Durante el ejercicio fiscal del 2017, Veracruz deberá pagar 6,618 millones de pesos para liquidar las deudas bancarias que se contrajeron en los gobiernos de los priistas Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, de los cuales 4,000 millones (el 80%) forman parte de los intereses.

La deuda bancaria en condiciones desfavorables se duplicó de 25,000 millones a 42,000 millones en 6 años.

Y es que en 12 años aumentaron el gasto en todo los rubros, el cual creció en 30,000 millones de pesos entre 2010 y 2016.

La nómina del gobierno se duplicó de 4,000 a 7,400 millones; mientras que la magisterial aumentó un 45%, al pasar de 29,000 a 42,000 millones de pesos.

Finalmente, la incapacidad de la clase política mexicana ha hecho crisis y nos pone al arranque de un nuevo año en total indefensión ante lo que será una situación exageradamente complicada en donde más nos duele: en nuestra economía personal.

Tendremos un año de carestía en todo.

El dólar acumula en el año que termina un encarecimiento de más de 20%, y a partir del sábado por la noche pagaremos una gasolina hasta 25% más cara.

Y no hay para donde moverse.

Se trataba, como administradores de un país y operadores de una política económica, que el presidente Peña y sus brillantes ejecutivos gubernamentales buscaran mejores opciones de vida para los mexicanos, y a 2 años de que concluya su administración es todo lo contrario. Con el aumento en el dólar y en la gasolina ha empezado el desencadenamiento de una serie de aumentos que provocarán esa inflación, quizás de 2 dígitos, que empobrece día con día a los mexicanos, y que creíamos superada en los tiempos recientes.

La puntilla ha sido el gasolinazo, un exagerado aumento de la noche a la mañana, que no tiene otra lógica que el afán imperioso de cobrar más impuestos. Un gobierno que es pésimo administrador, incapaz de reducir costos, y atento a hacerse de ingresos.

Aún en los peores momentos se tiene cierta confianza en la clase gobernante; se espera que ahí adentro del equipo haya alguien que sí sepa cómo resolver problemas. Hoy no aparece.

La sensación es que si existía alguna alternativa para enfrentar lo que serán los primeros meses de la hostilidad de Trump hacia México, hoy sabemos, como mexicanos, que estamos solos, indefensos ante un panorama muy complicado.

Es tan indefendible el proceder gubernamental con el aumento a la gasolina que no hay una sola voz capaz de explicarlo coherentemente, mucho menos defenderlo.

Los políticos muestran que no están del lado de los mexicanos. Y son todos.

Y este divorcio, que no es nuevo, se ahonda aún más y pasa del terreno de la tolerancia al del fastidio: ya no se trata sólo de verlos robar y desaparecer del mapa: hoy su incapacidad para manejar un país nos está empobreciendo sin merecimiento alguno.

El PRI ha cavado su tumba, es cierto, pero tampoco en otros partidos se ven alternativas. Es importante insistir en que este tipo de medidas establecen una distancia, y seria, entre gobierno y gobernados.

El mercado de San Pablito de Tultepec quedó totalmente reducido a cenizas, lo que es franca denuncia, -y va la 3a.-, de negligencia, tolerancia e incompetencia enmarcadas en la corrupción, permitiendo que poblaciones atiborradas de pólvora "recreativa", causen verdaderas tragedias que en consecuencias funestas son invitaciones a la muerte.

Y como casi siempre que hay eventos trágicos, -no dejan de ser botines publicitarios-, la parafernalia política se luce.

El gobernador de EdoMex, Eruviel Ávila haciéndose presente en la zona trágica, asegurando que la atención de los heridos en hospitales de su estado con instalaciones de primer mundo, eran las óptimas, cuando se supo que vecinos de algún municipio dispusieron la recolección de material médico faltante en determinado nosocomio de Cuautitlán, dentro del mismo estado.

En tanto, el gobernador Ávila, en transimisión en vivo de su cuenta de red social, aseguraba la calidad profesional y la infraestructura de salud que su Estado tiene, tomándose "selfies" desde el hospital que visitaba, mostrando su actividad ejecutiva y enseñando su capacidad para afrontar hechos como el sucedido. Los políticos de eso viven cuando el reflector jala, que ni que...

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz inició la recuperación de 53 unidades pesadas de construcción que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa prestó a municipios y particulares sin llevar un registro de su uso ni de dónde se encontraban físicamente. Algunas se encuentran en manos de particulares que las usan para sus negocios. Se han recuperado 8 unidades pertenecientes al gobierno.

Cualquiera se preguntaría: ¿por qué el INE -convertido en inequitativo censor de la libertad de expresión entre los pretendientes de la candidatura presidencial- sanciona al gobernador de Puebla y no lo hace con los demás aspirantes, cuando todos, abierta o veladamente, se promueven para lo mismo? La respuesta más simple es: ante los vacíos jurídicos existentes en la materia, no aciertan a identificar el bien jurídico a tutelar: la equidad o la libertad de expresión. Tampoco saben qué hacer con dirigentes partidarios que sin ser gobernantes abiertamente -y lo que es peor, utilizando los tiempos del Estado- se promueven muy anticipadamente para las elecciones de junio de 2018.

El origen de todo esto es la falta de expedición de la Ley de Propaganda Gubernamental, reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 134 Constitucional que, desde el 14 de diciembre de 2007, el Congreso de la Unión nos sale debiendo a todos los mexicanos. La otra causal deriva de la reforma Constitucional de Febrero de 2014 remitiendo a la ley el precepto de que todo ese 6% de tiempo del Estado se distribuya en forma igualitaria entre todos los partidos políticos nacionales en mensajes de 30 segundos cada uno.

Es importante hacer notar que mientras todas las demás prerrogativas a los partidos polìticos se distribuyen de acuerdo al criterio de un 70% con relación a su porcenteje de votación y un 30% en terminos igualitarios, aquí toda la prerrogativa es en términos absolutamente igualitarios, convirtiéndose ésta en la madre de todas las prerrogativas, al hacer que un partido que apenas obtuvo el registro y logra el mínimo de votación para conservarlo tenga los mismos derechos que otro con más de 80 años de antigüedad y que obtiene un 30% de la votación. Si en términos de financiamiento se ahorca a los partidos pequeños, en acceso a los medios de comunicación se les compensa desproporcionadamente.

Eso ha traído como consecuencia que mientras a Rafael Moreno Valle lo sancione el INE por "la promoción de sus logros de gobierno y cualidades personales" en una entrevista difundida en sus sitios de internet. En contraste, AMLO, entre el 20 de noviembre de 2015 y el 17 de marzo de 2016 lanzó 218,088 spots de 30 segundos cada uno; y Ricardo Anaya 674,188 (en estos momentos al escribir este artículo lo estoy escuchando), sin que nadie y ninguna autoridad les pueda decir nada. Todo eso consumió durante ese período 5,618 horas, equivalentes a 234 días de estar escuchando tonterías.

Ese es el absurdo del modelo de comunicación política prevaleciente: 1.- El INE persigue la promoción política personalizada de cualquier actor político que no sea dirigente de un partido político, en vez de tutelar la libertad de expresión y el debate público de las ideas; 2.- Transmitir basura comunicacional en spots de 30 segundos, para lo único que ha servido es para trivializar y spotizar la política; alentar el abstencionismo y no contribuir a la formación de ciudadanía.

En el consulado de México en Los Ángeles los empleados vivieron en la incertidumbre durante todo lo que va del mes, pues la administración de esa oficina diplomática, a cargo del cónsul Carlos García de Alba, les retuvo la 2a. quincena de noviembre, la 1a. de diciembre y hasta el aguinaldo, debido a que, les dijeron, no había quien firmara los cheques.

Apenas ayer se pusieron al corriente con sus pagos, 2 días después de lo marcado como límite por la ley para entregar el aguinaldo.

Pobre PRD, por un lado están los que desean llevarlo a una alianza con el PAN, convertirlo en el Partido Verde del PAN. Por otro lado están los que quieren llevarlo a una alianza con Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, donde MC sea el partido dominante y que Dante Delgado se apropie de lo que le queda al PRD, siendo MC el partido más votado de esta posible alianza. El PRD tiene que hacer su propia definición y ser parte de una coalición con las izquierdas; si no, en cualquiera de los 2 escenarios tiene un destino muy negativo.

El Poder Legislativo, nos costará 15,688.5 millones de pesos. La Cámara de Diputados 8,051 millones de pesos.

Integran la cámara 500 diputados, que el presidente Peña Nieto prometió reducir a 400, de los cuales 300 son por elección popular y 200 por representación proporcional según la votación por los partidos políticos. Para ser diputado se requiere: Ser mexicano por nacimiento, tener 21 años cumplidos y ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de ésta con residencia de más de 6 meses. No estar en servicio activo en el ejército ni al mando en la policía, no estar desempeñando cargos públicos de importancia, no ser ministro de algún culto religioso. A partir de 2018 podrán ser reelectos hasta por 4 periodos consecutivos.

Los principales requisitos para ser diputado están en la Constitución desde 1917 hace casi 100 años y no obstante las 267 modificaciones que se le han hecho no se ha previsto que para ser legislador se requiera mayores conocimientos jurídicos y una edad más madura. Si bien, es cierto que hace 100 años no había suficientes profesionistas capacitados en materia legislativa, ahora hay varias carreras como las de abogado, economista, contador público y administración pública y podría exigirse como requisito que tengan estudios jurídicos, lo cual no se hace porque los partidos políticos son los que colocan como diputados a quienes tienen méritos partidistas o influencias y no a los más preparados. Es por esta razón que quienes fueron escogidos para esta noble función en vez de trabajar para sus representados a los que deben servir, trabajan para servirse y acuerdan toda clase de bonos y compensaciones para aumentar sus ingresos que no son nada despreciables.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, informó ayer que debido a la crisis económica por la que atraviesa el estado, pedirá un crédito por 700 millones de pesos para pagar salarios pendientes y aguinaldos.

"Recibí un estado en desastre y no nos dejaron dinero sino sólo deudas", dijo.

Al recordar que persiste el adeudo por 2,200 millones de pesos con proveedores, que heredó del gobierno de Gabino Cué, Murat indicó que sigue gestionando ante la federación recursos para iniciar con el pago de dichos empréstitos.

"La grave situación del sector Salud, de la Seguridad Pública, con los transportistas, los conflictos universitarios, de límites territoriales y la extendida ineficacia en las acciones de gobierno tienen al estado en una situación de desastre".

Quizá sea la facilista forma de gobernar lo que ha dado paso a ya 10 años de la intervención del Ejército en la seguridad interna del país, porque lo otro, la formación de cuerpos policiales altamente capacitados, la creación, fortalecimiento y modernización de las instancias de inteligencia, es mucho más complicado... Si, requiere voluntad política, objetivos nacionales claros y compartidos, capacidad, compromiso y recursos. Demasiado para muchos que dirigen este país.

Y la permanencia del Ejército, a quien se agradece su compromiso y lealtad, resulta para muchos ejecutivos de los estados muy cómoda a la luz de la desorientación política y social existente, a la luz de su ignorancia sobre la militarización de un país. No ven los altos costos que tendrá en la afectación de los derechos básicos de la democracia. No cavilan que a más ejército menos autoridad civil... equilibrio que una vez perdido costará enormes esfuerzos recuperar, no porque el Ejército quiera permanecer, sino porque el poder civil, hoy escaso, se habrá extinguido.

Dar certeza al Ejército, sin duda, es necesario, no pueden seguir trabajando en el limbo, pero hay condicionantes indispensables que deben asegurar que su ejercicio sea acotado en tiempos y formas. Y es curioso que en las distintas mesas de discusión del tema, ha sido el propio general Cienfuegos, y no las autoridades civiles, quién está acotando el actuar del Ejército. 1o. porque no es deber constitucional del Ejército Mexicano cuidar la vida interna del país, mucho menos sustituir al poder civil. 2o. porque es desde áreas importantes de la Secretaría de Gobernación y desde los gobiernos de los estados desde donde se debe cuidar la seguridad de la población. Porque a más extensión del Ejército, menos espacio para que el poder civil cumpla con sus obligaciones.

Nada es más fácil que seguir pidiendo al Ejército que llene los espacios de vacío, incumplimiento constitucional de los poderes del Estado, pero nada más costoso. Para muestra lo que ocurre en Totolapan, Guerrero, que expone que los gobernadores no cumplen su obligación, dejan abandonada a la población y descansan su irresponsabilidad en el Ejército. Así, en este negativo círculo vicioso: la ciudadanía está en vilo, el Ejército sobrecargado, la democracia agraviada y los dirigentes políticos siguen evasores.

De los ajustes por 1,685 millones de pesos al Presupuesto de Egresos 2017 que aprobaron los diputados [de Jalisco], la mitad se tomaron de los recursos contemplados en una partida destinada al pago de deuda pública, que inicialmente era de 1,241 millones y quedó en 382.5 millones.

Los legisladores presumieron que el monto reasignado fue histórico, debido a que por 1a. ocasión representó 1.7% del presupuesto total (de 98,000 millones) con la finalidad de atender las demandas de los entes públicos que habrían tenido problemas para cerrar el próximo año con la bolsa etiquetada por el ejecutivo.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio la razón a Televisa y al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, al revocar las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral y, con ello, permitir la difusión en el portal de Internet de la televisora de una entrevista al mandatario poblano realizada en el programa Chapultepec 18 y un promocional de la revisa Esquire.

Asimismo, los magistrados determinaron que el INE no tiene facultades para emitir medidas cautelares en las que piden a Rafael Moreno Valle abstenerse de emitir declaraciones que lo posicionan con objetivos electorales o destaquen los logros de su gobierno y sus cualidades personales, pues con ello se estaría restringiendo la libertad de expresión hacia el futuro y, según resolvieron, esa forma de medida preventiva constituye censura previa.

Los partidos políticos, más ocupados en lo suyo que en las bases y ya no diga usted en el resto de la sociedad, han venido a menos en todos los aspectos menos en el del financiamiento y spots gratuitos.

El año que viene, que sólo hay elecciones en 3 estados, México, Coahuila y Nayarit, los partidos recibirán del INE más de 4,000 millones de pesos y millones de anuncios en los medios electrónicos.

Del destino de los miles de millones de pesos se sabe poco por la falta de transparencia que se documenta con las multas reiteradas que la autoridad electoral les impone por la opacidad en la que se mueven y como operan; de los millones de spots, pues, que sirven para la promoción de los proyectos presidenciales de sus dirigentes.

Este desapego de las cúpulas con las bases ha provocado la falta de cuadros nuevos, de políticos de nueva generación como se ve, dramáticamente en Ciudad y en el Estado de México.

Del entonces Distrito Federal, el PRI postuló 2 veces, en 2006 y 2012, a Beatriz Paredes para jefa de Gobierno, mientras el PAN se tuvo que ir con 2 externos, Demetrio Sodi, senador del PRD, en 2006, y la señora Isabel Miranda, en 2012, sin éxito alguno. El PRD no es ajeno. Siempre ha postulado a perredistas con antecedentes tricolores en algún momento de su vida: Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Para 2012 se les acabaron y recurrieron a un externo: Miguel Ángel Mancera, que ganó ampliamente.

Y en el Estado de México, para 2017, el PAN piensa en Luis Felipe Bravo Mena, que no quiere, y el PRD en Alejandro Encinas, que fueron candidatos hace 23 años, en 1993, y en 2012.

Les digo: la falta de cuadros los mata.

Pero mientras haya financiamiento, ¡qué les importan los cuadros...!

Aunque pierdan.

Históricamente lo que más ha arruinado a nuestro país ha sido la soberbia de la clase gobernante, que suele acompañarse de corrupción, malas administraciones, simulación e impunidad. Pero aquí en Jalisco el pique que tienen el gobernador Jorge Aristóteles y el alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro ha provocado que entre ellos se establezca una especie de competencia por demostrar quién es políticamente más correcto, y por tanto caminan "derechitos", a pesar de los escándalos y mala imagen de algunos colaboradores de ambos o de gente muy cercana.

El gobernador, político joven, sin planes en el corto plazo, busca terminar su gestión con una calificación sobresaliente, bien visto a nivel nacional, y sobre todo no caer en el descrédito de sus ex colegas de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.

Alfaro, por su parte, tiene claro su objetivo de llegar a ser gobernador, y por la tanto lo suyo es gobernar haciendo campaña, y obligadamente tiene que andar muy bien portado.

Entre ambos se hacen marcaje personal.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó reducir en 118 millones de pesos las multas originalmente previstas a los 9 partidos nacionales, comités estatales de partidos con registro nacional y nueve partidos locales, mismos que serán sancionados ahora con 402.2 millones de pesos por irregularidades en su ejercicio ordinario 2015.

Los descuentos beneficiaron a todos los partidos y fueron posibles porque se flexibilizaron criterios por "única ocasión", ya que ésta es la primera vez que el INE fiscaliza a las dirigencias estatales de partidos nacionales y a fuerzas políticas locales, mismas que estaban "acostumbradas" a revisiones de menor alcance.

Así, resolvió que los gastos que carecen de fines partidistas fueran sancionados sólo con el 50% y no 100% del monto involucrado.

El INE también perdonó multas y permitió que los partidos se regularicen en 2017 en las cuentas por cobrar y por pagar que tengan una antigüedad de más de un año.

Otro rubro que hizo posible los descuentos fue la decisión del INE de no sancionar a los partidos por no ejercer el recurso etiquetado que reciben para actividades específicas, ni tampoco usar la bolsa de recursos que reciben para fortalecer el liderazgo político de las mujeres.

En ambos casos se les dio un periodo de lo que resta de 2016 y todo 2017 para erogar las sumas que debieron ejercer.

Las rebajas en las multas alcanzaron para todos los partidos, según los montos que se tenía proyectado aplicar. En el caso del PAN, de 91.5 millones de pesos que alcanzaría originalmente, se redujo su sanción a 50.48 millones de pesos.

El PRI, cuya sanción se perfilaba en 88.6 millones de pesos, sumará ahora 50.22 millones de pesos.

El PRD, que sería sancionado con 122.7 millones de pesos, ahora se perfila con sanción de 117.9 millones de pesos, el PT, que alcanzaría 58.1 millones de pesos en multas, ahora será sancionado con 47.5 millones de pesos. Morena pasó de 52.4 a 47.99 millones de pesos en multas.

El PVEM, cuya multa original era de 25.1 millones de pesos, bajó a 21.34 millones de pesos. Movimiento Ciudadano, cuya sanción era de 30.8 millones de pesos, alcanzó 20.28 millones de pesos; el Panal bajó de 11.2 millones de pesos a 9.4 millones y el PES, de 30.5 millones de pesos, quedó en 30.1 millones de pesos.

En el Congreso de Jalisco dijeron que para elegir auditor estatal no había (a)cuerdo porque en realidad le hacían al loco.

Los legisladores, al atomizar su sufragio para evitar la mayoría calificada de alguno de los 3 aspirantes, en realidad "votaron" por una 4a. candidata: María Teresa Arellano Padilla, auditora especial de la ASEJ.

Alonso Godoy seguirá sentado, cómodo, en la Auditoría estatal, al menos otro año. Los diputados no votaron por él sino por su disfraz.

Los que se equivocaron fueron los diputados y sus jefes políticos. No es una cuestión moral, ni de orgullo, fue un error político. Me explico.

El argumento de los diputados del PRI, en voz de su coordinador, Hugo Contreras, fue que ninguno de los candidatos que habían aprobado el examen tenía méritos suficientes para ser auditor. No nos vamos a poner a discutir quién tiene méritos para qué, porque muchos de los diputados no saldrían bien parados de una discusión así. El punto nodal es que fueron ellos, y solamente ellos, los que pusieron las reglas del juego, establecieron el mecanismo del examen, decidieron quién podía proponer las preguntas y también qué preguntas había que hacer en el examen. Ellos decidieron que para ser elegible se requería un mínimo de 80 puntos.

A través del diseño del mecanismo los diputados fueron quienes privilegiaron el perfil técnico sobre cualquier otra consideración y luego usaron ese mismo argumento para descartar a los aspirantes. No conozco a ninguno de los 3 finalistas pero los 3 tenían todo el derecho a ser auditores porque jugaron con la reglas y tenían los méritos. A menos que, cabe la posibilidad, todo haya sido desde el inicio una simulación. Porque la excusa es que ninguno llenaba el perfil, pero la verdad es que ellos y sus respectivos jefes políticos tuvieron miedo de elegir un auditor que no les respondiera o tuviera cualquier posibilidad de convertirse en independiente. De qué sirve gastar y promocionar programas como Gobierno Abierto, hablar de transparencia, predicar la honestidad y darse baños de pureza si no son capaces de someterse al escrutinio verdadero de sus cuentas públicas.

Los políticos ya mostraron que nada les duele tanto como un auditor independiente y que son capaces de los peores desfiguros con tal de no permitirlo. Ese fue el error de los diputados. Lo que nos toca a los ciudadanos es subir el nivel de la exigencia. El próximo año tendrá que discutirse en Jalisco, como en todo el país, el aterrizaje estatal del Sistema Nacional Anticorrupción. Una oportunidad maravillosa para quitarle a la clase política esa tentación de que no nos metamos en lo que sí nos importa.

Desde lejano tiempo atrás, he señalado enfáticamente que uno de los puntos más vulnerables que dañan a nuestro país, es el referente al sentido de INMADUREZ política en una grandísima parte de gente que medra del gremio, y que se significa por una mentalidad sensibleramente retrógrada, que se manifiesta en conductas, estilos y formas que en ocasiones rayan en la estupidez.

Hace unos cuantos días, en un festín finañero de senadores perredistas, se hizo del insulto un monumento ofensivo para el que, se quiera o no, guste o no guste y se acepte o no, es ya el presidente electo de EE.UU. Donald Trump.

Tema de moda y en boga, con recordatorios a su progenitora -vulgo mentadas-, coros con agitaciones de manos y sacudimiento de muñecas entonando al unísono la poca respetuosa y fonéticamente fuerte expresión futbolera de "¡Puu...o!", y dejando para cierre del evento la tan tradicional como pintoresca y folklórica piñata. Por supuesto que ésta, con la efigie de quien regirá los destinos del país que hasta ahora, es el socio comercial más importante para el nuestro.

Ahora ya, a poco más de un mes de tomar el poder de la presidencia de la nación más poderosa del orbe, a claras sabiendas de sus planes y proyectos enfocados como negociante que es más que de político que es lo que no es, en vez de tratar con inteligencia, con astucia, con capacidad diplomática de planificar condiciones y circunstancias que puedan significar una baja de tono a las ríspidas relaciones que se están presentando, venga, a ir por la agresión.

Y escribo esto, dado que las intenciones del republicano van en ver, a criterio y pensamiento, actitud y forma, lo que conviene a su nación, que no por fuerza tiene que ser lo que conviene a la nuestra, que se siente insegura y hasta temerosa en muchos aspectos que pueden llegar a afectarla, cuando el reto que el mandatario mexicano Peña Nieto -y su gente- tiene que afrontar.

A los senadores del PRD les comento que recuerdo al boxeador que recibiendo una lluvia de cuero, su entrenador le pregunta: "¿tiro la toalla mi kid...?", a lo que el golpeado pugilista responde: "No, por favor, dásela en la mano, no vaya a ser que se encabrone más...".

La decisión de no nombrar mañana un nuevo auditor es una forma mañosa de dejar a Godoy un año más.

Hay que recordar que Alonso Godoy fue reelecto para un segundo periodo justamente porque los actores políticos de aquel momento (a saber Emilio González Márquez, Hernán Cortés Berumen, Aristóteles Sandoval, Enrique Alfaro y Raúl Padilla) fueron incapaces de llegar a un acuerdo y decidieron reelegir a Godoy con una condición: un pacto de impunidad para todos estos actores (no es de extrañar que las cuentas públicas de todos ellos o sus representados no hayan tenido jamás una sola observación por parte de Godoy). No elegir a un nuevo auditor el día de mañana es lo más conveniente para Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval.

La ruta será votar el martes sin llegar a la mayoría calificada, levantar el teléfono y avisarle a María Teresa Arellano Padilla, auditora especial de Cumplimiento Financiero de la ASEJ, que se queda como encargada de despacho hasta que se reponga la convocatoria.

Y garantizar un 2017 sin prisas (y con las mismas tranzas).

Porque Arellano Padilla, ratificada en 2011 por 9 años en el cargo, encabeza la lista de la Comisión de Adquisiciones de la Auditoría y su aval está en todas las "travesuras" de Godoy.

Por ejemplo, las camionetas de lujo (¿le habrá tocado a ella la suya?), los millones en mobiliario y las jugosas adjudicaciones, "deporte" en donde reina Godoy. Y para muestra un botón (de pánico): este año avaló la compra de uniformes para secretarias por medio millón de pesos.

El presupuesto es una maravilla inventada por los políticos para con el maravilloso pretexto de servir al pueblo, de tanto que lo he dicho ya ni lo pienso pero prácticamente todos los actos de gobierno están mal hechos y cuando no lo son, son notoriamente más caros que si los hiciese otro, además de que en un alto porcentaje lo que rige es la mentira.

Ahora que a la mejor a usted le parece barato que tener gobierno le cuesta a cada nacional más de 40,000 pesos, eso hay que saberlo y alegrarse cuando se notifica lo que los diputados se dan de fin de año y lo que no se dice (no vaya usted a investigar el fondo de fortalecimiento estatal y municipal -MOCHES, por sus iniciales en turquestano-) y si usted tiene la curiosidad de ver el presupuesto verá que en presupuesto dividido entre 39 diputados, estos cuestan arriba de 15 millones anuales cada uno y cuestan igual (en caso de que existan) los buenos y los malos, los preparados y los impreparados, los que dicen que cobran salario y prebendas, como los que históricamente han hecho publicidad diciendo que no cobran, todos ellos, honestos (que alguno debe de haber habido, aunque sea difícil de creer) y los sinvergüenzas que son la regla; todos ellos cuestan lo mismo y el infelizaje cree que abusan, y lo creen a pesar de que es evidente que desde siempre los gobernantes, o cuando menos la inmensa mayoría de estos van por la lana, aunque finjan los más singulares motivos como amor a la humanidad, servicio.

Es falso. Busquen el rastro del dinero y si dicen renunciar a éste, mírelos con doble desconfianza porque además de ser pillos, son mentirosos.

Mientras el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, cita a una infrecuente conferencia para decir que el Ejército no está a gusto en las calles, que no estudió para perseguir pillos, que 2016 fue un mal año por el repunte de la violencia, que las policías no han dado una en 10 años y que nadie se ocupa de sacar el marco legal que regule sus acciones, 4 miembros del gabinete arman el #retoguacamole.

Las quejas del secretario tuvieron destinatarios definidos, si bien soslayó los nombres propios. El primero, su colega de Gobernación, Miguel Osorio Chong, a quien recordó que la seguridad interior es su responsabilidad, no de militares ni marinos, como también insistir en que se apruebe la nueva ley. "Pero tampoco hay prisa y no ha habido prisa en muchos años para eso, y los que estamos confrontando los problemas somos nosotros".

De ahí reprochó al congreso, en especial al Senado, y después se fue contra las policías estatales. El 1er. aludido respondió con un exhorto al legislativo para aprobar la Ley de Seguridad Interior y los diputados y senadores, ipso facto, se echaron la bolita entre bancadas. Ya todos andan en bermudas para irse de vacaciones.

AMLO arrancó su campaña presidencial en Televisa porque "Chapultepec" sigue siendo "el medio" para construir votantes. Por eso el lenguaje moderado y las formas amables de López.

Y, claro, porque a despecho de los que suponen que la televisión abierta ya no produce votos, "el rey de las redes" confirmó que los ciudadanos que acuden a las urnas no son -y no serán en 2018- los nativodigitales y/o los usuarios de redes.

Las redes hacen ruido, crean odio y percepcion, construyen o destruyen prestigios, pero la televisión abierta sigue modelando votantes; aquellos por los que van Morena, PRI, PAN y PRD.

Liópez respondió lo que le vino en gana, casi nunca lo que le preguntaron.

Es decir, AMLO es el mismo de hace 20 años. ¿Lo dudan?

El 2 de junio de 1996 -en Misantla, Veracruz-, en declaración durante un mitin, prometió: "Por encima de todo, condenamos cualquier intento y cualquier acción cuyo propósito sea debilitar las instituciones nacionales, porque no solo saldría del poder el Presidente, sino que perderíamos toda la nación".

Y en un acto insólito que traicionó a Cárdenas, propuso: "Zedillo podría tener el apoyo del pueblo mexicano, de nosotros mismos, pero no se la quiere jugar del lado del nacionalismo, de los intereses patrios... si para salvar la república tenemos que apoyar a la presidencia, no vamos a titubear en hacerlo".

El mensaje fue claro. AMLO propuso -y lo consiguió- ser presidente del PRD en alianza con el presidente Zedillo, y de ahí salieron la reforma electoral de 1996-1997 y el aval presidencial para que AMLO fuera candidato al GDF en 2000.

Hace horas, Carlos Loret preguntó a AMLO: "¿Estaría usted dispuesto a colaborar con el gobierno de Peña Nieto para enfrentar lo que pudiera venir con Donald Trump?"

AMLO dijo: "Sí, si la causa lo demandara, fácil, ahí estaría del lado de Peña Nieto y de quien fuese para defender al pueblo, para defender a los migrantes y para defender la soberanía del pueblo".

Y como los ciudadanos tenemos derecho a especular, especulamos.

¿Propuso AMLO un pacto -otro pacto- a Peña Nieto? ¿Qué daría cada cual a cambio? ¿La moneda de cambio es el Estado de México?

A pesar de la existencia de legislación de transparencia y diversas reformas en materia de contabilidad gubernamental, sólo 63 de 453 municipios cumplen con criterios de transparencia presupuestal, siendo los municipios del estado de Chiapas y las delegaciones de la Ciudad de México los más opacos, revela estudio del IMCO.

"Para los amigos justicia y gracia, para los enemigos la justicia a secas", decía Benito Juárez.

Los spots con cargo al erario que ha emitido López Obrador equivalen a 31 días ininterrumpidos y consecutivos de anuncios, sin, por ejemplo, la obligatoriedad que tuvieron todos los candidatos de todos los niveles de Morena de colocar en su publicidad electoral de este año, la imagen de Andrés Manuel en toda su publicidad o la innumerable cantidad de entrevistas y mítines donde el líder de Morena habla de sus legítimas aspiraciones para el 2018.

Si en su caso hubiera justicia a secas tendría que tener fuertes sanciones por actos anticipados de campaña, pero con él hay justicia y gracia e incluso indulgencias plenarias. Pero lo mismo sucede con todos los demás aspirantes aunque, salvo Ricardo Anaya, ningún otro puede acceder a spots de radio y televisión. Pero allí están desde Margarita Zavala hasta Ivonne Ortega, desde Mancera hasta Castañeda o Ferriz, haciendo su lucha y hablando de sus aspiraciones.

¿Por qué el INE se ha ensañado con Moreno Valle? Las explicaciones son tan confusas como discrecionales las decisiones: la más extendida es que como él es funcionario público podría estar utilizando recursos públicos para ello. Lo dicen sin pruebas, pero si fuera así todos los dirigentes partidarios (en este caso Anaya y López Obrador) usan recursos públicos con ese objetivo. Se dijo también que esas entrevistas podrían ser pagadas, sin mostrar una prueba de ello. Si fuera así ¿ninguno de los otros aspirantes sería sospechoso de lo mismo?

Es una suma de barbaridades que demuestran simplemente que la actual ley electoral no sirve, resulta inequitativa y precisamente por eso es discrecional, no se aplica de acuerdo con lo que saben y tienen comprobado los consejeros sino con lo que creen o piensan. Es el reino de los posverdad.

Y toda esta discrecionalidad tiene origen en la reforma del 2007, que prohibió a los ciudadanos y organizaciones contratar publicidad, que le regaló a los partidos millones de pesos y de spots que fueron creciendo geométricamente año con año, y que terminó estableciendo regímenes diferenciados sobre quién puede acceder a publicidad y quién no: los presidentes de los partidos pueden hacerlo, los funcionarios quién sabe, los ciudadanos que no son una cosa ni otra, no pueden. Los criterios para televisión y radio son unos, para prensa escrita otros, para redes ninguno. Los partidos tienen derechos, los ciudadanos no.

Con las reformas del 2007 un grupo de intelectuales y periodistas nos amparamos precisamente contra este despropósito. El tema llegó, luego de un largo recorrido legal, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La solución es relativamente sencilla pero afecta demasiados intereses. En principio, los partidos deben recibir mucho menos dinero: este 2017, sólo del ámbito federal, recibirán más de 4,000 millones de pesos, más cientos de miles de spots gratuitos, prerrogativas de todo tipo, instalaciones y oficinas, recursos legislativos y estatales. Es una afrenta.

Como en otros países los partidos deben recibir una cantidad mínima de recursos federales y nada más. Se deben financiar de sus militantes y de aportaciones privadas. ¿Qué es inequitativo? Sí, la política lo es. Los partidos deben vivir de su trabajo, no del fisco. Deben tener una mínima cantidad de anuncios gratis para todos, y el resto de la publicidad deben pagarla. Todo ciudadano u organización debe tener derecho a participar, opinar y pagar publicidad política: desde un sindicato hasta un empresario o un grupo de ciudadanos.

Todos debemos tener el mismo derecho de expresar públicamente nuestras opiniones, de la misma forma que todo político que aspire a un cargo está en su derecho a hacerlo. ¿Qué es lo que debe hacer entonces la autoridad? Cuidar que en eso no se utilicen recursos públicos, y que los recursos que lleguen a candidatos o partidos sean legítimos y transparentes, como en cualquier otra democracia.

Hoy estamos en el peor de los mundos posibles: con una política electoral cara hasta la ofensa, alejada y prohibida para los ciudadanos, por ende inequitativa. Los partidos y los funcionarios electorales olvidan lo principal: ellos son un simple instrumento, no el fin de la democracia.

Cuando más baja está la popularidad del presidente Peña Nieto, uno de sus villanos favoritos desde 2012, Andrés Manuel se desmarcó de la ola en su contra de manera contundente: lo describió como un chivo expiatorio del sistema y lamentó que se haya vuelto "deporte nacional" pegarle al mandatario.

Hace un par de años habría sido impensable, pero ayer lo dijo con toda tranquilidad: trabajaría al lado de Peña Nieto para hacerle frente a Donald Trump ante una eventual amenaza al país o sus migrantes. Ni siquiera lo dudó.

Ya no insistió en que Peña Nieto podría tener cáncer, como lo dijo más de una vez. Ahora considera que "está mal" pero que a lo mejor es un "asunto depresivo".

Abundó en su propuesta de una "amnistía" a los corruptos del régimen actual y en una frase atajó la pregunta sobre si metería a la cárcel a su antecesor en caso de llegar al poder. Ofreció: "Olvido, no. Perdón, sí".

En cambio, con el villano favorito de 2006, Felipe Calderón, fue duro. Quizá porque la posición de Margarita Zavala en las encuestas los pone de nuevo como rivales electorales. Dijo que convirtió al país en un cementerio, que debería ofrecer una disculpa al pueblo de México por haber golpeado el avispero sin una estrategia clara y admitir que no ganó la elección. Hasta le reprochó su ingratitud porque "después de que le ayudó a hacer el fraude electoral" (?) no ha ido a visitar a Elba Esther Gordillo a la cárcel.

Y sobre su villano favorito, el único, de toda la vida, Carlos Salinas de Gortari, no varió su postura: ahora lo describió como "el padre de la desigualdad moderna en México" y sugirió investigar cuánto dinero tiene, "¿qué tal que resulta que es el hombre más rico del mundo?". No sé si fue un chanfle. Quiere debatir con él, no con los dirigentes del PRI y el PAN. Con esos quizá después.

Está de vuelta el Andrés Manuel de las campañas.

En otra muestra de su desconexión con los temas que interesan a la gente, los legisladores han decidido posponer para el próximo año el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción.

El tema es el que más irrita a la ciudadanía. El tema es el que más está incidiendo en la decisión de votar. El tema es el más mencionado en todos los medios de comunicación. El tema es el que más se recrimina a la clase política. Y sin embargo... no se mueven.

En lugar de aprovechar la ola de atención pública al tema de la corrupción y nombrar un buen perfil, que despierte confianza, al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción (así de entramado es el nombre oficial), siguen los jaloneos, se mantiene el pobre espíritu de intercambio de favores entre los partidos y no escuchan -o hacen como que no escuchan- el grito de la sociedad.

Celso Rodríguez ha sido el más longevo de los presidentes del poder judicial [de Jalisco], 7 años al frente gracias a artilugios legales. Experiencia no le falta, pero tiene 2 cosas en su contra. El haber sido un presidente muy cercano a los gobiernos del PAN, en concreto a Emilio González Márquez, y que pesan sobre él asuntos que, si bien no han sido probados, afectan su fama pública, particularmente una acusación de ser el autor intelectual de un asesinato y de falsificar un acta de una sesión del pleno.

Antonio Fierros tiene a su favor tener una larga carrera en el poder judicial y haber presidido la Asociación de Jueces. Sin embargo se le ve como alguien muy ligado a Vega Pámanes y en su momento al ex rector Carlos Briseño. Ninguna de las 2 referencias son hoy una buena carta de presentación. En 2009 un grupo de ciudadanos pidió su destitución por dejar en libertad a un secuestrador y homicida, lo que no le ayuda demasiado en estos momentos.

Arcelia García Cásares, aunque llegó apoyada por el PAN, hoy tiene el apoyo de un grupo de priistas encumbrados entre ellos Arturo Zamora. Carga sobre su espalda haber aparecido como una de los 18 magistrados que metieron a sus familiares a trabajar al poder judicial. Ella "solamente" a 3 hijos.

Ricardo Suro es el candidato más mencionado y con mayores posibilidades de ser electo. Cuenta con el apoyo y la amistad del gobernador (fueron compañeros en la Facultad de Derecho) y lo que eso significa. Sin embargo, eso mismo podría ser un defecto, pues no se le ve como alguien independiente. Es demasiado joven y demasiado nuevo en el poder judicial.

Lucía Padilla, magistrada de carrera, tiene 30 años en el poder judicial y es magistrada desde 2007. Es la candidata del grupo que encabeza el magistrado Higinio Ramos y ha hecho una carrera sin escándalos ni controversias. Fue el candidato frente a Vega hace 4 años.

Carlos Raúl Acosta es de los más antiguos magistrados y con mayor experiencia: lleva ya 48 años en el poder judicial. Llegó a magistrado de la mano del ex gobernador Cosío, y fue presidente del Tribunal en 1998-99. Se le ve como alguien respetable. Lo más grave que se ha dicho de él es que 2 de sus hijas trabajan en el poder judicial.

Sin duda Andrés Manuel quiere ser el voto antisistema: la definición de que todos los que no están con él (desde políticos hasta empresarios, pasando por comunicadores) son parte de "la mafia en el poder" es una generalización que busca ayudarle en esa lógica. Por eso mismo tampoco quiere ir aliado con nadie a las elecciones estatales: no le alcanzó para ganar en Veracruz o el año próximo en el Estado de México pero sí para posicionarse. Su objetivo es el 2018.

Con todo, el propio López Obrador ha tenido que moderar su discurso porque los márgenes del voto antisistema en México no están bien definidos: para López Obrador que gane Trump no genera problema alguno, que se vaya Carstens tampoco, pero al mismo tiempo dice que no tendrá ni aviones ni helicópteros, todos los traslados los hará por tierra, no tendrá custodias, son barbaridades, pero lo que quiere decir es que el único problema que tiene México es que él, aún, no es presidente. No es el voto antisistema sino el voto populista.

Sus adversarios, todos, están apostando a otras cosas.

Van 2 elecciones presidenciales consecutivas en que López Obrador ha perdido porque el umbral de sus votos es menor que el del rechazo que genera.

Hay que acabar con aberraciones como la decisión del INE contra Moreno Valle al que le prohíben hablar de su gestión, de su persona y de sus aspiraciones cuando otros lo hacen cotidianamente, con recursos públicos y sin que el INE levante siquiera una ceja. Nuestro sistema electoral cruje desde la reforma del 2007. Hoy las grietas, y la inequidad, son más visibles que nunca.

Yo estoy totalmente en contra de esos pasquines que se dedican a rendir pleitesía a los políticos, que los nutren de elogios en sus portadas a cambio de jugosas sumas de dinero, y luego promocionan dizque la revista o el periodiquito, pero en realidad publicitan al protagonista de su portada, y llenan de anuncios espectaculares, vallas, parabuses, módulos de valet parking. También estoy en contra de las entrevistas pagadas porque me parece violan la esencia del periodismo y significan un flagrante conflicto de interés.

Me parece por ello loable que la autoridad electoral busque identificar a quienes no los motiva el periodismo sino la publicidad disfrazada y trate de evitar que violen la ley realizando actos de campaña disfrazados de noticias.

Pero en ese camino, el INE actúa como Donald Trump: incapaz de discernir entre los mexicanos valiosos (la inmensa mayoría) y los pocos que son criminales, los tacha a todos de asesinos, narcos y violadores.

Así le hace el INE con la prensa: la semana pasada dictaminó medidas cautelares para que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, no pueda dar entrevistas en las que promocione su gestión de gobierno.

El fallo del INE no discierne entre el periodismo y la propaganda. Y daña con ello la libertad de expresión:

Si mañana cae ceniza del Popo, el periodista no le puede preguntar qué medidas está tomando el gobierno para proteger a la gente y el gobernador no puede contestarlas porque estará presumiendo su gestión de gobierno y el INE se le va encima. Si hay un asesinato, ni cómo cuestionarle de los operativos para capturar a los responsables y ni cómo informar él si logró detenerlos.

Para solucionar un abuso, el INE quiere abusar de todos. Si el ladrón se esconde entre la multitud, que arresten a la multitud.

Contratar a hijos como secretarios, juicios políticos en su contra y señalamientos por beneficiarse de las cuotas partidistas destacan en el historial de [algunos de] los magistrados que suenan como candidatos para ocupar el puesto de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Entre los 33 magistrados que componen el tribunal, figuran Carlos Acosta, Ricardo Suro, Lucía Padilla, Arcelia García, Antonio Fierros y Celso Rodríguez como posibles aspirantes para ser la cabeza del Poder Judicial. Sin embargo, según una búsqueda hemerográfica y en portales de transparencia y de gobierno, no todos tienen un historial limpio.

Celso Rodríguez, titular de la 6a. Sala especializada en materia penal, fue presidente del tribunal de 2006 a 2012. En 2005 se amparó para continuar como magistrado y un año después sería elegido presidente. En 2008 fue acusado de falsificar el acta de una sesión y un año después se interpuso un juicio político en su contra. Además, según la averiguación previa 135/2002/P, fue citado a declarar por el homicidio de un joyero de nombre Javier Armenta, pero el documento se extravió y no hay más información.

Por otra parte, un grupo de ciudadanos presentó un juicio político en 1995 contra varios magistrados, entre ellos Carlos Acosta, actual presidente de la 3a. Sala especializada en materia civil, por supuestas violaciones a las garantías individuales, actos u omisiones en perjuicio del interés público. Ningún juicio procedió.

En 2002, ciudadanos también pidieron la destitución del entonces juez Antonio Fierros, hoy miembro de la 10a. Sala especializada en justicia integral para adolescentes y penal, a quien señalaron de dejar en libertad a un secuestrador y homicida.

En el caso de Ricardo Suro, fue nombrado magistrado en 2014. Durante el proceso para su nombramiento no asistió a las entrevistas convocadas por la Comisión de Justicia del Congreso del Estado (que no eran obligatorias), y el entonces diputado Víctor Sánchez lo señaló de tener un currículum "pobre" para el cargo y de ser una cuota partidista.

Mientras que Arcelia García Cáceres, de la 5a. Sala especializada en materia civil, fue señalada en 2005 de contratar a su hija en un puesto de secretaria al interior del Supremo Tribunal.

No está nada fácil de resolver la situación en que se encuentra el Poder Judicial del Estado de Jalisco. En bancarrota, sin siquiera contar para pagar sueldos y aguinaldos; con un nuevo sistema de Justicia Oral arrancando a "empujones"; con una nómina cargada de recomendados y desquehacerados; con un presupuesto para el 2017 que no contempla más recursos.

Mientras que algunos se mantienen leales a los principios de la Ley, no faltan los que de la noche a la mañana "cambian bandera", pues el poder, como el dinero, son una "droga" difícil de dejar, en donde los sueldos exuberantes y las muy diferentes prestaciones a las de otros servidores públicos -incluyendo al gobernador y al propio Presidente de la República-, con bonos de retiro y jubilaciones que les permiten una vida de lujos que contrasta con la que vive el resto de la población.

López Obrador es un sui generis candidato de izquierda. Si revisamos los 50 puntos, hay una serie de propuestas que chocan abiertamente con los postulados tradicionales de la izquierda. Por ejemplo, bajar los precios de la gasolina y el diésel (punto 24). O, ni un peso más de deuda, sin importar para qué (punto 10). Estas "contradicciones", le permiten a López Obrador abanderar una agenda con fuerte contenido de austeridad y saltarse decisiones costosas como subir impuestos.

López Obrador entiende que la corrupción tiene hartos a los mexicanos, pero lo que en realidad los fustiga, son los privilegios de la clase política. Desmantelar los privilegios de la clase política, es uno de los activos que tiene López Obrador en sus manos.

En un clima de indignación con la política y los políticos, la estrategia de atemorizar al posible votante de López Obrador para influir en su voto, puede ser menos eficaz que en 2006 o en 2012.

Empero, no podemos olvidar los pasivos, todo eso que conspira en contra de sus posibilidades de ser presidente. Al "Peje" le sigue faltando que las cuentas cuadren: credibilidad. Para ampliar su electorado, es fundamental que lo que promete sea coherente y tenga realización práctica. Sea factible y creíble para el común de los mexicanos. Si nos metemos a los 50 puntos que propone, parece que todo se resolverá con austeridad gubernamental y combate a la corrupción. Sin embargo, si van a bajar las gasolinas, los impuestos y no habrá ni un peso de deuda, no me queda claro cómo se financiará el proyecto alternativo que propone para 2018-2024. Uno de los grandes déficits del proyecto de López Obrador es precisamente la falta de credibilidad sobre algunos planteamientos que no están cimentados en datos duros.

Su concentración geográfica le pone un techo electoral que ya conocemos. Si López Obrador no conquista a los jóvenes, a las clases medias y a las mujeres en Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla o Chihuahua, difícilmente podrá competir. Para ello, debe transitar de planteamientos de molde nacionalista-revolucionario, a programas más urbanos, liberales y de vanguardia.

Con la Ciudad de México y algunos enclaves en el sur, López Obrador se volverá a quedar corto. Y en los lineamientos presentados el 20 de noviembre pasado, vemos escasos guiños a estos segmentos de la población, abstencionistas tradicionales, pero que bien podrían salir a votar por un candidato que hable su idioma.

López Obrador tendrá muchas dificultades si no logra unir a la izquierda detrás de su candidatura. Por más que los desprecie, el PRD y MC son fundamentales para su coalición electoral. Excluirlos podría significar mandar al PRD y, posiblemente a MC, a los brazos del PAN. Si con la izquierda unida no ha podido ser presidente, imaginemos con la actual fragmentación.

El miedo sigue vivo. Es cierto que pocos consideran que López Obrador sería Hugo Chávez o Fidel Castro, pero es innegable que las clases medias y altas tienen suspicacias sobre los límites de un López Obrador en la Presidencia. Incluso, presentar con anticipación su proyecto de gobierno, aunque sean los lineamientos básicos, es un mensaje de certidumbre ante las dudas que despierta su candidatura en algunos sectores de la opinión pública. En los lineamientos hay matices e incluso cambios de postura.

Seguramente López Obrador y su equipo de asesores hizo un balance de la elección pasada y entendió que el discurso del amor y la reconciliación (la república amorosa) como antídoto para contrarrestar su imagen de candidato de confrontación, llegó tarde y no fue suficiente para hacerse con la Presidencia. Creo que lo que están haciendo ahora es actuar con casi 2 años de anticipación para reducir lo máximo posible el escozor que causa su candidatura. Por ejemplo, punto 18: que un candidato se comprometa a no caer en ocurrencias, nos dice mucho de las suspicacias que genera entre muchos mexicanos.

López Obrador tiene un proyecto muy débil en materia de combate a la inseguridad. No sabemos si ésta será la principal preocupación de los mexicanos en 2018, pero es de llamar la atención la vaguedad de sus planteamientos. Puntos comunes y poco más. Podemos estar a favor o no de su proyecto de combate a la desigualdad, al desempleo o a la corrupción, pero lo tiene y se puede debatir sobre una base. En el caso de la reducción de la violencia, López Obrador no ofrece nada nuevo ni siquiera una narrativa propia.

Aunque la autoridad presume estrategias para salir de los problemas financieros, la deuda de la paraestatal Servicios y Transportes (SyT) mantiene contra la pared al organismo. Mientras su presupuesto anual es de 382 millones de pesos, según su portal de transparencia, los pasivos se ubican en 1,455 millones (al corte de julio pasado).

En el arranque de la presente administración, la otra paraestatal del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome) fue la más exhibida por las anomalías detectadas por la Contraloría. De las más de 9,000 observaciones en el sexenio pasado a los Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco, Sistecozome lideraba las irregularidades con 25 procedimientos administrativos contra funcionarios. Hoy, esta paraestatal también arrastra deudas por 497.1 millones de pesos, pero los pasivos se quedan cortos con los registrados por SyT.

Los pasivos más fuertes de SyT son con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf); también destaca los que mantiene por arrendamiento de unidades y con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

En el desglose, la deuda del organismo de transporte con la Sepaf asciende a más de 880.6 millones de pesos, por préstamos que le ha otorgado y a los que se suman millones de pesos en intereses y actualizaciones.

Entre los pasivos más elevados está el rubro de proveedores: el monto asciende a 420 millones de pesos. En éste, la cantidad más cuantiosa corresponde al contrato de arrendamiento de 208 camiones con Solucash, por una suma de 364.1 millones de pesos (data de agosto de 2015).

Como parte de los pasivos también se enlistan los contratos con el Ipejal, al que se le deben 132.2 millones de pesos, como parte de lo que denomina deuda histórica de anteriores administraciones, principalmente por el desvío de las cuotas obrero-patronales hacia el organismo estatal.

Además, SyT tiene un adeudo de alrededor de tres millones de pesos con el sindicato, en este caso, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.

Es aberrante la facilidad con la que se puede saquear al erario en este país, sin consecuencia alguna, además de que con detenciones erráticas, demandas mal planteadas, amparos prostituidos, cochupos y juzgadores amistosos, se disfruta en brevísimo tiempo las millonarias raterías infringidas e incluso se cuenta con los suficientes recursos intocados para acceder a curules plurinominales o "de paga", financiar campañas de candidatos "comprometidos" o dilapidar fortunas mal habidas en francachelas faraónicas o negocios turbios. Esa es la educación de ejemplo, con la que formamos a nuestros niños, esos políticos corruptos, "triunfadores", "de éxito", que solapamos aquí y auxiliamos en el extranjero, ¿serán un buen modelo a seguir? Solo aspiro a que los jóvenes que se inician en el ejercicio de su participación ciudadana, tomen el lugar que les corresponde en su tiempo y ejerzan el voto, razonado y comprometido, y sepan defenderlo; castigando a quienes convierten los partidos en mafias y las curules en feudos.

De acuerdo al Decreto Constitucional, el próximo 31 de enero de 2017 es la fecha límite para que la Constitución de Ciudad de México esté lista. El tiempo transcurre, iniciamos diciembre, el último mes de este intenso año, pero los trabajos para la elaboración de la Constitución permanecen estancados y la Asamblea Constituyente se encuentra extraviada en un mar de intereses y de cálculos políticos.

Dos meses y medio transcurrieron en la discusión de formas y de procedimientos para un órgano que tendrá cinco meses y medio de vida. ¿Casualidad? No. Abiertamente el grupo parlamentario de Morena se ha dedicado a obstaculizar los trabajos en el pleno y en las comisiones, recurriendo incluso a patéticas agresiones físicas. Su estrategia es oponerse sistemáticamente a cualquier propuesta. Tal vez los constituyentes de Morena supongan que con estas acciones afectan a los otros grupos parlamentarios, cuando en realidad lo único que logran es obstaculizar que la ciudadanía de la capital cuente con una mejor carta magna.

La Constitución de Ciudad de México debe ser aprobada por la mayoría calificada de dos tercios de los constituyentes presentes. Esto significa, por una parte, que se requieren amplios consensos para que una propuesta avance y de un tercio para impedir la inclusión de alguna propuesta en el texto constitucional. Ante esta circunstancia el PRI y el PAN han asumido una actitud de cálculo político, dejando en segundo plano las demandas de la ciudadanía.

El problema más notable en el proceso constituyente de Ciudad de México es la ausencia de la ciudadanía en la discusión.

[Esto es típico de cualquier grupo de mexicanos tratando de ponerse de acuerdo acerca de lo que sea. ¿Por qué creen que el país está como está? - El webmaster.]

No hay en los "50 lineamientos" de AMLO nada que recuerde el programa de la Revolución Cubana. Hay cosas que recuerdan a los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo.

Diego Fernández de Ceballos dijo que el fracaso del Pacto por México se dio por la soberbia y ceguera del gobierno central y por la pequeñez del talento de los negociadores del PAN y del PRD.

Dado su actual endeudamiento y contexto económico, 2 entidades que estrenarán administración se aproximan a una espiral de impago: Veracruz y Chihuahua.

Estas entidades están en las listas de "los estados más endeudados de acuerdo con sus ingresos totales" y de "entidades con perspectiva negativa" por parte de Fitch Ratings, al igual que Sonora, estado que no cambiará de gobierno.

Esto las hace más propensas a tener menores notas por parte de las agencias calificadoras. Moody's bajó ayer la calificación crediticia de Veracruz y mantuvo su "perspectiva negativa".

También tiene observación negativa por parte de Fitch y HR Ratings y al igual que Chihuahua y Sonora tiene riesgos a la baja.

Disminuir una calificación crediticia influye en el costo de la deuda de los estados, ya que ésta puede ser más cara y refleja una mala gestión y un pobre desempeño presupuestal, de la liquidez y del nivel de endeudamiento, o contingencias como pensiones y jubilaciones, explicó Manuel Kinto, director asociado de Fitch Ratings.

Un mayor costo de la deuda representa a las entidades con deudas altas un menor margen de maniobra para sus finanzas. Si contratan más deuda, les saldría más cara y se volvería un ciclo que no les beneficia, dijo Francisco Vázquez Ahued, socio de Moody's.

El reciente informe "El Estado de Vigilancia: Fuera de Control" de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) volvió a ponerle sal a la herida.

¿Se acuerdan del software de espionaje denominado "Galileo" para extraer datos de dispositivos móviles e intervenir las comunicaciones? ¿Ese mismo que adquirió el Gobierno de Jalisco como parte de la estrategia nacional antisecuestro?

Pues el análisis de R3D revela que Jalisco no ha solicitado órdenes a algún juez para intervenir las comunicaciones de particulares este año, periodo en que estaría operando el denominado equipo de espionaje.

Hay 2 opciones y ni a cuál irle: el equipo de espionaje fabricado por Hacking Team está sin utilizarse... o se usa sin pedirle "permiso" a los jueces.

El Instituto Municipal de la Juventud en Guadalajara sufrió desvío de recursos por más de un millón de pesos e irregularidades administrativas en la administración pasada y ya hay una denuncia penal por este tema, anunció la actual directora del organismo público descentralizado, Priscilla Franco.

Más de un año después de empezada la administración, la funcionaria hizo un balance de la entrega-recepción del instituto y advirtió que encontraron presuntos desvíos por un millón 360 mil pesos sólo en recibos de nómina. Además faltan bienes, deuda con el SAT y con proveedores y "desatenciones jurídicas" que produjeron, entre otras cosas, un laudo por 4 millones de pesos.

A más de un año de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia, 72% de los fideicomisos y fondos que manejan recursos públicos incumplen las nuevas disposiciones.

No es posible saber cómo se manejan los recursos de fondos como el de Aportaciones Múltiples; de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas ni del Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores.

A la fecha, 410 fondos y fideicomisos deben cumplir con las nuevas disposiciones de la Ley General de Transparencia, pero 297 incumplen con los 8 puntos que indica la Ley en su artículo 77, de acuerdo con información del Instituto Nacional Acceso a la Información.

La situación permitiría el uso discrecional de recursos públicos, como ha sucedido a lo largo de los años, coincidieron expertos.

Hay sanciones previstas en la ley por el incumplimiento de obligaciones; sin embargo, se publicó un acuerdo en el que se amplió el plazo, al 4 de mayo de 2017.

Por lo que los entes encargados de hacer pública la información, tendrán que irla subiendo en lo que llega la fecha límite, sin que la prórroga los exima del cumplimiento.

El artículo 201 de la Ley plantea sanciones para los responsables incumplidos, por ejemplo una amonestación pública y una multa de 150 y hasta 1,500 veces el salario mínimo. Las multas económicas no podrán ser pagadas con recursos públicos.

Oscar Guerra Ford, comisionado del INAI agregó que hacer público el manejo de los recursos de estas figuras es importante porque en conjunto todos los fideicomisos y fondos públicos manejan recursos por más de un billón 700 mil pesos (?) (9% del PIB).

"Esta cifra nos da una idea de por qué muchos de estos organismos tradicionalmente han operado en la opacidad y algunos de ellos han sido utilizados para beneficio de particulares", dijo.

Enrique Peña Nieto está en su peor momento de popularidad, 69% de los ciudadanos desaprueba su gestión de acuerdo con un sondeo de la firma Mitofsky.

Sólo 24% de los mexicanos aprueba el trabajo del jefe del ejecutivo federal.

Como promedio en sus 4 años, el presidente muestra niveles más altos de desaprobación (57.7%) que sus antecesores. Felipe Calderón tuvo como media una desaprobación de 43.4%, Vicente Fox 42.1% y Ernesto Zedillo 45.1%.

Mitofsky resalta que el promedio de aprobación de alcaldes ha caído 13 puntos desde 2013, situándose en 41%.

Asimismo, la vinculada a los gobernadores ha retrocedido 23 puntos en el mismo periodo.

Aunque todavía no se conocen las deudas totales, los ex gobernadores de Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango terminaron gestiones con dos factores en común: dispararon los pasivos con bancos y son señalados de corrupción.

En 2010, César Duarte llegó al poder en Chihuahua. Ese año, el gobierno estatal adeudaba 11,000 millones de pesos, pero en septiembre pasado la cifra se incrementó a 46,000 millones. Rodrigo Medina, quien arribó a la gubernatura de Nuevo León en 2009, encontró un pasivo por 8,000 millones y lo creció a 37,000 millones de pesos.

En la 3a. posición está el más polémico: Javier Duarte, de Veracruz: llegó con 19,000 millones y, dos semanas antes de que solicitara licencia, sumaba 41,000 millones de pesos.

Cuando Guillermo Padrés fue gobernador de Sonora la deuda pasó de 4,000 a 17,000 millones de pesos, aunque es el único en la cárcel por operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Roberto Borge (Quintana Roo), Egidio Torre Cantú (Tamaulipas) y Jorge Herrera (Durango) se suman a la lista. Cuando llegaron los 7, sus administraciones estatales debían a los bancos 61,000 millones y se fueron con pasivos por 180,000 millones de pesos.

Las sanciones contra servidores públicos tras las fiscalizaciones de la Auditoría Superior de la Federación se han quedado cortas. A pesar de los escándalos de corrupción que involucran a una decena de administraciones estatales que recientemente concluyeron, Guillermo Padrés (de Sonora) es el único ex gobernador en la cárcel.

La ASF documenta que, en el histórico 1998-2014, ha interpuesto 723 denuncias penales contra entidades de los 3 niveles de gobierno por el mal uso de recursos federales. De éstas, 132 se han presentado ante la Procuraduría General de la República contra las administraciones de ex gobernadores señalados de irregularidades, como Javier Duarte (Veracruz) César Duarte (Chihuahua) Rodrigo Medina (Nuevo León), Eugenio Hernández (Tamaulipas), Juan Sabines (Chiapas), Narciso Agúndez (Baja California Sur) y Guillermo Padrés (Sonora), entre otros. En su momento, también advirtió de anomalías del entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. La gestión de Javier Duarte encabeza las denuncias: 55. A pesar de que la Auditoría alertó desde 2012 sobre las anomalías en sus cuentas públicas, hoy está prófugo. En ese año se observaron 13,000 millones de pesos.

La administración jalisciense de Emilio González ocupa la 2a. posición con 23 denuncias, principalmente por las presuntas anomalías de su cuenta pública 2012. Ese año, la Auditoría presentó 21 denuncias penales por observaciones en 4,828 millones, pero no hay información del avance de las investigaciones. Las 23 denuncias ante la PGR son adicionales a las 11 que presentó la Contraloría ante la Fiscalía de Jalisco en la presente administración, también por la cuenta 2012. Sobre este tema, el fiscal Eduardo Almaguer actualiza: "Las que lleva el Gobierno del Estado están integrándose. Ha sido complejo porque intervienen diversos actores e instancias... son contra diversos funcionarios, pero no hay una acreditación directa, hasta el momento, donde hubiera un señalamiento contra el ex gobernador". Sin embargo, confirma, hay otras 3 denuncias por el manejo de fondos o abuso de autoridad contra Emilio González interpuestas por ciudadanos.

El verdadero campeón mexicano del populismo se llama Andrés Manuel López Obrador, quien parece el verdadero maestro Trump.

Y es que, en los hechos, AMLO y su Morena son los vectores de la política mexicana responsables del contagio del populismo en México durante el nuevo siglo. Hoy todos copian a AMLO, quieren parecer AMLO, al grado que en el PAN dicen que Anaya es el AMLO azul.

Y revitalizado por la impensable victoria de Trump, allende la frontera norte, hoy AMLO promueve y promete bajar el cielo a la tierra y salvar las almas con su populismo al mejor estilo de Chávez y Maduro, en Venezuela.

Y son muchos los bobos que creen el sermón de AMLO, que imaginan que la salvación de la patria vendrá por obra y gracia de la redención divina del populismo, del discurso populista engañabobos.

Epidemia que enfermó a partidos y políticos. ¿También enfermará a la sociedad?

Los "tesoros" naturales de La Chingada de AMLO se conocen a partir de un texto del propio Obrador -Reforma, 13 de noviembre-, en donde ensaya "cualidades" narrativas que describen la cuantiosa inversión en una finca con centenares de caobas, cedros y frutales de todas las variedades tropicales, además de una laguna, un puente y un camino circundante, sin olvidar un camino especial de flores para su amada.

¿Quién paga ese palacio natural que presume y describe el propio AMLO y que dice heredó a sus hijos? ¿Quién paga ese lujo natural si el padre y los hijos no trabajan? El interactivo de "la joya" natural conocida como La Chingada se puede ver en www.letraroja.com.

La "casita" de AMLO en Chiapas tiene una extensión de casi 14,000 metros cuadrados y está valuada en 25 millones de pesos. De manera formal fue heredada a sus hijos -según la 3de3 de AMLO-, y es conocida como La Chingada. Se localiza en Palenque, Chiapas, y según el tabasqueño "es herencia paterna" recibida en 2000, justo cuando se convirtió en jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Sin embargo, y a pesar del cuestionado origen del rancho de AMLO -y que sus características son similares a los ranchos de pillos como los Duarte de Veracruz y Chihuahua, y Padrés-, a pocos escandaliza que López Obrador sea parte de los potentados de la política mexicana.

¿Por qué pocos se enojan y sorprenden? Porque ya no sorprende a nadie el tamaño de su mitomanía y menos la "cachaza" para el cinismo exhibidos por AMLO.

Eso sí, López Obrador dijo que como presidente de Morena gana 600,000 pesos al año -50,000 pesos al mes-, cantidad claramente insuficiente para el mantenimiento de un paraíso natural de cientos de árboles maderables y frutales, como La Chingada.

Además, AMLO asegura no tener otros ingresos y aunque dijo que sus viajes los paga con dinero de sus libros, no dijo la cantidad generada por los mismos.

Desde 2012, según su declaración 3de3, AMLO dejó de ganar dinero. En 2012 el Partido del Trabajo y el PRD le pagaban 12,500 pesos al mes. Luego, Honestidad Valiente AC le daba 20,000 pesos al mes y, en todo 2013 y 2014 no tuvo nada de ingresos. ¿Quién pagaba el mantenimiento, el predial, la luz, el agua, las flores y los servicios de un rancho de casi 14,000 metros y que requiere mucho trabajo?

Si no fuera suficiente, el automóvil y la camioneta de AMLO, la casa en Tlalpan -donde vive-, un departamento y 2 terrenos en Puebla, serían de su esposa. Y la esposa también paga el menaje de la casa, las obras de arte y las joyas. Nada es de López. De risa loca.

Resulta que López Obrador -igual que Ricardo Anaya- tiene gastos de potentado: viaja por todo el país y por el mundo, exhibe lujos y dispendios y, al igual que el jefe del PAN, las propiedades y los negocios son de la esposa, hace todo por sus hijos y los ingresos de los dos líderes partidistas casi idénticos: 50,000 pesos promedio.

Y en su ilegal campaña presidencial, AMLO promete el cielo para los pobres, pero vive como potentado.

En 2008 en la ciudad de Dallas, Texas, buscábamos orientación migratoria en el consulado a cargo, en aquel entonces, de Enrique Hubbard Urrea. Sólo máquinas contestadoras recibían las llamadas. La atención al migrante era pésima y no extrañó que meses después el cónsul fuera removido por presuntos actos de corrupción: el funcionario permitía que trabajadores a su cargo obtuvieran ingresos extras abusando de las tarifas de la venta de fotografías para el pasaporte y fotocopias de documentos para trámites. De ese nivel era el encargado de auxiliar a los mexicanos en aquella ciudad.

No hubo partido político de oposición que no criticara los presupuestos nacionales enviados por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. Los recortes en educación y salud son históricos. De la misma forma, los recursos para obra pública rozan el mínimo en décadas. Y, sin embargo, el viernes 11 de noviembre, los presupuestos fueron aprobados con el "sí" de 438 de los 500 diputados. Es decir, la aprobación del 87.6% de la cámara. Sólo se opusieron al paquete económico, los 34 legisladores de Morena y 2 del PRD. El resto, a pesar de las sonadas críticas, levantaron la mano y dijeron sí al proyecto presupuestal presentado por Peña Nieto. Y no sólo eso, en la misma sesión, los diputados se subieron el sueldo de 1'432,000 pesos al año a 1'460,000 pesos -sí, después de hablarnos meses de austeridad-. Pero más increíble es que cada año pasa lo mismo. Desde 1997 a la fecha, de acuerdo a los datos de Integralia, el presupuesto de egresos es aprobado por una súper mayoría de entre 84 y 98%. ¿Cómo es posible que todos estén de acuerdo con el presupuesto que presenta el ejecutivo?

Simple: porque el presupuesto constituye la cúspide de este proceso de erradicación del pluralismo en el sistema de partidos. En el presupuesto, que como bien se ha definido "es la política hecha números", entran los intereses de todos. El dinero para los partidos. El dinero para los alcaldes. El dinero para los gobernadores. El dinero para las metrópolis. El dinero para el campo. El dinero para sindicatos. El dinero para obra. No hay ningún incentivo para oponerse, ya que la negociación del presupuesto explota el lado más particularista y clientelista de la política mexicana. Nos damos cuenta que los diputados no están ahí para defender a un anciano desprotegido por la seguridad social o para que un joven pueda estudiar en la universidad pública. El presupuesto es una gran cobija que debe proteger los intereses de los partidos políticos y, por eso, el gasto programable, el que sí se puede mover, es el espejo de las pujas y los intereses particulares. Y después nos preguntamos por qué no funciona el gasto público para reducir desigualdades y combatir las precariedades, la negociación política es una buena pista para darnos una explicación.

Los nombramientos son reflejo de esa tendencia de los partidos políticos a responder como clase y no como responsables ante su electorado.

Los partidos políticos en México son reconocidos como instituciones de interés público, con autonomía y enormes caudales de dinero, por una sola razón: para no caer en la órbita del ejecutivo, y de poderes fácticos, convirtiendo nuestra democracia en un pluralismo de ficción. Sabemos que la autonomía institucional y partidista fue fundamental para construir el régimen de la transición en México. A pesar de esos buenos deseos fundacionales, hoy estamos en el peor de los mundos. Mantenemos un sistema de partidos muy caro y opaco, supuestamente para dotar de autonomía a sus decisiones y para que puedan defender los intereses de su electorado; no obstante, en los temas clave se convierten en una clase más preocupada por mantener sus privilegios que por acordarse de sus votantes. Siempre fui un firme convencido de la idoneidad del dinero público para financiar a los partidos como forma de evitar su cooptación por parte de poderes fácticos que pueden ir desde el narco hasta los empresarios con más capacidad de chantaje. Sin embargo, el modelo se agotó: nos cuesta una fortuna y no tenemos partidos autónomos. Es tiempo de repensar el modelo de financiamiento de los partidos políticos, su autonomía y el estatus que ocupan en el marco constitucional del país.

Hace tiempo lo escribió Mauricio Merino: la transición votada en México supuso enfocar nuestras baterías a reformar el sistema electoral, pero nos olvidamos que después de las elecciones hay que gobernar. Nunca pusimos igual ahínco en aceitar la división de poderes que parece hoy en día una simulación, y menos en entender la importancia del combate a la corrupción en las democracias recién nacidas. La transición a la democracia dio lo que pudo dar. El multipartidismo pagado con recursos públicos no nos llevó a una democracia de competencia y a mejores oposiciones políticas, sino simplemente a la simulación, la protección de intereses particulares y el derroche de recursos millonarios en burocracias partidistas. Los partidos políticos deberían ser mantenidos por sus militantes y simpatizantes, y con esas reglas de financiamiento, que existan los que sean. Nuestro modelo de financiamiento público sólo nos ha llevado a la cartelización de nuestros partidos que en los temas espinosos de la agenda se convierten en un solo interés con una sola agenda. Recordemos, un buen gobierno siempre necesita una buena oposición -la enseñanza británica.

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación elevó la multa al PVEM de 3.2 a 7 millones de pesos tras resolver que se favorecieron con publicaciones vía la red social Twitter de celebridades durante la veda electoral de las elecciones federales de 2015.

Ahora se sabe que los partidos políticos deben cerca de 700 millones de pesos al SAT, al IMSS y al Infonavit, lo que podría constituir un delito, sobre todo en el caso de las cuotas del Seguro Social y del Infonavit.

Ante estas deudas, los partidos no pueden alegar falta de solvencia, porque de los 15,000 millones de presupuesto del INE, ellos reciben más de 4,000 millones.

El gobierno de Veracruz debe al OPLE estatal 170 millones de pesos del pasado proceso electoral, por lo que no han podido pagar ni a los proveedores y hay elecciones municipales el año que viene, lo que en estas circunstancias no pueden organizar.

Y en donde andan apurados por el cierre de año, pero no por la gran cantidad de trabajo que tienen sino porque parece que el presupuesto no les va a alcanzar para cumplir con los compromisos de pago, es en el Supremo Tribunal de Justicia [de Jalisco]. Desde ahí nos llegan lamentos de que parece que las arcas no ajustan y ni pensar en el Buen Fin. Vaya que ha sido un año turbulento para el poder judicial con los escándalos en torno al ex magistrado Luis Carlos Vega, súmele todo lo dicho en torno a Leonel Sandoval, y para rematar los temas de la mala calidad en la construcción de la ciudad judicial y la bronca con el estacionamiento además de los desfases en la entrega de sedes judiciales.

Gastos en viáticos, retenciones sin pagos de pensión alimenticia, ni compensaciones por trabajos especiales, transferencias electrónicas millonarias a trabajadores, retenciones pendientes de ingresar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Infonavit e inconsistencias en comprobación de datos financieros, son parte del desvío de recursos por 580 millones de pesos derivado de la auditoría a la Cuenta Pública 2015 de la Universidad Autónoma de Nayarit, por parte del Órgano de Fiscalización Superior.

¿Qué tratamiento periodístico han recibido y seguirán recibiendo lectores de La Jornada y ciudadanos en general sobre el caso de Gonzalo Rivas, el llamado "héroe de la gasolinera", si para directivos, editorialistas y columnistas de La Jornada, Luis González de Alba no mereció una línea ágata?

Valen las preguntas porque si entre directivos, articulistas y columnistas de La Jornada se han impuesto como línea editorial no solo el odio, la mezquindad y el pensamiento único, no se puede esperar otra cosa que odio, mezquindad y -sobre todo- el tufo estalinista que impregnan en el tratamiento "periodístico" del llamado "héroe de la gasolinera", a quien el Senado distinguió con la Medalla Belisario Domínguez.

Y por lo visto y leído, directivos, editorialistas y columnistas de La Jornada heredaron a Gonzalo Rivas el odio que exhibieron hacia Luis González de Alba.

Y es que -como saben- el diario La Jornada escatimó hasta un elemental responso a uno de sus fundadores y colaborador destacado, Luis González de Alba, quien en vida cometió "el pecado capital" de criticar el estalinismo de los directivos de La Jornada.

Además denunció la farsa y el plagio de "Elenita" Poniatowska sobre el crimen de Estado de 1968 y cuestionó que ese diario fuera entregado al interés partidista y electorero de López Obrador.

Lo curioso es que en el Senado y en medios como La Jornada, aquellos que cuestionan la Belisario Domínguez a Gonzalo Rivas son parte de la claque de AMLO; el grupo político que pactó la imposición de los Abarca en la alcaldía de Iguala, los mismos que niegan rabiosos que directivos y líderes de la Normal de Ayotzinapa eran parte del crimen organizado -a pesar de las evidencias-, y son los mismos que aplauden el vandalismo, la destrucción de la democracia e impulsan la implantación en México de dictaduras, como la venezolana de Maduro y la cubana de los Castro.

Al tiempo que cuestionan y rechazan la entrega de la Belisario Domínguez a Gonzalo Rivas, los mismos directivos, articulistas y columnistas de La Jornada defienda lo indefendible; a mafias magisteriales y al crimen metido en las normales rurales, como la de Ayotzinapa y hasta ignorar que AMLO impuso a los Abarca en Iguala, a sabiendas de sus vínculos criminales.

Nada dicen de las evidencias de que la familia Abarca aportó dinero en efectivo para la política del PRD y del grupo político de AMLO. Nada dicen de las evidencias de que los Abarca compraron la alcaldía de Iguala y que, por ello, fueron impuestos, a pesar de las denuncias de corrupción.

Y tampoco sorprende que votaran en contra de que Gonzalo Rivas fuera reconocido con la Belisario Domínguez los senadores adictos a AMLO: Layda Sansores, Manuel Bartlett y Mario Delgado.

Ya se volvió muy rentable llamarse perseguido político. Ya cualquiera lo hace.

El junior que heredó el sindicato minero huyó a Canadá porque lo perseguían por haber desaparecido decenas de millones de dólares del fondo de sus trabajadores y pidió asilo como refugiado. El ex gobernador que entregó su estado al narco y que puso a su hijo a negociar con el capo dice que es víctima de una maquinación en su contra. La vitalicia dirigente de los maestros con vida de magnate. El hermano incómodo y su cuota de 10% para cerrar cualquier trato en la presidencia de su familia. Napito, Fausto, Elba, Raúl, como Villanueva, Lankenau, Cabal, El Divino, Espinosa, Hank. Puro Pobre Perseguido Político.

Y el más reciente, el impresentable ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías. Basta hacer una revisión de los señalamientos en su contra: saqueó al erario y sin mayor sofisticación, depositó el dinero en sus cuentas personales; torturó y encarceló 4 años a su trabajadora doméstica con tal de acusarla de la desaparición de 7 millones de pesos, construyó una presa en su rancho y la mandó destruir cuando lo cacharon; inventó empresas, encumbró a sus hermanos, salpicó a su propio hijo y ahora sale con el cuento de que es un perseguido político.

¿Habrá alguien que le crea?

Atorados en el anhelo de un sistema político sin contrapesos, los caciques cometen las tropelías y piensan que no habrá consecuencias. De entrada, en Sonora la ciudadanía castigó al régimen de Padrés y le quitó la gubernatura al PAN, como se la quitó al PRI de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua por los mismitos motivos. Para zafarse de la justicia, a esta pandilla de ex gobernadores les han de aconsejar que "se victimicen".

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con desgano de parte de las autoridades que tienen a su cargo su instalación y puesta en marcha, comenzó a dar luces.

En dicha ley se establece la intervención de un Comité de Participación Ciudadana que, entre sus funciones tiene la de diseñar y promover las políticas generales de fiscalización y control de recursos públicos, para prevenir, controlar y disuadir faltas administrativas y hechos de corrupción e investigar las causas que los generan.

Este comité presentará un informe anual sobre los avances y resultados de sus funciones, podrá emitir recomendaciones para corregir desviaciones y actos de corrupción que, por supuesto, no son vinculantes para las autoridades, lo cual quiere decir que tendrá el mismo efecto que las llamadas a misa, las oímos pero no estamos obligados a ir. Tratándose de un comité formado por ciudadanos, es lógico que no tenga la fuerza legal necesaria para que sus recomendaciones se apliquen.

Los miembros del comité estarán remunerados y contratados sobre la base de honorarios, y disfrutarán de cierta independencia porque no están sujetos a una relación laboral; tampoco gozarán de las prestaciones que tienen los empleados. Si bien por una parte eso garantiza que no estarán sujetos a recibir órdenes de las autoridades de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, también deberá evitarse que los nombramientos de sus integrantes se manejen por cuotas partidistas o por recomendaciones de influyentes como ya sucede en el Instituto Federal Electoral que al principio funcionó como un órgano independiente libre de política y después se corrompió.

Así mismo el Comité de Participación Ciudadana es el conducto por el cual se reciben las peticiones, solicitudes y denuncias que presenta la sociedad civil, para hacerlas llegar a la Auditoría Superior de la Federación y a las autoridades de fiscalización superior locales.

No hay que confundir al Comité de Participación Ciudadana con la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana que desde hace tiempo existe en el Senado de la República y que como podemos ver, no ha sido suficiente para abatir la corrupción, pues si hubiera hecho bien su trabajo, no sería necesario implantar todo un sistema nacional para continuar con la labor de hacer que rinda el dinero que pagamos de impuestos haciendo buen uso de los recursos públicos.

Por cierto, ¿cuántas críticas a Trump de López Obrador ha visto a lo largo de este año? No hay ninguna. Su visión es que no hay que meternos en los asuntos de Estados Unidos.

¿Será esa la explicación real o la razón de no hacerlas será el cálculo de lo que mucho que le beneficiaría el triunfo del republicano?

El problema del Poder Judicial no se resuelve sacando a Vega Pámanes de la presidencia, ni siquiera con la renuncia definitiva de éste o incluso un juicio político. La enfermedad es mucho más profunda: lo que tiene podrido al Judicial es el sistema de cuotas de los partidos y sus respectivos dueños o factores de poder.

A Vega Pámanes hay que hacerle juicio político no por la llamada a a Salvador Caro sino por haberle mentido al Congreso [de Jalisco]. Pero, lo peor que nos puede suceder es que todo quede en un linchamiento público a un personaje, que los diputados entreguen la cabeza del magistrado al circo mediático y no se cambie de fondo la manera de elegir los miembros del máximo tribunal de justicia del estado.

Se debe modificar el margen de decisión de los diputados, es decir, que el hecho que sean ellos los que tiene la representación no quiere decir que son, como hasta ahora, los dueños de los puestos a nombrar y mucho menos de las plazas de trabajo que de ellos emanan.

Experiencias hay; unas más positivas que otras. El nombramiento de los consejeros del ITEI dejó claro que la batalla será dura, pero necesitamos un mecanismo similar, en el que el congreso escoja a partir de un universo de elegibles previamente cribado por exámenes en manos de la sociedad civil. Ningún mecanismo es perfecto, pero siempre será mucho mejor. Si no aprovechamos la crisis para transformar, todo habrá quedado en una inútil batalla entre políticos.

Si esperamos a que el Instituto Nacional Electoral sea el único que ande cazando abusos, nunca vamos a acabar. Los pillos siempre van a apostar a las limitadas capacidades de los árbitros. Entonces, ¿y si mejor entre todos le ayudamos a los árbitros?

Antes que exigirle al INE que recorra todo el país para contabilizar el tamaño del abuso de este esquema de propaganda con tufo fraudulento, si existiera una sencilla plataforma la ciudadanía podría tomar foto y georreferenciar cada uno de los anuncios de esta mascarada con los que se tope en el camino. Algo así como jugar a cazar Pokemones, me dijo un amigo al que le comenté el asunto.

Porque el INE puede decretar, como de hecho ya lo hizo, medidas cautelares sobre estos anuncios, y evaluar durante meses las pruebas y las evidencias para decretar si amerita una multa que el TEPJF, previsiblemente, le echará abajo. Eso es lo formal.

Pero si entre todos juntamos fotos y localización de los Pokemorenovalles, seguro le será más difícil al político, y a su palero publicitario, hacerse el que nada supo de esa burda maniobra.

El Instituto Nacional Electoral ha frenado la aparición en los medios del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, que se ha desplegado, sobre todo a partir de una intensa aparición en revistas y otros medios escritos que a su vez se publicitan por los electrónicos. Dicen que es proselitismo anticipado.

Al mismo tiempo, desde hace años, Andrés Manuel López Obrador desarrolla una intensísima campaña en todo el país, basada en millones de spots que le otorga, como a todos los partidos, el propio INE y en los que abiertamente el presidente de Morena hace proselitismo electoral. En todo México no hay un anuncio de un candidato de Morena, para gobernador o para lo que sea, que no vaya acompañado de imágenes de López Obrador. No hay mitin en el que López Obrador no pida el voto para las elecciones del 2018.

En el PAN, Ricardo Anaya, con una oposición interna que no tiene López Obrador en Morena, sale en todos los spots del PAN con un logo en gran tamaño que lo identifica como "presidente", se supone que del partido.

Pero el INE sanciona a Moreno Valle.

Es una barbaridad y un sinsentido, producto de una ley electoral que simplemente distorsiona y convierte en desigual, por sus desaciertos y abusos, todo el proceso. Ya es hora de que los partidos tengan menos recursos, muchísimos menos spots y que cada aspirante busque en la sociedad, no en los dineros públicos, los apoyos que pueda obtener.

Los magistrados rompiendo el quórum sin justificar su ausencia para evitar la licencia de Vega Pámanes es una muestra más del bajísimo nivel de nuestro poder judicial: 16 de los 34 ministros que debieron haberse presentado a la sesión se hicieron la pinta sin dar una explicación pública de su ausencia.

Algunos magistrados y el Gobierno del Estado están jugando a ganar tiempo. Se trata de una leguleyada para que la licencia de Vega venza el 1o. de enero, cuando él formalmente dejaría ya de ser presidente y para poner en estos 2 meses que quedan del periodo a personajes afines al grupo de Leonel Sandoval y el propio Vega. El problema es que lo están haciendo de tal manera y con tal torpeza que lo que están logrando es una fractura en el pleno del Poder Judicial que hoy está más roto que nunca.

Los grupos que controlan el tribunal se van a dar hasta con la cubeta en el proceso para la elección del nuevo presidente. La elección tendrá que hacerse antes del 15 de diciembre, aunque el periodo comienza el 1er. día del próximo año (si algo hay sagrado en el poder judicial no es la ley, son las vacaciones). Todos están metiendo la mano en el proceso y están poniendo en riesgo la institucionalidad de lo que, en principio, debería ser el poder que vigila y garantiza que se respete la ley.

El grupo en el poder está haciendo hasta lo imposible por no perder el espacio. El magistrado Sandoval y el secretario de Gobierno, Roberto López Lara, han estado operando para dejar uno o dos magistrados afines en la presidencia en estos dos meses y por supuesto para dejar a alguien cercano al gobernador como presidente a partir de enero.

El gobernador y su padre están perdiendo legitimidad a pasos agigantados. No es para menos: ellos propusieron y empujaron a Vega y son en gran medida responsables del descrédito que hoy tiene el tribunal. Como se está configurando el escenario será muy difícil que el próximo presidente salga de las filas de este mismo grupo, pero tampoco se ve un liderazgo claro que pueda sacar adelante el proceso. Son tantas las manos políticas que están metidas en el poder judicial que lo que está en juego ya no es sólo la presidencia sino la institucionalidad, cada día más fallida.

Está claro, hay una red de complicidades para consolidar actos de corrupción, los políticos no se mueven solos, necesitan que alguien esté detrás y el que cae, habitualmente, es sacrificado solo, por todos.

Esto que hacen los políticos ya empieza a dejar secuelas. La impunidad con la que operan estimula a delincuentes a cometer delitos. En Tlajomulco y Guadalajara los vecinos, hartos de la inseguridad, han comenzado a organizarse para combatirla, eso implica que las cosas pueden salirse de control. El caso de un ratero apodado "El Kevin", que ha sido detenido y liberado 9 veces, ha levantado las voces sobre la revisión del sistema de impartición de justicia que debe reformarse, pero el problema tiene más fondo.

El lunes 7 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene agendado analizar un proyecto que si se aprueba como está planteado, permitirá a los políticos mexicanos secuestrar a la totalidad de los periódicos, estaciones de radio y canales de televisión.

El pretexto es el derecho de réplica. Los impulsores iniciales del golpe son los partidos Morena y PRD.

El asunto se entiende fácil: el año pasado, el congreso aprobó la Ley de Réplica. Estableció que una persona tiene derecho de réplica cuando la información divulgada por un medio de comunicación cause un agravio y dicha información sea falsa o inexacta.

Es decir, procede la réplica bajo 2 condiciones: 1, que cause agravio, y 2, que sea falsa o inexacta.

Morena y el PRD se inconformaron ante la Corte. No estuvieron de acuerdo en que la información tenga que ser falsa o inexacta para que se obligue a conceder réplica.

Quitarle la condición de que para que exista una réplica la información tiene que ser falsa o inexacta conduce a lo siguiente:

Imagínese que un periodista señala que "en las contiendas presidenciales en las que ha sido candidato, López Obrador ha desconocido los resultados oficiales". Un hecho. Pero el líder de Morena quiere tener su réplica a fuerza y si aprueba la Corte, la va a poder tener con el pretexto de que le agravia, aunque sea una realidad incontrovertible.

Así que ante cualquier dato incluso biográfico, el político tendría derecho a echar su rollo, desviando la atención, saliéndose con la suya.

Vamos al extremo. Si un periodista dice: "Javier Duarte se fue salpicado por denuncias y escándalos de corrupción en su administración", a Duarte se le tendría que abrir la réplica, pero también todo su gabinete que se sentirá agraviado y peor aún, si esta frase se dice en tiempos electorales, tendría derecho a réplica cualquier candidato del PRI que considere que exponer las corruptelas del mandatario agravia su campaña... ¡aunque todo sea verdad! Así que después de decir esa frase, el periodista deberá dedicar el resto de la semana a dar espacio a las réplicas y no a hacer su trabajo.

Estoy convencido de que ante cualquier denuncia periodística, debe buscarse al señalado para que dé su versión, pero lo que está por someterse a votación en la Corte es un proyecto que arrincona a la libertad de expresión y le hace el juego a una clase política desprestigiada que está buscando cómo silenciar a los medios, ahora, por la vía del secuestro.

Luis Carlos Vega Pámanes nunca tuvo el perfil para presidir el poder judicial. Era más que evidente. En su última rueda de prensa fue incapaz de leer de corridito un mensaje escrito de una cuartilla. Pero el señor era magistrado, su candidatura fue aprobada por el Consejo de la Judicatura; su nombramiento pasó por el Congreso el Estado, primero por comisiones y luego por el pleno; es abogado titulado por la Universidad de Guadalajara y posgraduado por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

No quiero justificar a Vega Pámanes: él mintió flagrantemente al congreso al presentarse sabiendo que no era elegible. La 2a. oportunidad, para citar su carta de renuncia, la usó para cometer otro delito, hacerse de un nombramiento al que constitucionalmente no tenía derecho. Él sabía perfectamente que no era elegible, pero la vida le dio una 2a. oportunidad de violar la ley, y lo hizo. Pero, ¿qué responsabilidad tienen las instituciones que lo hicieron compadre?

Fue la Universidad de Guadalajara la que lo graduó como abogado sin haber asistido a clases. Sus compañeros de generación lo recuerdan como el compañero fantasma, que estaba en listas, pero nadie lo veía. Sin embargo, se graduó gracias a su trabajo político en la Federación de Estudiantes de Guadalajara, por cierto, la peor expresión de esta, la de Oliverio Ramos.

Pero lo más grave es que, merced a un perverso sistema de reparto de cuotas, que aún subsiste entre los partidos en el congreso, un personaje como Vega pueda ser electo magistrado. ¿Cuántos magistrados más hay en el poder judicial que no cumplen con los requisitos de elegibilidad?; ¿cuál es la responsabilidad política de los diputados que los eligieron?; ¿de qué sirve el montón de asesores del congreso si ni siquiera son capaces de revisar la veracidad del expediente de un candidato a magistrado del poder judicial?

Los diputados de aquellos días se excusan diciendo que el Consejo de la Judicatura había avalado la candidatura de Vega. Para echar culpas sí son buenos, pero nadie nos dice cuál es la responsabilidad del Consejo por no haber verificado la información del entonces candidato a magistrado.

Vega fue el resultado, la punta del iceberg de un sistema corrupto desde la médula. El efecto mariposa comienza desde que un maestro aprueba a un alumno que no lo merece simplemente porque se lo ordenan de arriba, hasta diputados y consejeros que no hacen su chamba porque lo que importa es el reparto de cuotas.

Urge revisar a todos y cada uno de los magistrados del poder judicial. No es una falta de respeto, es falta de confianza; es lo mínimo para garantizar que los magistrados cumplen con los requisitos. Pero sobre todo urge revisar el esquema corrupto en que los partidos se reparten los nombramientos para beneficio de ellos y perjuicio de toda la sociedad.

La Legislatura LXI del Congreso del Estado de Jalisco tiene una composición inédita. Nunca habíamos tenido tantos partidos representados en el congreso: Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PRD, Verde, Panal y un independiente.

Durante muchos años en el congreso estuvieron representadas sólo 3 y cuando mucho 4 fuerzas, lo que provocó 2 cosas: que escaseara la discusión, pero sobre todo que se facilitaran los acuerdos administrativos corruptos. Desde el reparto de bonos y cochupos en las adquisiciones hasta el crecimiento absurdo de la nómina. El Congreso del Estado se llenó de parientas y amantes de diputados que a la postre fueron basificados para mantener plazas sin trabajar. Los escándalos fueron muchos y muy conocidos.

Podemos decir, para bien, que la pluralidad de fuerzas ha dificultado los acuerdos oscuros en materia administrativa. Hasta ahora, esta legislatura se ha mantenido al margen de grandes escándalos en esa materia, pero no hay que cantar victoria, faltan un par de años, los más tentadores, pues vienen las elecciones y la posibilidad, por primera vez, de que las señoras y los señores diputados busquen la reelección.

¿Hay más o menos empleados en esta legislatura? Quizá ni ellos lo sepan, pues la nómina del congreso sigue siendo un desorden.

La expulsión, con bombo y platillo, de Javier Duarte del PRI, como la de Guillermo Padrés del PAN, son un monumento a la hipocresía. Los partidos que los postularon, defendieron y se beneficiaron de sus corruptelas en lo oscurito ahora los corren pública y notoriamente. La receta de los institutos políticos es simplísima: para que tenga efecto la puesta en escena de la lucha anticorrupción hay que construir al enemigo, linchar públicamente a los perseguidos, organizar la lapidación y, cuando caigan, pasear el trofeo por las principales avenidas y primeras planas del país.

Pero ya que fueron los partidos los que pusieron el tema en la mesa vale la pena revisar cuál es el papel de éstos en la corrupción. Lo mínimo que podemos decir es que la toleran. Ninguno, desde el más grande hasta el más chico, tiene una política anticorrupción. Todos tienen un discurso en contra de los corruptos, los corruptos de otros partidos, claro está, pero ninguno una política para erradicarla ya no del gobierno sino de sus filas.

Los partidos saben, por ejemplo, que sus candidatos usan en las precampañas y campañas dineros que provienen del erario o de proveedores de gobierno que pagan sus mochadas con donativos para los candidatos. En todos los partidos hay Bejaranos con ligas que esquilman a los proveedores para sacar dinero ilegal para las batallas electorales. ¿Alguno de los partidos y sus dirigentes, esos que hoy se rasgan las vestiduras, ha hecho el más mínimo ejercicio autocrítico al respecto?

Los presidentes de los partidos y sus respectivas comisiones de honor y justicia saben perfectamente cómo funciona la corrupción y lo que hacen sus diputados. Conocen quién es quién en el tema de los moches, por ejemplo. Más aún, los presidentes de los partidos participan en una práctica por demás corrupta que es la distribución del presupuesto con lógicas electorales, pero ellos no se verán jamás a sí mismos como corruptos. Los corruptos siempre son los otros, los que transgreden los límites de lo social y políticamente aceptado, de "lo normal".

Justamente el problema más grave en México es la normalización de la corrupción y los partidos tienen una buena parte de responsabilidad en ello.

La simulación a la que son proclives los servidores públicos (dizque) en México es resultado de corrupción, mentiras y privilegios; es el recurso para ocultar negligencias, ineptitud y deficiencias en el desempeño de sus puestos y hacernos creer, por supuesto, que todo está bien, más que bien, casi perfecto. Simular es otra forma de mentir y claro que cuando se trata de corregir, de limpiar, de transparentar, de poner orden, de hacer justicia, de purgar, los directamente exhibidos y afectados, se resisten, como gato panza para arriba.

En 2009 se promovió una reforma constitucional para que ningún servidor público, ninguno, ganara más que el Presidente de la República. Por alguna extraña razón, a diferencia de otros asuntos para los que los congresos de los estados son verdaderamente acosados, nadie ejerció presión y todo quedó en iniciativa. La realidad ahora es que unos 1,500 burócratas ganan un dineral, los que más ganan superan los 7 millones de pesos al año, es decir, casi 600,000 al mes. Es un claro ejemplo de resistencia a dejar un súper privilegio, por un lado; y, por otro, aun cuando no ganen tanto, a los demás miembros ilustres de la clase política les conviene no moverle para, por ejemplo, tener chance de hacer llamaditas como las de Vega Pámanes.

Esta semana, después de una crisis diplomática que llegó hasta la filtración de documentos confidenciales del Servicio Exterior, Andrés Roemer fue destituido como embajador de México frente a la Unesco.

Antes de ser embajador, Roemer fue cónsul en San Francisco, una de las adscripciones más complejas en Estados Unidos, puesto que él convirtió en un trabajo de medio tiempo. Solo iba algunos días de la semana; otros los pasaba en México en proyectos privados y además conducía un programa de televisión.

El descaro de Roemer podría parecer un caso aislado de alguien con buena relación en las altas esferas del gobierno. Pero es solo uno de los muchos nombramientos en embajadas y consulados durante este sexenio que responden a amistad y favores, no así a calificación o experiencia profesional.

Algunos de los puestos son casi ceremoniales, cierto, como el de la cónsul en Milán, Marisela Morales, o el de Barcelona, Fidel Herrera. Pero eso no quita que deban ser cuestionados.

Sobre todo en los cargos más complejos -México tiene 80 embajadas y 66 consulados-, donde se requieren diplomáticos de carrera. No obstante, varios de ellos operan bajo la lógica más elemental del compadrazgo. Algunos ejemplos:

Enrique Martínez, ex secretario de Agricultura, embajador ante Cuba.

Fernando Castro, embajador ante Argentina. Experiencia previa: diputado un periodo y secretario de Gobierno en Tijuana bajo Jorge Hank.

Arnulfo Valdivia, embajador ante Colombia. Saltó de llevar las relaciones diplomáticas del Estado de México al Instituto de los Mexicanos en el Exterior y después a una de las embajadas más complicadas del continente.

Una política exterior quebrantada, en la que los puestos se regalan.

El diputado local Pedro Kumamoto buscará impulsar de nueva cuenta lo de juicios políticos ciudadanos.

"Desde 2009 se han presentado 300 solicitudes de juicios políticos en el Congreso de Jalisco y solamente una ha sido resuelta favorable. 300 a una es la proporción en la que nuestras clases políticas se han estado cubriendo las espaldas. Por eso debemos cambiar el procedimiento", señaló.

Además, Kumamoto busca que, con apoyo de los ciudadanos es otorgar independencia a la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público para evitar que personas no capacitadas estén al frente de dichas dependencias y áreas.

Las otras 2 iniciativas van dirigidas al poder judicial. Una propone evaluación de los jueces a través de participación, colaboración y transparencia; y se busca una reforma al poder judicial para que jueces, magistrados y funcionarios sean seleccionados por su trayectoria.

Luego de una montaña de memes que hacen ver a AMLO igual a Trump, López Obrador respondió con el brillante "no manchen".

Pero el que mejor retrata esas gotas de agua que son AMLO y Trump, es un éxito musical de Juan Gabriel: "¡Te pareces tanto a mí... que no puedes engañarme...!".

¿Lo dudan?

1. No conforme con poner en duda el resultado de la elección, Trump fue más puntual y se aproximó más a AMLO. Dijo: "Reconoceré el resultado, solo si gano".

2. Como todos saben, durante las campañas presidenciales y mucho antes de las elecciones de 2006 y 2012, López Obrador alegó un fraude. Igual que desde hace semanas pregona Trump.

3. AMLO, igual que Trump, es un experto en mandar al diablo las instituciones. Durante el 3er. debate, la señora Clinton demostró que Trump descalifica las instituciones "y denigra la democracia".

4. Como si se tratara de una lección aprendida, tanto Trump como López Obrador encuentran en los medios de comunicación un chivo expiatorio. Así como AMLO acusó una campaña de Televisa en su contra, Trump denunció a los "medios corruptos" como el New York Times por "difamarlo".

5. Otra calca es el discurso de Trump y López Obrador, quienes pintaron un panorama caótico: pobreza, desempleo, inseguridad... para asegurar que con su llegada al poder, todo se arreglará. Se trata de un clásico del populismo.

6. Otro signo claro del populismo es que Trump y López Obrador no ven soluciones sino que señalar culpables: el 1o. a los migrantes y el 2o. a "la mafia del poder".

7. Ninguno de los 2 reconoce a sus rivales como oponentes dignos y los tachan como lo peor del mundo: anoche, Trump dijo que Clinton es "repugnante"; por su parte, López Obrador califica a sus detractores de "corruptos", "ratas", "cochinos" y "marranos".

8. Los 2 emplean un discurso nacionalista y rehuyen a la relación con el extranjero. Así como Trump propone renegociar el TLCAN porque "solo beneficia a México", López Obrador ha dicho que el acuerdo comercial solo trajo desempleo al país.

9. A los 2 se les compara con personajes políticos no gratos para su país; mientras en Estados Unidos ven similitudes entre Trump y Vladimir Putin, en México a López Obrador se le comparó -en su momento- con Hugo Chávez.

10. Trump perdió el apoyo de muchos miembros republicanos. Hoy, AMLO perdió al PRD, al PT, al Movimiento Ciudadano y hasta a la CNTE.

Se gasta en publicidad por 2 razones, para tener comprados a los medios y para recibir jugosas comisiones. El Estado se doblega ante el poder de la TV.

No sabemos cuánto se gasta en publicidad oficial pero nos damos cuenta de que no hay límite alguno por el abuso que se hace de ella, de la mala calidad de los mensajes, de lo innecesario que resulta que nos digan que están trabajando para nosotros. Para poder limitar el gasto se requiere saber a cuanto asciende, se necesita establecer parámetros para limitar la erogación, así como regular a las entidades que la emiten y delimitar los objetivos según el organismo de que se trate. No hay ningún mecanismo de control del gasto en publicidad oficial lo que permite que se excedan en las partidas autorizadas en el presupuesto.

Como no hay licitaciones para publicidad, los medios de comunicación juegan un rol prioritario y en su afán de obtener los contratos provocan la aceptación de sobornos que corrompen el medio.

Aparentemente gozamos de absoluta libertad de expresión, podemos señalar los yerros del Presidente de la República, dedicarle canciones ofensivas, ridiculizarlo en las redes sociales, así mismo lo podemos hacer contra cualquiera de los miembros de su gabinete, de los partidos políticos y de cualquier funcionario público; nos dejan desahogarnos pero eso no tiene ningún efecto positivo, mediante la asignación discrecional de publicidad oficial a los medios de comunicación se sigue ejerciendo una forma sutil de censura.

Si algo tiene el EZLN es una gran capacidad para sorprender; 22 años después del levantamiento zapatista en Los Altos de Chiapas los indígenas de esa región del país, ya sin Marcos ni límites que impone la lógica guerrillera, siguen siendo noticia. El fin de semana pasado lanzaron un comunicado en el que, además de hacer un terrible recuento de los conflictos territoriales de las comunidades nativas en todo el país (entre ellos el de Mezcala, en la Ribera de Chapala) proponen lanzar una mujer indígena como candidata independiente a la Presidencia de la República.

Andrés Manuel López Obrador puso de inmediato el grito en el cielo y acusó a los indígenas de hacerle el juego al gobierno, en esta lógica tan suya de quien no está conmigo está contra mí. Ya en otras elecciones se ha quejado de que los zapatistas no confían en él, que votan por el PRI y que lo ven como un partido más. Es claro, pues, que los zapatistas nunca han votado por AMLO y que no se caen bien mutuamente, pero hasta ahora nunca se habían metido con su voto, nunca le habían competido electoralmente.

Aunque la candidatura independiente de una mujer indígena sería mucho más testimonial que competitiva (aunque en estos tiempos más valdría no hacer predicción alguna) y lo que busca es poner en la mesa del debate nacional los problemas de discriminación de género y raza, sí puede robarle algunos votos a Morena. Hay un voto blando de Andrés Manuel, aquel que considera al tabasqueño la menos peor de las opciones, pero no es fanático; el que está dispuesto a votar él porque representa una alternativa diferente de país, pero se arrepiente cada vez que lo escucha; aunque es de izquierda, pero ven a AMLO como un viejito conservador, que sí podría migrar hacia una opción como la que plantea el Consejo Nacional Indígena.

En una elección tan cerrada como la que se espera cualquier voto cuenta y los independientes le harán mella a los tres candidatos de los partidos tradicionales. La opción zapatista tendrá sin duda adeptos más allá de las propias comunidades indígenas, sea por simpatía o convicción.

A partir de que las reformas a la Ley Electoral dieron la garantía razonable de que todos los votos, en efecto, serían respetados, la frustración de los electores ya no obedecía a la imposición de candidatos indeseables, sino a la dolorosa comprobación de que los aspirantes a los cargos públicos seguían siendo, vía de regla, oportunistas, embaucadores profesionales, vendedores de versos; vividores de la política, en fin, de la misma ralea (hechos del mismo barro, al final de cuentas) que sus antecesores. De que el buen deseo, plasmado en promesas que se repiten cada 3 o cada 6 años, según sea el caso, de que quienes reciben de los ciudadanos la honrosa encomienda de gobernar incluyeran la ética, la austeridad, la honradez y la preocupación por el bien común entre sus prioridades, seguía siendo burlado sistemáticamente por una gavilla de parásitos rapaces e insaciables.

Los alcances de aquellos que controlan la política en Jalisco se han ensanchado desde la transición. Los organismos con capacidad de defender su autonomía se diluyeron con el tiempo y hoy no encontramos espacio de la acción pública que no esté cotizado hasta las entrañas. Vivimos una democracia de "padrinos", alcanzar una magistratura o una consejería depende del apoyo de algún jefe político -Padilla, Sandoval, Alfaro, Zamora, Rosales.

El control político del poder judicial nos explica la crisis tan aguda del sistema de justicia en Jalisco. Hemos permitido que el poder judicial se convierta en el mandadero de la clase política. Hoy por hoy, es imposible que un perfil con alto nivel de independencia alcance la silla presidencial en el Supremo Tribunal de Justicia. Sin ruborizarse, los partidos políticos se reparten los puestos y designan a sus amigos o aquellos que protegerán eficazmente sus intereses. Si bien se han introducido candados y entrevistas como parte del proceso para elegir magistrados, la decisión final siempre es un acuerdo político que se estructura a través de las cuotas: hoy me toca a mi, mañana te toca a ti. Es la tragedia del poder judicial en Jalisco se encuentra al servicio de unos pocos y en claro abandono de la mayoría.

Una parte importante del control que hacen los políticos del aparato de justicia se mide a través de pesos y centavos. El poder judicial está subordinado a lo que el gobernador y el congreso decidan entregarle en materia presupuestal. No es exagerado decir que el titular del Supremo debe gestionar recursos en el ejecutivo y en el legislativo, al no tener un presupuesto constitucional que respalde su actuación. Pensemos en que llegue un perfil autónomo a encabezar el poder judicial, ¿podría aplicar ciegamente la ley, sin importar colores y condiciones, si está atado de manos presupuestalmente? Por supuesto que no. Quien paga manda.

Aunados a la politización, por supuesto que los problemas del poder judicial son muchos más. La corrupción, la infiltración, la escasez de recursos, los salarios exorbitados para una casta judicial y los sueldos bajos para el resto, la falta de juzgados, las dificultades para implementar el nuevo sistema de justicia penal y un larguísimo etcétera. Sin embargo, primero lo primero. No habrá solución estructural a los problemas que aquejan al poder judicial, si antes no entendemos que la cooptación afecta directamente a la naturaleza de su encargo. La justicia es ciega sí y sólo sí es aplicada por jueces que no tienen una correa de transmisión directa desde las sedes de los partidos o desde las oficinas de los principales jefes políticos. De la misma forma que escuchamos en el audio sobre Vega Pámanes desvelado hace algunos días, ¿cuántos políticos no interceden por sus cuates con magistrados y jueces? Es una práctica cotidiana.

Los magistrados no tienen autonomía, por ejemplo, para entrarle en serio a los casos de corrupción de la clase política, pero sí la tienen para asignarse sueldos ofensivos para la mayoría de los ciudadanos y sí la tienen para poner controversias contra la Ley de Austeridad o contra resoluciones del congreso. Es una autonomía como impunidad, a diferencia de la autonomía como protección de la justicia que deberían reclamar los magistrados.

Hasta el momento, los partidos políticos no han acreditado su compromiso con el combate a la corrupción. De dientes para afuera, en los programas, en las plataformas de sus candidatos y en los discursos y mensajes de sus voceros hablan de combatir a la corrupción y castigar a los que infringen la ley; sin embargo, cuando se trata de pasar al terreno de las acciones para en verdad atacar a los corruptos y cambiar conductas en la administración pública, su comportamiento es ambiguo o de plano omiso. La falta de compromiso de los partidos con el combate a la corrupción constituye una de las causas por las cuales las organizaciones políticas y los políticos carecen de credibilidad ante la ciudadanía.

La solicitud de licencia de Javier Duarte al gobierno de estado de Veracruz y el hecho de que la dirección del PAN haya quitado sus derechos partidarios al ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés serán una burda simulación si no se toman decisiones y se ponen en práctica acciones de fondo. Si en verdad los partidos están comprometidos con el combate a la corrupción, las direcciones nacionales de ambos partidos deberían presentar denuncias penales contra estos servidores públicos implicados en escándalos vergonzantes de violación a la ley, desvíos de recursos, violación de derechos y represión. Lo mismo vale para todas las fuerzas políticas, incluido por supuesto el PRD, que no se han deslindado claramente de aquellos integrantes o representantes que hayan incurrido en actos de corrupción.

No se trata de, como dice el dicho popular: "taparle el ojo al macho", se trata de un aspecto más sencillo, pero dadas las actuales condiciones de deterioro de nuestra vida pública aparece como excepcional: aplicar la ley. Se requiere de un componente de mayor relevancia: voluntad política para que las cosas cambien.

Los partidos políticos deben comprobar con hechos su compromiso con el combate a la corrupción. Las direcciones partidarias deben dejar a un lado las declaraciones y los eventos mediáticos para concentrarse en el cumplimiento de las leyes y el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de los sistemas locales. De seguir las cosas como están, de quedarse instalados en un nicho de impunidad, todas las fuerzas políticas llegarán a las elecciones de 2018 con alto déficit de credibilidad.

La tentación de exagerar los errores del pasado para presentar a los gobernantes en turno como los grandes héroes salvadores de la comunidad es una de las estrategias más repetidas, e inútiles, en la política. A nadie le importan los problemas con los que se haya enfrentado el gobernante al llegar al poder, sino la capacidad de resolver los problemas de la comunidad. Las finanzas públicas son un problema de los políticos, no de la comunidad. Al ciudadano de a pie le duelen los baches, la inseguridad, la ineficiencia de los servicios públicos, las trabas burocráticas para resolver un trámite, la basura en las calles.

La mala evaluación del gobierno de Alfaro está vinculada por un lado a una sociedad cada vez más exigente, pero sobre todo con la falta de resultados tangibles, a la incapacidad que ha tenido el gobierno de traducir los discursos incendiarios en mejoras en la calidad de vida. No, la administración de Alfaro no es un desastre, a pesar de ser la peor evaluada en su 1er. año, pero no es hablando del desastre del pasado como van a mejorar su calificación.

Desde el Supremo Tribunal de Jalisco nos presumen que han mejorado sus calificaciones en materia de transparencia. El problema es que en su portal de plano no vienen indicadores de desempeño, en donde se especifique el trabajo puntual y actualizado de cada magistrado.

En el apartado de "Los dictámenes técnicos sobre la actuación y desempeño de los magistrados", en 2016 se señala: "No se generaron". En 2015: "No se generaron". En 2014, sólo se reporta información de los magistrados Espartaco Cedeño y Luis Carlos Vega Pámanes. En 2013, únicamente Lucía Padilla, Federico Hernández y Sabas Ugarte presentaron información. Y en 2012: "No se generaron".

A la espera. En el Supremo ya ni la burlan perdonan porque en el apartado de "Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados", responde que la "información (está) en proceso de actualización en virtud de las reformas de la Ley de Transparencia...". Si hacemos cuentas, la última reforma entró en vigor en diciembre de 2015. ¿Pues qué actualizan?

Dejando la "politiquería" a un lado, esa información sería clave para demostrar que "papá Leonel", por ejemplo, merece o no seguir en el cargo.

El escenario era el salón de Ayuntamiento de Tlajomulco, en el viejo edificio del centro. La escena era una sesión de ayuntamiento donde, para variar, se autorizaba la construcción de fraccionamientos, uno de ellas en la zona del Valle. Era octubre de 2003 y un regidor del PRI, llamaba desesperado a sus compañeros a no autorizar ese fraccionamiento, dado que en periodo de temporal servía como pequeña presa o vaso regulador. "Si autorizamos ahí, se va a inundar", les advirtió. De nada valieron las advertencias de este regidor. La construcción de ese fraccionamiento se aprobó. 13 años después ese asentamiento se ha inundado en varias ocasiones.

Las advertencias fueron ignoradas porque, con seguridad, algunos o varios de los regidores ya habían recibido dinero de parte de las constructoras a cambio de aprobar la construcción de los mega fraccionamientos de viviendas de interés social que en los pasados 15 años han "inundado" la zona del Valle en Tlajomulco.

La entrega de dinero de los constructores a los regidores (y funcionarios), no fue mera sospecha o denuncia sin fundamento, sino una realidad como admitió el regidor del PRD, Guadalupe García Castillo. "¿Los desarrolladores ofrecen dinero para aprobar los fraccionamientos?", se le preguntó. "Bueno, la verdad de las cosas pues a mí casi por lo regular nunca me han ofrecido dinero. Yo por ahí he agarrado 10 o 15,000 pesos máximo". Esta plena confesión de lo que ocurría en Tlajomulco hace 13 años apareció en una serie de reportajes en el diario Público en octubre de 2003 (escritos por Sonia Serrano y el autor de esta columna) donde se daba cuenta del desmedido crecimiento inmobiliario que autorizaban los gobiernos de Tlajomulco, en muchos casos mediante la entrega de dinero a los regidores por parte de las constructoras, como admitió en ese arranque de sinceridad el edil del PRD. En esa serie de reportajes quedó asentado cómo el crecimiento desmedido iba a acarrear diversos conflictos, como las inundaciones. Además de las inundaciones, los pobladores, los expertos y el trabajo de campo indicaba que se crearían problemas de falta de servicios: agua, drenaje, educación, transporte, vialidades. Se estaba creando un inmenso conflicto social que ahora ha estallado.

Con frecuencia al reseñar las inundaciones en los medios nos referimos a ellos como desastres naturales. Todos son sociales y más en el caso de Tlajomulco. Las inundaciones que afectan a miles de habitantes, especialmente a los más pobres, no son obra de un Dios que manda llover copiosamente, o efecto del cambio climático. Las inundaciones que se padecen en Tlajomulco son responsabilidad de los servidores públicos que aprobaron la construcción de casas en zonas donde no debían aprobarse. No fue una mera omisión, sino una decisión criminal puesto que sabían lo que hacían, se los advirtieron y aun así decidieron hacerlo. Pero qué importa. Ellos no viven ahí. La mayoría disfruta del dinero corrupto que las empresas corruptas repartieron para autorizar el crecimiento de la ciudad hacia Tlajomulco, una de las decisiones más lucrativa y más corruptas del capital inmobiliario de México.

Las ventajas mediáticas y políticas de ser presidente de un partido son tan grandes que plantean casi por sí solas el esbozo de un nuevo camino al poder:

No a través del gabinete presidencial, como en el tapadismo clásico.

No a través de la anticipación de la propia candidatura, como Fox en los 90s.

No a través de una coalición de gobernadores, como Peña en 2008-2012.

El camino más claro hacia la Presidencia según las reglas vigentes del tapadismo democrático es volverse presidente de un partido y desde ahí, ejerciendo en servicio de la propia imagen las prerrogativas mediáticas del partido, convertirse en una figura conocida nacionalmente y estar en condiciones de ofrecerse al propio partido como la opción más viable, por más conocida y aceptada.

Es la posición de ventaja en que operan hoy los aspirantes presidenciales que son a la vez presidentes de sus partidos.

No creo que ni en las épocas del más exacerbado presidencialismo, en las épocas de oro del tapadismo priista y sus destapes, los aspirantes presidenciales hayan tenido a su disposición tantos recursos sin costo para hacerse una figura nacional como los presidentes de los partidos políticos de hoy.

La persistencia de estas reglas en el mediano y largo plazo podrían volver a los partidos la pieza más codiciada como trampolín a las candidaturas presidenciales.

Algún riesgo hay en este camino de convertir la partidocracia actual en una especie de caudillopartidocracia: partidos al servicio de su caudillo.

O en un nuevo tipo extravagante de presidencialismo mexicano: el presidencialismo partidocrático.

Abuso de todos estos términos, como del de "tapadismo democrático", para sugerir la situación absurda en que nos encontramos por haber regimentado tanto la libertad de los políticos para hablar con su sociedad y proponerse para gobernar cuando juzguen oportuno, siempre que no sea a costa del erario.

Hablando de ruindades, hay que apuntar la de la bancada de Morena, que se negó a guardar un minuto de silencio por los soldados muertos en una emboscada del crimen organizado la madrugada del viernes en Culiacán. Hay cosas que el Ejército no olvida. Y tampoco entiendo el silencio de Andrés Manuel, que aspira a ser su comandante supremo.

Todo estaría fríamente calculado en torno al rechazo a que el magistrado Leonel Sandoval se mantuviera en el cargo que hoy ostenta. Pasamos a explicar. El Supremo Tribunal envió un expediente en el que avalaba el trabajo del papá del gobernador, con lo que el dictamen de la Comisión de Justicia no podía ir en contrasentido, entonces PANAL, PRD, PRI y PVEM votaron a favor del dictamen aprobado en comisiones, pero en el caso del Independiente MC y PAN votaron en contra, dando la oportunidad para que el magistrado utilice un recurso legal como el amparo para mantenerse en el cargo y con ello, 1, permitir que Leonel siga ocupando su asiento en el Supremo Tribunal y 2, para no verse paleros con el susodicho.

La gente está harta, enojada con los políticos convencionales, sean de centro, izquierda o derecha y está ansiosa por ver algo nuevo, y en muchas ocasiones, como no lo encuentra, simplemente lo que busca es castigarlos, sobre todo si están en el gobierno. Pero el grado de irracionalidad política que estamos viendo en sociedades muy diferentes pero unidas por ese sentimiento de hartazgo, muestra ya señales tan globalizadas como demasiado preocupantes.

El rencor, la insatisfacción, ese ánimo social que está enturbiando al mundo, le negó una oportunidad a la paz en Colombia, como antes, en una decisión irracional, decidió sacar, vía Brexit, al Reino Unido de la Comunidad Europea; dejó como candidato presidencial republicano a Donald Trump (y esperemos que no lo deje en la Casa Blanca); eligió en Filipinas a un presidente como Rodrigo Duterte, que se vanagloria de ser émulo de Hitler; tiene a España con gobierno provisional desde hace un año. Y la lista podría continuar. Es irracional, pero es una irracionalidad a la que hay que tomar muy en serio porque se está extendiendo a nivel global y hace del mundo un lugar mucho más peligroso.

Es un síntoma de una enfermedad social que está recorriendo en mundo, que está presente en México y que se suele alimentar de las redes sociales.

Hay que ser viejo para entender la palabra tapadismo. Se refiere a los tiempos de la hegemonía del PRI, en los que el Presidente elegía a su sucesor entre los miembros de su gabinete.

Al elegirlo, lo "destapaba". Todos los aspirantes del gabinete tenían hasta ese momento la condición de tapados. Se decía que no debían moverse, sino esperar los tiempos presidenciales del destape y someterse al veredicto sin chistar.

Creo que a fuerza de poner reglas democráticas para huir del tapadismo, hemos creado en nuestro país una especie de "tapadismo democrático". En particular con el famoso delito de los "actos anticipados de campaña".

Al igual que el antiguo tapadismo, el tapadismo democrático tiene el suelo disparejo. Deja hacer a unos tapados más cosas que a los otros.

Los tapados democráticos que son presidentes de partido, como López Obrador, Anaya y Ochoa Reza, disponen de tiempos oficiales y millones de spots para promover su candidatura.

Los otros andan pepenando noticias favorables, dando entrevistas, haciendo giras, dejándose ver, en ostensible desventaja con los que tienen spots.

Unos y otros son tapados democráticos, si cabe la contradicción: candidatos obligados a simular que no lo son para cumplir con las extrañas reglas de su democracia.

El Consejo General del INE multó a Movimiento Ciudadano con 61 millones de pesos, luego de que el Tribunal Electoral le ordenó disminuir la gravedad de la falta, en el caso de filtración del padrón electoral a buscartusdatos.com, y con esto reducir la 1a. sanción impuesta de 76 millones de pesos.

Se establece en el dictamen que la multa será cobrada en los próximos 6 meses, a razón de 10.1 millones mensuales, lo que corresponde a 40.49% de la ministración mensual del partido.

"No estamos hablando de un hecho aislado, casual, estamos hablando de un hecho muy delicado que no sólo tiene que sancionarse per se por la falta de deber de cuidado, sino también esta sanción debe tener un carácter inhibitorio para el futuro de algo que es sumamente delicado y que implica una enorme responsabilidad de esta autoridad, que es salvaguardar los derechos humanos de mexicanos que han confiado sus datos a nosotros,” dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdova, al justificar la multa por 61 millones de pesos.

Donald Trump se parece a Andrés Manuel López Obrador. Trump miente sobre su fortuna, López Obrador sobre su austeridad. Durante años hemos preguntado de qué vivía López Obrador y nunca hemos tenido respuesta. Luego de cansarse de descalificarla, López Obrador tuvo que presentar su declaración 3 de 3 y mintió: dice que no tiene cuentas de cheques, ni tarjetas de crédito, no tiene automóvil ni propiedades, vive con apenas 50,000 pesos al mes que le paga Morena (antes había dicho que él no recibiría un peso de su partido) y a pesar de que días antes de la declaración presumía de pagos de hasta 20,000 dólares por conferencia y de que en muchas ocasiones había dicho que vivía de las regalías de sus libros (que algunos calificaban como de "los más vendidos" de México, lo que estaría por lo menos por comprobarse), lo cierto es que en su declaración 3 de 3 no aparece ingreso alguno por conferencias o regalías. Según López Obrador no tiene nada porque todo, como Trump, se lo pasó a sus hijos.

Pero desde que dio a conocer su 3 de 3, se ha descubierto que López Obrador no sólo no informó de sus hipotéticos ingresos de regalías y conferencias, sino que tampoco declaró sus propiedades, como el rancho de "La Chingada", del que tiene usufructo vitalicio. Y ahora el Wall Street Journal informa que además tiene 2 departamentos en Coyoacán, de unos 250 metros cuadrados, adquiridos en el 2002, cuando era jefe de gobierno capitalino, por 109,000 dólares de aquella época, que tampoco ha reportado.

Olvidemos por un momento preguntar cómo con un salario de 60,000 pesos mensuales y manteniendo entonces a su familia y sus hijos que eran estudiantes, ahorró para comprar los departamentos: pudo haber recibido un crédito hipotecario bancario o de alguna institución pública, incluyendo el gobierno capitalino, sería bueno saberlo, pero el hecho es que López Obrador, hoy es el propietario de esos inmuebles y, como sucede con el rancho de Palenque, no lo declaró. Dicen en su equipo de campaña que lo que sucede es que la transferencia a sus hijos ha tardado porque la anterior esposa de López Obrador, fallecida en 2003, murió intestada. Puede ser, pero resulta difícil de creer que un proceso notarial tan sencillo dure la friolera de 13 años. Más allá de eso, el hecho es que los departamentos siguen siendo de su propiedad.

Se ha dicho que son descuidos, que López Obrador es un hombre tan desinteresado de los bienes materiales que hizo con prisas su 3 de 3 y que por eso tiene errores. En lo personal no lo veo tan desinteresado de los temas materiales, pero independientemente de ello, un hombre que por 3a. ocasión quiere ser presidente de todos los mexicanos lo menos que podría hacer es exhibir con claridad su patrimonio y no tratar de ocultarlo una y otra vez. Lo que hace que se especule sobre su honestidad es, sencillamente, la falta conciente de transparencia y la negativa constante de respondernos la pregunta más sencilla ¿de qué vive? ¿paga o no impuestos? Como Trump.

Tras 15 años de supuesta transición a la democracia, ahora una buena parte de la población sabe que todos los partidos son iguales y que desde el Estado no puede esperar cambios para procurar una vida digna; los partidos, la clase política profesional, las elecciones, el Estado son el problema, no la solución.

La ley electoral vigente, aprobada por el congreso, permitía que los medios de comunicación pudieran organizar debates presidenciales con los invitados y formato que les parecieran atractivos. Atrás quedaba la obligación de que los organizara el INE, que los retransmitiera todo mundo, que asistieran todos los candidatos (hasta los que no pintan), que el moderador fuera un maestro de ceremonias imposibilitado para preguntarles.

Un gran paso, un salto estratégico para despertar el interés de la gente por la política y para motivar el contraste real de proyectos y personalidades, y no abandonar las campañas al derrotero de la guerra sucia de spots y redes sociales.

Pero eso no gustó a la izquierda: el PRD y Morena impugnaron ante la Suprema Corte, y ésta les dio la razón. En consecuencia, el Tribunal Electoral federal echó para atrás la posibilidad de modernizar los debates e hizo prevalecer las viejas reglas.

No fue una derrota definitiva. Hace unos días, el INE emitió su Reglamento de Elecciones que revivió la posibilidad de que se liberalicen los debates. Pero tampoco fue una victoria definitiva. Rápidamente la impugnaron Morena, PRD y Panal.

¿A qué lógica responden? El Panal, si postula su propio candidato como las últimas 2 elecciones presidenciales, éste tendría un bajo porcentaje de votación y seguramente quedaría marginado de los debates más atractivos. Se ve que el PRD teme lo mismo, con base en las encuestas que circulan: sus aspirantes nunca aparecen entre los punteros. ¿Pero Morena? Sólo se entiende como una negativa de Andrés Manuel López Obrador a debatir, ya sea porque teme una confrontación real o porque está cometiendo el mismo error que en la elección de 2006 cuando decidió no ir al 1er. debate y por eso perdió puntos.

Ojalá que magistrados entrantes y salientes hayan visto antenoche el debate Hillary-Trump. Y se les haya antojado impulsar en México una democracia con el dinamismo de las redes sociales y no con el ritmo de la Hora Nacional.

Con disciplinado y acucioso monitoreo de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Suma Urbana A.C. detectó que en el último año y medio el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha decretado, como quien no quiere la cosa, modificar las condiciones urbanas de 6 polígonos que en conjunto representan una superficie de más de 4.5 veces el Bosque de Chapultepec.

Recurriendo a la figura de Sistema de Actuación por Cooperación (SAC), el jefe de gobierno ha decidido modificar amplios cuadrantes en zonas tan emblemáticas como las Granadas y Tacubaya (Miguel Hidalgo), Doctores, San Pablo y Alameda (Cuauhtémoc) y La Mexicana (en Santa Fe).

En total, se trata de 1,233 hectáreas en las que se transformará toda la dinámica urbana de quienes ahí viven y, por supuesto, de quienes transitan por ahí.

Salvador Medina Ramírez, urbanista al que en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad encargó hacer la versión crítica del expediente de Suma Urbana, explica que los SAC "consisten en acuerdos entre privados, o con la administración pública, que se componen de predios privados y públicos, para realizar acciones urbanísticas dentro de una zona delimitada, llamada Polígono de Actuación. La forma en que se utilizan estos instrumentos jurídicos se presta para una discrecionalidad enorme, pues permite relocalizar y permutar usos, destinos y potencialidades del suelo y de construcción de los mismos predios (privados o públicos), así como relotificar; independientemente de los planes urbanos preexistentes".

En la Asamblea Legislativa la diputada Margarita Martínez Fisher ha promovido puntos de acuerdo en contra de algunos de estos polígonos. Porque como se explica en el texto de Medina Ramírez que hoy se publica en contralacorrupcion.mx, estos SAC operan a través de fideicomisos ajenos al escrutinio público.

Por eso vecinos como Mayte de las Rivas o los de Suma Urbana son necesarios. Por eso las autoridades no quieren saber nada de ellos. Pero la rebelión vecinal sigue, porque ellos resistirán el asalto de Mancera a la Ciudad de México.

En paralelo a la crisis del sexenio de Peña Nieto, Ayotzinapa golpeó enormemente a la izquierda política de este país. El PRD sigue viviendo en carne propia los ecos políticos de aquella noche. Un partido que nació como una posible solución a los excesos del régimen autoritario, se convertía en el problema mismo. Igual Morena, muchos de los cuadros más cercanos a López Obrador tenían responsabilidades en distintos niveles de gobierno en Guerrero. La izquierda partidista se quedaba sin esa "calidad moral" que una parte de la ciudadanía les concedía. El grito al unísono: "Todos son iguales". Los partidos progresistas de México perdieron esa legitimidad para abanderar causas que tenían que ver con el combate a la corrupción y la lucha frontal contra la impunidad. Iguala sucedió en un estado gobernado por la izquierda, y pocos perredistas pidieron la dimisión del gobernador en los días posteriores a la tragedia. Ayotzinapa no sólo marcó al PRI, sino sobre todo se ensañó con especial furia con la izquierda política.

La tragedia de Iguala sepultó el momento mexicano que se respiraba en los mercados internacionales y nos recordó que no hay democracia sin estado de derecho; no hay crecimiento económico sustentable con corrupción; no hay justicia con policías y jueces cooptados; no hay proyecto de país posible con miles de desaparecidos. Fue un duro golpe de realidad.

Nos mostró a la transición democrática como un proceso totalmente agotado. La crisis del régimen de la transición supuso una crisis de representación, una crisis de proyecto, una crisis de gobernabilidad y una crisis del modelo político del país.

En muchas ocasiones he manifestado que la figura más patética de la política mexicana son los regidores de oposición. Se llega a regidor de oposición participando y perdiendo las elecciones y como compensación por la farsa vivirán generosamente dotados del presupuesto durante un periodo de tiempo, el grado de patetismo aumenta exponencialmente si el becario decide hablar, porque esas ganas de hablar o de informar no son otra cosa que un grito desesperado porque alguien los escuche y lo que dirán además de intrascendente e innecesario será muy enfadoso; por ello mi opinión sería que gozaran su beca en silencio.

Edgardo Buscaglia afirma (como lo ha venido repitiendo desde hace años) que en México se vive una "orgía de corrupción política" y que mientras no se abran los procesos de elección de candidatos en los partidos, en todos, seguiremos votando por porquería o por porquería; y sin juzgar ni criticar (algo que deberíamos aprender) explica por qué por ejemplo, la sociedad civil en México no ha actuado como sí lo ha hecho en países como Brasil.

Se remite a nuestra historia y concluye que los mexicanos hemos vivido y sufrido gobiernos autoritarios pero con estabilidad a lo largo de unos 80 o 90 años, a diferencia de lo que ha pasado en el gigante sudamericano con alternancias no entre partidos, sino entre dictadores, demócratas, corruptos y pseudo-demócratas.

En Jalisco, la fidelidad política es una cualidad en extinción. Panistas y perredistas buscan cobijo en un naranja menos brillante que el de hace 3 años, menos brillante pero más efectivo. El 2018 se acerca y la necesidad de hueso hace salivar a los primitivos hombres del poder que, sin él, desaparecen.

Hasta Ricardo Anaya, niño maravilla que persigue la corrupción ajena, informó de los escarceos entre el PAN y el alcalde tapatío. La necesidad de alianzas y triunfo es la apuesta, la necesidad, el futuro, presente y destino. Lo demás no importa.

Como se esperaba, el cargo de consejero ciudadano en el Consejo de la Judicatura del Estado fue para el PRI en la persona de Pedro De Alba Letipichía, quien ocupó por igual un interinato en la Procuraduría de Desarrollo Urbano que la dirección de Recursos Humanos durante la administración de Ramiro Hernández en Guadalajara. De Alba Letipichía, a quien se le identifica cercano al secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, viene a sustituir a Mario Pizano Ramos por un periodo de 4 años. Así va el reparto de sillas en los últimos cargos en disputa, una en el Itei para MC, una en el mismo organismo para el PAN y una en el Consejo de la Judicatura para el PRI. Veremos quién se lleva la de auditor y la de magistrado aún en veremos.

Hace 40 años, en 1976, Augusto Gómez Villanueva y Porfirio Muñoz Ledo se disputaban la candidatura presidencial del PRI que quedaría en manos de José López Portillo. Eran, como Ifigenia Martínez, cuadros de Luis Echeverría. Bernardo Bátiz, era entonces dirigente de un PAN que, dividido, no alcanzó a tener candidato presidencial en aquellos comicios. Augusto (87 años) se convirtió años después en el "décimo comandante" de los sandinistas en Nicaragua. Porfirio (83 años) ha sido de todo, desde presidente del PRI y del PRD hasta candidato en por lo menos 3 partidos distintos. Ifigenia (91 años) se magnificó junto a Cuauhtémoc Cárdenas porque había sido la maestra de economía de Carlos Salinas. Bátiz (80 años) pasó del ala más conservadora del PAN al ala más conservadora de López Obrador. Todos me parecen muy respetables, pero más allá de talentos e historia ¿alguien puede creer que encabezarán la construcción de una nueva institucionalidad en la ciudad donde viven 3 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años?

Aunque parece demasiado tarde, quizá haya todavía margen para evitar que la elección de 2018 sea secuestrada por la derecha más radical y por iglesias de diferentes denominaciones.

Dependemos de algo poco probable. Dependemos de que políticos de diferente espectro se pongan de acuerdo en que los venideros comicios presidenciales no pueden girar en torno al matrimonio gay y al derecho al aborto (o derecho a la vida, como gusten).

Si los partidos políticos entienden la coyuntura, podrán ver que su independencia está en juego. Ellos serían los primeros beneficiados de un acuerdo multipartidista para dejar a la Corte lo que ya es de la Corte.

El sábado habrá una nueva marcha, una que tocará la capital de la república, en contra del derecho de cada mexicano a formar familia con quien más lo desee.

Esa marcha llegará con ímpetu. Ocurrirá luego de que cientos de miles de personas se manifestaran en idéntico sentido en importantes ciudades del país el 10 de septiembre.

El clero católico, una de las caras visibles de esta ofensiva conservadora, no ha dado tregua desde entonces. Se saben empoderados ante un gobierno federal que no ha sabido contenerlos, se saben fuertes ante una administración que ya tuvo que recular en su intento por afianzar el matrimonio gay.

El clero también se aprovecha de una cosa cierta. La sociedad mexicana está divida en el tema de los matrimonios gay, y está mayoritariamente en contra de la adopción por parte de esas familias.

Por eso, porque es un tema de derechos -y como tal no se puede poner a concurso de popularidad-, conviene a los políticos, en tanto representantes que son de la sociedad en su conjunto, zafarse de la trampa en que nos quieren arrinconar las iglesias, sus acólitos, y sus patrocinadores.

El PAN debe recordar que en distintos momentos el conservadurismo lo ha debilitado. Que volverse un partido confesional no sólo traicionaría buena parte del espíritu fundador de esa organización, sino que paradójicamente lastra sus posibilidades de convertirse en una opción política que sea atractiva para sectores de la población que no se identifican con los candados que quiere imponer la Iglesia en el tema de la familia.

El PRI debe retomar su capacidad para lidiar con el clero desde una posición de ventaja, como había sido desde los tiempos de Calles. Los priistas siempre tuvieron acuerdos inconfesables con las iglesias, pero nunca se les había visto a la defensiva como ha sido el caso en estos meses. El clásico pragmatismo priista no debe traducirse en una derrota anticipada.

Y políticos de otras denominaciones deben mirarse en el lamentable espejo de Enrique Alfaro. El alcalde tapatío, formalmente del Partido Movimiento Ciudadano, ha renunciado a cualquier congruencia y hoy se abraza a los católicos. No se pierdan este video, es cortito, del periodista tapatío Ricardo Salazar (@salazargdl) quien en menos de 5 minutos desnuda la doble moral de Alfaro, político que en 2011 decía que él todito todito estaba a favor de los matrimonios gay y ahora, en el marco de sus aspiraciones a una eventual candidatura a gobernador de Jalisco, no dudó en tragarse sus palabras y someterse al dictado de los católicos: http://bit.ly/2cOOFki.

Esa estampa es un vaticinio de lo que pasará a otros políticos que no sepan detener el intento de los ultraconservadores de imponer su agenda.

Quien por cálculo electoral ceda a la tentación de subirse a la ola conservadora podría terminar siendo un sirviente de las peores causas.

Ojalá los políticos se pongan de acuerdo en que la política les toca a ellos. Y que los curas no tienen derecho a imponerles nada.

Después del #PozoleGate el día del Grito de Independencia [cuando Alfaro impidió la venta de alimentos en la vía pública, por estar prohibido por el reglamento], nos invadió la zozobra: qué van a botanear en octubre los peregrinos de la Romería de la Virgen de Zapopan.

Por fortuna, el alcalde tapatío, Enrique Alfaro, ya "decretó" que sí habrá antojitos para los romeros, gracias a permisos provisionales para ambulantes que entregará el municipio.

Comprobado: la fe mueve montañas... ¿y permisos para ambulantes?

El legislador del Verde Ecologista de México, Enrique Aubry, volvió a protagonizar un escandalito por diputado y apasionado.

Cuentan en los pasillos del recinto legislativo que le reclamó -"manoteando" según testigos y lo que eso signifique- a Hugo Contreras, líder priista en el congreso local, el que lo excluyeran a él y a sus amigos de las negociaciones en torno a la reforma al poder judicial.

En realidad, dicen, en el trasfondo estaba la discusión sobre a la ratificación del magistrado Leonel Sandoval [padre del gobernador Aristóteles Sandoval] que deberá ser votada esta semana por el pleno.

Un hilo conductor del mensaje político de los ahora alcaldes de MC, en particular de Pablo Lemus y Enrique Alfaro, fue "cambiaremos la historia". No es menor colocarse bajo esa lógica de transformación. Cuando un político promete cambiar la historia, las expectativas desbordan cualquier aproximación sensata. ¿Cómo mediremos que realmente cambió la historia? ¿Qué significa eso? ¿La reducción de la deuda es cambiar la historia? ¿Gestionar recursos es cambiar la historia? ¿Proponer una marca ciudad es cambiar la historia? Una frase cargada de grandilocuencia como la anterior amenaza con volteársele en la cara a quien la emite.

Tarde o temprano las expectativas se enfrentan a la realidad. Los problemas de una ciudad son complejos y estructurales. No se resuelven por decreto. Son inercias históricas que se institucionalizan e impiden que funcionen bien los servicios públicos, que el municipio pueda brindar seguridad adecuadamente, que la gestión del territorio se haga pensando en el interés público y no en las apuestas privadas de unos cuantos, que el dinero público se gaste en proyectos sociales y no en caprichos privados del alcalde, y que la corrupción no contamine cada espacio de la administración pública. Y es que el estribillo de culpar de todos los males a la administración anterior, tampoco puede durar para siempre. En el caso de la ciudad, los tapatíos entienden que los alcaldes llegaron con poco margen de maniobra. Sustituyeron a autoridades cuestionadas por los ciudadanos y el resultado electoral deja poco margen a interpretaciones. Sin embargo, culpar al de atrás es un colchón que amortigua golpes durante algunos meses, pero que no puede servir como una perpetua válvula de escape.

Es innegable que tras las elecciones de junio del 2015, se desataron altas expectativas con relación a la forma en los nuevos alcaldes embestirían el problema de la inseguridad. Recordemos que a media campaña, el primer de mayo, fuimos testigos de los bloqueos en todo Jalisco, que terminaron de sepultar las posibilidad de que el PRI refrendara la zona metropolitana. Incluso, como olvidar la frase del comisario de seguridad de Guadalajara, Salvador Caro, en diciembre del año pasado: los tapatíos ya pueden dormir tranquilos.

La inseguridad es el principal problema de los tapatíos. Olvidémonos de los baches que son molestos, pero no atentan contra nuestra vida. Los homicidios es el gran foco rojo. Es cierto, es una realidad que compete al estado y a los municipios, pero es innegable que el incremento sostenido en todos los municipios de la zona metropolitana es un indicativo de que algo está fallando. Y el proyecto de Ciudad Segura, que tiene como eje la Agencia Metropolitana de Seguridad, todavía no ve la luz. El reto de los alcaldes para el próximo año es precisamente reducir los altos niveles de violencia, especialmente en homicidios y en robo a automóviles. Más que realidades municipales aisladas, la inseguridad es un problema metropolitano, que debe ser atendido bajo esa lógica.

El municipio es, bajo cualquier lógica, la instancia encargada de la gestión del territorio. De lo local, lo palpable. Lamentablemente, los municipios se han vuelto agencias de colocación, especialistas en subastar lo que es de todos. Municipios concesionados hasta la médula, en donde la mayoría de los servicios y la mayoría de las funciones, son entregadas a empresas privadas.

En nombre de la susodicha eficiencia, el municipio ha delegado funciones como multar o cobrar impuestos. Sólo falta que en el futuro, se concesione la seguridad o el cabildo. En ese sentido, y centrándonos en el caso de Guadalajara, poco se ha hecho para revertir dicha tendencia. Una de las primeras decisiones del alcalde Enrique Alfaro fue apoyarse en una empresa privada para cobrar cuentas atrasadas de predial. Es absurdo que empresas privadas se encarguen de una función esencial de un gobierno. Es importante el papel regulatorio del gobierno municipal, pero también es fundamental que recupere la soberanía del ayuntamiento sobre las funciones que le dan sentido. Otro elemento de defensa de lo público han sido programas como el de Banquetas Libres, con pocos recursos pero en la dirección correcta.

Todos creímos que los alcaldes serían implacables con la corrupción de pasadas administraciones. Los ahora alcaldes, cuando hicieron campaña nos dijeron que la corrupción estaba desbordada en los municipios. Denunciaron moches en obra pública, basificaciones irregulares y hasta la utilización partidista de los programas municipales. Sin embargo, hasta el día de hoy, no sabemos nada de las tramas corruptas que ellos señalaron. Y los alcaldes se excusan en el ya característico: "La Fiscalía no actúa", no podemos hacer nada. Es un deslinde de responsabilidad que confunde niveles de acción. Por supuesto que los alcaldes no pueden meter a nadie a la cárcel, lo que no impide que ellos mismos asuman el rol de la denuncia pública. La responsabilidad penal y la responsabilidad política implican dos procesos distintos, pero un año después, no tenemos ni lo uno ni lo otro. No habrá rendición de cuentas y no se completa exitosamente la alternancia, si los alcaldes no asumen que nos merecemos saber qué pasó en los trienios anteriores y si en realidad existió la corrupción que ellos mismos denunciaron en campaña.

Y, por último, el discurso del orden. Con mayor énfasis Alfaro, Limón y Chávez, y con menos Lemus y Uribe, pero todos fincaron su narrativa en la idea de ordenar la casa. Nos encontramos un desorden inimaginable, lo dicen en cada entrevista que conceden. Orden y Estado de Derecho, se convirtieron en piezas fundamentales del discurso de los alcaldes. La labor en esta área es titánica: ambulantes, edificios irregulares, espacio público tomado, pocos pagan impuestos, constructores que cooptan a la autoridad. El orden como proyecto necesita más de un año, pero es fundamental que los alcaldes se salgan de la lógica de ser duros, muy duros, con los ambulantes, por ejemplo, y menos severos con algunos constructores que se han burlado de la autoridad durante décadas. La ciudad necesita respeto a la ley, pero el discurso tendrá credibilidad si la aplicación es justa y no hay amnistías con la élite.

La resolución que tomara por unanimidad la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para anular la elección en el municipio de Zacatecas, capital del estado del mismo nombre, pasa desapercibida cuando es de una importancia y trascendencia decisiva para los próximos procesos electorales, y en particular, para la elección de julio de 2018.

La Sala Superior consideró que "existió un posicionamiento anticipado a la etapa de campañas electorales de la entonces candidata a presidenta municipal postulada por el partido Morena, porque se acreditó su asistencia a una conferencia de prensa en la que anunció su nombramiento como promotora de la soberanía nacional, la realización de actos de proselitismo, así como la difusión de propaganda electoral con su imagen y su nombre, lo que a su juicio se tradujo en una ventaja indebida de dicha ciudadana".

Mensaje más claro no podía existir para López Obrador, quien de manera reiterada y sistemática, utilizando los tiempos que el Estado le concede a su partido en la radio y televisión, y valiéndose de los vacíos legales derivados de la ausencia de reglamentación del párrafo octavo del Artículo 134 Constitucional, con ironías y chistes -muy creativos, sarcásticos y divertidos por cierto-, no deja de aprovechar un solo segundo de esos tiempos para promocionar su figura y a su partido con miras al próximo proceso electoral. El problema es que este mismo personaje, quien a su vez es el jefe de los "promotores de la soberanía nacional", en fecha próxima buscará registrarse como candidato a la Presidencia de la República y competir en las elecciones de julio de 2018.

Ciertamente, los magistrados de la Sala Superior -próximos a terminar su encargo- están tomando resoluciones y asumiendo posturas hasta hace unos cuantos meses inimaginables. Sin embargo, al hacerlo están sentando un criterio; y los próximos magistrados que integrarán esa Sala estarán obligados a observar. Además, no se requiere ser magistrado para darse cuenta que López Obrador está obteniendo una ventaja indebida en el proceso electoral, valiéndose de una y mil argucias, pretextos y vacíos.

Si llegado el momento López Obrador solicita su registro como candidato a la Presidencia de la República, procedería la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato; o, en su caso, si ya está hecho el registro, la cancelación del mismo por haber incurrido en actos anticipados de campaña (aquí obraría en contra el antecedente de David Monreal en Zacatecas a quien el INE le canceló el registro y el Tribunal se lo restituyó).

Pero, en el hipotético caso de que con todo y eso, sea registrado y ganara la elección, procedería la anulación de la misma por las ventajas indebidas que López Obrador ha tenido en el proceso, tal y como ocurrió en Zacatecas. Si en Oaxaca y Veracruz el Tribunal no anuló la elección en la que participaron otros anticipados "promotores de la soberanía" como candidatos a gobernadores, fue porque no ganaron la elección. De tal suerte que para evitar que siga creciendo el problema, lo más sencillo sería negarle el registro, como también podría suceder con Ricardo Anaya, presidente del PAN, quien en menor medida pero también, está haciendo lo mismo que López Obrador.

La clase política queda desnuda cuando de libros se trata, del Presidente para abajo, y quizá por eso se esmera en descalificar lo que los escritores opinan de su mundo. Más aún si se atiende al hecho de que son pocos los autores que alzan la voz, unos pocos más tienen algún espacio en los medios pero no, digamos, como en el siglo pasado, cuando incluso los debates entre los grupos culturales eran noticia. Ya ni eso.

Y por eso hay políticos que llaman a armar la "rebelión en la granja" sin tener la menor idea del despropósito que plantean.

Las diligencias internacionales a las que tiene que recurrir el INE, han retrasado la investigación que se realiza sobre la filtración del padrón electoral en Amazon.

Esta situación dará un respiro a Movimiento Ciudadano hasta el próximo año, pero de lo que no podrá salvarse será de la multa millonaria por haber vulnerado la información de los mexicanos.

Los hijos de Andrés Manuel López Obrador, dirigente del partido Morena, no pueden poseer ni usar ni percibir nada de la finca de 25 millones de pesos que les heredó su padre.

Ayer, Excélsior reveló que en el año 2000 el tabasqueño recibió de sus padres La Chingada, un rancho de 13,341 metros cuadrados, en Chiapas; que en 2007 se escrituró a su nombre y que en 2012 se conoció que él era dueño del lugar. También se informó que no reflejó la finca en sus declaraciones patrimoniales cuando fue jefe de Gobierno del DF.

Ahora, de acuerdo con las escrituras de las que este rotativo tiene copias, se detalla que AMLO no heredó 1,162 metros cuadrados de la finca y que el resto (12,179 metros cuadrados) se lo dio a sus hijos bajo la figura jurídica "usufructo vitalicio", para disponer como quiera y cuando quiera de los predios, aunque en ningún documento oficial aparezca como el dueño.

Si bien regaló a sus hijos parte de la finca La Chingada, conservó para sí 1,162 metros cuadrados; en tanto no muera, podrá disfrutar de lo que produzca el terreno.

En la declaración 3de3 (fiscal, patrimonial y de interés) que López Obrador presentó hace un mes, el tabasqueño no reportó el destino de los 1,162 metros cuadrados de La Chingada que restan después de la donación; tampoco dio cuenta que legalmente sigue siendo el propietario del predio ahora lotificado, que según el mercado inmobiliario de Palenque tiene un costo de 25 millones de pesos, como publicó ayer este diario.

La figura de "usufructo vitalicio" que escogió López Obrador para donarle a sus hijos Andrés Manuel, José Ramón, Gonzalo Alfonso López Beltrán y Jesús Ernesto López Gutiérrez, la mayor parte de la propiedad que él obtuvo por una herencia de sus padres que murieron hace 16 años, permite que Andrés Manuel López Obrador disponga como quiera y cuando quiera de los predios, aunque en ningún documento oficial aparecerá él como propietario.

El abogado investigador Emilio Peña, consultado sobre qué implica el usufructo vitalicio escogido por López Obrador para donar señaló:

"El usufructo es una figura jurídica que tiene como finalidad proteger al donante para garantizarse uso y goce de lo donado y también los recursos que pueda producir el bien donado, en este caso un bien inmueble, sean en beneficio de quien donó hasta que se muera; pero también se puede utilizar para enmascarar la propiedad y así disfrutar de los frutos que este bien inmueble dé, a través de una tercera persona, aunque también puede beneficiarse de manea directa, es decir que puede recibir una renta por el bien, a su nombre o al de su donado".

Dijo que en esta figura hay algo interesante en el caso de si es por causa de expropiación pública, la utilidad que genere será en beneficio del usufructuario. Es decir, si la propiedad se ve afectada por una obra gubernamental y es expropiada, la indemnización la recibiría tanto el donatario como el donante.

Con esta figura, los hijos de AMLO aparecen como dueños de sus predios, pero en realidad no pueden poseerlos ni usarlos, ni percibir nada que derive de éstos.

Tanto en el registro de las 4 donaciones ante la Dirección de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Chiapas como en las respectivas escrituras se señala que el donante Andrés Manuel López Obrador "declara que en este acto se reserva para sí el derecho del usufructo vitalicio, sobre el bien inmueble materia de este contrato, pudiendo tomar posesión real y material del nudo propietario hasta la renuncia o fallecimiento del usufructuario", se lee en el documento del gobierno del estado.

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, retó a Andrés Manuel López Obrador a aclarar a los mexicanos por qué omitió en su declaración patrimonial ser dueño de un rancho valuado en más de 25 millones de pesos.

Diputados del PRI, PAN y PRD cuestionaron la actitud del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de pretender limpiar su imagen con base en artimañas y simulación al presentar la declaración, coloquialmente conocida como 3de3, es decir la patrimonial, la fiscal y la de intereses.

Cuestionado al respecto, el vicecoordinador de la fracción del PRI en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que la simulación de López Obrador constituye un indicio claro de fraude a la opinión pública y contraviene los esfuerzos de la ciudadanía que exige transparentar la vida de los políticos, por lo que el tabasqueño le queda a deber a la ciudadanía.

"Como siempre, va a salir a quejarse y a decir que es un ardid de la mafia en el poder; nunca a responder con explicaciones y dando claramente la información que se le está solicitando; cuál es el destino de esas propiedades, por qué no aparecen reportadas en donde debían aparecer, eso es lo que tenemos enfrente", señaló.

El gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, sorprendió este 12 de septiembre con un cambio en su gabinete: le aceptó la renuncia al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Roberto Dávalos López, e inmediatamente después presentó a quien lo suplirá: Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, quien venía trabajando como coordinador del equipo de gobierno.

Dávalos se desempeñó como responsable de la obra pública estatal con un perfil más bien bajo. Obras concluidas mucho después de lo que estaba previsto, con escasa información y muchas de éstas iniciadas en medio de un desorden generalizado que afectó a miles de ciudadanos, fueron las notas dominantes en su gestión. Pero lo más grave del caso no es si fue un secretario medianamente competente; el problema es que deja el cargo entre denuncias de corrupción y una generalizada práctica de "moches", es decir, asignación de obras a cambio de un porcentaje del recurso asignado para ello.

Hace unos días tuve la oportunidad de entrevistarlo. ¿Hay corrupción en su secretaría? A una pregunta directa, seca, el ex secretario Dávalos respondió, palabras más, palabras menos, con una negativa: "No estoy enterado. No he sabido de ningún caso. Si hay constructores que lo sepan, los invito a que me lo compartan". Eso fue todo.

Su sustituto, Netzahualcóyotl Ornelas (quien por cierto, comenzó el sexenio como secretario particular del gobernador y ahora será responsable nada menos que de la obra pública), mencionó apenas al asumir el cargo, que para quienes tengan conocimiento de "moches" y corrupción en la asignación de obras, él pone a su disposición la privacidad de su despacho (¡¡!!).

En el Gobierno del Estado, igual que en el gobierno federal y en los gobiernos municipales, es tan fuerte la impunidad y tan repetitivos los casos de corrupción, que los funcionarios no son siquiera conscientes de que la admiten y la promueven.

Roberto Dávalos deja la SIOP tan campante como si hubiera sido llamado para ser secretario en el gobierno federal, pero deja tras de sí -con el consentimiento del gobernador- una estela de sospechas y al menos, un comportamiento digno de denuncia pública.

Si él como secretario no fue corrupto, tuvo siempre la obligación de investigar y castigar cualquier actividad fuera de norma. Si es cómplice por omisión, eso también amerita ser sancionado.

A pesar de que los secretarios presenten, obligados por su jefe, su declaración 3 de 3, de nada sirve si la corrupción de otros en el gobierno se deja impune.

En México tenemos un déficit enorme de debate público de los aspirantes a puestos públicos o sus voceros. Nuestros debates preelectorales son acartonados, dicen poco. Y en general los presidentes de partidos y aspirantes huyen de cualquier circunstancia que los haga debatir con sus adversarios.

El jueves 25 de abril de 2013, titulamos así el Itinerario Político: "¡Quieren un muerto!" Documentamos que con el pretexto de la defensa de la educación, la CNTE y sus filiales -como la Ceteg-, habían iniciado una campaña desestabilizadora en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán -además de Ciudad de México-, mediante vandalismo, saqueo, toma de casetas y secuestro de camiones.

Dijimos: "Las manos perversas que están detrás de ese intento de desestabilización buscan un muerto que se convierta en estandarte contra 'la represión del gobierno de Enrique Peña Nieto', y que dé sentido a un nuevo movimiento social político y electoral, capaz de sobrevivir hasta julio de 2018".

"¿Y para qué un muerto? Porque un muerto sería la mejor bandera para 'legitimar' una lucha social, política y electoral, capaz de competir contra el hasta hoy exitoso gobierno de Peña Nieto".

Días después, en el Itinerario Político del 29 de abril, probamos que detrás de la CNTE y del vandalismo desestabilizador contra el gobierno de Peña estaban AMLO y su partido en construcción, Morena.

Cuando documentamos la campaña contra Peña Nieto, aún no se producía el crimen de los 43 de Ayotzinapa -que ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre-, y tampoco aparecía el escándalo de la casa blanca, detonado el 9 de noviembre de 2014.

Es decir, cuando denunciamos la campaña contra Peña, el presidente mexicano estaba en los cuernos de la luna. Pero ya estaban a la vista las evidencias de que su gobierno era acosado. Y el muerto que, por años, buscaron AMLO y sus aliados de la CNTE, llegó el 19 de junio de 2016, en Nochixtlán -3 años después de que lo pronosticamos-, cuando la policía fue emboscada por la CNTE.

Luego de la tragedia de los 43 de Iguala, toda la claque lopista engañó a muchos ingenuos a los que hizo creer que se trató de un crimen de Estado y hasta endilgaron a Peña la responsabilidad. En el Itinerario Político del 28 de octubre, con documentos, audios y videos, mostramos que AMLO impuso a José Luis Abarca como candidato a la alcaldía de Iguala, y que el crimen lo habían cometido los Guerreros Unidos.

Poco después apareció el escándalo de la casa blanca, con su cauda de mentiras y difamaciones. El 23 de agosto de 2015 -"La casa blanca, la ley les vale madre"-, demostramos que legalmente no había responsabilidad del presidente -y menos conflicto de interés-, por una razón elemental: la citada casa no era de su propiedad. El estatus legal era "un contrato de promesa de compra-venta" que, para cualquier conocedor, legalmente no supone propiedad.

Las mentiras siguieron en Tlatlaya, en donde también con pruebas demostramos -12 de noviembre de 2014; "Tlatlaya, la injusticia"-, que un montaje periodístico inventó una supuesta ejecución para desprestigiar al gobierno de Peña. Jueces civiles -no militares- echaron abajo la mentira y exoneraron a militares presuntos culpables de ejecutar a criminales.

El 26 de agosto, en un texto memorable de etcétera -"El plagio de Jenaro Villamil"-, el periodista Marco Levario demostró la patraña y engaño que por años sostuvieron AMLO y su claque, con el cuento de que Televisa impuso a Peña en Los Pinos.

Y apenas en 3 entregas del Itinerario Político -12, 15 y 16 de agosto- demostramos las mentiras del diario The Guardian -difundidas el 9 de agosto-, sobre la supuesta ilegalidad de un departamento de la esposa del presidente en Miami.

Esas y muchas otras mentiras para desacreditar a Peña Nieto confirman la campaña que no ven sólo los ciegos, sordos y... la legión de idiotas.

La política de los gobiernos naranjas hace un año fue no aumentar el predial. Todavía recordamos a Enrique Alfaro, Pablo Lemus, María Elena Limón y Alberto Uribe juntitos durante el anuncio.

"Los gobiernos que han estado al frente de esta ciudad los últimos años, le han cargado a los ciudadanos el costo de su ineptitud y de su voracidad", decían (se nos pone chinita la piel de emoción).

Nomás que este 2017 aumenta ahora sí el predial -cuando la realidad te alcanza ni cómo hacerle- en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

La buena: tras 10 meses en el gobierno [de Guadalajara], la campaña 2015 de Movimiento Ciudadano terminó oficialmente el fin de semana. La mala: comenzó ahora la campaña rumbo al 2018.

Prometer durante la campaña que no se subirán los impuestos es muy fácil, pero luego cumplirlo es lo complicado. Mucha gente tomó ese solo indicador para votar por tal o cual candidato, y luego entonces estamos cerca de conocer que políticos verdaderamente cumplen o no sus promesas de campaña, situación que debe tomar muy en serio el electorado antes de volver a votar por el candidato que los haya engañado, ya que una de las cosas que más afectan a la población es el excesivo cobro de impuestos a cambio de pésimos servicios públicos, y esto en todos los niveles de gobierno.

Ahora bien, otro de los puntos torales que se deben modificar en el gobierno, es la discrecionalidad para el gasto. Yo muchas veces he insistido en que el mal llamado Presupuesto de Egresos en realidad debe ser una ley donde el Congreso de la Unión o las legislaturas de los estados, ordenen al ejecutivo, en base al proyecto presentado por este último, en qué conceptos gastar y hasta qué montos, eliminando la gran discrecionalidad de que gozan para poder reclasificar partidas de gastos, o permitiéndose "no gastar" en determinados conceptos. Recordemos que el gasto del gobierno permite alentar o desalentar actividades económicas ya que incide directamente en la economía local y nacional por lo que debería considerarse criminal el subejercicio del gasto público, evitando también prácticas de algunos gobernantes que están eternamente en campaña, no gastar en determinados conceptos y con ello hacer su guardadito y ya acercándose las campañas electorales, gastar en obras que les den imagen de buenos gobernantes, apostando a que los ciudadanos tienen mala memoria y que su voto lo deciden por las percepciones generadas cerca de la votación.

Así mismo he venido insistiendo en que el Sistema Nacional Anticorrupción, identificado en el imaginario popular como #Ley3de3 se quedó muy corta, ya que la misma debería haberse iniciado modificando las leyes de Adquisiciones y las de Obras Públicas, ya que existe una gran discrecionalidad en las compras y en las asignaciones de obras por parte de los distintos gobiernos. Los últimos acontecimientos en cuanto a la asignación de obras a empresas de reciente creación o manejos en los reclusorios, los millonarios contratos a empresas de comunicación social sin concurso de por medio, la notoria burla en cuanto a la presentación de sus declaraciones por parte de López Obrador o de Ricardo Anaya, nos dan la razón, quedan muchas leyes por reformar.

El reparto de sillas en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, vulgo Itei, quedó en un triunvirato en el que la presidenta, Cynthia Cantero estará identificada con el tricolor, uno de los comisionados, Pedro Rosas, con los naranja y otro más Salvador Romero, con el albiazul, con la posibilidad de que a partir de la nueva presidencia que estará en disputa el año entrante sea rotativa para cualquiera de los 3, que finalmente queden. Así que si alguna vez creyó en eso de la ciudadanización del proceso, lamentamos decirle que fue puro show.

El ITEI como juguete de alguien que se cree su dueño. La transparencia como arma en contra de enemigos políticos.

Doloroso final de una institución que está en el camino de ser títere de intereses que no es su naturaleza.

Los partidos políticos tuvieron el monopolio de postular los candidatos a los puestos de elección popular hasta hace algunos años. La apertura a la posibilidad de competir como candidatos independientes fue un halo de esperanza, un triunfo de la apertura democrática; pero hasta ahora todavía no tenemos los buenos resultados que esperábamos. Hace falta que pase más tiempo para que madure el esquema de las candidaturas independientes; falta abrir los candados que inhiben la posibilidad de que podamos votar por las personas que cambien el modo corrupto en que se mueve la política y por ende la administración pública.

Los candados que limitan a los candidatos independientes son muchos y muy variados, entre ellos podemos mencionar los siguientes: No podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo; no podrán recibir aportaciones voluntarias en efectivo, deberán depositarse en la cuenta bancaria exclusiva para la administración de los gastos de campaña. Deberán ser superiores a 90 días de salario mínimo mediante transferencia o cheque nominativo, de tal manera que hagan identificables los datos del aportante. Las aportaciones en especie deberán estar amparadas por la documentación establecida en el Reglamento de Fiscalización y no deberán exceder del tope de campaña correspondiente. Además, no podrán recibir aportaciones de ninguna dependencia de la administración pública federal, estatal o municipal, de ninguno de los 3 poderes, ni de partidos políticos, ni extranjeros; organizaciones gremiales ni sindicatos, organizaciones internacionales de cualquier naturaleza, asociación o iglesia de cualquier religión, ni empresas mexicanas de carácter mercantil.

Hay un reglamento de fiscalización que se encarga de investigar que no se violen estos candados so pena de descalificar al candidato.

El financiamiento público a los partidos políticos destinará una parte del presupuesto que se dividirá entre los partidos registrados y destinará una partida igual a la que se asigne a un partido de nuevo registro, para dividirlo entre los candidatos independientes siendo una tercera parte para los candidatos a laPresidencia de la República; una tercera parte para los aspirantes a una senaduría y una tercera parte para los que se apunten para diputados federales.

Jorge Castañeda propone que le quiten recursos a los partidos y lo aumenten a los candidatos independientes para hacer efectiva la apertura. Por su parte, el único diputado federal independiente en funciones, Manuel J. Clouthier, pide se asigne tiempo de Estado en radio y TV.

Lo que nos hace falta para elegir a los mejores hombres, no son tantos candados, sino una severa pre selección de los candidatos, sean independientes o postulados por los partidos políticos. Hasta ahora, no nos garantizan que unos u otros sean los mejores, sean los que México necesita para progresar. Por eso deberían pasar todos los candidatos por una serie de exámenes, de confianza, sicológicos y sicométricos, además de una minuciosa investigación de sus antecedentes y su currículo; examinar su capacitación técnica, su experiencia profesional o empresarial; los servicios comunitarios que ha prestado y sobre todo, comportamiento cívico y honradez intachable.

Incapaces de restablecer el sistema de aprovechamiento de la basura por el que Guadalajara llegó a ser modelo a nivel nacional y aun internacional -o de confinarla, al menos, en "rellenos sanitarios" decentes-, las autoridades de todos los municipios conurbados en la capital de Jalisco se han limitado, desde hace muchos años, a dar "palos de ciego": a sumar disparates, burradas y desatinos a las atrocidades que han perpetrado sistemáticamente en esa materia.

¿Generación 1973-1987? No, pos sí... Que viva este burro engañamensos... Pobre México tan lleno de ciegos.

Alfonso Villalpando
(Facebook, agosto 22 de 2016).

Nuestro país adolece -lo he escrito hasta la saciedad- de politizar cualquier asunto que se etiqueta con "carácter oficial", poniéndose al frente a gente ineficiente, inepta, incapacitada para desempeñar positivamente la labor que le ha sido conferida. Funcionarios que por amiguismo y compadreos, son designados por la autoridad máxima en puestos y jefaturas, originándose consecuencias funestas, el fracaso manifiesto que consigo trae el cóctel más nefasto compuesto con ineficacia y corrupción.

Como muestra es el desempeño de Alfredo Castillo, amigo presidencial -¿recuerda su gestión en los violentos actos de Michoacán?- que al quedarse desempleado, habría que ocuparlo. Qué mejor en algo como ministro del deporte y olimpismo nacional, permitiéndole hacer turismo de lujo en tierra brasileña con su musa acompañante, con cargo -que es lo que cala- al presupuesto.

Culpable en la parte que le toca, al no tener la capacidad para organizar siquiera la contratación de auténticos profesionales que preparen como preparar se debe a los atletas que competirían, cuando resulta fácilmente cómodo atribuir los fracasos a nuestros deportistas, que más que alegrías dieron decepciones. Pero, ¿qué apoyos recibieron para su mejor desempeño? ¿Quiénes los prepararon?

¿A dónde se va el dineral que administrado por la gente de pantalones largos designada por "dedazo" de quienes políticamente les dieron el nombramiento en las federaciones olímpicas mexicanas?

Lo únicamente cierto, es que los resultados están a la visita, y es que México carece de una estructura deportiva moderna impulsada por el gobierno, enfocada a triunfar. Vamos, que no se cuenta con una formación integral que depende ahora de la Secretaría de Educación Pública, que sortea una por demás conflictiva problemática nacional que, con omisión por parte de la de autoridad, tiene al país de cabeza.

Vale decir que en nuestro México, ahora, el circo es malo y el pan escaso.

Cosa, pues, de algo llamado DESVERGÜENZA.

Estabilidad, eficiencia, e inclusión son algunas de las principales características del buen gobierno. La estabilidad mira sobre todo a las instituciones, la eficiencia a la toma de decisiones, y la inclusión a la capacidad del gobierno para involucrar a la sociedad en su función, de forma que se compartan las responsabilidades y se rompa la inercia de gobierno tiránico y sociedad víctima.

Las instituciones fortalecen su estabilidad en la medida que superan cualquier tipo de parálisis o de incontrolada movilidad a la hora de enfrentar los retos de la administración, pero sobre todo cuando siguen respondiendo a las necesidades de la población de forma no sólo oportuna y eficaz, sino previsora.

La eficiencia del gobierno en la toma de decisiones incluye la planeación del modelo de país que se quiere en todos los órdenes, la aplicación inmediata de correctivos a cualquier tipo de desviaciones, la adecuada implementación de los proyectos, reformas o innovaciones, la solución inteligente a problemas imprevisibles, y un sinnúmero de acciones que forman parte del quehacer cotidiano del gobierno.

La inclusión de la ciudadanía, por lo menos en la toma de decisiones de mayor impacto no ha sido común en las democracias modernas, pero hoy día se ha operado de múltiples maneras en diversos países occidentales, sobre todo en aquellos donde la madurez política de la sociedad y del gobierno han alcanzado óptimos niveles.

Estos perfiles de gobierno han tenido tímidos, inconstantes y mal manejados asomos en México, donde más bien pareciera que se va hacia atrás. Lejos de la estabilidad, la eficiencia y la inclusión, lo que existe en nuestro país es una permanente marejada legisladora que trae consigo un incremento a las nóminas y una mayor parálisis del flujo administrativo.

El gobierno lo sabe, pero en vez de corregirlo sigue buscando disimularlo, con frecuencia encubrirlo denotando una clara complicidad con el estatus de la gestión pública federal y estatal. En apoyo de esta pésima estrategia se apuesta por una mercadotecnia de 1er. mundo, por el cuidado de las formas, de las apariencias, por el envío de mensajes positivos, todo un conjunto de "comerciales" de muy alto costo y en los que ya nadie cree.

Uno de los males endémicos de los últimos gobiernos del país, también éste, es que sus autoridades siempre encuentran chivos expiatorios para ocultar incapacidades y corrupción. Así, antes que reconocer las fallas, eligen la evasión como estrategia que, al final, sólo conduce a perpetuar malos resultados, pero no a mejorar.

Al político que hoy es presidente se le olvida que las buenas noticias no son noticias por una razón sencilla: es una promesa cumplida.

No es porque a la prensa le guste el conflicto, es porque [noticia] es lo que sale de la norma.

Por ello, el periodismo señala la promesa no cumplida, la acción que salió defectuosa o, de plano, no se realizó, la propuesta que es engañosa o la mentira que tratan de vender como verdad.

El político enloquece con el señalamiento. No importa si es presidente o candidato, alcalde o gobernador. Ninguno soporta un cañonazo de 50,000 caracteres.

Por ello, buscan medios aliados, compinches o cómplices que maquillen o, cínicamente, oculten la realidad. Ustedes saben cuales están alineados con quienes. Por desgracia, esa alineación es oscura y escondida en México. Aún no logramos llegar a la madurez donde los medios puedan expresar de forma libre su filia y su fobia. Aún buscamos tapar con la expresión de veracidad algo evidente: la objetividad es inexistente... lo cual no es malo. La opinión y el criterio personal se conforma de las subjetividades de quienes nos rodean.

Por ello, preferible dejar claro lo que desquicia al político que esconderlo entre muletillas diversas que tapen la realidad. Esto, aunque convierta el entorno en una marea de nihilismo que haga tambalear los barcos de la clase política.

Posibles independientes:

Tibio y dubitativo. Eso define a Mancera como jefe de Gobierno de la capital. En medio de escándalos de corrupción en delegaciones e incluso en la Asamblea, con denuncias en distintos rumbos sobre graves violaciones a las leyes de desarrollo urbano (episodios donde las autoridades o son omisas o cómplices), borrado de la discusión sobre las emergencias ambientales por contaminantes del aire, Mancera sigue como puntero cuando en las encuestas se pregunta por un candidato del PRD, partido al que no pertenece pero con el que no rompe.

Pero lo de puntero es un decir, porque el PRD ha cedido ante el embate de Morena (en la encuesta de la semana pasada de Reforma el Sol Azteca saca 6 puntos) y con Mancera de candidato el PRD apenas lograrían 9 puntos (ídem).

Mancera dice que puede ser candidato porque no tiene mejor cosa qué hacer que alimentar esa supuesta aspiración con miras a usar esa fama electoral, que no peso ni prestigio, en el trueque partidista que se dará en el 2017. Podría jugar a favor de alguien o en contra del Peje. Y cobrar por ello. No sería un mal negocio: total, qué puede perder si no puede ganar.

Ni los procesos legales emprendidos contra su antecesor, ni eventuales resultados de su gestión alcanzarán para que el neoleonés Jaime Rodríguez se posicione a nivel nacional. "El Bronco" requeriría del acompañamiento del gobierno federal para que sus pesquisas contra Rodrigo Medina rindieran los máximos frutos, pero desde Los Pinos no se ha movido ni un hilo de voluntad para que al ex gobernador priista se le cobren las facturas. Así, a la sociedad regia le sabrán a poco los episodios de los tribunales cuando lo que se les prometió era la cárcel para el ex mandatario. En la expectativa fallida se morirían las ilusiones de grandeza del ex priista.

Jorge G.Castañeda tiene hasta un libro (Solo así, se llama) donde apunta lo que podría ser una plataforma para el cambio que, según él, México requiere.

En ese volumen Castañeda dice que sólo alguien que no le deba a los partidos podrá hacer que estos y sus principales representantes rindan cuentas sobre corrupción y derechos humanos.

El sistema de fiscalización de los recursos que el gobierno extrae forzosamente a la sociedad para pagar el funcionamiento del aparato de gobierno, en sí mismo está diseñado para cubrir, arreglar, encubrir las irregularidades de la clase política y sus facciones.

Si no fuera así, los distintos sistemas de fiscalización que se han diseñado y reformado ya habrían dado resultados. No funcionaron las Contadurías Mayores de Hacienda; no funcionaron las contralorías dentro de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; no han funcionado las auditorías superiores; y tampoco funcionará el sistema nacional anticorrupción.

Los sistemas de fiscalización salen más caros que las albóndigas. En Jalisco hemos gastado decenas de miles de millones de pesos en los últimos 30 años en mantener las distintas agencias dedicadas a revisar y fiscalizar el dinero de la sociedad gastado por la clase política, sin resultados relevantes.

Los ilusos liberales "luchan" por un sistema de fiscalización que elimine o por lo menos disminuya y controle la corrupción. Pero históricamente eso no ha existido en los gobiernos en México. Ni en el sistema colonial; ni en el sistema liberal: ya fuera centralista o federalista; ya fuera porfirista, revolucionario, priista o de los gobiernos de la supuesta transición a la democracia. La corrupción nunca se ha controlado y menos eliminado.

Si lo único que se le propone al electorado es de nuevo un Peña Nieto y la re-elección disfrazada con la esposa de Calderón, es probable que el país opte por López Obrador.

Este domingo, López Obrador dijo que "los de la derecha, los de la mafia del poder, los del PRIAN no aceptan su declaración de bienes, que no tiene casas, ni cuentas bancarias, ni tarjeta de crédito, ni vehículo propio, porque ellos tienen mansiones en México y el extranjero". Maestro en el sofisma, un día antes escribió en su página de Facebook: "Están como enchilados los políticos corruptos, cínicos e hipócritas del PRIAN, socios, achichincles y corifeos... Es sencillo: no soy como ellos". El discurso es típico del veterano político: el contraataque retórico, virulento y sonoro para provocar a sus adversarios y llevarlos a su terreno, el de la palabra, no el de los hechos. Los arrincona para que rindan cuentas, con artificios verbales para que nadie le pida cuentas a él.

Ese método le es redituable. No hay legiones de seguidores, pagados o espontáneos más agresivos y activos en las redes sociales que los de López Obrador. Son incansables e intimidantes al grado de que en los medios de comunicación muchos de quienes escriben análisis, o se autocensuran o se vacunan expresando que no son "antipejistas". Con López Obrador no hay puntos medios, espacios grises ni matices. Es el todo o el nada. Estás conmigo o estás contra mí. Esto no es una casualidad: es la influencia de su mensaje.

El discurso de López Obrador, que nació en Macuspana, donde se hizo evangélico, es teológico y maniqueo, donde el mundo se divide entre buenos y malos, ricos y pobres, puros e impuros. Toda su retórica es religiosa; él, en el lado de los puros, y los otros, los de la mafia del poder y quienes no le profesen lealtad en forma incondicional, en el de los impuros. Es un juego de imágenes que tiene un impacto poderoso porque la realidad del país, pobreza, desigualdad, corrupción e impunidad, está alineada con su palabra.

Pero que la realidad se acomode al discurso no significa que el discurso sea verdad. Hay componentes en su programa de gobierno que pueden ser discutidos y cuestionados, pero no descartados a priori. En la campaña presidencial se pasarán por ácido sus propuestas. Pero para el ideal en una campaña electoral donde se confronten las ideas y las visiones del país, el entorno no puede estar contaminado por el odio que genera un discurso excluyente y que polariza.

Los medios en México tratan con respeto o miedo a López Obrador y no le exigen nada. Pedirle transparencia ahora, es un deber profesional ante un candidato tan poderoso como López Obrador. Conminarlo a que no engañe ni diga mentiras a los electores, es un imperativo ético. Si mantiene la opacidad, mal haríamos en los medios y la sociedad, dejar que se mueva con impunidad.

La lógica de AMLO es que, a diferencia de los representantes de la 'mafia del poder', él no tiene por qué dar cuentas. Aunque ahora ya ha enarbolado de nueva cuenta la 'república del amor' y se muestra como un hombre sereno y condescendiente con sus adversarios, a quienes ya ha amnistiado de antemano, sigue considerando que hay ciudadanos de 2 clases: él y sus aliados por una parte, y por la otra todos los demás.

Esta visión implica respetar las reglas 'tácticamente', para desconocerlas cuando sea conveniente 'estratégicamente'.

Por eso no hay preocupación en asuntos como la transparencia. Sólo hay que revelar información para cumplir la fórmula. La 'mafia del poder' no tiene la autoridad moral para exigir cuentas. Eso sólo lo puede hacer el pueblo.

La transición a la democracia nos heredó una fe ciega en los organismos autónomos. Ante el descrédito de los partidos políticos, y la manipulación inherente al régimen, los arquitectos de nuestra democracia vieron una salida: edificar un amplio abanico de instituciones "ajenas" a los partidos políticos, que vigilaran el ejercicio del poder. Los famosos organismos ciudadanizados o autónomos. Los encargados de tripular la transición asumieron que sólo dispersando el poder, restando competencias al ejecutivo y abriendo los canales de participación ciudadana, podríamos democratizar las instituciones que heredamos del autoritarismo mexicano. Dicha solución provocó la emergencia de órganos autónomos encargados de las elecciones, de observar los derechos humanos y de fiscalizar las cuentas públicas. Algunos pensarán que quienes idearon nuestro modelo autonomista de transición, fueron una bola de ingenuos. Ilusos que nunca vieron que la lógica partidista siempre imperaría. O, peor, gatopardistas. Acordaron cambiarlo todo, sólo con la idea de mantener el poder. Sin embargo, interpretaciones aparte, al menos en la teoría, esta cesión de competencias tenía sentido, sonaba razonable.

Y a diferencia de lo que muchas veces cuenta la crónica política de nuestros días, partiendo de una clara revisión o una reinterpretación de lo que fue la transición a la democracia en nuestro país, esta apartidización nunca existió. Ni el IFE de José Woldenberg, recordado como el símbolo o el tipo ideal del funcionamiento de un órgano autónomo, quedó al margen de la pugna partidista. Tan es así que al menos tres consejeros, que ocuparon su cargo entre 1996 y el 2003, luego desempeñaron cargos importantes en la estructura de partidos políticos -Alonso Lujambio, Jaime Cárdenas y Juan Molinar Horcasitas. El apartidismo de estos órganos es un mito bien conservado en el baúl de los recuerdos políticos de nuestro país, pero es difícil sostener que aquellos primeros órganos estaban exentos de la lógica partidista. Los partidos políticos siguieron peleando y pugnando por cuotas, queriendo ocupar cualquier espacio de decisión disponible, sin embargo la responsabilidad de los actores políticos era mayor que en la actualidad.

Lo importante es que en ese momento existieron dos condiciones que explican el temprano éxito del modelo de los órganos autónomos, al menos en el periodo 1996-2003. En 1er. lugar, un compromiso histórico de los partidos políticos con el proceso de democratización. Es decir, los principales líderes partidistas entendían que la transición no era una cuestión sólo de voluntad, sino una responsabilidad histórica ineludible. Por ello, a pesar de que los partidos intervenían en todas las decisiones, sus propuestas para el IFE u otros órganos autónomos, fueron responsables y apoyando a figuras de alto prestigio. Y, en 2o. lugar, en la sociedad había un respaldo al reformismo, a entender que la ruta hacia la democracia se cimentaba en la construcción de instituciones plurales y sólidas. Ambos consensos se diluyeron con el paso del tiempo. Es decir, la autonomía fue producto de un compromiso de época, cimentado en la oportunidad de que los mejores y más honestos, ocuparan los puestos de decisión. La autonomía se construía desde el prestigio, no desde una falsa interpretación de la independencia.

Parte de la crisis política del régimen del partido único fue la corrupción y la discrecionalidad con la que gastaba el dinero de todos los contribuyentes. Un cimiento de la cultura política mexicana siempre fue el patrimonialismo, entender los recursos públicos como patrimonio del funcionario público en turno. La corrupción y el mal uso de los recursos públicos caracterizaron al autoritarismo mexicano, por lo que había que sacar la revisión de las cuentas de la lógica política y partidista. Ésa fue la justificación de dotar de autonomía a los órganos fiscalizadores, sin embargo dicha autonomía se convirtió rápidamente en un escudo de impunidad.

El caso de la ASEJ es paradigmático. El escudo de impunidad le permitió a su titular por 12 años, Alonso Godoy, hacer un uso particularista y político de las cuentas públicas. El auditor se convirtió en una figura de temer, conocía los "trapitos sucios" de todos y utilizaba esa información como arma arrojadiza para protegerse y amarrarse al cargo. Una posición de acumulación de poder permanente, que lo dotaba de una amplia capacidad de chantaje político. La revisión de las cuentas públicas se convirtió en aquello que quiso evitar la reforma que dotaba de autonomía al órgano: un mero juego de intercambio partidista. El auditor entendió que en Jalisco, los distintos intereses políticos se articulan en torno a 3 o 4 jefes políticos que toman las decisiones trascendentales en Jalisco. Su sentido de ubicación política y su funcionalidad para el sistema político estatal explican su longevidad en el cargo.

Sin embargo, la baja credibilidad de la auditoría y la nula eficiencia del órgano, tiene menos que ver con las leyes que con la política que rodea el proceso de revisión de las cuentas públicas. ¿Cómo le hacemos para regular que los políticos no se pongan de acuerdo para limpiarse mutuamente las cuentas? ¿Habría algún artículo en el que podamos prohibir de tajo que vuelva a existir algún Godoy? Es imposible.

Godoy, al igual que otros políticos que han pasado por órganos constitucionalmente autónomos, es el producto más acabado de los vicios de nuestro sistema político. La política en general se encuentra infectada por estas prácticas no democráticas que aseguran impunidad, protegen la selectividad de la justicia y colocan incentivos para la complicidad política. Sólo una nueva política que entienda que estas formas de complicidad y contubernio son inaceptables en democracia, puede blindarnos de la aparición de personajes como Godoy. Y para ello, es fundamental ampliar los canales de participación de los ciudadanos, fortalecer las capacidades de control que tienen los ciudadanos sobre la clase política.

Hay algo que les duele a los políticos por encima de todo: el castigo en las urnas. En Jalisco, decisiones como la de no ratificar al auditor se explican por ese temor que tiene la clase política, los distintos partidos, a ser castigados en las urnas por respaldar a un auditor sobre el que versan muchas sospechas.

En los EU, al principio de la contienda nadie daba un penny por Donald Trump al interior del Partido Republicano, y hoy es el candidato. Por su parte, Hillary Clinton, si bien desde un principio figuró como posible candidata, tuvo que competir en 50 elecciones muy reñidas con el senador Bernie Sanders. Tanto Trump como Clinton no le deben la candidatura al órgano colectivo nacional de su partido, ni al "posicionamiento" que hicieran en su favor los medios de comunicación. Su candidatura derivó del voto ciudadano en un proceso auténticamente democrático. Aquí, las candidaturas surgen de los poderes fácticos, los medios de comunicación, y a las oligarquías y liderazgos de los partidos.

En México, el único aspirante que podría ganar la candidatura al interior de su partido en una elección sería López Obrador, siempre y cuando sólo participaran sus militantes. En los demás partidos no es posible asegurar quién pudiera ser el candidato (sí la elección fuera como en EU debiendo ganar estado por estado): en el PAN el resultado sería impredecible; en el PRI, se correría el riesgo de su balcanización o de violencia en la lucha por la candidatura; y en el PRD, las tribus se despedazarían unas con otras para tratar que uno de sus miembros fuera el candidato.

El 14 de julio, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. A 25 días de esa promesa, que tuvo como plazo el 29 de julio, el líder de Morena no ha cumplido con su palabra y aún no aparecen en la plataforma #3de3 estos documentos.

A pesar de ser el presidente nacional de una de las 4 principales fuerzas políticas del país (en algunos casos la 3a.), el 2 veces candidato presidencial le ha sacado la vuelta a este compromiso que ya realizaron los dirigentes nacionales del PRI, Enrique Ochoa Reza; del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y del PRD, Alejandra Barrales.

Pero el foco de atención en esta supuesta declaración #3de3 de López Obrador estará en los moches voluntarios de diputados federales, locales y senadores; los recursos que nunca se transparentaron de la Fundación Honestidad Valiente; las subvenciones extraordinarias de grupos parlamentarios como el PT y Movimiento Ciudadano, en el periodo de 2006 a 2014, cuando Morena todavía no recibía su registro como partido político, y sus prerrogativas correspondientes.

Al respecto, el integrante del Grupo Galileo al interior del PRD, Fernando Belaunzarán, consideró que si López Obrador determina presentar esta declaración deberá incluir el patrimonio que alguna vez dijo que les había dejado a sus hijos, y deslizó que "por ahí pueden salir muchas cosas".

Aparte, senadores del PRD y PT, integrantes de las 2 legislaturas que comprendieron del 2006 al 2012, aseguraron que después del conflicto poselectoral de 2006, los legisladores de la coalición que impulsó al tabasqueño tenían la obligación de dar una "cooperación voluntaria" para mantener el movimiento de defensa del voto.

Los legisladores revelaron que estos "moches iban de 10,000 a 30,000 pesos de su dieta mensual, aunque aseguran que algunos desistieron de entregar ese recurso a los pocos meses de que López Obrador se declaró 'presidente legítimo', el 20 de noviembre de 2006".

Cabe destacar que en la legislatura 2006-2009, el PRD logró 127 curules en la Cámara de Diputados; 11 el PT, y 18 Convergencia (hoy MC), mientras que en el Senado, el PRD alcanzó 33 escaños, el PT 5 y Convergencia 5.

Los recursos obtenidos en este lapso permitieron a López Obrador realizar diversas giras por todo el territorio nacional (incluidos boletos de avión para él y sus colaboradores, hospedaje en hoteles, comidas, renta de espacios y equipo para realizar mítines).

Además, celebrar decenas de concentraciones masivas en el Zócalo, Avenida Juárez, el Monumento a la Revolución, el Auditorio Nacional (específicamente la del 10 de octubre de 2011, cuando se da la Asamblea Constitutiva de Morena) o en Reforma; compra de vehículos terrestres para traslados; pago a colaboradores e incluso la renta del inmueble de la Colonia Roma, de 2006 a 2012.

El consejero jurídico de la Ciudad de México Manuel Granados dio una entrevista a 24 horas. En la charla, luego de generalidades sobre esa generalidad que es la venidera constitución (con minúsculas) de la CDMX, el consejero jurídico se descaró al hablar sobre el futuro. Esto le dijo a la reportera Karla Mora: "Hacer que el jefe de Gobierno sea candidato a la Presidencia a la República, eso es prioridad y debería ser la prioridad para todos".

La Consejería Jurídica de la Ciudad de México presume en su sitio que su función es "garantizar la protección de tus derechos" y hacer de la capital "una ciudad con apego a la legalidad".

Si alguno de ustedes quiso circular el lunes por Reforma y cree que sus derechos al libre tránsito fueron violentados porque esa marcha no los dejó pasar por esa vía pública... pues a quejarse a otro lado, porque el consejero jurídico Granados ya dijo que más que proteger "tus derechos", como presume en la web la Consejería, su prioridad es hacer candidato a su jefe.

La novedad es que Granados y su jefe tienen nuevo criterio para permitir el uso de la plancha capitalina: si es una marcha "amiga" (eso dijo ayer Mancera, que las del lunes eran organizaciones "amigas" y que por eso fue al mitin) llegará al Zócalo. Así que nada de aplicar a los manifestantes el elemental principio jurídico de o todos coludos o todos rabones. Si no, pá qué son los amigos.

Lo que también es noticia es que el escudero del amigo Mancera declare sin pudor que la prioridad son las aspiraciones del jefe. Eso en automático deja en un segundo plano las necesidades de los gobernados.

¿Que qué pasa si eso violenta tus derechos ciudadanos? No me hagan reír.

Iniciaron los Juegos Olímpicos y los políticos jaliscienses se quisieron poner a tono y organizaron su propia competencia: el Bachetón.

La prueba más exigente del Bachetón inicia este martes -en apariencia-, cuando cierren 2 kilómetros del Periférico entre las avenidas Vallarta y Guadalupe. Cuando usted lea esto esperemos que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública se haya puesto de acuerdo con Movilidad, porque ninguno quiere ceder. Los que saben dicen que deben cerrarse todos los carriles y no les importa el desastre que ocasionarán las rutas alternas. Como ve, para competir hasta en el mismo equipo se dan de patadas y los ciudadanos... que se esperen. ¿En realidad tardarán 60 días y con un sentido cerrado?

Además, ya empezaron las sospechas de los ciudadanos que no ven la necesidad de repavimentar la arteria que lleva al Estadio Chivas y un fraccionamiento exclusivo, sino, como lo publicó este diario, lo que urge son los cruces de Periférico con Tutelar, Mariano Otero, Colón, Adolf Horn, Puente de Juan de la Barrera y carretera a Chapala. Pero esos no están contemplados, que falta dinero, dicen. Sólo hay 30 millones de pesos para arreglar esta avenida en 2016.

El Ayuntamiento de Zapopan reconoció que los baches aumentaron y culpó a las obras de la Línea 3 del Tren Eléctrico, debido a que las rutas alternas no están diseñadas para mucha carga vehicular.

Ya en plan de quererse ganar la medalla de oro, el encargado de pavimentos de Guadalajara, Rigoberto Montufar, afirmó sin empacho que "el foco rojo es el municipio entero" y argumentó que falta el triple de personal para poder cumplir el compromiso y además pidió paciencia. El Bachetón es ahora la competencia donde se están haciendo bolas los funcionarios y buscan mejorar sus marcas de cinismo e inoperancia.

Lo que no han entendido los políticos es que el Bachetón la gente lo entiende como un termómetro para saber si en realidad le dieron su confianza a los personajes correctos. Si bien la seguridad es un tema complejo de resolver, la gente quiere por lo menos buenas calles, que parece un tema más fácil de solucionar porque el asfalto y el cemento no tienen ideología ni malas intenciones, sólo baches que deben ser tapados de forma mecánica, pero no hay dinero ni ganas ni preparación para esto, ¿y así quieren una medalla? La gente puede esperar, piensan.

Un cambio en la vigilancia del gasto público en Jalisco nunca vendrá de los que desde el poder se benefician de esta situación, por ello habrá que apoyar con todo vigor desde la sociedad civil la convocatoria para elegir un nuevo auditor que ya se diseña por distintas organizaciones ciudadanas, para que sea adoptada por los diputados. Viene, pues, la prueba de fuego para la LXI Legislatura naranja. Se salva o se pudre como las últimas 4.

Más allá de discursos demócratas y sesudos análisis que no llegan a ninguna conclusión, cuando le escarbamos un poco a los diputados sobre cómo votarían en caso de que Alonso Godoy Pelayo se proponga para reelegirse como auditor (que es un hecho), lo que aflora es el miedo. Los más cínicos lo que argumentan es que no hay otro que tenga el consenso de la clase policía, es decir de los factores reales de poder en el estado. Lo que los políticos quieren decir, parafraseando a Rubén Aguilar, es que no pueden estar en contra de su reelección. El gran poder que tiene hoy el auditor es el miedo de la clase política porque tiene el poder de decir qué cuenta sale en ceros (aunque sea increíble) y cuál tiene cargos; quién duerme tranquilo y quién no; quién va a la siguiente campaña arrastrando una cuenta pública y quién va ligero.

La elección de Godoy Pelayo hace 7 años fue producto de un pacto político. Ante la imposibilidad de encontrar un auditor distinto que contara con el consenso de quienes tomaron la decisión se optó por reelegirlo, con la condición de que las cuentas de los decisores saldrían sin cargo. El auditor cumplió: las cuentas de Emilio González Márquez (incluyendo todo lo de Panamericanos), de Aristóteles Sandoval (en Guadalajara y el Gobierno del Estado), de Tlajomulco (el periodo de Enrique Alfaro y el de Ismael del Toro) y de la Universidad de Guadalajara han salido sin mácula.

Salvo el caso del ex gobernador González Márquez, quienes tomarán la decisión de ratificar o no a Godoy el próximo mes de diciembre son los mismos de hace 7 años. A a los 3 grupos les conviene que todo siga igual y, por puro miedo, los panistas terminarán subiéndose a la ratificación.

Si la decisión queda sólo en la clase política no hay duda de que Alonso Godoy seguirá siendo auditor por 7 años más y seguirá manejando a la auditoría como el pequeño reino feudal dentro del estado, como lo ha hecho hasta ahora.

La única forma que esto no suceda es que la sociedad civil elevemos el costo político de esa decisión. Algunos organismos ya levantaron la voz. Lo que está en juego no es la tranquilidad dela clase política sino la certeza de lo que se hace con nuestros impuestos, pero de nosotros depende que nos hagamos patos o les cobremos la factura, no al auditor, sino a quienes lo ratifiquen.

Me llama la atención que el PRD no se termine de deslindar siquiera de los personajes que han gobernado por ese partido sobre todo en Guerrero: Ángel Aguirre era indefendible después de Iguala y lo respaldaron a un costo político altísimo y las sospechas sobre muchos otros funcionarios y presidentes municipales son una realidad: ahí está el caso, sin ir demasiado lejos, del asesinado alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, que acumulaba sospechas de relaciones con grupos criminales de la zona. En todo caso, en el PRD parece que están mucho más preocupados por el futuro inmediato que por esos temas.

En Morena no hay problema con eso de la corrupción. Aunque haya sido un ladrón, quien se acerque al mesías queda limpio, para ellos, de todos sus pecados.

La utopía crónica y mercadológica del gobierno mexicano, según el cual, los problemas se arreglan promulgando impecables leyes, en medio de gran boato, con la asistencia de todos los medios de comunicación, aderezado con discursos de conocida retórica.

Tampoco es de dudar que mientras por un lado se hace la dicha promulgación, por el otro, incontable cantidad de actores políticos estarán ya haciendo y buscando las formas y maneras en que se puede burlar el nuevo aparato legal, como es costumbre.

Todo acaba siendo mera mercadotecnia en vísperas del siguiente periodo electoral, y como un golpe maestro mediático ante la depreciada gestión del partido en el gobierno.

Por lo mismo, promulgar leyes no es asunto relevante, lo verdaderamente decisivo es aplicarlas, es entonces que deberán darse los aplausos y las felicitaciones, cuando los funcionarios públicos de primer nivel renuncien a los cargos de asesores que, con nombres prestados, devengan en tales o cuales municipios, cuando se sancionen las triquiñuelas de todos los días, como por ejemplo dar a los maestros computadoras usadas haciéndolos firmar que las recibieron nuevas, o recibir parte del salario de un empleado como pago mensual por habérselo otorgado, cuando los magistrados despidan a los hijos de sus colegas que sin mérito ni capacidad emplean a cambio de obtener de aquellos la misma prebenda. Cuando los secretarios de estado transparenten sus acciones, como en el caso del sistema IAVE, o el de la casona de Ixtapan de la Sal. Habrá que aplaudir y con ganas cuando los comerciantes de la zona de Medrano y los de San Juan de Dios, entre otros, dejen de ser extorsionados por la autoridad para poder vender contrabando.

La lucha contra la corrupción por parte del gobierno exige mucho más que nuevas leyes o promesas, exige que nadie ocupe un puesto sin tener la experiencia, los méritos, la capacidad y el cumplimiento de la legalidad que se requiere para obtenerlo, exige que a ningún funcionario público se le blinde para evitar que dé cuentas a la justicia.

Los diputados locales y los federales siempre están buscando en donde más atar a los ciudadanos. Prohibir esto, regular aquello. Les encanta y es inútil.

Hemos visto 2 de las muchas caras de López Obrador. Hace unas semanas, daba todo su apoyo a la Coordinadora, los llamaba a una alianza estratégica, los funcionarios y dirigentes de Morena participaban de sus marchas y bloqueos y declaraba solemnemente que de llegar al poder les regresaría el control de la educación en Oaxaca y revocaría la Reforma Educativa. Y la semana pasada lo vemos en el MLB All Star Game en San Diego, California, con boletos preferentes, entrada a vestidores, con una acreditación que lo identifica como invitado muy especial, tomándose una foto con el pelotero David Ortiz. Y dice que no hay que revocar la Reforma Educativa sino adecuar la reforma a las necesidades regionales (lo mismo que dice Miguel Osorio en Gobernación, o Aurelio Nuño en la SEP). Afirma que si el PRD no va con el PAN en el Estado de México, puede considerar una alianza con ellos para 2018, aunque hace unas semanas los consideró parte de la mafia del poder. Y ya en plan confidencial, dice que cobra 20,000 dólares por conferencia (¿no era que vivía con 50,000 pesos mensuales?), y que no tiene propiedades porque las que tenía (¿cuáles?) ya se las dejó a sus hijos. En unas horas muchos de quienes han calificado a López Obrador como el gran desestabilizador ahora lo ven como una carta de estabilidad.

Quién sabe qué personaje será López Obrador el día de mañana, lo cierto es que sólo con un viaje a un juego las grandes ligas, una foto, un par de declaraciones contradictorias con las del pasado, se ganó los titulares. No creo que haya cambiado, los que cambian son los que lo interpretan.

Andrés Manuel López Obrador ya vio más allá del horizonte. La silla presidencial está al alcance de sus manos siempre y cuando haga los movimientos correctos. La línea estratégica tiene un principio, finales de junio, cuando en un multitudinario mitin en la Ciudad de México urgió al presidente Enrique Peña Nieto que iniciara un gobierno de transición. El 2o. momento fue la semana pasada, cuando en una entrevista de radio se separó de sus aliados electorales, los maestros disidentes, y dijo que no sólo no era posible derogar la Reforma Educativa, sino que de hacerlo, el Presidente estaría claudicando. En los medios se interpretó esto último como una moderación en el tono de López Obrador, y fue analizado en términos generales como algo positivo. Es eso y más.

En el arranque de la sucesión presidencial de 2006 respondía a las preguntas de si quería ser candidato, que "lo dieran por muerto". Como la humedad quería penetrar. En la de 2012 arrancó con una estrategia de concordia observando cómo se caía la candidata del PAN, antes de atacar. Pero para 2018, ya no parece percibirse como candidato, sino como presidente que tiene que cumplir el trámite de las urnas. Los momentos del 26 de junio y el 15 de julio no son aislados, ni son ocurrencias del momento. Están perfectamente conectados y responden a la lógica de un López Obrador que tiene, objetivamente hablando, la mejor oportunidad de su vida por alcanzar la Presidencia.

López Obrador está leyendo el comportamiento del electorado. La última encuesta de preferencias electorales hacia 2018 de Buendía&Laredo, lo tiene en una contienda pareja con la panista Margarita Zavala, relegando en el 3er. lugar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Pero al ver la intención de voto por partido, el PAN aventaja con 24%, seguido por el PRI con 20%, y Morena con 17%. Visto objetivamente, no le alcanzaría a López Obrador, pese a sus positivos.

La combinación PAN-Zavala es fuerte, porque ese partido ha ido solo en las últimas elecciones. El PRI ha ido con el Partido Verde, que tiene 5% de intención de voto, y en las últimas elecciones con el PT (1%), y Encuentro Social (1%). Si se mantuvieran esas alianzas, el PRI como partido superaría al PAN. El PRD, que en las 2 anteriores elecciones presidenciales jugó con López Obrador, tiene 6% de intención de voto, mientras que Movimiento Ciudadano, que también lo apoyó, 4%. López Obrador requeriría ese 10% para estar en posibilidades reales de competir. Sin alianzas, difícilmente se convertirá en adversario de peligro.

Estos cálculos son los que llevaron a López Obrador a cambiar su rechazo a las alianzas. "Si el PRD se deslinda claramente del PAN, el gobierno y lo que representa el Pacto por México, podríamos sentarnos a platicar", dijo. El PRD no tiene opción. O va con el PAN en 2018, o va con él. Dejó de ser un partido competitivo y se convirtió en una bisagra. Es el caso de Nueva Alianza y de Movimiento Ciudadano, donde dependerá de quienes son los candidatos de 2018 para determinar con quién negocian mejor sus apoyos.

López Obrador está pensando en el 1 de diciembre de 2018 desde la silla presidencial. De ahí su cambio de postura sobre la Reforma Educativa.

Lo está viendo claro. Las condiciones socioeconómicas, de mantenerse, lo ayudan a él más que a nadie en 2018. Las condiciones políticas, también. Lo que el necesita ahora es que la gobernabilidad, por frágil que sea, se mantenga. "No queremos construir el nuevo México a partir de escombros", dijo. Que termine en paz Peña Nieto y que la izquierda se una en torno a él, son sus 2 objetivos estratégicos.

El factor 2018 hace milagros.

Si la famosa reforma inamovible resulta ahora terreno explorable para modificaciones, por qué López Obrador no iba a serenarse y en un giro de 180 grados plantear que sí hay que revisarla, pero no derogarla, porque a nadie conviene una claudicación del gobierno que deje un país en escombros.

Una declaración así, ni Obama.

Ese cambio de discurso tiene 2 aristas. Una es la intención de mostrar una imagen de negociación, de diálogo, de concertador, de hombre de Estado que no apuesta a la destrucción. Otra es la previsión de que más que a nadie, a él no le conviene, en caso de ser el candidato ganador de la elección 2018, recibir un país en ruinas. El pragmatismo suele ser una fortaleza en la política.

En emergencias coyunturales y en una crisis estructural, como presidente Felipe Calderón aprendió que los gobernadores no eran de fiar.

En el inicio de lo que luego sería la pandemia de influenza A H1N1 en 2009, al gobierno federal le urgía saber el número de casos que había en el país de esa rara enfermedad. Ese dato, así como el ritmo de contagio de la enfermedad y la cantidad de defunciones por la misma, resultaban cruciales para decretar la emergencia sanitaria.

El equipo de Calderón pidió a los gobiernos estatales reportes de sus respectivos hospitales. La data resultó mala y dudosa. Los gobernadores, entenderían en Los Pinos días después, subreportaban los casos, bien por incapacidad, bien por hacerse pasar como entidades bajo control.

Ni ante un enemigo impredecible como era en esos momentos el A H1N1 los gobernadores supieron estar a la altura.

Lo mismo ocurriría a Calderón en las emergencias por huracanes. Cuando llegaba la ayuda, ésta no alcanzaba, pues no era raro que los gobiernos estatales alentaran a la población para que demandara más ayuda de la que se había programado tomando en cuenta los padrones de beneficiarios (remember Granier en la megainundación del 2007).

Otro ejemplo fue el Seguro Popular, que tuvo que ser resideñado en parte porque en entidades como Veracruz se dio el fenómeno de la multiplicación de las familias: el gobernador Herrera pedía más dinero a la Federación porque según él había más beneficiarios de los que el propio censo del INEGI había determinado.

Y, claro está, Calderón tuvo que lidiar con la abulia, cuando no franca complicidad -así fuera por omisión- de los gobernadores ante el fenómeno de la delincuencia organizada. Era la guerra de Calderón, no suya.

Así son los gobernadores, que todo lo pueden, fenómeno que, justo es reconocer, tampoco es nuevo, pero cuyos alcances ahora tiene que padecer Enrique Peña Nieto.

Casi en el frente al que voltee, Peña Nieto encontrará en la actuación de los mandatarios estatales algunas de las claves sobre su mala reputación y sobre el atorón político que vive el país.

Así, la reforma educativa no está contra la pared por culpa de los "revoltosos de la CNTE". Los disidentes causaron una inestabilidad focalizada, es cierto, pero en últimas fechas ésta se extendió a otras regiones del país gracias a que en varias entidades incubó un malestar magisterial por la poca atención que dieron los gobernadores a ese gremio.

La verdadera crisis en torno de la reforma que más respaldo concitó al momento de su aprobación se gestó desde 2 frentes: desde una Secretaría de Educación Pública que descuidó procesos clave de estímulos, y desde la desatención interesada por parte de los gobernadores, que no ven ganancia en implementar una reforma que en muy poco les reditúa políticamente luego de que la federación les quitó el acceso al dinero de los maestros.

Es la reforma de Peña Nieto, no de ellos.

Y más allá del tema educativo, mientras en la federación hablan de recortes, en los estados se habla de derroches, si en Hacienda exponen planes de austeridad, en las entidades se habla de deuda, si a nivel nacional se discute de planes anticorrupción, en los congresos estatales se arman esquemas de impunidad...

Son gobernadores que todo lo pueden, incluso cuando pierden las elecciones. Vean si no cómo Arturo Núñez revive granieristas en Tabasco.

Como en su momento Calderón, hoy Peña Nieto carga con todos los negativos en las encuestas mientras los ejecutivos estatales nadan de muertito, pues nadie se mete con un gobernador, ni siquiera el Presidente.

El pasado 2 de julio la Comisaría de Guadalajara arrancó la "Jornada de Cultura de la Paz y la Legalidad" en la colonia Jardines de la Cruz. Según lo que dijeron, 800 personas, entre ellas diputadas federales y regidores municipales, visitarían 12,000 domicilios para conocer "la percepción ciudadana". Fueron 5 preguntas, entre las que destaca la que dice: "¿En los últimos 9 meses ha mejorado el desempeño de la Policía de Guadalajara?". En las 3 opciones que se presentaron como respuesta sobresalía una palabra: a) mejoró mucho, b) mejoró y c) mejoró poco. La respuesta que seguro arrojarán los resultados será "mejoró", ¿no?

En medio de las víctimas que ha dejado la delincuencia, están los intereses de muchos servidores públicos que se traducen en estrategias hasta cierto punto novedosas. Son válidas, dirán los políticos, pero usted y yo no tenemos que perdernos en esos montajes porque entonces caeríamos en lo que de más de alguna vez nos hemos quejado: el atole con el dedo característico de administraciones públicas. Recuerdo que en programas de rehabilitación de espacios -previos a campañas electorales-, el entonces alcalde Francisco Ramírez Acuña y después Emilio González Márquez, barrían las banquetas de la misma colonia que fue encuestada hace 15 días "derrochando simpatía" con la mirada complaciente de amas de casa.

Lo que ocurre ahora es que los actos de posicionamiento de imagen y campaña electoral son más anticipados bajo el hipnotismo de la cercanía servidor público-ciudadano y todos lo hacen desde el puesto que pagamos con sueldos y prestaciones privilegiados.

Llámese Eduardo Almaguer, Fiscal General de Jalisco, o Salvador Caro Comisario de Seguridad en Guadalajara, con módulos de seguridad en colonias populares o cifras alegres, los 2 persiguen el poder protegidos por sus puestos y partidos. Seamos una sociedad analítica y exigente que no se gana con lindos discursos y encuestitas banqueteras.

México necesita convocar a lo mejor de su gente para construir una nueva democracia libre por fin de los partidos políticos, porque son y seguirán siendo las cloacas máximas donde naufraga todo buen propósito y donde se diluye la riqueza nacional, a menos claro, que sucediera otro cambio de igual y mayor importancia: depurar radicalmente al poder judicial e invertir en este propósito cuantos recursos sean necesarios.

Responsabilizar al partido en el gobierno del caos que ha ocurrido en el sur de México no es cuestión que se sujete a los años de la reforma educativa, este partido y sus emanaciones pudrieron desde hace mucho tiempo el tejido social de aquellos estados, corrompieron sus instituciones, manipularon sus movimientos sociales, usurparon toda causa o la sobornaron, renunciaron a su función de gobernar a cambio de seguir en el poder, reprimieron el desarrollo de la gente y legitimaron esas mismas actitudes que ahora pretenden combatir.

En muchas regiones de México hoy se vive el drama de la involución, de no sólo haber dejado de progresar sino incluso volver a la barbarie, porque los gobiernos y sus partidos no supieron hacer su trabajo.

El dueño de Morena parece haber cambiado de estrategia en torno a la ex primera dama. Al arranque de las precandidaturas presidenciales, AMLO pareció iniciar una campaña contra la señora Zavala a través del insulto al ex presidente Calderón.

López Obrador entendió que el golpeteo a los Calderón era una ruta sin futuro y pronto mudó la estrategia, reorientó misiles y apuntó a destruir a los precandidatos de PRI y PRD. Y todo indica que el cambio de estrategia le dio resultados. Por la vía de la guerrilla urbana y usando a la CNTE como carnada -y a los aliados radicales del magisterio como ariete-, López Obrador reventó las aspiraciones presidenciales de Aurelio Nuño.

Y con las mismas armas pretende tirar la precandidatura de Miguel Osorio, el titular de Gobernación. Pero además, y a través del peso específico que aún tiene en el PRD, AMLO tratará de reventar la candidatura de Miguel Mancera.

Es decir, parece que López Obrador prefiere a Margarita Zavala como adversaria.

López Obrador compara la advertencia del secretario de Gobernación a la CNTE: "El tiempo se acaba"... con la amenaza -cumplida- del presidente Díaz Ordaz el 1 de septiembre de 1968: "Hemos sido tolerantes hasta extremos criticables (...), pero hasta donde hayamos de llegar llegaremos". Osorio Chong avisa luego de sentarse horas con la CNTE a oír sus aburridos rollos de ideología barata y ninguna mención, textual, a la reforma educativa.

López brinca, como brasas ardiendo, el dato que lo hunde: él se inscribió al PRI después de esa amenaza y después de su cumplimiento. No tiene ni tendrá jamás explicación para esa vileza. Dueño del Jordán que limpia a los priistas, se siente absuelto sin confesión previa.

Cada vez va tomando más color la versión de una ratificación en el cargo para un período más del impoluto auditor superior del estado [de Jalisco], Alonso Godoy Pelayo. Nos cuentan que en la agenda de los legisladores sigue sin estar en el tema del perfil del quien debería sustituirlo, por lo que no nos sorprendería que a la buena de cambios el único postulado, a chaleco y con beneplácito de la mayoría de los políticos, sería el propio Godoy. Lo único "bueno" es que en caso de que repitiera podría terminar por dejar de ser el auditor más caro del país, pero no crea que por voluntad propia, noooo, sino más bien por el recorte a su salario que haría el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial a raíz de la reforma constitucional recién aprobada para que nadie gane más que el gobernador. Claro, salario no es lo mismo que ingreso.

Qucho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 6 de julio de 2016).

Nadie como Andrés Manuel López Obrador ha levantado la bandera del combate a la corrupción como estrategia central de su campaña política presidencial desde los inicios de este milenio.

1o. en sus conferencias de madrugada, luego en sus recorridos por el país, más tarde en sus videos de redes sociales, siempre en las entrevistas, siempre en los spots que ha tenido por millones ha sabido cuajar frases sencillas que fascinan a cualquier audiencia.

Ahorita están de moda el frijol con gorgojo y el avión que "no lo tiene ni Obama", aunque no siempre se apeguen a la verdad (porque nos podrá parecer un gasto excesivo el del avión presidencial mexicano, pero el de Obama es más caro y más grandote).

Sin embargo, en el momento político más crítico en la historia reciente mexicana para el combate real a la corrupción, el adalid de la causa se ha puesto del lado de quienes encubren las transas. Él, que siempre trata de cuidarse de que no se le vea aliado de los partidos a quienes tacha de ser parte de la "mafia del poder", está más que nunca de la mano de los legisladores del PRI y el Verde que diseñaron un sistema anticorrupción desinflado, en cuya aprobación participaron estratégicamente legisladores del PAN, PRD, la chiquillada y... Morena.

Al votar el sistema nacional anticorrupción, la abstención clave de los legisladores de Morena -quienes suelen no dar un paso sin el visto bueno de su líder- permitió que se diera luz verde a que los funcionarios públicos puedan escudarse en su "vida privada" para no confesar los negocios de sus familiares íntimos y sí en cambio exigir al más humilde de los beneficiados de un programa social que divulgue su 3 de 3. Con esas abstenciones se juntó la mayoría necesaria.

No extraña la posición. López Obrador no confía en las organizaciones de la sociedad civil que promueven el sistema nacional anticorrupción. Las considera proempresariales y como también han cuestionado su desempeño como gobernante, las encierra en el saco de la mafia. Ninguno de sus legisladores ha presentado su 3 de 3.

¿Cuál es la propuesta de AMLO contra la corrupción? Él, él mismo. No un grupo de organismos ciudadanos que vigilen, no una fiscalía autónoma que persiga, tampoco investigadores independientes. Para López Obrador, basta con que él gane.

El problema es que creer este caudillismo anticorrupción tiene 2 obstáculos:

El 1o. es que en el único referente tangible que se tiene de una gestión lopezobradorista (su gobierno en la Ciudad de México entre los años 2000 a 2006) la corrupción se mantuvo: en el Índice de Corrupción y Buen Gobierno no se movió en el lugar 32, el último, el peor.

El 2o., que AMLO suele confundir la corrupción con la revolución. Y como en las añejas batallas villistas, permite a los suyos saquear los sitios conquistados... en nombre del movimiento. Hemos visto que robar, morder, cobrar cuotas, recibir portafolios con fajos de billetes no le parecen actos de flagrante corrupción porque, asume y justifica, el dinero es para apoyar "el movimiento".

Vaya adalid.

No es creíble que políticos que llevan décadas ocupando cargos públicos y viviendo de exprimir el presupuesto se presenten como los renovadores que el país necesita. Nadie les cree. No suscitan ninguna ilusión.

Quien quiera ganar en las elecciones de 2018 (tanto la Presidencia de la República como en cargos menos relevantes) necesita aprender a hablar bien en público. Es obvio que nuestros políticos nunca serán oradores brillantes como Barack Obama o Bill Clinton, pero deben al menos superar los acartonados y aburridos discursos en los que pasan los minutos sin que digan nada que tenga sentido. La clave es elocuencia y dominio de la escena.

También se requiere honestidad: que no tengan cola que les pisen. La gente ya está harta de los clásicos vividores de la política, que tienen un nivel de vida de megamillonarios pese a que siempre han trabajado en el sector público. No hay ni la más mínima correspondencia entre los sueldos que han recibido a lo largo de su carrera y la cantidad de casas, coches y dinero en sus cuentas bancarias de las que son propietarios. Un político honesto tiene una ventaja competitiva enorme en el México del siglo XXI.

Una 3a. característica: que tengan un buen conjunto de ideas para sacar adelante al país. Una sociedad cada vez más informada no se va a conformar con políticos que digan que van a "luchar contra la injusticia" o que promoverán "la salud y la educación". Necesitamos propuestas aterrizadas, viables, que estén acompañadas de buenos diagnósticos y de eficientes proyectos de política pública.

Para poder hacer dichas propuestas y ofrecer buenos diagnósticos, los políticos necesitan descifrar las prioridades nacionales: ¿qué es lo que más les preocupa a los ciudadanos, lo que en verdad les quita el sueño? Lo que demuestran las encuestas es que las 2 mayores preocupaciones de los mexicanos son la inseguridad pública y tener un trabajo bien remunerado. Esos son los temas sobre los que debería construirse una buena candidatura hacia el 2018: los mexicanos quieren antes que nada sentirse seguros en sus casas, en las calles, en el transporte público, en sus trabajos.

De la misma forma, muchos mexicanos que hoy son de clase media (los cuales conforman la mayoría del padrón electoral, no hay que olvidarlo) quieren mantener o incluso mejorar su economía. Les da pavor que pudiera llegar al gobierno alguien que ponga en riesgo lo que han logrado con enorme esfuerzo personal y familiar en los años recientes. No quieren riesgos, quieren jugar a la segura.

La Sección 22 ha sufrido un desgaste creciente por la forma como trata a sus agremiados, con amenazas y represión contra quienes no participen en las movilizaciones. Pero el desgaste no ha impedido, sin embargo, que los maestros galvanicen los viejos agravios en el estado ante la profundización del conflicto provocado por el gobierno de Gabino Cué, quien agudizó las contradicciones que tienen a Oaxaca en vilo.

Durante la administración de Cué hubo obras suntuosas -un baño de mármol en el auditorio de La Guelaguetza- y pocas obras de infraestructura. Aun así, elevó la deuda de 4,615 millones de pesos a 13,175; es decir, la aumentó en 300%, que pagarán los oaxaqueños en 20 años. La pobreza se disparó: hay 3'793,000 que viven en pobreza o pobreza extrema, lo que significa que sólo 9,000 están por encima de la sobrevivencia. El narcotráfico se instaló en el corredor Juchitán-Pinotepa Nacional, y creció en el Istmo. Subieron los homicidios y se ubicó en el 2o. lugar de feminicidios. Los asesinatos de líderes sociales se incrementaron, al igual que las violaciones a los derechos humanos.

Los problemas de Oaxaca no comienzan y terminan con los maestros. Ese diagnóstico está equivocado por reduccionista. La rebelión magisterial es sólo una cara de una rebelión social.

Ha pasado más de un siglo y sin embargo, pareciera que fue ayer cuando se acuñó la conseja: "Haz obras compadre", atribuida a Porfirio Díaz, en una de las ocasiones en que fue presidente de nuestro país, en ocasión de la consulta de uno de sus compadres que en ese entonces era gobernador o presidente municipal, quien le preguntara qué hacer para obtener algunos de los beneficios materiales $$$ de encontrarse en el poder.

A la fecha, cada 3 años vemos cómo en los principales municipios del país "se acostumbra" renovar los centros históricos con obras que el antecesor se supone pasó al menos año y medio realizando, con cargo al erario municipal por supuesto, como si no hubiera otras obras que realizar, o como si solamente el centro histórico y sus alrededores debieran ser atendidos -aunque se entiende la importancia de tener "la casa limpia y en buenas condiciones para ser visitada", y disfrutada por los propios habitantes que la pagan-.

Claro está que a todo mundo nos gusta vivir en una ciudad de aspecto urbanístico agradable -y una gran mayoría de municipios del país cuenta con "detalles" para que sus habitantes se sientan a gusto y hasta orgullosos-; además, es entendible que las urbes requieren de mantenimiento, empero, eso de levantar lo construido para volverlo a hacer al gusto del gobernante en turno parece una aberración, que además puede llevar al "sospechosísmo" y a la vieja conseja.

La mayoría de los gobernadores del país ha vivido sus sexenios en un paraíso. Sin rendir cuentas a nadie, con leyes de transparencia, contralores, órganos electorales y, sobre todo, congresos a modo. Así han entendido el ejercicio del poder. Y por eso algunas de esas cosas -transparencia, elecciones, algún tipo de auditoría- han tenido que empezar a regresar a algún tipo de supervisión federal.

Lo que es imposible cambiar son los congresos.

Van algunos datos del informe del IMCO: solo 31% de los 32 congresos locales del país cumple con sus obligaciones de transparencia. En 7 de cada 10 congresos hay opacidad frente al uso y asignación de su presupuesto.

El IMCO también encontró que los congresos estatales mexicanos adoran las comisiones -ahí están el dinero y los cabilderos. En los parlamentos del mundo, el promedio anda en 20 comisiones. En México en 28. En Chiapas, por qué no, 42.

Los congresos de CdMx, Baja California, Estado de México, Sonora y Jalisco tienen más presupuesto que la Cámara de Diputados federal. En promedio, los plenos congresos locales sesionan 70 días al año.

En 8 congresos locales, 100% de las iniciativas enviadas por su gobernador son aprobadas íntegras. En 13 más, más de 80%.

Gastan poco en sus funciones de auditoría, en Morelos el 1%.

6 años de tener al congreso comiendo de su mano, sin pero que les pongan, cómo iban a entender que no podían con la complicidad de esos levantadedos, blindarse por 6 años. Pues no.

No entienden otra cosa. Ni quieren entenderla.

Casi todos los ciudadanos pensarían que siempre que el gobierno federal, estatal o municipal adquieren insumos o servicios o asignan obras públicas a particulares lo hacen mediante procedimientos que se realizan en un ambiente de total transparencia, para que aquellos que ofrecen los bienes o servicios de mejor calidad y al mejor precio le sean adjudicados los pedidos respectivos, todo esto en un procedimiento de licitación pública; sin embargo, en muchas ocasiones no es así, ya que, los funcionarios encargados de estos procedimientos, al no estar debidamente regulado, pulverizan los montos de las adquisiciones para, indebidamente, asignar directamente la compra u obra pública. En otros casos, cuando lo anterior no es posible simplemente simulan un concurso por invitación cerrada, donde se invita a 3 amigos, y de antemano ya se conoce quién va a ser el beneficiario de aquel procedimiento.

Estos actos de corrupción no son privativos de un determinado partido político, en la mayoría de ocasiones son simples corruptos sin distinguir ideología. Pero es importante considerar que del otro lado de la moneda están los empresarios, que con la intención de quedarse con el pedido, contrato de servicio u obra pública, están dispuestos a corromper.

También algunos políticos en el poder dan la instrucción directa a sus subalternos con el propósito de favorecer a determinada empresa o persona, principalmente para agradecer su "desinteresado" apoyo en campaña.

Este tipo de actividades atentan contra la libre competencia y fomentan la conformación carteles monopólicos.

Es falso que los mexicanos tengamos la corrupción en el ADN, lo que tenemos en una gran falta de educación al respecto y principalmente, una impunidad total, que invita al resto de los participantes a violar la ley en todas las materias sin excepción, al final de cuentas nunca acaba nadie en la cárcel.

Increíble que un funcionario público que toma dinero salga libre bajo fianza por ser, el peculado, un delito leve, y un empresario que evade impuestos, es considerado delito grave y luego, entonces, no puede gozar de una libertad bajo caución.

La consejera del INE Pamela San Martín -¡qué fijación!- acusa a radio y televisión del abstencionismo de 72% en la elección de la asamblea constituyente de la Ciudad de México. Lo que es no asumir responsabilidades y deficiencias.

Los políticos y al sistema político absorben gran cantidad de recursos, viven entre los discursos y las disputas políticas, y no resuelven los problemas que realmente preocupan a la población.

Y esas condiciones se reproducen en distintas partes del mundo.

Y suena muy posible que en México, sobre la misma base, gane la elección presidencial un personaje como López Obrador o como "El Bronco", porque más que por su proyecto se estaría votando en contra de todo lo que signifique el actual gobierno y sus partidos.

Suena lógico que la población desee a toda costa que se vayan sus gobernantes.

Pero el gran reto es el día después: en Gran Bretaña no hay un proyecto para vivir la salida [brexit], como en Estados Unidos Trump no tiene un plan de gobierno real, y en México andamos en las mismas.

En aquel mitin potosino [López Obrador] dijo que todos los presidentes mexicanos desde 1983, son responsables de traición a la patria y corrupción. Los anteriores no, que incluyen a los mandatarios que más criticados han sido en los últimos 50 años, Luis Echeverría y José López Portillo, de quienes en términos económicos, abreva López Obrador. El tabasqueño no es Trump, pero toca la misma música. La coyuntura internacional favorece este tipo de posturas regresionistas.

Alberto Uribe, alcalde de Tlajomulco, adelantó que NO certificará sus Servicios Médicos Municipales para brindar atención a los usuarios del Seguro Popular -como lo exige la nueva norma-. Su argumento es que implicaría invertir en infraestructura hospitalaria y eso, óiganlo bien, no le corresponde al municipio.

O sea que paguen el costo los habitantes y que se trasladen hasta Guadalajara o Zapopan en el excelente sistema de transporte público -que sólo en tiempos de grilla es competencia del municipio- y del que gozan nomás la mitad de los ciudadanos en Tlajo.

La otra opción es que viajen en mototaxi ahora que la red ya es intermunicipal.

Las consecuencias del Brexit son difíciles de evaluar pero, por lo pronto y en nuestro caso, ya han ocasionado una fuerte devaluación del peso, la caída de la BMV (al igual que todas las bolsas del mundo) y un recorte adicional de más de 31,000 millones de pesos: los movimientos bursátiles y financieros entran dentro de lo previsible, también el recorte tratando de equilibrar las finanzas públicas y huir de un déficit que alejaría las inversiones y la confianza. No se entiende, sin embargo, por qué el recorte se da en educación y salud, 2 pilares fundamentales para garantizar que no se deteriore el bienestar social y en medio de temas conflictivos, como la reforma educativa y la universalización de los sistemas de salud, que intenta ser aprovechado por distintos grupos para movilizar a los médicos en contra de la "privatización" de la salud pública, un sinsentido, una mentira que, como muchas otras, de tanto repetirla alguien creerá que es verdad.

En las marchas del fin de semana, también hay señales. La masividad de la marcha del orgullo lésbico gay, más de 200,000 personas, demuestra que la sociedad mexicana es mucho más abierta y tolerante de lo que algunos creen y que más allá de la manipulación orquestada, no creo que los temas como el del matrimonio igualitario haya cambiado las tendencias electorales. Pero quizás le puede recordar al PRI y a los demás partidos, que esa es una agenda de un sector muy importante de la sociedad y que no tiene sentido pagar el costo de presentar la iniciativa, para después volver a pagarlo congelándola en el Congreso.

La marcha de Morena el domingo es la 1a. en bastante tiempo que encabeza López Obrador. Fue notoriamente menor a la del día anterior, llegaron unas 20,000 personas y mostraron que en Morena el acarreo no desluce con respecto a cualquier otro partido: 700 autobuses trajeron a los espontáneos manifestantes de todos los rincones de la república. Se les pasó lista, se les dio de desayunar y terminado el mitin en la Glorieta de Colón, se les regresó a sus lugares de origen, algunos tan lejanos como Chiapas. López Obrador en su discurso habló menos de la Coordinadora que del 2018. Y su principal declaración no deja de ser una mezcla de amenaza con extorsión política. Dijo Andrés Manuel que el presidente Peña tiene que correr a sus principales funcionarios (Nuño y Osorio, entre otros) y crear un gobierno "de transición" para que haya "una entrega pacífica del poder". O sea que para López Obrador, si el presidente no le hace caso, no corre a los suyos y no crea un gobierno de "transición" no habrá "entrega pacífica del poder", o sea que habrá violencia y será, me imagino, Morena o Andrés Manuel (que es lo mismo) quien la impulsará. Amenaza, especulación y una suerte de extorsión, todo en una misma frase futurista.

Pero no fue un buen domingo para López Obrador. Mostró músculo pero no el suficiente y la simple comparación con la marcha del día anterior (o con las marchas que ha protagonizado López en otras épocas) lo demostró; amenazó con llegar al Zócalo pero no lo hizo (en realidad no terminó, por ende, de romper con Mancera y con el PRD, quizás porque está comprendiendo que los puede necesitar para el 2018) y, además, luego del resultado del Brexit, las elecciones en España, demostraron que la gente comienza a estar en alerta contra las tendencias populistas y demagógicas.

Mientras la actual comisión de Hacienda del Congreso [de Jalisco] no decida qué hacer con la venta de Casa Jalisco en Chicago, se gastan diariamente 21,000 pesos para sostenerla. Aquel febrero de 2011 las bajas temperaturas y "largas" jornadas de trabajo de la gira por 4 días en Chicago, Illinois terminaban hasta las 2 o 3 de la mañana en el bar del Hotel Sofitel, donde la noche de hospedaje tenía un costo de 250 dólares por persona. Hasta allá fue una delegación de autoridades de Jalisco encabezada por el entonces gobernador Emilio González Márquez. Era la inauguración. También fueron el secretario de Promoción Económica, Educación y Desarrollo Humano. Llevaban acompañante, asistentes y un traductor. Algunos llegaron y de inmediato salieron a caminar por la avenida Michigan, la principal de la Ciudad de los Vientos, a disfrutar la nieve que caía sin ignorar la visita a boutiques y tiendas. El ambiente era de fiesta.

A quién le iba a importar lo que decía la ficha de presentación que se repartió aquel nublado día en donde destacaban los 47'769,000 pesos de la compra, 17'308,000 para la remodelación y 1'616,000 para equiparla. Fueron más de 66 millones de pesos. En ese documento se informaba también sobre la exposición permanente de productos jaliscienses, la realización de cursos para la comunidad que quisiera concluir estudios de nivel básico, vinculación con universidades, ciclos de conferencias con académicos e investigadores, asesoría jurídica con la opción de un abogado itinerante que sirviera gratis en los juicios que se llevaban en Jalisco en materia civil, mercantil, laboral y familiar como divorcios, tramite de custodia y pensiones alimenticias, además destacaba: "Realizar la defensa del asunto desde la averiguación previa hasta la conclusión del juicio penal".

A lo que más se llegó en este inmueble situado en Melrose Park -casi una hora de distancia de Chicago- fue servir como salón de fiestas.

La corrupción de la clase política mexicana es institucional y ahora ha escalado a un nuevo nivel de cinismo. Los llamado "paquetes de impunidad" que blindan a gobernadores contra procesos judiciales por robar caudales públicos deberían ser inaceptables en una democracia.

Los gobernadores corruptos (casi todos) se han empezado a blindar vía paquetes transexenales para evadir la acción de la justicia, un método que les garantiza no solamente impunidad, sino la felicidad para disfrutar de lo robado a manos llenas.

Ante la atenta mirada de los 3 poderes, el surrealismo en México rebasa cualquier desfachatez y despotismo. La clase política corrupta no tiene límites ni nadie que se los ponga. La inmunidad de los gobernadores debe ser combatida desde el Estado de Derecho, pero parece que tampoco ese estado funciona. Lo que está claro, es que todos están en el ajo y se protegen a sí mismos con base en leyes.

Es el caso del gobernador Roberto Borge quien ya se blindó ante cualquier eventualidad llamada justicia. El Congreso de Quintana Roo, aprobó el "paquete de impunidad", que consiste en nombrar a un auditor, y a un fiscal que sustituya al actual procurador de Justicia, así como a 3 magistrados del Tribunal Superior para protegerlo cuando deje su cargo. Y como todos se cubren, pues el Constituyente Permanente de Quintana Roo, integrado por los 11 municipios del estado, validaron por mayoría blindar al cínico gobernador acusado del robo de millones de pesos.

Borge no es el único gobernador corrupto que se ha blindado, le sigue el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado igualmente de robarse miles de millones de pesos. Se ha buscado 2 alfiles que le perpetuarán la impunidad por los siglos de los siglos, un fiscal anticorrupción y un contralor dóciles, incondicionales y cómplices, nombrados a dedo y aprobados por su congreso donde no importa el partido de los diputados, todos se protegen por igual.

Por si fuera poco, Duarte se ha blindado dejando a su fiscal general, Luis Ángel Bravo durante 9 años más a fin de evitar que lo procesen y en anticorrupción deja al abogado Jorge Reyes Peralta, sin curriculum para el cargo, pero con harta complicidad a la hora de defender a Duarte y su antecesor contra los adversarios políticos.

Aquí no importa la decencia de los personajes para ocupar cargos que aseguren el blindaje. Por ejemplo, Reyes Peralta ha sido mencionado en un expediente judicial sobre sus supuestos vínculos con Los Zetas, señalado como encargado de negociar los rescates de los secuestros ejecutados por ese grupo delictivo que opera a sus anchas en Veracruz desde tiempos del ex gobernador Fidel Herrera y después con Duarte.

A los priístas no les basta mandar a embajadas y consulados a sus ex gobernadores corruptos, como el caso de Fidel Herrera, cónsul mexicano non grato en Barcelona.

Ahora la moda son los blindajes. Algo similar sucede con César Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua, a quien el gobernador electo, el panista Javier Corral Jurado, acusó formalmente de "enriquecimiento ilícito" y anunció que pretende someterlo a juicio e iniciar la recuperación de los bienes que adquirió con dinero público.

Como Duarte, existen otros ex gobernadores procesados ahora como Guillermo Padrés, investigado, por un sobregiro de 10,000 millones de pesos que dejó en las arcas del Estado de Sonora donde duplicó la deuda sonorense, su sucesora, Claudia Pavlovich, heredó cuentas por pagar por un monto ligeramente superior a los 6,200 millones de pesos. En igual situación se encuentra el corrupto ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, ahora procesado (?) por corrupción acusado de robarse miles de millones de pesos.

La situación está desbordada. Gobernadores millonarios y pueblo empobrecido. Y es que los 12 gobernadores salientes, dejan en la ruina a sus estados con una deuda de 177,789 millones de pesos, un incremento del 161% con respecto a 2010, cuando empezaron su administración.

El sistema consiste en robar a manos llenas a base de pedir prestamos. ¿Y saben cuáles son los estados más endeudados? Obviamente dónde sus gobernadores robaron más como en Veracruz, Chihuahua, y Quintana Roo. Entre los 3 suman una deuda de 111,084 millones de pesos, es decir, el equivalente al 60% de todas la entidades con gobernadores salientes.

¿Cómo van a pagar semejantes deudas los nuevos gobernadores si el nivel de endeudamiento de los estados crece 4 veces más que los ingresos que obtienen?

Le tocará a los ciudadanos pagar el despojo de los gobernadores corruptos. En Quintana Roo donde Borge ya se blindó, los ciudadanos tendrán que pagar 14,946 pesos cada uno. Los habitantes de Chihuahua tendrían que desembolsar 12,023 pesos y cada veracruzano debería pagar 5,655 pesos, para pagar las multimillonarias deudas que dejan sus gobernadores salientes.

¿Y la ley de disciplina financiera? Bien gracias. A nadie le conviene. Finalmente la clase política es la misma, allí tenemos el ejemplo del rechazo unánime de los diputados y senadores a la ley 3 de 3. No importa el color del partido, lo que importa es robar y protegerse los unos y los otros.

¿Cuántos gobernadores han pisado la cárcel? Pocos y generalmente han estado poco tiempo tras las rejas porque finalmente las redes de corrupción e impunidad de la clase política, los vuelve a proteger.

El último caso, el del ex gobernador Humberto Moreira quien no necesita blindarse porque allí tiene las redes de complicidad de sus hermanos. El ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, quien solo estuvo unas horas en la cárcel, luego de pagar la fianza de 1'993,380 pesos y una multa equivalente a 4,208 pesos. El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo a quien se le dictó formal prisión por el delito de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita o "lavado" de dinero. El ex gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García, encarcelado por involucramiento con integrantes del crimen organizado y delitos contra la salud, o el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, quien estuvo preso solamente año y medio. El perredista, ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, quien fue encarcelado solo 6 meses acusado de peculado.

¿Por qué ex gobernadores y gobernadores entrantes mantienen ese pacto de complicidad y protección? Porque es una cadena que se extiende. El que llega no toca al corrupto que se va, porque finalmente terminará siendo igual o más corrupto que su antecesor.

La propuesta de hacer 3 tipos de declaraciones de los funcionarios públicos: una para declarar sus bienes personales (declaración patrimonial), otra para sus recursos financieros (fiscal) y una más de intereses, fue suavizada por las cámaras, al grado de inutilizarla al permitir que los funcionarios no declaren aquello que consideren que les perjudica.

Se aprobó esta ley con el nombre de Ley de Responsabilidades Administrativas, con modificaciones que quitan a los funcionarios, legisladores, jueces, ministros, dirigentes sindicales y en general, servidores públicos, la obligación de dar a conocer al público sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal.

En las discusiones camerales se expuso que esa ley debía aplicarse también a empresarios para estar parejos y por contra, que en las modificaciones que se hicieron al proyecto original "se trata de una ley coladera" por la que se colará la corrupción, que impide que el pueblo se entere de lo mucho que tienen unos pocos.

Queda pues esta ley aprobada eliminando la obligación del servidor público de dar a conocer sus ingresos, propiedades, vehículos y cuentas bancarias. En el caso de la declaración fiscal, la obligación es solo de subir a la Plataforma Digital Nacional la carátula de la declaración impositiva. Estas declaraciones quedarán a disposición de la Auditoría Superior de la Federación para investigarlas cuando se juzgue conveniente. Se esperaba que esta ley canalizara la indignación popular en su esfuerzo por encontrar un gobierno más honesto y reducir los riesgos de corrupción tan arraigada pero no se logró el objetivo, sin embargo se dota de las herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción, con la creación de una plataforma digital que centralice todas las declaraciones de los órganos de gobierno necesarias para la investigación.

Aquellos que tienen ingresos ilegítimos por supuesto que evaden impuestos y no los declaran al fisco. Y desde el punto de vista del patrimonio es bien conocido el recurso de los prestanombres quienes muy solícitos auxilian a nuestros políticos para asumir que son los propietarios de bienes y propiedades mal habidos.

Además, el hecho de conocer lo que tienen, lo que ganan y para quién trabajan los funcionarios no evita las prácticas de corrupción y saqueo, para las que sabemos existe toda una ciencia ilegal como los moches para que pasen desapercibidas a pesar de ser tan obvias.

El quemón para diputados y senadores está ahí, y nadie se los quita. Y si el presidente Peña Nieto decide vetar parte de las leyes, como están pidiendo distintos grupos e incluso los partidos de oposición, el desprestigio será todavía mayor.

El tiempo y los habitantes de la ciudad son testigos de los problemas que han generado las supuestas soluciones de las autoridades en el poder a las que les gana más dejar "su sello" político que dar continuidad en beneficio de la ciudadanía. La estrategia se concentra casi siempre en descalificar lo que hizo el anterior y decir que las acciones del presente son mejor, ¿en medio?, el resto de los mortales que pagamos el sueldo de ellos, los que supuestamente nos representan.

La interrupción -justificada o no- de los programas o trabajos de prevención para combatir los problemas generados por las lluvias son sólo un ejemplo de las cuestionables decisiones políticas. Además de los puntos de riesgo que conocemos, se suman a la lista otros tantos que son la consecuencia del crecimiento de la ciudad por la autorización de obras y fraccionamientos edificados sobre terrenos vulnerables e irregulares. Desde hace más de 20 años se advirtió sobre la expansión irresponsable de la ciudad y a pesar de los trabajos de prevención en los meses previos a las primeras lluvias del actual temporal, no les alcanzó a las autoridades que deben cargar con los contratiempos acumulados por años. Realidad que tampoco justifica la ineptitud, querían ser autoridades de 1er. nivel, ¿no?

Las primeras gotas de lluvia apenas se acumulan sobre una ciudad con infraestructura endeble, funcionarios empezarán a echar culpas mientras se acicalan el copete o frotan la calva y mientras usted y yo tendremos que buscar caminos distintos para sortear un año más los temibles daños colaterales.

La clase política demostró que el tema que más enoja hoy a la sociedad es el que más le asusta y más le arde. Y así legislaron. Ante el miedo, el ataque. Ante el ardor, la venganza. Ataque y venganza contra quienes les exigen fin a la corrupción.

El PRI, recién salido de su peor derrota electoral en el sexenio con un claro voto de castigo a la corrupción, respondió de acuerdo con su ADN.

La forma como abordó en el congreso la discusión de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción sólo deja una interpretación posible: prefirió exhibirse como el partido más corrupto de México, y dejó a los electores la compleja tarea de encontrarle quizá otras virtudes para votar por él en los comicios decisivos de aquí al 2018.

Con sus aliados del Partido Verde y Nueva Alianza, el tricolor montó un teatro político en varios actos para defender lo que considera "el derecho" de los políticos a ocultar su riqueza.

Luego de meses de retrasos y resistencias, se aprobó con votos de todos los partidos el paquete de 7 leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay avances innegables en estas iniciativas.

Pero a la hora de discutir la emblemática Ley 3de3, de origen ciudadano, el bloque priista hizo 2 maniobras:

Primero se aseguró de que los formatos para que los funcionarios presenten sus 3 declaraciones -la patrimonial, la fiscal y la de intereses- quedaran indefinidos y se retrasen hasta que los establezca un comité ciudadano... que será nombrado por ellos.

Y después salió con la más absurda ocurrencia de último minuto: obligar a todas las personas físicas y morales (empresas) que tengan cualquier tipo de contrato con los gobiernos federal, estatales y/o municipales a presentar sus 3 declaraciones. Y a todos los que reciban dinero de esas empresas. Es decir, a todos los empleados.

Es una medida inaplicable pero que puede tener un costo de productividad gigantesco si no se corrige. Si el gobierno compra Word de Office para sus boletines de prensa, tendrán que presentar su 3de3 desde el técnico que lo instale hasta Bill Gates. Así de absurdo, así de ridículo.

Además, se pide a los consorcios hacer declaración de intereses de sus parientes directos. ¿Cuál es el cónyuge de Bimbo? ¿Bimba, Bomba? ¿Los hijos de Soriana son los Soriano?

Que existen empresarios tan corruptos o peor que los políticos, ni duda cabe. Pero esta decisión es ridícula y fue justificada en tono de venganza contra los ciudadanos que exigieron transparencia. Y obtuvo casi cien votos a favor en cuestión de minutos en el Senado.

El PRI, con sus aliados, se desnudó como corrupto. Pero todos los demás: PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, hicieron su parte de manera bastante hipócrita. Hubo las ausencias necesarias de legisladores de todos esos partidos para que los priistas tuvieran la mayoría. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Nadie se salva.

Tremenda goliza nos metieron los senadores del PRI y del Verde, y algunos ausentes como José María Martínez del PAN o uno que otro del PRD y el PT, que votaron a favor de un proyecto de ley del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que no responde a las expectativas de miles y miles de ciudadanos. En un espacio de 48 horas, se cargaron los fundamentos de la ley 3 de 3: la publicidad innegociable y la eficacia de los formatos. Y no sólo eso, como ya andaban encarrilados, sin mucho ruido, hicieron todo lo necesario para parir una Fiscalía Anticorrupción sin mecanismos que garanticen su autonomía -particularmente en la remoción del fiscal- y la vendetta de incluir a empresarios como sujetos obligados para presentar su 3 de 3. Lo he dicho antes: los empresarios son tan culpables de la corrupción como los políticos, pero es una lamentable ocurrencia imponerles una declaración de intereses que es totalmente improcedente y creer que la IP tiene la misma obligación de transparentar que aquellos que toman decisiones con nuestro dinero; es decir, los políticos. Una venganza que demuestra lo enana que es nuestra clase política.

Qué le importa a Zamora, Casillas o a Martínez, senadores que tendrían que defender el interés de los jaliscienses en la cámara territorial de nuestro país, que los exhibamos en las redes sociales. Que hagamos tuits mordaces en donde desnudemos sus pésimos argumentos para votar en contra de un SNA con dientes o de plano para ni pararse en el Senado. El cambio sólo vendrá cuando realmente los jaliscienses toquemos los intereses de aquellos políticos, que no son todos, que se niegan a entender que los tiempos están cambiando; trascender el tuit ocurrente. El problema de actuaciones tan lamentables como la que ofrecieron nuestros senadores en el debate sobre las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, es que ellos mismo saben que en el 2018 irán en alguna buena posición plurinominal, o que el ciudadano olvidará tan deshonrosa votación. El asunto es sistémico, tiene que ver con los mismos intereses que se niegan a dejar caer al auditor superior en Jalisco o que impiden que el poder judicial castigue la corrupción con total independencia.

Hay una gran sed de revancha en nuestro país. Buena parte de la ciudadanía quiere responsables. Los impulsos justicieros tienen que transformarse en energía creativa para participar y condenar sin ambigüedades la corrupción.

Cuando el PRI y su lacayaje en el congreso aprobaron una ley 3de3 tan vulnerable como débil, manteniendo la inminente obligación para que personas físicas y morales que firmen contratos con el gobierno o ejerzan recursos de la administración pública presenten sus declaraciones, desechando la solicitud que representantes de la sociedad propusieron a fin de quitar candados en la publicidad de las declaraciones de los servidores, tenía que aparecer una reacción.

Y, viéndose lo que viéndose está, vale reflexionar sobre el acontecer político que tiene a la ciudadanía mexicana confundida, contrariada y altamente decepcionada, soportando una casta política que en su mayoría, esta solo para la defensa de intereses partidistas y personales de quienes de la política misma viven, y que a costa de todo -y de todos-, su motivación principal va en la defensa de sus posiciones y, fundamental, de los ingresos que reciben del erario, vía impuestos que salen de los bolsillos del ciudadano tan corriente como común, que cautivo los paga, y de las "oportunidades" que se presentan para aprovechar lo que aprovechar quieran.

Pero cualquier situación... tiene sus límites.

Y cuando esos límites se sobrepasan después del tiempo, de muchísimo tiempo, el hartazgo agota la paciencia y es cuando las reacciones sobrevienen.

Vergonzosamente, nuestro país ocupa uno de los primeros lugares de corrupción en el concierto mundial de naciones. Nada nuevo, ni nada oculto. Pero la situación llega a niveles tan extremosos, que golpea a las clases sociales de mayor contraste, desde la alta, pasando por la media y llegando a la más baja, que sienten el hostigamiento y la desesperación ante una impotencia que solo mediante el voto pueden externar.

Así, ya se vio en las pasadas elecciones del 5 de junio. Y no obstante esto, los mexicanos esperan que haya una reacción decidida y determinante por parte de las autoridades para ir en contra de un cáncer maligno que no es otro que la impunidad.

Los políticos y funcionarios hablan siempre de leyes. De acciones enmarcadas en la resobada, muy resobada, resobadísima frase: "Hasta sus últimas consecuencias...". Frase que pasado cierto tiempo, se diluye, se pierde y, lo peor, que como el ciudadano no ha tenido en la memoria una de sus mejores fortalezas -olvida pronto-, se llega hasta donde en el hoy se ha llegado.

Por vez primera, el empresariado agrupado en la Confederación Patronal de la República Mexicana, levantando la voz y con presencia física, se han pronunciado en contra de la impunidad de los políticos tomando, pacíficamente, las escalinatas del Ángel de la Independencia de la hoy Ciudad de México.

La exigencia va, con toda razón, fundamento y causa, por un Sistema Anticorrupción Nacional completo. Y esto cuando se siente que México, poco a poco si se quiere, se va convirtiendo en un país más democrático y, no se dude, distinto, con variantes, al de varios lustros atrás.

El líder de los empresarios, Gustavo Hoyos, reconoció que la sociedad mexicana es más activa, muestra de ello es el Sistema Anticorrupción. Ciertamente dio reconocimiento a los senadores que asistieron y votaron mostrando respeto al espíritu de las iniciativas.

Pero heridas hay en el proceso legislativo, toda vez que algunos legisladores pretenden que particulares presenten declaraciones, cuando son las empresas que arriesgan los recursos propios desarrollando su actividad, y los mismos trabajadores que en ellas laboran, y a empresas y colaboradores pretenden exigir lo que ellos, que medran del erario sin riesgo alguno, no tienen la disposición de hacer con sus representados.

Las elecciones del 5 junio mostraron que no es nada remoto poder ganar una elección con porcentajes bajos de la votación.

Por ejemplo, en Tlaxcala el candidato del PRI y sus aliados ganó con 34.5% de los votos; en Veracruz el ganador (PAN-PRD) obtuvo 35.4% de los votos.

Caminar hacia una elección con la trascendencia que tendrá la de 2018, en la que el ganador tenga apenas la tercera parte de los votos y 20% del padrón a su favor (y eso si hay participación elevada) puede gestar una crisis política que, cualquiera que sea el resultado, entrampe al país por años.

El sistema actual creó las candidaturas independientes pero tú para ser un candidato independiente tienes que mover cielo, mar y tierra, atravesar pantanos, ríos, luchar con dragones, matar ogros y si sobrevives entonces te dan un registro, es totalmente inequitativo, a los candidatos de partido les dan todo y, a los que no, tienen que hacer circo, maroma y teatro, podría ser una opción si fuera equitativo.

La clase política de este país ve la realidad nacional desde una altura que les nubla la conciencia, niveles económicos y de poder que están muy alejados de la población. Luego, su lectura de la realidad no percibe y mucho menos acepta que el malestar social es hartazgo de la corrupción y de la impunidad. El asunto es grave por cuanto al enojo de las mayorías, los legisladores, con una pésima táctica y sin estrategia, han unido a lo anterior el enojo de la iniciativa privada, grupo que presionó fuertemente por la llamada ley 3de3.

Una ley que fue rasurada para ser muy a modo de quienes, funcionarios, quedan protegidos para argucias y malos manejos. Una ley debilitada, aprobada con el sorprendente apoyo de la izquierda, PT y Morena, cuyos dientes se afilaron contra la iniciativa privada, respuesta de bote pronto que ha logrado la desilusión ciudadana y lo inédito: una marcha de fuerte protesta de la Coparmex en el Ángel de la Independencia.

Y lo ocurrido es grave por cuanto lo hecho en el Senado hizo que se juntaran 2 puntas de enojo social, la población mayoritaria y la IP. Una pinza de presión que los legisladores armaron y que puede ocasionarle serios problemas al gobierno en un momento en el que requiere aliados y no de agraviados en su contra.

Porque la historia enseña que si el pueblo está enojado, la inseguridad y la violencia aparecen, como es el contexto actual del país. Pero que los movimientos de cambio fuertes, esos que ponen de cabeza y aun cambian a los sistemas, son aquellos en los que al enojo popular se suma el de las clases medias y la burguesía. Entonces, pólvora, mecha y fuego quedan unidos.

Y no es que la medida tomada por el legislativo contra la iniciativa privada sea tan descabellada, incluso es posible que, bien pensada, mejor estructurada e impecablemente redactada, sea adecuada. Lo malo fueron las formas apresuradas (recordar a Reyes Heroles) y el descuido de la letra pequeña; además del grave, gravísimo error fue responder, a manera de vendeta sin cuidar los tiempos, (timing dirían los gringos) contra quienes presionaron por un gobierno íntegro, por una ley contra la corrupción de la administración pública.

Porque los legisladores parecen no aceptar que lo acontecido en las urnas fue un castigo a gobiernos corruptos, y no la influencia eclesiástica. Porque quienes no ganaron las elecciones están utilizando chivos expiatorios para no enfrentar la realidad.

No fue la propuesta para matrimonios igualitarios, ni la opinión de 4 o 5 obispos y sacerdotes lo que hizo perder al PRI y al PRD, fue la ineficiencia y la corrupción, fue el saqueo realizado a vista de todos, ya sin disimulo, ya sin habilidad para trucarlo. Porque sólo el gobierno de Veracruz debería ser suficiente para explicarles que la razón de su pérdida está en casa. Y aún el PAN con su triunfo, debe reconocer que en los 12 años que fue gobierno no hizo el trabajo necesario contra la corrupción.

Así, a pesar de la nueva ley, y de que se quieren creer las palabras del presidente Peña Nieto ante 50 de los empresarios más importantes del país, indicando que no es insensible ante los problemas de inseguridad, impunidad y corrupción, las últimas acciones del Senado echan por tierra la buena fe. Porque al final la ley Tres de Tres resultó un engendro que expande peligrosamente el enojo social.

Celebro la reacción de crítica y rechazo de dirigentes empresariales con respecto a Ley General de Responsabilidades Administrativas (3 de 3) y que fue modificada de tal forma que beneficia (en términos de corrupción y opacidad) a servidores públicos y se enfoca, en un giro verdaderamente perverso (eso no quiere decir que los empresarios no tengan que rendir cuentas cuando de obra pública se trata), en las responsabilidades privadas cuando hay recursos públicos involucrados.

Quiero pensar que este golpe bajo habrá valido la pena si los mexicanos recuperamos a la IP como un sector preocupado por el derrotero de nuestro país y con más posibilidades de ser escuchado. A lo mejor porque sus intereses resultan afectados, claro está, pero no importa porque, después de todo, sus intereses son también los de la clase trabajadora y, en función de ello, los de la nación.

Era un poco iluso pensar que la misma clase política que está en el poder para servirse se impusiera candados que los sancionaran por conductas corruptas. Con independencia de ello, la clase política mexicana de manera cínica manda el mensaje de que no le importan los ciudadanos, los que firman y los que no firman, y que en esencia va a seguir actuando en la impunidad.

Sin duda la corrupción es un problema serio en México y luchar para acotarlo es una batalla importante. Por eso es comprensible la molestia de ciudadanos, opinadores, articulistas y otros sujetos que han cuestionado severamente a los legisladores porque sacaron una ley 3 de 3 casi inservible.

Pero llama la atención que la indignación contra los legisladores por no sacar la ley 3 de 3 no surja también para cuestionar a las fracciones parlamentarias de los partidos por no incluir en este periodo extraordinario de sesiones la iniciativa de Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición de Personas por Particulares. Inicialmente dicha ley debió estar lista en 2o. periodo ordinario de sesiones de 2015, pero los legisladores incumplieron, y volvieron a incumplir en el primer periodo ordinario de sesiones de este año que terminó en abril.

Los temas que se discuten en este periodo demuestran las prioridades de los legisladores y de la clase política en general. Sacan un sistema anticorrupción que sirve para poco más que darse una lavadita de cara e ignoran por completo la exigencia de cientos de miles de personas que viven con el drama de tener un familiar o conocido desaparecido, e ignoran a las decenas de organizaciones de familiares que buscan a sus desaparecidos a quienes se había prometido aprobar esta ley desde el año pasado.

Me pregunto si el papel de López Obrador no es el que parece, sino uno muy distinto, es decir, el de hacerse pasar por el más radical opositor del gobierno y en realidad trabajar para dividir a la izquierda y beneficiar a esa mafia en el poder que dice combatir. De ahí su eterno papel de opositor revolucionario institucional, un rol que parece acomodarle a las mil maravillas.

Seamos sinceros: ¿qué le conviene más a Andrés Manuel: alcanzar la 1a. magistratura y echarse ese desgastante paquetazo durante 6 años o continuar con su muy lucrativa posición de opositor con partido propio, con todas las ventajas políticas y económicas que eso representa?

A menos que el hombre pretenda ambas cosas y que, una vez en la Presidencia, decidiera seguir los pasos de Hugo Chávez para cambiar la Constitución y perpetuarse en el poder, una tentación a la que son muy proclives ciertos líderes del continente.

Pablo Escudero del Partido Verde, presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, trató de justificar el absurdo: "Ellos son parte del problema y nosotros se los (sic) vamos a recordar". Ante la declaración de Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, en el sentido de que la disposición había sido una "ocurrencia de madrugada", el senador Emilio Gamboa del PRI respondió: "Ellos también fueron muy ocurrentes, ¿querían eso?". Los legisladores reconocen así que quieren vengarse de las "ocurrencias" del sector privado que apoyó la 3 de 3.

Tras de reunirse ya con Agustín Basave del PRD y Ricardo Anaya del PAN, la próxima semana el CCE de Juan Pablo Castañón se apresta a hacer lo propio con el líder del PRI, en este caso Manlio Fabio Beltrones. Hay un escenario muy caldeado por la iniciativa "3de3 descafeinada" en la que el Senado pretende involucrar con declaraciones a la IP, en un esquema impracticable. Es un acto de venganza por la cruzada que inició en Tijuana Coparmex de Gustavo de Hoyos y que ayer retomó con toda la fuerza en contra de la corrupción de los políticos.

En un hecho sin precedentes, empresarios de todo el país, pertenecientes a la Confederación Patronal de la República Mexicana, realizaron una protesta en el Ángel de la Independencia contra los cambios hechos por los senadores al Sistema Nacional Anticorrupción; argumentaron que lejos de contribuir a la transparencia, la iniciativa generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y atacar la corrupción.

"Algunos senadores pretenden ahora pedir a los trabajadores y a las empresas de este país que hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer con sus representados", señalaron.

Además, el Consejo Coordinador Empresarial indicó que algunos de los cambios avalados por los legisladores resultan excesivos y otros son inaplicables en la práctica.

Las adecuaciones realizadas en el Senado son algunas adiciones en los artículos 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las cuales se establece que cualquier particular (persona física o moral) deberá presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, siempre que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con "entes públicos" federales o locales.

También se adicionó la obligación de presentar la 3de3 a las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales que se encuentren obligadas a presentar sus respectivas declaraciones.

En los artículos 36 y 37 se faculta a las secretarías de la Función Pública (federal y locales) y órganos internos de control para realizar investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los particulares, y en el caso que la investigación arroje un incremento al patrimonio que no sea explicable en razón de los recursos recibidos o contrato celebrado con un ente público, se podrá denunciar al particular ante el Ministerio Público.

Asimismo, los senadores avalaron cambios de lo artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades, en los cuales se eliminó la posibilidad de contar con contenidos mínimos de la declaración patrimonial y de intereses que los servidores públicos habrían de presentar ante las autoridades para poder establecer mecanismos de seguimiento de la evolución patrimonial y evitar conflictos de interés.

Es preciso resaltar que estas declaraciones patrimoniales y de intereses podrán omitir los rubros que cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución y para tal efecto, se contará con el Comité Coordinador, que será propuesta, a su vez, del Comité de Participación Ciudadana.

A decir del presidente de la Coparmex, la obligatoriedad de que el sector privado presente las declaraciones es un ardid político que trata de desviar las responsabilidades de los funcionarios públicos a los ciudadanos.

"Esta ocurrencia de madrugada de tratar de trasladar a la sociedad, a los empleados, a los colaboradores, a quienes participan en la iniciativa privada, para que cumplan con obligaciones que son propios de los funcionarios públicos, es un despropósito", subrayó.

El dirigente empresarial, acompañado por empresarios de todo el país, indicó que si se insiste en este punto lo más probable es que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda colapsar.

"Parecería que el propósito sería levantar una cortina de humo, tratar de camuflarse entre millones de declaraciones para que aquellas que de verdad nos importan, que son las de los funcionarios, quedaran ocultas", puntualizó.

A su vez, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, en audioconferencia desde Estados Unidos, indicó que están de acuerdo en que se sancione a empresas que incurran en actos de corrupción, en su relación con funcionarios públicos, en lo referente a cualquier servicio que se licite; no obstante, señaló que estos cambios son inoperantes.

Explicó que solo en Compranet existen más de 100,000 empresas registradas y que la redacción propone que todos los empleados de cualquier nivel, de todas las empresas proveedoras de servicios a las entidades públicas tendrían que presentar declaraciones.

"Desde el gerente general hasta los empleados de mantenimiento o mensajería e incluso, podría interpretarse, todas las empresas que estén vinculadas comercialmente de alguna manera con los proveedores del Estado. Estamos hablando de cientos de miles, o millones, de personas", indicó.

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Humberto Lozano, indicó que es lamentable que el contenido original de la propuesta ciudadana 3de3 haya quedado en una condición potestativa para los servidores públicos.

Agregó que la finalidad última de la iniciativa era la de transparentar ingresos, posibles conflictos de interés y la información de las declaraciones fiscales de las personas que tienen a su cargo las grandes decisiones de orden público y la aplicación del dinero que pertenece a todos los mexicanos.

A estos planteamientos se sumaron Javier Angulo del CIDE; Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana; Enrique Cárdenas, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, así como María Amparo Casar, de Mexicanos contra la Corrupción, entre otros especialistas, que señalaron que el país exige contar con un marco jurídico robusto y eficaz para combatir la corrupción.

Señalaron que los cambios aprobados carecen de viabilidad técnica, obstaculizan el buen funcionamiento del Sistema Anticorrupción y banalizan la utilidad de herramientas orientadas a la prevención y detención de actos ilegales.

Senadores del PRI, PAN y PRD de­fen­die­ron la in­clu­sión de los em­pre­sa­rios en la ley 3de3 pa­ra obli­gar­los a pre­sen­tar sus de­cla­ra­cio­nes fiscal, pa­tri­mo­nial y de in­tere­ses, al re­cha­zar que se tra­te de una re­van­cha.

Ale­jan­dro En­ci­nas ex­pli­có que se­rá el Co­mi­té Ciu­da­dano quien de­fi­na las mo­da­li­da­des de có­mo se pre­sen­ta­rá la de­cla­ra­ción de intereses, mien­tras que la fis­cal y pa­tri­mo­nial se­rán an­te Ha­cien­da.

El priis­ta Joel Ayala re­cha­zó que se tra­te de una ven­ga­za, al se­ña­lar que "es su­ma­men­te na­tu­ral que quie­ran cui­dar sus in­tere­ses, pe­ro siem­pre re­qui­rie­ron una ley an­ti­co­rrup­ción y ellos par­ti­ci­pan en li­ci­ta­cio­nes con di­ne­ro pú­bli­co. De­be­rían con­gra­tu­lar­se de de­cla­rar qué ha­cen con ellos".

Jabaz
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 17 de junio de 2016).

Cuando horas antes de la votación de la Ley Tres de Tres las bancadas de PRI y Verde introdujeron un adéndum para descafeinarla, no tenían los votos para aprobarla, pues no hacen mayoría.

Y tras largas, intensas discusiones, se sometió al pleno si se desechaba la versión dura de la 3de3. Los votos fueron cayendo en un cerrado conteo que terminó 59 contra la propuesta dura por 51 a favor, lo que dio paso a dicho adéndum.

La derrota, más que en los votos de esa alianza PRI-Verde, que, reitero, no tenía mayoría, estuvo en los 14 senadores de oposición que, presentes en la sesión, no votaron y que, de hacerlo, hubieran dado un vuelco a la decisión y a la reforma anticorrupción, por 65 votos a 59.

Marcadamente el vacío de los 6 senadores del PT, que lo son de Morena, y que encabezados por Manuel Bartlett no votaron: Layda Sansores, Marco Blásquez, Héctor Menchaca, Carlos Merino y Martha Palafox. Ana Gabriela Guevara votó en abstención.

Y los 4 del PAN: Héctor Larios, encargado en su partido del capítulo anticorrupción; Adriana Dávila, quien en 8 días regresó a su escaño tras la derrota del 5 de junio en Tlaxcala; José María Martínez y el ex coordinador de su bancada y doble ex candidato al gobierno de Colima, Jorge Luis Preciado.

Más los 3 perredistas: Luz María Beristain, Alejandra Roldán y Benjamín Robles.

Si estos 14 hubieran votado en línea con su discurso duro, la propuesta priista hubiera sido derrotada.

Pero no lo hicieron y, hasta anoche, no había una explicación racional. Layda Sansores dijo que el PRD no se había acercado a su bancada; Héctor Larios, que tuvo un asunto personal; una senadora panista, que se sintió mal; Bartlett, que no tenía caso.

Estas 14 inexplicables -¿o explicables?- ausencias en el voto dieron la mayoría al PRI, y por eso se perdió el tema, que no el caso.

Ellos fueron.

[...]

Los senadores dijeron no a la descriminalización de la mariguana y mandaron a la congeladora la iniciativa presidencial que eleva de 5 a 28 gramos los permitidos. También batearon las bodas igualitarias. ¡Ave María Purísima!

Se nota que ya empezó el temporal porque ayer les "llovió" en redes sociales a los senadores que votaron en contra del principio de máxima publicidad de la ley 3 de 3. No fue la excepción para los legisladores por Jalisco u originarios de la entidad, que sufragaron en contra o se ausentaron del pleno.

Los priistas Jesús Casillas y Arturo Zamora, alineados a su partido, votaron en contra de la letra chiquita del #3de3. El panista Chema Martínez, 3er. senador por Jalisco, juró que estaba enfermo y por eso no llegó a la sesión.

El sello jalisciense se amplió con el panista oriundo de estas tierras, Héctor Larios, quien declaró que salió a un mandado a la hora de la sesión y "calculó mal el tiempo" para regresar, por eso tampoco estuvo en la votación. Sólo la perredista Angélica de la Peña, originaria de Guadalajara, votó a favor.

Ojo: los senadores no votaron en contra de la ley o del sistema anticorrupción, pero sí en contra de que las declaraciones patrimoniales sean públicas y con el formato actual que detalla sus bienes y conflicto de intereses -¡el corazón de la iniciativa ciudadana que reunió 634,000 firmas!-.

La elección del pasado 5 de junio terminó de borrar las posibles diferencias entre los partidos políticos.

Aquellos que crecimos pensando que las lealtades hacia un partido político tenían que ver con una plataforma ideológica y una forma de ejercer el poder no entendemos cómo se puede dar lo que pasó el domingo de elecciones: la derrota del PRI en Veracruz por un ex priista que fue postulado por una alianza entre el PAN (la otrora derecha) y el PRD (la otrora izquierda). Don Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, y Heberto Castillo, ideólogo de los partidos de izquierda, seguramente se están retorciendo en sus respectivas tumbas.

Y la mejor referencia para comprobar este desaparecer de las diferencias entre los partidos fue el electorado, que en resumen votó por sacar al partido en el poder en turno en los estados donde cambiarían de gobernador, sin importar mayormente el color ni del entrante ni del saliente. El electorado buscó que llegara otro diferente al que estaba. Fue un voto contra el sistema de partidos aunque, en la perversión del sistema, ese voto fue apoyando precisamente a un partido o una alianza. Los independientes no cuajaron.

Lo único claro es que la ciudadanía seguirá viendo con hartazgo y desconfianza a todos los partidos y sus grillas.

El país políticamente hablando parece desbalagado.

No deja de ser extraño que tipifiquen lavado de dinero a un líder sindical que hacía extrañas maromas para destinar dinero de los maestros al trabajo político, y no se lo puedan (quieran) tipificar a los gobernadores y otros funcionarios que desvían recursos y lavan dinero para dedicarlo a las campañas electorales.

La corrupción de los líderes magisteriales es de párvulos comparada con la de la clase política.

El diputado local Enrique Aubry teme sufrir un secuestro si se autoriza la iniciativa 3 de 3 que obliga a los funcionarios a transparentar su patrimonio. ¿Pues cuánto ha acumulado? Si él tiene miedo con tremendos escoltas y siendo un apasionado maestro de la autodefensa -referencias con Mario Córdova y José Antonio de la Torre-, ahora imaginen un mortal sin fuero.

Lleva 30 años de hacer campañas electorales, para el PRI en el Tabasco que eligió a Enrique González Pedrero como gobernador, para él como candidato de la izquierda al mismo cargo, para ser líder nacional del PRD, y para buscar 2 veces la Presidencia. "La mafia del poder", como llama a todos que no sean él o sus incondicionales, dijo que le impidió llegar a Los Pinos. Esa "mafia" no pudo acabarlo en 2005 cuando iniciaron un proceso de desafuero para juzgarlo por un delito menor, porque el entonces presidente Vicente Fox, ordenó a la PGR que se desistiera de la acusación. En política, a quien no se mata se fortalece. López Obrador se quedó a 243,934 votos del panista Felipe Calderón, despojado de la victoria en buena parte por sus propios errores durante la campaña y una mala estrategia post-electoral. Sin esas fallas, retóricamente hablando, las cosas podrían haber sido diferentes.

6 años después perdió por mayor margen ante Enrique Peña Nieto, luego de que al verse empatado el priista con su adversario un mes antes de la elección, contó con el respaldo del golpeteo propagandístico del PAN, cuando quedó claro que su candidata, Josefina Vázquez Mota, no estaría en la lucha final.

"La mafia del poder", como describe a las élites mexicanas, no quiere que llegue a la Presidencia porque están convencidos que afectará sus intereses. En 2016, el discurso contra esos intereses es altamente poderoso: corrupción y pobreza. Su discurso teológico, con polos excluyentes como el bien o el mal, ricos o pobres, buenos o malos, penetran perfectamente en el psique mexicano, católico y lastimado, y responde a las demandas ciudadanas. Frases como "ese avión no lo tiene ni Obama", o sólo dan "frijoles con gorgojo", son 2 de los mensajes más penetrantes que registran los expertos en casi una generación. Si carecen de verdad es irrelevante. Él los mantiene como una línea que machaca sobre sus ejes de ataque retórico: corrupción y pobreza.

Enrique Alfaro no está haciendo nada diferente de lo que hicieron los 3 últimos alcaldes de Guadalajara que se convirtieron 1o. en candidatos de sus partidos y posteriormente en gobernadores: Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval. En los 3 casos hubo un abuso de la comunicación pública para generar propaganda; para mantener y amplificar la imagen del presidente en turno para convertirlo en candidato. Alfaro está haciendo lo mismo.

La pregunta, que no tiene que ver con el alcalde de Guadalajara sino con todos los alcaldes y gobernadores que han pasado por las diferentes sillas de la transición para acá (antes los egos eran igual de grandes pero las decisiones importantes no pasaban por las urnas) es si es lícito hacerlo con dinero público o, dicho de otra manera, si habría que separar clara y tajantemente la comunicación gubernamental de la imagen de los encargados del poder ejecutivo.

La clase política ha convertido a la democracia en una simple herramienta electoral, nada más. La usan para llegar y ni siquiera en su estado puro: trampas, triquiñuelas y diversas manipulaciones están a la orden del día. Falta de escrúpulos, guerra sucia, inventos, diatribas y difamaciones forman parte del estilo, del proceso, son otras herramientas.

Así llegan, el deterioro y el desgaste son descomunales; la gente queda hastiada y en muchos casos dolorida.

Las guerras sucias y las campañas de miedo de procesos anteriores siguen surtiendo efectos en algunos casos, y se suman a la inconsciencia de muertos políticos que cavan sus propias tumbas y ni siquiera se han dado cuenta.

Burocracia, poder, privilegios, prebendas, abusos, ése es el sentido de las elecciones para la clase política y vaya que lo hacen valer. Pasada la jornada electoral, dejamos de interesarles como electores pero no como contribuyentes, eso es todo.

Hasta hace poco era -¿o todavía lo es?- frecuente que el gobierno mexicano imaginara a nuestro servicio exterior como un basurero político. Acreditamos en países altamente civilizados a individuos intelectual y moralmente descalificados. La injuria en esos casos, no fue para las naciones extranjeras, sino para México. Basta sólo un ejemplo: el nombramiento ante Bélgica como embajador, del cacique potosino Gonzalo N.Santos, personalidad emblemática de corrupción y latrocinio de la política mexicana.

El eterno Salvador de la Patria, un tal Andrés Manuel Algo, ve con íntimo regocijo que su oposición en su 3a. presidencial será Margarita Zavala. Al fin machín tabasqueño, ignorante y lisiado ideológico sin más formación que la dada por el PRI cuando llegó de Tabasco, se dice que "no es más que una mujer". Bien, faltaré a la regla de oro que dice: Cuando veas a tu enemigo meter la pata no lo distraigas. Confío en que nada ni nadie distrae a Andrés Manolín de su visión del país por una ranura ni de su merolico anuncio de frijol con gorgojo: no tiene remedio.

Liópez no se siente obligado a declarar su 3de3, ni a explicar de qué ha vivido los últimos 10 años, ni a aceptar que es idéntico a sus colegas porque vive de los dineros públicos que reciben los partidos políticos. ¿No es un poco demasiado? Y así da un paso cada día, avance-avance; permiso, yo ya estaba aquí y le roba su lugar en la fila al que se deja, y muchos se dejan.

Si nos juntamos con el PAN es porque en Morena ni la puerta abren.

¿Qué consiguieron AMLO y Morena el domingo pasado?

Mostrar que su "techo" en la Ciudad de México no pasa de 13%, que es capaz de las más vergonzosas alianzas electorales -como las de Veracruz y Oaxaca- para garantizar los gobiernos del PRI -porque en Veracruz el gobierno de Miguel Ángel Yunes será un gobierno del más rancio priismo-, y que desde hoy AMLO y Morena son garantes del bipartidismo PRI-PAN en la presidencial de 2018. Todo, claro, una vez que AMLO anunció que en esa elección va solo y su alma.

Sin duda López Obrador hizo el milagro de unificar en torno a su persona, imagen y proyecto político a todas las izquierdas en 2006 y 2012, para convertirse en el más poderoso candidato opositor de la historia, luego de la exitosa campaña de Vicente Fox en 2010. El problema empezó cuando -a lo largo de esos procesos electorales- AMLO fue no sólo el todopoderoso líder de las izquierdas mexicanas, sino un dios intocable, perfecto, infalible e incuestionable.

Y una vez convertido en deidad, también fue el responsable de fragmentar a esa poderosa fuerza de las llamadas izquierdas -que tardaron 30 años en unificarse-, y que a lo largo de una década de control bajo la "dictadura democrática" de López Obrador se alejó de la cultura democrática, de la práctica de los valores y los principios democráticos y, sobre todo, de la construcción de cuadros propios.

El PRD en los tiempos de AMLO fue, al mismo tiempo, partido del gobierno y copia vulgar del más rancio PRI, en donde no se movía una hoja del árbol amarillo sin la bendición del "todopoderoso" que imponía presidentes del partido, candidatos y se adueñaba de las aspiraciones presidenciables.

Toda esa fuerza -que habría sido capaz de llegar al poder, de no ser por el milagro de la soberbia lopista-, hoy se ha fragmentado. Todos han puesto "casa aparte" -como son los casos del Morena, PT y MC-, y no son peligro electoral alguno para el PRI y el PAN, este último que carga al PRD en calidad de lastre político.

Solamente el 28.4% de los capitalinos votó en la elección para la Asamblea Constituyente, lo cual demuestra el poco interés. Pero además el 7.9% de quienes sí votaron anularon su sufragio. Esto ya no es desinterés sino rechazo.

El problema es que los constituyentes definirán la nueva constitución. La abstención y el voto nulo permitieron que quienes mejor movilizaron a sus seguidores hayan obtenido un mayor número de diputados. Morena fue el partido más votado en esta desairada contienda. Si los resultados son ratificados, contará con 22 diputados de 60 electos y 100 en total que formarán la asamblea.

Morena hizo una campaña defendiendo una ciudad de libertades, pero sus propuestas son una lista de prohibiciones sazonadas con buenos deseos. En un documento llamado "100 razones para votar por Morena", la organización presentó sus propuestas. El proyecto es un monumento al populismo.

Morena propone adoptar los usos y costumbres en los "Pueblos y Barrios Originarios", así con mayúsculas, y "en las comunidades indígenas residentes" que tendrán derecho a elegir a sus autoridades según "sus sistemas, procedimientos y prácticas". En algunos barrios, por lo tanto, habrá procesos democráticos y en los vecinos asambleas populares.

La constitución garantizará el derecho de "manifestación y protesta pacífica" pero no el de libre tránsito. Reconocerá "el derecho a la desobediencia civil pacífica". Los ciudadanos tendrán derecho a medios electrónicos públicos y a internet gratuito. Los residentes podrán votar desde los 16 años.

Morena prohibiría las asociaciones público-privadas, fuente de buena parte de la inversión para servicios públicos en México y el mundo. Los cambios de uso de suelo y los "megaproyectos urbanos" deberán ser aprobados por consultas ciudadanas, lo cual acabará con buena parte de la inversión inmobiliaria. "El acceso al agua es un derecho humano, no susceptible de privatización"; pero eso sí, el gobierno garantizará el suministro a todos.

La constitución convertirá en derechos la pensión de adultos mayores, la beca de discapacidad, la beca de madres solteras, la beca a estudiantes de bachillerato, los uniformes escolares, los útiles escolares, los microcréditos, el apoyo a unidades habitacionales de interés social, el seguro de desempleo, los comedores comunitarios y públicos, el mejoramiento barrial, el seguro contra la violencia familiar, el apoyo a pueblos originarios y a todos los demás programas sociales. Garantizará también el derecho a la alimentación. No hay una palabra sobre cómo se financiarán estos derechos.

Toda la educación será gratuita con cero rechazados en nivel medio y universitario. Todos los habitantes recibirán atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. Se prohibirá la subcontratación o outsourcing. "La Ciudad de México será territorio libre de productos transgénicos". El transporte púbico será "suficiente, económico, de calidad y no contaminante". Se prohibirá el cobro de intereses sobre intereses.

No es ésta la 1a. visión utópica de un gobierno que regala servicios sin preocuparse por los costos. Estos programas siempre han resultado en desastres económicos y en dictaduras. De hecho, el programa de Morena hace que parezca moderado el de Nicolás Maduro en Venezuela; pero la abstención y la anulación de votos han hecho que Morena quede como el partido más votado para la asamblea que redactará la nueva constitución.

En México la democracia hoy en día no pasa por las urnas. Poco valor tiene votar.

Para ponerlo en términos de la "Fiesta Democrática" a que hacían alusión algunos de sus actores, si efectivamente es una fiesta es "su fiesta", donde simulan invitarnos a todos, pero son ellos los que van a soplar las velitas del pastel y a llevarse todas las rebanadas, son ellos quienes van a romper la piñata y recoger los dulces, son ellos quienes se van a llevar todos los premios de los concursos, son ellos a quienes les va a hacer gracias el payaso y, vamos, si hubiese rosca de reyes, el muñequito sería también para ellos.

Para quitar presión al hartazgo y la decepción por tanto egoísmo, este sistema de partidos generosamente ha accedido abrir las puertas a las candidaturas independientes, pero en condiciones muy desventajosas. Están condenadas el fracaso. El único candidato independiente que alcanzó una curul en la Ciudad de México es porque es líder de bomberos, y existe la presunción de que ganó porque se presionó a su gremio.

Las grandes masas entienden que no es "su fiesta" y por eso no van a votar: reconocen que en las urnas no se va a cambiar nada.

¿Dónde están pues nuestras opciones democráticas?

Es curioso, pero hoy en día están resultando más democráticos los ejercicios que se manejan entre sectores de peso en la sociedad a través de los medios de comunicación y en las redes sociales. Un ejemplo es la Ley 3 de 3, que busca por lo menos transparencia en la información de cuánto tienen, cuánto ganan y para quién trabajan los funcionarios públicos, esto a partir de la sencilla premisa de que viven de dinero de nuestros impuestos: recursos públicos.

La forma en que organismos empresariales de todo el país han exhibido a los legisladores en su resistencia a discutir y aprobar las leyes anticorrupción ha cimbrado más a los partidos que derrotas electorales como la del PRI el domingo pasado.

Más que convocar a votar en las distintas elecciones nos tocaría ser apóstoles de la honradez y la transparencia, y difundir el mensaje por los medios que tengamos al alcance. Funciona. Esto sí está abriendo una brecha entre la soberbia y simulación de los partidos políticos, y un país con tremendos problemas de pobreza e impunidad. Y a más presión democrática será más insostenible esa brecha.

Pocas expresiones llevan implícito un equívoco tan burdo como el "¡Ganamos...!" que proclaman candidatos y dirigentes de partidos políticos al cabo de procesos electorales como los registrados el domingo en varias entidades del país. La misma expresión, incluso, coreada por multitudes al cabo de contiendas deportivas, es discutible porque sólo a unos pocos corresponde el mérito del triunfo, pero infinidad de oportunistas lo aprovechan para treparse, presurosos, al carro de la victoria. Prueba de la anterior, que jamás en la historia las turbas han salido a la calle, al término de un partido de futbol, de una pelea de box y mucho menos de unas elecciones, a gritar "¡Perdimos...!" con el énfasis con que celebran el éxito, como propio..., aunque, bien visto, sea ajeno.

Casi nunca el triunfalista "¡Ganamos!" entraña la convicción de que se escogió al mejor entre una amplia gama de candidatos razonablemente experimentados -y calificados, por tanto, para el desempeño de cargos públicos más o menos prominentes-, y de que, en consecuencia, en los tiempos por venir (trienios o sexenios) se tendrán mejores gobernantes...

El "¡Ganamos!", infinidad de veces, significa que los avances que en México ha habido en los últimos años sirve para tener la certeza de que el juego democrático es limpio por cuanto los votos se respetan y se cuentan con honradez... pero, sobre todo, para repudiar públicamente -mediante el "voto de castigo", que le llaman- a los malos gobernantes.

Lo cual -hay que reconocerlo- no deja de ser un consuelo.

El PAN saca cuentas alegres si piensa que su triunfo es "histórico" y que se perfila algo así como una 2a. alternancia.

En realidad todos los partidos y todo el sistema político perdieron. El abstencionismo volvió a imponerse como la fuerza mayoritaria. El promedio de participación en los 14 estados fue de 50.21%, es decir, 1 de cada 2 electores no salió a votar por ningún partido el pasado domingo. O la mitad de los electores votó, con su abstención, contra de las elecciones, los partidos, las costosas e ineficientes campañas, y la contienda llena de lodo y acusaciones de corrupción y mentiras.

En el extremo está la Ciudad de México donde apenas 28.36% de los inscritos en el listado nominal salió a votar.

Las reglas liberales dirán que se gana así sea con un voto, pero el asunto es que están llegando al poder gobernantes respaldados por una minoría de votantes, es decir, sin legitimidad política, aunque su triunfo se legalice.

El "triunfo histórico" que festina Ricardo Anaya es en realidad la imposición de candidatos con respaldo minoritario. Los candidatos panistas apenas fueron respaldados por sólo 1 de cada 5 votantes. El candidato panista con más porcentaje es el de Tamaulipas, con 24.97% de votos del listado nominal.

Lo cierto es que "festejan" sobre un sistema político repudiado por la mayoría y que se cae a pedazos.

El Hoy no Circula, el cuestionado programa que ha restringido la circulación de vehículos sin disminuir la contaminación, tuvo un costo muy importante para el PRD y para Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Más importante, sin embargo, fue el escaso interés de los ciudadanos en una constitución que sólo ambiciona la clase política. Una de las consecuencias del abstencionismo en la capital, paradójicamente, ha sido dejar el control de la asamblea constituyente en manos de los grupos que precisamente quieren manipular la nueva constitución para favorecer sus intereses políticos.

Sorpresa es la permanente incredulidad que suscita la organización electoral. Es increíble que todavía cerca de la medianoche del domingo hubiera páginas web de institutos electorales locales que no abrían o programas de resultados electorales preliminares que simplemente no daban ningún resultado. Los avances tecnológicos disponibles y las enormes inversiones que se han hecho en las instituciones electorales justificarían un mejor desempeño, pero como siempre, nos quedaron a deber en varios casos y con ello abonaron a la desconfianza de la ciudadanía.

Otra cuestión llamativa fueron las constantes filtraciones telefónicas que se produjeron a lo largo de las campañas. Algo anda muy mal en el país cuando hasta el teléfono del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está intervenido y podemos escuchar sus conversaciones privadas sin que haya ninguna consecuencia jurídica. Aunque no lo parezca, las intervenciones telefónicas sin orden judicial son un delito, por lo que deberían ser investigadas y sancionadas. Vale la pena recordarlo, por si la PGR decide algún día salir de su letargo y ponerse a trabajar.

Un elemento para reflexionar en el camino hacia 2018: las campañas electorales estuvieron marcadas por durísimas descalificaciones en contra de muchos candidatos. Desde cuestiones referidas a la intimidad conyugal (o extraconyugal) de un candidato en Durango, de vínculos con el narcotráfico de otro candidato en Tamaulipas, hasta acusaciones de pederastia y corrupción en contra de otro más en Veracruz. Abundó la guerra de lodo que siembra muy malos presagios para lo que será una encarnizada batalla por la Presidencia de la República dentro de 2 años.

Finalmente, vimos otra vez prácticas de acarreo y compra de voto, así como el uso a mansalva de recursos públicos destinados a las campañas. La fiscalización de recursos que hace la autoridad electoral parece un ejercicio de risa frente a las constantes trampas de gobiernos, candidatos y partidos. Ojalá el INE demuestre que sí puede y quiere fiscalizar a fondo. Por ahí podría venir alguna sorpresa en los resultados, si como consecuencia del ejercicio de fiscalización se anula el triunfo de algún candidato.

Como quiera que sea, lo cierto es que vimos otra vez la rutina electoral de los últimos años: las mismas campañas sin propuestas ni ideas, las mismas descalificaciones entre candidatos, la misma mercadotécnica de bajísimo nivel, la falta de alternativas reales en muchos estados (en los que incluso los candidatos tenían los mismos apellidos y competían contra sus propios familiares), el abstencionismo masivo en la CDMX, etc. No cabe duda que nos falta mucho por mejorar. La duda es si la clase política que tenemos puede suministrarnos opciones o si no es capaz más que de generar descontento y apatía.

Las elecciones de este domingo lo confirmaron: el nuevo gran motor de la ciudadanía es la corrupción.

Si antes se daba por hecho que la gente votaba con el bolsillo, ahora se puede deducir que vota con el hígado. Si antes el rumbo de la economía hacía a un partido caer o mantenerse, ahora es la indignación, la rabia, la urgencia de un Ya Basta a la corrupción lo que hace cruzar las boletas electorales.

Lo empezamos a leer en los comicios del año pasado:

1.- Perdió el PAN en Sonora donde se denunció el enriquecimiento inexplicable del gobernador Guillermo Padrés traducido en cuentas y ranchos.

2.- Sucumbió el PRI en Nuevo León con un Rodrigo Medina quien, finalmente, desde el viernes tiene que enfrentar la acusación oficial de un desfalco de más de 3,000 millones de pesos.

3.- También cayó el PRI en Michoacán de Fausto Vallejo, cuya administración se volvió el símbolo más reciente de la narcopolítica.

4.- Se desplomó el PRD en la Ciudad de México, con un duelo entre Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera disputando las irregularidades multimillonarias por la construcción de la Línea 12 del metro.

La jornada de antier refuerza la teoría de que la corrupción está siendo el más importante factor de decisión frente a una boleta electoral:

5.- Perdió el PRI en Veracruz de Javier Duarte, el peor gobernador del país, acusado de reprobar prácticamente en todas las áreas de la administración pública y sobre quien se anticipan graves problemas legales por una sabrosa variedad de delitos.

6.- Cayó también el PRI, tras una mala selección de candidato, en Quintana Roo de Roberto Borge, quizá el 2o. peor gobernador, con una lista de denuncias que van desde el exagerado endeudamiento público hasta el enriquecimiento ilícito.

7.- Igualmente fue derrotado el PRI en Tamaulipas, tras una sucesión de gobiernos que han entregado la entidad al crimen organizado, por los que deben y deberán responder ante tribunales personajes repudiados como Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Egidio Torre.

8.- Al PRI también se le fue Chihuahua, cuyo mandatario César Duarte está acusado "nada más" de haberse comprado un banco con dinero público.

9.- El PRI tropieza por 1a. vez en Durango, con 2 mandatos que sirvieron de manto protector a Joaquín "El Chapo" Guzmán, según acusaciones hasta de la Iglesia.

10.- Pero no sólo es el PRI: su oposición pierde en Oaxaca de Gabino Cué, un gobernador inexistente en 5 de los 6 años de su administración durante los que estuvo sometido por la CNTE y López Obrador, y quien además habría amasado una fortuna a expensas del presupuesto de uno de los estados más pobres del país; y el PRD repite derrota en la Ciudad de México.

La señal es bastante contundente.

¿Están escuchando, inútiles?

Morena ganó la elección a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, pero en realidad el triunfo fue para la abstención. Solamente acudió a votar el 28.4% de los ciudadanos empadronados, la cifra más baja que recuerdo en una muy politizada Ciudad de México. El mensaje es que los capitalinos no tienen ningún interés en la constitución promovida por el gobierno.

Los resultados del 5 de junio nos dicen que el país sigue estando muy dividido. El único estado en el que algún partido obtuvo más del 50 por ciento del voto fue Tamaulipas... y sólo por unas décimas. Las derrotas de muchos favoritos y de maquinarias electorales que se consideraban imbatibles demuestran que sí tiene sentido votar, aunque el sistema tenga muchas fallas.

La democracia mexicana atraviesa por una crisis de representación y una crisis de eficacia, lo que provoca que la salida no sea tan simple de divisar. Si las urnas confirman lo que las encuestas ya vaticinaban, los comicios de 2016 pasarán a la historia como aquellos en donde menos mexicanos participaron, algunos estudios apuntan que el porcentaje podría rondar los 40 puntos -sorprendente si advertimos que se ponen en juego 12 sillas de gobernador. Una coyuntura de baja participación sería una señal más del hartazgo de la ciudadanía con los partidos políticos, la corrupción, la impunidad y lo excesivamente caro de nuestro sistema político. ¿Cuántos mensajes más aguantarán los partidos políticos para que entiendan que la degradación democrática les pasará factura más temprano que tarde?

Nuestro gozo ciudadano con motivo de los candidatos sin partido, que para muchos son la gran novedad y esperanza democrática en nuestro país, es la buena noticia, la mala es que los sabios en materia de democracia no contaban con que habría tantos solicitantes, estudios hechos por gente, generalmente mal informada, estiman que en la siguiente elección habrá entre 3,000 o más candidatos independientes. Desde luego que con absoluta certeza casi ninguno dirá que lo hace por ambición de dinero o de poder, la casi totalidad sentirán ese deseo de servir que hace tan jugosos los huesos públicos que una vez probado su sabor nadie en su sano juicio renuncie por su voluntad, en homenaje al gran tlacuache César Garizurieta, autor inmortal de "vivir fuera del presupuesto es vivir en el error", que a mi juicio debía de estar en letras de oro en la Cámara de Diputados.

Paco Calderón
(5 de junio de 2016).

Dice el secretario de Gobernación que las campañas electorales recién concluidas en las 14 entidades federativas que tendrán comicios constitucionales mañana domingo, han sido "las más despiadada de todos los procesos electorales" por la forma como se manejaron los spots que "tocaron mucho en lo personal a muchos de los candidatos y a sus familiares". Tiene razón. Lo cuestionable es que esto se realice pese a que la Constitución establece desde 2007 -por lo ocurrido en la campaña de 2006- que los partidos y candidatos deberán abstenerse en su propaganda de expresiones "que calumnien a las personas".

Razones que alientan esta conducta son tanto la dificultad de la autoridad electoral de distinguir entre campañas negativas y campañas de contraste; así como el que desde abril de 2007 se derogaron del Código Penal Federal los delitos de injuria, difamación y calumnias. Pero no sólo eso, la reforma de 2014, eliminó de la Constitución (Artículo 41, fracción III, inciso C) la prohibición de que en la propaganda se "denigre a las instituciones y a los propios partidos". Así que Osorio Chong debería agradecer que en las campañas recién concluidas sólo hayan calumniado personas, y no además denigrado partidos o instituciones.

Pero lo que el secretario de Gobernación no consideró fue que las pasadas campañas no sólo fueron despiadadas con los candidatos, sino que también, y en mayor medida, con los ciudadanos, al menos por lo siguiente:

1.- Los 9 partidos políticos nacionales y los 15 locales que realizaron esas campañas difundieron 9'585,394 spots, que corresponden a 287 millones de segundos de agresiones auditivas, o 79,722 horas continuas de basura comunicativa. Soportar esa agresión es un castigo que resulta infame y más despiadado.

2.-Esas "spotizadas" campañas, huecas de contenido y plagadas de lodo y calumnias costaron a los contribuyentes la suma de 3,384 millones de pesos, de los que 2,260 millones se entregaron por los gobiernos locales a los 9 partidos políticos nacionales y 188 más para los 15 partidos locales. El INE, por su parte, destinó 900 millones de pesos más para organizar las “luchas de lodo”. Esto también es una agresión despiadada al bolsillo de los contribuyentes o una forma irresponsable de gastar sus contribuciones.

Considerando ese gasto entre los 37.3 millones de ciudadanos que podrán votar mañana domingo, resulta que el costo de cada hipotético voto que se emita por la totalidad del electorado habría tenido un costo de 89.70 pesos. Sin embargo, considerando una participación electoral de 50% resultaría que cada voto depositado en las urnas representaría un costo de 179.40 pesos, lo que por oneroso y de tan baja calidad también resulta despiadado.

Estas cifras son sin considerar los poco más de 4,000 millones de pesos que este año el gobierno federal entrega a esos mismos partidos políticos nacionales tan sólo para sus actividades ordinarias permanentes, ni 12% que del costo de una elección se destinan a las autoridades encargadas de los delitos electorales y 36% que se llevan los órganos encargados de impartir justicia electoral. ¿Acaso esto no es también despiadado?

Este año, el Instituto Nacional Electoral dispuso de un presupuesto que no se termina de ejercer, falta la jornada electoral de mañana y otros gastos asociados, de 8,520 millones de pesos.

Para las carencias que enfrentamos en México, urgentes todas, se trata de una cantidad estratosférica que, pese a la oposición de diferentes organizaciones de la sociedad civil y de la misma ciudadanía, lejos de reducirse en aras de la austeridad y de la atención de áreas prioritarias en México como el abatimiento de la pobreza, aumenta de manera exponencial y grotesca.

8,520 millones para el sostenimiento de un aparato electoral con sus respectivas jornadas, que poco o nada abona a la democracia en México. Todo el tinglado político electoral, la parafernalia electorera, el discurso bofo de la fiesta cívica y de la participación ciudadana son la farsa que se reitera cada 3 y cada 6 años, sin un resultado que represente mejora o beneficio para los votantes.

Es increíble que un político polémico y ahora con mala fama comente y escriba que la democracia en México es incipiente y se atreva a identificar como los 3 más grandes problemas en el país la corrupción, la impunidad y el crimen organizado. Y digo increíble no porque no tenga razón, sino porque mientras ocupó cargos en la Cámara de Diputados y en el Senado, lejos de hacer algo para combatirlos, muy lejos, se integró al sistema pervertido de la política mexicana con una armonía asombrosa. Ahora, desde la opulencia, cómodamente, critica lo que no fue capaz de por lo menos intentar resolver porque los intereses personales estaban primero.

Se vuelve a convocar a la ciudadanía a que acuda a las urnas, a una ciudadanía cada día más harta y cansada; más desalentada y apática, porque votar no sirve de nada; y si además se participa activamente de manera individual o colectiva, organizada o no, tampoco sirve de nada.

Las elecciones deberían servir para algo. Para que lleguen al poder mexicanos dispuestos a servir a la sociedad que los eligió, para resolver problemas, para impulsar estrategias efectivas y transparentes, para desempeñarse con honestidad y autenticidad, para corresponder al pueblo que paga impuestos y trabaja sin parar.

Deberían tener otro sentido, uno diferente al de simplemente mantener un sistema del que se sirven con la cuchara grande unos pocos privilegiados, sentados sobre la base de una burocracia ineficiente y conformista, abusada y abusiva.

Deberían servir para renovar cuadros, para que las nuevas generaciones de políticos diseñen políticas públicas que permanezcan vigentes, tanto como sea necesario, de manera que se avance en las áreas con mayores rezagos. Para dejar atrás los últimos lugares en educación y los primeros en corrupción. Tendrían que ganar las elecciones políticos que con sus conductas y decisiones propicien estos cambios.

En la Ciudad de México se ha vivido una enorme serie de contingencias ambientales en los meses recientes y la "solución" encontrada por el gobierno fue prohibir la circulación de todos por igual, contamine poco o mucho, sea auto, moto o camioneta. A menos que sea híbrido y éste, dígase de paso, consume y contamina más que una motocicleta. Parece democrático, pero es justo lo contrario.

De hecho la historia de decisiones sobre los automóviles en la Ciudad de México ha sido históricamente mala y la peor de ellas fue el Hoy no Circula, que si bien en los primeros días cortó de tajo buena parte de la contaminación en la capital federal, luego hizo que la población encontrara una forma de darle la vuelta y muchos vendieron un auto de año reciente para comprar 2 más viejos y con eso multiplicar la contaminación, recordando que un auto viejo contamina por lo menos 100 veces más que uno nuevo.

Por suerte otras entidades, como Jalisco, se han resistido a aplicar el mismo esquema y cometer y mismo error.

El sistema electoral mexicano está roto. Existen sus instituciones, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, con sus leyes, normas y reglas, sus sistemas de monitoreo y fiscalización para que nadie juegue en las condiciones injustas e inequitativas que son factores tóxicos en los sistemas democráticos. El sistema, se han quejado los especialistas, está sobre regulado, pero tiene como base evitar que los partidos que tienen más y mayor acceso a los recursos, desequilibren los procesos y, al mismo tiempo, establecer parámetros tan estrictos, que quienes sin tener esas posibilidades financieras tienen el arrastre electoral suficiente para derrotar a los Goliat del sistema político mexicano, puedan ser acotados y deshidratados en su financiamiento, con lo que se reducen sus posibilidades de triunfo. Las reglas son tan rígidas que sucede algo obvio: se pueden romper.

Los partidos políticos que construyeron este andamiaje electoral lleno de muros y obstáculos infranqueables, descubrieron tardíamente que sus obsesiones personales los llevaron a morderse su propia cola. No legislaron para flexibilizar las normas y que su elasticidad fortaleciera al sistema, sino que aceleraron su perversión y lo rompieron.

Los partidos construyeron un sistema, decían, para defender la democracia, pero terminaron tirándola a la basura. Un ejemplo claro de la perversión de su iniciativa es el modelo de difusión de spots. Crearon un mecanismo para que cada partido tuviera que presentar ante el INE los spots que iba a difundir, a fin de que este órgano los colocara en tiempos oficiales. El INE los publicaba en su página de internet antes de que los medios comenzaran a transmitirlos, y cuando los partidos rivales los veían y sentían que los denigraban, difamaban o sencillamente que su contenido los dañaba, no tenían opción de contrarrestarlos con otro spot, porque cuando el suyo fuera autorizado y transmitido, días después, el daño ya estaba hecho. Ante la imposibilidad de defenderse o contra atacar, recurrían al Tribunal Electoral para evitar su difusión. Sin embargo, aun si conseguían que el Tribunal lo prohibiera e impidiera su difusión en los medios, el spot ya había sido compartido en las redes sociales y causado el impacto que buscaban evitar que tuviera.

Las leyes y las normas que inventaron, por tanto, no servían a sus intereses. Es cuando decidieron darle la vuelta a la ley, y escalaron las perversiones electorales. El estratega de 2 de los grandes partidos nacionales -según sus intereses particulares trabaja indistintamente para cada uno de ellos- compró la versión clon del portal de Anonymus para utilizarlo como vehículo para difundir grabaciones ilegalmente hechas con el propósito de golpear a candidatos y desacreditarlos. Ese portal pirata, sin embargo, es sólo el vehículo. ¿Quién hace la minería de datos para alimentarlo? No se sabe. Lo que sí se puede ver es que hay recursos suficientes para escarbar en el pasado olvidado de aspirantes a puestos de elección popular y presentar acciones o declaraciones comprometedoras en un contexto electoral que no tiene nada que ver con aquél en donde se dieron originalmente. Hace unos días sucedió esto con una videograbación tomada hace una década, y presentada sin mayor explicación como actual. ¿Quién realiza las grabaciones ilegales? Tampoco se sabe. Lo que sí es evidente que hay quien invierte mucho dinero no sólo en las grabaciones ilegales -hay tantos dispositivos que no es un costo oneroso-, sino en mantener un equipo que está escuchando permanentemente los teléfonos de sus objetivos y analizando qué material sí puede ser explosivo y utilizado en su momento contra el o la adversaria. Estos equipos humanos sí cuestan dinero. Pero este no es el problema.

El dinero parece ser lo de menos. Un reporte de la consultoría Integralia publicado este jueves por El Financiero, reveló que en las elecciones federales en 2012 y 2015, hubo un aumento promedio de 33,165 millones de pesos en el flujo de efectivo durante los meses previos a la celebración de elecciones federales, que "pueden dar una pista del dinero usado para financiar campañas de forma ilegal, (y) aunque la ley ha puesto candados para que las operaciones se bancaricen, muchos gastos de campaña se pagan en efectivo, ya sea porque los fondos provienen de fuentes ilegales, porque se usan para pagar actividades proscritas por ley o para evitar rebasar los topes de gastos de campaña".

Todas estas actividades ilegales perpetradas por los partidos, fueron legisladas y aprobadas por los mismos partidos. Al no funcionar para sus propósitos, que era mantenerse en el poder o acceder a él, decidieron violar las leyes y las normas. Con lo que han demostrado la ineficiencia del sistema electoral que crearon en el último lustro y lo ineficaz e inoperante del modelo bajo el cual se administran las elecciones en México. El sistema está roto y repararlo no parece posible.

Si una tercera parte de las irregularidades que se han reportado en las campañas electorales de los 12 estados que están en juego este domingo 5 de junio son medianamente ciertas, el Instituto Nacional Electoral no está funcionando, al menos para lo que se diseñó.

Cuando se hizo el cambio de un instituto federal a uno nacional lo que se buscaba era no sólo cambiarle de nombre para gastar más dinero ajeno (especialidad del congreso) sino que tuviera atribuciones para participar en, e incluso atraer, elecciones estatales donde no hubiera la certeza de independencia de los órganos electorales de los estados.

Hoy el INE está ausente de los procesos locales: para bien o para mal no ha metido las manos. Podemos decir que para bien porque cuando el centro interviene con su visión ombligocéntrica en problemas locales suele no entender nada y hacerlo con la torpeza política de un elefante marino; para mal porque los delitos y cochupos están a la orden del día y el instituto parece no enterarse de qué va la vida.

El tema más delicado es, como siempre, la auditoría del gasto. Los partidos siguen gastando como quieren, fuera de la ley, y sin consecuencia alguna.

Desde este miércoles, de acuerdo con la ley electoral, ningún medio de comunicación puede informar sobre las tendencias electorales, resultados de encuestas o cualquier otra noticia o análisis que, a juicio de los savonarolas de Tlalpan, incurra en un delito que tiene como castigo extremo, la cárcel. De esta forma, el espejo de la sociedad, que son los medios, tiene que opacarse para evitar ser presa de sus hogueras, ante una legislación que no regula ni establece parámetros, sino que censura a la prensa y le quita al electorado la posibilidad de tener información suficiente antes de hacer su elección en la urna.

Los savonarolas no están realmente encarnados en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como muchos suponen, sino en los partidos políticos. Los consejeros electorales no son fanáticos naturales, sino responden a lo que les marca la ley electoral. Bajo su doctrina predican la equidad electoral y acaban con quienes consideran atentan contra sus principios. Pero esa ley, que no es de ellos, cancela la posibilidad de mayor conocimiento de la mayoría de los electores. La ley, para efectos prácticos, sólo regula a quienes menos intereses tienen en juego en una elección. Los artículos clave son el 209, sobre la propaganda electoral, y el 213 y el 251, sobre encuestas y estudios de opinión, que impiden la difusión de noticias y mediciones.

Los partidos decidieron después de la elección de 2012, tener un sistema electoral más regulado, supervisado y fiscalizado, impulsados porque esos artículos, más el 32, el 104, el 220 y el 222 fueron utilizados como argumento para invalidar la elección presidencial. Es decir, para evitar que unos políticos se montaran en esas leyes para derrotar en tribunales lo que no pudieron en las urnas, construyeron un andamiaje jurídico más complejo para evitar que, en efecto, no los derrotaran en tribunales, porque de las urnas se encargaban sus estructuras territoriales.

El resultado ha sido este sistema deforme que lastima a los ciudadanos de carne y hueso, al impedir a los medios publicar la información que tienen todos los actores con intereses políticos y económicos en una elección. Ellos sí pueden ver cómo van las encuestas -que no dejan de levantarse-, y los tracking polls, las encuestas diarias que miden estrategias y ayudan a modificarlas casi en tiempo real, sobre lo cual van tomando decisiones hasta el último momento que puedan afectar la conclusión de una votación. Es decir, usan sus recursos para manipular al electorado en vísperas de la elección y durante la propia jornada electoral. De hecho, en estos días de silencio es cuando más trabajan los partidos con sus clientelas electorales.

Tantos controles se convirtieron en un Frankenstein para los propios partidos, que decidieron echar tierra a la democracia. En el actual proceso electoral han pervertido las encuestas y llevado con ellos a varios medios, que a cambio de una inyección de recursos, publican lo que les piden que difundan. Hay medios que han dado a conocer encuestas viejas como si fueran recientes, y algunos que han repetido la publicación de una encuesta difundida semanas antes. Hay quien difunde estudios empíricos como si fueran científicos y paga por mediciones que le favorezcan. Encuestas serias son manipuladas para consumo popular y al electorado lo tienen engañado. Las campañas, sin embargo, conocen los resultados reales, y la adulteración de ellas es para alterar el resultado de la elección.

Algunas veces tienen éxito; otras no. Pero todo esto que sucede en la política real, no es explícito en el electorado, siempre presa de las marrullerías de los políticos. ¿A quién le interesa la democracia en México? A unos cuantos y a muchos redactores de discursos para políticos, que siguen utilizando esa bandera como coartada para sus desvergüenzas.

No hay voluntad política de los políticos para ser transparentes, y prefieren que la transparencia sea discrecional. La corrupción es un problema creciente en la molestia de los mexicanos contra sus gobernantes, y a quienes se acusa de ser los más corruptos, los políticos, siguen edificando barreras para que no pueda ser combatida con eficacia plena y blindando a quienes, dentro de su clase, mantienen y gustan de esa práctica putrefacta. No es porque sean insensibles al grito de las calles, sino porque son parte del mismo sistema de complicidades. Así las cosas no avanzarán.

Decir que se comportan cínicamente no es un juicio de valor, sino una descripción. Conocen con detalle la percepción de los mexicanos sobre la corrupción y lo que piensan de la clase política. Una tarjeta informativa en el Senado elaborada el 28 de abril pasado, les dio a todos sus miembros el panorama general del fenómeno que "es un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en los países que la padecen con mayor agudeza". Torcidos hasta en los detalles menores, toda la información y las valoraciones fueron extraídas sin citar la fuente original, del reporte "México: Anatomía de la Corrupción", publicado hace un año por el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Centro de Investigación y Docencia Económicas.

No han cambiado los datos. Las senadoras y los senadores, saben que las inversiones caen hasta en 5% en los países con mayor corrupción y que consume 2% del Producto Interno Bruto, porque, entre otros factores, 14% del ingreso promedio en cada hogar mexicano, tiene que destinarse a pagos extraoficiales, como eufemísticamente llaman a la corrupción. La transferencia de estos pagos irregulares para poder seguir funcionando en un país disfuncional, explica el porqué, de acuerdo con la empresa chilena Latinobarómetro, sólo 19% de los mexicanos están satisfechos de vivir en un sistema democrático. Por supuesto que hay razones de desprecio por la democracia, dado que quienes deberían de haber construido las instituciones en las que se apoya esta nueva forma de organización social, han incumplido con la responsabilidad.

Paradójicamente frente a la percepción popular, la mayoría de las instituciones democráticas de 1a. y 2a. generación se construyeron durante los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo: reformas políticas que fundaron órganos electorales, independientes y ciudadanos que abrieron la puerta a la alternancia electoral, la reforma al poder judicial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o la autonomía del Banco de México. Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón avanzaron poco, con la reforma al Servicio Civil de Carrera y la Transparencia, mientras que en el de Enrique Peña Nieto, unas de las principales características que definirán su gobierno son la opacidad y la corrupción.

La semana pasada el Inegi dio a conocer los resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en donde la corrupción avanzó sobre el desempleo y la pobreza en el nivel de preocupaciones de los mexicanos, y se colocó en 2o. lugar, detrás de la inseguridad -aunque hay vasos comunicantes entre ambos fenómenos: existe una correlación positiva entre corrupción y niveles de violencia, reflejados por el reporte del Inegi, donde los entrevistados achacaron a la seguridad pública como la principal experiencia que vivieron por cohecho. De acuerdo con la encuesta nacional, 60 millones de mexicanos consideran a la corrupción como el 2o. problema que más les preocupa; casi 40 millones tuvieron incidentes relacionados con la corrupción, y alrededor de 15 millones fueron víctimas de un acto corrupto.

Como estableció el estudio sobre la anatomía corrupta de los mexicanos, el fenómeno no es patrimonio de la clase política. De las empresas, 44% reconoce que paga sobornos -México está en un infame 2o. lugar entre los países corruptos por esta razón, sólo después de Rusia-, y que 75% se utiliza para agilizar trámites y obtener licencias y permisos, lo que lleva a un problema estructural que estimula ese fenómeno: el exceso de trámites y la burocracia gubernamental. Sin embargo, la percepción ciudadana, que si bien reconoce actos de corrupción entre la sociedad, ubica a la clase política como la verdaderamente corrupta: 91% de los partidos políticos apestan; 83% de los legisladores también. El 87% piensa que los funcionarios públicos son corruptos y 90% de ministros, jueces y magistrados, también. Sobre la policía, 9 de cada 10 mexicanos los ven corruptos, aunque no tanto como los partidos.

Pese a toda esta información que tiene la clase política, la Ley Anticorrupción no apostará a la transparencia ni se ve urgido por iniciar un proceso de sanación política y moral. Ese no es su tema, sino seguir en las prácticas endogámicas que los tienen, vistas todas las evidencias, en desprestigio total.

La izquierda de Morena, que no se asume como tal en ninguno de los artículos de sus estatutos, implica la continuación de una ideología política no liberal, que conjuga estatismo, con nacionalismo y un discurso anti-élites. No hay una aproximación a la socialdemocracia; por el contrario, es una izquierda sustentada en temas como la posesión nacional de los hidrocarburos, el discurso moral en el combate a la corrupción y la construcción de un "pueblo" -así lo dice López Obrador en sus spots, no utiliza la palabra ciudadanos- explotado por las élites económicas y políticas que se unen para simbolizar a "la mafia del poder". Es más un proyecto que retoma aspectos políticos del pasado mexicano, en contraposición con expectativas de futuro o replanteamiento de los asuntos que debe defender la izquierda. Es un planteamiento de izquierda, sí, particularmente por el papel del Estado en la economía y su señalamiento de las élites, pero es conservador en el sentido más clásico de la palabra: no se mete con ningún tema polémico, sea el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Es tiempo de campañas electorales, millones de pesos han sido gastados en candidatos embellecidos (¿?) con Photoshop como si concurso de 'misses' fuera. Aparejado, la falta de propuestas y la guerra sucia es lo que ha permeado a todas las campañas. Cero proyecto social, mucho menos económico. Alianzas impensables para ganar por ganar. Y, a pesar de las enormes corrupciones ventiladas, lo sorprendente es que no pasa nada, en una aceptación absoluta, como si la corrupción y la impunidad fuera lo normal. Quizá porque lo es.

¿La reforma electoral de diciembre de 2013 sirvió para evitar la guerra sucia? ¿Tenemos procesos de mejor nivel? ¿Se ha fortalecido nuestra democracia?

Las respuestas a estos cuestionamientos saltan a la vista: no. Ni se acabó la guerra sucia ni tenemos mejores campañas electorales ni se ha fortalecido la democracia. Tenemos instituciones sin fuerza para actuar eficazmente contra los viejos vicios y las nuevas prácticas y fiscalías especializadas, inmersas en las presiones políticas que les impiden cumplir eficazmente con sus cometidos.

Tal parece que la guerra sucia se ha instalado como la estrategia de algunos partidos y candidatos para ganar, a como dé lugar, en estos procesos electorales.

Por otra parte, cómo es posible que las dirigencias partidarias desconocieran perfiles, trayectorias y antecedentes de sus candidatos y aun así fueran sus abanderados en estas elecciones. Este aspecto también tendrá que revisarse.

Al calor de las campañas, en el frenesí de las contiendas, son válidos los contrastes, las comparaciones, los debates de ideas y de proyectos, las denuncias sustentadas, pero no las calumnias y las difamaciones.

Sería grave que el modelo de guerra sucia se instalara como estrategia ganadora.

Como en su momento lo identificó Manuel Camacho Solís, las enfermedades de nuestra política son la impunidad, la corrupción, el distanciamiento entre gobernantes y gobernados, la publicidad política sin control, el raquitismo de la rendición de cuentas entre los poderes y ante la opinión pública, la debilidad del Estado que ha llevado a la violencia y la ingobernabilidad en amplias regiones del país, el uso casi ilimitado del dinero para conseguir resultados electorales favorables, el sistema de partidos que excluye la participación ciudadana y limita la posibilidad de cambiar el rumbo de la política. Nuestro sistema político está atascado, paralizado y en decadencia.

Con la guerra sucia, con estas conductas, la política se coloca como una de las actividades menos dignas, porque cuando la estrategia es denigrar al candidato opositor con cosas que pueden ser ciertas o absolutamente falsas, al final de día desprestigian a la política. No debemos olvidar que las campañas negras están prohibidas por la ley y, sin embargo, no existen sanciones que castiguen a quienes las realizan. Me refiero no solo a partidos y candidatos, sino a empresas que ofrecen este tipo de servicios.

Terminado este proceso electoral, cuando los ánimos se hayan apaciguado y se analicen los saldos, aparecerá la urgente necesidad de una reforma electoral que elimine la guerra sucia en los procesos electorales.

En esta reforma debería incluirse que candidatos que incurran en guerra sucia pueden perder la candidatura y los partidos políticos su registro; y que las empresas que participen en este tipo de "servicios" puedan ser sancionadas.

Miguel Mancera favoreció la victoria de Morena en el Distrito Federal. En pocas palabras, habría regalado a Morena buena parte de los gobiernos en el DF. ¿Y por qué el regalo? Por supervivencia. Si Mancera no aceptaba esa condición, López no lo hubiése dejado gobernar.

Luego vino el rompimiento. En febrero pasado, AMLO calificó a Mancera de "traidor al movimiento" y lo consideró como parte de "la mafia del poder".

Meses después, el 15 de mayo, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, AMLO dijo que al ex presidente Salinas "le simpatiza Miguel Mancera como candidato presidencial".

El desamor definitivo se produjo apenas el pasado miércoles, cuando AMLO lanzó un grosero tuit contra Mancera.

"En la mafia en el poder hay niveles. Mancera es de los intermedios, pero encabeza la pandilla del PRD que reparte tinacos, dinero y amedrenta".

Notorio cambio entre el tuit citado arriba y el de diciembre de 2012, del elogio desmedido a Mancera: "Saludo a Miguel Mancera, hombre recto y capaz, que estará a la altura de la gente informada, progresista y fraterna de esta gran ciudad".

Ese fue el 1er. flechazo. Luego vino el abrazo de los amigos, aquel julio de 2013, cuando vistieron el uniforme del equipo Amigos de beisbol. Y para los que lo hayan olvidado, así narramos el amorío -en el Itinerario Político del 11 de julio de 2013-, titulado "AMLO y Mancera, el nuevo pacto".

Dijimos: "La imagen lo dice todo. Juntos, codo a codo, en el diamante de beisbol, portando la franela del equipo Amigos se exhiben los señores Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Mancera".

Es de llamar la atención la férrea resistencia que han presentado senadores y diputados a entrarle al tema de la corrupción. Su imagen pública se ha deteriorado como pocas veces al conocerse la serie de maniobras y triquiñuelas que han emprendido para simplemente no discutir el tema, al grado que parece no importarles que la cúpula empresarial de nuestro país, representada por la COPARMEX, los haya señalado públicamente una vez más e incluso haya emplazado a una campaña de descrédito de toda la clase política a propósito de las elecciones que en cuestión de días se llevarán a cabo en varios estados del país. ¿Por qué esa resistencia?

Vale la pena echarle un ojo al negocio que por corrupción tienen más a la mano los diputados, independientemente de las comisiones ocultas en los grandes contratos de infraestructura entre secretarios de estado, directores de organismos descentralizados, gobernadores, etc. Aquí hablamos exclusivamente de aquello a lo que los diputados le pueden meter mano sin pedir permiso a nadie. Nos referimos al tema de "los moches".

Denunciados numerosas veces los famosos moches, en los que incurren la mayoría de los partidos pero que hicieron célebres legisladores del PAN y del PRI, consisten en una comisión que por debajo del agua cobran los diputados a ayuntamientos o gobiernos estatales por conseguirles dinero de una serie de fondos y canalizarlos a determinado estado o municipio. En términos políticos se llamaría algo así como gestión de recursos. Pero a la "mexicana" esa gestión se consigue a cambio de que el municipio o estado beneficiado le dé al diputado su comisión o moche, siempre bajo el agua.

Lo interesante es saber de cuánto estamos hablando cuando nos referimos exclusivamente a los moches.

La Auditoría Superior de la Federación, que se encarga de revisar las cuentas pero bien poco puede hacer por castigar las desviaciones que encuentra, acaba de informar que del año pasado tendrá que hacer revisiones a varios fondos en los que ya hay sospechas de que se distribuyeron con moches para los diputados. Son los fondos de Pavimentación y Desarrollo Municipal, de Infraestructura Deportiva, de Cultura y de Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad.

En total, estos fondos juntos suman la friolera de 13,000 millones de pesos ejecutados en el 2015.

Me voy a permitir hacer cuentas simples: por las denuncias en medios de comunicación se habla de que los moches son en promedio entre un 15 y un 25% del monto de los recursos. Dejémosle en 18% para no exagerar. Eso significa que los fondos mencionados dejaron por ahí de 2,340 millones de pesos por concepto de moches o comisiones. Dinero que fue a parar libre de polvo y paja a los diputados.

Consideremos que son 500 los diputados, y que el dinero se distribuyó parejo, a cada uno le habrían llegado 500 millones de pesos (el resultado son 5 millones, no 500... pero a los periodistas no se les dan los números ni las cuentas) en un año.

Vistas estas cantidades la conclusión es sencilla: sí es negocio, y muy bueno, la política.

¿Qué importaría entonces perder prestigio y honor como clase política, e incluso enfrentar a la clase empresarial, si a cambio se dejará el cargo con una buena fortuna?

Hubo de todo entre los senadores que frenaron las leyes anticorrupción. Unos se opusieron por miedo a no saber cómo explicar su riqueza. Otros buscaron el borrón y cuenta nueva. Algunos declararon que las impulsaban, pero en privado las boicotearon.

Entre los argumentos en contra, uno surgió en la recta final de las negociaciones y resultó sorprendente, inusual... sincero.

Senadores de varios partidos políticos, agrupados en una especie de bancada improvisada, llegaron a la mesa con un planteamiento: estaban dispuestos a votar que fuera obligatorio presentar la declaración patrimonial, incluso que pudieran tener acceso a ellas las autoridades fiscales y anticorrupción, pero bajo ningún concepto que estuviera disponible al público en general. ¿Por qué? Porque tenían 2 familias, y una no sabía de la otra. Presentar su 3 de 3 les implicaría un desastre personal.

1.- La vida privada de un senador no es asunto del público. Si tiene 2 o 3 familias es, hasta cierto punto, su problema. Pero si tiene 4 o 5 casas, y no se entiende cómo las compró con sus ingresos legítimos, entonces sí es un tema que nos atañe a todos.

2.- Si uno husmea en la página de internet de 3 de 3, resulta inexplicable la relativa austeridad que presentan en sus declaraciones frente al nivel de vida que ostentan en su vida cotidiana algunos connotados políticos mexicanos. ¿Cómo evitar que el llenado de unos cuestionarios bastante sencillos, como lo son los de la 3 de 3, se vuelva un falso certificado de honestidad? ¿Cómo puede blindarse una sociedad que quiere transparencia frente a muchos esquemas de prestanombres y empresas que pueden usar los servidores públicos para diluir su riqueza publicable?

3.- Hacen frontera la inseguridad y la corrupción en muchos mandos policiacos. Pienso que sería deseable que la 3 de 3 no sólo fuera obligatoria para altos funcionarios y para quienes ocupan cargos de elección popular, sino para los que están al frente de nuestra seguridad. Cruzar los datos de sus ingresos con los de sus propiedades puede arrojar contundentes reflejos de quién está protegiendo a la ciudadanía y quién a los delincuentes.

Tan importante es que el público en general y los medios de comunicación en particular tengamos acceso a los historiales financieros de los servidores públicos como que exista una institución imparcial con capacidad para indagarlos con sigilo, pero sin impunidad. La frontera es tenue, riesgosa. Pero no es excusa para evadir la discusión y, sobre todo, la votación.

No termina de emocionarme el ejercicio 3de3, pero como muchos periodistas, ahí ando viendo cuánto vale la casa de un senador y cuánto valen las joyas de un diputado. Por el puro morbo, para ver si tienen muchisísimo más que yo (y sí).

Ahora topé con la información de Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval. Los 2 accedieron a participar en el ejercicio de informar sus bienes, sus impuestos y sus intereses, y ahora por fin, gracias a la maravilla de esta gloriosa iniciativa, sabemos lo que ya sabíamos: que el gobernador tiene un departamento en Vallarta y que Alfaro es un heredero y un hombre de negocios.

¿Ahora qué? ¿Qué hacemos con esa información? Podemos compararlos entre ellos. Alfaro tiene, sin contar el sueldo de alcalde (que puso como cero pesos), tiene más ingresos que el gobernador, pero es mucho más pobre que una exsobrecargo metida a política en la Ciudad de México como Alejandra Barrales. Por cierto, en la Ciudad de México tenemos un secretario de Turismo con bienes por más de 50 millones, un jefe de Gobierno con poco más de 40, otro funcionario que compra jaguares a precio de Jettas y algunos secretarios que, por lo que cuentan, viven de prestado.

¿Y con eso qué? Nada. Primerísimamente, nadie sabe qué es lo que es verdad. No tiene controles ni verficadores. 2o., el formato es elegido por un grupo privado que ha demostrado seriedad pero que no almacena la información y además modifica los formatos. Apenas el año pasado podíamos ver el valor de las casas de los cónyuges y ya no.

La idea que subyace a la obligación de los funcionarios de contarnos lo que tienen es que esa información sea útil para detener la insultante corrupción que hay en el país. Que nos cuenten para que no roben, ese es el punto.

Pero pues no. Para empezar, la mayoría no reporta al 3de3, pero si todos se reportaran aún faltaría muchísimo por hacer para comparar, para castigar, para obligar y... bueno, ¿que no para eso estaban ya las contralorías? Sí, pero sus datos no son públicos. Esa es la principal virtud de 3de3, pero es la única y es claramente insuficiente. No sólo porque no tiene dientes ni es confiable, sino porque además puede desaparecer mañana como ya desapareció la información que subió en 2015.

¿No sirve entonces para nada? Bueno, no tanto. Es un 1er. paso para la normalización de la información patrimonial personal pero hay que tener cuidado, primero porque no tenemos ni la más remota idea de lo que es cierto, pero 2o., porque es información aislada. Es muy importante tener cuidado con las conclusiones: conocer lo mucho que tiene un funcionario no conduce por sí solo a las cloacas de la corrupción. De la misma manera, ver a un político que no tiene ni auto ni ahorros en el banco no sirve para concluir honradez.

Los tiempos de los senadores y diputados federales son otros, parlotean sobre el supuesto interés que tienen en la transformación del país y al final dan muestra -una vez más- de que los mexicanos se pueden sentar a seguir esperando resultados sobre su trabajo que pagamos de nuestros bolsillos.

El pasado 19 de mayo la Coparmex nacional lanzó la Declaración Tijuana en respuesta al letargo legislativo y hartazgo que existe ante políticos cínicos y corruptos. Entre las medidas que lanzaron están las que tienen que ver con los estados en los que habrá elecciones en junio, denuncias a nivel internacional sobre el sistema de privilegios e impunidad que manejan los legisladores mexicanos, y de no existir una respuesta positiva iniciarán una campaña de información permanente en las empresas y sociedad en general para alertar sobre la deplorable situación.

Se aplaude el desafío que lanzan los empresarios a nivel nacional y ojalá se mimeticen con su declaración y más cúpulas de otros sectores se sumen para brindar un respiro de confianza a la ciudadanía.

El estado financiero del Instituto de Pensiones de Jalisco ya es un río de tinta y saliva en el que todos se revuelcan. Por un lado, el organismo asegura que además de los préstamos e inversiones, tiene un saldo líquido por 3,000 millones de pesos. Pero ayer Enrique Alfaro sostuvo que en realidad enfrenta deudas por 57,000 millones de pesos.

El alcalde tapatío mejor debería pagar los 44 millones de pesos que adeuda Guadalajara al IPEJAL, según el corte al 30 de abril. Eso sí sería congruente con la preocupación que tiene por el dinero de los burócratas.

La información disponible sugiere que el Hoy no Circula aumenta la contaminación en lugar de disminuirla. Esto ha ocurrido, como lo han señalado Héctor G.Riveros del Instituto de Física de la UNAM y W.Luis Mochán del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM de Cuernavaca, en 1989 cuando se estableció el programa, en 2008 cuando se endureció y en este 2016 en que se endurece nuevamente.

Explicaciones hay muchas. La responsabilidad que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) atribuye a los autos privados en la contaminación del aire es claramente exagerada. Limitar la circulación de autos sin resolver los demás factores -calidad de gasolina y diesel, actividad industrial, marchas y plantones, obras públicas, cohetes, quemas de pastizales, malos reglamentos de tránsito o mala aplicación de ellos- no sirve para nada. El Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM señala que en un sistema complejo como la atmósfera reducir la actividad vehicular en un 20% puede llevar a un incremento de 5% en el ozono. El doctor Mochán advierte que los vehículos que sí circulan tienen recorridos más largos cuando se aplica la prohibición.

El problema con instituciones burocráticas como la CAMe o el gobierno es que no tienen incentivos para aplicar políticas públicas que funcionen. Su interés es simplemente político. Se preocupan más por mostrar preocupación y ganar votos que por aplicar medidas eficaces. Nunca consideran, por otra parte, los costos de sus estrategias. Los pagos innecesarios de los ciudadanos en taxis y Uber, las horas perdidas, los días de inasistencia al trabajo, las ventas que no se hacen, los días en que los visitantes no pueden llegar o salir de la ciudad y las pérdidas de sistemas de transporte que no cobran pasaje no tienen para ellos ninguna importancia.

El daño de las malas políticas públicas puede ser profundo. Con el Hoy no Circula la sociedad está sufriendo cuantiosas pérdidas a cambio de nada. La contaminación aumenta en vez de disminuir. Una vez más se demuestra que la prohibición es la peor política pública, pero los burócratas en el poder no saben actuar más que con prohibiciones. Es parte de su naturaleza.

La compra de votos sigue estando en el ADN de los políticos mexicanos. El PRD distribuye tinacos en Coyoacán, otros reparten dinero y promesas para las próximas elecciones. Todos usan dinero de los contribuyentes.

Idealista la posibilidad de llegar a disfrutar de una nueva zona peatonal que por cierto nadie está solicitando ni parece ser lo prioritario, tampoco es la manera inteligente de resolver el sueño de sacar a los camioneros de ese eje con el argumento de que ya es peatonal, y como si finalmente el servicio que prestan no fuese necesario para la población; dado que los consideran invencibles, es obvio que los camioneros seguirán pasando por el centro, pero ahora por calles mucho más estrechas y dañadas, manteniendo estrangulada la vialidad y asfixiada a la población.

No puede ignorarse de ninguna manera la necesidad de un tráfico fluido y eficiente en el centro histórico [de Guadalajara], lo cual implica sacudirse esa tendencia irreal de desalentar el uso del auto por el simple expediente de cerrar vialidades, medida que ha provocado graves inconvenientes, y que añade más violencia a la violencia que ya se vive en todas partes.

Así considerado es claro que el centro histórico debe ser asumido por gobierno y ciudadanía, comenzando con la ciudadanía que vive o trabaja en dicha zona, pero también por la que la frecuenta por razones de servicios y comercio.

El Instituto Nacional Electoral detectó una nueva filtración de la Lista Nominal de Electores correspondiente al Estado de Sinaloa, misma que se halló visible en el portal Digitalocean con sede en Estados Unidos.

El listado hallado ahora en Estados Unidos pertenece al PRI, informaron fuentes del INE.

El director del Registro Federal de Electores, René Miranda Jaimes, informó que esa difusión fue detectada el miércoles 18 de mayo pasado, y desde la madrugada de hoy ya no se encuentra visible en la red.

Miranda indicó que "alguna representación" de un partido político, a la que se entregó la copia, puso en un servicio de almacenamiento en ese sitio de internet, que da servicios similares a los Amazon.

La gente no cambia: se muere y llega otra. Lo estamos viendo ahora con motivo de la propuesta presidencial para dar igualdad a hombres y mujeres en el amparo al cónyuge, los derechos en atención médica, cuidado del enfermo y herencia en caso de fallecimiento.

El partido que se ha opuesto por años lo constituyen los sobrevivientes del PRI echeverrista. Puede tener el nombre que se le pegue la gana, pero será de la más torpe derecha un partido en el que están Manuel Bartlett, secretario de Gobernación y orquestados del fraude en el 88; Porfirio Muñoz Ledo, el joven rapsoda que entonó las alabanzas más disparatadas al presidente Díaz Ordaz por el 2 de octubre del 68, luego diputado y senador, presidente nacional del PRI, embajador empistolado ante la ONU; el joven López Obrador que, si bien tardó 14 años en concluir su carrera en Ciencias Políticas, fue más despierto al hacer grilla y llegar a presidir el PRI-Tabasco y distinguirse en la escuela de cuadros del PRI nacional: PRI+PRI+PRI=PRI.

Cuando tan ilustres priistas abandonaron el PRI porque le pidieron puestos y no les dio, tuvieron la ocurrencia perversa de autodenominarse de izquierda. Pero, aliados a otras fuerzas, han dado colorido a la corrupción con Bejarano y Padierna, y se han opuesto a todos las líneas por las que avanzan las izquierdas en el mundo. Y una, nada menor, es la igualdad de derechos sin importar orientación sexual.

Es muy chistoso el caso de Carlos Delgado, alías el Weren, porque es la mejor muestra de que hay que tener la cola y la lengua muy cortas. Lo mínimo que se le debe exigir a un funcionario es congruencia y es justo lo que a él y a su jefe les está faltando. Gacho que no se den cuenta.

Y es gacho porque en el 2009 formó parte de un movimiento anulista súper creativo que entusiasmó a muchos -me incluyó- y que recurrió a iniciativas lúdicas para evidenciar la clase de mierda que es nuestro sistema de partidos políticos. Así, el Weren y sus cuates, que ya entonces tenían cercanía y hacían chambitas con los gobiernos de Emilio González Márquez y de Enrique Alfaro, crearon en su agencia algo brillante entonces: un perro candidato. Tal cual: un perro candidato. A nada, pero candidato.

Hoy, ese que decía no ser gato de nadie y que no iba tras un hueso es funcionario público y está a las órdenes de Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, según lo ha dejado claro el propio munícipe.

Carlos Delgado, "El Weren", ha sido señalado por las fracciones del PRI y del PAN de dar contratos por adjudicación directa, hasta por 10 millones de pesos, en apenas los primeros meses del nuevo gobierno de Guadalajara, a 3 empresas de sus cuates con los que trabajó hasta un día antes de asumir como pomposo Coordinador de Comunicación y Análisis Estratégico -aunque en la nómina aparece como Coordinador General de la Gestión, adscrito a la Jefatura de Gabinete.

Esos contratos son para Euzen, La Covacha e Indatcom, empresas comandadas por los mismos dueños o socios, y que han brindado servicios al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, al mismo tiempo que a partidos como Movimiento Ciudadano y ayuntamientos como los de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. Es decir, han sido un negociazo en un campo virgen: el de la comunicación en nuevas plataformas, lo que a su vez les ha permitido hacer otros negocios con comida y café, también bastante exitosos.

Enrique Alfaro y los demás munícipes han optado por contratar a estas empresas, pese a que los ayuntamientos cuentan con áreas de comunicación social con ejércitos de decenas de personas que cobran en nómina y hoy se sacan los mocos, porque la chamba se la encargan, según el propio alcalde, a empresas externas "porque son mis amigos y les tengo confianza".

Con ello, Enrique y el Weren se convierten en un ejemplo más de eso que combatían: el autoritarismo y la mafia política que hacen favores a los cuates. Terminaron emulando y perfeccionando las prácticas de la partidocracia a la que dizque venían a combatir y cambiar.

Y esto es muy muy triste porque igual que el PRI, Enrique no entiende que no entiende. Dice que ni él ni Weren tienen conflicto de interés por dar contratos jugositos a sus cuates. Igualito que el otro Enrique y su amiguito de HIGA.

Sí, Indatcom es la empresa señalada por Dante Delgado, líder nacional de MC, de subir el Padrón Electoral a Amazon. Sí, ese escándalo, que como si fuera meme de "No choqué, me chocaron", se han empeñado en explicar con un "no filtré, me hackearon".

El pulso del electorado solía tomarse mediante encuestas, hasta que los políticos mexicanos le tomaron la medida a las encuestas. El dirigente de uno de los principales partidos recordó recientemente que en el proceso de selección de candidato en uno de los 12 estados que se juegan la gubernatura en 3 semanas, cada aspirante llegó con su medición donde iba arriba de los demás, y con grabaciones tóxicas de sus adversarios. La anécdota ilustra el proceso en curso, pero sobretodo define las elecciones más sucias y violentas que se han vivido hasta la fecha.

Lo 1o. es no creer las encuestas publicadas en la prensa, salvo aquellas que tengan el aval de los medios que las difunden. Desde las elecciones federales de 2015, la venta de encuestas a la medida con la garantía que sería publicada en un medio, es una práctica recurrente. Se han perdido los escrúpulos frente al sonido del dinero.

Lo 2o. es ver cuánta información que no es de fácil acceso público, comienza a diseminarse en la prensa. Esto es lo que llaman algunos candidatos como guerra sucia, que si bien es un recurso que utilizan los partidos contra sus oponentes en forma amplia y profesional -desde la campaña presidencial de Vicente Fox se crearon equipos que buscaban los trapos sucios de los candidatos, para cuando se presentara la oportunidad utilizarlas y dañar al adversario-, suele mezclarse y confundirse con trabajos periodísticos auténticos que buscan explorar el récord y los antecedentes de candidatas y candidatos.

La feria de encuestas, enviadas a la prensa desde los equipos de campaña para su difusión, se acompaña por la difusión de grabaciones ilegalmente obtenidas que suelen salir bajo el sello de "Anonymous", que según la biblioteca [encilcopedia] Wikipedia, "es un seudónimo utilizado mundialmente por diferentes grupos e individuos para realizar en su nombre acciones o publicaciones individuales o concertadas", de protesta a favor de la libertad de expresión o contra abusos. "Anonymous" se ha metido de lleno a las campañas en México, aunque de acuerdo con expertos que han estudiado su comportamiento, la cuenta mexicana es un clon, y no la original.

Enrique Alfaro asusta: no hay conflicto de intereses porque lo digo "YO". Insiste en que Carlos Delgado Padilla, "El Weren", su director de Comunicación y Análisis Estratégico, ni se va ni hace mal en asignar contratos millonarios a Euzen Consultores y La Covacha, empresas en las que trabajó antes de incorporarse al ayuntamiento.

Pero la ley de servidores públicos dice algo distinto a Alfaro: un funcionario no puede tramitar asuntos en beneficio de aquellos con quien haya tenido una relación laboral -como asignar 10 MDP a su ex patrón-.

Si lo hace cualquier otro político está mal, pero se trata del ciudadano Alfaro y en este caso no hay problema.

Las declaraciones patrimoniales presentadas oficialmente ante las instancias de fiscalización oficiales o ejercicios promovidos desde organizaciones empresariales o civiles, como es el caso de 3 de 3, en realidad no sirven de gran cosa pues el servidor público puede maquillar fácilmente su fortuna y bienes y presentar un documento alterado, maquillado o con prestanombres. La astucia de la clase política para no ser auditada siempre va por delante de los intereses ciudadanos por fiscalizarla.

Este ejercicio, revela entonces un triple fracaso: de la transparencia, de la rendición de cuentas y del combate a la impunidad. Mientras exista este sistema político de gobernantes separados por completo de la sociedad, existirá el incentivo de separarse para obtener y mantener privilegios de una casta acomodada.

Esfuerzos de 3 de 3 son una curita, un parche, en un cuerpo político putrefacto. No necesitamos más parches, necesitamos otro cuerpo político. Será más sencillo construir algo totalmente distinto a mantener la ilusión liberal del control ciudadano de una clase política que actúa como clase dominante y clase propietaria.

La corrupción no es un tema que tenga la más alta prioridad ni para el gobierno ni para la clase política. La realidad en México es descorazonadora. La ventana llena de luz se dio con la promesa presidencial de caminar hacia una Ley Anti Corrupción y un fiscal especializado en combatirla, se ha ido cerrando, no sólo por la ausencia de fuertes andamiajes legales, sino por la complicidad de las élites. Hace un mes se reveló que el diputado de Nueva Alianza, Bernardo Quezada, junto con su esposa y familiares compraron propiedades entre 2004 y 2008 por más de 10 millones de dólares a través de créditos a miembros del magisterio. En un día, se informó, adquirieron 6 departamentos mediante un pago en efectivo de 8 millones de dólares. Él lo negó, pero no aportó pruebas que desmintieran los documentos acusatorios. ¿Qué sucedió después? Absolutamente nada. El silencio de la clase política fue equivalente a la complicidad. Y luego se dicen incomprendidos cuando los acusan de corruptos.

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, indicó que los funcionarios podrían mentir al presentar su 3 de 3 pues la iniciativa no cuenta con facultades legales para comprobar la veracidad de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.

Añadió que la prensa y los ciudadanos deberán escrutar la información y, en caso de detectar irregularidades, confrontar a los políticos.

Reportar el valor de casas en viejos pesos, ganancias mínimas por su actividad empresarial y autos de lujo más baratos que un celular son algunas de las inconsistencias detectadas en el 3 de 3 del gabinete estatal [de Jalisco].

El director de Transparencia Mexicana explicó que lo único que verifica la iniciativa es que los formatos de hayan sido llenados correctamente y que los expedientes de los funcionarios estén completos.

Recalcó la importancia de que se apruebe el Sistema Nacional Anticorrupción pues, además de que volvería obligatoria la presentación del 3 de 3, se contaría con una unidad investigadora de la veracidad de la información. En caso de que se compruebe falsedad de declaraciones y perjurio, se procedería administrativa y penalmente contra los funcionarios.

Sucede que desde hace 10 días los mexicanos han resultado vulnerados en su derecho a la información. Todo porque en el INAI fueron incapaces de hacer una exitosa transición del sistema digital Infomex a la recientemente creada Plataforma Nacional de Transparencia.

¿Se acuerdan cuando hace poco uno de los miembros de la OCDE -México, por supuesto- se quedó sin poder emitir pasaportes porque no funcionó un nuevo sistema tecnológico? ¿Y que eso duró semanas y semanas? Pues tal cual en el INAI: hoy por hoy es posible afirmar que no hay un efectivo acceso digital para aquellos que solicitan información en la nueva plataforma.

Fuentes del INAI consultadas para abundar sobre estos problemas que son mucho más que técnicos, narran detalles de una improvisación propia de país bananero: nunca se homologaron sistemas computacionales de los estados para asegurarse que podrían interconectarse, se dieron apenas 2 horas de capacitación (es un decir) a personal del INAI, y eso un par de días antes de la entrada en funcionamiento del sistema, y falta (créanlo o no) de transparencia hacia adentro...

En la estratósfera política los recursos se dirigen a lo que para ellos es fundamental: no la atención a la niñez, tampoco a la inclusión de los adolescentes y los jóvenes, sino la lucha electoral, utilizando el privilegio que la nación les dio para subirse en el dolor de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para afianzar su poder. ¿Y el futuro del país? ¡Ah! Ese se queda entre pobreza, adicciones y suicidio.

Enrique Peña Nieto mandó en diciembre a la Cámara de Senadores su propuesta para crear una Ley de Desaparición Forzada. Se suponía que los legisladores tendrían 3 meses para ver diversos asuntos y este sobre desapariciones. Entre febrero y abril los senadores resolvieron 854 asuntos, contando 256 iniciativas, 13 acuerdos internacionales, 5 permisos al ejecutivo federal, 41 ratificaciones de nombramientos y 539 puntos de acuerdo. Pero en ese montón de trabajo legislativo, los senadores no se dieron tiempo de atender y resolver la Ley de Desaparición Forzada. Esto a pesar de que Fundem y el Movimiento Nacional por los Desaparecidos elaboraron un documento donde presentaron a los legisladores los puntos esenciales que consideran deben ser incorporados a dicha ley.

Con esto incumplieron no sólo con las organizaciones de desaparecidos del país, quienes esperaban que este periodo ordinario se legislara sobre esta materia. Pero no ocurrió así. El Estado mexicano, incumplió no sólo a las familias sino también los acuerdos firmados con la Organización de Naciones Unidas en Ginebra en el 2014. En dicho acuerdo el gobierno de Peña Nieto se comprometió a mandar la iniciativa de ley en la materia en febrero de 2015 pasado y que en ese mismo año saldría aprobada; pero no fue así y tampoco salió en esta ocasión.

Con ese desdén y falta de respeto a las familias que buscan a sus familiares, el gobierno de Peña Nieto y la clase política mexicana muestra realmente lo que les importa el tema de desaparecidos: un comino.

De palabra dicen tener voluntad para atender y resolver el problema; en los hechos, no legislan, no disponen de recursos y no quieren resolver este que debería ser el asunto primordial del país: impedir que sigan desapareciendo personas.

De la celada de estudiantes y maestros de la Ibero a EPN -celada que, probamos, fue preparada por adoradores de AMLO- nació el #YoSoy132 y los "ternuritas"; jóvenes manipulados -bobos útiles- de quienes se escribieron sesudos artículos y ensayos que pretendieron emparentarlos con los cambios que cimbraron el mundo árabe -cambios fracasados, por cierto-, y hasta como modernos mártires del 68 mexicano.

¿En qué terminó la impostura de "revuelta" universitaria del #132? Terminó en impostores sin máscara y en una moda que motivó ríos de tinta y toneladas de estupideces sobre la inexistente espontaneidad de algunos universitarios mexicanos.

Apenas han pasado 4 años y no queda nada de esa grosera manipulación estudiantil. Acaso se recuerda la caricatura de la forma insultante en que políticos, líderes, partidos, candidatos y académicos manipulan a los universitarios.

Y viene a cuento porque puntual, en el ciclo político siguiente, apareció la nueva manipulación a universitarios. Ahora del IPN, una vez que los bobos útiles de la Ibero fueron desechados.

El pasado lunes documentamos a través de testimonios de maestros, estudiantes y trabajadores del IPN que, en efecto, el "paro loco" del Poli está tripulado por AMLO, quien hace 4 años manipuló, tripuló y engaño a universitarios de la Ibero y de muchas otras universidades privadas, con la patraña del #132.

Dijimos que a los paristas de las vocacionales del IPN no les importa la educación y tampoco el futuro de los politécnicos. Importa la renta política que obtienen quienes manipular jóvenes con fines político electorales.

Y es que, como lo señalamos el lunes, la idea es hacer crecer la crisis del IPN hasta niveles de conflicto nacional para -con esa crisis educativa y social-, detonar una crisis político electoral que favorezca al "candidato gorgojo": a AMLO.

También dijimos que a nadie en las filas de AMLO, Morena y del "paro loco" del IPN le importaba el regreso a clases, pese a que ante el director del IPN dizque estudiantes -que mostraron que no saben ni leer-, firmaron un acuerdo para levantar el paro en vocacionales.

¿Y para qué el paro? Por razones político electorales.

Y, en efecto, hoy sigue el paro, a pesar de la firma para levantarlo, y empiezan a sumarse escuelas superiores del IPN.

¿Y la educación? Les vale madre.

Los estados petroleros enfrentan dificultades económicas debido al retraso en los pagos a proveedores de Pemex.

Los estados más presionados por el complejo panorama energético son Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y Puebla.

Hasta ahora los intereses económicos de la clase política, manifiestos en las acciones de los actuales senadores, han conseguido manipular la toma de decisiones en el Senado (otrora institución seria, hoy un chiste) y después de abortar la posibilidad de legislar sobre el tema de la corrupción en lo que fue el período ordinario de sesiones, están haciendo los "amarres" y operaciones para que en un periodo extraordinario, que está por anunciarse, se discuta el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, pero en su versión más "light", más suave y más benévola para quienes ven la política como una forma de enriquecimiento, y que infortunadamente son la gran mayoría. Están ganando tiempo para salirse con la suya. De las iniciativas originales que planteaban un sistema férreo, independiente y con castigos ejemplares, veremos salir a la luz un sistema que ofrece a los funcionarios públicos la opción de ser transparentes o no (a su gusto), y sobre todo que propondrá que la investigación de los casos de corrupción, la famosa fiscalía anticorrupción, sea dirigida por el propio gobierno y no por intereses ciudadanos.

Estas leyes seguirán protegiendo a los corruptos en el sistema político mexicano.

Ni las organizaciones ciudadanas ni la Coparmex son rivales menores, ambos van marcando puntualmente el distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía, exhibiendo a la clase política y van promoviendo el ahondamiento de la brecha entre ambas.

Ciudad Victoria.- Brigadas de impacto del PAN y de Movimiento Ciudadano se enfrentaron a golpes y pedradas. Derivado de ello 6 jóvenes resultaron con lesiones.

Ante el escándalo del Partido Movimiento Ciudadano por la filtración del padrón electoral, la frase de la semana fue del alcalde Enrique Alfaro: "Juré que nunca vuelvo a participar en un partido político, no me gustan, no me gustan, no me siento cómodo, no es mi cancha... en realidad he sido independiente, a nosotros nos prestaron (el Partido) Movimiento Ciudadano".

Le recomiendo que lea 3 veces la frase y, de paso, recuerde el pasado político de Alfaro, que se relacionó con el PRI, PRD y ahora MC. ¿A poco no se le retuercen las tripas?

Después de perder la gubernatura con Aristóteles Sandoval en 2012, Alfaro tuvo el tiempo suficiente para superar la depresión y se preparó para buscar nuevamente el Gobierno de Jalisco con una plataforma intermedia: la alcaldía de Guadalajara. Y el proyecto marcha exitosamente rumbo al 2018.

Es insostenible la pureza que se quiere dar. Y si de verdad pretende que los jaliscienses le crean esa "independencia" y su desprecio hacia los partidos políticos, lo reto a que regrese las prerrogativas con las que llegó a la alcaldía tapatía; es decir, si es verdad que le "prestaron" el Partido Movimiento Ciudadano, entonces también le prestaron el dinero que gastó en campaña. Por eso, que sea congruente y devuelva el recurso para que se libere.

En 2015 los candidatos a Guadalajara tenían un tope de gastos de campaña hasta por 5'887,541 pesos. De acuerdo con la legislación, solamente 10% de ese monto puede ser aportado por fuentes privadas; el 90% es proveniente de los impuestos de los jaliscienses.

Hoy no me concentraré en la promesa que incumplió Alfaro de transparentar sus gastos de campaña, a detalle, pero al final de cuentas reportó ante el Instituto Nacional Electoral que erogó 4'863,721 pesos.

Así, la estimación es que Alfaro se gastó más de 4.3 millones de pesos provenientes del Partido Movimiento Ciudadano, que salieron de las arcas del Gobierno de Jalisco.

Si de verdad el alcalde de Guadalajara quiere legitimar su frase y que los jaliscienses le crean su discurso, es simple: que regrese al erario esos 4.3 millones de pesos.

Así todos nos sentiremos, como él dice, cómodos. Que regrese lo que le "prestó" ese partido para que sea un auténtico independiente con miras a la gubernatura, al cabo que no se quedaría pobre porque su patrimonio asciende a más de 41 millones de pesos.

Por otra parte, si tanto detesta a los partidos políticos, que Alfaro mueva a su bancada en el Congreso de Jalisco para que les reduzcan las millonarias prerrogativas que se entregan todos los años, aunque no sean electorales.

Este año no hay comicios en el estado y se despachan con la cuchara grande con 260.7 millones de pesos.

Los políticos mexicanos han hecho usuales acciones contra de la ética. Ganar a toda costa resulta la divisa con la que se mueven demeritando su oficio, el bienestar de la población y aún los intereses de la nación. Pero esto no depende de algún partido, es una enfermedad contagiosa que ha contaminado a todos salvándose, quizá, alguno a título personal, pero como una golondrina no hace verano, el país sigue viviendo un obscuro invierno político donde el Sol sale para pocos.

Y no se trata de que México haya inventado la corrupción, nada más lejos de la realidad, pero sí muchos políticos mexicanos han hecho de la corrupción y la impunidad su especialidad. Así, en el PRI está la "casa blanca" o las villanías del actual gobernador de Veracruz, quien ha esquivado juicio político ayudado por la actual Fuenteovejuna: ¡Todos los políticos se cubren a una!

Lo más reciente de ese partido es la integración de 4 millones de jóvenes estudiantes al IMSS, acción con efecto electorero que se hace sin cuidar la realidad que pide que primero se atienda adecuadamente a los muchos enfermos que tiene esa institución con algo más que Ketorolaco... Y cuando el esquema de medicamentos esté garantizado y sea accesible a los derechohabientes, entonces se podría dar pase a esta inclusión, no antes. Luego, ésta es una acción sin ética, un engaño para ganar el voto de los jóvenes a su costa.

Y qué decir del actuar del PRD en lo sucedido en Iguala, eventos cubiertos de la suciedad que ese partido procuró con cómplices alianzas, lodo que hizo posible el secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

O el PAN, donde la inteligente y trabajadora Margarita Zavala contribuyó a evitar el castigo a los culpables del caso de la Guardería ABC, hecho del que no podrá olvidarse; tampoco los padres de los niños afectados.

Y en este mar de corrupciones hay otras acciones igualmente faltas de ética, como los insultantes sueldos de los legisladores y funcionarios federales y locales. Donde sólo los diputados de Nuevo León reciben 302 millones de pesos, siete millones de pesos para cada legislador... Y esta cifra no es alejada de lo que se llevan en Jalisco.

Es de tal magnitud el monto que se auto asignan los diputados y los salarios de los que gozan sin conciencia los funcionarios de este sexenio, que la Arquidiócesis de México ha llamado a este dispendio: "cínico privilegio". Millones de millones de pesos quitados al desarrollo del país.

El nefasto de Andrés Manuel López Obrador regresó a las andadas, parece que un poco más organizado. Ahora volvió a exhibirse como saboteador, organizando brigadas perjuiciosas; desde finales de noviembre del año pasado empezó con esta perversa actitud antipatriota, formó una "Comisión Electricidad" e inició con 20 vehículos para apoyar a los habitantes de Tabasco cuando haya cortes de la CFE por falta de pago. Este movimiento de sabotaje lo promueve Andrés López en el sureste del país, para que no se pague a la CFE la energía eléctrica.

La CFE tiene actualmente un déficit de 43,300 millones de pesos. Solamnete en el sureste del país es déficit es de 14,550 millones de pesos, y específicamente en Tabasco el retraso por usuario es de alrededor de 23,500 pesos.

Es claro que está "comprando" votos para el futuro. Es comprensible que los deudores le hagan caso a López si ven que no hay ninguna consecuencia ni castigo y pueden seguir usando los servicios eléctrico sin pagar, siguiendo las instrucciones del "peje".

Señores constituyentes chilangos:

Ahora que ya son ustedes personas importantes, y van a redactar la Constitución de la Ciudad de México, muchos mexicanos les quisiéramos informar algo que quizás no sepan:

La constitución no sirve para regular a la gente. Sirve para que la gente le diga al gobierno lo que puede y lo que no puede hacer.

La constitución gringa lo dice muy claro en las tres primeras palabras de la primera hoja "We, the people", como supongo que ustedes no son bilingües ni saben usar el traductor de su celular, con mucho gusto se las traduzco: "Nosotros, la gente".

Fíjense muy bien, no es el rey hablando a sus súbditos, es el pueblo estableciendo las bases del gobierno. ¿Entendieron?

No vayan a incluir cláusulas en las que se pueden comprar avionzotes, aumentar los impuestos, proteger a sus cómplices o ponerse el sueldo que se les antoje. O sea pa' que bien me entiendan; no están redactando una patente de corzo, están redactando las reglas que deben seguir los políticos y otros pillos.

Pónganse las pilas, no vaya a ser que su nueva constitución vaya a ser una copia bizarra de la mil veces violada y prostituida "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Que habría que redactarla completita otra vez...

¿Cómo reprimir en un candidato el impulso y la necesidad de hablar mal de sus competidores, exagerar sus defectos, magnificar sus fallas, afectar su fama pública, su prestigio, su credibilidad?

Es imposible. Legislar contra esa realidad no hace sino meterla bajo la mesa, crear un mercado negro de difamación y calumnia.

Huyendo de las campañas negativas a campo abierto, los legisladores han sumergido este impulso irrefrenable de la contienda política en una zona gris de donde vienen ahora ríos de lodo mucho peores que los que se quería evitar.

Nuestras campañas están llenas de filtraciones ilegales, imputaciones grotescas, calumnias de doble y triple vuelta. La impunidad de su difusión anónima por las redes sociales o internet multiplica la negatividad del ambiente público. Nuestras elecciones empiezan a parecer una historia de monstruos en contienda: corruptos, mentirosos, ladrones, narcos, carne impune de presidio.

Los expertos han concluido hace mucho tiempo que las campañas negativas en el ámbito electoral no solo no son ofensivas para los ciudadanos, sino necesarias, porque los informan, los alertan. Que los políticos profesionales se saquen los trapos al sol es un servicio para los votantes, que después juzgarán por sí mismos.

Para evitarnos un torneo legal de descalificaciones entre candidatos, los legisladores abrieron un mercado negro de basura que, con frecuencia, acaba siendo el factor determinante de quién gana.

Ante el incumplimiento de los candidatos para trasparentar sus gastos, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, manifestó su preocupación por que estos retrasos permitan a los partidos truquear los gastos que realizan durante las campañas.

Agregó que la fiscalización en línea que se realiza a raíz de la última reforma electoral busca evitar que los partidos entren en acción realizando una doble contabilidad o manipulando las cifras.

Criticó que 82% de los candidatos no haya registrado ni uno de los gastos que han realizado durante el 1er. mes de campañas, lo que obstaculiza la labor de la autoridad para impedir que se realice un ajuste de cuentas que evite que rebasen los topes de gastos que tienen.

Córdova señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abrió la puerta para que los partidos incumplan con los plazos para reportar los ingresos y gastos.

Entre excusas, grillas y maniobras, concluyó el periodo ordinario de sesiones sin que avanzara el sistema de leyes secundarias anticorrupción, y difícilmente se ve que pueda haber un periodo extraordinario para aprobarlas. Todo lo que suene a anticorrupción lo repelen, por razones obvias.

Aunque hay partidos que dijeron estar a favor de las leyes, lo cierto es que al final del camino todos son cómplices, porque un esfuerzo auténtico hubiese buscado el apoyo ciudadano, y por supuesto que con más presión social hubiesen tenido que aprobar las leyes.

Desde luego que esta resistencia de los senadores ratifica que alcanzar puestos importantes en la política es sinónimo de hacer buen dinero. No en vano el 10% de PIB se va en corrupción.

Y ojo, combatir la corrupción va más allá de una idea romántica de tener líderes honrados para que cuiden y ordenen los dineros de nosotros. En realidad es un tema funcional como país.

La corrupción en México, además del alto costo económico, obliga a los funcionarios a dedicar más tiempo a idear cómo se van a llevar el dinero que a gobernar.

Y con menos corrupción el país funcionaría mejor, porque los recursos llegarían realmente a donde urgen (pobreza, educación, justicia, salud) y habría menos pillos haciendo carrera política para tratar de llegar a los puestos donde se puede meter mano a los recursos públicos.

Si un triunfo puede esgrimir el perredismo (lejos de Morena) en la capital es el de la defensa de las libertades individuales, incluyendo el tema del aborto. Si hay un capítulo (y son muchos) que desmienten las convicciones de izquierda de Andrés Manuel López Obrador (y a todos les queda claro que, como dice su publicidad "AMLO es Morena") es su desprecio por los derechos individuales, que desecha ante lo que llama derechos sociales: durante su gobierno se opuso no sólo a legalizar el aborto o el matrimonio entre personas de un mismo sexo, a avanzar en la equidad de género, sino que se negó siquiera a ablandar las leyes restrictivas en ese sentido. Los acuerdos que estableció en aquellos años López Obrador con el liderazgo de la Iglesia Católica y con otros sectores de poder se basaron en esa negativa (y en una exhaustiva política de liberalización de permisos de construcción, un relajamiento de las normas ambientales y en la inversión en 2os. pisos en demérito del transporte público), reflejada en el rechazo a legislar respecto al aborto y los derechos de gays y lesbianas.

El PRD en los años de la hegemonía de López Obrador no logró siquiera que esos temas estuvieran en su agenda electoral, (pese a que eran principios fundacionales) y como cuenta Patricia Mercado en el libro "Una lección para todas" (con entrevistas que realiza Katia de Artigues con Patricia, Josefina Vázquez Mota y Cecilia Soto sobre sus respectivas campañas electorales), fue la negativa absoluta de López Obrador a abordar una agenda de género, de las mujeres y de las minorías sexuales lo que impidió que la actual secretaria de gobierno de la CDMX se sumara a la candidatura de López Obrador en el 2006.

El PRD debería ser mucho más claro y explícito al respecto porque a un mes de los comicios parece estar temeroso de reivindicar uno de sus mayores logros.

Siendo secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño argumentaba, sin que nadie le preguntara, que su puesto requería una camioneta blindada, misma que pagábamos usted y yo y en la que se paseaba por toda la ciudad, porque resultaba muy riesgoso hacer un padrón del transporte público: "El último que intentó hacer un registro de automóviles terminó muerto", decía. Nunca me quedó muy clara la conexión entre el censo de transporte público que él estaba haciendo y la muerte de Raúl Ramos Tercero, el encargado del fracasado RENAVE, que nunca quedó claro si se había suicidado o efectivamente su muerte había sido un "suicidio asistido", por decirlo de alguna manera. Sonaba exagerado, de hecho lo era, pero aquella aclaración no pedida ya configuraba lo que iba a ser el final de este proceso: el famoso registro del transporte público por el que se pagó 33 millones a Solupat SA de CV, con cargo a cada uno de los concesonarios de transporte, no existe o por lo menos nunca lo entregó a la Secretaría de Movilidad. Fue un fraude.

Lo que sabemos hoy es que el estudio estuvo tan mal hecho que sólo sirve para tirarlo a la basura. En el colmo del cinismo, ese mismo estudio lo empezaron a hacer para los taxis. La encargada por parte de la secretaría, Ana Laura Chávez, entonces directora de Seguridad Vial, dijo, el 8 de junio de 2015 que el estudio había iniciado y se terminaría en diciembre de 2016. De hecho, hay taxistas que aseguran haber pagado los 4,000 pesos que se les exigía por hacer el trámite, pero el registro, a decir de las autoridades actuales de la secretaría, nunca existió. ¿Dónde quedó todo ese dinero? ¿Quién se quedó con el estudio? ¿Cuánto se le cobró a la empresa por incumplimiento?, ¿Cuál fue la sanción a los funcionarios?

La única pregunta con respuesta es esta última: el responsable del fracaso del registro de transpote público, Mauricio Gudiño, fue premiado por el gobernador con la subsecretaría de Administración, la dependencia que, por cierto, debería ser la responsable de exigir la fianza por el incumplimiento. El único argumento es la amistad. Ahora sí que el gobernador dejó la guardería en manos del padre Maciel.

Escándalo tras escándalo y siguen "vigentes" en la política. El dúo Enrique Aubry y Jorge Arana regresaron a esta legislatura local a ratificar su condición de impresentables. ¿Qué más quieren el resto de legisladores para empezar a discutir la eliminación del fuero? Si con el fraude de López Castro, la habilidad para escupir la ley, perdón, quisimos decir evadir; los escándalos por portación de arma y los señalamientos de corrupción no bastan, entonces no tenemos representantes populares sino cómplices.

En Chihuahua, el PRD local tiene problemas con el nacional porque los querían obligar a ir con el PAN y no se hablan. El PRD nacional no entiende la lógica del local, que es mucho más amigo del PRI.

En Aguascalientes y en Chihuahua, el izquierdista PT juega con el establishment del PRI y abandonó a Morena y al PRD. En Durango, en Quintana Roo, pero sobre todo en Oaxaca, la otrora alianza entre PAN y PRD le hace frente al PRI y a las izquierditas, que en ese estado sureño sí traen fuerza: el PT y Morena (cada uno por su lado) les pueden ganar a los 3 grandes.

En Puebla no sé cómo le van a hacer los electores ni qué cara traen los militantes: el PAN se alió al Panal y al PT, además de dos partidos locales más, para ganarle al PRI. El caso del Panal es esquizofrénico: en todos los demás estados va con el PRI y en Puebla va contra el PRI. ¿Cómo están procesando eso en las cámaras federales?

Las opciones políticas estaban ya desdibujadas, pero esto es ya ridículo. Los electores de los estados en los que ganen y gobiernen alianzas, ¿cómo van a procesar eso en el 2018 cuando vayan separados? ¿Cómo va a leer el electorado que Morena sea el único partido que marca su raya? ¿Cómo van a operar las clases políticas locales las instrucciones nacionales para darle rienda suelta a la promiscuidad local electoral?

Al final, PAN y PRD echaron la culpa al PRI de proteger a los corruptos. El PRI reviró recordándoles que ellos, juntos, tendrían los votos para aprobar las leyes anticorrupción si quisieran. Y las ONG les recordaron a Emilio Gamboa y Raúl Cervantes del PRI, Pablo Escudero del Verde, Roberto Gil y Ernesto Cordero del PAN, Miguel Barbosa y Armando Ríos Peter del PRD... que ninguno ha presentado su 3 de 3.

Sabedores de lo que le cuesta al PRI electoralmente el tema de la corrupción -y más en un año como este en el que hay comicios para casi la mitad de los mexicanos-, tanto el PAN como el PRD se acercaron a instituciones de la sociedad civil para proponerles que fueran mediadores en una alianza entre ambos. Así se armó el bloque PAN-PRD: con la intención de sacarle jugo político a un PRI que buscaba eludir la rendición de cuentas y con la promesa de que respaldarían lo que la sociedad civil determinara sobre las 7 leyes que estaban en juego y que, a decir de todos los expertos, de aprobarse reducirían notablemente a mediano plazo la corrupción en México.

Fue una semana en que el PRI, tratando de resistir la transformación, se llevó una tunda épica en medios de comunicación. La conversación pasó de ser la necesidad de un sistema anticorrupción a cómo los corruptos del PRI querían bloquearlo. Sus encuestas en varios estados que renuevan gubernatura este año acusaron recibo y el PRI decidió cambiar su postura.

Cuando PAN y PRD vieron que el PRI y el Verde se flexibilizaban para negociar con la sociedad civil y aceptar algunas de sus demandas, profundizaron aún más el alcance de las leyes, tratando de volverlas inaceptables para el partido gobernante (y con ello le sacaran más jugo electoral): agregaron cosas como que la declaración 3 de 3 incluyera hasta los primos de funcionarios y candidatos.

El PRI, vulnerable por el lado de la corrupción, sabía que debía ceder lo menos, pero sin quedarse fuera de la discusión. No podía dar todo su brazo a torcer porque quedaba aún más vulnerable a futuros escándalos a niveles federal y estatal, pero si no aprobaba algo otorgaba a sus opositores una joya que explotar electoralmente.

¿Espíritu anticorrupción? Nah. En el fondo, los partidos estaban en la dinámica de la elección de junio mucho más que en el deseo de reformar las leyes contra la transa.

El gobernador de Jalisco lanza el anuncio de un proyecto de reformas que será enviado al Congreso del Estado para conseguir, en los siguientes 3 años (lo que resta de su administración), que el salario mínimo se duplique.

Complicado, incluso incongruente, que por un lado el mandatario realice giras internacionales para atraer inversiones extranjeras en defensa de las fuerzas de la economía como fórmula para mejorar la situación económica de los habitantes del estado, y por otro se proponga regresar a la década de los años 70 del siglo pasado, cuando la rectoría del Estado sobre todos los aspectos de la vida nacional, incluido el económico, era una práctica que ahora se observa como una aberración.

Pero para no perder líneas y tiempo en la discusión sobre la intervención del Estado en la vida económica de la comunidad (aspecto éste que, por otra parte, debiera revisarse para recuperar varios elementos positivos), el marco legal sencillamente no permite mejorar los salarios por decreto.

Que los salarios deben aumentar es algo que saben y exigen millones de mexicanos a lo largo y ancho del país, igual que saben de qué tamaño es la indignación que se enciende al solo mencionar los sueldos de diputados, magistrados, secretarios, gobernantes y demás miembros acaudalados de la burocracia, ya sea municipal, estatal o federal.

Pero las propuestas que se hacen públicas, la del binomio Mancera-Alfaro y la de Aristóteles Sandoval, son punto menos que inviables. Podría decirse que se trata de engaños.

Cuando el gobernante de la capital del país menciona las alianzas que ha construido con líderes del sector empresarial, omite los nombres, el tamaño de las fortunas comprometidas, la estrategia para modificar una dinámica que durante décadas se impuso hasta convertir a México en el país miembro de la OCDE más injusto en la distribución de la riqueza que genera, pero que al mismo tiempo contribuye con varios miembros en la lista de Forbes.

Y cuando el mandatario de Jalisco menciona reformas legales, cabe preguntarte si serán nuevas normas que se sumarán a las muchas ya existentes pero que no se cumplen, como por ejemplo la Ley de Atención a Víctimas del estado, que sencillamente no ha aplicado porque, aunque se creó desde febrero de 2014, aún guarda 26 millones de pesos que no han sido utilizados para reparar daños porque los jaliscienses no lo saben.

Sí, es necesario aumentar los sueldos. Pero las agendas políticas y electorales no son la vía.

El mercado de autos nuevos en la Ciudad de México se está desplomando a una tasa de 10%, alimentado por la depreciación (muchos de los autos que se venden en el país son importados; estos modelos están sufriendo particularmente). En adición, el Hoy No Circula [generalizado], a pesar de tener un carácter temporal, sí afectó la venta de autos nuevos.

"Quien tiene para comprar un Audi nuevo no tiene para comprar 2", me dice, de la misma forma que afirma que si alguien tiene dinero para adquirir un subcompacto nuevo, no lo tiene para la adquisición de otra unidad que también sea nueva. Nadie puede comprar 2 autos para circular diario. ¿Resultado? La gente sí está comprando 2 autos, pero usados y con tecnología de hace 10 años.

Hoy que hay doble Hoy No Circula la gente inundará las agencias de autos usados en la Ciudad de México para seguir indagando sobre la compra de estas unidades viejas. Adicionalmente, no debe extrañarnos que crezca el descontento. La autoridad no ha anunciado ninguna medida coherente y profunda para resolver el problema del transporte público en la capital. Si el gobierno cree que la gente le está creyendo en la temporalidad de las medidas, no es cierto.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis afirma que el Hoy No Circula y el doble Hoy No Circula tienen como propósito cuidar nuestra salud. Sus integrantes piensan ingenuamente que les creemos. Lo cierto es que si eso fuera verdad tendríamos desde hace años alta calidad en el transporte público. Que no nos vengan a decir que en las últimas 6 semanas se convirtieron en los guardianes de nuestro bienestar.

La política se ha convertido en un auténtico juego de gnomos. Cómo enriquecerse rápido, sólo ese dilema parece importar. Jóvenes promesas que aterrizan en la política y meses después tienen que encontrar un escondite ante las múltiples acusaciones que se apilan en su haber. La mayoría de los políticos ya no parten plaza por sus ideas, sino por sus propiedades y el tamaño de la nómina que manejan. La política como el arte de construir una sociedad más próspera, más justa y más digna, se la han llevado entre las patas una generación de políticos que sólo ven en la gestión de los asuntos públicos, una oportunidad de negocio y lucro. Los grandes proyectos lucen muertos y las ideas de transformación en el baúl de los recuerdos.

Jalisco vive una innegable crisis de liderazgos políticos. La clase política que llegó al poder con el panismo se encuentra en franca retirada o en marcado declive. Sólo quedaron aquellos que ven la política con un signo de pesos, se dedican a negociar plazas en la administración pública y a encontrar cualquier resquicio para aumentar su caudal. En 2009, llegó al poder una nueva generación de actores políticos, que comparten tiempo, historia de vida y que hoy son las caras protagónicas de la política en Jalisco. Es temprano para dimensionar su herencia al Jalisco del mañana, sin embargo los grandes vicios de la política jalisciense siguen vivos, han logrado resistir al menos a 2 alternancias partidistas en Casa Jalisco. La crisis de liderazgo lleva aparejada una crisis de proyecto, una crisis de sentido y una crisis de credibilidad en el rumbo de la entidad.

El cambio político no es y nunca será monopolio de un partido. Un vistazo a la clase política de Jalisco, 21 años después de la 1a. alternancia, representa una mezcla entre la supervivencia de cacicazgos históricos que no han sido removidos, políticos "gnomos" que no tienen la capacidad de defender una sola idea y que buscan enriquecerse a costa de lo que sea, y generaciones enteras de jóvenes que nomás no pudieron consolidar un asiento. El reto de los políticos que sí quieren cambiar las cosas, conozco a algunos -no a muchos- es extirparle la política a esos gnomos que han hecho de la gestión de los asuntos públicos un oficio de profesionales sin escrúpulos, dogmáticos del negocio y carentes de ideas.

El triunfo de Morena en las delegaciones de la Ciudad de México en 2015, catapultó al partido a jugar un rol importante en la política nacional. Morena no está en condiciones de ganar ninguna elección a gobernador. Sin embargo, las encuestas muestran que en estados como Zacatecas, Oaxaca, Veracruz, Morena podría colocarse por encima de los 20 puntos porcentuales. La importancia de esta coyuntura en particular para Andrés Manuel López Obrador, es la consolidación de las estructuras que ya tiene en los estados de cara a 2018. Sin embargo, también será una muestra de lo débil que es el tabasqueño en muchísimos rincones de nuestro país. Aguascalientes, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Tamaulipas, son ejemplos de estados en donde Morena ni siquiera alcanzará los 2 dígitos. El eterno desequilibrio territorial de los votos del "Peje".

Se entienden las tormentas que han golpeado la economía, muchas, aunque no todas, han venido de fuera, pero que desde dentro, desde los propios funcionarios y su ineptitud y corrupción se siga abonando al descrédito del gobierno y a la intranquilidad ciudadana, sólo por miedo de perder el poder... cuando es precisamente "su poder" el que han puesto en vilo. Esto, además de irresponsable, es suicida.

Se deben revisar contradicciones en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que tal vez hayan permitido que se hayan vulnerado los datos personales de más de 93 millones de ciudadanos, opinó José Bautista Farías, profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

El académico explicó que el Artículo 125 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los datos que los ciudadanos proporcionan al Registro Federal de Electores son confidenciales, mientras que el Artículo 151 permite la entrega de esta información a los partidos políticos.

"Me parece que ahí hay un problema serio, no se le puede decir a una persona 'duerme' y al mismo tiempo 'vigila', se está mandando un mensaje contradictorio y en la misma ley está el problema, que tiene que atenderse y clarificarse".

El investigador recordó que la entrega del padrón a los partidos nació de la desconfianza hacia las autoridades electorales, que exigieron corroborar la veracidad de los datos de los votantes.

La deuda de Jorge Arana Arana tras perder un juicio laboral entablado por Karina Janette Ruiz Romero acumula hasta ayer 968,000 pesos; y cada día que pasa suma mil pesos más.

Esto después de que no respetó el convenio judicial que el apoderado del legislador acordó y firmó en enero de 2014 por 150,000 pesos, según el documento oficial que mostró Erik Guajardo Mejía, defensor de la demandante.

Hasta el 6 de enero de 2016, fecha en que se aprobó el embargo al salario del diputado para obligarlo a pagar, la deuda era de 854,000 pesos, misma que se sigue actualizando cada día que no paga debido a una cláusula por incumplimiento.

El congreso local ya acató la orden de la 5a. Junta Especial de lo Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco, y en esta 2a. quincena de abril, a Arana se le descuentan los primeros 16,898 pesos de su salario para dejarle sólo el mínimo: 1,095 pesos a la quincena (podría ser más el descuento pero tiene un préstamo en Pensiones).

Karina Janette trabajó en 2010 como secretaria de Arana Arana en su casa de enlace cuando fue diputado federal. Aunque el legislador aseguró que sólo era voluntaria, el convenio que firmó su abogado avala la relación laboral.

El miércoles, el papá de Grace fue al Senado y reclamó a Roberto Gil Zuarth ¡Qué tiene que ver la legalización de la mariguana con fines medicinales y la ley anticorrupción!

Y el presidente del Senado, apenado, no le tuvo una respuesta porque no existe un argumento racional que frene el alivio médico a miles de enfermos y la angustia de sus familias, por intereses y pugnas partidistas.

Cuando la semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto anunció y envió al Senado las 2 iniciativas, una para despenalizar la mariguana con fines medicinales y científicos, y la otra para descriminalizar su uso, topó, precisamente, con ese muro partidista.

Y así se fueron a dormir el martes con las 2 iniciativas muertas.

Pero el miércoles por la mañana, el papá de Grace, Raúl Elizalde, se reunió con Roberto Gil Zuarth, que respalda la iniciativa presidencial, y al salir dijo a los reporteros lo que le había dicho en privado: Yo siento una impotencia de que por una cuestión política no podamos avanzar en una cuestión medicinal. No podemos seguir esperando. Las familias tienen urgencia, los enfermos están ahí. Esperarnos hasta otro periodo legislativo es muchísimo tiempo para una persona que tiene una enfermedad. Venimos a pedirlo. Por favor.

A esto, Gil Zuarth llamó a los senadores a emitir un voto de conciencia por encima de la línea partidista y todo se volcó en unas horas. Barbosa dijo que sí, Gamboa que lo sacarían con los votos del PRI y sus aliados la madrugada de este viernes, y Herrera del PAN que más tarde fijaremos una posición. Ayer lo hicieron: no lo votarán. Pero sus votos ya no eran necesarios. Había mayoría.

El error en el que cayeron los opositores es creer que ésta es una iniciativa que beneficia a Peña Nieto, cuando a quien beneficia es a miles de enfermos y a sus familias.

Pero así son. Están en lo suyo.

Mañana termina este periodo ordinario, el 3o. que tiene la iniciativa del mando único policial congelada en el Senado.

Emilio Gamboa dijo ayer que el PRI no tiene mayoría en el Senado, que ésta la hacen PAN, PRD y PT, y preguntó ¿por qué si la tienen no aprueban ellos la ley anticorrupción?

En el marco de los debates por las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, senadores de todos los partidos dejaron en los últimos días muy clara su oposición a que la declaración #3de3 se haga obligatoria como lo plantea la iniciativa ciudadana propuesta por organizaciones civiles como Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano por la Competitividad, universidades y organismos empresariales, y que respaldaron las firmas de más de 291,000 mexicanos.

De mantenerse en esa posición los senadores estarían despreciando una vez más la voluntad ciudadana expresada en el paquete de firmas entregado como respaldo a esta iniciativa ciudadana, y con ello, posponiendo la principal demanda generacional en el país, de crear sistemas e instituciones eficaces en el combate a la corrupción e impunidad enquistada históricamente en nuestra vida pública.

Lo dicho, cualquier expresión de poder, en especial la política y gubernamental, nunca cederán espacios o canonjías por decisión propia o concesión graciosa. Conceden sólo ante la presión de causas bien organizadas y que casi siempre, como la Iniciativa #3de3, vienen de esferas ajenas a las lógicas político-partidistas.

El reto será, pues, lograr nuevas alianzas para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que empujan esta iniciativa de la agenda ciudadana que el poder político quiere parar a toda costa. De entrada, registrar los nombres de los políticos que se opongan para nunca cruzarlo en alguna boleta.

El especialista que descubrió la lista nominal de electores en Amazon desmintió la versión de que los habían hackeado. Dijo que eso es falso, en lo que coincidió Amazon. Aún creen que nos pueden seguir engañando siempre a todos.

Hoy más que nunca el gobierno debería tener la oportunidad de generar un ánimo positivo entre los ciudadanos. La radio y la televisión abierta han sido obligadas a reservar 3 minutos de tiempo cada hora, 4 minutos durante campañas, para celebrar el buen trabajo de los políticos. Las mismas emisoras, en ánimo de quedar bien con el poder, ofrecen diarias notas positivas sobre el presidente y los gobernadores. El problema es que estas notas, como la propaganda política en spots, se han convertido en simple ruido ambiental. Nadie les hace caso. Al contrario, generan más escepticismo y nutren el mal ánimo. Las redes sociales, por otra parte, se han convertido en una fuente constante de críticas que hacen que la cobertura positiva en medios no tenga efectos.

Movimiento Ciudadano reconoció que era suya la lista nominal expuesta ilegalmente al público en un sitio web, y que debió estar almacenada de manera segura en Amazon Web Service (AWS); sin embargo, atribuyó esta situación a un supuesto "hackeo", por lo que interpuso una denuncia ante la Fepade.

La empresa tapatía Indatcom se encargó del resguardo en AWS, como proveedora de servicios tecnológicos de MC a nivel local y nacional.

Jorge Álvarez Máynez, diputado federal y enlace de MC ante el INE, destacó que Amazon los notificó en tiempo y forma sobre los protocolos a seguir luego del hackeo. Sin embargo, la empresa norteamericana indicó a medios nacionales que en realidad la lista fue almacenada de manera no segura.

En febrero, el INE multó con 76 MDP a MC por negligencia en el resguardo del padrón electoral que se le entregó en 2010, y que apareció disponible en un portal de internet a finales de 2013.

Dante Delgado aceptó que el listado nominal ventilado en la web en días pasados era de MC. Mea culpa, pero aclaró: fuimos hackeados. Somos víctimas, no victimarios. Se nos colaron, no somos unos filtradores. Luego añadió que por recomendación de la empresa tapatía Indatcom, expusieron en la "nube" de Amazon el listado nominal con datos de más de 90 millones de mexicanos. ¡Pum!

¿Por qué la quemada a Indatcom? Es el brazo tecnológico de Euzen, a cargo de Rafael Valenzuela y gurú de la comunicación de Enrique Alfaro y de todo MC a nivel local y nacional. ¿Cálculo o error?

Al que sí le funciona lo del complot y la victimización es a López Obrador. Es mentira lo que dice en sus spots respecto al arroz con gorgojo o de los aviones presidenciales o del secretario de Defensa, mucho menos eso de que "no los tiene ni Obama" (¿habrá visto alguna vez la película Air Force One con Harrison Ford?, digo, si no quiere algo más serio para documentar sus dichos), pero lo cierto es que nadie está haciendo trampas y beneficiándose de los huecos de la ley electoral como el propio Andrés Manuel. Ayer El Financiero contabilizó su actividad electoral, de campaña (ni siquiera encubierta), desde julio pasado: ha recorrido 72,394 kilómetros en innumerables giras por 16 estados, ha gozado de la friolera de 325,000 spots de radio y televisión, lo que implica que ha tenido a su disposición 1,101 anuncios gratis cada día. No ha rendido cuentas de gastos y ni siquiera sabemos, hay que insistir en ello, de qué vive. Pero la desfachatez de explotar al máximo los huecos del sistema electoral mientras se dice víctima de él, como dice el anuncio, no tiene precio.

La cantina en manos del borracho. ¿O cómo entender que la Comisión de Anticorrupción en el Senado la presida el Verde Ecologista, el partido sinónimo de la deshonestidad? ¿O que el supuesto zar anticorrupción en la administración pública, Virgilio Andrade, sea amigo y subordinado de los ministros a los que debe investigar?

A pesar del clamor unánime en contra de la corrupción (las encuestas señalan que es el problema que más preocupa a los mexicanos en este momento), no resulta fácil comenzar a desmontarla si consideramos que algunos de los grandes beneficiados por ella, los senadores y los diputados, son los responsables de dictar las leyes y normas para combatirla.

No digo que todos los legisladores sean unos ladrones. Pero, como todos sabemos, bastan algunos pocos en posiciones claves para postergar, deslactosar o, de plano, dinamitar el proyecto de ley anticorrupción que se encuentra en las cámaras. Y, por lo demás, justos o pecadores, lo cierto es que se trata de un gremio que se ha despachado con la cuchara grande a la hora de asignarse recursos o extender en su beneficio el manto de la opacidad.

Más de 600,000 ciudadanos firmaron la iniciativa de 3 de 3 para convertir en ley la presentación de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de los políticos y para exigir transparencia en la administración pública. El PRI y el PVEM están haciendo lo imposible para sabotear la Ley, o al menos para quitarle las aristas más comprometedoras para los suyos.

Emilio Gamboa, coordinador de los diputados priistas, ha cuestionado duramente la pretensión de ofrecer incentivos a aquellos dispuestos a denunciar actos de corrupción. Le parece que eso desencadenaría una "cacería de brujas", a pesar de que tales incentivos sólo serían otorgados en aquellos casos en que, en efecto, pueda comprobarse la corrupción. Su indignación no es fingida: como tantos otros políticos, hace mucho que Gamboa olvidó que los recursos que ellos manejan y las decisiones que adoptan pertenecen a la esfera pública. Por alguna distorsión profesional, los políticos están convencidos de que la cosa pública es un patrimonio gremial.

Y en el fondo el problema no es ese, sino en el hecho de que ahora sean ellos en quienes recae la decisión para definir los alcances de las leyes diseñadas para amarrarles las manos o castigar sus excesos. Una más de las crueles ironías de la vida política.

Ciertamente el PRI y el PVEM han sido los más reacios, pero no han sido los únicos. La lucha por la transparencia ha sido un pulso constante entre la sociedad civil y la clase política. Es decir, contra la clase política. Sólo recientemente algunos miembros de los otros partidos han comenzado a defender estos esfuerzos. Bienvenido su apoyo, aun cuando muchos sospechamos que tiene que ver más con el interés electoral que con su probidad moral.

Y justamente este es el ángulo esperanzador. La presión pública produce efectos. El borracho a cargo del bar puede ser un bebedor irresponsable pero en última instancia tiene que asegurarse de que el negocio siga funcionando si quiere seguir bebiendo. La indignación contra la corrupción es tal, que los políticos no pueden darse el lujo de que algún partido rival o un candidato independiente se presente en las siguientes elecciones y los quite de la silla gracias a un discurso a favor de la honestidad y la transparencia.

Por más que afecte su bolsillo o implique riesgos jurídicos, los que detentan el poder no pueden cerrarse totalmente a una exigencia masiva. Harán como que hacen, intentarán dar atole con el dedo y se presentarán como paladines de la honestidad (mientras ruegan en silencio que nadie descubra sus cuentas offshore o la identidad de sus prestanombres).

La presión pública ya hizo la mitad del trabajo: obligarles a adoptar medidas en contra de la corrupción. Ahora falta la otra mitad: asegurarse de que las medidas que vayan a adoptar no sean balas de salva, cosméticos por unas horas, fachadas de pacotilla. Sin duda, es lo que intentarán. Pero son sobrevivientes natos. Llegarán allá hasta donde presionemos, hasta el punto en que nos conformemos. Depende de nosotros, nunca ha dependido de ellos.

Diversos funcionarios públicos, haciendo gala de una lucidez rara vez vista, adujeron el más inverosímil [argumento] de todos: las ganancias por enmariguanar a la sociedad, se emplearían en desenmariguanarla, es decir, usarían las ganancias para socavar su propio negocio, el asunto suena surrealista por un lado y por otro francamente torpe.

Pero claro que nadie va a creer que dichas jugosas futuras ganancias vayan a emplearse en dicho fin, sorprende además que quieran enfrentar el grave problema de las adicciones hasta que las adicciones les den un "moche", entonces ¿qué hace hoy día el sector salud para resolver este complejo problema y con cuáles específicos resultados?

En el histórico laberinto infinito de la demagogia discursiva del gobierno se aumentaron los salarios a los funcionarios públicos para que no se vean orillados a robar, se aumentaron las partidas presupuestales a los partidos para que no se dejen infiltrar por las mafias, las multas por daños al mobiliario urbano se usan para reparar el mobiliario dañado, los impuestos a empresas contaminantes se usan para volver a sanear ríos, lagos y tierras, y ahora las ganancias por liberalizar el negocio de la mariguana se usarán para sanar a los adictos ¿Quién podría a estas alturas creer semejantes delirios?

Para la clase política en Jalisco de todos los partidos, estén en el ejecutivo o en el legislativo, el agua es un tema político-electoral, para empezar. No es un problema urgente garantizar el abasto de la metrópoli ni resolver uno de los elementos básicos para medir la calidad de vida de las personas. Las soluciones que se han dado hasta ahora quedan en el terreno de lo temporal, casi en lo paliativo.

Es político-electoral porque los políticos consideran que es un tema muy sensible y, con base en esta percepción, optan por el engaño y la simulación de frente a los electores; y entre los propios funcionarios, a la negación total. Si es necesario racionar el agua, la información se maneja como si fueran tandeos por obras de mantenimiento y reparación, pero la verdad es que la racionan. Y con ese cuento, casi siempre afectan a los habitantes de colonias populares. Pero que a nadie se le ocurra decir la verdad porque entonces perderán votos en las próximas elecciones.

Tampoco es un tema cómodo cuando se trata de revisar tarifas. Por votos no se reconoce crisis en el abasto ni la necesidad de aumentar tarifas. Y esto ha sido desde hace décadas.

Una cosa lleva a la otra. Esta actitud es el terreno fértil e ideal para la opacidad. Si la autoridad no reconoce abiertamente que se trata de racionamiento del agua cada estiaje, tampoco ofrecerá datos ciertos y contundentes sobre las fugas y desperdicios que salen del control del SIAPA, por ejemplo; ni se dispone de toda la información relativa a las condiciones en que se encuentra el equipamiento para la dotación eficiente y suficiente.

Es también una cuestión de intereses económicos y de negocio que ha beneficiado a empresas constructoras y de estudios especializados, en muchos casos pagados en vano porque las obras o los grandes proyectos no se han concretado; el desgaste ha sido literal y figurado.

Esta aferrazón de la autoridad con respecto al manejo del agua potable para la ciudad, por ejemplo con la presa de El Zapotillo, ha roto cualquier vínculo posible entre el gobierno y la sociedad civil y las relaciones son tensas, de violencia soterrada y descalificaciones mutuas.

¿No serviría más reconocer la realidad? ¿No contribuiría a generar conciencia entre la gente? ¿No sería mucho más útil para el diseño adecuado y preciso de políticas públicas efectivas? ¿No sería, electoralmente hablando, más redituable una actitud más de verdad, más aterrizada, sin simulaciones ni negaciones?

Pasa el tiempo y el modus operandi de la clase política, en todos los sentidos y desde prácticamente todos los frentes, no cambia. La negación, la simulación, impiden soluciones de fondo; favorecen que los políticos en turno, los servidores públicos en plena gestión ni siquiera escuchen propuestas ingeniosas y sensatas que desde la sociedad civil se repiten y se repiten y se repiten a ver si algún día atinan, los políticos en turno, a escuchar, a atender. A ver si algún día dejan de negar realidades que casi nos aplastan.

Tenemos las cuentas más o menos en orden. Un marco jurídico renovado e instituciones más o menos capaces. Y muchas empresas: objetivo principal de las mafias socialistas que se dedican a expropiarlas primero para luego literalmente asaltarlas y volverlas improductivas.

Andrés Manuel López Obrador y su clan son lo más cercano que tenemos de esa izquierda que no construye sino que solo quiere asaltar la caja. Él afirma que la mafia está en el poder (lo cual es parcialmente cierto ya que hay muchas mafias incrustadas en el gobierno y así siempre será), pero él es el jefe de la mafia en el no poder. Y ante el declive de los gobiernos de izquierda populista en Latinoamérica.

Cuando vemos que en las encuestas la popularidad de Peña Nieto ha caído a niveles históricos al tiempo que se ha disparado el rechazo a su gestión, entendemos que esas cifras son para toda la clase política. Sería bueno que aquellos de otros partidos políticos dejen de festinar esas encuestas porque el juicio es a todos ellos, y los números de Peña son un promedio.

Con esos niveles de popularidad no hay capacidad para convocar a la ciudadania a resolver el problema de contaminación, y éste seguirá agravándose al tiempo que se agota el capital de la clase política.

Si la clase política, a pesar del enfado de la Ciudad de México, no entiende que la aversión es contra todos y cada uno de los que viven del presupuesto, seguirán día a día bajando en los niveles de aceptación de sus clientes los ciudadanos, y simultáneamente cavando su propia tumba.

El 14 de abril, el pleno del Congreso del Estado de Jalisco designó a un nuevo magistrado que completará la cifra de 34 que componen el Supremo Tribunal de Justicia. Los diputados de todos los partidos políticos admiten sin pena ninguna que el nuevo integrante del máximo órgano judicial de Jalisco llega "palomeado" por el PAN, al que "le tocaba" esa posición.

Francisco Castillo Rodríguez, el nuevo magistrado estatal, no tiene experiencia judicial. Entre sus tareas más constantes durante su ejercicio profesional figura la de haber sido asesor en órganos legislativos en el propio congreso, y haber sido cercano a personajes como Hernán Cortés Berumen, hoy diputado federal, e Isaías Cortés Berumen, hoy diputado local (sí, son hermanos, y los 2 militan en Acción Nacional).

Ninguna voz en el poder legislativo se levanta contra Francisco Castillo. No se cuestionan sus antecedentes ni tampoco se le atribuyen defectos personales que hagan sospechosa su trascendental tarea a partir de ahora.

Es extremo el grado de inercia negativa en los mecanismos políticos (el formal y el de facto) que controlan el ejercicio de poder en Jalisco y quizá en todo el país.

El Supremo Tribunal de Justicia se convirtió también en un pastel que se reparten los partidos políticos y detrás de éstos, las camarillas de poder. Hace algunos años trataron de ocultarlo. Hoy lo presentan como algo normalizado.

¿Carece de base la suposición de que Francisco Castillo verá con simpatía lo que consideren los hermanos Cortés Berumen si llega a presentarse un conflicto de intereses?

La llegada de este ex asesor legislativo al Supremo Tribunal, igual que antes causó escándalo el caso del padre del gobernador, hoy magistrado Leonel Sandoval Figueroa -y como estos, varios otros casos- demuestra que el concepto "carrera judicial" es apenas un apunte teórico que puede observarse en otras latitudes, pero no en México.

Actualmente, en Jalisco, casi cualquiera con 35 años cumplidos y un título de abogado, puede ser magistrado en el Supremo Tribunal... si tiene el padrino adecuado.

El problema no radica en el hecho de que un magistrado tenga o no empatía con un grupo político o un partido; la complicación de fondo es que este mismo magistrado se convierte en una extensión del grupo que lo llevó al cargo. Prácticamente cancela su independencia cuando llegue el momento de tomar una decisión en conciencia.

En su momento, la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las correspondientes en los estados fue motivo de celebración y de aliento. Ante un panorama de violación sistemática de los derechos humanos en México, la existencia de una organización ciudadana de defensa, era esperanzadora.

La posibilidad de que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de acudir ante un ombudsman abría un amplio campo de justicia y combate a la impunidad en México, sin embargo, al paso de los años, casi 25, las comisiones se fueron pervirtiendo y no por las instituciones en sí, sino por la intervención de los gobernantes en turno, fueran del partido que fueran; y luego ya, hacia el interior de los organismos.

Empieza a convertirse en típico que cuando una instancia autónoma, ciudadana y al servicio de la sociedad está funcionando bien, los gobernantes "metan mano" y las echen a perder, está el caso de las comisiones de derechos humanos, el IFE ahora INE y los consejos e institutos en los estados y no se diga los institutos de transparencia.

Y es que lo que sea benéfico para la sociedad e implica poner un alto a abusos, componendas y marrullerías de la clase política no le resulta conveniente, claro está, a esa clase política. Todos somos testigos de cómo la confianza bien ganada del IFE se fue perdiendo sobre todo por la asignación por cuotas partidistas de los asientos en el Consejo General.

En Guadalajara hubo 18 años de regímenes del PAN en el estado y municipios conurbados y no hicieron ni una sola estación del tren ligero, como llamamos aquí al metro. Una línea completa ni pensarlo. En el DF hubo 18 años de regímenes del PRD y tenemos a la vista los niveles más graves de contaminación, récord mundial, empeorada por marchas y plantones que ninguna autoridad se atreve frenar por el bien de toda la población. En plena contingencia ambiental las protestas crean nudos de tránsito detenido y nubes de gases.

El gobierno de Cárdenas, en el DF, pasó sin pena ni gloria. ¿Alguien recuerda algo, lo que sea? El de López Obrador con la divisa de "primero los pobres" construyó 2os. pisos para autos y ni una sola estación de metro: todo para los ricos, nada para los pobres. El de Ebrard terminó inaugurando una línea, la Dorada, que Mancera debió cerrar para eliminar errores graves y evitar un descarrilamiento. ¿No habrá juicio político por dilapidar miles de millones en una obra inservible?

Los 18 años de PAN en Guadalajara y en Jalisco dejaron flotillas de microbuses sin un plan de movilidad, arrebatándose el pasaje en unidades humientas, contaminantes, ruidosas y sucias. Pero no hay más para centenares de miles de tapatíos. O sí hay: juntar unos pesos y comprarse una tartanita para llegar al trabajo.

Y luego viene la respuesta excesiva hasta el ridículo: que se repondría el tiempo perdido haciendo varias líneas de metro por suspensión magnética... ¿Y detener cada 3 cuadras el tren galáctico? Acaban de inaugurar unos cestos para basura estilo Crónicas Marcianas: separan la basura en 5 grupos, luego la recolección se hace por un mecanismo que eleva los contenedores sobre el suelo... Maravilloso. ¿No podría haber en cada esquina un bote simple para basura? No, porque eso no adorna a la autoridad y ni se nota.

Retirar todos los microbuses y sustituirlos por transporte eléctrico y municipal golpea muchos intereses.

El Congreso de Jalisco nombró ayer como nuevo magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado al ex funcionario panista Francisco Castillo Rodríguez, quien fungió como director general de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales durante la gestión del ex gobernador Emilio González Márquez.

De Morena la prioridad es reforzar la campaña presidencial de López Obrador, no ganar elecciones [locales]. La campaña es suya, para su candidatura.

Me imagino que en el gobierno federal y en el congreso deben estar arrepentidos de no haber sacado adelante las leyes del sistema anticorrupción en el pasado periodo ordinario del congreso, que concluyó en diciembre, porque ahora los tiempos les han alcanzado y ese debate que debería ser sobre todo jurídico y de especialistas se ha contaminado con el proceso electoral. Si bien existen acuerdos en casi el 90% de los puntos que se deben incluir en las nuevas leyes, las divergencias son importantes y se arrastrarán prácticamente hasta el día de las elecciones: la fecha límite para tener las leyes reglamentarias es el 28 de mayo, las elecciones son una semana después, el 5 de junio.

El debate en el Senado sobre las 7 leyes reglamentarias del sistema nacional anticorrupción sigue y las posiciones están encontradas, básicamente en 2 o 3 puntos: el 1o. es la generalización del llamado 3 de 3, o sea que todo funcionario público de todo nivel haga pública su declaración de bienes, de intereses y fiscal. El 2o. punto que concentra las diferencias son las atribuciones y características que tendría el llamado fiscal anticorrupción. Y el 3o. son aspectos operacionales, como la legitimidad de pedir intervenciones telefónicas para indagar presuntos casos de corrupción.

Ahora PAN y PRD dicen que serán inflexibles con el tema del 3 de 3, o sea de que se deban presentar las declaraciones fiscales, de conflicto de intereses y de bienes de todo funcionario, federal o local pero incluso de los proveedores del Estado, grandes o pequeños y hacerlo todo público. Parece una exageración, pero lo que sucede es que el tiempo electoral alcanzó el debate anticorrupción, que no se pudo cerrar en diciembre y ahora las propuestas de leyes han dejado el ámbito técnico jurídico para convertirse, también, en instrumentos electorales.

El comisario Caro y el fiscal Almaguer, cuando fueron nombrados cada uno en su cargo, con diferencia de semanas, comentamos el riesgo que implicaba que los 2 puestos más importantes de seguridad pública del estado quedaran en manos de políticos, pero no de cualquier político, sino de 2 políticos con ambiciones de ser candidatos a la Presidencia Municipal de Guadalajara. Aunque ambos prometieron no politizar más el tema de seguridad, eso es imposible, pues son animales de poder que reaccionan más con el instinto "cazador de huesos" que con una visión de lo que es mejor para la ciudad y los ciudadanos.

Desde el 2006 los partidos han decidido judicializar los comicios y ese camino se ha hecho cada vez más amplio por las sucesivas y en general desafortunadas reformas electorales que han intentado regular tanto el proceso, que resulta casi imposible transitarlo sin ser sospechoso, por lo menos, de haber violado alguna norma.

Por lo pronto para este 5 de junio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE tienen en sus manos decisiones que pueden cambiar profundamente los resultados electorales. El 1er. caso es el de Zacatecas. El INE ha decidido negar el registro a David Monreal por no haber presentado un informe de gastos de precampaña. Puede parecer excesivo, pero es lo que marca la ley que los propios partidos aprobaron y es una demostración más de algo que resulta incomprensible en Morena: el desprecio constante a cumplir con las normas y las leyes. Quizás ese desprecio se origina en el hecho de que desde la candidatura de López Obrador en el 2000 para el DF, cuando no cumplía en forma evidente con los requisitos de residencia, por presiones y acuerdos políticos se le permitió competir, y a la postre ganar, en aquellos comicios. Años después, maniobra política o no, fue evidente que el equipo de López Obrador violó la ley en el famoso asunto de los videoescándalos y más tarde cuando se negó a acatar una resolución de la Suprema Corte lo que derivó en su desafuero, del que también se libró mediante presiones políticas. En el 2006 intentó hacer lo mismo con el plantón en Reforma y el Centro Histórico e incluso cometió otro delito (del que nunca se le acusó) al proclamarse presidente legítimo del país. Ahora no tiene problema en tener millones de spots gratuitos promoviendo ilegalmente su candidatura para el 2018, al mismo tiempo que asegura que está bloqueado en los medios. El caso de David Monreal se inscribe en esta lógica: es un error incomprensible, un desafío a las autoridades electorales o quizás una arriesgada táctica electoral. David Monreal no lo necesitaba: es un aspirante muy competitivo. El INE ya resolvió y por supuesto López Obrador pidió juicio político contra los consejeros. Antes los ataques contra las autoridades electorales eran después de los comicios, ahora la idea es ejercer presión antes. Y en ocasiones, tanto Morena como los otros partidos tienen éxito en ese objetivo. Falta por ver qué resolverá el TEPJF sobre el caso Monreal.

KPMG se apresta a dar a conocer su undécima edición de la encuesta que realiza entre los empresarios para conocer las "Perspectivas de la Alta Dirección en México".

El estudio recogió los puntos de vista de 812 líderes de empresas de todos los tamaños, giros y regiones. De estos 47% son directores, 15% presidentes, 14% gerentes, 8% consejeros y 7% vicepresidentes.

Las calificaciones para el gobierno federal no son buenas otra vez: 42% ubica su actuación como regular y 30% mala.

Peor los diputados. En 44% de las opiniones la estiman mala y 23% pésima; los senadores están en 38% y 20% en cada caso, en tanto que para los gobiernos estatales esas mismas casillas significan 37% y 26%.

Se apuntan como variables nodales para mejorar la competitividad la corrupción con 90% de la muestra, seguida de seguridad pública con 73%, estabilidad económica 69% e incentivos fiscales 61%. De hecho 75% considera nodal una (auténtica) reforma fiscal.

En enero de 1987, la Ciudad de México se levantó con cientos de pájaros muertos en las calles de la metrópoli. Ramón Aguirre, jefe del Departamento del Distrito Federal, dejó el problema en manos del que, aún entonces, era el secretario de desarrollo urbano y ecología.

Manuel Camacho ideó -junto a Ramón Ojeda- una idea que diera la sensación de interés del gobierno en el combate a la contaminación y protección a la ciudadanía.

Así, crearon programas que pasarían de la invitación a lo ridículo. Del No Circula voluntario al obligatorio, pero temporal, pasamos al Hoy No Circula permanente y el aplazamiento de los horarios de escuelas hasta la suspensión de clases durante todo el invierno.

La ciudad cambió radicalmente en 29 años, tanto que los contaminantes que atacaban a la ahora megalópolis han cambiado tanto que el temor ya no es a la inversión térmica sino a la concentración solar. Del plomo pasamos al ozono y de los 350 puntos IMECA estamos en emergencia por 150.

Mancera ha dejado su futuro político -y el bienestar capitalino- en las manos del gobierno federal y Tania Müller.

Rafael Pacciano ha tomado decisiones de las cuales ha logrado zafarse del peso político y todo se ha trasladado hacia el gobierno capitalino. A eso, agregue que Müller ha logrado enardecer a la opinión pública a partir de declaraciones estilo María Antonieta de "Si no circula su auto, use bicicleta" -mientras los niveles de contaminación están disparados- o "Si tiene hijos y usa bicicleta porque su auto no circula, haga rondas".

La frivolidad del gobierno de Mancera cobrará en los meses por venir. El botín está listo para que las huestes de López Obrador lo tomen completo y, en 2018, el gobierno federal que entre se encuentre con una situación de mayor tensión que la vivida entre el 2000 y el 2012.

Mientras, los habitantes del DF continuarán con una complicada movilidad, tarifas disparadas de Uber y la esperanza que los vientos o la lluvia hagan la labor que gobiernos priistas y perredistas no han logrado en 3 décadas: evitar la asfixia de los chilangos.

La 1a. reacción es prohibir. Parece inevitable para quien tiene el poder. El problema es que las prohibiciones no funcionan. No pudieron detener el consumo de bebidas alcohólicas ni el de las drogas, no han funcionado tampoco para eliminar la prostitución. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta las respuestas de quienes sufren la prohibición ni los incentivos de la conducta humana.

El Hoy no Circula es una prohibición. Una autoridad impide a millones, "por su propio bien", el uso de sus vehículos. La medida, sin embargo, no funciona. Esto es en parte consecuencia de condiciones naturales: los precursores del ozono se quedan en el ambiente mientras no son barridos por el viento. La razón de fondo es también natural. La gente busca siempre formas de evadir las prohibiciones.

La contaminación no bajó con la aplicación inicial del Hoy no Circula en 1989. Tampoco con el endurecimiento de 2008. No se redujo con la contingencia del 14 al 17 de marzo ni con la reaplicación del Hoy no Circula a todos los vehículos del 5 de abril. La única mejora tuvo lugar cuando a partir de 1997 se suavizó la prohibición para permitir a los automóviles con convertidor catalítico circular todos los días. Los políticos deberían haber aprendido de esta experiencia para buscar estrategias positivas, que generaran incentivos más que castigos, que funcionaran en lugar de fracasar. Pero la propensión del político a prohibir es casi imposible de vencer.

La explosión en el número de vehículos es producto de malas políticas públicas. El Hoy no Circula fomentó la adquisición de autos adicionales. Los subsidios a la gasolina, que ya han desaparecido, favorecieron el coche privado, como lo hizo la construcción de 2os. pisos, especialmente los gratuitos.

Las nuevas prohibiciones de los últimos días no han servido más que las del pasado para reducir la contaminación. Su única consecuencia ha sido volver la vida más difícil para millones de personas que necesitan trasladarse para trabajar. La solución real del problema, promover de manera eficaz el transporte público, parece encontrarse más allá de la capacidad de comprensión de muchos políticos que piensan que basta con comprar 100 autobuses nuevos o no cobrar por el trolebús mientras mantienen tarifas artificialmente bajas para decenas de miles de unidades del transporte público, lo que deteriora de manera sistemática la calidad del servicio.

Al político le gusta prohibir porque es fácil... y muchas veces popular. Si no funciona prohibir la circulación de un millón de vehículos, entonces prohíbe dos millones. Si eso tampoco funciona, prohibirá todos. "La gente que se aguante y tome el micro", dice, aunque él mismo no toma ese micro.

México está repitiendo la crisis ambiental de 1989. 27 años no sirvieron para promover estrategias de largo plazo que mejoraran el transporte público. Lo peor es que la solución que hoy inventan es regresar a 1989 y prohibir nuevamente la circulación de vehículos. No importa que la medida no funcione. El gusto de prohibir vale por sí solo.

El retiro de un millón de vehículos de la circulación ayer no redujo ni la congestión ni la contaminación (en la Ciudad de México). Una vez más se demuestra que el Hoy no Circula no sirve más que para hacerle la vida difícil a la gente que trabaja.

El Hoy No Circula generalizado significa un fracaso de la clase política y de las instituciones para resolver los problemas concretos, cotidianos, de la ciudadanía. Los ejecutivos locales (CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos) no asumen, en la mayoría de los casos, sus responsabilidades. La Semarnat pareciera que no quiere involucrarse en el tema, simplemente le rehúye. El congreso federal siente que el problema no es suyo y no legisla. Los congresos locales, como la ALDF, tampoco. Y la Suprema Corte tomó decisiones equivocadas que agudizan, detonan, la crisis, como respuesta a los más de 2,000 amparos presentados en 2014 por el PAN capitalino en contra del Hoy no Circula.

Nuestras instituciones, más allá de lo que se diga, no saben, no quieren, no están dispuestas a trabajar juntas cuando deben encarar problemas cotidianos de la sociedad, llámese contingencia ambiental, contaminación o seguridad. Todos tienen una parte de la responsabilidad, pero ninguno la asume.

En la Ciudad de México no se invirtió en transporte público en los doce años de las administraciones de López Obrador y de Marcelo Ebrard: éste sólo construyó la línea 12 y sabemos cómo terminó esa historia. La mafia de los microbuses que se extiende por varios estados, no sólo en el DF, controla más del 60% del transporte en la megalópolis y nadie la toca ni con el pétalo de una rosa: son demasiado poderosos o generan demasiado dinero. Ninguna gran ciudad del mundo se basa en peseros y microbuses para movilizarse, es ridículo. Pero con ellos no se pueden ordenar ni las rutas. Es verdad, como se ha dicho que sólo 3 de cada 10 habitantes de la ciudad tienen carro, pero esos otros 7 tienen un pésimo transporte público, mismo que quien puede lo evita.

Cuando se aplicó el 1er. Hoy no Circula durante el gobierno de Manuel Camacho, el resultado, entre otras cosas, fue la chatarrización y nada permite indicar que ahora será diferente. Hay recorte presupuestal y se cancelan líneas del metro. No sé si se necesitan 5,000 millones de pesos como dijo Mancera para mejorar el transporte público en la ciudad. Pero estarían bien invertidos si se presenta un verdadero proyecto para cambiar radicalmente el transporte de toda el área metropolitana. Pero, con o sin esos recursos ¿quién asume la responsabilidad de romper con esos cotos de poder hasta ahora intocables?

La contaminación industrial tampoco es menor. Hace ya más de 2 décadas se tuvo que recurrir al cierre de la refinería de Azcapotzalco para disminuir la contaminación en la ciudad y supuestamente se equipararon las normas industriales, pero lo cierto es que las industrias de la Ciudad de México suelen ser más estrictas que la de los estados circunvecinos.

No hay, porque no existe voluntad política, un trabajo coordinado y ejecutado por todos los involucrados para homogeneizar y sacar adelante un marco legal adecuado, que impida la crisis que estamos viviendo en términos ambientales en la principal ciudad del país.

La reducción del gasto público debiera ser una oportunidad para hacer una verdadera reingeniería del sector público en México.

Desafortunadamente, por sus costos políticos, me temo que a estas alturas del sexenio ya no la vamos a ver.

Las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal siguen siendo un enigma en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y El Salto.

Además, en el Congreso del Estado apenas se han unido a la iniciativa 14 diputados de los 39 que tiene el legislativo. Tampoco hay registro de que funcionarios del poder judicial se hayan unido.

En el Gobierno del Estado siguen haciendo el análisis para presentar la iniciativa que obligue a los funcionarios a mostrar dichos documentos.

El próximo 1 de abril se cumplen los primeros 6 meses de que las administraciones municipales de Guadalajara y Zapopan han cumplido con este tema, aunque no dentro de la plataforma [3de3], sino en sus propias plataformas.

El Salto y Tonalá, que continuaron bajo gobiernos extraídos del PRI, no se han publicado documentos que manifiesten su adhesión a la iniciativa de Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad.

Pese a que son ciudades medias y cuentan con los recursos electrónicos para hacerlo, hay municipios que siguen sin agregar la información a sus portales, como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tequila, Ocotlán o Lagos de Moreno.

Desde los malos tratos en cualquier trámite estatal que se pretenda realizar, largas filas para ponerse al día en prediales, pagar el agua, sacar la licencia; eternidades si es que se tiene alguna aclaración que resolver: venga la próxima semana, hoy no está el responsable... Días quitados a la productividad de la población y del estado por trámites engorrosos, obsoletos, personal no comprometido, ineficiencia de los responsables del área y abusos, grandes abusos.

Porque ahora las estrategias para esquilmar ciudadanos se han afilado. Pues si bien la tenencia vehicular es un impuesto que se ha quitado con la ilusión ciudadana de ya no pagar dobles cargos, las autoridades estatales con la ayuda del poder legislativo, en la búsqueda y persecución de efectivo que les garantice recursos para la próxima campaña, el llenado de sus bolsillos o simplemente recuperar lo que consideran deben recaudar, han elevado hasta las nubes las multas vehiculares, sin consideración de la realidad económica que vive el ciudadano, y de la cual las propias autoridades son en buena parte responsables.

Así, si por algún tropiezo económico no realiza a tiempo su pago del refrendo anual de placas vehiculares, obligación que tiene un costo aproximado de 476 pesos, muy seguramente porque sus ingresos han bajado, porque los pagos de su jubilación no han llegado a tiempo, como ocurre con los pensionados del ISSSTE este mes, o simplemente no ha podido reunir el monto requerido, entonces las autoridades, olvidando su premisa de cuidar el bienestar de la población, le aplicarán una multa de: 701 pesos, más 421 pesos por gastos de ejecución, aunque no se haya ejecutado nada... más 10 pesos por actualización de refrendo, más 55 pesos por recargos, más el pago del refrendo que es de 476 pesos, y la suma de estas cantidades hace un total de: 1,663 pesos. Lo que representa 3 veces y media más. Es por ello que este exceso bien puede llamarse usura, usura impuesta por las propias autoridades a un adeudo ciudadano. Que además se cobra, no al año vencido en el 2017, sino a los 3 meses del año que corre.

Y si algún ciudadano en su desesperación económica busca hablar con alguna autoridad que le rebaje estos cargos, la respuesta es: "escriba una carta al congreso, pero la respuesta, si es que la tiene (risitas...) lleva tiempo, y si no paga y circula sin refrendo, su coche puede ser llevado al corralón hasta que se ponga al día, con lo que además tendría que pagar los recargos de esta otra diligencia...".

Así que ciudadano, estás a merced de la voracidad de quienes insensibles a la realidad económica imperante sólo quieren exprimir hasta la última gota de recursos y paciencia al ciudadano.

Las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción no se han aprobado y, como dijo ayer Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, el tema se analizará en un periodo extraordinario o hasta septiembre próximo por falta de consenso.

En política, los seguidores y apoyadores de ideologías o intereses electorales inundan timelines de mensajes de descrédito e insultos al contrario. Muchas veces, esos mensajes no son de ciudadanos sino de granjas que reciben un pago para desarrollar esas campañas y, con ello, inhibir la crítica hacia acciones políticas o personajes.

Los gastos en redes sociales de los gobiernos locales y estatales son elevados. Estados como Nuevo León han adoptado la estrategia digital para parar las críticas en distintos niveles y métodos. En todos los casos, aún no está claro si los mensajes solo salen de las cuentas oficiales o si las empresas o funcionarios empleados para dicho fin manejan, de la misma forma, otro tipo de servicios donde francotiradores virtuales están al servicio del funcionario que, de forma constante, pide parar la crítica a cualquier costo, incluida la violencia digital.

Sería sano que, en este afán de transparencia, se tuviera un mayor conocimiento del ejercicio de servicio digitales por parte de funcionarios y entidades de gobierno. Tarea difícil ya que hasta los más transparentes aprovechan la opacidad del asunto para sacar raja electoral.

A partir de hoy que arrancan las campañas para gobernador en 12 estados, la imagen de alguien que no contenderá por ese cargo, la del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aparecerá decenas de miles de veces gracias a que, con el pretexto de apoyar a sus candidatos, se quedó con la mitad del tiempo aire.

De los 30 segundos que dura cada spot, en los primeros 15 aparece el candidato respectivo, pero el resto del tiempo lo aprovecha AMLO para promover su imagen.

Para un gobierno autoritario como el de México la culpa siempre la tiene la gente. Si las autoridades no han sabido o no han querido desarrollar un sistema eficiente y seguro de transporte público, hay que prohibirle al ciudadano usar su auto. Si el gobierno no se atreve o no quiere impedir los bloqueos cotidianos de vías públicas, hay que atacar a quienes buscan llegar a su trabajo. Si el político hace obras viales mal planeadas e innecesarias que provocan congestionamientos, hay que impedir que la persona común use su vehículo. Si el gobernante no encuentra una solución inteligente a un problema, hay que castigar a la gente.

Los políticos reunidos bajo el rimbombante título de Comisión Ambiental de la Megalópolis anunciaron ayer medidas autoritarias para castigar a la gente. Lo peor es que ya antes han resultado fallidas. La única idea genial después de 2 semanas de mucho pensar es prohibirle a la gente utilizar su auto para trabajar. Es la acción típica de un gobierno autoritario y demagógico.

Manuel Camacho Solís aplicó por 1a. vez el Hoy no Circula el 20 de noviembre de 1989. ¿Se acuerda usted que anunció que la medida sería "temporal"? Igual que hoy... sólo que en la política de México "temporal" significa permanente cuando se fastidia a la gente que trabaja y paga impuestos.

El Hoy no Circula no funciona. Eso lo sabemos desde hace décadas. Ya lo señaló en 1994 Luis Donaldo Colosio, quien calificó el programa de "demagogia" y advirtió que "fue contraproducente... porque aumentó el número de vehículos circulando en la ciudad de México" (Radio Red, 9.3.94).

Lo han apuntado trabajos científicos como "Rationing Can Backfire: The 'Day Without a Car' in Mexico" de Gunnar S. Eskeland y Tarhan Feyzioglu del Banco Mundial, quienes afirmaron que "el programa es tan ineficiente que resulta contraproducente" (1995, http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-1554).

En "The Effect of Driving Restrictions on Air Quality in Mexico City", publicado en el Journal of Political Economy (University of Chicago Press, 2008, http://www.jstor.org/stable/10.1086/529398), Lucas W. Davis de la Universidad de Michigan concluye que "no hay indicios de que las restricciones mejoraron la calidad del aire", pero sí de que "generaron un incremento en el número total de vehículos en circulación así como un cambio en la composición hacia vehículos de altas emisiones".

Héctor G. Riveros del Instituto de Física de la UNAM (https://www.youtube.com/watch?v=nFpIB-RXbPw) ha mostrado que el Hoy no Circula no redujo la contaminación ni en 1989, cuando se implantó por 1a. vez, ni en 2008, cuando se endureció. Pero tampoco sirvió de nada el 16 y 17 de marzo de este 2016 cuando se aplicó por 1a. vez a los autos con holograma 0 y 00: "La contaminación no se enteró -dijo- que habían dejado de circular un millón de vehículos" (Radio Red, 18.3.16).

W. Luis Mochán del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM es también contundente: "Mediciones realizadas antes y después de su implantación muestran que el programa Hoy no Circula ha sido contraproducente y ha conducido a una mayor emisión de contaminantes" (http://www.acmor.org.mx/?q=content/contingencia).

¿Por qué el Hoy no Circula no disminuye las emisiones de contaminantes? Muy sencillo. La gente no puede darse el lujo de quedarse en casa y dejar de trabajar cada vez que a los políticos se les ocurre prohibirle el uso del automóvil. Sólo los políticos ganan dinero sin trabajar.

Sólo un gobernante muy ciego o muy perverso puede aplicar un programa que sabe que no va a funcionar. La verdad no sé qué sea peor. Mejor que se vayan todos.

Los medios de comunicación y las casas encuestadoras van y preguntan a la población su opinión sobre los personajes que a ellos, y no al electorado, les interesa conocer. Luego entonces, de esos nombres que ellos van y "encuestan" después salen y dicen "fulano o zutano tienen tal porcentaje de apoyo popular" entre población abierta y/o exclusivamente entre los miembros de su partido.

Ese procedimiento que hasta perverso puede resultar, en realidad es artificial y distorsionador de la auténtica voluntad popular. Lo peor de todo es que los partidos y los ciudadanos terminan eligiendo de entre quienes los medios de comunicación y los patrocinadores de las encuestas les interesa que aparezcan en la boleta electoral, y no a los que a los ciudadanos de manera libre y espontánea proponen para que figuren en ella.

Antes que nombres y popularidades las encuestas lo que deberían indagar son aptitudes y actitudes. Es decir, primero se debería preguntar cuáles creen que son los principales problemas de México, y luego interrogar a la población para que de manera libre sugiera quiénes podrían tener las mejores calidades y cualidades para enfrentarlos.

Otro mecanismo que podría resultar también más adecuado sería mencionar un problema y luego dar nombres para que se opinara sobre quién podría ser el mejor calificado para enfrentarlo. Póngase la desigualdad, la corrupción o nuestra futura relación con los Estados Unidos, y luego pregúntese quién podría representar mejor los intereses de México ante esos problemas y se verá que muchos de los actuales punteros de las actuales encuestas ni siquiera figurarían.

El Congreso de la Unión ya aprobó la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios, una ley indispensable, útil, pero que deja abiertas las posibilidades de que el gobierno federal rescate a gobiernos estatales que se endeudaron de más en el pasado y de manera inconstitucional. Esta ley parece decir: de ahora en adelante, gracias a las reformas de la Ley de Contabilidad y otros mecanismos contenidos en ésta, los estados tendrán fuertes controles para evitar su endeudamiento irresponsable. Ya no tendremos en el futuro contratación de deuda sin controles federales.

Pero en lo que concierne a la deuda contratada antes de 2015, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, podrá garantizar su pago con el fin de reducir su costo. Aquí es donde radican los problemas. Lamentablemente, parte de esa deuda estatal está escondida en fideicomisos privados a pesar de tener recursos públicos en su interior y, frecuentemente, el destino de ese endeudamiento ni siquiera fue autorizado por el congreso local ni el gobierno estatal ha revelado dichas operaciones. Según la ley estatal, eso no es deuda.

La nueva ley, a pesar de sus aciertos en prevenir problemas hacia adelante, ha dejado huecos hacia atrás. Tal como han ocurrido las cosas, no se puede menos que pensar que el diseño de la ley está hecho justamente para esconder de la gente esos endeudamientos inconstitucionales y con usos y condiciones desconocidas, y para que sea el gobierno federal quien los absorba. Un típico caso de "daño moral", en el cual se premia a quien hizo mal las cosas a costa de quienes las hicieron bien. Resulta desconcertante que mientras se está legislando para impedir la corrupción, por otra parte se estén dejando estos huecos que la cobijan.

El próximo 5 de junio se elegirá a la Asamblea o Congreso Constituyente encargado de aprobar el proyecto de nueva Constitución Política de la Ciudad de México que será producto de élites designadas: una, de 28 miembros la redacta; y otra, de 100 -en la que 40 también son designados- son los que la aprueban.

No se está diciendo que una constitución deba ser elaborada por el pueblo. Lo que se indica es que, con independencia de quién la redacte, debe ser aprobada, ya sea directa o indirectamente, de forma genuinamente popular mediante un referéndum constitucional (así sucedió con la Constitución de la Quinta República Francesa de 1958), o a través de un congreso constituyente electo en forma total de manera directa y popular. Aquí es donde resulta extraño que quienes anteriormente han promovido consultas populares o iniciativas ciudadanas, respecto a este proceso no digan nada.

El INE resolvió detener el nuevo spot de López Obrador, presentado com propuesta, por calificarlo como promoción personalizada del líder [dueño] nacional de Morena.

Cualquier expresión de poder, especialmente la política y gubernamental, nunca concederá espacios por concesión graciosa. Ceden sólo ante la presión de causas bien organizadas y que casi siempre vienen de esferas ajenas a las lógicas de las arenas político-partidistas.

Por eso no es cosa menor la conquista parcial de las organizaciones de la sociedad civil que empujaron la iniciativa #3de3 y que tras una ardua campaña de recolección de firmas en todo el país, entregaron ayer un paquete con más de 291,000 autógrafos de ciudadanos que quieren elevar a rango de ley esta medida.

La Iniciativa #3de3 fue una de las experiencias más rescatables del pasado periodo de campañas electorales, porque puso a prueba el valor de la transparencia de los candidatos que estuvieron en contienda en búsqueda de los votos de los ciudadanos en los comicios del pasado 7 de junio.

La ley exige 108,000l firmas para que pueda ser aceptada en el poder legislativo una iniciativa ciudadana, por ello el haber rebasado con creces esa cifra constituye un gran paso para lograr que estos documentos que se pidieron a todos los candidatos a un puesto de elección popular en la elección pasada y que podían o no responder de forma voluntaria, se convierta en un requisito obligado no sólo para aspirantes sino para todo funcionario público.

Toca ahora que el Senado envíe las firmas al Instituto Nacional Electoral para el proceso de validación, luego del cual iniciará el proceso legislativo en el que se discutirá cuando se integre a las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

El tránsito de esta iniciativa ciudadana por los sinuosos y accidentados caminos del poder legislativo en el que dominan los intereses y las dinámicas del poder y de los partidos no será nada fácil. Hay ya señales claras de cómo desde los sótanos, los poderes fácticos y que controlan la vida interna partidista están ordenando a sus diputados cerrar el paso a estas medidas que amenazan canonjías, privilegios y corruptelas que han disfrutado por décadas.

Los que aprovecharon para pasar factura al municipio de Zapopan fueron los ingenieros civiles de Jalisco, quienes durante la presentación del programa de obra de la ex Villa Maicera aprovecharon para recordarle al alcalde Pablo Lemus que aún existe un pendientito de 70 millones de pesos que aún se deben a constructoras agremiadas al Colegio de Ingenieros Civiles, aunque agradecieron que ya se ha liquidado el 75% del total de la deuda que el ayuntamiento debía por trabajos hechos, pero no pagados.

Miguel Mancera endosó la contingencia a la contaminación que venía de los gobiernos vecinos, México, Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala.

La Comisión Ambiental de la megalópolis cambió las reglas del juego ya tarde el martes 15 de marzo. El comunicado que prohibió la circulación ayer de vehículos con calcomanía roja y terminaciones de placa 3 y 4 aunque tuvieran hologramas 0 o 00 se emitió a las 9 de la noche. Buena parte de los afectados simplemente no se enteró.

Ni ayer por la mañana ni el martes, cuando se suspendió la circulación de autos con placas con número impar con hologramas 1 y 2, se percibió un cambio en el tránsito de la Ciudad de México. Esto sugiere que la mayoría de las familias ha adquirido ya vehículos adicionales para protegerse, precisamente, de este tipo de medidas. Tampoco hubo una disminución importante e inmediata de la contaminación.

Fuera de restringir los autos privados, la autoridad no se ha preocupado por todos los demás factores que generan congestionamientos y contaminación. El martes un pequeño grupo de trabajadores sindicalizados de la delegación Cuauhtémoc bloqueó durante horas Insurgentes en ambas direcciones. Las unidades de transporte público que llegaban ayer al paradero de Indios Verdes bloqueaban la circulación de varios carriles, generando enormes congestionamientos, en lugar de formarse para ingresar de manera ordenada. Las obras públicas, algunas de cuestionable valor, continuaban provocando embotellamientos. Por otra parte, la gente afectada por la restricción se ha cansado de difundir imágenes de vehículos que sí circulan, de transporte público o camiones de basura, que arrojan enormes humaredas de humo negro a la atmósfera.

La decisión de prohibir la circulación de vehículos con calcomanía 0 y 00 no puede ser definitiva. El programa original del Hoy no Circula resultó un fracaso porque promovió la adquisición de más automóviles para cada familia y aumentó el parque vehicular más allá del ritmo natural. Lo mismo ocurrirá ahora si se castiga a quienes han comprado un auto nuevo, en buena medida para evitar el Hoy no Circula, obligándolos a no circular un día a la semana. Para muchos el vehículo es indispensable.

Castigar nada más a los autos privados no sólo es injusto sino ineficaz. Necesitamos medidas que funcionen y no que sean una simple agresión para aquellos que necesitan el vehículo para trabajar o para otras actividades.

Para Juan Ramón de la Fuente, presidente del Aspen Institute de México, se debe definir si es válido que los ex militantes de partidos políticos, sobre todo aquellos que recientemente estuvieron en sus filas, puedan registrarse como candidatos independientes. Destacó que podría ser una estrategia de las agrupaciones políticas, al sembrar candidaturas que fragmenten el voto y ayuden a la permanencia de los mismos grupos en el poder.

De la Fuente resaltó que si se aprueba la iniciativa 3 de 3 que presentarán en el Senado, y en cuya elaboración participaron el Aspen Institute, universidades y otras organizaciones de la sociedad civil, se transparentaría la fuente de ingresos de los candidatos independientes que competirán en las próximas elecciones.

El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México destacó que otro punto importante es la equidad en el uso de los recursos, pues en el proceso para elaborar la nueva Constitución de la Ciudad de México, el gasto de campaña de los candidatos independientes registrados es inferior al de los candidatos de un partido político.

Explotan políticos vía "independiente". Corrompen figura personajes ligados a PRI, PAN y PRD.

El voto independiente se ha multiplicado en México desde 2012. De acuerdo a la encuestadora Parametría, el "voto duro" de los partidos pasó de ser el 65% en julio de 2012, a ser solamente el 38% en mayo de 2015. Y, el votante independiente, aquel que no vota siempre por el mismo partido, y no se identifica con alguna formación política, creció 15% en 3 años y, hoy en día, representa a 47% de los mexicanos. En el mismo sentido, de acuerdo al estudio sobre "comportamiento electoral en 2012", elaborado por el ITAM y el Centro de Estudios Sobre Opinión Pública, en el proceso electoral de 2012, 47% de los mexicanos se identificaban con un partido político, porcentaje que ha caído sostenidamente desde julio de 2012.

La conclusión: en México el voto independiente ahora sí define elecciones, incluso con mayor relevancia que la estructuras de los partidos políticos. Este elector independiente tiene algunas características que lo diferencian del partidista: se abstiene en casi 7 puntos más; es urbano y con ingresos económicos más altos que el partidista; no tiene una determinada base ideológica, con escolaridad más alta que el promedio, y tampoco tiene tendencia de género. Puede ser de izquierda o de derecha, liberal o conservador, las encuestas no arrojan un perfil preciso. Lo que sí podemos sostener es que el votante independiente tiene un sesgo hacia el anti-priismo; es decir, suele apostar por opciones políticas diferentes al PRI.

El hecho de que el elector independiente pese 27 puntos más ahora que en 2012, y hasta 34 más que en la elección de 2006, mueve los ejes del debate hacia otros puertos. Asimismo, entre este segmento hegemónico, pesa mucho el candidato, siendo la abstención siempre una salida para los independientes. Esta realidad explica porque 2 de los presidenciables [Margarita Zavala y Miguel Ángel Mancera] coquetean entre la nominación de un partido político o la vía independiente.

Los votantes independientes, al no definir su identidad política en relación a un partido, tienen mayor posibilidad de premiar electoralmente al candidato que abandere la agenda de desmantelamiento de los privilegios que gozan los principales actores de nuestro sistema político. Ya no se trata de identificar al partido que mejor represente la oposición al PRI, como sucedió en el 2000 y en el 2012, ahora parece que la disputa se plantea desde la oposición al sistema de partidos en su conjunto. La disputa de 2018 es también la disputa por el relato que mejor explique el momento tan delicado que vive el país y la corrupción endémica de su élite partidista. Quién será capaz de decirnos por qué la democracia ha fallado en mejorar las condiciones de vida de los mexicanos; por qué nuestro sistema económico se encuentra secuestrado por unos pocos, y arroja a la pobreza a 114 personas por hora desde 2012; por qué se percibe tanta corrupción e impunidad de la clase política. Corrupción, secuestro institucional, partidocracia e impunidad parecen ser los conceptos que vertebrarán 2018.

Para seducir al independiente, la pugna electoral se situará precisamente en el terreno del combate a los privilegios, la afrenta a la colusión de los partidos políticos en nuestro sistema político y el hartazgo de los ciudadanos por los altísimos niveles de impunidad. La elección de 2018 será un referéndum en donde ya no está en juego sólo una elección, sino la vigencia misma del sistema político que nos heredó la transición a la democracia.

Que el voto duro disminuya quiere decir que las identidades partidarias se están borrando, que las señas de identidad política de los votantes se van diluyendo.

Una encuesta reciente de Consulta Mitofsky registra con claridad esta tendencia. Lo que podríamos llamar el voto duro de los partidos históricos de la democracia mexicana, el PRI, el PAN y el PRD, está en mínimos históricos: 22% el PRI, 15% el PAN y 10% el PRD, este último debido a la escisión de Morena, que alcanza 8%.

El voto duro acusa hábitos ciegos, pero también identidad ideológica, comunidad de creencias, convicciones o costumbres.

Es difícil saber hoy qué distingue los discursos de los partidos políticos de México. Parecen un gran mural de perfiles desdibujados en sus proyectos y en sus convicciones. La única pasión que comparten a fondo es ganar elecciones por los medios que sean.

De ahí que tienda a imponerse en la sociedad la visión de la cosa pública como un botín que se disputan políticos y partidos, al margen de las necesidades ciudadanas.

De ahí la simpatía por los candidatos independientes y el discurso antitodo de López Obrador.

Conforme se diluyen las identidades partidarias se diluye también la representación política, y nuestra democracia es cada vez más un torneo de ofertas oportunistas para votantes sueltos sin lealtad partidaria ni identidad política.

¿A quién le dan spots que llore? Ya dijeron Ricardo Anaya y Agustín Basave que apoyan la ley que da cientos de miles de spots gratuitos a los partidos, en los que, claro, sólo salen ellos. Y bueno, sí hay uno al que le dan spots y llora. Pero es estrategia pura.

Esta semana estuvo en México Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antoquia, pero sobre todo un promotor de la vía independiente, causa en la que lleva invertidos los últimos 17 años de su vida.

Conversé con Fajardo sobre, entre otras cosas, los independientes.

"Es una forma distinta de expresar la indignación, el malestar asociado con una estructura política que no ha dado las respuestas que muchos quisiéramos. Significa una política diferente", dijo Fajardo.

"En Colombia tuvimos experiencias notables de independientes transformadores, como Antanas Mockus en Bogotá, otros que no lo hicieron bien y que terminan haciendo una política igual o peor que la tradicional; entonces esto depende de la calidad de esas políticas independientes de las personas. Porque mucho de lo independiente arranca alrededor de personas, somos unos cuantos los que entramos a liderar y a construir, estamos expuestos. Quienes son independientes hoy tienen una gran responsabilidad de hacer gobiernos ejemplares, para que no vaya a terminar México diciendo '¡La misma cosa, son lo mismo, se dicen independientes, pero hicieron lo mismo!' Eso sería una fatalidad".

"Tenemos que romper con una política que está asociada con todos son iguales, todos son ladrones y no cumplen. Esa política genera la paradoja más lamentable: los políticos toman las decisiones más importantes y son las personas en las que menos confía la sociedad".

Fajardo contó que conoce a "El Bronco", dijo que cree que "va a escribir un capítulo de la historia acá", pero aclaró que no estamos para discursos, que los resultaros los veremos o veremos la ausencia de los mismos. "Espero que le vaya muy bien. Por Nuevo León, por las alternativas políticas, en el contexto político de México él tiene una responsabilidad muy grande".

Desde la matanza en el penal de Topo Chico (por cierto hay versiones que aseguran que esa noche "El Bronco" no estaba en Nuevo León, sino en la Ciudad de México), Rodríguez Calderón ha mostrado un comportamiento errático. O, mejor dicho, uno que no le distingue del desastre de manejo de crisis que vemos en cualquier otro gobernador. Cero política distinta, cero sello independiente.

De hecho, una fuente sostiene que la reciente deserción de algunos colaboradores de "El Bronco" se debe a que al interior del gobierno Rodríguez Calderón tiene un gabinete más o menos de fachada, pero que hay otro minigabinete, en el que por cierto ubican al procurador, que es donde se cocinan las decisiones que realmente pesan.

Suman ya casi 300,000 los spots que muestran a AMLO haciendo campaña presidencial anticipada. Luego de meses de exhibición, el TEPJF decide que se debe sacar el mentiroso spot del aire. El candidato presidencial de Morena, lo quita y pone otro igual donde sólo obvia la fecha del 2018 y además se victimiza. El TEPJF y el INE siguen pasmados, pero el Instituto y sobre todo su inefable consejera Pamela San Martín (que por supuesto defendió el derecho de AMLO a mantener sus spots al aire) sigue su cruzada contra los medios y los comunicadores que ejercemos nuestro derecho de criticar la forma en que se exhiben cientos de miles de spots de los partidos ordenados por el INE. El Instituto, dice San Martín, tiene el deber de tutelar nuestros derechos. Y ahí siguen sin que partidos, legisladores y autoridades hagan nada. Un desastre.

Según la Auditoría Superior de la Federación, durante el 2014 el gobierno de Ángel Aguirre Rivero no acreditó en qué gastó 69 millones de pesos de 3 fondos federales claves para la seguridad en el estado: el de Aportaciones para la Seguridad Pública, el de Fortalecimiento de la Seguridad Pública y el de la Implementación de la Reforma Judicial. Desapareció 69 millones de pesos en el estado que se convirtió ese mismo año en el más peligroso e inseguro del país y mientras los que equipaban a las policías, para que trabajaran para ellos, eran personajes como los Abarca y Guerreros Unidos. Eso explica la inseguridad guerrerense pero no termina de explicar cómo es que Aguirre sigue descansando en su casa.

Es inconstitucional el delito de "ultrajes a la autoridad", estipulado en el artículo 287 del Código Penal del Distrito Federal, determinó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por 9 votos contra 2, los ministros del máximo tribunal del país coincidieron en que dicho numeral es poco claro e impreciso.

El fallo fue expuesto al resolver 2 demandas de amparo.

El ministro José Ramón Cossío planteó que, además de ser poco claro, dicho ilícito vulnera los derechos, ya que limita la libertad de expresión, sin que dicha restricción sea necesaria para una sociedad democrática como, dijo, lo es México.

"El artículo impugnado es la medida más lesiva contra el ciudadano que decide expresar sus ideas a través de ultrajar a la autoridad, pues sanciona con privación de la libertad esa expresión, sin que ello esté verdaderamente justificado o sea necesario en una sociedad democrática", expuso.

De esta forma el alto tribunal abrió la puerta para que, de resolver otros 3 asuntos en el mismo sentido, se inicie un procedimiento de Declaratoria de Inconstitucionalidad que tendría como objetivo la eliminación inmediata del artículo del Código Penal.

"Estoy de acuerdo con la inconstitucionalidad de la norma, no necesariamente por la propuesta de libertad de expresión, creo que pueden darse conductas en este sentido que pudieran ser sí justamente restringidas en la libertad de expresión; para mí, substancialmente me convence el argumento de la taxatividad, creo que sí se deja muy abierto el concepto con el puro verbo 'ultrajar', porque pueden caber muchísimas condiciones ahí como ofender, humillar, despreciar, violar, maltratar, dañar, menoscabar, manosear, agraviar, ya sea de palabra o de obra; quedan abiertas muchas circunstancias", indicó Aguilar Morales.

Sólo 2 integrantes de la Corte, los ministros Jorge Pardo y Margarita Luna, plantearon que el artículo sí se apega a lo planteado por la Constitución y no vulnera los derechos humanos y tampoco el principio de taxatividad.

"La libertad de expresión no es un derecho absoluto, es un derecho que tiene restricciones, que la Constitución así lo establece y que desde luego, están como restricciones el ataque a la moral, a la vida privada, a los derechos de tercero, que no se provoque con esta conducta algún delito o que se perturbe el orden público", expuso Luna Ramos.

En Jalisco siempre tienen su atractivo las más extravagantes ocurrencias. ¿No nos decían que si incluíamos a las cúpulas empresariales en los comités de adquisiciones y adjudicaciones, en municipios y otras entidades, ellos mismo se encargarían de denunciar la corrupción? Al día de hoy, nunca he escuchado a un líder empresarial denunciar a alguna autoridad. Será porque no existe ningún caso de corrupción. ¿O no nos decían que si le dábamos autonomía al auditor del Estado, tendríamos auténtica fiscalización y profundizaríamos la rendición de cuentas? No sólo no ha pasado, sino que en Jalisco vivimos una crisis profundísima en esta materia. Así, bajo la misma lógica de "despolitizar" la función pública, hemos construido consejos ciudadanos, organismos públicos descentralizados, juntas intermunicipales y todo lo que usted pueda imaginar. Y los problemas siguen ahí: corrupción, impunidad y ausencia de rendición de cuentas.

La última ocurrencia de nuestra clase política, es el gerente metropolitano. Esta figura, que existe en algunas ciudades de Estados Unidos, con poca relevancia, sería una especie de administrador de la ciudad, que de acuerdo a lo que han dicho sus promotores, tendría atribuciones plenas en materia de servicios metropolitanos, desde la recolección de basura hasta la gestión del agua. No sabemos qué tan poderoso sería este gerente, algunos alcaldes lo ven como un futuro gestor de los servicios, no más que eso, y otros alcaldes más bien lo ven como una figura con amplias prerrogativas para decidir en áreas tan fundamentales como la planeación del futuro de la ciudad y hasta la seguridad pública.

De acuerdo a lo que señalan sus promotores, el gerente metropolitano cortaría de un plumazo con la partidización de la administración pública, su tendencia hacia el cortoplacismo, la ausencia de una visión integral de la metrópoli, consolidaría un servicio público de carrera y extirparía el "cáncer de la politización". Una figura casi mágica, de acuerdo a sus atributos. Sin embargo, lo que no advierten, tanto los alcaldes metropolitanos que promueven la gerencia urbana, o el gobernador que también se comprometió a impulsarla en su momento, son los problemas que este administrador implica. Y, sobre todo, que como nuestra historia lo prueba, siempre le damos la vuelta a los problemas, no enfrentamos como se debe el fondo de la cuestión.

De entrada, sería un gerente que nadie eligió. Es decir, carece de toda legitimidad democrática. Es una figura que asumiría todas las responsabilidades en materia de servicios y hasta posiblemente de obra pública y seguridad, y sin embargo no tendría ningún respaldo en las urnas. ¿Cómo es posible extirpar la partidización de la administración pública a través de un cargo que no es votado, sino fruto de un acuerdo entre élites partidistas? Es innegable que un gerente que encarna el acuerdo entre alcaldes; es decir, de partidos políticos, no puede significar nunca la autonomía de gestión que los promotores del gerente metropolitano le quieren endilgar. No tiene respaldo ciudadano y dependen en su totalidad del respaldo que le dan los alcaldes.

En 2o. lugar, la autonomía sin los contrapesos necesarios, sin construir la institucionalidad que controle los abusos y combata la impunidad, no nos asegura ningún respeto a los proyectos de largo plazo ni tampoco una administración de la ciudad sin atender a la miopía del partidismo. ¿De verdad podemos decir que la autonomía, y el plazo de gestión, que protegen al auditor de Jalisco, han servido para tener mejor información sobre las cuentas públicas y castigar a quien malversa los recursos que son de todos? ¿Hemos logrado, con el diseño institucional antes mencionado, que las auditorías sean independientes y que no respondan a intereses políticos coyunturales? Sabemos todos que la respuesta es no.

No le demos vueltas, ni Barcelona, ni Paris, ni Londres, ni Buenos Aires y tampoco Nueva York tienen "city managers". Lo que tienen es buenos alcaldes, que apuestan por la reelección y por proyectos de largo plazo fincados en la colaboración metropolitana y la planeación al futuro. Ya paremos de ocurrencias y entremos a los debates que realmente pueden dejarnos una ciudad mejor administrada, pero también, más justa y democrática. Una Guadalajara de todos, en donde los ciudadanos decidamos y no sólo las élites partidistas.

[No le demos vueltas, lo que quieren los políticos es poner a alguien que haga el trabajo mientras ellos se dedican a "grillar". - El webmaster.]

Recientemente, tanto el Presidente de la República como el secretario de Gobernación han solicitado ante legisladores federales y gobernadores que el Congreso de la Unión discuta y apruebe la iniciativa de mando único presentada ante la Cámara de Senadores en noviembre de 2014.

Lo ocurrido con esta iniciativa implica al menos 2 cambios fundamentales en el sistema político mexicano: 1.- El Presidente de México ha dejado de ser el factótum de la vida política y legislador principal o cuasi único en el país: ¿Habíase visto hace apenas unos 15 años que los senadores metieran más de un año a "la congeladora" una iniciativa del ejecutivo y que este haya tenido que implorarles para que la discutan y dictaminen?; y 2.- Los líderes de los 3 principales partidos políticos, junto con sus coordinadores parlamentarios, se han convertido en actores políticos de primerísimo orden, al grado de que el presidente interactúa con ellos como un primero entre desiguales, pero no como un primero por encima de sus desiguales.

Un presidente implorando a los partidos políticos que le aprueben una iniciativa de reforma constitucional nunca se había visto. Una soberbia partidaria tan crecida tampoco nunca antes se había registrado.

Más allá de si esto es benéfico o no para la democracia, esta es una nueva realidad política.

Ya tenemos un Buró de Crédito y un Buró Legal en los que se lleva un historial de todo lo bueno y lo malo que hacemos. Y de acuerdo a lo que esos burós reporten, somos elegibles o no, para un crédito o una chamba.

¿Entonces por qué no hay un Buró de Políticos?

¿Nunca se le ha ocurrido a uno de esos chavos cibernéticos, crear una base de datos en donde pudiéramos ver en internet el historial de los candidatos a puestos en el servicio público?

Sería la única forma de controlar a la bola de oportunistas ignorantes que pretenden gobernarnos.

Y para que fuera negocio para el chavo cibernético, podría cobrar una módica cuota por consulta. Así podríamos votar con conocimiento de causa y no votar por "el menos pior".

¿No te gustaría conocer el historial de cada candidato y saber si votó a favor o en contra del aumento del IVA en las zonas fronterizas, si apoyó las dichosas reformas que no han servido para nada, cuántas veces ha cambiado de partido o cuántas veces se ha contradicho, primero reprobando y luego aprobando determinada acción gubernamental, evidenciando el moche. O simplemente ¿qué experiencia tiene para poder hacer la chamba a la que aspira?

¡Órale expertos en bases de datos! Les aseguro que sería buen negocio.

Pero habría que garantizarle al consultante la veracidad y objetividad de la información. O sea que esa empresa no cayera en la corrupción.

¡Úchala! Tendrían que hacerla o suizos o daneses... o mexicanos, pero jóvenes.

Toca reconocer a la clase política y gubernamental de hoy que por fin se hayan puesto de acuerdo y decidido invertir en drenajes e infraestructura para empezar a solucionar el grave problema de inundaciones que padece el área metropolitana de Guadalajara.

Estas obras indispensables para la ciudad se pospusieron por décadas, por lo que he llamado aquí en varias ocasiones, la miope y muy electorera visión de que invertir en ellas era "enterrar el presupuesto" sin que nunca floreciera en votos para mantenerse en el poder. "Son obras poco redituables políticamente", era el racional que heredaron por años las últimas generaciones de burócratas y políticos, que ponían por encima del interés de la ciudad, el de ellos y el de sus partidos.

Lo que parecía un día normal en la Ciudad de las Rosas, de pronto se convirtió en un cuadro de "conspiranoia" generalizada. Por medio de un comunicado, ayer Enrique Alfaro hizo oficial la existencia de un nuevo audio en donde ahora él ofrece empleo a Luciano González, líder de comerciantes del Mercado Corona (hoy ex amigo del alcalde y acusado de estar al servicio de funcionarios de 1er. nivel del gobierno estatal).

¿Fallas en el engranaje o simples estribos desbordados? A muchos sorprendió la manera de acometer el tema a partir de una confrontación directa contra funcionarios de Aristóteles Sandoval (sin revelar nombres). Luego de que el vocero estatal Gonzalo Sánchez retó a Alfaro a denunciar y demostrar con pruebas sus acusaciones, el 1er. edil remarcó que él no hablaba con... funcionarios del gobernador. ¿Pero por qué no denuncia?, le insistieron a Alfaro: "¿para que la resuelva Almaguer?", atajó el emecista.

Ahora le tocó al alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, salir en la audioteca de Luciano. Un audio, por cierto, absolutamente insustancial. Fuera de escuchar con gusto que el alcalde es tan mal hablado como uno y que dice las malas palabras con placentera sinceridad, no hay nada de contenido. El problema es la manera en que se están procesando este tipo de asuntos y, sobre todo, lo que refleja del equipo de gobierno de Alfaro.

De acuerdo con Alfaro detrás de las filtraciones de los audios están algunos prominentes miembros del equipo de Aristóteles Sandoval. No tengo ningún elemento para decir si esa afirmación del alcalde es verdadera o falsa. Supongamos, para razones de este análisis que es cierta, como cierto es que el equipo de Alfaro estuvo detrás de la filtración de la grabación, también de audio, del padre del gobernador en plena campaña electoral. Es demasiado obvio decir que el que a hierro mata a hierro muere, pero esto es política; son políticos y se portan como políticos y lo que está en juego es el poder. La única diferencia estriba en si los señalados por Alfaro hicieron uso de dinero público o infraestructura del gobierno para golpear al alcalde. Pero mientras Alfaro no señale y denuncie a personas concretas por actos concretos y se quede sólo en la denuncia general el asunto va a quedar en el toma y daca de la política.

Lo que me parece más grave es lo que el escándalo habla del equipo del Alfaro. El presidente municipal dice que el señor Luciano era su amigo. Creo que ya quedó claro que no era así, que el señor es un vividor, tal como lo habían advertido los del gobierno anterior, esos que, de acuerdo a la narrativa alfarista fueron unos inútiles que todo hicieron mal. Tendrán, pues, que aceptar que al menos en este pequeño detalle los de atrás tenían razón.

Más allá de eso, las crisis de MC de los últimos días en Tlaquepaque y Guadalajara tienen un factor común: el equipo. Por la forma acelerada en que creció el alfarismo, Movimiento Ciudadano echó mano de muchas personas que venían huyendo de otros partidos, algunos buenos elementos a quienes la burocracia de sus partidos les cerró el camino, y otros que eran claramente elementos, por diversos motivos, no deseados.

La incapacidad política de María Elena Limón y la falta de probidad de Luciano González no son sorpresa. Lo que sorprende, en todo caso, es que sorprendan.

Andrés Manuel López Obrador se ha quedado solo por su actitud "tirana" y malagradecida, e incluso ha perdido el apoyo de 4 de sus 5 hermanos, afirma Arturo, uno de ellos, quien incluso lo comparó con Donald Trump, aspirante a la candidatura republicana al gobierno de Estados Unidos.

El ingeniero civil de profesión reacciona en torno a los comentarios realizados por el presidente nacional de Morena, al conocer el apoyo de Pedro Arturo a la candidatura del priísta Héctor Yunes al gobierno de Veracruz.

Andrés Manuel lo calificó de "traidor" y de estar "por conveniencia del lado de los corruptos", a lo que él respondió que no se comporte como "un tirano", y le recordó que ha pasado ya por 3 partidos: el propio Revolucionario Institucional, el PRD y ahora Morena.

Le pide no "patear" a su propia familia. "Antes lo apoyábamos, pero ni siquiera las gracias nos da. Andrés Manuel paga mal el apoyo que recibe. Es como 'candil de la calle y oscuridad de su casa'".

Agrega que no desea polemizar más con él. "Le deseo que le vaya muy bien", aunque anticipa que Morena perderá Veracruz y también su estado natal, Tabasco.

El 24 de agosto de 2009, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó una reforma al Artículo 127 Constitucional ordenando que ningún servidor público en el país podía recibir un sueldo superior al del Presidente de la República. El artículo 4o. Transitorio subrayó que los congresos estatales debían adaptar el mandato en sus respectivos estados antes de 180 días naturales.

El Congreso de Jalisco lo aprobó "mañosamente. Si bien el 127 establece (que nadie en la función pública puede ganar más que el Presidente), por lógica jurídica en el entorno local la reforma debió tomar como umbral el salario del gobernador, y no del Presidente", cuenta la diputada Rocío Corona Nakamura.

Así, los funcionarios de Jalisco establecieron un límite de ingresos... tabulado en el sueldo del jefe del ejecutivo a nivel federal, y no el gobernador. Por ello hay 52 funcionarios público en la entidad cuyo ingreso es superior al del gobernador.

A pesar del incremento en los sueldos para servidores públicos de 1er. nivel, el Servicio Profesional de Carrera y el Servicio Civil de Carrera aplicados a la burocracia federal y estatal, respectivamente, han sido un fracaso.

Mientras en el Gobierno de Jalisco y los 125 ayuntamientos no se aplica este modelo, necesario para consolidar la "eficiencia y eficacia" de la administración pública a través de la selección, incorporación y desarrollo profesional de servidores públicos, en la federación solamente 41,765 (2.6%) burócratas de 1.6 millones de trabajadores están inscritos, principalmente en las secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda o Banco de México.

En el gobierno federal sólo opera el Servicio Profesional de Carrera en 77 instituciones: 15 dependencias centralizadas y 62 organismos desconcentrados.

Desde hace días quería ocuparme del enfrentamiento entre el INE y el periodista Joaquín López Dóriga, porque éste osó decir, al mandar a un corte del INE durante la visita del Papa, lo que en los hechos interrumpía una intervención de Francisco, que esa tanda de anuncios se pasaba por órdenes del INE. Ha sido citado a comparecer, investigado, etc. Es un intento burdo de coartar la libertad de expresión en forma inadmisible. No sólo debemos, en este tema, solidarizarnos con Joaquín: todos los que tenemos espacios informativos en radio y televisión, cuando inicie una tanda de anuncios del INE tendríamos que especificarlo a nuestros televidentes y oyentes. Es un derecho de ellos saberlo y de nosotros el decirlo. Para que se ponga de manifiesto la barbaridad que constituye un sistema de anuncios políticos basado en la irracionalidad más absoluta que se quiere esconder coartando libertades.

El proceso electoral de 2018 debe ser un referéndum en contra de la partidocracia.

Así como en la elección del 2000 se logró que la elección fuera en torno a sacar al PRI de Los Pinos, en los próximos comicios presidenciales un candidato ciudadano, con una plataforma programática ambiciosa en cuanto a temas de justicia, deberá impulsar una campaña para destronar a los partidos que, por no ser ajenos a esos problemas, no podrán combatir la corrupción, ni castigar las violaciones de los derechos humanos, ni defender los derechos de los consumidores frente a grandes corporativos.

Este es el apretado resumen del libro Sólo así: por una agenda ciudadana independiente (Random House), de Jorge G. Castañeda, politólogo y político que con este documento lanza la idea de que sólo debe haber un candidato independiente, y que, sobre todas las cosas, aquellos que simpatizan con la idea de la vía ciudadana no se deben permitir un error: Dejar que AMLO se convierta en el candidato antisistema. Castañeda dedica largas líneas a recordar que el tabasqueño es 100% un miembro de la partidocracia que intenta engañar diciéndose diferente a los actuales partidos.

Según Castañeda, Peña no pudo avanzar más porque paga los costos de 2 pactos: el Pacto por México, que hizo que el PRI no avanzara con su socio natural -el PAN- en una reforma fiscal más congruente (IVA a alimentos), lo que podría haber dado al gobierno más recursos; y un supuesto pacto entre Peña Nieto y Calderón, 2 hijos puros de la partidocracia, para que el actual presidente no investigara a su antecesor en temas de corrupción y violación de los derechos humanos.

A cambio, Calderón habría ayudado a que Josefina Vázquez Mota tuviera una mala campaña.

Esas 2 alianzas, aunada a una política de rodearse primordialmente de colaboradores que conocía desde sus tiempos como gobernador del Estado de México lastraron, según Castañeda, a Peña Nieto.

El autor argumenta que los candidatos de los partidos no podrán ofrecer nada sustancial en términos de justicia en 2018. Ni en derechos humanos -"son demasiado presos de su pasado. Sólo la exterioridad a la clase política permite asumir el compromiso o darle relevancia al tema"-; lo mismo en cuanto al combate a la corrupción -ahí "se verá quién se encuentra dispuesto a asumir una agenda de esta índole y a desnudarse por completo ante la mirada ciudadana"-; y tampoco en cuanto a la defensa de los derechos del consumidor: "nuestro atraso en la materia es patente y patético. Sólo una candidatura sin partido es susceptible de asumir esta causa: implica combatir a los proveedores públicos y privados de pésimos servicios y bienes defectuosos. ¿A poco se atreven el PRI, PAN, PRD o Morena?".

Castañeda, quien no se descarta como posible candidato ciudadano a la presidencia, concluye que hay que conjurar el peligro de la fragmentación ciudadana, rechazar a todos los partidos (sobre todo a AMLO), y entusiasmar a una sociedad cansada de los mismos de siempre.

De lo contrario, asegura, estaríamos ante "el triunfo y la ratificación de la partidocracia, y la permanencia en el poder de la mediocridad".

En un entorno de ajustes presupuestales y austeridad, las cuentas bancarias de los gobiernos estatales y municipales reportaron un saldo de 147,400 millones de pesos al cierre de diciembre [y más de 4,658 millones de pesos de intereses], a pesar que le deben a proveedores y a ciudadanos, de acuerdo a datos del Banco de México.

Los saldos de las cuentas al cierre del año se asocian a subejercicios y han ido en aumento a lo largo de los últimos 15 años, señalaron especialistas.

La calificadora Moody's asocia estos excedentes a la falta de capacidad para ejecutar recursos y a los retrasos en los montos de las transferencias por convenios, explicó Francisco Vázquez Ahued, analista en esta firma.

Del monto que tienen en sus cuentas bancarias, en promedio el 80% corresponde a los subejercicios, y un 20% a factores de planeación, estimó el analista de Moody's.

"Muchos gobiernos municipales y estatales no tienen capacidad para cumplirlos; no tienen personal, si lo tiene no está capacitado, no tienen manual de procedimientos, se deben hacer licitaciones, ello implica procedimientos muy burocráticos", explicó el analista de Moody's.

También influye el atraso en las transferencias por convenios, por parte de Hacienda, a los estados y municipios, "puedes firmar un convenio en marzo, esperas que llegue y te llega el 29 de diciembre, ahí es difícil ejecutar el recurso por las reglas de operación; desazolve es lo más común, no puedes abrir una licitación hasta que te llegue el recurso", agregó.

La afectación va contra proveedores de gobierno y ciudadanos a través de menores recursos o con falta de apoyos económicos, también puede verse en el deterioro de los servicios públicos.

La deuda con proveedores va al alza y supera los 75,000 millones de pesos.

"Una manera de financiarse de los estados sin pasar por congreso, teniendo o no recursos, ha sido a través de proveedores. Comúnmente los estados que recién entran piden que los proveedores documenten sus adeudos, de no contar con comprobantes, los adeudos no se pagan. En tanto, en los estados donde no va haber cambios, la deuda a proveedores puede salirse de las manos, representando retrasos importantes en los pagos", explicó Gerardo Carrillo, director senior de Finanzas Públicas en Fitch Ratings.

En su mayoría los gobiernos estatales que tienen problemas de flujo en sus finanzas públicas, adquieren deuda con proveedores para financiarse.

"En lugar de pagar lo que le corresponde a proveedores utilizan ese dinero para pagar otras cosas de gasto operativo, como puede ser la nómina y eso incentiva la acumulación de deuda con proveedores. El pago con proveedores se atrasa meses, incluso años", refirió Lamoyi.

En total, la deuda de largo plazo de los estados supera los 500 mil millones de pesos, subrayó Carlos Cárdenas, consultor independiente.

Los spots político-electorales administrados por el INE volvieron a ser piedra de escándalo durante la visita del papa Francisco a la Ciudad de México. Su transmisión, de acuerdo con la pauta instruida por la autoridad electoral, tuvo lugar durante la cobertura en vivo que siguió paso a paso los recorridos del Sumo Pontífice.

En repetidas ocasiones, los comentaristas de Televisa y TV Azteca lamentaron tener que interrumpir la programación y expresaron opiniones críticas sobre el contenido de los spots, así como sobre el modelo de comunicación político-electoral que obliga a los concesionarios de radio y TV a transmitir un cierto número de spots cada hora, a partir de las 6 de la mañana hasta la media noche, una vez iniciado el periodo electoral, unos días antes de la llegada del papa, para elegir a los diputados de la Asamblea Constituyente de CDMX.

La Secretaría Ejecutiva (SE) del INE inició de forma oficiosa (sin queja alguna de por medio) un procedimiento sancionador en contra de los concesionarios y cuatro comentaristas de TV por la presunta "manipulación o superposición de la propaganda electoral (...) con el fin de alterar o distorsionar su sentido original", prohibida en el Artículo 452 de la Ley Electoral. Se basó en un precedente del TEPJF, elevado a tesis de jurisprudencia, por el que la interposición de "cortinillas" antes de la transmisión de los spots de los partidos políticos constituye una violación a la ley. Para la SE, las opiniones críticas a los spots electorales vertidas por los comentaristas de TV, antes o después del corte de la programación, son equiparables a las cortinillas porque alteran el sentido de la propaganda electoral.

La SE solicitó a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE -integrada por 3 consejeros electorales- que ordenara a los concesionarios abstenerse de transmitir las opiniones críticas de los comentaristas antes y después de que los spots de los partidos entraran al aire.

Dicha Comisión decidió por mayoría denegar la solicitud de medidas cautelares. Sostuvo que los actos reclamados -los comentarios críticos sobre los spots electorales- están amparados por el derecho constitucional a la libertad de expresión y que a la luz de la evidencia disponible no amenazaban con causar un daño irreparable a ningún proceso electoral en curso. Sin entrar al fondo del asunto (cosa que le corresponde al TEPJF) se pronunció en contra de equiparar las opiniones de los comentaristas, vertidas durante la programación, con cortinillas.

Lamentablemente, este no es el fin de la historia. Sigue ahora la investigación de la queja y los actos de molestia a los involucrados que esto conlleva. Aunque la Sala Especializada declare infundado el procedimiento, los acusados tendrán que absorber los costos del litigio. Normalmente esto requiere la contratación de los servicios de un abogado. Resulta preocupante el efecto silenciador que la sola presentación de quejas puede tener y que los comunicadores eludan temas de interés público por el miedo a meterse en problemas con los partidos políticos o la autoridad electoral.

Pero quizás algo bueno podría salir de esta historia. La Sala Especializada del TEPJF puede sentar precedentes que protejan la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. En 1er. lugar, detener la tendencia a estirar las restricciones para acotar e inhibir el ejercicio de un derecho. Las opiniones de los comunicadores no son cortinillas. En 2o. lugar, contener la proliferación de quejas frívolas que amenaza con asfixiar el debate democrático. Hacer explícito lo que subyace en la doctrina de la libertad de expresión aplicada a un régimen republicano y democrático: el deber especial de las figuras e instituciones públicas de tolerar la crítica.

Las candidaturas independientes -que más bien deberían llamarse candidaturas sin partido- sus escasos y aislados triunfos han provocado que los partidos políticos se unan para ponerles escollos, ante la evidencia de que quienes minutos antes eran miembros de algún partido despotrican después contra la partidocracia.

Si a lo anterior se agrega que algunas de estas candidaturas se fortalecen con apoyos abiertos o subrepticios que grupos de interés otorgaban u otorgan también a los partidos políticos (“El Bronco” es un ejemplo paradigmático de esta situación), es obvio que estos coincidan en impedirlas.

Las candidaturas independientes de la misma forma que pueden ser acicate para una partidocracia corrupta y oligárquica, también pueden contribuir al personalismo y mesianismo en la política, regresándonos a un pasado que ya se creía superado. Paradójicamente, no han faltado quienes las planteen como la única solución posible contra la corrupción e impunidad en nuestro país, cuando algunas de ellas pueden, o ser producto de ello, o terminar alentando ambas cosas.

Si las candidaturas independientes más bien son candidaturas sin partido, las coaliciones electorales más que eso en realidad son candidaturas comunes. Una verdadera coalición electoral debería competir bajo un solo emblema; y, terminada ésta, dar vida a una nueva organización política que actúe como un solo ente en los espacios gubernamentales que logre conquistar.

En nuestro país eso no ocurre porque a ninguno de los partidos les conviene en el corto plazo: el PRI, ya no contaría con el PVEM que le ha permitido eludir la restricción constitucional de 8% a la sobrerrepresentación (que aplica para los partidos más no para las coaliciones electorales). A los demás partidos tampoco les reditúa porque perderían capacidad de negociación, de chantaje y prerrogativas.

Lo típico de las coaliciones electorales es que son antidemocráticas o cupulares. En ellas la constante es que el precandidato que la noche anterior denodadamente buscaba con la mayor identidad partidaria una candidatura, a la mañana siguiente es el más acérrimo crítico de la organización que horas antes con fervor defendía, y termina siendo abanderado de los partidos que horas antes denostaba. En las campañas electorales estos candidatos se van a encontrar con otros candidatos miembros de partidos que harán campaña como "independientes" criticando a los partidos.

Por eso la política está tan denigrada y es vista como una impúdica danza de máscaras en donde la competencia más bien es por decidir cuál de los candidatos engaña mejor a la gente.

Cómo me gustaría, algún día, cuando en verdad alcancemos la madurez política, escuchar que políticos de oposición al gobierno que sea, se muestran comprensivos y solidarios. Ojo, no se me vaya a malinterpretar: tampoco se trata de ser consecuentes, cerrar los ojos o sembrar para cosechar cuando sea necesario gozar de impunidad.

Para empezar, la cuestión es que ningún partido y, por ende, ninguno de los representantes actuales, sin entrar en mayor detalle porque hay diferencias, tiene algo así como la boca completa para criticar y señalar. La verdad es que aquí no hay quien arroje ninguna piedra porque no hallaremos a nadie libre de culpa.

Sus conductas como funcionarios, representantes populares o servidores públicos no son exactamente ejemplares y, en todo caso, tendrían mucho que cuestionar hacia el interior de sus propios partidos políticos.

¿A qué me refiero con la comprensión y la solidaridad? Las filtraciones son prácticas cuestionables por donde se le vea. Quien graba una conversación ya tiene la intención de hacer uso de ella, ya sea para chantajear o simplemente para hacerla pública. No tendría que ser así, porque, incluso, si la grabación no iba como se esperaba, pues hasta se podría uno imaginar la manipulación correspondiente para que quedara grabado lo suficiente para inculpar, señalar, juzgar y demás.

Entonces, todos los políticos deberían unirse para evitar estas prácticas y, al mismo tiempo, si no resulta muy difícil, signar un compromiso real e inviolable, de transparencia y rendición de cuentas. ¿Por qué no lo hacen? Porque todos, más tarde o más temprano -siempre se puede ofrecer- tendrían la posibilidad de acceder al mismo recurso, muy ajeno a los valores democráticos, por cierto. Así que no, ni comprensión, ni solidaridad, mucho menos un frente común.

La postura de Hugo Luna que sus palabras y sobre todo el tono dejan de manifiesto, es de alguien por lo menos, así, por lo bajito, autoritario. El directamente involucrado sostiene que la grabación está editada y esto sí lo pongo en duda, nada más y nada menos por el mensaje de Alfaro a través de Facebook quien tuvo que contestar punto por punto los dichos de su colaborador, ofreció disculpas y dio la cara como responsable de incluir entre su equipo a su actual jefe de gabinete.

Sobre esto 2 cosas: la 1a., celebro el mensaje del presidente municipal. La 2a., lamento que lo sostenga. Se podría alegar que no hay delitos implícitos ni presuntos en lo que dijo el funcionario y está bien, no hay problema, pero de fondo hay una actitud más mala que buena y que se perfila como causante de futuros problemas al gobierno municipal si Alfaro no toma cartas en el asunto. Esta actitud suya de sostener en los puestos a los individuos a costa de lo que sea es una espada de doble filo que, aguas, se podría volver en su contra, convertirse en un efecto perverso y, lógicamente, indeseable por donde se le vea.

No es momento para correr tan altísimos riesgos con individuos que no tienen medida ni límites y que podrían estar sufriendo las tan conocidas transformaciones o mutaciones que causa el poder.

Por muchos años una de las reglas no escritas del sistema político fue la discreción. Por supuesto que existieron excesos, uso patrimonial y desvío de los recursos públicos, pero también existía un control absoluto del gobierno sobre estos temas. La Secretaría de Gobernación tenía los medios para mantener ocultos los excesos de los políticos, me refiero a amantes, casas, ranchos, cuentas de banco, automóviles, viajes y más, estaban fuera de la arena pública, únicamente circulaban de boca en boca o en chistes que nacían en las carpas de barrio y se esparcían en los sectores populares.

Cuando la corrupción en la clase política llegó a niveles altísimos durante el gobierno de José López Portillo, cuando la deuda pública se disparó, lo mismo que la inflación y el modelo de desarrollo se agotó, vino la renovación moral de Miguel de la Madrid Hurtado. El concepto de servidor público apareció en el entramado legal con derechos y obligaciones, pero esto no fue suficiente para detener la pérdida de legitimidad del régimen. Poco a poco, elección tras elección, la pluralidad avanzó hasta lograr el relevo en la Presidencia de la República.

La democracia mexicana propició un relevo en la élite, pero no el fortalecimiento de la cultura del servicio público. Vicente Fox cambió la estrategia de comunicación. Los nuevas tendencias del marketing indicaban que el político debía volverse un personaje cercano, romper la barrera del líder, caudillo o servidor público para establecer un modelo interactivo entre gobernante y gobernado. Esto que en teoría suena muy bien, en el caso mexicano desnudó a la clase política porque mostró sus excesos y frivolidades. Con Fox fue desde el precio de las toallas de los baños de Los Pinos hasta los viajes de la esposa del presidente con fines particulares. Se acabó el control por la irrupción vertiginosa de internet y su variedad de herramientas para dar seguimiento a cualquier personaje, divulgar información y romper cualquier cerco informativo.

Las posibilidades tecnológicas han hecho posible que la opinión pública conozca los excesos de priistas, panistas, perredistas, legisladores, servidores públicos y demás personajes cercanos al poder, revelando una característica más en la que han caído algunos de ellos y de ellas: el cinismo.

Cinismo que amparado por la impunidad que prevalece en México, coloca a los políticos en unos de los últimos lugares de valoración social. Esto ocurre cuando algunos de los integrantes de la clase política sienten que tienen el derecho de estar y ser de una élite con todos los privilegios que esto conlleva y olvidan su carácter de servidor público. En términos coloquiales esto significa "perder el piso", o más aún, "subirse a un tabique y marearse".

En estos penosos, banales, tristes días, estamos presenciando el fin de lo que llamaremos "meritocracia", ese sistema de definición jerárquico que simplemente consiste en ser elegido para ocupar un lugar, una plaza, un puesto, un cargo, por los conocimientos adquiridos, las habilidades que poseas, la experiencia acumulada.

Dejó de suceder.

Ahora vale más ser hijo de gobernador, amigo del jefe, amante del secretario, cuate del que toma las decisiones, para allanar en mucho el camino hacia el privilegio y la gloria, sin necesidad de tener esos engorrosos méritos de por medio, que necesitan de mucho esfuerzo y mucho tesón para ser adquiridos.

Hoy por hoy, un montón de advenedizos, "mirreyes", compadres de turno, han llegado hasta importantes puestos e incluso candidaturas para cargos de elección popular, sin tener ni el mérito ni el reconocimiento suficiente para ello.

El mérito es cosa del pasado. Hoy, se crean famas instantáneas que catapultan a algunos elegidos mediante oscuros sistemas y fórmulas de conveniencia mutua, y los hacen parecer candidatos idóneos para dirigirnos a todos.

Están vestidos de sedas caras y pertrechados con escudos y espadas que les quedan grandes.

Para muchas personas votar se había vuelto un absurdo porque, desde su perspectiva, tenían que escoger entre el malo y el peor. Ese fue el argumento con el que miles de jóvenes (y algunos no tanto) plantearon la opción del voto nulo en el 2009. Dicho en pocas palabras, los partidos se amafiaron en el mercado electoral, dejaron de preocuparse por el votante para concentrarse en sus propios intereses. Se convirtieron en un oligopolio del poder.

Cuando el oligopolio de los partidos se arrogó el derecho de ser votado para ellos y sólo para ellos, anularon el derecho para todos aquellos que no militaban en un partido. En el fondo de eso tratan las candidaturas independientes, de regresarle a los ciudadanos que es nuestro y que no debe ser limitado más allá de lo que es operativamente indispensable.

Las candidaturas independientes no van contra los partidos; van contra la oligarquía de poder generada por los partidos. Es cierto, no puede haber democracia sin partidos, pero hoy lo que tenemos es una democracia para los partidos. Abrir la casa, quitar las trabas absurdas al derecho de todo ciudadano a ser votado no asegura que vayamos a tener mejores gobernantes. Seguramente habrá muchos, muchísimos malos elementos, pillos de la peor ralea, que se propondrán como candidatos independientes, exactamente igual que hoy tenemos a estos personajes metidos en los partidos, ganando candidaturas y en ocasiones resultan electos.

Pero a quien elijamos es problema nuestro, no de los diputados que van a hacer la ley. En todo caso no será la 1a. vez que nos equivoquemos al elegir. La chamba de los diputados en este momento es hacer una ley que nos regrese plenamente el derecho que los partidos, por buenas o malas razones, nos habían quitado. A la larga, estoy cierto, quitar trabas a las candidaturas independientes lo que nos dará es mejores partidos.

Hoy pueden decir Miguel Ángel Yunes o su rival Héctor Yunes que meterán a la cárcel a quien ellos quieran pero lo cierto es que les terminará pasando lo que a Arturo Nuñez en Tabasco, que ha vivido estos años de gobierno litigando con sus antecesores, sin poder transformar las acusaciones en sentencias en firme y con rupturas internas y externas. O peor aún, como Jaime Rodríguez "El Bronco", que como candidato se pasó toda la campaña prometiendo la cárcel para sus antecesores y pasados casi 200 días de gobierno no sólo no ha detenido a nadie sino que no tiene, siquiera, un programa formal de gobierno, y ahora, como se lastimó la espalda y no podrá ir a sus oficinas por unos días, le dice a la gente que no se preocupe, que él estará vigilando el estado por el Facebook.

Las campañas sucias se revierten contra quienes las impulsan a la hora de gobernar porque ya no hay victorias incondicionales: en realidad se garantiza que esas guerras perduren y se fortalezcan en el futuro. Nadie sale indemne. Se dirá, no sin razón, que la victoria lo vale, que ya habrá tiempo, instalados en el gobierno, para tratar de sanar las heridas o cumplir las promesas, que la confrontación es parte de la política. Pero el costo social y político que ello genera es altísimo, y va de la mano con el desprestigio de la política y los políticos, y que nadie diga que los independientes son la panacea para castigar el desprestigio, porque hasta ahora, a la hora de gobernar (regresemos al "Bronco") terminan haciendo lo mismo que los que surgen de los partidos.

Lo que hoy se vive en Veracruz es sólo el prólogo de lo que veremos cuando comiencen las campañas formales con las respectivas acusaciones de corrupción de todos contra todos. Esperemos que si esas denuncias son reales se proceda, pero todos sabemos que en muchas ocasiones, se trata de simples mecanismos publicitarios. Pero lo que queda es la polarización y el encono.

Encono y rencor tan viscerales, tan irracionales, tan dañinos como los que destila día con día, un Andrés Manuel López Obrador que no tiene problemas en presentar a todos sus adversarios potenciales en el 2018 como parte de la mafia en el poder, sintiéndose el único químicamente puro, a pesar de ser el único que viola normas éticas y legales haciéndose una descarada campaña anticipada en televisión; pidiendo recursos para fundar universidades y escuelas que no existen; para lanzar a candidatos (como en el municipio del Centro, en Tabasco) que hace apenas unos meses acusaba públicamente de corruptos y que ahora como se pasaron a Morena, han quedado limpios de pecado; o respaldando, como lo hace AMLO a aquellos que aseguran, sin ruborizarse, que los gays, sencillamente, no deberían existir y rechazando cualquier legislación que los proteja contra la discriminación; acusando de corruptos a los que lo invitaron a su partido, lo hicieron candidato 2 veces en Tabasco, una vez en el DF, 2 veces candidato presidencial: ¿Ahora todos ellos, todos los que lo impulsaron desde el PRD en ese camino pero no en la aventura de crear Morena, son corruptos y parte de la mafia en el poder? ¿Se imagina esa bola de enconos, intolerancia y descalificaciones en el poder?

Pues en eso tendrán que pensar los candidatos que no empiezan aún su campaña, pero ya han comenzado a insultarse día con día en Veracruz y mañana en buena parte del país.

No es mala idea tipificar el "delito de fanfarronería", como ayer lo definió Ismael del Toro. Bajo esa premisa, naranjas y azules, todos parejo se iban directito al tambo.

En el caso del funcionario de Guadalajara, Hugo Luna, el registro de una incómoda negociación con comerciantes del Mercado Corona es una bomba que le estalla en el rostro a todo su partido, Movimiento Ciudadano, con esquirlas que rebasan las fronteras de Jalisco, porque las groserías son claras y la bravuconería política es siempre muy mediática.

La bravuconería de Luna es grave para su partido: saben que tienen fuerza y eso les da confianza, la que a su vez los lleva a afirmar con músculo su verdad, lo que significa que empiezan a ser sordos, lo que los conduce a cometer errores. Es el proceso normal del poder, pero les está llegando antes. No es un delito, es una actitud novata. Se llama "subirse al ladrillo".

La necesidad de una 2a. vuelta electoral, la reducción de diputados y senadores plurinominales, derechos humanos individuales, reducción de financiamiento a los partidos y la ley #3de3 son algunos de los temas que trata Jorge Castañeda en Sólo así. Para el ex canciller, es necesaria una ruptura con la impunidad: un hipotético Videgaray como candidato en 2018 "no investigaría a EPN y los casos de corrupción, ni Margarita Zavala lo haría con Calderón". La ruptura legal y pacífica es con las candidaturas independientes.

En entrevista, el autor charló sobre los obstáculos para los candidatos independientes: "1o. está interponer recursos jurídicos, que prosperaron en Aguascalientes y Chihuahua. 2o.: movilizar a la ciudadanía donde hay las llamadas leyes 'anti-Bronco', o acciones para intimidar a la gente para que no firmen, para que no se validen las firmas. Hay que combatirlo con denuncias sistemáticas".

A propósito de los derechos individuales, Jorge Castañeda comentó: "Es una agenda del futuro, moderna, audaz. Temas como los matrimonios gay, el aborto, la muerte asistida, la legalización de la mariguana, no los pueden presentar los partidos. Gente tan distinta como Zavala y AMLO tienen la misma postura retrógrada al respecto. A tono con un sector de la sociedad mexicana, la del pasado. No a tono con el futuro".

La trampa que le montaron al jefe de gabinete de Guadalajara, Hugo Luna, grabando una conversación donde se refiere muy coloquialmente a los magistrados del Tribunal Administrativo del Estado y hace alarde de la fuerza política de los naranjas metió al presidente municipal en un verdadero problema.

Más allá del contenido, que refleja una autosuficiencia y soberbia dignas de un kalifa y muy poco sanas para un ejercicio democrático (ya habíamos hablado del "divato" en el alfarismo) el problema es el efecto que esto tiene en el gobierno de Enrique Alfaro. Hugo Luna no es sólo el jefe de gabinete sino el operador político más importante en el gobierno municipal. Los problemas comenzaron cuando el jefe de gabinete de Guadalajara quiso ser también la correa de transmisión entre el alcalde de Guadalajara y los alcaldes de otros municipios metropolitanos gobernados por Movimiento Ciudadano. El 1er. encontronazo fue con el alcalde de Zapopan desde antes de tomar protesta como alcalde, y después han venido otros de no menor tamaño con varios miembros del equipo. El golpe abrió un boquete en la credibilidad del principal operador de Alfaro.

Más allá de lo estrictamente político la crisis muestra otro punto débil, que es la falta de recursos humanos. Enrique Alfaro confía en su equipo cercano, y sólo en su equipo cercano. Tiene una banca muy pequeña, por no decir nula. Es cierto que nadie es imprescindible, y menos en la política, pero en este momento del partido el alcalde no puede darse el lujo de prescindir de ninguno de sus cuadros estratégicos.

Esta es la 1a. crisis política seria del gobierno alfarista; literalmente se cayeron de los cuernos de la luna. Si entienden lo que pasó, la crisis les va a ayudar a bajarle 2 tonos al discurso sobrado con el que llegaron y corregir. Si es así les habrá salido barato el quebranto. Si no lo leen bien habrá sido sólo el preámbulo del siguiente golpe, porque en política también existe la ley de la gravedad: entre más se eleva del suelo un político más dura es la caída.

Las declaraciones irresponsables y políticamente obscenas de Hugo Luna, todavía cobrarán una factura muy alta en el futuro.

El problema para el presidente de Guadalajara es que su jefe de gabinete no será visto como único responsable de sus declaraciones prepotentes e ignorantes. Este y los errores que se cometan en el futuro, serán cargados a la imagen misma de Alfaro y de su proyecto.

Además de que el ejercicio del cargo desgasta, Alfaro deberá padecer muchos problemas más como el de la torpe lengua de Hugo Luna.

Por eso, además de cumplir sus compromisos de campaña, el alcalde tapatío está obligado a mejorar el equipo de gobierno que tiene, mejorar sus operaciones, hacer los cambios que sean necesarios y sobre todo, abrirse a quienes no siendo políticos, sí cuentan con el perfil técnico que profesionalice su desempeño y el de sus allegados.

Un proyecto político es tan robusto como profesionales y capaces sean quienes integran el equipo.

Alfaro Ramírez, aunque le cueste, debe limitar su paternalismo y su estilo protagónico. Si quiere pasar de buen candidato a buen gobernante, debe limitar su afán de intervenir en todo, porque eso se llama autoritarismo.

El PRD busca un nuevo crédito bancario para solventar sus gastos, ante la disminución de 30% en sus prerrogativas a causa de los malos resultados electorales.

El sábado pasado, durante la transmisión por Televisa del 2o. día de actividades del papa Francisco, dije que iba a un corte comercial pautado por el INE.

Luego seguí con la crónica de su circuito por un Zócalo sospechosamente vacío.

Para eso, ya habían pasado 3 cortes comerciales que promovían las campañas de candidatos a diputados constituyentes de la Ciudad de México, el ya conocido del presidente del PAN, Ricardo Anaya, en plena promoción personal hacia 2018, y uno del PRI.

Insistí en que eran anuncios pautados por el INE y más adelante comenté que habían sido programados en plena cobertura del viaje del papa.

Esto provocó la ira de al menos 2 consejeros del INE y 2 representantes de partidos políticos que llevaron a Lorenzo Córdova a iniciar un procedimiento de queja de oficio para sancionar dichos comentarios, los míos, asegurando que excedían los límites de la libertad de expresión y violentaban el modelo de comunicación política. Dicha sanción era para que me abstuviera de hacer cualquier comentario con relación a los spots del INE y de los partidos políticos.

Finalmente la Comisión de Quejas y Denuncias del INE lo desechó por 2 votos a 1, rechazando las medidas cautelares en mi contra, pero dejándome abierto un proceso, lo que es un atentado a la libertad de expresión y una muestra de hasta dónde están dispuestos a llegar, pasando por encima de las garantías constitucionales.

Por lo demás, ¿dije algo falso o siquiera inexacto?

¿Dónde está el bien afectado que invocan con un tufillo chavista?

¡Qué grave que en nombre de la democracia, se pase por encima del derecho constitucional a la libre expresión!

Pero así son algunos de ellos que se dicen demócratas.

Desde su recibimiento hasta su despedida, la clase política se desbordó, se desbordó la élite del Estado laico. Dio la impresión que los principales funcionarios públicos del gobierno federal y de los gobiernos locales estaban ávidos de notoriedad, de aparecer cerca del papa en sus anhelos de favorecer sus proyectos políticos o de compartir su popularidad. La verdad, lograron el efecto contrario por la frivolidad de su comportamiento.

Las actividades del papa tuvieron una gran producción y una amplia cobertura. El gobierno federal, a través de Cepropie, fue el encargado de cubrir las actividades que después se compartieron con los medios de información. Si bien los medios desplegaron una cobertura de acuerdo a sus posibilidades y recursos, la parte fundamental estuvo a cargo del gobierno con lo que demostraron sus intenciones de controlar mediáticamente esta visita.

Un elemento a destacar de esta visita fue el papel de las redes sociales. Teléfonos inteligentes, tabletas electrónicas, todo se utilizó para compartir en las redes las actividades del papa. De hecho, varios de los hechos de frivolidad o los excesos de la clase política y del mundo del espectáculo se conocieron por estas redes sociales.

¿Qué queda de la visita del papa? Un sentimiento de satisfacción en la mayoría del pueblo católico y una sensación de que la clase política está, desgraciadamente, dominada por el cinismo.

Terrible la grabación filtrada que exhibe a Hugo Luna, jefe de gabinete de Enrique Alfaro, y que demuestra en pocos segundos la prepotencia y autoritarismo con la que se ostentan algunos que lo rodean en la carrera para la gubernatura del estado.

Independientemente de las consideraciones morales de sus declaraciones, como abogados nos debe preocupar que alardea del poder que gozan él y su patrón para hacer temblar al Tribunal de lo Administrativo ya que este piensa que el estado es él, nos recuerda los gobiernos fascistas y totalitarios, "...yo soy aquí el cabrón que tiene la capacidad de hacer las cosas", agregó, señalando además, falsamente, que ahí están luego los magistrados pidiendo esquina.

Pero lo más grave de todo fue el señalar que cuenta con el poder para "linchar" a un magistrado, ya que tiene "nomás aquí en el estado" 14 diputados y 25 en el congreso federal, amenazando, además que, si la constructora quería 3 años de Enrique y 6 más, porque ya se sienten en el Gobierno del Estado se tiene que alinear. En los próximos días conoceremos otras grabaciones donde amplía sus amenazas, según informan.

Las grabaciones filtradas por el interlocutor de Hugo Luna, lo único que revelan es que cuando un político alcanza niveles superiores de poder lo que menos debe es perder la cabeza y sentirse que es el poder mismo, pues queda como la fábula del mosquito y el león. Soberbia y florido lenguaje sobran en los audios de los que dicen tener más, sin embargo no se aprecia en ninguno de ellos, sin ser peritos en el tema, algún indicio constitutivo de delito, o de acto de corrupción. Lo que sí deja como moraleja al jefe de gabinete y al gabinete entero de Enrique Alfaro es que el pez por su propia boca muere, y que en boca cerrada no entran moscas.

Candil de la calle y oscuridad de su casa resultan los priistas, quienes ayer salieron a rasgarse las vestiduras tras las grabaciones filtradas del cítrico, Hugo Luna, y demandaron la cabeza del funcionario tapatío. Peeeero cuando le cuestionaron a Hugo Contreras la conducta violenta cuasi neandertal del aliado político de su bancada Enrique Aubry, quien agredió del director del Instituto de Movilidad y del Transporte, Mario Córdova, se limitó a pedir que las preguntas se centraran en su blanco... el jefe de gabinete de Enrique Alfaro. Pero eso no quedó ahí, pues al término de la conferencia de prensa se escuchó a Jorge El pariente Arana decirle al presidente del PRI estatal que ni el lunes se le ocurriera hacer referencia al caso de Aubry.

La asociación "Mercado Corona por Siempre" tiene en su poder más audios donde se involucra al jefe de gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara, Hugo Luna, en declaraciones polémicas. Así lo afirmó el abogado de la organización Óscar Díaz y precisó que son 5 materiales más los que harán públicos.

Este día circuló un audio donde el funcionario municipal pide a los locatarios inconformes desistir de sus juicios en el Tribunal de lo Administrativo del Estado, al afirmar que el presidente municipal Enrique Alfaro les puede "dar un manotazo" a los magistrados.

"Con mucho gusto se los proporcionamos. Este lo dimos a conocer porque es donde se expresa se esta forma. En las otras charlas van a escuchar groserías, pero no amenazas como en esta ocasión", indicó.

Hubo un tiempo en que se puso de moda decir que gobernar es comunicar. Hay mucho de cierto en la oración, excepto quizá que el verbo no es el correcto. Decir que gobernar es comunicar resulta absolutamente reduccionista. Gobernar, en todo caso, implica comunicar, pero no basta, y si alguien tiene duda que le pregunte al "Bronco". Gobernar requiere pensar, imaginar, escuchar, arriesgar, conciliar... Comunicar pues no basta, mucho menos si comunicar es gobernar con y para las redes sociales.

Lo único peor que gobernar con ocurrencias (como atinadamente los priistas criticaron al gobierno de González Márquez) es gobernar con las ocurrencias de las redes.

La Auditoría Superior de la Federación alertó sobre la práctica recurrente de las entidades federativas de incurrir en subejercicios, lo que abre la puerta al desvío de recursos.

Los estados que registraron mayores irregularidades en el ejercicio del gasto federalizado son Veracruz, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

"Es mi deber señalar que las observaciones en las auditorías al gasto federalizado son numerosas... la causa de raíz es la inadecuada implementación de sistemas de control interno y el diseño inapropiado de la normativa. Sin embargo, detrás de estos factores se encuentra una falta de voluntad política por generar las condiciones adecuadas para rendir cuentas", concluyó el auditor Juan Manuel Portal.

En total, la ASF emitió observaciones al gasto federalizado equivalentes a 77,380 millones de pesos, 13% del universo auditado.

De ese monto, 36.8% corresponden a observaciones por recursos no devengados, no ejercidos o no reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Los fondos en que las entidades federativas tuvieron altos niveles de observaciones son el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, el Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud, Proyectos de Desarrollo Regional, Prospera, entre otros.

La única manera de frenar la práctica, consideró [el auditor], es aplicar rigurosamente la ley, es decir, que una vez que venza el plazo de aplicación de los recursos, éstos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral decidió, este 16 de febrero, descartar la propuesta del consejero José Roberto Ruiz Saldaña de sancionar a varios conductores de televisión por haber hecho comentarios negativos sobre la propaganda política con la que por ley las televisoras han tenido que interrumpir la cobertura papal.

"Percibo un intento por generar antipatía a la transmisión de mensajes -dijo el consejero Ruiz Saldaña-. Por eso se dice 'Lamentablemente', 'Vaya por un cafecito'. Esas editorializaciones o manifestaciones. pueden generar un desánimo del radioescucha y el televidente de no ver el mensaje."

Para los censores este "desánimo" es intolerable. No pueden aceptar ninguna crítica a la avalancha de propaganda política que agobia a los públicos de radio y televisión abiertas de nuestro país y que no afecta a la televisión de paga o a las emisiones por internet (aclaro interés: yo colaboro tanto en radio como en televisión abiertas). La propaganda está hecha para lavar el cerebro de los mexicanos y hacerles pensar que tenemos la mejor clase política posible. Cualquier intento de cuestionamiento debe ser por lo tanto acallado por los funcionarios y burócratas que tienen el encargo de cuidar a esa clase política.

La censura se aplica ya de manera sistemática. A las televisoras, por ejemplo, se les ha prohibido colocar cortinillas para distanciarse de los 48 minutos diarios de propaganda que se ven obligadas a meter en su programación. Poco importa que la distancia sea correcta, ya que las empresas de medios no son las responsables de esa propaganda que irrita a una parte muy importante del público. La clase política, sin embargo, reaccionó con furia ante las cortinillas y ha prohibido su uso.

El consejero Ruiz Saldaña afirma que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto. "Hay valores que proteger -afirma-. En este caso, que vaya íntegra la pauta". Es el argumento clásico de un burócrata y de un censor: la pauta de los partidos políticos, el gobierno y el propio INE es más importante que la libertad de expresión.

En 2007, cuando se hizo la "reforma política" que obligó a la radio y la televisión abiertas del país a difundir propaganda de manera sistemática, varios políticos me dijeron que tomaban esta medida para evitar extorsiones por parte de los medios y para cuidar su propia imagen. "La razón por la que los políticos tenemos tan mala reputación en México -me dijo una política priista, que ha ocupado cargos muy importante en el partido y en la administración pública- es por los cuestionamientos constantes que nos hacen ustedes los periodistas". Si los políticos tuvieran la oportunidad de mandar sus mensajes directamente al pueblo, sin pasar por el filtro de los periodistas perversos que todo lo tergiversan, tendrían una mejor imagen y podrían ofrecer un mejor servicio al pueblo de México.

Llevamos ya, sin embargo, 8 años con este sistema de propaganda política que nos separa de los países democráticos y nos acerca a regímenes dictatoriales como el de Venezuela, y la imagen pública de los políticos y las instituciones, lejos de mejorar, ha empeorado. La gente no es tonta y sabe cuándo se le engaña, como cuando se le acosa con dosis diarias de propaganda.

Hoy el consejero Ruiz Saldaña argumenta que para proteger el valor fundamental de contar con una "pauta íntegra" de propaganda política, el Estado debe descartar algunos derechos menores, como ése de la libertad de expresión. Afortunadamente otras dos consejeras, Adriana Favela y Beatriz Galindo, tuvieron el valor de detener el intento del censor.

Algo no está funcionando en el equipo del alcalde de Guadalajara. El talento, que lo hay sin duda, está opacado por una burocracia llana y mareada de poder. Gobernar Guadalajara requiere un alcalde fuerte, pero también un equipo eficiente y suficiente.

Con el reconocimiento de las iglesias en la reforma salinista de 1991 se relajó la antigua tensión y se olvidó el verdadero sentido del Estado laico que no es otro que proteger el derecho a la creencia de todos los mexicanos. Para que cada uno de nosotros pueda creer lo que quiera, el Estado y sus instituciones no deben favorecer ni promover credo alguno. El problema hoy pareciera ser el inverso, gobiernos y partidos buscando favorecerse de instituciones eclesiales y del carisma religioso.

El domingo pasado, en 2 estampas que nada tienen que ver una con la otra, vimos este vínculo entre política y religión que, si no lo cuidamos, nos puede llevar nuevamente a terrenos no deseados de la religión metida en la política y la política en la religión.

Por un lado, vimos la primera dama acompañando al Papa Francisco a un hospital de niños enfermos de cáncer. La producción televisiva, hecha por el propio gobierno a través del Centro de Producción de Programas Informativos e Especiales estaba pensada para reivindicar la figura de la esposa del presidente. Ella no es funcionaria pública, y en su carácter de primera dama no se despegó del Papa Francisco los primeros días de la visita. Hay claramente en esta producción una búsqueda de usar la visita papal para reafirmar la desgastada figura del Presidente y su esposa a raíz del escándalo de la casa blanca.

La 2a. estampa es la Iglesia de la Luz del Mundo realizando un bautizo masivo en la Plaza Liberación. No es extraño que existan manifestaciones religiosas en las calles de la ciudad. Cada 12 de octubre los católicos toman un parte de ella para hacer la romería de la catedral de Guadalajara hasta Zapopan, y cada 15 de agosto la Iglesia de la Luz del Mundo toma una gran parte del oriente de la ciudad para conmemorar la Santa Cena que congrega a decenas de miles de fieles de todo el mundo.

Lo que no habíamos visto es que el municipio cediera la principal plaza de la ciudad en el día del aniversario de la ciudad. Las autoridades lo negarán tantas veces como sea necesario, pero en esa decisión hay todo menos candidez política. La Luz del Mundo fue importante para el triunfo de los candidatos de MC y están pagando favores con espacio público.

Las 2 estampas urgen a repensar las relaciones entre el Estado y las iglesias. Ya no se trata sólo de un tema de libertad de creencia, en eso no puede haber un centímetro para atrás, sino de cómo políticos y líderes religiosos se relacionen y se pagan favores con recursos públicos. Ahí están los nuevos retos del Estado laico.

Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Veracruz son los estados más endeudados al cierre de 2015, con relación a los recursos que reciben del gobierno federal a través de participaciones. La deuda promedio de estas entidades representa el 222% de sus participaciones.

Por su parte, Jalisco ocupa la posición número 17 al registrar una deuda que representa 62.2% de los ingresos que recibe por participaciones.

En términos absolutos las obligaciones de Jalisco ascendieron a 25,590.7 millones de pesos a 2015, con lo que la entidad se situó como la 7a. entidad en el país más endeudada.

Quintana Roo tiene una deuda que representa 269% de sus participaciones. Su monto en millones de pesos es de 22,442.5 y como proporción con su PIB sus compromisos financieros representan el 8.5%.

Coahuila tiene una deuda de 38,008 millones de pesos, que representa 262% de sus participaciones y 6.6% de su PIB.

En Chihuahua la deuda sumó 42,762.1 millones de pesos ó 228% de sus participaciones. En tanto, en Nuevo León y Veracruz la deuda representó 221% y 133%, respectivamente.

Kristobal Meléndez, investigador especializado en finanzas estatales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, expuso que en administraciones pasadas los gobiernos estatales se endeudaron aprovechando el bajo interés por préstamos, sin embargo la posibilidad de que suban las tasas de interés de los bancos representa una alarma para las entidades.

A nivel nacional los datos de Hacienda indican que en 2015 el saldo histórico de obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y sus organismos, incluyendo al exDF, ascendió a 536,269 mdp que implica un alza de 5% respecto a 2014.

El Papa Francisco está a punto de llegar a México y como si su sola presencia no fuera noticia, los gobernadores de los estados que visitará, junto con los alcaldes de las sedes, se han encargado de recordárnoslo día y noche en una redundante e inútil campaña publicitaria... que pagamos nosotros.

Los gobernantes intentan manipular el mensaje del Papa, como si Francisco los hubiera elegido por bonitos cuando realmente los escogió por problemáticos. Y a la Ciudad de México, lo dejó claro, sólo porque ahí está la Basílica de Guadalupe.

Bergoglio eligió Chiapas por lo que representó el obispo Samuel Ruiz (q.e.p.d) y su revolución de indígenas pobres; Ciudad Juárez por las crisis de migración, feminicidios y crimen organizado; Ecatepec por los males de la pobreza urbana; y Michoacán por la devastación que genera la violencia.

El miércoles de la semana pasada hubo una cumbre en Los Pinos. La encabezó el presidente Enrique Peña Nieto. Asistieron los integrantes de su gabinete de Seguridad y los mandatarios de las entidades donde estará el Pontífice argentino. No se notificó de ninguna amenaza que pudiera poner en riesgo la visita, pero sí hubo comentarios "en corto" de lo caro que va a salir el asunto: desde bacheo, repintada, remozada... ¡hasta los que están casi construyendo catedrales!

A 4 meses de que termine su gestión y cuando todo indicaba que se iría de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco sin rendir cuentas y sin aclarar las múltiples dudas que ha provocado el manejo discrecional con el que por años manejó el dinero público del órgano fiscalizador, los nuevos diputados de la LXI Legislatura sorprendieron gratamente al romper con la sumisión y miedo que les impuso a las pasadas 4 legislaturas, y ordenar una auditoría al otrora intocable auditor, Alonso Godoy Pelayo.

Con más de una década enquistado en la ASEJ, Godoy nunca había sido objeto de una auditoría de los diputados, sus jefes, desde la Legislatura LVII. Lejos de ello, la voraz y corrupta Legislatura LVIII lo premió con el pago de presuntas prestaciones por casi 10 millones de pesos y los de la Legislatura LIX y LX nunca se atrevieron a investigar esa y otras irregularidades. Respaldado por quienes controlan los partidos políticos, la UdeG, ayuntamientos y el gobierno estatal, que lo mantuvieron ahí por años a cambio de una fiscalización a modo, que les permitió aumentar canonjías y corruptelas con impunidad garantizada. En esa complicidad, y en una paradoja que rayó en la burla a la inteligencia y dignidad de los jaliscienses, el fiscalizador del estado se convirtió en el funcionario que más se resistió a la rendición de cuentas. Además del opaco manejo de la nómina y las compras, Godoy se autoasignaba el sueldo que lo colocó como el auditor estatal más caro del país y sin justificación alguna se mandó hacer un megaedificio para sus nuevas oficinas, en una compra muy poco clara de los terrenos en que hizo la edificación. Cuando los diputados de la pasada legislatura lo llamaron a cuentas los ignoró y doblegó impunemente.

En corto, muchos de los diputados confesaban que estaban atados de manos, no sólo por sus jefes políticos que les prohibían toda acción contra Godoy, sino también por el uso faccioso de la ASEJ, desde donde se amenazaba a los diputados que habían sido alcaldes, con revisar con lupa sus cuentas públicas si osaban cuestionar y señalar los excesos del titular del máximo órgano fiscalizador del estado.

En las pasadas elecciones locales en el municipio de Centro, donde está Villahermosa, la capital de Tabasco, perdió el candidato del PRI Evaristo Hernández Cruz ante el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, que tenía todo el apoyo del gobernador Arturo Núñez, dejando al morenista Octavio Romero tan lejos, que dejó al partido como 5a. fuerza.

En aquella campaña, que también enfrentó a Núñez con Andrés Manuel López Obrador, éste descalificó así al candidato priista: La mafia del poder tiene un plan para aplastar a Morena en Tabasco. El candidato del PRI, ya saben ustedes quién es, es el corrupto, el tal Evaristo Hernández Cruz, y el candidato del PRD se echó a perder por completo, se llama Gerardo Gaudiano.

Y así quedaron las cosas.

Vendrían las elecciones y, al agravio de la derrota electoral, el verdugo: su ahora repudiado PRD. El resultado se llevó a los tribunales que las anuló, llamando a un proceso extraordinario en el que el PRI dejó fuera a Hernández Cruz y designó a otro, lo que produjo el milagro de la conversión y perdón de los pecados del priista: el viernes, López Obrador concedió la absolución al mismo Hernández Cruz, quien tras separarse del PRI corrió al redentor: No me siento ofendido por lo que me dijo. Al calor del discurso, uno se enciende y hay veces que uno dice cosas que no quiere decir, no tengo la piel tan delicada, dijo tras ser designado por el mismo salvador como candidato de Morena a la presidencia municipal de Centro, que, le recuerdo, había perdido como candidato del PRI.

¿Cómo se dio esta indulgencia plenaria, este bautismo que absolvió hasta el pecado original priista?

Muy sencillo. Dijo el redentor: Todo el que está en el PRI, pero se arrepiente de todo lo que hizo mal y decide pasarse a Morena, puede ser perdonado, por él, claro.

Y las puertas del paraíso moreno se abrieron entre trompetas y coros del rumbo.

¡El converso pecador priista había sido perdonado!

¡Hosanna el que viene en el nombre del Señor...!

La reforma política de la ahora llamada Ciudad de México es de momento un cascarón vacío. El contenido debe empezar a construirse todavía y el primer paso es redactar una constitución.

Lo ideal sería una que estableciera reglas fundamentales y garantías individuales. Lo peor, una que reflejara el proyecto político de un grupo o personaje y que sólo sirviera de estandarte a una candidatura presidencial.

Estamos empezando mal. Si bien aún no conocemos a la mayoría de quienes formarán parte de la asamblea constituyente, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ha adelantado los nombres de tres jóvenes promesas: Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Manuel Granados. Nadie los podrá acusar de tener una visión moderna o imparcial. Muñoz Ledo representa esa vieja izquierda que surgió del PRI y se rebeló cuando el sistema empezó a abrirse y a impulsar reformas liberales. Ifigenia Martínez fue la directora que le dio a la Facultad de Economía de la UNAM esa visión marxista que tanto la ha rezagado. Manuel Granados ha sido operador político de Mancera.

Una buena constitución debe ser sencilla y permanente. Debe fijar principios universales que no respondan a ideologías o políticas circunstanciales. Debe obviar los cambios constantes ya que los derechos fundamentales no tienen por qué modificarse con cada gobierno. No debe ser una lista de buenos deseos sino de garantías individuales. Debe crear, en cambio, las condiciones para que los buenos deseos se conviertan en realidad a través de la construcción de una sociedad más próspera.

Es difícil pensar que Muñoz Ledo, Ifigenia o Granados puedan redactar una constitución sencilla, apartidista y equilibrada, una carta magna que garantice los derechos individuales y promueva la construcción de una sociedad más próspera. ¿Alguien ha escuchado un discurso corto y conciso de Muñoz Ledo? Claro que estos 3 no tendrán el monopolio de la redacción, pero la propia estructura de la asamblea constituyente está hecha crear una olla de grillos.

De los 100 miembros, 60 serán postulados en listas de representación proporcional por los partidos políticos y serán electos en las urnas. 14 serán senadores y 14 diputados federales. El presidente nombrará a 6 por dedazo y el jefe de gobierno a otros 6 por el mismo procedimiento. Los constituyentes no percibirán ingresos por su trabajo, lo cual obliga a que sean ricos, corruptos o subsidiados por algún grupo político. No se necesita ser Nostradamus para entender que la fórmula no va a funcionar. La Ciudad de México tendrá una constitución tan mala o peor que la federal.

Un amplio grupo de ciudadanos e instituciones encabezadas por Transparencia Mexicana presentó ayer una iniciativa anticorrupción conocida como la ley 3 de 3, pero que en realidad va más allá de la famosa propuesta que durante el periodo electoral pidió a todos los candidatos que presentaran sus 3 declaraciones: la patrimonial, la fiscal y la de intereses.

En esta ocasión se trata de una ley anticorrupción de gran calado. No es por supuesto la que harían los partidos y mucho menos la que propondría el gobierno, pues ésta califica la corrupción desde la mordida más común hasta el tráfico de influencias, el nepotismo, el abuso de funciones o la colisión, y no considera que la corrupción es un asunto cultural de profundas raíces en nuestro país, sino como un delito que cometen delincuentes y que atenta contra el patrimonio de todos.

La iniciativa contempla una legislación que no sólo sea eficiente en su aplicación, sino que facilite la denuncia y proteja a quien denuncie. Busca que los 10 tipos de corrupción (además de los 5 mencionados arriba se tipifica el desvío de recursos, la conspiración para cometer actos de corrupción, la obstrucción de la justicia, el enriquecimiento oculto y el uso de información falsa o confidencial) sean unificados en todos los códigos del país y tratados de la misma manera en la Ciudad de México y los 31 estados para que la definición de corrupción no dependa del tamaño del cinismo del gobernador en turno. Dicho de otra manera, aceptando que todos son hechos del mismo barro, hay unos más Moreira que otros.

La iniciativa contempla la corresponsabilidad del corruptor así como las sanciones para quienes participan de ella. Finalmente, como parte de esta propuesta, está una plataforma sencilla para la denuncia, protección de testigos, la obligación de los servidores públicos de denunciar actos de corrupción de los que estén enterados, e incentivos a la denuncia.

La iniciativa 3 de 3 no les va a gustar a los políticos; de eso se trata. Aunque en el discurso todos la recibirán con "beneplácito" (palabra dominguera que significa que les importa un bledo) lo que la hará volar será la presión de los ciudadanos. Se requieren 130,000 firmas para que las cámaras estén obligadas a discutirla como iniciativa ciudadana (se puede consultar y firmar en ley3de3.mx) y mucha presión de todos nosotros para que vuele.

A los legisladores mexicanos, desde hace ya algunos años, les pareció que su función era hacer leyes o abrogarlas, o alterarlas o complicarlas, tarea inevitable para instituciones sobradas de personal y de tiempo, muy frecuentemente ineptas para el cargo que tienen, porque ya antes otros legisladores redujeron al mínimo posible tanto la edad como la preparación de estos funcionarios. Con esa permanente ociosidad no sorprende la constancia con la que se les ocurre todo tipo de cosas, no precisamente originales, desde luego, sino habitualmente copiando, o pirateando, como ahora se dice, lo que hacen otros países, sobre todo Estados Unidos. Estos legisladores olvidan que son representantes de la sociedad y que por lo mismo deben defender las obligaciones y los derechos establecidos antes de abolirlos sin siquiera preguntar a la gente que es lo que piensa al respecto.

Hasta donde se sabe muchas de las leyes que rigen constitucionalmente la vida del país, están puestas para contener la conducta del ser humano que de otra manera y con gran facilidad, se desbocaría acabando por destruir el tejido social, la salud mental de sus integrantes y la estabilidad misma de la nación.

De muchas formas podrían los diputados justificar el crecido sueldo que reciben, pero también hay maneras inteligentes de hacerlo, pero no parecen haber dado con ellas, así que sin que nadie se los pida se dedican a proponer cuanta cosa se les ocurre.

La quiebra de proveedores de Pemex era un foco rojo prendido en el tablero de riesgos económicos del 2016. En total la petrolera tiene 9,500 proveedores registrados. El monto de las facturas por cobrar es cercano a 50,000 millones de pesos. ¿Se apagará el foco, luego del anuncio de Hacienda de que apoyará a la petrolera?

Los proveedores de Pemex, que normalmente son muy disciplinados y discretos, empezaron a levantar la voz para hacer público su problema. Se armaron de valor por 2 cosas: la situación es generalizada y la posibilidad de quiebra, una realidad.

La tensión entre Pemex y sus proveedores comenzó a sentirse con fuerza en 2015 y alcanzó niveles muy preocupantes desde el último trimestre del año pasado. Es el reflejo de las dificultades que enfrenta la mayor empresa de México. La caída del precio del petróleo afectó sensiblemente los ingresos de Pemex y produjo una crisis de liquidez. Para hacerle frente, la petrolera tomó diversas medidas, entre ellas "apretar a sus proveedores". Amplió el periodo de pago de facturas, desde los 30 y 60 días hasta 120 o 180 días. En los casos que pudo, renegoció las condiciones de compra a la baja: precio, volumen o ambas.

La asfixia por falta de pagos no es el problema de un puñado de empresas, sino un asunto sistémico. La cifra de 50,000 millones de pesos es el cálculo que hace Erik Legorreta, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo. No ha sido validada por Pemex, pero podría ser mayor. Equivale a una cuarta parte del presupuesto anual de Pemex Exploración y Producción.

Decir no a la propuesta de Pemex, resulta una opción casi imposible para quien le vende. La mayor empresa de México es un monopolio. Pemex es el único cliente para muchas empresas de bienes y servicios. De los 9,500 proveedores, cuando menos un tercio trabaja exclusivamente para la petrolera y el resto la tienen como cliente principal.

Todo parece indicar que el pago de los adeudos se resolverá en Nafin, a través de un programa de apoyo llamado cadenas productivas. Es una especie de factoraje, con un costo de TIIE mas 1.25%. Hay detalles por resolver, dicen los proveedores. La situación de algunos de ellos es desesperada y no tienen tiempo que perder. Desde el punto de vista de las autoridades, el problema para resolver con el máximo de rapidez y amplitud las solicitudes es que no pueden hacer fast track en la revisión de documentos. El expediente Oceanografía dejó huella.

Mucho se dice en relación a la obra que pretende realizar el particular en un terreno de su propiedad en el Bosque de los Colomos acreditada mediante escritura pública del año 1952, lo que ha provocado inclusive competencias entre el equipo del gobernador Aristóteles Sandoval y el presidente municipal Enrique Alfaro, donde inclusive mandaron a diversos funcionarios a recabar firmas para interponer un supuesto amparo con el propósito de que un juez federal otorgue a los firmantes el amparo y protección de la justicia federal, culpando en los medios de comunicación de todos los males al llamando Tribunal Administrativo y a sus magistrados, sin embargo las autoridades no han sido claras al no señalar a la sociedad que los interesados en fraccionar su terreno en el Bosque de los Colomos cuentan ya con el Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Favorable desde el año 2006; Autorización del SIAPA (factibilidad), autorización de la CONAGUA (factibilidad), de la SEMARNAT (factibilidad), de la CFE (factibilidad), pero además un Dictamen de NO Afectación a los mantos freáticos, autorización para entubar el río que pasa por el predio (Chuchucate) y realizar una vialidad primaria sobre el cauce dicho río.

Toda esta documentación junto con los estudios y planos del proyecto se exhibió al Ayuntamiento de Guadalajara en el año 2013 al solicitar la construcción de treinta y cinco viviendas en una superficie de tres hectáreas de bosque, todo esto por conducto del área fiduciaria de Banamex, y este fue omiso en contestar operando, una figura que está en la ley, y que solo aplica ante la negligencia o ¿complicidad? de la autoridad municipal, la positiva o afirmativa Ficta al no negarle al particular las licencias, fundando y motivando su resolución.

Además tanto el ayuntamiento como el organismo OPD Bosque de los Colomos llegaron hasta el Juicio de Amparo y el Tribunal Colegiado que resolvió, confirmó que dicho organismo no tenía interés jurídico y en cambio que los terceros perjudicados en el amparo sí acreditaban el interés jurídico con el título de propiedad, que el ayuntamiento nunca combatió o tildó de falso.

A pesar de que la afirmativa ficta operó desde la sentencia del 21 de enero de 2013 y que el entonces síndico de Guadalajara, interpuso juicio de amparo mediante resolución se desechó dicho amparo por improcedente, por lo que nuevamente los interesados solicitaron a la Sexta Sala del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco que dictara proveído señalando que la sentencia definitiva del 21 de enero de 2013 está firme y tiene la fuerza de cosa juzgada, requiriendo a las autoridades municipales el cumplimiento de la misma.

Después de ver todo esto, ¿todavía usted culparía a los magistrados de TAE por atentar contra el Bosque de los Colomos?

Creo que al ser ya cosa juzgada es un engaño el seguir haciendo creer a la gente que son autoridades muy responsables o haciendo declaraciones que primero renuncian si se construye un solo metro por parte de particulares en los Colomos, si el particular tiene todas sus licencias en orden aunado a un legal título de propiedad, debemos poner por encima el estado de derecho y la seguridad jurídica, por lo que creo que la única solución viable es que Gobierno del Estado recupere del Ayuntamiento de Guadalajara el bosque, que es propiedad estatal y si quieren evitar la construcción, mejor que nuestras autoridades vayan estudiando la Ley de Expropiación y puedan encontrar una causal para expropiarlo pagando al particular lo justo por su terreno, ya que de lo contrario veremos, con todo el coraje del mundo a éste construyendo sus 35 casas en el terreno de su propiedad y a nuestro flamante presidente municipal Enrique Alfaro renunciando al cargo como lo prometió y todo por la negligencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Los diputados federales de Morena no lograron convencer a su líder, Andrés Manuel López Obrador, para que los acompañara en los 2 días de trabajo donde definirán su agenda. Adelantan que uno de sus principales temas será el de la austeridad en el gasto.

Mancera se pelea con Ricardo Anaya, que, al ritmo de "no queremos otro Moreira", señaló el endeudamiento de la Ciudad de México, que nos podría dejar en calidad de coahuilenses honorarios.

Miguel Ángel Mancera, con una bandera de izquierda, asume actitudes de viejo político priista. Cuando había ganado el gobierno de la ciudad, condicionaba entrevistas a no hablar de Andrés Manuel López Obrador, con quien entonces hasta beisbol jugaba, y hoy que el tabasqueño ha enderezado una campaña en su contra por conducto de Morena, pública y sin tregua, el jefe de Gobierno le responde con bravatas sin atreverse a mencionarlo por su nombre, con llamados a "no sucumbir a caudillismos" y aclaración de por medio: que no se refiere a nadie en particular.

Ya encarrerado en su cargo actual, armó una ofensiva contra su ex jefe Marcelo Ebrard, cuyos frutos son nada despreciables: lo sacó de la jugada para ser presidente del PRD y después diputado federal, con el escándalo del desastre de la Línea 12 del Metro y con la discusión sobre derechos y permisos de una casa en la colonia Roma. Siempre alzando las manos y alegando inocencia.

Mancera es un político en sus 50, que se cree diferente, con mañas y modos de priista de la vieja guardia.

Como cada año, salieron los indicadores de corrupción a nivel mundial y México apareció, una vez más, como el más bajo entre los países de la OCDE, y uno de los peores del mundo. La noticia sin embargo fue recibida en México como a quien le dicen que tiene gripa y no se le ha quitado, entre otras cosas porque no hemos hecho nada para que se nos quite.

A nadie debe sorprenderle que México no haya mejorado en corrupción, porque no hemos hecho nada para cambiar. Es una situación que le viene bien al gobierno y a los grandes capitales; ninguno de los poderosos quiere cambiar el status quo, porque si no fuera por la corrupción no serían lo que son. Sólo en un país ampliamente corrupto como el nuestro la mitad de los grandes capitales surgen de la política y la otra mitad están en relación con ella. Son pocos, por no decir insignificantes, los grandes capitales que no dependen o no se han hecho de la mano del poder político corrupto.

El resto de los mortales si bien somos víctimas de la corrupción, pues pagamos precios de bienes y servicios que no corresponden con el mercado global y recibimos poco o nada a cambio de lo que pagamos de impuestos, tampoco hacemos demasiado porque nos han vendido la idea de que la corrupción es el mejor lubricante de la economía y la mordida la mejor forma de evitar un problema o perder tiempo en trámites engorrosos. ¿Quién debe romper el círculo vicioso de la corrupción? La respuesta siempre será que el otro. Esto es, los empresarios ven como corruptos a los políticos y funcionarios y desde los gobiernos siempre se habla del corruptor como un lucifer que pone tentaciones a los débiles funcionarios (baste recordar las palabras del Presidente, el mismo que dijo que la corrupción era cultural, respecto a la detención de Moreira: "condición humana").

No se trata ya de quién es el bueno o más aún de quién es más malo, si el corrupto o el corruptor, sino de cómo rompemos con esta inercia. No será, podemos estar seguros, desde la clase política ni desde la burocracia. O lo hacemos los ciudadanos, pagando el costo (de oportunidades de negocios, tiempos de espera, etcétera) de no dar dinero fuera de ley, o este problema no tendrá remedio jamás. Si no estamos dispuestos a ello acostumbrémonos a salir el próximo año y el siguiente y el siguiente en la parte baja de la lista.

En 2012 hubo elecciones para gobernador en Jalisco. Para entonces, en la Ciudad de México los matrimonios entre personas del mismo sexo eran una realidad. Pero si en medio de aquel proceso electoral uno preguntaba a los 2 candidatos punteros -ninguno de ellos del PAN, por cierto- su postura sobre ese tema, además de balbuceos y evasivas como respuesta uno obtenía una cara de "no me ayudes, compadre, ya sabes cómo es la cosa acá".

Esos contendientes eran Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano), hoy alcalde de Guadalajara, y Aristóteles Sandoval (PRI), hoy gobernador. Se entiende (sin justificar) que un político busque arriesgar lo menos posible sus posibilidades de triunfo en elecciones, o su margen de maniobra en el ejercicio de gobierno, metiéndose a temas donde cree que perderá votos o apoyo.

Sin embargo, lo que no se entiende es que esos políticos, y otros muchos personajes de Jalisco, por una parte pretendan ser, y mostrarse, como líderes de una comunidad que presume modernidad y apertura, y simultáneamente apelen a supuestas tradiciones locales para no abrazar públicamente derechos universales, como lo es el matrimonio gay.

La ley y los políticos estaban [¿están?] desfasados, capturados por sombras que no debieran secuestrar la discusión pública, como las del clero.

La dirección postal que se utilizará en el futuro para dirigirse a la Ciudad de México es: CDMX, México. ¿A quiénes beneficia ese cambio político? La respuesta es simple: a los políticos. Las molestias y costos que tendrán que sufragarse van a cargo de la ciudadanía; los beneficios de aumento a la burocracia y oportunidades de enriquecerse, son en favor de la clase política.

Sin el afán de hacer una lista exhaustiva, aquí menciono algunos costos: una vez que el ejecutivo federal promulgue la ley que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión, el INE convocará a elecciones para escoger los 100 diputados que integrarán la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y luego viene la elección para las 16 alcaldías (más elecciones).

Costo del cambio de la nomenclatura: toda la papelería de las oficinas públicas tendrá que cambiarse para eliminar la mención al antiguo DF. Para evitar el despilfarro, podría mencionarse en un artículo transitorio que tiene validez legal toda la papelería que mencione a la Ciudad de México como el DF, así como para formas valoradas, calcomanías, placas de vehículos, entre otros.

La ciudad tiene una superficie de 1,495 km2 y para tener servicios tendrá que hacer convenios de coordinación metropolitana como los estamos haciendo en Guadalajara (más burocracia).

Como todas las entidades federativas tendrá 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, que de hecho ya tiene el DF, con otros nombres. La alcaldía de la Delegación Cuauhtémoc será la capital de la CDMX y en ella residirán los poderes.

El poder legislativo constará de 66 diputados, 40 elegidos por votación y 26 por el principio de representación proporcional, según los votos obtenidos por cada partido.

En cuanto a las alcaldías, son independientes entre sí y cada una será gobernada por un cabildo, de elección popular, integrado por un alcalde y los respectivos regidores que la ley determine (más elecciones, más burocracia); gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, lo cual quiere decir que podrán endeudarse libremente.

Definitivamente, nuestra clase política en ningún momento piensa en cómo ahorrar dinero a los ciudadanos con un gobierno más simple y menos costoso, más transparente y mejor controlado.

La iniciativa del gobernador Aristóteles Sandoval facilita las aspiraciones de los ciudadanos al reducir de 2 a 0.5% las firmas de empadronados necesarias para registrar una candidatura independiente.

Esto tiene varias implicaciones políticas, pero la más importante se encuentra en la grilla. Con esta iniciativa, el gobernador manda un mensaje: está del lado de los ciudadanos y propone fortalecer la democracia directa en varias bandas. Quien recibe el mensaje es, además del jalisciense, el partido Movimiento Ciudadano, es decir, los alfaristas, quienes tienen los votos necesarios para impulsar o detener la iniciativa. ¿Qué harán? No estoy segura de que se sumen. ¿Por qué? Por pragmatismo político. MC es el espacio natural de participación de muchos ciudadanos inquietos políticamente, sin partido. Ampliar la puerta de las candidaturas independientes va contra los intereses de ese partido, cuyo líder es el candidato a vencer por el PRI en 2018.

Es muy hábil la apuesta del gobernador. Con una medida socialmente bien vista aunque institucionalmente peligrosa, gana aunque pierda. Si pierde por la oposición de MC en el Congreso, arrebatará una bandera importante a un partido rival. Si gana, es decir, si aprueban los diputados la iniciativa, pegará electoralmente en una de las principales fortalezas del partido de Enrique Alfaro.

Ahí les va un ejemplo de los amarres de "hueso" en el IEPC Jalisco. Virginia Gutiérrez, una de las consejeras que se oponen al dictamen para ratificar a los directores del organismo, tiene sus canicas empeñadas con Alberto Esquer, hoy alcalde de Ciudad Guzmán; él como diputado local la ayudó a sentarse en una silla del Instituto. Pero Esquer, aquí viene la magia, en realidad promovió a la hoy consejera por "favor recibido" del entonces magistrado electoral Jacinto Silva, quien le ayudó a arrebatarle la curul a Faviola, la hermana del senador Chema Martínez. Virginia era la secretaria del magistrado Jacinto.

Desde que se incluyó en el Pacto por México, la Reforma Política del Distrito Federal hizo salivar a demasiados políticos. Pero la gente de a pie se pregunta, ¿y a mí en qué me va a beneficiar? o ¿en qué me va a afectar el cambio?

El parque vehicular del Ayuntamiento de Guadalajara, patrimonio de los tapatíos, padece de descuidos administrativos de los funcionarios encargados de resguardarlo. Vehículos abandonados en talleres, resguardos sin actualizar y facturas y llaves extraviadas son algunas de las omisiones.

Según el dictamen de entrega recepción, la alcaldía tiene 2,328 unidades en activo, pero se desconoce la información de cada una en el caso de golpes, estado del motor, entre otros, por falta de resguardo de cada uno. Sólo se localizó el resguardo actualizado de 24.

También se detectaron alrededor de 501 vehículos inservibles, algunos de ellos con autopartes faltantes y otros que fueron completamente desarmados, pues no tienen motores, cajas de transmisión y baterías.

Por desacuerdos y omisiones, el ayuntamiento abandonó al menos 40 vehículos oficales en talleres mecánicos y aseguradoras desde hace casi 5 años.

Por si fuera poco, al menos 12 vehículos ingresaron a las aseguradoras por robo y siniestros de 2008 a 2010, pero nunca se les dio seguimiento ni se reclamó la póliza. 7 más cuentan con proceso por robo desde 2014 en otra institución de seguros, aunque sólo se ratificó la denuncia de 5. Y otros 4 tienen proceso por pérdida total sin recibir pago alguno.

Respecto a las unidades con problemas legales se detectó lo siguiente: 67 vehículos robados, 26 vehículos de pérdida total, 48 en proceso de Fiscalía (porque participaron en algún accidente) y 40 unidades en el IJAS.

Hay 2 unidades robadas que no están reportadas en la Fiscalía y mucho menos a la aseguradora. Falta la factura original de 142 vehículos por lo que dificulta el trámite de pago del seguro si sufrieran algún percance o fueran robados. Mientras que hay al menos 62 en almacenes de aseguradoras que se reportan como pérdida total por siniestros.

Son "el rey Sol" del sistema político contemporáneo. Nada eclipsa su hegemonía. Son capaces de someter a cualquier poder local. Dominan el poder legislativo; controlan al poder judicial. Pocos son los medios de comunicación que pueden hacerles sombra. A billetazos, construyen aliados en el sector privado, en las organizaciones civiles y entre la prensa. No hay auditor insumiso que se atreva a cuestionarlos. Son los gobernadores, los virreyes contemporáneos. Acompañados de presupuestos sin parangón en la historia de nuestro país y de una cooptación política al límite, los gobernadores se imponen sin contrapesos. La fragilidad de la investidura presidencial dio paso al tiempo de los hombres fuertes en los estados.

En México, los poderes regionales siempre han tenido plena vitalidad. El "porfiriato" logró domarlos y el régimen posrevolucionario firmó con ellos un pacto de impunidad. Los gobernadores nacieron al México posterior al enfrentamiento civil, como los detentadores del poder político de sus estados, con la única condición de ceñirse a los límites que marcaba el partido y el Presidente de la República. Los mandamases estatales gozaron de plena hegemonía en sus entidades, como resultado de un acuerdo con el centro que pagaba con impunidad, la lealtad y la estabilidad política en las entidades federativas. Los caudillos surgidos de la Revolución se llenaban la boca hablando de federalismo y de remembrar a los íconos del pensamiento liberal mexicano. Sin embargo, en la mente no tenían la idea de un federalismo capaz de domar a los poderes centrales, de contrapesar las tendencias autoritarias de un gobierno central. Tampoco tenían en la mente un sistema federal que emergiera del respeto a la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. No, el sistema de dispersión de poder regional aseguraba el control político nacional, la estabilidad posrevolucionaria y la protección de los cacicazgos fincados en los estados. Un federalismo de caciques.

Dicho acuerdo sobrevivió durante sexenios. El Presidente de la República era el árbitro del sistema político y sólo llamaba a orden a los gobernadores, cuando estos se pasaban de los límites marcados por el centro. En resumidas cuentas, cuando perdían el control político de sus entidades y, por lo tanto, amenazaban con sus desplantes la estabilidad del país. Vicente Fox y Felipe Calderón no pudieron con los gobernadores que dominaban la Cámara de Diputados e imponían el ritmo de las negociaciones. Calderón le entregó a la banda a uno de ellos.

La transición a la democracia en México supuso la descentralización de competencias y recursos públicos. En menos de una década, los gobernadores pasaron de administrar el 12% del gasto nacional, a controlar poco más del 40%, en un periodo además caracterizado por la entrada de millones y millones de dólares producto de la venta de petróleo en el mercado mundial. Los gobernadores se convirtieron en los "ricos nuevos"; de la noche a la mañana, no había nada que no pudieran comprar. De 2005 a 2015, el presupuesto del Estado se incrementó en 127%, en términos reales. Gobernadores, que habían sido fieles subordinados al Presidente de la República para poder obtener recursos económicos para sus estados, ahora contaban con la autonomía financiera suficiente como para no voltear a ver a Palacio Nacional. La lana, uno de los pegamentos más eficaces para mantener la lealtad de los gobernadores, se esfumaba de las manos presidenciales. Y con un elemento adicional, los gobernadores fueron liberados de la tortuosa responsabilidad de cobrar impuestos, por lo que la alegría fue total. La tenencia, uno de los pocos impuestos que se cobraba en los estados, despareció de un plumazo. Gasto excesivo y sin responsabilidad, una fórmula que incubaba su propia corrupción.

La autonomía fue entendida por los gobernadores como una justificación ideal para la impunidad. A distintos niveles, pero los gobernadores fueron capaces de construir en sus estados una red de alianzas políticas sin igual. En la oficina del gobernador, igual desfilaba el titular del instituto electoral o el principal líder de la oposición en el congreso. El dinero a carretadas, supuso también que los gobernadores se armaban de una capacidad inusitada como para someter a cualquier poder que le hiciera sombra. Sólo en 2014, los gobernadores de los estados gastaron 5,376 millones de pesos en medios de comunicación, pero sin reportar el destino del 53% de esos recursos. Cifras similares se repiten en las asignaciones presupuestales a los congresos locales, a los órganos autónomos o en las partidas de apoyo empresarial. La cartera, abierta sin matices, para comprar cualquier atisbo de oposición.

El caso de Humberto Moreira es simbólico de esta degeneración del federalismo mexicano. El ex gobernador de Coahuila fue detenido en Madrid por el cargo de lavado de dinero, por una investigación que comenzó en los Estados Unidos. Seguramente, el juicio devendrá en muchísimos cargos más por los que el profesor tendrá que responder. Sin embargo, todo lo que hizo Moreira es prueba de esa impunidad con la que operan los gobernadores. ¿Cómo es posible que un gobernador pueda endeudar a su estado en 34,000 millones de pesos de un plumazo? La impunidad con la que actuó Moreira es un espejo de lo que aún no descubrimos en muchísimos estados de la república.

El poder de los gobernadores no sólo está atado a la chequera, a esos miles de millones de pesos que reciben de la federación. Su capacidad de corromper a la oposición, o a los contrapesos sociales y políticos, está íntimamente relacionada con la discrecionalidad del uso de los recursos. Es una realidad no sólo en Jalisco, la auditoría superior de los estados no funciona. Al revés, funciona precisamente para la opacidad. Es el encargado de proteger a los poderes políticos y evitar la rendición de cuentas. Y qué decimos del congreso, depositario de la facultad constitucional de fiscalizar, pero que en la práctica funciona como un espacio de intercambio de cuentas públicas en donde los unos se tapan a los otros con total cinismo. La impunidad en el uso de los recursos públicos es un cáncer que corroe a las instituciones y lastima a la democracia.

Quien paga manda, y como lo ha demostrado Luis Carlos Ugalde en sus investigaciones sobre las negociaciones presupuestales, "el barril del puerco", la bolsa de recursos para comprar aliados, ajusta para que todos se metan al acuerdo. Paradójicamente, el presupuesto en los estados siempre sale con unos niveles de consenso muy amplios.

Los ministerios públicos se encuentran ligados orgánicamente al poder ejecutivo, lo que provoca la imposibilidad de que existan investigaciones independientes y una justicia ciega en materia de colores partidistas. No veremos a ningún gobernador siendo juzgado en su estado, mientras prevalezca el modelo de un poder judicial atado a los designios del gobernador en turno, o ex gobernadores que siguen contando con lealtades internas, y que las procuradurías no cuenten con la autonomía necesaria para hacer bien su trabajo.

Ahora, a 16 años de la alternancia política, es momento de emprender las reformas necesarias a nivel local, que limiten el poder de los gobernadores y que sirvan de plataforma para fortalecer las instituciones locales de combate a la corrupción, fiscalización de recursos públicos y contrapesos políticos.

Un dato interesante en el caso Colima es que los 503 votos que el candidato del PRI le había sacado al del PAN en la elección anulada de 2015, ahora se convirtieron en casi 10,000 y que el PAN disminuyó su votación en 7,377 votos. Esto muestra 2 cosas: una, que es más fácil que un mal candidato haga perder a un partido a que un partido haga perder a un buen candidato; y 2, como con ésta serían 3 las elecciones para gobernador que han sido anuladas y en las que en la extraordinaria ha vuelto a ganar el mismo candidato que resultó triunfador en la elección ordinaria, se debería acotar en la ley la facultad del Tribunal Electoral para anular elecciones, remitiendo las causales a hechos empíricos comprobados, y no a dichos o declaraciones de políticos con intereses en las elecciones."

El PRD se ha reducido a una red de operadores con control clientelista, que requiere de una cantidad ingente de recursos para funcionar, pero que produce magros resultados electorales.

Claro que como bien lo expresa su spot gratuito más reciente: ¡se le tiene miedo! Pero no a él, quien en su infinita soberbia se imagina libre de su amarga frustración y naturaleza perdedora... Se le teme al volumen de ignorancia de ese pueblo a quien argumenta representar, y lejos está de darse cuenta de que -con su mesiánico lenguaje- AMLO sólo pretende medrar a sus expensas para así poder seguir viviendo bien, sin preocuparse por trabajar. Venezuela está a punto de liberarse del "chavismo"; no debemos de permitir que se obligua a nuestro México a vivir un calvario de esa magnitud.

No es equitativo que el presidente de un partido se apropie de los tiempos oficiales para su promoción personal, como hacen Andrés Manuel López Obrador en Morena, Ricardo Anaya en el PAN y Agustín Basave en el PRD, que no proyectan plataforma ni instituto político y todo es parte de su campaña.

¿O es que en el PAN, Anaya es el único precandidato presidencial, como sí lo es López Obrador en Morena, donde ni quién le chiste? En el caso del PRD la historia es otra, pero el método el mismo: a la carencia de cuadros propios competitivos para 2018, Basave ha tomado la decisión de llenar ese vacío con miras a construir su candidatura. Pero como sea, en ninguno hay un proyecto de partido, es publicidad personal ocupando tiempos oficiales.

¡Qué pronto aprendieron Anaya y Basave de López Obrador!

Y por eso son los menos interesados, al contrario, son los principales opositores, a un cambio en la ley electoral cuando la actual les asegura exclusividad en los tiempos y promoción personal, por encima de la equidad y la ética.

López Obrador acusa al Gobierno del DF de contratar a una empresa, Autotraffic, por razones oscuras. Pero olvidó que fue él mismo quien contrató a esa empresa durante su gobierno, durante el cual los costos de la construcción del 2o. piso [del periférico] fue guardada como secreto de estado. Ya es hora de desclasificar esa información.

El PRI y el PAN de Colima se hundieron en el lodo que daba pena. ¿Cómo? ¿Creían que sólo el PRI lanzó dardos envenenados contra el PAN? Uy no, los panistas empezaron y aún tuvieron lodo para aventar en la jornada de votación.

"Cuando Morena triunfe, en la república nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos", proclama Andrés Manuel López Obrador en un spot que lleva meses repitiéndose hasta el cansancio en radio y televisión, uno de los que usa para hacer campaña a la Presidencia en 2018 antes de los tiempos que permite la Ley.

López Obrador parece desconocer la de Estados Unidos, la nación más importante para nuestro país, nuestra relación económica y política más estratégica.

Claramente López Obrador no es Franklin Delano Roosevelt, pero tampoco México tiene los precedentes para que el político tabasqueño se convierta en uno. Ni siquiera en un Roosevelt de Macuspana.

Se reconoce a Roosevelt como el presidente que sacó a Estados Unidos de la que fue por décadas la peor crisis económica de su historia: la famosa "gran depresión". Pero los grandes estudiosos del tema coinciden en que esto no se debió tanto a su seductor plan New Deal (un atractivo y generoso programa de intervención del gobierno en la economía con regulaciones y programas sociales que hoy sería incluido sin duda en la lista populista) sino a que estalló la Segunda Guerra Mundial y la Unión Americana participó decididamente en ella.

Son cada vez más los autores que de plano consideran que el New Deal profundizó la depresión económica en lugar de mitigarla.

Es obvio que el dueño de Morena no busca declarar la guerra a ningún país, de llegar a Los Pinos. Pero ante el evidente agotamiento del modelo económico vigente en prácticamente todo el mundo y la exigencia de la sociedad para renovarlo, el New Deal de Andrés Manuel López Obrador carece de imaginación, de rigor científico, de conocimiento histórico, y cae en la tentación de proponer viejas medidas, implementadas hace décadas, en contextos diametralmente distintos y con una eficacia francamente cuestionada.

Curioso: Roosevelt se reeligió 3 veces, fue presidente durante 4 mandatos. Literalmente no lo sacaron de la Casa Blanca hasta que falleció.

El sentido común -"el menos común de todos los sentidos", según el aforismo de Jardiel Poncela- ordena dar prioridad a lo urgente, continuar con lo necesario y finalizar con lo útil. A lo superfluo ya le llegará su hora...

A los gobernantes, sin embargo, les da por invertir el orden natural de las cosas: suelen empezar por lo superfluo, aún a riesgo de que el tiempo no les alcance para lo útil, lo necesario y aún lo urgente, porque saben que siempre será más espectacular la caja que el regalo, y que el merengue del pastel vende más que la sustancia... y porque suponen que nunca faltarán tontos dispuestos a celebrar que le den espejitos y lentejuelas a cambio del oro de los impuestos.

Sorprende de sobre manera que los regidores de oposición en Zapopan, PRI y PAN, hayan salido a la defensa de los empresarios de espectaculares pidiendo aplazar la toma de decisiones. La 1a. sorpresa es que se hayan unido en este frente; la 2a. es que claramente se coloquen del lado contrario de los intereses de los ciudadanos. La relación entre algunos políticos y los empresarios de publicidad exterior es vieja y está más que documentada. Los empresarios les prestan o rentan baratos a los candidatos los espectaculares o vallas en el entendido de que una vez en el poder les darán permisos o facilitarán la relación. No se necesita ensuciarse demasiado las manos, basta con hacerse tontos o generar una situación de ambigüedad, como la que piden los regidores, para que ellos puedan hacer su negocio de la mano del TAE.

Así como el ruiseñor canta y la cigarra haraganea, así la obra pública y las licitaciones se retrasan. Es el caso del SITEUR que a un año del accidente relacionado con el Tren Ligero aún no ha licitado el novedoso y platicado sistema de seguridad que prometió el año pasado. Con esos bríos, ya le hace competencia al letargo del ingeniero Roberto Dávalos de la SIOP, que como el Rey Midas, demora todo lo que toca.

Cómo diría un parafraseo de la noventera canción de Franco De Vita: "Nooo baaasta/ con armar un Power Point porque es obligatorio/, proyectarlo en reunión de Gabinete/ sólo para justificar el cheeequeee".

Quemadón que recibió Luis Arturo López Sahagún, tesorero de Movimiento Ciudadano Jalisco, señalado de ser el propietario del auto que trasladaba boletas falsas para la elección de Colima el fin de semana.

A nivel local, las cuentas mochas que, al parecer, fueron la constante en las pasadas (y antepasadas y anteantepasadas...) administraciones; los contubernios que necesariamente hubo entre funcionarios venales y particulares voraces, y se resolvieron con las "afirmativas fictas" que repercutieron en licencias para saltar, de golpe y porrazo, del desordenado crecimiento horizontal de la mancha urbana, a un crecimiento vertical igualmente desordenado, que parece conducir al colapso, a ritmo vertiginoso, a la otrora "Ciudad Amable".

Al menos 80 de las 89 unidades deportivas que tiene a su cargo el Consejo Municipal del Deporte de Zapopan tienen problemas de iluminación, reconoció el director de este organismo público descentralizado del ayuntamiento zapopano, Diego Silva. El Comude Zapopan tiene adeudos históricos con la CFE debido al mal uso y al mal manejo de las instalaciones en administraciones anteriores, pero aseguró desconocer el monto. Dijo que se reunió con representantes regionales de la paraestatal para manifestarles su intención de resolver los adeudos.

Aunque la propaganda de las elecciones de junio pasado debió retirarse 30 días después de las votaciones, en algunas zonas aún permanecen las pancartas que promocionan el voto por candidatos, además, los partidos políticos todavía no son acreedores a un proceso de sanción por no retirar la ahora basura electoral.

La ausencia de un ejercicio político inteligente y honesto, sumado a la falta de una ciudadanía crítica y propositiva trae como consecuencia una serie interminable de corruptelas y descalabros.

Todo indica que el gobierno en este país, en cualquiera de sus niveles, ha caído en manos de un cúmulo de asesores cuya tarea específica no es enseñar a gobernar, sino a sobrevivir en el cargo, pero aún esto lo cumplen desde un escritorio cada vez más lejano de la realidad, apoyados en hipótesis totalmente discutibles.

Esta clase de asesores considera que lo importante son las apariencias, por lo tanto le han estado apostando a la formalidad de los vestuarios, los escenarios y los discursos contundentes y bien timbrados.

Igualmente sostienen la importancia mediática de las cortinas de humo, que hace al gobierno navegar por donde le apetezca, encubrir sus fracasos, o estratagemas, por medio de golpes publicitarios, escándalos triviales, o éxitos irrelevantes.

Los supremos consejeros del gobierno le apuestan también a las alianzas con quién sea y del modo que sea: partidos, empresarios, sectas, medios de comunicación, siempre y cuando aseguren el fin supremo de sobrevivir en el presupuesto por 3 o 6 años, y de ser posible, brincar a tiempo hacia otros nuevos periodos.

Y es que en este arte de aparentar que se gobierna tiene mucha importancia fomentar el olvido, la amnesia social, el no me acuerdo, tarea para la cual cuentan con el extraordinario mundo del espectáculo, lo mismo se trate de traer a Madona que de montar pistas de patinaje, o dramáticos programas de televisión abierta para las masas, o de televisión al estilo netflix para quienes gustan de enajenarse a mayor costo.

No se requiere gran esfuerzo para imaginar el costo que tiene para la ciudadanía tan crecido número de asesores, así como lo que cuesta poner en práctica sus elevados consejos. Parte del absurdo político mexicano es que la clase dirigente no advierta que le saldría más barato gobernar bien, sin tener que dilapidar tantos recursos para sólo aparentarlo.

Pero tal vez la crisis de los partidos, hasta ahora responsables exclusivos del tipo de gobernantes que tenemos, sea la crisis de toda la nación, de pronto incapaz de generar el tipo de personas que la realidad mexicana requiere, no para dar la impresión de que estamos saliendo de nuestros problemas, sino para salir de verdad.

La devaluación de la moneda mexicana, la carestía creciente de la vida, la delincuencia imparable, la corrupción que todo lo invade, el desempleo y la falta de empleo bien renumerada, la desintegración social, la enajenación galopante, las grandes tragedias nacionales, reales y hasta ahora sin respuesta creíble, no se resuelven con golpes mediáticos tipo "Chapo", solamente se distraen. Este tipo de "noticias" no son sino parte del problema, un gobierno que, incapaz de dar resultados positivos, aparenta que lo hace con acciones concertadas, irrelevantes para solucionar los problemas que vivimos.

El parque vehicular del Ayuntamiento de Guadalajara no sólo sufrió bajas por los robos de unidades como lo denunció la síndico Bárbara Casillas a finales de noviembre; también sufre los descuidos de los funcionarios a cargo de los automotores. Por faltas a la Ley de Movilidad u omitir el pago de estacionómetros, los burócratas tapatíos deben 6 millones de pesos.

Por ejemplo, se detectó que desde 2011 hubo servidores públicos que omitieron pagar en los estacionómetros y acumulan una deuda de 2'022,000 pesos en multas al ayuntamiento tapatío y poco más de 131,000 pesos a otros municipios.

Además, los funcionarios deben otros 3'900,000 más en infracciones de Movilidad a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

David Mendoza, director de Administración de Guadalajara, explicó que las multas se acumularon por el mal uso de los espacios de estacionamiento y otras faltas. Los funcionarios responsables deben saldar las deudas. La mayoría aún trabaja para el municipio.

El Reglamento de Patrimonio Municipal en su Artículo 84 Fracción VI establece que los servidores públicos deben responder por el pago que resulte por concepto del deducible de la póliza de seguro vehicular, y los gastos que se generen por concepto de arrastre y multas.

"Solicitaremos por medio de la Contraloría que los citen y expliquen lo que pasó"’, señaló Mendoza. "Si ellos no comprueban que saldaron las multas, los obligaremos a pagar".

Por si fuera poco, el parque vehicular tapatío también acumula una deuda importante por omitir el pago de refrendos en 2015. Con todo y recargos, la administración municipal debe más de 3 millones y si se suma a las deudas por multas, la cifra asciende a 9'113,000 pesos. David Mendoza señaló que no se renovó el refrendo de ninguno de los vehículos del ayuntamiento a pesar que sí había recursos etiquetados para hacerlo.

"Desconocemos por qué no se pagó el refrendo, era una responsabilidad de la administración saliente", explicó el funcionario municipal. Mendoza dijo desconocer el destino de esos recursos y refirió que tal vez se hayan reutilizado en otra partida presupuestal. Señaló que la actual administración tendrá que saldar el adeudo.

Finalmente, por 40 vehículos del ayuntamiento en el corralón del IJAS se deben poco más de 2 millones de pesos. Algunos están ahí desde 2010 y no se realizó trámite alguno para recuperarlos. También adeudan 449,000 pesos a una aseguradora.

En total, el adeudo es de 11'734,000 pesos por multas de estacionómetros, infracciones viales, deudas al IJAS y a una aseguradora.

Pese a que la Sindicatura adelantó, en el proceso de entrega-recepción, que presentaría un centenar de denuncias contra ex funcionarios de la administración de Ramiro Hernández, hasta la fecha el área jurídica del municipio apenas ha presentado 10 denuncias penales.

"Hay varios rubros: el 1o. tiene que ver con el mal manejo de la Tesorería Municipal, otro con la omisión en la defensa jurídica en distintos actos de todo tipo, otro con basificaciones ilegales laborales, otro rubro con la violación a normas urbanas en licencias de construcción de edificios y demás, con la afectación al patrimonio municipal (principalmente en vehículos y bienes muebles)", detalla Hugo Luna.

Entre los funcionarios señalados destacan los ex titulares y ex empleados de las áreas jurídicas, de Recursos Humanos, de Desarrollo Urbano, de Administración y Tesorería.

Sobre la basificación irregular de los 355 empleados de confianza durante la administración pasada priista, Hugo Luna precisa que el ex titular de Recursos Humanos ya fue denunciado por las contrataciones ilegales de empleados allegados a la estructura política de la gestión priista.

También se han detectado 2,440 juicios laborales y en la mayoría de estos laudos el gobierno anterior no presentó defensa alguna.

Pagar por estos procedimientos representaría un gasto de 1,056 millones de pesos para el Ayuntamiento de Guadalajara, a lo que el funcionario comenta: "Estamos defendiendo todos los casos, hicimos una estrategia de no pago a ningún caso, salvo que estuviera totalmente perdido". Aunque la realidad es que en "algunos pocos" se ha alcanzado un arreglo.

En los próximos días se presentarán otros 5 juicios contra licencias de construcción irregulares avaladas por el Tribunal de lo Administrativo.

La frase con que Agustín Basave describió la pugna de las tribus perredistas por el dinero es lapidaria. Digna de un epitafio para el Partido de la Revolución Democrática. "La verdad es que existe una disputa por jirones de nadería", escribió Basave en su carta de renuncia, fechada el 11 de enero. Ni Andrés Manuel López Obrador, al dejar al perredismo, se atrevió a tanto.

Sin embargo, como todo mundo sabe, luego resultó que Basave siempre no renunció. Pero su desistimiento no borrará ni matizará su diagnóstico.

Si realmente hubiera renunciado, esta carta tendría un peso moral y político pocas veces visto. Al no dimitir, Basave la convirtió en un vulgar objeto de negociación, cuyo alto costo correrá a cargo de la ya de por sí golpeada imagen del partido. Y dado que es su segundo amago de renuncia, también su palabra se ha devaluado.

El otro error que Basave no puede darse el lujo de cometer es creer que las tribus que tan bien describe, y a las que ya reconoció públicamente que había subestimado, entendieron su amago y que por tanto se van a portar bien.

El presidente nacional del PRD, Agustín Basave, optó por permanecer en el organismo luego de que la cúpula ratificó su confianza en él y aprobó su estrategia de alianzas electorales con el PAN.

A través de una carta, Agustín Basave Benítez detalló diversas irregularidades en el PRD por la imposición de las corrientes que impiden que salga de la crisis en la que está sumergido; además presentó su renuncia como presidente nacional del sol azteca ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

"Debo confesar que no había yo medido las enormes animadversiones tribales, mayores a las rivalidades con cualquier otro partido", indica.

Basave precisa que no hay consciencia al interior del partido de la terrible situación política que vive el sol azteca.

"Dicho sea de paso, tampoco de nuestros graves predicamentos económicos porque pese a que este año recibiremos 30% de prerrogativas y tendremos que pagar varias multas, casi todos exigen aumento de presupuesto", sostuvo en la carta de 4 páginas.

En una frase el aún líder nacional perredista resume la lucha de corrientes: "La verdad es que existe una disputa por jirones de nadería".

Aseveró que "no existen las condiciones para encabezar un partido de verdadera oposición" y por tanto "he decidido renunciar a la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática".

La propaganda política de la última elección debió retirarse el año pasado, pero el IEPC Jalisco no la ha quitado ante el incumplimiento de los institutos políticos porque según Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente, les ha faltado presupuesto. ¿O sea que sólo con dinero se puede hacer cumplir la ley? En vez de victimizarse por falta de recursos, Alcaraz Cross debería informar mejor cuántos procedimientos para sancionar ha iniciado contra partidos políticos por mantener su publicidad electoral en la calle. ¿O para sancionar también se necesita presupuesto?

Lo que parecía un chiste malo, Cuauhtémoc, el prototipo del futbolista ignorante y mañoso pero genial en la cancha, candidato, se convirtió en pesadilla: Blanco, alcalde de Cuernavaca. Que nadie se llame a engaño: Cuauhtémoc Blanco ganó la capital de Morelos gracias al pésimo trabajo de los partidos políticos. La corrupción, el descaro con que los políticos se ponen de acuerdo para protegerse los unos a los otros o morder el erario, los vínculos con la maña y sobre todo el deterioro de la seguridad permitió que un futbolista sin experiencia política ganara la elección y hoy sea el alcalde de una de las ciudades más importantes del país.

Cuauhtémoc Blanco será un dolor de cabeza ya no para los porteros de los equipos rivales sino para toda la clase política mexicana. De más está decir que no entiende de política. Eso hoy en día podría incluso considerarse como virtud, pero no lo es. La vida pública y sus formas le son ajenas, tanto como los libros, los presupuestos o las leyes. Quiere gobernar con la intuición, con el olfato goleador, con esa capacidad inigualable en México de despistar al enemigo en el área. Pero para gobernar esas cualidades sirven de poco, son apenas 1 o 2% de las virtudes necesarias para ejercer el poder, el otro 98 tienen que ver con disciplina, don de mando, entendimiento de la realidad, capacidad de construir acuerdos.

La tragedia política que se cierne sobre Cuernavaca es terrible. Les costará muy caro tener un alcalde permanentemente enfrentado con el gobernador, al que ve como el equipo rival y que amenaza cada tres minutos con ir con el presidente de la república, al que ve como el árbitro al que hay que reclamarle cada jugada para presionarlo. La sorpresa que se llevará el veterano futbolista y novel político es que a diferencia de las canchas donde una "cuauhtemiña" te reconcilia con el público, en la política sólo existen los resultados y no hay "hinchas" de ningún equipo. Si la paciencia de los dueños de los equipos le parecía corta, ya verá lo fugaz que es la de los gobernados que no tienen tiempo para explicaciones y bravuconerías.

Es cierto, la culpa no la tiene Cuauhtémoc sino quien lo hizo alcalde, es decir la sociedad de Cuernavaca. Pero lo que está en juego en este proceso no es un campeonato de futbol, son vidas de jóvenes que se pueden perder a manos del crimen organizado que ya olió la debilidad del alcalde o padres de familia que podrían perder el empleo ante la salida de empresas de la ciudad.

El chiste terminó; comienza la pesadilla.

Cuahutémoc Blanco Bravo es alcalde de Cuernavaca porque ganó la elección. Su llegada al cargo es totalmente legítima y es voluntad de la mayoría de los votantes. Pero es uno de esos frutos podridos que de cuando en cuando, arroja el sistema democrático. Ignora casi por completo las leyes y cómo se gobierna un municipio, pero lo que es peor para quienes viven en Cuernavaca, carece de habilidad para asesorarse adecuadamente. Cree que el ejercicio de gobierno es una mera manifestación de la voluntad.

Por su fama pública anterior a su incursión en la política, Cuauhtémoc Blanco ya es noticia nacional. ¿Pero por qué rechaza el mando único que aplica el gobernador Graco Ramírez? Nadie lo sabe. Si el asunto quedara en que el ex futbolista es un accidente simpático que se agotará con el paso de los días, sólo sería una anécdota más de la política mexicana, pero aparentemente hay cuestiones más graves detrás, porque el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos, Alberto Capella Ibarra, acusa públicamente que los colaboradores más cercanos "de ese señor que fue futbolista", están ligados con el crimen organizado.

Los candidatos independientes a cargos de elección popular tendrán acceso al financiamiento público para contender en igualdad de circunstancias respecto a los abanderados postulados por un partido político de nueva creación, estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las alianzas entre panistas y perredistas suscitan opiniones de todo tipo. Desde quien las ve como una simple y llana coalición electoral, una estrategia para desbancar al PRI sin tener nada nuevo que ofrecer. Otros la ven como el sinónimo más exacto de la decadencia del partidismo en México, se deriva a vender sus ideales por conseguir más asientos de poder. Y, no falta quienes la ven como la única forma de traer la democracia a enclaves dominados por el autoritarismo del aún vivito y coleando viejo régimen. ¿Se vale que el agua y el aceite pacten coaliciones electorales que limitan el margen de decisión de los ciudadanos? ¿Es justificable disolver a la derecha y a la izquierda en una sola opción con el único objetivo de evitar que el PRI gobierne?

Por lo tanto, hablando exclusivamente de la representatividad, que se una la izquierda y la derecha en una sola candidatura, nunca será una buena idea. Disuelve en un solo polo un sinnúmero de opiniones sociales que se quedan sin representación. Si se apuesta por un perredista como candidato a la gubernatura, un ciudadano de convicciones conservadoras no tendría posibilidad de sentir representación en el candidato que le presenta el partido de toda su vida. De la misma forma, si quien encabeza es un panista, ese militante perredista de convicciones de izquierda, ¿se sentiría representado? Claro que no. Que la izquierda y la derecha pacten una candidatura común tiene efectos nocivos sobre lo que pueden ofrecer los partidos políticos al electorado, desvanece las diferencias ideológicas y empuja la discusión hacia el plano del pragmatismo.

Un problema así podría ser resuelto con un programa de coalición claro y abierto. Panistas y perredistas podrían ponerse de acuerdo para impulsar proyectos como la revalorización del salario, profundizar la libertad de expresión o ampliar las figuras de participación de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales, dejando de lado los asuntos polémicos que dividen a los dos: aborto, matrimonio homosexual o las políticas de combate a la pobreza. Es decir, pedirle a los ciudadanos que sacrifiquen parte de su ideario político, en aras de acordar con quienes se encuentran en las antípodas ideológicas, podría ser un negocio aceptable para el ciudadano. Sin embargo, para ello, la negociación tendría que ser radicalmente distinta.

Un 2o. efecto negativo de estas coaliciones entre el PAN y el PRD, es precisamente la forma en que se negocian; es decir, cómo se llega al acuerdo de coalición. ¿Supimos alguna vez lo que negociaron panistas y perredistas cuando se coaligaron en Tlajomulco o en Tlaquepaque? ¿Por qué se aliaron ahí y no en otros lugares? ¿Qué políticas públicas, aparte de repartirse los asientos, van a implementar en caso de ganar? Con la habitual discrecionalidad de nuestra clase política, es difícil que podamos pensar en coaliciones que privilegien el programa y las políticas públicas, sobre las nóminas y los espacios de decisión.

La credibilidad de una coalición entre distintos, en una democracia, siempre tiene que ir aparejada de un bien mayor. En el caso del PAN y el PRD, la "venta de la democracia" ya convence a pocos.

Y en 2o. lugar, ¿realmente los candidatos que proponen PAN y PRD son símbolos de la democratización y de la ampliación de las libertades ciudadanas? Tampoco. PAN y PRD suelen proponer a candidatos que no logran acomodo en el PRI, no olvidemos a Malova en Sinaloa, a un panalista como Rafael Moreno Valle o la alianza de facto entre el PRD y el PRI que llevó al ex priista, Ángel Aguirre a ser el gobernador de Guerrero. Otra cosa sería si panistas y perredistas se pusieran de acuerdo para llevar a verdaderos demócratas al poder, con una altura moral a prueba de cualquier escrutinio. A personas comprometidas con los derechos humanos, encabezando las candidaturas a las gubernaturas o a las alcaldías. La construcción de la casa democrática en México, como argumento para justificar los pactos electorales entre la derecha y la izquierda, es dificilmente sostenible tanto en la teoría como en la práctica.

Las alianzas entre el PAN y el PRD son sólo el reflejo de la debilidad endémica de ambos partidos, de su incapacidad para emocionar y seducir a los electorados, y su lamentable deriva hacia la pérdida de la ideología que los caracterizaba. Tal como están ahora, las alianzas entre el PAN y el PRD es sólo un "quítate tú para sentarme yo".