportan a la autoridad electoral, acusó.

Además, dijo, los recursos públicos se utilizan pagando "buenos asesores y especialistas que apoyen la tarea de los diputados y para pagar actividades políticas de un partido que oficialmente reprueba prácticas que hacen los demás institutos políticos".

El jueves pasado el candidato del PT al Estado de México, Oscar González, dio ante sus compañeros un largo discurso explicando todas las traiciones y malas jugadas de López Obrador y Morena en contra del PT, incluyendo algunos escabrosos detalles de financiamiento paralelo. 12 horas después estaba declinando en favor de Morena. Para explicar el cambio radical de posición dijo que le habló Andrés Manuel y le dijo "no seas canijo". Eso fue suficiente. Como diría Groucho Marx, "si no les gustan mis principios, aquí tengo otros".

En la capital mexicana se están dando hasta con la cubeta por 3 temas: 1o. el aumento de la burocracia en las delegaciones. Lo que no deciden es el tipo de elección para los concejales, algo así como regidores, que ahora acompañarán a los 16 delegados.

2o. la representatividad. No saben si de los 66 diputados hay que tener más elegidos directamente por voto en los distritos y cuántos de lista de partido. A nadie se le ocurrió recortar su número.

3o. las sanciones. Los 10 panistas lucharon como vikingos (aunque no lo crean, con su minibancada se hacen valer) para equiparar la compra de voto con un delito merecedor de sanción penal tanto para el comprador como para el vendedor.

Mientras esto escribo, se siguen dando con la cubeta. Igual que en Jalisco, donde las prioridades son otras:

1o. el adelgazamiento gubernamental. Todos los partidos se sumaron a la idea de reducir regidores y un legislador. Uno no es ninguno, pero bueno, uno.

2o. la eliminación de la millonaria beca a la burocracia partidista. La iniciativa del gobernador plantea eliminar el financiamiento por completo durante año no electoral, Kumamoto busca ligar el financiamiento al número de votos y MC estiró la liga para que no hubiera pesos ni siquiera en año de campañas.

Hay más, pero esas 2 llaman mucho la atención porque se enmarcan en un contexto de descrédito y furia contra las instituciones políticas que mantenemos los mexicanos.

Mientras esto escribo, los diputados jaliscienses se siguen dando con la cubeta y buscando la salida para no estrangular a sus partidos. No saben a quién echarle la culpa para dar un paso atrás ahora que se subió el tema a la mesa. Por ahí, con habilidad, encontraron la excusa de vincularlo a la ley federal y piden esperar a que en San Lázaro los legisladores hagan lo mismo (¡como si eso fuera a pasar!).

El año pasado, el Servicio de Administración Tributaria reveló que varios gobernadores y ex gobernadores estaban bajo investigación por fraudes fiscales. Corrió después la historia de que eran 5, pero según fuentes muy confiables, en realidad se trataba de 8 figuras cuya (mala) fama trasciende el ámbito de sus estados y se ha vuelto materia de observación nacional:

Andrés Granier de Tabasco terminó en la cárcel. El desvío total del que se le acusa, según el fiscal de la entidad, es superior a los 10,000 millones de pesos.

Javier Duarte de Veracruz seguía en el poder, y tan campante, cuando se anunció que el SAT lo investigaba; luego se fugó y finalmente fue capturado en Guatemala.

Roberto Borge de Quintana Roo, quien parece que ya tiene restringidos los movimientos y uno puede deducir que está a días de que ordenen su captura.

Humberto Moreira, ya en calidad de ex mandatario de Coahuila, fue también requerido por el fisco. Según mis fuentes debía como un cuarto de millón de pesos.

Guillermo Padrés, de Sonora, también estuvo en la mira del SAT. Construyeron ahí un caso que armó la PGR y ante la impericia de los abogados del panista, lo llevó a la prisión donde aún permanece.

Rodrigo Medina de Nuevo León era otro con nombre en el expediente. La investigación no llegó a él directamente, pero sí a su papá y a otros familiares y más personalidades de su entorno.

Ángel Aguirre, que llegó al gobierno de Guerrero por la alianza PAN-PRD, aparentemente debía más de un millón de pesos en impuestos, según estas fuentes, y que terminó saldando su deuda: una bicoca para lo que tiene.

Miguel Ángel Yunes es un caso singular. El gobierno federal lo empezó a investigar mientras competía por la gubernatura. Tras vencer en los comicios, el asunto del expediente contra Yunes ha subido y bajado de nivel un poco en función de los arreglos políticos y el tono del discurso del ya mandatario veracruzano. El gobernador ya anda en otras: se ha vuelto un aliado estratégico del gobierno federal en la pugna contra Andrés Manuel López Obrador y, sin ir más lejos, las dirigencias estatales de PAN y PRD en Veracruz lo destaparon ayer para la Presidencia en el 2018.

¿Cuál es el estado de estos expedientes? Se desconoce, y las autoridades no dicen argumentando la famosa "secrecía" de las investigaciones.

Un ex presidente de extracción panista fue también descubierto por el SAT... y terminó pagando su deuda.

¿Realmente los partidos políticos quieren una reforma electoral? Mi impresión es que no; que ni MC, ni el PRI, ni el gobernador, ni Alfaro quieren la reforma; que PRD y PAN no saben lo que quieren y que Kumamoto simplemente ha aprovechado bien la coyuntura para posicionar su agenda. Tengo la certeza, también, de que si no hay reforma política no pasa gran cosa.

El gobernador Aristóteles Sandoval planteó una reforma imposible. Las voces de los que saben alertan de que esa reforma, 0 pesos en años no electorales, es jurídicamente insostenible por no decir ilegal, que para ello se requiere una reforma de las leyes federales que no es atribución de los diputados locales. Sin embargo, el gobernador sabe que eso es lo que el respetable público quiere escuchar y ha estirado la liga al máximo, porque lo que le conviene es que sea MC quien diga que no a la reforma. El colmo fue que los diputados del PRI, en un arranque de obediencia e irresponsabilidad a los que están bastante acostumbrados, dijeran "vamos aprobándolo y que sea la Corte quien la eche para atrás".

Alfaro y MC tampoco quieren la reforma. No ganan nada con ella. Para suerte de los Naranjas el tiempo está a su favor: la fecha límite para aprobar una reforma que aplique al próximo proceso electoral es el miércoles 31 de mayo. Van a dejar correr el tiempo y si ven la coyuntura para hacer algo que les convenga mediáticamente, lo van a hacer, de otra manera dejaran correr el reloj.

PAN y PRD saben que, aunque cualquiera de los 2 bandos necesita sus votos, ellos no capitalizarán mediáticamente una reforma que quite dinero a los partidos, pues, paradójicamente, quienes tienen las estructuras y nuestro dinero para cacarear que le quitaron el dinero a los partidos, son los que gobiernan. Para ellos renunciar a prerrogativas y reducir plurinominales no es algo que les haga ninguna ilusión. Lo harían si y sólo si el costo de oponerse fuera muy alto, si la sociedad civil estuviera detrás de esta reforma, presionando a tope, pero no es así. En la medida en que la discusión es entre PRI y MC, a ellos no les conviene agitarse demasiado, como lo hemos visto en estos días.

Kuma, el independiente, está haciendo su juego. Los partidos son su alter ego; cualquier cosa que él plantee que vaya en contra de la partidocracia, gana, porque esa es su agenda, porque lo que sus electores y seguidores esperan de él es que le quite poder y recursos a los partidos y si no lo logra al menos que lo intente.

El hecho es que la alianza es pública, abierta y ahí estuvieron Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo y Rafael Ochoa, quien fue uno de sus principales colaboradores, con Delfina Gómez. Como siempre que no le gusta una pregunta, López Obrador grita, se dice calumniado, pero el hecho es que Elba y Morena están aliados en el Estado de México y lo han hecho de forma pública, abierta. ¿Qué eso le cuesta al candidato de Morena?. Claro, pero sobre todo le cuesta a Elba.

Pierde la maestra por que la alianza con Morena representa un desafío del "elbismo" a Peña Nieto y al priismo, cuando su proceso está en los tramos finales, mismos que se podrían alargar infinitamente (salvo que el acuerdo con AMLO implique el respaldo de éste si gana las elecciones en el 2018) en el contexto de una ruptura definitiva con el poder federal. Alguien debería recordar que Peña Nieto no es un presidente popular pero tampoco débil, sigue teniendo el control del Estado y las instituciones.

Pierde porque cuando Elba decidió hacerse responsable en solitario de todas las acusaciones, salvó con ello a familiares y colaboradores que también estaban siendo investigados; salvó incluso al SNTE de ser "limpiado" y tomado por el gobierno federal mediante la imposición de liderazgos a modo. Ese "acuerdo de facto" puede romperse.

Por otra parte, resulta evidente que López Obrador no quiere ningún acuerdo de fondo, quiere usarla: no le va a "restituir el SNTE", ni podrá echar atrás la reforma educativa. AMLO no quiere de aliada a Elba Esther, quiere servirse de ella, de la información que pueda tener y utilizarla en su lucha política.

La serie de situaciones que estamos viendo y oyendo a través de los medios de comunicación, no otra cosa que el periódico encarnizamiento de los partidos políticos a cuyos exponentes ya no les importa hacer el ridículo y lo hacen con el mayor de los cinismos. No es que se trate de personas privadas de inteligencia, si luego a pesar de ser pensantes asumen papeles tan lamentables lo único que uno puede pensar es que tienen o mucha necesidad o sobrada avidez para hacer y declarar lo que les manden ante un público que, por si de veras no lo saben, ya no les cree desde hace mucho tiempo.

Que representantes del PRI local gasten su precioso tiempo haciendo declaraciones, denuncias, protestas y reclamos por las fallas advertidas en la administración pública de los municipios de la zona metropolitana, en 1er. lugar no les queda, pues no le toca al burro criticar a los orejones, y en 2o. lugar no hacen sino mostrar el bajo concepto que tienen de su función.

En efecto, la escena política de nuestros tiempos es deprimente, los partidos políticos solamente están sirviendo para arruinar la vida pública y privada de la ciudadanía, pues dedicados como están a bloquearse unos con otros, a expensas de la administración, los resultados no pueden ser sino pésimos. De esta postura infantil y corrupta nadie se escapa, ningún rubro municipal o estatal, lo mismo si se trata de la cultura que de la recolección de basura, de los estacionómetros o del alumbrado público, y en la medida que crece el temor de perder las próximas elecciones, aumenta paranoicamente la serie de sucios recursos para ganarlas, como vemos todos los días que sucede en el Estado de México, donde el gobierno reinante ha tirado la casa por la ventana desde el pasado mes de enero, a fin de asegurarse el voto, recurso que muy bien podría estar saliendo del ya olvidado "gasolinazo".

La denuncia por gastos excesivos en el tema que sea, adjudicaciones directas, abusos de autoridad, crecimiento desmedido de nóminas, nepotismo, aviadores por todas partes, ineptitud burocrática, etc., debería ser precedida por una declaración de culpa, pues eso que critican es precisamente lo que enseñaron a hacer cuando les tocaba administrar, ¿cómo es que ahora tan cínicamente se admiran?

El dejar en 0 pesos el financiamiento a los partidos en años no electorales sería abrirle la puerta a recursos no legítimos, afirmó Carlos Manuel Rodríguez Morales, delegado en Jalisco del Instituto Nacional Electoral [como si no la tuvieran abierta siempre... que no se hagan pendejos - el webmaster]. Esto a partir de la iniciativa del gobernador Aristóteles Sandoval que busca recortar recursos a los institutos políticos. "Favorece el que haya dinero de origen ilegítimo en el ámbito de los circuitos políticos, particularmente de las campañas y de los procesos electorales".

Se debe reconocer que Morena es un partido ejemplar -en la mejor acepción del término- cuando se trata de mostrar la vigencia de los partidos en México. ¿Por qué?

Porque contrario a la percepción de muchos -incluso de militantes y seguidores de AMLO-, la verdad es que Morena es el mejor ejemplo de que es mentira que los mexicanos están decepcionados, hartos y "hasta la madre" de los partidos en general.

Si fuera cierto el hartazgo ciudadano por los partidos -que pregonan voces interesadas-, Morena no sería el partido con el mayor crecimiento de simpatizantes en la historia de la partidocracia mexicana.

Más aún, AMLO creó Morena por esas mismas razones -y por el dinero público, claro-, porque sabe que puede llegar al poder por la vía de un partido.

Además, si los mexicanos estuvieran contra los partidos, Morena no habría ganado 6 jefaturas delegacionales en la capital del país, no habría quedado en 2o. lugar en las elecciones de Veracruz y no estaría peleando, al tú por tú, con lo más acabado del PRI en el Estado de México.

Morena es, en pocas palabras, la mejor prueba de que es falsa la premisa que pregonan los morenistas y otros interesados en la destrucción de la democracia mexicana: la premisa de que los ciudadanos mexicanos ya no creen en los partidos. En todo caso no creen en algunos partidos y algunos políticos.

Pero se derrumba aún más la premisa del hartazgo ciudadano por los partidos, si vamos al detalle de lo más cuestionable de Morena.

¿Cómo es posible que una mayoría de mexicanos prefiera, adopte y adore a un partido como Morena, que carece de transparencia, que es el refugio de los más rateros del viejo PRI y de otros partidos, que es la casa de lo peor de la clase política y donde la democracia brilla por su ausencia?

La respuesta puede ser digna de las escuelas del comportamiento humano, más que de la ciencia política. Sin embargo, ese gusto social por un partido como Morena tiene un claro parentesco con el síndrome de Estocolmo.

Es decir, que muchos ciudadanos mexicanos están enamorados de lo peor del PRI; de las peores prácticas del tricolor en la historia, de lo más rancio y los más rateros del partido más viejo de México. Y es que -en los hechos- todo eso es lo que representa Morena.

Hay un partido y su líder que encabezan las percepciones negativas en los últimos meses y años. Y ese partido no es el PRI. Ese partido y su líder se llaman Morena y Andrés Manuel López Obrador. Y si tienen duda pueden consultar un reporte cíclico que presenta el periódico El Financiero, respecto al volumen y sentido de la cobertura mediática dedicada a los distintos aspirantes presidenciales y partidos.

¿Y qué creen? Que el mayor número de negativos lo tiene Morena, en tanto partido, y Andrés Manuel López Obrador, en tanto político.

Dicho de otro modo, resulta que Morena, y no el PRI, es el partido que reporta el mayor porcentaje de negativos y rechazo, incluso por encima del PRI.

Y en cuanto a políticos, el que carga el mayor desprestigio se llama Andrés Manuel López Obrador, con los mayores negativos que cualquier otro aspirantes presidenciales para 2018.

Dicen voces interesadas en la destrucción de la democracia que es mayoritaria la percepción de que los ciudadanos repudian a los políticos de todos los signos.

Si fuera real el rechazo a los políticos, AMLO no existiría.

Nadie podrá acusar a Andrés Manuel López Obrador de exceso de humildad. El presidente de Morena, y candidato por 3a. vez a la Presidencia, se ha considerado a sí mismo un rayito de esperanza, un ejemplo de honestidad valiente y un espíritu indómito que enfrenta una mafia del poder en la que participan todos los políticos y empresarios que no lo apoyan.

Esta semana Andrés Manuel lanzó desde las alturas su condena definitiva a su ex partido [el PRD]. Las declaraciones de desprecio las dirige López Obrador a un partido de izquierda del que fue presidente y que lo ha postulado en todas sus candidaturas, desde Tabasco en 1994 hasta la Presidencia en 2012, pasando por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 2000. Esos gusanos arrastrados son sus compañeros políticos de muchos años.

El problema es que la política es un arte de lograr acuerdos y conciliar diferencias. En una democracia, el candidato ganador no tiene derecho a acallar a sus rivales y gobernar por decreto. Necesita lograr coincidencias con aliados y rivales. Pero eso no lo ofrece un político que afirma que quienes están con él volarán como águilas y quienes no serán pisoteados como gusanos.

Quienquiera que sea presidente en 2018 tendrá que negociar y conciliar con propios y extraños. Insultar y despreciar a quienes no piensan como él, incluso a quienes han sido sus compañeros durante años, no augura nada bueno para un gobierno de López Obrador.

Coahuila se ha convertido en el laboratorio mexicano de las fake news, este concepto que define la manipulación de un electorado a partir de la diseminación de información apócrifa. En la última semana, 2 candidatos en ese estado han sido víctimas de las fake news, Guillermo Anaya, el panista que busca la gubernatura de Coahuila, y Humberto Moreira, presidente del PRI durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y que quiere ser diputado local por el Partido Joven. En ambos casos, los creadores de esas fake news han utilizado a periódicos de la Ciudad de México como vehículos para mostrarlos como mentirosos, deshonestos y poco dignos para recibir el voto de los ciudadanos, a los cuales les han entregado documentación para lanzar denuncias, de origen anónimo, que descarrilen sus esfuerzos.

Hace tiempo los partidos entendieron que su voz había perdido credibilidad, por lo que las denuncias directas en conferencias de prensa o a través de sus espacios no causaban el impacto que buscaban. Encontraron que esa misma denuncia, difundida por un medio de comunicación, tenía un efecto multiplicador y negativo contra el objetivo seleccionado. La semana pasada se publicó que Moreira tenía abierta una investigación en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre transferencias bancarias que su esposa y su cuñada habían hecho entre 2013 y 2016 por 62 millones de dólares, a cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, desde una cuenta en el Broadway Bank de San Antonio, Texas.

La publicación generó reacciones inmediatas de los partidos y los políticos, que exigieron a las autoridades mexicanas que se investigaran las acusaciones. Las secuelas de esa información aún rebotan en la opinión pública, pese a que esa cuenta no existe. Una persona, después de esa revelación, intentó depositar 25 dólares en la cuenta del banco texano, pero le dijeron en las cajas que no existía. Un caso similar le sucedió a Anaya esta semana, al difundirse que tenía una cuenta en Banorte y otra en Barbados, que sumaban depósitos por 211 millones de pesos. Anaya recibió de Banorte, a petición de él, una carta donde informó que la cuenta referida no existía.

Verosimilitudes no es lo mismo que veracidad. No es la 1a. vez que se emplean fake news en los procesos electorales en México. La 1a. muy notoria fue la campaña de Arturo Zamora, del PRI, por la gubernatura de Jalisco 2006, al publicarse que era investigado por la DEA por supuestos vínculos con el narcotráfico. Esa información falsa le costó la gubernatura, y se volvió a utilizar la misma especie en la campaña para senador, aunque en esa ocasión ya no tuvo impacto. En la contienda presidencial en 2012, le dieron a un columnista información que el coordinador de la campaña de Peña Nieto, Luis Videgaray, realizaba transferencias de recursos a través de una cuenta en Santander, con la ayuda de su madre, que era ejecutiva del banco. El columnista buscó a Videgaray para saber su opinión, y encontró que lo que le habían dado, no era cierto, por lo que no difundió nada. Al columnista le ofrecieron también las pruebas de que los hermanos del entonces secretario de Organización del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, tenían cuentas millonarios en Panamá, y cuando dijo que tendría que verificarlo primero para saber si eran reales, ya no le entregaron los documentos, mismos que fueron publicados 2 semanas después en un medio que tuvo que admitir ante la amenaza de demandas, que eran falsos.

Aquellas noticias apócrifas eran ocasionales, pero en los 2 últimos años las fake news, han sido utilizadas de manera sistemática en los procesos electorales. Una de las formas más recurridas ha sido la plantación de encuestas apócrifas, que se incrementó en las actuales campañas, inclusive en diarios capitalinos sin historia en el uso y manejo de estudios demoscópicos.

Los políticos han encontrado en la aportación de documentación apócrifa, que el daño a su reputación es limitada y se transfiere el descrédito a los medios. A algunos medios en México puede no interesarles la mala fama pública al difundir fake news, pero los más serios deberán reflexionar sobre sus políticas editoriales para impedir que sean utilizados perversamente en el futuro.

¿Tiene sentido una alianza PAN-PRD para la elección de 2018? Visto desde los viejos parámetros de la política es incluso una contradicción, son 2 partidos realmente incompatibles. El PRD ha encontrado su nicho de mercado justamente en la agenda de ampliación de libertades mientras que el PAN tiene su nicho duro de votos en los grupos conservadores que se oponen a esta agenda. Temas como aborto, legalización de drogas, matrimonio igualitario parecen irreconciliables, como irreconciliable parece también la relación de la sociedad con los partidos. Una gran alianza, encabezada por estos 2 partidos, podría tener sentido, si y sólo si, ambos renuncian a sus grandes batallas ideológicas y se construye una agenda vinculada a los intereses ciudadanos.

La misión fundamental de un partido es el acceso al poder, y en eso los 2 han desarrollado un nivel de pragmatismo que está más allá de cualquier vergüenza.

La gran pregunta en este tipo de alianzas no es cómo repartir el pastel, eso lo resuelven rápido sino quién encabeza la alianza como candidato a presidente y con qué discurso se presentan ante los electores que justifique el chilaquil ideológico. No es que los partidos tengan una historia del todo coherente, pero sí, en el caso del PAN, PRD y PT, unos mínimos ideológicos. (MC, Panal y Encuentro son partidos de principios muy firmes, pero siempre intercambiables).

En términos de discurso la reconstrucción de la democracia y las instituciones de la república podría funcionar. A PAN, PRD y MC les podemos creer que tienen todavía alguna preocupación por la democracia y que hasta estarían dispuestos a dejar por 6 años otro tipo de debates para centrarse en cosas mucho más urgentes e importantes como la reconstrucción de las policías y el sistema de seguridad; un sistema nacional anticorrupción que contraste con la inacción del gobierno de Peña en este tema y con la visión mesiánica y personalista de López Obrador; un mejor y más eficiente sistema de rendición de cuentas, etc. Lo que no veo es cómo puedan encontrar y construir un candidato que pase por todos los partidos en 6 meses y al mismo tiempo sea atractivo. Ese es el gran reto, pues una mala selección de candidato hace que el resto pierda todo sentido.

En unos meses el presidente de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, se someterá al juicio tapatío. Es una "revocación de mandato" dice, para decidir si sigue como alcalde o deja el cargo porque lo reprobaron. Alfaro afirma públicamente que si los tapatíos deciden que no lo quieren, él no intentará ser gobernador de Jalisco.

Actualmente hay grupos de jóvenes recorriendo las colonias de la ciudad. Van de casa en casa haciendo una encuesta sencilla: unas pocas preguntas que aplican en 5 minutos. Llevan una playera con un bordado del partido Movimiento Ciudadano. No portan identificación y no piden datos personales, excepto la edad. Naturalmente, pueden agregar el sexo del encuestado(a).

Antes de llamar a la puerta, tal vez anotaron calle y número para dejar constancia de que su encuesta no es inventada ni contestada por ellos.

La revocación de mandato que deberán superar todos los alcaldes de Movimiento Ciudadano se efectuará en septiembre, si no cambian de idea. Para entonces, ya tendrán un mapa completo. Es simple: con las respuestas definirán dónde están aprobados y dónde no; dónde hay interés por participar y cuáles son las políticas públicas que la gente conoce y cuáles han pasado desapercibidas.

Después, sólo hay que cruzar datos para decidir dónde se instalarán las urnas receptoras de votos y dónde conviene recibirlos. Con toda la información previa, no le facilitarán las cosas a la gente que desee votar contra la gestión de Alfaro o de cualquier otro alcalde. Y lo van a determinar ellos mismos porque este ejercicio es voluntario y no será calificado por la autoridad electoral. No es necesario porque no existe en la ley.

De hecho, no es una revocación de mandato. Es una consulta revocatoria, que sólo figura en un reglamento municipal.

Un análisis elaborado por la asociación civil Acción por los Derechos Humanos, la semana pasada, concluye que Felipe de Jesús Álvarez Cibrián desecha el 80% de las quejas por "acumulación".

¿Cuál es el truco? Por medio de una leguleyada, el visitador establece que si una queja se parece a otra anterior y a otra anterior y así hasta el infinito, entonces se trata de una sola queja y, ¡catapum!, quedan resueltas.

"En ese mecanismo impera la consigna de deshacerse del problema sin realizar una investigación exhaustiva sobre los hechos y las posibles violaciones a los derechos humanos", señala el estudio.

Nada más calculen: si en 2015 hubo más de 15,000 quejas y sólo 44 recomendaciones, ¿cuántas podrían catalogarse como "acumuladas"?

Impertinente y autoritaria declaración de López Obrador que le daba hasta mañana martes al PRD y al PT para declinar en sus respectivas candidaturas en el Estado de México en favor de Delfina Gómez, si querían una alianza de izquierda en el 2018. Dijo que quería además que esas declinaciones fueran "sin condiciones", o sea que más que una alianza lo que busca es una rendición.

Mostrará a quienes están jugando contras dentro de su propio partido. En el PRD el caso más notable es la influyente corriente de René Bejarano que inmediatamente se declaró en contra de la alianza con el PAN y llamó a una con Morena: Bejarano siempre ha trabajado para López Obrador.

Hay que dejar en claro que la alianza del PRD con Morena no implica una alianza de izquierda. Como bien le dijo Juan Ramón de la Fuente a Bibiana Belsasso esta misma semana "los temas progresistas, liberales, no están en la agenda de López Obrador". Al contrario, su agenda es cada día más conservadora, religiosa y autoritaria. Sin duda habrá sectores en la derecha del PAN que se persignarán ante la posibilidad de una alianza con el PRD. Está bien: como los morenistas del sol azteca, los persignados del PAN pueden, si quieren, quedar fuera de ella. Lo importante es que se trate de una alianza básicamente liberal, y los 2 partidos tienen raíces, provenientes de diferentes fuentes, sólidas en ese ámbito.

En México los candidatos a cargos de elección popular siempre han tenido aversión por los debates. No les gustan, los rehúyen.

Solo van, y por mandato de ley, a esos monólogos acartonados, blindados, viejos y aburridos que organiza la autoridad electoral con base en la ley que los políticos aprobaron para blindarse, ellos y sus partidos.

No le importó a Manuel Bartlett -titular de Gobernación en su momento- aclarar el crimen de Manuel Buendía, asesinado en el Distrito Federal. Pocos gobernadores, si no es que ninguno, han podido aclarar el asesinato de los más de 100 periodistas ultimados en los recientes 17 años.

Tampoco ha importado la vida de los periodistas, y menos aclarar sus crímenes, a los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y menos al de Peña Nieto. Todos los presidentes dicen -de dientes para afuera- que investigarán los casos de periodistas asesinados. Pero en los hechos poco o nada hacen. ¿Por qué?

Porque, en rigor, la responsabilidad fundamental de la seguridad en un estado, y del esclarecimiento de un crimen en esa entidad, es de los gobiernos estatales. En efecto, el gobierno federal -a través de la PGR- puede invocar la atracción de un crimen de naturaleza específica, pero la mayor responsabilidad es de gobernadores y alcaldes que, en el caso de periodistas, nunca han hecho nada.

Resulta maniquea y mentirosa la actitud de ciertos periodistas quienes, en su legítimo reclamo a favor de frenar la violencia, solapan a los asesinos y son omisos con las instituciones del Estado obligadas al esclarecimiento de los crímenes, como los gobernadores.

En cambio, en las manifestaciones para poner freno a la violencia contra periodistas las consignas son electoreras.

"¡Pinche gobierno federal... pinche Peña Nieto!", gritan periodistas inconformes, pero nada exigen a gobernadores de Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Morelos... que nada han hecho para esclarecer la muerte de 6 periodistas, en 2017, en sus estados.

"¡Fue el narcoestado!", inventan otros periodistas, pero no tocan ni con el pétalo de una crítica a los capos y bandas del crimen organizado, cuyos jefes ordenan asesinar a no pocos comunicadores.

Pero la sublimación de la doble moral de ciertos periodistas aparece cuando esos "periodistas militantes" convierten la muerte de un colega en grosera causa político-electoral, a favor de un partido y contra el gobierno federal en turno.

Y el mejor ejemplo del periodismo militante y maniqueo -y de la campaña para exonerar a capos de la droga y barones del crimen organizado- se llama Epigmenio Ibarra, el mismo que ha convertido en negocio de millones de dólares la exaltación de los capos en telenovelas.

¿Por qué razón Epigmenio Ibarra construyó el montaje de que el de "los 43 de Iguala" era un crimen de Estado? ¿Por qué exoneró a los narcotraficantes de Guerreros Unidos? ¿Por qué en lugar de culpar a los mafiosos y matarifes jefaturados por Abarca, culpó a Peña Nieto? ¿Por qué en el caso de los 43, Epigmenio nunca aceptó la vertiente del narcocrimen? ¿Y por qué en sus telenovelas exalta a los narcocriminales?

¿Por qué hoy, cuando todo apunta a que Javier Valdez fue asesinado por encargo del narcotráfico y el crimen organizado, Epigmenio Ibarra encamina la especie de que "fue el narcoestado" y culpa a Peña Nieto?

La mayoría de los periodistas asesinados en México han caído víctimas de las bandas criminales, las mismas que glorifica en sus telenovelas Epigmenio Ibarra.

Esa es la defensa que requieren los periodistas asesinados? ¿Esa es la doble moral de los que exigen esclarecer el crimen de periodistas a manos del narcotráfico y el crimen organizado?

El crimen de periodistas no se acabará con marchas, plantones y paros, se acabará exigiendo el fin de la impunidad a las bandas del crimen organizado y el narcotráfico y el fin de la impunidad en general. Y, claro, cuestionando la doble moral del periodismo militante.

Hay que estar al pendiente de las elecciones que se van a llevar a cabo para gobernador en el Estado de México. Esas que se van a realizar el próximo 4 de junio.

Es muy probable que lo que ocurra en este que es el Estado más poblado del país y con uno de los mayores potenciales económicos habrá de sumar o restar en el proceso del 2018.

Hasta hoy, y una vez que ha llamado la atención la debacle de 2 de los grandes partidos, el PAN y el PRD, tal parece que la elección será sólo entre el PRI y MORENA.

Pero a fin de cuentas quien gane no significará gran diferencia.

Los candidatos son hijos predilectos de la clase política mexicana y cada quien en su caso gobernará más o menos igual que hasta ahora. Veremos los acomodos de siempre, los estilos de siempre y la corrupción de siempre. Eso está en el ADN de nuestros políticos y en el fondo es su razón de ser.

No habrá grandes transformaciones y no se atacará el mal endémico de nuestro sistema de manejar el poder como negocio y para enriquecerse. Invitamos entonces a ver este proceso electoral como una puesta a prueba de la capacidad de olvido del electorado mexiquense. Estas elecciones se dan cuando hemos recorrido un especialmente florido camino de corruptelas y simulaciones. Por todas partes florecen los escándalos.

Ningún partido se salva de las sospechas de corrupción, porque si bien hay algo que podemos agradecer de la guerra sucia entre partidos es que en su afán de arrojarse desperdicios unos a otros casi todos los días se ventilan nuevos escándalos de corrupción de todos.

Y en su simulación la clase política parece ignorar el escándalo. No cambia el discurso. Se paran a hablar dando la espalda al elefante de la desvergüenza pretendiendo que no existe.

Eso es lo que nos interesa conocer el 4 de junio: la capacidad de resistencia o la apatía ante la clase política.

El reportero Álvaro Delgado publicó la semana pasada nuevos detalles de ese megaescándalo que es OHL y su forma de operar en México.

El periodista de Proceso presentó documentos sobre gastos que la constructora cubrió en 2007 a Luis Miranda, sí, el hoy secretario de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto, y a un hijo del exgobernador Montiel.

Son facturas de las estancias de esos personajes en el Fairmont de Mayakoba, en la Riviera Maya, el mismo hotel en donde al colaborador de Eruviel Ávila, Apolinar Mena, los de OHL le picharon sus vacaciones.

OHL no solo consintió a priistas, sino también a Fernando Aboitiz, expanista, perredista, y funcionario capitalino tanto con Marcelo Ebrard como con Miguel Ángel Mancera.

Un funcionario, dice la ley, no debe recibir regalos cuyo costo exceda 10 veces el salario mínimo diario so pena de violentar las normas que buscan que tales agasajos nublen el juicio de quien debe velar por el bien común antes que favorecer a cuates o contratistas que le consientan.

En pocas palabras, un funcionario no puede recibir de quien se puede ver favorecido de sus decisiones ni una corbata Pineda Covalín, ni una botella de a litro de Etiqueta Negra. Una de Etiqueta Roja sí. Pero solo una al año.

A Aboitiz se le habría pagado un fin de semana en el Mayakoba para él y... 14 acompañantes. Algo así como un VTP Sardina en la Riviera Maya.

Ayer el cuarto más barato en ese Fairmont costaba 240 dólares por noche.

Como secretario de Obras de Ebrard, Aboitiz estuvo involucrado en la concesión de la Supervía Poniente a... OHL.

¿Mancera o su procurador o su contralor o alguien va a investigar esa denuncia? ¿Nadie? ¿Ni para guardar las formas? Digo, aunque sea para saber quiénes fueron los 14 integrantes del VTP Sardina.

Nuestros diputados ni siquiera pudieron bajarle el sueldo a los nuevos magistrados para que no tuvieran un salario superior al del gobernador.

Al final es el sello de la casa de esta legislatura.

Jalisco necesita instituciones que, desde la sociedad civil, vigilen que los intereses de Jalisco y la visión de futuro prevalezcan sobre la coyuntura y los caprichos políticos, que poco o nada tienen que ver con quién gobierne, sino la naturaleza misma de la política.

Se habló mucho de los independientes, pero no se ha hablado del platal que se necesita para que alguno de ellos gane, de modo que sigo sosteniendo que un debate sin edecán es como un día sin sol y nada más porque sé que las comisiones de derechos humanos se dedican exclusivamente a que los becados agraciados con los nombramientos cobren, al tiempo que se comen los mocos, pero si actuaran en un mínimo aspecto de defensa de estos sacrosantos derechos, protegerían a la población contra tan infames ejercicios, que son verdaderamente un ataque a cualquier acto de inteligencia o de convivencia social.

Por tanto, he llegado a una definición de lo que es un debate, que es un artificio electoral cuyo único atractivo dependerá de la belleza de la edecán que se contrate para el efecto y que por lo general, además de cobrar, es utilizada por los candidatos que van perdiendo, con la esperanza de que el que vaya ganando diga alguna imbecilidad que lo haga perder popularidad, lo que casi nunca sucede, pero de ahí a que haya algún acto de inteligencia, hay mucha distancia.

Una vez más volvió Andrés López a amenazar que cuando sea presidente, porque tiene la Presidencia según él asegurada (Dios no lo quiera), lo primero que va a hacer es anular el proyecto del nuevo Aeropuerto de Ciudad de México, realizado por el arquitecto Norman Foster, uno de los mejores del mundo con experiencia en este tipo de grandes proyectos, con el apoyo del joven, capaz y brillante arquitecto mexicano Fernando Romero.

Se ve claramente que "El Peje" ignora la necesidad urgente que existe en todo el país, de que se realice este gran aeropuerto en Ciudad de México. Además de que no advierte esa necesidad, no se imagina ni tiene la menor idea ni la visión para gobernar una nación como México, de acuerdo al avance y el desarrollo que es indispensable para ser de 1er. mundo.

Demuestra que no aprendió nada cuando fue jefe de Gobierno de Ciudad de México y no se dio cuenta de las carencias graves que ya tenía el aeropuerto y lo hace con desfachatez increíble.

Se da el 2o. debate entre 6 candidatos al gobierno de un estado importante dentro del país. Hay 6 candidatos de los cuales, 2 son los que tienen las verdaderas oportunidades de triunfo. Uno de ellos es el favorito, no por su falta de carisma y su imagen prefabricada y plástica, sino por el enorme aparato político y el dinero que se ha invertido para lograr su éxito.

La otra, nula de ideas y de habilidades, se cuelga del imán avasallador del dueño de su partido y de su destino. Los otros parecen comparsas pero, la mayoría, no lo es. El partido conservador tiene como representante a una ex candidata presidencial. ¡Dios Mío, hazla buena candidata!, parece el deseo de su organización. Pero lo que natura non da, Acción Nacional non presta, la oración falla y, con ello, la esperanza de la grey.

Uno más se sacó la rifa del tigre y ha crecido por su talento pero, también, por el aire caliente que le han dado para quitar votos a la maestra sin cariño.

Los otros son escenografía y actúan como tal. Grotescos en momento, se burlan y cuestionan no ideas sino apariencia. Al final, la papelería gana el debate ante el abuso de cartulinas y el desierto de ideas. Desierto que retrata el flaco futuro del estado que, hoy, es la cereza del pastel.

Juan Zepeda no declinará por Delfina Gómez en el Estado de México, como lo planteó el ultimátum de Andrés Manuel López Obrador, ahora o nunca. Declinar es rendirse. ¿Por qué no se planteó antes una alianza Morena-PRD? Porque entonces no le daban una oportunidad al perredista, todas eran para la ex alcaldesa de Texcoco.

Las últimas reformas electorales han fracasado, son costosas y poco prácticas, sólo han servido para fortalecer económicamente a los partidos políticos. Los tribunales electorales no deberían existir pues sólo sirven para dirimir controversias entre los partidos políticos y sancionar a los candidatos que se salen de las normas oficiales; si todos obraran de buena fe y se apegaran a las leyes, no deberían existir estos costosos tribunales que, en todo caso, nomás deberían existir en época de elecciones, por lo menos si no trabajan, cobran todo el tiempo.

Se requiere de una legislación electoral que fomente la elección de candidatos que nos garanticen la administración de la justicia, la seguridad y el orden público, y para eso es necesario que las leyes electorales propicien la selección de los candidatos idóneos para lograr estos fines, pues hasta ahora el exorbitante costo de la democracia sólo nos ha conseguido gobernantes corruptos, desorden, delincuencia e impunidad.

Se requiere de una reforma electoral porque la gente ya está harta de la política; hay absoluta pérdida de la confianza, y un amargo escepticismo; la publicidad que nos pinta a los políticos como nuestros próximos salvadores es absurda y engañosa, ya nadie cree en ella. La gente ya no quiere votar, sabe que por cualquiera que lo haga las cosas no van a mejorar; que da lo mismo un candidato que otro. La masa popular se deja llevar por las falsas promesas de los candidatos populistas que son muy difíciles de cumplir pero que al igual que en las elecciones anteriores, todo quedará en promesas.

La realidad es que México está en un serio peligro de caer en el caos, de quedar en manos de políticos desquiciados que no nada más nos volverán a saquear, sino que pueden acabar con nuestro patrimonio y degenerar aún más la paz social, que corremos el serio peligro de que aumente la delincuencia, la corrupción, la impunidad.

La forma en que los partidos políticos escogen a los candidatos deja mucho que desear porque siempre hay en las cúpulas de los partidos pequeños grupos dominantes que son los que seleccionan a los candidatos, quienes a su vez están obligados a agradecer a aquellos a los que le deben el puesto y no a los votantes que los eligieron, los que finalmente no son más que el ingenuo instrumento que los llevó al poder.

La duda es: ¿la apertura política a los candidatos independientes nos llevará a un mejoramiento democrático que nos ayude a seleccionar mejores candidatos? Creo que vale la pena el esfuerzo de intentarlo, sobre todo porque de momento, mientras no se logre una reforma a fondo del sistema electoral, no tenemos una mejor alternativa. Por la lentitud con que está acostumbrado a trabajar el poder legislativo, ya es demasiado tarde para iniciar un movimiento social que nos lleve a una buena reforma electoral.

Lo que más llamó la atención es la desmesura de las propuestas: el Estado de México, gane quien gane, no puede construir una refinería para venderle a los mexiquenses gasolina más barata (es una barbaridad imposible de sustentar ni siquiera legalmente); no puede construir solo, sin la Federación, 2 o 4 líneas del metro; no puede nadie sin suicidarse política y económicamente, cancelar un aeropuerto internacional a medio hacer, donde ya se han invertido miles de millones de pesos sin condenar de paso el futuro desarrollo del estado y del país; no puede, sea quien sea el próximo gobernador, crear cientos de miles de puestos de trabajo simplemente prometiéndolo: los empleos los crean las inversiones privadas mucho más que las públicas; nadie puede dar pensiones universales, para transporte, para estudiar, para subsistir, a mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores sin desfondar los recursos presupuestales. Nadie puede crear una universidad en cada distrito electoral, porque ni son necesarias ni son operables, ni solucionan nada, más allá del hecho de que no alcanzarían ni los profesores para impartir clases. No se acaba con la inseguridad prometiendo simplemente cambiar de régimen.

Sabemos que ese es el tono de las campañas, impregnadas de promesas y populismo, pero en pocas ocasiones hemos visto tantas promesas de todos los sabores y colores y tan pocas explicaciones sobre cómo cumplirlas. La ausencia de un debate real, tampoco ayuda a que se obligue a los candidatos a explicarnos qué y cómo harán lo que proponen.

Estamos a poco menos de 3 semanas de las elecciones mexiquenses y no hay nada definido, pero sigue existiendo un porcentaje alto de electores que no tienen definido, o no dicen su voto. y no es por temor, es por desconfianza ante tanta frivolidad.

Mientras tanto, se acumulan cada vez más denuncias contra Delfina Gómez y no pasa nada. Ayer ADN40 mostró a las mujeres víctimas del robo, por el municipio de Texcoco, de sus pensiones alimenticias previamente descontadas de las quincenas de sus ex parejas. Pero nadie en su equipo se da, ni siquiera, por enterado [es el estilo lopezobradorista: ignorar las acusaciones - el webmaster].

Desfondado por la salida de López Obrador, desprestigiado por Los Chuchos que se quedaron con la franquicia, contra las cuerdas por la criticada gestión de su baluarte Miguel Ángel Mancera, arrinconado por los problemas de seguridad en Michoacán y Morelos, sus otros 2 bastiones, el PRD parecía condenado a la irrelevancia.

Y quizá de una manera que resultó todavía más brutal para su identidad, el año pasado fungió como partido satélite del PAN. Sólo así, con la derecha, este partido fundado en la izquierda pudo colarse a las butacas de atrás de los triunfos en las gubernaturas de Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz el año pasado.

Su porcentaje en las encuestas sigue estando lejísimos de sus épocas de oro, pero resulta que esos puntos porcentuales que tiene ahora pueden ser el fiel que incline la balanza.

El ejemplo más acabado es el del Estado de México.

El Presidente y el PRI se han manifestado en contra de la 2a. vuelta por la creencia de que es posible que, en el esquema electoral actual, el PRI resulte ganador y que tenga la capacidad para establecer las alianzas que le permitan la gobernabilidad.

Otra razón es la percepción de que si el candidato del PRI llegara a la 2a. vuelta habría una votación contraria, independientemente de que el contendiente fuera de Morena, PAN o PRD.

De acuerdo a la más reciente encuesta nacional de Consulta Mitofsky, el PRI alcanza el porcentaje más alto de rechazo entre todas las fuerzas políticas, con 51.5%, lo que da sustento a la creencia de que en una opción en la que estuviera un candidato de ese partido y cualquiera de un partido opositor, los votos se irían a la oposición.

La misma creencia es la que tiene AMLO, cuyas preferencias electorales fluctúan desde 32 hasta 39%, según la casa encuestadora, pero siempre están lejos de una mayoría absoluta.

Y AMLO tiene el mismo temor que el PRI. Supone que, en una 2a. vuelta, todos los demás se aliarían en contra de él.

Si bien la posición de AMLO parece inamovible, la del PRI podría cambiar en función de los resultados de la elección en el Estado de México.

La cuestión de fondo es relativamente simple: en México la ciudadanía está harta de los partidos. Pero los candidatos independientes no son la respuesta inmediata a un problema que no se asienta en el sistema electoral, sino en el sistema adminsitrativo y de gobierno.

A diferencia del gobiero mexicano, el de Francia está dotado de una institucionallización mucho más sólida que no va a ser fracturada por su nuevo presidente, sino que incluso lo obligará a seguir rutas predeterminadas mucho tiempo antes de su llegada al cargo.

Los mexicanos no están urgidos de figuras encumbradas y ensalzadas. No. Lo que construirá beneficios de largo plazo serán instituciones fuertes.

No importa si el presidente milita en un partido o es independiente. Será tan eficaz y eficiente como lo sean las instituciones que respaldan sus líneas de gobierno.

Lo sucedido en Francia confirma lo necesario de la 2a. vuelta en un sistema político como el nuestro. No la quieren quienes apuestan a ganar aunque sea con un voto minoritario, cuya legitimidad pueda quedar cuestionada y con una gobernabilidad por lo menos endeble.

López Obrador le exigió al PRD, a MC y al PT (las fuerzas que apoyarían a Mancera) que desde ahora renuncien a sus candidaturas en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, para respaldar a los aspirantes de Morena si quieren una alianza para la presidencial en el 2018. Aceptar un acuerdo de ese tipo sería suicida para cualquier partido, pero proponerlo no es una muestra de fortaleza sino de debilidad.

Por proselitismo presuntamente a favor del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en horarios laborales y por pérdida de confianza, el Ayuntamiento de Zapopan informó que dio de baja a 46 funcionarios, entre ellos el doctor Carlos Alfredo Bautista López, director del Organismo Público Descentralizado Salud Zapopan; Alejandro López Ibarra, director del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) y Gerardo Martínez, director de Gestión de Fondos para Programas Sociales.

La cara soberbia del gobierno son los que creen que antes de ellos todos eran tontos, rateros, torpes, faltos de imaginación. Son los que insisten, hasta la caricatura de si mismos, que cada movimiento, cada pequeño paso que dan, es "histórico" (aunque muchas veces sea solamente histérico).

Se dice que en México una alternativa a los partidos y candidatos viejos no es posible para el 2018. Creo que esta decepción se basa en que la Bronco-euforia se vio sepultada por la pobrísima gestión de gobierno del mandatario nuevoleonés y porque los otros aspirantes sin partido a la Presidencia de México no han logrado conectar con la gente ni con la opinión pública (tal vez porque es demasiado temprano en la contienda, tal vez porque sus personalidades y/o trayectorias no son evaluadas como idóneas).

Pienso que en México el ánimo social está tan revuelto que pueden surgir muchas cosas en la elección presidencial venidera.

Sin duda estamos entrando a la época más triste de la vida habitual de los mexicanos: la temporada electoral, donde prevalecen todo tipo de perversidades y mentiras de los aspirantes a algo, algo, claro está, relacionado con un presupuesto y es que estos son difíciles, muy difíciles de igualar, sin importar la bonanza económica del candidato; por rico que sea un candidato piense usted que un jerarca que administre una ciudad como Guadalajara tendrá en su periodo para gastar como 30,000 millones de pesos. Si es aspirante a la gubernatura accederá a un presupuesto anual de aproximadamente 100,000 millones anuales, esto es 600,000 millones en su periodo y si es el suertudo que llega a la grande andarán sus presupuestos anuales como 5 millones de millones de pesos y eso es mucho dinero y no creo que haya alguien tan rico que goce de ese rango de ingresos y eso si no decidieran aumentar las deudas municipales, estatales y federales, lo que si bien hipotéticamente puede darse no es muy común que lo hagan.

También algunos de ellos dicen que su aspiración no es por ambición económica sino que tienen unas ansias naturales de servir al prójimo, cosa que dudamos quienes no tenemos ese amor por la humanidad y yo creo que si fuera cierto nuestro país tendría una producción de bondad que la misma Teresa de Calcuta hubiera envidiado.

Otra singularidad de los candidatos es el relatarnos todo lo que han hecho por nosotros tan malagradecidos con su bondad y exponen una cantidad de acciones -hechas claro con presupuesto- pero yo, a la mejor por amargoso que soy creo sinceramente que si fueran ciertas las buenas obras que presumen, el pueblo estaría enloquecido de felicidad. Asi que yo creo que la mayoría de acciones gubernamentales no son benéficas y las que lo son, son muy caras.

Los debates previos a las elecciones mexiquenses son vergonzosos. Sin embargo, el problema parece no solo estar en el formato de los propios debates, en las restricciones legales y en lo ridículo de la justificación de los políticos. No, el problema parece estar en lo timorato de los ciudadanos y en los enanos de la política.

¿Por qué? Porque en el supuesto de que en México pudiéramos presenciar debates como el que vimos entre Le Pen y Macron, seguramente los líderes de sus respectivos partidos y sus seguidores habrían acusado a sus adversarios de echar mano de la guerra sucia.

Seguramente el equivalente francés a López Obrador habría acusado a todos los opositores, al gobierno y hasta a las fuerzas divinas de montar un perverso complot contra su candidato y su partido.

Bueno, si en las elecciones mexiquenses el debate hubiese sido como el que vimos en Francia, la candidata de Morena, Delfina Gómez, ya estaría siendo perseguida legalmente por los muchos presuntos delitos exhibidos en su contra en un debate como el del pasado 25 de abril.

Y es que en México, tanto políticos como partidos -y buena parte de la sociedad-, se escandalizan por la exhibición de datos duros que demuestran corruptelas, raterías, transas y todas "las lindezas" de que echan mano los políticos -de todos los partidos- para robarse el dinero público.

Y si dudan de que la exhibición de un delito, durante un debate electoral, es sinónimo de guerra sucia, basta ver la respuesta de Morena, de Andrés Manuel López Obrador y de Delfina Gómez, a la comprobación fehaciente de que la candidata se robó casi 50 millones de pesos del municipio de Texcoco para financiar al partido Morena.

A nadie parece importar -empezando por el INE, pasando por la procuraduría estatal mexiquense, incluyendo la Fepade y los organismos de transparencia- que por todos los medios se probara el saqueo orquestado por Delfina Gómez en Texcoco.

En cambio, muchos políticos, periodistas, analistas y autoridades electorales prefieren tragarse el cuento de que se trata de guerra sucia contra Morena, contra López Obrador y contra la candidata al Estado de México.

Dicho de otro modo, resulta que la suciedad de la política y del ejercicio del poder es vista por amplios sectores sociales como guerra sucia. Claro, cuando la cloaca afecta a su partido o candidato.

Por eso, antes que pedir una explicación por las raterías y desvío de dinero público -probados en el caso de Delfina Gómez-, los políticos, periodistas y medios simpatizantes de Morena -y muchos otros- prefieren voltear para otro lado con el argumento de que se trata de guerra sucia.

Por eso, amparados en el cuento de la guerra sucia, no quieren ver lo verdaderamente sucio; la corruptela, la transa, el engaño, la desfachatez y el cinismo de políticos como López Obrador y Delfina Gómez, quienes sin vergüenza alguna "le echan tierra" a las pruebas de raterías y tan tan.

Y es que en México, la ratería, la transa, el robo, el engaño a los ciudadanos y el saqueo a las instituciones es guerra sucia, cuando todos esos delitos los cometen "los puros" de Morena. Y claro, son causas horribles cuando las comete cualquier otro político.

Desde hoy podemos aventurar que no serán delito, sino guerra sucia, las pruebas contundentes que presentarán el PAN y el PRI en el debate del próximo 9 de mayo, con las que probará que Delfina Gómez saqueó no 20 ni 23, sino 50 millones de pesos, junto con Higinio Martínez.

No, el problema no es lo timorato de los debates y lo acartonado de sus formatos. El problema es el cinismo de los protagonistas y el valemadrismo de los ciudadanos, que prefieren llamar guerra sucia al robo, a la suciedad y la ratería de la política y los políticos.

La única vez en que los mexicanos hemos tenido la dicha de observar un debate político de verdad fue cuando se enfrentaron Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández de Cevallos y Ernesto Zedillo. En esa ocasión el hombre de las barbas se la tomó en serio y detonó un auténtico intercambio de ideas. El resultado fue tan refrescante que, en unas pocas horas, Diego logró posicionarse al frente de las preferencias electorales. 6 años después, Vicente Fox, con su famoso "hoy, hoy, hoy" mostró firmeza en sus posiciones y, aunque no animó particularmente el debate conceptual, logró convencer a la población de que era algo así como indomable. Unas semanas más tarde se convirtió en el 1er. presidente de oposición.

Está claro que un buen desempeño en un debate puede cambiar el rumbo de una elección. Kennedy y Reagan ganaron la presidencia con sendos nocauts y, prácticamente, con una sola frase letal. ¿Será esto a lo que temen los políticos mexicanos, que los pudieran dejar tirados en la lona con un solo golpe? ¿Será por eso que el formato mexicano es tan acartonado?

Es hora de que los debates cambien radicalmente en México. A los votantes nos interesa saber cómo reaccionan los candidatos bajo presión, cómo articulan las ideas, cómo habrán de comportarse cuando ocupen un puesto de importancia. Para ello es necesario que los conductores de los debates sean periodistas o intelectuales reconocidos que no se limiten a dar la palabra a uno tras otro, sino que formulen las preguntas difíciles y busquen despejar las dudas que tienen los electores. Actualmente, un simple reloj de pared podría cumplir con las funciones del moderador.

Por decisión de los partidos políticos, las cámaras no puede realizar tomas abiertas para observar las reacciones de los demás candidatos. En el mejor estilo soviético, los aspirantes son enfocados individualmente, no vaya a ser que los televidentes observemos si los demás toman notas, se rascan la cabeza o hacen gestos de desaprobación. Más allá de las imágenes, lo que provoca este formato es que algún candidato cuestionado o aludido por los demás simplemente ignore las críticas y se apegue a su guión, cerrando la posibilidad de un intercambio de ideas, que de eso se trata cualquier debate. A como estamos actualmente, perfectamente podrían grabar a cada uno en su casa y pasarnos un video.

Actualmente, quienes conducen los debates no tienen otra función más que decir: "ahora iniciamos el segmento de seguridad, la economía o la salud y para ello cada candidato tiene un minuto y medio". Sería mucho más relevante que los aspirantes a un puesto público pudieran responder para qué quieren ser presidentes o gobernadores, cómo piensan atender la inseguridad, la impunidad y la corrupción, qué estrategia tienen en mente para dinamizar el crecimiento económico y paliar la desigualdad social, qué le dirían a Trump, qué tipo de país visualizan y cómo le harían para construirlo.

El "debate" que sostuvieron los candidatos a gobernar el Estado de México marcó un nuevo récord de pobreza intelectual, carencia de propuestas y de habilidad personal y política para contrastar ideas. Lo verdaderamente grave es que, más allá de la actuación de los candidatos, son los partidos políticos los que deciden el formato de los debates. Esto indica que el año próximo los candidatos a la Presidencia deberán ajustarse a las mismas reglas.

Querida Conago, un favor: quédate con Mancera.

Échanos la mano para que no vuelva.

Permíteme dar argumentos para que valores lo provechoso que resultaría a los gobernadores atender mi petición.

El señor Mancera, por ejemplo, te puede resultar un excelente apagafuegos en las más diversas temáticas. Es su especialidad: hacer como que hace y, ante cualquier problema, cambiar la conversación.

Pongamos que un gobernador tiene reclamos de falta de transparencia en su gestión. Mancera podría mostrarle cómo él cierra el acceso a la información y a pesar de ello presumir que tiene un gobierno transparente. En ese renglón, que me perdone Beto el Boticario, es un magazo.

O digamos que la delincuencia organizada se asienta en una Entidad. Mancera podría llevarles el manual de cómo vez tras vez una realidad evidente (el ejercicio que ayer hizo al respecto el diario Reforma, compilando las 10 ocasiones en que el jefe de gobierno -es un decir- ha negado al crimen organizado, es ejemplar).

Si se diera el caso, en cambio, de que una Entidad enfrenta una emergencia ambiental, tienes querida Conago la ventaja de que Mancera podría llevarse con él a Tanya Müller, una funcionaria del medio ambiente enamorada del concreto. Tienen bien ensayado un numerito negacionista tan perfecto que logra que, exasperada por la indolencia gubernamental, la ciudadanía deje en un 2o. plano el problema ecológico.

¿Problemas de transporte y movilidad? Nadie como Mancera y Héctor Serrano. Ellos pueden dar asesorías sobre gatopardismo: prometen que con la nueva tarifa todo cambiará para, ya se sabe, quedar igual. Es un show anual garantizado.

¿Que las denuncias de robos están en la capital en su máximo en 5 años? No importa, él hablará de que la Conago no es su plataforma presidencial. Así cambia de tema.

Piénsalo Conago, puedes ganar mucho llevándote a Mancera. Mira: No hay mejor animador de eventos dominicales. Hace lo que tenga que hacer y se viste de lo que se tenga que vestir para ello. De verdad.

Y nadie tiene su genio para inventar eventos gratis en la plaza pública. Así, gratis: sin informes sobre quién paga estrados, sonido, vallas, logística... Gratis. Nadie sabe quién paga sus viajes. Nadie sabe quién viaja en el helicóptero con él. Nadie sabe si está o no en la ciudad porque da lo mismo: si sube el crimen, es problema del sistema de justicia, si se mueren 7 albañiles en una obra denunciada como ilegal, pone cara dura (es un decir) y anuncia que ahora sí actuará contra los abusos inmobiliarios.

De verdad, Conago, te conviene. Los gobernadores lo adorarán. Nadie como él para ser como ellos.

Siguen apareciendo videos de Eva Cadena, la candidata de Morena en las Choapas, Veracruz, y diputada local con licencia de ese partido. Ahora recibiendo un millón de pesos para impulsar una iniciativa de ley en el congreso local. Es el 3er. video en el que aparece la candidata de Morena y López Obrador que salió primero en defensa de Eva Cadena y que después, en un largo video, dijo que a Eva la habían "chamaqueado" y que todo era una artimaña de "la mafia del poder", ha guardado silencio. Dijimos entonces que chamaqueada o no, lo ocurrido era un delito que se persigue de oficio, mismo que con los nuevos videos se ha multiplicado por tres. Dijimos también que Cadena y López Obrador deben dar una explicación ante las autoridades de qué pasó con ese dinero, si llegó o no a la campaña de Morena.

Tampoco se dan explicaciones verosímiles de los descuentos salariales que la candidata de Morena en el Estado de México, Delfina Gómez, hizo a sus policías en el municipio de Texcoco para entregarlos a Higinio Martínez, su jefe político en Morena. Decir que fueron descuentos "solicitados" por los trabajadores es una burla. Pero ni para Eva ni para Delfina ha llegado un solo reclamo de López Obrador, y nunca el líder de Morena se ha dignado explicar qué pasó con esos recursos.

(V.periódico El Financiero en línea del 2 de mayo de 2017).

En el monótono, insulso y carente de fondo debate de los candidatos a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, la que va por Morena, tuvo que reconocer que a sus trabajadores les retiraba diezmo para fondo de su campaña que resultó la equivalencia a más de 70 quincenas con un monto de pasados los 13 millones, declarando que no se juntó cantidad tal por petición suya... Que fueron los trabajadores mismos quienes se lo "ofrecieron" que restaran de sus nóminas la colaboración. Claro, no hay que pensar mal que haya sido imposición, cuando la bonanza campea en la economía de los que laboran.

En el ambiente político lo importante no son los resultados sino los padrinazgos.

5 años después, y en vísperas de un nuevo temporal de campañas y promesas, tenemos que tomar conciencia de que la mayor parte de nuestros funcionarios han fracasado justamente en lo que era lo más importante y decisivo para el presente y el futuro del país, y que no obstante su estrepitoso fracaso, ya se andan postulando para nuevos cargos como si su pasada gestión hubiese sido exitosa; diputados, senadores, alcaldes, regidores, gobernadores y lo que se junte, que durante todo este periodo de tiempo no hicieron nada que fuese en verdad significativo, ahora aspiran a un nuevo puesto para hacer lo mismo.

La urgente reforma del sistema político solamente recibió pequeños remiendos que ya se volvieron a romper, el ejercicio de la justicia empeoró, la gestión pública, aún de los partidos más nuevos y presuntuosos no hizo sino repetir las mismas acciones torpes y amañadas, la condición económica del país se hundió todavía más con una moneda devaluada, una deuda exorbitante, una nómina desproporcionada, desfalcos escandalosos, reformas retrogradas; la pobreza creció, disminuyeron las posibilidades de crecimiento y desarrollo, la inseguridad se ha vuelto cotidiana y expansiva y la nación entera sigue a merced de los cárteles delincuenciales ¿Qué ha sido entonces lo bueno? Desde la gestión pública, muy poco, desde la sociedad infinidad de cosas, la primera de todas, el que la gente siga trabajando a pesar de los mil y un obstáculos provenientes de la administración pública en todos sus órdenes y niveles. Lo bueno cuenta, sí, pero no para los bonos del gobierno.

La corrupción es el gran problema de México. Tras décadas de instituciones débiles, el país es presa de una espiral incomparable de casos de abuso de los recursos públicos. Basta con abrir la prensa todos los días para encontrarnos: escándalos de gobernadores, señalamientos de la Auditoría Superior, campañas financiadas con dinero irregular o ilícito, políticos con órdenes de aprehensión o cadenas de favores que hermanan a políticos y a empresarios. Los políticos se tiran los unos a los otros en una inigualable competencia por ver quien tiene las manos más sucias. Y aparece en el horizonte la trillada frase: "todos los políticos son iguales". Ese mantra que se repite incesantemente.

No es cierto que todos los políticos sean iguales. Ni tampoco es cierto que todos los partidos políticos hayan tolerado la corrupción de la misma manera. Cualquier organización humana es susceptible de corrupción, sin duda. Desde la iglesia hasta las escuelas o asociaciones de la sociedad civil. Siempre habrá quien quiera lucrar con lo que es de todos o abusar de la confianza de una institución. Por lo tanto, el principal debate cuando hablamos de corrupción no es si podemos erradicarla, sino: ¿Cómo reaccionan los políticos cuando aparecen casos de corrupción? ¿Comienzan una batalla contra los corruptos o se ponen de acuerdo para protegerse los unos a los otros? ¿Son espejo de cambio o prefiere encubrir a aquellos que transpiran corrupción?

Eva Cadena fue el videoescándalo de la semana. Una operadora política del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que recibe medio millón de pesos en efectivo, supuestamente para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, un acto condenable. Sin duda, una pequeña muestra de lo que significa la financiación fraudulenta de las campañas en México. Un modelo de financiación supuestamente público, pero que en la práctica opera con dinero privado, que busca favores, y desviaciones de administraciones públicas. La relación entre el dinero y la política es una de las barreras más profundas para lograr una democracia de calidad en México.

Ante casos de corrupción hay dos dimensiones de enfrentamiento que les debemos exigir a los políticos. La responsabilidad política: ni un corrupto debe seguir en su cargo si se le prueba que traicionó la confianza de los ciudadanos. La responsabilidad penal: ningún partido debe proteger a un corrupto y solapar la impunidad. No les podemos exigir a los partidos que presenten puras "madres Teresa de Calculta" en las elecciones, pero lo que sí tenemos que ponerles como líneas rojas es que no sean nunca tapaderas de la corrupción. Sea PRI, PAN o Morena, el listón tiene que ser el mismo: romper el círculo vicioso de la impunidad. Lo que hace diferente a los políticos es su reacción ante la corrupción: ¿Quién protege al corrupto y quién lo denuncia?

Desde hace ya varios procesos electorales, tanto federales como locales, la ciudadanía ha manifestado su hartazgo con respecto al modus operandi de los partidos y políticos en campaña. En Jalisco, por ser una de las entidades con una especie de alternancia temprana, antes que en el gobierno federal, hemos estado por más tiempo expuestos al espectáculo de pacotilla de cada 3 años.

Golpes bajos, guerra sucia, luchas en lodo -casi literal- exposición de intimidades, datos, videos y fotografías truqueadas o falseadas, descontextualizadas, acusaciones sin fundamento y otras con fundamento convenientemente reservadas para ventilarlas cuando se les puede sacar mayor provecho, siembra de dudas, trampas, "cuatros", "chamaqueos" y cuanta marrullería se les ocurra elección tras elección, son reflejo del refinamiento que ha alcanzado la bajeza y la falta de escrúpulos en la clase política.

La degeneración cuestionada por la ciudadanía sigue inexorable y no se avizora en el corto plazo, mucho menos más allá, un cambio en las formas y los modos, al contrario. Vamos de mal en peor.

Este año no habrá elecciones en Jalisco, pero a través de los medios de comunicación también estamos expuestos y así todos los habitantes del país que ni siquiera cuando no hay comicios locales podemos descansar del basural que nos recetan los políticos mexicanos.

El Estado de México es un laboratorio de fraude y marrullería electoral, eso sí, sin duda. Es la entidad en donde se han perfeccionado las formas de fraude, específicamente la compra de votos.

Además de estas herramientas que usa la clase política en México, está el chiquero en el que han convertido los procesos electorales. No les importan nuestras quejas, no les importa el enojo y el hartazgo ciudadano, mienten sin miramientos, no hay honor, ni dignidad, ni vergüenza, se enloda a los enemigos políticos aunque ello implique acabar con vidas y carreras y se manipula la aplicación de programas sociales, políticas públicas y la discusión y aprobación de leyes. El país se paraliza y en los funcionarios públicos priva el interés de quedar acomodado en el trienio o en el sexenio que viene.

México no lo merece, no lo merecemos los ciudadanos que con nuestros impuestos mantenemos todo este tinglado, esta cloaca que no queremos y que no nos representa.

Leí hace pocos días un extraordinario texto de Antonio Cuéllar en el diario El Financiero en un texto llamado "Fuero implícito". Como frio francotirador da en el blanco de una cuestión, recién platicada con un amigo también notablemente brillante. ¿El legislador deliberadamente legisla mal para proteger a la clase política o al crimen? Le dije sí: el uso de adjetivos y adverbios en la escritura de la norma alienta siempre litigios y son motivados por error -lease impericia del legislador- o por malicia. Pero estábamos hablando de corrupción, de impunidad. Y en concreto de los políticos rateros. Yo intuía había otra trampa, pero no atiné en el momento. Luego me encontré con dicho texto.

Una joya de Cuéllar: "Los delitos de los servidores públicos, al final, fueron redactados para distinguirlos de aquellos que cometen los demás, y lo lograron, pero en forma peligrosamente negativa". El otro diamante: "Es menester valorar que, para acabar con la corrupción, debemos proteger las instituciones que materializan nuestra democracia, y antes de acabar con el fuero, se debe pensar en la posibilidad de simplificar la labor de los fiscales encargados de la acusación y los jueces a quienes se encomienda la valoración de la responsabilidad criminal".

Efectivamente los tipos penales son distintos pero también iguales; son como un disfraz. Mucho más complicados para el fiscal o investigador de los ordinarios. Los delitos catalogados como para ellos, tomando como ejemplo los federales son: Ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado y enriquecimiento Ilícito, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Todos ellos son más o menos lo mismo a los aplicables a los de a pie -pero los de los servidores públicos mucho más difíciles de comprobar-. Una muestra de los delitos también aplicables a los burócratas: Robo, fraude, amenazas, secuestro, delincuencia organizada, lavado, evasión fiscal, falsificación, allanamiento, lesiones, hostigamiento, abuso de confianza, extorsión, etc. Quizá todas las faltas criminales de los servidores públicos, se encuentran en el catálogo de delitos aplicables para ellos, en su carácter de ciudadanos y los demás mortales. Esto es: todos los delitos de servidores salvo quizá un tipo penal u otro, tienen su revés en los crímenes "civiles". Si hay alguno no traducible, permanezca. Eso me convence. En eliminar dichos delitos hasta donde se pueda para evitar la tentación de los fiscales de tomar la ruta más complicada y con ello generando impunidad a voluntad. Es más fácil acusar de robo, contra un peculado o un enriquecimiento ilícito.

Luis Carlos Castillo Cervantes fue detenido en McAllen, Texas, en noviembre de 2016, acusado de lavado de dinero, y en unas cuantas semanas prefirió soltar todo lo que sabía en la Corte Federal en Corpus Christie, donde se integró un expediente de 30,000 fojas de las cuales, 79 fueron desclasificadas esta semana. Castillo Cervantes, se puede presumir, alcanzó un acuerdo con los fiscales federales de aportar información a cambio de reducción de su pena. Lo que dibuja este nano volumen de documentos de su caso, es una historia de horror sobre los niveles de corrupción a los que ha llegado la clase política mexicana.

80 millones de pesos le entregó por una sola obra al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y a su sucesor, Jorge Juan Torres, le dio 6.8 millones de dólares en sobornos, además de haberle ayudado, al igual que al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, a lavar "decenas de millones de dólares" en el International Bank, del que tenía 7% de sus acciones, donde también lavó 3 millones de dólares para el ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat. Otro ex gobernador tamaulipeco, Tomás Yarrington, quien está detenido y acusado de ser parte orgánica de los cárteles tamaulipecos, también fue involucrado por Castillo Cervantes, aunque en la documentación pública no se precisan los detalles.

5 gobernadores son un exceso de corruptos, o presuntos corruptos mientras no sean sentenciados, quienes se suman a una lista importante de ex mandatarios metidos en problemas con la justicia. En la cárcel se encuentra el de Sonora, Guillermo Padrés, y el de Michoacán, Jesús Reyna. Javier Duarte de Veracruz está en una cárcel guatemalteca en espera de su extradición, mientras que el de Chihuahua, César Duarte, está por convertirse en prófugo de la justicia, como es el destino mediato de Roberto Borge de Quintana Roo. Rodrigo Medina, de Nuevo León, lleva casi un año defendiéndose de ir a la cárcel en forma definitiva ante lo que se acusa a la mayoría, desvío de recursos. Qué sistema político tan podrido es bajo el cual se rigen más de 120 millones de mexicanos.

Aparecen con detalle en el expediente los diferentes modelos de creación de empresas fantasma para triangular operaciones financieras ilegales con 4 de los 5 ex gobernadores que supuestamente participaron del multimillonario esquema de corrupción que se extendió durante casi 15 años y que utilizó paraísos fiscales en el Caribe. La ingeniería financiera que describió Castillo Cervantes involucra a empresarios en varios estados y a secretarios de finanzas en las entidades señaladas, pero también arroja elementos que llaman la atención, como el que varias cuentas a las que se transfirieron recursos ilegales, según la justicia estadounidense, estuvieran a nombre de algunos de los ex gobernadores.

El descuido para cubrir las huellas de actos criminales habla de negligencia y hasta una tontería, pero sobre todo de la idea de impunidad. Vistas las líneas de tiempo de las investigaciones en Estados Unidos que están mostrando la corrupción de gobernadores, el sabor de boca que deja es que los incentivos para administrar dentro de los límites de la ley, fueron mucho menores que aquellos para enriquecerse a costa del erario, y sin pensar en la rendición de cuentas, que los ha alcanzado.

La tercera parte de las entidades que forman la República Mexicana fueron víctimas del daño social que causaron sus gobernadores en los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Sonora y Veracruz, que en conjunto tienen una población de 39 millones de habitantes, de los cuales, según estimaciones del Inegi, 45% están sumidos en la pobreza.

La deuda de esas entidades federativas, según datos oficiales asciende a la cantidad de 294,478 millones de pesos (MDP). La deuda del año 2010 era de 149,268.6 MDP; sin embargo según datos de la Auditoría Superior de la Federación el saqueo en los últimos 6 años asciende a 307,000 MDP, por lo que no nada más se robaron los 145 MMDP que pidieron prestados, sino que echaron mano de las participaciones que les otorga el gobierno federal.

¿Por qué se permitió que se llevara a cabo este escandaloso saqueo? Si hay controles interno de las contralorías y las auditorias que hacen los congresos estatales y la Auditoría Superior de la Federación. La única respuesta es que todos estaban coludidos y las auditorías se hacen a toro pasado, cuando ya no tienen remedio porque el hurto ya se cometió años atrás, además de que, las leyes para castigarlos no se aplican y porque el Sistema Nacional Anticorrupción marcha a paso tan lento que a propósito lo hacen para que se aplique en el próximo sexenio.

Hasta ahora el daño causado a la sociedad se comienza a perseguir pero hace falta que se juzgue y condene, porque si resulta que está tipificado como delito no grave, a los gobernadores que encarcelen, junto con sus cómplices, pronto los veremos en la calle gozando de libertad condicional. Lo justo sería que además de privación de libertad, se obligara a restituir el daño económico y social.

El principio de "Daño Social" no existe en la legislación mexicana, por lo que habría que legislar sobre la materia, porque va más allá del resarcimiento del daño económico; no es sinónimo de la recuperación de activos, por el contrario se trata de la posibilidad de exigir reparación por los daños sociales causados. Es una figura que busca compensar las consecuencias de los actos de corrupción.

Malamente llamamos debate a una cobardía generalizada en nuestra clase política que, alérgica como es a la argumentación, ha logrado un formato de "debate" donde candidatos enclaustrados en caballerizas televisivas emiten sucesivos monólogos.

El 4 de mayo vence el plazo (que ya fue ampliado una vez) para que todos los estados y municipios cumplan con sus obligaciones de transparencia. Así lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La mayoría no va a cumplir con el mandato de ley, pero ahora, en vez de solicitar otra ampliación del plazo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) decidió ser como esos profesores que no exigen debidamente a los alumnos: tenemos un órgano de transparencia barco.

El INAI perdonará el incumplimiento por la vía de cancelarle a los ciudadanos un derecho: estos no podrán presentar denuncias por esa falla de estados y municipios antes de febrero de 2018. Es decir, si los sujetos obligados violan la ley, qué importa, pues los ciudadanos no tendrán a su alcance el recurso de quejarse... legalmente.

Según trascendió, hoy mismo se podría discutir en el INAI, y fuentes dicen que el acuerdo es que se aprobaría esta triquiñuela, que el procedimiento de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia previsto en la LGTAIP entre en vigor en febrero de 2018, en sentido contrario de lo que la ley dice actualmente: "Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley" (Artículo 63).

El día de ayer, durante buena parte del día, la plataforma nacional de transparencia, el sitio de internet donde los ciudadanos pueden hacer sus solicitudes de información pública, estuvo caído. Así, inútil, inaccesible, inservible.

Esta falla no es excepcional a tal punto que el INAI ha dispuesto un protocolo de respuesta personal a quejosos (que atiende, entre otros, a periodistas), pero que a final de cuentas es una más de las muestras de que el órgano de la transparencia en México nomás no ha podido con este encargo de la ley que le dio origen (al pasar de IFAI a INAI): tener una plataforma integral y que traduzca en realidad el derecho a la información.

Por más quejas que ha habido sobre las fallas de la plataforma digital, por más denuncias de lo chafa que ha resultado este proceso, hoy de nueva cuenta el INAI tapará sus desaciertos con una salida mañosa: la plataforma seguirá sin cumplir con la ley, pero si el ciudadano quiere quejarse al respecto, que se siente... y espere a febrero a meter la queja.

El magistrado Alberto Barba sostuvo que los naranjas quieren su posición en el Tribunal Administrativo del Estado. Le preguntamos si el líder moral emecista quería alguna otra posición en el tribunal.

-No nada más el mío; quiere las 6 salas más la Sala Superior- respondió el juzgador vinculado al PAN aunque Francisco Ramírez Acuña lo niegue 3 veces.

Vivan las cuotas partidistas que dan patria potestad sobre leyes y hombres.

El discurso de Delfina Gómez es uno solo: no voten por ninguno de los demás, voten por Morena, y Morena es López Obrador. No analicen propuestas, tengan fe.

El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, calificó como un "invento" la revocación de mandato que promueven 2 colectivos en su contra. Este lunes los organismos Viva México y México Entregado a la Transformación, presentaron la solicitud formal ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

"Esa no va a prosperar, es un invento de una o dos personas", afirmó el edil tapatío.

Desde hace tiempo se habla del "teflón" de Andrés Manuel, porque todas las acusaciones en su contra, todos los ataques que reciben se le resbalan, especialmente si tienen que ver con corrupción.

Así que por más que desfilen grabaciones de Bejarano, Ímaz, Sosamontes, Bonino y Cadena, por más que broten denuncias contra Monreal, Delfina y Sheinbaum, Andrés Manuel puede subir a las redes un video para presumir que él vuela sobre el pantano, pero su plumaje no se mancha.

¿Dónde está el dinero? No tengo duda de que él no se lo embolsa. No tengo duda de que algo se quedan sus operadores y el grueso se va "al movimiento", es decir, a su perenne campaña presidencial. Eso pasa en todas las campañas a todos los niveles en México: reciben dinero por debajo del agua y las leyes electorales (diseñadas por los propios partidos) y quienes las aplican, no se ponen rudos para intentar evitarlo. La diferencia en todo caso es que muchos otros líderes políticos recaudan personalmente el dinero ilegal, se enteran de todas las operaciones a detalle y algo les queda para su goce personal.

López Obrador abreva del pantano con el cuidado de que su plumaje no se enlode. Para eso están los otros pájaros, sus operadores.

López Obrador deja hacer y los demás hacen. Él no pregunta y ellos no le dicen. Así todos ganan.

Este pacto de silencio tiene un incentivo central. López Obrador ya demostró que si descubren a alguno de los suyos en una tropelía, ese alguien debe resistir, asumir toda culpa, proteger al líder, soportar la expulsión política, incluso sufrir la cárcel, porque al final hay redención: Andrés Manuel no lo condenará, culpará a la mafia y cuando pase el tiempo, lo dejará resucitar bajo su manto.

La fórmula es muy eficaz. Mucho más sofisticada que la de los dirigentes de PAN, PRI y PRD quienes con una prontitud inusual, con una contundencia digna de emergencia nacional, salieron a exigir renuncias e investigaciones cuando en sus propios escándalos han llenado de pretextos el camino a la impartición de justicia.

Yo no sé si a la ahora ex candidata a presidenta municipal en las Choapas, Veracruz, Eva Cadena, la chamaquearon o no, como dice López Obrador. Esa es una especulación, lo que es evidente es que recibe con mucha naturalidad el medio millón de pesos en efectivo que como se ve en el video divulgado, una mujer le entrega insistiéndole que es para López Obrador: Lo recibe con tanta familiaridad que hasta le pide "una bolsita" para llevárselo y asegura que se lo entregará a López Obrador un par de días después (se supone que el video fue grabado el 6 de abril pasado), cuando visite Las Choapas.

Porque lo que vimos en el video, es que durante esa visita a Las Choapas, López Obrador abraza a su candidata, la impone como tal a pesar de que le están diciendo que es precisamente eso, una imposición, y que la defiende cuando le preguntan si la señora es corrupta.

Las preguntas por lo tanto son pertinentes: ¿se entregó ese dinero a López Obrador? Me imagino que sí por una sencilla razón: en el video que subió AMLO en su descargo habla durante 5 minutos de "la mafia en el poder", pero jamás se deslinda de Cadena, no la desconoce, no le reprocha que haya recibido ese dinero, no hay para ella un reclamo, una mínima solicitud de explicación de lo sucedido. Entonces me imagino que para López Obrador lo que hizo su candidata estuvo bien, y que fue, como dijo de Javier Duarte, un "chivo expiatorio".

Pero hay que regresar a lo central de todo esto: chamaqueados o no, es ilegal recibir dinero en efectivo para una campaña, que según las adormecidas e indulgentes autoridades electorales aún no es campaña. Chamaqueada o no, la señora Cadena estaba cometiendo un acto ilegal, que puede haber sido singular, único, o puede haberse repetido una y otra vez a lo largo y a lo ancho del país. No lo sé, pero ese acto en particular, ilegal, está documentado en el video. Y no fue "la mafia del poder" la que le envió el dinero a la diputada de Morena para que se lo entregara a López Obrador, fue un grupo de ganaderos de Coatzacoalcos, encabezados por un señor que se llama Alexis García, al que evidentemente la señora Cadena conocía: nadie entrega ni recibe medio millón de pesos en efectivo con tanta familiaridad de un desconocido.

Otra pregunta: dice la señora Cadena que regresó el dinero. ¿A quién, cuándo, cómo? Otra: ¿recibió López Obrador ese dinero aunque después lo hayan regresado? ¿ya le habían entregado a López Obrador ese dinero cuando hizo en Las Choapas esa defensa tan enfática de su candidata, a la que acusaban de ser una imposición? ¿ese dinero sirvió para comprar la candidatura municipal? Me parecen preguntas pertinentes y que nadie desde el ámbito de Morena se ha dignado a responder más allá de acusar a la "mafia del poder" (donde están todos menos los que se incorporen a Morena) de haberlos "chamaqueado". También es pertinente preguntar si las autoridades electorales no tienen que actuar de oficio ante un acto ilegal evidente. Parece que no.

Resulta que a López Obrador llevan años "chamaqueándolo", con los videos de su secretario de Finanzas jugando el dinero público en Las Vegas, con René Bejarano o Carlos Imaz llevándose maletines y bolsas llenos de dinero supuestamente para el propio López Obrador, deteniendo a sus operadores políticos con altas sumas de dinero en sus automóviles, descubriendo un fraude en la línea doce del metro de cientos de millones de pesos, o ahora con una de sus candidatas recibiendo dinero también en bolsas para su campaña (eso le dicen y ella lo acepta) y siempre resulta que es "la mafia del poder" la que lo persigue sin que tenga, ni se le exija, responsabilidades, a él y sus colaboradores.

Hay muchos políticos corruptos, pero todo indica que los de Morena no son, tampoco en eso, la excepción.

Luego de que un video muestra a la candidata de Morena en Veracruz, Eva Cadena, cuando recibe fajos de dinero, el ex presidente Felipe Calderón señaló que por eso, Andrés Manuel López Obrador "'presume' que no tiene cuentas ni tarjetas bancarias. Como el 'Chapo' y otros capos, ¡él maneja puro efectivo!".

Luego de que se difundiera un video en el que se le aprecia recibiendo 500,000 pesos en efectivo que presuntamente entregaría a Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, Eva Cadena declinó la candidatura de ese partido a la presidencia municipal de Las Choapas, en Veracruz.

"Reconozco que cometí el error con esa reunión", admitió la diputada local de Morena con licencia, "Voy a declinar mi candidatura para no afectar la imagen del partido y la del licenciado Andrés Manuel" quien, dijo ella, no tenía conocimiento del dinero que le entregaron.

Cadena agregó que además se pondrá a disposición de la Comisión de Honor y Justicia (de Morena).

Horas antes de la difusión del video, Cadena había negado haber recibido dinero alguno para entregarlo a López Obrador.

No es la primera vez que personas cercanas a López Obrador se ven involucradas en un escándalo de entrega de dinero. En 2004, cuando era líder del PRD, fue difundido un video de 2003 en el que el entonces diputado perredista René Vejarano recibe dinero del empresario argentino Carlos Ahumada.

En 2012 fue difundido un audio en el que el estratega electoral Luis Costa Bonino pide a empresarios 6 millones de dólares para la campaña de López Obrador. Bonino negó que el audio fuera real y el político tabasqueño se deslindó.

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, aseveró que se debe investigar el financiamiento que recibe Morena, y calificó de "farsante corrupto" a López Obrador. Aseguró que el video difundido confirma lo que se ha venido diciendo desde hace meses sobra la forma en que opera el tabasqueño.

Lo que me parece más revelador es que frente a un ataque al que debería estar acostumbrado porque se trata de una especie de secuela de los videoescándalos Ahumada-Bejarano-Imaz-Sosamontes del 2006, el experimentado aspirante presidencial reacciona con los mismos errores de hace una década:

En respuesta a la publicación, Andrés Manuel López Obrador subió un video a sus redes sociales. Duró 5 minutos con 29 segundos. En ese tiempo, despotricó contra la "mafia del poder", Salinas, Peña, Calderón, Fox, Josefina, Duarte, Yunes, Osorio Chong y hasta los medios de comunicación. Pero no tuvo una palabra de condena a la diputada Eva Cadena. Ni regaño ni reproche ni deslinde ni disculpa. Nada. Y deja, en todo caso, que su partido se ocupe.

Así fue su reacción inicial con René Bejarano cuando fue captado recibiendo billetes y pidiendo las ligas para llevárselos en fajos, y hoy Bejarano sigue operando políticamente para que la izquierda se una en torno a un solo candidato para el 2018.

[El video] demuestra que en Morena hay corruptos como en todos los partidos. Y desvíos de recursos públicos y enriquecimientos inexplicables y efectivo por debajo del agua. El de Eva Cadena no es el único escándalo. Ha habido de personajes más cercanos a Andrés Manuel.

Oponiéndose al Sistema Nacional Anticorrupción, mofándose de la 3de3 y otras iniciativas ciudadanas, López Obrador ha enarbolado el discurso de que la solución es él, sólo él, él mismo. Que su mera llegada a Los Pinos resuelve la corrupción.

Casos como el de Eva Cadena demuestran, por lo menos, que el juicio de AMLO falla. Y por eso importa tejer redes institucionales desde la sociedad civil organizada, más que encomendarse al ejemplo de un solo hombre.

En esto último radica la mayor vulnerabilidad del aspirante presidencial de Morena: esas constantes exhibiciones de autoritarismo que tanto han devastado a varios países. Esa sí que es una cadena de la que le cuesta mucho trabajo zafarse. Le ha restado votos en el pasado y se los puede seguir restando.

La Arquidiócesis de México, consideró a través del editorial publicado en el semanario religioso Desde la Fe, que la captura de Javier Duarte de Ochoa y de Tomás Yarrington, ambos ex gobernadores de Veracruz y Tamaulipas, respectivamente, "demuestra la cloaca de corrupción que somete a México, donde la impunidad es el principal ingrediente".

En el texto se expresa que a pesar de que estos ex mandatarios se les "ensalzó como la nueva generación política del cambio contra el pasado autoritario, antidemocrático y de poder desmedido. Las refinadas formas de la política llevan detrás el grotesco manejo de la corrupción a modo, cuyo germen es la impunidad", dando como resultado, entidades desfalcadas y en quiebra económica porque operaron gobernadores sin contrapeso alguno, "y quienes se atrevieron a denunciar, pagaron muy caro las consecuencias de sus actos".

Bajo el título "Hediondez del poder", la Iglesia católica señala que los agravios cometidos por estos personajes se hicieron evidentes y que la opinión púbica conoce del patrimonio exorbitante que cebaron a los delincuentes, que además, contaron con cómplices corruptos para solapar negocios y proteger amigos.

"Después de la alternancia y fin del autoritarismo presidencial terminaron los pactos del poder, y los gobernadores encontraron el perfecto filón de oro para satisfacer voraces ambiciones sin responder a nadie y ejecutar el pago de favores", dice el texto.

El artículo señala que la "corrupción y democracia son el binomio perfecto del empoderamiento de estos megalómanos".

Agrega que durante el pasado proceso electoral federal de 2012 se mencionaba que, para el caso de una campaña para gobernador, la autoridad electoral habría puesto topes de campaña de entre 40 y 50 millones de pesos, sin embargo se necesita más que esa suma "para amarrar el cargo".

Precisa que una campaña ganadora requiere de entre 400 y 700 millones de pesos, lo que indicaría el engaño y fraude a la ley para fondearse de recursos ilegales, "incluso del poder corruptor del crimen organizado, a través de contabilidades dobles, una para la autoridad y otra sólo para los ojos del candidato. Ese resquicio legal descompone la democracia para consolidar poderes desmedidos que rayan en lo obsceno y burdo. No obstante las juramentadas declaraciones de líderes de partidos políticos de presentar hombres y mujeres intachables en los cargos, la realidad demuestra cómo es más fácil ganar con un desequilibrado que con personajes de reputada e impecable trayectoria".

La arquidiócesis indica que el asombro público por este fenómeno de corrupción entre mandatarios no debe quedar en el pasmo, y advierte que reformas electorales van y vienen pero el resultado es el mismo "encumbrar la corrupción como arte del éxito político".

Por ello hace un llamado a un cambio de mentalidad para ejercer cargos públicos, con personas que tengan ética y que no vean el poder como un negocio ni pretendan adelgazar el sistema esclerotizado por privilegios, fueros y protecciones extralegales.

Concluye en que la demanda de la ciudadanía es que los responsables, de ser culpables, reparen el daño y restituyan la riqueza al pueblo por el fraude cometido. "Es el examen para enfrentar el fracaso del sistema federalista en obsolescencia. Por lo pronto, hoy soportamos la hediondez del poder".

La tragicomedia político-justiciera del caso Duarte:

1. "Lo dejaron ir."
2. "Atrápenlo."
3. "Van a decir que se murió."
4. "Aparecerá antes de las elecciones de 2017."
5. "Es un chivo expiatorio."
6. "Lo atraparon para debilitar a la oposición."

¿Qué se busca con tanta lengua? ¿Un simple triunfo electoral, preparar el proceso presidencial de 2018, procurar la justicia, acabar con la corrupción o defender la impunidad?

La epidemia de gobernadores delincuentes que llenan nuestras noticias no son solo un problema de corrupción o cleptocracia personal, sino un problema de malas reglas y de incentivos perversos en el pacto fiscal del federalismo mexicano.

Ese pacto deja en los estados mucho dinero suelto del que no hay que rendir cuentas. Ese es el origen estructural de la epidemia de escándalos de gobernadores que vemos, con lo que quiero decir que la epidemia tiene cura, puede arreglarse cambiando las reglas del pacto y realineando los incentivos.

Es un hecho que la democracia descentralizó el gasto público federal y enriqueció a las haciendas estatales, pero no las hizo responsables.

El dispositivo que convirtió la abundancia presupuestal de estos años en una invitación a la irresponsabilidad financiera y a la corrupción fue el concepto mal entendido, entendido abusivamente, de la soberanía estatal.

En ejercicio abusivo de esa soberanía, la facultad de autorizar el gasto federal en los estados quedó en manos de los congresos locales. Esta facultad ha tenido con el tiempo el más torcido y corruptor de los efectos.

Los gobernadores metieron al reparto de la bolsa federal a sus legisladores y a su oposición, a su comunidad empresarial, a los medios locales y, al final, pudieron ejercer esos recursos a su arbitrio.

Los congresos locales no fueron los vigilantes sino los cómplices del ejercicio presupuestal de sus gobiernos. El mecanismo constitucional de control y competencia entre poderes se volvió de anuencia y complicidad, y esta es la piedra de toque de buena parte de la corrupción que sacude a la república.

Con el dinero de la 2a. fiesta petrolera, los "presidentes de la democracia" aceitaron al Congreso federal, el Congreso federal aceitó a los gobernadores y a los municipios, los gobernadores aceitaron a sus congresos locales, que les aprobaron todos sus gastos.

Hubo dinero de sobra para hacer política y para crear la red horizontal de corrupción cuya diaria evidencia nos abruma.

El gobernador de Veracruz, Yunes, insiste en la entrega de recursos millonarios de Duarte a Morena, si tiene evidencia la tiene que exhibir en este momento, pero además debemos escuchar qué dice Duarte al respecto en un interrogatorio al que se tendrá que someter por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, tomado incluso en Guatemala. Algo debe haber de cierto, uniéndonos al sospechosismo, el señor López Obrador anda muy nervioso con el tema, al grado que prefirió, adelantándose a las malas noticias, pasando de mesías a profeta Nostradamus Región IV, y anticipar que Duarte declarara que desde el Gobierno de Veracruz se entregaron recursos a Morena, y resulta que, nada tonto, me informan, Duarte tiene grabaciones que próximamente divulgará, entonces, ¿Dónde está entonces la honestidad valiente de Morena? Duarte y López Obrador tienen mucho que explicar.

El paralelismo es asombroso. Se convirtió, según reputados morenistas, en una calca de las prácticas depredadoras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal.

Hoy los gobiernos con las siglas de Morena -en municipios del Estado de México y delegaciones de la CdMx- "ordeñan" la nómina de los trabajadores para destinar ese dinero a la actividad partidista de Morena.

¿Recuerdan que cuando López Obrador era jefe de Gobierno del DF le quitaba 20% del salario a los trabajadores capitalinos vía nómina? ¿Se acuerdan que el dinero robado a trabajadores era utilizado para activismo político personal de AMLO?

Bueno, pues esa misma práctica se impuso en municipios como el de Texcoco, donde la entonces alcaldesa Delfina Gómez canalizaba cada quincena un cuarto de millón de pesos al Grupo de Acción Política (GAP), que desde hace 2 décadas regentean Higinio Martínez y Horacio Duarte, entre otros.

Esa práctica -ordeñar la nómina de los trabajadores para robar el dinero y usarlo políticamente-, la practica el hoy alcalde de Texcoco, Higinio Martínez, quien de humilde médico texcocano hoy es un adinerado político mexiquense, principal apoyador de López Obrador y promotor de la candidatura de Delfina Gómez.

Y no, la denuncia sobre malversación de fondos y robo a la nómina de los trabajadores municipales de Texcoco por parte de la entonces alcaldesa Delfina Gómez no es una ocurrencia, tampoco un invento y menos un complot.

No, resulta que el PAN tiene lista una denuncia que presentará a la Fepade, en la que documenta que, durante su gestión como alcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez pagó quincenalmente un promedio de 250,000l pesos al Grupo de Acción Política para impulsar el activismo de Morena (por cierto, según reputados morenistas que confirmaron el saqueo, el mismo robo se lleva a cabo con la nómina de los trabajadores de todas las delegaciones de Morena en la Ciudad de México).

Y es que según documentos oficiales, la transferencia de dinero público del municipio de Texcoco se hizo desde la cuenta municipal número 252544745 de Banorte, a la cuenta de Grupo de Acción Política, bajo el concepto de apoyo al GAP.

El dinero fue utilizado para los actos proselitistas que, a la vuelta de los meses, convirtieron a Delfina Gómez en candidata de Morena al Estado de México.

Según cálculos de los denunciantes, Delfina Gómez habría saqueado por lo menos 20 millones de pesos del municipio de Texcoco -vía el GAP de Higinio Martínez-, para construir su candidatura al gobierno mexiquense.

Lo curioso del caso es que Delfina Gómez, AMLO, Higinio Martínez y Horacio Duarte -integrantes de la pandilla que saqueó Texcoco- omitieron, en el reporte de gastos de campaña al Instituto Electoral del Estado de México, la compra de más de 580 espectaculares promocionales de la candidatura de Delfina Gómez.

¿De dónde salió el dinero? Queda suficientemente claro. ¿O no?

Pero la historia del empoderamiento de la peculiar pandilla política de Texcoco, conocida como Grupo de Acción Política, no es una novedad. En realidad se remonta a finales de la década de los 80, del siglo pasado, cuando un joven médico texcocano, de nombre Higinio Martínez, se vinculó con el PRI municipal y estatal.

Higinio creció a la sombra del ex gobernador Alfredo del Mazo González, hasta que traicionó su origen priista y se afilió junto con todo el GAP al PRD.

En 2011, junto con Horacio Duarte, Rosendo Marín, Fabiola Gallegos, José Luis Gutiérrez Cureño, Agustín Corona y otros, crearon una verdadera mafia en el PRD mexiquense, que llevó a Higinio Martínez a ser diputado federal y senador.

A su vez, Horacio Duarte llegó a ser representante de AMLO ante el INE en 2012. En su oportunidad, el Grupo de Acción Política se afilió a Morena e inició la búsqueda de nuevos cuadros. En 2013, el GAP impulsó a Delfina Gómez como candidata de Morena a la alcaldía de Texcoco.

Desde entonces, la alcaldesa ordenó descontar 20% de la nómina a cada trabajador del municipio, dinero sucio para financiar su campaña.

Hoy Higinio Martínez, alcalde de Texcoco, también se roba el dinero de los trabajadores municipales para el activismo político.

¿Esos pillos quieren gobernar el Estado de México?

Veíamos que los mexicanos, tal vez como muchas otras nacionalidades, tendemos a buscar el beneficio personal y familiar, muy por encima del de nuestro país.

El colectivo y el bienestar de los demás no es importante, y si lo es, acaba por ser un medio para obtener un fin más egoísta.

El otro día leí una frase, que no conozco su autor, pero que decía lo siguiente: "Los políticos y los pañales deben ser cambiados con frecuencia... ambos por la misma razón".

Y no es difícil entender que la rotación es necesaria, pues es muy fácil que los corruptos echen raíces muy pronto en las arcas del pueblo y se dediquen a extraer todo lo que pueden. Son como las moscas, están dónde hay algo que succionar. Es una acción de acecho, "carroñera y depredadora".

Agazapados y encubiertos por el sistema que los protege y oculta para que no salgan a la luz sus fechorías y puedan seguir haciéndolas con la característica impunidad, a la que ya estamos malamente acostumbrados.

¿Por qué lo hacen? En general, la respuesta es muy sencilla: ¿por qué no?

Si se ha visto a lo largo de la historia que a casi ninguno le ha pasado algo, a no ser que sea señalado por algo que seguramente tiene que ver con la ruptura de las reglas de la corrupción que se pactaron en lo "oscurito". ¿Por qué no seguirle hasta donde tope?

Realmente es muy fácil salir de la pobreza o de las limitaciones sociales y culturales, con un breve tiempo y el poder de estar cerca de "donde hay". Es relativamente cómodo estar nadando en un sistema, en donde la astucia y la inteligencia sirven para robar y que no exista manera de que te lo demuestren. Y que si acaso hay alguna manera de comprobarlo, el sistema jurídico se compone y arregla de muchas maneras. Así que el riesgo es muy bajo y el sistema está ajustado para hacerlo con eficacia y sin peligros.

Cuando los alfaristas ganaron por 1a. vez Tlajomulco, con Enrique Alfaro a la cabeza, generaron varias políticas públicas para fortalecer la relación entre el gobierno y la sociedad. Leyeron bien el descontento de la población y supieron responder a ese descontento.

La más llamativa fue un ejercicio de ratificación de mandato por el cual el presidente municipal de sometía, a la mitad del periodo, a un pequeño y perfectamente controlado ejercicio en el cual los ciudadanos podían votar si el presidente debía o no continuar en el cargo. La ratificación de mandato es una payasada, pues participa menos del 5% del padrón electoral, el ayuntamiento decide cuántas casillas, y dónde las pone; él mismo cuenta los votos y luego usa la información para auto alabarse.

Hace año y medio, cuando comenzaban las administraciones municipales, uno de los problemas que tuvieron los alfaristas con María Elena Limón, alcaldesa de Tlaquepaque, fue que no quería comprometerse con la ratificación de mandato; después de una elección tan cerrada el riesgo de perder, pensaba ella, era alto. Se negó hasta que alguien, pacientemente, le explicó que no había riesgo, que si tu convocas, pones las casillas, cuentas los votos y tienes el control absoluto del proceso, no hay manera de que el resultado sea negativo.

Un grupo de ciudadanos (despreocupémonos si son legítimos o no) quieren cambiarle la jugada a Enrique Alfaro y convocaron ya no a una ratificación sino a una revocación de mandato a través de mecanismos formales avalados por el INE y estipulados en la ley de participación ciudadana. Más allá de a quién convoque y quién los apoye, este grupo va a meter en problemas al alcalde de Guadalajara, pues si bien se ve difícil que salga derrotado de un proceso así, lo único cierto es la incertidumbre: nadie sabe de antemano qué pueda salir y cómo se usará la información que salga del ejercicio. Además, al ser el organismo electoral quien controla el proceso, hace prácticamente imposible la manipulación por parte del ayuntamiento interesado.

La cuestión no es ratificación o revocación. Los tapatíos eligieron a Enrique Alfaro para gobernar 3 años. Difícilmente sobrepasará el 2o. año y terminará por irse de candidato simple y sencillamente porque así conviene a sus intereses.

Desde tiempo atrás, desde la campaña electoral veracruzana, se ha dicho que Javier Duarte impulsó al candidato de Morena Cuitláhuac García, para tratar de quitarle votos a Miguel Ángel Yunes. Después de la huida de Duarte, el propio Yunes informó de las cantidades que el gobierno estatal entregaba a Morena. Ahora en un video desaliñado, López Obrador dice que van a usar a Duarte para acusarlo a él. Lo cierto es que esa acusación ya se hizo y el propio López Obrador no ha contestado a ella. En todo caso, la certidumbre o no de la misma dependerá de que haya pruebas que sustenten o no esa acusación. Si no hay pruebas el líder de Morena no tendría por qué preocuparse. ¿O cree que podría haberlas y eso es lo que le preocupa?

El gobernador es el animal político de la débil democracia mexicana. Son el centro gravitacional de la política local. La silla de gobernador implica reverencias y besamanos. Nóminas inagotables. Discrecionalidad en el gasto. Control del Congreso y de los magistrados. La oposición se suma sin matices al cortejo. Es el señor gobernador, amo y señor de la política local. Se convierte, de la noche a la mañana, en el que lo puede todo. No es una sorpresa que muchos de ellos pierdan la cordura: el poder absoluto corrompe absolutamente.

Los apellidos son muchos: Moreira, Padrés, Duarte, Salazar, Borge, Medina y un larguísimo etcétera. La casta de gobernadores se reproduce cíclicamente: pide el voto y seis años después vuelan al extranjero en una fuga rápida y sospechosa. Empero, detrás de cada uno de los casos de corrupción de gobernadores siempre hay una preocupante tendencia de la opinión pública a tratarlos como “casos aislados”. Los partidos políticos y la clase política, en general, se distancian de ellos como si fueran auténticos lobos solitarios. Como si hubieran podido hacer y deshacer en sus estados con la complicidad única de dos o tres colaboradores de segundo nivel.

La realidad es otra. Los gobernadores construyen un reino de impunidad al amparo de una Presidencia que decide cerrar los ojos ante los abusos. Como bien escribió Rogelio Hernández en "el centro dividido", un texto esencial para entender el poder absoluto de los gobernadores, la impunidad con la que operan los gobernadores es un arreglo político que heredamos del viejo régimen. La Presidencia imperial pone 2 condiciones a los gobernadores: lealtad política y nada de desórdenes locales. El resto, a discrecionalidad de quien ocupa la silla estatal. La impunidad que permite los altos niveles de corrupción es estrictamente política y al amparo de la Presidencia de la República.

¿Es posible que Vicente Fox no haya sospechado nada de las actividades ilícitas del ex gobernador Yarrington? Si como lo refiere Ricardo Raphael, Yarrington fue un auténtico mecenas y protector del Cártel del Golfo y el nacimiento -y fortalecimiento- de Los Zetas, ¿Podemos creer que ni Felipe Calderón ni Vicente Fox tuvieran indicios de su actividad delictiva en 15 años, en los que se dedicó a servir como parte de la estructura criminal? ¿No sabía nada Peña Nieto o por qué defendió su inocencia en la campaña de 2012? Analizar los casos de los gobernadores acusados por corrupción de forma aislada y sin hablar del sistema, nos lleva a una repetición continua de los mismos vicios.

El federalismo mexicano nunca ha funcionado. Fue y es un arreglo político que canjea lealtad política con el Presidente por discrecionalidad en los estados. Usted gobernador recibe órdenes de la capital y mientras las siga al pie de la letra, nosotros respetamos que haga de su estado lo que se le antoje. Ni la pluralidad partidista ha podido romper esa inercia de complicidad política que daña al federalismo mexicano y a la rendición de cuentas. Por supuesto que los culpables de corrupción son los gobernadores, pero no es menos condenable el silencio y la complicidad que se guarda en Los Pinos hasta que los escándalos explotan.

La centralización peñista mantiene los vicios del federalismo maltrecho, pero reestablece a una Presidencial imperial indeseable en materia de rendición de cuentas.

El federalismo mexicano dejará de ser el manto protector de gobernadores corruptos, hasta que rompamos la inercia de complicidades política que existe entre la Presidencia y los gobernadores. Una madeja de intereses que implica impunidad en todos los niveles. El asunto no es cambiar leyes o reformar marcos normativos, sino romper la complicidad política que hace de muchos estados auténticos feudos que han ido desmantelando cualquier contrapeso, sean órganos autónomos, periodismo libre o competencia política.

En Jalisco, 31 políticos "chapulines" saltaron de partido este año buscando postularse para las elecciones de 2018.

El Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado establece que, para aspirar a un cargo público por un partido distinto o como independiente, los aspirantes deben renunciar a su militancia partidista antes de la mitad del ejercicio de su cargo.

Los 31 políticos que saltaron de partido iniciaron su función en 2015, por lo que su fecha límite para cambiar de afiliación y cumplir con la ley era el 1 de abril.

Del total de políticos que renunciaron a su partido, siete son de municipios metropolitanos y el resto del interior del estado. Se trata de un diputado federal, un legislador local, un alcalde, 25 regidores y 3 síndicos, la mayoría de partidos de izquierda y panistas.

Tras una serie de escándalos y presunto uso del erario y bienes del estado para asuntos personales, el titular de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, fue cesado del cargo la noche de pasado jueves.

Horas antes, se difundió por distintos medios de información que su hijo, Alejandro Avilés, y otras 4 personas más utilizaron el helicóptero oficial Augusta Aw109 Power, con matrícula XC-HUX, para viajar a Puerto Escondido, uno de los principales destinos de playa de la entidad.

¡No huyan corruptos; AMLO los perdonará!

El 11 de agosto de 2016 -ante un auditorio de hombres de dinero y empresa-, López Obrador pronunció lo que desde esa fecha se conoce como "el Sermón del Perdón".

Prometió: "Les decimos a los integrantes del grupo en el poder que, a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que, ante su posible derrota, en 2018, no habrá represalias o persecución para nadie. Declaramos esta amnistía anticipada, porque lo que se necesita es justicia, no venganza".

Obrador profundizó: "Respetamos a quienes sostienen la máxima de, ni perdón ni olvido, pero no la compartimos. Podríamos decir: olvido no, perdón sí. En esta virtud, igual que en la honestidad, reside la esperanza de un mejor porvenir. Si hacemos a un lado el odio y optamos por el perdón, podremos caminar con el emblema de la honestidad hacia una sociedad mejor".

Lo anterior significa que en Los Pinos no habrá un presidente y menos un político. Y no se diga un estadista.

A partir del 1 de diciembre de 2018, en la casa presidencial despachará un predicador que escuchará los pecados de los pillos de la política y del crimen, que les exigirá una penitencia y luego les otorgará el perdón.

Porque una vez que el nuevo mesías sea coronado, pillos y ratas serán perdonados. Y si aún mantienen dudas, basta ver la "cargada" de pillos y ratas que salen de todos los partidos y engordan las filas de Morena. Y los pillos de los pillos -como Manuel Bartlett- hoy son prohombres de Morena.

¿Y por qué, si Bartlett y muchos otros, han sido purificados en las aguas de la Morena de AMLO, no serán perdonados, rehabilitados y reinstalados en sus puestos los 17 gobernadores rateros que han sido acusados de transas en los últimos 16 años?

¡Qué nadie se preocupe, AMLO los perdonará a todos!

No es una cuestión de si nuestros policías son más o menos buenos que los de otros países. Seguro no son los mejores del mundo, pero el ridículo que hacen tiene mucho más que ver con la voluntad de no perseguir los delitos de la clase política y de nunca encontrar a los que, por algún extraño motivo, caen de la gracia presidencial y tienen que ser perseguidos.

La novedad de este sexenio es que algunos gobernadores han caído de la gracia y han sido señalados por corrupción. Estoy seguro que esto obedece mucho más a la necesidad del sistema de encontrar chivos expiatorios que a una voluntad real de hacer justicia. Que sean chivos expiatorios no significa que sean inocentes sino simple y llanamente que el barco se está hundiendo y los de 1a. clase, ahora el gobierno federal, han decidido sacrificar al piso de abajo.

¿Cuánto tiempo tardará el agua en llegar a los de arriba; cuándo veremos a secretarios de estado, procuradores, senadores, magistrados rendir cuentas ante la justicia? Si hay algo evidente es que el crimen organizado ha contado con el apoyo de estos personajes y que los gobernadores, todos estos perseguidos y los que están por caer, tenían apoyos y relaciones en la clase superior.

Todos los países que han pasado por procesos de corrupción política tan amplios como el nuestro, pienso particularmente en Colombia e Italia y años antes en Estados Unidos, iniciaron su transformación hacia la justicia dando fortaleza e independencia al procurador o fiscal y sobre todo al poder judicial.

No serán los diputados y senadores vinculados con el sistema de corrupción, sea a través de sus propios partidos o de los intereses económicos que los respaldan, los que harán las reformas de fondo que el país requiere en materia de justicia. Lo que hemos visto en el caso de la aplicación del sistema nacional anticorrupción no es sino el miedo colectivo de una clase política incapaz de dar un paso al frente a favor de la persecución de la corrupción, porque sus intereses y los de su partido o camarilla política están de por medio.

Es horrible pensar que la justicia en nuestro país se hará desde el extranjero, desde Estados Unidos o Italia, pero esa justicia imperfecta es mejor que la ausencia total de justicia y puede ser el impulso que falta para que la sociedad civil ponga contra las cuerdas a la clase política corrupta.

Soy una convencida del federalismo, de la política subnacional, del trabajo público local, de la autonomía estatal, pero ¡ah cómo cuesta trabajo defender a la clase política de los estados! La autonomía estatal la hieren de muerte los propios gobernadores, algunos de los cuales parecen los mejores aliados de las tendencias centralizadoras en el país. ¿O cómo se explica que se dediquen a destruir las arcas públicas y derrochar su patanería como si gobernaran feudos aislados en el siglo XIII? ¿Lo hacen para mostrar que los estados son incapaces de gobernarse?

Duarte en Veracruz asombró al país completo, los cargos contra Moreira nos pusieron los ojos de plato y la detención de Yarrington desencaja la quijada. Decenas de ex mandatarios estatales tienen enormes colas por su comportamiento criminal y la obligada pregunta es, ¿cuántos de los que hoy quedan en su silla van a esconder la cara y multiplicar su identidad en los próximos años? ¿Cuántas excusas más van a darle al gobierno federal para que tenga injerencia en el tema de cortar las uñas?

Tanto en la Ciudad de México como en Jalisco, se habla ya del enriquecimiento de personajes cercanos a Miguel Ángel Mancera y a Aristóteles Sandoval. Funcionarios que, bajo el cobijo de su amistad, han abultado su cartera y cerrado negocios que no pasarían la prueba de las contralorías.

Quizá ni Mancera ni Sandoval sean cómplices de estas prácticas, pero dudo mucho que no sospechen o incluso no sepan que están sucediendo y quiénes abusaron de su confianza.

Es hora, ya en el preludio de la renovación de sus carreras, de que limpien la casa, de que castiguen ellos a quienes se han enriquecido en el 1er. círculo de su gobierno, de que alejen de sí a los que manchan su paso por el ejecutivo. ¿Se van a esperar a que lo haga la oposición, el gobierno federal, los medios de comunicación o el gobierno de Estados Unidos?

La crisis de credibilidad hacia los partidos políticos existe y puede medirse. La Encuesta de percepción ciudadana 2014 del Observatorio "Jalisco Cómo Vamos" reveló que tanto el Congreso del Estado como los partidos políticos tienen una baja calificación: sólo 5 de cada 100 tapatíos dijeron confiar mucho en éstos. Pero esa lógica no cambia, incluso empeora. Augusto Chacón, director del Observatorio, adelanta que, según la edición 2016 de la encuesta, los partidos siguen hasta abajo en los niveles de aceptación.

"En 2014 su calificación era 2.2 sobre 5. Ahora es de 1.8 en esa escala. Van en degradación absoluta. Nunca habían tenido tanto espacio en los medios de comunicación, nunca habían tenido tanto dinero, pero no hemos visto que ninguno apunte a una idea correcta de democracia, de rendición de cuentas. Ni siquiera que nos presenten una propuesta de país que se parezca a los anhelos, cuando menos, de los más amolados".

Los recursos que los propios militantes aportan para el mantenimiento del partido son mínimos en comparación con lo que reciben de financiamiento público. "Si los partidos tuvieran militancia activa, quizá ese financiamiento que les damos no sería necesario. Y al final, el que paga manda".

No es privativo de 3 siglas, dice, pues todos los partidos han desatendido a sus afiliados. "Tan no se preocupan que es lo más común observar que los dirigentes pasan de un partido a otro y cuando ya no les gusta uno o no les brinda las condiciones económicas o de acceso al poder que ellos quieren, se cambian de bando. Así no puede haber una militancia; no puede haber un mensaje. Lo que hay son cuadros burocráticos que de pronto sirven cuando hay elecciones".

Dada la relación de "los poderosos" en los partidos con su militancia, a la que no rinden cuentas cuando hay un movimiento o decisión importantes, se explica el desinterés que hay entre los ciudadanos para afiliarse. "¿Para qué alguien iría a hacer un trámite, a conocer la plataforma, la ideología del partido? ¿Para que sean unos pocos los que se hagan poderosos?".

Augusto Chacón remarca que las candidaturas independientes son un derecho ganado que ahora ciudadanos y autoridades deben impulsar con educación cívica que permita elegir perfiles capaces, y no priorizar a figuras públicas poco capacitadas para el cargo, como el caso del payaso "Lagrimita" en 2015.

"No hay que hacer un enlace directo de causa-efecto entre el mal estado de salud ética de los partidos políticos y la aparición de las candidaturas independientes (...) Sí nos debería alarmar que personajes como Cuauhtémoc Blanco o (Hilario Ramírez) 'Layín' tengan opciones de acceder al país, pero esa alarma no viene desde el esquema político sino desde el educativo", concluye Chacón.

Entre 1989 y 1992, Ixtlahuacán del Río fue gobernado por el priista Hugo Rodríguez Díaz, quien en 2001 continuó con una diputación local y luego representó a Jalisco en el Congreso de la Unión. Con el PRI logró la mayoría relativa. Sin embargo, en 2015 cambió de bando. Regresó al Congreso del Estado, pero como plurinominal por el Partido Movimiento Ciudadano.

El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, quien, antes de contender por Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, participó activamente en el PRI, logró una diputación local bajo las siglas del PRD (2007) y consiguió la alcaldía de Tlajomulco. 3 partidos.

Hoy, los institutos políticos están desgastados.

Augusto Chacón expone que ningún partido se ha preocupado por su militancia. Y sin ésta "simplemente son un puente entre el presupuesto y el acceso al poder público".

También ya comenzaron los cambios entre partidos ante la elección de 2018. El diputado federal Carlos Lomelí abandonó Movimiento Ciudadano por Morena. Lo mismo hicieron 2 regidores de Zapopan, Ana Lidia Sandoval y José Hiram Torres.

Los contribuyentes jaliscienses mantienen con vida al Partido Verde Ecologista de México, pero ninguno de los 44,641 militantes (cifra del Instituto Nacional Electoral) ayuda a mantener al partido.

Su Unidad de Transparencia no reporta aportaciones o donativos de los militantes "verdes" desde el año 2007 y hasta la fecha. La instancia sobrevive por completo con recursos públicos.

Para comparar, los militantes priistas -partido con el que usualmente el PVEM figura en alianza- han entregado 8.7 millones de pesos entre 2011 y hasta los primeros meses de 2017. Entre 2014 y 2015, los simpatizantes externos entregaron 2.4 millones más.

Aunque tampoco figuran como ejemplo de desprendimiento, en el Partido Nueva Alianza algunos de sus 28,815 militantes han "auxiliado" a esa instancia con 68,308 pesos, sólo entre 2010 y 2013. Sin embargo, los simpatizantes externos acumularon 158,532 pesos para entregarlos al partido, únicamente en 2011.

No es casual que los partidos no se hayan puesto de acuerdo, o más bien, no hayan querido ponerse de acuerdo, en el nombramiento del fiscal anticorrupción. No les da miedo, les da pavor que el sistema anticorrupción vaya a funcionar porque la mayoría de los actuales diputados, senadores, y funcionarios de todos los niveles son producto, en menor o mayor medida, de la corrupción.

Zapopan recibirá los 14 millones de pesos que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco le debe por concepto de predial que no ha pagado desde que adquirió 59% del cerro El Tepopote, si a cambio el municipio liquida sus actualizaciones con ellos.

"La idea es que nosotros paguemos esos adeudos que tiene el municipio con el Ipejal, que son de más de 10 años, y que el Ipejal nos pague a nosotros los prediales. Dando y dando", dijo el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus.

Pemex esconde el escándalo con Odebrecht al reservar por 3 años los contratos que firmó con la empresa brasileña. Antier, Pemex decidió publicar 4 de esos contratos. Es como si no lo hubiera hecho. Tachó firmas, nombres, direcciones, precios, folios, números y datos clave. Por ejemplo, los números de escrituras notariales, que deberían aparecer en una versión pública, están borrados. Pemex tampoco publica los anexos de los contratos, fundamentales en este tipo de documentos. Ah, pero eso sí, en los contratos no se tacha ni una coma de la cláusula donde Pemex y Odebrecht, así como sus filiales, se comprometen a denunciar actos de corrupción y a no dar sobornos. En esos contratos no está el escándalo. Pemex debería transparentar los contratos firmados por Pemex y sus filiales con Odebrecht y sus filiales. La falta de regulación derivó en que a través de las filiales otorgaran contratos discrecionalmente, por qué no, a cambio de 10 millones de dólares en la cuenta de algún funcionario.

Los 3 años fijados por la ley para elegir un fiscal anticorrupción resultaron insuficientes; partidos y gobierno no han logrado ponerse de acuerdo para designar al hombre o mujer que operará el brazo ejecutor del sistema.

Como flores después de las lluvias empiezan a brotar distintos personajes en nuestro país con la genuina aspiración a ser candidatos independientes en las elecciones del próximo año: los hay desde quienes buscarán la Presidencia de la República hasta quienes lo harán por diputaciones en distintos distritos de los estados.

La mayoría de ellos, hay que decirlo, son personajes relevantes, gente preciosa de México, que coincide en un mensaje de hartazgo y fastidio hacia el sistema de partidos que no se cansa de utilizar el poder para saquear al país mediante una corrupción creciente que ya raya en la grosería. El sistema de partidos, coinciden, está rebasado, y hace falta una renovación integral en beneficio del país, y sobre todo del futuro del país; esto ya no va a aguantar mucho. Totalmente de acuerdo.

Este florecer de las candidaturas independientes coincide además con el emerger también de los aspirantes en los distintos partidos políticos a obtener candidaturas en un juego de simulación en el que "según ellos" respetan los tiempos electorales al no declararse abiertamente "aspirantes", pero emplean todos los medios, correctos e incorrectos, para figurar en los distintos medios de comunicación, incluidos anuncios en espectaculares, para colocar su imagen y estar presentes. Los hay que están gastando auténticas fortunas, y los hay quienes hacen declaraciones escandalosas, ocurrentes o proponen un sinnúmero de iniciativas que rayan en lo fantasioso, pero eso les permite aparecer bajo los reflectores.

Los candidatos independientes se antojan la mejor opción para empezar a transformar la "corruptocracia" mexicana, algo que urge. Pero para acabar con un sistema que ha tenido una habilidad fantástica para perpetuarse mediante un sinfín de argucias, hay que hacer algo diferente. No basta el discurso. El país está inundado de pronunciamientos y declaraciones de mentes brillantes pero en muy poco, si no es que en nada, han contribuido a cimbrar a la clase política mexicana.

Hace falta hacer algo espectacular.

¿Qué debería ser eso espectacular? Confesamos que no lo tenemos muy claro, pero podría ser algo ruidoso que acompañara a las críticas, algo así como contratar un comando que vaya y saque de donde se encuentran (porque asumimos que hay evidencias para saber dónde están) a los grandes corruptos visibles, lo ex gobernadores Duarte de Chihuahua y Veracruz, y amarrarlos una madrugada al asta bandera en el centro del Zócalo de la Ciudad de México.

Sería un golpe espectacular y aplaudido por todo un país.

Algo así.

Porque en la medida que esas mentes brillantes no pasen del discurso, se antojan más como comparsas de los candidatos tradicionales y que finalmente dividirán el voto de quienes están hartos del sistema de partidos, de tal forma que si alguno de esos candidatos tradicionales de partido consigue una pequeña pero razonable cantidad de votos sería el "glorioso" vencedor en las elecciones.

Isidro Pastor, aspirante sin partido [a la gubernatura del Estado de México], de larga trayectoria priista, se lanzó a descalificar a todos los políticos de todos los partidos.

El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco ha realizado diferentes inversiones, entre ellas una por 93 millones de dólares para desarrollos turísticos en Chalacatepec, en La Mandarina, Nayarit y para el Hotel Four Seasons en la Ciudad de México. Sin embargo, también destinó recursos en la constructora española Abengoa y la edificación de las Villas Panamericanas, inversiones con la amenaza de que nunca se recuperen. El caso del Cerro el Tepopote se consideraría una inversión en riesgo.

Ipejal no sólo es propietario de 59% del Cerro de El Tepopote, el cual se incendió el pasado domingo al parecer de forma intencional, sino que adeuda más de 14 millones de pesos al Ayuntamiento de Zapopan por omitir el pago del impuesto predial.

Según datos catastrales del municipio, el monto por liquidar hasta el día de ayer asciende a 14'250,000 pesos -no pagan desde 2003-, ello por 2 terrenos en la zona, uno de 382 hectáreas y uno más de 47. En el predio más grande fue donde se originó el incendio el pasado fin de semana.

Otras 6 personas, físicas y morales, aparecen registradas como propietarias en el Cerro de El Tepopote, de las cuales sólo 3 presentan adeudos por 428,000 pesos.

Luego que el anterior secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Roberto Dávalos, saliera de la dependencia en agosto pasado tras los cuestionamientos de empresarios sobre el presunto cobro de "moches" a cambio de la asignación de contratos, con la llegada del nuevo secretario Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia los privilegios en la dependencia se mantienen.

Una revisión de los proyectos de obra pública licitados, adjudicados y concursados por invitación, confirma la asignación de 7 contratos por un monto de 107 millones de pesos al despacho Cinco Contemporánea, en el que figura como socia Vanessa Paola López Grajeda, hermana de Karla Melissa López Grajeda, quien se desempeña como coordinadora ejecutiva de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría.

Lo anterior, pese a que el Artículo 43 de la Ley de Obra Pública de Jalisco prohíbe la contratación de obra a empresas en las que participe algún servidor público que intervenga en el procedimiento de adjudicación, así como sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 4o. grado.

En una ocasión que comimos con el senador poblano Miguel Barbosa, éste se cansó de criticar, con dureza y casi siempre con acierto, a su paisano Manuel Bartlett. Cuando Manuel fue secretario de Gobernación y luego gobernador, según Barbosa, se cansó de perseguir a la izquierda y le parecía inconcebible que López Obrador, con el que era profundamente crítico también, se hubiera acercado tanto a Bartlett.

Imposible no recordar esa comida cuando vi ayer la foto de Barbosa y otros ex perredistas integrándose a la bancada de senadores del PT (al que el PRI le salvó el registro en Aguascalientes), con el jefe Bartlett al frente. La política hace extraños compañeros de cama.

Con sus errores López Obrador ha hecho renacer temores. Existe una tendencia a hacer creer que el candidato de Morena es prácticamente invencible de cara al 2018 y no es así. Es el único candidato que está en campaña, tiene cientos de miles de spots, es una opción para muchos mexicanos, pero también mantiene negativos altos. Este mes, perdió por sus errores: sus declaraciones sobre el caso Tepic (la "masacre de niños" que nunca ocurrió); sus descalificaciones sobre el Ejército; el exabrupto contra un padre de uno de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, al que calló y calificó de provocador en Nueva York y sobre todo el accionar de muchos personajes de su entorno, no lo tiraron, lo volvieron a poner en el mismo nivel que tenía desde septiembre pasado, 29%. Bajó lo que había subido.

Los que eran votos independientes no parecen estar yéndose hacia Morena sino hacia el PAN.

Los dirigentes nacionales de Morena y PAN han usado los spots de sus partidos para promover su propia imagen e impulsar sus aspiraciones presidenciales.

Ante las quejas que se presentaron contra López Obrador y Anaya -también contra el líder perredista Agustín Basave, pero él ya se salió del juego- el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no había nada ilegal en el uso que hacían de los spots del partido, pero instruía al Instituto Nacional Electoral a que defina lineamientos para regular a los dirigentes partidistas en su uso de los anuncios en radio y televisión que corresponden por ley a los partidos que encabezan.

No es poca cosa. Entre enero de 2016 y enero de 2017, Anaya se despachó con más de 907,000 spots y López Obrador con más de 681,000, según datos del INE.

Con la poesía que caracteriza a las resoluciones judiciales, el Tribunal pidió que los consejeros del INE tomaran en cuenta la centralidad del sujeto, la coherencia narrativa y la direccionalidad del mensaje.

Esto ha de significar que hay que valorar qué tanto aparece la persona en el anuncio, qué tanto promueve su propia plataforma en el mensaje y qué tanto el spot está dirigido a enaltecerlo a él por encima del partido que dirige, respectivamente. Imagino.

El asunto está entrampado porque hay consejeros que quieren restringir la presencia de los dirigentes en los spots mientras que hay otros que sienten que no hay modo de evitarlo y más regulación derivaría en más quejas presentadas.

En la misma tónica, hay partidos interesados en dejar manos libres a sus dirigentes (obviamente Morena) y otros en los que existen contrapesos porque hay varios aspirantes presidenciales que piden cancha pareja y no quieren que solo uno abuse de los spots (un debate que se ha dado, incluso públicamente, en el PAN).

La fuerza de los partidos dentro del INE, la independencia de los consejeros, la amenaza lopezobradorista con la descalificación del fraude, el peso del Tribunal y otros factores, estarán a prueba con este asunto.

A lo largo de estos años se ha creado ya una madeja de intereses y esquemas de control alrededor de los mototaxis que será muy difícil desbaratar. Si sólo 2 de cada 10 mototaxis son propiedad de quien lo maneja, eso significa que el resto son parte de empresas o grupos de interés que regentean el negocio. Hay que rascarle entre líderes políticos y sindicales y por ahí saldrá la mano que mueve la cuna en este tema. Tiene colores diversos, naranjas, azules y tricolores, lo cual hace que las negociaciones terminen siempre protegiendo a los líderes y no a los usuarios.

La vocera del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Ivonne Álvarez, calificó al senador Miguel Barbosa como un acomodaticio de la política, al que no se le puede tomar en serio ni es creíble tras su trayectoria de trampolín partidista.

La legisladora priista recordó a Barbosa su trayectoria: primero inicia su carrera en el PRI, luego se pasa al PRD, donde fue defensor de "los chuchos" y luego les dio la espalda.

Además fue coordinador del proyecto de Miguel Ángel Mancera, "coqueteó con Rafael Moreno Valle, y ahora con Morena".

Una de las situaciones que más repudia una gran parte de la ciudadanía mexicana es, a no dudar, la que se refiere al tiempo de elecciones.

Sí, ése tiempo en el que el desbordamiento publicitario en las campañas de los candidatos, saturan, cansan, agotan, y ni qué hablar de que aburren a los que ven y escuchan discursos sobados, gastados, repetitivos, en los que las esperanzadoras promesas comprometidas con el afán de conseguir los votos, al paso del tiempo de los que llegan, se convierten en tristes realidades por el incumplimiento y el olvido.

Aparte, cuando el ciudadano común y corriente, el que produce con su trabajo honesto y cumple con sus impuestos, cuenta se da de a dónde van a parar los dineros de su carga impositiva, que no es otro sitio que los bolsillos de quienes reciben los presupuestos de los partidos políticos, se siente decepcionado y ofendido cuando, al final, todo va a la basura.

Ver la publicidad desmesurada en los medios saturados que hacen padecer alabando la grandeza y patriotismo de los que se anuncian para impactar en el electorado, hace también pensar en las cataratas de millones gastados que, por tiempos televisivos y radiofónicos, como por medios impresos con los que se plagan muros en las calles, banderines, banderolas y de todo lo que echan mano para la proyección de imagen de los contendientes, termina, sí, en los basureros.

Lo que se tiene que ver y escuchar de política barriobajera con la que se ataca al que atacar se quiere, con el fin único de desprestigiar sin importar para nada un mínimo de ética que debería haber.

En vísperas de los procesos electorales, ayuntamientos, gobiernos estatales y federales, "agarran" nuestros recursos y los tiran por la ventana haciendo en un año lo que no hicieron ni en 3 ni en 6, desde luego con la calidad que ya todos conocemos y sin otro interés que asegurarse tanto la candidatura como el voto del pueblo impresionable.

En la medida que la misma sociedad ha ido tomando conciencia de que por encima de servicios efectivos lo que hoy día más reclama es seguridad y justicia, pues ahora a los amantes del poder les está dando por aparentar que en verdad ya se hace justicia, que por lo menos a determinados políticos sí los atrapan o incluso los contratan para que se dejen atrapar. Habría que recordar que el valor de la clase política no radica sólo en juzgar políticos corruptos y delincuentes, sino en no promoverlos para cargos y candidaturas, asunto difícil si consideramos que dicha clase se anida y se protege desde los partidos políticos.

La desbandada de 54 autoridades y líderes regionales de diferentes partidos políticos pertenecientes a 22 municipios del estado, favoreció al Partido Movimiento Ciudadano, quien este día les dio la bienvenida oficial.

Su coordinador estatal, Guillermo Medrano, subrayó que el partido es un instituto de puertas abiertas, en el que no se etiqueta a las personas por banderas u orígenes políticos.

Anunció que llegaron al partido un alcalde, 3 síndicos, 25 regidores y 25 líderes regionales, del PRI, del PAN, del PRD, del PVEM, del PES, el Partido Humanista y del Movimiento de Regeneración Naciona.

El único alcalde en migrar a MC fue Roberto Durán Michel de El Limón, quien durante 18 años militó en el sol azteca.

Durante el proceso de desbandada, algunos partidos habrían presionado para evitar la salida, "por ejemplo en el PRI y en el PAN, había resistencias a recibir las renuncias, hubo que presentarlas a través de abogados, porque en el algún partido llegaban al extremo de exigir que pagaran cuotas si es que había algún atraso y cuestiones de esa naturaleza".

Adelantó que de los 61 gobiernos priistas, hay 6 alcaldes de las diversas regiones que coinciden con MC, sin embargo, los amenazaron con quitarles apoyos a diversos programas; y de los 29 municipios gobernados por Acción Nacional, entre 4 y 5 ayuntamientos, simpatizan con el partido naranja.

Se ha dicho que los senadores son representantes de las entidades federativas en el pacto federal. Empero, eso es una cuestión más psicológica que constitucional. Si consideramos su forma de elección debemos concluir que son representantes populares, o "de la nación" (como los diputados). Sin embargo, siendo más realistas, más que representantes populares o de las partes integrantes de la federación en realidad son representantes de los partidos políticos, electos popularmente. Los 32 de representación proporcional, electos mediante una lista nacional, expresan con crudeza esta situación.

La legislación interna del congreso y del Senado solo establecen que cinco legisladores integran un grupo parlamentario, sin especificar el procedimiento de elección de su coordinador. Para ser congruentes con el carácter de los senadores como representantes de los partidos políticos, eso queda como uno de sus asuntos internos, señalándose en los estatutos de cada uno de ellos su forma de designación, que no de elección.

En 2015 todos los grupos parlamentario del Senado no pudieron comprobar el correcto ejercicio de 1,206 millones de pesos. Por eso, el fondo del litigio del PRD en el Senado, más que ser una disputa ideológica o de principios es un vil pleito por quién controla y administra los dineros que se le otorgan a este grupo parlamentario.

López Obrador no ha dejado de hacer campaña durante más de 20 años, cabe analizar con cuidado sus recientes declaraciones en torno al papel del Ejército.

Diciendo que los soldados "son pueblo" y que el problema está en los dirigentes que deben obedecer a la "mafia del poder", ha arrasado con mucho más de lo que como ciudadanos debemos soportar.

Según sus dichos, si él llega a la presidencia, no enfrentará con violencia al crimen organizado, "todo se arreglará de manera pacífica, no como lo hizo Calderón con su guerra inútil".

Tristemente, con el crimen organizado no puede haber nada por las buenas, a menos de que se les entregue el manejo informal de los intereses del país. Aceptar que un candidato plantee así las cosas implica prestarse a terminar bajo una doble tributación, la contribución que se le deberá hacer al gobierno formal por la vía fiscal, y lo que haya que cubrir de manera cada vez más generalizada y aceptada a esa otra mafia, que si bien no será "la del poder", sí será la que tendrá el control, el verdadero poder.

¿En qué está pensando un individuo que se permite hacer esas declaraciones?

Este mero argumento en otras latitudes sería suficiente para descalificarlo.

López Obrador, quiérase o no, es hasta ahora el único aspirante político de vuelo presidencial que ha puesto la corrupción en el centro de sus propósitos y ofrecido una solución al problema que empieza con una promesa sobre su propia conducta.

La solución puede parecer delirante (cuando el presidente sea honesto, todo mundo lo será), pero es clara, comprometedora y personal. La solución no somos todos, dice López Obrador: la solución soy yo.

Loco, cínico o lo que se quiera, pero nadie más lo dice. Nadie sale a la plaza pública con esa convicción y esa claridad.

Sus adversarios y críticos le han dejado completo ese campo central de la contienda de 2018.

Así las cosas, lo que necesitan la opinión y la vida públicas de México no es bajar el volumen del debate sobre la corrupción, que ya tiene dueño político, sino hablar más, multiplicar las voces y las críticas para democratizar la discusión sobre el tema y también, sobre todo, para que las autoridades y los poderes políticos, los partidos, los empresarios, los jueces, los legisladores, actúen ya, hoy, antes de las elecciones, contra la ola de corrupción que nos ahoga.

Castigar ostensibles corruptos del gobierno y del PRI le daría legitimidad al gobierno y al PRI para hablar contra la corrupción.

Acciones sostenidas en ese frente de todos los actores políticos y de los poderes fácticos arrebatarían el monopolio del tema a López Obrador y servirían a la sociedad exasperada.

¿A quién beneficia políticamente hablar de corrupción? A los mexicanos que están hartos de ella.

El PRD se cae a pedazos desde hace muchos pedazos. ¿Cuándo se pudrió el PRD? ¿Desde el cacicazgo de Cuauhtémoc? Porque es verdad que ahora parece sensato el ingeniero, pero no se movía una hoja del árbol de ese partido sin su autorización. El ingeniero era de una verticalidad soviética.

¿O es verdad que el perredismo avanzó al abismo cuando decidió que el tribuno Muñoz Ledo lo dirigiera? El inefable militante de todos los partidos, empleado de todos los presidentes desdibujó al partido con esa retórica del medio siglo.

¿O todo se perdió para ese partido de izquierda cuando Liópez lo desdirigió de 1996 a 1999? Cuando lo despojó de un solo concepto, cuando lo desnudó y lo instaló en la intemperie de su fiera autoridad.

Por cierto, casi nadie puede recordar a Amalia García como presidenta del PRD, pero la verdad es que las elecciones internas perredistas ocurridas durante su periodo fueron como unas elecciones priistas organizadas por el profesor Olivares Santana, pero sucias.

De Leonel Godoy que hable mejor su hermano narco.

De Ortega y Zambrano, qué decir, nada, salvo que se acabaron 2 estados de la República de principio a fin y le dieron duro a la matraca cuando el partido era suyo; ¿quiénes gobernaron Guerrero y Michoacán? Probablemente muy pronto diremos lo mismo de Morelos y de Graco. Ya en serio: admitan que no saben gobernar, solo desgobernar.

Andrés Manuel López Obrador desde hace 2 semanas escaló su crítica a los militares. En Nueva York sugirió que los militares habían participado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala en septiembre de 2014, y ante las rápidas críticas que recibió, primero del propio Peña Nieto y después de varios actores políticos del gobierno y la oposición, fue hundiéndose en el pantano. López Obrador dijo en Veracruz la semana pasada que las fuerzas armadas "han masacrado" civiles durante los gobiernos del ex presidente Felipe Calderón y de Peña Nieto.

"Por órdenes del expresidente Felipe Calderón y del presidente Enrique Peña Nieto, las fuerzas armadas han masacrado a civiles”, aseguró.

Afirmó que de ganar las elecciones presidenciales no hará ningún trato en materia de seguridad con Estados Unidos y que desaparecerá al Estado Mayor Presidencial.

Entrevistado en el aeropuerto de Veracruz, López Obrador indicó que si gana las elecciones no seguirá usando al Ejército ni a la Marina para reprimir al pueblo.

"La mayoría de los masacrados en Tepic por la Marina eran jóvenes", tuiteó AMLO.

El PRI llamó al tabasqueño a presentar pruebas, de lo contrario procederán legalmente, aseguraron.

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI advirtió que el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha dado declaraciones falsas pues el político de izquierda afirmó que la Secretaría de Marina mató menores de edad en Tepic, Nayarit, durante el operativo en el que abatió al capo "H-2".

En el spot que actualmente se difunde en tiempos oficiales, López Obrador declara: "La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar para, entre otras cosas, aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble... También nos va a alcanzar para que todos los jóvenes, 2 millones 600 mil, tengan garantizado el derecho al estudio y al trabajo".

En principio no cabe más que aplaudir. ¿Quién no quiere erradicar la corrupción? La pregunta, sin embargo, es si realmente una campaña contra la corrupción generaría recursos para duplicar las pensiones y garantizar escuela o empleo para todos los jóvenes.

López Obrador ha logrado proyectar una imagen de honestidad personal. Vive de forma modesta. La experiencia nos dice, sin embargo, que cuando los candidatos no encuentran forma de cuadrar el costo de sus promesas con la realidad acuden siempre a la promesa de erradicar la corrupción para explicar el faltante.

Andrés Manuel fue ya jefe de Gobierno del Distrito Federal. No fue un mal gobernante, aunque tampoco el mejor. Recurrió a la iniciativa privada para lograr un muy saludable rescate del Centro Histórico y del corredor Paseo de la Reforma-Juárez. Como todos los demás gobernantes, sin embargo, privilegió las obras visibles, como el Segundo Piso del Periférico y el distribuidor vial de San Antonio que beneficiaban sólo a los automovilistas, sin hacer las muy necesarias inversiones en infraestructura de agua.

No hubo una reducción radical en la corrupción durante el gobierno de López Obrador. No se registraron ahorros enormes. Andrés Manuel se vanagloriaba de haber recortado su sueldo personal y el de los principales funcionarios y usaba un modesto Tsuru para trasladarse. Pero su chofer, Nicolás Mollinedo, tenía un sueldo de 62,000 pesos mensuales. Por otra parte, López Obrador empezó la entrega de subsidios directos a personas y familias, con sus apoyos a adultos mayores, que se han convertido en la manera en que gobiernos de todos los signos compran votos.

Las únicas propuestas concretas que ha ofrecido López Obrador en esta campaña para reducir el gasto gubernamental son cancelar el avión presidencial, lo cual podría implicar un gasto mayor por la violación del contrato de arrendamiento, y bajar los sueldos de los altos funcionarios. Pero los sueldos de todos los funcionarios federales, de director a presidente de la república, sólo suman 5,000 millones de pesos. El gasto en pensiones, en cambio, asciende a 720,000 millones de pesos anuales. Es difícil calcular el costo de garantizar escuela o empleo para 2.6 millones de jóvenes. La promesa es demasiado vaga (¿qué tipo de escuela, qué empleo?), pero a un costo promedio de 100,000 pesos al año por empleo o lugar escolar estaríamos hablando de 260,000 millones de pesos al año.

La campaña apenas está comenzando. Los ciudadanos tendremos que estar al pendiente de las promesas de los candidatos. Prometer no empobrece.

El problema no es que los candidatos se ataquen entre sí, que unos y otros exhiban los aspectos negativos o ilegales en que pudieran haber incurrido. Eso apenas es un subproducto de las campañas políticas que, en teoría, tiene como finalidad entregar a la ciudadanía la información suficiente para que elijan de entre los aspirantes al mejor, o más capacitado, para ocupar el cargo y encabezar una administración que debe continuar con los proyectos heredados e implementar otros.

El sistema electoral en el país ha entrado en una dinámica dañina, mucho más que viciada. Se destinan recursos públicos a los partidos políticos y también a las campañas de los miles (sí, son miles) de candidatos, para recibir a cambio resultados sumamente pobres. Ahora, encima, también se debe pagar por los candidatos independientes.

Es dar mucho a cambio de lodo electoral.

Miami es el nuevo paraíso para la compra de bienes raíces de la élite política y financiera de México, aunque aún queda a la zaga de inversionistas de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela, según la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Miami.

El reciente destape de la cadena Univisión de un departamento de lujo comprado por la presidenta nacional del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, en 990,000 dólares, puso el foco en compradores mexicanos en exclusivos complejos como Sunny Isles, Ball Harbor y Brickell.

Barrales no es la única que ha sucumbido ante el embrujo de las playas, el sol y la exclusividad del creciente desarrollo inmobiliario de Miami impulsado por los financiamientos y un ambiente favorable a la diversidad étnica.

Según el estudio "Perfil de los Compradores Internacionales de Vivienda 2016", de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Miami, los mexicanos representan entre 5 y 4% de los compradores de vivienda en el condado Miami-Dade en los últimos 6 años.

Sus adquisiciones aumentaron de 3,600 millones de dólares a 4,900 millones de dólares de 2013 a 2015, según Isaac Benmergui, abogado de Bienes Raíces de Miami, en un reciente artículo en su pagina web.

Casi un tercio de estos compradores no son residentes del sur de Florida y compran la propiedad, ya sea como una 2a. residencia o como una inversión, de acuerdo con Benmergui.

Aunque el detalle de los compradores no es revelado en el informe de la Asociación de Agentes de Bienes Raices, el diario The Miami Herald resaltó hace unos días, ante la polémica por la compra de Barrales, los nombres de algunos de esos compradores con fuertes sumas de dinero en efectivo.

Entre ellos figuran Bernardo Quezada Salas, diputado del partido Nueva Alianza, quien junto a familiares gastó 6.3 millones de dólares en 11 condominios en la exclusiva zona de Brickell en un solo día en 2005.

Alberto Sentíes Palacio, un empresario apodado "Lord Ferrari" después de un incidente en la carretera que involucró a su guardaspaldas y que se hizo viral en las redes sociales, también aparece como un inversionista inmobiliario en Florida. Sentíes Palacio, quien gastó con su esposa casi 1.5 millones de dólares en condominios en el sur de la Florida, era buscado por cargos de fraude millonario en México, fue arrestado en Miami en octubre y actualmente enfrenta a la justicia en su país.

Rafael Olvera Amezcua, el accionista mayoritario de la sociedad financiera popular Ficrea y acusado en su país de fraude millonario, adquirió una unidad en las Torres Trump de Sunny Isles en 1.8 millones, la cual está registrada a nombre de su hijo.

Y Sebastián Rodriguez Robles, un joven abogado y político que trabajó en la Secretaría de Hacienda del sureño estado mexicano de Chiapas, pagó 3.1 millones de dólares por 13 condominios en la Torre Opera del centro de Miami durante la crisis de la vivienda en 2012.

Rodriguez Robles dijo al diario que el dinero venía de sus ganancias como abogado.

Por si fuera poco la desbandada de militantes, la pérdida del control de su bancada en el Senado y el achicamiento, jibarización, del PRD, a su presidenta nacional, Alejandra Barrales, se le vino encima el departamento de Miami, una fracción que pedía su salida, y su discutido regreso al Senado.

En una reunión que terminó la madrugada del viernes, se planteó que volviera al Senado para contar con fuero, por lo que pudiera ofrecerse y convertirse en la 5a. senadora, lo que era clave, ya que su suplente, Martha Tagle, se fue del PRD dejando a Padierna con 3 senadores con los que no hacía fracción parlamentaria, se necesitan 5, lo que significaba perder todos los privilegios en dinero, millones de pesos al año, y posiciones políticas en comisiones y órganos de gobierno.

Esta fue una de las razones por las que Barrales regresó al Senado como 5a. senadora.

En teoría, en una democracia, el principal beneficiario de cada contienda electoral debería ser el pueblo. En el caso de la mexicana -calificada de "incipiente" por los politólogos- da la casualidad de que tanto los dirigentes de partidos (pintos o colorados) como los aspirantes a los principales premios que estarán a concurso en esa especie de tómbola que periódicamente se realiza, hay consenso en 2 vías: por un lado, en que, vistas las cosas a través del retrovisor de la historia, el pueblo sólo tiene motivos para sentirse frustrado, porque cuando los malos no ganan las elecciones, las ganan... los peores; por el otro, en que ya es hora de que las cosas cambien; de que los partidos políticos -y quienes pastorean a sus huestes, principalmente- dejen de ser los ganones en esas contiendas en que el elector sólo sirve para decidir el nombre de su tirano en turno.

Es inevitable, cada vez que aparecen los primeros barruntos de la "efervescencia ciudadana" de que hablan los más imaginativos, evocar aquellas "Scenes we’d like to see" (escenas que quisiéramos ver) de la revista humorística "Mad", e imaginar, en una de ellas, que fuera el pueblo el que dijera, convencido de que se le invita a escoger entre el bueno y el mejor -y no entre el malo y el peor- la frase que ahora pronuncian, triunfalistas, los dirigentes de partidos:

-¡Vamos a ganar...!

Un hombre tuvo la osadía de interrumpir un mitin de Andrés Manuel López Obrador en Nueva York y luego seguirlo hasta su coche. Lo hizo para reclamarle que él, cuando era mandamás del PRD, se asoció políticamente con el ex alcalde José Luis Abarca y el ex gobernador Ángel Aguirre, implicados en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Le reclamó que eran sus amigos y le mostró fotos donde aparecen juntos, sonrientes.

El precandidato presidencial y dirigente nacional de Morena se irritó y su exabrupto quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral.

López Obrador dejó correr una avalancha de agresiones de sus fundamentalistas contra el hombre que había tenido la osadía de increparlo: provocador, vendido, infiltrado del régimen, agente de Gobernación, seguro lo mandó la mafia del poder, todo lo orquestó el cónsul del gobierno de Peña Nieto...

A las pocas horas se supo quién era el hombre: Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio, uno de los 43 desaparecidos. Emigró hace 16 años a Brooklyn, Nueva York. Ahí lo agarró la desaparición de su hijo.

Antonio es plomero. Con parte de lo que gana, imprime playeras y botones de Ayotzinapa. Los regala en la calle. Incluso corrió la maratón de Nueva York poniendo en cada kilómetro la foto de uno de los estudiantes.

Era como para que ante la divulgación de la biografía del manifestante, el lopezobradorismo apagara sus ataques y su líder ofreciera una disculpa. Pero nada de eso cabe en la "república del amor".

Por el contrario, la furia se redobló: le dijeron traidor al movimiento, hurgaron en su vida privada para acusarlo de supuestamente haber abandonado a su esposa, se animaron al acto racista de sospechar de él porque tiene un iPhone (con la cara de su hijo) y distribuyeron un anuncio con su foto llamándolo Judas y convocando a la comunidad mexicana en Nueva York a ubicar su domicilio y denunciarlo a la Migra para que lo capture y deporte.

Como parte de la propaganda, los bien adiestrados fundamentalistas atacan a los periodistas que difundieron los 54 segundos del video.

¿Qué buscaban los tapatíos al dar la espalda al PRI y al PAN? La desastrosa administración del último gobierno priista y los altibajos tan seguidos del panismo agotaron una vez más la paciencia ciudadana, y porque no había más, optaron por un nuevo partido que afirmaba no querer serlo, precisamente para no uncir a sus propuestas la carga de frustraciones que el partidismo político ha dejado en México.

La agresividad del candidato fue incluso un aliciente para personas cansadas de la tibieza, indolencia y hasta complicidad de otros gobernantes, y así el voto le dio el triunfo y los hechos se lo están quitando.

En efecto, todavía la sociedad regional no está tan desesperada que busque tener un dictador. Es verdad que no toda decisión de gobierno puede contar siempre con un consenso mayoritario, pero cuando las imposiciones de la autoridad se acumulan y se justifica el recurso a la fuerza pública, que en otros momentos se ha condenado, se hace necesario detenerse y recapacitar.

La actual administración municipal llegó además acompañada por un nutrido grupo de muchachos decididos a modificar la identidad tapatía comenzando con la alteración del centro histórico y de la misma historia.

Desfigurar la cruz de plazas atravesándola con un manchón verde, el pomposo paseo Alcalde, es otra evidencia de lo poco que les importa el pasado de la ciudad y su afán más bien por sepultarlo. Claro que para diseñar este absurdo debieron antes averiguar dónde quedaba el centro histórico y cómo hacer para llegar ahí. Vieron de inmediato una calle anchota, sin tráfico a causa de los trabajos de la línea 3, y dijeron, de ahí somos, a peatonalizar. ¿Acaso no está ya peatonalizada la calle Pedro Loza, sin que eso atraiga a los 200,000 transeúntes de que ahora se habla?

Vino luego el asunto del Deán, con tala de árboles, policía y madruguetes, como en los buenos tiempos del priismo. Ahora está el asunto de Mexicaltzingo; no es nuevo el proyecto de hacer bajo su plaza un estacionamiento, tampoco el hecho de que toda esa zona esté llena de mantos freáticos, y que la calidad del subsuelo sea tan pobre que impidió históricamente el que el templo pudiera tener torres. Es una zona acuosa, con manantiales y corrientes subterráneas, pero es todavía más preocupante hacer declaraciones en el sentido de que en esta ciudad las cosas se hacen le guste o no a la gente, asunto muy grave porque esa gente votó por un gobierno democrático que ofrecía para todo socializar, y no socializar como un mero pretexto para hacer todo.

La historia de la izquierda mexicana es una insufrible crónica de división y desconfianza. Por algún tiempo, el PRD pudo aglutinar a la heterogeneidad progresista. Las figuras carismáticas de Cuauhtémoc Cárdenas y de Andrés Manuel López Obrador sirvieron de pegamento. Sabíamos de las diferencias internas, de la pugna fratricida, pero las mieles de un futuro promisorio ocultaban las profundas desavenencias del presente. Unidad atada a la batalla presidencial, pero con celos históricos que amenazaban permanentemente con doblegar el endeble equilibrio.

La 1a. gran fractura de la izquierda fue y es táctica: ¿negociar o no negociar? El Pacto por México distanció enormemente a las izquierdas. Unos, los cercanos a López Obrador, se oponían a cualquier interlocución con la Presidencia. Los otros, una parte del perredismo, querían y necesitaban los acuerdos luego del adiós de López Obrador. Ante la crisis del sistema, hábilmente López Obrador y Morena se colocaron a las antípodas del peñismo, mientras que el PRD fue identificado como un partido del régimen que implosionaba.

Otra gran fractura en la izquierda mexicana tiene que ver con la lealtad institucional. Por años, López Obrador ha navegado por las aguas de lo que Juan Linz llamó: la semilealtad. Es decir, ambigüedad del tabasqueño hacia las instituciones, sus decisiones y los procesos de reforma. La semilealtad permite que hoy López Obrador, quien lleva décadas participando del sistema político, pueda ser visto como un externo-outsider. Por el contrario, tanto los "Chuchos" en el PRD como Movimiento Ciudadano adoptaron un discurso de cambio institucional, pero siempre respetando las reglas del juego.

Hay también fractura ideológica: el liberalismo. La izquierda y el liberalismo son primos incómodos. El PRD trató de ajustar su discurso político para acercarse al libre mercado, menos polarización con los empresarios, y una agenda de extensión de libertades matrimonio igualitario y aborto. Por el contrario, Morena siguió con su crítica a la oligarquía -la mafia del poder-. Mientras Morena señalaba al "establishment", el PRD fincó su postura en el reformismo La ambigüedad con la que López Obrador se refiera a asuntos como el matrimonio igualitario es espejo de esta tensión ideológica.

Y, la más importante: los personalismos. Los grandes quiebres de la izquierda se explican por la ruptura entre grupos de poder. Así surgió la corriente democrática en los ochentas y Morena en 2013. La baja institucionalidad de la izquierda y una marcada cultura política de caudillaje, han provocado que la izquierda mexicana gire en torno a líderes carismáticos y no a proyectos políticos definidos.

Cuando a López Obrador lo exhiben (¡en Nueva York!) en 2 fotos con los Abarca y con Aguirre, cancela el evento y termina encarándose con violencia contra los padres y repitiendo aquello de "cállate chachalaca" que tanto le costó en 2006, al padre de Jorge Antonio Tipaza, que le preguntaba por los jóvenes desaparecidos, le grita: "Cállate provocador, pregúntale a Peña, pregúntale al Ejército".

O sea que para López Obrador, primero, los padres de Ayotzinapa son provocadores y segundo, no puede aceptar que lo critiquen sin caer él mismo en la provocación y lo hace fuera de México, donde el sentido político demanda siempre mayor prudencia. Pero más grave aún: por lo dicho, López Obrador cree, porque lo dice, que los jóvenes fueron desaparecidos por el Ejército y por Peña. Y lo hace sin prueba alguna, sin siquiera con un razonamiento detrás. Adiós al discurso de moderación, adiós a buscar los acuerdos, a la amnistía y el perdón a todos si gana las elecciones.

Pero políticamente hay algo mucho más delicado. López Obrador ha sido, desde el día 1, absolutamente indulgente con el gobierno de Donald Trump. El día posterior a la elección dijo que no pasaría nada, que todo se arreglaría. Repentinamente decidió comenzar a ir a Estados Unidos para atender a los migrantes, pese a que en los 11 años de campaña anterior nunca lo había hecho (y por eso la frialdad con que ha sido recibido). Pero en Nueva York y Washington, López Obrador ha dejado en claro que no quiere ningún avance con Trump hasta que él esté en Los Pinos. Que Trump, los migrantes, el muro, el TLC esperen que llegue a Los Pinos.

Ayer informó que buscará un acuerdo con Trump para que éste no construya el muro en la frontera. No dice cómo llegará a ese acuerdo o con base en qué lo hará.

Sobre el Tratado de Libre Comercio, ese mismo Tratado que ha denunciado en infinidad de ocasiones, ahora dice que hay que defenderlo y aseguró que espera "que no se vaya a cometer el error de hacer una revisión apresurada. Pienso que no va a alcanzar el tiempo, que no se va a llevar a cabo ninguna revisión comercial antes de las elecciones en México, porque tanto en Washington como en México las cosas caminan despacio".

Andrés Manuel no tiene idea de estos temas, no sabe cómo moverse en lo internacional ni las consecuencias de sus dichos. Por principio no se va al exterior a abordar temas de agenda interna; no se le grita y califica de provocador al padre de un joven desaparecido porque lo cuestiona; no se acusa al Ejército Mexicano (al que ya había acusado de cometer "masacres" en Tepic) de secuestrar jóvenes sin una sola prueba; no se le puede pedir al gobierno de Trump que se espere casi 2 años a que él llegue al poder para negociar, la migración, el muro o el TLC. Ni modo. Una cosa es pueblear y declarar lo que sea sin ser cuestionado y otra exhibirse en Nueva York y Washington. Son otras ligas.

Desde sus orígenes el PRD nació como un partido fuertemente definido por el liderazgo de las figuras que participaron en su fundación, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Heberto Castillo, quienes le dieron dirección, sentido y plataforma programática. Al mismo tiempo, el partido nació fuertemente marcado por la formación de fracciones, las llamadas "tribus", las cuales han representado los intereses de los diversos grupos que conformaron al partido desde un inicio. La relación entre las tribus se ha caracterizado por la competencia y las rivalidades, éstas las han llevado a enfrentarse unas contra otras por las llamadas cuotas políticas, la búsqueda de recursos económicos, de espacios, curules e influencia.

Estos 2 factores, los liderazgos caudillescos y las tribus, han contribuido a que a lo largo del tiempo el PRD haya sido incapaz de convertirse en una institución política fuerte donde el rumbo del partido y sus principales acciones quedaran delimitadas por su plataforma programática, su ideario, valores e ideología y no por la voluntad de un líder o los intereses de una u otra fracción. Lo anterior ha contribuido de diversas maneras a lo que se podría denominar "la crisis autodestructiva del PRD".

Visiblemente la debacle se agudizó con la salida de Andrés Manuel López Obrador, en 2012, con quien el PRD perdió el plan que lo acercaba a sus votantes. La fundación en 2014 de un nuevo partido de izquierda, Morena (Movimiento Regeneración Nacional), por el político que sumaba votos al partido, claramente AMLO, supuso 1o., que ambas fuerzas se enfrentaran por los mismos votantes; 2o., que buena parte de la dirigencia del PRD se trasladara a Morena.

A pesar de lo anterior, algunas corrientes del PRD han intentado reposicionar al partido y hacer las alianzas necesarias, con el PAN por ejemplo, para mantenerse en la competencia política.

Poco a poco el PRD ha perdido su lugar en el espectro político, pasando de ser la 3a. fuerza política a nivel nacional, a 4a. fuerza, muy cerca de la llamada "chiquillada".

Llegados a este punto, el PRD enfrenta una rebelión al interior de sus filas, en un intento por parte de un número importante de miembros de salvar lo que queda.

Prueba de dicha insurrección es el más reciente posicionamiento de Miguel Barbosa Huerta, quien sin abandonar su instituto político se ha declarado abiertamente a favor de López Obrador, como quien debería, en 2018, ser el candidato de todas las izquierdas.

Barbosa, no es el único, los presidentes del partido en Guerrero y Tabasco, así como alcaldes, corrientes, dirigentes, cuadros intermedios, base militante se decantan por apoyar la candidatura de Obrador, sin salir del PRD.

Por supuesto, las amenazas de expulsión del PRD no se han hecho esperar, riesgo que seguramente han calculado ya quienes, desde el PRD, se han unido a la candidatura de Obrador.

Un grupo de manifestantes obligó al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a acortar un encuentro con migrantes que se realizó la tarde de este lunes en Nueva York.

Los manifestantes subieron al estrado con pancartas criticando la relación de López Obrador con el ex alcalde de Ayotzinapa, Guerrero, José Luis Abarca, y lo acusaron de tener una "doble moral" por visitar a los migrantes solamente en época de elecciones.

Se han promovido hasta ahora ante la Suprema Corte 7 impugnaciones contra la nueva Constitución de la Ciudad de México. Las instituciones que lo han hecho, desde Presidencia hasta la CNDH pasando por Morena, tienen cada cual sus argumentos. Se interesan en defender sus facultades y privilegios.

A los ciudadanos, los realmente afectados, no se nos permite promover una controversia. No tenemos personalidad jurídica. El sistema judicial está hecho para las corporaciones. Los ciudadanos no podemos siquiera rechazar el ordenamiento en referéndum, a pesar de que la propia Constitución establece que no se le podrán hacer enmiendas sin referéndum.

El documento es expresión de un proyecto populista. Declara que la ciudad tiene una "composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural" cuando es una comunidad fundamentalmente de habla española, mestiza y mexicana. Si bien dice garantizar "la igualdad sustantiva entre todas las personas" y prohibir "toda forma de discriminación", no postula un principio universal como: "Todas las personas son iguales ante la ley". Ofrece en cambio una lista de derechos especiales para mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, "personas LGBTTTI" (sí, así las describe), migrantes, personas en situación de calle, privadas de su libertad, que residen en instituciones de asistencia social, "afrodescendientes", "con identidad indígena" y minorías religiosas. Esta discriminatoria constitución le da mayores derechos al nieto de un bóer sudafricano, por ser afrodescendiente, que a un mestizo mexicano.

La Constitución no reconoce los derechos fundamentales a la vida (desde el nacimiento, el aborto es otro tema), a la propiedad, y a una justicia igual para todos, aunque sí mantiene la libertad de expresión. Confunde los objetivos de políticas públicas con derechos y crea así el derecho a la ciencia, a la cultura, al deporte, a la vida digna, al cuidado, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al agua, al desarrollo sustentable, al trabajo. Si no tengo trabajo o vivienda, podré demandar al gobierno, o bloquear calles, aunque el problema surja de las políticas ordenadas por la Constitución.

El daño ya está hecho. Las controversias sólo buscan preservar intereses corporativistas. Los ciudadanos no tenemos voto. Sólo nos queda rechazar la mentira de que esta constitución confusa y retrógrada es progresista.

La semana pasada el alcalde Pablo Lemus anduvo pregonando a los 4 vientos que Zapopan es el municipio más transparente, según la evaluación de CIMTRA que le dio una calificación de 98.9.

Pero cómo no va a estar en los primeros lugares si la mayoría de los municipios son omisos en la materia. En todo caso, la transparencia es una obligación por ley y no un logro. Sólo falta quieran hasta felicitaciones por no ser corruptos.

López Obrador es alguien que me preocupa que copie el discurso de odio, no sería la 1a. vez, que quizá vio que funcionó en Estados Unidos pero daña enormemente a los pueblos y las relaciones. Es sin duda alguna mi adversario y habrá muchas veces que tendremos que hacer los contrastes. Pero por supuesto hay algunas diferencias: el compromiso con la legalidad, con la libertad, con la democracia, con el Estado de Derecho.

Ya son 8 llamados al Poder Legislativo sin matices, con todas sus letras, sean en voz del general secretario, sean en la del almirante Vidal Francisco Soberón, titular de la Marina, para adecuar el marco jurídico de la participación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada, sin que los partidos reaccionen más allá de asegurar que ya están ocupándose del asunto.

Los diputados dicen no encontrar "consenso" y los senadores se envalentonan argumentando que si sus compañeros de San Lázaro no avanzan, ellos le entrarán al asunto, pues tienen 2 iniciativas pendientes. Puro rollo. Vaguedades, declinación de responsabilidades, intercambio de insultos, destapes de eventuales candidatos a cargos públicos de diversa relevancia, cargadas y tomas de posición frente a las elecciones de este año y el 2018.

Si los diputados no atienden los llamados de los mandos de las fuerzas armadas, si ignoran también los del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, quien a su vez les ha pedido más de una ocasión legislar, imagine usted, amable lector, qué pueden esperar los ciudadanos de a pie cuando expresan una demanda específica sobre los múltiples problemas que afrontan en el día a día.

Si batean al Ejército y la Marina, ninguna otra institución los pondrá a trabajar, menos con los tiempos electorales encima.

Los caudillos de la izquierda acabaron con la izquierda; es decir, el ingeniero Cárdenas y Liópez. Y seguirán siendo las presencias definitivas de la izquierda hasta el fin de los tiempos. Por cierto el ingeniero ahora ha adquirido la indumentaria de la razón y la sensatez, pero la verdad sea dicha (muletilla patrocinada por Morena y Liópez) esas cualidades se confunden con su medianía política. Por cierto, la familia Cárdenas nunca rindió cuentas por un estado que entregaron en llamas: Michoacán. ¿A quién se lo entregaron? Al crimen organizado.

2018:La salida.Decadencia y Renacimiento de México, libro-plataforma-manifiesto-libelo de Liópez publicado por Planeta. La persona que le escribió el libro a Liópez ha fundado toda la 1a. parte del documento en la corrupción, una lista demoledora de los robos escandalosos solapados o encabezados por los gobiernos recientes. De eso trata "Decadencia": "Banda de malhechores", "Privatizar: sinónimo de robar", "Contratismo voraz", "Le retuercen el pescuezo a la gallina de los huevos de oro", "Delincuencia de cuello blanco". Correcto. Santo y malo. Como sea, son los años en los cuales crecieron y se desarrollaron las instituciones que le han dado a Liópez la posibilidad de ser candidato a la Presidencia, y gastar cientos de millones de pesos en sus campañas, dinero desprendido de la normalidad democrática. Ni una palabra al respecto: todo es una basura, nada sirve, salvo Liópez. Este libro-plataforma contiene todas las mentiras y toda la demagogia que ostenta el líder eterno de Morena. Reconocer los problemas serios del país y ofrecer soluciones fáciles e irrealizables, de eso trata el populismo de Liópez. Nadie volverá a ser corrupto porque Liópez así lo quiere y lo manda. Anjá. Con la pena, pero nada ocurre así, ni en la política ni en la vida.

En México, lo menos que dicen "las legiones de idiotas" y "las jaurías babeantes" a los críticos de AMLO, de su partido y de su ambición de poder, es un rosario de insultos y ofensas soeces, lejanos a la crítica y a las ideas.

Pero la persecución sube de tono cuando los periodistas críticos pegan en el blanco y exhiben las trapacerías de los morenos y su credo.

Entonces aparecen las amenazas de muerte, lanzadas desde todos los ángulos y con la mayor agresividiad posible -siempre a través de redes- para asustar al o los periodistas que se atrevieron a cuestionar al futuro rey mexicano.

Se han dado casos extremos, como el esbirro de AMLO, Quico Arreola, quien pidió despedir a los críticos de Obrador.

Y conste que Morena y AMLO aún no llegan al poder.

Poco o nada tienen que ver las diversas corrientes que pueblan al partido del sol azteca entre sí, salvo por la esperanza de llevar agua a sus tristes molinos, así que es normal que al final todo desemboque en un chocante espectáculo.

No puedo ubicar en el calendario, pero sí en las circunstancias, el inicio de la debacle del PRD que lo ha llevado a esta etapa terminal colocándolo en riesgo de pasar a franquicia, como hay otras cuya prioridad es subsistir para mantener los privilegios financieros y políticos de sus propietarios.

Todavía en 2012, el partido tuvo ímpetu del mismo López Obrador para competir de nuevo por la Presidencia, en la que Enrique Peña Nieto ganó con un holgado 7%.

Tras ese lance, López Obrador encontró, como siempre, el mejor momento, dio un salto al futuro, dejó el partido y enarboló la bandera del suyo, donde hoy es su presidente y candidato presidencial.

Tras esto, la crisis del PRD se fue desgranando en su bancada del Senado, donde su coordinador, Miguel Barbosa, se alineó con la candidatura del tabasqueño. Ahora, su expulsión de ese liderazgo viene a exponer fragilidad cuando de 22 senadores originales quedan 4 leales al partido: Angélica de la Peña, Dolores Padierna, Isidro Pedraza y Luis Sánchez.

El riesgo para el PRD es que Barbosa forme un grupo parlamentario independiente y el partido no reúna a los 5 necesarios para formar fracción y pierda todos sus privilegios, sobre todo, financieros.

Y ahí está el espacio para que Barbosa permanezca al frente de la bancada perredista y el PRD conserve sus privilegios de grupo parlamentario.

En cada campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador tiene una curva de aprendizaje. El político primitivo, pero carismático que ganó la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal en 2000, se convirtió en un líder popular que emergió como el líder insustituible de la izquierda social, cuya visión corta lo llevó a crear una estructura electoral paralela al PRD en 2006 que acompañó a su soberbia durante la campaña presidencial, y al final su derrota. En 2012 ya no utilizó las frases peyorativas que 6 años antes le quitaron puntos, y aprendió que la política moderna obliga a participar de ejercicios democráticos, sin festejar antes de tiempo, junto con un cambio de tono en el discurso que le redituó grande hasta que se enconchó sin responder nada convincente cuando le preguntaban si, en caso de perder, aceptaría la derrota. En 2018, lo que se ve en el revigorizado López Obrador, es un político más maduro que ha cambiado la semántica y los decibeles.

Esta estrategia rinde resultados inmediatos y se ha visto con claridad en las últimas semanas. Lo que ha hecho lo beneficia de una manera tan clara que, hasta este momento, ha ocultado que Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a visión de país y programa, sigue siendo el mismo de 2000, 2006 y 2012.

Dirigir un partido político a partir de un liderazgo único, es mucho más sencillo que hacerlo cuando confluyen corrientes, personajes, intereses distintos. Morena es el único partido cuyo único sentido y para eso fue creado, es darle a Andrés Manuel López Obrador el sostén suficiente para que llegue a la Presidencia de la República.

Lo mismo que su líder, no tiene Morena un cuerpo ideológico firme que le dé sentido, tampoco un cuerpo de dirigentes relativamente homogéneo, o siquiera representativo, que vayan más allá del propio liderazgo de Andrés Manuel, a quien no le gustan los partidos sino los movimientos precisamente porque son mucho menos articulados. Por eso propicia la incorporación de personajes provenientes de las más disímiles historias políticas, siempre y cuando decidan trabajar para su causa.

En el único lugar del país donde las cosas no son exactamente así es en la Ciudad de México. 1o., porque en los hechos aquí es donde el lopezobradorismo trascendió las fronteras estatales para convertirse en un fenómeno nacional, y 2o., porque el propio gobierno de López Obrador en la capital permitió que surgieran personajes y cuadros con aspiraciones legítimas de llegar al gobierno capitalino, como una forma, además, de catapultarse hacia el futuro.

Si hay algo que distingue a López Obrador es que da cobijo a muchos, pero no confía en casi nadie. Por eso sus hijos están teniendo posiciones cada día más importantes en su entorno.

Una de 3 consiguió el Partido de la Revolución Democrática. Ni fue revolucionario, ni fue democrático; aunque al final sí logro ser partido: pero partido por la mitad. El PRD se hace añicos entre fracciones de rapiña que se disputan lo que queda del botín. Más que un "sálvese el que pueda".

Este fin de semana la corriente de "Los Chuchos", otrora mandamás del partido amarillo, impugnó a la dirigencia actual, encabezada por Alejandra Barrales, quien está vinculada sentimentalmente a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México. El motivo del pleito: la definición de la candidatura para competir en los comicios para elegir gobernador en el Estado de México.

Cada fracción intenta imponer a su gallo, obviamente. Y, desde luego, la intensidad de este fratricidio no tiene que ver con las posibilidades de un triunfo en las elecciones. El PRD simplemente apuesta a dividir el voto de la izquierda, a restarle puntos porcentuales a Delfina Gómez y a Josefina Vázquez Mota, las candidatas de la oposición. Y, en esa medida, vender caro su amor al PRI en esas elecciones vitales para Enrique Peña Nieto. Lo dicho, vivir del botín.

Pese a su debacle, el PRD tiene aún un valor incalculable para el PRI, particularmente en las elecciones de este año en Edomex o en las presidenciales en 2018. Aunque aún gobierna en Michoacán, Guerrero, Tabasco, Morelos y la Ciudad de México, es probable que el PRD no vuelva a ganar una elección importante, pero puede ser clave para que otros puedan ganarlas. EL PRD puede ser el nuevo PVEM para el PRI.

La posibilidad de atraer 5% o más de los sufragios es oro molido en un escenario de elecciones competidas. Para el PRI esa puede ser la diferencia entre ganar y perder, porque se asume que los votos captados por el PRD son votos perdidos por Morena.

Mancera juega con la posibilidad de una candidatura presidencial sabiendo que nunca llegará a habitar la residencia de Los Pinos, pero sabiendo que puede salir con un cheque en blanco simplemente por visitarla.

"Yo lo conozco perfectamente, es solamente él, él y él, siempre él y esto va a destruir las propias instituciones democráticas, él está en contra de que alguien opine y que no sea lo que él diga, la situación es peligrosa y grave lo que representa Andrés López, con esa vena autoritaria que lo distingue y que nos llevó con los años a separarnos y a distanciarnos", declaró Graco Ramítez, gobernador de Morelos.

La borregada de Andrés López que podrían ser sus electores, son los mismos que ya votaron por él y perdieron cuando estaba en el PRD.

A la clase política no le interesa la suerte de los connacionales [en Estados Unidos], bueno, simplemente agregaría ni la de nosotros, los que vivimos aquí y la muestra más clara es el nauseabundo espectáculo de 5a. en el que están enfrascados los políticos de todos los partidos por las elecciones en el Estado de México y las de 2018. Son verdaderamente asquerosos, cínicos, insensibles, enfermos.

El senador Miguel Barbosa, con atinado pragmatismo electoral, llamó a los militantes de su partido a respaldar al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 2018. Barbosa es el coordinador de los senadores perredistas, por lo que de inmediato hubo voces quienes piden su destitución e incluso su expulsión del PRD.

Sin una alianza con Morena, el PRD (o lo que quede de ese partido) o de plano se descara y apoya al candidato del PAN o aprovecha una alianza con López Obrador y obtiene algunas posiciones. Más que congruencia, aquí se asoma el pragmatismo de un profesional de la política que ve un futuro próximo sin sueldo público si no consiguen una tajadita de poder para el siguiente sexenio.

Y en efecto. Si el PRD decide ir solo a las elecciones de 2018, podría incluso perder el registro.

De ese modo, impulsados por el pragmatismo, las corrientes del PRD debaten entre apoyar al PAN o a Morena.

Triste encrucijada para un partido que nació hace 28 años con otros objetivos. El PRD surge como un instrumento de un movimiento popular que luchaba contra el autoritarismo, la represión y por otra sociedad. Las formas antidemocráticas de hacer política y la seducción de probar el poder al grado de no querer soltarlo, hicieron del PRD un partido igual o peor que el PRI y el PAN, contra los que se luchaba. Y ahora en esta coyuntura electoral enfrenta el riesgo de su extinción. Igual sería una extinción formal, el PRD original hace tiempo que se extinguió.

Luego de anunciar que apoyaría la candidatura presidencial de AMLO, los jefes del PRD pidieron al senador Barbosa abandonar la coordinación de los senadores amarillos y que dejara el partido.

Barbosa se negó y en medio de una fea escaramuza de dimes y diretes y un pataleó con el clásico "no me voy, no me voy y no me voy", sacó de la manga una "decisión brillante". Dijo: "Cuando el PRD apoyara al PAN, hiciera una coalición con el PAN, yo me iría del PRD. No estaría en un partido que fuera de la estrategia del PAN".

Está claro que Barbosa se refería a una alianza PRD-PAN en 2018. Sin embargo, la terca realidad demuestra que la memoria del senador Barbosa es flaca y su convicción anémica. ¿Por qué?

Porque en los últimos 25 años se han producido no una, ni 2 y tampoco 5 coaliciones PAN-PRD, sino por lo menos 25 alianzas electorales del PRD y el PAN en otras tantas elecciones estatales.

¿De qué habla el senador Barbosa cuando se refiere a una suerte de traición ideológica por una alianza PAN-PRD en 2018?

¿Por qué se escandaliza el senador de una alianza PAN-PRD en la presidencial, cuando él mismo promovía las alianzas estatales entre amarillos y azules? ¿No es incongruente, o sólo se justifica?

Y en el caso de la dirigencia del PRD, que encabeza Alejandra Barrales, tampoco tiene memoria cuando acusa de traición a Barbosa, ya que en muchas de las coaliciones recordadas arriba -sobre todo la elección de Javier Corral-, muchos perredistas hicieron campaña por el panista, mucho antes de que se decidiera una alianza. ¿No fue traición?

Es decir, si se acusa a Barbosa de traición, los traidores en el PRD son todos. Pero el problema, en realidad no son las alianzas, sino el insultante oportunismo y la incongruencia.

En torno a motejar a Barbosa como solovino, vale recordar que el 9 de junio de 2016, AMLO dijo que muchos ciudadanos llegan voluntariamente a Morena, "a los que yo llamo cariñosamente solovinos, que sin ser acarreados fueron a darnos su apoyo y respaldo".

Breve historia de 219 millones de pesos.

En 2015, la Sagarpa necesitaba una serie de estudios, análisis y diagnósticos para el programa de productividad y competitividad agroalimentaria. Lo concursa. Gana la Universidad Autónoma de Zacatecas. Son 36 proyectos en total.

Se firman los contratos y en cada uno de ellos la UAZ manifiesta que cuenta "con los profesionales especializados, así como con los recursos humanos, materiales y técnicos suficientes para ejecutar con 'eficacia y calidad' los convenios".

Resulta que no.

La universidad contrató a 16 empresas externas para realizar los estudios. ¿Y cuánto pagó? 128'507,000 pesos. ¿Y los otros 90 millones? Pues se fueron a otras cuentas de la universidad. Desde las cuales se pagaron 14 millones a "cuotas administrativas", de las que no se sabe nada más. ¿Y los otros 76 millones? Según comprobó la Auditoría Superior de la Federación se repartieron entre 624 prestadores de servicios, personas físicas que van de "recepcionistas a encargados de hoteles, columnistas de medios informativos, edecanes, carniceros, policías, nutriólogos...".

Bueno, ¿y los estudios de Sagarpa? La Auditoría encontró que 32 de los 36 "no fueron realizados por la UAZ, los proveedores contratados, ni los prestadores de servicios contratados por honorarios asimilados, ya que provenían directamente de páginas de internet".

La ASF detalla en 7 largas páginas las fuentes originales.

Resulta que también en Guerrero hay adeudos millonarias con las distribuidoras de medicamentos, situación que se ha convertido en algo endémico en el país. En este caso hay pasivos que se arrastran desde hace casi un año sin que nadie de alguna respuesta. La Asociación de Distribuidores de Insumos para la Salud está en pie de guerra con esa entidad a cargo de Héctor Astudillo Flores. Hay pasivos pendientes por unos 37 millones de pesos y habría ya algunas acciones judiciales.

El salto de un puesto a otro ha sido una constante en la carrera de Silvano Aureoles, que no lleva ni año y medio como gobernador de Michoacán: no concluye su trabajo por estar pensando en otro mejor (para él, claro está).

Esto lo ha hecho desde hace 17 años, cuando llegó a la Cámara de Diputados. Al terminar el 1er. año, pidió licencia para ser presidente municipal de Zitácuaro. Como alcalde pidió licencia para formar parte del gabinete de Lázaro Cárdenas.

En 2006 se convirtió en senador, cargo al que pidió licencia 2 veces (2007 y 2011) para buscar la gubernatura. En ambas perdió y no tuvo de otra que regresar a su escaño. En 2015, como diputado, volvió a competir por el mismo cargo y pidió licencia por 5a. vez en su vida. En esta ocasión ganó.

Al asumir el puesto, Aureoles prometió dedicarse de lleno a ayudar a un estado que venía de una desastrosa administración que tuvo que ser sustituida, de facto, por un comisionado federal.

Sin embargo, a solo 18 meses de su gobierno parece haberse dado por bien servido. Esto a pesar de que en 2016, 1er. año completo del que será su fugaz paso por el estado, los homicidios en la entidad aumentaron, al grado de que Apatzingán, Zamora y Lázaro Cárdenas se colocaron dentro de los 11 municipios con más homicidios en todo el país.

Aureoles le dejará los problemas de Michoacán a los michoacanos. Él buscará ser presidente.

En miércoles de ceniza, la Cámara de Diputados desechó 109 expedientes de juicio político congelados desde 2003, lo que otorgó el "perdón" a los ex gobernadores más cuestionados de los últimos años.

El argumento fue que la mayoría de los señalados ya dejaron el cargo. ¿Y quiénes creen que recibieron la imposición de la cruz? Los ex mandatarios panistas Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez.

En el caso de González Márquez debe ser doble la alegría. Qué mayor perdón que el otorgado por la administración de Aristóteles Sandoval que no lo procesará por el desvío de un solo peso de más de 7,000 millones.

Gobiernos van y gobiernos vienen y cada sexenio resultamos más endeudados y menos atendidos. A Emilio González, que tiene que hacer aclaraciones a la Contraloría por más de 7,000 millones de pesos, no le ha pasado nada. El despilfarro de los Juegos Panamericanos se quedó sin explicación alguna. Las violaciones a las leyes ecológicas con la construcción de la Villa Panamericana en zona de absorción de mantos freáticos no ha tenido ninguna solución y no pasa nada; a los ex gobernadores de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Tabasco, Chiapas, Guerrero se les abren procesos y no pasa nada. Al ex gobernador de Veracruz no lo encuentran, al final salen bajo fianza, como el de Aguascalientes, Reynoso Femat, porque no es delito grave robar el dinero a los contribuyentes. Pero por robar una pieza de pan o una bicicleta, no salen de la cárcel por pobres porque no tienen para pagar fianza. No es por falta de leyes, es por falta de vergüenza, generadora de la impunidad.

Al PRD lo están desmembrando con una estrategia conciente y programa desde Morena y desde otros espacios de poder, que se terminan aprovechando, sobre todo, del oportunismo político de algunos de sus miembros.

Miguel Barbosa me parece un buen hombre, un buen político, una buena persona, por eso mismo me resulta incomprensible su súbita conversión al lopezobradorismo. Creo que nadie en el PRD, con excepción de Fernando Belauzarán, había marcado con mayor precisión cuáles eran las diferencias de una izquierda progresista respecto a López Obrador. Fue insistente en ese tema durante años: hace apenas 9 meses dijo que "el liderazgo dogmático de Morena, no representa la visión del pensamiento moderno y progresista, con ellos no podemos ir ni a la esquina", pero ahora Miguel no sólo quiere ir a la esquina con ese "liderazgo dogmático" sino que quiere llegar, incluso, a Los Pinos.

Dice también Barbosa que tomó esa decisión porque quien había propuesto una y otra vez como aspirante presidencial de esa izquierda moderna y progresista, el jefe de gobierno Miguel Mancera, no se definía para lanzarse por la presidencia. No es verdad. Lo que pasa es que están pensando más en sus intereses inmediatos que en la conformación de una corriente política que sea "moderna y progresista". No creo que vaya con López Obrador por convicciones políticas, va porque cree que ese "liderazgo dogmático" y conservador puede ganar las elecciones en 2018.

No es el primero que abandona el PRD para irse a Morena entre sus cercanos, ahí está, en un caso muy similar, Zoé Robledo e incluso Armando Ríos Pitter. Ellos o Alejandro Encinas están en todo su derecho de abandonar ese partido, pero lo que no entiendo es por qué el PRD les permite ser parte de su grupo parlamentario. En el caso de Barbosa estamos hablando del coordinador del PRD en el Senado. Uno esperaría que antes de anunciar que apoyaba a un candidato de otro partido dejara, por lo menos, esa posición. Y que su partido se lo exigiera. Son los partidos los que crean la mayoría de las ocasiones los espacios para el oportunismo de sus integrantes, tanto para irse como para escalar posiciones internas sin demostrar congruencia.

"Andrés Manuel López Obrador no ha superado que le haya ganado limpiamente las elecciones", aseguró el ex presidente Felipe Calderón sobre el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien lo criticó por donar, supuestamente, sólo el 8% de su pensión a una fundación para niños con cáncer.

Tras las críticas del tabasqueño, Calderón dijo que a López Obrador es "un hombre mezquino” e incapaz de reconocer un gesto de generosidad, no de él, sino de cualquier persona, "así se trate de estos niños con cáncer, a él lo que le importa es su campaña y lo que le importa es refrendarse como el mesías tropical donde él solo tiene la verdad. Y es mezquino porque es un hombre que está lleno de odio, él no puede superar que le gané y que le gané limpiamente hace poco más de 10 años".

El ex presidente retó a López Obrador a comprobar de dónde obtiene sus ingresos.

"Él no tiene manera de probar el origen lícito de su dinero, de manera tal que lo que él diga ante estas cosas es simple y sencillamente esperado".

En ocasiones anteriores, el líder de Morena ha declarado que vive de las conferencias que ofrece y de las regalías de sus libros.

Por otra parte Calderón dijo: "Vivo de las conferencias que doy, por esos ingresos puedo prescindir de mi pensión de ex presidente".

El dirigente nacional de Morena y aspirante presidencial por 3a. vez, Andrés Manuel López Obrador, juega con la idea de que no hay modo de evitar que él sea el próximo presidente de México.

La narrativa hace escala en cómo antes desdeñaba a priistas y panistas, y ahora los invita. En que solía insultar al presidente y ahora pide que se le respalde. En que por años se mostró anti-Estados Unidos y ahora hace giras en suelo americano para defender la relación bilateral. En que clamaba fraude por anticipado y ya no, porque el INE lo trata con pinzas. En que prometía perseguir a los grandes empresarios y ahora presume que tiene vasos comunicantes con ellos. En que su sed de venganza se volvió oferta de amnistía. En que si en el pasado dividía, ahora suma.

Si se sigue el registro de sus actividades públicas, Andrés Manuel tiene para todos: un día es moderado y otro radical, un día se lanza con todo y al siguiente levanta la bandera de la responsabilidad. Para los que lo quieren ver radical, hay. Para los que lo quieren ver moderado, tiene.

Y en este tránsito veloz de una esquina a otra, que no es la 1a. vez que recorre el tabasqueño, una pregunta prevalece: ¿cuál es el verdadero Andrés Manuel?

La incertidumbre ha sido siempre su peor enemiga.

Recordemos la propuesta lopezobradorista en materia de seguridad: no hacer nada en contra del crimen organizado, situación equivalente a pactar con ellos. Y con ello, entregarles el país y perder la soberanía. En este tema, Venezuela es el mejor y perfecto ejemplo del cómo se puede perder el control territorial en beneficio de las mafias. Si es usted un transportista de cualquier tipo de mercancía, le tiene que pagar como si de alcabalas de tratara a los matones dueños de los territorios por donde pasará. Y así está todo su país. No existe metro cuadrado no "gobernado" por el crimen organizado. Se trata de un narcoestado en toda regla. Hasta su vicepresidente es un relevante mafioso narcotraficante.

Y en eso nos convertiremos si seguimos con la locura de querer votar por AMLO. En el momento de rendirse ante el narco y regalarles su patente de corso para controlar el territorio.

Si a los bandidos no se les reprime, también se entiende tomarán como suyo el territorio donde operan. Entregar la soberanía es lo más ridículo y peligroso para un país. Y menos a una mafia tan fuertemente armada a nivel militar como la mexicana. Sin soberanía no hay Estado. Sin el monopolio de la fuerza bruta del gobierno en todo el territorio, no hay ley valedora.

Cuando uno platicaba con el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en los preámbulos de la elección estatal, siempre insistía en un punto: había que hacer crecer a Morena en el estado para contrarrestar a la alianza PAN-PRD y a Miguel Ángel Yunes. Duarte dijo en muchas ocasiones, en privado, que él estaba impulsando a Morena en su estado.

Que Duarte mantuvo una relación política con Morena en Veracruz es indudable. Con el descubrimiento de la bodega de Duarte (que quizás haya sido un hallazgo sospechoso pero oportuno) Miguel Ángel Yunes dice que ha encontrado documentación que demostraría que esa relación Duarte-Morena tenía también un respaldo económico.

No ha exhibido esa información, pero ha logrado sacar de sus casillas a López Obrador que, en cuanto llegó anteayer a Veracruz acusó a los periodistas de estar comprados. Se enojó y se fue. Utilizó las redes sociales para atacar a Yunes, algo en lo que el gobernador de Veracruz, luego de la última campaña local está más que curtido. Por eso su respuesta fue durísima, de esas que López Obrador no está acostumbrado a recibir: "Hoy, dijo en un video Yunes Linares, se descubrió cómo es (AMLO). Se enojó porque di a conocer la bodega donde Duarte guardaba información. Seguramente le preocupó que haya información que involucre a Morena en los hechos de corrupción de Duarte. Duarte les daba dinero, López Obrador, y tú lo sabes. No voy a permitir que este individuo desquiciado y bocón siga de manera impune ofendiendo, lastimando, sin que tenga respuesta".

Luego vino la tormenta en redes sociales pero lo que es realmente importante es que Yunes Linares con esta respuesta y estrategia, logró poner a la defensiva a López Obrador y lo podrá confrontar de aquí hasta el 2018, sobre todo si logra confirmar la relación Duarte-Morena en el estado.

No es un tema menor: para este tipo de confrontación Miguel Ángel Yunes es un enemigo formidable, como lo demostró en la reciente elección veracruzana, la más dura, ruda y sucia que hemos conocido en mucho tiempo. Y López Obrador está acostumbrado a atacar, pero no a que lo ataquen, y cuando eso ocurre, suele mostrar su peor actitud, como acaba de ocurrir en el caso Tepic.

La persistencia en la negativa a sacar adelante la ley de seguridad interior y la de mando mixto de las policías (que en realidad tendría que ser una ley que regule y haga homogéneo los cuerpos policiales en el país) en el Congreso de la Unión es inadmisible, tanto como los argumentos falaces que se utilizan para bloquearla.

Llevan 3 sexenios los legisladores regateando la aprobación de esa ley de seguridad y dos sexenios sin querer definir un verdadero modelo policial homogéneo y obligatorio para todas las entidades. 2 leyes que, además, deben complementarse.

El esquema político utilizado se ha convertido en una trampa para las instituciones: los soldados y marinos tienen que ocuparse de la seguridad interior porque las policías locales y la federal no son suficientes para contener la delincuencia y en muchas ocasiones las primeras están intimidadas o compradas por los criminales. Los soldados y marinos deben estar en esa responsabilidad mientras se forman cuerpos policiales eficientes en estados y municipios, pero no existe ley alguna que obligue a esas autoridades a formarlos.

Por eso los gobernadores, salvo alguna honrosa excepción, no hacen nada por crear esos cuerpos y piden, ante cualquier situación de inseguridad, la presencia del Ejército y la Marina, pero al mismo tiempo reciben enormes presupuestos para la seguridad (el llamado Fortaseg, antes Subsemun, repartió el año pasado 6,000 millones de pesos a municipios de "alto riesgo"), que no siempre, casi nunca, se utilizan en la creación de nuevas policías.

Todos lo gobernadores, de todos los partidos, quieren que haya tropas en su territorio para solucionar sus problemas de seguridad, pero esos mismos partidos de esos mismos gobernadores, en el congreso, no les dan respaldo, apoyo y protección jurídica a soldados y marinos. Tampoco aprueban leyes que obliguen a los gobernadores a crear sus propias policías homologadas.

Es el mundo perfecto para mantener un esquema de impunidad, recibir recursos poco verificables y chantajear políticamente a las fuerzas federales, al no darles un adecuado cobijo legal para su accionar. Como no votan la ley de modelo policial no hay policías y debe estar el Ejército, pero como tampoco votan ley de seguridad interior el Ejército actúa sin protección legal, y por eso es objeto de todo tipo de acusaciones infundadas, mientras algunas ONG’s y analistas, se preocupan terriblemente porque son más los delincuentes muertos que los soldados y algún candidato clama por las masacres que en realidad no existieron.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, ya ha dicho que se le pondrá un plazo a estados y municipios para que, con ley de seguridad y policial o sin ellas, el Ejército se comience a retirar de tareas de seguridad interior. Es una medida de presión necesaria, pero que quizás estados y municipios ignoren pensando en el costo que tendría ello en términos de seguridad cotidiana para el propio gobierno federal. Pero tampoco puede seguir existiendo este mecanismo de chantaje que afectó ayer al gobierno de Felipe Calderón y hoy al de Enrique Peña, y que, más allá de los gobiernos, afecta a la población y daña las instituciones.

Hay estados y municipios que simplemente en un día perderían la gobernabilidad y el control. No se trata de militarización, derechos humanos o letalidad: se trata de gobernabilidad, de ejercicio del poder y de control territorial. De esa soberanía de la que algunos políticos hablan un día sí y el otro también, sin saber cómo se ejerce. Es hora de que los partidos, todos, abandonen la mezquindad para atender el interés nacional ¿y qué refleja más el verdadero interés nacional que la seguridad interior?

Es uno de esos problemas que se prestan a soluciones fáciles. Los precios de la gasolina han subido y estamos importando el 60% del producto. ¿Solución? Para un político es muy sencillo: construir una nueva refinería.

"Todo el petróleo que se extraiga de Tabasco, esos 330,000 barriles, van a procesarse en una nueva refinería que vamos a construir en Dos Bocas, para producir en Tabasco las gasolinas", dijo en Tabasco Andrés Manuel López Obrador. "Vamos a producir en nuestro estado las gasolinas y vamos bajar los precios de los combustibles".

Lo que más preocupa no es que la construcción de refinerías pueda ser la decisión equivocada para un problema mal diagnosticado, sino que López Obrador está cayendo en el peor de los pecados de los políticos populistas: tomar decisiones económicas o empresariales sin considerar la opinión de los especialistas.

Quienes trabajan en la industria petrolera señalan que la refinación es un negocio de margen escaso que contrasta con el petróleo crudo. Según un ejecutivo de Pemex, la refinación representa en general menos del 4% del precio final de la gasolina, mientras que el costo del crudo rebasa el 50%.

Los costos de producción de petróleo de Pemex son inferiores a los 10 dólares por barril. El precio de venta superaba la semana pasada los 45 dólares. Es un gran negocio. El negocio de refinación en Norteamérica, sin embargo, ha estado sometido a una muy intensa competencia. Los márgenes han sido pequeños o inexistentes, pero con grandes fluctuaciones. Por eso no se ha construido ninguna refinería importante en la región en los últimos 40 años. Cuando Felipe Calderón anunció que se construiría una nueva refinería en Tula, reconoció que no sería rentable, pero afirmó que era una medida política para reducir la dependencia de México de las importaciones estadounidenses.

Hoy Andrés Manuel dice que construirá una refinería en Tabasco. En el pasado había prometido 5 en el país. El político no ha mostrado ningún estudio que demuestre que los especialistas están equivocados y que ha llegado el momento de construir nuevas refinerías. Simplemente está anunciando una decisión política. Mucho daño han hecho estas decisiones en el pasado. Deberían ser los especialistas en Pemex y las empresas privadas quienes decidan si se debe invertir en nuevas refinerías. Los políticos deben ser humildes y escuchar en lugar de imponer posiciones dogmáticas.

La producción de petrolíferos ha venido cayendo en México desde hace años. La de gasolinas descendió 14.7% en 2016. Esto es en buena medida producto de la falta de inversión en las refinerías ya existentes y también de un problema serio de falta de insumos y en particular de hidrógeno. La solución no radica en construir nuevas refinerías, sino en realizar un mejor mantenimiento de las existentes, en aumentar la eficiencia y en obtener fuentes adicionales de hidrógeno y otros insumos.

Los populistas pretenden saberlo todo. Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner causaron enormes daños a la producción en Venezuela y Argentina al imponer decisiones que no tomaban en cuenta ni a los mercados ni a las empresas. Donald Trump está haciendo lo mismo en Estados Unidos. Esperemos que si López Obrador llega a la Presidencia no quiera también tomar decisiones empresariales sin tomar en cuenta a quienes realmente conocen esa actividad.

54 proyectos energéticos -ductos, hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas- están detenidos en distintos lugares del país por grupos políticos y sociales. Queremos desarrollo económico y soberanía energética, pero sin inversión.

La deuda total de los estados y municipios a diciembre de 2016 ascendió a 568,589 millones de pesos, que representó un incremento de 6% nominal o 2.6% real en comparación con el cierre de 2015, cuando sumó 536,269.1 millones de pesos.

En proporción a los ingresos por participaciones, la deuda representó el 81.9%, cuando en 2015 la proporción fue de 85.2%, indican cifras actualizadas de la Secretaría de Hacienda.

Con relación al PIB, la deuda representó 3.1%, porcentaje que se ha mantenido desde 2013.

"En el último trimestre del año se contuvo la deuda por el alza en la tasas de interés, la cual aumentó 17%; las entidades tomaron la estrategia de disminuir su nivel de endeudamiento", dijo Kristobal Meléndez, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

Considerando la deuda estatal, 21 de 32 entidades aumentaron su pasivo con respecto a 2015.

Destacaron Sonora con un incremento anual de 28%; Michoacán, de 21%, y Guanajuato, de 15.89%.

No votaré por López Obrador porque intentaría gobernar con recetas extraídas del bote de la basura de la historia de las doctrinas económicas que han demostrado sobradamente su caducidad e ineficiencia. Su diagnóstico para superar el temerario nivel de atraso que padecemos está equivocado, porque el principal problema de México no es la corrupción, un cáncer que nos devora por los 4 costados, sino el escandaloso fracaso educativo: somos un país de reprobados en ética, en ciencias, en lectura, en operaciones elementales aritméticas y en todo lo relativo al saber universal. Y, sin embargo, AMLO se alía con uno de los peores enemigos de México: la CNTE, una coordinadora magisterial reconocida como una feroz defensora de la ignorancia que incendia alcaldías, bloquea carreteras, paraliza ciudades, quema sucursales bancarias, rapa a los profesores, se opone a la superación académica, a la capacitación magisterial, a la evaluación de los maestros, insiste en la compra-venta de plazas y amenaza a las instituciones de la República a cambio de dinero. ¿Cómo votar por un político que traba alianzas en contra del futuro de nuestros hijos y, por ende, de México?

Pemex, antes la única empresa petrolera monopólica del mundo que se encuentra quebrada, ha sido, sálvese el que pueda, una cantera de bandidos. ¿Qué propone AMLO? Construir refinerías operadas por Pemex, muy a pesar de que el gobierno ha demostrado ser un pésimo empresario, si no olvidan las catastróficas empresas descentralizadas de Echeverría. AMLO insiste en el capitalismo de Estado, el burocrático, como que ignora el derrumbe de la Cortina de Hierro y la desaparición de la URSS.

AMLO intimidó al Tribunal Electoral del DF, amenazó con marchas y ante la flagrante cobardía del gobierno, logró que, a pesar de no contar con el requisito de residencia mínimo de 5 años establecido por la ley, pudiera gobernar la Ciudad de México. AMLO no erradicó la corrupción de la policía capitalina, ni acabó con la corrupción en las delegaciones ni en la propia de la autoridad central. ¿Por qué sí habrá de erradicar la corrupción a nivel federal, cuando no ha convencido con un plan efectivo destinado a sanear al país?

AMLO mandó al diablo a las instituciones de la república. AMLO evitó su desafuero aun en contra de lo dispuesto por la ley. AMLO se negó a ejecutar cerca de 900 resoluciones judiciales durante su estancia en el gobierno de la ciudad y se resistió a acatar, por la vía de los hechos, las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia. AMLO intimidó a la autoridad por medio de plantones.

AMLO divide al país entre ricos y pobres y los enfrenta entre sí para lucrar políticamente con el revanchismo social. AMLO asestó un intento de golpe de Estado, cuando impidió que el Senado deliberara, libre y soberanamente, al rodear con la policía capitalina dicho recinto legislativo para impedir la votación de una ley que no le convenía. AMLO propone un sindicalismo populista de consecuencias imprevisibles desde que ha prometido volver a contratar a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, una cáfila de burócratas extorsionadores y corruptos, cuyo despido implicó una enorme sangría del erario. AMLO dicta e impone en Morena, en donde, como en el PRI, no existe la menor simiente democrática. ¿Ese es el futuro?

AMLO se unge como abanderado de la "Honestidad Valiente", a pesar de un Bejarano y sus ligas, y de otro funcionario de su gobierno que se jugaba los recursos públicos en Las Vegas. AMLO es enemigo de la transparencia, de la apertura informativa, desde que esconde el proyecto ejecutivo financiero de los segundos pisos en un fideicomiso a 12 años. AMLO nunca ha aclarado de qué ha vivido los últimos años ni de dónde ha sacado los recursos multimillonarios para viajar, organizar mítines, contratar miles de camiones para los acarreados y pagar cantidades incuantificables de viáticos. AMLO propone las marchas callejeras para asustar a los poderes soberanos de la Federación, mostrándoles un puño que implica el enfrentamiento con las masas y el terror al derramamiento de sangre. Quien se oponga a cualquier decisión suya tendrá que vérselas con las masas, a las que controla con instintos e impulsos apartados de la más elemental razón.

AMLO empeñó su "palabra de honor" cuando prometió someterse al veredicto del IFE y al perder las elecciones, por toda respuesta, bloqueó el Paseo de la Reforma, con graves daños económicos para la ciudad. AMLO siempre impuso su voluntad por la vía de los hechos y no en términos institucionales, por ello tomó pozos petroleros, bloqueó caminos e inundó el Zócalo capitalino con barrenderos de Tabasco que fueron desalojados a través de acuerdos desaseados e inconfesables.

Gobernar es crear empleos, pero no burocráticos, sino productivos, derivados de la fuente de riqueza creada por empresas privadas mexicanas a las que AMLO invariablemente les declaró la guerra, hasta que en últimas fechas ha venido cambiando su posición de cara a las elecciones. ¿Cómo creerle? ¿Ya es otra persona, que si vuelve a perder en 2018, acatará la voluntad popular y entenderá el papel del sector privado? ¿Ahora ya no se va a retratar como "Presidente Legítimo" con la banda tricolor colocada al revés, la mano derecha levantada, en tanto juraba respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan? ¿Qué es la Constitución para AMLO, que cuando la juró no la respetó? ¿Ya no es un peligro para México el mismo AMLO que le dio el banderazo de salida a vehículos (adquiridos quién sabe cómo), las "brigadas de reconexión", que se encargaron de conectar la luz a quienes no la hubieran pagado colocando ilegalmente "diablitos" en Tabasco? ¿Quién lo sancionó al volver a atentar en contra del patrimonio público?

AMLO odia los debates presidenciales, las conferencias de prensa y las entrevistas para no exhibir su inseguridad ni su intolerancia. AMLO descalifica las encuestas si éstas no le favorecen. AMLO se llegó a proclamar "soy indestructible", sin saber que Mussolini también proyectó siempre la imagen de un superhombre.

Aunque afirmaban que ellos no eran un partido político sino un movimiento ciudadano, fue actuando como partido que ganaron.

La sociedad, esperanzada y atraída por la novedad acabó votando mayoritariamente por sus candidatos en casi toda la zona metropolitana de Guadalajara, esperando justamente que no fueran a ser como han sido los demás partidos, donde alcaldes y diputados alcanzan un puesto no para servirlo sino sólo para lograr el siguiente, es decir, un mero trampolín que ha reducido a 2 años el ejercicio real de las alcaldías, sobre todo en Guadalajara.

Decían los ahora llamados "emecistas" que gobernarían en estricto apego al dictado de la ciudadanía, que se acababan las imposiciones, las obras de relumbrón, el despilfarro de los recursos públicos, y a la hora de la verdad han hecho lo mismo que aquellos a los que criticaban: impusieron su inútil, costoso y rimbombante "Paseo Fray Antonio Alcalde", han crecido las nóminas con todo tipo de mañas, no han evitado la corrupción de sus funcionarios. ¿Qué sigue ahora? ¿Los candidatos independientes?

Ayer la ASF presentó la revisión de la cuenta de 2015.

No sorprenderá a nadie que la forma en que los servidores públicos utilizan el dinero del erario es opaca. Eso se reconfirma año con año, y deriva en que los 3 poderes gocen de la mínima confianza entre los ciudadanos. De hecho, Consulta Mitofsky acaba de publicar su encuesta anual sobre el tema: los últimos 3 lugares de confianza los ocupan diputados, sindicatos y partidos políticos. Presidencia, senadores y Corte están pocos escalones arriba, pero igual son reprobados por la población.

De estos, ninguno es tan turbio en el manejo de dinero como los diputados. En la cuenta de 2014, por ejemplo, la ASF detectó que 25.6% del presupuesto ejercido por la Cámara, 1,944 millones de pesos, no contaba con documentación alguna. Es decir, no había ningún registro de qué había sucedido con ese dinero.

1,944 millones de pesos. Nadie fue a la cárcel.

El análisis de la cuenta de 2015 muestra un resultado casi idéntico. De los 1,816 millones de pesos en los rubros de "Asignaciones para el cumplimiento de la función legislativa" y "Otros subsidios y subvenciones", la ASF concluyó que "no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto".

Entiéndase: como no hay un recibo de ese gasto multimillonario, no se puede ni evaluar cómo se utilizó.

Y nadie irá a la cárcel.

La única buena noticia es que, como las partidas tenían menos dinero, menos dinero desapareció.

Es cierto que no hablamos de nada nuevo. Pero he ahí el problema: hemos perdido la sensibilidad ante la desaparición anual de miles de millones de pesos a manos de nuestros así llamados representantes.

Quienes salieron a censurar a Andrés Manuel López Obrador por sus declaraciones ante lo sucedido en Tepic fueron los senadores por Nayarit, quienes expresaron su inconformidad porque el líder de Morena "está más preocupado por los grupos criminales que por la propia ciudadanía, lo que es reprobable".

Los senadores Hilaria Domínguez, Margarita Flores y Raymundo García subrayaron que no se vale distorsionar lo que las instituciones realizan para defender a la población y garantizar paz y tranquilidad.

Según todos los consultados, Delfina no fue jefa de campaña de José Luis Abarca, el entonces candidato del PRD al municipio de Iguala. Pero Delfina Gómez fue mucho más que eso.

Resulta que junto con Citlali Ibáñez Camacho -motejada como Yeidckol Polevnsky y una de las principales colaboradoras de AMLO-, la señora Delfina Gómez fue el enlace directo y privilegiado del entonces líder del PRD, Andrés Manuel López Obrador, con toda la política y la grilla política que movía en Guerrero.

Según todos los consultados, hasta antes de la tragedia de "los 43 de Iguala", las señoras Yeidckol y Delfina pasaban largas temporadas recorriendo Guerrero, visitando municipios perredistas y a los grupos de poder para crear las redes de apoyo político y económico a favor de la naciente Morena.

Todos recuerdan a Yeidckol y a Delfina en negociaciones con Lázaro Mazón, con el depuesto gobernador Ángel Heladio Aguirre, en abierto proselitismo a favor de los candidatos de AMLO a tal o cual puesto de elección popular y, por supuesto, las recuerdan como promotoras clave de la candidatura de José Luis Abarca a la alcaldía de Iguala.

Según muchos de los consultados, las 2 mujeres fueron responsables, de manera directa, de planchar la candidatura de Abarca. Y una vez que las mujeres operaron todo lo necesario, llegó a Iguala el jefe real del PRD, López Obrador, para encabezar la asamblea popular en la que -a mano alzada-, fue impuesto Abarca, en medio de gritos y expresiones de rechazo que Obrador trató de calmar con su "autoridad moral". Era el 12 de mayo de 2012.

Y es que, en esa fecha, muchos habitantes de Iguala no solo sabían y conocían la historia delictiva de Los Abarca, sino que habían padecido los secuestros, la extorsión y todos los efectos de la violencia que impuso la mafia de los Guerreros Unidos en esa región de Guerrero. Por eso, en la asamblea en la que AMLO impuso a Abarca, muchos exhibieron pancartas de rechazo, con la advertencia de que era un grave error. El candidato desplazado incluso trató de entregar a AMLO un expediente de Los Abarca. Los cercanos a Obrador lo impidieron.

Lo curioso es que en medio de un pueblo que conocía a la perfección los estragos del crimen organizado y a los protagonistas de esa violencia, las señoras Yeidckol y Delfina no le informaron a López Obrador nada de ese malestar ciudadano. ¿Complicidad? ¿Simulación? ¿Ligas con el narco?

Hoy, todos culpan al gobierno federal por la tragedia de Iguala, mientras que AMLO es el candidato presidencial más aventajado y Delfina Gómez la aventajada candidata al gobierno del Estado de México.

¿Esos son la alternativa? ¿Hasta cuándo la farsa?

Paco Calderón
(17 de febrero de 2017).

Resulta increíble también que nuestra clase política no se haya dado cuenta del laberinto en que está atrapada, y que se siga manejando como si no pasara nada y haciendo y deshaciendo con el poder político y el presupuesto como les venga en gana. Tal parece que los políticos no se han dado cuenta del enorme hartazgo y desprecio que ya les tiene la clase media, y ellos siguen ocupados en sus grillas partidistas, en sus candidaturas, y en ocultar los malos manejos de sus propios agremiados fomentando a los ojos de todos la cultura de la impunidad.

Hablan como si vivieran en otro país, en otra realidad, y en otro momento. Están también muy cerca de una situación sin retorno, pero no parecen entenderlo.

El presidente del Senado, Pablo Escudero, acusó al líder del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, de victimizar a narcotraficantes y matones a sueldo que tienen aterrorizada a la sociedad.

Es una absoluta irresponsabilidad acusar a la Marina de México de estar masacrando niños, cuando se trató de un combate con sicarios temibles. Un candidato presidencial tan fuerte como López Obrador no puede hacer esas declaraciones. Ni fue una masacre ni un solo niño perdió la vida. Por eso la respuesta tan dura que recibió del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio y del secretario de la Marina, el almirante Vidal Soberón. López Obrador les reviró que con niños o sin niños era una masacre y que con violencia no se combatía el crimen organizado. Y demostró, por una parte, que no es capaz de rectificar un error de grueso calibre, pero también que no tiene la menor idea de cómo combatir el crimen organizado.

López Obrador nunca ha entendido los orígenes y lo que implica la inseguridad. No lo entendió cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México y ésta terminó viviendo la mayor crisis de seguridad de su historia, que provocó aquella marcha de blanco, tan recordada en estos días, en contraposición con la que se desarrolló el domingo, en la que participaron un millón de personas y a la que Andrés Manuel en una de sus más desafortunadas declaraciones calificó como "una marcha de pirruris".

En aquella época, hechos como los linchamientos que se sucedían en distintos puntos de la ciudad, incluyendo el de unos agentes federales en Tláhuac, los explicaba López Obrador como consecuencias de usos y costumbres indígenas. En la procuraduría capitalina casi no había computadoras, mucho menos sistemas integrados, porque el jefe de gobierno decía que no eran necesarios. Con él estaba Nicolás Mollinedo, Nico. El mismo cuyos familiares terminaron manejando la cárcel de Cancún, en la época del alcalde Greg Sánchez, cuando el general Enrique Tello, designado jefe de seguridad pública de ese municipio, fue secuestrado, torturado y asesinado dentro de ese reclusorio.

Llama la atención que López Obrador en su equipo de asesores no tenga no sólo algún asesor en seguridad, sino que ese tema, que es el que más inquieta a los mexicanos, no sea motivo de su interés. En las 2 campañas presidenciales pasadas, y en lo que va de ésta, no ha tenido una sola propuesta concreta en el plano de la seguridad: ha dicho que el Ejército se debe retirar a los cuarteles, pero no ha dicho con qué lo piensa reemplazar; ha dicho que la violencia es responsabilidad de la desigualdad social, algo que nadie podría negar, pero que no sirve para nada en términos operativos; ha criticado siempre a todas las autoridades del sector, pero nunca ha dicho qué quiere: ¿está a favor del mando único o no? ¿qué tipo de policía propone? ¿qué piensa hacer con el Ejército? ¿cómo piensa combatir a los cárteles, a los sicarios, a la delincuencia común? Es insólito que alguien que lleva 18 años buscando la Presidencia de la República jamás nos haya podido responder esas preguntas.

No se trata siquiera de no estar de acuerdo con sus propuestas, el problema es que éstas ni siquiera se presentan, como tampoco quién o quiénes son sus especialistas en el tema.

Ricardo Monreal, jefe de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, ante la investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad lo que hizo fue llamar al linchamiento del mensajero.

La investigación periodística demostró que detrás de Monreal llegaron a la delegación como proveedores las empresas de Zacatecas, de donde es originario y de donde fue gobernador, algunas de ellas sin experiencia previa. Como una extraña coincidencia, una de las empresas más beneficiadas es propiedad de un par de zacatecanos compañeros de la hija del delegado en la prepa.

La respuesta de Monreal, como buen político en edad de merecer, fue descalificar a los investigadores, no desarmar la investigación contraponiendo datos o dando explicaciones. Llamó a los periodistas "sicarios de la pluma", que viniendo del otrora joven promesa del PRI que luego se convirtió en gobernador cacique del PRD y hoy en Morena rey chiquito de la delegación Cuauhtémoc, debe ser leído como un halago.

Pero la reacción de Monreal no es diferente a la de la mayoría de los políticos de este país. Ante cualquier señalamiento de malos manejos del dinero público la reacción es descalificar a quien hace el trabajo periodístico en lugar de responder con la fuerza de los datos; hasta con rudeza, si se quiere, pero con datos. A los políticos se les olvida muy rápido que son ellos los obligados a explicar el destino de cada peso, que no es de ellos sino nuestro, y que las motivaciones de quien cuestiona ni buena o mala intención detrás de un señalamiento son irrelevantes.

Lo peor del caso es que Ricardo Monreal actuó justo como espera que lo haga un político en este país; condenar a la hoguera al mensajero es parte de nuestra cultura política. En esto no le pueden echar la culpa al "ADN priista" ni al "priista que todos llevamos dentro"; el desprecio a quien cuestiona es igual en políticos del PRI que en panistas, perredistas, emecistas, morenos y verdes. En eso son idénticos al detestado Donald Trump.

Rendir cuentas no es platicarle a los cuates, en un medio controlado y adulador como son los informes, qué hicieron durante el año, sino responder puntual y claramente a los cuestionamientos sobre el destino del dinero público sin importar quién los haga.

Un sistema electoral como el nuestro, donde el mismo queda en manos, desde los recursos hasta los spots, de la llamada partidocracia.

Coahuila y el Estado de México celebrarán elecciones este 2017 con finanzas públicas próximas al límite.

El 1er. estado con una relación deuda-participaciones de 234.7% (81.4% nacional) y un posible 'indicador rojo' en el sistema de alertas que entrará en vigor el próximo año, que evitaría la emisión de nueva deuda.

En tanto el 2o. enfrenta una previsible baja en la perspectiva actual de la deuda por parte de calificadoras, de estable a negativa, ante su desbordante gasto corriente como relación al ingreso fiscal.

Nayarit, que también tendrá elecciones en 2017, tiene un pasivo circulante elevado y creciente aunado a una liquidez limitada y un indicador de sostenibilidad alto que, en efecto, limita la capacidad de realizar inversión con recursos estatales.

Además, enfrenta una proporción baja de ingresos propios a totales y una relación deuda-participaciones de 95.5%, superior al promedio nacional de 81.4%.

Armando Ríos Piter ya recorrió toda la geografía política y apenas tiene 43 años. Subsecretario de Gobierno en Guerrero con René Juárez, del PRI. Luego, subsecretario federal de Planeación de la Reforma Agraria en tiempos de Vicente Fox, del PAN. De ahí, secretario de Desarrollo Rural en Guerrero con el gobierno de Zeferino Torreblanca, del PRD. Se acercó a Ebrard y se peleó. Luego a Mancera y lo mismo. Ayer renunció al PRD. Ya descalificó a Morena, pero en una de esas... veremos qué sigue.

Como un acto de protesta al sistema político actual, el senador guerrerense Armando Ríos Piter, renunció a su militancia al PRD, asegurando que los partidos se han convertido en un negocio cupular, sin importar el origen partidario.

"Tenemos que dejar claro que gran parte de la llamada élite política que habita en todos los partidos desde el PAN y el PRI, hasta Morena, se ha convertido en esencia en un grupo de comerciantes del dinero público, que se dedica a la administración de las influencias, las impunidades y los privilegios para unos cuantos".

Por esta razón, anunció su decisión de convertirse en independiente como opositor al sistema de partidos, para que la ciudadanía tome las riendas de la política actual.

Al aparato gubernamental mexicano le queda a la medida la frase que los publicistas acuñaron para una marca de whisky: "Parece caro. Lo es"... La diferencia estriba que lo que acá es un elogio, porque significa que la pureza y la calidad de la bebida justifican el precio que debe pagarse por ella, en el otro caso es una afrenta porque denota una escandalosa incongruencia entre las percepciones de quienes cobran por gobernar como si supieran, y su preparación o su competencia para los cargos que desempeñan.

Lo ideal sería que la aptitud de los miembros del aparato gubernamental estuviera a la par de sus salarios. México tendría un gobierno "de Primer Mundo"... y sería, muy probablemente, un país del Primer Mundo.

Ahora bien: como parece imposible capacitar a burócratas, regidores, diputados y aun a secretarios de estado que se declaran "aprendices" de los puestos que se les encomiendan simplemente por haber sabido arrimarse al árbol cuya robusta fronda les proporciona la "buena sombra" proverbial, hay, a nivel local, una iniciativa para, a manera de consolación, abaratar los costos de operación del aparato de marras...

Planteada por la diputada priísta Rocío Corona Nakamura, la propuesta consiste, por una parte, en reducir de 20 a 19 los "legisladores" locales elegidos por voto directo, y recortar de 19 a 12 los "plurinominales"; por la otra, que el número de regidores dependa de la cantidad de habitantes de cada municipio, ya que, según ejemplificó, Ejutla, que tiene 1,862 habitantes, tiene el mismo número de regidores (11) que Chapala, cuya población es 27 veces mayor.

Si, como ya se apuntó, capacitar a los seudo servidores públicos para poner su eficiencia y su productividad a la altura de sus percepciones sería ir contra su naturaleza, tomar medidas para que el aparato gubernamental resulte menos oneroso, ayudará a reducir la percepción generalizada de que México es un país de pobres gobernado -es un decir...- por una claque (por definición, "grupo de personas que aplauden, defienden o alaban las acciones de otra, buscando algún provecho") de ricos.

En el Congreso de Jalisco se vivió ayer un ligero reacomodo de placas tectónicas rumbo al 2018: Hugo Rodríguez Díaz, diputado naranja -y "chapulín colorado"- dejó Movimiento Ciudadano para sumarse a la causa de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

El ex naranja aseguró que desde agosto del año pasado le avisó a Enrique Alfaro. Tras un lustro en MC y 4 décadas antes como priista -hasta cobró como secretario del Frente Juvenil tricolor, alcalde de Ixtlahuacán y diputado federal por ese partido- ahora brinca al obradorismo. Nada que no pueda comprender Alfaro que empezó en el PRI, militó en el PRD y ahora comanda MC.

Tras su salida, Ismael del Toro, líder de los naranjas en el congreso, minimizó el hecho y anunció que pronto "va a suceder" algo que reforzará a los emecistas. En realidad dejó entrever que integrantes de otros partidos podrían anexarse a su fracción que perdió mayoría frente al PRI.

Adivinamos: ¿algún panista?

El argumento de Rodríguez Díaz para dejar MC fue que al alfarismo "le cuesta trabajo ir con el proyecto de López Obrador" en 2018. Si a eso sumamos que el fin de semana el ahora ex secretario de Turismo de la Ciudad de México renunció al puesto y se sumó a las filas obradoristas y se rumora que el legislador naranja Carlos Lomelí podría hacer lo mismo, ¿no se prenden los focos amarillos?

Las autoridades municipales pasadas endeudaron de tal modo a la ciudad que prácticamente no quedaron recursos sino para atender las necesidades básicas y, desde luego, seguir creciendo la nómina con todo tipo de subterfugios. A lo que se ve, ningún gobierno ha diseñado un plan maestro para Guadalajara, y si lo ha hecho, ha sido sólo con fines publicitarios, al final todo ha quedado en el papel. En su lugar eligen alguna obra que llaman emblemática, aunque lo sea de su ineptitud, la hacen a como dé lugar, acudiendo al recurso de las consultas ciudadanas, no otra cosa que un modo de justificar lo que ya habían decidido imponer, y la dejan ahí, para la posteridad de algunos años, no más.

Lo que tenemos a la vista es la peatonalización de las avenidas 16 de Septiembre-Alcalde que el gobierno se ha empeñado en imponer sin que nadie se lo pidiera y sobre todo, sin que hiciera falta hacerlo, que disque para obligar al transporte público a dejar esa vía porque al parecer a la autoridad le faltan otros recursos para hacerse obedecer.

Y viene luego la repulsiva publicidad engañosa, anunciando que cuando esos costosos trabajos concluyan, transitarán por ahí 200,000 peatones por día ¿Los van a sacar de dónde? ¿Los harán venir a marchar para justificar la obra cada día? ¿Y al tráfico vehicular qué alternativa concreta y práctica le van a ofrecer? ¿Qué siga arruinando calles que no fueron hechas para semejante tráfico?

De poco sirve a nuestras autoridades viajar tanto, de lo contrario habrían visto lo que es disminuir el aforo de vehículos sin peatonalizar las grandes avenidas, como ocurre por ejemplo en la zona de los foros imperiales, en Roma, donde se conservan las vías, para cuando se requieren, y se mantienen bajo control el resto del tiempo.

De 2007 a la fecha, la deuda directa e indirecta del estado de Jalisco que corresponde al ejecutivo estatal y los municipios y organismos públicos se ha "más que triplicado", destacó el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida.

A diciembre de 2016, el monto de la deuda global era de 28,066 millones, de los cuales, 17,627 millones correspondían al gobierno del estado, "si lo contrastamos cómo estaba en diciembre del 2007, la deuda total del estado de Jalisco era de 8,480 millones de pesos".

En el caso de los municipios, dijo, en diciembre de 2007 tenían un saldo de 2,193 millones de peos, para diciembre de 2012 aumentó a 7,652 millones de pesos y actualmente traen un saldo de 7,087 millones de pesos.

¿Qué está ocurriendo en los partidos políticos?, la aparición de figuras independientes se percibe cada vez más complicada y lejana.

En el PRI su definición es simple, su presente y su destino están unidos a un gobierno en franca decadencia. La decisión respecto a la elección de su candidato presidencial se ajustará a la voluntad única del presidente Peña Nieto. No existe un aspirante priista que pueda remontar el rechazo generalizado que existe contra el gobierno federal.

En lo que corresponde al PAN, la elección de su candidata o candidato dependerá del método que utilicen: si es por elección interna, el candidato será Ricardo Anaya; si el método son mediciones, lo será Margarita Zavala. Rafael Moreno Valle no tiene ninguna posibilidad, su desprestigio como hombre autoritario y déspota no le augura éxito alguno.

En lo que respecta a Morena, este partido tiene resuelta su candidatura a la Presidencia de la República, esta definición es anterior y superior al propio partido, se llama Andrés Manuel López Obrador y cada vez se consolida más.

En lo que nos concierne al PRD, tal parece que no hay estrategia, no hay táctica y no hay ruta con rumbo a 2018, la prioridad de la dirección del partido y de sus corrientes es el proceso de elección interna de agosto de este año para renovar sus órganos de dirección. ¿Esto qué significa? El gran pleito por repartirse lo que queda del partido, para ello camina el abultamiento del padrón de afiliados y la conversión de franquicias locales entregadas a los gobernadores de cualquier filiación política.

Camino a 2018, en el PRD como partido no hay estrategia, una parte se ha definido para construir una alianza con el PAN.

Dante Delgado, quien por cierto tiene como "opción A" la alianza con el PAN, por así requerírselo Enrique Alfaro; como "opción B", la alianza con el PRD en una posición de supremacía sobre el sol azteca; y como "opción C", una candidatura apoyada por algunos segmentos del PRD, que están viendo a Movimiento Ciudadano como el único alojo para buscar candidaturas en las cámaras del congreso.

Liderazgos y base social perredistas emigran a otros derroteros, sobre todo para apoyar a López Obrador.

El enojo por el gasolinazo de principios de enero es mucho más que irritación por un aumento en los precios de la gasolina. La rabia ciudadana, sobre todo de la clase media, tiene mucho más que ver con la forma y el fondo de la medida.

La forma caló profundo porque llevábamos años de discursos políticos presumiendo la estabilidad y fortaleza de la economía mexicana, y la promesa incluso del presidente Peña de que no habría más gasolinazos, y justo para arrancar el año se da el aumento proporcionalmente más grande en la historia de los gasolinazos, y para rematar el principal responsable de la medida tardó en dar la cara pues estaba jugando golf en las playas del pacífico mexicano.

Y el fondo del enojo tiene que ver con una probada y galopante incapacidad de los gobiernos para manejar el dinero público. Tienen muy clara su prioridad de obtener ingresos a toda costa, y por ello, quienes estamos cautivos y por fuerza pagamos impuestos, tenemos una carga tributaria enorme, complementada por una serie infinita de normas, reglas y reglamentos que significan gastos y más gastos.

Y nunca han tenido la sensibilidad de vigilar el tema de los egresos: se gasta de manera totalmente irresponsable, se mantienen secretarías y oficinas públicas que están de más, nóminas eternas y jamás se han cuestionado reducir el tamaño del gobierno.

Además, son pésimos administradores, y la prueba es PEMEX; nuestro país era rico en petróleo, fuimos uno de los principales productores del mundo, y esa riqueza de dilapidó en nóminas, prebendas sindicales, caja chica de gobiernos, y jamás se administró eficientemente, no se construyó la infraestructura necesaria, y hoy que empieza a menguar la producción petrolera llevamos años importando gasolinas, estamos a punto de empezar a importar petróleo, y la estructura burocrática y operativa de la empresa permanece intacta.

Como remate de esta pésima administración está el hecho de que la clase política gasta más de lo que recibe, y por ello ya maneja un preocupante déficit, y una deuda que ya puso en alerta a las principales calificadoras y asesores financieros del mundo.

Y todo ese dinero gastado no sólo no ha reducido los grandes problemas nacionales sino que los ha aumentado: más que nunca ha crecido el número de pobres, la inseguridad amenaza la vida de todos los mexicanos y el nivel educativo de nuestros niños y jóvenes es tristísimo.

Pero la cereza del pastel, que más que una cereza es una auténtica calabaza, es la corrupción, que cuenta con la complicidad de la mayoría de los "hombres de negocios" mexicanos. Conforme avanza el sexenio es insultante ver cómo funcionarios de todos niveles andan a la busca de los moches: no quieren dejar pasar oportunidades mientras ven cómo para ellos se acerca el fin.

Ese es el fondo de las protestas por el gasolinazo. Mucho fondo. Como se ve, hay razón en las protestas que continúan en todo el país.

La clase media tiene una lectura bastante clara de la situación y de nuestro gobierno, se refleja en la protestas, en los memes y en las burlas en redes sociales. Y los que aún no parecen entender son los privilegiados de la partidocracia y los jueces, los que viven del presupuesto y que viven bien.

Una de las cosas que distingue al gobernador de Jalisco (en otras cosas es igual al resto) es el ejercicio de la glosa ciudadana del Informe de Gobierno, una novedad implementada hace cuatro años y que se ha convertido en una buena costumbre. Aunque aún está lejos de una verdadera rendición de cuentas es un buen acercamiento y algo parecido sería recomendable no sólo para otros gobiernos estatales sino incluso para gobiernos municipales y el mismo informe presidencial.

Confrontar los resultados del ejercicio de gobierno con expertos y miembros destacados de una sociedad ayuda a que el informe deje de ser un regocijo onanista de los gobernantes. No hace tantos años, 25 o 30, el Informe del gobernador era un acto no de rendición de cuentas sino de rendición de culto al gobernante que terminaba, como toda monarquía por imperfecta que fuera, con verbena popular, es decir, el gobernante invitaba a cenar tamales y atole a los gobernados, con el dinero de ellos por supuesto (esto no es una metáfora, así fueron los mejores informes de la época del partidazo).

Un ejercicio similar debería llevarse a cabo en el Congreso [de Jalisco]. Los invitados a la glosa son, en el mejor de los casos, un grupo selecto de la sociedad civil; el congreso es la representación oficial y con los diputados debería de debatirse con la misma libertad.

Por supuesto que la pregunta obligada es si los diputados tienen el mismo nivel de los expertos que estarán hoy en la glosa y la respuesta es no. Habrá unos mejores que otros, pero el nivel general del congreso es de medio para abajo (la mayoría de los políticos no leen -así con doble E- ni en defensa propia). Sin embargo, para eso les pagamos asesores, para que las discusiones y las decisiones tengan un mínimo de nivel.

Si el gobernador y su gabinete se plantan frente a las comisiones a un debate abierto, con respeto, pero sin miramientos, en algo ayudaría para elevar el nivel de la política en el estado. Los diputados chafas quedarían en evidencia es cierto, y los secretarios de medio pelo, que también los hay, también.

Y repentinamente, todos quieren ayudar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Ricardo Anaya, el presidente nacional de Acción Nacional va a Texas el jueves 9 de febrero.

El precandidato presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, tiene una agenda más ambiciosa en tierras norteamericanas, pues a partir del 12 de febrero estará en Los Ángeles, San Francisco, Chicago, El Paso, Nueva York, Laredo y más ciudades estadounidenses, conforme se presente el calendario.

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, también viajará al país vecino. Y hasta el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, se dará tiempo para lo mismo, porque va a acompañar a Mancera.

Pero detrás del discurso del apoyo también está el interés electoral. Y no son sólo los votos (que no son pocos, porque el Instituto Nacional Electoral calcula que en la elección presidencial de 2018 hasta 500,000 mexicanos radicados en el extranjero contarán con su credencial para votar), sino la construcción de imagen.

La comunidad mexicana radicada en el norte es gigantesca: 12 millones de personas, y su influencia en la vida nacional, que antes se medía sólo por las remesas, es más profunda y determinante que eso. Los mexicanos migrantes son una suerte de gran espejo en el que se refleja la política nacional, particularmente de sus comunidades de origen; ellos influyen en decisiones locales, apoyan o limitan políticas públicas, y aún a distancia construyen preferencias y rechazos.

Enterados de esa nueva y creciente dinámica, personajes como López Obrador, Anaya o Mancera, aprovechan la coyuntura para ir a apoyar personalmente, pero también para sembrar su semilla electoral. Una elección presidencial muy cerrada, tal como se prevé, podría resolverse con la intervención de los mexicanos emigrados.

López Obrador anunció con bombo y platillo una gira por la Unión Americana, aprovechando que momentáneamente encabeza, las preferencias electorales rumbo al 2018, situación lógica ya que es el único candidato visible y tiene siglos en campaña aprovechando además los recursos multimillonarios que le damos vía impuestos para su partido Morena, que pareciera que es de su exclusiva propiedad, y donde incrustó, a pesar de que tanto lo criticaba, prácticamente a toda su familia en la dirigencia de su partido, donde cobran sus hermanos Pío y Ramiro y sus 3 hijos, Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo, estos de apellidos López Beltrán, solo falta que nos diga, cómo el descarado aquel, que son el orgullo de su nepotismo.

Aprovechando esa coyuntura y la poca cercanía de esa organización patronal con la presidencia, pretendió reconciliarse con la Confederación Patronal de la República Mexicana, y al reunirse con un grupo de empresarios fue cuestionado, ya que en el libro Nuevo Proyecto Alternativo de Nación que es prácticamente la biblia de sus seguidores, pejezombies y chairos, afirma que "las organizaciones patronales son verdaderos parlamentos de las clases dominantes y verdaderos enemigos de la libertad", sin entender la integración y funcionamiento de un sindicato patronal, integrado en su gran mayoría por PYMES, que son en realidad el motor de país, y su respuesta fue muy valiosa porque nos presenta al personaje como es en realidad, un fraude, ya que reconoció que el libro no era de su autoría, que había sido escrito por un grupo de intelectuales y él solo había escrito, cosa que también dudo, la introducción.

Recordemos el escándalo que trato de hacer cuando creyó acorralar a Peña Nieto con un supuesto plagio de su tesis, y ahora que reconoce que se apropia de un texto de otros y lo presenta como propio, eso es pecado menor, y acaba reconociéndolo al sentirse acorralado por los empresarios en la reunión. La conclusión de los empresarios fue sentirse defraudados ya que algunos si consideraban viable su llegada a Los Pinos, pero ahora se convencieron de que MALO no tiene una propuesta seria en materia económica, que su visión del desarrollo económico que en este momento requiere nuestro país está equivocado y que parte del mismo discurso zoocialista de algunos de sus asesores, que sigue siendo el mismo personaje que bloqueó por meses Paseo de la Reforma, el mismo asociado con René Bejarano, el señor de las ligas, el que apoya la insurgencia magisterial, el que endeudó a la Ciudad de México por varias generaciones y que está atrás de todo movimiento que intente descarrilar al gobierno federal, esto es, muy parecido a Trump en su populismo y por ende, sigue siendo un peligro para México.

Resulta que el PRD ya se lanzó contra el dueño de Morena, quien utiliza como cuello de ganso [en el Estado de México] a Delfina Gómez, cuando en el fondo quien hace campaña es AMLO. Pero no solo es una campaña simulada, sino adelantada.

Y la de AMLO no sólo es una campaña para las elecciones locales del Estado de México, sino para la presidencial de 2018. Y es que sin que ninguna autoridad electoral haga su trabajo, AMLO recorre el país en campaña, para 2017 y 2018. Pero nadie le hará caso al PRD, ya que en el INE tiemblan de miedo ante un grito de AMLO.

La clase política mexicana no puede estar tranquila porque las cosas para ellos no han cambiado; sigue la misma aversión quizás mitigada un poco por lo espectacular de la gestión de Trump.

Mucho se habla de que la situación podría ser una excelente oportunidad para que los políticos se reivindicaran con los mexicanos.

Por supuesto que es así, pero para ello se necesita algo que no han tenido hasta ahora: coraje.

Necesitan pasar de discursos, pronunciamientos y posicionamientos estériles a los hechos.

Debería haber coraje para empezar a combatir la corrupción: ya es hora de que estén en la cárcel los políticos tramposos y ventajosos. Ya es momento también para que hagan algo por aplicar el Estado de Derecho: es inconcebible y vergonzoso que contemos con un enorme y caro aparato de justicia que castiga tan sólo el 1% de los delitos.

Es momento de entender que el principal problema en México es la pobreza; son más de la mitad de los mexicanos, lo que es bochornoso al ver el dispendio de gobernantes, senadores y diputados.

Pero también es tiempo de adelgazar en serio al gobierno.

Se habla del porqué era necesario el gasolinazo: vivir con precios reales y no de ficción en los combustibles. Que entonces enfrenten esa realidad también burócratas y políticos; los partidos políticos deben vivir de los recursos que ellos mismos se agencien de manera legal y honorable, y la enorme burocracia mexicana debe ser reducida a la mínima expresión; la indispensable. Es injusto que los mexicanos trabajemos para pagar una burocracia obesa, que por lo mismo es torpe y estorbosa. Que todos esos burócratas dejen el mundo de "los mantenidos" y pasen al de los que tenemos que trabajar y emprender para sobrevivir. Que dejen de vivir la ficción del presupuesto público para entrar a la realidad de los que se ganan el pan con actividades productivas.

Pero para hacer todo esto se necesita coraje, mucho coraje. Y mientras no exista, muchos mexicanos seguiremos viendo a la clase política como enemigos.

No pretendo aburrirles con los detalles de la descafeinada y poco autónoma Constitución de la Ciudad de México, pero hay un punto que no se debe pasar por alto: en 4 meses, con sólo 20 millones de pesos, los constituyentes chilangos dieron una lección legislativa que debe aprenderse en todo el país.

Miren, estos diputados no recibieron salario. Trabajaron en contra del reloj, recibieron miles de iniciativas pequeñas y un documento maestro. No tenían sede, ni reglamento interno para organizarse, poner agenda, hacer votaciones. En menos de 4 meses, los constituyentes dieron vida, más que a una constitución, a un nuevo proceso legislativo: puntualmente y en tiempo real iban informando de los desastres internos, los desacuerdos, las votaciones artículo por artículo.

En el Congreso de Jalisco la vida legislativa es una farsa. Las comisiones sirven para dar más prebendas a cada diputado y la discusión importante no se da ni en las comisiones ni en tribuna, sino en oficinas cerradas o restaurantes caros. Aun con la austeridad impulsada por los diputados de Movimiento Ciudadano, el presupuesto es de casi 800 millones de pesos. Con esos, en el mejor de los casos, se pagan un sueldo que no merecen, y en el peor, sobrerregulan la vida pública del estado. Claro, esto no pasa sólo en Jalisco: es la norma en el país y es especialmente grave en el Senado y la Cámara de Diputados federal.

El experimento chilango mostró que hay otra forma de hacerlo: que se puede cumplir con los tiempos, que se puede discutir en tribuna para ahorrarse las comisiones, que de todas formas siempre habrá un pequeño grupo de decisores, que se puede informar en tiempo real a la población y, lo mejor de todo, que se puede hacer con muy poco dinero.

Hay que seguir ese ejemplo. Hay que regresar a los periodos de sesiones 2 veces al año y quitar el sueldo a los diputados. Que legislen con la fuerza de sus partidos y sus militantes.

Como un ejercicio de "simulación" calificó el diputado de Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia López, la auditoría practicada por la Unidad de Vigilancia del Congreso a la cuenta pública 2015 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

La Comisión de Vigilancia dio a conocer este martes que fueron solventadas las seis observaciones que se realizaron al órgano fiscalizador por el orden de los 36.2 millones de pesos.

"La observación más importante es la de un fideicomiso que no queda muy claro para qué lo crearon (15 millones de pesos). El reporte final, pues limpiecita la cuenta pública (...). El haberle revisado cuentas públicas de un ejercicio cercano a los 300 millones de pesos para solamente encontrar observaciones por el 10% (36 millones), quiere decir que fue un ejercicio de simulación, tal cual".

Para Valencia López, los integrantes de la Comisión de Vigilancia y el órgano técnico de ésta desperdiciaron un año de trabajo, "para validar a un auditor innombrable como es Alonso Godoy".

Agregó que la revisión a los procesos de desempeño también son "una vacilada", ya que se revisó si realizan los cursos de capacitación, si ahorran agua, si ahorran electricidad, "argumentan que aumentaron en 270 el número de auditorías, cuando es una revisión totalmente, digamos, tendenciosa, no hay una revisión del número de personas que laboran en la auditoría y los sueldos, no hay una revisión de la plantilla de personal".

Pese a que la auditoría se realizó al ejercicio 2015, Valencia López insistió en que pudieron haber ido más allá, "yo creo que a la Auditoría se le tenía que haber cuestionado, la construcción del edificio, la compra a sobreprecio del terreno, los bonos que se dieron (...). En la revisión de los procesos viene información desde 2007. Unas cosas sí revisaron hacia atrás y otras cosas no (...), porque vienen los históricos, entonces yo creo que ésa es una mentira (el que sólo se revisó 2015)".

El diputado que en noviembre pasado renunció a la Comisión de Vigilancia, señaló que ésta se encuentra integrada por legisladores interesados en que no se les perjudique, "una Comisión de Vigilancia repleta de ex alcaldes".

El verdadero candidato de Morena [a la gubernatura del Estado de México] se llama Andrés Manuel López Obrador, quien lleva de juanita a Delfina Gómez, una "mujer bulto" -utilizada por AMLO como ha utilizado a hombres y mujeres para sus fines electoreros-, que prestará su nombre solo para la boleta.

Y es que el objetivo de AMLO no es ganar el Estado de México, sino engordar su partido lo suficiente hasta convertirlo en la 2a. fuerza estatal. El objetivo de AMLO es 2018. Y El Estado de México, igual que Veracruz y Oaxaca, son clave para esa empresa.

México está secuestrado en forma permanente por los partidos políticos. En aras de la democracia se fomentó el pluripartidismo para canalizar todas las corrientes ideológicas y políticas que quieran tener representación en el Congreso de la Unión y de los gobiernos locales. Fue así como han evolucionado hasta convertirse en nuestros secuestradores a quienes tenemos que alimentar su insaciable apetito.

Este secuestro no es ni siquiera parecido al secuestro de una persona, en el que se paga el rescate y viva o muerta regresan a la víctima; en cambio el secuestro que los partidos le hacen a nuestro sistema político se paga rescate cada año y no hay posibilidades de que algún día nos liberen. Dígalo si no el gobernador de Jalisco que propuso disminuir el subsidio político en los años no electorales como este de 2017 y no consiguió el apoyo del poder legislativo (que está integrado por los partidos políticos) por lo que tuvo que posponerlo para el mes de mayo. Y para entonces, está por verse que lo logre, -la intención es buena- y nos vamos al 2018 en donde no se disminuirá el subsidio por ser un año electoral y más bien, hay posibilidad de que se aumente.

Es necesario que se haga una reforma a fondo de nuestro sistema electoral pluripartidista para que los partidos políticos representen a núcleos de la población con corrientes ideológicas definidas, que no hagan alianzas de conveniencia y con una membresía que represente a un porcentaje de partidarios más que simbólico como está actualmente que se puede registrar un partido político tan solo con el 0.26% del padrón electoral.

En cuanto al financiamiento, si los miembros están auténticamente convencidos de su ideología, deben estar dispuestos a sostener a su partido con sus propios recursos, con las cuotas que voluntariamente aporten o como lo hacía antaño el PAN, con sorteos de automóviles; no como otros partidos como Nueva Alianza que descuentan de la nómina a sus miembros del magisterio.

México hace ya 15 años que los partidos políticos llegaron al poder y lo están ejerciendo, no en beneficio de los ciudadanos, sino en el suyo propio.

El presupuesto destinado al funcionamiento de los partidos políticos para este año (el monto del rescate) es de 3,940 millones de pesos y el año próximo que es de elecciones es posible que aumente a 5,000 millones o más.

Por otra parte, en una democracia no se puede prescindir de los partidos políticos, así es en todo el mundo pero debe frenarse su poder y disminuir drásticamente el subsidio.

Se requiere de una enérgica protesta ciudadana para restituirle al pueblo la capacidad de elegir a sus gobernantes.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió una serie de lineamientos por los cuales busca "defender" a las audiencias de radio y televisión de las pulsiones opinadoras de los periodistas que tienen que dejar muy claro, mediante una cortinilla (aviso) cuándo es información y cuándo una opinión personal, como si existiera la información pura, o peor, como si la opinión de un periodista fuera dañina para la salud (la cortinilla puede decir: "Advertencia. Esta información contiene elementos de opinión que pueden modificar su forma de ver el mundo. Usted la consume bajo su cuenta y riesgo. No contiene chayote").

Propongo que, para estar en igualdad de circunstancias, cuando los políticos vayan a decir una mentira o media verdad, como la de "si no aumentamos la gasolina tendríamos que cortar programas sociales", metan una cortinilla advirtiendo del engaño.

López Obrador va por la tercera. Por eso debe ser cuidadoso en proteger sus puntos débiles. No andar soltando ideas de políticas públicas (particularmente de economía) que suenen a crisis, evitar ser asociado con la violencia (como sucedió durante los recientes saqueos tras el gasolinazo) y combatir la percepción de que él es el Trump mexicano.

Creo que hay similitudes, sin duda. Los discursos de Trump y AMLO son música para los oídos de la población enojada con la realidad y sus gobiernos. Los dos se pronuncian en contra del sistema, pero durante sus vidas han sido beneficiarios de él. Consideran a sus rivales políticos mafiosos despreciables y a los medios de comunicación que los critican deshonestos. Son intolerantes al pensamiento distinto y polarizan. Muchos de sus colaboradores son francamente impresentables. Sus planteamientos son nacionalistas y apuestan más por el mesianismo de una sola persona (ellos mismos) capaz de limpiar la casa que por la construcción de instituciones ciudadanas que resuelvan el problema a largo plazo.

Pero hay también diferencias notables: López Obrador es un político profesional, no es multimillonario y tiene experiencia de gobierno durante 5 años en la Ciudad de México en los que no sucedió ninguna catástrofe. Es posible que en función del desempeño y la imagen que vaya teniendo Donald Trump ante los mexicanos, los rivales de López Obrador estén interesados en mostrarlo igual al estadounidense. Sucedió ya con Hugo Chávez durante la contienda presidencial de 2006. Y les dio resultados.

Que paguen otros parece ser algo típico de nuestra idiosincrasia. Por lo mismo, frente al alza desmedida de los combustibles, la postura del gobierno ha sido que pague la gente, a no ser que quieran que se les disminuya el presupuesto para el Seguro Social, el Seguro Popular o el Programa Oportunidades, pero por qué no disminuirle el presupuesto a la oficina de la Presidencia, al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Suprema Corte, con eso bastaría y sobraría.

Pero además nos mienten. Que la meta era abolir los subsidios, muy bien, que bueno que ya lo hicieron, ahora bájenle al impuesto, que es lo que realmente aumenta el precio de los combustibles desproporcionadamente, pero sobre todo y de manera permanente, dejen de despacharse con la cuchara grande nuestros recursos e impuestos, regresen sus altos salarios a las percepciones normales de un funcionario público que andan muy pero muy por debajo de los que se están rayando, dejen de seguir solapando a los partidos con el dineral que les pasan, porque ese dinero no es del Estado, es dinero nuestro, y que la ciudadanía no deje de presionar no por el tal gasolinazo, sino por el abuso y derroche que hacen de la riqueza nacional y por la imparable llegada de funcionarios ineptos a ocupar cargos que exigen mucho más que ganas de "aprender en el camino".

Todos los días hay una noticia referente a quién de entre los funcionarios públicos se bajó el sueldo, quién se negó a hacerlo, qué argumentó quien se negó a bajárselo y quién incluso reculó. El sueldo de los funcionarios públicos no va a solucionar el tema del gasolinazo, pero es un buen termómetro de lo que se está jugando en la política local y los absurdos a los que son capaces de llegar nuestros gobernantes aterrados porque la protesta contra los incrementos a la gasolina se ha convertido, en el fondo, en un rechazo a la clase política y al sistema de partidos que nos gobierna.

Se agradecen sin duda los gestos de quienes reaccionaron de inmediato con una reducción de los sueldos de 1er. nivel, pero si alguien piensa que con eso salva el pellejo o se congratula con los electores está muy equivocado. Lo que hay que cambiar no es sólo la estructura salarial del gobierno sino la relación entre gobernantes y gobernados, entre la clase política que se autoprotege y los gobernados que sufren las decisiones.

Un problema estructural como este no se resuelve con medidas de corto plazo. Éstas eran necesarias para bajar la indignación, pero sería un error quedarse ahí. Lo que tienen que plantear los partidos, cada uno por su cuenta y luego buscar los acuerdos necesarios, es cómo debe ser la relación entre la sociedad y los partidos. Hay que comenzar, por supuesto, por discutir con el financiamiento que tanto ruido y enojo provoca. ¿Queremos partidos mantenidos por el Estado o por la sociedad; el dinero debe salir de los impuestos o de las cuotas y aportaciones voluntarias de los militantes y simpatizantes? Todo esquema de financiamiento tiene bemoles, pero el peor es el que tenemos ahora, en el que los partidos le cuestan, y mucho, al erario y eso no evita que entre dinero en exceso de los grupos de interés: dinero sucio, proveniente de la corrupción y del crimen organizado, y dinero de grupos de interés que tarde o temprano se convertirá en nuevas formas de corrupción. Cualquiera de los 2 modelos será un fracaso si no hay una fiscalización verdadera, estricta e implacable.

El exceso de diputados plurinominales es también un tema que genera resquemor entre la sociedad. Reducir la cámara federal de 500 a 400 y la local a 30 tiene ventajas y desventajas que hay que analizar. Lo que sí debe desaparecer ya, porque es un absurdo y una contradicción al sistema de representación, son los senadores plurinominales.

Demos el siguiente paso. Aprovechemos la indignación (esa que los políticos dicen comprender) para, más allá de la danza de los sueldos, construir una mejor democracia en el estado y en el país.

El gobierno federal tiene 344 fideicomisos activos, de una lista de 614, que son conocidos como la caja chica de la que se dispone sin rendir cuentas claras que se hacen en forma extemporánea, según esto para guardar el secreto bancario y fiduciario. Estos fideicomisos fueron secretos hasta el año 2006 en que el Instituto Federal de Acceso a la Información los dio a conocer en su página WEB, en donde se pueden consultar de 2006 a 2014; podrá observarse que el gobierno ha ingresado un promedio de 200,000 millones de pesos cada año, sin que se sepa a ciencia cierta a dónde van ni de dónde vienen esos recursos. La Auditoría Superior de la Federación reporta cada año las irregularidades encontradas pero no se les da seguimiento ni se atiende a sus recomendaciones.

Los gobiernos estatales también están facultados para abrir fideicomisos y así se multiplican las cajas chicas opacas. Se puede abrir fideicomisos para cualquier fin u objeto, como por ejemplo, para apoyo a las víctimas del delito. Fondo Nacional de Turismo es uno de los más importantes. Los hay para fines tan disímbolos como para construir carreteras, rescatar a los braceros, ayuda a víctimas de la Guardería ABC, para buscar desaparecidos, para fines específicos temporales como el de las fiestas del Bicentenario que ya aparece como liquidado en ceros. También se crean fideicomisos para traspasar excedentes de partidas presupuestales que no utilizaron; así se evita devolverlas a la Tesorería de la Federación. Los fondos acumulados en estos 344 fideicomisos activos ascienden a alrededor de 2 billones de pesos.

En cuanto a los organismos públicos descentralizados, son aquellas entidades económicas que no dependen jerárquicamente del gobierno central, que tienen facultades autónomas aunque funcionan en el ámbito oficial dado que los principales directivos son designados por el ejecutivo o el congreso y funcionan con recursos públicos, aunque hay algunos que tienen sus propias fuentes de ingresos como Caminos y Puentes Federales. Aunque están vigilados por los organismos federales de fiscalización, tienen autonomía para manejar sus recursos propios y se prestan a desmanes y abusos del uso de los recursos, adquiriendo vehículos de lujo y hasta helicópteros para comodidad de sus ejecutivos; se hacen gastos de viaje dispendiosos pagando con dinero de sus fondos vacaciones familiares al extranjero y destinando partidas importantes para atención de invitados, que por lo general son funcionarios de otras dependencias que van con o sin asunto oficial específico.

En Jalisco tenemos 152 OPDs, entre los que se encuentran centros de estudios como CONALEP, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Agua, el Comité para el Servicio Social de Carrera de Seguridad Pública, el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad; el SIAPA que ya fue objeto de multimillonario fraude cuyo monto total aún no se determina; el Hospital Civil y la Universidad de Guadalajara, entre otros.

Un grupo de personas lanzó jitomates a diputados constituyentes del PRI, entre ellos el coordinador de la bancada César Camacho, cuando llegaban a una sesión plenaria en la Ciudad de México.

"Mientras yo combatía a Javier Duarte y a Fidel Herrera, Andrés Manuel López Obrador negociaba con ellos". Eso escribió el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares en redes sociales esta semana.

Y es que antes, López Obrador había acusado a Yunes de "transar" con el presidente Peña, porque había desistido de hacer la revelación que "cimbraría" México, como había prometido en el periodo de transición. Yunes le contestó a López que en la democracia y el Estado de Derecho el que acusa debe presentar pruebas, le exigió que lo hiciera y le reviró que lo único que sí estaba probado es que López Obrador vive del presupuesto.

Las acusaciones contra Yunes confirman que López Obrador ya ha identificado al PAN como su enemigo para el 2018. En las últimas semanas López Obrador ha sido, digamos que indulgente, ante el próximo gobierno de Donald Trump y ha propuesto hacer un gran acuerdo de transición hacia el 2018, con él en Los Pinos como objetivo final. Incluso ha anunciado una suerte de amnistía para quien haya cometido delitos en esta administración, pero se ha lanzado con todo contra Margarita Zavala, contra el PAN en general y ahora contra Yunes.

Y es que López Obrador lee las encuestas y lo que hoy ve es que su principal rival es Acción Nacional. Por eso mientras le ofrece acuerdos de transición al gobierno (y también muestra que existen fuerzas cercanas a él que pueden desestabilizar el país) ha puesto en su mira al blanquiazul.

No se equivoca López Obrador en poner a Yunes y al PAN como enemigos a vencer. Pero el que se lleva se aguanta porque cuando los gobernadores panistas comiencen a poner en la mira al candidato de Morena, tampoco lo tendrá fácil.

El país está en manos de personas incapaces. Desde hace años las leyes se reformaron para reducir al mínimo no sólo las edades sino aun las capacidades para desempeñar cargos públicos, lo cual se pretendió subsanar rodeando de asesores al funcionario, que resultaron ser parientes o recomendados que requirieron a su vez de otros asesores, y así la mancha burocrática fue creciendo al infinito. A esto se sumó la ocurrencia de elevar desorbitadamente el salario de los susodichos, que para que ya no robaran, y financiar a los partidos que para que no se dejaran infiltrar por la delincuencia, con resultados catastróficos para el presupuesto nacional que ahora buscan sostener desangrando una vez más al sector productivo.

El problema de fondo no es sólo el histórico mal manejo de los energéticos, que de momento ha sido la gota final, sino la extrema decadencia a la que ha llegado el sistema político mexicano, particularmente la depravación imparable de los partidos de los cuales ha salido el incontable número de burócratas incapaces y legisladores vendidos que aprueban año tras año el oneroso presupuesto de la federación que para este 2017, mantiene los sueldos estratosféricos de la alta burocracia, las prebendas, los privilegios, los 16,000 millones de pesos que se han asignado sólo para la oficina de la presidencia, los mil millones para el PRI y casi otro tanto para el PAN y el PRD, hasta MORENA, con 400 millones, más el presupuesto del INE, cuyos consejeros ganarán entre 160,000 y 200,000 pesos y fracción mensualmente en un año que no es electoral, o los cerca de 20 millones de pesos diarios que nos costará sostener la inútil Cámara de Senadores ¿pues cómo nos va a alcanzar? Ningún pacto puede firmarse si este abuso criminal no es abolido.

Sin embargo, nada de esto sucedería si no hubiese una ciudadanía apática y pasiva, que en su mayor parte sigue aguantando con cara de fatalidad, haciendo chistes al respecto, o cuando mucho gritando consignas en manifestaciones que luego se apagan, se diluyen y se olvidan.

Constante el silencio de políticos y legisladores de los partidos en tiempo de prueba de conciencias. Porque ¿dónde está su respuesta solidaria para con la población bajándose su dieta con la misma celeridad y monto en que se la han subido, sabiendo el estado que guarda la nación...? ¿Dónde está el PAN bajándose los ingresos de su partido, o el PRD recortando su asignación presupuestal para sus campañas. 10,000 millones de pesos gastan los partidos y en lugar de recortarlo, proponen bajar el impuesto a la gasolina... En lugar de solidaridad el PRI niega con cinismo que la reforma energética haya prometido bajar los costos de este combustible.

Truncadas voces de compromiso social de los políticos elegidos por el pueblo y que prometieron defenderlo en tiempos aciagos. Aunque su silencio quizá sea por obvias razones: la boca de la verdad se los ha tragado a todos.

Los gobernadores como los Duarte y otros, con el cuento de la alternancia y de la "libertad y soberanía" de las entidades han hecho lo que han querido esquilmando y expoliando a su electores.

Cuando es para repartirse dinero no se pelean, no hay discusiones ni desacuerdos, ¡ah, pero traten de quitarles un peso de sus prerrogativas y a los partidos políticos les sale lo pseudo constitucionalistas, lo huizacheros para defender el dinero público que ya sienten segurito mes a mes! Algo de esto pasó en el Congreso local. Resulta que el miércoles, en entrevistas, diputados de distintos colores dijeron que apoyarían la propuesta estatal de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos en año no electoral, peeero ayer cambiaron de parecer, y lo que se esperaba fuera una votación de trámite se complicó en comisiones y luego en los recesos para negociar cómo asumir esta iniciativa. Tras horas de estira y afloja, los partidos vendieron caro lo que se supone que será su voto a favor, pues, al menos, ayer, sólo se aprobaron aspectos periféricos, pero no el toral de retirarles las ministraciones.

Por cierto, la jugada le está redituando políticamente al PRI y al gobierno estatal, pues no hay nada más popular que decir que le quitarán dinero a los partidos políticos como medida de austeridad, lo que les genera simpatías, pero lo que más disfrutan es el haber tomado por sorpresa a los emecistas que generalmente son los que abanderaban medidas similares. Habrá que ver cómo revira Movimiento Ciudadano, pues seguramente querrá retomar la vanguardia en esta "guerra de sacrificados".

(V.periódico El Financiero en línea del 12 de enero de 2017).

Contesto a la pregunta del presidente Peña Nieto que hizo después de explicar las razones por las cuales faltó a su promesa sobre la reforma energética que le permitió dar entrada a nuestro petróleo a la inversión extranjera. Lo primero que habría hecho yo, es una profunda reforma, administrativa y política, para eliminar toda la burocracia innecesaria, todos los gastos superfluos y minimizar los puestos de elección popular. Partir de un presupuesto base cero, que según informó se aplicó desde el 2015, pero la realidad es que si dio la orden de preparar el presupuesto partiendo de cero, sus colaboradores no le hicieron caso y él no se tomó la molestia de comprobar si se había cumplido su orden. El presupuesto base cero implica suprimir todos aquellos puestos públicos innecesarios como son los custodios, (vulgo guaruras) que a funcionarios federales, estatales y hasta municipales que no desempeñan cargos públicos peligrosos se les autorizan y los utilizan como choferes, mandaderos y hasta lava coches y jardineros. Eliminaría la asignación de vehículos a funcionarios que ganan lo suficiente para comprarlos por su cuenta y los limitaría a quienes los requieren para desempeñar sus funciones; serían vehículos compactos de bajo cilindraje y de la misma marca para ahorrar en refacciones; establecería talleres locales para mantenimiento operados por las propias autoridades, salvo vehículos especiales como patrullas, camiones de aseo público, bomberos, ambulancias, etc.

¿Que qué hubiera hecho yo? Cancelaría todas las concesiones de servicios que pueden hacer el mismo personal que actualmente cobra y no trabaja, como aseo público, parques y jardines, alumbrado público, y otros servicios municipales.

¿Que qué habría hecho yo? Limitar las remuneraciones a funcionarios de alto nivel a 50 salarios mínimos para gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, jueces y ministros de la Suprema Corte y no permitiría que ningún otro funcionario gane más del tope máximo.

¿Qué habría hecho yo? Suprimir los subsidios a partidos políticos, eliminar los diputados plurinominales y dejar un senador por cada estado, disminuir el número de regidores a 5 por cada municipio y aumentar uno por cada 100,000 habitantes con un máximo de 10, eliminar los tribunales electorales y los comités electorales estatales.

Para completar el panorama, agrego: ¿Qué no haría yo? No permitiría desmanes de ningún grupo político o gremio que alterara el orden público; no dejaría de castigar a los saqueadores; no dejaría empezadas obras con inversiones de miles de millones de pesos, como la carretera a Vallarta, el macrolibramiento, la presa de Temacapulín, etc.; no dejaría libres a gobernadores ladrones y funcionarios corruptos; no nombraría secretarios, ni funcionarios de alto nivel que no tuvieran experiencia en el cargo que van a desempeñar (caso Videgaray) ni mucho menos, les pagaría el sueldo del tabulador porque van a aprender y los aprendices tienen un pago simbólico mientras aprenden.

Todas estas respuestas de lo que habría hecho y lo que no, ya las sabe el presidente Peña Nieto pero no las aplica porque quiere que toda la carga de sus errores vaya contra el pueblo.

En circunstancias normales, no sólo habría resistencia en el Congreso de la Unión a la iniciativa del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, de retirar el subsidio a los partidos políticos en tiempos no electorales; en circunstancias normales, esa iniciativa ni siquiera se presentaría. En las circunstancias presentes, en que la irritación social a raíz del traído y llevado "gasolinazo" es -y, previsiblemente, por un buen rato seguirá siendo- la tónica, es de suponerse que la iniciativa prospere. No porque los diputados y senadores que le darán entrada, la discutirán y previsiblemente la aprobarán estén convencidos de que la propuesta es justa y sensata, sino por conveniencia: ningún seudo "representante popular" incurrirá en la desfachatez o la torpeza mayúscula de oponerse a dicha iniciativa, ¡y mucho menos en vísperas de elecciones!, a sabiendas de que, de hacerlo, la ciudadanía, el día de los comicios, procedería al correspondiente ajuste de cuentas.

En el probable caso, pues, de que se decida que los partidos políticos se rasquen con sus propias uñas y dejen de estar prendidos a la ubre del Presupuesto en períodos no electorales, no faltarán "representantes populares" que quieran adornarse. Hablarán, en la exposición de motivos correspondiente a la previsible reforma, de sensibilidad social; de solidaridad con el pueblo...

Por "rollo" no quedará. Y por oportunismo y astucia para tratar de hacer de la necesidad virtud, tampoco.

Los partidos políticos de Jalisco no escapan a la lógica de asignaciones bondadosas que hay a nivel nacional. A través del Instituto Electoral del Estado, el poder ejecutivo les ha depositado más de 2,500 millones de pesos en prerrogativas, desde 1997.

El gobernador Aristóteles Sandoval envió una iniciativa de ley al Congreso del Estado para cortar los fondos de los partidos en todos los años no electorales.

Pero esa es sólo la iniciativa más reciente en ese sentido. Antes que el jefe del ejecutivo, en Jalisco se han presentado otras 5 para cambiar los criterios de asignación de fondos (prerrogativas) a las organizaciones políticas de la entidad. Todas están empantanadas.

En junio de 2014, y con el escenario de la aprobación de la reforma electoral en puerta, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado propuso modificar la fórmula de asignación de fondos, y en lugar de tomar en cuenta la cifra total de ciudadanos inscritos en el padrón por el 65% del salario mínimo vigente, se calculara únicamente con el número de ciudadanos que acudan a las urnas a votar.

Cuando eran diputados, los priistas Miguel Castro y Héctor Pizano promovieron una iniciativa para que el financiamiento de partidos fuera recortado a la mitad. Alberto Esquer (cuando era panista), actual alcalde de Zapotlán el Grande, también envió una iniciativa que consideraba ahorros que serían enviados a municipios con bajos recursos. Ninguna de éstas vio la luz.

También el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, presentó una iniciativa cuando era diputado, en 2008, que buscaba la reducción de fondos para partidos. Tuvo el mismo destino por oposición del PRI y PAN.

Pedro Kumamoto, el diputado independiente, se sumó a la iniciativa que antes presentó su homólogo federal Manuel Clouthier Carrillo, para que se modifique la fórmula de asignación de fondos y se considere la cantidad de votos válidos emitidos en la elección pasada, y no en el padrón electoral entero.

Esta propuesta, sostiene Kumamoto, obligaría a los partidos a crear ciudadanía e incentivar el voto, de tal forma que los recursos sean fondeados en función de la cantidad de personas que confiaron y votaron por sus propuestas y sus candidatos.

La contratación de 100 trabajadores que llegaron al Sistecozome en la actual administración, representan una carga que contribuye a la quiebra técnica del organismo, que arrastra deudas por 500 millones de pesos y no tiene para pagar aguinaldos, consideró el dirigente sindical del Sistecozome, Toribio Lucero García.

"Operando nuestras (4) rutas al 100% Sistecozome subsiste, siempre y cuando se dé de baja al personal que llegó con esta administración", manifestó el representante sindical de alrededor de 500 trabajadores del organismo.

Al cuestionar la existencia de aviadoresentre el personal, Lucero García, indicó: "Algunas personas no las conocemos, pero no sabemos si estén de despachadores en algunas rutas del subrogado, esos no se presentan al Sistecozome. Desconocemos si estén trabajando o no estén trabajando, pero lo malo es que ya están en la nómina".

El monto mensual que representan para la nómina esos 100 trabajadores afecta al personal de base que tiene 3 años sin aumento y con las percepciones más bajas de Gobierno del Estado, indicó.

Todos los partidos, incluyendo algunos sectores del PRI, se han manifestado contra el gasolinazo. Está bien. Dirigentes del PRD y del PAN aseguran que defender a la gente no es sacar ventaja política. Pero todos olvidan que este aumento de la gasolina, en estos porcentajes, lo votaron todos los partidos en el congreso. Todos le dieron el visto bueno y ninguno protestó cuando se presentó el presupuesto que ellos mismos aprobaron: ¿por qué? Porque se necesitaban mayores recursos, entre otras cosas para cubrir sus gastos, sus propias partidas presupuestales.

No son los partidos, ninguno en realidad, los que están impulsando los saqueos pero sí organizaciones sociales ligadas a ellos: desde la Asamblea de Barrios hasta sectores del magisterio disidente. Desde los llamados anarquistas hasta mafias del transporte. Hay, también, una altísima participación de delincuencia organizada y común: muchos de los 1,500 detenidos tienen antecedentes y aprehensiones previas por delitos comunes. Esperemos que esos no sean liberados en las próximas horas.

Eso es lo que se tiene que desactivar y por eso mismo no sólo debe haber explicaciones que llegan tarde, sino también acuerdos con quienes votaron la medida, o sea los partidos en el congreso, y llegar a acuerdos que permitan ir reduciendo el subsidio a la gasolina en forma gradual, a lo largo del año y efectuando recortes en los gastos realmente superfluos, comenzando, insisto en el propio presupuesto partidario y cambiando un esquema electoral que es ineficiente, caro, y que no se ajusta a la realidad.

Los partidos deben autofinanciarse, salvo quizás una cuota mínima de recursos públicos, deben pagar su burocracia, sus gastos y su publicidad. También se debe bajar la carga fiscal a la gasolina (que es altísima y calculada a través de fórmulas que nadie comprende) aunque sufran con eso algunos gobernadores. No se reducen esos impuestos porque de los IEPS, que son los que regulan la carga fiscal a la gasolina, proviene la parte del león del presupuesto que reciben los estados. Ningún gobernador, de ningún partido, quiere que esas partidas se reduzcan.

Claro que todo esto no compensará los costos de la desaparición del subsidio pero será un señal de que por lo menos los responsables de este desaguisado social a nivel federal, ejecutivo, legislativo, estatal, municipal y de las dirigencias partidarias, comienzan a comprenden cuál es el problema de fondo: el gasto excesivo, la corrupción, un sistema político y electoral caro e ineficiente, con partidos ricos y sociedades pobres.

En el PRI tienen información de que el partido Movimiento Ciudadano pagó más de millón y medio de pesos para armar en Jalisco una campaña en redes sociales contra los legisladores priistas que avalaron el gasolinazo, cosa que no es mentira.

Sin embargo, dicen los priistas que los alcaldes de oposición no han renunciado a los recursos que derrama el gasolinazo a los estados, como denunció en su momento el coordinador perredista Miguel Barbosa, quien critica que los gobernadores y presidentes municipales naden de a muertito ante el enojo popular.

El que encueró a su partido fue el senador Jesús Casillas quien se manifestó a favor de que el gobierno y el PRI revisen otras alternativas al aumento de precios, al señalar que cuando el congreso votó la Ley de Ingresos no se les explicó el impacto que tendría la liberalización, ni que sería del 20%. Con esto nos queda clara una cosa... cada vez que los legisladores reciben un proyecto, lo entiendan o no ¡lo votan! El asunto aquí es que no es posible que ahora salgan con que no le entendieron si se supone que para eso les pagan, pero, además, les pagan también un sueldazo a sus asesores...

En uno de esos arranques populistas a los que nos tienen cada día más acostumbrados los alcaldes de MC, el presidente de Guadalajara Enrique Alfaro pidió que el Gobierno del Estado no autorice el aumento y que por el contrario, destine 3,200 millones de pesos para subsidiar el transporte. ¡Hágase la voluntad del alcalde con el presupuesto del gobierno! En realidad, se trata sólo de un acto de oportunismo político (bastante ramplón, si me piden mi opinión y poco serio para los momentos que vive el país) para poner en jaque el gobernador.

Enrique Alfaro y los alcaldes metropolitanos exigieron al Gobierno de Jalisco subsidiar la tarifa del transporte público para que suba a 9 pesos, pero se congele en 7 para los usuarios.

"Ni un peso de aumento al transporte público para los jaliscienses", dijo Alfaro. Ah, pero 3,240 millones de pesos de los jaliscienses para los transportistas, ¿eso sí? Porque eso cuesta la propuesta de los ediles. Dinero que, dicho sea de paso, también sale de los contribuyentes.

Emilio González Márquez subsidió con 258 millones de pesos en 2009 a los camioneros. Un par de años después les entregó otros 70 millones. Los alcaldes metropolitanos piden que les entreguen 10 veces más.

El gasolinazo es un golpe abierto y durísimo de la clase política mexicana hacia la ciudadanía. Una ofensa. Por más que se insista en su necesidad por los elevados precios de la gasolina a nivel mundial, el incremento es mucho y está perfectamente claro que la mitad de lo que se paga por la gasolina son impuestos.

La indignación y el enojo están más que justificados. Un gobierno que está obeso, sobrado en gastos, necesita recursos y traslada la factura a sus gobernados vía un aumento de impuestos en el bien más consumido, que son los combustibles. Un buen administrador pensaría simultáneamente en reducir gastos, pero el tema no se toca, y menos en rubros tan agraviantes y puntuales como el dinero que reciben como financiamiento los partidos políticos o los bonos y prebendas de diputados, senadores, magistrados, consejeros del INE, etc. Además, hace caso omiso respecto a la fuga de dinero que representa la corrupción premiada año tras año con la impunidad de los corruptos.

Por eso no hay lógica económica o de bienestar que explique el gasolinazo.

El aumento tan brutal es una especie de autorización o banderazo de salida para que todos los precios puedan subir. Y lo harán.

Un sector de la clase media ha explotado, y con razón, y se ha manifestado sobre todo con mensajes, convocatorias, memes y videos en las redes sociales. Los mensajes se reenvían y reenvían.

Son mensajes subidos de tono que muestran ya no la falta de popularidad del gobierno de Enrique Peña, sino un franco enojo en su contra. Hay grupos extremos que han llegado a bloqueos de gasolinerías e incluso saqueos.

El problema con el gasolinazo no es la reforma energética, como quiere hacer creer el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro. No lo culpo: qué político va a desaprovechar la hoguera que prendió la Secretaría de Hacienda. Todos quieren estar del lado del pueblo enfurecido y decir yo no fui, se los dije, quemen a otro.

Pero el gasolinazo es una medida recaudatoria, no una política energética. El gasolinazo es un atajo para mantener el tren de vida de un gobierno gordo, rico y malcriado al que se le está agotando la herencia.

Todos los partidos mexicanos en el fondo quieren lo mismo: un Estado obeso que gaste como si no hubiera mañana, que dé dinero para clientelas, que baje los precios del maíz, de la gasolina, de la leche o de la luz por decreto y luego, cuando se vea en apuros, los suba a su antojo para tapar los agujeros.

El gobierno hoy ya no es tan rico, pero sigue su fiesta de heredero y encontró dinero en la gasolina porque sigue teniendo el monopolio para subir y bajar los precios (no ha entrado el mercado), pero cuidado que mañana lo va a sacar de las ventanas y pasado mañana de la cantidad de hijos que cada familia tenga y después va a cobrar impuestos a la soltería y así.

A una diputada de MC, "Nachis", que quiso pasarse de lista al aprovechar una marcha para hacerse publicidad la corrieron a gritos y chiflidos. Si alguna evidencia hay de que las marchas no tienen partidos detrás de ellas es lo espontáneo, lo desorganizado, lo plural y lo dispersas que han sido: hay marchas y protestas todos los días, a todas horas y en todo el país; eso no se veía desde hace años.

Las medidas anunciadas por el gobernador contra el gasolinazo no existen. El gabinete de secretarios del Gobierno de Jalisco está en sesión permanente con el fin de parir ideas. De ese brainstorm saldrán las propuestas que ayudarán a 7 millones de jaliscienses.

De entrada, Héctor Pérez Partida, titular de Sepaf, ya puso la medida. No hay dinero que alcance para subsidios y reducir el impuesto a la gasolina es inviable: "Hay una sola cobija y a quién se le quita", dijo.

Nos sorprendimos con el mensaje de Enrique Alfaro.

Tras el desalojo con gas lacrimógeno de "un grupo de 20 manifestantes encapuchados", según la Fiscalía, al finalizar la marcha contra el gasolinazo en San Juan de Dios, el 1er. edil tapatío lanzó su rayo tronante.

"Condenamos categóricamente la represión que ordenó el fiscal Eduardo Almaguedón (licencia poética de esta H.Fuente)".

A Aristóteles Sandoval le zampó un: "no es correcto usar a los policías para reprimir a los ciudadanos".

Es que cuando Enrique manda a la policía es para reubicar comerciantes, pero cuando los manda Aristóteles es para reprimir ciudadanos.

¡Tan fácil que hubiera sido nomás reubicar a 20 encapuchados!