Colima es uno de los pocos estados del país, junto con Durango y Campeche, donde no ha habido transición democrática. Siempre ha ganado el PRI, aunque desde hace 18 años las elecciones son de las más cerradas del país.

Quizá lo que más defina a Colima en los últimos años es la descomposición de la clase política y la violencia. Hace 15 años Colima presumía ser, junto con Yucatán, de los estados más seguros del país. Hoy eso no sólo quedó en el pasado sino que la violencia está directamente vinculada con la política. El asesinato del ex gobernador Silverio Cavazos en 2010 y el intento de asesinato del otro ex gobernador, Fernando Moreno Peña, hace unos meses, son parte de una descomposición generalizada de la seguridad pública.

En el centro de todo esto está la lucha por el control del puerto de Manzanillo. Lo que ha convertido a este pequeño estado de la república en una batalla campal y desorbitada, tanto en lo político como en lo criminal (en la ilusión de que aún podemos hablar de ellas como cosas distintas), es la importancia que tiene el puerto para las actividades económicas legales e ilegales. Hacía mucho que no veíamos una campaña de tan bajo nivel discursivo y tan llena de injurias. Las autoridades electorales, ya en el más absoluto de los descréditos, han sido incapaces de darle certeza al proceso y pareciera que lo único seguro es que sea quien sea el candidato que gane, carecerá de fuerza y legitimidad para gobernar.

La crisis ya no es sólo un asunto de los colimenses; Colima está a punto de convertirse en un pequeño gran problema nacional.

Becarios mexicanos en el extranjero cerraron 2015 con las manos vacías. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología retrasó el depósito de diciembre que corresponde a la beca de la estancia postdoctoral, por lo que muchos se quedaron sin recursos para sobrevivir en el último mes del año.

Está por terminar 2015 y todavía hay postdoctorantes que no tienen el depósito de Conacyt. Incluso recibieron notificaciones de que lo recibirían hasta con 20 días de retraso, entre el 28 y 30 de diciembre, pese a que el convenio indica que deben tenerlo en los primeros 10 días.

Quienes participan en el programa de Estancias Postdoctorales en el Extranjero denuncian que el Conacyt ha dado diversos pretextos para justificar el retraso en el pago, lo que ha provocado que los mexicanos sobrevivan estas últimas semanas del año con menos de 200 pesos y con el pago del alquiler y servicios encima.

Según las bases del programa, los postdoctorantes deben recibir en los primeros 10 días de cada mes, 2,000 dólares mensuales durante un año.

Directivos de Conacyt se comunicaron el 14 de diciembre pasado con los afectados para informarles que el retraso se debía a complicaciones por "el cierre del año fiscal".

El Conacyt informó que durante todos los meses del año se realizó el depósito correspondiente en tiempo y que fue en diciembre, debido a trámites ante la Secretaría de Hacienda, que se presentó el retraso.

[Es extraño que los partidos políticos no se hayan quejado de retrasos - comenta el webmaster.]

La fecha pactada por Conacyt para remediar el retraso fue el pasado 28 de diciembre, algunos postdoctorantes informaron que recibieron el pago durante la tarde del 29 y otros más siguen esperando el depósito.

Esta no es la 1a. vez que hay denuncias de becarios de Conacyt sobre el incumplimiento de las becas, que es su único ingreso, pues parte del convenio indica que deben dedicarse de tiempo completo a su investigación y preparación.

En el 1er. bimestre de este 2015, becarios de Conacyt crearon la tendencia #ConacytTenemosHambre para exigir el pago de la beca correspondiente a enero.

Durante los primeros 10 días de febrero de este año, los becarios denunciaron que no habían recibido ningún depósito y que no tenían respuesta del Consejo Nacional sobre cuándo se iban a regularizar los pagos.

Los congresistas deben poner en la agenda legislativa el impulso a una nueva reforma electoral que quite "el bozal" y regrese la libertad de expresión a los ciudadanos, pidieron miembros de la iniciativa privada.

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez, consideró que la reforma electoral, aprobada en 2007, representó un retroceso en un marco de libertades, porque que no permite a las asociaciones civiles, a las empresas e, inclusive, a los empresarios hacer un posicionamiento y una expresión en los procesos electorales.

La última reforma electoral prohibió tanto a los partidos políticos, como a particulares la compra de spots de radio y televisión para manifestar su posición a favor o en contra de algún candidato.

Consideró que manifestarse durante los procesos electorales es una libertad básica, que en todos los países está garantizada, aunque quizá con ciertos acotamientos, dependiendo de la realidad de cada país.

El presidente de la la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Vicente Yáñez, reiteró que, como sector empresarial en su conjunto, éste es un tema que hay que revisar porque en todos los países todos los sectores participan.

"El que nos hayan puesto un bozal en una ocasión ya hay que quitarlo. Dénos chance de participar como todos. Yo creo que todos los saben y saben que tienen que hacer adecuaciones", afirmó el directivo de la ANTAD.

El año 2015 cierra con un nuevo listado de revelaciones que demuestra, una vez más, cómo los administradores de los bienes públicos abusan de sus cargos y violan impunemente los reglamentos, leyes, códigos y cualquier marco legal que se interponga con sus proyectos personales o ambiciones de enriquecimiento.

El presidente municipal de Tonalá, Sergio Armando Chávez Dávalos, reconoce que para poder pagar sueldos y aguinaldos de la burocracia municipal, en el Gobierno del Estado accedieron a adelantarle recursos del año 2016 por 20 millones de pesos (no son gratuitos).

Pero las complicaciones que heredó de la administración del ex alcalde Jorge Arana Arana no quedan en eso, sino que además se deben 25 millones de pesos en energía eléctrica a la CFE. "No estoy dispuesto a pagar", dice Chávez Dávalos. ¿La fórmula para solucionar el problema? Le ha pedido a los 3 senadores de Jalisco que le ayuden a tramitar una reunión con el director general de la CFE, Enrique Ochoa Reza.

El presidente tonalteca considera que la CFE quiere abusar del empobrecido municipio que gobierna y desliza la posibilidad de que en la Comisión cobren "a discreción" para emparejar sus cuentas, porque no hay manera de comprobar cuál es el gasto de los gobiernos municipales. Mientras los senadores le ayudan a reunirse con el director de la CFE, hace pública su propuesta: puede aceptar que los tonaltecas paguen 15 millones, no 25, de los que le dicen que debe, y sólo si le dan un plazo de 50 meses.

Lo que no precisa Chávez Dávalos es quiénes son los responsables del quebranto al erario del municipio que ha querido gobernar desde hace años; aunque se le insiste, no hace ninguna recriminación a Jorge Arana y mucho menos adelanta si como titular del poder ejecutivo hará denuncias e intentará romper con la impunidad.

Casos para sostener la afirmación con que inicia este texto, los aporta también la administración municipal de Guadalajara que preside Enrique Alfaro Ramírez.

La sindicatura especificó ayer que además de 17 denuncias que ya presentaron en octubre, volverán a apersonarse en la Fiscalía General del Estado para denunciar a colaboradores del ex alcalde Ramiro Hernández García. En total serán más de 100 acusaciones, entre las que destacan permisos irregulares, nombramientos ilegales, ejercicio indebido del gasto público, varios automóviles que no aparecen por ningún lado, falsificación de incapacidades médicas y negligencia en la defensa del gobierno municipal en juicios laborales.

El personal de la administración de Ramiro Hernández que resultará embarrado en las denuncias tuvo puesto y sueldo en las direcciones de Obras Públicas, Padrón y Licencias, Recursos Humanos, Administración, Dirección Jurídica y Ordenamiento Territorial.

Dependerá ahora de la Fiscalía General del Estado atender las denuncias y completar la defensa de los tapatíos.

No faltan casos en otros municipios urbanos como Zapopan, Tlaquepaque, Ocotlán, Zapotlán El Grande o el resto de ellos, hasta llegar a los 125 de Jalisco.

A diferencia de Guadalajara, la mayoría de los actos delictivos de funcionarios y ex funcionarios quedarán en mera anécdota; ni siquiera llegarán al grado de denuncia.

La síndico del Ayuntamiento de Guadalajara, Bárbara Casillas, denunció la basificación irregular de 355 empleados de confianza durante la administración de Ramiro Hernández. Según documentos, 49 de ellos tenían apenas 12 días laborando cuando se les otorgó la plaza.

"Se trata de personal de confianza en todas las áreas y algunas jefaturas"’, explicó la funcionaria municipal. "Nosotros ya impugnamos los nombramientos ante el Tribunal de Escalafón y en los próximos días interpondremos denuncias".

Los sueldos de los trabajadores basificados de forma irregular oscilan entre los 8,000 y 12,000 pesos, una carga al erario tapatío por 2'320,000 pesos quincenales.

Durante la 1a. fase del proceso de entrega-recepción también se detectaron 2,440 juicios laborales, de los cuales 80% corresponden a la administración 2010-2012 y en la mayoría de estos laudos el municipio no presentó defensa alguna. Pagar por estos procedimientos representaría un gasto de 1,056 millones de pesos al ayuntamiento.

Otras de las irregularidades identificadas fue el sobregiro de 171 millones de pesos en las partidas de nómina, materiales y suministros, subsidios y otras ayudas sociales; la emisión de contrarrecibos por 73 millones de pesos, adquisiciones directas por 110 millones que debieron licitarse y un pago adicional por 25 millones al constructor del Mercado Corona.

Además de la desaparición de 35 automóviles, se detectaron otras irregularidades con el parque vehicular municipal.

Hay 62 vehículos en bodegas de las aseguradoras y 2,793 unidades sin resguardos actualizados, facturas, o copias de llaves.

Además se tiene un adeudo de 9'113,651 pesos por refrendos de este año, multas e infracciones.

El doctor José de Jesús Ibarra Cárdenas, catedrático del ITESO, mencionó: "La corrupción municipal es mucho más sencillo que ocurra que en otras instancias de gobierno y el caso de la basura en Tlaquepaque es vivo ejemplo que eso está vigente hoy en día".

"La raíz del problema es que no hay un servicio profesional de carrera, hay gente basificada pero eso no responde al mérito y a la capacidad, que tendría que haberlo para basificar y limitaría la corrupción en la administración".

Otro problema que menciona el catedrático, es que los órganos de control y fiscalización municipales siguen siendo nombramientos por parte de los políticos, principalmente el contralor municipal y el órgano de control internos.

"Esas 2 instancias tendrían que ser por la mayoría del cabildo, hoy por hoy los nombra el presidente municipal, entonces su función está restringida, limitada, a no ser agentes incómodos en la administración, si tuvieran mayor independencia serían más imparciales y todo saldría a la luz pública y vendrían las sanciones de inmediato".

Manifestó que a pesar de que hay más transparencia no se alcanzan a ver a nivel municipal. "Los tentáculos de la corrupción no solamente es el intercambio de dinero por ciertas acciones públicas ilegales, sino que además es el incumplimiento, la complicidad, incluso la ineptitud o la omisión en hacer el trabajo que corresponde y esto es lo que explica que las situaciones que son escandalosas como el caso de la dirección de Aseo y Limpia en Tlaquepaque sigan siendo invisibles".

Habló además de otros casos como el de Panteones en Guadalajara, Licencias o ambulantaje, "ésas son pequeñas muestras del gran iceberg que hay sobre la corrupción municipal en un montón de áreas, sobre todo de servicios públicos, sobre todo cuando no están concesionadas a una empresa, no porque las privadas no sean corruptas, sino porque hay contrapesos que sí funcionan".

El calendario de elecciones en México es alérgico a los acuerdos. La tiranía de Cronos nos empuja a la resignación: las urnas tumban los proyectos. Lo urgente de la lucha por el poder eclipsa lo relevante de la construcción de las soluciones a nuestros problemas. Y es que el calendario marca el fin de una contienda electoral, y automáticamente, ya estamos pensando en la cita próxima. A una clase política con miopía y sin visión de Estado, le añadimos una agenda electoral que desincentiva la consecución de los acuerdos estructurales que necesita el país, y que necesita Jalisco.

En enero, el congreso dará el "pitazo de salida" a la discusión sobre la Ley de Participación Ciudadana. Existirán al menos 3 propuestas sobre la mesa que incluyen a 90% de la representación del poder legislativo. Existen 2 formas de negociar la ley: encontrar los consensos necesarios para que sea un marco normativo que amplíe los canales de participación ciudadana, pero a la vez sea aplicable. O, una guerra de protagonismos entre partidos políticos que termine como ya sabemos: con leyes de bajísima calidad e inaplicables. Si en participación ciudadana ocurre lo mismo que con las reformas electorales, Jalisco tendrá una ley sin rigor, que favorece algunos y perjudica a otros, y por lo tanto, sin credibilidad pública.

Y en paralelo a la ley de Participación Ciudadana, la regeneración democrática pasa al menos por otras 4 arenas: revisar el modelo de fiscalización del estado; profundizar la rendición de cuentas del gobernador y, por lo tanto, su retorno al congreso, y también fundamental, una estrategia de articulación de esfuerzos en el combate a la corrupción. Como 4a. arena, la reforma inaplazable al poder judicial. Regeneración democrática no es simplemente hacer consultas o dar la posibilidad de que los candidatos independientes accedan a su registro con menos barreras, sino hacer que el sistema de pesos y contrapesos sirva, profundizar la rendición de cuentas y combatir la impunidad en todos los niveles de gobierno. No es una agenda menor, la agenda política tiene que ver con el poder, el uso y los límites a dicho poder.

Jalisco necesita de una generación de políticos a la altura de los desafíos del estado y no otra generación influida por la mezquindad de los cálculos electorales.

Pablo Lemus Navarro comentó que en su gobierno [de Zapopan] no existe el nepotismo y que el próximo lunes serán dados de baja la hermana del ex director de Análisis Estratégico y Comunicación, Jorge Zul de la Cueva, así como los 2 hijos del titular de la Dirección de Mantenimiento Vehicular, Julio César López.

En un sistema parlamentario como el español, las coaliciones son gubernamentales, se dan después de las elecciones y se discuten de cara a la nación. En cambio, en el sistema presidencial mexicano, las coaliciones han sido electorales, previas a las elecciones, y se basan en un pacto entre líderes.

En nuestro país las coaliciones pueden clasificarse en 3 grandes tipos: 1.- las del PRI, para apabullar a la oposición con sus antiguos aliados (PARM y PPS) o las que ahora realiza con el PVEM para eludir la restricción al tope del 8% a la sobrerrepresentación; 2.- las de los partidos pequeños para salvar el registro aliándose con alguno de los 3 partidos grandes; y 3.- las de PAN-PRD para montonear al PRI, en un ejercicio pragmático de sumar votos para tratar de superar los del adversario.

En los 3 casos lo que menos importa es tener un programa o proyecto político común, mucho menos que sea de cara al electorado. Esto, y el que cada partido compita por separado con un mismo candidato hace que más que coaliciones electorales sean candidaturas comunes; en el fondo un fraude al electorado.

La declaración de Agustín Basave, presidente nacional del PRD, las describe de manera nítida: "Aprobamos ya 2 alianzas la 1a., la de Zacatecas sería con un candidato nuestro quien nosotros designemos y la 2a. de Durango la que Acción Nacional designe, fue un acuerdo que logré con Ricardo Anaya". Más claro ni el agua.

En cambio, en España la posibilidad de una coalición gubernamental se está discutiendo públicamente, con pleno respeto a los órganos colegiados de dirección de los partidos y tratando de interpretar fielmente el mandato del electorado expresado en las urnas. Las coaliciones PAN- PRD hablan de la precariedad (por no decir miseria) e ínfimo nivel de nuestra democracia: aquí en las coaliciones 1o. son los intereses de los líderes, después los del electorado.

Mientras en España los críticos de los partidos tradicionales crearon nuevas instituciones partidarias, en México el cuestionamiento del viejo sistema de partidos no se encauza a formar nuevos partidos, sino a empoderar personalidades "independientes" o "caudillos de la democracia".

Han pasado ya 87 años del discurso de Plutarco Elías Calles en el que señalara la necesidad de que México pasara "de la condición histórica de país de un hombre a la de nación de instituciones y de leyes", y en vez de avanzar en el logro de ese objetivo cada día retrocedemos.

Ninguno de los partidos de oposición ha plantado cara al presidente Peña Nieto con el tema de la "casa blanca", pero tampoco lo han hecho con la Línea 12 en la Ciudad de México, que implica a funcionarios del PRD, o con la Torre de Luz del gobierno panista de Felipe Calderón, por citar sólo algunos de los casos más escandalosos.

Si algo podemos aprender de lo que está sucediendo en España es que los partidos han perdido la capacidad de representar a una buena parte del electorado y que, si no nos damos mecanismos de legitimidad, concretamente la 2a. vuelta, lo que estamos asegurando para el futuro es un auténtico desgobierno.

Jorge Arana Arana, ex alcalde de Tonalá y hoy diputado local, otra vez se vio involucrado en un acto irregular al solicitar una "compensación económica" por 304,000 pesos para Alberto Orozco Ochoa, entonces titular del Instituto Metropolitano de Planeación.

[Es muy generosos con el dinero ajeno - el webmaster].

La petición la realizó el 29 de septiembre de este año, un día antes de terminar su administración municipal y en su carácter de presidente de la Junta Metropolitana del Imeplan, a pesar de que por ley su periodo en ese cargo había terminado 2 meses antes.

El pasado 8 de diciembre, Orozco Ochoa, hoy ex titular del Imeplan, reclamó el pago de esa "compensación" amparado en el oficio referido (J.G. 001/2015), a pesar de que presentó su renuncia en octubre pasado, por lo que no le corresponde ninguna liquidación.

El lunes, la Junta de Gobierno del Imeplan determinó que la solicitud de Orozco Ochoa, además del oficio emitido por Arana Arana, no son válidos y están al margen de la ley, por lo que no procederá ningún pago.

Jorge Arana Arana, diputado pluri y ex alcalde de Tonalá, parece que sufre del síndrome del tío Gamboín: a todos sus sobrinos los quiere felices y con plaza laboral. Este medio publicó en julio de 2013 que el propio ex alcalde confesó tener a 50 parientes en la nómina. Y apenas ayer, el actual síndico Nicolás Maestro reveló que al menos medio centenar de los 205 basificados en su administración son también familiares y parientes del diputado. Si eso hace con los alcaldes amigos de su partido, no queremos imaginar las cuentas que hubiera dejado si llega a ganar otro color.

Hay un gran asunto que revisar en los subsidios de la democracia mexicana. Sabemos que no han logrado evitar lo que buscaban: que no entrara a la competencia electoral dinero oculto que pudiera capturar el proceso. Dinero de los empresarios, del narco, de los propios gobiernos.

Las 3 cosas que se querían evitar siguen sucediendo. Junto al mercado de subsidios legales para elecciones y partidos, hay un potente mercado negro de fondos prohibidos provenientes de distintos gobiernos, de futuros contratistas y también del crimen.

Lejos de transparentar y vacunar los procesos democráticos contra el poder del dinero, el diseño vigente los ha corrompido al grado de que nuestras elecciones parecen una subasta. El que no tiene mucho dinero para apostar, aparte del oficial, apenas puede sentarse a la mesa.

La aparición de los candidatos independientes ha traído un problema adicional: nadie sabe cómo financiarlos, ni con cuánto, ni a cuántos.

Parece llegado el momento de relegislar a fondo el asunto del dinero y las prerrogativas que se dan a los partidos.

Entre éstas últimas, el maratón de spots gratuitos que, lejos de potenciar la competencia, la estupidizan con slogans y simplonerías. Los spots son incapaces de mostrarnos siquiera un atisbo de quiénes son realmente los candidatos, protegidos además por la prohibición de las campañas negativas.

Nuestras elecciones se han vuelto así unos carnavales de spots chabacanos, dinero oculto, e impunidad pública de candidatos y partidos.

Creo que todo el sistema debe ser revisado bajo la idea rectora de desregular a fondo lo que ha sido regulado de más.

Hay que devolver a los partidos el libre acceso a los fondos que les dé su sociedad. Hay que desaparecer los spots en favor de la difusión de debates y compromisos programáticos. Deben permitirse las campañas negativas, y debe también reabrirse el mercado de los medios a quien quiera adquirirlos.

Todo esto, bajo el supuesto de una estricta rendición de cuentas de los partidos y los candidatos.

Está todo en internet, puesto de manera que no sea fácil acceder a la información, con trampas y no pocos obstáculos, pero ahí está. A eso le llamamos transparencia. Pero si nos queremos enterar por qué se decidió arreglar una calle, por qué prefirieron comprar patrullas en lugar de motos, cuál es el diagnóstico detrás del decreto para poner o quitar un programa social, por qué el gobernador acude a un evento y no a otro, qué cosas atienden los secretarios y qué cosas no, cómo define su agenda un alcalde, o simplemente qué hace un regidor durante todo el día, jamás nos enteraremos. A eso le llamamos rendición de cuentas.

En transparencia, que suele confundirse con el derecho a la información, hemos avanzado bastante, pero estamos lejos no digo del ideal, simplemente de cumplir la ley. Hace unos días se publicó la evaluación de la transparencia de los partidos en Jalisco y se festejó que algunos, los más grandes, estaban por encima del 80%. En realidad eso significa que ninguno cumple la ley, que el que está más cerca está al 85% de cumplirla. Si yo como ciudadano respeto sólo 85% de los semáforos me dirían que estoy violando sistemáticamente las normas de tránsito. A los partidos les aplaudimos su voluntad de cumplir la ley aunque no cumplan el mínimo.

Rendir cuentas va mucho más allá. Es un derecho que tenemos los ciudadanos de que nos informen por qué y cómo se toman las decisiones que se ejecutan con nuestro dinero, de las cuales somos los afectados, los beneficiados o incluso los excluidos. Las decisiones de gobierno están atravesadas siempre por la política. Cuando se hace o deja de hacer una obra siempre hay factores económicos y sociales (a cuánta gente beneficia o qué posibilidades de negocio abre) pero sobre todo políticos: a qué clientela electoral se atiende o qué compromiso de campaña se cumple, aunque sea una ocurrencia absurda.

En la aprobación del presupuesto 2016 hay poca transparencia y nula rendición de cuentas.

Por unanimidad el Consejo General del Instituto Nacional Electoral impuso este miércoles una nueva sanción al PVEM de 88.5 millones de pesos por irregularidades como aportaciones de origen desconocido; operaciones no informadas a la autoridad y la omisión de ese partido en finiquitar cuentas por cobrar.

Micro, pequeñas y medianas empresas, proveedores de gobierno, esperan por pago de bienes y servicios en periodos de 3 y hasta 5 años, lo que representa daño a su liquidez, y en muchas ocasiones terminan por cerrar.

Los gobiernos estatales tienen problemas en el flujo de sus finanzas públicas, por lo que buscan financiamiento la mayoría de las veces en el pago a proveedores. Utilizan este dinero en gasto operativo, como nóminas, eso provoca que el adeudo con proveedores se vaya generando y acumulando más.

El experto en transparencia de la UNAM, Ernesto Villanueva, explicó que gran parte de los problemas de transparencia se deben a la propia falta de interés por parte de los diputados para aprobar leyes que los obliguen a ser transparentes. Y cita que un claro ejemplo son los recursos que se destinan a los grupos parlamentarios.

"Tradicionalmente, ha habido una gran apatía en este sector. Estamos en espera de que apoyen la ley federal [de Transparencia y Acceso a la Información Pública]. Ya que han habido respuestas desafortunadas. No hay quién audite cómo ellos gastan esos recursos. No hay criterios de cómo se asignan a los diputados, por qué a unos más y a otros menos", expuso.

A 15 días de que se acabe el año, no han llegado los más de mil millones de pesos del Fondo Metropolitano 2015. Este recurso generalmente llegaba en los últimos meses del año, pero todo indica que esta ocasión tendremos un nuevo récord y podríamos ver ese dinero hasta el próximo año. Porque los funcionarios ya están preparando maletas para irse de vacaciones.

Nuestras fallidas reformas electorales y democráticas son una prueba del fracaso de nuestros (?) partidos políticos. Los intereses a corto plazo, el objetivo de moldear las reglas a favor de unos o de otros, ha provocado que seamos el país del mundo en donde más se manosean las reglas del juego.

Se aprueba una reforma electoral, o una reforma política, y ya están viendo los partidos políticos cómo le hacen para que fracase y saquen ventaja en la siguiente negociación. Y no falta quien diría: "es natural". Sin embargo, los partidos políticos buscan trajes a la medida que favorezcan a sus intereses, pero no siempre le atinan.

¿Cómo entender, entonces, que el PRI en Jalisco negoció que la cláusula de gobernabilidad, aquella que se le da al partido con más votos previo al reparto de los diputados, subiera de 5 a 8%, asumiendo que iban a ser 1a. fuerza política... cosa que no fue? ¿O por qué MC se oponía a ella, y al final acabó beneficiándose de ese colchoncito que otorga la inconstitucional disposición en Jalisco?

Los partidos se equivocan, tratan de armar las reglas del juego pensando en sus intereses, sin entender que "lo justo" posiblemente es lo que más les convenga.

Por el contrario, lo que nos demuestra la historia de las reformas, es que muchas veces los partidos políticos creen que tal o cual modificación les convienen con miras a la siguiente elección, y la realidad es que casi siempre se equivocan. Las últimas reformas electorales lo confirman: los partidos políticos maquilaron sus intereses de una forma y, al final, las cuentas no les dieron.

Por ello, no les caería mal a los diputados darle una leidita a John Rawls, y asumir que sólo el velo de la ignorancia nos puede llevar a una ley justa y equitativa que no tenga que ser derogada en 6 meses o porque resulta inaplicable o porque su aplicación pervirtió la verdadera naturaleza de los instrumentos de participación ciudadana.

El triunfo reciente de la oposición en las elecciones legislativas realizadas en Venezuela genera por lo menos 2 escenarios posibles, el de un golpe de estado al poder legislativo desde el propio gobierno, o la apertura a nuevos tiempos más democráticos y participativos que obliguen a un cambio de discurso y acción al poder ejecutivo.

En una de esas la sociedad mexicana toma por fin conciencia democrática y hace lo propio en lo que al poder legislativo se refiere, reduciendo el vergonzoso número de diputados federales y senadores, aboliendo el fuero en todos los casos, modificando los perfiles de los legisladores a fin de que estos sean esencialmente los adecuados para el cargo, penalizando la contratación de asesores y conexos, sujetando los salarios a resultados verificables, y de una vez, reformando también a los poderes ejecutivo y judicial.

Pues ahora resulta que, al final de un año aciago en más de un sentido en el país y en el mundo, los intachables señores de fueros, curules y mucho dinero gastado sin ton ni son recetan a la ciudadanía un espléndido presente, sí señor: la próxima creación de una Secretaría de Cultura federal. Hubo en la cámara baja 426 votos a favor, cero en contra y una abstención. Sin duda los encurulados más gordos del Senado avalarán la genial iniciativa. ¿Cómo demonios habrá sobrevivido el país sin una cosa así? ¡Qué barbaridad! ¡Qué sagacidad para descubrir ahora tan inaplazable urgencia!

Se supone que el Conaculta se convierte en secretaría de estado; no se sabe todavía si tal cual, con armas y bagajes y, sobre todo, con la misma tripulación. Por lo pronto, el ente actual controla 17 "unidades administrativas" y 12 "instituciones desconcentradas", que sin duda en adelante serán más. Los primeros en opinar sobre la iniciativa en días recientes fueron, por supuesto, los sindicatos, que no aportaron nada en cuestión de ideas pero sí dejaron muy claro que defenderán a muerte las conquistas del proletariado.

Todavía no se leen en la prensa demasiadas opiniones, pero el sábado 12 Reforma publica una nota con breves comentarios de 26 intelectuales y artistas. Algunos de los entrevistados mencionaron asuntillos quizá dignos de atención, como la ausencia de una política cultural, la apabullante centralización, la propensión al dedazo y el favoritismo, el excesivo enfoque en festivales y espectáculos...

En la actualidad, 4 de cada 10 tienen una imagen mala del Partido Verde, 23 puntos más que en 2007. Pasó de ser un partido con saldo positivo en la opinión pública, a ser percibido como un partido tramposo, que vive en la ilegalidad y dispuesto a todo con tal de crecer para encarecer su negociación con el PRI.

El Partido Verde lleva 12 años ininterrumpidos pactando con el tricolor.

Por ello, el escándalo de Arturo Escobar mancha al PRI. Por supuesto que refuerza la idea de que el Verde, más que un partido político, es el negocio de una familia y que opera más como un consejo de administración, que como una plataforma política con ideología y programa definido. Escobar es percibido por una buena parte de la opinión pública como el símbolo de la corrupción política, sus aventuras como cuando fue detenido con un millón de pesos en un maletín o su operación de las tarjetas electorales, son la muestra más clara de la pervivencia de prácticas nocivas en el sistema electoral mexicano. Y no basta con eso, Peña Nieto lo invitó en su gabinete y precisamente como subsecretario de Prevención del Delito. La condena fue unánime.

Y es que la separación entre el PRI y el Verde, cada vez es más difícil de marcar. La campaña de ilegalidades del Verde, que llevó al INE a discutir si era oportuno retirarle el registro por lastimar la democracia, golpeó también la credibilidad del PRI y, sobre todo, el compromiso con la legalidad del presidente Peña Nieto. ¿Cómo creer en la voluntad del presidente de combate a la impunidad, de no avalar privilegios en el sistema educativo o de combatir a los poderes fácticos, si ni siquiera es capaz de condenar la estrategia sistemática de violación de la ley por parte de su socio en el gobierno? ¿Es creíble un nuevo PRI, comprometido con la democracia y el estado de derecho, si pacta con un partido que es la antítesis de todo eso?

El Partido Verde se ha convertido en un maestro del chantaje. Su posición de minoría se desvanece cuando se convierte en la bisagra para darle mayorías al PRI o para ganar estados complicados para el tricolor, como Jalisco. "Sin mí no ganas", así de fácil. Esta relación ha provocado que el Partido Verde eleve los costos de las negociaciones y ya no se contente con dinero o privilegios para las televisoras, que apoyan fervientemente a los ecologistas, sino que ahora se ven como parte vertebral de la coalición de gobierno. No es casualidad que el Verde sienta la libertad para proponer ministros de la Suprema Corte, consejeros electorales del INE y que también opine sobre la vida interna del PRI. La integración del Verde al PRI es cada vez más orgánica, pero la habilidad del partido de los González es negociar como si fueran un aliado externo. Este doble juego del Verde, formar parte de la coalición gobernante, pero al mismo tiempo asumirse como un jugador con autonomía, le permite unos márgenes de negociación que ya molestan a muchos pesos pesados del priismo nacional y del priismo jalisciense.

El PRI siempre supo de esta capacidad sobredimensionada de chantaje del Partido Verde. Nadie se puede llamar a la sorpresa. Sin embargo, se entendía que el Verde lograba que el PRI superara ese techo histórico que evitaba que los tricolores se llevaran elecciones de naturaleza bipartidista. El PRI conocía su techo, e incluso su incapacidad para explotar la marca en las ciudades y entre las clases medias, por lo que el Verde constituía un aliado fundamental para elevar el techo de voto que captaba el PRI.

Los datos muestran que esa fuerza ha menguado. El Verde se ha convertido en una marca que deja pocos votos -restando los de Chiapas- y que ni siquiera son suficientes para que el partido compita en donde importa: en las urbes. El Verde tuvo muy malos resultados en ciudades como Guadalajara o Monterrey. Tampoco figura con fuerza en Tijuana, Morelia o Aguascalientes. Esa ligazón con las clases medias urbanas, una de las fortalezas del Verde, ya no existe. De poco en poco, el "partido del Tucán" es un apéndice del PRI, que importa los negativos de los tricolores, y que ya no aporta casi nada en la conquista de nuevos electores. ¿Los 6 puntos porcentuales que otorga el Verde a nivel nacional, o los 4 a nivel local, realmente valen los cientos y cientos de puestos que otorga el PRI al Verde, o la imagen negativa que recibe por culpa de un partido corrompido hasta la médula? Ya hay muchos en el PRI que se lo piensan en serio.

La sociedad desconfía de todo lo que huele a política. La traición constante de parte de los gobernantes hacia la ciudadanía a partir del abuso, la corrupción y la impunidad ha logrado el efecto pavloviano de alejar al hombre común.

El descrédito no sólo es para el político, sino también para el empresario, el líder social y el líder de opinión.

Queremos gobiernos eficientes, pero tenemos muchos de calidad ínfima. Algunos no son ni siquiera ineficientes; son más bien inútiles. Queremos gobiernos honestos, pero muchos servidores públicos perciben una remuneración baja para la complejidad de la responsabilidad que desempeñan, sin que se les reconozca siquiera su forma honesta de vivir. Queremos gobiernos abiertos, perdurables, pero hemos construido un sistema que los mueve a la cerrazón y a que cuando menos buena parte de los servidores públicos más preparados sea pasajera.

El país no necesita funcionarios públicos ricos ni tiene futuro con trabajadores pobres. Necesita a los mejores funcionarios, a los mejores trabajadores, y exigirles a todos. Necesita proporcionarles un ingreso que les genere una mejor calidad de vida y compromiso con su labor. No hacerlo es pensar que las cosas se arreglarán por sí solas, y que uno puede tomar lo que quiera sin pagar por ello (bueno, muchos lo hacen, unos embozados en la corrupción y otros dizque en la protesta social).

Ya ha comenzado la estampida en el congreso en busca de candidaturas a gobiernos y municipios importantes en los 13 estados donde habrá elecciones el año que viene.

Mientras empresarios se quejan de que en los estados no les pagan contratos por servicios y obras, gobiernos de las entidades guardan en sus cuentas bancarias 168,000 millones de pesos, 4 veces el monto que guarda por ejemplo el gobierno federal, que controla la mayor parte del presupuesto gubernamental.

[¿Quién se está quedando con los rendimientos financieros de toda esa lana? - pregunta el webmaster.]

Ese monto representa también más de la mitad de todo el dinero en poder de todas las instituciones de gobierno, incluyendo organismos y empresas del sector público, según cifras del Banco de México.

El líder de los industriales, Manuel Herrera, detalló hace poco que Sinaloa, Coahuila y Veracruz son los estados con mayores adeudos con empresas, con casos de atraso hasta por más de 20 meses.

En total son 120,000 millones de pesos que adeudan todos los gobiernos estatales a alrededor de 40,000 empresas, y los recursos que tienen en la banca son suficientes para saldar sus adeudos.

Otra problemática que enfrentan las empresas es con los atrasos en los pagos de Pemex. Rodrigo Alpízar, presidente nacional de los industriales, explicó que la deuda de la petrolera es con 500 empresas afiliadas a la cámara, "pero tiene repercusiones en toda la cadena productiva con un efecto cascada de 5 veces para alcanzar hasta 2,500 empresas".

Los organismos y empresas vinculadas al estado guardan en sus cuentas bancarias 75,000 millones de pesos, 6% más que el año pasado.

Los gobiernos de 12 entidades tienen adeudos con sus proveedores por más de 74,000 MDP. Lo anterior de acuerdo a datos disponibles referentes a sus cuentas por cobrar a corto plazo.

En busca del saldo de cuentas por cobrar a corto plazo de los 31 estados y el Distrito Federal, sólo se localizaron los índices de 12 entidades, lo que denota la falta de transparencia en esta materia.

Un total de 120,000 millones de pesos es lo que adeuda Petróleos Mexicanos a los contratistas del sector energético en los últimos meses, de acuerdo con cálculos de representantes del sector privado.

Juan Acra, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, describió que la situación para los proveedores es cada vez más grave a pesar de algunos esfuerzos por mejorarla como sistemas factoraje y descuentos a las empresas.

El sistema de factoraje tendrá un costo financiero para los contratistas de una tasa de TIIE más 2.25 puntos que será cargada a los proveedores, además de los descuentos de entre 10 y 20% que ya les pide Pemex, por lo que para la Confederación Patronal de la República Mexicana ese costo debería ser trasladado a la petrolera.

"Ahora con este diferimiento de 20 días a 180 días viene un costo financiero que absorberlo tendrá un doble efecto, habría que trasladarlo al propio Pemex y poner en la mesa cuales van a ser los mecanismos de factoraje y de descuento", señaló.

"Yo mandé una carta al director general de Pemex hace ya cerca de un mes, mes y medio y no he recibido respuesta. Vamos a seguir insistiendo para conocer cómo podemos arreglarlo", dijo.

Los partidos políticos de Jalisco son malos para la transparencia, según la última evaluación del ITEI. Reprueban en general para proporcionar información completa y pasan de panzazo en cuanto a datos actualizados. Es decir, su rendición de cuentas se caracteriza por ser vieja y parcial. Donde más se genera esta incidencia es... ¿adivinan? En el rubro de financiamiento.

Morena Jalisco, por ejemplo, sacó 27 puntos sobre 100. Y no fue el partido más opaco de Jalisco sólo porque lo superó la innovadora estrategia del Partido Humanista: ni página web tiene para rendir cuentas.

A propósito, hoy el diputado Pedro Kumamoto informará sobre la iniciativa federal que trabajó junto con el legislador independiente Manuel Clouthier para reducir el financiamiento a los partidos políticos. La propuesta busca que el financiamiento público se base en los votos que reciben y no en el padrón electoral. ¡Punto para los independientes!

Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo y León son 5 de los 20 municipios más endeudados del país. Para saldar los montos, cada ciudadano debe pagar entre 333 pesos y hasta 3,378 pesos. Así lo revela el Índice de Información Presupuestal Municipal 2015, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad.

De acuerdo con el análisis, de los 2,495 municipios en el país, 839 tienen deuda, cuyo monto total asciende a 54,621 millones de pesos y 20 de ellos concentran casi la mitad del monto (45%).

El municipio de Tijuana, Baja California, gobernado por Jorge Astiazarán Orcí, debe casi 2,500 millones de pesos, por lo que cada ciudadano debe pagar 1,476 pesos.

Sin embargo, el monto per cápita más alto en materia de deuda es en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, gobernado por Mauricio Góngora, pues a cada ciudadano le cuesta 3,378 pesos, aunque la deuda es de casi mil millones de pesos.

En los últimos 8 años, la deuda de los municipios ha aumentado 83%. Hasta septiembre de 2015, el monto de deuda municipal ascendió a 54,000 millones de pesos, lo que equivale al doble de la inversión en los 7 programas educativos para la calidad, equidad e inclusión en las escuelas durante 2015.

El estudio concluye que los municipios se han endeudado en condiciones opacas, han comprometido a administraciones futuras y no ha reportado los pasivos totales. Tampoco existen principios ni reglas para la correcta contratación y fiscalización de la deuda.

Entre las áreas revisadas de información presupuestal, la contratación de deuda pública es el tercer rubro más opaco, pues sólo tiene 22% de cumplimiento. La reasignación de recursos y excedentes es el rubro menos transparente con 19% de cumplimiento, mientras que los tabuladores y plazas tienen 21% de cumplimiento.

Es decir, la información publicada por los municipios es insuficiente para conocer la nómina de los funcionarios municipales o los recursos destinados a la policía municipal.

Además, entre 2006 y 2013, en los municipios de Victoria y Río Bravo, Tamaulipas, el crecimiento del monto destinado a servicios personales fue de 437% y 356%, respectivamente, mientras que el promedio de crecimiento para 1,748 municipios que reportaron esta información fue de 44%.

El problema es que los municipios gastan lo que no tienen. Apenas y generan 4.4% de los ingresos totales del país, pero gastan 7.5%. De acuerdo a la estadística de finanzas pública municipales de la Secretaría de Hacienda, 70% de los ingresos que tiene un municipio proviene de la federación y los estados; 20% son ingresos propios; 7.4% son ingresos extraordinarios y 1.3% son los recursos disponibles iniciales.

Las delegaciones del Distrito Federal son las más opacas del país, pues obtuvieron sólo 7% de cumplimiento, seguido de Chiapas y Tlaxcala, con menos de 10%. Coahuila es el único estado donde todos los municipios cumplieron en transparencia de sus finanzas. Campeche, Sonora, Quintana Roo y Nayarit obtuvieron más de 50%.

Entre los aspectos menos cumplidos son los criterios para aprobar fideicomisos, desglose del gasto en compromisos plurianuales; distinción de la plantilla de policías estatales y municipales. Desglose del plazo de contratación de deuda, de los contratos de asociaciones público privadas, de los montos destinados a prestaciones sindicales; los desgloses de los fideicomisos públicos del municipio y los criterios para realizar los incrementos salariales.

El estudio también identificó las malas prácticas de los municipios, como el de Ozumba, Estado de México, donde registran el presupuesto de egresos a mano. El municipio de Morelos reconoció el "fracaso municipal" al advertir que el presupuesto de 2015 menciona que en el ayuntamiento "no tenemos la capacidad económica para dotar los servicios esenciales como se ha venido señalando como: agua potable, drenaje, alumbrado público, seguridad pública, tránsito, peatones y parques, lo cual da como resultado una mejor calidad de vida".

En Hidalgo el periódico oficial no es descargable. En Zacatecas, los documentos de presupuesto están escaneados como imagen y no como archivos manipulables. En la delegación Gustavo A.Madero del Distrito Federal, los 3,000 millones de pesos de su presupuesto sólo se explica 6 líneas sin desglose.

Si como decía don Jesús Reyes Heroles: en política la forma es fondo, la nueva mafia con poder no cuida ni las formas. Quieren pasar como puros y limpios, rectos e inmaculados, pero terminan yendo tras el dinero y las posiciones de poder sin disimulo ni recato.

Un ejemplo lo acaban de dar en Aguascalientes. Las elecciones en el Distrito 1 se anularon porque en la campaña, el gobernador Carlos Lozano subió a un autobús que usa para sus desplazamientos, al candidato a diputado del PRI en ese distrito. A partir de esa elección, que se repitió el domingo pasado, la nueva mafia del poder logró resucitar a uno de los suyos, al Partido del Trabajo que había perdido el registro federal en las elecciones de junio pasado. La historia fue muy bien contada ayer por Pascal Beltrán del Río en su columna. En junio el PT sacó 3,000 votos en ese distrito. Le faltaban otros 10,000 para conservar el registro. El Trife y el INE se embarcaron en una larga disputa sobre si el PT perdía o no el registro con base en los votos de junio. Se impuso, sin razón, el Trife, y le dio otra oportunidad al PT. Como cuenta Pascal, ese partido contrató a una operadora electoral que ha trabajado durante años con el PRD y con López Obrador, Gisela Rubach, pero lo importante fue que el PRD y Morena decidieron no presentar candidatos y poner toda su votación a disposición del PT que así, con los votos de esos partidos, sumó los 10,000 votos adicionales que necesitaba para conservar el registro pero sobre todo las prerrogativas económicas y de todo tipo que ello implica (100 millones de pesos anuales, el doble en año electoral, spots gratuitos en medios, etc.). A la candidatura de López Obrador en el 2018, le aporta mucho y le ha salido gratis. El PT no alcanzó el registro por sí solo, se lo regalaron sus socios electorales con una oferta que, diría Vito Corleone, no podía rechazar. El costo de la operación la pagaremos los contribuyentes. A nadie de ese conglomerado de partidos le pareció que lo actuado en Aguascalientes sea poco ético e inmoral, un acto mafioso.

Eso sí: Están todos ellos indignados con el Partido Verde y festejaron que Arturo Escobar haya sido acusado de delitos electorales por el fiscal de la Fepade, Santiago Nieto. No les quita la alegría ni tampoco les parece poco ético e inmoral, además de ilegal, que el fiscal haya divulgado la averiguación previa violando la norma y la ley, regresando a las épocas de Pablo Chapa Bezanilla (al que no recuerdo que ninguno de ellos tampoco criticara en aquellos años) donde primero se designaba a un culpable y luego se armaba la acusación.

Mucho menos les parece un problema que Nieto haya trabajado para el PRD y para Morena hasta el día de su designación como fiscal, pero no como un simple simpatizante, sino como asesor y con contratos superiores al millón de pesos. No consideran que sea poco ético e inmoral, no haberlo divulgado en las comparecencias previas a su designación ni mucho menos en el curriculum de 39 páginas que presentó el propio Nieto buscando ese cargo (dijo que no le pareció importante incluir que trabajaba para un partido ¡cuando iba a ser fiscal de la labor de los partidos!).

Lo que hace insostenible a Nieto en su cargo no es la falta de pureza, no es sólo que trabajó para esos partidos, sino que mintió (y en esos casos omitir información es una forma evidente de mentira) y luego en su 1er. caso importante al frente de la Fepade, vulneró el proceso legal para generar, más allá de lo que suceda con Escobar, un efecto mediático... con la denuncia que había presentado el partido para el que estaba trabajando y cobrando. Es inmoral, falto de ética y mafioso: se debe ir.

Es una mafia con poder que busca aún más poder por los medios que sea.

Al auditor Alonso Godoy se le hace "ocioso" que se destinen 20 millones de pesos en 2016 para sentar las bases del Sistema Estatal Anticorrupción que deberá implementarse a partir de la reforma federal. ¿También le parecerán ociosos los 300 millones de pesos que invirtió en el edificio para sus nuevas oficinas? Ah, no.

El domingo el alcalde de Guadalajara dijo que el plazo que el mismo Gobierno del Estado había puesto para la terminación del túnel de Hidalgo no se cumpliría y que la razón era que había problemas de flujos, que en cristiano significa que no tienen el dinero para hacer la obra. El gobierno salió de inmediato al quite y prometió que darían una nueva fecha ayer lunes, cosa que tampoco sucedió, seguramente porque no tienen idea de cuándo van a terminar.

¿Qué pasa con la obra púbica que se vuelve tan impredecible? ¿Tenemos que acostumbrarnos a que siempre será así? En los últimos años (no estamos hablando de este sexenio sino de los últimos 15 o 20 años) se han hecho esfuerzos por meter en cintura a la obra pública, hacerla más profesional, más eficiente. En algunas obras se ha logrado, pero son sólo unas pocas. Si bien podemos decir que la planeación ha mejorado sustancialmente, sigue habiendo obras que se construyen sin proyecto ejecutivo, por ejemplo las banquetas de López Cotilla y Pedro Moreno, o sin los estudios suficientes, como el Mercado Corona. Sin embargo, podemos decir que ya es raro encontrar que se licite una obra sin proyecto ejecutivo. El mayor problema ahora está en la planeación financiera; se licitan, se asignan, se firman contratos de obras para las cuales no hay dinero en la caja. Los procesos burocráticos se han vuelto tan absurdamente complejos que en la mayoría de los casos donde se atora la construcción es en los flujos, sea una obra municipal, estatal o federal. La ampliación del túnel de Hidalgo, que debió haber abierto hoy a la circulación, según la promesa del propio gobierno, tiene un avance de 45% y la razón es que no ha llegado el dinero del Fondo Metropolitano del 2015. Así de absurdo como se oye: estamos a diciembre y no ha llegado de la federación el dinero presupuestado para este año.

La pregunta obvia es por qué comenzaron a hacer una obra si no tenían el dinero. No es un asunto de voluntad y esfuerzos, es un tema económico: ¿cuánto le cuestan a la ciudad, cuánto nos cuesta a los ciudadanos estas ineficiencias? ¿Cuántas horas hombre perdidas, cuántas ventas no realizadas, cuánto combustible desperdiciado significará este retraso? Eso que nadie suma, que no aparece en ninguna de las columnas de la contabilidad pública, es en la práctica un impuesto oculto, un costo que asumimos los ciudadanos por la ineficiencia gubernamental.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, conocida por su acrónimo Fepade, está muerto pero no se ha dado cuenta. Deambula por la arena pública defendiendo su imparcialidad en la materia que tiene que juzgar, presentándose como una figura impoluta. Desde el viernes pasado apesta, luego que el periódico El Universal reveló que omitió haber trabajado para el PRD al proponerse como aspirante a encabezar la Fepade en noviembre pasado. También excluyó del currículum vitae que entregó al Senado como respaldo de su candidatura, que su trabajo incluía a otros partidos. La revelación tuvo el único camino posible: el escándalo. ¿Cómo el que juzga a los partidos puede ser imparcial si fue empleado de los partidos? ¿Cómo puede ser juez si recién acababa de ser parte?

Que sus defensores aleguen que no hay conflicto de interés sólo muestra la parcialidad de sus argumentos y el fondo político de sus críticas.

De servir a los partidos, pasó a regular sus acciones. Aún en el supuesto de su imparcialidad suprema, ¿con qué autoridad moral podrá iniciar una investigación contra un partido? ¿Qué fuerza tendrá para juzgar los 13 procesos electorales del próximo año? A priori será descalificado y una pieza importante de la legalidad y legitimidad de los procesos electorales queda anulada. Nieto Castillo debió haber pensado esto el viernes pasado y renunciar a su cargo. No lo hizo, y de ahí la afirmación que está muerto pero no se ha dado cuenta.

Perdió legitimidad al ocultar información al Senado, que lo aprobó por 95 votos a favor y una abstención. Haber informado de su paso por el Senado al servicio de varios partidos, habría transparentado su hoja de servicios y el voto habría sido calificado. Generar la percepción de lo impropio, influye en la capacidad de una persona para ejercer con objetividad la función que le es requerida. Este es el fondo del conflicto de interés, y es el estadio en el que se encuentra Nieto Castillo. Si la renuncia no procedió, el cese debe ser el siguiente paso. La procuradora general, Arely Gómez, tiene la facultad para destituirlo. Se le está haciendo tarde.

En Tonalá, la unidad deportiva "Las Piedrotas" luce desolada. El único ruido es el de los patos que rondan el sucio estanque. "Aquí es muy peligroso... hasta en el día asaltan", lamenta Carlos, quien lleva más de 15 años habitando la Colonia Villas de Oriente. El encargado del espacio estima que 3 personas, a lo mucho, asisten al parque a diario. El desaire es por la falta de mantenimiento, "a veces ni siquiera recoge la basura (el ayuntamiento)".

Fernando Mateos, director del Consejo Municipal del Deporte, admite que de las 14 unidades deportivas, "Las Piedrotas" requiere de mantenimiento con urgencia. Pero no hay dinero: de los 18 millones de pesos de presupuesto anual, 17 son absorbidos por la nómina. "Tenemos problemas de iluminación, se roban los cables y rompen las lámparas. De 50 sólo funcionan una o 2".

Desconoce por qué la falta de mantenimiento de la gestión pasada, a cargo de Miguel Arana, sobrino del ex alcalde Jorge Arana. Otro caso grave está en las unidades Ramón Corona e Ignacio Zaragoza, en la Colonia Jalisco, tomadas por pandillas, acepta Mateos. Ni la policía quiere entrar.

En Guadalajara, el contralor Ignacio Lapuente destapa parte de las anomalías heredadas: siete auditorías abiertas, principalmente contra el Instituto de la Juventud, DIF y Consejo del Deporte.

"Existe la sospecha muy fuerte sobre malos manejos de contratos", abunda Miguel Santos, director del DIF, donde el presupuesto también es absorbido por la nómina, pero faltan mejores perfiles y equipo para beneficiar a más población, como Aydé, quien no puede estudiar computación en El Fresno por falta de aparatos y maestros. Hasta 20 centros de desarrollo y guarderías están en una situación crítica y requieren una urgente intervención.

El DIF arrastra un adeudo de 36.5 millones de pesos en laudos que corresponden a 31 juicios abiertos en el último lustro. También existen otros 6 millones de adeudos con proveedores. Pero el problema no termina allí. Su director José Miguel Santos Zepeda dice que el gasto en la nómina, de 1,279 trabajadores, impide ampliar los programas sociales y modernizar los centros de atención. El organismo aplicará desde enero una reingeniería para reducir el gasto corriente y los salarios, pero la partida de servicios personales absorbe 311 de los 340 millones de pesos presupuestados. No hay mucho por hacer: 1,100 empleados están sindicalizados.

En el Hospitalito, tras detectar un desvío de casi 40 millones de pesos en los Servicios Médicos, el Gobierno de Zapopan presentará denuncias penales contra ex funcionarios. Las inconsistencias encontradas implican omisiones en el pago de las aportaciones al Instituto de Pensiones, al pago del ISR y de cuotas sindicales, informó el síndico José Luis Tostado Bastidas, quien indicó que el caso es grave: afecta a casi mil trabajadores.

La omisión de las aportaciones a Pensiones asciende a más de 23 millones de pesos, mientras que por la falta de pago de impuestos retenidos y no pagados registran un adeudo al fisco federal por 16 millones.

El otro problema es que la nómina del organismo absorbe 84% del total de su presupuesto (529.5 millones de pesos este año). José Luis López Padilla, director del OPD, reconoce que el subsidio municipal apenas alcanza para la nómina, pensiones y retenenciones, "para la operación estamos con números rojos". Por ello, han solicitado un incremento presupuestal de 7%.

El OPD de Salud tampoco puede cubrir la demanda, "si vamos a abrir quirófanos y hospitalizaciones en todos los turnos, necesitamos personal".

Luego de que la fracción edilicia del PAN en Zapopan encontrara más irregularidades, la Junta de Gobierno de Servicios de Salud acordó realizar una auditoría general al Hospitalito. El coordinador Guillermo Martínez Mora asegura que existen desvíos que superan los 40 millones de pesos. Señaló que el OPD adeuda 5 millones a la empresa de Servicio de Radiología e Imagen Chávez Appendini, que no ha podido instalarse por la falta de un lugar adecuado.

Sobre el pago de asesorías millonarias, consideró que la administración pasada abusó de contratar despachos que no se requerían.

David Zamora Bueno, director de Obras Públicas, reveló que además de las filtraciones, han encontrado plafones desnivelados, pisos mal colocados, muros mal construidos, contactos fuera de línea, y elevadores reducidos que impiden [la entrada] de una camillas o la falta de rampas para discapacitados.

En el congreso local el grupo de 14 diputados del PMC negoció con los 5 diputados del PAN que controla 'Lalito' Rosales, el socio y aliado de Alfaro.

El Consejo de la Judicatura de Jalisco nombra y controla jueces y son ya varios los nombramientos de funcionarios ligados a 'Lalito' y al PMC, además de varias sospechosas sanciones a otros vinculados al PRI.

Siempre he sostenido que el IFE-INE ha sido el monumento más grande que se haya construido a la desconfianza. Ahora, con las faraónicas torres que se pretenden erigir para sus oficinas será además la mayor edificación que en nuestros días se haya construido a la megalomanía, insensibilidad e irresponsabilidad. El tamaño y empecinamiento para su construcción solo es comparable al Palacio del Parlamento rumano que Nicolae Ceausescu mandara construir, sin importarle las carencias que tenía su pueblo.

México no se va a hacer más pobre ni más rico por los 1,200 millones de pesos que cuestan las torres para cumplir el capricho de los señoritingos que han hecho del discurso de la democracia su modus vivendi. El problema o justificación de su edificación no está en los números ni en la economía, sino en los símbolos y en la ética. Los efectos que esta acción tendrá en las percepciones y representaciones de la población sobre las formas de ejercicio del poder serán devastadores.

Se trata de una auténtica ignominia por cuanto es una ofensa pública que se realiza de manera visible y con desplante de impunidad, no a una sola persona sino a la sociedad entera frente a toda la comunidad. El honor colectivo se hiere en tanto la comodidad de los funcionarios electorales se convierte en asunto público estratégico, cuando el país tiene otras necesidades sociales y en la agenda pública existen otras prioridades políticas.

Es necesario darnos cuenta que nuestro modelo de organismo electoral "independiente" es tercermundista; con costos, gastos y lujos que ni los países más ricos del mundo se dan. Si bien es el de mayor difusión en el mundo (68% de las naciones lo tiene), donde prevalece es en los países más atrasados, o en las protodemocracias. En cambio, el modelo gubernamental, que sólo existe en 18% de las países se presenta en Alemania, Dinamarca, Noruega, Suiza y Estados Unidos, entre otros.

En las democracias consolidadas las elecciones las organiza un pequeño departamento u oficina del ministerio del interior y no un monstruo "independiente", subordinado a los partidos y que vive a costa del dinero de los contribuyentes, como ocurre en México.

Cualquiera podría decir que la democracia cuesta y que es mejor pagarla cara a no tenerla. Sin embargo, en nuestro país eso no aplica: el financiamiento asignado a los partidos políticos y al organismo electoral es dinero tirado a la basura. Si el abstencionismo electoral cada vez aumenta, eso quiere decir que tanto los partidos como el INE incumplen con su principal responsabilidad que es hacer que la ciudadanía participe en las elecciones.

No obstante los miles de millones de pesos destinados a esas funciones, de acuerdo a datos de Latinobarómetro 2015, México es el país con menor satisfacción con la democracia (19%), en contraste con Uruguay que tiene 70%. Lo que es peor: nuestro país se encuentra en último lugar en porcentaje de ciudadanos que considera que los comicios son limpios (26%, contra 82% en Uruguay). ¿Con esas cifras todavía los consejeros electorales quieren como premio su edificio?

Es momento ya de depurar los principios de la función electoral e incluir los de austeridad, simplicidad; y sobre todo el de confianza.

¿Puede funcionar la democracia sin partidos? Jaime Rodríguez "El Bronco" fue tajante al mencionar que no necesitamos partidos y que es tiempo de jubilarlos, pero sin pensión. Jorge Castañeda, por el contrario, sostiene que las candidaturas independientes no son la panacea, sino que son una opción más de los ciudadanos, que podrán poner la agenda en la elección de 2018, ya que la agenda anticorrupción no vendrá de los partidos.

Por mi parte, dije que las candidaturas independientes son un derecho que hemos reconquistado los mexicanos, el votar y ser votados sin tenerlo que hacer a fuerza por un partido político, y que no podemos permitir que se nos vuelva a robar este derecho sino, como derecho humano de participación política que es, debe ampliarse de acuerdo al principio de progresividad y no restringirse como lo hacen las leyes antiBronco.

También creo que las candidaturas independientes van ayudar a que los partidos mejoren, porque la democracia necesita partidos, pero esto sólo se lograra si facilitamos el acceso a las candidaturas independientes, si les quitamos dinero a los partidos para gasto burocrático y eliminamos mecanismos de control de los partidos ampliando las libertades de los ciudadanos militantes para reelegirse, y ser candidatos independientes.

Castañeda nos invita a construir una Presidencia fuerte y democrática y no como en el pasado un presidente fuerte y autoritario, ni como Fox, democrático y débil, mucho menos autoritario y débil como hoy.

Los diputados modificaron el reglamento del Congreso para permitir el ingreso a sus salones de sesiones de gente armada, lo que está prohibido. Esta es una regresión histórica que no entiendo.

La exposición en medios es, sin duda, imprescindible en toda contienda electoral: no votamos por quien no conocemos; pero lo opuesto también es cierto: no votamos por quien conocemos tan bien que acumulamos rechazo. Las trampas electorales se revierten.

El alud de spots que López Obrador lanza por todos los medios sin duda lo han hecho el político mejor conocido de México; pero también sus niveles de rechazo aumentan. Se ha apropiado de los tiempos gratuitos que la legislación ofrece a legisladores, alcaldes y gobernadores. Solo oímos que hay un candidato de Morena y la voz, otra vez, de López Obrador y no del candidato anunciado. Obtiene presencia, pero también rechazo.

Los excesos abruman, la crítica se achata cuando es contra todo y todos: contra todo lo que no sea mi partido, pero si está dentro no me importa si carga la desvergüenza de Bartlett, el trapecismo de Muñoz Ledo, el arribismo de los que se van del PRI cuando piden hueso y no les dan. Eso ha hecho mella: sus acólitos incondicionales son cada vez más fanáticos, pero menos numerosos.

La banda presidencial para su toma de posesión patito, su llamado a no pagar la luz, su alianza con los atracadores de la CNTE aún impunes, con el alcalde de Iguala que entregó a los normalistas de Ayotzinapa, su abierto conservadurismo hiper-panista al respecto de drogas y sexo lo harán el más conocido de los ahogados.

Es curioso pero el que se tuviera que ir un subsecretario de Gobernación por fuertes sospechas de que cometió delitos electorales mientras estuvo al frente del Partido Verde, lejos de ser un acto de justicia, no deja de enmarcarse como un nuevo agravio de los partidos políticos hacia la población y sobre todo hacia la democracia y la impartición de la justicia.

La semana pasada Arturo Escobar, quien apenas en septiembre había sido nombrado subsecretario de Gobernación a cargo del despacho de Prevención del Delito, dejó el cargo porque el PAN y el PRD consiguieron que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR solicitara una orden de aprehensión contra este ex dirigente del Partido Verde por haber cometido delitos electorales graves durante las elecciones del pasado verano.

Es algo un tanto insólito e inédito en el quehacer de nuestros político.

¿Y por qué es un agravio de los partidos y no un acto de justicia?

En 1er. término, y hablamos con base en la experiencia, es extremadamente remota la posibilidad de que se ejecute esa orden de aprehensión en contra de Escobar, y en caso de que así fuera él encontrará los mecanismos para librar el proceso o seguirlo fuera de la cárcel. No veremos a un político mexicano pisar los sucios pisos de algún presidio.

Y en 2o. término es un agravio porque el mensaje que se manda con esta acción es que los partidos políticos no toleran ni un centímetro que se vaya contra su "patrimonio" que son las elecciones, los votos y por ende la distribución del poder y de recursos para ellos, pero sí se sigue tolerando sin castigar a quienes son acusados de tramposos y corruptos.

Llevamos años de denuncias públicas por actos de corrupción de ex políticos y políticos en funciones por cobrar moches, comisiones, cometer irregularidades, desviar recursos, endeudar irresponsablemente estados, etc., y esos no se castigan porque "sólo" van contra el patrimonio de los mexicanos y no contra el botín de los políticos.

Es una especie de código interno de nuestro sistema político: puedes cometer como gobernante el delito que quieras, pero nunca te metas con la bolsa sagrada de los partidos.

Hay una parte del mensaje de la gente que se expresa en redes sociales, comentarios, memes, pláticas, chistes y que se manifestó en las elecciones pasadas, que los políticos no han querido escuchar: es un hartazgo, un fastidio hacia los partidos, los políticos, su forma de gobernar, y su forma de simular para pretender aparentar que no son extraordinariamente corruptos.

Ese hartazgo, de acuerdo a la circunstancia, ya llevó a que 3 candidatos fuera de los partidos llegaran a una gubernatura, una diputación federal y una local. Las circunstancias cambian y pronto veremos formas diferentes de manifestarse contra esa clase tan empoderada que en su soberbia sigue sin querer ver ni escuchar.

Cuando los actores más relevantes de la política mexicana hablan del Partido Verde Ecologista de México brota de manera natural un gesto que en el mejor de los casos es de resignación, si no de abierto rechazo.

La estrategia de buscar permanentemente vulnerar la ley, doblarla, estirarla o flagrantemente violarla, en algunos generó admiración por la osadía y en otros reprobación por la desfachatez.

Incluso entre sus aliados, causan pena algunas de las figuras más relevantes del partido. Pienso en los comportamientos públicos de su dueño, Jorge Emilio González Martínez "El Niño Verde", entre otros que se ostentan como representantes de una generación joven de políticos, pero que en realidad desfilan entre la inexperiencia y el patetismo.

En cualquier caso, al hablar del Verde, había un denominador común que anoté desde hace años: muchos de sus interlocutores -socios y enemigos- coincidían en definir a Arturo Escobar como "lo mejorcito que tiene el Verde".

Le atribuían inteligencia política y discurso, un nivel varios peldaños arriba que el promedio del Verde.

Escobar fue nombrado subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana en Gobernación. Imagino que en la administración federal buscaban tener un guiño con el aliado fundamental que ha sido el Verde para que el presidente Peña Nieto siga controlando el congreso, un cuadro joven, pero con recorrido y buen acceso a los más relevantes de la política.

Pero el Partido Verde, comandado por González Martínez y operado por Escobar, ya había generado mucha indignación en el camino. Supongo que en el mismo gobierno no calcularon el impulso de la protesta ante el nombramiento. Lo que vino después fue devastador: la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales de la PGR solicitó una merecida orden de aprehensión en su contra. Y Escobar cayó.

Uno de los salones más concurridos de la FIL fue el que reunió a Jaime Rodríguez "El Bronco", gobernador de Nuevo León; Jorge G. Castañeda, ex canciller; Manuel J. Clouthier Jr., diputado federal; Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, y Pedro Kumamoto, diputado local. Pocas corbatas, muchos liváis, alguna camisa desfajada, ninguna formalidad, como corresponde al común denominador que se utilizó para presentarlos: "Los Independientes".

Ninguno, que se sepa, es escritor. Todos, empero (¿o por lo mismo?) acertaron en el sentir de los ciudadanos, jóvenes en su mayoría, que acudieron en tropel a escucharlos: "La cantidad de dinero usada en las campañas (políticas) es proporcional al desprestigio del candidato"; "El pueblo vomita a los partidos (políticos), porque se les destina el dinero que se escatima en servicios para el pueblo"...

Colofón: Fueron verdades que sonaron como pedradas en el tejado y que seguramente quedaron grabadas a fuego en muchas conciencias... aunque ninguna de ellas aparezca consignada en las páginas de ningún libro.

Anflopo
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 1o.de diciembre de 2015).

Ha trascendido la intención del gobernador por impulsar a la presidencia de El Colegio de Jalisco A.C. a 'Davidcito' Gómez Álvarez, para así removerlo del cargo de subsecretario de Planeación de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, ya que además de escasos resultados, fue señalado al asignar ilícitamente en forma directa a su cercano amigo el 'consultor' venezolano Erick Lobo un millonario contrato para un estudio que podría realizarse por personal de la subsecretaría a cargo de 'Davidcito', y además ha perjudicado la buena relación histórica de Aristóteles Sandoval con organizaciones y líderes comunitarios de real influencia y prestigio social, al haberlos discriminado 'Davidcito' negándoles participación en eventos de propuesta comunitaria y ejercicios de evaluación social del quehacer gubernamental, al apropiarse la definición sobre los personajes o asociaciones convocadas, manipulando para fortalecer a grupitos de 'intelectuales' y 'activistas sociales' de escaso liderazgo social, pero ligados a sus afectos personales y al ITESO, vinculados además con personajes como Mario Silva, o Jesús Carlos 'El Negro' Soto Morfín, hijo de Guadalupe Morfín Otero, regidora en Guadalajara con Enrique Alfaro, el 'Líder Moral' del Partido Movimiento Ciudadano, entre otros 'líderes' quienes impulsaron al hoy 'diputado independiente' Pedro Kumamoto y ayudaron a las victorias del PMC, muchos que ahora son empleados en los gobiernos emanados de ese partido.

Además que 'Davidcito' no es apreciado como académico y contrasta demasiado con la enorme dimensión de Alfonso de Alba, José María Murià y José Luis Leal, al desprestigio por el arribo a 'El Colegio' de un poco respetado sujeto, hay que sumar el peligro de ser entregado al ITESO en detrimento de la UdeG y otras universidades, así como la posible utilización electoral de las actividades académicas y el sesgo antigubernamental de las opiniones, posicionamientos y propuestas sobre políticas públicas.

El precursor de las candidaturas [independientes] en las elecciones de 2006, Jorge Castañeda, mencionó que si [los candidatos independientes] tuvieran que escoger un factor de éxito en los pasados comicios, sería el "hartazgo de [con] la clase política".

Por su parte, el gobernador [de Nuevo León] lo puso en sus propias palabras: existe un "encabronamiento colectivo" y eso ha propiciado un enojo también sobre otras instituciones, como los medios de comunicación.

Los participantes coincidieron en que el dinero de las candidaturas independientes es insuficiente, comparado con el dinero público que reciben los partidos políticos es irracional y crea desventajas.

A propósito del señalamiento de Andrés Manuel López Obrador donde una posible conjura de los partidos políticos para candidatear a un "independiente", Jorge G.Castañeda comentó que sí existe la posibilidad de tener falsos independientes, así como existen falsos positivos en los exámenes médicos: "Pero para AMLO todos van a ser falsos. Si fuera seria la opinión de AMLO, diría que puede haber falsos independientes y verdaderos. Para él la única opción verdadera es él. No creo que sea serio. Por eso le gustan los spots, no tanto por salir tan seguido: si tiene que hablar más tiempo dice pendejadas, tiene propensión a las pendejadas, lo hace cada que habla más de 3 minutos. No con la gente suya en un mitin, donde cualquier cosa que se diga les parece bien".

Los foros de consulta nacional a que convoca el gobierno, siempre terminan en orgía retórica, en marejada de buenos deseos que se vierten para dar marco a decisiones tomadas de antemano. Idénticos son los debates nacionales convocados por la izquierda que se diluyen casi al instante entre insultos, envíos dogmáticos y enloquecimientos verbales. Lo mismo de siempre.

En días pasados, el Congreso de Jalisco publicó una convocatoria "dirigida a la sociedad en general, con excepción de los partidos políticos, a efecto de que presenten a esta soberanía propuestas de candidatos para la elección de un magistrado para integrar el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco".

El que en Jalisco el ejecutivo no participe en el proceso y se excluya a los partidos políticos no ha traído como consecuencia que estos no intervengan, ya que es por todos sabido que la designación de magistrados es un botín que se reparten por turnos los principales partidos políticos.

Un poder judicial profesional y sin cuotas de partidos es requisito indispensable para la competitividad del estado.

El 31 de marzo de este año la Comisión Federal de Electricidad anunció que la licitación para la construcción de la Central de Ciclo Combinado Empalme 1 había sido asignada al consorcio de empresas Senermex Ingeniería y Sistemas, IEPI México, y OHL Industrial. Por el contrato el gobierno mexicano pagará 476 millones de dólares (casi 8,000 millones de pesos).

Por supuesto que una obra de este tamaño y monto del contrato se tiene qué licitar, pero en el México corrupto que vivimos esos contratos no se consiguen así, sino por el poder de las relaciones y de las influencias que los directivos de las grandes empresas tengan con los altos funcionarios que deciden sobre las asignaciones.

En la grabación entre José Andrés de Oteyza, presidente del Consejo de Administración del Grupo OHL México, y el director técnico de la misma empresa, Jesús Campos, (grabada de manera ilegal y difundida estos días en YouTube) el primero le hace saber de forma explícita que él ganó el contrato gracias a que le pidió el favor al director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y que éste le gestionó una reunión con director de la CFE, Enrique Ochoa Reza. De otro modo, el contrato podría haberlo obtenido la empresa Iberdrola (también española) gracias a que tiene entre sus gestores a Herminio Blanco, ex secretario en el gabinete de Carlos Salinas de Gortari.

Es decir, de cualquier forma, en esa conversación se admite que los contratos se ganan por relaciones con los altos funcionarios, no por cuestiones técnicas ni de mejor precio. Es de suponer que las empresas ganadoras darán una jugosa compensación al funcionario que influyó para ganar el contrato.

Hablamos de corrupción de altos vuelos. Pero no pasa nada. En el México contemporáneo, los grandes casos de corrupción quedan impunes, pues desde el mismo presidente participa en estos enjuagues y no pasa nada. Casos como estos implican despedir del puesto a los involucrados o incluso la caída de gobiernos. Pero en el México de la impunidad campante no pasa nada.

Terrible el procedimiento legislativo, que en forma de madruguete sacaran el gobernador del Estado, y los diputados integrantes del Congreso del Estado. En su elaboración existió al menos un poco de pudor al consultar a los interesados, pero al final no se les tomó en cuenta, publicándose el 5 de noviembre, aprobado por los diputados sólo 2 días antes de concluir su encargo.

Como ejemplo, voy a referirme al aumento del porcentaje de áreas de cesión o zonas comunes en dicho ordenamiento, pasando del 16 al 24%, situación que solo incrementará considerablemente el costo de las viviendas en Jalisco. La intención del legislador en su momento era buena, que existieran urbanizaciones que contaran con superficies para servicios públicos cerca de sus viviendas, sin embargo dicha disposición, la cual es inferior en otras entidades federativas, se convirtió en un impuesto adicional para los desarrolladores, ya que, sacrificando a la comunidad a la que estaba dirigida y la cual se beneficiaría de dichas áreas, los ayuntamientos adoptaron la modalidad de que pudiera ser pagada por el urbanizador en efectivo o con terrenos de valor similar fuera de las zonas a desarrollar, desvirtuando con esto el fin para el que fueron creadas dichas áreas, pero además, en muchas colonias que se han respetado las áreas de cesión, los ayuntamientos abandonan su mantenimiento, ¿para que se piden mayores áreas si no les es posible hacerse cargo de las mismas? El ayuntamiento convence a los vecinos en crear las famosas juntas o asociaciones de colonos, y ya creadas, les transfiere, vía cuotas, el costo operacional de la seguridad pública, aseo y limpieza de la colonia, de los parques y jardines y últimamente hasta el bacheo y alumbrado público, servicios que son única y exclusivamente a cargo del ayuntamiento.

Se regulan situaciones que son de competencia municipal ya que ahora para una simple remodelación, según dicen los enterados, se debe pedir permiso al municipio, al Instituto Jalisciense de Vivienda, a la Secretaria del Medio Ambiente y hasta la Procuraduría de Desarrollo Urbano, entonces donde quedara la autonomía municipal, instituyendo penas hasta de cárcel por no contar con permisos de estas dependencias.

¿Por qué diablos le debo pedir permisos a la Secretaría del Medio Ambiente estatal, si el artículo 28 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (en materia de Impacto ambiental, explotación de bancos de material geológico, yacimientos pétreos y de prevención y control de la contaminación a la atmósfera generada por fuentes fijas en el Estado de Jalisco), señala los únicos casos en que corresponde al gobierno del estado evaluar el impacto ambiental a que se refiere dicha ley? Y en ninguno está la remodelación de una casa o la construcción de un depósito, bodega o nave industrial en un predio particular, situaciones que competen única y exclusivamente a los municipios y siempre y cuando [no] sean actividades que puedan afectar el equilibrio ecológico. Yo la verdad creo que es solo una fuente de ingresos más, ya que, supongo que las autorizaciones de todas esas dependencias no serán gratis.

Trascendió
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 27 de noviembre de 2015).

Cuando López Obrador no quiere o le teme a algún rival no debate con él, lo descalifica. Lo hizo con Jaime Rodríguez, cuando el gobernador de Nuevo León insinuó que podría buscar la candidatura presidencial; lo ha hecho con el PRD, al que acusó de traición (quizás porque decidió no suicidarse cuando él lo abandonó) y de ser parte de su útil para todo "mafia en el poder"; lo está haciendo con el gobernador perredista Arturo Núñez, quien cometió el pecado de no ser un incondicional suyo (y de no hacerle ganar elecciones en ese estado, aunque fuera a la mala); y ahora se exhibió como un misógino cualquiera descalificando a Margarita Zavala porque no le gustó nada que estuviera al mismo nivel que él en las encuestas. Es mujer y además la esposa de Felipe Calderón, consideró López, por lo tanto es un instrumento de otros.

López Obrador puede ser calificado de muchas cosas: de un duro opositor, de un político tenaz, de un hombre que ha recorrido una y otra vez el país, pero nadie puede catalogarlo, con seriedad, de ser un hombre de izquierda, siquiera progresista, sobre todo si identificamos el progresismo con la tolerancia, las libertades, el rechazo al autoritarismo, la equidad de género, el respeto a la ley y el derecho.

El problema es que no puede descalificar como una mera extensión de un hombre a una mujer como Margarita Zavala, que ha militado toda su vida en el PAN (era militante juvenil panista cuando Andrés Manuel se dedicaba a ser el compositor del himno del PRI en Tabasco en tiempos de López Portillo), que ha sido diputada, dirigente del partido y que dejó una impronta muy recordada por su labor cuando fue inquilina de Los Pinos. Así cree López Obrador que puede descalificar a cualquier mujer que sea su contrincante.

No es un paso en falso. Muchas veces, y lo demostró durante su gobierno, López Obrador ha insistido en que él no apostaba por una agenda de libertades. No apoyó el derecho de la mujer a decidir, e incluso bloqueó esas iniciativas cuando quisieron ser impulsadas por el PRD, no apoyó los matrimonios entre personas de un mismo sexo, no tuvo una agenda para las mujeres, más allá de subsidios específicos por maternidad o por hijos, que son muy útiles pero que no alcanzan para que las mujeres puedan gozar realmente de un estatus de igualdad. En todos esos temas estuvo más cerca del cardenal Norberto Rivera, que lo llevó ahora al Vaticano, que de su partido, su militancia y las mujeres. En las elecciones de 2006 acusó a Patricia Mercado de no haber declinado en su favor, pero olvida que jamás quiso adoptar ninguno de los puntos que tenía Patricia en su programa para contar con ese apoyo.

Su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, que siempre mantiene un perfil muy bajo, ahora apareció públicamente, pero para contestarle a Margarita, diciendo que está apelando a la cuestión de género para defenderse de acusaciones políticas. Alguien le debería explicar a Beatriz que el que agredió a Margarita recurriendo a la cuestión de género, para evitar debatir cuestiones políticas, fue su esposo, al descalificarla sin más porque no le gusta que esté casada con Calderón. Muy flaco favor el que le hicieron a Beatriz Gutiérrez con esa aparición, ¿para debatir con una mujer tienen que lanzar a otra mujer?, ¿no puede o no se digna Andrés Manuel a hacerlo personalmente?

López Obrador inició también una campaña para evitar que la gente pague por la luz eléctrica en Tabasco. Es algo que comenzó hace casi 25 años y que nos ha costado millones a todos los que sí pagamos por ese servicio público. Es una barbaridad y es algo francamente populista: la gente, todos, debemos pagar por los servicios que recibimos si queremos que esos servicios mejoren y funcionen adecuadamente. Eso es lo verdaderamente igualitario. No pagar la luz porque López considera que le hicieron fraude en una elección estatal en los 90 es un sin sentido. Y lo hace, además, comprando camionetas y contratando personal para que "asesore" (en realidad para que restablezca el servicio cuando sea cortado por falta de pago) con dinero público, que recibe supuestamente para su partido.

Es el mismo López Obrador que cuando era jefe de Gobierno y fueron linchados por una turba unos policías federales en Tláhuac, no ordenó a la policía intervenir para salvarlos y luego argumentó que los linchamientos eran usos y costumbres de los pueblos indígenas que había que respetar. Es el mismo que no permitió, durante su administración capitalina, que se compraran cámaras de vigilancia, computadoras y redes en las áreas de seguridad de la ciudad porque él no creía en eso. Que le pregunten si no cómo recibió la procuraduría del DF Miguel Mancera, ya en el gobierno de Marcelo Ebrard.

Sin duda se puede apoyar y votar por López Obrador por muchas razones, pero que nadie lo califique como progresista: es un político misógino, machista, conservador y autoritario. Eso sí, nadie le quita lo de tenaz opositor.

La campaña presidencial de 2018 comenzó formalmente esta semana, por cuanto toca a Andrés Manuel López Obrador. El ciudadano tabasqueño fue ungido como presidente de Morena el viernes pasado y comenzó a desbarrancar su candidatura sobre 2 vertientes equívocas: incitar a la rebelión civil en Tabasco para acelerar el metabolismo antisistémico del cual se alimenta, y golpear a quienes piensa que le están haciendo daño, la panista Margarita Zavala, y el líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Si su idea era sacar raja política de ello, le resultó lo contrario.

La rebelión social que lanzaría este lunes la suspendió porque la sociedad política se alineó en su contra. Quería que estallara el gobierno de Arturo Núñez en Tabasco, porque su viejo aliado lo traicionó al trabajar con el PRI para frenar a Morena en las elecciones federales de junio, y firmar un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para renegociar la deuda de más de medio millón de tabasqueños que habían dejado de pagar la luz, y que había generado un adeudo de 9,000 millones de pesos, en un entendimiento con el gobierno federal inaceptable para López Obrador.

Esas acciones de Núñez propiciaron que López Obrador quisiera poner en acción a los comités en los 17 municipios tabasqueños organizados en julio para el no pago de la luz. Su iniciativa, sin embargo, ha generado violencia contra las instituciones en ese estado. Al menos 2 trabajadores de la CFE fueron asesinados por creyentes de López Obrador mientras desconectaban los "diablitos" con los que se robaban la luz, y otros más han sido permanentemente hostigados por hacer su trabajo.

Continuar en esa línea no iba a ir de la mano de su intento por mostrarse ante las clases medias y empresariales, que son las que definen las elecciones, de que su talante belicoso e institucionalmente rupturista es cosa del pasado. El paso atrás fue inteligente en términos tácticos, aunque perdió testosterona en el arranque presidencial. Poco avispado, en cambio, fue atacar a Zavala y Beltrones.

Durante más de 2 semanas, López Obrador ha sido obligado a pelear en la arena pública por la iniciativa de Beltrones de pedir reformas a la ley electoral para que el jefe de Morena no aproveche las lagunas legales en la reforma política que le permitieron utilizar tiempos oficiales para spots promocionales de su persona. La iniciativa obedece a que en la campaña para diputados federales esta primavera, López Obrador usó para él los 590,000 spots de Morena, en lugar de promover a sus candidatos.

Las denuncias de López Obrador de que lo querían "borrar" de radio y televisión, no lograron impedir que avance la iniciativa en el Congreso. Ante esa inminente derrota, la venganza fue tirarle pastelazos a Beltrones. Según la columna Trastienda del portal Eje Central, desde el martes se recicló en las cuentas lópezobradoristas en Twitter la vieja acusación de que el priista estaba vinculado al narcotráfico. Los golpeadores cibernéticos del tabasqueño reciclaron una vieja investigación en The New York Times, donde se mencionaba esa especie. Tras su publicación en los 90’s, Beltrones demandó al periódico, con el que llegó a un acuerdo fuera de tribunales que obligó al Times a publicar una rectificación y admitir que no tenía forma de probar la acusación.

La vendetta que aprovecha la poca memoria, no impedirá que frenen su abuso, pero refleja que López Obrador no deja de ser el mismo de los 90’s, del 2006 y 2012, cuya intolerancia a la crítica y poca resistencia a los ataques políticos, han contribuido a que no llegue a la Presidencia. Otro ejemplo es la forma como descalificó a Margarita Zavala como contendiente a la Presidencia, bajo el argumento que era es un apéndice de su esposo, el ex presidente Felipe Calderón.

La señora Zavala, contra lo que dijo López Obrador, tiene una larga carrera dentro del PAN, y es reconocida como una negociadora dura, en ocasiones excesiva. Esto no ve el público, donde el electorado la coloca en las encuestas como la panista mejor evaluada para la contienda presidencial en 2018. La manera despectiva como se expresó López Obrador de ella, fue aprovechada por el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, quien lo acusó de "cobarde" y lo retó a un debate público. López Obrador lo descalificará en automático, como siempre ha hecho con sus pares, pero la descalificación contra la señora Zavala lo coloca como un misógino y se abrió un frente en el segmento de las mujeres.

Lo que ha hecho López Obrador le dará ideas a sus opositores para empezar a debilitarlo. La fórmula no está en atacarlo, sino en exhibirlo. Colocarlo ante su espejo es tóxico para el tabasqueño. Los estrategas de sus adversarios tienen que recordar que la fórmula para neutralizarlo es aprovechar errores como estos, entender que sus reflejos no son agresivos sino defensivos, y colocarlo sobre una pista de hielo para que patine.

Reducida su influencia al no coincidir con el cacique universitario Raúl Padilla López, el ex rector de la Universidad de Guadalajara Enrique Javier Alfaro Anguiano orientó a su hijo Enrique a involucrarse de lleno a trabajar en su partido el PRI, arropado por el acaudalado empresario Raymundo Gómez Flores, que vinculado familiarmente con Dulce María Sauri Riancho, la varias veces ex legisladora, ex gobernadora de Yucatán y ex dirigente nacional priista, fue senador e influyente por su gran cercanía a José Córdoba Montoya, el principal lugarteniente del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Alfaro Ramírez dejó el PRI en 2006 al obtener una diputación local plurinominal por la coalición del PRD, con el PT y Convergencia, por respaldar al por 1a. vez candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y a Enrique Ibarra Pedroza que contendió por la gubernatura.

Abanderando al PRI, Alfaro perdió en 2003 la alcaldía de Tlajomulco de Zúñiga, por la que contendió de nuevo y ganó en 2009 postulado por los partidos de izquierda, difundiendo hábilmente por medios y redes sociales su 'imagen de buen gobernante' impactando positivamente más allá de su municipio, enfocando a los habitantes de Zapopan y Guadalajara.

Sin ser militante controla desde hace años la 'franquicia' en Jalisco del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) y engañando al ofertar un 'Proyecto Ciudadano' fue en 2012 un muy competitivo candidato por dicho partido a la gubernatura, con gran votación en la zona metropolitana que se dice obtuvo respaldado por adinerados empresarios y el entonces gobernador Emilio González Márquez, que a través de operadores como Eduardo Rosales, Martín Hernández y Herbert Taylor, le allegaron muchos votos traicionando gustosos al antipático Fernando Guzmán Pérez Peláez, el candidato de su Partido Acción Nacional.

Preservando sus alianzas, Alfaro avanza por la gubernatura en 2018 al ganar al PRI abrumadoramente Guadalajara, y con 'golpes efectistas' se construye imagen de eficaz 'alcalde ciudadano', sacando de pequeña zona céntrica solo a grupos de ambulantes ligados al PRI, con cuya dirigencia pareciera haber conveniado dicha acción, retirando también a muy pocos gandallas que lucraban con el uso privado de banquetas públicas.

Existe aún mucho comercio informal y uso ilícito de espacios comunitarios tolerado en gran parte de Guadalajara; así como camellones, plazas y glorietas tan horribles como cuando Alfaro inició su gestión hace ya 2 meses; hay corrupción, impunidad e incremento de criminalidad con ejecuciones a pleno día en lugares muy visibles en zonas que deberían estar vigiladas y algo similar acontece en Zapopan en tanto el alcalde 'Pablito' se entretiene pavoneándose en 'eventos de alta sociedad', lo mismo ocurre en Tlaquepaque y 'La Dama' parece aún no darse cuenta de que es la alcaldesa.

Alfaro debe preservar imagen de eficacia y calidad de fuerte aspirante a la gubernatura con acciones de fondo para abatir la problemática de Guadalajara y no sólo como hasta ahora, presumiendo simples 'golpes mediáticos', además que, siendo 'líder moral del PMC' debe ya exigirles trabajar con seriedad a los alcaldes emanados del partido que domina.

El caso mexicano queda como uno de los ejemplos más notables de lo que no debe ser una política pública en radiodifusión por las siguientes razones: a) la incertidumbre ante el cambio de fechas del apagón [analógico] y las ciudades en las que se llevaría a cabo este proceso, b) la litigiosidad por los amparos promovidos por las televisoras y la controversia constitucional impulsada por legisladores en 2010 para detener los cambios regulatorios, c) el uso electoral del programa de entrega de televisores, d) la opacidad en la toma de decisiones (¿a quién se le ocurrió regalar televisores en lugar de decodificadores? ¿qué presupuesto se ha destinado realmente para el equipamiento de hogares y el gasto operativo de entrega?), e) la nula participación de la sociedad en la definición de la política, y f) ante todo, el alto, el altísimo costo que tuvo para los mexicanos este programa, de al menos 26,000 millones de pesos sólo por la adquisición y distribución de los equipos, y adicionalmente el gasto por el reciclaje de las TV’s obsoletas.

Si todo se desarrolla conforme a lo previsto, el 31 de diciembre de 2015 viviremos un momento histórico en materia de medios de comunicación. El gobierno federal y el IFT estarán celebrando la llegada del nuevo año y la nueva etapa de la televisión mexicana. Pero no todo será miel sobre hojuelas. Además de que mucha gente se quedará sin servicio de televisión abierta, se habrá concretado uno de los más grandes dispendios de recursos -y sin consecuencia para los involucrados- en aras de la "inclusión digital".

Los partidos políticos en Jalisco pasan por un bache profundo. Quizá el hecho no sorprenda a nadie e incluso a muchos les alegrará corroborarlo. Sin embargo, no es una buena nueva si se analiza la perspectiva de cambio social en un futuro de medio plazo; y es que si las cosas han de mejorar, será con la participación de los partidos.

Una rápida revisión de la situación que atraviesan es la prueba más clara de su reciente crisis.

El partido en el gobierno estatal, el PRI, no atina todavía a ofrecer una respuesta sensata a los resultados negativos de la elección del 7 de junio; ni siquiera consiguen reorganizarse. El sector priista más cercano al mandatario Jorge Aristóteles Sandoval está claramente separado de las bases, y con el paso de los meses resurgen más figuras que se fortalecen en la diferencia, no en la fortaleza. El nombramiento de Eugenio Ruiz Orozco al frente de la delegación regional del Comité Ejecutivo Nacional del partido tricolor es muestra de ello.

Por otra parte, el partido triunfante en la elección, MC, parece haber quedado huérfano. Al consolidarse el proyecto del alcalde Enrique Alfaro Ramírez en pos de la gubernatura, crece más su figura en detrimento del instituto político. De hecho, determinaron nombrar a un nuevo presidente, Guillermo Medrano, que parece tener la misión de ser invisible. No existe una postura partidista; sólo importa lo que hacen y dicen el presidente municipal tapatío y el resto de los metropolitanos.

El que fuera hasta hace pocos años el partido dominante, Acción Nacional, es sólo una sombra desfigurada de lo que alcanzó a ser cuando los jaliscienses optaron por la alternancia política en el año 1995. Actualmente, sin liderazgos firmes o siquiera, sin ideas qué defender, se debate en una lucha intestina por la presidencia del Comité Estatal partidista. El resultado de las elecciones puede ser sólo uno de 2: más de lo mismo o un rompimiento más profundo.

Del PRD puede decirse igual que hace años: sólo algunos saben que tiene oficinas con domicilio en el centro histórico de Guadalajara, pero su peso específico en la toma de decisiones se puede expresar en dígitos negativos.

Hay más partidos políticos, como el Verde Ecologista, que incluso registró un crecimiento en la última elección. Ahora tiene 3 diputados en el Congreso estatal, pero su profunda alianza con el PRI y la agenda dominada por Enrique Aubry lo anula como opción social.

Hasta la nueva fuerza política, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pasa por conflictos internos que lo hunden en la intrascendencia. Andrés Manuel López Obrador, con todo y su fuerza creciente, no hace mejor al partido que fundó y ahora preside.

Del resto de los partidos, ni siquiera es necesario hablar. No existen.

Los partidos políticos están desdibujados, ajenos a los motivos que les dieron origen. Hoy están convertidos en espacios cupulares donde el objetivo más importante es acceder a recursos públicos y ganar espacios de poder.

En democracia, lo más dañino es la acumulación de poder.

Andrés Manuel López Obrador va por su 3a. contienda y empieza a repetir el método de las 2 primeras: conforme se acerca la fecha electoral, se suaviza. Desactiva el "modo radical", se olvida de insultos y descalificaciones, no pasan por su cabeza bloqueos ni tomas; por el contrario, da un giro de 180 grados y se presenta al público como un líder sereno, conciliador, que suma, aglutina, tolerante.

El truco le ha funcionado en 2 campañas presidenciales consecutivas y ya está encarrerado con la 3a.

Desde que tiene bancada en la Cámara de Diputados, Morena, el partido del que López Obrador es dueño, ha radiografiado su manera de actuar: una oposición férrea pero sin romper ventanas. A todo lo que viene del gobierno y los demás partidos se opone, pero sin los desmanes de siempre. Dan el debate en tribuna y tratan de posicionarse como un movimiento que rechaza lo que venga del gobierno y los partidos de siempre.

López Obrador, que un mitin tras otro caricaturizaba hasta el insulto al presidente Peña Nieto, ahora hasta pide cita en Los Pinos para hacerle llegar, por mano de sus asesores, planes para hacer el nuevo aeropuerto en un lugar distinto.

Sus spots -el único candidato presidencial que no ha dejado de anunciarse en televisión y radio, desequilibrio en la campaña que si no fuera cometido por el propio López Obrador... sería denunciado por él mismo como causal de anulación de los comicios- son los de un líder político que se presenta candoroso y victimizado, que le recuerda a su pueblo "te lo dije".

Las acciones de los políticos de Morena y las de su caudillo apuntan claramente en la misma dirección: quieren dar una imagen que resulte atractiva para un sector más grande del electorado. Sobre todo, por el enorme descontento ciudadano que existe hacia la clase política tradicional, de la que -a pesar de haber pertenecido a ella 3 décadas en cargos directivos pagados con el presupuesto público- López Obrador busca distanciarse.

Pareciera que hay muchos que bendicen las actitudes de AMLO, que pretende revivir la cultura del "no pago", esa que con tanto trabajo se fue eliminando del panorama nacional luego de la crisis de 1995.

El caso de Tabasco y la electricidad muestra que AMLO sigue pensando que existe el derecho de hacerse justicia por propia mano.

Reinstalar las conexiones eléctricas que fueron suspendidas por falta de pago es saltarse decisiones judiciales o administrativas por considerarlas injustas, es mandar al diablo a las leyes o instituciones.

El problema es que cuando la opinión popular tiene la sensación de que las cosas están muy mal, se presume que en lugar de costo, habrá aplausos para este tipo de decisiones.

A pesar de que las autoridades estatales y municipales están obligadas a informar sobre cierres o desviaciones durante el desarrollo de obra pública, no existen leyes que sancionen en caso de que no retiren estos materiales. Ante esta situación, lonas y mantas son abandonadas generando contaminación visual.

De los poderes, el más difícil de ser sometido a control es el legislativo. Como ellos hacen la ley, nunca incluyen sanciones para sí mismos. Y si incumplen los plazos u obligaciones que se fijan nadie puede sancionarlos, ya que en los legisladores prevalece una concepción feudal de la soberanía. Mientras esto siga así -y también el Presidente de la República no sea responsable por violaciones expresas a la Constitución- no puede decirse que México sea un país en el que prevalezca el Estado de Derecho.

Antier el Senado de la República aprobó la Ley Federal de Transparencia que aumenta las obligaciones de los poderes ejecutivo y judicial, pero deja intactas las 15 que el legislativo ya tenía en el Artículo 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 4 de mayo de 2015. Pero no sólo eso: con la mayor desfachatez del mundo se hicieron los desentendidos de la obligación contenida en el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la ley mencionada que ellos mismos aprobaron y que desde el 30 de agosto pasado debieron haber cumplido para transparentar los recursos que ejercen los legisladores federales como apoyo a los grupos parlamentarios.

2 leyes de transparencia han sido ya aprobadas por ellos mismos y las partidas de apoyo a los grupos parlamentarios de ambas cámaras se mantienen en la más absoluta opacidad. ¿Sabe usted el monto que representan? Aproximadamente 23% de su presupuesto, que para 2016 será de 14,102 millones de pesos y que corresponden a más de 3,200 millones de pesos que en las 2 cámaras los coordinadores de los grupos parlamentarios ejercerán discrecionalmente sin que nadie lo pueda evitar, mucho menos castigar por la forma como lo hacen.

Se ha cuestionado la eficacia y existencia misma de la Secretaría de la Función Pública como órgano de control interno del ejecutivo federal. Sin embargo, de la ineficacia de una supuesta contraloría que por disposición de ley existe en cada cámara para revisar las subvenciones a los grupos parlamentarios, nadie dice nada. Así como el ejecutivo nombra al sujeto que supuestamente lo investiga o controla, los legisladores nombran al contralor de cada cámara. En consecuencia, los órganos de control interno de estos 2 poderes jamás van a encontrar irregularidad alguna, como ya se ha demostrado.

Pero el problema no sólo es ese: vamos suponiendo que en el futuro pudiera establecerse un órgano de control interno autónomo e independiente para ambos poderes, en el caso de los diputados y senadores las irregularidades detectadas y denunciadas ante la Auditoría Superior de la Federación no tendrían consecuencia alguna, puesto que este órgano depende del poder legislativo.

Los legisladores revisan a todas las demás autoridades y órganos del Estado, pero a ellos nadie puede supervisarlos. Además, si a algún despistado se le ocurriera hacerlo y encontrara cargos o responsabilidades, para eso tienen el fuero y son los únicos autorizados para acordar a quién se le quita.

Una verdadera reforma en materia de transparencia y combate a la corrupción debe incluir la eliminación del fuero, así como la creación de órganos de control y auditoría independientes del poder legislativo.

La Procuraduría de Protección al Ambiente de la actual administración [estatal] ha emitido 119 resoluciones a ayuntamientos del estado por un monto superior a 29 millones de pesos por violaciones a diversas normas ambientales estatales.

Exhorta a las nuevas autoridades a acatar las disposiciones ambientales vigentes en el estado, en el rubro del manejo integral de los residuos, por lo cual la dependencia emitió una recomendación el pasado 13 de noviembre a los ayuntamientos de la entidad.

Desde la reforma política de 1979, la de Jesús Reyes Heroles, el sistema político y electoral del país ha sufrido numerosos cambios que tuvieron, en las de 1994 y 1997 sus principales expresiones. Las posteriores, pero sobre todo las del 2007 y más aún la del 2013, en lugar de modernizar el sistema, lo complejizaron, en lugar de abrir espacios para la participación de la ciudadanía, los cerraron, y le dieron a los partidos políticos recursos, publicidad y control electoral casi inimaginables en ningún otro sistema electoral.

En esas 2 reformas, por acuerdos partidarios, se llegó a desmantelar dos consejos generales del IFE (cuyos consejeros por definición deberían ser inamovibles de sus cargos) y se creó, sin que existieran todas las condiciones idóneas para dar ese paso un instituto nacional para organizar todas las elecciones en el país, al que se carga de atribuciones pero no siempre de instrumentos legales y materiales para sacarlas adelante. Las normas se han hecho en muchos casos sin reflexionar sobre ellas y nos encontramos con causales de anulación en la que alcanza la declaración de un funcionario para que se tengan que repetir esos comicios. No podemos ir con esas leyes a los comicios del 2018.

Uno de los temas claves es el del financiamiento de los partidos, una cantidad que aumenta en forma geométrica año con año, elección con elección y que francamente indigna a la sociedad. El otro tema es el de los spots: los partidos tuvieron millones de spots en la campaña, una cantidad absurda, con un costo altísimo para las empresas de comunicación y generando un desgaste en una ciudadanía abrumada por la cantidad de anuncios sin sentido. Pero también nos hemos encontrado con otro fenómeno. La utilización de esos spots como una vía de promoción personal de un candidato de cara al 2018. Morena no hace publicidad de su partido ni de sus candidatos: todos, y cada uno de los espacios de publicidad de ese partido son para promocionar a Andrés Manuel López Obrador, quien será su candidato presidencial para el 2018.

Es evidente que se trata de actos anticipados de campaña, pero se realizan en una línea gris entre el delito electoral y el margen de la ley. Lo cierto es que se trata de una condición que no puede replicar ningún otro partido por la sencilla razón de que los funcionarios públicos que podrían aspirar a estar en las boletas electorales del 18, están impedidos de hacerlo, y los dirigentes partidarios que podrían aparecer se encuentran también atados de manos porque en sus partidos no hay definiciones tan adelantadas para esa elección. El hecho es que López Obrador ha tenido ya millones de spots gratuitos en todo el país, generando una ventaja ilícita respecto a cualquiera de sus competidores. Se deben llenar esos huecos en la ley que violan su espíritu y su letra. Pero también se debe reducir el número exorbitante de anuncios para los partidos y autoridades electorales, antes y durante las campañas. Y se debe aceptar algo que fue uno de los principales errores de la reforma del 2007, contra el que varios periodistas, intelectuales y analistas nos amparamos porque constituye una violación a nuestros derechos políticos: el derecho a contratar espacios publicitarios para expresar nuestras opiniones sobre temas políticos y electorales. Es inconcebible que se le haya quitado ese derecho a la sociedad y se lo haya dejado exclusivamente a las dirigencias (porque no a la militancia) de los partidos políticos. De allí han surgido engendros.

El Servicio de Administración Tributaria sancionó al Gobierno de Sonora quitándole temporalmente facultades de fiscalización y exigiéndole el reembolso de más de 100 millones de pesos.

El castigo al estado se dio luego de que la autoridad detectó incumplimientos a las disposiciones legales federales y diversas anomalías en procedimientos durante la pasada administración de Guillermo Padrés.

El SAT verificó 198 auditorías detectando que se autorizaron pagos en parcialidades del IVA y de retenciones del ISR e IVA, en contravención al Código Fiscal de la Federación.

En otras auditorías descubrió que se aprobaron préstamos millonarios sin realizar procedimientos para verificar su origen y procedencia, asimismo se validaron operaciones con clientes o proveedores con las copias de las facturas sin comprobar con el tercero las operaciones realizadas.

Derivado de lo anterior, el gobierno estatal dejará de ejercer las facultades de comprobación, y no tendrá derecho a recibir los incentivos correspondientes del 20 de noviembre al 31 de diciembre próximos.

Además "se hizo acreedor a una sanción consistente en el reintegro a la federación de 70.2 millones de pesos de incentivos cobrados indebidamente y 34.2 millones de pesos que fueron reportados indebidamente al Fondo de Fiscalización ahora denominado Fondo de Fiscalización y Recaudación".

Los estados de Chihuahua, Quintana Roo y Coahuila son los más endeudados del país, si se les compara con su Producto Interno Bruto, ya que deben destinar 8.4%, 8.3% y 6.5% de la riqueza que generan, respectivamente.

Chihuahua tiene una deuda total de 41,309 millones de pesos; Quintana Roo, 21,983 millones de pesos, y Coahuila un total de 37,242 millones de pesos.

En promedio, las entidades tienen una deuda que representa el 35% de sus ingresos totales, pero en el caso de Coahuila y Quintana Roo rebasa el 100%, mientras que en Chihuahua es mayor al 86.3%.

Un economista experto explicó que "una es la deuda financiera registrada, que no es tan preocupante pues en total suma unos 500,000 millones de pesos, que como porcentaje del PIB nacional es poco. Pero en algunos estados sí es preocupante respecto a sus participaciones o ingresos totales, además muchas veces la deuda con proveedores llega a ser hasta el doble de su deuda financiera registrada; es lo preocupante".

Representantes de hoteles ubicados en el Estado de México, Michoacán y Veracruz indicaron que en los próximos días desalojarán a los elementos de la Policía Federal si no se les paga el adeudo a la brevedad.

Luego de que se diera a conocer que la Federación debe más de 653 millones de pesos a 201 hoteles ubicados en 22 estados y el Distrito Federal, los afectados señalaron que se encuentran operando en números rojos y de no recibir el pago, tendrán que cerrar por falta de recursos.

Solicitaron la intervención del secretario de Gobernación y del Presidente de la República para que antes de que termine el año les paguen todo el adeudo ya que también tienen problemas con los bancos a quienes solicitaron financiamiento y no tienen cómo liquidar.

Agregaron que si no tienen una respuesta en la que se comprometa el pago, convocarán a todos los afectados para manifestarse en la Secretaría de Gobernación hasta que sean recibidos por Miguel Ángel Osorio Chong.

Fuentes de la Comisión Nacional de Seguridad reconocieron que tienen una deuda con los hoteles, y aunque aseguraron que liquidarán, tienen problemas administrativos y no hay fecha para saldar la deuda.

El Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco es una instancia estratégica para los intereses políticos: interviene para definir la legalidad de los actos de la autoridad pública. Es un espacio codiciado por políticos, líderes partidistas y funcionarios gubernamentales.

Para entender el TAE hay que analizar su origen y los equilibrios políticos del momento: debido a que los magistrados son elegidos por los diputados locales, su integración responde a las fuerzas políticas representativas. El partido que tenga más representantes en el congreso logrará mejores posiciones en el tribunal.

A pesar del presupuesto que recibe el TAE, los resultados no son los mejores. Mientras el presupuesto del TAE en Jalisco es 20% superior al de Nuevo León, éste último duplica en atención a demandas por magistrado al primero, según un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Los salarios son altos en comparación con la media nacional. Solamente el Distrito Federal y Guanajuato se acercan a Jalisco, donde el salario promedio por magistrado rebasa los 186,000 pesos, según la nómina del propio TAE.

El Tribunal de lo Administrativo resuelve sobre casos que implican una derrama económica considerable. También falla en materia vinculada con permisos para obras polémicas, como gasolineras, casinos o construcción vertical.

Jaime Rodríguez, actual gobernador independiente de Nuevo León, menciona que hay un enojo colectivo de la sociedad en contra de los partidos políticos por la corrupción de éstos.

Entorpecer los requisitos para que un ciudadano pueda ser registrado como candidato independiente, es el nuevo deporte legislativo nacional.

Entre 1911 y 1946 estuvieron contempladas en la legislación secundaria (y no por eso México era más democrático de que lo es hoy en día). De esta última fecha a 2007, se permitían en la Constitución y se prohibían en la ley. De noviembre 2007 a Julio 2012 se incluye de manera escondida en la Carta Magna el derecho exclusivo de los partidos políticos de registrar candidatos a cargos de elección popular. De agosto de 2012 a abril de 2014, existe la figura en la Constitución, pero el Congreso de la Unión no expide la reglamentación respectiva. De mayo de 2014 a julio de 2015, se aplica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para CI a cargos federales, y una laxa o similar regulación en las entidades federativas, lo que trae como consecuencia que Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" logre ganar la gubernatura de Nuevo León. De julio de 2015 a la fecha, las legislaturas locales han estado aprobando "leyes anti Bronco" para impedir que pueda repetirse caso similar en otro estado.

En el fondo, 2 son los principales problemas de las CI en nuestro país: 1.- haberlas permitido para el cargo de gobernador, sin un "candado" o dispositivo constitucional que impida el obstruccionismo del legislativo al ejecutivo, o que permita superar los impasses o diferendos entre ambos poderes (lo que está sucediendo actualmente en Nuevo León demuestra de manera elocuente lo anterior); y 2.- El hecho de que la Constitución haya facultado a las entidades federativas a legislar en materia de CI a cargos estatales y municipales, ha empezado a generar una "esquizofrenia jurídica" en el entendido de que existan requisitos flexibles para CI a cargos federales y tortuosos para los locales.

El éxito de las candidaturas independientes expresa el hartazgo social a la ineficiencia, corrupción y opacidad de la clase política organizada en partidos.

El impacto de las candidaturas independientes en el sistema político mexicano está aún por conocerse en las próximas elecciones estatales y, principalmente, en la sucesión presidencial de 2018.

La clase política, los líderes partidarios, los legisladores y los gobernantes debemos tener la visión de acompañar a la sociedad en sus principales demandas y expresiones. Si lo hacemos con honestidad, seguiremos siendo sus representantes; de lo contrario, la sociedad nos dejará a la orilla del camino.

Aún faltan los ojos que permitan a la sociedad vigilar desde un punto de vista técnico, la aplicación de los recursos públicos, cubiertos con nuestros impuestos, recursos que nos pertenecen a todos y que son el resultado de nuestro trabajo, los cuales si no son aplicados correctamente sería mejor no aportarlos.

Ante tanta corrupción, impunidad y sobretodo pésimo manejo de los recursos públicos, en 2003 se expidió la Ley de Fiscalización del Estado de Jalisco, creando un órgano que aparentemente vendría a mejorar el funcionamiento de nuestro estado, con la intención de evitar que algunos diputados lavaran cuentas públicas a cambio de favores políticos de sus partidos. Este órgano es la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

La intención del legislador quedó en el Diario de Debates, pues la Auditoría no se convirtió en ese órgano técnico que auxilie al Congreso del Estado en la tarea de fiscalización, otorgando a la ciudadanía seguridad jurídica, transparencia y vigilancia sobre el manejo de recursos públicos, sino todo lo contrario, es el ejemplo de cómo en nuestro país las instituciones, por muy bien cimbradas que se encuentren en la teoría, en la práctica se pudren de manera acelerada.

Este órgano, dotado de autonomía técnica y de gestión, no corrió la misma suerte en cuanto a su autonomía política. Para la designación del auditor, los diputados de todos los partidos lo eligieron y protegieron de acuerdo a intereses particulares y en defensa de sus colores, pues no quieren que se vean afectadas sus cuentas públicas o las de sus colegas de partido.

Su titular, Alonso Godoy, se ha convertido en el símbolo de la opacidad, en la antítesis de la teleología del órgano que dirige y además ha solapado el saqueo de las arcas públicas, situación que ha motivado a que la ciudadanía en su totalidad se inconforme con su labor. Esta inconformidad concatenó que en las afueras de la Auditoría se reservara un "carril exclusivo para la corrupción", sin mencionar aquella ocasión en que una organización ciudadana tuvo la creatividad de ilustrar a este impopular sujeto como una rata gigante en la rotonda de los hombres ilustres, como una muestra de humor negro y sátira a la deficiencia de nuestras instituciones.

Deficiencia importante es la duración del encargo, ya que si bien es cierto, cuando se pensó en la creación de este órgano, la intención fue dar continuidad a quien lo represente, ahora la longitud de este periodo se ha tornado contraproducente, pues el auditor ha hecho de nuestro estado el plato del cual se sirve con la cuchara grande, alcanzando el reconocimiento como una de las autoridades públicas más difamadas y vituperadas del sistema político nacional, ya que incluso las irregularidades y desfalcos de todos los demás tienen hasta cierto punto participación o protección de este ya cada vez más reconocido sujeto.

¡Basta de tanta impunidad! es momento de actuar y exigir a los nuevos diputados la designación de alguien ajeno al medio político, amplia solvencia moral, preparación adecuada y que desafíe el encargo con total convicción de hacer frente a la podredumbre que envuelve a nuestro sistema.

El dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, criticó los tiempos oficiales que están utilizando algunos políticos para promover sus posibles candidaturas.

Esto es contrario al espíritu nacional del uso de los tiempos oficiales que tienen los partidos para promover sus ideas y sus programas, no a sus posibles candidatos.

"Yo insto a los dirigentes de los partidos políticos -ya sean presidentes, secretarios o líderes morales de los partidos políticos- a que dejen los espacios oficiales que son para los partidos políticos, y eviten el estar promoviendo sus personas. Eso es trampa".

"Ustedes ven en la televisión que aparecen dirigentes de partidos promocionando su figura en los tiempos oficiales, y eso es lo que yo llamo tramposo: lo está haciendo el señor Andrés López Obrador, también Ricardo Anaya, lo podrían hacer otros partidos", aseguró.

"Si el PRI resolviera utilizarlos de la misma manera, estaríamos haciendo un fraude a la ley, por lo que digo que sí hay algunos vacíos legales, los tenemos que cubrir y solicitaré a las fracciones parlamentarias que estudien una modificación para evitar que esto siga resolviéndose de la manera en la cual, a mí en lo particular, me parece un abuso de los tiempos oficiales o una trampa a la ley".

Precisó que las modificaciones que propone se pueden aplicar de inmediato en las elecciones de 2016, de lo contrario, "tendríamos que los tiempos oficiales de los partidos los pueden estar utilizando las figuras políticas que desean tener o aspiran a un cargo de elección popular, con lo cual entonces el piso no estaría parejo".

Recordó que no hay ningún spot [de Morena] en el que no aparezca Andrés Manuel López Obrador, por lo que eso significa un fraude a la ley "y sabe perfectamente bien que se está aprovechando de un vacío legal violentando el espíritu con el cual surgieron los tiempos oficiales en manos de los partidos".

Finalmente, enfatizó que la spotización no lleva a la concientización real para la población de lo que proponen los partidos, sino cansancio absoluto.

Añadió que también valdría la pena analizar la reducción de recursos públicos para los partidos y el aumento de los financiamientos privados.

Uno de los secretos mejor guardados de la política mexicana tiene que ver con que las auditorías federales a los gobernadores... las controlan los gobernadores.

Un entramado legaloide permite a los mandatarios estatales blindarse ante las revisiones a sus gastos. Así funcionan:

1. Aproximadamente el 85% del presupuesto de los estados es dinero que les pasa la federación. Éstos se dividen básicamente a la mitad en participaciones y aportaciones.
2. Las "participaciones" consisten en dinero federal que gracias a un truco de la Ley de Coordinación Fiscal se vuelve dinero local, así que cada estado -entiéndase, cada gobernador- puede destinarlo a lo que quiera y sólo las instancias locales -la mayoría, designadas por los propios gobernadores- pueden revisarlas. Reinan la opacidad, la discrecionalidad, muchas veces los desvíos y el abuso.
3. Las "aportaciones", en cambio, son recursos etiquetados desde la Federación para algún fin específico y se supone que sobre ellos tiene poder de supervisión la Auditoría Superior de la Federación.
4. Sin embargo, otro truco tiende una nube de opacidad sobre esas "aportaciones". La Auditoría Superior de la Federación presenta anualmente su listado de "observaciones", que no son otra cosa sino inconsistencias bastante documentadas, casos francamente escandalosos de desvío de dinero en cualquiera de sus modalidades. Pero la ley beneficia a los "observados" (que deberían ser catalogados a esas alturas como presuntos responsables) con la posibilidad de responder (otra vez) a los cuestionamientos de los auditores. Este proceso para "llegar a la verdad" recae -de nuevo- en las contralorías estatales. Es decir, un gobernador al que la Auditoría cuestiona, termina dirimiendo sus asuntos ante ¡su propio contralor! quien desde luego tiene todos los incentivos para exonerarlo.

Por eso, calladitos para no atraer reflectores, gobernadores de todos los partidos han estado cabildeando ante el congreso federal que la nueva Ley Anticorrupción no modifique este status quo que tanto les favorece. La intención de analistas y organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio de estos temas va justo contra sus pretensiones.

No es la 1a. vez que los mandatarios estatales actúan en bloque. Cuando empezó a depurarse la nómina educativa para que dejaran de pagarla los estados y quedara bajo control de la federación, en las secretarías de Hacienda y Educación descubrieron cosas asombrosas: profesores fantasmas, personal de apoyo a los gobernadores con plazas de maestros y hasta evasión de impuestos que se retenían a los docentes pero que se los quedaban en las arcas locales y no los transferían al gobierno federal.

Le comparto alguna de las reflexiones de Octavio Fitch Lazo: "para los políticos, bajo la democracia, señalar las fallas se ha convertido en la única forma de ganar votos y acceder al poder. Imposible que la oposición y sus simpatizantes (60% de la población, con cualquier partido que acceda al poder), digan que el país va bien y mencionen los avances. Así, ¿cómo ganarían el poder?". Hasta aquí la cita.

Persiste en muchos ámbitos del sector público el afán propagandístico. Es decir, la búsqueda de magnificar lo bueno y minimizar, y si se puede, ocultar lo malo.

Los ciudadanos, a estas alturas del Siglo XXI, tenemos la capacidad de ponderar y nos damos cuenta del sesgo. Así, muchos que reaccionan con enojo desacreditan también las voces que le dicen que hay cosas buenas.

Entonces viene de amplios sectores, el sesgo contrario, que magnifica lo malo y minimiza -o también esconde- lo bueno.

Para regresar a una visión equilibrada, el gobierno debe hacer a un lado la propaganda y en la sociedad debemos hacer a un lado las reacciones emocionales y ver las cosas como son.

Los 10 partidos políticos reprobaron, de nueva cuenta, en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, de acuerdo con un análisis del INE.

El tipo de datos sobre los que existe mayor opacidad en las páginas de internet de los institutos son los relacionados con los resultados de revisiones, informes, verificaciones y auditorías de los cuales son objeto con motivo de la fiscalización de sus millonarios recursos.

Sobre esos asuntos, el porcentaje de cumplimiento con sus obligaciones de ley apenas alcanzó 4.17 de 100 puntos posibles.

Los partidos tampoco rinden cuentas respecto a los contratos y convenios para adquirir, arrendar, dar en concesión o por prestación de bienes y servicios. En este punto alcanzan 23.57 sobre una escala de 100 puntos.

Sobre su situación patrimonial; inventario de bienes inmuebles, además de montos de donaciones recibidos y nombres de aportantes, llegan a 27.51 puntos.

En total son 6 de 20 fracciones del reglamento del INE en las que los partidos aún son reacios a informar.

Los datos sobre lo que más publican en sus portales, y por lo cual la calificación se eleva al promediar más de 80%, son datos inocuos como documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno; convenios de coalición y listado de fundaciones que financian, aunque ni siquiera en esos temas cumplen al 100%.

En un 2o. nivel de cumplimiento se ubican informes también sencillos, pues son los mínimos que se requieren para funcionar, y algunos son parte de los requisitos para obtener el registro.

En 3er. nivel están datos sobre reglamentos y acuerdos de órganos de dirección; obligaciones y derechos de militantes, elección de dirigentes y postulación de sus candidatos; así como resoluciones que dicten órganos de justicia interna.

Esas materias son publicadas por los partidos en un porcentaje de entre 40% y 59%. En el último nivel, con 4.17 puntos están los temas sensibles que implican su manejo de los recursos.

Las leyes sobre radio y televisión nos dijeron beneficiarían a los ciudadanos, pero han sido un simple pretexto para la censura o para que los políticos se apoderen indebidamente de tiempos de radio y televisión.

El viernes se anunció la detención de Adán Casarrubias, sucesor de su hermano Sidronio (autor intelectual del asesinato e incineración de los jóvenes de Ayotzinapa) en compañía del nuevo alcalde perredista de Cocula, Eric Ramírez, y un presunto asesor del PRD en la Cámara de Diputados, Eloy Flores (la Cámara dice que no tiene a nadie registrado como asesor con ese nombre, pero no deja de ser significativo que al momento de ser detenida esta persona intentara usar esa supuesta actividad para no ser consignado), los tres en el mismo automóvil dirigiéndose de Cuernavaca hacia Guerrero.

La familia del alcalde dice ahora, sin prueba alguna, que fue presionado para ese encuentro, pero la versión es inverosímil. Nada hace presumir que estaba bajo coacción y cuando fue apresado ni siquiera se sabía que era el edil de Cocula, las autoridades iban por el nuevo jefe de Guerreros Unidos. El hecho vuelve a demostrar no sólo que los grupos criminales y políticos de la zona, más allá de partidos, siguen con su relación más de un año después de los hechos de Iguala (el nuevo edil de Iguala, priista, primero designó a un ex jefe de policía de los Abarca como secretario de seguridad, aunque lo tuvo que quitar por la reacción pública, y varios familiares de ese matrimonio continúan en funciones pública en el municipio), sino que la investigación sobre ese círculo de corrupción puede profundizarse aún mucho más. Es Iguala, es Cocula y son otros 14 municipios.

Pasamos de las expectativas frustradas, a la abierta indiferencia. Nadie pensará que miento cuando digo que son ya muy pocos los ciudadanos que esperan algo de sus diputados. Es como si el común de los jaliscienses se haya convencido de que es mejor ni siquiera ilusionarse con nuestros nuevos representantes públicos. Si toda la clase política se encuentra cuestionada por una ciudadanía que ya no admite justificaciones, los diputados se encuentran a la cola de la estima popular. No es casualidad que el Latinobarómetro ponga a México como el país con menos estima hacia sus legisladores: solamente 17% de los ciudadanos se siente representado por los diputados. Y más aún, el 58% de los mexicanos considera que la democracia puede perfectamente echarse a andar sin Poder Legislativo. La crisis del parlamentarismo en México llega a tal punto que muchos ciudadanos estarían de acuerdo en sacrificar la división de poderes y el contrapeso que significa el Congreso. No estamos hablando de un mal humor ocasional, o de una decepción pasajera, las encuestas señalan que los ciudadanos no le ven mucha utilidad a estar manteniendo a 39 políticos que aparecen cada campaña y que luego desaparecen durante 3 años.

Y es que dificilmente podemos culpar a ese jalisciense que está harto de sus diputados. Remontarnos al pasado sólo nos lleva a un callejón de amargas decepciones: diputados que inflan la nómina del Congreso para ayudar a sus cuates; diputados que aprueban cualquier ley, siempre y cuando por delante vaya un jugoso cheque, o si es en efectivo, mejor; diputados que hacen negocio con obra pública y en total impunidad; diputados que traicionan sus principios para enriquecerse a costa del interés público; diputados que solamente se ponen de acuerdo cuando de repartirse el pastel del presupuesto, se trata; diputados que negocian con las cuentas públicas y con el uso de los recursos públicos que provienen de los impuestos de todos los ciudadanos. Sería tremendamente injusto decir que todos los diputados juegan ese perverso juego, pero lo que es profundamente decepcionante, es que muy pocos son los que se atreven a decir "no" y se ponen a legislar el beneficio de la ciudadanía. La mala fama de los diputados está más que bien ganada, lo que no significa que no debamos advertir que esa tendencia hacia el anti-parlamentarismo puede dañar seriamente la construcción de una democracia de calidad.

El desprestigio del Congreso debilita su función de contrapeso y, por lo tanto, le permite al Ejecutivo utilizar su poder con mayor discrecionalidad.

Es el uso político de la fiscalización, la perversión de una de las funciones esenciales al Poder Legislativo.

Y no todo se reduce a las cuentas públicas, las aprobaciones de los presupuestos nos hablan de la baja calidad de los legisladores. En el mejor de los casos, los diputados negocian prebendas y canonjías para llevar a sus distritos, o hacer una carretera para satisfacer la demanda de algún ambicioso alcalde. En el peor de los casos, los diputados negocian acuerdos personales, o de grupo político, para aprobar la Ley de Egresos de cada año. Sobre la mesa, no se plantean ni criterios para observar y analizar el gasto de los gobiernos, ni tampoco controles que eviten su despilfarro. Jalisco gasta más de 90,000 millones de pesos, y los diputados tras aprobar las partidas del siguiente año fiscal, se desentienden por completo de la calidad del gasto. Lo ha probado con datos sobre la mesa, el consultor Luis Carlos Ugalde: la baja calidad del gasto público está directamente relacionado a lo perverso del proceso legislativo. No por nada, los presupuestos salen por unanimidad; "la cobija" siempre ajusta para subir a todos al barco. El auditor se quedará en su asiento hasta 2017.

La naturaleza de un Congreso es llevar la voz de los ciudadanos a las instituciones de gobierno. Es ahí, en este punto en específico, en donde la desafección parece ser más honda. Está roto el canal de diálogo entre representante y representado, una total ruptura entre los ciudadanos y aquellos que toman decisiones en el Congreso. No existen ni mecanismos para buscar una auténtica rendición de cuentas, ni tampoco voluntad de los diputados para informar de los debates y las decisiones que se toman en el Poder Legislativo. Esto nos ha llevado a que México sea, en América Latina, el país que menor aprecio tiene por sus legisladores. Al diputado, lo máximo que se le ocurre es hacer un informe, casi siempre sin preguntas de los ciudadanos, y sólo si tiene ambiciones electorales a corto plazo.

Reestablecer dicho vínculo de representatividad pasa por transformar al Congreso en un espacio de permanente rendición de cuentas. Sacar de la oscuridad todas esas decisiones que se toman en la Junta de Coordinación Política o en los despachos del Poder Legislativo. Rendir cuentas es explicar, algo que los diputados dejaron de hacer hace buen tiempo.

El desprestigio del Poder Legislativo surge de una deriva hacia la opacidad y la corrupción, que no se ha detenido en los años de la alternancia. Nuestros diputados ni legislan bien, ni fiscalizan bien, ni representan bien. Fallan en las 3 funciones que justifican su presencia en un sistema de equilibrio de poderes. Y si a esto le añadimos, la corrupción que surge de los "moches", las cuotas para designar cargos públicos, las negociaciones donde el diputado lleva su comisión o la brújula partidista que guía muchas de las decisiones de los diputados, entendemos por qué es tan complicado reestablecer el prestigio de la figura legislativa.

De tiempo atrás, por no decir desde siempre, hemos sido testigos de grandes fraudes y truculentas maniobras que han lesionado al erario público, hechos que en muy contadas ocasiones han podido ser sancionados por la ley, merced a la vasta red de complicidades que propicia la impunidad. A este triste pasado de atracos, hoy se añade la comprobación fehaciente de escándalos filmados que bien pueden figurar en la más exigente antología de bribonadas y latrocinios.

[...]

La crónica parlamentaria de hoy en día deja un sabor amargo: en el escenario la riña callejera, el grito destemplado, el amago a la tribuna, la falta de respeto a las formas que dan a la convivencia colegiada ritmo y armonía, el insulto a la autoridad que preside las sesiones y el desplante bravucón.

Para los integrantes de la saliente y nueva legislatura[s de Jalisco] el diputado independiente es un diputado incómodo. No saben qué hacer con él. El tamaño de su miedo es el de su incapacidad o ignorancia. No está claro si le negaron formar de la Junta de Coordinación Política por ser uno solo, o por ser independiente. Si es por lo 1o. también deberían impedírselo al único diputado del Partido Nueva Alianza. Si es por lo 2o., es anticonstitucional puesto que la ley fundamental establece que todos los diputados tienen los mismos derechos y obligaciones.

Como quiera que sea, solo en Jalisco -atentando contra todas las reglas de lo lógica y de la gramática- se da el caso de que un grupo parlamentario sea de una persona y que un coordinador se coordine a sí mismo.

Otro punto es que tenemos diputados de más: Jalisco es el único estado en el que el número de los de representación proporcional (RP) es casi el mismo que los de mayoría relativa (MR), 19 y 20 respectivamente. Si el Congreso de Jalisco tuviera las mismas proporciones que existen actualmente a nivel federal, estaría integrado por 20 de MR y tan sólo 13 de RP. Más aún: si la proporción fuera la misma que existió a nivel federal de 1979 a 1985 -cuando se creó la representación proporcional- con 25% de diputados de RP, el Congreso de Jalisco debería estar integrado por tan solo 26 diputados (20 de MR y 6 de partido o de RP), como ya lo estuvo entre 1980 y 1989.

Los nuevos diputados deben también resolver la sui generis situación de ser el único congreso del mundo que sesiona de vez en cuando todo el año, sin periodos ordinarios, extraordinarios y de receso.

Los nuevos diputados, en vez de andar viendo cómo se reparten el poder y el dinero, deberían pensar cómo le van a hacer para cumplir con la Ley de Planeación que ellos mismos aprobaron y hacer lo que ninguna de las legislaturas pasadas ha hecho: elaborar su Plan General de Desarrollo -que no es la agenda legislativa- en el que se plasmen los planes y programas del poder legislativo para alcanzar los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y se pueda lograr una administración y ejercicio austero, eficiente y racional del dinero que se les otorga.

Desde hace varias legislaturas, más de las que quisiéramos, el Poder Legislativo de Jalisco se había caracterizado por superarse trienio tras trienio: cada vez más ineficiente, corrupto, cínico, perezoso, en la inopia legislativa y con la comisión de irregularidades varias (muchas de ellas, si no es que todas, aún pendientes) entre otras conductas por el estilo; pocas relacionadas con el impulso de marcos legislativos pertinentes para la sociedad jalisciense, si acaso, bloqueo a iniciativas que podrían revertírseles o contrarreformas porque resultó que no les convenían ya ciertos avances como los que se llegaron a tener en transparencia, derechos humanos, organismos electorales y otros estrechamente vinculados a la ciudadanización o participación de la sociedad civil.

Así de tergiversado el asunto y de terror porque por más que se hacían señalamientos y manifestaciones, legislatura tras legislatura, nada cambiaba para bien, para mal, sí, todo. De mal en peor a pasos agigantados.

La legislatura que se despidió ayer, la LX, contrario a todo pronóstico, sí puso un alto en varios asuntos perniciosos y viciosos; es de celebrar y bueno, también de reconocer con todo y que es lo mínimo que les tocaba hacer en calidad de urgencia.

De manera notable se redujeron los escándalos, se puso orden en las finanzas (un asunto crítico aparentemente sin solución) y por lo menos se intentó sacar adelante iniciativas antes inconcebibles para Jalisco.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección para gobernador de Colima del pasado 7 de junio, por la intervención del gobierno de ese estado a través de su secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar; en la anulación fue clave la grabación de una conversación donde da instrucciones sobre el manejo de votos y ayudas. Este audio, que llevó al tribunal el presidente del PAN, Ricardo Anaya, 35 horas antes del fallo, fue clave, pues el anteproyecto que se había dado a conocer desechaba las impugnaciones de este partido y daba la victoria al candidato del PRI, Ignacio Peralta, que obtuvo una ventaja de apenas 503 votos, el 0.18% de la votación.

Este hecho sienta un precedente, ya que la intervención de cualquier funcionario de gobierno en un proceso electoral, como interpretó el tribunal, llevará a la anulación.

Y abre la puerta a las posibles maniobras de gobernadores priistas para que, por ejemplo, en el proceso electoral de julio del año que viene, en el que 12 estados renuevan su ejecutivo, se pueda recurrir a este expediente.

¿Cómo? Fácil. No todos los gobernadores priistas van a estar felices con los candidatos de su partido, pues en muchos casos, no serán los suyos. ¿Y cuál es el modo más eficaz para descarrilarlos en caso de que ganen? Haber realizado una maniobra a cargo de algún funcionario de gobierno de apoyo al priista, reventarla en el tramo postelectoral, anular la elección y poder, entonces, colocar a uno de los suyos.

Podría parecer rebuscado, pero en política y en la lucha por el poder, vale todo.

La gran deuda de la saliente LX Legislatura fue la impunidad en la que dejó los grandes desfalcos de sus antecesores en el Congreso [de Jalisco], y rehuir el debate para romper con la trama corrupta que tiene en coma la fiscalización de los recursos públicos en Jalisco.

Persistieron altos salarios a personal poco calificado pero con influencias.

El diputado del PRD Omar Ortega, informó que desde la 62 Legislatura a la fecha, suman ya 288 expedientes de solicitudes de juicios políticos, presentadas a la Cámara de Diputados, las cuales no han sido turnadas a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia; de ahí que propuso, un punto de acuerdo en el que exhorta a la Secretaría General de la cámara baja a cumplir dicha obligación.

Determinar el vínculo de un ciudadano con un grupo criminal no es simple. Al menos para el INE o para cualquier autoridad, la sospecha no puede ser restrictiva del derecho a ser votado. Se entiende que los partidos pueden asumir con mayor claridad tal determinación y a partir de los elementos a su alcance pueden excluir o retirar registro a candidatos. Aunque no resuelve el tema del derecho a ser votado, sí es una vía de solución, especialmente por la discrecionalidad de los partidos que existe en la práctica para seleccionar candidatos. El problema de ahora es que los partidos han perdido el monopolio para las candidaturas; los candidatos independientes se han vuelto no la puerta grande para que ciudadanos puedan acceder al cargo público, sino el plan B de casi todo candidato de partido. Un candidato de partido fuerte y bien financiado es un candidato independiente en potencia.

En esto llama la atención la omisión del consejero presidente [del INE Lorenzo] Córdova Vianello sobre la legislación vigente en materia de control de las finanzas de los candidatos independientes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo que emitir una resolución para resolver el tema del tope de campaña aplicable a los independientes, y sirvió pero no fue voluntad del legislador como debe ser, sino del juez tapando los agujeros en la ley. Si se quiere reducir el riesgo de la infiltración del crimen organizado en la construcción de candidatos o financiamiento de campañas, una de las tareas más urgentes es que en la ley exista piso parejo en materia de fiscalización para candidatos postulados por partidos y los independientes.

Los candidatos independientes deben serlo de los partidos, pero no de la ley, tampoco de los instrumentos de control como es la fiscalización. Por más seductora que esta figura les haya parecido a muchos o incluso a quienes la consideran solución a la deplorable situación del actual sistema de partidos, si no hay control los independientes pueden ser la puerta del narco.

Finalmente, el problema de fondo en materia de aplicación de la ley es el amplio espectro de impunidad. La solución de fondo no está en lo que los partidos o el INE hagan, ni otros a nombre de éstos, sino los resultados de las instituciones del Estado en la lucha contra el crimen organizado.

Desde la autoridad no se reconoce que si el tejido social está descompuesto es porque el Estado no está cumpliendo con su parte, ni en Puebla ni en todo México.

La descomposición del tejido social empieza con la corrupción y la inoperatividad del gobierno, la ineficiencia de las burocracias, los agravios a la población, las injusticias, los robos y abusos, los incrementos en los precios, la falta de trabajo, el mal uso de los recursos públicos, el peculado y la mala administración, los excesos de la clase política, la pésima educación y las pocas ganas de mejorarla, la pobreza y la pobreza extrema y alimentaria y de vivienda; el subempleo; la violencia, la inseguridad, el incremento en el consumo de drogas entre jóvenes, la falta de oportunidades para muchachos y muchachas... Todo esto es lo que contribuye a que las redes del tejido social revienten ¿y que la autoridad no admita su responsabilidad en esto?

El tejido social en México se recompondrá cuando la autoridad cumpla con su parte y bien, directamente proporcional al dinero que se le paga para que lo sea. ¿Cómo se sorprenden o se dicen extrañados por la descomposición social cuando son la causa?

Una de las acciones que inició el presidente Peña Nieto para restablecer la confianza y fomentar la honestidad, es la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, destinado a combatir a la deshonestidad y la corrupción mediante un decreto que aprobó el congreso con fecha 26 de febrero pasado. El SNA pretende ser una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de Gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Se pretende que el SNA detecte y sancione las malas conductas deshonestas de funcionarios y de particulares coludidos con ellas. Se podrá castigar a quienes utilizan los cargos públicos para enriquecerse; nos gustaría que se pudiera detectar el nepotismo cruzado aplicado con familiares que se colocan en dependencias distintas a las de parientes, a cambio de instalar a los recomendados en reciprocidad. Se castigará el tráfico de influencias, el pago en especie del otorgamiento de contratos; se harán auditorías en tiempo real durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias para sancionar en forma oportuna actos irregulares. Se otorgará al Tribunal Federal de Justicia Administrativa plena autonomía para dictar sus fallos con el objeto de sancionar a los servidores públicos de los tres poderes y órganos constitucionales autónomos de la Federación y, en su caso, de las entidades federativas y municipios.

Hasta la fecha el congreso continúa estudiando las reformas a las leyes complementarias que darán vigencia al SNA, sólo que al parecer no llevan prisa.

Todas las entidades del país deben de trabajar más el vínculo local-global y olvidar las ridículas prácticas de los políticos que se toman fotos en otras partes del mundo. Eso forma parte del pasado.

Nuestra izquierda clerical simplemente se vuelve ferozmente contra todo aquel que no piense, crea o perciba la realidad a la medida no de sus convicciones, sino de creencias. La política, la seguridad, el poder se convierten en actos de fe. Si la realidad no coincide con la fe, qué pena con la realidad. Eso se ha reflejado en la reacción que han tenido en torno a la película La Noche de Iguala, donde se han volcado a pedir censuras, prohibiciones, excomuniones, mucho antes de siquiera haberla visto y porque se concluye que los jóvenes fueron secuestrados, asesinados e incinerados.

Hace poco un diario local publicó y difundió además en su programa radiofónico que el diputado local electo por el Partido Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, que fue designado "comisario general de seguridad" por el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, habría reprobado los exámenes de control de confianza, específicamente los parámetros de capacidad mental, razonamiento lógico y actitud emocional, y que fue incapaz de sortear el polígrafo o "detector de mentiras", señalándole como deshonesto así como incapaz mental y emocionalmente para desempeñar el delicado encargo.

Se dice que el encargado temporal de la oficina del comisario de seguridad en Guadalajara, Camilo González Lara, no ha aprobado el control de confianza, tiene antecedentes al haber atropellado y causar muerte de un niño en Zapopan, y que causó baja como comandante de "Grupo Centauros", por "sembrar pruebas" y golpear a ciudadanos a quienes solía extorsionar; que al director operativo, médico veterinario Jesús de Anda Zambrano, se le señala que por incapacidad fue responsable directo de los problemas que causaron la escandalosa riña en el clásico Atlas contra Chivas jugado en el Estadio Jalisco el 17 de Mayo del 2014 con varios aficionados y elementos policiales lesionados, cesado tras esos incidentes y ahora de nuevo empoderado por el asesor principal de Caro, que es José Francisco Ornelas Morales, removido como inspector operativo en 2014 por no aprobar el control de confianza.

Hay señalamientos a varios mandos, destacándose el coordinador Mario Alberto Martínez, que en diversas corporaciones municipales le subrayan indicios de protección a mandos que prohijaron proliferación delictiva como su actual pareja sentimental, la comandante Brenda, a quien colocó en la zona 2 junto con la ex comandante Ofelia Hinojosa López, siendo que ambas salieron de la corporación en razón del incremento de robos y estafas en la zona donde estaban comisionadas, además se dice hay varios elementos con mando en zonas estratégicas que no han aprobado el control de confianza.

El Instituto Nacional Electoral pretende construir unas torres que costarán alrededor de 1,084 millones de pesos.

Los consejeros del INE alegan que la obra que pretenden construir es necesaria pues la ley electoral de 2014 les aumentó carga en tareas de capacitación y fiscalización, entre otras, y que por ende requieren más espacios para la multitud de trabajadores eventuales que han contratado en 2 años (entre 2013 y 2015 esa nómina pasó de 5,526 a 27,327). El INE alega también que eventualmente esta obra redundará en beneficios, porque dejarán de pagar algunas rentas y legarán al Estado otro inmueble.

Los consejeros del INE son gente preparada que ha perdido contacto con la realidad y la sensatez. No ven que la obra que pretenden es faraónica, digna de un sinsentido soviético. De construirse, esas torres no significarán fortaleza democrática sino debilidad institucional.

México debería estar construyendo hospitales y escuelas, no edificios electorales. Si 1,084 millones de pesos representan una barbaridad frente a carencias de educación y salud, los señores del INE pasan por alto que operar esas edificaciones impactará de manera significativa en el presupuesto, es decir en las arcas públicas. ¿Y todo eso para organizar elecciones que se supone que son ciudadanas? Carísimas elecciones no implica mejor democracia.

Los del INE se ponen en el papel de víctima: la ley nos obliga a más así que dennos más. Gente de más nivel pensaría un poco antes de concluir que la única solución a los problemas es gastar más recursos.

En el INE deben explorar si la capacitación y la fiscalización pueden ser hechas mediante recursos más baratos, novedosos (¿utilizando internet?) e incluso más efectivos. Y deben ahorrar dinero al Estado para que éste no tenga pretexto para dar citas de Rx a 5 meses de distancia.

Los del INE -que por su apetito de dinero ya parecen partido político- deberían cuidar lo que queda de la imagen del sistema electoral mexicano, porque las torres que pretenden construir implican mucho más que más papel de baño.

Si bien es cierto que el entorno de sospechas de corrupción y desprestigio de la clase política, favorece las aspiraciones del tabasqueño, lo que no podemos desechar es que la figura del candidato independiente daña es a López Obrador. El hecho de que algún independiente, sea el "Bronco" desde Nuevo León o un externo como el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, puedan competir en 2018, acota el mercado electoral del "Peje" e introduce competencia tanto en los segmentos del voto antipriista como en el nicho antisistema. Es decir, una parte del voto del Distrito Federal y de las ciudades apostaría por proyectos independientes, lo que reduce la posibilidad que tiene López Obrador de cohesionar al voto opositor al gobierno de Peña Nieto. El enemigo de López Obrador no está en Bucareli ni en Insurgentes, está despachando como gobernador de Nuevo León.

En las 2 elecciones anteriores, ha quedado claro que en la práctica, la Presidencia de la República se juega a 2 vueltas. La 1a. es el rezago de alguno de los 3 principales candidatos, para dejar un enfrentamiento a 2 bandas. En 2006, Roberto Madrazo se desinfló y no fue capaz de competir hasta el final; caso similar el de Josefina Vázquez Mota en 2012. Sin embargo, México avanza hacia una elección presidencial sui generis por la fragmentación y debilitamiento de los partidos políticos.

"El Bronco" tiene la ventaja de ser más competitivo entre clases medias y en el norte del país, en donde AMLO prácticamente no existe. Y lo que también queda claro en las encuestas, es que en cualquier enfrentamiento electoral, todos los candidatos se sitúan por debajo de la línea de 30%. La fragmentación será la lógica de 2018.

Los problemas de López Obrador siguen siendo los mismos: sus altos negativos, su tendencia a polarizar al electorado, la concentración de su voto en algunas regiones y la "radicalidad" que percibe la clase media. Sus virtudes siguen siendo las mismas: un político que conecta con las masas, la oposición más vigente al estado actual de las cosas, su peso electoral en la Ciudad de México y tener un partido que hasta el día de hoy no está manchado por la corrupción. No sabemos para qué le va a ajustar todo esto a López Obrador, o si otra vez sus negativos superarán a sus positivos.

Andrés López Ladrador intensificó su propaganda para conseguir según él la Presidencia de México en las próximas elecciones, ratificando que Morena, su nuevo partido y su nueva tesis, es la esperanza de México.

Ahora apoya a la muchedumbre de vándalos y aviadores integrantes de la CNTE que lo que menos les importa, a él tampoco, es la educación de los niños y de la juventud, que es su deber y es para lo que deberían estar comprometidos, pero López los apoya y promete que tendrán sus plazas y también que no va a haber ningún solicitante que no pueda entrar a estudiar en el país; luego se compara con el presidente Roosevelt de los Estados Unidos diciendo que va a llenar a todo el pueblo de México con los puestos de trabajo que necesita y a desaparecer la pobreza y que si eso es populismo que le digan populista.

Sin embargo, debemos de tomar en cuenta todas las falsedades que promete, ya que tiene multitudes que creen en sus barbaridades, sus mentiras, porque como quiera que sea López Ladrador tiene mucha influencia y eficiencia en difundir su populismo como agitador, hasta en la forma como apoya al vandalismo de los salvajes dizque maestros de la CNTE de Oaxaca que siguen haciendo paros, bloqueando carreteras y por supuesto todos esos son partidarios de López.

Andrés Manuel López Obrador hizo público el contenido de una carta que entregó al papa Francisco. Con este hecho, hizo evidentes sus métodos políticos y demostró que está dispuesto, incluso, a fingir un acto de fe con tal de lograr algún tipo de beneficio electoral.

¿Con qué carácter Andrés Manuel López Obrador entregó un regalo y una carta al papa? ¿Como creyente? ¿Como presidente legítimo de los mexicanos?, ¿Como aspirante presidencial?

En realidad fue el saludo de un populista a un innovador. Sobra decir quién es el populista y quién el innovador en este caso.

Andrés Manuel es un conservador de la política, sus posiciones expresan una visión de la izquierda que en muchos aspectos ya no corresponde a la realidad que viven muchos sectores sociales, particularmente los jóvenes.

Por el perfil religioso de nuestro país, cada visita del papa se convierte en un gran acontecimiento, un hecho relevante para una gran parte de la población. Los intentos por obtener algún beneficio personal o político de estas visitas, lejos de rendir los frutos esperados revelan el verdadero perfil e intenciones de los personajes.

En el fondo, persiste la idea falsa en algunos personajes y grupos que la sociedad no es consciente, que puede influenciarse o manipularse de una manera tan burda como ésta.

Lo que Andrés Manuel López Obrador pretende es insertarse en el escenario de la próxima visita del papa a nuestro país. Se trata de un acto de imagen pública, de promoción electoral que llega al extremo de simular un acto de fe donde solo existe cálculo político.

Lo que hizo Andrés Manuel resulta una verdadera exaltación rumbo al escenario que intenta construir en 2018. ¿De qué se trata? ¿De acercarse a la población y jerarquía católicas mexicanas? ¿De demostrar cercanía? Se trata de ganar votos.

No debemos ver este tipo de cosas como normales, son acciones que deben catalogarse como lo que son: actos de propaganda.

La clase política quiere presentar un nuevo golpe contra la libertad de expresión como si fuera un triunfo de equidad. El pleno del Senado ha aprobado la Ley de Derecho de Réplica que no busca más que ejercer una nueva forma de censura sobre los medios. "La crítica periodística será sujeta al ejercicio del derecho de réplica" dijo la senadora Cristina Díaz del PRI, presidenta de la comisión de gobernación del Senado, al presentar el dictamen.

Efectivamente, este es el propósito de la nueva ley. Pero censurar la crítica periodística no va a ayudar al progreso de nuestro país.

El derecho de réplica -o, en un castellano más correcto, el derecho de rectificación o de respuesta- ha sido presentado como un avance por muchos políticos. El senador perredista Alejandro Encinas afirma, por ejemplo, que a pesar de que no estuvo completamente de acuerdo con la ley, ya que quería endurecerla, ésta impedirá que la difamación se ejerza con impunidad. Sin embargo, ya hay legislación que por la vía civil castiga el daño moral. Con la Ley de Derecho de Réplica los políticos no buscan evitar la difamación sino apropiarse de manera gratuita de espacios en periódicos y emisoras de radio y televisión.

Si yo expreso un punto de vista crítico en contra de algún político, o si lo acuso de corrupto, la Ley de Derecho de Réplica obliga al medio en el que escribo o comento a darle un espacio igual en tamaño y ubicación para que presente su punto de vista, aunque no tenga argumentos para llevarme a un juicio por daño moral. Como muchos se pueden decir agraviados por la misma información o comentario, 200 o 300 personas podrían exigir el derecho de réplica. El medio tendría que dedicar todo su espacio para cumplir y esto lo llevaría a la quiebra.

En Estados Unidos la Comisión Federal de Comunicaciones estableció en 1949 una "doctrina de equidad", la fairness doctrine, para obligar a las emisoras de televisión a presentar temas controvertidos de importancia pública de forma "honesta, equitativa y equilibrada". Esto llevó a los políticos a exigir tiempo para expresar sus puntos de vista en respuesta a los de sus rivales. El resultado no fue crear una mayor equidad sino ahogar la expresión de críticas en televisión. En los periódicos, donde no se aplicaba esta doctrina, se mantuvo la tradición de crítica a los políticos.

La Suprema Corte determinó en 1974 (Miami Herald [.] vs Tornillo) que la doctrina de equidad violaba la primera enmienda constitucional que garantiza en la Unión Americana la libertad de expresión. El entonces presidente de la Corte, Warren Burger, argumentó que obligar a los medios a dar acceso a distintos puntos de vista "inevitablemente reduce el vigor y limita la variedad del debate público". La doctrina fue eliminada definitivamente por la Comisión Federal de Comunicaciones en 1987. El resultado ha sido un resurgimiento del debate político en los medios electrónicos estadounidenses.

En México, sin embargo, vamos para atrás. Los políticos están obsesionados con eliminar las críticas. El artículo 6o. de la Constitución, que debería salvaguardar la libertad de expresión, fue modificado en 2007 para incluir la frase: "el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley". La falta de ley reglamentaria había sido hasta ahora un obstáculo para la censura, pero hoy el Senado ya ha aprobado la ley que la permite.

Es paradójico que en un momento en que la Internet crea espacios de libertad de expresión, los senadores formalizan la censura. Muchos políticos siguen obsesionados con amordazar a la crítica.

En todos los casos en los que hubo cambio de partido la historia es más o menos igual: los ganadores acusaron durante campañas a los anteriores gobernantes de corrupción, ineficiencia, ignorancia, perversión y otras linduras. Así pues, los ciudadanos saben, gracias a ellos y también por experiencia propia, que había gobiernos malos que urgía cambiar.

Sin embargo, los nuevos alcaldes -o los nuevos delegados en la Ciudad de México- entran a gobernar y ponen el grito en el cielo, sorprendidos como ciudadanos vírgenes, por lo que encuentran: sillas faltantes, computadoras viejas, prácticas nocivas y deudas. ¿Pero qué esperaban? ¿Gobiernos eficientes con maquinaria suiza? ¿No estuvieron denunciando lo contrario durante meses?

En la Ciudad de México, uno de los delegados más importantes, Ricardo Monreal, acaba de denunciar que a su oficina llegó un señor sin dar su nombre y entregó en efectivo un millón y medio de pesos. Monreal, en lugar de portarse como autoridad, actúa como si siguiera siendo candidato: llama excitadísimo a los medios para que vean que había corrupción. Enseña los billetes, hace declaraciones, se da golpes de pecho. Pero eso sí: no detiene al susodicho. No averigua su identidad. No pone una denuncia. No combate la corrupción. No, lo que hace es llamar a la prensa.

En Jalisco no ha pasado algo tan escandaloso ni se han portado tan mal Enrique Alfaro o Pablo Lemus, pero sí hay un problema con sus expectativas: ya salieron a decir que no les alcanza el dinero para terminar el año.

Perdón, pero la cuenta pública mensual la puede ver cualquiera en la página de los ayuntamientos. La podían ver desde enero, la pudieron ver en junio, cuando ganaron, la pueden ver hoy actualizada hasta agosto. Lo importante es que la responsabilidad ya no es de los que se fueron. La responsabilidad por saber cómo está la hacienda municipal y para dónde se dirigen los esfuerzos es, toda ella, de los nuevos gobernantes. Después de haber convencido a los votantes de que su rumbo era mejor y que el anterior era inservible, no pueden salir a culpar al pasado. A menos, claro está, que se trate de un delito cometido por servidores públicos a los que puedan acusar y castigar. Si no, si es sólo asunto de campaña, si quieren seguir diciendo que los otros eran malos, bien pueden ahorrárnoslo. Ahora, los gobernantes son ellos.

Tomamos distancia de aquellos que consideran a la política como un espacio de élite, cerrado a los partidos y sus miembros. Acusamos un intento desde los estados de echar atrás esta conquista ciudadana, de cerrar este nuevo espacio de participación y expresión, cancelando la figura de las candidaturas independientes.

Posterior al proceso electoral 2015, los congresos de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas llevaron a cabo reformas en sus códigos electorales que, en lugar de impulsar, dificultan el acceso a una candidatura independiente, lo que representa un retroceso social. Al regular esta figura dichos estados establecieron en sus constituciones y legislaciones electorales cargas y restricciones desproporcionadas en comparación con el contenido de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Especialmente ilustrativo resulta el caso de Puebla, donde se llegó al extremo de no solo subir el porcentaje de apoyo ciudadano necesario a 3% del padrón electoral y no de la lista nominal, sino además de someter al ciudadano al irracional y absurdo requisito de apersonarse ante la autoridad para, a manera de trámite, llenar el formato que haga constar su aval a que un ciudadano adquiera el carácter de candidato independiente.

Lo anterior representa una regresión en el espíritu democratizador de la Reforma Político-Electoral promulgada en febrero de 2014. Actualmente, mediante la manipulación de las leyes locales, los congresos estatales minan las posibilidades de que un ciudadano pueda participar a través de la figura de independiente, la cual avanzó y se plasmó en la ley, por exigencia de múltiples organizaciones y de la propia gente.

Nuestro sistema de partidos no puede devaluarse en una partidocracia cerrada a la ciudadanía, ni los partidos monopolizar el poder, ello no es democrático ni constitucional. La política encuentra su razón de ser en el ciudadano, quien es el verdadero protagonista de la democracia; por tanto, no es legítimo que quienes detentan el poder impulsen mecanismos para aferrarlo. La ciudadanía demanda espacios reales de incidencia en los destinos públicos.

Más allá de los deseos de gobernadores o intereses, los candidatos independientes llegaron para quedarse en nuestro sistema político y debemos acostumbrarnos a convivir con esta figura.

Quien se fue con todo contra Andrés Manuel López Obrador y la opacidad con que maneja sus recursos fue el dirigente del PRD nacional, Carlos Navarrete, quien reclamó que lleve 10 años haciendo campaña y hasta ahora no ha reportado de dónde provienen los recursos.

Incluso ironizó con que él, al pedir cuentas al respecto, será señalado como integrante de "la mafia del poder".

López Obrador sabe que El Bronco no tendrá la fuerza para ganar la Presidencia de México, pero sí para restarle los votos que necesita con urgencia en el norte para poder ganar.

Tiene razón Andrés Manuel López Obrador cuando habla de Jaime Rodríguez Calderón. El Peje le ha dicho al "Bronco" que no es independiente, que es un priista disfrazado, que responde a oscuros intereses económico-mediáticos, que es de la mafia del poder y que el pueblo no debe esperanzarse ante un personaje sin ética. Y sí: depende de un puñado de poderosísimos empresarios regiomontanos, está protegido por el grupo de medios de comunicación más relevante del norte del país, hay cosas de su pasado y prácticas de su presente que tropieza al intentar justificar y apenas el año pasado tenía credencial del PRI.

Tiene razón también el gobernador de Nuevo León cuando habla del otra vez candidato presidencial. "El Bronco" le ha dicho al Peje que en realidad él es parte de la mafia del poder porque se ha beneficiado del monopolio de los partidos políticos, que es ególatra y mentiroso, que ya debería dejar de vivir del erario y ponerse a trabajar. Y sí: lleva 15 años cobrando de los impuestos de los mexicanos (como dirigente de partido y funcionario público), ha recibido millones de pesos y de spots gracias al presupuesto del Estado, sus desplantes antidemocráticos han sido famosos primero en el PRD y ahora en Morena, y tiene un pesado equipaje de acusaciones falsas contra quien le da la gana.

"El Bronco" y El Peje tienen más similitudes de las que ellos quisieran admitir. Y detestarán parecerse tanto porque apuestan a conquistar el mismo electorado: los que están hartos de todo.

"El Bronco" luce más la testosterona que el cerebro. El Peje luce más las obsesiones que las ideas.

Los 2 diagnostican que todos son corruptos, menos ellos. Los 2 parten de la base de que quien no es aliado es enemigo. Los 2 tienen un discurso bastante simplón y monotemático: repiten 2 o 3 frases bravuconas bien ensayadas y lo demás son lugares comunes. Los 2 presumen de ser defensores del pueblo pero se las arreglan para conseguir benefactores multimillonarios. Los 2 se creen algo así como el último aliento de una democracia moribunda. A los 2 acompaña en cada acto público un aroma de mesianismo que rápido deriva en autoritarismo.

Los 2 se trastornan ante los medios de comunicación y periodistas que los critican. Los aluden, increpan y amenazan porque para ellos la verdad está privatizada y ellos ganaron la licitación. Los 2 creen que esta obsesión es de ida y vuelta. Y claro, los 2 tienen a sus medios y comunicadores favoritos que los apapachan. Los únicos libres, piensan ellos.

Hay quienes se marean al subirse a un ladrillo y confunden lo deseable con lo posible sin pensar en lo que realmente pueden lograr considerando su pequeñez o su ya enorme desgaste frente a una sociedad que rechaza ídolos inflados, simuladores oportunistas, enanos improvisados y cartuchos quemados, pero el problema es que no hay quien se los haga ver a tiempo.

La función básica de los alcaldes es administrar de tal manera sus municipios que la seguridad y los servicios públicos sean de 1er. nivel; si toda la nómina y todas las dependencias municipales se redujeran a la satisfacción de estas necesidades bastaba y sobraba, pero la costumbre corrupta de pagar con empleo a parientes y simpatizantes ha hecho que dependencias y nómina hayan crecido de manera exponencial en las últimas décadas innovando todo tipo de servicios, la mayoría de ellos innecesarios o por lo menos no prioritarios, que ni siquiera son atendidos, toda vez que se inventaron sólo para pagar cuotas.

La tarjeta de despedida que dejaron los anteriores alcaldes en la zona metropolitana de Guadalajara fue funesta: calles y banquetas destruidas, ausencia de nomenclaturas, semáforos ajenos a la menor sincronización, fallas del alumbrado público por todas partes, deterioro del mobiliario urbano, espacios verdes en ruinas, delincuencia desbordada, ausencia de autoridad y liderazgo, anarquía en la conducta ciudadana, un centro histórico sin abordaje efectivo, una ciudad dejada a su suerte, cuya expresión más evidente son las zonas de guerra donde se construye la Línea 3 del Tren Ligero, cuyos efectos colaterales nadie parece haber previsto ni mucho menos enfrentado con inteligencia y prontitud.

A esta falla sustancial en el deber propio de los municipios se añaden los daños ocultos: las basificaciones amañadas, las nóminas infladas, el endeudamiento, la continuada práctica de la corrupción que vuelve corruptos a tantos servidores públicos que probablemente se quedarán en sus puestos para seguir haciendo nada, y la inveterada y perversa práctica de usar la alcaldía de Guadalajara sólo como trampolín para la gubernatura, cuando el trienio lo favorece, con todo el desastre administrativo y financiero que eso supone.

Limpiar los municipios es hoy la tarea más urgente, no de dinero, que eso ya lo han hecho todos. No se trata sólo de reducir la nómina, limpiar significa hoy eliminar dependencias duplicadas, direcciones, subdirecciones, comités, comisiones, y cuanto en el pasado fueron capaces de imaginar y de cuya existencia la ciudadanía ignora hasta el nombre. Para lograr esta meta no se requiere de presupuesto, sino de una legislación adecuada que lejos de indemnizar, incluso multe y penalice a los "aviadores" y a cuantos fueron cómplices de estos desfalcos institucionalizados; se requiere voluntad política; más que declaraciones contundentes, hechos contundentes.

El texto original del Artículo 96 de la Constitución de 1917 establecía que la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haría por mayoría absoluta de votos de al menos las 2 terceras partes de los integrantes de las 2 cámaras del Congreso de la Unión, siendo "previamente propuestos, uno por cada una de las legislaturas de los estados". El 20 de agosto de 1928 Plutarco Elías Calles publica la reforma para que el nombramiento de sus ministros pase a ser facultad del Presidente de la República "con aprobación de la Cámara de Senadores".

Este criterio, vigente hasta 1994, trajo consigo no sólo la politización de los nombramientos sino que además el criterio de las cuotas (y obvio también el de los "cuates") para acceder al cargo de ministro de la SCJN: La CTM tenía un ministro (Juan Moisés Calleja ocupó esa posición de 1975 a 1984); los tribunales especializados, la PGR o la Procuraduría del DF, lograban otra posición; y, lo que es más interesante el Ejército se hacía presente con otro ministro, ya sea un procurador de Justicia Militar o un juez militar.

Pero no sólo eso: de la Corte salían ministros para ser gobernadores (como Alberto Orozco Romero y Enrique Álvarez del Castillo) y a la Corte arribaban diputados (como Salvador Rocha Díaz), senadores (como Martha Chávez Padrón), y ex dirigentes del PRI (como Irma Cué Sarquís en 1987).

Precisamente para terminar con esto, es que Ernesto Zedillo propone la reforma al Artículo 95 constitucional para prohibir el arribo a ese cargo de quienes hubieran sido procurador, gobernador, diputado o senador el año anterior al de su nombramiento y establecer que éste deberá recaer preferentemente entre quienes hayan trabajado en la impartición de justicia, favoreciendo la carrera judicial.

Pues bien, este criterio está a punto de ser anulado con el posible nombramiento de un senador priista con licencia (Raúl Cervantes Andrade) y de un político panista (que puede ser el ex presidente de ese partido, Germán Martínez Cázares; o Santiago Creel, ex pre candidato presidencial en 2005). Esto, de llegar a concretarse sería un retroceso absoluto, pues se pasaría de la politización de la SCJN a su integración por cuotas, ahora de partidos y de familias.

El que el PRI esté decidido a este retroceso con tal de convertir en ministro de la SCJN al primo del consejero jurídico de la Presidencia, y del que fuera comisionado federal en Michoacán resulta de una enorme irresponsabilidad. Pero peor aún es que el PAN se preste a este juego.

El PRD en el Se­na­do le to­mó la pa­la­bra a los dirigentes de PRI y PAN, Man­lio Fa­bio Bel­tro­nes y Ricardo Ana­ya, de blin­dar las can­di­da­tu­ras in­de­pen­dien­tes pa­ra evi­tar que con re­for­mas lo­ca­les se dé mar­cha atrás a es­te avan­ce democrático y anun­ció que ca­bil­dea­rá la pró­xi­ma se­ma­na, pa­ra que de in­me­dia­to se aprue­ben las ini­cia­ti­vas pre­sen­ta­das.

De acuer­do con el lí­der pe­rre­dis­ta Miguel Barbosa, el PRD se opon­drá a cual­quier in­ten­to que pre­ten­da ce­rrar la par­ti­ci­pa­ción ciudadana y can­ce­lar esa fi­gu­ra.

Ase­ve­ró que las can­di­da­tu­ras in­de­pen­dien­tes son una al­ter­na­ti­va de par­ti­ci­pa­ción de los ciu­da­da­nos di­fe­ren­te a los par­ti­dos po­lí­ti­cos tradiciona­les.

Di­jo que la obs­truc­ción de las mis­mas equi­val­dría a se­cues­trar la fi­gu­ra de las can­di­da­tu­ras in­de­pen­dien­tes, que no pue­den es­tar "al acuerdo de los gran­des ri­cos y las gran­des per­so­na­li­da­des pa­ra con­se­guir­lo".

El gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, aseguró que Andrés Manuel López Obrador no ha sido capaz de ganar ninguna elección presidencial ya que "se metió en la soberbia de la egolatría personal", por lo que aseveró que "él es la verdadera mafia del poder".

El Bronco respondió a las acusaciones que el fundador de Morena ha hecho contra las candidaturas independientes, y dijo que "ya le dio miedo, la Presidencia no es de él, nadie se la ha robado. El no ha sido capaz de ganarla".

El pasado 27 de septiembre, López Obrador publicó en su cuenta de Facebook: "Son traviesos los de la mafia en el poder, 2 veces nos han robado la Presidencia. La 1a. lograron que los del PRI ayudaran al PAN; la 2a., los del PAN, incluidos Fox y Calderón, ayudaron al PRI. Ahora que ya no les funciona el Prian, están buscando frenarnos con un candidato independiente, pero aunque lo disfracen, ya sabemos que es maleante y está pelón".

Además, el gobernador electo lanzó varias preguntas sobre la procedencia del dinero con que AMLO vive y mantiene a su familia, ya que, aseguró, "ha vivido 12 años del dinero público".

"¿De qué vive Andrés Manuel, le preguntaría, con qué mantiene a su familia, con qué paga la luz de su casa, con qué paga la comida que se come?, Que no me salga a mí con que... él es la mafia del poder, porque también es parte del sistema político mexicano", dijo Rodríguez Calderón.

Recalcó que no va "a gastar el dinero público para promover nada y él (AMLO) sigue gastando el dinero de los mexicanos para andar promoviéndose en todos lados. Hoy es el dueño de un partido político. Nadie en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hace nada si no dice qué se tiene que hacer; entonces, que no me vea como contrincante".

El truco no es nuevo: se ofrece mucho en campaña, se exagera lo mal que están las cosas en la recepción, y luego se promete salvar a la ciudad del caos en la que lo dejaron los que se fueron. Para suerte nuestra, la ciudad nunca está tan mal como dicen los alcaldes que llegan y tristemente nunca está tan bien como dicen los que se van que la dejaron. La ciudad, y los ciudadanos, hemos aguantado decenas de veces ese sube y baja de los cambios de administración.

Nuestros mediocres funcionarios públicos están pensando en las próximas elecciones. En realidad, no les importa el destino del país, no les preocupa la suerte de la ciudadanía ni les quitan el sueño los enormes problemas que impiden a México ser una nación desarrollada. Lo suyo es más mundano y también más inmediato: desde que se despiertan hasta que se duermen solamente trabajan con el objetivo de seguir estando dentro del presupuesto público el mayor tiempo que sea posible.

Les importa la fama y el poder, no el servicio público (para el que muchos no tienen la menor vocación y ni siquiera intentar disimularlo). Los ejemplos abundan: desde secretarios de desarrollo social que jamás se habían preocupado por la pobreza -ni tienen la menor idea de cómo se define- hasta encargados de prevenir el delito que son sospechosos ellos mismos de quebrantar todo tipo de leyes. La lista se podría hacer interminable.

Ahora bien, un país que no tiene planes a largo plazo y que se debe reinventar cada 3 o 6 años, es un país que siempre estará al borde del precipicio. Los países más adelantados han desarrollado servicios civiles de carrera para evitar que los vaivenes políticos entorpezcan los planes de largo plazo a cuya consecución se debe dedicar el aparato burocrático del Estado. Pero de eso en México sabemos más bien poco.

Habría que recordárselo a nuestros políticos, para exigirles que diseñen y ejecuten una "agenda de Estado" (no de gobierno y mucho menos de partido), en los temas clave para el desarrollo nacional. Hay 3 áreas estratégicas en los que necesitamos mirar más allá de los sexenios y de los gobiernos en el poder: educación, infraestructura y economía. En esos ámbitos debe haber un consenso básico entre todos los partidos que nos permita avanzar con un rumbo definido.

Por ejemplo, debemos trazar con una mirada de largo plazo el plan nacional de infraestructuras, para saber qué puertos, aeropuertos, carreteras y puentes se van a construir en las próximas décadas. No podemos dejar ese tema a las ocurrencias sexenales para que nos quieran vender proyectos inútiles y carísimos como la absurda propuesta del tren entre Mérida y Cancún (afortunadamente ya abandonada).

También en educación debe haber un modelo de largo plazo que nos indique lo que nuestros niños deben aprender hoy y desarrollar a lo largo de todo el proceso educativo que habrán de vivir. No podemos cambiar planes de estudio, requisitos magisteriales o formas de evaluación cada seis años. Necesitamos elevar la mirada educativa hacia un horizonte de largo plazo, al menos respecto de temas básicos como los tres que acabo de señalar.

Por otro lado, tampoco es bueno que la economía se reinvente. El flujo de inversiones internacionales se dirige a países estables, que ofrezcan seguridad jurídica, política y económica en el largo plazo. No debemos reinventar el sistema fiscal o hacer grandes virajes económicos si queremos que México siga siendo un país atractivo para invertir.

En fin, lo que resulta indispensable es pensar el país que queremos. No sólo el que queremos hoy o mañana, sino el que imaginamos en el mediano y largo plazo. Y para eso nuestra (?) clase política está irremediablemente extraviada. Hay que renovarla por completo y lo antes posible.

Aleida Alavez dejó el Partido de la Revolución Democrática para convertirse en diputada por Morena y permitirle así al partido de López Obrador mantener un grupo mayoritario en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Resulta que Alavez ganó en Iztapalapa donde el Movimiento Regeneración Nacional ASEGURA QUE LES HIZO FRAUDE. Pero no tienen problema alguno en aceptar en su partido a quien es producto y operador de ese supuesto fraude.

El sector industrial anunció que emprenderá demandas contra estados y municipios por incumplimiento de pagos. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera Vega, dijo que su organización empresarial está agotando los recursos que tienen para presionar a los gobiernos a saldar sus deudas, "pero si no se registran avances, se procederá de manera jurídica".

Excélsior dio a conocer ayer que gobiernos locales adeudan 120,000 millones de pesos a cerca de 40,000 proveedores de bienes y servicios.

Herrera Vega dijo que algunas empresas, principalmente en los estados donde habrá cambio de gobierno, ya han comenzado a presentar denuncias penales contra los gobernadores y secretarios de finanzas ante la negativa de pago por falta de capital.

A decir del dirigente industrial, "los adeudos que existen ahorita se generaron cuando los gobiernos contaban con presupuestos ya aprobados, es decir, tenían los recursos para poder realizar compras o hacer arrendamientos, por lo que no existe nada que justifique que no se hayan llevado a cabo los pagos a tiempo". Explicó que el atraso en los pagos a proveedores de gobierno ronda los 20 meses, un lapso que compromete su operación, debido a que la mayor parte son pequeñas y medianas empresas.

El sector industrial demandó a los legisladores incorporar a la Ley de Disciplina Financiera de Entidades y Municipios que los gobiernos locales deberán liquidar su deuda a un plazo menor a un año antes de entregar el poder.

"Hacemos un llamado a los legisladores para dar certeza al sector industrial de que realmente se le va a pagar, porque, ante un escenario complejo, el gran reto es reactivar el mercado interno, por lo que se debe empezar por garantizar el pago a los proveedores".

Herrera destacó que esta nueva ley debe contemplar repercusiones legales contra los gobernantes y funcionarios que resulten responsables de fallas como el endeudamiento "desmedido" y el incumplimiento de pagos con los proveedores para dar certidumbre. La iniciativa que se discute en el congreso no considera obligar a los gobiernos a liquidar sus deudas de proveeduría antes de concluir su administración, únicamente hace referencia a las deudas bancarias. De aprobarse sin cambios, los bancos sí recibirán el pago de la deuda de corto plazo de los gobiernos, los proveedores seguirán sin garantía de pago.

Los humanos del siglo XXI confiamos a las computadoras las tareas más difíciles e importantes; por ende, resulta extraño que la tecnología se encuentre ausente de importantes áreas del gobierno.

Hace 10 años casi nadie sabía qué era el Tribunal Administrativo del Estado. Este tribunal tenía en realidad muy poca chamba, algunos ciudadanos que se quejaban por multas que consideraban excesivas y poco más. El TAE nunca eran noticia, salvo por los desfiguros de algunos de sus magistrados. Un buen día los diputados y sus respectivos jefes políticos se dieron cuenta de que en el manejo de los tribunales administrativos había una mina de oro sin explotar y comenzaron a interesarse en poner y quitar magistrados al más puro estilo del congreso: los poderosos pusieron gente de confianza y que les respondiera; a los que por cuota les tocaba un magistrado pero no pertenecían a un grupo de poder simplemente vendieron la plaza. Los poderosos se dieron cuenta que el poder (y el negocio) del tribunal era su capacidad para obstaculizar y contradecir a la autoridad. Con la excusa de que defienden a los ciudadanos los señores comenzaron a intervenir desde en fallos de compras del gobierno hasta asignaciones de obra pública, pero la veta madre la descubrieron cuando se dieron cuenta que podían manejar a su antojo el desarrollo urbano y los permisos de construcción.

Hoy todos los actores políticos dicen estar interesados en arreglar el asunto, limitar al TAE, controlar a los magistrados, como si la estructura de gobierno, el Congreso [de Jalisco] y los actores políticos no tuvieran nada que ver en el asunto. Hoy todos se dicen sorprendidos y quieren meter en cintura al monstruo que ellos mismos crearon, o en el mejor de los casos, al que no acotaron o no atacaron haciendo uso de sus facultades. De todas las atrocidades que ha cometido el TAE (que sean legales, legaloides o ilegales no dejan de ser atrocidades) la peor fue la suspensión de los planes de desarrollo urbano de Guadalajara.

Que bueno que ahora todos, aunque sea por mero oportunismo político, estén decididos a acotar al Tribunal Administrativo, pero hay que tener cuidado que no pasemos de Guatemala a Guatepeor. No se trata sólo de cambiar de tribunal las decisiones ni de ponerle otra capa a la corrupción enviando las decisiones más para arriba, sino de dejar claro que el interés público está por encima de los intereses privados y que la ciudad es más importante que cualquier inversión.

La cara oculta del crimen contra 43 normalistas es tan pública que nadie la quiere abordar en toda su dimensión. Se trata de la responsabilidad de la dirigencia de Nueva Izquierda, que controla hace más de una década al PRD. La corriente de Los Chuchos quiere fugarse hacia adelante por su responsabilidad recibiendo dinero del narcotráfico en Iguala, a través del entonces alcalde José Luis Abarca, y de su esposa María de los Ángeles Pineda, que no sólo colaboraban con el crimen organizado, sino que forman parte orgánica de él. Era público. La Fiscalía de Guerrero, en el gobierno de Ángel Aguirre, aliado de ellos, lo sabía y lo había denunciado, y los líderes perredistas prefirieron guardar silencio y recibir recursos con fines, cuando menos, políticos.

El fin de semana, el congreso nacional del PRD aprobó un punto de acuerdo para llamar a aquellos que apoyaron políticamente a Abarca. Interesante acción. Públicamente reconocen que hubo fallas, pero sólo pagarán un costo moral y de legitimidad, cuyas facturas ya vienen saldando desde hace meses, a sabiendas que legalmente, como ya deslizaron en estos días algunos prominentes perredistas, no tendrán consecuencia alguna. De esta forma podría interpretarse la decisión del congreso como un blindaje político para Los Chuchos, que quieren mantener, a través de Agustín Basave, la presidencia del partido, que significa presupuesto, prebendas y poder.

Las candidaturas en Guerrero se definían en petit comité, un grupo en donde sólo había representación del gobernador y de la corriente que lo respaldaba, Nueva Izquierda, conocida como Los Chuchos. Esta facción, que todavía controla la burocracia del partido, era representada por Sebastián de la Rosa, que era diputado federal. De la Rosa y Mazón fueron los operadores en el estado de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña presidencial de 2012, pero a diferencia del 2o., el entonces diputado nunca se desvinculó del PRD.

De la Rosa es el gozne de la política con la narcopolítica en el estado. Su relación con el matrimonio Abarca se fue consolidando a lo largo de los años sin importar que los nexos sanguíneos de la señora Pineda, ni el proceso en contra del ex alcalde por el asesinato de 8 líderes comunitarios, encabezados por Arturo Hernández, que eran miembros del PRD. A Los Chuchos no les importó que la pareja fuera política y legalmente tóxica. Menos de 72 horas después de la desaparición de los normalistas el 26 de septiembre, De la Rosa viajó a Iguala para retratarse junto a Abarca y afirmar que Los Chuchos lo apoyaban totalmente. Abarca viajó en esa misma semana a la Ciudad de México para platicar con el entonces presidente del PRD, Jesús Zambrano.

Los Chuchos quedaron atrapados por el crimen y la dirigencia se colapsó. Las secuelas de las contradicciones en las que quedaron involucrados, provocaron una parte de la derrota electoral y otra parte el que el sucesor de Zambrano, Carlos Navarrete, no pudiera seguir al frente del partido. Los Chuchos también se dividieron en Guerrero, aunque después de hacer a De la Rosa diputado local. Hace 2 semanas, De la Rosa, que estuvo escondido por un tiempo temeroso de que la PGR lo detuviera para investigarlo, como consecuencia de ser indiciado en la investigación del crimen de los normalistas, emergió con toda fuerza como coordinador de la bancada perredista en Chilpancingo, respaldado en su momento por Navarrete.

Su designación levantó polémica en Guerrero, donde lo consideran protector político de Abarca.

De acuerdo con lo que saben en el gobierno federal, es que Abarca tiene las pruebas de haberle dado 2 millones de pesos a Zambrano para que lo hiciera candidato a alcalde.

El tema de los 2 millones ha sido señalado en la prensa y Zambrano lo ha desmentido. Dentro del PRD, los opositores a Los Chuchos, sostienen que es verdad, así como también la colusión de ese sector con todo lo que representaba Aguirre, De la Rosa y Abarca, a partir de contratos de obra pública multimillonarios para constructoras de familiares de algunos de los dirigentes de esa corriente. La información la tiene el gobierno federal pero no ha hecho nada.

Son cosas inverosímiles de la política mexicana. El protector público de Abarca es hoy uno de los líderes en el Congreso de Guerrero. Navarrete dice que el PRD no debe dejarse "acribillar" por los hechos en Iguala. Zambrano acusa al gobierno federal de falta de credibilidad por la desaparición de los normalistas. 3 actores centrales en la protección y encubrimiento de Abarca, políticamente impunes y moralmente cínicos.

Los primeros abucheos importantes se los llevó Jesús Zambrano al llegar el viernes a una de las mesas de trabajo. Zambrano dijo que eso era consecuencia de haber firmado el Pacto por México que fue el que dividió a la izquierda. No es verdad: el Pacto no dividió a la izquierda y hasta hace un año, el PRD había sido uno de los grandes beneficiarios del mismo. La izquierda se había dividido desde las elecciones de julio del 2012. Pasados esos comicios López Obrador anunció que se iba del PRD para formar su propio partido, lo que ya había hecho de facto, y desde entonces calificó al perredismo como su verdadero enemigo.

Todo eso ocurrió antes de que se firmara el Pacto y desde entonces la izquierda está profundamente dividida. Por el contrario, la firma del Pacto cifró expectativas de que se podía contar con una izquierda diferente y eso le dio peso y prestigio al PRD en contraposición de Morena. Así fue hasta el 26 de septiembre: la noche de Iguala los desarmó. Todo ocurrió casi al mismo tiempo que Carlos Navarrete asumía la presidencia del partido, flanqueado, entre otros, por el gobernador Ángel Heladio Aguirre y habiendo elegido previamente como consejera del partido a María de los Ángeles Pineda, la esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

La señora a la que apodaban "La guerrera" era notorio que tenía una estrecha relación no sólo con el propio Aguirre sino también con el cártel de Guerreros Unidos: sus padres y sus cuatro hermanos eran públicamente parte de esa organización criminal. Era inocultable y, sin embargo, se los apoyó a ella y a Abarca. Conocida la masacre, y cuando era evidente que los jóvenes habían sido asesinados, no sólo no se exigió la renuncia de Aguirre, sino que se lo solapó, aunque Aguirre permitió la fuga de Abarca y su esposa (la última vez que se la vio en libertad fue 3 días después de los hechos, con Ángel Aguirre en un encuentro privado en Acapulco) y de los jefes de Policía de Iguala. Todo, pese a que la misma mañana del 27 de septiembre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó al gobernador Aguirre para exigirle que tuviera bajo control a Abarca, a su esposa y a sus jefes policiacos y le advirtió que no se les fueran a escapar. Aguirre los dejó ir.

Pero el PRD no castigó a Aguirre: lo defendió durante semanas, no hizo hincapié tampoco en que el verdadero protector de Abarca era Lázaro Mazón, secretario de Salud de Aguirre y precandidato a la gubernatura, destapado por el propio López Obrador. Es incomprensible, pero el PRD defendió a Aguirre hasta que su situación fue insostenible, hasta que se confirmó que un grupo de familiares y colaboradores habían hecho una defraudación millonaria con el presupuesto estatal.

¿Qué hubiera sucedido si el PRD se hubiera deslindado de Aguirre, hubiera exhibido los lazos de Abarca con Mazón y de éste con Aguirre y López, si hubiera reconocido que Pineda tenía a toda su familia metida en el narco? ¿Qué hubiera sucedido si cuando un año antes militantes del PRD denunciaron a Abarca de haber asesinado a otros militantes locales del PRD hubiera investigado algo de lo ocurrido y se hubieran desligado del presidente municipal? No, el problema para el PRD no fue el Pacto, fue Iguala y la falta de respuestas ante una división de la izquierda que era una realidad desde mucho antes de que el Pacto se firmara.

Morena está intentando bloquear las ocho principales obras de infraestructura del Gobierno de Miguel Ángel Mancera, ¿en qué lo ha defendido el PRD?

Cuando los políticos, que hoy en día constituyen en todo el mundo una clase particularmente ignorante, no acaban de entender por qué la gente reacciona de cierta manera, en lugar de tratar de averiguarlo recurren a la descalificación fácil y perezosa: para pronto deciden y publican que se trata de un comportamiento "irracional".

No hay nada que más moleste de un político que su cinismo. Niéguenlo, cada vez que un servidor público usa ese defecto para diferenciarse de los demás, la sangre hierve y los peores pensamientos pasan por nuestra mente.

No obstante, el cinismo es la herramienta más usada por los políticos mexicanos. Otra herencia del PRI revolucionario, el país de cínicos tiene sus reyes y reinas.

En la semana, la reina del cinismo no fue otra que la actriz y empresaria Carmen Salinas.

Salinas -actriz sobresaliente del cine de ficheras- fue seleccionada por el Revolucionario Institucional para ocupar una curul

plurinominal en la legislatura actual. Obviamente, adquirió el puesto y las prerrogativas que con él se devengan.

Pero las corcholatas no salen con ese tipo de destapador. Carmencita ha respondido desde el cinismo de su pluricurul que su partido la respalda y que la petición se la pueden meter por donde quieran.

El sistema de representación proporcional ha sido criticado y defendido como la única forma de dar voz a un sector poblacional que sería excluido de otra forma. Cierto, Salinas no forma parte de eso sino de un sistema oligárquico donde la caquicracia obtiene, día a día, mayores espacios, pero dichos espacios se basan en esa regla del juego y en una más grande: la señora está ahí por la fuerza de los votos que adquirió su partido en su conjunto.

Se pide la salida de Salinas a partir de un mecanismo de participación ciudadana válido pero, de hecho, antidemocrático al momento. Millones de mexicanos votaron por ese PRI, el mismo que postula a candidatos que responden a sus críticos con desdén y cinismo, pero que se sustentan en el voto, no en la movilización cibernética.

¿Triste? Por supuesto, pero también lo son los políticos que andan de gira nacional para demostrar lo honestos que son aunque ya hayan roto sus promesas de campaña y nadie se inmuta.

En ambos casos, lo que desde hoy se debe de hacer es denunciarlos y recordar que la elección no se gana o pierde en los 60 días de campaña sino antes, mucho antes.

El que está poniendo nervioso a López Obrador es Jaime Rodríguez y su proyecto presidencial. No contaba con él.

La izquierda violenta, encabezada por su mesías Andrés Manuel, necesita de víctimas y hechos negativos para alimentar la mente enfermiza de algunos de sus seguidores, y estos no pueden o no les conviene reconocer que los estudiantes andaban fuera de su municipio, cometiendo delitos. (¿O robarse, al menos, camiones de pasajeros no es delito? Sus papás lo justifican diciendo que no es robo, que solo toman lo que necesitan. Qué bonita familia.)

Lo mismo pasó con el fotoperiodista del caso Narvarte, Rubén Espinoza, que la izquierda trató de convertir en otro mártir, ya se rasgaban las vestiduras tratando de relacionar el homicidio como atentado contra la libertad de expresión y ahora que después de una investigación se determinó que su muerte estuvo relacionada con el tráfico de cocaína y que éste la había consumido junto con mariguana antes de su muerte, mejor se olvidaron de él ya que no es económica ni políticamente rentable.

Los consejeros del Itei ya leyeron la nueva ley que les aprobó el Congreso [de Jalisco] y empiezan a respingar. El primero es Francisco González Vallejo. Él es cercano a los grupos de expertos que se dicen traicionados por los diputados pues los hicieron trabajar de a gratis y acabaron aprobando una ley que supone un retroceso. También trasciende que el silencio de la presidenta, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, se debe a que ya anda preparando terreno para saltar al poder judicial, pues no planea su reelección.

En esta grilla transparentosa hay un punto que no se debe olvidar. Los diputados panistas y naranjas acusaron al poder ejecutivo de meterle mano al dictamen final, cosa que el propio gobernador ha negado. Pero dicen los que saben que hay 2 nombres inevitables: Guillermo Muñoz Franco y Miguel Ángel Hernández. El 1o. ya fue consejero del Itei y ahora es el encargado de la transparencia en el gobierno local. Y el 2o. es secretario ejecutivo del Itei. Los entendidos de esos vericuetos legaloides los señalan a ellos como la mano que mece la cuna para hacer los "ajustes" a la nueva ley.

Esta semana, el pleno del Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano aprobó por unanimidad la propuesta de cambiarle el nombre a la colonia Los Pinos, para que se llame como el todavía alcalde Francisco Javier Álvarez Chávez. Además, al menos 6 calles llevarán el nombre del secretario general, del director de Obras Públicas, del oficial mayor y hasta de la esposa del alcalde, Sandra Cristina Padilla Zamora. El presidente municipal se defendió diciendo que los críticos de la propuesta son personas que ni siquiera viven en el lugar; pero dijo que analizará la decisión debido a que el tema "se ha politizado".

El nombramiento de Arturo Escobar al frente de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana ha suscitado un profundo rechazo. No era para menos. Una detención con cientos de miles de pesos en efectivo en un aeropuerto de Chiapas (2009) en tiempo de elecciones, proponer la pena de muerte y haber sido el vocero del PVEM, que violó reiteradamente la ley en los pasados comicios, hacen de Escobar un personaje oscuro.

Pero la insensatez del nombramiento de Escobar rebasa, por mucho, esos temas. Aquí otros aspectos preocupantes de la decisión de Enrique Peña Nieto.

Inexperiencia. El encargado del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia está llamado a ser uno de los campeones en la materia de todo el gobierno federal. El tema es de una complejidad tal que Suhayla Bazbaz, investigadora especialista en cohesión comunitaria, ha detectado al menos 7 escenarios de riesgos (ella los llama Cortos Circuitos) para esta materia, que hoy implica un amasijo intersecretarial de programas en 78 dependencias y entidades de la administración. Por razones ignotas, se decidió que ese Miura lo lidie Escobar, que lleva 15 años al hilo como legislador (desde 2000 ha sido diputado federal-asambleísta-senador-diputado federal) y tiene nula experiencia en la administración pública. Lujos que se da el señor Presidente.

Falta de sensibilidad. Las primeras declaraciones de Escobar, ya como subsecretario, lo pintan como alguien insensible a la materia que le ha sido encomendada.

El año pasado, cuando a instancias de su partido el congreso aprobó la prisión vitalicia, como la llama él, así se expresó Escobar de los delincuentes, en un claro mensaje de ojo por ojo...:

"Vas a morir en la cárcel, como te comportaste, como infeliz que eres, como te comportaste y generaste una conducta tan antisocial, pues vas a pagar con tu vida en el delito que cometiste, y con tu vida no porque te vaya a matar el Estado, sino porque vas a estar encerrado en una cárcel de alta seguridad el resto de tu vida". Declaraciones a Yuriria Sierra.

Una tarea fundamental de la Subsecretaría de Prevención es la interlocución, ya sea con organismos de la sociedad civil, con académicos y, por supuesto, con colectivos de víctimas.

Al declarar que su nombramiento constituye un "premio" se presenta como una persona frívola, lo que no hará sino dificultarle la delicada labor de lograr acuerdos con las OSC.

De hecho, es de temerse que varios de los convenios que la subsecretaría con organismos nacionales y extranjeros se caigan pues no faltará quien se niegue a sentarse con Escobar para ratificar lo que se venía trabajando.

Si la "austeridad completa, radical" (Enrique Alfaro dixit), comprometida como programa de gobierno por los alcaldes electos que el próximo primero de octubre tomarán posesión en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, va en serio, bien podrían los susodichos incorporar un rubro a la lista de sus recortes al gasto público: los "informes".

Se habla, por supuesto, de los actos protocolarios que se realizan so pretexto de cumplir con un mandato legal que ordena a los gobernantes rendir a sus gobernados un reporte anual de su administración. En la práctica, como acaban de constatar en Zapopan, el martes pasado, miles de ciudadanos que vieron alteradas, complicadas o definitivamente suspendidas sus actividades ordinarias (trabajo, escuela, atención médica...), el rito que suele acompañar al cumplimiento de la norma, lejos de ser un acto republicano, se limita a ser una grotesca mascarada cortesana; una ceremonia hueca, que sólo sirve para darles reflectores a ciertos impresentables personajillos de la clase política, y para que los buscadores profesionales de favores palmeen la espalda y realicen la ritual ofrenda de saliva endulzada a los poderosos.

Lo que debiera ser, pues, un gesto de respeto a los ciudadanos, ante cuya hipotética representación se rinde el dichoso (es un decir...) informe, es, en la práctica, una manifestación de prepotencia de los gobernantes y de desprecio (sentimiento, dicho sea de paso, en que de ordinario están plenamente correspondidos) a sus gobernados. Es, en suma, un rito perfectamente prescindible; una farsa que si, en nombre de la cacareada austeridad, se optara por suprimir, no representaría el menor menoscabo al ejercicio de la autoridad, ni significaría que dejara de cumplirse la obligación de rendir cuentas al gobernado por parte del gobernante... en la hipótesis de que realmente los que se rinden fueran informes y no, como sostiene la "vox pópuli", catálogos acríticos de autoelogios, mentiras y, en el mejor de los casos, buenas intenciones.

Si una medida tan radical como la de simplificarlos ya se tomó, desde hace varios años, con los informes del Presidente de la República, nada se perdería si gobernadores, alcaldes y similares siguen el ejemplo... a condición de que no les dé, también a ellos, por sustituir el sainete que antaño se representaba en la sede del poder legislativo, por sendos "mensajes" en los palacios municipales, con auditorios a modo, sin más utilidad que mantener al gobernante al alcance del incensario de los lambiscones... y de alejarlo de sus gobernados.

El dispendio y la irresponsabilidad en el gasto público resultan ofensivos para el ciudadano común. Que unos advenedizos, oportunistas, vividores de uno de los oficios más desprestigiados que conocen las sociedades modernas, gasten en banalidades el dinero que luego les falta para atender las demandas más sentidas de los mismos ciudadanos en temas como seguridad, salud, educación y servicios, es una prueba, tan burda como irrebatible, de que los "servidores públicos", con demasiada frecuencia, son miserables cazadores de fortunas, que a base de astucia y servilismo, trepan a los cargos públicos, arrastrándose, para medrar y no para administrar con escrupulosa honradez y siempre en beneficio del pueblo, los dineros que pasan por sus manos. (O, como decía Don Efraín González Luna, oportunistas que "buscan los cargos públicos no para servir al pueblo de México sino para obtener el dinero que no serían capaces de ganar mediante el trabajo honrado").

En la Cámara de Diputados la actriz Carmen Salinas Lozano empezó a cumplir justo con lo que se esperaba de ella: el escándalo y la declaración que refleja la descomposición del sistema.

Y por si faltara más, el alcalde de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, contribuye al absurdo político al publicar su currículum personal copiado del portal de Wikipedia, donde hay que remitirse a su carrera como futbolista, sin mencionar cuáles son los estudios que ha cursado.

Ambos, Salinas y Blanco, son el producto del absurdo democrático.

Ambos, Salinas y Blanco, ocupan un espacio público que el sentido común diría le corresponde a personas no más capaces, pero sí al menos, más comprometidas.

Estas son las declaraciones que la diputada Carmen Salinas lanzó por la red Periscope, para negar que se haya quedado dormida en una sesión del poder legislativo, tal y como lo hicieron constar los medios de comunicación en todo el país:

Si quiero dormirme "voy a hacer un tenderete, como decimos en Torreón, para echarme ahí a dormir, porque a mí me vale madre lo que digan". Y además, la legisladora (sic) le pide apoyo a quienes supone son sus fans o seguidores: "Cuando algún pen... me quiera insultar, no me hagan sentir que estoy sola".

Es importante hacer notar un par de datos: a Carmen Salinas la postuló para ser diputada el PRI y al ex futbolista Cuauhtémoc Blanco lo lanzó a competir por la alcaldía de Cuernavaca el Partido Social Demócrata, sin haber podido demostrar, en principio, una residencia fija en ese municipio.

Con el Jesús en la boca nos dejó el descubrimiento de que Avenida Alcalde, en el centro de Guadalajara, mantiene la duración de sus semáforos en verde como si no hubiera sufrido 2 cortes significativos a la altura del Santuario y de la Catedral por obras de la Línea 3. Es común ver la avenida desierta en horas pico con calles como San Felipe, Juan Manuel o Madero saturadas de tráfico. ¿Y así quieren cerrar Avenida Hidalgo?

Sin duda, López Obrador es quien mejor y más representa esa tendencia populista, demagógica e intolerante: lo ha demostrado gobernando, como candidato y como líder partidario. Lo hace además gozando, por una inconcebible permisividad de las autoridades electorales, de millones de spots, pagados con los recursos públicos que exige que no se derrochen en publicidad, que le permiten ser el único precandidato para el 2018 con ese nivel de exposición y sin posibilidad de réplica.

Una anécdota. No hace demasiado un médico, reconocidísimo especialista, me contaba que atendió a Andrés Manuel en uno de los hospitales privados más importantes (y caros) del país: durante toda la consulta, el líder de Morena estuvo criticando a los médicos, incluyendo al que lo atendía y al hospital en el que estaba porque decía que no conocían a los pobres, que estaban alejados de ellos, que no pagaban impuestos, que abonaban a la desigualdad. El médico al terminar la consulta y recetarle lo conducente, simplemente le pidió que para la próxima mejor buscara a un especialista con el que simpatizara políticamente porque era demasiado desagradable estar atendiendo a un paciente que no hacía más que descalificar a su médico y a la institución en donde él había ido voluntariamente a atenderse. Me parece que la anécdota escenifica exactamente la forma de hacer política y de entender la sociedad de López Obrador: considera lícito aprovecharse y explotar lo que supuestamente no le gusta y con lo que dice que no está de acuerdo cuando es en su beneficio, lo descalifica radicalmente cuando lo ve en los otros. Esa es la base de la intolerancia, la demagogia y el populismo.

Creo que esa batalla hay que darla y que no pasa sólo por López Obrador. Hay populistas, demagogos e intolerantes en Morena, comenzando por López Obrador y Martí Batres, entre muchos otros, pero también los hay en el PRD, en el PAN y en el PRI, los hay entre los independientes y en la sociedad. Nuestra vida política del último siglo se alimentó del populismo, la demagogia, la intolerancia. Cuando se dice, con simpatía, que "López Portillo fue el último presidente de la revolución", como dijo López Obrador, o cuando muchos priistas o ex priistas de vieja escuela añora ese pasado, cuando se cree que sin tolerancia y apertura, se puede tener una sociedad democrática y combatir con certidumbre la pobreza y la desigualdad, no se ha aprendido nada de las experiencias históricas y contemporáneas, nuestras y del mundo. La demagogia, la intolerancia y el populismo sí son un peligro, provengan de derecha o de izquierda y deben ser enfrentados, comenzando por definirlos como tales.

Los partidos políticos son odiosos desde su nacimiento. La derecha los acusaba de dividir interesadamente a la nación. La izquierda los identificaba como los espurios colaboracionistas del régimen o incluso los culpables de atentar contra el interés supremo de la clase trabajadora. No es cierto que la crisis de los partidos sea nueva, dicha inconformidad con los partidos existe desde la génesis misma de estos institutos. Siempre han sido un "mal necesario".

Sin embargo, si bien los mexicanos están realmente decepcionados de los partidos (sólo 19% confían en ellos, por encima únicamente de los diputados), eso no significa que quieran prescindir de ellos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Democráticas (ENCUP), a la pregunta: qué tan necesarios son los partidos políticos para que el país mejore, 65% de los mexicanos considera que son necesarios o muy necesarios contra 33% que cree que lo son poco o nada. Tampoco parece que los mexicanos crean que los candidatos independientes son la solución. Los apoyan, pero siempre pensando que su rol fundamental es refrescar el sistema de partidos. Según Parametría, sólo 28% de los mexicanos considera que un candidato independiente es más confiable que un partido, mientras que tampoco una mayoría, el 30%, considera que un candidato sin partido haría un mejor trabajo. Sin embargo, lo que es innegable, y de acuerdo a los datos de Buendía y Laredo, es que el porcentaje de mexicanos que se definen como no partidista alcanzó en agosto de este año al 64% de la población. El voto duro de los partidos mengua y la opción de los independientes se fortalece.

En este contexto nace el discurso del "Bronco". Un militante priista de cepa, de décadas, que ahora se presenta desde el anti-partidismo. Fue alcalde electo bajo las siglas del tricolor. Y a pesar de todo esto, construyó su campaña para ser gobernador a través del discurso anti-partidos. Encontró la coyuntura adecuada y la aprovechó. El riesgo del "Bronco" es que represente el gatopardismo de un sistema político que parecería reformarse, pero que en la práctica sólo reproduce a través de la estampa de "independiente" todos los vicios que tanto criticamos del sistema de partidos.

Así, la independencia es una cualidad positiva de un político, aunque no siempre está ligada a pertenecer o no a un partido político. Existen candidatos de partidos que expresan sus opiniones y toman decisiones con notable independencia y con apego al interés de los ciudadanos. La independencia de un político es deseable, sí y sólo sí, le permite tomar decisiones con autonomía vigilando el interés público. Eso es lo que no vemos del todo en El "Bronco". A pesar de las suspicacias sobre la financiación de su campaña, y el apoyo por parte de la élite empresarial neoleonesa, Jaime Rodríguez ni siquiera se ha despeinado en tratar de desmentir la relación. La independencia la demostrará el "Bronco" al momento de gobernar, al momento de asumir su papel de defensa del interés público, por encima de la agenda de los empresarios y de la élite económica.

Bien valdría la pena sentarnos un segundo y reflexionar si opciones políticas como la del "Bronco" son realmente la respuesta a los problemas que tenemos o si son simplemente producto de una rabia desenfrenada por la decepción que han generado los partidos políticos. El reto del "Bronco" es pasar del "anti" a ser realmente representativo de un proyecto distinto, de un verdadero proyecto de cambio.

¿Qué la partidocracia jamás podrá entender que unos son los tiempos electorales y otros -los más valiosos- los del auténtico desarrollo y "el jalar parejo"?... ¡Basta! Es absurdo aceptar el infantil pretexto de que la oposición se debilita al cohabitar en un mejor gobierno para el bien común.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública compró 15 torres de emergencia para las obras del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, pero no las ha colocado porque los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá no saben cómo usarlas. Incluso la dependencia estatal tampoco supo explicar su funcionamiento.

Su costo, según el director general sectorial de la SIOP, es de 210,000 pesos cada una; gastarán, en total, 3'150,000 pesos en los equipos de marca Talkaphone.

Cada pieza incluye torreta de iluminación, cámara panorámica, estación de llamada, cámara con vista al usuario y un dispositivo que almacena datos y energía y que se conecta con las corporaciones municipales.

El Presidente reconoció el hartazgo de la ciudadanía. Hizo hincapié en la molestia que se recoge también en las redes sociales (donde los lopezobradoristas gozan de un activismo muy influyente) y cómo ésta puede traducirse en una apuesta por las soluciones fáciles y ficticias del populismo.

El argumento tiene como espejo Venezuela y en México se llama Andrés Manuel López Obrador. Su buen sitio en las encuestas y su capacidad probada para volverse competitivo en elecciones presidenciales han encendido alertas. Más aún cuando la administración Peña está descuadrada por los temas que han sido bandera lopezobradorista por años: la corrupción y la pobreza.

El plan no es nuevo en Los Pinos. Desde hace meses rebotan la idea de que el 1er. mandatario activamente defienda que lo que implican para México las reformas no sea tirado a la basura por el régimen sucesor.

Los especialistas identifican al miedo como uno de los sentimientos que más mueven a los votantes.

Lo entendieron Vicente Fox y Felipe Calderón cuando hicieron campaña contra López Obrador: en spots lo compararon con Hugo Chávez y advirtieron al público que de votar por él podrían perder su casa, su coche, aquello que habían obtenido poquito a poquito gracias a cierta estabilidad macroeconómica. López Obrador, con su intolerancia, antidemocracia, sin proyecto económico que generara confianza, terminó alimentando ese miedo.

El PRI acaba de probar de nuevo el método: en las elecciones federales de este junio iban desplomándose en las encuestas hasta que giraron el enfoque de sus anuncios y presumieron las baja en las tarifas telefónicas, en la luz, esas pequeñas cosas, esos bálsamos domésticos que el votante sintió miedo de perder. Y el partido repuntó.

El Presidente ya delineó la estrategia contra su rival: mi ruta ya la conocen y tiene defectos, pero es peor la otra vía.

López Obrador lleva años atacando a Peña Nieto. Ayer se anunció el inicio del contraataque.

Si tenían calentura más vale que se les quite: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá están entre los 10 municipios más endeudados del país. Esto significa que con la nueva ley de deuda pública quedarán imposibilitados para contratar más créditos; papá Gobierno Federal controlará sus deudas.

¿Es crítica la deuda de los municipios jaliscienses? Ahora sí que depende desde dónde se vea. En Guadalajara y Zapopan, por el tamaño del presupuesto la deuda es bastante manejable, en ambos casos el servicio de la deuda es menor a 5% del presupuesto. No es el mismo caso de Tonalá que es el 5o. municipio más endeudado del país, y el servicios de su deuda representa 14% de su gasto (encima este es el único municipio que más creció su nómina en los últimos 3 años, según denuncia el alcalde entrante).

Pero el problema más grave no es que se haya contratado deuda por encima de la capacidad real de pago de los ayuntamientos, sino cómo se gastó. Una de las obras más costosas del Ayuntamiento de Guadalajara fue la pavimentación con concreto hidráulico de Ávila Camacho. Esa obra se llevó más de la mitad del crédito de 1,200 millones contratado para pavimentación [el periodista corrigió la cifra el día siguiente: fueron 92 millones de pesos solamente los invertidos en esta obra], todo para unos años después destruir gran parte de esta obra para poner el tren eléctrico (ya no hablemos de precios porque nos salió más cara que un niño tonto en Harvard). Hay obras en Zapopan que se hicieron con deuda y se quedaron a la mitad (el caso más patético es el centro cultural de "La Consti") y otros municipios, como Tonalá donde parte de los créditos contratados para obra terminaron destinándose al pago de nómina [o sea que se los robaron los políticos - el webmaster].

Que los municipios metropolitanos ya no puedan contraer deuda es una buena y una mala noticia. Es buena porque si no se va a aplicar y fiscalizar bien (el auditor de esas cosas ni las ve ni las oye, como diría Salinas) mejor que no los dejen endeudarse. Es mala, muy mala noticia, porque a fin de cuentas la deuda en los gobiernos es una forma de adelantar beneficios, y eso quedará cancelado gracias al mal manejo de los créditos que se ha hecho a lo largo de los años.

Las nuevas regulaciones que tendrá la Secretaría de Hacienda son de dar vergüenza porque tratarán a los municipios como menores de edad. Pero lo verdaderamente penoso es que ayuntamientos del tamaño de los cuatro de la zona metropolitana se hayan comportado de manera tan irresponsable y que los ciudadanos lo hayamos permitido y tolerado.

Los municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara están en aprietos, porque sus deudas a largo plazo se comen los presupuestos anuales para obra pública y servicios.

El municipio más castigado es Tonalá, cuya deuda era de 1,186 millones de pesos en marzo de 2015. Es el único caso cuyas obligaciones financieras superan el presupuesto anual, 21% más respecto a lo que aprobó el cabildo en 2015.

La cuna alfarera tiene presupuestado el pago de 137.6 millones de pesos para amortizar la deuda, contra los 99 millones de pesos que tiene para obras públicas.

Le sigue el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, con 4 créditos activos y registrados ante la Secretaría de Hacienda. Los 99'075,000 pesos que debe la comuna representan 86% de su presupuesto anual en 2015.

Este año utilizarán 8'100,000 pesos para amortizar su deuda. Esa cantidad es casi la mitad de los 19 millones que se utilizan en obra pública.

En ambos casos sólo reconocen los pasivos de largo plazo con la banca, sin embargo, no dan cuenta de los créditos a corto plazo, las deudas que se tienen con el Instituto de Pensiones, el Instituto Mexicano del Seguro Social o la Comisión Federal de Electricidad. Tampoco hay registro de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas).

Ahí es donde entran las reformas secundarias promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto para la disciplina financiera en materia de deuda pública. De acuerdo con el documento enviado al Congreso, la iniciativa fija reglas para garantizar la ejecución del gasto.

El Salto es la administración que más recursos destina a pagar sus obligaciones, lo que merma el dinero que se destina a inversión en obra pública.

El municipio gobernado por Joel González destinará este año 17% de su presupuesto en pagar deuda pública. Según su página de transparencia, pagará 78 millones a los bancos acreedores, mientras que sólo destinará 62 millones a inversión.

El presidente municipal electo de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, denunció la basificación irregular de al menos 38 personas en los organismos públicos descentralizados del municipio. Además, dijo no se ha permitido el acceso a la documentación probatoria para conocer el estado administrativo del ayuntamiento que es presidido por Jorge Arana Arana.

Se estiman por lo menos 80 basificados, pero "que podrían ser cerca de 200 las personas a las que se les estaría entregando base".

En el DIF Tonalá se detectó que a 38 personas se les otorgó base laboral el mes pasado, lo que representa una carga presupuestal extraordinaria de 300,000 pesos mensuales.

A 2 meses de concluir su gestión, con casi la mitad de diputados suplentes ocupando las curules, la LX Legislatura [de Jalisco] pasará a la historia con más pena que gloria.

Una de sus principales promesas incumplidas la ligará a la historia de corrupción e impunidad que arrastran las últimas 3 legislaturas: su sometimiento al auditor Alonso Godoy Pelayo.

Ya lo dijeron en la semana distintas voces de las organizaciones de la sociedad civil que pretendieron participar con los diputados para reformar la Ley de Fiscalización y romper con esta sumisión perversa que tiene en coma la revisión del gasto público y por ello, una galopante corrupción en Jalisco: en el poder legislativo persiste el contubernio entre legisladores y la muy desprestigiada Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

Los diputados y diputadas despreciaron el esfuerzo de estos ciudadanos y enlataron desde agosto del año pasado la 1a. iniciativa ciudadana para reformar la Ley en materia de Fiscalización.

No nos hemos puesto a pensar cuánto nos cuesta la actividad política y qué beneficios nos produce. En general, se puede afirmar sin temor a equivocarnos que la llamada clase política no contribuye a la generación del Producto Interno Bruto. Esta opinión puede ser externada un tanto a la ligera, pero ahora con las modernas técnicas de medición, podríamos encargarle al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado que analice y cuantifique el beneficio que nos producen los miles de millones de pesos que se asignan a los 10 partidos políticos. Que además haga extensivos sus cálculos de ¿cuánto nos cuesta el sistema electoral? Y en qué nos beneficia que tal o cual partido político gane o pierda una elección.

En cuanto al poder ejecutivo, sería bueno medir la eficiencia de los funcionarios de alto nivel por los beneficios que generan sus buenas decisiones y lo que nos cuestan las malas. Como el caso de la línea 12 del metro del DF ¿Cuánto nos cuestan los errores cometidos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los culpables? ¿Los van a hacer pagar sus errores? ¿Los errores fueron cometidos por corrupción, negligencia o apatía? ¿Cuánto nos costará corregirlos?

En resumidas cuentas, tenemos un gobierno obeso, ineficiente, corrupto, mentiroso y, sobretodo, muy costoso.

Queremos candidatos independientes... siempre y cuando no ganen. Ésta parece ser la consigna.

Sin embargo, el mensaje está claro. La gente está molesta con los partidos. Cualquier resquicio que se deje a los independientes les permitirá crecer.

¿Cómo resolver el acertijo electoral? Una [posibilidad] sería seguir reformando -o sea, restringiendo- de acuerdo a las quejas que se presentaron en la justa más reciente. Sin embargo, este camino exigiría que todas las escuelas de leyes desarrollen la especialidad de nimiedades para poder satisfacer disputas sobre cosas cada vez más irrelevantes.

El político se ve a sí mismo como un nuevo Frankenstein, con una pierna tomada de la izquierda y la otra de los verdes, un brazo de la derecha y el otro del Panal, un estómago insaciable y una cabeza cuadrada, mal cocida y desde luego hueca. El comportamiento de estos entes es consecuente con su identidad, son torpes para hablar, caminan como zombies, repiten todo el tiempo frases aprendidas, y son incapaces de actuar por sí mismos, a no ser que de pronto se rebelen contra sus creadores y el asunto acabe en hechos de sangre, como ha igualmente sucedido más de una vez.

La ausencia de administradores eficaces y políticos genuinos favorece el que las vacantes sean ocupadas por estos placebos, emanados de los partidos políticos, muchos con la experiencia de haber militado, muy convencidos, en varios de ellos, y decididos a seguir drenando las arcas públicas.

Ya están listos los nuevos lotes del modelo Frankenstein 2015-2018 tanto para los ayuntamientos con su proliferación cancerígena de regidores, como para los congresos, con su proliferación cancerígena de asesores, todos programados para sacar la mayor ganancia posible en los próximos 3 años, con la garantía de que no tienen que desquitar el sueldo ni muchos menos dar cuenta del servicio que ostentan, al final sus cómplices del Congreso [de Jalisco] o de la Auditoría los exonerarán a todos.

De 2009 a 2012 se registraron endeudamientos excesivos y escandalosos en varios gobiernos estatales y municipales. Al salir a la luz pública contribuyeron a generalizar y a perjudicar severamente a nivel nacional la marca gobernador. Las alarmas sonaban principalmente al darse los cambios de gobierno, donde los nuevos mandatarios aprovechaban para posicionarse como honestos y a su vez poner los trapitos al sol de su antecesor.

Se logró tal presión de la opinión pública, pese a que desde el punto de vista del sistema bancario y los mercados de deuda no había tal problema, pero sí un riesgo potencial, que el presidente Peña Nieto prometió en su discurso de toma de posesión enviar una ley para limitar el endeudamiento de los gobiernos estatales y de los municipios.

Esta semana envió el ejecutivo federal la iniciativa de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Fue posible hasta ahora, porque en 2012 el Congreso de la Unión no tenía facultades. Para ello era necesario reformar la Constitución, pues eran los congresos estatales los que tenían las facultades para legislar, y por lo tanto definir, en materia de deuda estatal y municipal.

Llevó más de 2 años al Constituyente Permanente aprobar esta reforma constitucional.

Respecto a los 83 millones y pico que integran la lista nominal de electores. De cada centena 14 votaron PRI, 10 PAN y 5 PRD. Dicho con crudeza, sin ánimo de ofender, esta es su fuerza real. Tan pobre el pinto como el colorado. Lo demás son malabarismos legales, artificios estructurales y criminal derroche de dinero para poblar las instituciones de la República con cierto toque de pluralismo.

Nuestro actual sistema político, producto de una larga y contrahecha transición, incorporó en sus modos la cultura de la dictadura perfecta, recicló a los poderes fácticos creados y cebados en aquel legendario parque jurásico e incubó nuevas especies depredadoras, como el PVEM. Ahora hace agua por todos lados. Los números de la elección enseñan el tamaño de los boquetes.

La situación de México no resiste más el asedio de la plaga de individuos frívolos con poder, huecos de valores y patriotismo, encumbrados por la coyuntura o la mercadotecnia, ayunos del sentido político trascendente, sin templanza en el ejercicio de las funciones públicas e insaciables en el saqueo de los presupuestos.

A 2 meses de que se llevaran a cabo los comicios, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, tolera que los candidatos y los partidos políticos a los que pertenecen no hayan retirado aún la totalidad de su propaganda.

A pesar de que se estableció que los candidatos deberían dejar la ciudad limpia de propaganda una semana después de las elecciones, no se cumplió; después se puso como plazo el 7 de julio para hacerlo, pero tampoco se consumó.

El pasado martes, el IEPC envió un oficio a todos los partidos políticos en el que se les avisa que tienen 15 días para retirar toda su propaganda de las calles, de lo contrario, ahora sí se harán acreedores a una sanción, informó el consejero presidente, Guillermo Alcaraz Cross.

Las sanciones por el incumplimiento van desde una amonestación pública hasta la reducción de 50% del financiamiento público en sus actividades ordinarias, de acuerdo a la gravedad de la falta, según lo marca el Artículo 458 Fracción D del Código Electoral.

Si logramos que los ayuntamientos se preocupen y ocupen por la banquetas; si logramos que el peatón recupere la soberanía del espacio público; si logramos que las autoridades entiendan que balizar una ciudad no es un lujo sino la norma mínima de convivencia de los diferentes sistemas de movilidad (de preferencia que no sea con pintura de agua), más temprano que tarde los políticos, aunque en el fondo de su alma desprecien a los peatones, terminarán por entender, y en una de esas hasta atender, el problema.

Guadalajara nunca tuvo tal caos vial y complicaciones en la movilidad y transporte como ocurre ahora. Las obras combinadas de construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, la ampliación de la Línea 1 y decenas de obras municipales han provocado esta crisis de movilidad que trastorna la vida de millones de habitantes.

Las consecuencias son enormes y su impacto aún no ha sido medido. Traslados usuales de 20 minutos se duplican o llegan a durar una hora; los atascos se multiplican, el transporte público no pasa por donde el usuario conocía; calles antes tranquilas se trastornan por el paso de miles de vehículos desviados.

Dirán los gobernantes que es el precio a pagar por tener un mejor transporte público y una ciudad con planificación para beneficio de sus habitantes. No es así. Estamos pagando el precio de la irresponsabilidad de los gobiernos y de políticas urbanas que están diseñadas no para los pobladores sino para la rentabilidad política y económica.

Para empezar, la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, la obra que causa los mayores perjuicios a la movilidad y al comercio, debió empezarse hace 20 años. Los panistas Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez son corresponsables del desmadre y caos vial y de movilidad que vive ahora Guadalajara por no haber empezado esta obra en sus gobiernos.

Son corresponsables los actuales gobiernos priistas: el estatal que encabeza Aristóteles Sandoval Íñiguez, y los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan.

Si ya se sabían los tiempos de construcción de la Línea 3, se debieron terminar antes obras como la ampliación de la Línea 1 en Periférico y Federalismo; o la ampliación del túnel de Avenida Hidalgo en el centro. En este momento de caos, no deberían abrirse calles para renovación del pavimento, como López Cotilla o Morelos. Esas obras podrían esperar hasta que termine la obra principal que es la Línea 3.

Pero lo que parece sensato para un usuario de la ciudad, es ilógico para la clase gobernante.

La crisis de movilidad no surge de ahora, sino que es el resultado de políticas de planeación urbana no pensadas para producir una vida digna para sus habitantes, sino para la rentabilidad política y económica.

Si volteáramos la cabeza hacia cualquiera de los partidos políticos con registro, seguramente que nos encontraríamos con personajes militantes y/o egresados del PRI, pero que con el solo hecho de haber salido del mismo, pareciera o mejor dicho, nos quieren hacer creer que estos han sido rebautizados con "agua bendita", esto es, que sus pecados anteriores y futuros (como por ejemplo fomentar el estrés en la sociedad con mentiras y difamaciones) son ampliamente perdonados, sin importar siquiera que muchos de ellos les hayan significado un buen número de millones de pesos para su beneficio personal.

La semana pasada, en referencia al PRD, recordaba a Séneca que decía que cuando una nave no sabe cuál es su destino, ningún viento le es favorable. La mejor demostración la tuvimos unos días después cuando el gobernador electo de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles invitó a López Obrador a "gobernar" el estado, a ser parte de su administración, alabando su liderazgo, etc, etc. La respuesta de López fue mandarlo al diablo.

No puede un gobernador electo por un porcentaje alto de votos como Silvano, con el respaldo de su partido, invitar a un rival que lo menos que ha dicho de ellos es que son traidores y corruptos y que en esos mismos comicios apenas obtuvo el 3.5% de los votos. El PRD, si quiere tener destino, tiene que buscarlo lejos de Morena, porque acercarse a Morena significa que el PRD termine devorado, ya no hegemonizado, por el lopezobradorismo. La última oferta de Morena al PRD lo hace evidente: le ofrece trabajar juntos en el DF "si el PRD reconoce que hizo fraude" en las pasadas elecciones capitalinas, o sea si el PRD se suicida.

El desprecio de López Obrador a la proposición de Silvano, y la oferta envenenada de Morena para el DF, tienen, sin embargo, un enorme beneficio: le demuestran al PRD que nada lo une ya a Morena, al contrario, son sus principales adversarios y a partir de allí el PRD debe buscar su dirigencia y su camino.

El Ayuntamiento de Guadalajara utilizó 28'318,000 pesos, para pagar 39 laudos laborales. El recurso que tomó fue el que recibió por la venta del terreno donde se construiría el recinto ferial para las Fiestas de Octubre.

En el listado figura el pasivo más costoso para los tapatíos a favor de Miguel Ángel Núñez Molina, a quien se le depositó 3'294,042 pesos el pasado 26 de enero.

Dentro de la lista de pasivos laborales hay 13 trabajadores que tuvieron una resolución positiva a su demanda y que el ayuntamiento tuvo que pagarles más de un millón de pesos.

El municipio tenía dinero extra del terreno que se vendió al Gobierno del Estado para que se construyera el recinto ferial, localizado en la zona del Planetario Severo Díaz Galindo. El predio tuvo un costo de 262 millones de pesos.

Hasta el último reporte, quedaban 108 millones de pesos por ejecutarse y ese fue el dinero que el ayuntamiento decidió "redirigir" a pagar su deuda con el Instituto de Pensiones.

4 de los 7 últimos gobernadores de Illinois terminaron en la cárcel por corrupción.

[¿Y aquí cuándo vamos a empezar? - pregunta el webmaster.]

El régimen luce viejo, cansado y sin respuestas. A todo régimen le llega su tiempo, y en México su agonía se percibe a diario. Las respuestas ya no las tiene José Woldenberg. Un demócrata, sin duda, pero un demócrata para otro tiempo. Tampoco Cuauhtémoc Cárdenas es el referente moral para levantar a una izquierda más extraviada que nunca. Carlos Castillo Peraza tiene poco que decirnos sobre los moches del PAN y su corrupción endémica. Manlio Fabio Beltrones es un equilibrista del viejo régimen, un camaleón que encontró su espacio en los nuevos tiempos, pero que tampoco parece esbozar la salida de la crisis política.

México vive una crisis política evidente. Los cimientos del régimen político de la transición en México, se encuentran cuestionados. El tripartidismo ya no suscita esperanzas de cambio y el "todos son iguales" es hegemónico en la opinión pública. Los órganos constitucionalmente autónomos, que fungieron como los auténticos guardianes de nuestra endeble democracia, son vistos como burocracias al servicio de los partidos políticos. La descentralización, nuestro federalismo, no suscita ninguna adhesión política. Los gobernadores son identificados con prácticas del pasado, con el cacicazgo y la nula rendición de cuenta. Los medios de comunicación, los más importantes, acarrean un déficit serio de credibilidad. El Estado es incapaz de demostrarnos su probidad para hacer cumplir la ley y respetar los derechos humanos. La oposición se encuentra atenazada por la corrupción interna, la división y la confusión. ¿Es esto presagio de que algo está cambiando?

En una crisis de régimen lo 1o. que entra en contradicción es el sistema de partidos. Y es que una democracia funcional requiere no sólo eficacia del partido en el gobierno, sino un contrapeso efectivo de la oposición.

El tripartidismo ha entrado en crisis. Entre las 3 fuerzas políticas mayoritarias, sólo lograron cosechar el 60% de los votos en la última elección. 20 puntos menos que en 2009 y 26 puntos menos que en 2003. El PRI se esfumó de las ciudades, y mantuvo una mayoría legislativa con sus “estados zapato”, donde gana con niveles bajísimos de participación. El PAN tuvo su peor resultado en décadas, y en estados como Jalisco se volvió una fuerza marginal. El PRD lentamente se convierte en un partido capitalino, pero incluso ahí cuestionado. El castigo al tripartidismo es innegable.

Surgen fuerzas emergentes como Morena, MC o el Partido Verde que buscan capitalizar el descrédito de las principales fuerzas políticas. Incluso, los independientes son una señal de la desconfianza en los tres principales partidos. Y es que la primera queja contra estos partidos no es que piensen exactamente igual, o que sean en términos de programas políticos, lo mismo. Existen diferencias. Lo que se denuncia es que cuando de corrupción se habla, cuando de proteger intereses inconfesables nos referimos, las 3 principales fuerzas políticas del país actúan como una clase única que se opone a la rendición de cuentas. La percepción es que las 3 principales fuerzas políticas cayeron en un contubernio durante el peñismo que diluyó el papel de la oposición y que el cambio dificilmente vendrá de ellos.

El nuevo INE no pasó la prueba y, de acuerdo a las encuestas sobre estima institucional, la confianza en su labor ha tocado mínimos históricos. Con nuevas atribuciones, y con la incapacidad para mandar un mensaje de corrección política al sistema de partidos, el INE no pudo con el órdago que le lanzó el Partido Verde durante las últimas elecciones. La división partidista interna le pasó factura al Consejo General y dibujó de cuerpo entero la pérdida de autonomía del árbitro electoral. La crisis de legitimidad del órgano más representativo de nuestra democracia es también la crisis de un modelo de transición que ya no responde eficazmente a los nuevos desafíos.

De la misma forma, desmontar el hiperpresidencialismo mexicano implicaba también el fortalecimiento de los estados en el marco del federalismo. La educación se fue a los estados, la obra pública comenzó a ejercerse en las entidades y prácticamente la mitad de los dineros nacionales fueron transferidos anualmente a los estados. La política comenzó a definirse en Guadalajara, Monterrey o en Tapachula. La dimensión federal se debilitó, el presidente siguió siendo fuerte, pero ya no tuvo, desde Ernesto Zedillo, los canales políticos adecuados para resolver los conflictos con el arbitraje de Los Pinos.

Sin embargo, descentralización no implicó, como en otros países, mayores contrapesos, mayor subsidiariedad, mayor solidaridad y mayor rendición de cuentas. La descentralización nos mostró la debilidad institucional en las entidades federativas para detener las ambiciones desmedidas de los gobernadores. Los mandamases estatales fueron el azote de Fox y de Calderón. El federalismo mexicano no corrigió sus simulaciones del pasado, por el contrario reforzó su papel de mecanismo de impunidad que protege a las élites locales. Muy lejos quedó el anhelo de que el federalismo mexicano funcionara como un sistema de dispersión de poder que proteja a las particularidades locales y que propicie mayor rendición de cuentas.

La transición en México constituyó un relato poco creíble. Pasar de los problemas del viejo régimen al mundo maravilloso de la democracia. De la noche a la mañana, seríamos ricos, México entraría en el club de las democracias del 1er. mundo. Un relato que sembraba la semilla de la decepción. La democracia no sólo no ha corregido el modelo económico que nos tiene donde estamos, sino que ha profundizado muchas de sus contradicciones. Los sueños que engendró la transición, el imaginario de prosperidad y libertades que delineó, hoy en día conspiran contra la credibilidad de las instituciones que nacieron en la transición.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el [partido político] Movimiento de Regeneración Nacional confirmaron una alianza política en rechazo a la Reforma Educativa y a la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Este viernes marcharon juntos en protesta.

Ciertamente, el Partido Verde ha incumplido de manera sistemática con algunas de las obligaciones que le señala la normatividad electoral. Sin embargo, no es el único partido que lo ha hecho en este pasado proceso electoral ni en anteriores. Existen otros, como el PRD y sus aliados, que en 2006 y 2012 lo hicieron no sólo de manera sistemática, sino que además grave, y nada pasó. En este año, Morena lo hizo también de manera sistemática y nadie dijo nada. Vamos, ni siquiera se discutió aplicarles una sanción. ¿Por qué entonces tanta alharaca con lo de quitarle el registro al Verde?

La respuesta es sencilla: porque como aliado del PRI es el partido que le ha permitido al tricolor obtener victorias electorales, o hasta hacerse de la mayoría en la Cámara de Diputados. Es decir, de lo que se trataba no era de la pérdida del registro del Verde, sino de la pérdida de la mayoría del PRI en ésta y en ulteriores elecciones, tanto a nivel federal como local.

Si de quitarle el registro a un partido se trata, es más grave tomar avenidas por meses; cerrar carreteras; impedir la toma de posesión de autoridades electas; o utilizar los tiempos en radio y tv para promocionarse para 2018; que regalar boletos para el cine. Las cosas por su nombre.

Exigimos que el INE cancele el registro del Partido Verde, pero le damos con votos diputados y alcaldes.

El Verde se nos burló en las narices: pagaba su multa mientras continuaba infringiendo las normas electorales. Pero la táctica le resultó: los votantes le dieron triunfos inmerecidos, avalados en urnas. Los leones que se ganaban su media res trabajando en circos, mueren de abandono y hambre. Un claro sofisma triunfó entre legisladores al tambor del Verde y su "protección" de animales.

Nada puede hacer, ni debe, el INE contra la voluntad expresa de los ciudadanos. ¿O a veces sí y a veces no?

Un gobernador independiente va a hablar a un evento eclesiástico. Sigue en campaña pese a haber ganado hace apenas 2 meses su gubernatura. ¿Por qué? Seguro porque el Cerro de la Silla siempre será menor que Los Pinos y, en la locura, hay quienes piensan que pueden ganar lo que sea.

Aunque no hayan gobernado ni un solo día.

El ayuntamiento de Zapotlán el Grande retuvo a sus trabajadores los recursos correspondientes a pensiones e ISR, pero luego no los pagó a las respectivas dependencias, denunció el presidente municipal electo, Alberto Esquer Gutiérrez. Podría tratarse, señaló, de un caso de peculado.

El 1er. problema que saltó, por información que les entregó el sindicato, fue de un retraso de pagos con el Instituo de Pensiones del Estado de 18 millones de pesos y otros 5 millones de pesos con el SAT.

Para Jesús Ortega, el PRD no perdió sino ganó con la salida de López Obrador porque era un lastre que le impedía abandonar la lógica estalinista y el viejo nacionalismo revolucionario para construir una izquierda moderna, socialdemócrata.

En el PRD, salvo por esa declaración de Jesús Ortega, nadie parece saber con claridad hacia dónde quieren dirigir esa nave. Las resoluciones del consejo del fin de semana no dicen nada al respecto. Se permiten alianzas con el PAN pero no con el PRI (más allá de la conveniencia coyunturales de unas u otras ¿porqué con unos sí y con los otros no?); se dice que se privilegiarán las alianzas con la izquierda, sobre todo con Morena y Movimiento Ciudadano, obviando que Morena y López Obrador han sido los peores enemigos que ha tenido el PRD: nadie los ha descalificado, acusado y despreciado tanto.

Se habla de abrirse a la sociedad y de respaldar candidaturas independientes pero eso no deja de ser un lugar común si no se aterriza en personas concretas. Puede haber candidaturas abiertas y ciudadanas que terminen de deformar cualquier opción de izquierda. ¿O quieren candidatos que terminen alabando a la iglesia Luz del Mundo?

El escenario cada vez más polarizado e inestable que vive el país necesita un sistema de partidos muy diferente del actual. La principal ocupación de los institutos políticos es ganar elecciones y eso no es extraño a su naturaleza, pero el pragmatismo exacerbado que los domina borró hace tiempo las líneas ideológicas más claras que les permitían ofrecerse como definidores de proyectos de gobierno.

Los dirigentes partidistas rechazan siempre esa tesis, pero la realidad se argumenta a sí misma: mayor violencia producto del crimen organizado y de la descomposición social; incremento en los índices de pobreza; lenta o casi nula aplicación de la justicia; debilitamiento acelerado de la institucionalidad y como remate, un disparatado costo del ejercicio electoral en México: más de 50,300 millones costó -se estima- sólo la elección federal de este año (casi 2 terceras partes del presupuesto público anual de Jalisco).

En su presente administración, los 9 estados que cambiarán de gobernador este año, incrementaron su deuda. En términos monetarios la cifra pasó de 59,461 millones de pesos a 114,599 millones de pesos.

Nuevo León tuvo el incremento más fuerte, su deuda en proporción con sus participaciones pasó de 100.6% a 225.5%. Le siguió Michoacán, al pasar de 51.9% a 86.6%. La de Sonora pasó de 89.3% a 115.2%. La de Campeche pasó de 0% a 20.9%. La de Colima pasó de 41% a 59.1%.

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", respondió a las declaraciones que el líder del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, hizo el pasado viernes cuando lo criticó por utilizar un avión de un contratista para trasladarse de Monterrey a Colombia.

A pesar de reconocer su lucha democrática del político tabasqueño, Rodríguez Calderón, Gobernador electo de Nuevo León, cuestionó hoy en una carta abierta a López Obrador por el financiamiento público que ha recibido como parte de su nuevo partido y lo retó a seguir el camino electoral sin recursos públicos.

"Puedo asegurarle que sí sería posible ganar la Presidencia de México sin gastar los 120 millones de pesos, por año que recibe Morena, regresar ese dinero a los ciudadanos sería una gran lección de patriotismo ante los ojos de los mexicanos ¿Cómo la ve, se anima?", le pregunta Jaime Rodríguez a Obrador.

Al difundirse la noticia de que "El Bronco" utilizó un avión privado, el pasado viernes López Obrador escribió en su perfil de Facebook:

"De modo que debo decir que Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', es más de lo mismo. Durante su campaña guardé silencio para no hacer el juego a los otros, que son iguales, pero ahora que se traslada en un avión privado de un contratista de Monterrey, a Colombia, queda de manifiesto que no es un hombre que entienda la política como imperativo ético. Respeto la opinión de todos, pero no quiero que me den la razón después, con el equivalente a otro despeñadero".

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía del presunto avión, del cual no especificó a qué compañía pertenece.

La reciente elección ilustró, una vez más, una de las grandes paradojas que nos caracterizan. El país ha dado extraordinarios pasos en materia electoral pero, sin embargo, no cesan los conflictos, las injurias y, sobre todo, la desconfianza. Aunque diversos partidos y, ahora, candidatos independientes participan activamente, persiste en una buena parte del electorado -y en demasiados partidos y candidatos- la noción de que una elección es legítima cuando yo gano pero no cuando pierdo. ¿Qué nos dice esto del país, de nuestra política y de nuestra capacidad para trascender esa fuente permanente de conflicto e ilegitimidad?

No podemos afirmar que el abandono que sufre la ciudad de Guadalajara sea consecuencia de haber perdido las elecciones el partido todavía en el gobierno; ya desde antes el abandono era evidente.

El 1er. índice de observación es el derrumbe administrativo del centro histórico. La causa no es la construcción de la Línea 3, sino la ausencia total de las autoridades para paliar los efectos de dicha obra. El colapso de las calles que van de oriente a poniente y viceversa se debe en buena medida a que los semáforos de la Avenida Alcalde siguen funcionando como si por esa vía hubiese el tráfico anterior. El departamento de tránsito está por completo ausente y la ciudadanía no ha dado con las fórmulas adecuadas para suplir la falta de gobierno, además de todos los dramas que ya enfrenta en dicha zona de la ciudad: caída de las ventas, negocios cerrando, hampones de tiempo completo, terreguero por todas partes, calles cerradas convertidas en estacionamiento, desbocamiento del transporte público, ausencia de vías alternas adecuadamente habilitadas, reguero de basura por todas partes, descuido de parques, jardines y camellones, y la anarquía social cada vez más envalentonada justamente porque la autoridad dejó de existir en la ciudad. Y en todo y por todo, una lamentable falta de imaginación y de interés para resolver los problemas.

Cierto que 2 meses antes de las pasadas elecciones se soltaron plagas de barrenderos y jardineros con camisetas rojas en la campaña de mejoramiento urbano; andaban por todos lados, sobre todo en las zonas más visibles, la idea fue muy costosa, dio empleo temporal a mucha gente, pero era nada más eso, empleo "electoral". Dígase lo mismo de la campaña "mi bici" igualmente cotosa, de resultados magros e infraestructura de caducidad muy temprana. Pasado el carnaval todo volvió a ser miércoles de ceniza.

Por si no bastara esta deserción de los "servidores" públicos, los que todavía responden lo hacen en contra de los intereses de la comunidad, el caso más actual y emblemático es el relativo a los taxis privados; a las "autoridades" les importa muy poco lo que piensen los usuarios toda vez que ni por error se les ha ocurrido consultarlos. Tampoco les importan los taxistas públicos, solamente los están usando bajo la fórmula más lamentable: sigan hundidos en su mediocridad siempre y cuando apoyen a los monopolios existentes.

El congreso finaliza su temporada de caza, ojalá y se hubiesen contentado con no hacer nada. Por el contrario, hasta el final mantuvieron su consigna: asegurarse la ganancia personal, cortar el presupuesto a todo, pero no a los viáticos, mantener su estacionamiento privado gratuito, exonerar a medio mundo, bloquear las diputaciones independientes y darles más alas a los [abogados] talibanes.

Por supuesto que les están engordando los problemas a las próximas autoridades. Su falta de imaginación les impide ver que sería más importante el que los extrañaran por la calidad de los servicios que prestaron, a que los maldigan por varios procesos electorales más a causa del impresionante fracaso que ha tenido su "gira del regreso".

El demagogo que fue terrorista en tiempos pasados, atacando bienes, propiedades federales, como lo hizo cuando secuestró pozos de petróleo, Andrés López el Peje reclamó al gobierno el tratar de poner en orden a la CNTE, sin importarle el gran mal que ésta hace a la educación, a la niñez y a la juventud de México, apoyando que se tiene que mantener la "democracia magisterial" y lo peor es que tiene un poder de convocatoria y de convencimiento a manadas ignorantes, que muchos le aplauden y no se dan cuenta del verdadero comportamiento vergonzoso y provocador de Andrés López.

En el Congreso [de Jalisco], vaya desfachatez con que se conducen algunos diputados. No quiero generalizar, pero nos demuestran con el sentido en que ejercen su honorífica condición desde la curul, que pesa más su partido que sus representados.

A muchos diputados, cuando llegan a ocupar este cargo se les olvida (o no sabían) que los poderes públicos son tripartitas para servir a modo de contrapesos. Hace apenas unos días, decidieron desechar solicitudes de juicio político contra algunos de los políticos más controvertidos de las últimas décadas, a modo de favores y antes de que termine la actual legislatura.

Si bien la mayoría fueron sorpresivos, el caso del auditor Godoy es distinto, creo que hubiera sido utópico pensar que procedería un juicio político en su contra, mientras aún tenga pendientes cuentas públicas por auditar, o haya omitido ejercer acción alguna por concepto de irregularidades en contra de algún hoy diputado o sus protectores, en esa dependencia solo se lavan y planchan cuentas públicas a modo.

El ejecutivo es la piedra angular del Estado, es quien se encarga de que las cosas realmente se lleven a cabo, pero es una pena que no pueda funcionar de la mano de un solo hombre; requiere un cuerpo colegiado con un líder, lo que es distinto. Se ha concebido erróneamente la meritocracia. Los méritos no se deben medir en favores, o por el tiempo y lealtad mostrada dentro de los partidos; esta debe significar preparación, capacitación y experiencia para ocupar un cargo público.

En la actual gestión no se ha tomado en cuenta para designar a varios integrantes del gabinete, no porque sean malos o incapaces, sino porque no cumplen con el perfil idóneo. La forma de hacer política de antaño solamente conlleva al abismo para un político, ser desconocido por su pueblo y odiado por el mismo.

En donde se oyen lamentos por falta de efectivo es en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues el miércoles reunieron al personal para avisarles que ya se les había acabado el veinte y que pues no tenían ni para liquidar la nómina, por lo que esperan que les sea lanzado un salvavidas desde el palacio de Gobierno para solventar la crisis. Lo que nos preguntamos es ¿entonces cómo le pensaban hacer los consejeros del IEPC para solventar el alza salarial que pretendían?

Con la abultada nómina que tiene la ciudad de Guadalajara y servicio de la deuda que tiene que pagar que incluye intereses y abono al capital, no le quedan recursos para obra pública y acude al endeudamiento, hundiéndose cada vez más.

Falta de presupuesto, estructura y deficiencias para su aplicación, son algunos de los obstáculos que encuentran leyes y reformas que han propuesto "al vapor" los diputados de la LX Legislatura del Congreso de Jalisco. Un problema es que muchas son presentadas cuando el tema es coyuntural.

Uno de los casos más emblemáticos es la reforma de ley que incluyó el maltrato animal en el Código Penal estatal y que reformó la Ley de Protección y Cuidado de los Animales. La iniciativa presentada por el diputado panista Gildardo Guerrero en mayo de 2014 fue aprobada días después de que un ciudadano quemara vivos a unos cachorros. A poco más de un año de su promulgación, no se ha creado la Unidad Especializada de Protección Animal en la Fiscalía.

Otro ejemplo en este rubro, pero a nivel federal, es la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley General de Vida Silvestre que prohíbe los circos con animales. Dicha modificación, que entró en vigor a principios de julio, no prevé el destino que tendrán los animales de las carpas.

Las llamadas leyes Antidiscriminación, de Atención a Víctimas y de Austeridad, son otras que no consolidan su aplicación.

Para Alberto Bayardo Pérez del Observatorio Legislativo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, los principales problemas que llevan a la inoperatividad de las leyes se deben a la "cerrazón" de los diputados a escuchar propuestas de la sociedad civil durante los foros públicos donde se debaten las ideas y a la falta de diagnósticos bien fundamentados que justifiquen la creación de las leyes.

De hecho, el último análisis del observatorio reprobó la calidad de las iniciativas del congreso con una calificación de 54% en aspectos como la claridad y coherencia.

Juan Manuel Lepe González, presidente del Colegio de Abogados Libres de Jalisco, enumera 3 factores que contribuyen a la invasión de predios municipales: "1o., porque no tienen bien definidos los planos de esos terrenos; 2o., por no tener delimitados sus predios, ya sea con bardas o alambres; y en 3er. lugar, por no querer gastar en el pleito judicial".

Sobre el 3er. punto, el abogado dice que si la autoridad municipal quiere recuperar sus bienes "tiene que realizar actividades como cualquier hijo de vecino, hay que plantear un procedimiento judicial en el que acrediten con documentos suficientes y fehacientes que son el propietario".

Lo que debe prevalecer son "los levantamientos topográficos, las actas de cabildo y delimitar los predios, pero también deben estar constantemente vigilando que aquellos predios no sean ocupados por personas ajenas al ayuntamiento".

El problema es que los municipios no contemplan un presupuesto: "Lo pasan por alto y con posterioridad llega otra administración y nos dejan al abandono la riqueza municipal". Luego de tantos años de negligencia, la consecuencia la asumirán el municipio y los ciudadanos, "tendrá que gastar nuestro dinero para tener el procedimiento judicial... Son pleitos que no se terminan en 1, 2 o 3 años".

A las administraciones que están por entrar les recomienda cuidar y vigilar constantemente sus inventarios, "estarlos vigilando a la alza o a la baja, como hacen los negocios comerciales, tienen un amplísimo departamento de Obras Públicas y Catastro a sus órdenes, no deben hacer otra cosa más que estar vigilando que esas áreas estén conservadas y vigiladas a favor del municipio".

Sin embargo, lo que ha sucedido es que los empleados "negligentes" no tienen la responsabilidad de ser acuciosos en el cuidado del patrimonio municipal, asegura: "Los alcaldes se terminan rodeando de gente desconocedora de la práctica del Derecho porque son sus amigos o porque su compadre se los recomienda y estamos pagando las consecuencias la ciudadanía".

De esos años a la fecha, cada nuevo ayuntamiento contribuye a engrosar la nómina asignando plazas a sus colaboradores y equipo de campaña, como premio a sus esfuerzos y lealtad al partido que pertenecen; al grado de que ahora, para atender al millón y medio de habitantes hay alrededor de 12,000 empleados. La ciudad no ha crecido en territorio, por lo que no vemos ahora la dificultad de gobernarla con menos de 5,000 empleados con las herramientas tecnológicas con que ahora se cuenta.

Para eliminar personal, puede hacerse lo mismo que en los años 60, investigar qué hace cada uno y eliminar a los aviadores, pero no nada más darlos de baja, sino exigirles que devuelvan el dinero que cobraron sin trabajar y amagarlos con la consignación penal por peculado.

Luis Jorge Cárdenas Díaz
(v.pág.11-A del periódico El Informador del 30 de julio de 2015).

"El gobierno federal va al día con los subsidios, pero tiene retraso con la entrega de algunos recursos extraordinarios que debió depositar desde enero y no lo ha hecho, como son 250 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales", explica Bravo Padilla, quien precisó que la federación les debe otros 30 millones más en algunos fondos menores.

El rector de la máxima casa de estudios asegura que el Gobierno del Estado sí les debe parte del subsidio que debió haber entregado desde diciembre del año pasado.

"Tenemos un retraso en la entrega del subsidio por 148 millones: 138 ordinarios y 10 de una partida que se llama reconocimiento de la plantilla. Los debieron de entregar en diciembre del año pasado y ya nos están generando una afectación".

(V.pág.2-A del periódico El Informador del 30 de julio de 2015).

A 2 meses de que se terminen las administraciones municipales, los ayuntamientos aún no se ponen al corriente con el pago que adeudan a los constructores.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Benjamín Cárdenas Chávez, informó que las deudas se están saldando de manera lenta.

Indicó que algunos empresarios constructores ya analizan las estrategias legales que seguirán para que la deuda no se envíe a la siguiente administración.

"Lo que están pagando y aportando a cuentagotas no va a ser suficiente por los tiempos que faltan. Ya será decisión de cada empresa los procedimientos que ellos determinen. Pero pueden ser procesos legales."

Dijo que el municipio de Zapopan continúa siendo el principal deudor. La CMIC calcula que los adeudos ascienden a casi 100 millones de pesos.

Lo que sucedió en las elecciones en Chiapas, particularmente en la lucha por la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, la capital, tiene años de no verse con tal grado de nítida desfachatez. El principal responsable es el actual gobernador: Manuel Velasco, el joven estrella del impresentable Partido Verde. Con muchos cómplices en el PRI, que le ayudaron o lo dejaron hacer.

De qué tamaño serán las irregularidades que hoy están unidos el PAN, el PRD ¡y hasta Morena!, a quienes se suma el empresario más rico de Chiapas, para denunciar el “robo del siglo”:

Un INE local amaestrado, golpeadores, dobles actas, boletas impresas por los 2 lados, folios de boletas encontradas en casillas que no les correspondían, se cayó el sistema y el PREP no funcionó, la persona que registró el dominio del sitio web del candidato del PRI-Verde es ¡el de Sistemas del INE local!, un derroche en gastos de campaña apenas comparable con el derroche desde el Gobierno del Estado (que hasta pintaditas de verde tiene todas las escuelas, como si no hiciera falta ponerles baño primero), urnas robadas, pase de lista de votantes, transporte público exclusivo para el acarreo el día de la elección, propaganda política disfrazada de "informes legislativos", casas de seguridad donde daban dinero a quienes llegaban con una foto en su celular con la boleta marcada a favor del candidato oficial...

Fernando Castellanos, hechura casi en serie con el molde del gobernador Velasco, recibió de su líder lo que se interpreta como un premio por buena conducta: cuando detuvieron en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez al dirigente verde Arturo Escobar con más de un millón de pesos en efectivo, el hoy presidente municipal electo dijo que el dinero era suyo.

Las denuncias me las han confirmado no sólo los opositores a Castellanos -eso sería obvio- sino algunos de sus colaboradores, quienes justifican los atropellos con 2 argumentos: todo mundo hace cochinadas en las elecciones y el beneficiado será un buen gobernante, así que el fin les justifica sus medios.

El miércoles pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó al Partido Verde Ecologista de México por los tuits de promoción que algunas personalidades hicieron a su favor en plena veda electoral. La máxima autoridad en estas controversias determinó que la multa fuera de 150,000 pesos, una cantidad no sólo ridícula con respecto a los montos que maneja un partido político en México, sino incluso menor a lo que en su momento fue reportado como pago a quienes tuitearon esos días a favor de los "verdes" (200,000 pesos).

Si bien el tribunal dejó pendiente la resolución sobre si multará al entrenador Miguel "El Piojo" Herrera o al futbolista Oribe Peralta, entre otros, el mensaje de esta autoridad (no se rían) es claro: una evidente maquinación para violar la ley, para no respetar un periodo que se supone exento de propaganda, se castiga con una sanción que no representa sangría ni dolor alguno para el ente sancionado.

Es incierto si a Miguel Herrera le tocará una sanción económica por este caso, o si el tribunal determinará que el polémico entrenador emitió esos mensajes previos al juego de la selección en ejercicio de su libertad de expresión, criterio que utilizó el coloquialmente llamado Trife para dejar sin multa a otros que también tuitearon a favor de los "verdes" en la víspera de las elecciones del 7 de junio.

Una sanción ridícula genera impunidad. Una sanción ridícula no abona a la cultura de que es mejor cumplir con las normas. Que los políticos se aprovechen de ese esquema no sorprende, menos aún si se tiene en cuenta que pagarán las sanciones con dinero que no les pertenece. Que individuos ajenos de la política hayan decidido jugársela y emitir mensajes partidistas en un periodo donde está prohibido hacer propaganda podría ser un indicio de cuán baja es hoy la respetabilidad del sistema judicial. Podría ser también una muestra de cuán intocables se sienten quienes han logrado alguna posición de poder. O una combinación de ambas.

El presidente municipal electo de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, afirmó que el próximo 1 de octubre iniciará su administración con el despido de 800 trabajadores numerarios.

Zapopan pasó de tener 7,643 empleados al inicio de la administración de Robles Peiro a contar con 8,218 trabajadores este año.

Lemus destacó que es grave que la administración de Robles Peiro haya inflado la nómina en un año y dijo que su equipo ya detectó un incremento de personal en direcciones y subdirecciones administrativas, en las direcciones de Comunicación Social de los 3 organismos públicos descentralizados del municipio y en la Dirección de Capacitación de Ecología.

"Es grave que la hayan inflado (la nómina). Muchos de ellos son compromisos de partido y esos se van a ir para afuera".

No fue sorpresa la actitud y reacción de Andrés López, que demuestra una vez más su perfil negativo con sus comunicados y sus expresiones criticando al gobernador y al gobierno federal, diciendo que están en contra de la “democracia de los maestros”, lo que indica que está de acuerdo en que las plazas sean heredadas, que no haya evaluación de calidad educativa y que muchos reciban sueldo sin pararse en las aulas. Esto definitivamente expone ante los mexicanos que le importa un bledo la educación de la juventud, que es la base del futuro desarrollo de México.

Ahora sí que Andrés López ratificó ante México su fortalecida calidad demagógica, apoyando el terrorismo educativo y por supuesto todos los actos de vandalismo "democrático" de las hordas de disidentes.

Por deplorable que sea su desempeño laboral y nula su actualización profesional (de ahí el ínfimo índice de aprovechamiento escolar de un 1'300,000 niñas y niños usados como rehenes), los profes de la sección 22 no son ignorantes, y menos para tragarse el burdo señuelo que les echó Andrés Manuel López Obrador para que le sirvan a su partido en las próximas elecciones por la gubernatura de Oaxaca.

Su propuesta de "revertir" la reforma del Instituto Estatal de Educación implica la reposición de privilegios extralegales a la facción sindical, tales como: el obsceno banco de plazas, la facultad de imponer funcionarios en el Ieepo, un Ministerio Público "especial" a su servicio, impunidad para los maistros faltistas, que ninguno sea jamás evaluado y este atraco descomunal al erario: más de 3,500 puestos administrativos virtuales que, simplemente, no se necesitan.

La misma supermarranada con que se sobornó la lucha democrática original de la 22 por decreto del priista Heladio Ramírez quien, por lo visto, desplazó a Benito Juárez en el decadente ánimo de AMLO.

Pedir a la sección 22 de la CNTE ir del brazo y por la calle de Morena es una metida de pata del señor López, único amo de ese nuevo partido y repartidor de puestos secundarios por medio de tom-tom-tómbola. Los valiosos los guarda en su bolsillo.

(V.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 24 de julio de 2015).

De manera sorpresiva y sin explicaciones formales, ayer el Pleno del Congreso del Estado destituyó de su cargo al Director Jurídico, Alejandro Madrigal Díaz. Encontraron irregularidades en algunos juicios laborales que perdió el poder legislativo, además de que se habría falsificado la firma del diputado por el PVEM Jesús Palos Vaca.

Un legislador señaló que también se decidió removerlo por cuestiones políticas, ya que su hermano, César Madrigal, buscará la presidencia del PAN, por lo que sería adversario del grupo que mantiene el control actualmente.

El Congreso del Estado ha perdido 100 juicios laborales en los que se condena a la reinstalación de empleados, pago de salarios y prestaciones y, en algunos casos, hasta a entregar la base definitiva. Un trabajador que obtuvo un laudo favorable aceptó que se le pagara sólo una parte; sin embargo, el área jurídica no cumplió y dejó pasar el tiempo, para finalmente pagar completa la sentencia.

Se revisaron todos los juicios laborales que ha perdido el congreso a lo largo de esta legislatura, encontrándose que en varios casos podría haber negligencia.

Trascendió que solicitaron al PAN, que es la bancada que se quedó con el área jurídica del congreso, que si no lo removía se presentarían denuncias penales.

Hemos argumentado hasta el cansancio que los resultados de las elecciones del pasado 7 de julio fueron un claro mensaje de hartazgo hacia el sistema político mexicano. Los partidos se vinieron abajo, y si bien el PRI fue el perdedor "menos perdedor", también fue claro que donde hubo el ejercicio de candidatos independientes, éstos ganaron por sobre los tradicionales.

Hartazgo, sí... fastidio, sí. ¿Pero por qué?

En 1er. lugar, es un hecho que la Partidocracia ("dictadura" de los partidos), es un sistema que se aleja de un ejercicio realmente democrático. Cierra las puertas a todos aquellos que no pertenecen a un partido, y son sólo militantes, vía carreras de lambisconería y sumisión, los que aspiran a ocupar un cargo relevante. Pero aún así, si esta Partidocracia representara bienestar para la población, la ciudadanía no sólo la aceptaría, incluso la aplaudiría. Hemos visto históricamente cómo sistemas alejados de la democracia han sido tolerados por la población porque a fin de cuentas tienen satisfechas y bien sus necesidades básicas.

Creo que el tema de la Partidocracia es más sujeto de análisis de los politólogos y no es necesariamente la explicación del resultado del 7 de julio.

En el fondo, cada uno de nosotros siempre estamos esperando resultados mejores. Los grandes problemas nacionales de pobreza, impunidad y rezago educativo no se resuelven, y la clase gobernante nos está mandando el mensaje de que no hace algo por ellos.

Los mensajes que recibimos, cada vez más claridosos gracias a las redes sociales, son de inacción, de simulación y sobre todo de ventajismo: cada caso de corrupción es muy doloroso para quienes sabemos que existen los recursos pero que se van en moches, partidas discrecionales, sobreprecios o comisiones ocultas para los gobernantes.

Son mensajes muy dolorosos, y que no varían porque al no castigarse a los responsables se privilegia la impunidad, que viene a ser un mensaje aún más lacerante.

Y lo peor, es que con acciones u omisiones (Ayotzinapa, la casa blanca, dispendio en Londres, etc.) se lastima a instituciones del Estado que deberían ser honradas por las personas que las ostentan. Se están manoseando vulgarmente y eso duele.

Ese creo yo es el sentido profundo del hartazgo, del fastidio.

El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la firma de un convenio con la Comisión Federal de Electricidad a fin de que se condone la mitad del adeudo de 187 millones de pesos que se arrastra desde la pasada administración y pagar los 93.5 millones restantes en 39 meses.

Con esta reestructuración, el ayuntamiento tapatío deberá pagar alrededor de 2.4 millones de pesos mensuales, que se sumarían a los 17 millones de pesos que se pagan por el consumo ordinario de electricidad.

El Consejo General del INE aprobó una multa global de 392'050,786.90 pesos contra los 10 partidos políticos con registro nacional, derivado de la revisión de sus ingresos y egresos de campañas de la contienda federal y los 16 comicios concurrentes del 7 de junio.

Las sanciones a las campañas federales ascienden a 130'952,471.86, y para las locales de Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán, es de 261'098,.04.

A nivel global, el partido más sancionado es el PVEM con 72.9 millones de pesos; le sigue el PAN con 53.7 millones; el PRD, con 39.1 millones, y el PMC, con 37.4 millones de pesos.

En tanto, a Morena se le aplicó una multa de 29.4 millones de pesos; al PT, 25.3 millones; Encuentro Social, 23.1 millones; Humanista, 22.6 millones; el PRI, 22.5 millones, y Nueva Alianza, 4.7 millones de pesos.

Un total de 121 candidatos independientes llegaron al día de la elección, el pasado 7 de junio: 22 compitieron como diputados federales y 99 en elecciones locales para los cargos de diputados, jefes delegacionales, alcaldes y gobernador. Pero sólo 6 vencieron la estructura partidista: 2 en Nuevo León, y el resto en Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa

Los candidatos independientes coinciden en 3 deficiencias en el marco legal: el elevado número de firmas para conseguir la candidatura, la falta de presupuesto y escasa difusión de la figura.

Contrario a los 6 triunfos emblemáticos de independientes que hubo en el país, la mitad de los candidatos independientes que participaron en las pasadas elecciones fueron relegados al 3o. (17), 4o. (32) y 5o. lugar (14). El resto se reparte en posiciones todavía más abajo. De los 121 aspirantes independientes a nivel federal y estatal, sólo 10 se acercaron al triunfo al quedar en 2o. lugar.

Roberto Duque Roquero, especialista en Derecho Constitucional y Electoral, afirma que las candidaturas independientes están mal reguladas en México. El experto considera que debido a los candados y requisitos dispuestos no es fácil para un personaje de la sociedad civil postularse, mucho menos obtener un triunfo.

Pese a los pocos triunfos, pero emblemáticos, en algunos estados del país se busca imponer candados para los próximos procesos electorales y así frenar el crecimiento de una nueva competencia para la clase política.

En Chihuahua, el congreso local aprobó que ningún candidato independiente pueda postularse si militó en un partido político durante los últimos 3 años previos a la elección. En Veracruz también se colocaron candados, a quienes participen en procesos internos en un partido o coalición no podrán registrarse como independientes, aunado a que deben recabar al menos 3% de la lista nominal. En Sinaloa para conformar un nuevo partido político es necesario contar con 0.26% del padrón electoral. Para ser candidato independiente a gobernador se demanda 2% de las firmas del padrón. El congreso no aplicó la misma fórmula que utiliza para regular a los partidos políticos.

Han pasado más de 2 meses desde que un grupo de ciudadanos presentaran una petición formal a los consejeros del INE, "respaldada por más de 140,000 personas, exigiendo la aplicación de la ley y, en consecuencia, la pérdida del registro del PVEM". La respuesta de la autoridad electoral ha sido, en los hechos, nula.

A pesar de las "evidencias acumuladas sobre el rebase del tope de gastos de campaña, la compra de votos, la adquisición ilegal de tiempo a las televisoras, el apoyo ilegal pagado de personajes famosos", la autoridad electoral ha sido tolerante y laxa (por no decir cómplice) en el caso del PVEM, sus aliados, personeros y, por supuesto, candidatos.

Por eso no extraña que, como se había advertido en distintas tribunas, este domingo el PVEM operara de nueva cuenta una elección en donde más que los incidentes ocurridos el mero día de los comicios -que no fueron leves, por supuesto: hubo choques, incendio de casillas, denuncias de compra de voto, etc.-, lo verdaderamente grave es la consolidación por parte de los llamados Verdes de una fórmula fraudulenta para obtener o retener los puestos públicos.

Chiapas puede ser visto desde hoy como un estado en franca regresión. Una entidad en donde el gobernador Manuel Velasco es capaz de operar toda una cadena de candidatos para incorporarlos a cualquiera de las organizaciones políticas que formalmente lidera (el PVEM, Movimiento por Chiapas, y Chiapas Unido) y de las que también se doblan ante él, así sea de manera informal, como el PRI y el PANAL.

El descaro con el que Velasco fue acomodando sus piezas en tantos partidos fue resentido incluso por priistas, que ven con preocupación cómo el presidente Peña Nieto ha entregado al gobernador Velasco una entidad que resulta clave en cualquier elección presidencial.

Al final hay que entender que la política es un negocio. No trata -por lo menos no en nuestro país- de dar mejores servicios a los ciudadanos o de lograr que éstos gocen de un mejor nivel de vida. Lo importante es cuánto se puede cobrar a cada paso.

El Gobierno de la Ciudad de México tomó la decisión correcta de no prohibir Uber y Cabify como exigían los líderes de los taxistas que ven en riesgo su negocio de manejar placas que alcanzan precios cercanos a los cien mil pesos en el mercado negro. Pero el de la capital es finalmente un gobierno de políticos y su decisión no podía tomarse con un simple reconocimiento del derecho que tienen los gobernados de usar una nueva tecnología que facilita el transporte en mejores condiciones de calidad y seguridad.

El gobierno optó por aprovechar la presión de los líderes para cobrar un impuesto nuevo de 1.5% a Uber, Cabify y otros sistemas similares y de establecer además un mínimo de 200,000 pesos en el precio de factura de los autos que otorguen el servicio. Éste un monto superior al de muchos autos que actualmente operan en Uber y en Cabify. Quienes adquirieron los vehículos más baratos perderán su inversión, pero defender a los ciudadanos no es el negocio de los políticos.

La motivación del gobierno en el nuevo impuesto es, como siempre, obtener más dinero de los ciudadanos. Nos dicen que en este caso el recurso se utilizará para apoyar la "movilidad" y subsidiar a los taxis (léase, a los líderes de los taxistas). Los capitalinos que quieren gozar de un mejor servicio tendrán que pagar este costo adicional.

El Gobierno de la Ciudad de México no es el único que muestra que la política es simplemente un negocio. El gobierno federal aplicó una fuerte alza de impuestos a partir de 2014. La principal consecuencia ha sido una desaceleración de la economía nacional, que en lugar de estar creciendo cerca de 4% al año, como se había previsto en un principio, lo está haciendo en menos de 2%, con la cual ha logrado elevar de manera muy importante sus ingresos. Los ingresos tributarios del sector público crecieron 11.3% en términos reales en 2014 y el impuesto especial sobre producción y servicios distintos de gasolinas y diesel subió 52.3%.

El beneficio del gobierno, sin embargo, ha producido una caída en el bienestar de la población. Ayer se dio a conocer la Encuesta de Gasto e Ingreso de los Hogares 2014 que nos señala un descenso de 3.2% en el ingreso corriente total de los mexicanos entre 2012 y 2014. El ingreso promedio de los hogares muestra una caída incluso superior de 3.5%.

Si realmente los políticos quisieran el beneficio de la población buscarían promover mejores servicios, como el de Uber, en lugar de castigarlos. Reducirían también los impuestos en vez de aumentarlos. Pero el tema de fondo es que la política es un negocio. Políticos y funcionarios buscan aumentar la recaudación, aunque el resultado sea negativo para la sociedad, porque podrán aumentar su gasto y comprar votos.

La sede no era otra sino el exclusivo Club de Industriales. 450 personas se dieron cita, puntuales, a las 2 de la tarde del martes. ¿El motivo? Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", iba a tener su bautizo masivo con la crema y nata de la IP capitalina.

Empresarios, directivos de compañías, funcionarios de organismos del sector privado aplaudían cada promesa de reforma a la política. Los aplausos más sonoros: cuando propuso no dar más dinero público a los partidos, al prometer cancelar el Acueducto Monterrey VI, al señalar que sí investigará a los Medina, al decir que no va a gastar dinero en la TV -"que se joda Televisa y Multimedios"- no tendrán ni un peso de su gobierno, al ofrecer un camino ciudadano.

"Este país se está incendiando, muchos de ustedes no creen, pero vayan a la calle, escuchen a la gente. La mayoría de las personas con las que tuve contacto decían lo mismo: estamos hasta la madre de muchas cosas", retó "El Bronco". "No vamos a combatir la corrupción, la vamos a erradicar, cuando lo logremos habrá letreros en las entradas a Nuevo León: NL, libre de corrupción".

"Tenemos que perder los miedos", dijo al hablar de delincuencia. "Ustedes viven en una cárcel. Yo no. Yo soy libre, responsable e independiente. No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Hay que tener aguacates (puso las manos como quien sostiene huevos) para tener corazón".

En el 1er. date, este político, mezcla de Fox con Maquío, con demasiadas referencias a Dios e inocultable impulso mesiánico, se llevó a Monterrey el corazón de empresarios de la capital.

Los consejos [de las judicaturas] nacieron para que una instancia, en principio independiente y ciudadanizada, revisara el trabajo de los jueces. La idea fue romper con la relación de dependencia que los juzgadores tenían con los magistrados, lo que generaba un vicio de origen. Sin embargo, al paso de los años se quitó un vicio para crear otros: hoy los jueces viven vigilados, y en no pocas ocasiones amenazados, por los miembros del Consejo de la Judicatura, que son quienes tienen el poder para moverlos o incluso despedirlos.

Como en otros organismos ciudadanizados, sea el Instituto Electoral o la Comisión de Derechos Humanos, el problema comenzó cuando los diputados metieron la mano en una lógica de reparto de cuotas de poder. Hoy el Consejo de la Judicatura tiene dueños, poderes políticos que a través del control de los consejeros ejercen presión sobre los jueces para determinar el sentido de las sentencias y el algunos casos incluso literalmente vender el juicio. Esto es, lejos de convertirse en el contrapeso necesario para evitar la corrupción en el poder judicial se convirtió en un eslabón más de esta cadena de perversidades.

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral aprobó hoy, por unanimidad, propuestas de sanción por 95.1 millones de pesos a los 10 partidos políticos, como resultado de 500 irregularidades en la comprobación de sus ingresos y gastos en 7 elecciones locales.

En rápida sesión de la comisión realizada este sábado, los consejeros aprobaron los dictámenes consolidados y proyectos de resolución relativos a las elecciones locales del 7 de junio en Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Colima, Guanajuato, Tabasco y Campeche.

Sumadas las sanciones acordadas por la comisión ayer, por anomalías detectadas en las elecciones federales y en las campañas de 9 entidades Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán, en que se avalaron multas por 313.3 millones de pesos, el monto total de multas propuestas es de 408.49 millones de pesos.

En el caso de las 7 elecciones revisadas este sábado, el PAN obtuvo las sanciones más altas, con 25.8 millones de pesos en sanciones propuestas; el PRI con 12.28 millones de pesos; el PRD con 12.54 millones de pesos

Les siguen Morena con propuesta de sanción de 9 millones de pesos; el PT con 6.2 millones de pesos; el Humanista con 5.4 millones y las coaliciones PAN-PT del estado de México con 4.1 millones, además de la Coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza del Estado de México y Guanajuato con 4.1 millones de pesos.

Movimiento Ciudadano sería sancionado con 3.63 millones; Encuentro Social con 3.4 millones Verde con 2.51 millones y Panal 1.8 millones. La coalición PRI-PVEM de Estado de México, Michoacán y Campeche alcanzaría 2.95 millones en multas, además de otras sanciones de coaliciones que se integraron localmente.

De acuerdo a lo detectado por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE resultado del monitoreo de espectaculares y visitas de verificación a casas de campañas, eventos de los partidos y candidatos, se detectaron gastos no reportados.

Se hallaron 87,357 pesos de gastos "de origen prohibido"; 26.1 millones de gastos no reportados y 36.3 millones de gastos reportados pero sin evidencia documental.

Los partidos omitieron informar sobre eventos proselitistas, espectaculares, propaganda impresa, casas y gastos de campaña, además de erogaciones en producción de spots, conjunto de irregularidades que ameritarán sanciones por 17 millones de pesos.

Darío Laureano Guzmán, quien presentó una demanda laboral y resultó vencedor, cobró doble por casi un año en el Congreso del Estado. Un error en el área de control presupuestal estableció que su salario sería de 19,000 pesos quincenales, cuando ése debería de ser el monto mensual.

El presidente de la comisión de Administración, Enrique Velázquez González, afirmó que se hará una mesa de diálogo entre el trabajador y el área de recursos humanos del congreso, para que se empiece a descontar una parte del salario y que se regrese el recurso que cobró de manera excedente, por una cifra que ronda los 240,000 pesos.

Hay otro caso que, aunque no cobró doble, aparecía 2 veces en la lista nominal. Se trata de José Luis Morales Murillo, quien se desempeña como abogado de apoyo para los diputados. Él también presentó una demanda laboral, y lo que se hizo fue hacer una corrección en la plantilla final.

En su última revisión a la nómina del poder legislativo antes de que ésta fuera aprobada, la comisión de Administración confirmó además que 7 personas más deberán de ser basificadas como producto de juicios laborales.

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral aprobó hoy imponer multas por 313.3 millones de pesos a los 10 partidos políticos por irregularidades en reportes de gastos de campaña de la elección federal y de 9 entidades en las que hubo comicios locales.

Como resultado de la fiscalización de la elección federal, realizada para elegir a quienes integrarán la Cámara de Diputados, la sanción que será propuesta al Consejo General en sesión del 20 de julio es de 131 millones de pesos.

El consejero presidente de la Comisión, Ciro Murayama, detalló que el partido con mayor monto de sanción es el PVEM, para el que se propone multa de 56.9 millones de pesos; le siguen MC con 13.7 millones y Morena y Humanista con 13 millones cada uno.

Para el PT se proponen 9.3 millones de pesos de multa; para el PRD 4 millones de pesos y para el PAN 3.4 millones, en tanto que para el Panal 1.1 millón de pesos y para el PRI 900,000 pesos.

Como Coalición PRI-PVEM serán sancionados con 4.4 millones de pesos y la Coalición PRD-PT 5.7 millones de pesos.

Casos como el de David Korenfeld, quien renunció a la Comisión Nacional del Agua tras ser descubierto usando un helicóptero oficial para transportar a su familia, distan de ser poco comunes en el gobierno federal.

Desde el 2000 a la fecha, otros 327 funcionarios federales de 63 dependencias han sido sancionados por utilizar vehículos oficiales con fines personales, según un reporte de la Secretaría de la Función Pública.

Lo anterior significa que, en promedio, cada año se han registrado 20.4 casos, que la mayoría de las veces han sido castigados con la suspensión del infractor o con una amonestación -un regaño público o privado- y solo en 6.11% de las ocasiones han terminado en destituciones.

El reporte, basado en datos proporcionados por las contralorías de las dependencias, indica que por lo general los vehículos usados son automóviles, camionetas y motocicletas.

Sin embargo, también se reporta la utilización de un autotanque con turbosina por parte de un funcionario de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y de ambulancias por parte de funcionarios del Hospital General Manuel Gea González y del Instituto Nacional de Perinatología. En secretarías como Relaciones Exteriores y Gobernación solo se reporta que fueron utilizados un "vehículo oficial" y un vehículo "desconocido", respectivamente.

Alejandro González Arreola, director de la asociación civil Gestión Social y Cooperación -perteneciente al Colectivo por la Transparencia-, consideró probable que la cifra de casos sea más alta, pero que muchos de ellos no se reporten por deficiencias en las contralorías de las dependencias federales.

Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, señaló que, desde su punto de vista, las cifras reflejan un problema constante derivado de fallas en la legislación federal y de la persistencia de una cultura patrimonialista, en la que los funcionarios consideran como propios los bienes públicos.

"Hay mayores incentivos para que la gente actúe contrario a la legalidad que para que lo haga de una manera responsable. Y lo que tenemos es también una parte cultural: no ven ningún problema en hacer lo que hacen", dijo.

Por número de sancionados, las 3 dependencias con más casos son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con 20 cada una, así como la Comisión Nacional del Agua, con 19.

El reporte de la SFP -en el que aún no está consignado el caso de Korenfeld- señala que la sanción más común para los funcionarios que han usado vehículos oficiales con fines personales es la suspensión del cargo, por un periodo que va de los 3 días a los 6 meses.

Tal es la medida que se ha aplicado en 132 casos, y a esta le siguen las amonestaciones públicas o privadas con 103.

En contraste, los funcionarios destituidos únicamente han sido 20, es decir, 6.11% del total. Y de ellos, solamente 4 recibieron la máxima sanción posible: destitución, multa e inhabilitación para ejercer un cargo en la administración pública por determinado tiempo.

Así ocurrió con un funcionario de la SCT castigado en 2014, con uno de Liconsa castigado en 2001, con uno de Televisión Metropolitana (Canal 22) castigado en 2003 y con otro de la SRE castigado en 2005.

Para González Arreola, el hecho de que la mayoría de las sanciones hayan sido suspensiones o amonestaciones refleja que se deben revisar las leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos, para que las faltas cometidas por funcionarios tengan una sanción proporcional.

Los temas fueron el hartazgo, el fastidio y la intolerancia a los políticos, estén en el gobierno, en la oposición o donde estén.

Ese fue el mensaje más claro emanado de las elecciones del pasado 7 de junio.

Y como resultado aparecieron fenómenos emergentes como los candidatos independientes, que estarán bajo los reflectores para bien y para mal, y los "alternativos", como Enrique Alfaro, que jugaron por un partido político que sin ellos como eje difícilmente hubieran conseguido los resultados que obtuvieron.

Pasada la euforia, y una vez disueltas las burbujas del champán de la celebración, viene el momento de preguntarnos qué tipo de gobernantes vamos a tener.

De Pedro Kumamoto, diputado local electo por el distrito X de Jalisco, no hay duda. Se trata de alguien efectivamente "independiente", sin pasado con militancia en un partido, que buscará sobre todo hacer ruido en una legislatura dominada por Movimiento Ciudadano, a su vez conformado por políticos de muy distintos orígenes, todos vinculados a uno o varios partidos políticos en algún momento.

Las dudas empiezan con ganadores como Jaime "El Bronco" Rodríguez en Nuevo León, y Enrique Alfaro en Guadalajara. Ambos no pueden negar su origen: salieron resentidos de sus distintos partidos porque no encontraron, o no les otorgaron, lugar.

En el caso de Alfaro ha estado en campaña para gobernador de Jalisco desde hace 6 años, cuando era presidente municipal de Tlajomulco, y así seguirá hasta que sea el mandamás en Casa Jalisco. La mayoría de sus acciones estarán orientadas en función de eso, de ganar popularidad,

En el caso del "Bronco", ahora que goza de fama nacional por ser el 1er. candidato "independiente" a gobernador, aún antes de tomar posesión ya está en campaña para ser Presidente, y máxime cuando ahora, a diferencia de hace 6 años, no se ven gallos loables para Los Pinos entre los partidos tradicionales.

Pero tanto en el caso de Alfaro como el de "El Bronco" las verdaderas dudas surgen de lo profundo de su esencia como políticos. Si México ya está votando con hartazgo contra los partidos y sus maneras, la cuestión es saber si cuando estén sentados ya en sus respectivas sillas de poder estarán gobernando para honrar el mandato que se les otorga en este momento para resolver los problemas de inseguridad, impunidad, corrupción y educación, o estarán satisfaciendo una necesidad personal de tomar revancha de aquel día cuando algún partido político les dio con la puerta en las narices.

Conforme al acuerdo que se hizo con el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco, los partidos políticos y candidatos independientes debieron cumplir con el plan de reciclaje que presentaron antes de la jornada electoral sobre la propaganda que usaron durante su campaña, y entregarlo ayer, sin embargo, no todos cumplieron.

Los únicos que presentaron su plan de reciclaje de propaganda ante el IEPC hace un par de semanas son los partidos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y el diputado independiente electo Pedro Kumamoto.

El IEPC informó que no habrá sanciones para quienes no cumplan con este acuerdo, pero sí se impondrá una amonestación pública [mira como tiemblan... mira como tiemblan - el webmaster]. Además el Instituto se comprometió a limpiar la propaganda de las calles a partir de hoy y los gastos derivados se les descontará a los partidos de sus prerrogativas [ahora sí temblarán - el webmaster].

En Jalisco el Programa de Pensión para Adultos Mayores atendió el año pasado a 383,540 personas mientras que ahora sólo llega a 277,591 adultos mayores: el padrón redujo para 105,949 mayores de edad, esto es ¡una disminución de 28%!

En Guadalajara la mala administración de las finanzas en el gobierno municipal con su creciente endeudamiento y alto costo del gasto corriente ha sido el pretexto para afectar áreas esenciales como el cuerpo de bomberos, al grado de que han llegado a apagar incendios a cubetazos. De las 18 bases que tiene bomberos de Guadalajara, solamente hay motobombas en 3, denunció Jorge Humberto Larios, secretario de Trabajo del Sindicato de Bomberos de Jalisco.

Los ejemplos de recortes en programas sociales o servicios públicos se pueden alargar al infinito, pero lo absurdo es que se mantienen los privilegios de salario, de prebendas y de prestaciones para la alta burocracia. Al tiempo que se deciden las obras no por la prioridad de apoyo a los más necesitados, sino para obtener beneficios para los contratistas y sus amigos o compadres políticos.

Así se explica que se decidiera, por ejemplo, repavimentar la Minerva a un alto costo, en lugar de equipar al cuerpo de bomberos como es debido, contaba el dirigente sindical de los bomberos tapatíos.

Pero no es que los tecnócratas que deciden el gasto y los recortes no sepan qué hacer. Lo saben y deciden usar el gasto público de la forma que mejor sirva a sus intereses. Los programas de austeridad no son simples programas tecnocráticos, están decididos con criterios políticos, pues al mismo tiempo que afectan a los más necesitados protege y ayuda al 1% que concentra el poder político y económico, confirmando así el antagonismo social sobre la que estamos parados.

La austeridad está imponiéndose en México y con su sádica guadaña está recortando programas sociales y servicios públicos esenciales mientras se mantienen los privilegios para la alta burocracia y las grandes corporaciones y negocios.

Con dientes "de algodón" se podría calificar la Ley de Transparencia que se aprobó hace un par de años en el Congreso del Estado. Luego de 72 sanciones que implicaban una multa económica a funcionarios opacos sólo han pagado 32.

Uno de los problemas es que la autoridad no tiene suficiente información para dar con el paradero de los funcionarios opacos. Cuando el Itei aplica una sanción económica se le da el tratamiento de un crédito fiscal llamado "multas administrativas no fiscales". "Tenemos poca información de ellos, sólo nos dan el nombre de la persona y el área de adscripción, pero muchas veces la persona ya no trabaja ahí", contesta el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, responsable de cobrar dichas multas.

Los pocos servidores públicos que han sido sancionados en Jalisco también se niegan a pagar las multas decretadas por el Instituto de Transparencia, acumulando deudas por 111,523 pesos.

De acuerdo con Héctor Pérez Partida, existen 4 personas que interpusieron un recurso jurídico de defensa, por el que no quieren pagar alrededor de 1,100 pesos cada uno. Un hecho que el propio funcionario calificó de "ocioso", pues estos recursos todavía se pueden disolver en tribunales. "Lo mejor es que los funcionarios asuman su error y paguen".

"En el caso de las multas, la propuesta va por el lado de que quede claro que la sanción es para las personas, no para la institución. Porque hasta ahorita no sabemos si los funcionarios sancionados están pagando de sus recursos o del erario", señala la titular del Itei, Cynthia Patricia Cantero Pacheco.

(V.pág.6 del periódico Milenio Jalisco del 3 de julio de 2015).

La obligatoriedad de contar con el holograma de verificación vehicular no se cumplió a cabalidad en 2014 para las patrullas de la Policía Vial, confirmó la Secretaría de Movilidad.

En una 1a. respuesta vía transparencia, la dependencia reportó contar con 144 camionetas con la calcomanía correspondiente; luego, al ser consultada sobre el tema, aseguró que en realidad fueron 220, de un total de 420, las que obtuvieron el engomado en esa anualidad.

El cumplimiento parcial en la obtención de los hologramas de verificación vehicular se debió a cuestiones "administrativas", principalmente a la falta de engomados (tema a cargo de Semadet) que se registró el año pasado, justificó la Semov.

Que un joven rete el monopolio de la representación política secuestrada por las camarillas que controlan los partidos, que haga una campaña novedosa y de bajo costo comparado con las campañas tradicionales, y que se apoye en un trabajo activista no profesional son motivos para entusiasmar a muchos. No en balde el éxito de esta iniciativa de varios jóvenes, encarnados en el afable rostro de Kumamoto, ha trascendido a la prensa nacional e internacional.

Aunque no conozco personalmente a Pedro, no tengo duda de su buena voluntad y decisión. También creo que sería bueno recordar que este esfuerzo se suma a otros que han buscado ya abrir el sistema político desde dentro: 1988, 1995, 2000 y 2006.

La idea central de esas apuestas consiste en creer que el diseño del sistema político, sus leyes, instituciones y procedimientos son adecuados para hacer cambios políticos, pero no funcionan por los partidos y los políticos profesionales corruptos.

Se parte de la idea de que con buenas intenciones y voluntarismo se puede hacer la diferencia desde adentro. Llegar a los mismos lugares y utilizar las mismas herramientas de quienes ahora controlan el poder, pero con honestidad y tratando de hacerlo por el bien de la sociedad.

Creo que más pronto que tarde Kumamoto y quienes lo acompañan se toparán con las primeras decisiones que estarán más en el terreno de la realpolitik que en el de las intenciones originales. ¿Terminará aliándose a una fracción parlamentaria? ¿O en lugar de alianzas legislativas de largo plazo decidirán sobre cada asunto consultando con sus electores? En cualquier caso, terminarán en el terreno de la realpolitik, a donde decidieron entrar.

Si incluso la apuesta de Kumamoto fuera exitosa y lograra apartarse de los juegos de poder de los partidos tradicionales, ¿cuántas experiencias como las de Kumamoto necesitamos para cambiar los aspectos más graves de este sistema de dominación y explotación? ¿Cuántas elecciones serían necesarias para ir desmontando las estructuras de poder y tirar los muros de este sistema? Francamente no creo que los problemas que más aquejan a la sociedad puedan esperar tanto o siquiera ser transformados en esos espacios.

El 8 de junio la Ciudad de México amaneció con una sorpresa mayúscula: el poderoso y omnipresente partido de izquierda, el PRD, amo absoluto de la ciudad durante 18 años, fue inesperadamente vapuleado en las urnas. Perdió 8 de las 14 delegaciones donde era el rey y le quitaron el cetro de mayoría en la Asamblea Legislativa del DF.

Los peores escenarios previstos durante las campañas no se parecían a esto. Temían perder una, quizá 2 delegaciones, ante la nueva fuerza política de izquierda, nacida de su costilla y liderada por Andrés Manuel López Obrador, pero nunca pensaron que prácticamente perderían el poder.

¿Qué fue lo que pasó? ¿Se despintó la izquierda? ¿Se castigó a la clase política gobernante? ¿Se hartaron los capitalinos del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera? ¿Es este el principio de una nueva etapa política para la capital de la república?

La respuesta que me doy a todas estas preguntas es negativa. La pérdida reportada por un partido político (el PRD) no implicó ni cambio de rumbo, ni cambio de clase política, ni cambio alguno.

¿Dónde están todos los votos? Están en el mismo lugar, con la misma gente. Los capitalinos votaron a la izquierda, unos por el PRD y otros por el grupo que se separó para formar Morena, pero ojo, no hay nueva clase política en Morena, ni nuevos planteamientos de gobierno, ni triunfos de partidos políticos ideológicamente diferenciados.

Además, Morena no enarboló una bandera de ataque al gobierno de Miguel Ángel Mancera y éste, que no milita como perredista, no se dio por aludido al analizar la pérdida de diputados y delegaciones. El PRD, una de sus filiales, perdió la mayoría legislativa, pero Morena puede ser también filial de Mancera. A diferencia de sus predecesores, este jefe de Gobierno tiene lazos con 3 partidos. El PRD lo controla a través de un operador político, con Morena tiene una excelente relación, aceitada por su amistad con Andrés Manuel López Obrador y el PRI no es su enemigo, sino su aliado.

La irrupción de Morena no cambia el rumbo político de la ciudad aunque cambie la dinámica interna del PRD. La clase política que gobierna no se oxigena con nuevos liderazgos.

El Congreso de Chihuahua, con mayoría priista, aprobó este martes una reforma que se establece que los candidatos que quieran competir como independientes tendrán que comprobar que no militaron en algún partido 3 años antes del día de la elección.

Puesto que la Ley de Servidores Públicos -una de las tantas que "protestarán cumplir y hacer cumplir"- establece que "los empleados de confianza y supernumerarios deben renunciar a sus puestos cuando terminen las administraciones municipales", el cumplimiento cabal de la norma significa que, solo en el caso de Guadalajara, cerca de 6,000 "trabajadores" (valga el eufemismo, para efectos de inventario) estarán en esa tesitura; en los 5 municipios conurbados, la cifra global es cercana a los 15,000 empleados que, eficientes unos, ineficientes otros, cobran puntualmente en las tesorerías municipales.

Cuando eran candidatos, a todos los que lo fueron les quedaba muy claro que, "a más gasto corriente -vulgo 'salarios para burócratas'-, menor calidad en los servicios públicos". Ya como gobernantes, dirán, con sus actos, si están comprometidos con los ciudadanos que los eligieron... o con los grupúsculos que los postularon.

Los gobiernos estatal y municipales de Jalisco incumplen con el Servicio Civil de Carrera, proceso necesario para consolidar la "eficiencia y eficacia" de la administración pública a través de la selección, incorporación y desarrollo profesional de servidores públicos.

"Este Servicio ha fracasado porque la clase política no lo permite. En cada elección llegan personas que estuvieron apostándole a la campaña, en lugar de optar por la gente más preparada", lamentó Alberto Aziz Nassif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores.

Por eso el Instituto Mexicano para la Competitividad relega a Jalisco en la posición 22 en su medición "Gobierno eficiente y eficaz", mientras Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila lideran la tabla. También subraya que los ayuntamientos son una institución diseñada para el fracaso por factores como el bajo nivel de profesionalización de sus empleados.

Durante las campañas algunos partidos -PRI-PAN-PRD- trataron de acreditarse supuestos beneficios de las reformas estructurales; mientras que la corrupción fue tímidamente abordada en spots del PAN; Morena insistió en que el actual régimen no funciona y ellos representan la antítesis (cualquier cosa que eso signifique); el PRI presumió reducciones en tarifas; el PVEM se apegó a sus promesas reduccionistas, etc.

Como no hubo una disyuntiva única, no es de extrañar que desde el 7 de junio cada partido haya intentado hacer cuentas (y cuentos) chinas a la hora de presentarse como el ganador de los comicios.

Así, dado que el gobierno federal se declara complacido por el "respaldo" de las urnas a su proyecto, lo previsible es que la administración pretenda mantener sin variación el camino que se trazaron desde el inicio, más porque junto con sus aliados el PRI tendrá mayoría en la llamada cámara baja.

Cuando andan tan calladitos en el Congreso del Estado es porque algo traman. Hace casi un mes que concluyó el proceso electoral y las comisiones siguen sin sesionar de manera regular. ¿El problema? Las fuerzas políticas se pelean las migajas: basificaciones y aumentos de sueldo para funcionarios de medio y bajo nivel. Esta legislatura queda a deber porque no pudo limpiar el "lodazal" en materia de nómina y malos manejos financieros. Lo peor es que ya andan en piloto automático y la próxima legislatura, con nombres como Jorge Arana y Enrique Aubry en la lista, nos deja con poca esperanza.

La administración pasada [de Guadalajara] decidió dar la concesión de los parquímetros de una buena parte de la ciudad a una empresa de nombre Metrometers, con un contrato donde el ayuntamiento no ganó nada: no redujo empleados ni aumentó ganancias. Si lo queremos ver de manera benevolente hizo un pésimo negocio; si lo vemos con un poco de maldad, fue un asalto al despoblado. En la capital del país cada parquímetro reportó al Gobierno del Distrito Federal 500 pesos diarios; en Guadalajara el promedio fue de 13.

El ayuntamiento cedió de manera unilateral un bien público a cambio de una contraprestación bajísima, tan baja que lejos de aumentar la recaudación por taxímetros la redujo. El parquímetro es un ingreso público derivado de una tarifa obligatoria, en la práctica debe ser tratado como un impuesto. Si el ayuntamiento se reconoce tan inútil como para no poder hacer la recaudación de manera eficiente puede otorgar a un tercero la concesión de la cobranza, pero nunca el usufructo. Eso es una perversión.

De acuerdo al secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Rafael Pérez Partida, las sanciones estipuladas en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado [de Jalisco], están especificadas sólo para el poder ejecutivo; mientras, los ayuntamientos, obligados a publicar un reglamento en la materia, serían sancionados con base a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos o el Congreso del Estado sería quien se encargaría de las medidas punitivas:

"No, no hay sanciones para los ayuntamientos; el congreso es el que debe determinarlas. No podemos presionar a los municipios. Sólo les decimos que hay una Ley de Austeridad, que deben cumplir, analizarla y verificar la normatividad. Si no lo hacen, el congreso verá qué medidas toma y si aplica las sanciones que establece la Ley de Responsabilidades", dijo el secretario.

De la mano de Martí Batres, su líder nacional, un reducido grupo de personajes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se apersonaron el lunes en el Zócalo para protestar, frente a las oficinas de Miguel Ángel Mancera, por un supuesto fraude electoral cometido en contra de ellos el 7 de junio en la ciudad en la que, precisamente, ese nuevo partido logró sus más sonados triunfos.

Las imágenes de los integrantes de Morena lanzando propaganda en contra de policías que resguardaban la sede del gobierno capitalino, constituyen un pésimo augurio sobre lo que podría esperar a la capital si este nuevo partido desaprovecha el sentido del voto que le confiaron los defeños.

Lo que el DF menos necesita hoy es de prácticas porriles. La campaña electoral ha terminado, y si Batres tiene pruebas o evidencias del supuesto fraude, bien haría en esforzarse por convencer a los jueces sobre esas presuntas irregularidades, antes que en dilapidar recursos para armar histriónicos piquetes que no sirven ni para la foto.

Con manifestaciones como las del lunes, la exigencia de Morena para que Héctor Serrano sea removido de la secretaría general de Gobierno se vuelve ridícula. De capricho y pataleta no pasa.

Más que un líder de una fuerza emergente, Batres luce instalado en la nostalgia de sus tiempos perredistas. Antes que alguien que calibra lo que la ciudadanía le ha confiado, se le ve ansioso por cobrar viejas facturas a sus antiguos compañeros. Nada de eso le agradecerá la ciudadanía.

El acto del lunes ocurre además una semana después de que Andrés Manuel López Obrador leyera la cartilla a l@s moren@s que resultaron ganadores en las urnas. Sin mediar ni una palabra de felicitación, el domingo siguiente de la elección el tabasqueño prohibió a los suyos irse a comer a lugares "pirruris", pensar en contratar asesores que no fueran del movimiento, extraviarse en el triunfo pues.

Esa admonición será hueca palabrería, meros formalismos, si Martí insiste en privilegiar una trasnochada teatralidad antes que emplearse en la esencia.

Morena ganó el 7 de junio 22 diputados a la Asamblea Legislativa, es decir la fuerza para sujetar el timón de la ciudad, pero en vez de emplearse en la definición de una nueva agenda para la capital, Batres no ha podido evitar el gusto por los reflectores, la tentación del protagonismo.

Si Morena se afana en no dotar de sustancia su agenda, de no responder a los electores sino enfrascarse en grillas con el GDF, estará, paradójicamente, abriendo la puerta para que Miguel Ángel Mancera pueda desdeñarles: una rijosidad estéril hará que cualquier maniobra del jefe de Gobierno sea vista como la opción menos mala.

A pesar de tener el triunfo en la bolsa, Batres prefiere el discurso del mal perdedor. Qué signo más ominoso para la capital.

Tras la euforia derivada de la difusión de los resultados, muchos candidatos que resultaron favorecidos con el voto popular empiezan a caer en la cuenta de que -como bien dijeron en el primer momento algunos analistas-, en efecto, "se sacaron la rifa del tigre"...

Una cosa son las buenas intenciones planteadas en las campañas, y otra hacer frente a la realidad cotidiana, especialmente en el caso de los munícipes. Todos los ayuntamientos, en mayor o menor medida, confrontan severos problemas financieros. En el entendido de que todos ellos son, esencialmente, entidades que tienen la encomienda de prestar servicios públicos -policía, alumbrado, pavimentos, parques y jardines, cementerios...- a los ciudadanos, muchos tienen limitaciones derivadas de que sus ingresos son tan exiguos, que sólo pueden disponer de corporaciones policiacas o cuerpos de bomberos simbólicos: insuficientes para las necesidades de la población. Otros -Guadalajara, por ejemplo- llevan sobre sus espaldas la carga de las deudas contraídas por las administraciones precedentes. Los que estrenarán cabildos propuestos por partidos que nunca antes habían ganado elecciones, tendrán el problema adicional de la falta de personal experimentado para las encomiendas inherentes a sus nuevas responsabilidades. Ahora verán que criticar a los gobiernos es relativamente fácil; gobernar, en cambio, es bastante más difícil.

A decir de varios contendientes que participaron en ese proceso electoral, la población le pasó la factura al PRD por el aumento del Metro (y la mala calidad del mismo, incluido el cierre de la Línea 12) y por la ampliación del programa "No circula" a los sábados. Es decir, las clases populares se vengaron en la lógica de "no se vale que me quites el auto un día y encima incrementes el precio del Metro". Esos reclamos fueron una constante en las zonas populares.

El 3er. factor de la derrota amarilla atraviesa estratos sociales. Los candidatos escucharon quejas de que el Gobierno del Distrito Federal, y las delegaciones, no cumplen los compromisos asumidos.

La cita electoral demostró que la población que se siente engañada, burlada, tiene la capacidad de quitar autoridades. Decir esta obviedad luego de lo ocurrido el 7 de junio resulta necesario porque recientes sucesos hacen pensar que en el GDF, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en las delegaciones y, sobre todo, en los partidos políticos no ha entendido el mensaje de las urnas.

Diversos líderes vecinales están convencidos de que el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y los salientes asambleístas, se aprestan a aprobar un paquete de 41 cambios de uso de suelo en al menos 9 delegaciones.

El tema ya provocó una manifestación afuera del recinto de Donceles, y tanto Mancera como asambleístas han dicho que no aprobarán esas modificaciones. Pero, como en las elecciones, los vecinos no le creen ni al doctor ni a su partido. Y, en este tema, tampoco tienen la mínima esperanza depositada en el actuar del PAN y del PRIVEM en la Asamblea.

Alguien debería aconsejar adecuadamente al jefe de Gobierno en este asunto. Alguien que, por ejemplo, se dé una vuelta en las redes sociales.

Mancera debe entender que la gobernabilidad de una entidad no está garantizada. La ciudadanía no sólo cobra facturas en las fechas electorales. Ojalá comprenda, todavía hay tiempo, que enfrenta la rebelión de vecinos agraviados. Urge que dé garantías de que respetará la ley.

Me asombró leer el viernes en La Razón sobre una manifestación en el Monumento a la Madre encabezada por 2 diputadas perredistas que le reclaman a Martí Batres, presidente nacional de Morena y quien suele acusar de corruptos a todos sus adversarios, que pague la pensión alimenticia de los hijos que tuvo con cada una de ellas.

Las diputadas perredistas Cristina Iseme Gaytán y Cecilia Olivos Santoyo, tuvieron hijos con Martí Batres, no son sus parejas actuales y no sé el tipo de relación que sostuvieron en su momento, pero no lo juzgo: cada quien puede y debe vivir su vida como lo considere más conveniente, mientras no dañe a los demás. El problema es que aquí sí hay daño: hay niños que no reciben una pensión alimenticia de su padre. No crea usted que es un caso de separación tipo Jorge Vergara y Angélica Fuentes que se reclaman entre sí miles de millones de pesos. Lo que le piden las 2 señoras a Martí es que pague una pensión alimenticia de 5,000 pesos mensuales, prácticamente nada, para cubrir los requerimientos más elementales de sus hijos.

Pero, según sus ex parejas, Batres no aporta esa pensión alimenticia argumentando que como presidente de Morena él no percibe salario alguno. Es una mentira descarada y que no se sostiene simplemente observando el tren de vida que ha mantenido Batres a lo largo de todos estos años y las posiciones que ha ocupado en el PRD y en el gobierno capitalino. Todos sabemos que el amor se puede acabar, todos (o muchos) hemos sufrido separaciones o divorcios, pero no hay cosa que me parezca más machista y mezquino que desatender las necesidades y las responsabilidades que uno asume con los hijos producto de esas parejas, y en ocasiones, cuando lo amerita, con quien fue en algún momento su compañera de vida.

Es una tara presente en muchos de los hombres en nuestro país que constituye una de nuestras principales lacras sociales: nuestros divorcios o separaciones suelen ser turbulentos y marcados por el rencor; muchos hombres (y también algunas mujeres) esconden sus ingresos de forma brutal con tal de disminuir al mínimo posible lo que le tienen que dar por ley a sus hijos, si es que les dan algo; tratan (en muchas ocasiones con apoyo de la propia justicia) de quitarle todo a sus ex mujeres. Es verdad que en muchas ocasiones, esas rupturas pueden ser traumáticas, pero el abandonar hijos, hayan nacido dentro o fuera del matrimonio, me parece un acto de corrupción personal, moral, ética, mucho más grave incluso que la corrupción con recursos públicos.

Ese tema de querer mostrarse (porque no lo son) como políticos pobres y por ello mismo incorruptibles, parece otra de las taras de ciertos sectores de nuestra llamada izquierda. Desde que dejó el PRI de Tabasco en 1987, no se le conocen, salvo los 5 años que fue jefe de gobierno capitalino, trabajos remunerados a López Obrador. Ha sido presidente del PRD, candidato presidencial, ahora encabeza Morena, pero no sabemos de qué viven él, su familia, sus hijos. Ni siquiera sabemos con claridad dónde viven. Nunca hemos visto su declaración patrimonial, mucho menos una fiscal. No veo ningún problema, al contrario, en que un líder político, sobre todo de su peso, tenga un ingreso lo suficientemente alto como para vivir con cierta holgura. Lo que sí es un problema es que López Obrador o Martí nos digan que no tienen ingresos, y mucho peor que en el caso de Batres se niegue a pagar una pensión alimenticia a sus hijos, de apenas 5,000 pesos mensuales, argumentando que vive en la indigencia.

Pero las corrupciones nunca vienen solas, aunque a veces se las quiere ocultar. En la historia de Martí Batres hay que recordar lo sucedido con la tristemente célebre leche Betty que se entregaba por el anterior gobierno capitalino a los consumidores más pobres y que tuvo que ser retirada porque ese líquido blancuzco no tenía leche pero sí materia fecal. O cómo se hizo fraude desde la secretaría de desarrollo social, cuando la encabezaba Batres, con los vales para uniformes escolares.

La sobrecargada legislación de México trata, inútil y dañinamente, de evitar la información contraria a un candidato: se enriqueció de forma inexplicable, puso en nómina a toda su parentela, se asignó 3 plazas, usó a sus vigilantes para mandarlos al súper, los puso a recortar el pasto y a regar el jardín.

Son minucias ante los grandes desfalcos de presidentes y de gobernadores; alcaldes que en 3 años pasan de vender huaraches en un mercado a dueños del mercado y de plazas comerciales, como el caso notorio de Abarca en Iguala... hasta que detuvo y entregó a muerte segura, y terrible, a 43 normalistas.

Las nuevas administraciones municipales no solamente reciben la carga natural de administrar la zona metropolitana, sino también la deuda, la penuria económica, y sobre todo la inercia burocrática con todas sus taras.

Con el Congreso ocurre lo mismo. El que está por concluir hizo una exhibición inicial de combate a la corrupción y a la ineficiencia, al final todo acabó en pocos y costosos laudos, protecciones inconmovibles, y una nueva demostración de la inutilidad de esta institución.

Con el ayuntamiento tapatío sucedió lo mismo, por un lado buscaban depurar la nómina, pero sólo para volverla a llenar, ahora con sus cuates. Para lograr lo primero se toparon con el tema de la basificación, los pleitos interminables de los abogados llamados talibanes, y una mayor pérdida de recursos por ese rubro.

Llama mucho la atención el manejo que los gobiernos hacen de este tipo de asuntos. Por principio consideran que el asunto de depurar es simplemente despedir aun si deben enfrentar los juicios laborales respectivos. Tal vez eso se debe a la tardanza de la ley en adecuarse a las nuevas formas de delito que los propios gobiernos cometen siempre con mayor sagacidad.

Una verdadera evaluación de la administración saliente tiene que apoyarse en una nueva ley donde no solamente sea legítimo despedir a quienes ilegítimamente fueron contratados, sino incluso sancionar tanto al empleador como al empleado, pues tan deshonesto es aquí el que contrata como el que acepta un cargo para el cual no tiene ni la capacidad, ni los méritos ni la experiencia, y encima, se contentó, en el peor de los casos, con solamente pararse a cobrar su sueldo. Pero como quien verdaderamente gobierna es la corrupción, se entiende que además de haber estado pagando un salario a cientos de personas ineptas, encima se les deba liquidar espléndidamente por razón de los funestos laudos.

Pero reconstruir un nuevo periodo de gobierno municipal enfrenta ya en sí mismo otros retos. 1o., que lo que prometieron hacer lo tendrán que lograr en sólo 2 años, porque seguramente al 3o. ya andarán haciendo campaña para un nuevo trapecio. 2o., que puedan también caer en el vicio depredador de pagar con cargos públicos a cuantos los apoyaron en su campaña, y como muchos de éstos solamente saben agitar banderas y pegar calcomanías, volverán a llenar las oficinas de personas incapaces y además, creídas.

El Congreso podría tener un éxito excepcional si en la 1a. sesión decretara su propia extinción, pero es muy probable que siga la costumbre distractora de seguir haciendo leyes sobre leyes y más leyes que nadie les está pidiendo, en lugar de decretar las que realmente pueden sanear la administración pública, y desde luego, reducir la nómina total comenzando por limitar cuando mucho a 20 el número de diputados y de sus respectivas regias cortes.

En la nómina que intentaron ocultar en la aprobación del gasto del Congreso [de Jalisco] para este año que se sometió a discusión el lunes pasado hay aumentos discrecionales, nuevas contrataciones sin justificación clara, basificaciones y no se cumple con el recorte de personal prometido por los actuales legisladores.

Y lo peor, los beneficiados son ex regidores, ex suplentes de diputados, ex coordinadores de campaña o personas ligadas a los partidos políticos, revela una revisión a la plantilla de personal aprobada en la Comisión de Administración, que es parte del dictamen que contiene el Presupuesto de Egresos 2015 del Poder Legislativo, y que por lo mismo sigue sin ser aprobado.

Se impusieron, pues, las resistencias al cambio en el congreso. Ganaron los diputados y diputadas que se opusieron a poner fin a las canonjías y privilegios, como les dictaron los poderes fácticos a los que responden, ignorando incluso las directrices de las dirigencias de sus partidos políticos.

Desde luego dejarán pendiente también al asunto central de la trama corrupta que se tejió en el congreso en las pasadas legislaturas y cuyo centro es el manejo faccioso de la fiscalización a través de una Auditoría Superior del Estado en la que nadie cree.

Fuera del Distrito Federal, donde la irrupción de Morena fue francamente espectacular (al ganar 5 delegaciones y la mayoría en la Asamblea Legislativa), la votación del flamante partido se concentró en otro par de entidades del centro de la república y nada más. El número de votos que suma Morena en el DF (703,405), Estado de México (534,988) y Veracruz (296,256), representa justo la mitad del total de 3'346,346 votos que obtuvo a nivel nacional. Estamos claramente, en efecto, ante un es-pejismo electoral.

Morena obtuvo, básicamente a costa del PRD, 14 diputaciones federales de mayoría, pero 11 de ellas corresponden a distritos de la capital del país. De las 273 restantes que se disputaron en el país, únicamente conquistó 3: 2 en Veracruz (Xalapa y Coatzacoalcos) y una en el Estado de México (Texcoco, donde también ganó la presidencia municipal). Sólo en 10 estados del país y en el DF obtuvo arriba del 10% de la votación. En Jalisco, Colima y Nuevo León, entre otros, no superó el 3%. Ya con los diputados plurinominales que le corresponden por su votación equivalente al 8.39% del total, Morena será la 5a. fuerza política federal, con 35 curules en San Lázaro, por debajo de las bancadas del PRI (203 diputados), PAN (108), PRD (56) y Partido Verde (47). Nada como para presumir.

Que me perdonen los pejistas, pero ni siquiera en Tabasco, su tierra natal, obtuvo López Obrador con su partido algún triunfo en la elección de diputados federales, mientras su expartido, el PRD, que obtuvo el 11% de la votación nacional, ganó 4 de los 6 distritos federales tabasqueños en disputa. Es francamente muy aventurado afirmar que desde la "cabeza de playa" conquistada por Morena en el DF, como ha vaticinado alguien, se vislumbre en tres años un crecimiento milagroso que abrace a todo el país.

El alegato de que la participación de Morena en la pasada contienda representa su debut electoral, por lo que los resultados alcanzados son altamente meritorios para un partido "nuevo", resulta absolutamente falaz, dicho a riesgo de la reacción de sus seguidores más radicales, a quienes suele caracterizar la intolerancia: Morena es AMLO y AMLO lleva más de 15 años como figura pública, ha sido jefe de Gobierno del DF (2000-2006) y 2 veces candidato a la Presidencia de la República (2006 y 2012). ¿Nuevo? Por si fuera poco, en la reciente campaña electoral, asumió con un protagonismo absoluto la imagen del partido que recibió registro oficial en julio de 2014. Primero en la precampaña y luego en los 342,500 spots que Morena difundió durante los 60 días de campaña a través de los tiempos oficiales de 2,500 estaciones de radio y televisión a lo largo y ancho del país, él y sólo él fue el protagonista de los mensajes, la imagen y la voz. Adicionalmente, el descalabro electoral que sufrió este 7 de junio representa un revés muy costoso a su línea de oposición a las reformas del presidente Peña Nieto, particularmente la reforma energética, que no encontró respaldo popular.

Lo más grave para las aspiraciones sempiternas del Peje es que su nivel de conocimiento público en el país está prácticamente a tope. Aun antes de la reciente campaña de Morena en medios era el segundo personaje político más identificado en el país (93.5%), después de Peña Nieto, según encuesta BGC-Excélsior. Es decir, sus posibilidades de "crecer" ante un electorado potencial de 85 millones de mexicanos están tácitamente canceladas. Por lo demás, y en cambio, sufre un natural, inevitable desgaste, que se refleja también en la estadística. López Obrador obtuvo en 2006, como candidato presidencial del PRD y sus aliados, el 35.33% de los votos válidos. En 2012, bajó a 31.59%. Serán seguramente muchos menos los votantes que respalden por 3a. vez su testarudo masoquismo ante los sucesivos fraudes electorales que dice haber padecido.

No hay novedad en los panchos de Andrés Manuel López Obrador desde que acarreaba tabasqueños a la Plaza de la Constitución (cuando Manuel Camacho era el virrey de Carlos Salinas de Gortari en el Distrito Federal) hasta la caminata y el plantón de sus devotos, ayer, en el Zócalo con la cínica acusación de que el gobierno de Miguel Ángel Mancera metió las manos en las elecciones de las jefaturas delegacionales de Iztacalco e Iztapalapa.

Chillona desde antes de ser gestada, Morena da por buenos los triunfos en 5 demarcaciones, pero alega "fraude" y "manipulación" imposibles de probar en las demás, porque aún cree en la tontería del "todo o nada".

A estos agandallamientos debe ir acostumbrándose la administración del presidenciable jefe de Gobierno, obligado a restituir a la ciudad una plaza que es de todos, a menos que se resigne a que, como en 2006, la mancha se amplíe a Reforma y hasta el Periférico...

Es secreto a voces que varias dependencias estatales y organismos públicos descentralizados enfrentan serios problemas por laudos y juicios laborales de ex empleados.

Paradójicamente, el escenario de un gobierno en crisis y debilitado, que parecía una gran oportunidad para los opositores al PRI, principalmente el PAN y el PRD, resultó un fiasco en las urnas para ambos.

Con 242,000 pesos, Pedro Kumamoto, diputado independiente electo, llevó a cabo su campaña en el Distrito 10. Este lunes, el independiente transparentó sus gastos durante la contienda electoral. Destaca que 79 simpatizantes aportaron 224,000 pesos de su bolsillo para apoyar las aspiraciones políticas de "Kuma", 12 veces más que lo que le dio el IEPC Jalisco. Las preguntas son: ¿los políticos profesionales podrían hacer política con un presupuesto tan pequeño? ¿Cuándo el resto de los contendientes ganadores harán públicos sus gastos?

Regresan al Congreso de Jalisco los productores ejecutivos del "Caso López Castro": el tricolor Jorge Arana y el "Niño Verde de Jalisco" Enrique Aubry. Los que formaron parte de la legislatura que destruyó lo que quedaba de credibilidad del congreso local, no renuncian a vivir del presupuesto ahora como diputados plurinominales: ni un voto y todos los privilegios. Obvio: los futuros legisladores tienen que vivir de algo en lo que piden licencia para buscar otro puesto en el 2018.

Casi por definición un ganador de comicios en México se convierte en un gran activo, en alguien valioso dentro de la única lógica política que parece importar: ganar campañas electorales.

Porque lo que prima en nuestro sistema político no es el servicio público, sino la competencia electoral, el triunfo de algún candidato desata de inmediato la rumorología, los pronósticos, las intrigas, la definición de escenarios, los comentarios en los medios, etc.

Y no, no se trata por desgracia de un asunto de ociosos tertulianos reunidos en torno a un café. Todos los partidos, y buena parte de la comentocracia, se emboletan en una dinámica futurista que tiene un saldo negativo clarísimo. Los incentivos están alineados para ganar las campañas, no para lograr un desempeño público satisfactorio.

Lo único que importa de la elección es la siguiente elección. Los partidos son tan conscientes de esto que, todos, han diseñado un sistema en el que, en efecto, al día siguiente de los comicios ya pueden calcular los (enormes) recursos económicos que tendrán para la siguiente elección. El caso del PVEM es el más asqueante, pero en esencia hoy los otros partidos son iguales a esos saboteadores de la democracia que integran el partido del tucán: harán todo por no perder los recursos que vendrán con los triunfos. Todo menos preocuparse por gobernar bien.

En el recién concluido proceso electoral se escucharon frases que ilustran cierta resignación ante esta realidad. Se decía, por ejemplo, que el candidato del PAN a la gubernatura de Sonora difícilmente perdería no porque fuera excepcionalmente bueno, interesante, popular, carismático, ni porque (no se rían) su propuesta de gobierno era una fregonería, mucho menos por el buen desempeño de la administración saliente. Nada de eso. A ese candidato se le daba ventaja porque el gobernador en turno "es un gran operador electoral".

Es decir, el candidato ganaría porque independientemente del desastre que como gobernador ha sido Guillermo Padrés, este señor era visto como un efectivo movilizador (término que no puede entenderse sin el uso de dinero, no necesariamente legal) de electores.

Y aunque, como es obvio, ese candidato panista perdió, su derrota no es atribuible a una sorprendente candidata, a una campaña luminosa, a un discurso fresco, a una propuesta de gobierno increíble... para nada. Ese triunfo no se puede entender sin el concurso de los servicios del patrocinador de esa candidata, es decir Manlio Fabio Beltrones, es decir alguien que es visto como un gran operador electoral, es decir...

Nuestras campañas al final son como nuestros torneos cortos de futbol, no aumentan la calidad del balompié, pero quién piensa en calidad (de deporte o de gestión pública) cuando lo único que los motiva es el dinero. Y con ganar, el tener acceso a muchísimo dinero está más que garantizado.

Sin duda que la mayor falla la han cometido los propios partidos, ajenos a la evolución de la sociedad, independientemente de los posibles acuerdos que entre ellos pacten, decididos a seguir haciendo lo mismo y solamente innovarse en la manera de ocultar o disfrazar su creciente corrupción.

En Jalisco tampoco gana Movimiento Ciudadano, la muestra es que Kumamoto, un candidato ciudadano independiente, sin más apoyo que 250,000 pesos y muchos jóvenes junto a él, le ganó la diputación a una abanderada de ese partido.

Si esto fue un plebiscito, dice Jesús Ortega, coordinador nacional de Nueva Izquierda, la corriente mayoritaria del Partido de la Revolución Democrática, hombre fuerte entre Los Chuchos, lo perdimos todos los partidos grandes. El PRI, el PAN y el PRD obtuvieron el peor porcentaje de votos de su historia.

Disputó la idea que hemos repetido muchos desde el domingo: que Morena fue el gran ganador. Lo pone en contexto.

"¿Cuántas veces dijeron ustedes en 2012 que los 15 millones de votos, el 31% de la votación era solo de Andrés y no de los partidos? ¿Cuántas veces lo dijo el propio Andrés? -pregunta-. Pues después de un millón de spots en donde salió Andrés en esta campaña, tuvo poco más de 3 millones de votos, el 8%. Eso también es un plebiscito".

"2018 podría ser la última llamada para nosotros, la gente nos dijo terminen con la esquizofrenia y con la ambigüedad. Convertir al PRD, sin espacio para duda, en un partido social demócrata mexicano, no un populismo del nacionalismo revolucionario".

Los gobiernos son necesariamente malos y dañeros, lo fueron los del PRI, los del PAN, los de PMC, y en otros lados los del resto de partidos. Pero tanto el PRI, el PAN, PMC y los demás no son monstruos que operan por si mismos, las canalladas las hicieron personas con nombres y apellidos, personas que son tan ciudadanos como el resto de quienes cumplimos con los requisitos constitucionales.

Da la impresión de que el gobierno tomó las medidas de recorte del gasto público para ajustar sus finanzas, lo dice claramente, y no por el clamor de la ciudadanía, que desea que los gastos superfluos desaparezcan, pues de los 124.3 MMDP., solamente 34 MMDP, el 36.5% del ajuste, se aplicará a recortar el gasto corriente. Un 10% en servicios personales en los mandos medios y altos, en plazas eventuales o por honorarios. Se anunció un 10% también en comunicación social, que es lo que gasta el gobierno en promocionarse. El recorte debería ser mucho mayor, a nadie le importan los anuncios del gobierno en autoelogios. En lugar de regalar 13 millones de televisores, serán sólo 10 millones. Deberían regalar en todo caso convertidores analógicos para evitar desechos contaminantes de cinescopios. No tiene porqué regalar televisores el gobierno y nadie se los está pidiendo. Se reducirá el gasto en telefonía celular, viáticos, boletos de avión y asesorías. Estos gastos son prescindibles, deberían eliminarse totalmente.

La revisión a fondo del gasto público será para 2016 y años posteriores cuando se aplique el presupuesto base cero. Deberían eliminarse todas las partidas presupuestales que no tienen justificación, el gobierno gasta mucho y lo hace mal; hay muchas fugas y corruptelas, debe aumentarse la eficiencia en el gasto público mediante una reingeniería a fondo eliminando programas y puestos laborales que no son indispensables.

En realidad no se observa un ajuste a conciencia en el obeso aparato gubernamental. En fin, deberíamos insistir en que se haga una reducción que evite pedir prestado para completar el presupuesto.

El electorado ha mandado señales que deben preocuparles:

Nunca ha quedado muy claro para los especialistas si las elecciones federales intermedias constituyen un referéndum sobre la gestión del presidente en turno. Quizá la figura presidencial no estaba bajo escrutinio tanto como la de los gobernadores. Tal vez los factores y escándalos locales incidieron mucho más en el ánimo de los electores de todo el país, pues son mucho más cercanos a sus realidades.

Y ahí el resultado es claro: el rechazo a la corrupción de la clase gobernante fue contundente en los estados. Perdieron el PAN de Padrés, el PRD de Ángel Aguirre y el PRI de Medina. ¿No deberían tomar nota de cara al 2018?

Más aún frente a casos como Nuevo León y Cuernavaca. El hartazgo fue tal que el público eligió lo que menos se pareciera a un político convencional: la principal virtud en campaña de "El Bronco" y Cuauhtémoc Blanco fue que no eran como los demás. No importa que no dieran garantías de un buen gobierno -ambos siguen siendo un atractivo misterio como gestores públicos-, pero tenían lo que importaba: la imagen de que no eran de la pandilla de los partidos habituales.

Un muy importante segmento de la sociedad ha escalado al 2o. piso de la democracia, y el gobierno no. El 2o. piso donde ya se sabe que se cuentan los votos de las boletas, pero interesa quién paga las campañas; ya no sólo importa que se hagan las obras, sino conocer a quién se le otorgan los contratos; ya no basta la declaración patrimonial, sino confesar los conflictos de interés.

Para empezar, Guadalajara tuvo 250,000 votantes menos que en 2012. Ya nada más eso es un indicador importantísimo. El PRI perdió, entre una elección y otra, alrededor de 160,000 votos. El PAN perdió otros 170,000 votos. El PRD perdió 13,000. El propio Alfaro perdió votos: votaron más tapatíos por él como candidato a gobernador que como aspirante a alcalde. En total, se reacomodaron poco más de 600,000 votos en la ciudad, de los cuales 300,000 se fueron al agujero negro de la abstención.

Podemos asegurar es que el PRI no es el único derrotado: que el PAN está a punto de desaparecer y que si de la elección tapatía dependiera, Celia Fausto habría provocado la pérdida del registro de su partido [el PRD].

Hartazgo y fastidio de los partidos, de los candidatos y de los políticos; ese es el 1er. gran mensaje que nos envían los resultados de las elecciones del pasado domingo.

A nivel nacional, el abstencionismo superó el 50%, síntoma de desinterés, pero en aquellos lugares donde hubo opciones diferentes a los partidos tradicionales la gente salió a votar con mucho mayor entusiasmo, superando al abstencionismo, y convirtiendo a esas opciones en ganadoras.

Seguramente los partidos tendrán su propia lectura, que por su bien más vale sea la correcta alejada de la soberbia que parece estar en su ADN, y ojalá reconozcan que si de por sí este sistema nunca fue el adecuado, ya se gastó y se acabó.

Es verdad que el PRD perdió por el caso Iguala, por la corrupción de algunos de sus funcionarios, porque no supieron venderle a su gente la participación en el Pacto por México, por impulsar e incluso imponerle al gobierno una reforma fiscal costosa para la gente, porque optó en muchos casos por malos candidatos. Pero, con todo, pierde porque su voto se divide y después de tantos años de caudillismo de López Obrador en esa corriente, era ingenuo pensar que no se quedaría con una parte del pastel, sobre todo en el DF.

Una parte mayor de la que se esperaba por 2 razones: Morena demostró que en la capital (en el resto del país hoy pasa casi desapercibida, salvo alguna excepción) conservó buenos operadores, con conocimiento del terreno y el electorado, y como siempre sucede en los enfrentamientos fraticidas, el PRD sufrió deserciones y traiciones, algunas de última hora, que no supieron o no quisieron detectar. El bejaranismo trabajó para Morena, tanto que en todas las delegaciones donde esa corriente tiene presencia y control ganó el partido de Andrés Manuel, lo que se replicó en los jefes delegaciones y algunos funcionarios del GDF (producto de posiciones distribuidas hace 4 años, antes de la ruptura).

Decir que la derrota se debió, como sostienen ahora algunos perredistas, al gobierno de Miguel Ángel Mancera (quien, hay que recordarlo, no es siquiera militante del PRD), es tratar de simplificar las cosas y no ver la magnitud del desafío que tienen por delante. Perdieron porque están divididos, porque no enfrentaron a tiempo esa realidad, porque no lograron crear una verdadera alternativa a Morena e incluso porque, como sí hizo Movimiento Ciudadano, no supieron acercarse a opciones ciudadanas que revitalizaran al partido, le dieran nueva presencia y nuevos votos. Mancera no es el responsable de esa situación, en realidad es la víctima de esa división.

Es verdad que Morena hizo una 1a. gran elección, con muy buenos números en la capital del país (en el resto, insistimos, casi no figuró) y ganó 3 posiciones claves: la mayoría, no absoluta, de la ALDF, la delegación Cuauhtémoc con Ricardo Monreal y Tlalpan, con Claudia Sheimbaum, los 2 cercanísimos a Andrés Manuel. Morena tomará por asalto el DF, sin conceder nada, ya lo ha mostrado, y desde la capital, con toda su repercusión mediática nacional, tratará de reconstruir la candidatura de Andrés Manuel para el 2018, desfondando, como objetivo inicial, al PRD.

En todo el país, 53 de cada 100 electores no votó[aron], en tanto que en Jalisco 56 de cada 100 ciudadanos no acudió[eron] a las urnas.

Y en contra de quienes sostienen que el abstencionismo no tiene resultados, se olvida que cada voto fuera de las urnas se traduce en un cuestionamiento a la legitimidad de las votaciones, los candidatos, los partidos, sus programas, los gobiernos que emergen de esa práctica y en conjunto, un cuestionamiento a la legitimidad de un orden político.

Más de la mitad de los mexicanos no legitimó el actual sistema político, y aunque la legalidad de los gobiernos emanados de esas votaciones no está en discusión, sí su legitimidad. Por ejemplo, el PRI será mayoría con apenas 12% de los electores.

En Jalisco, Movimiento Ciudadano, con todo y sus sorprendentes victorias en la zona metropolitana de Guadalajara, apenas obtuvo 33% del total de la votación, lo que representa apenas 14% de todos los electores del estado.

De modo que la supuesta fiesta cívica se convierte en una cruda de falta de legitimidad generalizada.

En 7 de 125 municipios [de Jalisco] el voto nulo pudo haber revertido el resultado de la contienda si se hubiese inclinado por el 2o. lugar de las preferencias.

Este es el caso de Tlaquepaque, Tototlán, Zapotiltic, San Marcos, La Huerta, Atoyac, Jesús María Villa Corona y Unión de San Antonio; municipios en el que los votantes que anularon las boletas son los suficientes como para darle la vuelta al resultado de la elección.

En Tlaquepaque, hasta ayer enclave del poder sindical priista, el porcentaje de votación nula (2.92%) es suficiente para devolverle la alcaldía al tricolor (sumaron 4,774 votos nulos).

El PRI podría haber ganado también las demarcaciones de Tototlán y Zapotiltic con ese criterio, con una diferencia de 182 y 130 votos, respectivamente, sobre los ganadores de los comicios.

En San Marcos y La Huerta, Movimiento Ciudadano (en 2o. lugar) podría haberse posicionado en el 1er. lugar si hubiese podido captar a los votantes anulistas: 20 y 203, respectivamente. Lo anterior le daría la victoria frente al PRI.

Lo mismo sucede en los municipios de Atoyac y Jesús María, en los cuales el PAN le hubiese ganado la elección al PRI de tener la simpatía de los votantes nulos.

En términos generales, la votación nula no se acercó a los niveles (6%) que tuvo en la elección intermedia de 2009. En la contienda del domingo, en una treintena de municipios la votación nula apenas superó 2.8% de la votación y fue en Tonalá en el que acudieron a las urnas el mayor número de anulistas: 3,751, esto es, 3.69%.

En el lado opuesto, solamente 8 de 125 municipios tuvieron porcentajes de anulación menores al 1%: Tecolotlán, Santa María del Oro, San Marcos, Manzanilla, Cuautla, Cuautitlán, Chimaltitán y Atemajac.

López Obrador ha hecho un partido donde sus hermanos, hijos, sobrinos y tíos se disputan las primeros puestos con el PRI de la calaña de Manuel Bartlett, el secretario de Gobernación en 1988, en la era pre-IFE o INE, cuando el gobierno organizaba las elecciones, contaba los votos y declaraba: "Pues quéee creen: ganamos". Ahora está en Morena. O Porfirio Muñoz Ledo que ha pasado por todos los partidos y traicionado a cada uno.

Aún no sabemos qué se hicieron los millones de dólares que, en fajos de efectivo, René Bejarano, secretario del jefe de gobierno, López Obrador, sacó en un maletín y en todos los bolsillos del traje. "Todo cuanto he hecho ha sido con el conocimiento de Andrés Manuel", declaró detenido. Extorsionaba empresarios para darles obra pública hasta que lo video-grabó Carlos Ahumada. A Bejarano le remodelaron 3 celdas para darle dormitorio, despacho y sala de recibir en la cárcel. Salió libre y apareció como Lázaro: vivo y dirigiendo. Lo que habría tirado al alcalde parisino o neoyorkino no hizo mella en López. Gritó y vociferó que todo era un complot para descarrilar su campaña por la Presidencia (la 1a.), y siguió tan campante recetando honestidad valiente.

Levantó su partido, suyo, de su propiedad, sosteniendo cientos de casas de afiliación y campaña por todo el país sin tener ni un empleo ni presupuesto con dinero público. Y no sufre auditorias.

Joven, se afilió al PRI después de que los hechos del 2 de octubre de 1968 eran bien conocidos. Trepó puestos a zancadas en tiempos de Echeverría y López Portillo, la docena trágica que endeudó a México y de cuyo terremoto no logramos reponernos por completo.

Fue presidente del PRI-Tabasco y entonces compuso un ridículo Himno al PRI, vergüenza de vergüenzas por lo soso, cursi y rastrero.

El apoyo de López Obrador hizo alcalde de Iguala a José Luis Abarca, el responsable de ordenar la aprehensión y entrega a los narcos Guerreros Unidos de 43 normalistas de Ayotzinapa, parte del centenar y medio que, en autobuses robados, se dirigía al DF para la marcha por el 2 de octubre y acabaron desviados a Iguala, perseguidos todos, asesinados y carbonizados 43. Y nadie toca a López cuando se exige justicia. Hay más de cien detenidos por esos hechos monstruosos, ninguno de ellos detenido por la colaboración de López Obrador.

Una vez alcanzado el registro de la joya de su nepotismo, Morena, decidió candidatos y habló en todos los espots de radio y tv, él, sólo él. También se hizo candidato único e indiscutible de Morena a las presidenciales de 2018. Ya está, sin estorbosa asamblea como los priistas ni encuestas como los perredistas. Está y ya. ¿Alguien discute? Debe ser un aliado de la mafia en el poder y enemigo del pueblo bueno: el método de Stalin bien aplicado por Castro y Chávez. El de todo dictador.

Aún no sabemos los costos de los 2os. pisos ni el motivo de apartar al secretario de Obras, el cardenista de toda su vida César Buenrostro, para dar la obra a Claudia Sheinbaum, creo dentista o bióloga o algo así. Cada tramo fue "inaugurado" y cada uno fue bendecido por el cardenal Rivera, arzobispo de México. A cambio, López Obrador no aprobó como jefe de Gobierno del DF la maternidad voluntaria ni la igualdad de homosexuales ante la ley: es de extrema derecha incubado en el más torpe PRI, el de Echeverría.

El ciudadano castigó, dejó registro de su hartazgo, de su negativa a la resignación y la complacencia.

Nuevo León se hartó de los escándalos de corrupción del gobernador priísta Rodrigo Medina y su papá, del inexplicable crecimiento de su fortuna. El PRI se derrumbó y un polémico candidato independiente, Jaime Rodríguez El Bronco, arrasó apoyado por algunos poderosos empresarios y grupos mediáticos.

En Sonora cansó el panista Guillermo Padrés. La presa que se construyó en su rancho, la manera en como quiso esconderla, la saña contra su trabajadora doméstica para obligarla a callar, el dinero por aquí y por allá. Perdió el PAN y recuperó el PRI.

En Guerrero, el PRD postuló a Ángel Aguirre. Él se dedicó a la fiesta, incluso cuando los meteoros Íngrid y Manuel azotaban Acapulco y alrededores. Luego vino Ayotzinapa. Y luego su 1er. círculo fue acusado de corrupción. Inexplicablemente él no fue procesado. El PRD perdió Guerrero. Lo recuperó el PRI.

En Michoacán el PRI le dio la gubernatura a Fausto Vallejo. Y él se la endosó a Los Caballeros Templarios. Los videos de colaboradores y familiares en amenas reuniones de definición política con el líder criminal Servando Gómez La Tuta lo documentaron. Perdió el PRI. La triste sutileza en este estado es que Fausto Vallejo y su grupo político no apoyaron al candidato priísta, sino al perredista Silvano Aureoles, quien resultó vencedor en la contienda.

Se hartó la gente de los abusos del papá del gobernador de Jalisco, operador de su hijo, y le quitó Guadalajara al PRI para dársela a Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano. Se hartó la gente en Cuernavaca y votó por el futbolista Cuauhtémoc Blanco. Se hartó la gente de tantas denuncias de corrupción contra la dupla Víctor Hugo Romo-David Razú en la delegación Miguel Hidalgo del DF, y se la dio al PAN con Xóchitl Gálvez.

A todos los niveles, se detecta una sanción, un castigo de los ciudadanos que se ejerce por la vía del voto. Y perder el poder, para un político y para un partido, es de lo peor que les puede pasar.

Sería ideal que las opciones de relevo fueran entusiasmantes. Eso sería otro nivel de democracia. Pero la mayoría no lo es.

La versión de que en Guadalajara y anexas sólo había de 2 sopas, la panista y la priista, se derrumbó estrepitosamente: tan estrepitosamente como se derrumbó el priismo en las elecciones del '94, y como lo hizo el panismo hace 3 años. Puesto que la revocación de mandato no existe en nuestra legislación, quedó claro que la ciudadanía tomó nota de los motivos de hartazgo con respecto a sus gobernantes ("El Señor de los Papayos" hace veintitantos años, "El Gober piadoso" hace 3), y en cuanto pudo, por la vía del "voto de castigo", le pasó factura. Eso es civismo (por definición, "comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública"), porque es una forma civilizada -sin violencia, sin derramamiento de sangre- de ajustar cuentas con la autoridad cuando ésta, como ocasionalmente sucede, defrauda o traiciona a los ciudadanos.

El voto nulo no logró posicionarse como opción. En 2009, cuando también hubo un movimiento que lo promovió, se alcanzó 5.2% de votos nulos. La cifra superó al 3% de 2003. Ahora quedó en 4.9%, que nuevamente rebasó a la tendencia histórica pero se quedó abajo del porcentaje obtenido hace 6 años.

Diego Solís votó ayer en "blanco".

Para el estudiante de ciencias políticas del ITESO, anular su voto no es tirarlo a la basura. Todo lo contrario: "Lo que busco es mandar un mensaje de inconformidad a todos los partidos políticos... no importa el color, para mi todos son iguales, estoy harto de votar siempre por el menos peor de la elección".

Votantes como Diego mandan a la partidocracia un mensaje contundente: es que sus votos superaron el porcentaje de votación que alcanzaron los pequeños partidos políticos en el Estado de Jalisco.

En esta elección contendieron por 1a. vez 3 nuevos partidos en el proceso electoral:

Encuentro Social, Partido Humanista y Morena, pero la votación en la zona metropolitana de Guadalajara revela que los anulistas tuvieron un mayor peso en las urnas que los 3 juntos.

En Guadalajara, por ejemplo, el porcentaje de anulación (2.36%) superó el número de simpatizantes que votaron por esos partidos, pero también duplicó la votación que obtuvieron partidos tradicionales como el PRD, encabezado por la diputada con licencia Celia Fausto; el Partido Verde (sin coalición) o Nueva Alianza, con Antonio Pérez.

En Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto se replica la tendencia. Pero de todos los municipios metropolitanos, Tonalá es el que tiene el mayor porcentaje de votos anulados (3.69%), por encima de los obtenidos por Encuentro Social, Partido Humanista, Morena, Nueva Alianza, Partido Verde (sin coalición), PRD y Partido del Trabajo.

Tlajomulco, por otra parte, es el único de la metrópoli en el que el PRD, en alianza con el PAN, obtuvo más votos que los que anulados.

Tlaquepaque se cuece aparte con la inesperada victoria de Movimiento Ciudadano sobre el poder político del alcalde saliente Alfredo Barba. Los resultados electorales fueron los más cerrados en toda la metrópoli; de hecho, los votos nulos (4,759) hubiesen podido hacer la diferencia a favor del PRI.

A pesar de lo anterior y con un 95% de las actas computadas, el voto nulo no alcanzó en el reciente proceso intermedio electoral los niveles que tuvo en 2009, cuando la propaganda por anular el voto unió a intelectuales, activistas y académicos, consiguiendo que la anulación alcanzara hasta 6% y en algunos distritos metropolitanos, superara el 10% de los votos.

Según el análisis preliminar en la elección de 2015, menos votantes optaron por anular su voto y apenas en siete municipios superó el 3% de la votación: Tonalá, La Barca, Mezquitic, Poncitlán, Tamazula, Teocaltiche y Tepatitlán.

Esta vez el mensaje de inconformidad se manifestó en el voto de castigo al PRI a nivel estatal, con una holgada victoria de Movimiento Ciudadano en el escenario local y en el Congreso de Jalisco, que le permitió arrebatarle al partido que gobierna el estado y casi toda la zona metropolitana de Guadalajara.

Jorge Rocha Quintero, académico del ITESO, destaca de la jornada electoral la recomposición del voto duro, ya que los partidos que dominaban sufrieron estrepitosas caídas, y que la llamada "guerra sucia" entre candidatos no tuvo efectos: "La gente no se creyó las descalificaciones. Deben reconsiderar su manera de hacer campaña".

Alberto Arellano Ríos, académico del Colegio de Jalisco, aclara que existe un riesgo: que los munícipes electos estén pensando en las elecciones venideras, como la competencia por la gubernatura, y se dejen proyectos institucionales incompletos: "En el sistema político siempre estaremos condenados cada 3 años a que no haya proyectos a largo plazo".

Ni el INE ni los partidos que condenaron al Verde jamás condenaron públicamente que en la mañana la red se llenara de mensajes anunciando un fraude electoral cuando ni siquiera se habían abierto las casillas. Morena ha sido la cabeza de ello, en las redes y en los tribunales: se ha cansado de presentar denuncias, sobre todo en el DF, aunque ni siquiera los observadores de la OEA las vieron. Pero en términos legales es tan errado como legítimo lo hecho por Morena como por el Verde, aunque la reacción de la corrección política no los haya evaluado igual.

Los costos reales de la elección son difíciles de cuantificar: por lo pronto, ésta ha sido la elección más cara de la historia. El INE tuvo un presupuesto de unos 6,000 millones de pesos; los partidos recibieron una partida similar; hubo, al final, 44 millones de spots (ahora sí que estos comicios un spot por cada elector nos dio) que valen, comercialmente, unos 25,000 millones de pesos, y el dinero negro que se movió, tan presente como las campañas negras, fue inconmensurable. No podemos ir al 2018 sin cambios profundos a la ley electoral.

También se necesitarán a partir de hoy, más allá de los resultados, cambios en el gobierno y en los partidos, aunque éstos resultan los más refractarios a aceptar que la realidad ya los superó.

Los candidatos independientes debieron saltar miles de barreras para aparecer en la boleta. Sin embargo, haya sido como haya sido, los "independientes" son una grieta a un sistema electoral cerrado y defensor de los partidos políticos grandes, así como de los partidos políticos pequeños, o franquicias, que le son funcionales al tripartidismo.

Si hay que hacer caso a las redes sociales, uena rebanada de población irá a las urnas, sí, pero para anular su voto y enviar, con ello, un mensaje a todos los partidos políticos: no me tienen tan contento, petimetres.

Hay muchas quejas, generalmente muy razonables, de los ciudadanos hacia los partidos y el sistema político, que pueden resumirse en una línea: estamos en la lona, pobres e inseguros, mientras los políticos se enriquecen, pactan con el diablo si es necesario y no hacen nada en nuestro beneficio. Por otro lado, lo cierto es que nuestra conciencia cívica como sociedad también es un desastre. Son absoluta minoría los ciudadanos que se toman la molestia de informarse en qué distrito viven, quién rayos son los candidatos que aspiran a "representarlos", qué cosas proponen y qué tan posible es que las cumplan (sobran los candidatos a diputado local, por ejemplo, que prometen bajar impuestos, cuando la inmensa mayoría y la parte del león de lo que se puede definir así le corresponde discutirlo y cobrarlo a la federación).

Claro: el sistema político mexicano está tan en quiebra que lo que uno suele descubrir cuando examina la trayectoria de los aspirantes de su distrito o municipio es que han pasado como fantasmones por el presupuesto durante 30 años o, peor aún, que son el cuñado tonto de uno que lleva en el presupuesto esos tres decenios sin parpadear. Claro que siempre hay casos peores e irremediables, como el de los payasitos de televisión...

La realidad es que los partidos permanecen sordos a la evidente inconformidad por su desempeño directo y el de sus acólitos que llegan a puestos públicos. A medida que sus diferencias ideológicas se borraban (todo mundo, a partir de los 90, comenzó a hablar con orgullo de la necesidad de ser pragmático, empezando por los articulistas profesionales) y su habilidad para hacer negocitos aumentaba, la credibilidad de los partidos, a diestra y siniestra, colapsó.

Entre el 2000 y el 2012 hubo alternancia en el poder federal, pero no sirvió para gran cosa. Los nuevos se volvieron indistinguibles de los viejos y los viejos persistieron en sus mañas. En esos años tuvimos ingresos petroleros extraordinarios que podrían haber disparado un crecimiento económico sin precedente y todo se fue por el caño. Ahora, en años de vacas flacas petroleras, lo que queda es una larga lista de agravios ciudadanos con respecto a la clase política.

Son los partidos los que designan a sus candidatos por el camino que deciden. Son los partidos quienes nombran a los jefes de campaña. Éstos a su vez son responsables del discurso que manejan los candidatos, tanto en lo individual como a través de los medios de comunicación. También los partidos son responsables del uso que dan a los recursos económicos que reciben para sus campañas. Tienen el deber de cerciorarse acerca de los convenios, compromisos y acuerdos que sus candidatos establecen de manera directa o indirecta con toda clase de individuos o grupos en pos de lograr apoyos y desde luego el ansiado voto. De estas y de tantas otras cosas los partidos se hacen cargo, pero lo hacen a tenor de criterios, principios, y valores muy suyos.

En lo que todos los partidos coincidieron fue en seguir promoviendo una sociedad de pedigüeños y beneficiarios, donde hasta quién no tiene necesidad se siente damnificado ante la avalancha de ofrecimientos y dádivas, desde las más burdas como las mochilas hasta las más fantasiosas, como abaratar el costo de la vida. En el entretanto se repartieron despensas, electrodomésticos, y hasta bolsas de papas fritas con billetes de cien pesos. Ese ha sido el compromiso de la mayoría de los partidos, favorecer la prolongación de una sociedad miserable peleándose por una gorra o un paraguas, para que siga habiendo vales y toda clase de limosnas miserables.

Este espectáculo denigrante y vergonzoso fue adicionado con los cientos de miles de comerciales bofos que por todos los medios se lanzaron, contratando a cientos de paleros, casi todos con el mismo lamentable mensaje: porque me van a dar, o para que me sigan dando. Ese es el tipo de ciudadanía que promueven los partidos políticos.

Y porque los votos se cuentan, no se pesan, el sector más agredido, el grupo social más envilecido por estas campañas fue el de la llamada clase popular, ahí donde los partidos de siempre lucran un voto sobornado o amenazante, ahí donde las necesidades reales jamás satisfechas alienan a las personas, enajenándolas con renovadas esperanzas. En este espacio turbulento ni las iglesias se escaparon, unas ofertando su voto gremial, otras abriendo espacios a los candidatos, cada quien a su criterio, porque no hubo un principio rector que unificara las posiciones y orientara las acciones.

El apenas concluido periodo electoral ha mostrado hasta dónde ha crecido el poder corruptor de los partidos, particularmente de los partidos más "fuertes", y su obstinada decisión de reducir sus propios institutos políticos a jugosas bolsas de trabajo. Lo que sigue muy probablemente será lo de siempre: prolongadas jornadas para ver de qué van a dar chamba a la infinidad de colaboradores desinteresados, reacomodo de las estructuras de chantaje en la administración municipal, ubicación de posibilidades para el próximo periodo, tres años de vacaciones pagadas para los nuevos diputados, y contemplar cómo los gobiernos municipales medio trabajarán, y obstruirán y medio el trabajo de la ciudadanía.

El proceso electoral que culmina mañana es el más vergonzoso que los mexicanos podamos recordar, pues si bien hace décadas no existín un ejercicio democrático, sino un ritual de reelección del partido oficial, cuando menos había paz, poco a poco el país crecía y las diferencias de clases no se seguína acentuando.

Hoy la cosa es diferente, hoy vemos candidatos asesinados, entidades en las que prácticamente nadie quería contender por temor a quedar mal con el crimen organizado, poblaciones enteras tomadas por vándalos a quienes no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa hagan lo que hagan, campañas publicitarias excesivas pero ausentes de propuestas y plagadas de descalificaciones a los opositores, partidos que prefieren pagar multas y seguir violando la ley que enmendar el camino pues lo que les interesa sólo es mntener vivo el negocio electorero, y lo peor de todo: un sistema político ciego e incapaz de hacerse la más mínima autocrítica para corregir el rumbo, porque simplemente no le conviene.

¿Cómo podemos esperar que el proceso electoral mejore si quienes se encargan de hacer las leyes y votarlas son los mismos representantes que ponen los partidos para cuidar que se eternice su contacto con la ubre del presupuesto federal?

No votes por quien no es congruente en su acción y verbo. Si de forma consciente te ha mentido y le ha mentido a la sociedad sobre lo que ha hecho y lo que pretende hacer.

No votes por quien tiene una propuesta ambigua o lejana. No importa que tan perfecta la pinte, lo que importa de lo que dice un político es el cómo llevar a cabo lo que promete. Fox prometió Vocho y changarro a todos. Calderón sería el Presidente del empleo. Nunca dieron los caminos claros hacia eso y ahí están los resultados. Ahora, piensen 2 veces los cómos de esas propuestas: ¿habrá dinero, voluntad política, conciliación con la oposición, se sabe la ruta?

No votes por quien se esconde en el carisma. El político con imán tiene la mitad del camino recorrido, pero no lo es todo. En la época donde el spot ha perdido impulso, la personalidad del candidato marca, pero no define. Muchos se quedan en la superficialidad de la imagen, va más allá. No entenderlo nos ha llevado no solo a sentirnos desilusionados, sino víctimas de traición.

No votes por quien no pasa a sus compañeros por la prueba del ácido. Aliados, amigos, compañeros de partido o alianzas retratan al político. ¿Cómo confiar en el que no descalifica el robo, la corrupción, la traición a la sociedad, la perversión de ideas, el rompimiento de la ley?

No votes por el que no conoce su distrito, su ciudad o su estado. Ser candidato y no saber cuántas escuelas hay en la zona que pretendes representar, no entender por qué hay más baches en una zona que otra, cuántas casas aún son ciudades perdidas y por qué se dan fenómenos de inseguridad y alianza con el crimen debido a ello te descalifica para pedir el voto.

No votes por quien deja a las mayorías los derechos de minorías. La tibieza no debe tener lugar en esta elección. En ninguna. Los políticos que no se atrevan a ampliar libertades juegan a lo seguro, al status quo, a donde estamos hoy... y no es un buen lugar.

No votes por los que están listos para saltar aun antes de saber el resultado. Puede ser un político que tiene listo su plan para el 2018 o un candidato que, desde ya, ya pidió sus cartas de recomendación para irse al Colegio de México. Jugar con el voto de la sociedad es inaceptable.

Congruencia, consistencia, honestidad, selectividad, verticalidad. Valores que pocos políticos han demostrado en esta elección.

Pero, si no la tienen, entonces ¿Por quién votar?

Por ello, no podemos conformarnos con lo que no han dado. Poco, tramposo y acomodaticio.

¿Por quién votaré? Por el que logre cambiar estas reglas del juego electoral. Si no existe, ahí tienen mi respuesta.

La desaparición o fragmentación de las oposiciones, costo del Pacto por México, hace que esta elección sea la 1a. desde 1997 en la que el votante no tiene opciones para que lo que quiera decir tenga un efecto real en el resultado. Esa, pase lo que pase, es la gran derrota del domingo.

El sistema electoral ya dio de sí. Los spots, los chorros de dinero, el sistema de financiamiento, las reglas de qué sí y qué no se puede decir, las limitaciones para candidatos independientes, la facilidad para crear nuevos partidos chatarra. Son tantos parches que hoy tenemos un adefesio que desincentiva y privilegia la distancia entre votados y votantes.

A 2 días de las elecciones de mitad del gobierno de México, hay muchas dudas sobre los resultados. Triste y rutinariamente, todos los contendientes han hecho trampa, han violado la ley, han usado recursos ilegales para sus campañas, pero todos, salvo los independientes, que no tienen la cancha pareja, han ejercido similares recursos, legales e ilegales, y, para todo efecto práctico, puede decirse que han competido en igualdad de circunstancias.

El resultado es que están empatados en lo fundamental, todos tronándose los dedos y buscando la maniobra que los haga triunfar en el último metro de contienda.

Los ahora viejos buenos muchachos que malcrió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y con quienes terminó tan decepcionado que los mandó a volar, los partidos de la Revolución Democrática y Morena, arrastran un problema de indefinición que va tornándose esquizoide: hicieron imposible un sencillo acuerdo de todos (10 en total) los que ansían votos este próximo domingo.

El representante del PAN propuso que los partidos se manifestaran en apoyo del INE ante las acciones en curso de sabotaje a las elecciones en algunas entidades. Pablo Gómez, por el PRD, dijo no estar enterado "oficialmente" del problema, y Horacio Duarte, por Morena, soltó la tontería de que el gobierno federal es el responsable "político y jurídico" de la violencia, porque no modifica su estrategia contra... ¡el crimen organizado!

Alcahuetes de movimientos tan lesivos como el de los maistros de la CNTE, quieren votos, pero no se atreven a rogar que se permita votar.

En Nuevo León, las fuerzas no se están alineando en una negociación clásica, sino en la preocupación de los partidos que gane un candidato independiente y cambie los términos de la competencia en las elecciones presidenciales de 2018. Todas las élites están contra Jaime Rodríguez, "El Bronco", el PRD y el PAN por igual para descalificarlo. La negociación es complicidad. El precedente de una victoria de un independiente, los afecta a todos por igual.

Las entidades federativas contabilizan una deuda de más de 100,000 millones de pesos a 12,000 empresas industriales que son sus proveedoras, denunció Manuel Herrera Vega.

En conferencia de prensa, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales también alertó que del total de las empresas a las que les adeudan los estados, alrededor de 600, que representan el 5%, están en una situación crítica.

Señaló que las entidades que adeudan más dinero a los proveedores son Sonora, Coahuila, Nuevo León y Michoacán. Expuso que la mayor parte de las compañías que están en una situación crítica ya han dejado de cumplir con sus obligaciones fiscales.

Piense en el sistema de partidos. De una vez le digo: ningún voto o no voto quita dinero a los partidos. La bolsa es fija. Lo que sí se puede hacer es eliminar partidos. Si usted quiere eliminar partidos pequeños, vote al azar por los 3 más grandes. Un voto nulo o la abstención facilitan la obtención o el mantenimiento del registro. Si a usted, por el contrario, le gusta que haya muchos partidos y cree que eso ayuda a la competencia (a pesar de todos los ejemplos de declinaciones finales a favor de candidatos punteros) entonces vote nulo o vote por uno de los chiquitos.

Lo más importante es votar. Votar implica darle un reconocimiento al sistema democrático de renovación de autoridades. Implica favorecer un sistema distinto al de una dictadura, al de un partido hegemónico. Sé que hay pocos candidatos que valen la pena, pero el sistema sí que lo vale. Yo votaré por eso, porque la democracia lo vale.

9 candidatos que aspiran a una diputación y, con ella, al fuero que viene con el "paquete", tienen pendientes ante la justicia federal.

En ese caso están Carlos Talavera, un perredista de Puebla acusado de tentativa de homicidio contra su esposa. Noé Peñaloza Hernández de Movimiento Ciudadano -también de Puebla- inhabilitado para ejercer cargos públicos en lo local, y Lilia García Arenas, de Nueva Alianza en el DF que se ha escondido ante una orden de arresto por un adeudo hipotecario.

Orlando Santacruz Carreño, panista: el candidato de las obras inexistentes y la falsificación de documentos en Tlaxcala. Guadalupe Hernández, perredista: el candidato acusado de peculado y que evade la rendición de cuentas en Michoacán. Sergio Gómez Olivier, panista: el candidato en la mira de Profepa por maltrato animal en Puebla.

Hipólito Mora: el candidato autodefensa de Movimiento Ciudadano en Michoacán, acusado de homicidio y secuestro. Josué Nivardo Mena: el candidato de Encuentro Social en Quintana Roo, acusado de fraude por 4.5 millones de pesos. Jorge Rodríguez Pasos: el candidato del PT en Sinaloa, desaforado por golpear a su esposa.

Esos son sólo los casos que Animal Político encontró tras investigar por un mes los pendientes de los candidatos con la justicia federal por posibles delitos penales.

Unas elecciones precedidas por campañas poco seductoras, caracterizadas por "debates" insustanciales y desangelados, ricos en impugnaciones y "guerras de lodo", y avaros en propuestas. Unas elecciones enmarcadas por el descontento social a causa de la violencia resultante de la guerra (no declarada) contra el narcotráfico. Un descontento social acentuado por la inseguridad y el desempleo crecientes, el igualmente creciente desprestigio de la clase política y la falta de credibilidad de los partidos: los "grandes" que operan como agencias de colocación en beneficio de sus gregarios -más metidos en la política por oportunismo que por vocación de servicio- y han convertido los cargos públicos (a los que aspiran, según la vieja sentencia de Don Efraín González Luna, "quienes tratan de ganar en ellos lo que no serían capaces de ganar mediante el trabajo honrado") en becas para sus incondicionales, y los "chicos", en que ese oportunismo es más burdo y más escandaloso todavía.

Morena no tiene más discurso que "ser AMLO" y llega al final de la campaña repitiendo lo que ha dicho una y otra vez López Obrador cada vez que ha sido candidato, para justificar sus derrotas: que le hacen fraude. Que alguien que fue candidato por 1a. vez en 1989, que lleva 5 elecciones, estatales y federales, siempre alegue que pierde porque le hacen fraude, suena más a caso de psicoanalistas que de politólogos.

Ayer unos 200 trabajadores de Ciudad Judicial del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco amagaron con un paro porque no les han aplicado el aumento salarial aprobado por el pleno del Consejo de la Judicatura desde enero pasado. Luis Carlos Vega Pámanes, magistrado presidente, tuvo que ir a dialogar con ellos para calmar las aguas. Además se tuvo que convocar a una sesión extraordinaria del Pleno para ordenar al director de Planeación, Administración y Finanzas, Jesús Palafox Yáñez, cumplir "de forma inmediata" con el aumento (éste debe quedar en las primeras horas hábiles de hoy).

Y sigue la grilla dando: Vega Pámanes acusa al consejero Alfonso Partida, que preside la Comisión de Administración, de intentar desestabilizar al poder judicial. Por su parte, Partida asegura que "no hay, no hay". ¿Y mientras tanto? Que espere la justicia pronta y expedita.

Gane o pierda en las elecciones, Jaime Rodríguez, "el bronco", ya abrió terreno y mostró que puede haber candidatos independientes que sean competitivos. Este hecho tiene el lado positivo de que se abre la posibilidad de terminar con la "partidocracia", y el lado negativo de que también se genera la posibilidad de que figuras carismáticas que manejen un discurso populista, podrían convertirse en aspirantes a gubernaturas o aun a la Presidencia de la República.

El ciudadano común tiene una clara percepción de la realidad que lo circunda. Percibe que hay inseguridad, porque la ha sufrido; percibe que ese fenómeno no es consecuencia de que las ciudades o los barrios hayan sido invadidos por diablos que se escaparon del infierno, sino de la incapacidad de los gobernantes y las insuficiencias de un sistema [in]capaz de generar oportunidades de empleo dignamente remunerado para quienes aspiran a satisfacer por esa vía, a todas luces laudable, sus necesidades básicas.

El ciudadano recuerda que, en lo sustancial, la inmensa mayoría de los mensajes que los candidatos han reciclado en discursos, mítines, entrevistas, panfletos, volantes, "debates" y demás, durante las campañas que están -¡aleluya, aleluya...!- a punto de finalizar, son los mismos "rollos", las mismas promesas incumplidas de hace 3, de hace 6, de hace 9, de hace 12 años; las mismas zanahorias que se pondrán en un palo, a la vista pero no al alcance de los belfos de los borricos que tiran las carretas, dentro de 3, dentro de 6, dentro de 9, dentro de 12 años.

Votar, según la triste experiencia del ciudadano común, pocas veces ha servido para asegurarse de que los mejores hombres lleguen a los cargos públicos; muchas, en cambio, para legitimar el triunfo de los merolicos más seductores.

El INE se dejó presionar y se equivocó gravemente con el caso del registro de Marcelo Ebrard y por 2 ocasiones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le debió corregir la plana. Ebrard, por cierto, quedó exhibido con la investigación oficial de su casa en la colonia Roma. El Tribunal, a su vez, tiene un magistrado menos, porque los partidos no se han puesto de acuerdo en la designación del sucesor del ministro Alejandro Luna Ramos. Y menos se pondrán de acuerdo si perciben que el INE puede ser tan voluble en sus decisiones en torno a los partidos: la dureza contra el Partido Verde se convierte en silencio ante violaciones a la ley de otros actores (caso Ebrard, caso campaña anticipada de López Obrador).

La gente está harta por los millones de "spots" tan banales como gratuitos (para los partidos políticos) que han saturado tanto los tiempos de la radio y la televisión que hasta los anunciantes tradicionales se han retraído de las pantallas para no ser identificados con los partidos. Un esquema inútil, absurdo, que no se ve en ninguna democracia en el mundo y que sólo puede sustentarse en la soberbia y el miedo a la competencia de los partidos políticos.

Ha habido candidatos asesinados, guerra sucia, denuncias de corrupción de todos contra todos. Y hemos comprobado, también, que la ley electoral aprobada por el Congreso el año antepasado es la más deficiente e ineficiente desde que comenzó el ciclo de contrarreformas electorales del 2007: llena de huecos, de vacíos, de reglamentación inútil encubierta por frases y buenas intenciones. No podremos llegar a la elección del 2018 sin ajustes profundos a esta ley electoral poco pensada y mal reglamentada.

El único partido en el que milité en mi vida fue en el PRD, desde su fundación, en febrero de 1989, hasta junio del mismo año en que me quedó claro que ese partido socialdemócrata de ciudadanos libres que habíamos imaginado fue rápidamente captado por las lógicas corporativas y los intereses de grupo. Después de discutir durante 6 horas sobre la conveniencia política de defender a "La Quina" decidí que lo mío lo mío era el periodismo y no los partidos y, sin mediar renuncia o manifestación de por medio decidí no volver a poner un pie en ése ni ningún otro partido (le debo, pues, a "La Quina" y sus inefables defensores haberme matado muy pronto cualquier calentura política).

En el mismo contexto, argumentando un error de procedimiento, el Tribunal Federal Electoral le regresó la candidatura el payaso Lagrimita y obligó al Instituto Electoral a reimprimir las boletas. Más allá de los 2 millones de pesos que nos costará la payasada a los ciudadanos (lo mínimo esperado sería que corran con una carta de no-recomendación al funcionario que cometió el "error procedimental") resulta que Lagrimita tiene un techo de 5 millones de pesos por gastar... en 3 días. (Tampoco vamos a preguntar de dónde saldrá el dinero).

Es cierto, con más frecuencia de la que deseáramos, los ciudadanos "pecamos" de desentendidos de la política, pero se debe a que estamos hartos de sus vividores, de las sinverguenzadas que los convierten en millonarios a costa del erario o de los múltiples negocios que suelen hacer a escondidas de la población y de la ley.

Al principio, Enrique Alfaro dijo -por ahí deben estar sus declaraciones- que tenía años sin trabajar formalmente, pero que afortunadamente cuenta con un hermano que mensualmente le proporcionaba una cantidad para que pudiera vivir cómodamente con su familia. Ahora la versión es en el sentido de que recibió una herencia que lo transformo en millonario de la noche a la mañana.

[También se ha escuchado que hace años, cuando todavía era priista, tenía una "aviaduría" en Parques y Jardines del Ayuntamiento de Guadalajara - el webmaster.]

De quien siempre se ha proclamado limpio de cualquier tipo de contaminación: de partido político alguno, aunque ha estado en 3 y manda en el Partido Movimiento Ciudadano; de corrupción, ni qué decir de la escrituración de más de 25,000 casas de Tlajomulco en la notaría familiar; ni como presumir los antecedentes de candidatos como Carlos Lomelí, a quien parece querer conseguirle el fuero a como dé lugar, al igual que a su padrino político de "izquierda" Marcelo Ebrard; negó su alianza con Emilio González Márquez, empero, el propio Felipe Calderón se encargó de desenmascararlo, además de que la mitad de los candidatos de "su partido" -en el que no milita, claro está- provienen de Acción Nacional, tras desplazar a los militantes en activo, lo que motivo que por dignidad y coraje, éstos decidieran abandonarlo.

A José Zepeda Contreras, candidato independiente a la alcaldía de Valle de Juárez -un municipio de 5,798 habitantes al suroeste de Jalisco- le otorgaron la cantidad de 293 pesos para desarrollar sus campañas. Por estar localizado a 188 kilómetros de Guadalajara, el traslado implica un viaje de alrededor de 3 horas en automóvil, así que prefirió no recoger el recurso.

"Me hubiera costado alrededor de 600 pesos (el viaje)", explicó.

Zepeda optó por financiar toda su campaña de forma privada, su planilla de regidores y de suplentes ha aportado aproximadamente 20,000 pesos, los cuales le sirvieron para mandar a hacer lonas, pintar bardas, entre otras actividades.

En la misma situación están los candidatos independientes Jesús Oswaldo Silva, quien busca la presidencia municipal de Tuxpan; José Francisco Sánchez, aspirante a la alcaldía de Puerto Vallarta, y Pedro Kumamoto, contendiente a una diputación por el Distrito 10.

Paco Sánchez, candidato independiente de Puerto Vallarta, recibió 12,957 pesos de financiamiento público para hacer su campaña electoral en una ciudad de más de 225,000 habitantes. Ese dinero fue destinado a gastos de publicidad, y también pudo mandar a imprimir algunas lonas.

"En una campaña lo que más hace falta es el dinero", señaló. Sus simpatizantes le han apoyado con 56,000 pesos en efectivo y aproximadamente 5,000 en donaciones en especie. Además, él mismo invirtió en sus campañas y aportó 36,000 pesos de su bolsillo. "Vamos a dejarle un buen mensaje a Puerto Vallarta, tenemos muchas posibilidades de ganar", aseguró.

Por su parte, al tuxpeño Jesús Silva le otorgaron apenas 1,732 pesos, los cuales ha invertido en gastos varios de su campaña. Tuxpan está ubicado en el sur del estado y cuenta con una población de poco más de 34,000 personas.

"Realmente es poco el financiamiento y todos los candidatos independientes estamos en la misma situación: no alcanza para muchas cosas", refirió Silva, quien ha recibido solamente aportaciones en especie por un valor de 28,000 pesos, que consisten en banderines, telas para hacer estandartes y otros materiales, como pintura; también le han entregado lonas.

A Pedro Kumamoto le dieron apenas 18,000 pesos. Él ha pasado por varios problemas: le emitieron un cheque a su nombre, y éste tuvo que ser modificado, además, los bancos le ponían trabas para abrir una cuenta para su actividad política. El integrante de Wikipolítica mencionó que no ha gastado ese dinero y apenas lo pudo depositar en su cuenta; estima que lo utilizaría en separadores y calcas para automóviles.

Sin embargo, tuvo suerte en el financiamiento privado: las donaciones aportadas por sus simpatizantes ascienden a 150,000 pesos. Ese montó lo invirtió en la renta de su casa de campañas, separadores, calcomanías y otros materiales gráficos: "Estamos muy felices porque vemos que le hemos ganado al dinero", asegura.

Punto y aparte es Guillermo Cienfuegos, "Lagrimita", a quien se le otorgó el registro como candidato a la alcaldía tapatía el sábado pasado. El payaso recibirá del erario 75,000 pesos, sin embargo, desde antes de que validaran su candidatura ya había publicidad suya en diversas paradas de camión.

Esta etapa del negocio electoral se acerca a su fin.

Algunos [candidatos] mentirán de buena voluntad, otros lo harán de mala voluntad, pero unos y otros mienten. La gran mayoría ya han probado la maravilla de estar pegados al dinero público, y como ser miembro de un partido es una vergüenza, per se, la gran mayoría negarán o se harán pendejos respecto a su pertenencia, alegarán ser ciudadanos lo que implica una falsedad mayor, todos son políticos y todos van sobre el poder que da esa suma presupuestal.

No se engañe, no hay de otra, el sistema electoral es un sistema tan pero tan corrupto que como dicen de los gatos: siempre caen de pie. Veamos, el sistema electoral nos cuesta legales 20,000 millones de pesos anuales (libres de impuestos) más el dineral que por fuera le inyectan con la complicidad de todo el sistema y hablamos del enganche.

Y si a usted le gusta ser engañado, piense que pueden proponer la revocación de mandato, se oye padrísimo, sin embargo sabe usted quien sería el ganón, pues lada menos que el INE, ya que de 100 veces en que se organice la revocación 100 veces procederá la revocación (a menos que usted organice su propia consulta) en las últimas 8 elecciones ninguno ha tenido mayoría absoluta y eso quiere decir que siempre procederá la revocación, pero sabe usted quién ganará, pues la autoridad electoral cuyo presupuesto subirá al doble.

Escuchará usted que habrá "presupuesto participativo" pero yo que soy un tipo que duda de todo lo que dicen autoridades y candidatos no creo que esto sea posible hasta que la primera pregunta obligatoria del referido presupuesto sea ¿diga usted cuál debe ser el sueldo del alcalde y de los regidores? Y su respuesta sea vinculante, si no, es simplemente plática.

Por ello dentro de 8 días que será la "fiesta electoral" dese usted el gusto de ver si vota o no lo hace, si anula su voto o elige al que usted crea el mejor, si vota por sorteo o al que le caiga menos gordo. Haga lo que usted decida, porque creo que con este sistema electoral la cosa no va a cambiar.

La figura de los candidatos independientes nace de 3 consideraciones: los partidos políticos se convirtieron en oligarquías que dejaron de representar a los ciudadanos y dichas candidaturas pueden remediar ese déficit democrático; las personas que llegan sin partidos políticos como respaldo son más libres y pueden tomar decisiones más autónomas; la presión de los candidatos independientes puede propiciar que los partidos políticos se reformen ante el peligro de perder poder. En general, esos son los 3 argumentos más frecuentes para justificar a estas figuras. Sin embargo, bajo estos 3 argumentos existen pocos hechos reales, menos contrastaciones y más tabúes que realidades. Para muchos, los candidatos independientes valen por lo que son en sí mismos, y no por su funcionamiento.

El diagnóstico que hacen muchos es que los partidos sólo responden a sus intereses y se olvidan de la mayoría. Ya no responden a ideologías ni a proyectos generales, sino a sus negocios y sus intereses particulares. Hay un consenso, entre conservadores y liberales, entre derechas e izquierdas, que los partidos políticos tienden a convertirse en plataformas que dejan de representar los intereses de la ciudadanía.

El candidato independiente, en opinión de muchos, vendría a remediar ese déficit de representación. El razonamiento es que un candidato sin la presión de los partidos políticos es más autónomo. ¿Realmente es así? En mi opinión, la regla es simple: entre más compromisos firme el candidato menos independencia tendrá. Por ello, el simple hecho de que un candidato no se haga acompañar por un partido, no asegura imparcialidad. Lo hemos visto en otras latitudes, la independencia del candidato sí está relacionada con el prestigio, los atributos y el proyecto de cada uno, pero sobre todo la autonomía está atada a la forma de financiar y construir las campañas.

El problema de la falta de independencia de muchos candidatos muchas veces no es el partido, sino nuestras campañas políticas. Para ganar un municipio como Guadalajara o Zapopan, los candidatos deben sacar dinero de "todos lados", haciendo compromisos al por mayor, limitando su libertad de gestión al mínimo. No es un problema de candidatos independientes o partidos políticos, es un problema de diseño de campañas y su costo.

"Los partidos ya no representan a nadie", se oye a diario. Los barómetros que analizan la cultura cívica y los valores democráticos reflejan un escenario en donde el nexo de representación se encuentra lastimado. Sin embargo, este nexo está lastimado porque en la transición no hemos sido capaces de tocar a los partidos ni con el "pétalo de una rosa". Los partidos políticos encapsularon prácticas antidemocráticas y reprodujeron todas esas instituciones informales del viejo régimen (clientelismo, corporativismo, particularismo, corrupción). ¿Qué certezas tenemos de que los candidatos independientes podrán abolir esas dinámicas? ¿Realmente un candidato independiente representa a un ciudadano de forma más fidedigna?

La posibilidad de representar a un ciudadano de forma adecuada en las instituciones de gobierno no tiene nada que ver con la diferencia entre candidaturas de ciudadanos o candidaturas de partidos, sino la libertad y autonomía para plantear una agenda y defenderla sin pasar por encima de intereses que controlan al político.

Incluso, desde un punto de vista teórico, los partidos serían mejores plataformas para representar, porque no sólo significan la voluntad de un hombre, sino la voluntad de una serie de personas que se pusieron de acuerdo para armar un programa y delinear una serie de principios ideológicos. La representación depende mucho menos de la figura que de los compromisos y conflictos de interés que permitan al candidato, de partido o no, ejercer su labor con independencia.

Otro de los argumentos a favor de los candidatos independientes es que la figura misma presiona a la apertura del sistema de partidos. Es cierto, nadie puede negar, y menos alguien que cree en la libertad política, que la apertura política para que cualquiera pueda ser candidato, es positiva. Sin embargo, los países en donde más pasos se han dado en materia de pluralidad política no son los que han basado su transformación en candidatos independientes, sino los que han apostado porque crear partidos sea tan fácil como "comprar un café". Y es que en los países donde cualquiera puede formar un partido, es más sencillo que haya partidos de todo color y sabor, partido de nicho, de masas y regionales. Dicha diversidad permite que todos los ciudadanos encuentren un nicho geográfico e ideológico de representación, y no tengan que esperar la aparición de un candidato independiente que presione a los cambios.

La posible victoria de "El Bronco" en Nuevo León y la competitividad demostrada por Kumamoto, podrían ser incentivos reales para que el sistema se transforme. Y es que los partidos le tendrán más miedo a los desprendimientos y, tal vez, abone a su democratización. Los candidatos independientes son en sí una innovación, pero si queremos abonar a la pluralidad y a la democratización, debemos ver la coyuntura como una oportunidad para que los partidos políticos adopten nuevos criterios más democráticos y reformemos a fondo la Ley General de Partidos Políticos que lo único que hace es proteger y solapar la corrupción y la baja representatividad de los partidos políticos.

Los candidatos independientes son una figura muy importante para liberalizar nuestra democracia. Ante un sistema de partidos cerrado y oligopólico, los candidatos independientes significan un desafío importante. Sin embargo, no podemos olvidar que al igual que los candidatos de partidos, la independencia de los candidatos sin partido se encuentra subordinada a los compromisos políticos y económicos que haya tenido que hacer para su campaña o para gobernar. Es la diferencia entre Kumamoto, un joven sin compromisos y con un programa de democratización palpable, en contraposición a un candidato como "El Bronco" que demuestra muchas de las cualidades negativas que heredamos del viejo régimen, y que su independencia está más que en entredicho. Al final, la independencia de los candidatos sin partido depende de ellos mismos, nada distinto de lo que pasa en los partidos políticos.

El Presidente de la República afirma que tenemos "instituciones electorales fuertes e independientes", pero ¡por favor! Se estaba logrando con el IFE, con aquel organismo que encabezó Woldenberg, pero cuando la clase política empezó a ver que sí funcionaba, se encargó de acabárselo y hoy tenemos la bazofia que tenemos, porque participó no sólo el PRI sino todos los partidos.

¿Democracia consolidada? ¡Por Dios! Si los partidos políticos se han encargado de que vivamos en plena y franca regresión. ¿Consolidada? ¿Con el nivel de campañas que tenemos: guerra sucia, difamación y lodazal al por mayor? ¿Marrullería e intentos de manipulación de la voluntad ciudadana? ¿Cuáles elecciones libres con compra de votos, discurso del miedo y uso de la ignorancia y de la pobreza de millones de mexicanos a los que les conviene mantener así?

Por cualquier lado que se le mire, la democracia liberal es un fracaso, una farsa y un fraude. Y votar, así sea por el menos malo, es participar de esa farsa. El voto, para cualquier partido o candidato, legitima un sistema político que no sirve y que no está hecho para 99% de la población.

Es una farsa porque el actual sistema político pretende llamarse democracia sólo porque una vez cada 3 años permite al ciudadano formarse ante una casilla, obtener una boleta, cruzarla y depositarla en una urna. Cada 3 años apenas el sistema político concede unos 30 minutos al elector para que en esa fracción de tiempo (que representa 0.0019% del total de minutos que hay entre elección y elección), se elija a un candidato, partido o programa electoral. Pero luego jamás se vuelve a tomar en cuenta al elector y menos en los asuntos más relevantes.

Es un fraude porque ninguna de las grandes decisiones del país en los últimos años han pasado por las urnas e incluso en campaña los candidatos ofrecieron una cosa muy distinta a la que hicieron como gobernantes.

La "democracia" mexicana es además un sistema extremadamente ineficiente para la sociedad y un gran negocio para unos pocos. Entre 1995 y 2015 los mexicanos hemos derrochado 214,000 millones de pesos (mdp), entre el dinero destinado al IFE-INE (157,000 mdp) y el financiamiento a los partidos (58,000 mdp). Falta sumar el costo del tribunal electoral y de los sistemas electorales locales.

Lo que los defensores llaman "democracia" en México es un fracaso para 99% de la sociedad porque las cuestiones centrales y más apremiantes en la vida cotidiana de las personas no pasan por los votos; son decisiones que toman el 1% ya sea que estén o no en el gobierno. Son decisiones de los de arriba que se convalidan al acudir a las urnas.

La principal razón para no votar es que no tenemos una democracia, sino un sistema de dominación con múltiples jerarquías y opresiones, que sirve a la acumulación capitalista.

Estudiosos del voto de la UNAM y del CIDE insisten en que el voto nulo no sirve para nada. Otro sector insiste en que lo que no funciona es un sistema de partidos donde las salidas son opciones caducas, corruptas o lejanas a las necesidades de una población cada día más traicionada por la caquicracia.

De ahí que las candidaturas ciudadanas hayan sido vistas como la pureza convertida en opción.

Tuve la oportunidad de platicar con Jaime Rodríguez El Bronco. De estilo desafiante, casi grosero, Rodríguez me parecía aire fresco para un ambiente sulfurado dentro de la elección neolonesa. Pese al descarado apoyo que recibe de Grupo Reforma y el ataque igual de abierto de Multimedios, El Bronco parecía alguien que podía dar una lección de nueva política a través de redes sociales.

Luego de hablar con él, el desencanto. El Bronco recitó 3 o 4 lugares comunes como "barrer con la corrupción" y "acabar con la maldad", pero no expuso caminos y estrategias reales para ello. Populista en botas, Rodríguez pretende ser moderno, pero el ropaje podría caerse a la primera como se le caería a cualquier político. Al final, él y otros candidatos ciudadanos (aunque lo nieguen y se vistan de alternativos debido a su estrategia de campaña) terminan por ser eso y, al igual que los otros participantes de la contienda, debieran ser más cercanos a la necesidad de la ciudadanía y no a la ambición del poder que les ayude a comprobar sus teorías políticas.

Como en 2009, la opción no es el voto en blanco. Tampoco estos partidos y estos candidatos.

En los últimos meses hemos vivido un bombardeo de eslogans de los partidos políticos publicitando lo que ellos creen son propuestas. Aumentar salario: el municipio ni los diputados pueden ofertar esto por decreto. Bajar impuestos: para llevar a cabo esto se necesita de una reforma fiscal, ellos por sí solos no tienen la facultad. Llevar médico a todas las colonias: si no se logra consolidar un sistema de salud eficiente por falta y desvío de recursos, ¿quién va a pagar esta propuesta y de qué calidad la ofertarían? Vales y becas: ¿de qué partida presupuestal? Abolir la corrupción: primero que hagan responsable del mal manejo de la Villa Panamericana, de la compra de terrenos alrededor del Parque Morelos para la villa, de la contaminación del río Santiago y del enriquecimiento ilícito de funcionarios. Bajen los salarios de los funcionarios, dejen de pagar seguros, celulares, gasolinas, viáticos, etc. ¿A quién creen que engañan? Estamos cansados de los partidos y sus propuestas electoreras. Estoy cansado de votar por el menos malo, no nos merecemos eso. Anulemos la boleta para que se den cuenta que no los queremos.

El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción encuentra a Jalisco con gravísimos retrasos, que de entrada nos impiden ponernos en sintonía con este tema central en la agenda nacional.

El motivo de este rezago fue la oposición que por años ha presentado la clase política y gubernamental, así como los poderes fácticos que las controlan, para poner fin a un modelo de fiscalización a modo, que les garantiza impunidad, canonjías y privilegios.

La prueba más clara de las resistencias de la partidocracia en nuestra entidad para romper con esta trama corrupta, se da en la actual LX Legislatura, cuyos diputados y diputadas han ignorado y menospreciado 2 iniciativas ciudadanas para reformar la Ley de Fiscalización, violando con ello impunemente la propia Ley Orgánica del Congreso.

El caso es que esta omisión e irresponsabilidad de los legisladores ha degenerado en el desplome de la credibilidad y el prestigio de su brazo fiscalizador: la Auditoría Superior del Estado de Jalisco que está prácticamente en estado de coma. Y lo peor, que es la ASEJ, uno de los 2 rieles en los que debe transitar la construcción del nuevo SNA en Jalisco.

Pero el problema crece, porque el otro riel es el Tribunal Administrativo del Estado que tampoco goza de la mejor imagen y las decisiones de sus magistrados son frecuentemente cuestionadas por ir en contra del interés colectivo.

Lejos de sentirme informado u orientado por los menajes en radio y televisión, me siento invadido, contaminado y desde luego saturado.

No rescato uno solo de los mensajes difundidos.

Canciones que pretenden ser pegajosas, sin fondo, se han sumado a los mensajes tradicionales que señalan que el protagonista del mensaje es el auténtico salvador del sistema político mexicano aunque, habiendo alguna vez ya ocupado un puesto de elección popular, no haya hecho nada sobresaliente.

Ataques y descalificaciones, pero ninguna que realmente haya hecho mella o sacudido a algún candidato. Sí hay acusaciones, pero ninguna es digna de llegar a tribunales.

Además, las nuevas disposiciones electorales han resultado perversas porque han invadido de mensajes radio y televisión, y lo paradójico es que no conozco a un solo candidato por ejemplo a diputado tanto local o federal, que se sienta satisfecho con su exposición en esos anuncios, siempre les falta: todos han intentado recurrir a amigos o relaciones en los medios de comunicación para conseguir un espacio de entrevista, y si lo logran, sus contendientes exigirán equidad, y vendrá la sobre saturación pues además de los spots en tiempos oficiales, estará al aire una enorme cantidad de entrevistas, la mayoría de personajes que saben perfectamente que no pueden aspirar a más que un poco de protagonismo, a sus 5 minutos de fama, y desde luego a recursos económicos para su partido.

Reflejo todo esto de la profunda crisis en que vive el sistema político mexicano. Crisis de poder, de credibilidad, de confianza y de liderazgo. No se salva nadie, ni los candidatos independientes, que han quedado muy marginados de toda posibilidad por el avasallamiento de los partidos oficiales. Y hay que señalar la simulación de supuestos "independientes" como el de Nuevo León, que es muy probable que llegue a la gubernatura, pero después de haber tenido toda una vida política al interior del PRI.

Para nuestro gusto se trata de un chapulín tamaño gigante que viendo cerradas las posibilidades en su partido, como le ocurre a muchos aspirantes, prefirió dar el salto y buscar un lugar contra todo sentido de principios o ética partidista.

Pero por fin todo esto termina en 7 días, los ganadores irán a sus grillas, los perdedores al anonimato, y en el país nos podremos ocupar de cosas realmente importantes.

La gran ventaja de estas campañas tan bajas de nivel y tan poco motivadoras es que no están generando grandes expectativas, como ha ocurrido en otras elecciones, por lo que si los que ganan no cumplen o dejan de hacer por cumplir sus compromisos, resultará completamente indiferente.

El abstencionismo se está convirtiendo en el principal enemigo de todo el arco de la clase política: desde el PRI, hasta Morena, pasando por el PAN y el PRD. A esta campaña en contra del abstencionismo se suman los gobiernos, organismos electorales, medios, la academia, activistas y ONG´s y varias agrupaciones empresariales. Curiosa coincidencia en esta variopinta alianza que cuestiona a quienes no irán a votar.

Entre los argumentos de la alianza en defensa del sistema electoral, se dice que abstenerse no sirve en términos jurídico-electorales; que ayuda al triunfo del PRI al que se considera el partido con los atributos más negativos (autoritario, corrupto); y que, en esencia, el abstencionista no manda ningún mensaje político porque se puede interpretar como mera apatía. O todo junto.

Sobre el 1er. punto, más allá de que impacte o no en el sistema de reparto de dinero a partidos o de curules, el abstencionismo se traduce en falta de legitimidad del sistema y eso produce un efecto político concreto. El 2o. argumento es bastante pobre: se basa en la idea falsa de que el problema de México es un partido (el PRI) y no un sistema socio-histórico como es el capitalismo, un sistema de dominación fundado en múltiples opresiones. ¿Acaso votar ha ayudado a desmontar al patriarcado, la explotación, el racismo, el despojo, la represión sobre las que se sostiene el capitalismo?

Finalmente, se ve a los abstencionistas como apáticos y se les considera distintos a quienes de manera "consciente" dejan de ir a votar. En realidad, no tenemos manera de medir qué tipo de abstencionismo es apático y cuál es político. Pero no importa porque ambos producen un mensaje de rechazo al sistema político vigente. Todo el abstencionismo es político.

Lo que la clase política, académicos y opinadores cuestionan como "apatía", es un estereotipo de clases medias y de dirigentes empresariales y gobernantes que no sólo no se corresponde con la realidad, pues estigmatiza y subestima a quienes asumen la decisión de no ir a votar. Lo que llaman "apatía" es una decisión consciente de los sujetos, fundada en una inteligencia política popular reflexiva y coherente con una realidad social en la que se sitúan críticamente.

Esta supuesta "apatía" es una reflexión política que se ha ido elaborando desde hace años. No deben subestimarse las cifras históricas: en los últimos 40 años en Jalisco y México participan solamente la mitad de los electores. Esta cifra maciza debiera llevar a reconsiderar eso que interpretan como flojera o indolencia. Estos hechos y datos llevan a pensar que el abstencionismo es una postura política fundada en la experiencia de los sujetos de que votar no sirve de nada. Al menos no sirve para resolver los asuntos esenciales de la reproducción de la vida y bajo la convicción (fundada en la experiencia política) de que todos los partidos son iguales, de que el problema no es de personas, de colores o de partidos, sino de todo el sistema.

Desafortunadamente, los del Verde no son los únicos en violar la ley y en burlarse de la ciudadanía pero sí son los únicos que están siendo (justamente) vapuleados económica y mediáticamente por ello.

Ahí está el caso del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.

El Verde se alió primero con el PRD, luego con el PAN y ahora con el PRI. Ebrard fue priista, luego creó su propio Partido de Centro Democrático, más tarde migró al PRD y en el actual proceso electoral brincó a Movimiento Ciudadano.

Como en el Verde, en el PCD la estructura de mando era totalmente vertical.

Al Verde lo denuncian por actos anticipados de campaña. Ebrard ya anunció que analiza ser candidato presidencial en el 2018 y su imagen está apareciendo -sin ser candidato a nada- en todos los spots del partido Movimiento Ciudadano.

Al Verde se le critica por adoptar a priistas jóvenes y disfrazarlos de cuadros propios. Les dicen los "candidatos sandía" porque son verdes por fuera pero rojos por dentro. ¿Qué se puede decir de quien salta del PRD a Movimiento Ciudadano en una misma elección? ¿"Candidato durazno" que es naranja por fuera y amarillo por dentro?

El Verde se burla del electorado con la figura de "Juanitas", candidatas que sólo tienen como objetivo cumplir con la cuota de aspirantes mujeres pero que tan pronto ganan la elección renuncian al cargo y se lo dejan a sus suplentes varones. Justo esta figura buscó Marcelo Ebrard, como última alternativa, para colarse al congreso por la vía plurinominal: el candidato propietario iba a ser su cercanísimo René Cervera, sólo para ganar, renunciar y dejarle la curul.

El 10 de marzo de este año en estas Historias de Reportero, bajo el título "AMLO se porta como Niño Verde" usted leyó que Andrés Manuel López Obrador es también comparable con los Verdes: se publicita en spots fuera de tiempos electorales, es dueño de un partido político y él fue quien ideó lo de "Juanito" para que los suyos ganaran en la delegación Iztapalapa.

Así que desde la izquierda que tanto los aborrece, bien podrían echar mano de una de sus arengas de marcha y gritar a los verdes: "¡no están solos!".

Las encuestas son como las orejas: cada quien tiene las suyas y escucha lo que quiere. Hoy en día los sondeos son principalmente una herramienta de propaganda. Hemos de suponer que los equipos de campaña tienen otras sobre las que realmente toman decisiones y que no son las que sacan o filtran para generar opinión pública. Pero más allá de eso, aún las encuestas serias e independientes tienen cada día más probabilidad de fallar, y no porque el método científico haya dejado de ser el correcto, una muestra estadística es tan válida hoy como hace 100 años, sino porque el electorado es cada vez más complejo.

La entrañable María de las Heras, quien fuera la gran maestra de muchos de los encuestadores de este país, decía 2 cosas al respecto. La 1a., que es un error pensar que los que contestan no sabe/no contestó son indecisos, la mayoría de ellos son abstencionistas natos y otro tanto sólo esconden su voto. Y 2, que los verdaderos indecisos son aquellos que siempre tienen una opinión y una respuesta, pero cambian en el camino. Es decir, dan una respuesta en la encuesta y hacen otra en la urna, lo que hace que cada vez sea más difícil establecer un escenario electoral certero. Hoy, entre los que esconden el voto y los que cambian de opinión, el voto es más volátil y por tanto más complicado de predecir.

El INE como institución, es el medio por la cual los mexicanos contratamos un liderazgo sin capacidad ni mérito (miles de asesinados, miles desaparecidos, impunidad casi total, fuero, la peor educación del mundo y la más cara, etc.), un liderazgo sin capacidad de convencimiento (si se encontrara a un solo mexicano en todo el territorio que trabajase voluntariamente por los recursos que le son extraídos a través de tributos; tendría que estar loco). Personas en posiciones de inmenso poder que prometen una cosa y al ser contratados proceden a hacer todo lo contrario sin ninguna consecuencia; mitómanos que son incapaces de reconocer sus crímenes y faltas aun con pruebas contundentes; personas que nos endeudan más y más entre una elección a otra, sin nuestra autorización y firma y sin ningún tipo de escrúpulos, etc.

El INE, a través de contar papelitos tachados en secreto, le da validez a todo tipo de depredadores que claman autoridad, legalidad, legitimidad y derecho a perpetuar el daño a nuestras familias; las propuestas de estos depredadores son, invariablemente, endeudar y depredar más y dejar pasar a más depredadores a nuestra casa, ignorando los datos y los hechos de décadas y siglos que nos gritan: "¡Por ahí no es!".

Si contratáramos a los empleados de la comunidad abiertamente con nuestro nombre y apellido, nos obligaría a reconocernos con la misma dignidad y la misma humanidad que nuestros empleados; nos obligaría a homologar los principios que nos rigen en la vida privada con los de servicio público. Hasta ahora esto nos ha sido imposible porque el voto ejercido en secreto lo hemos aceptado como herramienta para conferir inmunidad a quienes con sus acciones hacen daño a las familias mexicanas. Para que esto termine, debemos empezar por deshabilitar lo que ahora es y representa el INE: una herramienta que se ha utilizado con otros nombres por tiempo inmemorial y ha permitido que unas personas dañen impunemente a sus prójimos.

¿Qué dice de nosotros como personas avalar desde el anonimato a quienes con leyes nos obligan a rendirles cuentas; a pagar por cosas que no pedimos y que no queremos y que no nos rinden cuentas de absolutamente nada?

Nació para ser rémora: primero del perredista Cárdenas, luego del panista Fox y ahora del priista Peña. Eso le ha permitido sobrevivir como partido, recibir millones del presupuesto y contar con el suficiente poder para traficar influencias con toda impunidad.

El Partido Verde Ecologista de México -en su nombre lleva 3 mentiras- ha sido controlado desde su fundación en 1986 por la misma familia y opera como una empresa privada de parientes y amigos.

Hoy sus más relevantes figuras son quizá la peor cara de una generación joven de políticos que no le piden nada a la vieja guardia del PRI en lo que se refiere a tropelías, abusos y simulaciones, con el agravante de que nunca han esbozado algo parecido a una línea política o ideológica.

Eso sí. Hay que reconocer en Jorge Emilio González Martínez, apodado El Niño Verde, a un genio de la mercadotecnia. Quizá le viene de familia, pues según me cuentan allegados, es él quien interviene directamente con el consultor Ulises Beltrán en el diseño de las campañas publicitarias que son su única vía para atraer votos: ante el desencanto por los partidos grandes, ponen sobre la mesa un par de propuestas concretas fáciles de entender (aunque sean irrelevantes), usan a sus aliados en el congreso para aprobarlas y salen a presumir que el Verde cumple.

Lo suyo no es el mitin ni la declaración de principios. No es el debate ni el contrapeso. No son las convicciones ni las plazas llenas. Lo suyo es el spot. Y les ha ido muy bien.

Su estrategia incluye la decisión de violar sistemáticamente la ley con el cálculo de que les será más redituable pagar las multas con tal de conquistar más posiciones que les darán más dinero.

Pero esta vez el PVEM estiró tanto la liga que generó un importante movimiento antiverde.

Encabezado por conocidos intelectuales, activistas, analistas y periodistas, y secundado por los partidos opositores al PRI, el movimiento exige que sea cancelado el registro del PVEM. A través de la plataforma digital change.org han juntado más de 140,000 firmas.

Se basan en el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos que establece como una de las causales de cancelación: "Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los organismos públicos locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral". La discusión está abierta en el INE.

Me encantaría que el Verde dejara de existir pero soy de los que piensa que eso debe ocurrir por voluntad de los electores que en las urnas no le den ni el 3% mínimo que exige la ley.

Mientras tanto, con el respeto que tengo por algunos de los impulsores del movimiento antiverde, el argumento me resulta corto: si de violaciones sistemáticas hablamos, basta hacer un recuento de las multas que año con año todos los partidos, todos, tienen que pagar por violar exactamente la misma ley. Y en change.org no se está planteando que desaparezcan todos los partidos. Vamos, ni siquiera que desaparezcan todos los partidos rémoras. Ojalá así fuera.

"La ley viola el principio de equidad como derecho humano, tiende a privilegiar a los partidos", afirmó Manuel Clouthier, candidato a diputado federal por el Distrito 5, en Sinaloa, quien no ha conseguido que el INE transmita sus spots: "Nosotros hemos tenido que suplir lo que manda la ley al INE: difundir la figura".

Pedro Kumamoto, candidato independiente a diputado local por Jalisco, menciona: "Casi no recibimos financiamiento y nos pide muchos requisitos el Instituto Electoral que no pide a los partidos políticos". Kumamoto tiene un financiamiento de 18,000 pesos. En Tabasco contienden seis candidatos independientes y la autoridad electoral local concedió 20,000 para cada uno.

"Lo más difícil a la hora de recolectar los apoyos fue la falta de recursos y publicidad", agrega Jaime Rodríguez "El Bronco", candidato a la gubernatura de Nuevo León. En entidades como Baja California, ningún aspirante independiente logró registro.

Uno de cada 2 candidatos independientes en este proceso fueron funcionarios públicos, ex gobernantes o dirigentes sindicales vinculados a algún partido.

Para Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral, la creencia popular de que los candidatos independientes deben ser personalidades alejadas de la política es una "falacia".

"El término correcto es candidatos sin el aval de un partido político porque buena parte de los candidatos independientes son políticos, esa es la profesión".

Jaime Rodríguez "El Bronco"’, que militó 33 años en el PRI, aseguró que ser miembro de un partido político no te hace bueno ni malo sino que es parte de la experiencia.

7 de cada 10 de los aspirantes a candidatos independientes que se quedaron en el camino por falta de firmas o porque se retiraron voluntariamente de la contienda, no tenían ninguna experiencia política.

De acuerdo a un análisis realizado por Periódicos Asociados en Red, el 73% de los candidatos que comenzaron a recolectar las firmas de apoyo pero fracasaron eran ciudadanos que no tenían ningún antecedente político.

Para el jefe del Departamento de Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Vidal Romero León, una de las principales debilidades que dejó la Reforma Electoral a las candidaturas independientes es la colecta de firmas, la cual es muy difícil de llevar cabo sin una base de simpatizantes. De ahí que la experiencia política sea clave en algunos casos.

"Te piden una estructura para tener un montón de seguidores antes de que comiences tu campaña o tu proceso electoral. Tienes que hacer técnicamente 2 campañas y partes desde cero. Es un proceso muy inequitativo", señaló el académico.

La legislación marca que la colecta de apoyos ciudadanos no será financiada con dinero público y que deberá ser llevada a cabo con recursos privados de procedencia lícita. También les prohíbe a los aspirantes contratar publicidad.

"Te permiten ser candidato pero no te dan la suficiente cantidad de recursos para lograrlo", acusó Jaime Rodríguez "El Bronco".

Renet Pérez Valencia, quien no logró el registro como candidato independiente para la alcaldía de Puerto Vallarta por falta de firmas, y Pedro Kumamoto, candidato independiente a diputado local por el Distrito 10 en Jalisco que sí lo logró, coincidieron: uno de los obstáculos es la falta de difusión de la autoridad electoral hacia los ciudadanos.

"Ellos creían que apoyar con la firma era ya darnos un voto. Teníamos que explicar a la gente que era solamente la oportunidad de poder participar", afirmó Pérez Valencia.

"El instituto electoral no ha dado a conocer la figura del candidato independiente. No ha dado una amplia cobertura para que la gente sepa que existimos", explicó Kumamoto.

El delegado del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales, indicó que algunos aspectos deben replantearse por el poder legislativo y consideró que es un esquema que no permite la participación en condiciones de equidad.

No sé si Jaime Rodríguez Calderón, apodado "El Bronco", vaya a ganar las elecciones que dentro de dos semanas se realizarán en Nuevo León.

Sí sé que Rodríguez no es un candidato independiente: es un candidato hoy sin partido, que militó 33 años en el PRI, por el que fue diputado local y federal, además de presidente municipal, al que renunció apenas en septiembre pasado, porque se vio sin posibilidades de lograr la candidatura a gobernador. Y se lanzó entonces como candidato apoyado por un poderoso grupo de poder local en Nuevo León.

Toda esta historia me recuerda a la de muchos otros políticos populistas que llegan al gobierno empujados por grupos de poder, hartos de los partidos, y que una vez sentados en la silla se olvidan de sus patrocinadores para convertirse en autócratas.

Hasta ahora la única oferta de Jaime Rodríguez es que tiene, como él dice, güevos, y que es, como se hace llamar, bronco. Pero, más allá del comprensible enojo social, para gobernar un estado tan complejo como Nuevo León se necesita más cerebro que güevos, más programas que entusiasmo, y más equipos y compromisos que aventuras y ánimo de confrontación.

No tener partido no lo hace independiente, lo hace impredecible.

Los conflictos recientes del INE demuestran que los que mandan ahí son los partidos políticos y no los consejeros electorales.

Apenas el pasado miércoles -a 17 días de celebrarse la jornada electoral- el Consejo General del INE resolvió derivarles a los organismos electorales locales la responsabilidad de definir el monto de financiamiento que podrían recibir los candidatos independientes en elecciones locales. ¿Qué pasará si un candidato ya gastó más dinero de lo que después se les aprueba, como puede ocurrir en Nuevo León?

El pasado día 13 del presente el Consejo General del INE resolvió otorgar registro como candidato a diputado federal suplente al mismo personaje (Marcelo Ebrard) que el 29 de Abril pasado el Tribunal Electoral le había revocado el registro como candidato como candidato propietario al mismo cargo; y ayer viernes por unanimidad el tribunal cancela definitivamente ese registro y cualquier otro posterior al político que el INE se ha empeñado en registrar. ¿Qué logró el INE con esa actitud retadora al tribunal?

El INE aplica multa tras multa al Partido Verde, y a Morena no lo toca "ni con el pétalo de una rosa" no obstante la abierta campaña que con los tiempos oficiales del actual proceso electoral realiza López Obrador para las elecciones del 2018. ¿Será porque el joven Lorenzo Córdova se encuentra en un conflicto de interés derivado del hecho de que su suegro era el líder de Morena en el DF hasta enero pasado?

Gracias a Dios, ya se acaba el bombardeo de publicidad electoral, donde los partidos mienten, como ejemplo, el PAN ofreciendo bajar los impuestos como si no recordáramos que fue precisamente Felipe Calderón quien impuso el Impuesto Empresarial a Tasa Única, IETU, que provocó la ruina de muchas empresas. Los anuncios del PRD, PT y MORENA, donde dicen que ellos sí saben gobernar están de locos, solo falta que pongan al señor de las ligas y a Andrés Manuel como ejemplo de la honestidad de esos partidos, ya no digamos los anuncios del Verde, y del candidato del RIP de Guadalajara que va a convertirla en el BIG BROTHER, cubriendo con cámaras toda la ciudad. ¿Con qué recursos y quién las va a monitorear?

Esta tormenta artificial, llena de odio y frustración, se hizo cada vez más violenta a partir del martes que publiqué que era Enrique Alfaro Ramírez, candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara, el que engañaba a los ciudadanos al denostar en su Facebook el trabajo periodístico de MILENIO JALISCO, por haber descubierto su verdadero perfil de intolerancia, irresponsabilidad y autoritarismo por el manejo que dio al caso de la violación de normas impulsadas por él mismo como diputado, en el que incurrió cuando amplió su casa sin las licencias y permisos correspondientes. Hecho por el que, por cierto, tiene 2 semanas sin dar la cara, ni siquiera a la autoridad municipal de Zapopan que ayer lo multó por no atender el apercibimiento y regularizar la ilegal situación de la finca que puso a nombre de sus hijas. Es decir, ignoró el requerimiento de una autoridad como la que él encabezó en Tlajomulco, y que quiere encabezar de nuevo, pero ahora en la capital jalisciense.

La defensa que hice de nuestro quehacer periodístico por la descalificación de una noticia que ignoró y que terminó reconociendo ayer que tramitó un amparo de un tribunal de distrito para que el municipio no hiciera la demolición o clausura de la obra, coincidió con la más brutal campaña de desprestigio en redes sociales contra MILENIO JALISCO.

La despiadada y -por anónima- cobarde estrategia virtual, tomó como rehén a una joven de 24 años que no hace mas que buscar hacer bien su trabajo en una dependencia pública y ayudar, sin ser militante, a una amiga suya en campaña política.

Su pecado, ser hija del director de un periódico que nunca en sus casi 25 años de reportero había sido cuestionado en su ética profesional. Incluso el hoy rijoso Alfaro exaltó públicamente mi trayectoria en aquella crisis que como Alcalde vivió por sus inconsistencias al explicar un viaje en jet privado a Cuba.

¿Quién responde por el daño irreparable de las difamaciones contra ella de que es aviadora, el invento de que cobra 80,000 pesos mensuales y que es militante priista?

(V.pág.5 del periódico Milenio Jalisco del 22 de mayo de 2015).

Muy grave debe estar la descomposición del sistema político mexicano para que la Iglesia [Católica], que tradicionalmente ha mantenido una postura mesurada, lo critique fuertemente, al igual que a los políticos, calificándoles incluso de actores de maldad.

Recordamos tradicionalmente a la Iglesia mexicana guardando una posición políticamente correcta, hasta cierto punto distante de los grandes problemas nacionales. Existieron por supuesto históricamente algunos sacerdotes críticos, e incluso muy comprometidos con las causas más desesperadas, pero difícilmente como institución toda ella se había pronunciado oficial y abiertamente contra nuestra clase gobernante.

En el más reciente editorial del semanario "Desde la Fe", que publica el Episcopado Mexicano y que viene siendo el órgano oficial de la Iglesia de nuestro país, se habla de las próximas elecciones y de los candidatos a partir del profundo desencanto, desconfianza y desilusión que existe entre nosotros respecto al quehacer de los políticos.

Se habla textualmente de un sistema que si bien ha querido demostrar que pretende cambiar y ser transparente a través de las más recientes reformas, también con una inusitada habilidad de la propia clase política consigue "encontrar resquicios, empoderarse indecentemente y violar la ley", siempre con el objetivo de mantenerse en el poder y seguir creciendo con base en la corrupción.

Puntualmente el semanario habla de las parejas imperiales, familias que viven como magnates a costa de los cargos de representación popular y por los partidos solapadores de mafias. Ahí caben todos, desde los jerarcas que manejan los partidos hasta los que gobiernan en las cámaras, pasando por toda la legión de senadores, diputados y alcaldes. Es cada día más habitual descubrir en las redes sociales y en medios precisamente a esos jerarcas luciendo en viajes, ostentosas comidas y con amigos peligrosos, y a sus hijos o hijas, a quienes la Iglesia llama los "vástagos y juniors", presumiendo en Facebook fotografías de visitas a lugares exóticos. Y después, escuchamos a los propios políticos trabajando arduamente por tratar de justificar esos gastos, sin caer en cuenta que a cada palabra se hunden más y más en el descrédito.

Por supuesto la Iglesia habla de la gran crisis que provoca el que en un país de pobres, y en estados particularmente golpeados por la paupérrima situación de sus habitantes, surjan parejas como los señores Abarca en Guerrero, presumiendo incluso padrinazgos por parte de políticos y delincuentes, para poseer un pequeño imperio de ostentación e impunidad.

Se une la Iglesia también a las voces que claman por hacer algo antes de que se agrave aún más la crisis; de la necesidad de tener una real democracia donde los que gobiernen sean auténticos servidores públicos, al pendiente de los grandes problemas nacionales, y no los mismos de siempre montados en su egoísmo y su frivolidad.

Buena noticia saber de esta voz de la Iglesia, y reconocer que empieza a estar de nuestro lado.

No recuerdo, desde que existen las nuevas instituciones electorales, que entraron en vigor en los comicios de 1991 y se consolidaron para 1994, un proceso electoral que esté tan mal encarado como el que estamos viviendo en estos días. No se trata ya de las condiciones de competencia, ni siquiera de las demandas, cotidianas, de presuntos fraudes o irregularidades, ni siquiera de los hechos aislados de violencia: de lo que se trata es del profundo deterioro de las instituciones electorales, consecuencia de una reforma realizada con prisas, con desaciertos notables, y que por su complejidad y restricción impide imponer normas claras, por lo que en lugar de transparentar el proceso logra enturbiarlo como nunca antes.

Una reforma implementada en tiempos demasiado cortos y con un consejo general del INE, consecuencia una vez más de las desaparición de sus antecesores, permeado, como nunca antes, por los intereses partidarios, muy estrictos con algunas fuerzas políticas como el Verde, y muy permisivos, hasta el exceso, con otras, como Morena.

Marcelo Ebrard vive en una casa cuyo predio se regularizó y cuyo permiso de uso de suelo fue modificado mientras él era jefe de Gobierno. Por si hace falta decirlo, regularizar/modificar un inmueble es un dolorón de cabeza que seguro se hace más leve si la máxima autoridad de la ciudad está interesada en que los trámites caminen.

David Razú vive (o hasta el martes vivía) en un departamento rentado en un edificio construido mientras él era el número 2 de la delegación Miguel Hidalgo, en donde se encuentra el inmueble. Sucede que el edificio viola la ley, que tiene más pisos de los que debiera, que hubo cosas raras (por decirlo suave) durante la regularización de ese predio. Y que trámites y construcción de esa obra ilegal ocurrieron mientras Razú era altísimo funcionario de la MH.

Seguro estos casos son meras casualidades, eventos surgidos por purititita mala suerte. Muy, pero muy mala suerte.

Con Marcelo, esto de la mala suerte con sus caseros se enreda aún más (ver notas de Milenio de lunes y martes). Porque no sólo el predio por el que hoy paga 80,000 pesos al mes fue regularizado en sus tiempos como mejor alcalde del mundo, sino que, maldita mala suerte, los constructores de la casa donde vive han tenido relaciones comerciales con un hermano del ex jefe de Gobierno e incluso con el Partido Centro Democrático, ese fundado por Marcelo. Damn it! Bien decían que este mundo es un pañuelo. (Ver columna de Alberto Aguirre del martes en El Economista).

Por cierto, en esa columna de Alberto Aguirre se cita otro dato que constituiría sobre el mal fario que persigue a nuestros políticos con sus arrendadores. Sucede que ese columnista recuerda que el penthouse que Ebrard rentó en el Parque México de 2006 a 2011 perteneciente a Salvador Izquierdo Carballeda, de profesión arquitecto. Sucede que un arquitecto de ese mismo nombre aparece en el portal de transparencia del Distrito Federal, con un millonario contrato fechado en diciembre de 2008 para vender gasolina al Gobierno del Distrito Federal presidido por Ebrard.

¿El arrendador ganó un contrato del GDF presidido por el arrendatario? No. Sería demasiada mala suerte. Incluso para nuestros ya comunes asuntos de caseros de políticos.

Esta cauda de casos tienen en la casa blanca de Las Lomas, de la familia del presidente Enrique Peña Nieto, a su mayor exponente. De tantas constructoras inmobiliarias que hay en México, la esposa del mexiquense fue a hacer tratos con una compañía favorecida con contratos por gobiernos presididos por su esposo. Qué mala pata, de veras.

Banobras, por medio del Fideicomiso 1705 creado para la construcción de la nueva sede del Senado de la República, [le] ha destinado 4,188 millones de pesos, 2,489 millones de pesos más de los 1,699 proyectados originalmente para la obra.

Anular el voto es, antes que nada, una reivindicación de las elecciones como vía y garantía de la democracia. Quien anula el sufragio padece y enfrenta un incómodo dilema: está tan convencido de que hay que defender a las elecciones que por eso acude a las urnas. Pero al mismo tiempo está persuadido de que ninguno de los partidos le gusta. Terrible contradicción: hemos construido un sistema electoral profundamente complejo y costoso y sus principales beneficiarios son partidos marrulleros, aprovechados y/o desnaturalizados. En esas condiciones, anular el voto es un ejercicio de responsabilidad cívica. Con ese gesto rechazamos a los partidos pero defendemos a las elecciones.

No todos piensan así, desde luego, y en el elenco de posturas ante las elecciones se encuentra una de las riquezas de la democracia. Los más insistentes adversarios del voto nulo son simpatizantes de algún partido. Les parece que entre quienes se proponen anular hay votantes que podrían ser reclutados. De allí su obstinación para advertirnos que invalidar la boleta termina beneficiando a los partidos con más votos.

Ese argumento es falso. Los partidos con clientelas electorales más numerosas de cualquier manera tendrán votaciones altas que les favorecerán en la distribución de diputaciones plurinominales, así como de las prerrogativas que se otorgan a partir de los votos. Aquellos que dicen que la anulación les conviene a los partidos grandes (sobre todo piensan en el PRI) suponen que, si no anularan, los ciudadanos que se plantean esa opción votarían por alguno de los partidos de la oposición.

Por eso son tramposillas, o demasiado voluntaristas, las cuentas de quienes impugnan la anulación diciendo que así se respalda al PRI o al PAN. El voto de quienes anulan no se le resta a ninguno de los partidos porque no estaba comprometido con alguno de ellos. Luego, entonces, no era un voto anti-priista, ni anti-panista, ni contra ningún otro.

Específicamente, muchos de quienes se han manifestado contra la anulación pretenden que en vez de ejercer ese recurso los ciudadanos expresen su descontento votando por alguno de los partidos considerados como de izquierda. Ese cálculo es demasiado condescendiente. Cada ciudadano tiene sus propias motivaciones y son definitivamente respetables las decisiones de aquellos que votarán en libertad por uno u otro partido. En lo personal, me dan envidia las certezas de quienes encuentran motivos para votar. Algunos anularemos porque no compartimos ese optimismo, o esa resignación.

Los motivos para no votar por el PRI son parte de nuestra historia y desembocan en abusos, como la casa blanca de la familia presidencial, muestra de la insensibilidad política que el grupo gobernante ha manifestado en los meses recientes. Para no respaldar al PAN no hace falta más que recordar los muchos errores y la nula autocrítica de los gobiernos de Fox y Calderón, así como las simulaciones de algunos de sus miembros más conspicuos.

Las causas para no respaldar al Partido Verde se han convertido en noticia de 1a. plana y son ratificadas por el desvergonzado respaldo que le dan Televisa y Televisión Azteca. Nueva Alianza sigue siendo el brazo político de la descompuesta dirigencia magisterial. Movimiento Ciudadano es un frente de viejos priistas. El Partido del Trabajo reivindica a gobiernos autoritarios como los de Venezuela y Norcorea.

Encuentro Social y el Humanista son partidos de ideología deslavada y no representan más que a sus ambiciosos dirigentes. Morena está al servicio de un caudillo mentiroso y pícaro; pocos personajes hay tan antidemocráticos como López Obrador.

El PRD se ha empeñado en no ser el partido de izquierda moderna que en algún momento pareció constituir: su lastimosa retractación de las importantes reformas que contribuyó a crear hace dos años da cuenta de su inconsistencia ideológica; el cobijo que algunos de sus dirigentes dieron a los corresponsables del crimen en Iguala, ha sido la peor expresión de sus conveniencias o componendas políticas.

La política nunca es impecable, por supuesto. Sería ingenuo pretender que los partidos se apartaran completamente de costumbres e inercias que han definido a la vida pública del país durante demasiado tiempo. Pero en ninguno de ellos se aprecia un genuino esfuerzo de renovación. Se parapetan en las apariencias como aquel príncipe en la novela de Lampedusa, para que todo siga igual.

Algunos aconsejan votar por el menos malo. En la vida, recuerdan, casi nunca hay opciones perfectas y por eso debemos preferir al menos peor. Esa apuesta por el realismo tiene algo de franqueza pero también de conformismo. El mal menor se elige cuando estamos ante la ineludible necesidad de tomar una decisión entre opciones que rechazamos y cuando son peores las consecuencias de no escoger una de ellas.

En esta elección no estamos ante dilemas de esa índole. Delante de la boleta electoral, tenemos la libertad de elegir a cualquiera de los partidos o a ninguno. Esa es la libertad que se ejerce con la anulación del voto.

También se equivocan quienes proponen la anulación del voto porque consideran que todos los partidos son iguales. Evidentemente no lo son. Algunos son más abusivos que otros. En varios de ellos hay ciudadanos bienintencionados. La política, como el resto de la vida, es complicada y no se resuelve en compartimientos maniqueos. Pero aunque tienen historias, circunstancias y quizá expectativas propias y por eso no son iguales, ninguno de los partidos actuales despliega una política diversa a la que nos disgusta a algunos ciudadanos. Claro que son distintos entre ellos. Pero ante rutinas y vicios de la política mexicana, ninguno hace ni garantiza una diferencia.

No tiene sentido anular el voto para dejarles un mensaje de reproche a los partidos. Si anulamos no es para movilizar la conciencia en los partidos sino debido a la ausencia de ella.

Anular el voto es una decisión dolorosa. Nadie invalida la boleta con alegría. Se trata de una acción que es resultado de la contrariedad y el desaliento. Pero quizá podría contribuir a enfatizar la necesidad de una política diferente.

Mi voto no está secuestrado. Mi albedrío ciudadano me permite otorgar o regatear el sufragio. Anular es una decisión anticlimática y pesimista, pero sincera y libre.

El mal menor no es elegir al partido que nos disguste menos, sino la decisión de no favorecer con nuestro sufragio a ninguno de ellos. El voto es mío, no de los partidos. No de esos partidos. Se trata de un dilema ético pero también estético.

La corrupción política aumenta el abstencionismo, por lo que el clientelismo juega un papel crucial. Es decir, son las estructuras políticas las que pueden determinar el voto si no hay el suficiente entusiasmo popular para castigar al gobierno en turno que neutralice la movilización.

La incógnita consistía en si, a raíz de la invitación de las autoridades electorales a que dirigentes de partidos, candidatos y operadores de las campañas suscribieran un "pacto de civilidad" o asumieran alguna forma de compromiso de jugar limpio y de dar a la contienda previa a las elecciones la altura que, en general, ha brillado por su ausencia, aquéllos se comportarían como personas decentes... o como lo que son.

En efecto: era como pedirle peras al olmo...

El más reciente ejemplo de que las campañas degeneran, más tarde o más temprano, en "guerras de lodo", surgió en la estrategia de utilizar la base de datos de que prácticamente cualquier hijo de vecino puede disponer, llamar a los domicilios de los potenciales votantes y hacerles una comedida invitación a sufragar, el próximo 7 de junio, por Perico de los Palotes (para utilizar un nombre ficticio).

El procedimiento es añejo, y su eficacia muy discutible: en cuanto el receptor de la llamada percibe que se trata de una grabación, sabe que no está obligado al mínimo de cortesía de dejar que termine el mensaje. Cuelga, pues, sin el menor remordimiento.

En el caso que se ha puesto en práctica, hay la peculiaridad de que las llamadas se hacen... entre las 4 y las 5 de la mañana. Es decir que se despierta al ciudadano, alevosamente, para inferirle la monserga de recomendarle la candidatura del susodicho Perico de los Palotes... La reacción lógica es de enfado, y, en consecuencia, de comprensible antipatía hacia el candidato en cuestión.

El supuesto favorecido -y, en realidad perjudicado- por esa campaña, ya presentó la denuncia "contra quien resulte responsable"... Por supuesto, aun en el caso de que se identifique al pérfido que orquestó esa sucia estrategia y eventualmente se le sancione, lo más probable es que el daño ya esté hecho. Como el tiempo no alcanzará para informar a todos los receptores de las llamadas inoportunas, impertinentes, muchos ciudadanos llegarán a las casillas predispuestos a votar... contra el tal Perico de los Palotes, cuyos adversarios -travestidos vilmente como sus promotores- les hicieron la perrada (no hay ningún vocablo más apropiado para designar el hecho) de arrebatarles un día las mejores horas del sueño.

Con lo cual queda demostrado que pedir limpieza a los contendientes y promover pactos de civilidad en las campañas electorales, en México... es demasiado pedir.

Los partidos hicieron una ley electoral tan restrictiva que hoy casi todo está prohibido y los candidatos se desesperan de no poder hacer ni decir nada. El recurso que les queda es tratar de generar algo que por lo menos llame la atención y en eso muchas veces se cae en la provocación facilona o en el machismo político.

En este contexto el PRI presentó una demanda acusando a MC (sin ninguna prueba, sólo con sospechas) de que se había contratado a una empresa de call center (los mismo que hacen llamadas para los bancos) para promover el voto por los candidatos del PRI... pero a las 4 de la mañana. La haya hecho quien la haya hecho, la travesura es buenísima: no hay mejor manera de generar una imagen negativa que recibir una llamada de un candidato a deshoras. Y digo travesura porque esto ni siquiera entra en lo que se llama guerra sucia, pues no hay denostación ni calumnia, pero funciona perfectamente bien como campaña negativa.

Será muy difícil, por más denuncias que pongan, que se pueda saber el origen de las llamadas, esto es, quién pagó, quién diseño el mensaje, quién hizo la travesura. Me temo que será un asunto más de los que la fiscalía especial de delitos electorales tendrá que investigar y que no va a llegar a ningún lado.

El riesgo de perder la elección en la mesa por una acción de este tipo es realmente bajo, y el incentivo en mucho, porque en las maravillosas leyes que hacen nuestros diputados todo está prohibido, pero nada se castiga. Cuando lo que está en juego es el poder la lógica debería ser la inversa. Prohibir poco, pero ese poco debe tener castigos muy altos para evitar que los equipos de campaña caigan en la tentación de reírse de la autoridad electoral. Por lo pronto podemos estar ciertos que eso que llaman guerra sucia a los equipos de campaña les da risa.

El impacto de estas llamadas indeseadas es tan evidentemente negativo, que al menos Salvador Rizo presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia Electoral. En ésta, se deslinda y le proporciona al fiscal en la materia 3 teléfonos ya identificados desde los que se han efectuado los telefonemas: 5749055110, 3330014300 y 8180008300.

Cuando se puede considerar que las campañas políticas ya agotaron su parte más mediocre, la de menos calidad, brotan fenómenos como éste para comprobar que los equipos de campaña todavía tienen un arsenal insospechado.

Hay una cara tragicómica detrás de las llamadas de las que nadie se hace responsable, y otra bastante más seria.

La primera es que en una elección intermedia como la de este año, en la que se espera que el nivel de votación puede rondar poco más del 52% del total del padrón según estima el Instituto Electoral de Jalisco, es cuando menos irrisorio que haya quienes recomienden y le apuesten a irritar a la gente, ya harta y divorciada de la clase política: todos los candidatos pierden. Además, a estas alturas de la competencia están más que definidas las tendencias de votación y una campaña de telefonemas no va a cambiar el curso del río.

La parte seria es que con seguridad no va a pasar nada en la Fiscalía Especializada en Materia Electoral; la denuncia de Chava Rizo quedará en el anecdotario a pesar de que evidencia cómo los datos personales son una mercancía que circula libremente y se vende al mejor postor, ya sea para vender, para acosar, para promover o denostar a un candidato. Es un delito más que se suma a la larga, larga lista de impunidades que ocurren todos los días.

Cuesta trabajo comprender qué le ha pasado a Marcelo Ebrard.

1.- Con el cargo público más importante ocupado por un perredista -la Jefatura de Gobierno del DF-, manejando su jugoso presupuesto, con altos niveles de aprobación, acreditado opositor del régimen de Felipe Calderón, Ebrard no fue capaz de pavimentar su ruta presidencial. En su lugar, un alicaído Andrés Manuel López Obrador le arrebató la candidatura del PRD. Perdió AMLO, perdió Ebrard, se pelearon.

2.- Como alcalde improvisado, correteó la obra pública para alcanzar a tomarse la foto. Hoy, los documentos lo dejan mal parado: apresuró la construcción de la Línea 12 del Metro, un proyecto en cuya puesta en marcha estaba involucradísimo. La Línea no funciona, afectando a medio millón de personas diariamente mientras crece la condena pública, la sospecha de malos manejos por este escándalo político financiero de 20,000 millones de pesos.

3.- El hombre de capacidad política notable no pudo esta vez arreglarse con los grupos perredistas con los que siempre supo arreglarse. Perdió la nominación del PRD así que tuvo que saltar súbitamente a Movimiento Ciudadano y entrar así a un callejón legaloide en donde la máxima autoridad electoral le retira la candidatura, y ahora él pretende darle la vuelta usando la patética figura de un "Juanito", que siempre criticó en sus rivales.

4.- Ante la publicación de su "affaire inmobiliario" reacciona a patadas. Sorprende que un político con su experiencia no haya descubierto la vulnerabilidad de rentar una casa en cuyo historial aparece una extraña y millonaria maniobra de varias décadas entre un famoso perredista-lopezobradorista y el Gobierno del DF, primero en tiempos de su mentor Manuel Camacho y luego durante su propia gestión. La casa terminó siendo comprada por un socio y amigo de su hermano y rentada a su persona.

Recuerdo que cuando buscaba aparecer en la foto de los austeros al lado de López Obrador denunciando fraude electoral en el año 2006, Ebrard se exhibió con la lujosa lista de la mesa de regalos de su carísima segunda boda.

Fingir lo que no es. Un negocio en el que siempre Ebrard ha quedado atrapado.

Funcionarios, legisladores, dirigentes partidarios tienen diversos negocios privados o han participado en actividades privadas.

Son hombres y mujeres que sabemos de lo que viven y cómo han hecho su fortuna. Los que deberían preocuparnos son los que durante años han vivido de la política, nunca o casi nunca han tenido un trabajo remunerado, y no se dignan, siquiera, decirnos de qué viven. Esos son los peligrosos.

Domingo 17 a las 4:12 de la madrugada. Suena mi teléfono a un lado de la cama. Despierto asustado, aunque me tranquilizo al ver que no conozco el teléfono que aparece en la carátula: 574-905-5110. "Otro borracho con dedos temblorosos utilizando su celular entre los humos de su 'delirium tremens'", pienso. Al menos le voy a contestar para pendejearlo. Aprieto el botón de "talk" (después de encender la lámpara para encontrarlo) y escucho una grabación: "¡Buenos días! Vota PRI...". Furioso y en automático cuelgo, como hago siempre con las llamadas de los robots telefónicos. No puedo volver a dormir fácilmente, así que me pongo a pensar: "Por muy imbéciles que sean los políticos -y vaya que lo son-, no creo que hayan llegado a un nivel de cretinismo tal en que piensen que van a ganar votos despertando ciudadanos en la madrugada... -como el de los curas que creen que a cohetazos incrementan la devoción y la feligresía, y por tanto las limosnas-. ¿Entonces? ¿Por error el robot se encendió antes de tiempo? Pudiera ser. ¿Algún otro partido o grupo de antipriistas (tan abundantes como inútiles) despertando ciudadanos en la madrugada para enfurecerlos contra el PRI? Mucho más probable... 'Piensa mal y acertarás', dice el antiguo refrán... ¡En qué mierda se ha convertido la política en este país! Piensa uno que ya no pueden empeorar y encuentran siempre la manera de bajar un escalón más".

Por la mañana trato de investigar. Llamo al 0157-4905-5110. La clave LADA no existe, ni 57 ni 574. El 574 internacional corresponde a una población de Uruguay. A "Googlear": Existen reportes de ese número desde hace varios años. Parece ser que se usó con fines políticos en las elecciones del 2013 en Aguacalientes, lo demás es telemercadeo o "phishing". El día de hoy hay varios reportes de que estuvieron haciendo llamadas por la madrugada. Hay quejas acerca del número en varios países europeos. En algún rincón de la Internet se comenta que es un número que utiliza Skype y que puede ser utilizado para hacer llamadas a bajo costo (o para enmascararlas, pienso yo).

Como diría un amigo argentino: "¡Pinches políticos... sos cagada!". Por lo pronto, si quiero dormir más o menos completo en estos calorones, a descolgar el teléfono hasta que pasen sus pinches elecciones. Si hay alguna emergencia, pues van a tener que ir a la casa y tocar la puerta, porque el timbre casi no se oye.

En nuestro entorno las elecciones no tienen nada que ver con la democracia, ni siquiera con nuestra democracia tropicalizada, simplemente se trata de dinero, digamos el enganche para entrar a la gran ubre, que se forma con la aportación anual de 38,000 pesos que [en promedio] a cada ciudadano -lo sepa o no- nos cuesta tener gobierno.

Durante las campañas adopto el consejo que daba el maestro don Hermenegildo Torres, fundador y presidente del PUP: me hago pendejo, como los niños digo "no te oigo, soy de palo"; pero qué quiere, no me gustan las mentiras y de eso se trata la fiesta. Así, la gran mayoría de las noticias que dan como logros son cuando menos cuchareadas si no totalmente, sí en buena parte, desde luego con base a estadísticas, siempre manipulables, porque ya sabemos que los porcentajes son el arte de mentir con números; y lo que esperan hacer, qué bárbaro, va a estar todo tan pero tan bien que vendrán embajadas de todo el mundo y planetas cercanos para imitar la felicidad que nuestros prohombres y promujeres nos generan ¡Qué buenos son!

Pero hay evidencias de que además de ser campeones mundiales de impunidad -título que nada ni nadie podrá cuestionarnos válidamente-, también ocupamos uno de los más notables lugares en corrupción; si no me cree, dígame si en algún país del mundo después de anunciar alguna publicidad mencionan: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines diferentes a los establecidos en el programa". Si hubiera un himno a la corrupción estoy seguro que esa sería la letra.

No creo sea una cosa que pueda mejorarse mientras sigamos pagando más de 20,000 millones de pesos anuales en esta mascarada electoral.

Peña Nieto lo está haciendo mal, y las encuestas de evaluación presidencial lo muestran, pero la oposición lo está haciendo peor. Y eso es una tragedia para la salud de nuestra frágil vida pública.

Por distintas razones, el deterioro que padecen el PAN y el PRD, provocan que el PRI encabece las intenciones de voto para las próximas elecciones. En otras palabras, eso significa que las autoridades no tendrán que pagar ninguna factura política por sus errores.

Ciertamente no es fácil optar entre el presidencialismo y la partidocracia. En los procesos en los que manda el congreso los ciudadanos nos quedamos con la impresión de que los asuntos se deciden a favor de las dirigencias de los partidos, empeñadas en mantener sus privilegios. Agendas mezquinas que tienen muy poco que ver con las banderas ideológicas que presumen durante las campañas. En los nombramientos de consejeros electorales, ministros, miembros de comités de competencia, etcétera, han mostrado una y otra vez un espíritu mercenario deplorable que termina en repartos de pastel por cuotas partidistas.

Pero eso no hace más virtuoso al presidencialismo, particularmente por la larga tradición autoritaria de la que procedemos. Las tentaciones están allí, y no veo el caso de ofrecerles un caldo de cultivo para que se reproduzcan. Están claros de que el país debe cambiar, pero también están aferrados a que cambie sin que se modifique las lógicas que les permitirían seguir en el poder.

Si algo lamentable existe en el debate de las campañas es la pretendida tlajomulquización de Guadalajara: que pobreza mental y de visión desperdiciar tiempo en discutir si el modelo o referente de lo que Guadalajara puede ser o dejar de ser, es Tlajomulco (sin saber si se refieren a Chulavista, San Agustín o la cabecera municipal). ¿Qué los tapatíos no deberían aspirar mejor a tener una ciudad como Kyoto, Amsterdam o Helsinki, en vez de querer ser como Tlajomulco? El problema sería después querer tlajomulquizar Jalisco.

Recordando elecciones anteriores en donde ha pasado lo mismo, la verdad es que llego a la conclusión de que ni ataques ni propuestas; a estas alturas, tanto unos como otras no hacen ya tanta mella en el electorado, hemos dejado de creer y cada vez somos menos susceptibles a sus peroratas.

En el caso de los ataques, estas expresiones, muchas veces con pruebas incluidas, a las que recurren algunos candidatos para denostar a sus contrincantes, se ha llegado a una situación tal que ya ni se creen, por lo general, porque resulta que pasadas las elecciones, aun cuando se trate de acusaciones que impliquen acciones legales, no se vuelve a hacer ni decir nada. Esto por un lado, y por otro, resulta que muchos de los señalamientos son falsos o se manejan con marrullería barata (hay marrullería magistral) fácil de detectar como achacar problemas de ámbito federal o estatal cuando las facultades municipales son distintas.

Se echan en cara cuanta cosa, cierta o falsa, en una guerra de lodo en la que terminan salpicando al electorado más y más harto de que este sea el estilo que prevalece en las campañas. Con esta actitud, que no atinan a corregir pese al enfado y hartazgo manifiesto de muchas maneras, logran -hasta parece su propósito- que mucha gente se aleje de este tipo de procesos y opte por no participar, por no involucrarse, ya sea que vote por el que sea, el menos peor; o que de plano ni piense en acudir a las urnas, ¿para qué?

Y en el caso de las propuestas también estamos en problemas, porque con todo y que sí haya ideas, proyectos, iniciativas, compromisos y promesas, rara vez, muy rara vez se cumplen.

¿No sería mejor, en lugar de ataques y propuestas vanas, en este diálogo de sordos entre ellos, escuchar a la gente?

Los candidatos independientes son un logro de diversos sectores sociales que no se sienten representados por ninguno de los partidos existentes.

Debe aceptarse que los partidos y sus candidatos han dado motivos para que el electorado no se sienta identificado con éstos.

¿Qué puede pensar un elector de un político que acepta públicamente que robó, pero "poquito", que organiza fiestas de miles de personas y que en éstas le levanta la falda a una joven? ¿Qué mensaje mandan los partidos cuando su propaganda y tiempos oficiales los dedican a las descalificaciones y a los ataques, más que a las propuestas y a los temas que interesan a la gente? ¿Cómo debe interpretar el elector la decisión del PVEM de violar reiterada y sistemáticamente la ley?

Además de El Bronco en la contienda por la gubernatura de Nuevo León, existen 22 candidatos a diputados federales independientes, a los cuales se les destinaron 23 millones de pesos.

Debe precisarse que los candidatos independientes son políticos sin partido. Al menos en el caso de Manuel Clouthier Carrillo, hijo de Maquío, candidato presidencial del PAN en 1988, y El Bronco, se trata de políticos profesionales.

El Bronco ha sido presidente municipal de García, Nuevo León, diputado federal y por más de 3 décadas ha ocupado cargos como funcionario público estatal y municipal. Ha tenido una participación destacada en el combate contra el crimen organizado. Además cuenta con recursos económicos cuantiosos para financiar su proyecto político.

La existencia de candidaturas independientes o de políticos sin partido político es un avance. Constituye un poderoso llamado de atención a las fuerzas partidarias en materia de democracia interna y en las reformas que deben realizar para eliminar las prácticas que los alejan de la población. Si los partidos no cambian y se adaptan a las exigencias de una sociedad cada día más plural y diversa, el electorado volteará la mirada y su voto hacia quien o quienes consideran más cercanos, honestos y capaces o por simple simpatía o por hartazgo a las propuestas tradicionales.

A partir del 8 de junio, la ruta de la candidatura independiente será un escenario que se analizará a detalle en los equipos de varios personajes de la política, el dinero y la sociedad que de manera privada, en este momento, piensan en la elección de 2018.

Ahora es solo una remota posibilidad, pero el eventual triunfo de El Bronco en Nuevo León abriría el escenario de la disputa de la Presidencia de la República entre los partidos y ciudadanos. Ojo con los candidatos independientes.

Penosos los recientes debates que han protagonizado los diferentes candidatos, destacando los de los municipios de Guadalajara y Zapopan.

Lo único que faltó, en casi todos los casos, fueron propuestas reales y concretas, ya que en la mayoría de las propuestas se engaña a la ciudadanía con planteamientos que están fuera del ámbito competencial del cabildo municipal, tal es el caso de propuestas como las de un candidato, hablando de educación preparatoria o algún otro que habló del tema de seguridad pública en materias que solo corresponden, por el tipo de delito, a las autoridades federales.

El puntero en las encuestas en Guadalajara, Enrique Alfaro, entró esta semana en una grave espiral descendente por 2 razones: 1o. quien se dice candidato ciudadano fue exhibido como lo que en verdad es, un político millonario.

2o. aún más grave para muchos de sus partidarios, es el confirmar que atrás de su candidatura está Emilio Gonzalez, quien no contento de haber traicionado primero a Fernando Guzmán Perez Peláez en sus aspiraciones a la gubernatura, ahora traiciona a su partido apoyando a Alfaro en contra de Alfonso Petersen.

Al no ser ya un secreto a voces el apoyo que Emilio brindaba a Movimiento Ciudadano, muchos de sus secuaces probablemente renuncien en estos próximos días, para vestirse de naranja y cambiar su discurso político, probablemente argumentando que a pesar de que aún creen en los principios del partido albiceleste, no comulgan con las directrices impuestas por los dirigentes.

El mundo en contra de él. Dice que el gobierno federal quiere "eliminarlo", que el jefe de Gobierno lo ha "vetado", que a sus ex compañeros de partido (hay que suponer que de todos aquellos por los que ha transitado) les es difícil convivir con la congruencia que él (y hay que suponer que sólo él) ha mantenido en su vida política. En esencia, Marcelo Ebrard demuestra estar generosamente dotado del gen de la victimización, ese que es tan socorrido como dañino para nuestra sociedad (cómo no escuchar la plañidera diaria del "nos dejaron hasta el último... con letra chiquitita...", siendo que el orden de los partidos en la boleta electoral está determinado por la antigüedad de su registro, al tiempo que el tamaño de los logos es exactamente el mismo).

Por lo visto, tener facilidad para la victimización no resta habilidad para intentar, así sea de manera subrepticia, obtener lo que se desea. Así, ante la decisión del Tribunal Federal Electoral por negar su candidatura a una diputación plurinominal, bajo la interpretación de que el espíritu de la ley señala que en un mismo proceso electoral no se puede aspirar a una candidatura por más de un partido político, el caso que ocupa al personaje viene dando sus vuelcos.

Quien en su momento se consideraba como uno de los mejores alcaldes del mundo y tenía un amplio reconocimiento público, quien se quedó a una de 5 respuestas de una encuesta para ser candidato a la Presidencia y posteriormente menospreció la posibilidad de ser senador ahora busca ser suplente plurinominal de diputado. Vaya, cómo cambian los tiempos, ¿o será tanta la urgencia por contar con fuero? Porque el hecho es que el increíble atraco a las finanzas de la capital por el desfalco de 42,000 millones de pesos por la Línea 12 del Metro sigue sin cerrarse por completo.

En cualquier caso, parafraseando al clásico, en materia electoral quien no puede lo más -la titularidad- no tiene con qué poder lo menos -la suplencia. No se ve cómo el mismo tribunal que negó aquella podría permitir ésta. ¿Para qué entonces el garlito de la suplencia? ¿Para seguir aumentando el índice de victimización personal?

Recientemente le preguntaban a Ebrard: "¿En qué momento pierde un político la dignidad?" (Revista R; abril 12, 2015). "El día que cambia sus convicciones más esenciales por un cargo público". Qué pena. A confesión de parte, relevo de pruebas.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 14 de mayo de 2015).

Me da gusto ver que muchos políticos dedican una atención cada vez mayor a los abusos que sufren los trabajadores. Toca el corazón, por ejemplo, que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Manera, esté apoyando a los jornaleros de San Quintín que son, sin duda, los que sufren mayores abusos y reciben los peores salarios de nuestro país. ¿O no es así?

Pues parece que no. Los agricultores de Baja California afirman, por lo pronto, que pagan los mejores salarios a trabajadores del campo en todo el país. Esto explica por qué miles de trabajadores de Oaxaca y de otros estados del sur siguen yendo a levantar cosechas en San Quintín. Su remuneración es mucho mayor a la que obtienen en sus lugares de origen.

En Oaxaca el trabajo agrícola se remunera usualmente por debajo del mínimo de 70 pesos al día (2,100 al mes). Es común, de hecho, que ni siquiera se cubra esta cantidad. El trabajo sin remuneración de niños o ejidatarios es común en los campos oaxaqueños.

En San Quintín el sueldo es de 100 pesos al día según las propias organizaciones que han montado el movimiento de los jornaleros. Los agricultores afirman que pagan cuando menos 130 pesos al día, casi el doble del salario mínimo, pero las compañías grandes van mucho más allá. Héctor Luján, director general de Berrymex, la mayor empresa de producción de San Quintín, afirma que sus jornaleros reciben "entre 2,000 y 4,000 pesos netos", no al mes sino a la semana.

Es verdad, por otra parte, que muchos trabajadores del campo no están inscritos en el Seguro Social... pero en Oaxaca y no en San Quintín, donde están sindicalizados y tienen IMSS además de prestaciones de ley o superiores.

¿Por qué entonces ha surgido el movimiento de la Asociación Nacional por la Justicia Social en el Valle de San Quintín con integrantes oaxaqueños? ¿Por qué protestan por las condiciones de Baja California y no las de Oaxaca que son mucho peores? Quizá porque es un movimiento político, apoyado por la Sección 22 de la CNTE, y no de defensa de los trabajadores. Las tierras en Oaxaca son ejidales o comunales y no es políticamente correcto protestar por los malos tratos o los bajos pagos de trabajadores en tierras de propiedad colectiva. En cambio las tierras de San Quintín son privadas. Por eso las protestas son ahí.

El jefe del gobierno capitalino también ha querido mostrar su preocupación por los trabajadores del valle de San Quintín. Curiosamente no lo hace por los que laboran en la ciudad de México, en una dependencia de su propia administración, en circunstancias bastante peores. Ayer recibí en mi programa de radio una llamada de una persona del público, Manuel Rivera, que dijo: "Los trabajadores de limpieza del Metro con uniforme naranja están en calidad de esclavos. Les pagan 70 pesos por día en una jornada amplia y el pago llega muy atrasado. Están peor que los de San Quintín. La empresa es fantasma, no existe. Esas personas no tienen ni para comer y buscan residuos entre la basura".

Los trabajadores de limpieza de empresas de outsourcing son, efectivamente, los únicos que conozco que realmente ganan el salario mínimo en la ciudad de México. Varios me han mostrado sus recibos de pago con ingresos de poco más de mil pesos a la quincena. Si la información de este radioescucha es cierta, lo mismo estaría ocurriendo con los trabajadores de limpieza del Metro. Sin embargo, es más rentable políticamente protestar por los bajos ingresos en San Quintín que cambiar las condiciones mucho peores de los trabajadores de limpieza del Metro capitalino.

¿Bajo qué criterio acepta el INE la candidatura del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México Marcelo Ebrard para diputado suplente por Movimiento Ciudadano cuando el Tribunal Electoral rechazó su postulación como titular? Las reglas electorales son cada vez más confusas y contradictorias. ¡Cuidado! La confusión destruye la confianza en los procesos electorales.

Conforme pasan las semanas de la campaña electoral, parece aumentar el hastío, molestia y rechazo hacia esta forma de hacer política del sistema liberal. Pasan los días y la mayoría de los ciudadanos pasa de largo las campañas y a todos los partidos.

Es tal el rechazo a las formas de hacer política del sistema de democracia representativa, que hasta los opinadores liberales critican campañas y debates entre candidatos. Esta crítica surge en buena medida por la ilusión liberal de pensar que las campañas son espacios de deliberación, de contraste de programas, esencialmente de propuestas mediante las cuales los ciudadanos elegirán al mejor gobernante o partido. Y asumen con las campañas se completa el proceso de legitimación democrática de los candidatos para que lleguen al poder público. Las campañas electorales del mundo real son otra cosa.

Las campañas electorales son el despliegue de un conjunto de recursos económicos y materiales, estrategias, propaganda e ideas para conservar o disputar el poder, llevadas a cabo por los políticos profesionales, sin importar los medios usados para conseguir sus propósitos. Son proyectos políticos de grupos de profesionales del poder que buscan mantenerlo o ganarlo, a costa de lo que sea.

No es tan cierto que no haya análisis ni propuestas como con frecuencia los comentaristas liberales y la fuente que las cubre les reprocha a los candidatos. Regularmente suele haber análisis y propuestas, pero quedan subordinados a los temas llamativos, escandalosos, a las filtraciones interesadas desde los llamados "cuartos de guerra".

Pero el problema de fondo no es que las campañas del mundo real no deje contentos a los opinadores y cronistas del círculo rojo, sino que en el fondo son formas de hacer política diseñadas para que los que controlan el poder, lo sigan haciendo.

Las campañas no son el punto de encuentro entre los aspirantes al poder y los ciudadanos que los eligen; son formas de representación política en la que los candidatos simulan tener un acercamiento y buscan la adhesión de las masas para legitimar su proyecto y llegada al poder.

Las campañas son formas diseñadas completamente desde arriba que buscan imponer un modelo y un dominio político. Y de eso la gente está harta. Y no se trata de la lectura que hacen los liberales, ni se trata del desinterés y apatía, sino de la convicción de que ninguna facción de la política profesional resolverá los más graves problemas que se viven cotidianamente.

¿A quién hay que culpar de la inutilidad cívica de los debates? Sin asomo de duda, al timorato Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco y a los cobardes partidos políticos que participan en el diseño.

Todo aquél que haya participado en un debate de verdad, sabe que no se usan temas abstractos. Se usan problemas concretos, y de ser posible, polémicos. Lástima que va ex post, pero les voy a poner dos ejemplos. Uno: Frente a un narcobloqueo, ¿qué debe hacer un presidente municipal en el ámbito de sus reducidas facultades? Y ahí sí, comparar propuestas y permitir a los candidatos que repliquen de verdad. Que evidencien la ignorancia de uno sobre las facultades y el presupuesto, la cobardía de otro, la ingenuidad de uno más.

Otra: las luminarias. Poner luz es una de las principales tareas de un alcalde. Las luminarias de la ciudad tienen una vida corta, son robadas, se funden y se compran a sobreprecio. ¿Qué proponen y en qué zonas?

Parecerá tonto, pero ahí se puede ver si saben administrar, si conocen los problemas zonales (no es lo mismo la oscuridad de la Americana que la de Oblatos), si saben de licitaciones, de proveedores y de innovación.

Los millones de spots son insufribles. Las sonrisas vacías de miles de candidatos exhiben su seducción por la imagen por encima de la propuesta. Los cientos de millones de pesos de multas a los partidos suenan espectaculares... salvo que se pagan con nuestro dinero.

Pero algo bueno está saliendo de las campañas.

Esta guerra de lodo nos permite enterarnos de cosas que no sabíamos, porque cuando en el chapuzón de agua puerca hay verdades (y hay que decantarlas de las no pocas mentiras que circulan), sirve conocerlas:

Los ex senadores y ahora candidatos del PAN a los gobiernos de Querétaro y de Baja California, Pancho Domínguez y Carlos Mendoza, respectivamente, presumieron en conversación telefónica filtrada apoyos de un empresario por "6 kilos (se presume que millones de pesos) al mes" para sus campañas. Y que siendo senador Domínguez usaba con frecuencia aeronaves de la gasera Gas Express Nieto y guardaba silencio en la Comisión de Energía sobre las irregularidades de esa empresa.

Supimos de las reuniones del candidato del PRI al Gobierno de Campeche, Alejandro Moreno, "Alito", con el dueño de Oceanografía, Amado Yáñez; el uso que hacía del helicóptero de esa empresa y los negocios familiares del ahora candidato en el sector energético en Estados Unidos. Y que su "principal oponente" de Morena y el PT, Layda Sansores, hace campaña sin dejar de cobrar en el Senado aunque, claro, ya no va a trabajar.

También que la candidata del PRI a gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, usa aviones privados del propietario de una empresa a favor de la cual cabildeó como senadora. Y que su oponente del PAN, Javier Gándara, colecciona mansiones de lujo en Estados Unidos, con un valor de 117 millones de pesos (de las trapacerías del gobernador local nos enteramos desde antes).

Supimos que el candidato independiente al Gobierno de Nuevo León, Jaime Rodríguez, "El Bronco", omitió incluir en su declaración de bienes 70,532 metros de solares urbanos y 62 hectáreas de parcelas de los que se hizo... cuando era alcalde.

Hemos tenido información de los carísimos relojes del presidente del PRI, César Camacho, y los excéntricos viajes de la familia del presidente del PAN, Gustavo Madero.

Los resultados de las elecciones en Gran Bretaña demostraron que las encuestas fallaron. El partido de David Cameron conquistó una aplastante victoria, llevándose la mayoría absoluta de los escaños de la Cámara de los Comunes (331 de 650).

Una vez que se evidenció el triunfo contundente de los conservadores, Ed Miliband no sólo aceptó la derrota, sino que renunció a la dirección del Partido Laborista.

Desde luego que en México a ningún dirigente partidario le pasa por la cabeza renunciar cuando pierde las elecciones, porque nuestros políticos adolecen del sentido de responsabilidad, pero a los ciudadanos tampoco se nos ocurre exigirlo.

En nuestro país, la desconfianza es el motor más aceitado para orientar las percepciones de los electores y por ello, las encuestas todavía no son un instrumento en manos de los ciudadanos, sino en las de los partidos que las aprovechan para sustentar su no aceptación de las derrotas.

En fechas recientes el CIDE publicó un estudio en el que se pregunta si las investigaciones académicas son tomadas en cuenta para la creación de políticas públicas. El resultado es sorprendente: el 84% de los funcionarios entrevistados (de entre 70,000) admite que hay indiferencia hacia la propuesta académica y más aún, que no existe una agenda común entre ambos sectores.

Estamos a un mes de la elección y la lejanía con la sociedad se acrecienta, el desencanto priva y la desesperanza se ha convertido en paisaje cotidiano encapsulado en spots de 30 segundos. A como se comportan hoy, no hay forma de que se dé un gobierno articulado que cree consensos y condiciones de negociación que beneficien al electorado. La lucha por el poder pudrió la posibilidad.

Quien gane, de todas formas perderemos todos.

En el Poder Legislativo, reside la función de aprobar las leyes y algunas otras funciones como la de aprobar nombramientos de determinados funcionarios. Tal vez por la menor carga de trabajo este último poder, ha tratado de engrosar las filas de la burocracia con bastante éxito.

Al efecto, los constituyentes del 17, legislaron tomando en cuenta las circunstancias de la época y nuestra azarosa historia patria y, con toda razón, pensaron que, habiendo tan solo 10% o menos de mexicanos que sabían leer y escribir, lo más conveniente sería no pedir muchos requisitos para que todos los ciudadanos pudieran ser diputados o senadores, con el fin de integrar un congreso democrático y popular.

Fue así como los artículos 55 y 58 de nuestra Constitución política establecen que para ser diputado basta con ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos, tener 21 años cumplidos y ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él, con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de la votación. En tanto que para ser senador se requieren las mismas condiciones que para ser diputado, excepto la edad, que debe ser de más de 25 años.

Bueno, eso fue allá por el año 17 del siglo pasado, van a ser ya casi 100 años. Ahora las cifras de analfabetismo se han volteado, según el Inegi hay poco más de 9% de compatriotas que no saben leer ni escribir, por lo que ya estamos en posibilidad de agregar a nuestra Carta Magna unos cuantos requisitos para mejorar la calidad de nuestros representantes populares.

Tenemos 400 diputados y 128 senadores, el costo de la apertura democrática se multiplicó enormemente, sin necesidad: muchos países de primer mundo no tienen cámara de senadores, las funciones que estos realizan bien pueden asignarse a los diputados sin menoscabo de la eficiencia legislativa, por lo que las cosas ya pueden volver a su estado original; esto es, 200 diputados y 64 senadores, a reserva de desaparecer definitivamente esta última cámara.

Por otra parte, no es únicamente el gasto de los altos sueldos, dietas, comisiones, gratificaciones, bonos, celulares, gastos médicos, seguros de vida, gastos de viaje nacionales y al extranjero; sino la caterva de asesores que tiene autorizado cada legislador; se dan casos de diputados y senadores que nombran asesores a sus padres, a sus hijos y parientes. Para ahorrarnos los asesores, podría pedirse a los diputados mayor grado de escolaridad, estudios de ciencias políticas y una especialidad en alguna de las ramas del derecho. Sobre todo ahora, que la escolaridad es gratuita desde pre primaria hasta doctorado, tenemos mucho campo de donde escoger para ahorrarnos los asesores.

Así mismo, debería prohibirse la separación, por renuncia o por licencia temporal, para aspirar a otros cargos de elección popular.

Estamos cansados y decepcionados de nuestra clase política, pero es la única que tenemos. Pasarán generaciones para que cambie, y debemos seguir señalando sus errores, muchos de los cuales nos han llevado precisamente a esta situación frente al narco porque son sus omisiones y corruptelas las que permitieron que floreciera como lo ha hecho la industria del mal en nuestro país.

El propio secretario de la Defensa Nacional en su 1a. intervención pública después del viernes de los bloqueos, y seguramente pensando que 6 de los caídos ese día habían sido militares, lo manifestó cuando hizo un llamado a la unión y a respetar las leyes, pero (y aquí la crítica a la autoridades políticas) rompiendo los sitios de intolerancia, corrupción, impunidad, ilegalidad e irresponsabilidad, que usted y yo sabemos, son los territorios donde mejor se mueve nuestra clase política.

El espectáculo de los candidatos que, en cuanto sus partidos los destapan como tales, hacen hasta lo imposible por acercarse a los jerarcas eclesiásticos, raya en lo grotesco. Poco tiene que ver ese espectáculo con sus personales convicciones religiosas, y sí mucho con el oportunismo más rastacuero que puede concebirse. Tales aproximaciones no buscan un consejo; ni siquiera una bendición: buscan una fotografía, o, cuando menos, una nota periodística: un guiño a los electores, al final de cuentas, a partir de la máxima de que "al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija"... Algunos altos dignatarios de la clerecía, advertidos de que esos feligreses de ocasión son viles oportunistas que pretenden utilizarlos, se niegan a tragar el anzuelo: los reciben -no hacerlo sería una descortesía atroz-... pero se cuidan de que no se sepa.

Con el freno a la distribución de los programas sociales se reconoce la utilización del dinero público para partidos políticos, comenta Jesús Ibarra Cárdenas, profesor e investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO.

Esto "es un absurdo, aunque tenga el fin de conservar la equidad en la contienda: Hay relaciones clientelares con esos recursos y la única opción que encuentran las autoridades es prohibir su distribución y con eso afectamos a quienes lo necesitan".

Diagnostica que el verdadero problema está en la legislación, que no maneja controles estrictos para establecer un contrapeso a esas irregularidades, pero tampoco existe transparencia en la entrega de los recursos.

En el país se seguirá tratando de resolver el problema del uso de recursos públicos para campañas electorales: "No le queda claro a la gente que recibe el apoyo del programa, que es un derecho suyo y no debe quedar bien con un partido político".

Canciones "guapachosas" en ritmo de cumbia. Candidatos que bailan tribal o quebradita. Promocionales en los que se apela a las groserías para supuestamente reflejar el malestar ciudadano. Uso de actores o comediantes... Los partidos políticos están echando mano de lo que sea para llamar la atención de los potenciales votantes rumbo a la elección del 7 de junio.

Aunque en países con democracias consolidadas este tipo de material propagandístico sería motivo hasta de mofa, en realidades como la mexicana, donde los electores aún tienen un nivel de crítica bajo, sigue siendo efectivo, de acuerdo con el catedrático del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas y experto en mercadotecnia política, Andrés Valdez Zepeda.

En un promocional de un partido, ciudadanos que caminan por las calles de la capital del país son abordados para cuestionarlos sobre el enriquecimiento y la adquisición de relojes con piedras preciosas o propiedades por parte de funcionarios de otro "color". Al exponer los antecedentes, responden con groserías: "No tienen madre. Son ching...ras". El partido aludido contraatacó con mensajes en los que presenta actos de corrupción de políticos del otro bando.

Andrés Valdez dice que esta práctica "es utilizada en campañas de Estados Unidos. Se le denomina estrategia de los puntos de ira". Luego afirma lo siguiente: "Pregúntate qué es lo que le enfada o molesta a los electores. Si es la corrupción, la ineficiencia, la inseguridad o la carestía de la vida. Y a partir de ahí genera tu estrategia. Lo que molesta en México es la corrupción. Lo que trata de hacer esa publicidad es mover el descontento social de los electores, conducirlos a la urna y transformarlo en votos. La corrupción como tema para tratar de manchar a los adversarios se sustenta en el principio del carbón: si no quema, al menos tizna. Y en una campaña negativa el objetivo es manchar al opositor".

En la periferia del voto duro militan verdaderas jaurías de oportunistas, éstos no saben nada de lealtades emotivas o arraigos familiares de partido, andan tras de un empleo de tres o seis años en las mejores condiciones laborales posibles, donde todo es ganar sin tener que rendir cuentas; al igual que los meseros, no van por el salario, van por las propinas.

No sabemos el tamaño de estos grupos, pero es evidente que su nivel de desarrollo político es ínfimo, o sus necesidades o avidez muy apremiantes. Forman parte de ese sector social que no ha descubierto que su verdadero progreso y prosperidad individual atraviesa por una genuina transformación de las estructuras políticas del país. Ajenos y alienados de esta verdad, se empeñan en apostarle al sistema a cambio de obtener la miserable migaja de un empleo. Y el sistema se los agradece prolongándose de manera indefinida, y prolongando con esa misma característica la postración del país y su permanente parálisis democrática.

Seguramente todos los partidos tienen su porción de voto duro y su contingente de oportunistas, no es creíble que ignoren lo que significa para el país seguir haciendo política de esa manera, pero el país les tiene sin cuidado o porque lo ven bajo la anticuada lupa del patrioterismo romántico del siglo pasado, o porque no son capaces de verlo con los ojos de la inteligencia democrática, ver en la reconstrucción de las instituciones la mejor posibilidad para el progreso de todos.

Por lo pronto hay que soportar el circo, maroma y teatro de las actuales campañas, unos haciendo propaganda porque les pagan, otros porque esperan pagos de mayor calado y duración, todos desaforados sin siquiera ponerse de acuerdo para no llamar 2 o 3 o más veces a la misma puerta donde ya les dijeron que no, o que sí.

Ya podrían seguir haciendo esto y tantas otras cosas, si no fuera porque este dispendio se realiza con dinero público, dinero que no se aplicó, por ejemplo, a mejorar los pavimentos donde sus propagandistas se paran a promover el voto.

En México estamos acostumbrados a campañas malas, aburridas y caras. Campañas con poca información e impregnadas de frivolidades. Campañas sin rumbo, en donde puede más la táctica que las ideas; en donde se impone la frialdad del cálculo. Campañas que nos dicen nada: un candidato comiendo con su familia en un spot y demostrando que es buen padre; otro candidato que nos recita frases huecas; y hasta el candidato que sale bailando para demostrarnos que es uno como nosotros. Las campañas en México se han convertido en sufrimiento para la ciudadanía.

Es innegable que la ley electoral está diseñada para que las campañas aburran. Incluyendo el periodo de precampañas, supuestamente reglamentado para que los partidos políticos desahoguen sus procesos internos, las elecciones duran poco más de 5 meses. Son 5 meses repletos de publicidad oficial, spots que no dicen nada y espectaculares que atiborran la ciudad de puntos comunes. La ley está hecha como coraza protectora de campañas huecas y vacías, la institucionalización de la tiranía del spot.

Los medios de comunicación están atados a una falsa equidad, en donde se debe informar con pocas opiniones y poniendo el micrófono al primer candidato que lo pida. No importa si un candidato es creativo y presenta una agenda de propuestas sólidas, su cobertura será la misma que un candidato que se quedó "rascándose la panza" en su casa. El mérito desapareció de las campañas. La creatividad se sanciona y la monotonía se premia.

En el mismo sentido, la estrechez de miras de los consejeros electorales tampoco abona a campañas de calidad. En todas sus resoluciones, la Comisión de Quejas y Sanciones del INE, compuesta por 3 consejeros, ha privilegiado la censura del mensaje de contraste, eludiendo una posible interpretación más liberal. Como menciona Jesús Silva-Herzog Márquez, es la visión de un grupo de consejeros que cree que nos puede decir qué podemos y qué no podemos ver en la televisión, cual padre con sus hijos. Una interpretación pobre y paternalista por parte de los consejeros. Es una ley que mete la mano en los medios de comunicación, premiando a los que hacen mal su chamba y castigando a los que buscan innovar.

Las distancias ideológicas entre los partidos se han reducido a matices. No deja de ser extraña esta claudicación ideológica en un país con 53 millones de pobres y un modelo económico que ha tenido como resultado un raquítico crecimiento promedio anual de 1.8% en 30 años.

En gran parte, los culpables del desvanecimiento de las ideologías son los despachos de imagen y asesoría que hoy en día juegan un papel fundamental en las campañas. La política se ha vuelto esencialmente táctica. "No digas esto", "mejor evita aparecer", "no asistas a determinada reunión", o "no digas lo que piensas en ese tema". Las campañas se convierten en puestas en escena en donde los caros despachos de asesores son los grandes directores de la obra. Le dicen al candidato cómo vestir, cuándo sonreír y cómo declarar. Buscan reducir la incertidumbre y los compromisos al mínimo. La ideología y el proyecto es lo que menos importa. Así, una campaña aburrida y monótona es la mejor noticia para algunos asesores. Sobre todo para aquellos despachos que asesoran a los punteros.

Este divorcio entre propuestas y voto, es un incentivo más para la construcción de campañas aburridas. A la misma aversión que tienen muchos candidatos por el compromiso hay que abonarle la baja rentabilidad de construir una campaña sustentada en propuestas. La imagen o la mercadotecnia personal son herramientas mucho más eficaces para aumentar la intención de voto. Esta realidad dista mucho de lo que sucede en otras latitudes, en donde el posicionamiento de los candidatos en las distintas materias es fundamental para atraer o perder apoyos electorales.

Las campañas son aburridas por la bajísima cultura de debate que tenemos los mexicanos. Tal vez por ello dice Jorge Castañeda que en México se fomentan más los concursos de oratoria que los clubes de debate. En el imaginario de nuestra cultura política, debatir es destruir; debatir es dividir; debatir significa encono e irritación. No lo vemos como una forma de resolver nuestros problemas, por el contrario como un problema en sí mismo.

Esta aversión por el debate se ha reproducido como un desincentivo para que los políticos arriesguen por auténticas campañas de contraste. El político prefiere mostrar a su familia, hablar de su carácter o de su afición futbolística, que atreverse a compararse con los demás candidatos, a exponer públicamente sus fortalezas y debilidades. Los políticos no van a cambiar su aversión al riesgo y al debate, hasta que el elector le haga ver que se premia a los que discuten, a los que dan la cara y a los que se atreven a defender sus proyectos públicamente.

Hay muchos elementos que abonan al aburrimiento en las campañas. Tenemos en México el coctel perfecto para hacer de las campañas otro espacio que abona al descontento social y que reproducen el hartazgo con la clase política y con los partidos. Los mexicanos no son menores de edad que deben ser tutelados [?], sino ciudadanos que quieren información y contraste. Las buenas campañas son las que dotan de información al votante, bajo esta premisa la democracia mexicana está reprobada.

Durante esta semana escuche de forma atenta los anuncios. Una tristeza.

El PAN, luego de comenzar con una campaña negra basada en la estrategia de un ex asesor de los Clinton y el vocabulario que su presidente de partido utiliza de forma cotidiana, decidió entrar a la 2a. etapa de la campaña con 3 propuestas: bajar impuestos, subir salarios y mejorar la economía familiar.

No dicen cómo y evitan explicar el por qué no lo hicieron en los 12 años que fueron gobierno federal. De hecho, creen que se puede olvidar que modificaron el IVA para subirlo un punto más luego de la crisis económica mundial. La incongruencia convertida en cántico.

El PRI responde con 2 caminos de propaganda. El 1o.: recordar que el partido azul no hizo nada en 12 años. Obvian explicar que el marasmo panista tuvo como cómplice al freno tricolor que le decía "no" a todo lo que significara un avance a los mandatos de Fox y Calderón.

En su 2o. acercamiento, el PRI habla del 2o. tiempo y la necesidad de meter a los mejores elementos para cubrir ausencias. Parece que, en la metáfora del balompié, tiene una Presidencia que no le gustan los cambios y cuyo capitán metió goles que se han eclipsado por escándalos cual Maradona toluqueño.

En el lado de la izquierda, entre los cánticos de Barrio Zumba y otras linduras, sobresale Andrés Manuel López Obrador que miente con la verdad. Le dice al público que al Movimiento de Regeneración Nacional lo dejaron en la cola y con letra chiquita. El rayo martirizador a todo.

Esconde el candidato virtual de MORENA que el lugar obtenido en la boleta va ligado al registro sin cuestión aleatoria y la letra chiquita es por el diseño que su partido decidió mandar a registro ante el INE.

Para terminar, vean hacia el cielo: sonrisas, medias sonrisas, muecas de todos tipos. Muchas de ellas falsas, forzadas, poco sinceras.

Si las sonrisas reflejan el futuro, es hora que nosotros nos quitemos la propia de la cara.

Detrás de los paros y escándalo del poder judicial [de Jalisco] lo que hay es una lucha por el control administrativo y presupuestal. No es que pensemos mal, pero si el consejero de la judicatura, Alfonso Partida Caballero, alias "el Paros" (el apodo es inmejorable) dice que el mal logrado concurso para concesionar el estacionamiento era un negocio a modo de los magistrados, algo debe saber. Y si los magistrados dicen que detrás de la demanda de suspensión promovida por el consejero está en interés del grupo Universidad, al que él pertenece, de operar el estacionamiento con una empresa de ellos, es totalmente creíble.

El presidente del tribunal, Luis Carlos Vega Pámanes, dice que una parte de los paros de labores están organizados desde la oficina del consejero, lo cual, en el contexto de enfrentamiento que se traen, es también perfectamente creíble, aunque en todo caso está lejos de ser el único factor de los problemas laborales del tribunal que al parecer desbordaron ya al presidente; los paros del Paros están inscritos en un contexto de protesta que ya venía manifestándose desde hace varias semanas.

De poco sirve seguirnos rasgando las vestiduras por la policía y la inseguridad si no metemos en cintura al poder judicial. No hay duda de que existe un gravísimo problema presupuestal y de falta de personal, pero meter dinero en este momento en un poder corrompido hasta la médula y dividido por el control del escaso, pero sustancioso, presupuesto, es como echar agua en un barril sin fondo.

La Secretaría de Hacienda revela que 51 alcaldías de Jalisco aumentaron sus deudas con bancos. De los 8 ayuntamientos metropolitanos, 4 registran una mayor deuda a la recibida en septiembre de 2012. Tonalá, uno de los municipios más endeudados del país, es un caso especial: cuando Jorge Arana llegó a la alcaldía tenía deudas por 780 millones de pesos con bancos, pero al cierre de 2014 los pasivos aumentaron 188 millones para quedar en 968 millones de pesos. En El Salto el incremento fue de 96 millones de pesos a 204 millones, respectivamente.

Los pasivos de Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán también registran un crecimiento constante, de acuerdo con el último reporte (del 4o. trimestre de 2014) sobre "las obligaciones financieras de los ayuntamientos con la banca comercial, de desarrollo y emisiones bursátiles".

Exceptuando a Lagos de Moreno, La Barca, Mazamitla, Autlán, Ocotlán, Tequila y Tapalpa, que también dejaron crecer sus pasivos, el resto de la lista la integran municipios pequeños y con los mayores índices de pobreza en Jalisco. Villa Purificación, por ejemplo, registraba pasivos por 700,000 pesos y en diciembre pasado cerró con una deuda de 21 millones de pesos. Cuautitlán de García Barragán arrastraba 14.5 millones de deuda y reportó 22.4 millones de pesos en el mismo periodo, mientras San Martín de Bolaños, uno de los municipios más marginados en el estado, pasó de no tener pasivos a deber 4.4 millones.

En esta situación se encuentra Lagos de Moreno que, de no tener ningún adeudo, ahora debe a instituciones bancarias 63.2 millones de pesos.

Otros municipios que también incrementaron sus pasivos son: Ayotlán, Cocula, Ejutla, El Arenal, Huejúcar, Ixtlahuacán del Río, Jamay, La Barca, La Huerta, Pihuamo, Sayula, Techaluta y Zapotiltic, entre otros. Aunque en este reporte no se incluyen las deudas a corto plazo, con proveedores, programas federales o Pensiones del Estado, por ejemplo. Esto significa que los pasivos de los 51 ayuntamientos en referencia son todavía mayores.

En el ámbito estatal y en términos generales, Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco y Puerto Vallarta son los municipios más endeudados. Pero con excepción de Tonalá, los otros municipios en mención registran una menor deuda a la acumulada hasta el 3er. trimestre de 2012.

Los pasivos de Guadalajara, el 2o. municipio más endeudado del país, pasaron de 2,671 millones a 2,419, esto es, 252 millones menos; mientras que Zapopan debe 324 millones menos; Tlajomulco, 99 millones, y Puerto Vallarta, 75 millones menos.

A escala nacional, Tijuana es el municipio más endeudado, seguido por Guadalajara, Monterrey, Hermosillo y León.

Aunque Guadalajara, Zapopan y Tonalá son los municipios metropolitanos que registran los mayores pasivos circulantes o de corto plazo, Tlajomulco y Tlaquepaque son los que reportan el mayor incremento porcentual de este tipo de adeudos.

La administración de Tlajomulco aumentó los pasivos a corto plazo en 208% desde septiembre de 2012 a noviembre pasado. Estos conceptos ascendían al iniciar la administración de Ismael del Toro a 41'535,059 pesos; sin embargo, para noviembre de 2014, la cifra se había disparado hasta los 128'278,503 pesos.

Esto llevó a que los pasivos totales ascendieran a los 476'666,000 pesos, considerando el empréstito bancario.

Mientras tanto, Tlaquepaque duplica sus adeudos de corto plazo y se ubica como el 2o. municipio de la metrópoli con el mayor incremento: 138%, al pasar de 22'884,000 pesos en septiembre de 2012, a 54'476,000 pesos al último corte de noviembre pasado.

Al llegar Ramiro Hernández García como alcalde de Guadalajara se encontró con deudas a corto plazo por 869'701,508 pesos. Hoy este monto ha crecido a los 1,285'350,000 pesos. En esta gestión se generaron otros 415 millones (47.8%).

Tonalá es el que menos vio crecer sus pasivos circulantes; mientras que Zapopan y El Salto no reportan sus adeudos a corto plazo al iniciar la administración.

El cardenal José Francisco Robles Ortega criticó el tono de las campañas electorales que ya van, como quien no quiere la cosa, casi a la mitad del camino...

Sin exculpar del todo a los candidatos -leales soldaditos de quienes los postulan-, los partidos ponen los contenidos de las campañas en manos de gabinetes de profesionales en lo más refinado de las malas artes de la política. Ellos identifican objetivos, establecen estrategias y determinan contenidos. Si se inclinan por "ese nivel de acusación y señalamiento entre los candidatos" en que reparó Robles Ortega, es porque su experiencia en el oficio les ha enseñado que, entre cierto sector -el mayoritario, probablemente- de la masa de electores, rinde más desprestigiar al adversario que comprometer propuestas.

Está demostrado que el fuerte de los "creativos" que diseñan las campañas son las llamadas "guerras de lodo", que se alimentan un poco con calumnias... y un mucho con verdades. Después de todo, pocos "suspirantes" pueden preciarse de no tener cola que les pisen.

Estaba claro, desde antes de comenzar la contienda que el lado débil, el lado oscuro de Movimiento Ciudadano, era Carlos Lomelí. No encajaba ni con el discurso, ni con la imagen, ni con el proyecto de quienes dirigen MC en Jalisco. No se trata de si unos son buenos y otros malos, es simplemente un asunto de coherencia. Carlos Lomelí hace y hacía todo lo que los emecistas dicen estar en desacuerdo. La justificación para presentarlo como candidato fue que así lo habían decidido desde el centro, o lo que es lo mismo, que lo había impuesto Dante Delgado.

Carlos Lomelí fue ya candidato a senador de la Coalición por el Bien de Todos (PRD, PT y MC) hace 3 años y además de con Dante, tiene una fuerte relación política con Andrés Manuel López Obrador. Buena parte de la estructura de Morena en Jalisco se ha hecho con el apoyo de este empresario. No obstante, Lomelí tiene muy claro que con Morena en Jalisco no había posibilidad alguna mientras que MC y el alfarismo estaban bien colocados para esta elección, por lo que le ofreció a Dante poner su dinero y trabajo político (despensas y consultorios médicos) a cambio de ser candidato a presidente municipal de Zapopan. En los jaloneos Alfaro se quedó con la decisión del candidato a Zapopan y Dante impuso a Lomelí como candidato a diputado federal.

Un candidato (o candidata) que no debiera aparecer en las boletas el domingo 7 de junio, puede ser impresentable por sus antecedentes políticos, ajenos a la transparencia y a la mínima responsabilidad de presentar un proyecto serio para obtener el cargo.

Y casos los hay tanto escandalosos como convenientemente discretos.

Ejemplos: ¿cómo ha logrado la señora Clara Gómez Caro estar, otra vez, en la lista de candidatos del PRI a una diputación, si después de seis años siendo diputada federal y local, es prácticamente una desconocida? Se sabe que contó siempre con el apoyo del Sindicato de Trabajadores del IMSS, y entre los mismos empleados de la institución despilfarró su reputación hasta ser finalmente destronada, pero aún así aparecerá en las boletas gracias a la lógica del corporativismo más grosero.

E imposible resulta no mencionar al señor Carlos Lomelí Bolaños, el poderoso empresario médico que, postulado a una diputación por la vía plurinominal en el partido Movimiento Ciudadano, se ha convertido en el objetivo preferido de las desacreditaciones priistas. Aunque su nombre y los episodios pasados que conducen a sospechar de la construcción de su gran fortuna son el arma favorita del PRI para golpear el proyecto político de Enrique Alfaro Ramírez, es evidente que figura como candidato gracias a su constante apoyo económico para la causa de MC.

Pero entre los impresentables caben no sólo quienes son exhibidos en los medios tradicionales de comunicación. ¿Qué decir de los centenares de candidatos a una alcaldía o una regiduría que no tienen la más elemental idea de lo que el cargo les exigiría en el caso de que lo ganen? Quien escribe ha reunido evidencias contundentes de que la mayoría de los candidatos saben poco o casi nada de las facultades y obligaciones que tendrían si ganan el derecho a desempeñar una tarea pública. Menos aún, pueden ser coherentes con una plataforma político partidista que se presume, es condición indispensable para que cualquier partido participe en la elección.

Significativamente, las elecciones se quedan en la memoria de la ciudadanía más por los escándalos -ahí está Leonel Sandoval como prueba reciente- que por la calidad de los candidatos y las propuestas de mejoría.

Porque a contrapelo de lo que machaca el Instituto Nacional Electoral, ¿es creíble que con las votaciones se mejore la calidad de quienes pasarán a ser nuevos gobernantes y legisladores?

Si ya de por sí resulta extraño ver a Cuauhtémoc Blanco como político, lo es más si el propio personaje se equivoca de partido al cual pertenece. Y es que el ex futbolista y ahora flamante candidato a la Alcaldía de Cuernavaca, durante un acto de campaña se equivocó y pidió que votaran por el PRD y no por el Partido Social Demócrata, del cual es miembro.

El viejo PRI tenía fondos alejados de la democracia, pero cuidaba las formas, y aunque tenía todo el poder, sabía que en la buena política, ese arte de hacer creer, no debía abusar de la ciudadanía; a su vez, la ciudadanía sabía que no había democracia, pero sí había gobierno. Entonces, se cuidaba la imagen y se procuraban algunos logros tangibles, aunque les faltara el corazón de toda democracia: respeto a los derechos humanos (garantías individuales), respeto a la libertad de expresión y transparencia electoral. Hoy, luego de enormes esfuerzos por construir el cambio, que la alternancia no logró, la "nueva" política ha arrinconado a la ciudadanía a un terreno mucho más riesgoso: la democracia fingida.

Porque los haceres de la política actual son cínicos en la corrupción, en la impunidad y, desde luego, en la falta total de respeto a la ciudadanía.

Un actuar que avergonzaría a los políticos del viejo PRI, que molestaría a los inquebrantables fundadores del PAN, y que indignaría a los antiguos militantes de la izquierda, heroicos en la búsqueda de la libertad y la democracia.

Cinismo e indefensión que hoy son las 2 caras de la moneda de una democracia que cada día se finge más y se construye menos.

El Partido Verde constituye uno de esos casos emblemáticos de nuestra endeble democracia. Es un partido político que hasta hace un par de años no tenía más militantes que cargos políticos. Es un partido sin ideología, pero con propuestas que seducen a una parte del electorado. Un partido que les quiebra la cabeza a los politólogos por su peculiaridad difícil de definir. A nadie de sus integrantes le interesa la democracia interna y basan la totalidad de su estrategia en los spots. Es un caro satélite del PRI, pero internamente tiene relativa autonomía. No tiene aspiraciones de gobernar, pero le gusta ejercer de bisagra. Es un partido familiar y no tiene inconveniente en acordar puestos para las televisoras o para los grupos de interés.

Su fundador, Jorge González Torres, comenzó una historia de dominio familiar del partido que actualmente preside su hijo, Jorge Emilio González.

Un partido político que se define como promotor del amor a todas las especies y que su líder máximo, Jorge Emilio González, no tiene problema en recibir un maletín lleno de billetes para un desarrollo ambientalmente dañino en Quintana Roo. O, tomando un ejemplo reciente, el Verde no tuvo empacho en votar a favor la Reforma Energética, a pesar de que todos los partidos verdes del mundo han condenado el fracking como una práctica que afecta severamente el medio ambiente.

Sin embargo, ¿no encontramos este tipo de contradicciones en todos los partidos? ¿No es cierto que el PAN condenó históricamente el corporativismo y después pactó con la maestra Elba Esther Gordillo? ¿Por qué el Verde debe ser juzgado más severamente por algo que todos hacen?

Las polémicas recientes en torno al PVEM no tienen que ver con sus abiertas contradicciones ideológicas, sino con su reiterada violación a las leyes. No es un tema de gustos, es un tema de estado de derecho. Si revisamos el informe de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM nos daremos cuenta que las opiniones negativas del Verde se circunscriben a su abierta estrategia de violar la ley para incrementar su intención de voto. Multas por 200 millones de pesos valen la pena cuando el "partido del tucán" logró triplicar su intención de voto a través de una agresiva campaña.

Si bien podemos decir que hasta 2013, el Verde fue un partido sin militancia, hoy en día esa definición no se ajusta con la realidad. Sigue siendo uno de los partidos con el padrón de militantes y adherentes más bajos del país. Ahora es un partido con militantes, pero sin procesos internos y sin participación de los afiliados.

El del Partido Verde es un trabajo de acupuntura mercadológica que le permite conectar eficazmente con una parte del electorado harta de los partidos políticos grandes. Populismo y mercadotecnia unidos con un mismo fin.

El Verde no tiene voto duro, por lo que se mueve constantemente entre un círculo de indecisos poco ideologizados que buscan soluciones concretas, sin importar del origen de las iniciativas.

Parecería que de acuerdo a la Ley General de Partidos Políticos habría motivos suficientes para retirarle el registro al Partido Verde. La sistematicidad queda muy clara con 11 sanciones por 200 millones de pesos en un periodo de 3 meses. Y la gravedad quedó delineada en la sentencia del Tribunal Electoral.

Sin embargo como en un partido de fútbol donde todos los jugadores se ponen de acuerdo para violar las reglas, la solución no es sencilla. Ahí tenemos al Verde, pero también a Andrés Manuel López Obrador, candidato a nada, y que lleva adelantándose en los tiempos electorales desde hace años. O los gastos de campaña de los partidos grandes que difícilmente se ajustan a los topes determinados por la autoridad. Es una decisión muy complicada para el INE, pero lo que es innegable es que omitir el debate sobre una sanción más severa al Verde por su estrategia de violar la ley sistemáticamente mandaría un preocupante mensaje de impunidad.

En un país con una débil cultura de la legalidad, el comportamiento del Verde abona al descrédito de la débil democracia que se ha construido.

Dice Jesús Silva-Herzog Márquez que "si resulta tan detestable el Partido Verde es porque nos recuerda la ínfima calidad de nuestra democracia". Detrás del Verde existe cinismo y pragmatismo. Sin embargo, la democracia, para considerarse de calidad, debe de dotarse de los anticuerpos necesarios para poner en orden a todos los jugadores que se niegan a acatar las leyes. Admitámoslo, el Verde no es el problema de fondo, sino el síntoma de una transición a la democracia que se construyó sobre una legalidad ausente, instituciones débiles y una impunidad que amenaza todo.

Tanto los candidatos como sus estrategas dan muestra de un interés por convencer a la ciudadanía de "por quién no votar", más que dar a conocer las ventajas de su propuesta de gobierno.

Acostumbrados al engaño, los políticos de la década 2 del siglo XXI han convertido su actuar en la instauración de un régimen cruel y disgustante. Desde su ceguera de acción, reparten culpas y abren expedientes que no llegarán a sitio alguno no por falta de pruebas sino de voluntad.

En un país de cínicos, políticos corruptos u oscuros han comenzado a contaminar medios y percepción social.

Un país donde las elecciones intermedias son el ejemplo de cómo los cínicos están listos para gobernar... si no es que ya lo hacen.

Vendrán las elecciones. Las nuevas autoridades tomarán posesión de sus cargos. Aun en el caso de que personas honestas y bien intencionadas -alguna habrá...- asuman esos cargos, es difícil que, a la vista de las consabidas limitaciones presupuestales, se establezca el padrón de prioridades. Los servicios públicos, como de costumbre, quedarán rezagados a un 2o. lugar. El 1o., obviamente, corresponde al "gasto corriente": los salarios de los "servidores públicos" de más alto rango (la burocracia de angora, pues) y de la larga lista de "recomendados". Para las "promesas de campaña" con que se obsequió -"generosamente"- a los solicitantes de algún tipo de ayuda, difícilmente habrá algo más que algunas migajas que por casualidad (o por descuido) se caigan de la mesa.

(V.periódico El Financiero en línea del 22 de abril de 2015).

Los ciudadanos pagamos todos los costos de las campañas. También tendremos que cubrir el posterior pago de favores a los grupos que controlan el voto corporativista.

Algo grave está sucediendo porque al ánimo de pesimismo que existe en el país se le está sumando un nivel de suciedad en las campañas políticas, en los debates, en el quehacer cotidiano, difícil, muy difícil siquiera de comprender. No se trata de que haya campañas negativas en las campañas, tampoco guerras sucias entre candidatos: lo que hay es simple suciedad en la forma de hacer y entender la política, de confrontar no las ideas sino los agravios o los insultos, que no cuidan ni las más elementales reglas del juego.

Basar una campaña política en los relojes del adversario, en los viajes de los hijos de un dirigente partidario o en la casa donde vive un funcionario, es lamentable, pero ésa está siendo la norma.

Considero que no es mucho pedir: que los funcionarios públicos y los denominados representantes populares -vulgo diputados en todas sus denominaciones, así como presidentes municipales, gobernadores y hasta presidentes de la república- sean más eficientes y eficaces a la hora de ejercer sus muy bien pagados cargos.

Porque la mera verdad hay casos y ejemplos históricos y actuales que resultan muy difíciles de poder entender: legisladores que no presentan una sola iniciativa personal durante los 3 años que comprende una legislatura -bueno, 3 años si no es que brincan a otro cargo antes de terminar-, se la pasan sumándose a quienes sí trabajan.

Munícipes cuyas obras dejan mucho que desear y que por lo mismo deben de realizarse 2 o 3 veces para que queden al menos aprovechables. Como por ejemplo, aquellos que mandan cambiar la carpeta asfáltica de una de las tantas calles "que la piden a gritos", para inmediatamente después volverlo a levantar, porque se les olvido acondicionar la parte hidráulica y/o de telefonía, con todos los costos que ello implica, tal y como ha sucedido en Tlajomulco, Zapopan, Guadalajara y muchos municipios más.

Gobernadores que con tal de salir del apuro invierten millones y millones de pesos en obras suntuosas cuyo uso fue para un solo evento y luego han quedado como un "elefante blanco". Ni para qué hacer coraje y recordar las balandronadas de Emilio González Márquez.

Presidentes -como Felipe Calderón- que un día proclamo la Ley Federal de Turismo y meses después propuso desaparecer la secretaría que habría de aplicar la misma, para, finalmente (luego de terminada su administración), empezar a construir un desarrollo turístico pero en su beneficio personal.

La mayoría de los candidatos que hoy los jaliscienses ven en campaña, adolecen de información precisa y de formación más rigurosa.

Si son aspirantes a una alcaldía, repiten la problemática que se ha escuchado desde hace más de 10 años: inseguridad y falta de empleo e ingresos. Pero apenas 2 o 3 manejan una propuesta coherente que corrija las deficiencias de fondo, aunque evitan la advertencia de que las correcciones tomarán entre 10 y 15 años.

Si su pretensión es ser diputados en el congreso estatal o en la cámara baja, hacen campaña en las colonias y hablan ante las audiencias que sus organizadores les eligen, sobre temas que en la práctica están -casi todos- fuera de su alcance.

Y ante un escenario desalentador, es imperativo evaluar el voto, esa única herramienta que el sistema pone en manos de la ciudadanía bajo la premisa de que el votante elige, castiga o recompensa a los mejores candidatos, y por consecuencia moldea la vida política en su municipio, en su estado y en el país. La realidad de este supuesto es mucho más limitada de lo que se admite.

El elector que ya ha vivido muchas veces la experiencia de pasar de la ilusión al desencanto, y que llega a la conclusión de que, al final de cuentas, la regla es que en la clase política abunden los oportunistas, los impreparados y los deshonestos, y que sólo a rareza aparece una excepción a esa regla, se cuestiona tanto el sentido como la utilidad del voto. Lo primero: ¿por quién votar, si los mensajes que machaconamente se repiten en las campañas terminan por convencernos de que no hay nadie digno de la confianza del ciudadano esperanzado en que quienes lleguen a gobernar lo hagan animados, en efecto, por el bien común y por la promoción de los más necesitados? Y lo segundo: ¿para qué votar si al final de la película el voto sólo sirve para legitimar al ganador de un proceso creíble en el aspecto mecánico (porque, al "ciudadanizar" los comicios y al disponer las cosas al efecto de que la "mano santa" que saque los boletos premiados en la gran tómbola de los cargos públicos sea la del mismo ciudadano, se han establecido los mecanismos que permiten creer que los votos, en efecto, se respetan y se cuentan de manera escrupulosa), pero bastante dudoso en cuanto a las verdaderas intenciones de los candidatos y de los partidos que los postulan?

El ciudadano, en tales circunstancias, se limita a hacer el papel del "idiota útil", entendido como el ignorante de las motivaciones ocultas de quienes lo utilizan para apoyar una causa que acaba por dañarlo... y que, obviamente, no apoyaría si estuviese mejor informado.

A partir de la última reforma electoral, los 10 partidos políticos en Jalisco están obligados a cumplir con la paridad de género a favor de la mujer en cargos de elección popular. Sin embargo, la integración de las planillas a la alcaldía de Guadalajara muestra que se mantienen los pagos de favores y las cuotas.

Hay perfiles relacionados por parentesco, alianzas de grupos estratégicos y pago de cuotas sindicales. No fueron integradas militantes con larga trayectoria, sino que optaron por mujeres cercanas a los liderazgos partidistas.

En el PAN, la 1a. posición la ocupa Livier del Carmen Martínez Martínez, hermana del senador José María "Chema" Martínez; quien junto con el dirigente estatal con licencia del instituto político, Miguel Ángel Monraz, asignó a gente de su confianza para integrar la planilla de candidatas a regidoras, como Karina Anaya Pérez ex secretaria de comité municipal PAN.

En la lista del Partido Movimiento Ciudadano se incluye un "perfil familiar": María Eugenia Arias Bocanegra, esposa de Esteban Garaiz Izarra, miembro del principal círculo de confianza del candidato Enrique Alfaro.

En el PRI sobresale Ximena Ruiz Uribe, hija de Eugenio Ruiz Orozco, ex candidato a la gubernatura y ex alcalde de Guadalajara.

Estamos inundados de propaganda, pero de mala propaganda electoral. En ocasiones se presenta como tal pero en muchas otras, simplemente, se miente, se difama, se trastocan los hechos. No es un problema de ideología, es una forma de hacer y entender la política. Nadie debería asustarse por ello, pero sí deberíamos ser conscientes de que cuando hablamos de propaganda no estamos hablando de información real, tampoco de una investigación política o periodística, sino, en el mejor de los casos, de una deformación de la misma, y en muchos otros de simple difamación.

Los spots son lo más evidente en este panorama. Los de la actual campaña electoral están llenos de medias verdades o mentiras absolutas. Veamos algunos ejemplos evidentes: es tan falso, como dice el PAN, que el presidente Peña haya llevado 230 invitados a su gira a la Gran Bretaña (los invitados fueron un puñado y siempre ha sido así en las giras presidenciales, desde los 3 o 4 últimos sexenios) como que los panistas, así, en general y como dice el PRI, utilizan pornografía infantil. Se puede o no estar de acuerdo con él, pero no es verdad que el PRD sea un partido corrupto, como dice Morena, sin asumir, además, que muchos de los que están en Morena fueron parte del supuesto ejercicio de corrupción de ese partido. No es verdad que el Partido Verde sea el maldito del sistema de partidos, es tan bueno o malo como los otros, lo que sucede es que el Verde, guste o no, ya está por encima del 11 por ciento y eso rompen equilibrios políticos y agrega un invitado a la repartición de poder.

No aumentó el precio de la energía eléctrica como dice algún spot que asegura que "nos los advirtió", en realidad ha bajado su costo, y tampoco la caída del precio del crudo es responsabilidad alguna del actual Gobierno federal, como la crisis financiera del 2008-09 no fue responsabilidad del anterior. Es verdad que la gasolina es más cara en México que en Estados Unidos pero durante años fue al revés, porque aquí el precio de la gasolina está controlado por el Estado y son los mismos que utilizan su precio como propaganda los que se opusieron a que se liberara el mercado de combustibles. Hoy la gasolina es un factor de equilibrio fiscal, su precio se define en el presupuesto que aprueba el congreso.

No es verdad que se pueda hacer campaña electoral en muchas zonas del país sin utilizar aviones o helicópteros (y eso se aplica a Michoacán y también a Sonora). No se trata sólo de comodidad. Allá, a comienzos de 1994 intentó hacerlo Luis Donaldo Colosio, en su malograda campaña electoral: fue un desastre, al acto de inicio de campaña llegó 4 horas tarde porque su comitiva, en camioneta, se perdió, con el candidato incluido, en la sierra de Hidalgo. La gente, la que no se enfermaba por las horas de espera bajo el Sol, se preguntaba porqué diablos el candidato no llegaba en un helicóptero. No es un delito utilizar un helicóptero para una campaña electoral (Aureoles o Pavlovich), pero sí lo es usarlo para viajar con la familia al aeropuerto (Korenfeld) y más grave aún es la intervención ilegal de llamadas telefónicas (como sucedió con la propia Pavlovich) para usarlas como propaganda.

No se está diciendo la verdad cuando se atribuye a un funcionario (Osorio) ser propietario de 2 casas, y cuando se aclara que las mismas son rentadas, alegar que se "omitió" la información sobre cómo se "pretendía" comprar esas casas. No se puede acusar, antes de que ocurran los hechos, a un gobernador (Velasco), de organizar una boda para 1,500 personas, cuando los propios interesados están anunciando que será un evento familiar.

Dice Noam Chomsky que "la propaganda es a una democracia lo que la coerción a un Estado totalitario". Y eso es lo que estamos viviendo.

Marcelo Ebrard, quién sabe si todavía candidato de MC, está impedido para serlo porque ya fue precandidato del PRD, decidió apoyar a Ricardo Monreal en la delegación Cuauhtémoc. Entonces, lo juntó, el sábado, con sus constructores de cabecera para que apoyen al dirigente de Morena. A su vez, Monreal buscó a René Bejarano y lo juntó con López Obrador, para organizar apoyos mutuos. Son todos del mismo equipo, trabajan, desde siempre, juntos.

Paco Calderón, caricaturista
(19 de abril de 2015).

Iniciaron las campañas, y con ellas la guerra de lodo. Se ha llegado al extremo de que tanto el PRI como el PAN utilizan en sus spots el mismo formato discursivo, cambiando tan solo el contenido de los ataques que con palabras soeces cortadas uno y otro se lanzan. Una cosa son los contrastes; otra distinta la obscenidad; y otra muy diferente no tener respeto por el electorado.

Las campañas están convertidas en chismes de lavadero.

Las campañas de los partidos políticos en procesos electorales, desde hace varios lustros (desde que partidos distintos al PRI empezaron a ganar elecciones) se han convertido en espacios de guerra sucia y denostación entre los contrincantes y entre los militantes ("fuego amigo"), en ambas prácticas todos los partidos han refinado.

Y hay otra que, elección tras elección, se usa más con visos de empeoramiento y es el estilo de la negación, simulación, fantasía o como prefiera el lector llamar. La semana pasada hice referencia a uno de los anuncios del PRI que verdaderamente raya en la esquizofrenia, estas afirmaciones de que la oposición gobierna para destruir y para provocar malestar y enojo; y que el PRI trabaja y hace los proyectos realidad y de que en Jalisco todos estamos unidos y somos alegres y positivos. Bueno, es lo que quisiéramos, pero difícilmente con el entorno de inseguridad, crisis económica y errores administrativos se puede generalizar. O que se les pregunte por favor a las personas que viven en Las Mesas en Zapopan o a quienes se ganan la vida en las esquinas de cuanto crucero...

Y luego ahí está el Partido Verde, un instituto político que se ha ganado el repudio generalizado y sigue como si nada; sanciones, órdenes del INE (que no está sirviendo para nada y qué mal) para retirar spots y nada. Continúa con afirmaciones de que han hecho maravillas por México y los mexicanos, inventando en algunos casos y en otros saludando con sombrero ajeno. Lo peor del Verde es que deja en evidencia que hay conocimiento de la realidad nacional, de los problemas que enfrentan por ejemplo los jóvenes, pero es información que sólo se usa para ganar adeptos, no para actuar en consecuencia.

El PAN no se queda atrás y bueno, me permite recordar otro estilo que contrasta con los panistas de antes que se las daban de muy finolis, que desafortunadamente está cundiendo no sólo entre panistas y es el recurso de lo vulgar y lo corriente, de la promoción del mal gusto. Pero el PAN también se presenta, a través de sus candidatos, como si no hubiera gobernado ya y mal. Como si fueran santos y puros, todos surgidos del limbo, perfectos e inmaculados. Apuestan a la desmemoria y no son los únicos.

Estamos hartos de campañas y de políticos, porque pasa el tiempo y nada más no mejoramos, vamos de mal en peor en todo. Los políticos actúan como si esa percepción ciudadana no existiera o fuera falsa.

¿Cuántos egresados de la carrera de ciencias políticas y administración pública hay, digamos, en San Lázaro? Una minoría. De hecho, abundan quienes no tienen estudios de educación superior.

La partidocracia, en su afán hegemónico, ha ido cerrando los espacios de libertades para fortalecerse.

Las reformas electorales que se han dado después de cada elección presidencial han estado marcadas por el rencor y la derrota -los derrotados siempre son mayoría cuando los resultados son tercios- y todo para reforzar su predominio a costa de las libertades de la sociedad.

Así han limitado la participación de particulares en campañas, lo que no está del todo mal, pero lo han llevado a extremos que abren espacios para ese financiamiento ilegal.

Han reducido, también, el rol de los medios al punto de hacer a todos sospechosos, cuando los más oscuros y turbios han sido, y son, ellos mismos, que se alzan como los únicos depositarios de la verdad y la transparencia.

En la reforma política del calderonismo se hincharon: obtuvieron gratis millones de spots cuyo costo no descontaron de sus prerrogativas económicas vía IFE, hoy INE, y sólo engordaron sus bolsillos.

En este escenario arribamos al actual proceso intermedio en el que, no obstante todos los candados a ciudadanos y medios y las limitaciones que ellos mismos vía sus legisladores impusieron, solo hemos visto una campaña de descrédito, carente de ideas y discusión, donde la ideología y las propuestas son las grandes ausentes, y los partidos han encontrado una puerta de salida: hacer spots, porque estas campañas son solo de eso, spots, buscando violar la ley para que la autoridad electoral los saque del aire y entonces denunciar represión y falta de libertades.

Sólo hay que ver el número de spots que van al aire, baja la autoridad, y los partidos y sus representantes se llaman a reprimidos y su derecho a la libertad, pisoteado.

En esta campaña, el spot bajado es una ruin estrategia del que lo sube, que lo hace para eso, y a falta de ideas, el recurso común de victimizarse, siempre tan rentable.

Serán 13 millones de cancioncitas, o la voz seria que pide votos: "Honestidad, pueblo, violencia, yo no..." También el que, al fin patrón y único dueño, ya autonominado para el 2018, se arroga el espacio de todos sus candidatos: otra vez la voz chillona, de regaño al nieto que se meó en los calzones.

De verdad: ¿creen que con jingles (como se les llamaba antes) y mentiras como "nosotros no somos políticos" nos van a sacar un voto? ¿No lo son? Quien pide votos para ser alcalde o diputado es, por definición y sin más, un político, no un cereal para el desayuno ni champú. Pero han hecho de la palabra un insulto.

Más de 5,000 millones de pesos aportamos para sostener partidos de todo tipo: desde el común hasta el evidente negocio de familia que quisiéramos ver desaparecido. Y ya el Verde le dio la vuelta al INE: con el principio de que "palo dado ni Dios lo quita", primero pega, luego en días, si el INE se mueve, le baja el anuncio y lo multa. Esa multa saldrá de los 5,000 millones que se reparten del dinero público.

En política no hay coincidencias. Es curioso -por decir peculiar- que el narco apareciera en la zona metropolitana de Guadalajara al inicio. No es la 1a. ocasión, sucedió en ocasiones pasadas y bajo circunstancias casi similares.

No, no digo que alguien alentará al crimen organizado a reaparecer o que use el nombre del cártel para dar una percepción de inseguridad en la ciudad, pero abona a la desconfianza que los ciudadanos, de por sí, tienen en los políticos.

Desconfianza que aumenta con denuncias de padres preocupados por el futuro de sus hijos. Futuro político, desde luego. La grabación de la reunión de Leonel Sandoval con priistas podría ser escandalosa de no ser que, seguro, algo parecido deben suceder en los demás partidos.

¿Justificable? Nunca, pero es de ingenuos el pensar que no hay un solo planteamiento similar o equivalente en los otros partidos. Es lo que le vendieron los panistas errantes a Movimiento Ciudadano, es lo que mata al PRD en Jalisco y es lo que le da oxígeno al PRI en el país, estructura.

Estructura que moviliza gente, que recluta observadores, que informa y que estira la liga de lo legal hasta el límite y más allá. Estructura que usará el PRI para no perder el bastión tapatío.

Sobre todo porque, saben. La Perla de Occidente es el reflector que requiere Alfaro para catapultarse a nivel estatal y nacional.

Ayer se dio a conocer que el municipio de Teuchitlán se podría quedar sin autoridades por 15 días, luego de que la Comisión de Gobernación del Congreso de Jalisco aprobó iniciar el procedimiento de suspensión de la presidenta municipal y todo el cabildo por orden de un juez federal, por incumplir con el pago de un laudo de 150,000 pesos.

Le llaman la falacia del francotirador, la cual consiste en disparar sin apuntar, a cualquier lado, y después dibujar una diana alrededor del disparo. Así siempre se acierta, pero es una falsedad, la falacia: no se acertó, se inventó el acierto. La campaña de Andrés Manuel López Obrador (que no de Morena porque en sus anuncios no aparece ni uno solo de sus candidatos) recuerda la falacia del francotirador: "lo advertimos", "se los dije", repite el candidato adelantado y sus amigos le aplauden porque acertó en su disparo al aire.

Pero cuando uno analiza el discurso y sus propuestas descubre que hay una suma de lugares comunes y de compromisos imposibles de cumplir, absolutamente irresponsables. Acusa de corrupto al partido en el que militó hasta hace apenas un par de años y donde él mismo llevó y prohijó las prácticas corruptas que denuncia. Promete todo: aumentar salarios, bajar precios y hasta darle su lugar en la UNAM, en licenciatura, a todo el que se inscriba (¿de verdad cree que la UNAM o cualquier otra universidad resistiría 100,000 o más alumnos de nuevo ingreso cada año?, ¿todo mundo debe y necesita ir a la universidad?, ¿eso es lo que necesita el mercado laboral en el país?, ¿quién puede confiar en una promesa de esas características, literalmente imposible de cumplir?), dice que recontratará en el gobierno a todos los del SME y a todos los extrabajadores de Mexicana de Aviación (¿en qué empresas, con cargo a quién?). El 8 de junio dirá que nada de eso se pudo cumplir porque no lo eligieron a él: "se los dije".

Pero lo mejor es que no quiere el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México porque dice que "se van a robar 800 hectáreas para hacer un desarrollo urbano como Santa Fe" y que, por lo tanto, la instrucción que tienen sus representantes es "no permitir" la construcción del aeropuerto. Y que si lo quieren hacer, dice, que lo hagan en Tizayuca. Es una falacia tras otra. 1o. el aeropuerto se construirá, por completo, en terrenos federales. Nadie se va a robar terrenos porque no hay una sola hectárea que no sea ya propiedad federal. Se va a hacer en Texcoco porque Tizayuca, o cualquier otra zona cercana, no genera las condiciones técnicas o de seguridad para un desarrollo de esas características. Construir un aeropuerto no es de contentillo.

2o. qué más quisiéramos que se construyera en torno del aeropuerto un gran desarrollo urbano ¿o, López Obrador prefiere que la zona se encuentre, como hoy, sumergida en la pobreza, en tierras yermas, salitrosas, abandonadas, despobladas?, ¿está en contra de que haya nuevas líneas del metro, carreteras, empresas, fuentes de empleo, un plan hidráulico, que modificará buena parte del aprovisionamiento y consumo de agua en la ciudad?, ¿prefiere los desarrollos o los basureros, los terrenos baldíos, la incomunicación? Eso era, por cierto, la zona de Santa Fe hace unos años. ¿Que en Santa Fe, en terrenos que no eran federales sino privados, no se hizo un gran negocio, no exento de actos por lo menos cuestionables? Sí, es verdad, y los que idearon, crearon, sacaron adelante y financiaron, con enormes beneficios, todo el proyecto fueron Manuel Camacho (cuya salud, nos dicen, lamentablemente continúa deteriorándose), Marcelo Ebrard y Juan Enríquez Cabot, 3 aliados de López Obrador. Lo hicieron con un grupo de constructores que fueron los grandes beneficiarios de su propio gobierno y después de Ebrard. ¿Con qué cara puede decir que se opone a lo que él mismo, y su equipo, bien o mal, contribuyeron a construir? Y no hablemos de opacidad en la obra pública: la construcción de los segundos pisos, en la etapa de López Obrador, sigue siendo secreto de estado: nadie sabe, siquiera, cuánto costó la obra.

Unos días después de ese discurso, de ese disparo a cualquier lado, le pusieron la diana: la "sociedad civil" representada, cómo no, por los macheteros de Atenco, encabezados por los Del Valle, padre e hija, tomaron la sede del Senado, impidieron un foro y lo hicieron esgrimiendo machetes y agrediendo a los participantes. ¿Pero cómo entraron los macheteros de Atenco, cómo entraron los machetes, a la sede del Senado? Pues fueron llevados, a escondidas, por los senadores Alejandra Barrales y Alejandro Encinas, sí, el mismo que ahora dice ser independiente, pero se queda en la bancada del PRD para conservar prerrogativas, el mismo que permitió y financió aquel plantón en la Ciudad de México desde la propia jefatura de Gobierno, el mismo que permitió entrar en la cajuela de un carro, y mantuvo escondido durante 2 días en su oficina a un prófugo de la justicia, ligado al narcotráfico, como Julio César Godoy, hermano del entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, para darle fuero en la Cámara de Diputados.

Qué pena de campaña, qué vergüenza de propuestas, qué falta de seriedad en alguien que se presenta a sí mismo como el salvador de la patria, el político que hace disparos al aire y sus aliados siempre le pintan una diana, para que nunca falle.

(Tomado de Facebook el 16 de abril de 2015).

Las razones y posibles efectos del voto nulo son políticos. Quienes con seriedad proponen anular el voto como protesta ante el deterioro del sistema político, lo hacen basados en los potenciales efectos políticos de un alto índice de anulación.

Sin embargo, quienes creen que si se anula el 20% de los votos en una casilla, la casilla se anula; se equivocan. En una "cadena" de correos electrónicos se dice que 20% de votos nulos puede tener el resultado de lograr la anulación de la elección (en un distrito, en un estado, en el país). Esto es incorrecto. No existe esa causal de nulidad. Aunque el 99% de los votos de una casilla fueran nulos, la casilla y los votos que ahí se depositen -aunque sea uno- serían válidos.

El artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en ningún lugar señala como posible causal de nulidad el número de votos nulos emitidos. Tampoco considera el número de votos emitidos. Con lo cual tampoco la abstención, así fuera cercana al 100%, sería causal de anulación.

La violencia sí puede causar la anulación de una elección. En el mencionado artículo 75, se incluyen como causales de nulidad, "ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva o sobre los electores", o "impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho al voto a los ciudadanos", en todos los casos, se dice "siempre y cuando estos hechos sean determinantes para el resultado de la votación".

Cuanto más daño se le pueda hacer al rival, tanto mejor. Si se le puede desprestigiar a base de difundir verdades, excelente: esas oportunidades, cuando caen del cielo, no pueden desperdiciarse... y si para desprestigiarlo hay que echar mano de falsedades, calumnias, infundios y demás recursos incluidos en el extenso catálogo de las malas artes, venga: todo vale; después de todo, quien aprende a moverse en los barrizales de la política, aprende pronto una norma de validez axiomática: "Calumnia, que algo queda".

Desde el arranque de las campañas, a despecho del atento llamado de las autoridades electorales para que los contendientes procuraran elevar el nivel del debate y de la recomendación para evitar los golpes bajos, la realidad fue muy diferente. Las llamadas "guerras de lodo" -que invitarían a cualquier observador poco avezado a considerar que el juego consiste en demostrar que, en una disputa entre cerdos, el de enfrente es más trompudo-, han marcado el estilo de partidos y candidatos. Los afanes de los pintos se orientan a hablar de la corrupción que ha sido el ADN del PRI; los de los colorados, a desgarrarse públicamente las vestiduras por la doble moral de los panistas. Es probable que unos y otros -pintos y colorados- estén muy cerca de la verdad. Pero si se trata de ganar una elección, quizás el ciudadano común preferiría que los mensajes propagandísticos se utilizaran para presentar propuestas, para plantear proyectos, para asumir compromisos, para proponer posibles rutas de solución a los problemas sociales que, después de todo, en términos generales están debidamente diagnosticados.

Se pretende que el valor de uso de las campañas consiste en promover el voto como un valor intrínseco de la democracia. Sólo que, con ese nivel en las campañas, ¿cómo convencer al ciudadano de la pertinencia de acudir a las urnas, si antes se le bombardea de la información que lo convence de que los protagonistas de la contienda son Los Malos y Los Peores...?

No hay entre los 13 millones de spots que se trasmitirán hasta el 7 de junio uno solo que tenga alguna propuesta concreta que vaya más allá del ataque al adversario, en ocasiones confrontándolo, en otras difamándolo o descalificándolo. Mejoran las campañas sólo un poco cuando se trata del discurso personal de los candidatos, pero no tenemos, es un hecho, ninguna confrontación de ideas o propuestas, y lo que sí tenemos es el proceso electoral más caro de la historia.

Los partidos desde la elección del 2006 parecen tener secuestradas a las autoridades electorales y su peso es cada día mayor a la hora en que el INE o el Trife deben tomar decisiones. No tienen voto en esos organismos pero ejercen un control de facto que está determinado por un solo hecho: aunque las leyes digan otra cosa, los consejeros saben que no es verdad que sean inamovibles en sus cargos. Los consejos del 2007 y el que operó hasta el año pasado, fueron destituidos y hoy el INE se ha constituido claramente con consejeros que son parte de cuotas de los partidos, que incluso utilizan ese argumento en sus propios debates, deslegitimando al árbitro que ellos mismos eligieron.

Las durísimas sanciones al partido Verde, justas o no, no se han visto correspondidas con sanciones equivalentes a otros contendientes y las exigencias a los medios de comunicación (ahora según el INE no se puede ni siquiera avisar a las audiencias de que vienen tandas de anuncios publicitarios de partidos políticos, por la sencilla razón de que a los partidos no les gusta) no son análogas a las que los propios partidos tendrían que hacerse a sí mismos. Hay multas enormes para algunos por no respetar las normas pero ninguna por realizar actos adelantados de campaña, como ocurre con López Obrador y Morena.

Como los partidos no pagan por los espacios no tienen problema alguno en utilizar los spots que crean necesarios para atacar o difamar a sus adversarios: saben que la peor sanción que pueden recibir es que se saque el spot del aire... después de varios días de ser trasmitido. Ésa será la norma hasta el 7 de junio y ya verá usted como se acrecentará esa tendencia. Porque sencillamente no tiene costo para nadie eludir una ley que no se puede hace cumplir.

Los candidatos que quieren debate, es decir los que están en 2o. o 3er. lugar, se rasgan las vestiduras, se tiran de las greñas (los que tienen), se dan baños de demócratas y están dispuestos a hacer cualquier ridículo porque necesitan que haya debates para tener una mínima oportunidad de que algo se mueva.

En elecciones tan acartonadas como las que tenemos hoy en este país (todas estas burradas de no permitir la propaganda negativa y darle a INE atribuciones de Torquemada las inventaron los mismos partidos que hoy lloran que no se les permita hacer nada) la posibilidad de rebasar es casi imposible.

Ningún candidato que vaya adelante en las encuestas aceptará el debate. Aunque se le antoje, aunque ellos mismos estén aburridos por la falta de acción, los asesores no les permitirán debatir. En la elección a gobernador está estipulado por ley que debe haber debates; en las de presidentes municipales no. Así que, si lo que se espera es una graciosa concesión de los punteros, olvidémoslo, esto es política y lo que está en juego es el poder, no el orgullo.

Mientras el tricolor Ricardo Villanueva solicita al IEPC Jalisco un debate poniendo el ojo en su contrincante naranja Enrique Alfaro, este último no tiene prisa: ¿para qué exponer el capital acumulado? Con los papeles invertidos, en Zapopan el emecista Pablo Lemus reta a un debate a Salvador Rizo del PRI. A Lemus le urge remontar sus números frente al candidato puntero.

Cuando se trata de quedarse con los escaños plurinominales en el Congreso de Jalisco, los líderes de los partidos políticos se pintan solos. Miguel Ángel Monraz (Acción Nacional), Hugo Contreras (Revolucionario Institucional), Enrique Aubry (Verde) y Hugo Luna (Movimiento Ciudadano) encabezan las listas de aspirantes a diputados que tienen prácticamente garantizada una curul por esa vía, sin la necesidad de competir en la elección del 7 de junio.

De todos, Miguel Ángel Monraz, que tiene una licencia en el cargo, es el que acumula más años brincando de puesto en puesto para prologar durante casi 2 décadas su permanencia en la nómina pública; es decir, en las listas de candidatos plurinominales a la siguiente legislatura hay 3 factores comunes: están encabezadas por dirigentes de partidos, por políticos "chapulines" o cercanos a las cúpulas políticas.

En el caso del PAN, la elección de Monraz y la del resto de los candidatos plurinominales fueron calificadas como "una simulación" por más de mil militantes, que manifestaron su inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial.

El dirigente priista Hugo Contreras también registra varios años en la política: ya fue regidor, diputado local y senador suplente. Por su parte, el dirigente del Partido Verde, Enrique Aubry, fue regidor de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, para luego venirse a cobrar a Jalisco como diputado local y actualmente es diputado federal, con la intención de regresar de nuevo al congreso local.

"(Las plurinominales) son el botín de la élite partidista", critica Jorge Rocha Quintero, académico del ITESO. Aunque podrían servir para que los partidos postularan a los mejores perfiles, apunta, son asignadas a los grupos políticos con más fuerza. Esto se podría evitar cambiando los métodos de selección de forma democrática, en lugar de asignaciones directas, o que los partidos presenten las listas para que los ciudadanos tengan la posibilidad de modificar la composición y el orden. "No llegan los perfiles idóneos ni técnicamente calificados, llegan los que logran imponerse a los otros grupos al interior de las fuerzas políticas".

Otros dirigentes partidistas que también pretenden llegar al legislativo por la vía plurinominal son Ernesto Hernández (Nueva Alianza) y José Manuel Muñoz (Encuentro Social).

También hay nombres de alcaldes con grandes posibilidades de llegar al congreso sin competir en las urnas: los polémicos presidentes con licencia de Tonalá y Puerto Vallarta, Jorge Arana y Ramón Demetrio Guerrero, son el ejemplo. Abandonarán sus municipios con deudas millonarias para brincar al congreso.

(V.periódico El Informador del 13 de abril de 2015).

La regresión democrática navega libremente en México sin muchos obstáculos, ante un sistema político que grita por las libertades al tiempo de encargarse de mutilarlas. Las 2 grandes reformas democráticas de 2a. generación, la ley de transparencia y los órganos electorales ciudadanos, están siendo alteradas y modificadas al gusto de los políticos. El último paso en esta escalera hacia abajo fue el fallo por unanimidad de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral el viernes pasado, donde ordenó a Proyecto 40 suspender las cortinillas en las pantallas donde aclaraban a la audiencia que lo que estaban viendo era spots de los partidos políticos.

Ante la queja directa de Morena, la comisión dictaminó que notificar a los televidentes en la pantalla que "continuamos con mensajes políticos, faltan 3 minutos para regresar con sus programas favoritos", violaba un requisito legal, dentro de la obligación a todos los concesionarios de radio y televisión del país a difundir durante este proceso electoral 13 millones de spots. La comisión reconoció que esa pauta es propaganda y forma parte de las prerrogativas de los partidos para acceder a los tiempos del Estado. O sea, todos los mexicanos que pagan impuestos y financian a partidos y campañas, el INE les regala a cambio propaganda disfrazada de información.

Puede argumentarse que el fallo del INE violenta el derecho constitucional a informar y ser informado, ante la chicanada leguleya dictada por el órgano electoral, donde la equidad que buscan para todos los partidos se traduce en desinformación para los electores. Finalmente subordinados los consejeros electorales a los partidos, estos responden a sus patrones. Los electores son instrumentales para sus propósitos autócratas -la construcción de una democracia sin demócratas-, aunque aleguen que su intención es la defensa del valor primo de la democracia, elecciones justas y libres.

El fallo del viernes golpea y mina de un dedazo la lucha de décadas dentro de los medios para transparentar ante sus audiencias lo que es información, opinión o propaganda. Lo troglodita de los consejeros obligará a Proyecto 40 a ocultar de su auditorio que lo que ven en las pantallas no es información u opinión, sino propaganda política.

La lucha dentro de los medios ha sido permanente para que toda la publicidad política aclare que se trata de un espacio pagados por los políticos. Ha sido difícil por razones comerciales en los medios, pero ha habido avances con el tiempo en los interminables esfuerzos por la autorregulación. Lo que establece la diferencia significativa en los dos casos que involucran políticos, es que la campaña de spots en temporada electoral busca inducir a un electorado para un fin concreto inmediato, donde se otorgan privilegios abiertos y legales a todos los candidatos y sus partidos para engañar -porque ese es el resultado- al electorado. El INE, por la puerta del frente, recurrió a lo que normalmente entra por la puerta de atrás en los medios: las gacetillas políticas.

El ambiente político por cuanto a la aceptación de aquellos que pertenecen al gremio, es verdaderamente frustrante.

La saturación de publicidad barata, mediocre y molesta, molestísima, con la que tienen a la ciudadanía hasta la coronilla en la búsqueda del voto para las elecciones intermedias del próximo mes de junio, hace todavía que el enojo del ciudadano más común o menos corriente, vomite todo lo que a comerciales -entiéndanse anglicísticamente spots- radiofónicos, televisivos o impresos se refiera.

El meroliquismo a ultranza cansa, agota, cuando tan solo la proyección de imagen de los políticos contendientes es la que cuenta. Por supuesto que de programas, de planes, de proyectos, de ofertas, vamos, ni de intenciones, nada. Discursos los mismos, gastados, repetitivos, obsoletos, retrógrados.

Nunca antes el desprestigio se había acendrado tanto en la clase política, a grado tal que la repulsa, por demás manifiesta, abarca todos los estamentos de una actividad que debería ser para el servicio público y que, lamentablemente es, como ahora, para servirse del público.

Y va esto a todos los niveles...

La credibilidad toca fondo ante el cinismo y el descaro de la clase política que vive y disfruta "su" realidad, sin percibir ni percatarse con un mínimo de SENSIBILIDAD -concepto absolutamente ignorado- de la "otra", ésa que vive la población dolida, lastimada, desesperadamente impotente e indignada, ante la ausencia de valores que tiene al país, en la lista de los más corruptos del planeta.

No pasa día en que no se desvelen casos de prepotencia, corrupción y abuso, lo que hace entender la absoluta falta de sensatez.

Casos sobran y, lo más triste, son los que faltan todavía como muestras manifiestas de que ahora mismo, el cinismo, las caras duras, el descaro de "lo hago y qué... Al cabo todo se justifica, y pasando el tiempo se olvida". Que nada pasa, pues, cuando sigue siendo el tenor permanente la falta total de DECENCIA de los que están por el poder no para servir, sino para servirse de él...

Entre discursos de esperanza es retomada, como cada 3 años, la palabra "cambio". Candidatos y partidos se exhiben frente a la ciudadanía como la imagen de la honradez, le llaman "trabajo" a la organización de fiestas y arengas públicas donde difunden una victimización social que tiene como fin ganar el voto de los ciudadanos desprevenidos y, también, ansiosos de ver llegar una nueva clase de políticos. Éstos lucran, administración tras administración, con esta agonizante pero eterna esperanza, sin distingo de partidos. Usan los sentimientos y valores generalmente aceptados, pero en realidad compran el voto, y no con despensas o billetes, sino con la promoción de la ilusión de mejorar la riqueza económica de la ciudadanía. Compran la voluntad electoral con la condición suspensiva de si "ganan las elecciones".

Este reduccionismo "económico" de las promesas de campaña revela el auténtico interés de aquellos solicitantes del voto, quienes consideran que los problemas humanos son asuntos fundamentalmente basados en el dinero y que la vida digna depende necesariamente de la cantidad de pertenencias que podamos acumular: son éstos los autonombrados "mejores políticos".

Las autoridades en funciones no están interesadas en el fomento de una verdadera ciudadanía democrática, tampoco las instituciones educativas. Por lo mismo debemos sufrir una vez más la avalancha de las campañas electorales con todas las taras y carencias que les hemos conocido desde hace muchos procesos semejantes, y también advertir el riesgo permanente de una decisión poco ponderada o establecida con base en criterios que nada tienen que ver con el verdadero manejo de la cosa pública.

Por lo común todos los candidatos al puesto que sea, quieren hablar, presentar sus propuestas, denunciar a los contrincantes, exhibir la ropa sucia de los gobiernos salientes, prometer y hasta jurar con notario a la vista la serie infinita de compromisos que dicen cumplirán si el voto ciudadano los favorece. Ninguno, en cambio, quiere escuchar.

10 partidos se han ya repartido el presupuesto que se les asignó, parte del cual gastarán en salarios temporales, toneladas de basura promocional, y anuncios de radio, televisión e internet, donde la verdadera pasarela es para la mercadotecnia contratada, ya que lo que está en juego no es la pertinencia real de un candidato, sino el poder de convencer a través del manejo mediático.

Lamentablemente muchos de los competidores dejan tras de sí un puesto público devengado de manera irresponsable e inmoral, sin resultado alguno apreciable, mostrando sin embargo una insaciable sed por seguir viviendo del presupuesto. Muchos también se habían comprometido a trabajar su cargo por tres años, pero gracias a las complicidades y corruptelas del mundo político, ya andan sueltos en busca del siguiente trapecio. Esta sola acción debería bastar para descalificarlos frente a la opinión del ciudadano.

Ciertamente podría haber en nuestro país no 10, sino 30 o más partidos, siempre y cuando se les privara a todos de recursos públicos, existiendo además un poder judicial capaz de sancionar con severidad el ingreso de recursos ilícitos en favor de dichos institutos.

En México las cosas siguen siendo así porque nadie se ha dedicado, consistentemente, a la generación de ciudadanía, condición sin la cual toda democracia se corrompe.

Resulta extraño que en un país en donde la democracia trajo consigo, paradójicamente, una caída muy clara en los índices de votación, los politólogos no le hayan entrado decididamente a analizar por qué la gente se abstiene. Hay quien dice que es por desencanto y oposición al sistema; quien dice que es por flojera o creer que votar cambia poco; y hay otros que creen que es racional no votar porque un voto no hace ninguna diferencia. Son todas explicaciones que se debaten con cierta periodicidad en la Ciencia Política. Algo de razón habrá en las tres. Sin embargo: ¿Qué podemos esperar en esta elección en Jalisco? ¿Habrá alto abstencionismo o por el contrario veremos a los ciudadanos sancionando y premiando a través del voto?

La historia electoral nos muestra que en general, los habitantes de la ciudad votan por encima de los promedios nacionales y estatales. En el mismo sentido, anulan su voto con mayor frecuencia.

En la última elección intermedia, 53% de los zapopanos salieron a las urnas, aunque en distritos como el 10, el voto nulo se constituyó como la 3a. fuerza política.

Los candidatos y los partidos juegan y hasta se divierten con las necesidades urgentes de los electores; y, para empezar, nos toca decidir, primero, si vamos a votar o no; y si lo hacemos, si anulamos o no nuestro voto o cruzamos la boleta por alguna de las opciones.

Basta un ligero atisbo a las redes sociales o a la escasa interacción de los públicos en los medios de comunicación para darse cuenta del enojo que hay entre las personas (que no han provocado "ellos" sino los gobernantes cínicos y negligentes) y de la indecisión entre votar, anular o abstenerse. Es cada vez mayor el número de manifestaciones contra el sistema electoral, posturas por no avalarlo ni legitimarlo acudiendo a las urnas.

Aparte de soportar malos servicios y peores tratos; de lidiar con las consecuencias de malas, arrebatadas y caprichosas decisiones de los gobernantes, tenemos que tomar una decisión crucial de aquí al 7 de junio: votar (y en este caso nos corresponde informarnos muy bien sobre los candidatos); abstenernos o anular. Son opciones y somos libres para elegir una de ellas.

Cuando llegan los tiempos electorales, los candidatos hablan de bienestar, de cambiar la historia, de ser ciudadanos, de ser diferentes, de hacer política de la buena y solventarán los problemas de cada familia.

La rivalidad y la guerra sucia sólo existen en tiempos de elecciones, como en la familia: cuando hay algún interés, hay envidia, soberbia e hipocresía y en muchos casos de herencia, qué es lo que pasa, riñas por la ambición, pero en la familia se da la ruptura permanente, en política nada más pasan las elecciones y vuelven a ser amigos.

Por cometer delitos electorales, el Partido Verde Ecologista de México deberá pagar multas que superan ya los 180 millones de pesos, los cuales, gimotea, lo obligan a endeudarse.

Tanto dinero, sin embargo, nunca lo pagará el Verde, sino los contribuyentes, que amamantamos a los partidos políticos a través de las prerrogativas de que gozan.

Si quien comete delitos es delincuente, el erario financia las operaciones delictivas del PVEM.

Pero el problema es mayor: como expuso anoche Héctor Aguilar Camín, todos los partidos están cometiendo el delito de gastar más de lo que les permite la ley, invirtiendo dinero ilegal en sus campañas.

No les bastan los 500 millones de dólares que recibirán este año ni los 15,000 millones de pesos a que equivalen sus tiempos de radio y televisión.

A menos que se crea la vacilada de que para cada diputación solo gastarán 1'200,000 pesos, el Verde está en la picota, pero ¡peor están todos!

El PVEM se acoge a las libertades que la legislación electoral le confiere, para violentarla sin recato, a todas luces, sabiendo que esos excesos le dejarán una plusvalía electoral. Es decir, delinque a voluntad, paga sus multas y asegura una representación cada vez mayor en las diversas instancias del Estado mexicano: curules, escaños, alcaldías y gubernaturas. Financiamiento y poder.

Es una sofisticada compra del voto con la que las bolsas que reparte el Instituto Nacional Electoral al Verde son cada vez mayores. No importa la cantidad que esa empresa-partido deba pagar por violar la ley, dado que todo vale la pena cuando recibe su bolsa correspondiente al porcentaje de votos que acumula. Su conducta delincuencial, que en el peor escenario le acarreará multas, se convierte en una inversión con la que se compensa todo. Es la compra del voto anticipada, vía la violación de la ley, frente a todo el mundo, mientras hablan al oído del electorado sobre sus presuntas virtudes.

Una de las peores taras de nuestro sistema político es el Partido Verde Ecologista de México. Su sola existencia habla de que algo no funciona en el engranaje electoral, sin embargo la gran paradoja es que el Verde cada día crece más, y lo peor, cada vez se vuelve más importante dentro de los equilibrios de poder.

El Verde no ha aportado, en más de un cuarto de siglo de existencia, una sola idea digna de ser reconocida o un solo cuadro político digno de ser recordado, a no ser por sus excentricidades o su corrupción: desde su fundador y 1er. presidente (por 10 años), el más excéntrico de todos los verdes, Jorge González Torres, una especie de chaman reciclado a político, hasta su hijo, Jorge Emilio González Torres, símbolo de la corrupción de este partido, quien presidió el partido por otros 10 años. En medio de padre e hijo hay todo tipo de políticos excéntricos y corruptos que se puedan imaginar.

Lo que realmente ha aportado el Verde a la política nacional es un gran sentido del oportunismo y la prueba de que una mercadotecnia adecuada genera un espacio de poder suficiente para una camarilla. El secreto está en una base ideológica lo suficientemente ambigua y gelatinosa para que quepa cualquier alianza y propuestas políticas hechas a partir de lo que las encuestas dicen que la gente quiere, aunque vayan en sentido contrario de lo que en principio es un partido ecologista (el caso más claro fue haber propuesto en campaña la pena de muerte, y luego hacer una gran estrategia publicitaria diciendo que ellos lograron la cadena perpetua, cuando ninguna de las 2 existe en este país).

Su paso por Jalisco ha sido igualmente nefasto para la política local. Los diputados de este partido se han distinguido por la falta de ideas claras y por su capacidad para pactar con una u otra fuerza política, sin importar nada más allá de los intereses de los diputados en turno. Pero, sobre todo, el Verde se ha distinguido por su alejamiento real con las causas ambientalistas y grupos ecologistas del estado.

Lo paradójico es que el Verde existe y le da fuerza a una camarilla porque hay quien vota por ellos. Están dentro del sistema, cumplen las normas del sistema (en el límite, como todos) y viven del sistema. Usan el dinero para conseguir votos y los votos para conseguir dinero. Para ellos eso es la política, y lo peor es que les da resultados. Ahí están y si los ciudadanos no hacemos algo para cambiarlo seguirán ahí, como los grandes vividores de un sistema lleno de taras.

De 4,496 candidatos este año para diputados federales, sólo 22 son independientes ante los excesivos requisitos que les exigían; el sistema no afloja: expertos.

Para los especialistas electorales, la figura del candidato independiente que verá por primera vez la luz en los próximos comicios, abrió la puerta a ejercer un derecho fundamental de los mexicanos que es el de votar y ser votado. Sin embargo, también coincidieron en la desigualdad que tendrán estos personajes al competir con candidaturas provenientes de partidos políticos que tienen detrás toda una estructura para hacer campaña.

"Sí los candidatos independientes sin duda tienen su desventaja[...] Inclusive los equipos de campaña de estos candidatos independientes pues es realmente reducido porque no cuentan con toda la estructura que tiene un partido político", dijo Bernardino Esparza Martínez, académico de La Salle.

El pasado 11 de marzo, el Consejo General del INE aprobó en sesión extraordinaria el financiamiento público para gastos de campaña por 23'457,274 pesos. Esta cantidad se repartirá entre los 22 candidatos que obtuvieron su registro; es decir que cada uno tendrá un 1'066,239 pesos.

En la sesión se estableció como tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa para los comicios del próximo 7 de junio la cantidad de 1'260,038 pesos.

Asimismo los consejeros definieron que los candidatos y candidatas independientes deberán reembolsar al INE el monto del financiamiento público no erogado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización del órgano electoral.

Se convoca a elegir a quienes ya fueron elegidos: antes de ir a las urnas los candidatos fueron seleccionados en los grupos de poder, fácticos o económicos que tienen capacidad para imponer candidatos.

El desencanto con lo que llaman democracia y con el sistema político, expresado mayoritariamente en el abstencionismo, seguirá al alza en esta elección. Y no es gratuito. La corrupción, rapacidad, impunidad y desvergüenza de la clase política no para de crecer. La gente sabe que votar no sirve para casi nada como no sea para legitimar a una clase política y a un sistema que oprime, explota, despoja y desprecia.

La democracia no sirve para un carajo, dice mi interlocutor en la mesa. No alcanzo a meter una palabra en la vorágine desatada por su furia porque casi sin respirar enlista sus argumentos: da lo mismo votar por Pablo Lemus que por Guillermo Martínez en Zapopan. Da lo mismo elegir a Ricardo Villanueva del PRI, que a Enrique Alfaro o a Celia Fausto o a Petersen, que son de otras familias pero de la misma casta: la que ha participado en las decisiones que hacen de Jalisco lo que es hoy, y peor, la que ha medrado con estas decisiones.

No quiere votar. Le dan igual el PRI, el PAN, el PRD o Movimiento Ciudadano. Da lo mismo: están formados por políticos que sólo quieren seguir en el poder y lo demás que se friegue.

Intento comprenderlo y es fácil: hasta me puedo unir a la furia que producen la inutilidad, la corrupción y los privilegios de la clase política del país. Pero no puede convencerme de no votar. Iré a la casilla, tomaré la boleta y pondré una cruz. O dos. O ninguna... o una grosería para anular el voto, pero la boleta la he de meter en la urna.

¿Por qué? Porque el voto que yo llevo, más que por un partido, es porque quiero que siga existiendo el voto como método para renovar autoridades.

La democracia sí sirve para un carajo: es el único método pacífico que hay para cambiar a los del poder (las opciones son la guerra, el golpe de estado, el asesinato y otras bonitas formas que el hombre ha ideado para cortar cabezas).

Si sólo sirviera para cambiar pacíficamente a los del poder, la lata ésta de hacer campañas, tener partidos, cruzar boletas y contar votos, estaríamos bien servidos. Pero no sólo hace eso, porque después del voto se generan incentivos, los elegidos se distribuyen en poderes con distintas funciones y sí, muchos políticos se dedican a vernos la cara... pero eso lo hacen porque es su naturaleza, no porque hayan sido votados.

Quienes estén convencidos de que al poder hay que ponerle límites y de que es una buena cosa saber que en 2018 y en 2024 habrá elecciones y no un santo engañabobos o un maldito dictador, deben pensarlo 2 veces antes de abstenerse. Darle la espalda a un político está bien, pero darle la espalda a una casilla, no. ¿Por qué? Porque después, en lugar de la casilla puede haber un arma o un calabozo.

Guadalajara y municipios conurbados (antaño 3, actualmente 6 o 7 ya) han tenido la desgracia de haber sido gobernados, en las últimas décadas, no por estadistas, como debería ser, sino por burócratas, en el mejor de los casos; y en los peores -los más, quizá-, por arribistas de la política que las usaron como trampolines desde los cuales intentaron saltar a cargos públicos más prestigiosos (y mejor remunerados, obviamente)... pero para los que tampoco demostraron estar capacitados.

La discusión es si vale la pena votar, si es mejor anular el voto o incluso si la abstención es hoy por hoy la postura política más correcta.

Partiendo del principio de que cualquiera de estas posiciones, votar por un candidato, anular el voto o abstenerse de votar, son igualmente válidas, me parece que el ejercicio del voto, eligiendo o anulando, tienen ventajas sobre la abstención que, en el mejor de los casos, se convierte en un dato alarmante que se olvida al día siguiente.

¿Por qué votar? Primero que nada porque finalmente el voto es, hoy por hoy, la única forma que tenemos los ciudadanos de modificar directamente la forma en que somos gobernados. El voto no cambia al sistema, no está pensado para ello, pero el voto sí puede generar los equilibrios. Entre un mal gobernante sin contrapesos de poder y uno, cual sea, con contrapesos, siempre será mejor para los ciudadanos el segundo. El voto es la única herramienta real y eficaz para la construcción de equilibrios (yo, por ejemplo, nunca le doy el voto a diputados al mismo partido al que voté por presidente o gobernador).

La 2a. razón es que, si bien todos son iguales, hay unos más iguales que otros. La imperfecta democracia sigue siendo el menos peor de los sistemas. El argumento de los abstencionistas es que cuando la opción es malo o malo no tenemos por qué elegir. Si en el súper mercado me ofrecen 3 tipos de manzana y todas están podridas no tengo por qué comprar manzanas. Y sí, hay una parte absolutamente válida en la argumentación, con la diferencia de que tras una elección habrá manzanas en la mesa, y será la más podrida o la menos podrida, pero al fin de cuentas nos la tendremos que tragar. La opción no-manzana no existe en la democracia.

[Debería existir, en principio, con la forma de escaños vacíos en los congresos. No existe porque no les conviene a los políticos - el ebmaster.]

Si realmente da igual quién nos represente, anular el voto me parece en todo caso una mejor opción, pues se trata de un ejercicio activo y consiente de que la decisión es no decidir. En el resultado la anulación terminará fundida e igualada al error, y la abstención hermanada a la apatía, pero en todo caso es más sencillo hacer evidente el crecimiento de la anulación (como sucedió en el distrito X hace 6 años) que el de la abstención.

Vivimos en un país de secuestros. Primero secuestraron nuestra bandera y la hicieron partido; luego, secuestraron nuestra esperanza, le pusieron bigote, botas y nos abandonaron. Ahora, secuestran nuestra identidad y le quieren dar un color: naranja, verde, amarillo. Eso es corrupción, secuestrar la democracia de la gente.

Aunque parece un lugar común preguntarse quiénes son los candidatos que quieren representarnos; qué han hecho profesional y políticamente en el pasado, en qué áreas están formados o capacitados, cuáles son las destrezas que los hacen aptos para ocupar un cargo de representación popular, hasta ahora los partidos se han rehusado a difundir sus currículos. Ante el argumento de que la ley no lo exige, hace tres años, sólo un 20% de los candidatos lo registró voluntariamente. ¿Qué esconden? ¿Relaciones inconfesables o ilícitas? ¿Cambios constantes de afiliación política? ¿Falta de compromiso con sus electores, al abandonar un cargo de elección para contender por otro? o simplemente la renuencia a dejar registro por escrito de sus trayectorias, a veces impresentables.

Es cierto que está a la orden del día la llamada a anular el voto como expresión del descontento con los partidos, pero el derecho a saber quiénes quieren gobernarnos y representarnos ha hecho que la Ley General de Transparencia que ya se aprobó en el Senado y que está por discutirse en la Cámara de Diputados, defina como una obligación de transparencia específica de los partidos que sus candidatos registren su CV, así que muy pronto no tendrán alternativa.

Convencidos de que "el fin justifica los medios", dirigentes de partidos políticos y candidatos enfocan sus baterías, de manera sistemática, más que a ponderar sus propuestas o a encomiar los atributos o virtudes ("if any", diría Don Daniel Cosío Villegas) de los aspirantes a cargos de elección popular, a difamar o calumniar a los adversarios. Son las "guerras de lodo", tan comunes en estas contiendas que hay gabinetes de profesionales especializados en el juego sucio... y los partidos, por supuesto, no tienen empacho en contratar a los que más capacidad han demostrado en contiendas precedentes, en desprestigiar personas.

El reciente espectáculo de "los chapulines" que, atentos a las fechas límite para tales efectos, se apresuran a solicitar licencia a los cargos que desempeñaban (o en que se limitaban a "nadar de muertito") para saltar a otros, exhibe, de manera impúdica, la incompetencia, la impreparación, la desvergüenza, la desfachatez y el cinismo de los profesionales del que no en vano es uno de los oficios más desprestigiados que se conocen.

Ahora sí nos quedamos con el ojo cuadrado ante la promesa de Celia Fausto para Guadalajara: una reingeniería administrativa y la reducción de la nómina. ¿Whaaat? Pero si en el Congreso de Jalisco, como presidenta de la Comisión de Administración, la reducción de la nómina fue uno de los grandes pendientes. Suponemos que en Guadalajara ha de ser más fácil, ¿verdad? Total, prometer no empobrece.

Andrés Manuel López Obrador ha estado buscando el apoyo del movimiento de Ayotzinapa para su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. A cambio del respaldo a su candidato al gobierno de Guerrero, López Obrador ofreció a los líderes del movimiento no solamente la Fiscalía General del estado sino también la Secretaría de Educación. Los líderes del movimiento, que exige que no se lleven a cabo las elecciones programadas para el próximo 7 de junio, rechazaron la propuesta.

La ambición de los partidos políticos por conseguir cargos de elección popular es siempre enorme. En el caso del estado de Guerrero, sin embargo, esta ambición se ha incrementado debido a que el viejo sistema de partidos parece haberse desmoronado.

Entiendo que los políticos usan todos los recursos que pueden para obtener o comprar votos. Morena, o más bien López Obrador, promete entregar la Iglesia a Lutero al ofrecer la Fiscalía General y la Secretaría de Educación al movimiento de Ayotzinapa y a la CETEG, lo cual sin duda acabaría con cualquier esperanza de tener una mejor educación en el estado.

Los líderes de la CETEG y del movimiento de Ayotzinapa rechazan estas ofertas porque lo que buscan es impedir las elecciones del próximo 7 de junio. No quieren comicios abiertos a la sociedad porque saben que no podrían controlar el resultado. Piden por lo tanto que los próximos gobernantes sean designados por asambleas comunitarias que ellos por supuesto controlarían. Esto sería un enorme retroceso para el estado que perdería todo vestigio de democracia.

Las elecciones del 7 de junio serán importantes en todo el país. Pero no hay duda de que Guerrero será la prueba de fuego. No sólo hay en la entidad una lucha intensa y aguerrida entre los partidos sino un movimiento que abiertamente busca despojar a los ciudadanos del derecho de elegir a sus gobernantes.

Es difícil saber cuánto descontento con la situación actual se canalizará a través del abstencionismo, cuánto por las vías de la anulación del voto y cuánto optará por votar por la oposición. Sabemos que tasas altas de participación favorecen al llamado "voto anti-PRI" y alto abstencionismo beneficia al tricolor que suele tener a su base electoral más cohesionada. En comicios intermedios, el voto nulo se ha mantenido relativamente estable desde hace 24 años: 4.83% en 1991; 2.84% en 1997; 3.36% en 2003 y 5.4% en 2009. Sin embargo, aunque la cifra no parece ser muy alta, sí podemos decir que hay territorios puntuales en donde la anulación se eleva, sobre todo los distritos urbanos, de clases medias y con alto nivel de educación. Por ejemplo, el distrito 10 de Zapopan en donde en 2009, el voto nulo fue la 3a. fuerza política -por detrás del PAN y del PRI- con 11% de los sufragios (más de 14,000). O los distritos 8 y 12 de Guadalajara, donde el voto nulo rebasó el 7% de los sufragios emitidos por los electores de dichas demarcaciones.

Llevamos casi 3 meses tragando spots electorales. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Nada.

¿A usted esto no le parece alarmante? A mí sí porque todo este atascadero de anuncios lo único que está consiguiendo es que a muchas personas se les quiten las ganas de votar.

Y cómo no, si fíjese nada más lo que dicen, a nivel macro, estos mensajes.

1o. que México está mal. ¿Por qué? Porque está mal gobernado. ¿Gobernado por quién? Por lo mismos partidos que están produciendo estas campañas.

Y ni modo de decir que si no estamos de acuerdo con la catástrofe que han creado los señores de un lado, nos vamos a ir hacia otro porque nuestros gobernantes cambian de filiación política todo el tiempo.

Al final, un partido que ataca a otro partido ataca a todos los partidos, se ataca a sí mismo.

El PAN dice, por ejemplo, que México no tiene nada que aplaudir. ¿Con qué cara lo dice si venimos de una presidencia del PAN?

El PRI afirma que creó instituciones como el Seguro Social y que eso es un motivo de orgullo.

Independientemente de que al adjudicarse estas obras el PRI está promoviendo la idea de que lo mejor para el México democrático de hoy es el modelo de partido único, el IMSS no ha brillado últimamente por su eficiencia.

¿Los hospitales sin medicamentos deben ser un motivo de orgullo para los mexicanos?

El PRD señala, mientras ataca a empresas y a periodistas, que nuestra historia ha sido mala y que siempre se repite.

¿Y cuál es el partido que está sosteniendo su campaña recordándole al pueblo la historia del 1er. gobierno perredista en el Distrito Federal? ¡El PRD!

No, ¿y qué me dice de los comerciales del PT? No solo aseguran que vivimos en un México violento mientras sus responsables, a través de la imagen de varios menores de edad, piden que les entreguen a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

El protagonista de este video, mientras habla, sostiene una estatuilla del Oscar. ¡Del Oscar!

Eso es terrible, significa que el chamaco está actuando, fingiendo, que es un mentiroso. ¿Por qué lo grabaron así?

¿Lo sabe la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood que es tan escrupulosa con el manejo de sus símbolos?

Y si volteamos hacia los partidos nuevos, como Encuentro Social, ¿qué pasa?

Que vemos a un actor atacando a toda la clase política nacional, desde un ring, con unos argumentos que en lugar de construir, destruyen.

Morena, cuyo líder nació en el PRI, vive por y para desprestigiar al Presidente con su mal chiste del "despeñadero".

Perdón, ¿pero y eso qué? ¿Nadie le ha dicho a Andrés Manuel López Obrador que al jugar a atacar al Poder Ejecutivo con esas estrategias, el primero en salir perjudicado es él por no llamar a las cosas por su nombre?

Eso, aquí y en China, se llama cobardía y no, esto no es un asunto de preferencias políticas, es de comunicación básica como lo de Nueva Alianza.

Un partido que pretende elogiar a las mujeres insultándolas con groserías como lo de la "ruptura de madre", es un mal partido, igual que Movimiento Ciudadano con su canción de los "villanos de siempre".

¡Y luego el Partido Humanista parte del supuesto de que en la política mexicana no hay respeto para justificar así sus grabaciones ¡con teléfono celular!

En resumen, salvo muy contadas excepciones, como la de los spots del Partido Verde que jamás han atacado a nadie, esto es alarmante, tierra de odio, todos contra todos, una invitación a no votar.

Algo sigue oliendo mal en los partidos políticos. Existen reglas claras para los registros de candidatos y reglas muy claras para la difusión de las campañas, sin embargo el objetivo es burlarlas. Siempre existe la posibilidad de que las malas artes pasen desapercibidas, y si no, pues se impugnan las decisiones, y aquello debiera ser una justa democrática de altura, se convierte en un basurero.

En Nuevo León se escribe una historia inédita en el contexto político nacional. La existencia de un candidato independiente competitivo anticipa un escenario interesante y plantea a las candidaturas independientes como respuesta al deterioro y desgaste del sistema de partidos. Jaime Rodríguez no es un político ciudadano, es un político renegado y esa es su debilidad; en la medida en que trascienda su auténtico perfil es probable que disminuya el respaldo en su favor.

Observadores anticipan la debacle del PRD en la elección de junio. La conclusión es precipitada y no se coteja con los hechos. Es evidente que la presencia de Morena habrá de significarle una merma en su votación, pero no al grado de llevarle al desastre. En el DF ganaría la mayoría de las delegaciones y de los distritos. Podría ganar Michoacán con Silvano Aureoles y es difícil que se le ratifique en Guerrero, entidad que resultó ser la manzana envenenada al llevar a Ángel Aguirre al gobierno local, el recomendado de Marcelo Ebrard. Como quiera que sea, el PRD, con los problemas de siempre y una desacreditada dirigencia sería la fuerza de izquierda más representativa.

Ganar 3% de los votos para mantener registro significa que 2 o 3 partidos pasarán a peor vida, al margen del presupuesto, de los medios y de los privilegios políticos.

Ayer se publicaron algunos de los resultados de los niveles de confianza de los jaliscienses en sus instituciones como parte de los trabajos del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, específicamente la Encuesta de Percepción Ciudadana 2014.

5% de los encuestados respondió que tiene "mucha" confianza en los partidos políticos, es decir, entre "algo", "poco" y "nada" los partidos sumaron 95%. En otras palabras: desconfianza total, porque el 5% ni siquiera corresponde al voto duro.

Las campañas de hoy no son iguales que las de antaño: los líderes y los candidatos han sido sustituidos por asesores o consultores profesionales. La propaganda impresa ha sido desplazada por la televisión y la radio; y estos por el internet y las redes sociales. Sus costos se disparan por el elevado precio de la producción de mensajes; de los servicios de los "creativos"; de los encuestadores profesionales; y de la propaganda pagada como cobertura noticiosa. Por todo ello, el rebase de los topes de campaña, así como la presencia de dinero subrepticio es algo inevitable.

Anular el voto deliberadamente es una estrategia político-ciudadana cuyo fin consiste en hacerle notar a la clase política su aversión; ya por descrédito, ineficiencia, corrupción y demás defectos. Además es una práctica perfectamente lícita y no admite -en contra de lo que muchos afirman-, un reproche moral. Todos podemos votar por quién queramos o votar nulo, o de plano no votar. Sin embargo en este último caso lo que se comunica es apatía y desinterés, contrario al voto nulo que lo es claramente de protesta.

Entidades federativas y municipios concentraron en conjunto 67% de las irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación en su informe sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2013.

Los gobiernos de los estados y alcaldías de todo el país fueron objeto de 6,015 observaciones del órgano de fiscalización por el desvío, la falta de comprobación y el subejercicio de miles de millones de pesos etiquetados para educación, salud, seguridad e infraestructura local.

La ASF puso especial énfasis en la revisión del ejercicio del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica con una auditoría por entidad federativa.

Entre los principales resultados destaca el pago indebido de 1,343 millones de pesos por concepto de prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos a las respectivas secciones del magisterio en 20 estados, así como el desembolso de 1,273 mdp para el pago a maestros "comisionados" a tareas sindicales en 26 entidades.

Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Tamaulipas y Tlaxcala destinaron asimismo 702.2 millones de pesos del FAEB al pago de compensaciones discrecionales a empleados, mientras Chiapas, Colima y Distrito Federal hicieron pagos indebidos de nómina por 538.4 mdp.

En el Estado de México se identificaron 162.5 millones de pesos de los que no se ha comprobado el destino de los recursos para el pago de la nómina.

Asimismo, 26 de las 32 entidades federativas registraron 9,155 millones de pesos del Seguro Popular como recursos no devengados, entre los que se incluyen rendimientos financieros.

Vamos por partes. Fue la semana donde lloriqueo Guillermo Cienfuegos. El hombre que se maquilla y usufructa el nombre de Lagrimita reclamó algo que todos sabemos: el INE está en manos de los políticos y no de la ciudadanía.

El PRI está en su piso, sin sorpresa y de muertito, con el conocimiento que nunca podrán desbancarlo en una elección intermedia porque, pese a su descrédito y el cinismo de su clase gobernante, está rodeado de pequeños políticos que se disponen más a una muerte segura que a una alianza. El todo no es igual a la suma de sus partes en México. El PRI lo sabe y lo disfruta.

El PAN se pierde en su laberinto. Sus candidatos son sosos y grises, a excepción de José Luis Preciado. La vergüenza no cabe en su actuar y, como muñeco de acción con pilas, juega a ser desde albañil hasta mecánico. No hay de qué sorprenderse, durante años jugó a ser senador. Lagrimita sin maquillaje.

Movimiento Ciudadano es la marca donde se recoge el cascajo del PRD que, poco a poco, se acerca a un PRI que no le niega el parentesco.

A la mitad, el Partido Verde y Morena luchan por la posición 4, ambos en violación a la ley electoral. No obstante, pocos le reclaman al movimiento que su vocero moral use sus espacios comerciales para pavimentar la ruta de La Chingada -donde, se supone, se retiraba en 2012- hasta Los Pinos.

Y a la mitad, los timoratos. El político siempre querrá adeptos y adherentes. El problema es que, en su miopía, se acerca a las peores compañías.

Las últimas 3 legislaturas del Congreso del Estado, los diputados locales de todos los partidos políticos, electos o plurinominales, han no solo tolerado, sino además solapado las pillerías que consigna la prensa, ha venido realizando ese obscuro personaje que desempeña el cargo de auditor superior del Estado, quien además es el funcionario mejor pagado del estado, lástima que le pagan tanto a cambio de nada, ¿por qué a los ciudadanos no nos preocupan situaciones tan irregulares? ¿Por qué los diputados locales que, en teoría, son los que nos representan en el congreso no han hecho nada para poner en orden a este personaje? Al final son sus patrones al ser un organismo dependiente del Congreso de Estado. ¿O tiene éste tanta información que le tienen miedo? Mientras inexplicablemente las cuentas públicas siguen saliendo "en ceros", qué eficiencia de nuestros gobernantes en todos los niveles.

En los últimos días se ha discutido mucho que si la iniciativa ciudadana de Ley de Fiscalización y otras iniciativas están en el congelador, el problema señores no es el cambio de leyes, es el cambio de personas, por eso si un diputado te pide su voto condicionado a que cumpla con la remoción del corrupto funcionario.

Los espacios que las nuevas leyes electorales han asignado para el tema elecciones en la radio y tv hoy están plagados de mensajes tanto del INE como de los institutos electorales invitando a votar el 7 de junio.

Independientemente del concepto y calidad de estos mensajes, es tal la repetición que ya nos hemos saturado, al grado de llegar a varias conclusiones: la 1a., qué cantidad de espacios publicitarios le otorgan hoy en día las leyes electorales al tema. Son demasiados. Ni el peor publicista agradecería tal bombardeo que seguramente es contraproducente porque, si se tratara de un producto, seguramente el consumidor ya lo aborrecería nomás por hartazgo.

Pero la 2a., y más importante conclusión, es que los mensajes que se transmiten, invitando a votar y utilizando los consabidos argumentos democráticos de: "Para que no sean los otros los que elijan", "la libertad de elegir" y "en México los ciudadanos eligen a sus gobernantes", es un sin sentido de nuestro sistema político.

Creo que el hecho de poder votar, que se respete el voto y que sume para quien hemos marcado en la boleta, sería apenas el 1er. paso para poder hablar de democracia. Falta todo lo demás, y en México no existe.

Para empezar, el sistema de partidos no permite que entre los candidatos haya ciudadanos ajenos a los institutos políticos. Son los propios partidos quienes seleccionan a sus aspirantes, y al estar manejados por camarillas que han tenido la habilidad para mantenerse en el poder, son los mismos de siempre dando vueltas de una posición a otra. Muchos de ellos con manchas de escándalos por corrupción o acciones indebidas en su ejercicio como gobernantes, pero finalmente están ahí nuevamente en las boletas.

En los partidos, en cada uno de ellos, militan auténticos convencidos de su ideología, honorables, leales a sus principios, pero en la mayoría de los casos son dejados fuera de las listas por no corresponder a los intereses de la camarilla en turno.

Habría que limpiar primero al sistema de partidos de "los reyes del moche", de los artistas de la simulación y el desfalco, y de aquellos que han visto la política como fuente de poder y recursos; debería volver la militancia que dio sentido al nacimiento de cada partido.

Y más allá de ello, urge que tengamos en los puestos de elección popular gente que respete y honre las instituciones, para que a su vez las instituciones recuperen la credibilidad y la confianza.

Hoy, en esto que los gobernantes y partidos llaman democracia, vivimos como un partido de futbol que se juega en 2 canchas: una, la de ellos, donde el único interés es ganar las elecciones para perpetuarse en las posiciones de poder, y la otra, la nuestra, donde estamos solos, lejos de las instituciones, y preocupados por resolver nuestros problemas que muchas veces han sido provocados por ellos.

Eso no puede llamarse democracia.

De 2012 a la fecha, la Secretaría de la Función Pública ha impuesto sanciones económicas a 1,123 funcionarios públicos por un total de 2,419 millones de pesos; sin embargo, el dinero que se ha podido cobrar no llega siquiera al 10%, pues no existe una ley que obligue a los servidores castigados a pagarlas.

Así, el índice de recuperación de las multas y sanciones administrativas es de 0.1%. De hecho, la dependencia afirmó que no está en su competencia hacer el cobro, sino únicamente fijar el monto.

Se les han impuesto multas que van desde los 60 millones de pesos, como al exdirector de Pronósticos Deportivos, Adolfo Felipe Blanco, por negligencia administrativa, hasta sanciones por 500 pesos, como a Rubén Becerra, un suboficial de la Policía Federal que también fue inhabilitado por 10 años para ocupar cualquier cargo público.

Aunque la dependencia deberá vigilar que los funcionarios públicos no sean contratados por otras dependencias, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no existe ninguna cláusula que dé facultades para dar seguimiento al pago de la sanción económica, por lo que en la mayoría de las ocasiones, si hay suerte, se cubre una parte mínima.

En esta misma lista se lee que de 2013 a la fecha la sanción más alta aplicada a una funcionaria pública es por 149'931,251 pesos, contra María del Rosario de León García, quien fuera subdirectora de Finanzas del ISSSTE.

A pesar de que la sanción aparece en la solicitud de transparencia, el nombre de la funcionaria no se encuentra en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados, que se puede consultar públicamente en Internet.

La falta de "dientes" en la dependencia que castiga a los servidores públicos es una de las causas principales por las que no se inhibe la conducta delictiva de los funcionarios en todos los niveles.

Edna Jaime, directora general de México Evalúa, consideró que las últimas modificaciones legales para abatir la corrupción, lejos de fortalecer a los organismos públicos, los hace más vulnerables y menos operantes al interior de la propia estructura burocrática.

[¿Quiénes hacen las leyes y los reglamentos? - pregunta el webmaster.]

Lagrimita no distinguió qué parte del proceso era una payasada y qué parte era en serio. Esto es, no supo ponerle humor a la sátira política, convertirse realmente en un payaso que hace ver a todos los políticos como otros payasos, pero tampoco tuvo claro jamás cómo era el proceso que le exigía el Instituto Nacional Electoral para conseguir las firmas para la candidatura (el proceso es realmente complejo y está diseñado para que nadie lo logre). Era más que evidente que al precandidato ciudadano Cienfuegos la mecánica para conseguir las firmas le era tan ajena y lejana como el budismo a un católico de Yahualica.

Alguien fracasó en la estrategia del candidato Payaso. La payasada costó tiempo, dinero y esfuerzo. Yo espero, sinceramente, que no haya sido dinero del erario: tengo hartas dudas y sospechas, pero ninguna prueba. Lo que sí me queda claro es que el dinero no era de Guillermo Cienfuegos, no porque no lo tenga, es un profesional muy exitoso en su ramo, sino porque no tenía idea de lo que estaba gastando. Si el objetivo era generar descrédito de la clase política y desalentar el voto, el resultado fue poco eficiente, pues no logró confrontar realmente a la clase política y mucho menos convocar a los electores a una reflexión. Si el objetivo era, como él decía, llegar a ser presidente municipal o regidor para ayudar a "tanta gente que lo necesita" (así de vago, así de fútil) tampoco se logró.

Si el sábado se confirma que Lagrimita no alcanzó el registro no significa que no habrá payasos en las contiendas electorales (hay otros que harán ese papel sin necesidad de ponerse la nariz roja) sino simple y llanamente que alguien se equivocó.

Se difunde en redes sociales un video de vagoneros que abiertamente se drogan en los vagones del Metro capitalino. La policía no se atreve a hacer nada. Si bien se subió el precio del Metro en diciembre de 2013 con la promesa de mejorar el servicio y eliminar a los vagoneros, el director del Metro, Joel Ortega Cuevas, no ha tenido la capacidad o el valor de cumplir ninguna de las promesas.

"Guerra sucia" es el concepto usado en campañas para definir a todas aquellas estrategias que buscan ganar votos a costa de manchar la reputación del contrincante.

La democratización del país trajo consigo elecciones más polarizadas, la inclusión de despachos de asesores más caros y en donde la denostación juega un papel fundamental. Por lo tanto, a una semana del inicio de la campaña, bien nos podríamos preguntar: ¿Qué riesgos existen en campañas en donde los partidos políticos se enfrascan en estrategias de difamación, encono y desprestigio?

Dice Michael Ignatieff, autor del libro "Fuegos y Cenizas", que la política se ha convertido en una lucha por el prestigio social. El prestigio significa votos, y los votos se traducen en poder. Ante la debilidad de las antiguas ideologías, las campañas se transforman en contiendas en defensa de la reputación personal. Rara vez los candidatos ponen sus proyectos gubernamentales sobre la mesa, sino que el centro de los debates electorales giran en torno al carácter y la honestidad de los candidatos. No es que no importe el proyecto, pero el elector, como lo muestran la mayoría de los estudios demoscópicos en la materia, toma su decisión con base en las cualidades personales que percibe del candidato y no tanto pensando en su proyecto político. Por ello, la llamada "guerra sucia" se ha convertido en una herramienta tan seductora para la clase política. Un golpe certero y contundente puede desfundar hasta al más sólido de los candidatos.

Es importante diferenciar la "guerra sucia" de la sana y necesaria campaña de contrastes. El contraste es inherente a las campañas, un candidato debe decir por qué hará las cosas de forma distinta a su contrincante o por qué puede ser un gobernante más eficaz. El contraste es valioso en las campañas porque brinda mucha información a los ciudadanos, información que es fundamental para elegir su opción partidista con mayor claridad. Según la ley electoral, tanto la general como la estatal, la guerra sucia es identificada como una estrategia de calumnias y mentiras que van dirigidas al desprestigio de un adversario o de una institución. Los terrenos en los que se mueven las campañas negras son resbaladizos, no es fácil trazar una línea entre la sana campaña de contrastes y la insana guerra sucia.

Uno de los efectos más perniciosos de la llamada guerra sucia es, sin duda, la división que deja como corolario en la sociedad. Las campañas deben dividir, porque detrás hay proyectos distintos. Tal división es positiva si encuentra cauces institucionales para expresarse y no incita ni a la violencia ni al rencor. Sin embargo, no siempre la polarización de las elecciones desaparece cuando llega la hora de encontrar puntos de acuerdo y privilegiar las coincidencias. Ahí tenemos 2006, una elección que en muchos sentidos sigue pesando en el imaginario de una buena parte de la población. La campaña: "López Obrador, un peligro para México", en donde comparaban al candidato de izquierda con su homólogo de Venezuela, caló muy profundo en una parte de la sociedad que vio como el miedo se convertía en el único argumento para descarrilar al candidato presidencial. La división era palpable: al interior de las familias y entre amigos. El país duró al menos 3 años en sanar de una campaña tan agresiva y polarizada. Todavía, al día de hoy, vemos que el norte-occidente y el sur-centro siguen políticamente divididos, y un acontecimiento clave fue la elección de 2006.

Los asesores y consultores contratados para las campañas pocas veces piensan en la división que dejan como residuo de su campaña de miedo. Ellos reciben su pago por dar resultados y, aunque admiten que hay unos códigos de ética, eso provoca que estén dispuestos a casi todo con tal de ver ganar a su candidato. La guerra sucia tiene ese efecto: separa y excluye. Construye un imaginario social y político en donde el contrincante se convierte en antagonista, descalificando sus planteamientos por ser quien es y no por su trayectoria política. Parece que en las campañas de lodo y descalificación nadie piensa que hay un mañana.

El miedo que desencadena la guerra sucia es irracional y no se contrasta con la realidad. Recuerdo en la elección de 2006, el miedo tan grande que existía entre las clases medias por la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador, cual estalinista consagrado, les comenzara a retirar los títulos de propiedad de sus casas. El miedo alcanza tales niveles, que la propaganda roza la locura.

Si bien la campaña de contraste dota de información valiosa, la guerra sucia se convierte en la distorsión de dicha información, dejando a los ciudadanos con los peores argumentos para emitir su voto.

La guerra sucia tiene como objeto la destrucción de la reputación del contrincante. A diferencia de la campaña de contraste, la meta es hacer pedazos al adversario, sin importar la estrategia. Los consultores identifican los problemas que mayor miedo desatan entre los ciudadanos, y los utilizan para decir que su contrincante representa todo eso. Es un mensaje en esencia conservador, por lo tanto suele ser utilizado en contra de candidatos que van punteros y que tienen proyectos políticos de reforma profunda. Sin embargo, el asunto más grave es que en campañas de este tipo no se ventilan los problemas de la ciudadanía públicamente, y tampoco se buscan soluciones a dichas problemáticas. Las campañas negras son por regla, campañas sin propuestas. La propuesta es destruir. No hay un proyecto político detrás. No vemos ni propuestas para combatir la inseguridad ni tampoco herramientas para hacer que la economía del país crezca. Los problemas reales de los ciudadanos se guardan debajo de la alfombra y se apuesta por la denostación.

Múltiples estudios han demostrado el vínculo existente entre guerra sucia y abstencionismo. Mientras el contraste sano y responsable convoca a más electores, la guerra sucia se convierte en hastío y decepción para el votante. Detrás de la guerra sucia todos se manchan, el que ataca y el que se defiende. Es un juego en donde se asume que todos pierden, pero el objetivo es que el adversario pierda más. Ese razonamiento suele alejar a los votantes de las urnas: "Si votas por él, vas a perder lo que tienes"; "mejor malo por conocido que bueno por conocer" o "seremos corruptos, pero los de enfrente son más", son algunos de los mensajes que se encuentran detrás de la publicidad basada en la denostación.

A una semana de que comiencen las campañas todo parece indicar que viviremos un par de meses de mucha polarización y muy poco proyecto. Es tiempo de que alguien piense que después de las elecciones será momento de gobernar.

4 males aquejan a nuestra democracia electoral de partidos: 1.-el "chapulineo"; 2.- el transfuguismo; 3.- la banalización de la política; y 4.- la "venta de fueros".

El 1o. designa la consabida práctica de que los políticos brinquen de cargo en cargo -para no interrumpir su carrera política- sin haber concluido el período para el que fueron electos. El 2o. consiste en transitar -sin el menor recato- de partido en partido, con tal de conseguir la mejor plataforma para promover su imagen y discurso político. Ambos casos, si bien favorecen la profesionalización también alientan la irresponsabilidad y la falta de identidad programática de los líderes políticos.

Los 2 últimos son creaciones recientes: el 3o. alude a la tendencia de que los partidos postulen como candidatos a cargos de elección popular a personajes del deporte o de la farándula, en un descarado intercambio de fama por votos y de cargos por fama, estimulando la improvisación política y la desinstitucionalización partidaria. El último -el más burdo y cuestionable- contradice el compromiso de no postular candidatos que puedan estar inmiscuidos en hechos criminales, o que sean indiciados en una investigación de la que se puedan derivar responsabilidades penales.

Entre el famoso y el partido se da una relación simbiótica: el partido supuestamente depende del famoso para conseguir votos, en tanto que el famoso depende del partido para emprender una nueva y lucrativa forma de vida. Como lo que quieren es vivir de la política y no vivir para la política, la actividad política se corrompe o se prostituye, y el que sale perdiendo es el ciudadano.

Siendo el poder, el honor y el dinero productos de campos de actividad diferentes, lo mejor es que no se mezclen y se mantengan separados. Tan malo es tratar de obtener poder político u honor a través del dinero, como que a partir del poder político se busque hacer dinero o adquirir méritos que no se tienen. Con el honor (fama) sucede lo mismo: puede producir dinero, pero no debe dar poder político, so riesgo de que los líderes se conviertan en ídolos y los ídolos en líderes.

Hemos estado acostumbrados a que el poder produzca dinero, pero no a que de la fama se obtenga poder político. Lo primero es corrupción. Lo segundo, constituye un fraude a la política, a la democracia y al sistema de partidos.

No se trata de regatearle a los famosos sus derechos políticos. Lo que se indica es que los partidos deben tener respeto a sus militantes, al electorado y a la actividad política. Involucra también la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de los cargos públicos a los que se postulan.

No puede decirse que porque no existen políticos profesionales o ciudadanos idóneos los partidos tienen que recurrir a personajes con mala o buena fama para postularlos como candidatos. No, el problema es que la selección de candidatos no es por métodos democráticos y que la ley conceptualiza esos procesos como asuntos internos de los partidos políticos.

La denuncia hacia la alta política ha perdido efectividad. El gobierno se sabe desgastado pero, curiosamente, también lo están sus opositores y críticos.

Partidocracia es un término que en México suele llevar un sesgo peyorativo, aunque no fue común hasta que el PRI dejó de ser la instancia hegemónica, a diferencia de Alemania, Francia e Italia, que tuvieron la experiencia de partidos de masas desde principios del siglo XX.

Gianfranco Pasquino la ha definido, en su Diccionario de Política, más que gobierno de los partidos, por su raíz griega, como un dominio verdadero y propio de éstos o una expansión de sus ambiciones de control.

La recuperación del concepto es oportuna hoy, a unos meses de las elecciones intermedias, cuando el Consejo Coordinador Empresarial ha confirmado que tiene candidatos en casi todos los partidos.

También el grupo de AMLO tiene aspirantes de la iniciativa privada. Es decir, todos los partidos con registro nacional cuentan con empresarios candidatos, con la consigna principal de impulsar "las prioridades legislativas" de su sector.

Hay quienes se llaman a sorpresa por esta apuesta abierta del empresariado y exigen que su compromiso sea con las plataformas de sus partidos y con el bienestar general. Parecen olvidar que hay diputados campesinos, senadores actores, alcaldes maestros y gobernadores empresarios. Vicente Fox sembraba brócoli antes de ser invitado a ocupar una curul en San Lázaro, que le permitió llegar a la gubernatura de Guanajuato y después a la Presidencia.

Todos ellos defienden primero los intereses de los suyos y después, si queda combustible, los del bienestar general. Usted tiene la mejor opinión de cuál ha sido el legado de Fox, Eduardo Bours, Manuel Clouthier, Francisco Hernández Juárez, Cuauhtémoc Paleta, Leonardo Rodríguez Alcaine, Felipe Muñoz, Silvia Pinal o La Tigresa.

La partidocracia da incluso para acuerdos multicolores, desde el Pacto de Solidaridad Económica de Carlos Salinas hasta el Pacto por México de Enrique Peña. Da para instituir negocios familiares, como el del Verde, y para empresas de corta vida, que pierden su registro en 3 años, después de obtener jugoso financiamiento, y luego reaparecen con otro nombre y logotipo.

Nadie espere, pues, que los empresarios piensen primero en el bienestar general.

Pese al momento de incredulidad en la clase política que se reconoce hasta en Los Pinos y que ha provocado priorizar en el debate nacional los temas de la transparencia, la fiscalización y la lucha anticorrupción, aquí nuestros diputados decidieron ayer dejar nuevamente en la congeladora la iniciativa ciudadana para reformar un modelo de revisión del gasto público a todas luces agotado, y que en vez de combatir, solapa y alienta la corrupción. Qué importa que con ello se violen los propios ordenamientos del Congreso [de Jalisco]. Desprecio a la ley y a los ciudadanos con los que al principio de la legislatura prometieron diseñar una agenda común.

Como si legislaran en una burbuja, aislados e insensibles a los temas que se discuten entre los que se dicen representar, nuestros legisladores decidieron ayer también ignorar el tema de los escándalos salariales en el pleno, pese a que muchos de ellos por separado, se habían pronunciado ya por la necesidad de legislar para frenar tanta voracidad de funcionarios que se autoadjudican sueldos sin dar explicaciones a nadie. Seguro fue porque el personaje central de este nuevo bochornoso episodio de nuestra vida pública es el titular de la ASEJ, que los tiene en un puño, y al que mostraron así nuevamente su postración.

Lo increíble fue que del tema ni siquiera hablaron los diputados del PRI, cuando ya su jefe político, el gobernador, había no sólo condenado los abusos salariales, sino anunciado que enviaría una reforma constitucional para detenerlos e incluso la desaparición de dependencias en las que sólo se dedican a medrar del erario.

Fue con ese pronunciamiento, con el que el gobernador dejó solos y exhibidos en sus miedos a los diputados. Ahora lo que habrá que ver es si a él no lo exhiben los funcionarios voraces al ignorar su llamado a reconsiderar y bajarse el sueldo ya.

No puedo más que cifrar en la ignorancia y el protagonismo nocivo las posiciones de los políticos que se han atrevido a mencionar que el partido amistoso que sostendrán las selecciones de Brasil y México, el próximo domingo 7 de junio, afectará la jornada electoral federal programada en ese día.

Este tema retrata a cabalidad a los políticos que han argumentado esto. Ignorantes y oportunistas. Derrotados desde el discurso, sus miedos y sus argumentos falsos, raquíticos...

Y no soy gobiernista ni priista, pero qué pena dan los opositores...

2 partidos políticos pretenden suspender un encuentro México vs. Brasil argumentando que el color verde beneficiaría a otro partido. Idiotez pura. El futbol es más popular y goza de más confianza y credibilidad que todos los políticos juntos.

En el submundo de la política, los "chaqueteros" proliferan. En México, de hecho, son una plaga. Y aunque pudiera haber casos en que el cambio de partido corresponde a descubrir, en el ejercicio de esa actividad, una mayor identificación con los postulados ideológicos de otro partido, pero, sobre todo, con la congruencia de la generalidad de sus militantes con esos principios, casos así constituyen la honrosa excepción a una regla ominosa: que los cambios de chaqueta se dan en función de los intereses de las personas y de los propios partidos.

La escisión del PRI que dio pie al nacimiento del PRD, o los frecuentes reacomodos de funcionarios públicos que entran en conflicto con los dirigentes -que no, en rigor, con los principios de doctrina- de los partidos de los que alguna vez fueron recalcitrantes y hasta distinguidos militantes; la decisión de algunos ciudadanos que un buen día abandonan la que por muchos años había sido su actividad preponderante -empresarios, profesionistas, etc.- para incursionar en la política, de ordinario tiene más de vergonzante que de honrosa.

Porque más temprano que tarde exhiben sus verdaderas intenciones, que se reducen a ver qué logran por medio de la política.

El Ayuntamiento de Guadalajara es una de las 35 entidades públicas que han desviado o retenido 1,370.2 millones de pesos provenientes de las cuotas patronales y de las aportaciones de burócratas, recursos que se adeudan al Instituto de Pensiones de Jalisco.

Los pasivos de estas entidades eran por 713.8 millones en febrero de 2014, pero al mismo mes de 2015 se incrementaron en 656.4 millones. De nada sirvió reformar el Código Penal para castigar con cárcel a los responsables que no depositen en tiempo estas cuotas porque no hay sanciones.

El instituto reporta que hay 14 entidades con procesos judiciales: los ayuntamientos de Guadalajara, Autlán, La Barca, Tamazula, Zapotlán el Grande, Chapala, Tala, Mascota y Vallarta (a éste se suman el Consejo del Deporte y el DIF); así como el Instituto de la Juventud de Tonalá, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y Servicios y Transportes.

Los efectos de estas irregularidades son que el Ipejal mantiene bloqueadas las prestaciones hipotecarias de corto plazo y los préstamos de liquidez de trabajadores, pero el Instituto evade informar la cifra precisa de afectados, cuando la pasada administración sí la documentaba.

El 1er. lugar de la lista es Puerto Vallarta, con deudas por 354 millones por el retraso de 87 quincenas. Le siguen Tonalá y Guadalajara, con 279 millones cada uno, al no aportar 72 y 7 quincenas, respectivamente. También aparecen nuevos deudores este año: los ayuntamientos de Mascota y Chapala, la Secretaría de Educación, el Consejo de la Judicatura, así como el Instituto de Formación para el Trabajo, el Instituto Jalisciense de la Vivienda y el Code, entre otros.

Desde julio de 2013, no reportar las cuotas al Ipejal es un delito que acredita sanciones administrativas y cárcel de tres a 15 años, pero se requiere que Pensiones o el servidor público afectado demanden ante la Fiscalía. ¿Por qué no hay sanciones?, se le cuestiona a Luis Enrique Miranda del Río, director jurídico del Ipejal: "No se ha llegado a ese extremo. La ley es para prevenir".

[¿No será porque los que irían a dar a la cárcel son políticos? - pregunta el webmaster.]

De las 35 entidades públicas que hasta el mes pasado no habían reportado las aportaciones de los servidores públicos y las cuotas patronales al Instituto de Pensiones del Estado, casi la mitad se encuentra en la situación más grave al enfrentar procesos judiciales por arrastrar el mayor retraso.

La cifra de entidades en esta situación se duplicó en el último año, al pasar de 8 ayuntamientos y organismos con procesos judiciales en febrero de 2014, a un total de 14 el mes pasado.

De las 35 instituciones con deudas, el organismo ha conseguido crear convenios con 15, con lo que pretende recuperar alrededor de 136 millones de pesos con diferentes condiciones en cada caso. El problema es que seis incumplen los acuerdos de pago para saldar sus deudas acumuladas: los ayuntamientos de Tala, Gómez Farías, Tamazula, el Instituto de la Juventud de Tonalá, el Consejo Municipal del Deporte de Tonalá y el Instituto Jalisciense de la Vivienda.

(V.periódico El Financiero en línea del 26 de marzo de 2015).

¿A quién le podría interesar que se pudieran suspender o boicotear elecciones en Guerrero y Oaxaca? A ninguno de los otros 9 partidos, pero sí a Morena. Al PRD lo que le conviene es que haya elecciones y sobre todo en esos 2 estados, quizás los 2 únicos, además de las elecciones en el DF, donde tiene posibilidades reales de ganar. Para Morena es distinto: tendrá mejor votación en Oaxaca que en Guerrero, pero hoy en ninguno de los 2 estados es una opción. Pero, además, en el 2015 no le interesa serlo: Morena quiere crecer, como todo partido, en el máximo porcentaje posible.

Su objetivo, sin embargo, tiene nombre, apellido y fecha: es Andrés Manuel López Obrador presidente en el 2018. No hay un solo anuncio de Morena, en ninguna elección local o federal, que no sea protagonizado por López Obrador en una evidente, ni siquiera disimulada, campaña adelantada de cara a las elecciones presidenciales del 18 (¿no tiene nada que decir el INE al respecto?). Por lo pronto, López Obrador, como publicó ayer La Razón, tendrá en 6 meses, 1'055,000 spots de radio y televisión gratuitos, lo que significan la friolera de 8,791 horas de tiempo oficial, un ventaja brutal respecto a cualquier otro precandidato potencial. En ese sentido, sea cual sea el resultado del 2015, López Obrador ya ganó y si se demuestra que el Estado mexicano no puede garantizar la realización de elecciones en 2 o 3 entidades, ese triunfo (desde su óptica y objetivo políticos) es aún más redituable. Nadie más podría beneficiarse de ese hecho.

Las campañas electorales irrumpirán en la vida de los mexicanos en las próximas semanas con su retahíla de actos monótonos, insulsos e intrascendentes, acompañadas de 24 millones de comerciales que los partidos políticos pasarán por televisión y radio.

Como viene siendo usual desde hace décadas, las campañas mediante las cuales los políticos profesionales se reciclan de un puesto a otro, serán magnificadas por la cobertura que los medios informativos hacemos de las mismas.

Qué bueno que el Congreso de Jalisco es básicamente inútil. Sólo así se explica que a pesar de que los diputados tuvieron un retraso de casi 5 meses para aprobar el presupuesto de este año, no hayan tenido problemas de gravedad de enero a la fecha.

Tardan más de lo decente (dicen) porque analizaron peso por peso (dicen) e intentan arreglar el desorden que arrastran desde hace ya por lo menos una década. También se tardan (y eso no lo deberían decir, es vergonzoso) porque no tienen idea clara de cuánto dinero había al 31 de diciembre. Por favor, que alguien les ayude. Si no intervinieran la negociación y las tapaderas, un equipo de administración les arregla el numerito en un par de semanas. Si se han tardado tanto es porque sí ha intervenido la negociación, el cabildeo y la indecencia. No merecen que los ciudadanos de Jalisco les confíen un solo peso. Mucho menos 683 millones.

Sin embargo, hay algunas luces. Por ejemplo, el tema de las casas de enlace. Por fin cortaron de tajo el apoyo de 93,000 pesos mensuales por diputado para poner estos lugares de gestoría. Habrá quien piense que era lo único en lo que podían servir, pero se equivocan: esas casas eran lugares de coyotaje.

No se confundan: los diputados no están haciendo labor social, sino cobrando muy caro a los ciudadanos por convertirse en coyotes.

Y es que ahora resulta que la tarea de los diputados es funcionar como gestores ante la incapacidad de los gobiernos para hacer inteligibles y accesibles sus programas. Se entiende que una parte de la tarea de los diputados sea representar a los ciudadanos en temas específicos... ¡pero no tan específicos como encontrar un dentista! ¡Y mucho menos con dinero público! Que lo hagan como parte de su tarea política, bien. Con su partido. Con adoctrinamiento ideológico si quieren. Con ganas de ayudar a la gente y de formar ciudadanos o militantes o simpatizantes. Bien. Pero no con el presupuesto legislativo. Ahora resulta que los legisladores necesitan una casa pagada por nosotros para explicar a los ciudadanos cómo entrar al Seguro Popular, en dónde encontrar asesoría jurídica, y cómo obtener un crédito. No, eso no es un diputado. Qué bueno que ya no cobrarán por ello, eran coyotes demasiado caros.

En el Congreso de Jalisco, la Comisión de Administración por fin sesionó. Aunque se aprobó el presupuesto en general, los detalles quedaron para después, así como para después ha quedado el recorte de la plantilla de personal y que impacta las finanzas del legislativo. Lo mejor fue la respuesta del diputado Enrique Velázquez cuando le preguntaron sobre la reducción de nómina: "Seguimos trabajando, denme chance", señaló el legislador. ¿Pues cuánta chance necesitan estos diputados que desde septiembre del año pasado estamos esperando el recorte anunciado? Hasta ahora, puro taco de lengua.

La elección de candidatos sin méritos aparentes amplía el alejamiento entre los políticos y el resto de la población, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez.

"Se lanzan candidaturas de baja calidad que incluyen a personajes marcados por el rechazo y el desprestigio", o sin aparentes méritos o credenciales para atender la función de representante popular o para tomar decisiones críticas.

Las planillas de regidores sirven para 3 cosas: para pagar favores políticos, para hacer amarres internos y para gestionar votos con grupos específicos. En la mayoría de los casos los regidores son y serán rémoras de la política. (La definición de rémora es preciosa y precisa: "Pez perciforme marino con un disco oval encima de la cabeza, con el cual se adhiere a los objetos flotantes y a otros peces con los que establece relaciones de comensalismo". Diccionario Espasa-Calpe 2005). Esto es, los regidores son comensales de un banquete político que pagamos nosotros. Algunos piensan que los regidores son un mal necesario, yo comparto eso de que son un mal, sigo con dudas en la parte de que son necesarios. Confieso que en algunas ocasiones he visto a regidores hacer cosas realmente útiles e importantes, pero luego esos mismos regresan al plan rémora.

Si revisamos las planillas de los 3 principales candidatos a la alcaldía de Guadalajara vamos a encontrar elementos comunes: en todas hay 2 o 3 personas que valen la pena, y que son por lo general aquellos con los que el candidato podrá contar en caso de ganar; en todas hay cuotas del partido y en todas hay operadores políticos y ciudadanos "ilustres", es decir aquellos que aportan el nombre y la fama a cambio de recibir suelo durante 3 años en caso de ganar.

Que no nos quieran vender como frescura lo que es simple mercadotecnia electoral. Y está bien, si incluir gente famosa, operadores políticos de dudosa reputación (y otros no tan dudosa, pues su mala reputación trasciende fronteras) les ayuda a ganar y está dentro de lo permitido por la ley, vale, pero que no nos quieran dar gato por liebre, o si se prefiere, rémora por pescado.

El tiempo aire de radio y TV que reciben los partidos políticos para transmitir sus anuncios de campaña tiene un valor comercial que puede ascender a decenas de miles de millones de pesos, un monto que supera varias veces el financiamiento público que reciben de la autoridad electoral.

Como resultado de las reformas de 2007 y 2014, los partidos disponen durante el periodo de precampañas de 30 minutos diarios en cada una de las 2,556 estaciones de radio y TV del país; 24 minutos durante el periodo de intercampañas, así como 41 minutos durante el periodo de campañas. Eso significa que en 2015 los partidos dispondrán de tiempo para transmitir 24.2 millones de anuncios de 30 segundos para difundir su propaganda electoral. El tiempo aire que se otorga de forma 'gratuita' a los partidos tiene un valor comercial y constituye un financiamiento en especie a los partidos.

(V.pág.16-A del periódico El Informador del 24 de marzo de 2015).

Las campañas que están a punto de comenzar apuntan a que serán unas de las más aburridas de la historia. Si los candidatos no le ponen algo de sabor, si no entienden que para los electores las elecciones son importantes, sin duda, pero que no nos va la vida en ello; que estamos hasta el gorro del golpeteo insulso y que si no le meten algo de humor y sabor, si no se bajan del carro de lo políticamente correcto terminarán haciendo unas elecciones para dormir.

Algunos de los candidatos que competirán en los comicios del próximo 7 de junio son "verdaderamente impresentables" debido a sus pasados controvertidos "y a relaciones oscuras con ambientes criminales", afirmó la Arquidiócesis de México.

"Nos encontramos con verdaderas colecciones de curiosidades: los que saltan de un partido a otro por oportunismo más que por convicciones. Unos más, carentes de toda experiencia política, son llamados porque gozan de popularidad entre la gente por sus actividades artísticas o deportivas".

En la planilla de Ricardo Villanueva como candidato para Guadalajara quedaron registrados oficialmente dos profesionales... del deporte: Benjamín Galindo Marentes, ex futbolista, y la gimnasta Cynthia Yasmín Valdez Pérez. Y en primerísimo lugar, Bernardo Macklis Pretrini, identificado en febrero de 2013 como presunto "aviador" en el Congreso y, nos aseguran, emparentado con el Niño Verde de Jalisco, Enrique Aubry.

De 2001 a 2012, el dinero que destina el gobierno federal a publicidad oficial creció de forma paulatina e ininterrumpida. Según la organización no gubernamental Fundar, en un análisis sobre el gasto del gobierno federal en la materia, durante el sexenio de Felipe Calderón se gastaron 39,000 millones de pesos en publicidad oficial. Esta cifra equivale al presupuesto entero de estados como Coahuila, por ejemplo. De esta cifra, 53% fue para la televisión abierta, 9% para la radio, 8% para la televisión de paga y 7% para los periódicos. A estas cifras, hay que añadir los más de 5,000 millones que se gastaron en publicidad oficial en las entidades federativas durante 2012, según los cálculos de Fundar y Artículo 19.

Pero, ¿esto no pasa en todos los países? Sí, pero a distintos niveles. Vamos poniendo 3 ejemplos: España, Francia y Argentina. En los 3 casos, los gobiernos centrales gastan menos en publicidad que en México. A pesar de que 2 de ellos cuentan con un Producto Interno Bruto mucho mayor que el mexicano. ¿No es dañino para la democracia y para la libertad de expresión que los gobiernos sean los "mecenas" de algunos medios de comunicación? ¿No se deberían transparentar los criterios que se toman en cuenta para asignar los recursos de la publicidad oficial y comunicación social? Fue una propuesta de Peña Nieto que por cierto quedó en el "baúl de los recuerdos".

Ahora que el nuevo escándalo del megasalario que se autoadjudicó el titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, Alonso Godoy Pelayo, da pie para recordar de nuevo que los diputados mantienen en la congeladora desde hace 7 meses, la primera iniciativa ciudadana para romper con un esquema fiscalizador que lejos de castigar, solapa y alienta la corrupción. La voracidad impune del propio auditor es el más reciente botón de muestra.

¿Quién atora estas reformas?

"De alguna manera, nuestra percepción es que están todos los partidos políticos detrás de esas resistencias. Como que hay algo que quizá el auditor está de alguna manera blindado y blindando a personajes de todos los partidos políticos porque no vemos voluntad política prácticamente en ninguno de los partidos", me responde Cecilia Díaz Romo, integrante del Congreso Ciudadano.

Además de los partidos políticos y los poderes fácticos que los controlan, la trama corrupta que tiene anulada la supervisión del gasto público en Jalisco, se sostiene también en nuestra apatía como comunidad.

Urge ciudadanía que le recuerde a los diputados que hay ahí una iniciativa que tienen que discutir y que han evadido desde hace 7 meses, violando incluso la Ley Orgánica del Congreso.

Los ciudadanos somos en general muy tolerantes en la ejecución de la obra pública. Y digo que somos tolerantes porque en realidad los ciudadanos cargamos con los costos ocultos de las obras, mismos que nunca se cuantifican ni evalúan, como el desgaste de los automóviles y unidades de transporte público, el tiempo perdido en los trayectos, el aumento en contaminación, etc. Los gobiernos "planean" una obra en función únicamente de los recursos con los que cuentan. Si hubiera una cultura de medición del impacto económico de las obras no habría duda de la importancia de que las constructoras trabajen 24 horas y de que muchas de las obras deberían de hacerse sólo por la noche para evitar los costos de los ciudadanos, pero no es así. Vamos a aceptar que eso es todavía demasiado evolucionado para nuestros gobiernos, lentos, obesos y costosos, independientemente del partido que los presida.

Lo que es inaceptable son las obras eternizadas, esas cuyo final se va prolongando una y otra vez sea por falta de planeación o porque desde su origen nacieron corruptas. Aunque no son los únicos, hay en estos momentos 2 casos emblemáticos, ambos en Zapopan, donde curiosamente otras obras han dado ejemplo de buena ejecución y ajuste de tiempos: la carretera a Colotlán y la avenida Aviación.

La ampliación de la carretera a Colotlán fue dividida en 3 partes: un tercio lo ejecutó el gobierno federal, otra tercera parte el gobierno estatal y el 3er. tramo le tocó al gobierno municipal. Los 2 primeros ya terminaron y el 3o. no tiene para cuando; la obra es un verdadero caos y en sábado a las 12:00 ya no hay nadie trabajando, como si realmente no tuvieran prisa o no hubiera personas afectadas por la obra.

El otro caso eternizado es la avenida Aviación. El arreglo debió haber quedado terminado desde la administración de Héctor Vielma, pero nunca se terminó. El gobierno de Héctor Robles tuvo que enfrentar una obra a medias, que es siempre mucho más complejo, y la fecha de terminación se pospone una y otra vez. Las razones, seguramente válidas, van desde falta de coordinación con el Siapa hasta falta de coordinación con Movilidad, en todo caso lo que es evidente es la falta de planeación en la obra.

Hay, según la secretaría de Movilidad, más de 100 frentes de obra abiertos simultáneamente ejecutados por los 3 niveles de gobierno en la ciudad y no hay nadie que vea al conjunto.

En la reciente reforma electoral, en Jalisco se incluyó la figura de candidatos independientes, pero los diputados locales olvidaron modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que en caso de que los 2 aspirantes [independientes] al cargo logren llegar a una curul tras la elección del 7 de junio puedan tomar decisiones en el congreso local.

Llegarían al congreso atados de manos, pues no podrán formar parte de los organismos de gobierno como la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva o las comisiones legislativas.

La Ley Orgánica no incluye la figura de diputados independientes en espacios legislativos, por lo que su participación dependerá de la buena voluntad de los partidos políticos.

No son pocos los políticos que en períodos electorales deambulan cínicamente de partido en partido, no digamos que para aportar ideas, si acaso sólo ocurrencias. Las más de las veces, sólo claman impúdicamente acomodo político.

El padrón de la PGR, para casos de secuestros y robos de infantes, no se ha depurado en 20 años. Un descuido irresponsable que resulta imperdonable y que niega la profesionalización de esa dependencia, y la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, el área encargada de la base de datos en la PGR, lo acepta. Sinceridad que se agradece, pero que de ninguna manera exculpa. En Jalisco, las cosas van por las mismas ramas, unas que no han sido podadas y que añosas y podridas no permiten lograr el avance de los casos denunciados.

Entonces, ni datos, ni seguimiento, tampoco operativos estructurados con profesionales que sigan las líneas de investigación, mucho menos logros en este sensible tema.

Se suma el informe sobre tortura de la Organización de las Naciones Unidas y de Amnistía Internacional, que al Gobierno de la República le ha sentado muy mal, pero en lugar de atender este problema, lo que las autoridades han hecho ha sido negar lo que la realidad se empeña en mostrar.

El secuestro está afectando a toda la población, empresarios, trabajadores, maestros, empleados son las víctimas de la inseguridad negada, sin que el Gobierno del Estado de Jalisco se organice para combatir estos flagelos.

Porque en Jalisco está aumentando la inseguridad en todas sus formas y las autoridades no toman las acciones necesarias para detenerlo, y así realizar su trabajo de proteger a la población.

Los mexicanos siguen amagados por la inseguridad mientras las autoridades se dan a la tarea de desdeñar la vida de la población y evadir su responsabilidad.

En tiempos de campaña los candidatos a diputados nos cortejan; llaman a nuestra puerta; nos envían cartas melosas y mensajes adulatorios; pronuncian ante nosotros discursos llenos de promesas. Llegado el día de la elección les damos nuestro voto. Ese mismo día nos dan la espalda, y en vez de ser nuestros representantes lo son de su partido o de su personalísimo interés. Y sin embargo ellos no tienen la culpa: la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque somos indiferentes a la vida cívica y política de nuestra comunidad; porque nos desinteresamos de lo que pasa en ella; porque no estamos enterados de los temas que atañen a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestro país, o que tocan de cerca la vida de la gente. Hacemos vida familiar, o con nuestros amigos, pero carecemos de vida pública. Nuestros diputados no nos representan porque no les damos asuntos para que nos representen. Dicho de otra manera, no son verdaderos diputados porque nosotros no somos verdaderos ciudadanos. Nos falta educación para la civilidad. No tendremos diputados que nos representen mientras no tengamos educación cívica y política.

Donde hay ciudadanos apáticos las autoridades no atienden las verdaderas necesidades de la comunidad y la voracidad de la clase política y gubernamental crece hasta convertirse en una amenaza a las mismas estructuras del Estado.

Ya se ve venir que el proceso electoral no sólo se buscará ganar a través del sufragio ciudadano sino también en la medida de lo posible mediante todos los recursos legales viables, ya sea mediante denuncias en las diferentes instancias o en los tribunales. Ya lo decían ayer en la reunión nacional de magistrados electorales, se espera que este proceso electoral sea el más judicializado. Y lo peor del caso es que la mayoría de las denuncias o procesos emprendidos sólo se utilizan como herramienta para descalificar al contrincante.

Estamos en época electoral. Y como nada importa más que aumentar un puntito o 2 en la intención de voto, hay que desatar un caudal, una tromba de declaraciones ramplonas, pero llamativas para posicionarse ante los posibles electores, cansados por cierto de tanto intento de posicionamiento fútil, barato y por tanto contraproducente de los partidos políticos.

A punto de cometerse un nuevo exceso en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Analizando algunos juicios de amparo a los que tuvimos acceso vemos que algunos aspirantes a jueces tachan de inconstitucional y plagado de irregularidades tendientes a beneficiar a familiares, incluso novias de jueces y magistrados el procedimiento respectivo, para que sean estos nombrados dentro de la lista de 96 jueces especializados en procedimiento penal acusatorio y oral, y de ser así, en cuanto se levante la suspensión otorgada en un juicio de amparo promovido por María Gloria Sepúlveda Bernabé veremos lo nutrido de parientes y gente muy cercana a funcionarios judiciales que aparecerán en la citada lista. La sociedad está harta del grado de corrupción de algunos magistrados, afortunadamente son minorías, sólo como muestra, los magistrados de la Quinta Sala, Marcelo Romero García de Quevedo y Arcelia García Cásares, tienen, según consignó un medio de comunicación local, incrustados a sus hijos en el Consejo de la Judicatura del Estado ganando sueldos altísimos.

López Obrador no para: su meta es la Presidencia de la República en 2018, para lo que formó su propio partido, Morena, rompiendo con el PRD, del que fue presidente, candidato al Gobierno del Distrito Federal en 2000 y 2 veces, 2006 y 2012, su abanderado presidencial. Básicamente sigue siendo el mismo, con algunas declaraciones más radicales, pero muy aplaudidas por su feligresía.

Apenas el miércoles, de visita en Morelos, anunció en una entrevista que cuando llegue a la Presidencia dejará la Constitución como la escribieron los constituyentes de 1917.

Y yo creo, para citar a Rubén Aguilar, que lo que López Obrador quiso decir es que, de ganar la Presidencia de la República en el proceso electoral de 2018, propondrá al constituyente permanente una iniciativa para reformar la Constitución y volverla, dijo, a los términos originales de 1917.

No lo veo, de ganar, cambiándola él solo, para lo que antes habría que modificarla, a fin de que el ejecutivo, y no el Congreso de la Unión, sea el que la reescriba.

¿O así lo querría hacer López Obrador...?

¿Qué cuando venga la próxima renovación de la Corte en noviembre, con la salida de Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, el PRI y el PAN se repartirán esas posiciones? No lo sé, tampoco lo sabe Javier Corral, que lo denuncia altisonante y sin pruebas, como siempre, pero así se han elegido, con acuerdos políticos, todos los ministros desde que el Senado tiene esa responsabilidad, y así se han dejado fuera de la Corte, con acuerdos políticos entre otros actores (en esa ocasión entre el PRD y panistas), a personajes tan notables como Bernardo Sepúlveda.

La popularidad derivada de haber descollado en el mundo del deporte, y particularmente en uno tan masivo como el futbol, es, para los partidos que los postulan, relativa garantía de que los ídolos de las canchas pueden redituarles los votos que difícilmente les darían otros candidatos menos conocidos. El valor de uso de sus candidaturas, así, no llega hasta el punto de que se pretenda, realmente, que lleguen a ocupar los cargos para los que los promueven; se reduce, vía de regla, a la intención de conseguir los sufragios necesarios para conservar el registro.

La falta de pago de los gobiernos municipales y estatales ha puesto en jaque a las empresas constructoras mexicanas, generando grandes cuentas por cobrar, y que las pequeñas y medianas incluso quiebren.

Las grandes constructoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores sumaron al cierre de 2014 cuentas por cobrar de 43,390 millones de pesos, monto superior en 87% al de hace 5 años. Luis Zárate, expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, explicó que en estados como Veracruz, Chiapas, Coahuila y Guerrero, se han visto problemas de falta de pagos que rondan entre 2,000 y 3,000 millones de pesos, acumulados desde 2011. "No hemos podido revertir esta tendencia por temas políticos; lo que más nos preocupa son las mipymes, porque si no le pagas, las quiebras", dijo Zárate.

También existen pagos pendientes por parte del gobierno federal, debido a que se trata de obras de mayor tamaño e inversión. Uno de los problemas a nivel federal es el retraso en el pago de anticipos, lo que retrasa el arranque de las obras y todo el calendario para el desarrollo de los proyectos.

Es difícil encontrar en México un expediente tan patético como el del Partido Verde Ecologista de México. Nomás en su nombre lleva 3 mentiras:

1. No es partido. Es una empresa privada cuyo presidente del consejo de administración es Jorge Emilio González Martínez, alias "El Niño Verde".
2. No es verde, pues tiene y ha tenido militantes y dirigentes que lo mismo acuden entusiasmados a apostar en las peleas de gallos que mantienen especies animales en sus casas particulares en condiciones impropias.
3. Tampoco es ecologista. Basta recoger lo que piensan del PVEM los movimientos ambientalistas más prestigiados de América y Europa: la descalificación es automática.

"De México" sí es... desafortunadamente.

La más reciente tropelía de "los verdes" incluyó buscar escondrijos en la ley para publicitarse en el cine fuera de los tiempos de campaña reglamentarios, violar el espíritu de la equidad en la contienda democrática y mandar al diablo a las instituciones cuando el Instituto Nacional Electoral le ordenó retirar sus "cineminutos" que exhiben el único discurso que son capaces de enarbolar: uno que dure 60 segundos... y lo diga alguien más.

El INE, en represalia, les impuso una multa ejemplar: 67 millones de pesos que ojalá no se caigan o rebajen en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Con este episodio como la más reciente exhibición de su desfachatez, es difícil encontrar en México un expediente tan patético como el del PVEM. Es difícil, pero lo hay.

Todavía faltan 3 años para las campañas presidenciales y Andrés Manuel López Obrador ya está haciendo trampa. Curioso, tratándose del candidato presidencial que con más vehemencia se ha quejado de fraude electoral.

López Obrador ya se autodestapó. Es el único político mexicano que ha anunciado que será candidato presidencial. Es también el único que puede decirlo con esa seguridad porque, como "El Niño Verde", es dueño de un partido político. No necesita competir por la candidatura de Morena.

Como el Verde con los "cineminutos", López Obrador buscó escondrijos en la ley para publicitarse fuera de los tiempos de campaña reglamentarios violando el espíritu de equidad en la contienda: aparece su imagen, hablando en todos los spots de Morena.

Ya empezó. Y nadie se ha apuntado para pararlo. De esta manera, sólo en el 1er. semestre de este año, Andrés Manuel López Obrador habrá aparecido en 1'241,400 anuncios de 30 segundos en 2,850 estaciones de radio y canales de televisión.

Según información oficial del INE, los spots de AMLO estarán divididos aproximadamente de la siguiente manera: 205,200 durante los 40 días de la precampaña para la elección de junio (donde AMLO no es candidato), 615,000 en los 45 días de intercampañas y 420,600 durante los 2 meses de campañas.

Y encima de todo, se dice víctima de triquiñuelas y cerco informativo.

Cuentan sus cercanos que ya no tiene el vigor de antes, pero mantiene su obsesión por La Silla. "Si llego o si me dejan llegar", repite una y otra vez.

El magistrado Guillermo Guerrero Franco consiguió la suspensión definitiva de un Tribunal Colegiado, con ello no podrá ser removido de su cargo a pesar de que en el Congreso del Estado ya había nombrado a su sustituto.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes, refirió que no es la 1a. vez que el Judicial le gana una batalla legal al Legislativo.

"Lo interesante es que en el congreso ya van 2 ocasiones que nombran magistrados y nosotros presentamos las controversias, la 1a. fue del magistrado Antonio Fierros Ramírez, y la 2a. es la del magistrado Guerrero Franco que nos acaban de notificar", expuso.

Para el magistrado presidente del poder judicial, los diputados "se estaban precipitando en razón de que nosotros ya habíamos presentado un amparo, pero como al congreso le urgía, lo nombraron pero no podrá tomar posesión", recriminó.

El pasado 3 de marzo, el pleno del congreso eligió con 25 votos a José Reyes Victoriano González como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en lugar de Guillermo Guerrero Franco quien cumplió 70 años por lo que debería dejar el cargo.

Guerrero ya había promovido un amparo, argumentando que la ley no es retroactiva ni en perjuicio de nadie.

"Cuando fue ratificado no había fecha de retiro, le faltan 2 años y medio. El fondo del asunto es que si al final gana el juicio, se anula el nombramiento del magistrado que nombró el congreso", señaló Vega Pámanes.

Las listas de candidatos plurinominales son a la política lo que las letras chiquitas a un contrato. Las grandes trampas de las aseguradoras o de las compañías de telefonía celular están en las cláusulas que están escritas en letra más pequeña al final de las 22 hojas que te dan a firmar. Lo que quieren, por supuesto, es que no las leas, que no te enteres que los señores pueden por ejemplo, ponerte una multa por recesión de contrato, hacerte cargos por razones absurdas o no cubrirte cosas que parecían obvias cuando compraste un seguro.

Las listas de candidatos plurinominales de los partidos funcionan más o menos igual. Los candidatos más simpáticos, más conocidos, de cara más presentable son los que mandan a hacer campaña. Pero cuando votas por un diputado en realidad estás votando también por una lista de personajes que vienen en letra chiquita en la parte de atrás de la boleta, que nunca leemos y que los partidos nunca se tomaron la molestia de hacer una campaña para que los conociéramos. Nos venden un candidato que al votar por él no sabemos si va a ganar o no, pero ese voto llevará al congreso local y federal a una serie de personas que no pasan por el escrutinio público, que no hacen campaña, y sobre todo, que no sabemos a qué atenernos ni qué reclamarles.

Los senadores plurinominales son una contradicción y una aberración política pues el Senado es la representación de los estados en el pacto federal, no la de los partidos.

La mitad de los diputados que llegarán al congreso local pasaron por el tamiz de los intereses de los partidos y de los poderes fácticos de este estado, pero lo harán con el voto que otorgaremos a otros candidatos... de cara bonita y voz engolada.

En México, la política tiene mucho de simulación. Se cambia todo, para que todo quede igual. Y esto sucede por una sencilla razón: se reforma lo accesorio, lo irrelevante. Se parte de diagnósticos, si no falsos, por lo menos insuficientes. Si no de mentiras abiertas, sí de medias verdades. Esto sucede en materia electoral: la reforma política de 2014 se configuró sobre la base de mitos y supuestos que hoy están probando su absoluta incapacidad para explicarnos lo que sucede.

¿No nos dijeron que el problema de la democracia eran los estados? ¿Esos espacios de impunidad y cooptación que impedían a la democracia florecer como lo hace en la civilizada capital? ¿O no nos dijeron que resolveríamos el problema del dinero a borbotones con topes reales y sanciones como la pérdida de registro? ¿No nos dijeron que si los consejeros electorales de los estados eran nombrados por el INE, tendríamos en los estados una mayor calidad democrática? ¿O no nos dijeron que el INE estaba blindado a prueba de los partidos políticos y que el consejo sería intachable y absolutamente imparcial? La reforma electoral se cimentó en mitos y medias verdades. Discursos mediáticos, pero que no iban al fondo de los problemas electorales del país. Se construyeron expectativas que hoy son inalcanzables.

Hoy en día, el problema electoral de México no se llama Coahuila; tampoco se llama Jalisco, y menos Nuevo León. La crisis se vive en el Instituto Nacional Electoral. Una crisis de confianza y credibilidad. Pero ante todo una crisis de expectativas. La construcción del INE se hizo sobre cimientos que son realmente incumplibles.

Nos hablaban de su imparcialidad. Tanta autonomía que hay un grupo de consejeros (Marco Antonio Baños, Beatriz Galindo, Adriana Favela y Enrique Andrade), afines al PRI y al Verde, que marcan la agenda y tienen al presidente, Lorenzo Córdova, contra la pared. Lo tienen sometido a un desgaste que constituye una afrenta contra la certidumbre misma del proceso electoral. Las cuotas partidistas son inherentes a la política en Estados Unidos, Guatemala o Japón, el fondo del problema es encapricharse en negarlas y no en encontrar pesos y contrapesos para lidiar con ellas.

La crisis que atraviesa el INE es producto de las altas expectativas que se pusieron en una reforma electoral sin pies ni cabeza. Si Lorenzo Córdova quiere salir bien librado del proceso, debe de dejar su discurso triunfalista y enfrentar los problemas de la democracia sin atajos, asumiendo las dificultades inherentes a una reforma electoral confusa y mal hecha.

Las celebridades juegan hoy un rol clave en la política. Si bien, desde los tiempos del PRI hegemónico las celebridades servían como válvula de legitimidad, hoy en día su influencia se ha multiplicado y aparecen bajo cualquier signo partidista. Ante la crisis de credibilidad de los partidos políticos, que se refleja prácticamente en cualquier encuesta que usted revise y ante la poca reflexión que tienen muchos ciudadanos a la hora de emitir su voto, las celebridades son una forma de hacerse llegar de votos en un entorno de desprestigio de la política y poco valor del voto. Es ante todo una apuesta pragmática: en una sociedad harta de los políticos de siempre, caras conocidas del mundo artístico o deportivo son muy rentables.

Las celebridades juegan un rol político en todas las democracias. La declaración de un famoso, ya sea actor de cine o cantante de música, puede ser más potente que mil discursos. Por más que la celebridad tenga muchas veces los mismos males que se les achacan a los políticos -pérdida de contacto con la realidad, ganancias exorbitadas, pragmatismo- lo cierto es que el vínculo entre el ciudadano y la celebridad es más bien emocional, un vínculo que va más allá de la racionalidad de un proyecto político. Lo vemos en Bono, Maná o Shakira. En Angelina Jolie o en Juanes. La celebridad se construye en ciertas causas, ahí donde no hay riesgo para su fama ni de lastimar a sus fans. Esta credibilidad de las celebridades es siempre una tentación para los políticos.

Sin embargo, si bien es innegable que los políticos y las celebridades caminarán en sendas paralelas mientras la credibilidad de los segundos sea oxígeno para los primeros, es importante señalar que detrás de la postulación de celebridades a cargos de representación popular hay innumerables riesgos que no debemos pasar por alto. La intervención de las celebridades en la política puede ser positiva o negativa, todo depende de lo constructivo de su discurso y la sinceridad de sus motivaciones.

Existen 3 argumentos a favor, desde mi punto de vista, para ver como algo positivo la inclusión de celebridades en las listas de representación política: las celebridades representan un capital social que si es utilizado para causas ejemplares es posible lograr cambios profundos en algunas políticas. Lo demuestran las celebridades que se han vuelto activistas en materia de medio ambiente o combate a la pobreza, una reunión de estas celebridades con un mandatario es más eficaz que decenas de visitas diplomáticas. El ruido que puede provocar una "estrella" ante un problema concreto es mucho más intenso y punzante que aquél que puede lograr un político. Son capaces de generar agendas, por ello si están enfocados en temas que preocupan a la ciudadanía su intervención en el debate público podría ser de gran provecho.

Otro punto a considera es que su prestigio podría estar por encima de los intereses de los partidos políticos. No encuadra en todas las candidaturas, pero es cierto que una celebridad con un capital social bien ganado y trabajado, difícilmente tendría el incentivo de poner eso en riesgo ante tentaciones de partidos políticos. Eso pasó con el grupo de intelectuales que apoyó en su momento a Andrés Manuel López Obrador en México o a José Luis Rodríguez Zapatero en España, la política partidista no los atenaza, su credibilidad trasciende por mucho a la posibilidad de sanción de los partidos políticos.

En 3er. lugar, las celebridades llegan a lugares inalcanzables para los políticos, por lo que el debate público se amplía. Una declaración de Carmen Salinas, un posicionamiento sobre algún tema polémico, puede atraer a un público que sin ese hecho ni siquiera voltearía a ver a la política. Ese público que no tiene interés en el debate político, ya sea por desilusión o aburrimiento, suele prestar atención cuando celebridades hablan de tópicos públicos.

En el caso de México, considero que los argumentos negativos siguen pesando mucho más que los positivos.

Las celebridades en México, que van a cargos de representación proporcional, por lo general son instrumentos utilizados por los partidos políticos con un propósito: más votos. Y es que más posibilidades de voto significan más dinero de empresarios; significa más lana pública; significa más poder y significa más nómina y puestos a repartir. Es un negocio redondo para los partidos políticos en un entorno donde muchos ciudadanos no reflexionan sus votos.

En 1er. lugar, la política existe para resolver las diferencias de proyectos en una sociedad democrática. La política existe porque pensamos distinto y queremos cosas distintas para nuestra sociedad. Si desaparecen los proyectos, desaparece también la política. No tiene razón de ser. La inclusión de celebridades, al estilo "Lagrimita" o Galilea Montijo, es la claudicación de los proyectos como forma de entender la política. No importa qué se vende, sino quién lo vende. No importa si detrás de su cara en los anuncios de televisión o de sus voces en la radio, hay un vacío inmenso de proyecto político. Lo importante es su rentabilidad como producto comercial, es más la apuesta de una empresa privada o de una franquicia que de un partido político. Las celebridades sin proyecto matan a la política.

En 2o. lugar, las celebridades como las antes referidas se convierten en productos a merced del "mejor postor". Quien paga manda, no hay independencia de ideales (algo que también pasa en muchos partidos políticos). "Problema que se resuelve con dinero sale barato" dice el viejo adagio. Para los partidos políticos, las celebridades cumplen un rol que es barato en comparación con lo que dejan a cambio. Veamos al Partido Verde que utiliza a celebridades de telenovelas desde la elección de 2009 y hoy es 4a. fuerza política nacional (y según todas las encuestas pisándole los talones al PRD). Sabemos que es mucho más rentable poner a los actores de novelas a rendir cuentas en los spots que pasarle la bolita a Arturo Escobar para que saque cara por lo que hace y ha dejado de hacer el Verde. Este tipo de política vulnera el principio mismo de la rendición de cuentas. Eso es falsear la política y distorsionar la democracia.

En 3er. lugar, los partidos políticos maquillan sus problemas de credibilidad con rostros familiares y conocidos por buena parte de la ciudadanía. La inclusión de celebridades tiene una dinámica muy perversa: conserva intactos los privilegios de los partidos políticos sin asumir responsabilidad alguna. Juegan con el hartazgo de la gente. Es una lógica perversa: como sé que estás harto de mí y de mi partido, y asumo que la mayoría de los ciudadanos no razonan demasiado el voto, te propongo una cara conocida, un maquillaje que en esencial protege los mismos intereses. Es lamentable porque significa que los partidos políticos lo que están buscando es ver cómo sobreviven en un mar de descrédito y desconfianza. Le pasó a Berlusconi en Italia: puso a modelos a sabiendas que los italianos estaban hartos de los partidos políticos. Los partidos políticos jugando no a ver cómo resuelven su crisis de credibilidad, sino a ver cómo la profundizan.

En 4o. lugar, la agenda de las celebridades se reduce a ellos mismos. ¿Alguien se pregunta qué acciones emprendería el payaso "Lagrimita" si es alcalde de Guadalajara para ordenar las fianzas públicas del municipio? ¿A alguien le pasa por la cabeza cuál es la posición de Carmen Salinas en materia de reforma de transparencia? ¿O alguien sabe qué piensa Cuauhtémoc Blanco de los problemas de inseguridad en el municipio de Cuernavaca? La intervención de celebridades en la vida pública provoca que la mayoría de la discusión gire en torno a la persona misma, privándonos de conocer qué piensan sobre los temas y cómo piensan resolverlos.

La celebridad como Patiño de los partidos políticos y sus intereses: No es difícil saber que la popularidad política de estos personajes está íntimamente vinculada al descrédito que vive la política y los partidos, y que sus candidaturas se vuelven eficaces en un contexto en donde la mayoría de la ciudadanía vota sin pensar su decisión a conciencia. Y a los partidos parece no preocuparles esa falta de credibilidad, sino por el contrario, buscan con celebridades lucrar con ella.

Con el arranque de las campañas, viene un tsunami de 16 millones de spots de los partidos durante 90 días. Los de Morena serán exclusivamente para promover la precandidatura presidencial de López Obrador.

El Partido Verde debe ser bueno porque tiene entre sus filas al Nini Verde, que, después de Luis Miguel, es el mirrey primigenio, y porque está impugnando la injusta multa que le aplicó el malvado INE que, como está en crisis, no quiere saber quién se la hizo sino quién se la va a pagar. Ojalá que pronto se vuelvan a saltar las trancas para que en sus spots muestren cómo le dieron techo, comida y sustento en sus propios depas papaloy a esos animalitos de los circos en quiebra que no tienen adónde ir. Ni modo que vayan a hacer el oso, we, abandonando a esas criaturitas del señor. Como cuando presumen sobre las multas que habrán de pagar las empresas que contaminen, y no se vio a los ninis verdes en la ribera del río Sonora cuando los derrames del muy humanista Grupo México.

Si don Arturo Escobar, vocero del PVEM, que tan valientemente afirma que "no es ilegal difundir logros" -siempre y cuando los haya, supongo-, saliera a pedir una coperacha para pagar la multa del INE, estoy seguro de que todos aquellos que fuimos bañados con sus sanos, justos e inteligentísimos spots le entraríamos con gusto.

Ahora que los análisis de la Auditoría Superior de la Federación ratificaron que el Ayuntamiento de Guadalajara es el que tiene la nómina más abultada del país, y que sin duda es un factor que gravita para que también aparezca en los primeros lugares de endeudamiento, el tema se vuelve crucial para el futuro del gobierno de la ciudad y, por tanto, en asunto de los que aspiran a asumir esa responsabilidad logrando el voto mayoritario en la jornada electoral del 7 de junio próximo.

¿Tienen clara ya su postura de lo que les significa para la ciudad que quieren gobernar que los 12,070 burócratas consuman el 54% de su presupuesto anual? ¿Les parece excesivo o necesario ese número de servidores públicos? ¿Cuál es su plan y las acciones a tomar para reducir la plantilla o para hacerla más eficiente y mejorar los servicios públicos que brinda la autoridad municipal?

El dictamen de la ASF, pues, nos vuelve a poner en la mesa un asunto pendiente en la agenda municipal jalisciense y en el que las administraciones que terminarán en septiembre de este año nada hicieron en sus 3 años de gestión.

Según el último Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del Inegi, Jalisco sigue siendo el 4o. con mayor número de regidores en el país, el 2o. en nóminas y número de dependencias municipales, y 2o. también en la cantidad de edificios, que implican el pago de rentas en total discrecionalidad.

¿Bajamos el número de regidores? ¿Son necesarias tantas dependencias municipales? ¿Se justifica la renta de tantos edificios?

El tema debe ser prioritario porque el tamaño de esas nóminas que devoran nuestros impuestos está lejos de reflejarse en la calidad de los servicios públicos y del mantenimiento y crecimiento de la infraestructura de la ciudad, y más bien ha jugado un factor decisivo para el indebido endeudamiento de los municipios, que ven en los créditos bancarios la salida para mantener a una burocracia poco supervisada y calificada, y que son más bien el pago a clientelas partidistas.

Una cosa es que se reconozca y otra que se actúe, para adelgazar el enorme gasto que enfrenta la administración pública municipal de Guadalajara, al cargar con una nómina que literalmente absorbe el 54% del presupuesto anual. Y es que admitir el problema es el 1er. paso, el 2o. sería actuar, pero parece que nadie le quiere entrar al espinoso tema y menos en tiempos electorales, donde el acarreo de la burocracia municipal puede resultar benéfico para el interés de cualquier partido en el poder. La pregunta es ¿Qué hacen los más de 5,000 empleados que superan a ciudades similares como Zapopan o Monterrey? Y no hablemos de aviadores, que obviamente están en ese ejército de personas que viven del erario y nada más pasan a checar y por su cheque.

Hablando del tema, ayer en el Congreso del Estado el diputado panista, Guillermo Martínez Mora, propuso un punto de acuerdo para pedir de la manera más atenta, pues los puntos de acuerdo sirven para 2 cosas, que los alcaldes salientes se abstengan de heredar basificaciones masivas, y con ello aumentar la carga financiera que representa el engrosar la nómina municipal; a propósito de lo que ocurre en la capital del estado. Y es que desafortunadamente parece importar poco a los alcaldes salientes las condiciones financieras en que dejan sus administraciones, con una deuda en ascenso y una burocracia que se convierte en el cáncer de las finanzas municipales.

Cada vez que la clase política decreta un nuevo "derecho humano", los mexicanos tenemos razones para temblar. Los derechos a la tierra, a un salario remunerador, a la salud o a la vivienda hoy en la Constitución sólo han servido para enriquecer a algunos políticos o para generar burocracias y evitar que estos bienes se vuelvan accesibles.

La experiencia en México y el mundo sugiere que los monopolios gubernamentales sólo garantizan la creación de burocracias y sindicatos poderosos pero no de servicios más eficientes.

Resulta que la ONU tiene un órgano (le dicen UNOPS, por sus siglas en inglés), que se dedica a supervisar y dar asesoría técnica en compras gubernamentales, proyectos de infraestructura, licitaciones y megaobras. Lo hacen con transparencia y vigilan la imparcialidad y la suficiencia técnica. Claro, nadie les habla, porque ¿quién quiere que estos extranjeros especializados metan las narices en donde unos funcionarios y empresarios corruptos pueden sacar tajada?

Los del Partido Verde se hacen como que la Virgen les habla. Ya les advirtió el INE que deben retirar sus spots y espectaculares y se hacen de oídos sordos. Los espectaculares siguen, los spots se escuchan en radio y en el cine. Bueno, de los comercialotes en el cine mejor ni hablamos.

Hasta abucheos reciben en algunas salas de cine. El INE ya le llamó la atención a 2 empresas que distribuyen películas para que dejen de transmitir esos comerciales. La multa para el Verde podría rondar los 37 millones de pesos.

Movimiento Ciudadano aceptó ser plato de 2a. o 3a. mesa y decidió colocar a Marcelo Ebrard en sus listas de diputados, luego de que no fue aceptado ni en el PRD ni en Morena. Lleva consigo a MC las acusaciones por el fraude de la Línea 12 y escándalos como el de las cuentas en Suiza y sus viajes con cargo al erario en vuelos privados a Las Vegas (igualito que Gustavo Ponce Meléndez, aquel protagonista de los videoescándalos). ¿Tanto está dispuesto a asumir el partido de Dante Delgado?

Más de 10 años tuvieron que pasar para que el Estado mexicano adoptara en su sistema jurídico los compromisos que asumiera el 9 de diciembre de 2003, al firmar los resolutivos de la Convención de las Naciones Unidas contra Corrupción, celebrada en la ciudad de Mérida, Yucatán, ratificados por el Senado mexicano el 29 de Abril de 2004, y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2005, misma fecha en que entran en vigor. Ahora que los tratados internacionales obligan, al igual que la Constitución o una ley a las autoridades, la verdad se estaban tardando.

No obstante que lo aprobado es positivo, también es insuficiente.

Mientras en este país la inmunidad (fuero) no deje de ser sinónimo de impunidad, poco se podrá avanzar en controlar, combatir y castigar la corrupción, puesto que los funcionarios que gozan de fuero son sus principales causantes (para muestra ahí está el escándalo de los "moches" y las "mochadas"). Urge que el Senado de la República saque de "la congeladora" el proyecto de decreto de reforma a los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución que les fue enviado por la Cámara de Diputados el 12 de marzo de 2013. Mientras esto no se resuelva, por más "4 patas tenga la mesa" del SNAC será una mesa coja, puesto que la prescripción de los delitos de corrupción a 7 años queda anulada con legisladores con fuero, reelectos hasta por 12 años.

Si las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos no se hacen públicas, de nada sirve hacerlas obligatorias (además se quedaron cortos en no pedir también la declaración de impuestos para cada servidor público). Si esos documentos -y el de no tener conflicto de interés- fueran públicos todos los ciudadanos se convertirían en "auditores" de la ASF; de lo contrario no alcanzará dinero alguno para pagar empleados que las estén revisando.

Finalmente, la creación de un Tribunal de lo Administrativo para imponer sanciones a los servidores públicos (federales) por responsabilidad administrativa, ya estaba en la Constitución desde el 5 de diciembre de 2006. Si en los estados los actuales tribunales de lo administrativo serán los que apliquen sanciones a los funcionarios corruptos estatales y municipales, en el caso de Jalisco si eso así fuera, "¡que Dios nos agarre confesados!", pues sus magistrados no tardarían en acordar las sanciones "con una feria" de por medio, como lo han hecho en múltiples casos, y recientemente lo hicieron con su resolución para urbanizar el bosque del Nixticuil, de Zapopan, Jalisco.

Lo mismo gobernadores priistas que panistas y perredistas le metieron ayer intensa presión a sus correligionarios en la Cámara de Diputados, en un intento de frenar la parte de la reforma anticorrupción que permitirá a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar las participaciones federales de estados y municipios.

La intentona falló en el Palacio de San Lázaro, pero los mandatarios locales iniciaron ayer mismo su cabildeo en el Senado.

Hoy la democracia ha pasado de moda en nuestro país. Grupos que se dicen de izquierda defienden los usos y costumbres, que no es otra cosa que prohibir el voto a los indígenas para garantizar que los caciques mantengan el control de sus comunidades. Se han aprobado cuotas de género para que los ciudadanos no puedan votar por los candidatos que deseen. El debate de fondo ha sido reemplazado por spots de 30 segundos en radio y televisión.

Los procesos democráticos internos de los partidos, que son el cimiento de la democracia en otros lugares del mundo, han sido reemplazados en los partidos mexicanos por sistemas que dejan las decisiones en manos de los líderes. Todas las organizaciones han abandonado las elecciones primarias como proceso para elegir candidatos.

El PRI ha regresado abiertamente al dedazo. Una vez más es el primer priista de la nación, el presidente de la república, quien decide los candidatos a los principales cargos de elección del partido, los cuales son después presentados a los electores como "candidatos de unidad".

El PAN, que antes se preciaba de sus raíces democráticas, ha adoptado también el dedazo. Las decisiones son hoy cupulares y se toman para golpear a grupos rivales a los líderes, aunque se haga daño al partido. El presidente panista, Gustavo Madero, por ejemplo, no permitió que Margarita Zavala, uno de los mayores activos políticos del partido, fuera candidata a diputada federal. La decisión fue una aparente represalia en contra del grupo de Felipe Calderón y Ernesto Cordero.

En el PRD se recurre también a las decisiones cupulares que buscan repartir cuotas de candidatos entre las tribus. En el proceso se han quedado fuera de las listas aspirantes con popularidad, arraigo y trayectoria como Marcelo Ebrard y María Rojo.

Los partidos pequeños no se interesan tampoco en tener procesos democráticos internos para escoger candidatos entre sus militantes. Prefieren reclutar a futbolistas y artistas o a personajes de dudosa reputación que pueden pagar las campañas con sus recursos.

El caso más triste de todos, me parece, es el de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador. Un grupo de candidaturas en este partido se reserva para personajes externos, mientras que las que corresponden a los militantes se definen por medio de un sorteo.

Es triste, pero ya nadie se interesa en la democracia. Las cuotas, el dedazo y la negociación en lo oscurito han regresado por sus fueros. Y si no, la tómbola toma el lugar que debería corresponder al voto democrático.

En un sistema electoral creado por y para los partidos políticos se incluyeron las candidaturas independientes, pero los diputados omitieron generar condiciones para que los ciudadanos accedan al poder.

Pedro Kumamoto asumió el reto y en un escenario adverso inició la búsqueda de firmas para presentarlas al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y de esa manera obtener la candidatura a la diputación local por el Distrito 10 en Zapopan.

Kumamoto pertenece a Wikipolítica, una organización que busca promover la participación ciudadana. Esta agrupación se fijó como meta conseguir 6,000 firmas, aunque la norma prevé 2% del padrón electoral del distrito, es decir, 5,500 firmas, esto en caso de que los consejeros electorales consideren improcedentes algunas de ellas.

"Tenemos que dar la cara, caminar las calles, es algo que no ha logrado la política tradicional. Ellos no quieren salirse del congreso, salirse de los restaurantes finos donde se toman las decisiones y no llegan con la gente. Ir con la gente nos permite ganar legitimidad que no se gana con calcas".

El aspirante dijo que la falta de recursos económicos para los candidatos independientes es otra desventaja frente a políticos tradicionales, y consideró que llegar al congreso local sería una manera de demostrar que las campañas electorales se pueden hacer sin despilfarrar dinero público.

Sólo Andrés Manuel López Obrador puede creer que la ocurrencia de sortear como tómbola las candidaturas es un método que ayuda a combatir la corrupción. En realidad es un método que confirma que la democracia no está en los genes del jefe de Morena: no importa quién esté en el congreso por su partido, si no le responden únicamente a él "serán arrojados al basurero", dijo. ¿Al de Cocula, como hizo Abarca? No, al de la historia.

Recibí la ficha de un libro escrito en 1927 por Harold Lasswell, y que trata sobre la importancia de la propaganda en la Primera Guerra Mundial (1914-1919). No he leído nada más parecido a lo que hace el lopezobradorismo en sus medios de comunicación y en redes sociales. Dice que la función clave de la propaganda es intensificar la depresión, la desilusión y los desacuerdos en el campo rival.

La propaganda, añade, tiene 4 objetivos mayores:

1. Movilizar el odio en contra del enemigo: debe presentársele como un obstáculo para los sueños e ideales de la nación.
2. Preservar la amistad de los aliados.
3. Procurar la cooperación de los neutrales. Hay que convencer a los neutrales que la derrota del enemigo les favorecerá; quitará un obstáculo de en medio para que puedan alcanzar sus muy particulares intereses.
4. Desmoralizar al enemigo. Hay que minar la confianza de la población en la honestidad de su gobierno y hacerles ver que apoyan una causa perdida. Hay que insistir en la debilidad del rival y alimentar la expectativa de un inminente colapso.

Los pasos que debe seguir la propaganda -analizada por Lasswell después de la Primera Guerra Mundial-, para alcanzar sus objetivos, son: culpar y satanizar al enemigo. Hacer una lista de atrocidades de las que se culpará al enemigo y ponerlas en la opinión pública y de otras naciones.

Y, muy importante, hay que alentar la ilusión de que se puede derrotar al enemigo, conectándola con dos ideas centrales: "nosotros somos fuertes y somos buenos".

¿No es eso, exactamente, lo que hacen López Obrador y sus golpeadores en redes sociales, en caricaturas, en artículos de opinión y otras expresiones públicas?

Ellos engloban a las fuerzas antagónicas (PRI y PAN) para golpearlas y dividirlas en lo que les es común: su postura en favor de las reglas de la democracia.

Movilizan el odio en contra de quienes opinan de manera crítica a su proyecto, y los etiquetan de vendidos, vende patrias, lacayos, y los dibujan como marranos o perros falderos.

A otros más los intimidan directamente con amenazas escritas o verbales. Conozco a colegas cuyas familias son hostilizadas, para "ablandarlos" y de ser posible neutralizarlos.

El lopezobradorismo y sus adláteres siguen una estrategia tan antigua como eficaz. Amedrentar, mellar el ánimo de sus adversarios, ridiculizarlos... Y le cuentan al país que ellos son los "buenos" y los otros son los "malos".

Al lopezobradorismo la crisis de Iguala le vino como anillo al dedo en sus objetivos propagandísticos. Culpan al Estado de "asesino". Y a fuerza de repetirlo han sumado un coro nacional e internacional que dice lo mismo: "Estado asesino". ¿Y quién es el jefe del Estado? El Presidente. Por tanto, el Presidente es un "asesino".

El que sostiene una idea diferente en este caso es cómplice de "los asesinos".

Lo triste del caso es que, de una manera muy astuta, han logrado que algunos defensores de las libertades bajen la guardia.

A fuerza de repetirles que son cómplices de asesinos o de corruptos, de encasillarlos en el bando de "los malos", de acusarlos de estar "con la mafia", o de cargar con la "vergüenza" de apoyar al "PRIAN" y a otros "bandidos de cuello blanco", los hacen dudar. Titubean ante el acoso.

El fenómeno no es nuevo. Tiene que ver con la propaganda. Así lo veía Lasswell en 1927 (Propaganda Technique in World War I).

La ineficiencia es la peor de las corrupciones. La frase no es mía, la acuñaron los priistas para criticar las gestiones panistas, y tenían toda la razón. El problema es que el regreso de los priistas ha estado marcado por una enorme mancha de corrupción, si se quiere más asociado a la imagen del Presidente que a cualquier otro fenómeno pero hoy 6 de cada 10 mexicanos considera que la corrupción en los últimos 2 años es mayor que antes, y ahora resulta que en el caso de Jalisco tenemos el penúltimo lugar en el índice de gestión de gasto federal. Esto es dilapidamos recursos a lo baboso.

La mayor parte del problema está en el ejercicio del gasto del Seguro Popular. Lo era ya en la administración anterior pero la actual no sólo no la ha corregido, sigue creciendo el desastres. El problema estaba y está en el ejercicio caprichoso e incorrecto de los recursos.

La administración, pública o privada, no es una ciencia, es algo relativamente simple: gasta lo que tienes en lo que debes. Los problemas administrativos surgen cuando los caprichos, los privados o los políticos intervienen en las decisiones de una casa, una empresa o un gobierno. En los 2 primeros es un problema privado; cuando se trata de recursos públicos, es un delito.

Una de las peores herencias del panismo en sus 12 años de gestión federal fue que hicieron invivible el trabajo en la administración pública, pero no sólo no pararon la corrupción, la potenciaron a base de poner reglas absurdas. La pequeña corrupción que buscaban combatir (impedir que un funcionario menor beneficiara a su compadre en Tapachula comprándole los lápices) se convirtió en gran corrupción centralizada (el alto funcionario de la Ciudad de México compra a su compadre millones de lápices para Tapachula, aunque Tapachula ya no necesite más). Sin embargo, ese absurdo cotidiano no es pretexto para no seguir las reglas de operación de un programa, mucho menos para desviar recursos de un lugar a otro.

Que Jalisco sea el penúltimo lugar en el índice de gestión del gasto federal no es una cosa menor: habla en sí mismo de un desorden administrativo y las consecuencias pueden verse reflejadas en el corto plazo en recorte de programas o retraso de flujos para áreas tan sensibles como salud o educación.

Combatir la corrupción pasa por perseguir funcionarios corruptos de administraciones anteriores; eso debe hacerse y no como un acto heroico de un gobernador sino como un trabajo de oficio de la fiscalía, pero sobre todo pasa por hacer un uso eficiente de los recursos que los ciudadanos con muchos trabajos (y a veces con no poco coraje) ponemos en manos de los gobernantes. La ineficiencia es la peor de las corrupciones.

Amparados en la necesidad de acordar o en cualquier otra razón del momento, la oposición claudica en su labor de supervisar al gobierno. Ahí tenemos la aprobación del presupuesto anual: la Ley de Egresos se aprueba con mayorías que van desde 93 hasta 98% de la Cámara de Diputados. Es decir, casi unanimidad. Ni la izquierda ni la derecha, ni los extremos, quieren perder la oportunidad de sacarle al secretario de Haciendo un dinerito para construir una carretera en su municipio o ayudarle a tal o cual alcalde a conseguir más participaciones federales y luego le devuelva el favor en las urnas. O qué mejor, ser parte de las bolsas que se ofrecen para que el presupuesto pase rápido y con los menos cambios posibles.

Tampoco vemos oposición en los estados, por una sencilla razón: quien paga manda. El gobernador tiene la lana y sin ella no hay posibilidad de hacer política o pelear por una candidatura. Recuerden lo que hacen la mayoría de los gobernadores cuando no se puede negociar en buenos términos: siempre se puede abrir la cartera y comprar a la oposición. Mientras la oposición considere que es más fácil construir una trayectoria política a través de su cercanía con el gobernador en turno que verdaderamente responder a sus electores, será muy complicado que tengamos a una oposición a la altura de las expectativas. En muchos estados, la oposición sólo aparece en los libros de ciencia política.

Si bien les pedimos a los gobiernos en turno que rindan cuentas, también debemos hacerlo con la oposición. La oposición tiene también un mandato particularmente en el congreso y en los cabildos: oponerse. No oponerse a todo, pero sí ser lo suficientemente responsable como para asumir su papel de fiscalizador del gobernante, ya sea el presidente, el gobernador o el alcalde. Cuando la oposición asuma su papel de forma responsable y constructiva, ya no serán necesarios ejercicios de rendición de cuentas como la glosa ciudadana (que en gran parte busca darle la vuelta a un inoperante congreso y a una dócil oposición). Oponerse no es tomar la tribuna ni descalificar, sino ejercer un papel de supervisor implacable y brindar información útil a la ciudadanía. Sin oposición no hay democracia, ojalá algunos partidos lo entiendan.

La actitud omisa de los legisladores y la no actuación de los órganos de control interno y de procuración de justicia del Estado ante los escándalos de corrupción, convirtieron a la Auditoría Superior de la Federación en una institución "decorativa, burocrática y enunciativa que nadie atiende", admiten diputados federales del PAN y PRD.

"A los mexicanos nos cuesta casi 2,000 millones de pesos mantener cada año a la ASF", dijo la panista Elizabeth Yáñez Robles.

En pleno desarrollo, a pujanza total, de las campañas publicitarias electoreras por parte de todos los partidos políticos, la ciudadanía, la que trabaja, la que produce, la que cautiva paga sus impuestos, está harta, hastiada, verdaderamente molesta y hasta auténticamente encabritada, por la saturación de los "mensajes" que en comerciales, -no son otra cosa aunque tenga que recurrir al anglicismo del "spot"-, que por radio, televisión y de cuantos medios existentes pueden echar mano, como muestra fehaciente de una provocación que el zanganoreo político que roe el hueso con palpable voracidad, inflinge al ciudadano común del que viven.

Y hay de todo... Desde los sensibleros priistas que recurren al lagrimeo de un chofer de taxi que recuerda cuando su retoño se hizo abogado, -y que no le pregunten de nuevo porque vuelve a llorar-, pasando por la admiración que el priismo todo siente por los mexicanos que trabajan, que son ingeniosos, amables, que los abuelos quieren que les dejen a sus nietos, y otros que puedan salir al cine y a cenar con sus amigos, bla, bla, bla... A los panistas que afirman que México no está contento ni tiene nada por qué aplaudir, cuando la inconformidad y el desencanto está a flor de piel en todo el territorio nacional.

Y, la demagogia a ultranza de López Obrador intentando jalar gente para su Morena, reducto de desechos políticos, de todos aquellos que han andado de saltimbanquis partidistas sin importar ideología, principios y convicciones, sino tomando en consideración la oportunidad de seguir en el pandero lucrando y viviendo del presupuesto.

Y los verdes, el partido familiar de un junior que ha aprovechado sirviéndose con la cuchara grande de lo que le "corresponde" como partido político, aprovechando conexiones, influencias, acuerdos y prebendas, pero eso sí, con mucho humanismo, toda vez que han logrado que los circos no presenten espectáculos con animales, conformándose con que los secuestradores alcancen la mayor penalidad de tiempo, cuando lo que buscaban, -y no consiguieron-, era la pena de muerte y ya ni qué decir del amarillento perredismo reclamando, textualmente, "y los 20,000 que NOS faltan..." cuando con todo lo que ha venido sucediendo de corrupción descubierta, de impunidad desquiciante y desunión con fuga de valores que en un tiempo tuvieron representatividad, ha traído como consecuencia funesta que la izquierda se ha quedado sin discurso, derivado de su flagrante insolidaridad y brutal egoísmo, caracterizándose hasta ahora en reclamar y quejarse, escondiendo bajo la bandera de los derechos universales y la lucha de clases. El insaciablemente clamoroso "y qué hay de lo mío...".

Las caudalosas cataratas del dinero con que cuentan los partidos políticos una vez desenmascarados la corrupción con la que medran y de la impunidad de la que gozan, son la afrenta descarnada que hace sentirse a la ciudadanía impotente, desilusionada, desesperada ya, -¡cuidado...!-, de padecer una soledad insultante, dado el distanciamiento abismal que está habiendo con la casta política que no disimula, sino más bien se ufana, del cinismo con el que se agrede y ofende a los que de ellos viven que tributando, se sienten con los estómagos revueltos con visos de vómitos, ante el despilfarro galopante que en el hoy se padece.

Luis Lomelí encabeza el movimiento de la Contracampaña en Guadalajara. Sostiene que en los cruceros donde reparten volantes con cifras de los recursos multimillonarios que dilapidan los partidos políticos, la gente manifiesta que comparte su hartazgo.

"Estamos haciendo el llamado a la gente para que no vote, pero también a que se organice y trabaje en los barrios. Vamos a generar mesas de discusión, a las que vamos a invitar a jóvenes de los partidos políticos, con total apertura, para que no sea sólo nuestra postura, sino un debate amplio", afirma el egresado de Economía en el Centro Universitario de Ciencias Económico Adiministrativas.

Tania Ramírez Acosta, otra de las participantes de Contracampaña, asegura que el abstencionismo es una forma de sacudir las conciencias de la clase política.

Para el académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Igor González Aguirre, esta batalla es legítima y atractiva no sólo para los jóvenes, sino para la mayoría de la sociedad que no se siente representada por ningún partido político. Sin embargo, para que tuviera éxito se requierirían otras condiciones más sólidas en el plano de la ciudadanía.

"Los que se van a ver beneficiados con la ausencia de los ciudadanos en las urnas son las instituciones políticas que tienen el voto más duro. Eso me divide, aunque me decantaría por las demandas legítimas de la sociedad y de los padres de los normalistas de Ayotzinapa", apunta el académico.

Al respecto, Luis Lomelí se dice consciente de esa crítica, pero justifica que ir a votar sería lo mismo que ser cómplices de la partidocracia.

"A nosotros nos han dicho esa crítica de que favorecemos a los partidos grandes. Pero no queremos legitimar un sistema electoral que no es alternativa. A fin de cuentas, aunque votes, favoreces al sistema. Nuestra propuesta es no votar para que la gente se organice independientemente", argumenta.

El movimiento anulista de 2009 no tuvo efectos jurídicos ni efectos políticos, pues no se identificaba a quienes invalidaban su sufragio. Y aunque al principio la partidocracia reaccionó descalificando esa actitud, que tacharon de antidemocrática, al final ni se inmutaron. En aquellos comicios el voto nulo alcanzó el 5%.

No obstante, considera que a los políticos no les cae el mensaje que la sociedad les manda, por su mirada obtusa: "Ser cínico implicaría darles una potencia que ni siquiera tienen. Más bien tienen mirada estrecha. Como viven en una especie de Olimpo no alcanzan a ver los mensajes que emite la ciudadanía y genera ese divorcio evidente entre gobernantes y gobernados".

Recordaba el tío Tolito que las elecciones nunca han traído nada bueno, cuando menos para el común de los mortales, cambia la cosa para los que triunfan que desde que lo hacen comen con manteca pero son muy pocos, poquísimos, me sobran dedos en una mano para encontrar candidatos a los que se les ocurra, sin interés de llevarla a la realidad, así, el votante siempre es circunstancial y su única esperanza deberá ser que no lo jodan mucho más de lo normal.

Sin embargo en muy raras ocasiones surge un candidato al que se le ocurre algún beneficio para la gente, extraño pero ha existido, lo que por desgracia jamás ha habido es uno que cumpla.

El miércoles pasado, en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se presentó algo de lo que no se tiene memoria en el pasado reciente del anterior IFE: 1.- Que el presidente de su consejo perdiera una votación, y que una mayoría de consejeros (6 de 11) difiriera para otra sesión un punto considerado en el orden del día; y 2.- Que 7 de 10 representantes de los partidos políticos abandonaran la sesión, en señal de protesta.

Lo anterior debido a la programada discusión de 2 acuerdos: uno, para emitir normas sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos; y otro, para que los gobernantes (de todos los órdenes de gobierno) garanticen que los programas sociales no se usen con fines electorales.

Lo que no se vale es que los partidos promotores de esos reglamentos a través de sus representantes en el INE (Pablo Gómez, del PRD y Javier Corral, del PAN) hagan berrinche porque en una votación que perdieron el asunto se difirió para la próxima sesión. (Ante eso vale la pena preguntarse si también piensan abandonar el país si pierden las elecciones constitucionales de junio próximo).

Lo ocurrido muestra: 1.- que existe un pésimo diseño institucional del INE, pues no resulta comprensible que la ley no le otorgue a su presidente poderes de veto o voto de calidad; y 2.- que pese a que los partidos no tienen voto en su Consejo General, los que ahí mandan son los representantes de los partidos, quienes instrumentalizan las decisiones a través de "sus" consejeros; devengando ellos y sus asesores elevadísimos sueldos a cargo del presupuesto del INE.

Si esto está peor que antes ¿cuáles fueron los beneficios de la pasada reforma electoral?

Jalisco usó recursos federales etiquetados para diferentes programas en el sector salud como el Seguro Popular y los destinó al pago de deuda. Así lo concluyó la Auditoría Superior de la Federación y lo confirmó el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida.

Año con año, la Auditoría Superior de la Federación revisa cómo gastaron las entidades federativas los presupuestos federales. Una vez más las irregularidades millonarias se observan por todas partes en el informe de la Cuenta Pública 2013. Ésta vez se emitieron 10,861 acciones, de las cuales 6,902 son recomendaciones.

Sin embargo, la experiencia histórica revela que pocos son los sancionados por el ejercicio irresponsable de los recursos públicos. Del cúmulo de observaciones que ha señalado la dependencia federal entre 1998 y 2012, apenas se han presentado 444 denuncias, de las cuales 421 siguen en trámite y, lo más lamentable, solamente siete se han consignado, esto es, únicamente 1.57%.

Lo anterior, a pesar de que la instancia encargada de la fiscalización del uso de recursos públicos, es una de las más robustas a nivel internacional.

Según datos del Informe de la Cuenta Pública 2013, la nómina de la dependencia federal sostienen a más de 2,000 auditores, mientras que en otros países los entes a cargo de la fiscalización trabajan con la mitad del recurso humano: los Países Bajos mantienen en la nómina a 183 auditores; Australia a 298; Canadá, 436; mientras que Chile se da abasto con 835 trabajadores.

En México, a decir de los especialistas, las observaciones de la ASF tienen sin cuidado a los servidores públicos, mientras el sentir y la percepción ciudadana se desploman.

El sector privado del país denunció que en lo que va de 2015 ya se registra una repetición del fenómeno observado en años anteriores de impagos de gobiernos estatales y municipales, con afectación principal a las pequeñas y medianas empresas, lo que provoca un estrangulamiento en la cadena de proveeduría empresarial.

En lo que va de 2015 los industriales no sólo han tenido que hacer frente a la falta de ventas en el mercado interno, también al incumplimiento de pagos o "retraso" de pagos por parte de los estados y municipios, deuda que sobrepasa los 100,000 millones de pesos y día a día se abulta más.

Rodrígo Alpizar Vallejo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, indicó que el número de empresas afectadas, que no sólo son asociadas a este organismo sino que están asociadas a otras corporaciones, supera las 40,000. Explicó que los atrasos de pagos de las entidades estatales y municipales van de 6 meses hasta 2 años, lo que ha ocasionado la descapitalización de decenas de empresas, sobre todo de las de menor tamaño que "viven al día". En la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, señaló que hasta el 2014, el monto de la deuda de los estados a los constructores del país se ubicó en 2,000 millones de pesos. También en el organismo que preside Luis Zarate Rocha, las entidades "marcadas" como las más morosas con los constructores fueron Coahuila y Chiapas.

[Que se aclare que se hace con los intereses ganados por el dinero jineteado por los gobiernos - el webmaster.]

El Senado, que ayer aprobó reformas a la ley de transparencia, ha sido opaco al no sustentar sus gastos en 2013, reveló la Auditoria Superior de la Federación.

En su revisión a la Cuenta Pública 2013, el órgano fiscalizador no pudo emitir una opinión sobre el ejercicio de más de 1,209 millones de pesos porque la cámara alta no proporcionó la documentación que sustenta la aplicación de los recursos.

La ASF aseguró que el Senado sólo proporcionó un resumen y el auxiliar contable de los importes y conceptos que fueron transferidos a la partida "Asignación a los grupos parlamentarios".

La ASF aseguró que es necesario que las instituciones públicas tengan códigos de ética, ya que actualmente existe una crisis de confianza hacia las instituciones. "Esa falta de ética e integridad en las instituciones públicas son las que han generado que el servicio público tenga una imagen negativa ante la sociedad".

Por otro lado, aseguró que la rendición de cuentas en las entidades también es una de las "áreas de riesgo". "La fiscalización, la transparencia y la sanción administrativa y penal, implementadas a nivel estatal, son herramientas que aún no han logrado incidir en la gestión de los gobiernos locales".

La Secretaría de Salud en Jalisco deberá explicar el desvío y gasto sin justificar de 1,365 millones de pesos en el Seguro Popular durante 2013 que se ejercieron de manera irregular y "que generaron un posible daño a la Hacienda Pública", concluyó la Auditoría Superior de la Federación.

Según un análisis a la Cuenta Pública 2013 que la dependencia federal publicó ayer, el Seguro Popular "no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa y no se cumplieron sus objetivos y sus metas".

Las observaciones se enfocan principalmente en el gasto relacionado con la adquisición de bienes y servicios, nómina y gasto operativo. Por ejemplo, la ASF observa un gasto irregular por 57 millones de pesos en anteojos para empleados, bonos por el día de las madres y día del trabajador del sector salud, conceptos no permitidos en las reglas de aplicación del recurso. Otro ejemplo: se registra un pago por 47 millones de pesos a 268 médicos que realizaron funciones administrativas. El grueso del monto observado se relaciona con la falta de documentación comprobatoria.

La Secretaría de Salud cuenta con 45 días para solventar las observaciones.

Ayer el Juez 9o. de lo Penal dictó formal prisión a Álvaro Córdoba Pérez, ex director administrativo del Seguro Popular por parte del gasto ejercido en 2012.

Allá en La Fuente
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 19 de febrero de 2015).

Lorenzo Meyer, profesor emérito de El Colegio de México y autor de Nuestra tragedia persistente. La democracia autoritaria en México (Debate, 2013), dijo que las elecciones intermedias del mandato de Enrique Peña Nieto (donde se renovará la Cámara de Diputados y 17 congresos locales, a 9 gobernadores y 903 presidentes municipales) muestran el fracaso del sistema electoral.

"El mecanismo electoral de ahora francamente mostró su fracaso. Ése es un punto a discutir: ¿valen la pena la elecciones? Son carísimas, como todos lo sabemos; se trata de uno de los procesos electorales más caros del mundo y, ¿realmente influyen en algo, o están ya bastante predeterminadas?".

"En México, durante muchas décadas, ya todos lo sabemos, las elecciones estaban vacías de contenido. Eran pura forma y nada más; bueno, ahora se sospecha que sirven básicamente para reafirmar a la partidocracia en sus posiciones, pero no sirven para llevar adelante un proceso efectivamente democrático, es decir, que ligue al ciudadano, a sus necesidades, a sus deseos, con la maquinaria del poder. La maquinaria del poder está actuando bastante despegada de lo que son las realidades del ciudadano y de las comunidades".

El también ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2011 dijo que "hay diferentes ángulos en los que hay que ver la política y cómo está desembocando en lo que algunos ven, quizá yo me incluya entre ellos, como una crisis del sistema político mexicano, un sistema que se suponía que había cambiado entre 1997 y 2000 y que habíamos dejado atrás el larguísimo periodo de autoritarismo que casi abarcó todo el Siglo XX y que entrábamos a la democracia por la vía electoral, para luego ir aumentando su campo de acción en otras áreas, y ahí es donde toco lo social; y la verdad es que la estructura social de México está peor que la de antes".

Meyer, un permanente crítico del sistema político, dijo además: "El PRD se corrompió muy rápido; quizá porque no había fibra ideológica, sino nada más ganas de encontrar un puesto. Bueno, yo lo veo así: en el Distrito Federal, que es uno de los bastiones del PRD, y el hecho de que esté ahorita ya agonizando me parece natural. Simplemente no pudo superar la tentación del dinero y de la corrupción, y de tener puestos administrativos, de ser parte de la burocracia aquí en el Distrito Federal. Si uno ve las delegaciones, están tan corruptas como antes, entonces, el PRD no cumplió su papel..."

-¿La clase política mexicana no es la que se merece el país?

-"En términos generales, no; esa clase política encabezada por los políticos del PRI, que los otros partidos han imitado bastante bien, está dedicada básicamente a preservar sus privilegios. Nada más hay que echarle un vistazo a los sueldos, a las prestaciones de la clase política; pero eso quizá no sea lo importante, sino el tráfico de influencias que se mueve todos los días y que liga a la economía al mercado con la clase política y les da unos ingresos y una forma de vida que en algunos casos, es casi de años luz la distancia que los separa del mexicano promedio. Una comparación quizá extrema pero interesante, es ver al presidente de Uruguay, José Mujica, y ver cómo vive en otras partes del mundo el jefe de un sistema, de un gobierno, y que no hay mucha distancia entre él y la manera como vive un uruguayo normal; pero en México hagamos ese ejercicio con el gobernador de Baja California [Francisco Vega de Lamadrid], ya no digamos con el presidente del país o con los secretarios de estado, y entonces tendremos un contraste notable. Aquí, en México, sí se ve realmente que la clase política vive en otro planeta".

"Entre 1910 y los 1930, se destruye a la oligarquía porfirista y se le destruye en su base más evidente, que era la gran propiedad rural; no se destruye a todos, desde luego, no es una destrucción física; en México, a diferencia de otras revoluciones, no hubo como política la eliminación física de la antigua clase gobernante; se exiliaron, se fueron o perdieron importancia y se quedaron nada más como apellidos de “abolengo”, pero ya sin poder, sin mucho dinero. Pero luego luego se fue creando otra, inmediatamente después del cardenismo. Con el alemanismo se vio que había las ansias de crear una nueva oligarquía, y hoy en México se puede ver de manera clara que existe una nueva oligarquía ya no basada en la gran propiedad rural, que ya el campo mexicano es una desgracia, sino en la concentración de riqueza en la parte más moderna de la economía, en las comunicaciones, por ejemplo".

"La estructura de partidos es la expresión de una crisis de representatividad: no representan a nadie o, bueno, no representan a muchos. Y no lo digo yo, que puede ser simplemente una forma de expresar mi enojo, no; lo dicen las encuestas de opinión. Sistemáticamente todas las encuestas que se hacen en México, el desprecio que tiene el ciudadano por los partidos pues es evidente, están hasta abajo en la estima que el ciudadano tiene a las instituciones".

"Las candidaturas ciudadanas, sí, formalmente existen en México, pero todo el aparato está diseñado para que no sirvan, para que se pueda decir ante el mundo externo: 'Bueno, México no solo tiene un sistema de partidos, sino, incluso, puede haber candidatos ciudadanos'; pero en realidad eso es casi imposible".

Con razón estamos todos tan cansados de los anuncios de los políticos. En cada emisora de radio o televisión de nuestro país se emiten cada día 96 spots políticos. Y eso que todavía no empiezan las campañas.

En el Congreso del Estado 20 empleados que pidieron licencia desde hace 2 años o más fueron objeto de un ultimátum para presentarse a trabajar en la sede de ese poder; 8 presentaron un amparo aferrándose a sus áreas laborales y éstas plazas no podrán ser suprimidas.

Los empleados dejaron sus puestos de trabajo porque se fueron a otras plazas con las nuevas administraciones, en su mayoría priistas, en el poder ejecutivo o en algún ayuntamiento, a principios de 2013. Es decir, dejaron "guardados" sus lugares por más de 24 meses; la mayoría de estos permisos se otorgaron por tiempo indefinido.

En marzo pasado los diputados avalaron la supresión de alrededor de 60 plazas, argumentando que muchas de esas bases se consiguieron de manera irregular o que contaban son sueldos elevados que no coincidían con las labores que los empleados realizaban. Muchos de esos trabajadores despedidos hace casi un año llevaron sus casos ante tribunales laborales y el Congreso del Estado podría perder esos juicios; los empleados alegan despido injustificado y, de ser así, el legislativo tendría no sólo que reintegrar a sus plazas a esos 60 trabajadores sino que estaría obligado a pagar salarios caídos.

El caso de la Línea 12 perseguirá siempre a Ebrard porque simplemente no hay una respuesta posible que no pase por la corrupción o la incapacidad. No se puede gastar 47,000 millones de pesos en una obra y que ésta no funcione, pero más allá de eso, que se haya construido con tal cúmulo de irregularidades y transas. ¿A poco el jefe de Gobierno no sabía que el encargado de la obra era hermano de uno de los encargados de construirla o que el que diseñó la obra terminó certificando desde la IP su "buen funcionamiento"? ¿no sabía cómo, a quién y con qué características se habían comprado los trenes o por qué se cambió el proveedor, otorgando por adjudicación directa un contrato de casi mil millones de dólares (en dólares cotizados a 16 pesos)? ¿no averiguó por qué la obra estaba costando 3 veces más de lo originalmente presupuestado? No sé si Ebrard tiene responsabilidades penales en el tema de la L12, pero sin duda tiene responsabilidades políticas y la izquierda, el PRD no puede hipotecar su futuro a una candidatura para terminar defendiendo un negocio fraudulento. Ebrard no tuvo ni 3% de los votos en el proceso interno del PRD, ha estado coqueteando con Morena y Movimiento Ciudadano desde hace meses. Ha amenazado con dejar el PRD desde que se firmó el Pacto por México. Ahora, ante la crisis, quiere fuero vía el PRD. ¿Para qué se lo dan? ¿Por qué no lo invitan a que ese refugio, y ese costo, lo asumen sus verdaderos aliados? ¿O será que estos ya no lo quieren pagar?

Eso es finalmente lo que hizo el Consejo Nacional del PRD, que tampoco le terminó dando una posición, más allá de la que le correspondía a su corriente por la correlación interna de fuerzas, a René Bejarano, otro operador muy importante, pero que no le acarrea ni votos ni prestigio. ¿Qué estamos viendo en el PRD? Muy probablemente la única estrategia hoy viable: concentrarse en sus propias fuerzas, dejar fuera o marginar a los que como Ebrard (o Ángel Aguirre, la más costosa e inútil defensa política que uno pudiera imaginar) ya están fuera de ese partido desde mucho tiempo atrás.

El PRD debe comprender que sus mayores adversarios están en la propia izquierda, donde el voto se fragmentará entre el perredismo, Morena (que en muchos sentidos apuesta a desfondar al PRD) y en menor medida en Movimiento Ciudadano, que quiere conservar el registro con sus propias fuerzas. El PRD, por esa división verá disminuir su caudal de votos (estará en alrededor del 12%) pero debe saber que esos votos y las posiciones que de ellos deriven son suyos y que no se trasladarán a partir de septiembre a fortalecer a sus adversarios.

La pregunta es qué hará Ebrard y si Morena (o Movimiento Ciudadano) están dispuestos a apostar por él. Y es que para poder responder ese interrogante hay que preguntarse antes cuántos votos acarrea y cuántos quita hoy Ebrard en las listas con la Línea 12 a cuestas.

El que no ha dicho una palabra sobre estos temas, y desde hace tiempo, es Andrés Manuel López Obrador, al que sus agresiones al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, le salieron caras. Moreno Valle, que sin duda es una de las cartas más fuertes del panismo de cara al 2018, le respondió confrontando ambas personalidades políticas y exhibiendo algunos de los rostros menos presentables del tabasqueño: su absoluto desprecio por las instituciones.

Existe la clara definición de muchas emisoras y periódicos que consideran que, como en todos los medios -excepto en sus propios medios- y en todos los partidos hay personas ligadas con actividades ilícitas, no existe fuerza capaz de encabezar una lucha a fondo contra el Estado corrupto. Es tan falso el programa anticorrupción oficial como el criterio de que no hay remedio.

Es tanto el cinismo con el que se actúa que las leyes pendientes de reglamentar nuevos derechos constitucionales siguen congeladas -réplica incluida-, la cancelación del llamado fuero está detenida, la publicidad gubernamental sigue sin reglas, el control salarial de servidores públicos se encuentra en el limbo.

A la vista se encuentra una gran perspectiva: el Estado corrupto mexicano será superado -de seguro esto va a ocurrir- sólo mediante una ruptura política, una refundación de las instituciones del Estado, el esclarecimiento de un pasado lleno de corrupción y la instauración de una nueva moral pública, es decir, un nuevo manejo de los bienes que son de todos bajo el escrutinio popular. Esto no está en la visión de partidos, grupos y conglomerados oligárquicos, pero ocurrirá quizá antes de lo esperado.

Como ciudadano, harto de ver los rostros de candidatos iluminados por la verdad de su propio discurso, mensajes vacíos, propaganda electoral más propia de la venta de un producto y no la promoción de una persona con ideas y propuestas. Harto de la repetición incesante por todos lados de slogans que no dicen nada; propongo que se eliminen todos los espectaculares, spots en los medios masivos, pintas en bardas, volantes y todo género de basura inútil y se sustituya por un simple documento en el que se haga llegar a todos los ciudadanos el historial del(a) candidat@ que lo describa objetivamente: partidos políticos a los que ha pertenecido, cargos que ha ocupado, ocupaciones, escolaridad, resultados, logros y desatinos en sus gestiones, propiedades, publicaciones si las hay, ideario político y su programa. Un buen resumen no ocupa más de una hoja tamaño carta ¿Cuánto cuesta ésta en comparación con toda la parafernalia propagandística que padecemos?

Con esta descripción, los ciudadanos tendremos elementos que nos permitan decidir por quién votar. Ya basta de tanta contaminación auditiva y visual cara, hueca y sin sentido que no informa nada, no da cuenta de quién es la persona realmente que pretende ocupar un cargo y solo provoca hartazgo en los ciudadanos.

Son decenas las columnas periodísticas que semana a semana y en todo el país de una u otra forma y con distintos tonos evidencian a nuestra clase política, la partidocracia, por su simulación, ineficiencia, corrupción y su afán de perpetuarse en el poder. Y más en tiempos electorales.

El fin de semana pasado, en un editorial publicado en el semanario de la Arquidiócecis de México, la Iglesia de nuestro país también se suma y exige poner fin a la que llama "partidocracia frívola y despilfarradora", en una coyuntura complicada para los mexicanas donde "no es posible seguir en este estado de cosas cuando la opacidad en el manejo de los recursos públicos corrompe y corrompe absolutamente".

Duro y a la cabeza.

Son denuncias fuertes, contundentes, que hablan del secuestro que sufre el país por parte de la clase política.

Suponemos que somos muchos los mexicanos que compartimos ese sentido de agravio, y lo más triste es que a pesar de litros y litros de tinta que corren para evidenciar a esta dictadura de los partidos, es bien poco lo que se ha podido conseguir. Siguen, operan, simulan y vuelven a seguir.

Ellos continúan siendo los mismos, y continúan operando con un estilo que tienen perfectamente dominado. Mucho se habla de los chapulines, se les señala como vividores del presupuesto, se publican sus nombres y cargos, y aún así con el mayor descaro son decenas los políticos que ya han dejado sus encomiendas para saltar en busca de nuevos cargos que les permitan mantenerse vigentes política y económicamente hablando.

Y en el doloroso tema de la corrupción, a pesar de que han encontrado formas de disfrazarla, se destapan escándalo tras escándalo; recientemente un diario de New York publicó una investigación sobre un complejo de departamentos de gran lujo, con costo cada uno de 16 millones de dólares, y uno de los propietarios, mediante argucias legales para que no aparezca su nombre, es el ex gobernador de Oaxaca José Murat. Son de sobra conocidos los problemas de marginación y pobreza de ese estado del país, y si este señor tiene ese departamento seguramente es apenas uno, de todo un rosario de propiedades, lo que habla de un despiadado saqueo a las arcas de su estado.

¿Sirven estas denuncias? ¿Se cambia algo?

Difícilmente. A lo más que aspiramos es a que cuando los personajes son sorprendidos y evidenciados en su tranza queden "quemados", como ocurrió con la casa blanca de la esposa del presidente Peña Nieto y la casa en Malinalco del secretario de Hacienda, y ahora con el departamento en New York, pero no veremos a ninguno de ellos lejanamente enfrentar a la justicia por el saqueo, y menos pisar una cárcel.

Litros y litros de tinta en columnas evidenciando lo mismo, y parecen voces en el desierto. Pero mientras exista por lo menos una de estas columnas y un comentario que no quite el dedo del renglón, que no se canse de evidenciar y denunciar, valdrá la pena porque los integrantes de la partidocracia merecen por lo menos tener esa piedrita en el zapato.

El gasto público se compone de 3 conceptos principales: pago de la deuda, infraestructura y gasto corriente. El pago de la deuda es ineludible; el gasto en infraestructura es el que reactiva la economía, por lo que en la situación que guarda la economía nacional no se debe disminuir esta partida porque sería más lenta la recuperación económica. No queda por lo tanto más que reducir el gasto corriente que está compuesto principalmente por los sueldos y prestaciones del personal al servicio del Estado.

Sin embargo, del ajuste que hace el gobierno federal, 65% corresponde al gasto corriente y 35% al gasto de inversión. En el gasto corriente sólo 10% se aplica a servicios personales en los mandos medios y altos, y en plazas eventuales y por honorarios, por lo que, en realidad no hay un ajuste de fondo. Igualmente sólo se aplica 10% de reducción al gasto de comunicación social, cuando es el más inútil por servir sólo para promocionar al propio gobierno en todos los actos públicos en que interviene el Presidente; las tomas de posesión e informes anuales de los gobiernos de las entidades federativas, lo cual a nadie le importa. Es un gasto inútil que bien puede suprimirse.

La ayuda a los partidos políticos sólo le sirven a ellos para mantener a toda la caterva de zánganos improductivos que pululan en el panal de la rica miel del presupuesto.

En lugar de televisiones, se deberían repartir convertidores de señal digital a la nueva señal analógica, que cuestan la tercera parte y se evita desechar los miles de toneladas de chatarra de las viejas televisiones de cinescopio.

En la construcción de carreteras, deben ser de la calidad necesaria para que no tengan que repararse con frecuencia; se aplica una capa tan delgada de asfalto que a veces se gasta antes de inaugurarse. Que se regule el tránsito de vehículos pesados, que se construya un carril adicional en las cuestas para darle fluidez al tránsito. Que los vehículos que usa el sector público sean todos del mismo tamaño y marca, sin importar la categoría del funcionario, autos compactos, del mismo color, de bajo consumo de gasolina, identificados con el logotipo de la dependencia a que pertenecen para que cualquier ciudadano los reporte cuando circulan en horas fuera de servicio y en días inhábiles. Esto ahorraría cientos de millones en reparaciones. Y todavía queda mucha tela de donde recortar si se aplica la austeridad.

Los poderes judicial y legislativo, así como 117 ayuntamientos, incumplen con la Ley de responsabilidades de los servidores públicos de Jalisco. Todos transgreden la legislación e ignoran desde hace dos años a la Contraloría: no le informan ni actualizan los datos sobre los burócratas sancionados para sumarlos al Registro Estatal de Inhabilitados.

Esto provoca que no se tenga conocimiento de los malos servidores públicos. Según la ley, tienen 10 días hábiles para informarle a la Contraloría cuando imponen una inhabilitación, pero hay otro vacío: no se contemplan sanciones contra los omisos.

En conclusión, sólo los ayuntamientos de Acatlán de Juárez, El Salto, Guadalajara, Lagos, San Martín Hidalgo, Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan, así como el Consejo de la Judicatura, actualizan la estadística.

Por su parte, la Contraloría dificulta el acceso al registro existente, pues no existe el listado completo de inhabilitados en su página de internet. Se cuenta con el sitio http://contraloria.app.jalisco.gob.mx/inhabilitados/ pero se debe conocer el nombre del implicado para acceder a la información.

El Instituto de Transparencia ya había advertido a la Contraloría en junio de 2014 sobre los problemas de accesibilidad en el registro electrónico.

También hay inhabilitados que siguen cobrando en las nóminas públicas, como Marco Antonio Chávez Villegas, coordinador de proyectos de la Fiscalía del Estado. Según la Contraloría fue inhabilitado por un año y la sanción termina en octubre de 2015, pero no ha dejado de cobrar. La Fiscalía responde que la Contraloría todavía no les notifica las fechas de la sanción por no presentar su declaración patrimonial, aunque esa información ya está publicada en el registro estatal.

Entre los sancionados figuran el ex alcalde Édgar Aviña Mejía, el síndico y 7 regidores de Acatlán de Juárez. También el 1er. edil de San Martín Hidalgo, Carlos Rosas Camacho. En la lista ya se contempla a la ex regidora tapatía Elisa Ayón, inhabilitada 10 años por irregularidades en el desempeño de sus funciones y falsedad en los datos proporcionados en sus declaraciones.

Ocultar la declaración patrimonial, anomalías en la auditoría interna, desvío de recursos, abandono institucional de menores, pérdida u ocultamiento de documentos oficiales, destacan entre las principales anomalías de burócratas.

En las secretarías del Gobierno del Estado y los Organismos Públicos Descentralizados, la omisión de la presentación de la declaración patrimonial es la principal causa de la inhabilitación de servidores públicos: de 177 burócratas de la administración pública estatal sancionados para ocupar un cargo, 153 no presentó ese documento, según los registros de la Contraloría del Estado entre 2013 y 2014.

En promedio, 9 de cada 10 inhabilitaciones son por no presentar la declaración patrimonial.

La Fiscalía acumula el mayor número de inhabilitados por esta causa. Esta omisión tiene una sanción de un año en promedio de inhabilitación del servicio público.

Harold Dutton Treviño, académico de la UdeG especialista en transparencia considera que el problema no se limita a la Contraloría, "la misma actitud se aprecia en muchísimos servidores públicos y en otras dependencias que no quieren hacer válidos los principios de transparencia". ¿Qué falta? "Que los funcionarios entiendan que el acceso a la información nos lleva a construir un mejor país". Por eso propone aplicar el principio de máxima revelación y el principio de sencillez.

La figura de Gerente de Ciudad o City Manager, como se le conoce en Estados Unidos, lleva muchos años y ha sido fundamental en el desarrollo de las grandes ciudades del mundo. El primer City Manager data de 1908 (está claro que no estamos inventando el agua tibia) en una pequeña localidad en el estado de Virginia en el ete de Estados Unidos. Para los años 20 la figura se había popularizado.

A diferencia de los alcaldes, el Gerente de Ciudad no se va cada 3 o 6 años. Por el contrario, se busca que sea un puesto que tenga permanencia en función de sus resultados y al margen de los vaivenes políticos. Su trabajo es que los servicios públicos de la ciudad funcionen correctamente y que exista una mejora continua en esos rubros, vigila la correcta aplicación del presupuesto y coordina a todos los encargados de servicios públicos: agua, basura, alumbrado, parques y jardines, etc.

En ciudades como Medellín, Colombia, los servicios públicos están controlados por una empresa paraestatal, cuyo director es una figura, y esta empresa lejos de costarle a la ciudad le reporta utilidades cada año con lo que se invierte en otro tipo de acciones. En Guadalajara tenemos concesionado el servicio de basura, y pagamos por ello a las empresas que lo hacen; el Siapa estuvo a punto de ahogarse en una mezcla de saqueo de administradores ineficientes (y bastante ratas) y una clase política que decidió castigar el precio para ganar votos; los parque son cotos concesionados a particulares legal o ilegalmente; el manejo de los residuos es negocio de otros, etc.

Para lograrlo se requieren dos cosas fundamentales: voluntad política y visión de futuro. Los alcaldes (y los caciques municipales) tienen que renunciar no sólo a manejar los servicios, sino resignarse a que esa nómina no será de ellos, no podrán meter a sus cuates para que esas áreas se vayan profesionalizando. Pero sobre todo, los alcaldes y regidores en turno que les toque aprobar la propuesta deben entender que lo que está en juego no es el futuro de su grupo político sino el de la ciudad.

No es, pues, una tarea fácil instaurar la figura de Gerente de Ciudad en Guadalajara, pero hay que comenzar por pensarlo, proponerlo y empujarlo políticamente.

Es bueno saber que en EU el sueldo del un City Manager va de 1'000,000 a 1'800,000 pesos anuales brutos, es decir antes de impuestos y con aguinaldo y prestaciones incluidas.

En la pasada campaña presidencial, concretamente el 6 de junio de 2012, le pregunté a Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato del PRD-PT-Movimiento Ciudadano, qué contestaba a las cifras del Inegi que exhibían que durante su gestión como jefe de Gobierno del Distrito Federal no disminuyó la pobreza, a pesar de los programas sociales que tanto presumía y prometía replicar en todo el país en caso de ser electo.

"Yo tengo una visión y lo que tú dices no es cierto", me reviró. Le recordé que eran datos del Inegi.

-No corresponden a la realidad.

-¿Está mal el Inegi?

-Sí. Está mal el Inegi.

-Ah, ok.

-Sí, claro que sí, porque la realidad, es decir, la realidad es otra cosa.

Así, López Obrador, experto en culpar a la realidad cuando ésta no se ajusta a sus designios, en una frase y sin prueba ninguna, descalificó al Inegi.

La alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar, pidió apoyo divino por la inseguridad. "Dios tiene el control de todas las cosas, sigamos orando por nuestra ciudad".

Lo que hemos visto es que no hay una suficiente y adecuada vigilancia del mismo auditor [de Jalisco]. Él vigila el uso de los recursos públicos en las entidades públicas pero a él nadie lo vigila. No es tanto en sí la actuación de él, que de por sí no ha sido buena, pero el problema es la ley. Existen unas trampas de las que nadie se hace responsable de una adecuada supervisión al trabajo del auditor.

Ya tenemos más de un año que entró una iniciativa de modificación a la Ley de Fiscalización, asesorados por técnicos en la materia. Pero la iniciativa está congelada en la comisión de Puntos Constitucionales.

El presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, Juan Manuel Alatorre Franco ha dicho que hará una iniciativa de una nueva ley, pero tiene un año prometiendo y nadie hace nada. Y eso es una absoluta inmovilidad y actualmente como está, eso no garantiza un trabajo adecuado de una real fiscalización.

Primero se requieren adecuaciones a la normativa, porque la actual ley tiene fallas de kínder. Porque actualmente el auditor es vigilado por los mismos que él vigila, y eso es un entrampamiento. Eso propicia que, lejos de vigilarse, ellos mismos se cuiden de la información que no quieren que sea pública.

En un ejercicio de revisión de la labor de los organismos auditores de Baja California, Coahuila, Durango, Jalisco, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán, Periódicos Asociados en Red detectó que la mayoría de las observaciones realizadas a las cuentas públicas no redundan en acciones concretas contra los funcionarios que incurren en anomalías.

Las auditorías superiores de los estados (ASE) de Jalisco y Yucatán no proporcionaron la información solicitada, por lo que se desconoce qué han hecho los organismos en los últimos años.

En el caso de Coahuila, la ASE reportó 9,454 observaciones realizadas entre 2011 y 2013, de las cuales sólo el 12.7% fueron solventadas en el plazo que se concede a los organismos auditados. Del resto, 8,253, que son las no fueron aclaradas, se derivaron sólo 27 denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, las cuales aún "están en proceso". Es decir, no hay sanción.

Situación similar es la que se presenta en Sinaloa, en donde únicamente 7.2% de las 1,808 observaciones realizadas por la ASE, entre 2010 y 2012, fueron solventadas. Aun así, sólo fueron interpuestas 24 denuncias y a pesar del tiempo trascurrido, en todos los casos se reporta que la investigación "está en curso".

El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz sólo presentó datos completos de 2012, año en el cual se realizaron 7,412 observaciones de las que 103 quedaron sin solventar. No obstante, sólo se presentaron 10 denuncias penales cuyas averiguaciones siguen también "en proceso". En 2011, se presentó una denuncia contra el ayuntamiento de Fortín cuya resolución está pendiente.

En el caso de Tabasco, ninguna de las 2,376 observaciones realizadas en 2012 por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado fueron solventadas por los organismos auditados y ello sólo derivó en 8 denuncias penales, las cuales sí tuvieron resolución.

En Baja California la situación empeora, pues su organismo auditor ni siquiera tiene facultades de sancionar por lo que no existe un solo caso de castigo a funcionarios que han incurrido en irregularidades. La Auditoría sólo detecta las anomalías en las cuentas y las "rechaza".

De los estados analizados, Durango es el que más observaciones y denuncias registra por parte de la Entidad de la Auditoría Superior del Estado. Entre 2011 y 2013 sumaron 50,101 las irregularidades detectadas, de las cuales 38.7% quedaron sin solventar, es decir, 19,433. En ese periodo se presentaron 568 denuncias, 40 sin resolución.

Ante la ineficiencia generalizada de los organismos fiscalizadores se pudo detectar que en los casos revisados, los encargados de auditar a estados y municipios han sido funcionarios de las administraciones estatales o están relacionados a ellas.

Armando Plata, de la ASE de Coahuila, fue subsecretario de la Función Pública durante el gobierno de Humberto Moreira, quien dejó a la Entidad con una deuda superior a los 35,000 millones de pesos que no ha sido transparentada en su totalidad.

Luis Arturo Villarreal, de la EASE de Durango, ha trabajado en 2 gobiernos locales priistas de la capital del estado, uno de ellos encabezado por Ismael Hernández Deras, antecesor del actual gobernador Jorge Herrera Caldera.

Antonio Vega, de la ASE de Sinaloa, ha sido funcionario en gobiernos estatales y es considerado una persona muy cercana al actual gobernador Mario López Valdez. Lorenzo Portilla, del Orfis de Veracruz, ha trabajado para el Comité Directivo Estatal del PRI y ha sido funcionario estatal.

Casos similares son el de Alonso Godoy, de la ASE de Jalisco, quien es considerado una persona cercana al ex gobernador Emilio González, y René Márquez, de la Ase de Yucatán, vinculado a gente de la ex gobernadora Ivonne Ortega.

Haber pasado de la "Dictadura Perfecta" a la alternancia suponía una serie de ventajas para México que a buena parte de la población la animó a apoyarla.

Con el paso del tiempo lo que hemos visto es cómo los partidos políticos han conseguido hacerse de mayores presupuestos al tiempo que han empobrecido sus ofertas y la calidad de las gestiones gubernamentales y legislativas que sus afiliados han dejado atrás.

La realidad de las cosas es que con la forma que ha tomado la democracia mexicana, no sólo resulta inmensamente más costosa que antes, sino que ha dado pie a que no se tengan jugadores efectivos en la política, sino meros cazavotos que le garantizan a los partidos políticos su permanencia en el registro, con el consecuente derecho a recursos públicos.

En esta carrera por los presupuestos, que no por los votos, ha dejado de haber propuestas, no digamos discursos inteligentes o gobiernos que alimenten la esperanza del pueblo y le abran paso a mejores oportunidades de progreso.

Lo peor del asunto es que la pudrición es tal, que ahora nos tenemos que conformar con tener como opciones de voto a candidatos de tan dudosa capacidad como payasos, futbolistas, o el mismo López Obrador que no ha sido capaz ni de pronunciarse, mucho menos deslindarse de sus allegados que más de lo corrupto, rayan en la delincuencia.

¿Para eso queríamos la democracia?

Tristemente, no hay quien lance la primera piedra; los partidos políticos están llenos de rateros, no de tontos. Ellos votan las leyes, no nos sorprenda que las hagan a su conveniencia.

Por desgracia, en nuestro país, el tema de la corrupción no se ha abordado de forma seria e integral. Forma parte más bien de la picaresca, el anecdotario, el sarcasmo; o, cuando más, de la socorrida práctica de la simulación, de aventarle la responsabilidad a otro; o bien, de -como dice la sabiduría popular- "ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio".

En nuestro país, los orígenes de la corrupción se localizan en los procesos a través de los cuales se accede a los cargos de elección popular: 1.- las prolongadas y costosas precampañas que por disposición de ley deben ser pagadas por los precandidatos, y que obviamente ninguno paga de su bolsa (porque no tienen para ello, o porque ninguno "dispara ni en defensa propia"); 2.- antes de eso están los absurdos y ostentosos informes de actividades que diputados o alcaldes hacen durante 12 días cada año para promocionarse al otro cargo que pretenden (campañas dispendiosas que obviamente también son pagadas por algún o algunos patrocinadores); y 3.- lo más costoso: las campañas propiamente dichas. En esto la fuente principal de corrupción radica en la socorrida práctica de que los candidatos deben pagar en efectivo "cobertura noticiosa" en los medios de comunicación, habida cuenta de la prohibición existente para la compra de propaganda electoral por candidatos o particulares.

Todos estos gastos que no son pagados por los precandidatos, candidatos ni partidos políticos, son "inversiones" que realizan empresarios y que deben ser regresados por 2 o 3 tantos más a través de contratos, obras o nombramientos. Esto -que es uno de los principales gérmenes de la corrupción- mientras no se ataque y se corrija, por más barreras que se pongan ex post, siempre habrá una forma de evadirlas o saltarlas.

La solución es sencilla: 1.-precampañas cortas y austeras pagadas por los partidos políticos, prohibiendo cualquier aportación de particulares; 2.- prohibir a los legisladores contratar publicidad para dar informes y que los alcaldes que deseen postularse a otro cargo no puedan hacerlo en el año previo al de la elección; y 3.- que el Congreso de la Unión expida la ley reglamentaria del párrafo 8o. del Artículo 134 Constitucional (que evitaría la compra de cobertura noticiosa), que debió aprobar a más tardar el 30 de abril del año pasado; 4.- penalizar severamente la venta de candidaturas y castigar también al partido que incurra en esa práctica; y 5.- que el Congreso de la Unión expida la Ley General del Artículo 6° Constitucional en materia de transparencia, que precisamente hoy 7 de febrero debió haber aprobado.

Bien dice el dicho: "para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo". Lo más sencillo es empezar por los orígenes, que cada quien predique con el ejemplo y cumpla con su responsabilidad. ¿Y el legislativo y el judicial qué van a hacer en contra de la corrupción?

Los gobiernos que hemos tenido desde 1917 a la fecha, no han cumplido ni han hecho cumplir los mandatos constitucionales, tal como lo expresaron al tomar su cargo, por diversas razones políticas, económicas, religiosas, jurídicas y en lo general, sociales, los mexicanos no hemos tenido la capacidad de resolver nuestras necesidades y problemática.

Un asunto relevante es que nuestra clase política, no ha mirado hacia el interés general, sino que muchos políticos, no todos, han utilizado el poder para obtener beneficios particulares, familiares o de su grupo; por tanto, no se ha gobernado para el bienestar del pueblo, que debe ser el mandato supremo.

Ligado a lo anterior, existe el hecho de que si el triunfo electoral lo obtiene un candidato o partido político, los perdedores o demás grupos, no apoyan el proyecto del ganador o no se elabora un plan nacional de desarrollo entre todos y para el beneficio del pueblo, se arreglan conforme a sus intereses de grupo o partido.

A casi todos los candidatos o grupos políticos los apoyan diversos grupos de poder de hecho o de facto que cuentan con poder económico, político o social y que de manera directa o indirecta, determinan quién gobernará, por lo que las campañas políticas se deciden, en muchos casos, de manera previa a la urnas y el proceso electoral se vuelve un simple mecanismo legitimador de una decisión de poder ya tomada por los que mandan o gobiernan, que son los dueños del capital.

El hartazgo social que han provocado casos donde la corrupción ha carcomido hasta la descomposición a los gobiernos, ha provocado incluso que la clase política, al menos en el discurso, haya colocado como prioridad en su agenda la discusión de un sistema nacional anticorrupción, e incluso el presidente Enrique Peña Nieto haya revivido la Secretaría de la Función Pública para que lo "investigaran" como un intento de superar la crisis de confianza que le costó el episodio de la casa blanca.

Ernesto Cordero, proviene de un país donde ser político y legislador está muy desprestigiado, y precisamente ese día del Super Bowl él debería haber estado trabajando porque iniciaba el periodo ordinario en el Senado.

La presencia de Cordero en el estadio se viene a sumar a acciones como la compra de una residencia de lujo por parte de la primera dama del país, y la adquisición también de una mansión de descanso por el secretario de Hacienda. No son acciones ilegales, pero son indebidas, porque fueron ocultadas en su momento, y ventiladas públicamente porque cayeron, o alguien las hizo caer, en los medios de comunicación.

Cada denuncia pública de este tipo no pega en particular a un partido porque le pega a toda la clase política; cada vez son más los escándalos y sospechas de que su objetivo es saquear al país. Y la duda más válida es: ¿Si eso es lo que conocemos, qué tanto sí está bien escondido?

Y estos escándalos destapan a su vez más y más de ellos. Hay la sospecha de que los "trapitos al sol" vienen de los propios compañeros de partido. La razón es que como cada día son más los aspirantes a ocupar puestos públicos, y menos los puestos disponibles, se dan luchas intestinas en que entre ellos difunden sus corruptelas, para quitar rivales del camino.

En el caso del senador Cordero, por ejemplo, como no es bien visto por el presidente de su partido, Gustavo Madero, éste ya anunció que hará una investigación sobre el viaje al Super Bowl, a lo que el senador respondió que primero deberían revisar el asunto de los moches, uno de los más vergonzosos pasajes de la legislatura actual cuando trascendió que diputados cercanos a Madero cobraban una comisión por conseguir recursos para los municipios.

Una vergüenza.

Paso a paso la clase política se sigue desacreditando, y nosotros, por lo menos, tenemos la ventaja de que gracias a esas luchas entre ellos mismos, nos enteramos de más suciedad que nos permite tener el perfil claro de nuestra clase gobernante.

En su campaña electoral, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que aplicaría la técnica del presupuesto base cero, que consiste en ignorar el monto de las partidas presupuestales del ejercicio anterior y partir de cero, pidiendo a cada dependencia de los tres poderes y de las empresas de participación estatal, que soliciten estrictamente lo que necesitan para funcionar en forma eficiente, razonando cada partida en función del costo y el beneficio que generan, atendiendo a los planes y programas del siguiente ejercicio, suprimiendo o disminuyendo todas aquellas partidas que no se justifiquen plenamente. En su tiempo, en el año 2010, también el presidente Felipe Calderón anunció que aplicaría el presupuesto base cero y todo se quedó en promesa. No obstante que es una labor minuciosa y políticamente vulnerable, vale la pena intentarlo por las grandes sorpresas que se llevarían al comprobar que hay partidas para planes y programas en todas las secretarías que se siguen presupuestando y ya no existen.

El anunciado recorte que se hará al presupuesto nos ha decepcionado, tanto porque no se está aplicando la anunciada base cero, como porque no llega a muchas áreas en donde hay notorios despilfarros.

El recorte del gasto representa 3.3% del total del presupuesto, 124,300 millones de pesos; el principal afectado es Pemex con 62,000 mdp, CFE con 10,000 mdp, Comunicaciones con 11,820 mdp. Educación 7,800 mdp. Agricultura con 7,188 mdp. Conagua 6,400 mdp y Sedesol 3,750 mdp.

Se deja sin tocar la oficina de la Presidencia, que tiene un presupuesto de 2,296 mdp. No se suprime ningún fideicomiso ni empresas para estatales deficitarias; sólo se disminuye 10% a los altos sueldos de los funcionarios de los primeros niveles y mandos medios; no se recorta la publicidad costosa y ofensiva, no se tocan las partidas electorales que disponen de 31,000 mdp.

En el presupuesto base cero, ninguna partida se toma con base en lo ejercido el año anterior, cada persona que figura en las nóminas debe comprobarse que existe, que tiene una función específica, que su remuneración corresponde al puesto que desempeña y que concurre invariablemente a su trabajo.

También sería deseable que se recortaran o suprimieran otros gastos como boletos de avión para viajes a diputados y senadores que no asisten a sesiones -debería descontarse de su sueldo las faltas de asistencia- suprimir celulares, choferes para funcionarios y sus familias, vehículos, custodios, asesores de imagen y propaganda para ensalzar a funcionarios, así como el mobiliario suntuoso y asesorías externas.

Pasar de un cargo a otro no es, en sí mismo, un problema para el Estado. Lo es, sí, el pasmo en el que entran las instituciones mientras los políticos ponen la mira en el siguiente espacio público.

1o. El intercambio de funciones en la vida pública no sólo no es problema, sino que es deseable. Un legislador que nunca ha tenido la visión del ejecutor, desde direcciones de área hasta la silla del gobernador, corre el riesgo de ser uno de esos panistas jóvenes del ITAM que hicieron la melcocha espantosa de la reforma política actual, o uno de esos priistas que no entienden de qué va la contabilidad nacional y aceptan sin chistar que legisle Hacienda.

2o. La experiencia no es una característica que deba desecharse con tal prontitud y con ese desparpajo, propio de quienes ven, igual que muchos políticos patanes, los cargos como un premio. Ya estuvo, ya que se vaya, parecen decir. El hueso le toca a otro, piensan. Esa mirada es dañina desde el poder y desde abajo del poder.

3o. Cuando la Coparmex Jalisco pide no votar por los chapulines, lo hace argumentando que deben acabar el periodo por el que fueron elegidos. Ese argumento es válido y merece atención, pero el acento quizá deba ir en otra parte: en las campañas, la fiscalización y la institucionalidad. Mañana, sin previo aviso, los franceses pueden quitar al primer ministro. Hay una crisis política, se mesan los cabellos, pero el país sigue funcionando. Lo pueden hacer varias veces al año, ahí y en cualquier régimen parlamentario. En Jalisco, los diputados tienen suplentes. Y los alcaldes, perdón, pero no se van. Siguen ahí, no se engañen. La ley los obliga a alejarse, pero eso es una farsa.

4o. Nos mordemos la cola. Primero los queremos fuera de los cargos para que no tengan ventaja sobre otros candidatos. Después los queremos adentro, para que terminen el trabajo. Después lo que queremos es que no aspiren a otro espacio. Y después no queremos que tengan partido. Y después tenemos a Lagrimita.

5o. La ciudad, el estado, el país, necesita más inteligencia al exigir cuentas a los políticos. Es más sencillo cuando ya tienen trayectoria, pues es posible preguntar qué han hecho, por ejemplo, la perredista Celia Fausto o la priista Rocío Corona Nakamura. Si un nombre ni siquiera le suena y lleva más de 10 años viviendo del erario, ahí sí, no vote por él. No vote por los que, probadamente, no han servido.

Cuando alguno de sus rivales es señalado aunque sea nebulosamente de haber cometido cualquier asomo de acto indebido, Andrés Manuel López Obrador es implacable, intransigente. Le prodiga todo tipo de adjetivos infamantes y exige el mayor de los castigos.

Pero si surgen evidencias contundentes de malos manejos o incluso delitos entre alguno de los suyos, el caudillo tiende su manto protector y se queja de una conspiración -el compló, que le llama-, una persecución política ordenada por la mafia del poder.

Son 2 medidas. Para sus amigos, impunidad y gracia. Para sus enemigos, justicia y asedio.

¿Por qué López Obrador es tan flagrante en no medir con la misma vara?

Algunos que han estado cerca de él lo atribuyen a una reacción instintiva por evitar que la responsabilidad de cualquier conducta reprobable llegue a él directamente. Otros encuentran en este manto protector del caudillo la explicación de que se produzca entre su gente una lealtad fanática que deriva en que dentro de su partido político todos responden a coro a sus instrucciones, y rechazan con vehemencia ya no digamos alguna acusación sino hasta la menor crítica a López Obrador.

Si él condena, los suyos acatan la señal y hacen lo propio con fiereza. Si absuelve, también. Ejemplos sobran:

Cuando Marcelo Ebrard hizo pública su intención de disputarle la candidatura presidencial de la izquierda, el lopezobradorismo se volvió de inmediato antiebrardista y el entonces jefe de gobierno capitalino recibió todo tipo de acusaciones. Ahora que Marcelo está a la vera de López Obrador, Ebrard es digno de defensa y todas las irregularidades en la Línea 12 del Metro son una invención de Los Pinos para descarrilar los proyectos políticos de Marcelo (¿cuáles?).

A partir de eso, el discurso de los seguidores de Morena es en defensa del ex jefe de gobierno. Si hay sustancia o no en las acusaciones, si existen evidencias firmes o no, es lo de menos. La señal está dada.

Cuando estalló el caso Iguala, López Obrador fue incapaz de hacer, no digamos una condena, sino un deslinde claro de Lázaro Mazón, su operador en Guerrero, y padrino político y financiero del alcalde criminal Abarca y su esposa. Mazón perdió la candidatura a gobernador que le había otorgado el líder, pero nunca hubo una sola declaración de López Obrador por lo menos para exigirle explicaciones.

Ebrard, Mazón, Bejarano con sus ligas de dinero, Ponce en Las Vegas a quien le dio justo el tiempo suficiente para que escapara, las denuncias contra Bartlett por presuntos actos criminales ante las que se tapa los ojos, los fraudes electorales de Guadarrama, Encinas que ayudó a escapar a un diputado acusado de crimen organizado, los dineros de Anaya y Dante... la lista es larga.

Gozan de la protección del líder. Y responden de igual manera. Lealtad por lealtad. Impunidad por impunidad. Saben también que si el momento lo exige, puede venir de él una condena, implacable. También es larga la lista de quienes la han padecido. Si eran culpables... es lo de menos.

La investigación por las irregularidades por casi 3,000 millones de pesos en la Secretaría de Salud Jalisco en 2012, observadas por la Auditoría Superior de la Federación, sigue sin arrojar resultados concretos.

El secretario Jaime Agustín González Álvarez aseguró que existe la necesidad de sancionar a los responsables de los gastos irregulares en la dependencia y en el Seguro Popular, pues por causa de eso, la dependencia también arrastra actualmente un problema de recursos importante.

Las anomalías encontradas se dieron durante el último año de la administración del ex gobernador, Emilio González Márquez, con Antonio Muñoz Serrano como secretario de Salud.

En el Instituto para la Seguridad y la Democracia creemos que el cimiento de la crisis crónica de la policía en México es su manipulación política. En nuestro medio domina la concepción política de la policía como un brazo armado de control social. Mandos policiales leales en términos políticos y a cambio beneficiados con amplios márgenes de autogobierno e impunidad, es el sino del paradigma policial que el régimen político engendró. En otros términos, la fractura policial es hija de la fractura política. La policía es, ante todo, un producto político y el afluente desde donde se nutre el camino que ella habrá de recorrer es precisamente la decisión política.

De cara a la propuesta del Presidente Peña, la pregunta de fondo es si nuestra crisis policial pasa más por un déficit normativo que, en consecuencia, debe saldarse precisamente mediante reformas legales, o si más bien el trasfondo del problema va mucho más allá y se soporta en lo que el experto argentino Marcelo Saín ha denominado el desgobierno político de la seguridad. Si el Senado no alcanza a responder esto, me temo que no habrá reforma constitucional y legal que por sí misma alcance para poner a la Policía del lado de los ciudadanos.

La historia de cada legislatura. Los diputados trabajan 2 años y los últimos 12 meses están en todas partes menos en el congreso, buscando dar el siguiente salto. El congreso es la meca de los políticos "chapulines". Así es; todo "chapulín" de verdad debe pisar al menos una vez el congreso local.

A través de una revisión de los antecedentes de 379 precandidatos a ocupar una alcaldía (en la zona metropolitana y en los municipios que son cabeceras distritales) o un espacio en el legislativo local y federal, se detectan que al menos 136 tienen una larga trayectoria en el servicio público.

En el PRI destacan 29 de 43 políticos analizados que ya se han desempeñado como regidores, alcaldes o diputados. La que tiene la mayor trayectoria es Rocío Corona Nakamura, quien acumula 25 años en cargos de representación popular: En 5 ocasiones se ha sentado en el congreso local y 2 veces en el ayuntamiento tapatío, mientras hoy es diputada federal y pretende regresar de nuevo al Poder Legislativo de Jalisco.

El líder de la Coparmex en Jalisco, José Medina Mora, lanza un llamado: "No voten por candidatos 'chapulines'... queremos que concluyan el periodo para el que fueron elegidos".

En Movimiento Ciudadano se registraron 133 precandidatos para munícipes (de la zona metropolitana y cabeceras distritales), diputados locales y federales. Del total, 50 han ocupado otros cargos de elección popular y la mayoría viene de otros partidos, como el mismo Enrique Alfaro, quien fuera priista y perredista, y ahora pretende ser presidente de Guadalajara. Ya fue diputado local, regidor y alcalde de Tlajomulco.

En Acción Nacional, 37 de los 108 precandidatos revisados han ocupado otros cargos. Guillermo Martínez Mora dejará el Congreso [de Jalisco] para buscar la presidencia de Zapopan, pero ha sido regidor, secretario de Educación y Promoción Económica.

Del Partido Verde, al menos los 5 precandidatos que quieren el congreso local vienen de alcaldías y de la Cámara de Diputados federal. Enrique Aubry es el ejemplo: es presidente del partido y diputado federal. Fue regidor de Cuautitlán Izcalli y diputado local en Jalisco, posición que pretende repetir.

El PRD es el que más promueve la postulación de nuevos perfiles: 8 de cada 10 de los precandidatos revisados no han tenido un cargo de elección popular, pero es el caso contrario de Celia Fausto: diputada local, regidora tapatía, diputada y ahora pretende ser alcaldesa de Guadalajara.

De todas las fuerzas políticas en Jalisco, el PRI es el que más propicia que sus funcionarios brinquen de puesto en puesto para prolongar su estancia en las nóminas públicas, desde regidurías, presidencias municipales o diputaciones locales y federales.

Es el partido que menos renueva sus perfiles: 29 de un total de 43 precandidatos a legisladores y munícipes evaluados se ha desempeñado anteriormente como regidor, alcalde, diputado local o federal. Esto quiere decir que 67% de sus precandidatos viene de ocupar posiciones de representación popular en ayuntamientos, en el poder legislativo local y federal.

Rumbo al proceso electoral de junio próximo, al menos 6 alcaldes dejarán la presidencia municipal para buscar una diputación.

Otros 7 diputados federales quieren seguir legislando, pero desde el Congreso del Estado.

Los presidentes de los partidos políticos responden que están en su derecho de "saltar" a otros puestos.

¿Profesionalización o vivir del presupuesto? Para el académico del ITESO y especialista en Estudios Políticos y de Gobierno, Jorge Rocha Quintero, la intención de los políticos de buscar cada 3 años un nuevo cargo de elección popular no es malo, siempre y cuando demuestre que su labor en la función pública ha sido positiva; lo negativo es que pocas veces los políticos hacen un ejercicio de rendición de cuentas en el que le expliquen a sus electores los logros o los desaciertos cometidos en otros encargos públicos.

"Lo que tenemos que incentivar es que los políticos rindan cuentas, y que nos digan qué han aportado. Que nos digan cuál es la contribución que han hecho, en lugar de buscar puestos ininterrumpidamente. Otra cosa nociva es que cuando un funcionario toma un cargo, ya piensa en el que sigue en lugar de dedicarse a lo que tiene que hacer".

Otro problema es que los políticos están interesados más en rendir cuentas a los líderes de cada partido para asegurar la siguiente candidatura, en lugar de informarle de sus logros al ciudadano.

Considera que los ciudadanos siguen votando por los mismos perfiles porque sufragan cada elección "a ciegas" sin tener la información suficiente para tomar una decisión y definir por quién votará.

"Las precandidaturas se arman en las negociaciones de las cúpulas partidarias y no pasan por la democracia interna. No hay rotación ni formación de cuadros, están las mismas personas instaladas y dándole la vuelta al carrusel a los puestos públicos. Los candidatos 'chapulines' se convierten en un dique o en un tapón y otros miembros de partidos políticos, quizá con mejores ideas o más preparados, no pueden llegar a los cargos públicos".

Cuando las precampañas entran en su recta final y dejan tras de sí el tufo a rancio de un alimento que se volvió a hervir para ver si es posible rescatarlo porque parece echarse a perder, empieza a tomar forma un proyecto que, sin lugar a dudas, es diferente: la candidatura ciudadana de un muchacho de 25 años, Pedro Kumamoto, que intenta ser candidato a diputado local en el complicado Distrito 10, ubicado en territorio de Zapopan.

Kumamoto no se gestó a sí mismo. Abiertamente reconoce que es fruto de una organización denominada Wikipolítica, con presencia en el Distrito Federal y en Guadalajara (área conurbada) y con entusiasmo repite que él no es el candidato, que su nombre y su rostro son sólo una circunstancia, porque su candidatura es el conjunto de esfuerzos y anhelos de muchas personas: universitarios y académicos, activistas y ciudadanos comprometidos con causas sociales.

En la marca Kumamoto se conjugan una serie de elementos que pueden convertirse en un revulsivo de la vida pública, si el tiempo alcanza y los factores reales de poder no lo frenan.

Primero, están los factores de idealismo.

El movimiento Wikipolítica pretende reducir al mínimo la verticalidad en el ejercicio de la política. Para ellos es casi un dogma tomar decisiones en conjunto, dar espacio para que se escuche la mayor parte de las voces involucradas; aprovechar las ventajas de la tecnología para comunicar ideas y proyectos, no sólo para tratar de convencer a fuerza de propaganda.

Defienden la posibilidad de que el gobierno sea ejercido realmente por la ciudadanía, y que lleguen a los cargos públicos las personas comprometidas con esa causa.

Además, pugnan por 2 principios que son un reclamo de la gente desde hace años: reducir los costos absurdos, estratosféricos, del gasto de gobierno, y transparentar las decisiones. Sacarlas de las oficinas donde los poderosos deciden qué, con quién, cómo y cuándo.

Y están también los factores pragmáticos.

La gente que impulsa la campaña de Kumamoto no maneja dinero, pero sí los conocimientos y habilidades de quienes brindan su tiempo y proyectos.

Cuando la mayoría de los precandidatos propuestos por los partidos políticos regresan al cliché, a los compromisos y a la defensa del estatus quo; cuando se inaugura la posibilidad de las candidaturas ciudadanas y en este nuevo escenario aparecen casos como el del payaso Lagrimita, el movimiento de Kumamoto enciende una llama en la oscuridad.

Es tan hondo el desencanto de la política y está tan arraigado el descrédito de partidos y autoridades, que difícilmente el joven "Kuma" ganará la confianza de la gente.

Hay, sin embargo, en la dificultad enorme de su causa, un rasgo que no tiene ningún otro candidato o candidata: idealismo y limpieza.

La Fiscalía Especial en Asuntos Electorales aún no está en funciones.

Augusto Valencia, regidor de Zapopan por MC, acudió a la Fiscalía y no encontró a su titular, Ricardo Suro, y tampoco encontró su oficina.

El proceso electoral está en marcha y en Jalisco nada se sabe del fiscal que atenderá las quejas en materia electoral. Nos preguntamos, nomás por curiosidad: ¿En qué lugar despacha? ¿Estará cobrando ya su salario?

Por menos de lo que documentamos hoy, más de un político o gobernante habría caído en desgracia. Sin embargo, existen políticos impermeables al escándalo mediático e impunes a la corrupción que convocan.

Y el mejor ejemplo de esa casta política es Andrés Manuel López Obrador, el mesiánico líder que a pesar de convertir en estandarte la mentira y el engaño -o acaso por eso-, se mantiene como adalid de la superioridad moral y ética.

Y la prueba son Gustavo Ponce -secretario de Finanzas y protagonista de los videoescándalos-, y René Bejarano, el mítico señor de las ligas. Queda claro que AMLO convirtió la corrupción de su gobierno en virtud persecutoria.

Por eso la pregunta. ¿También podrá resbalar las evidencias de sus vínculos con el crimen organizado?

El escándalo de José Luis Abarca, el ex alcalde de Iguala, y su esposa, tiene un ADN 100% lopista. Y es que AMLO catapultó a Abarca a la política, gracias a Lázaro Mazón. Sí, también participaron Los Chuchos, pero el motor principal fue AMLO. Más aún, la esposa de Abarca sería candidata de Morena a la alcaldía de Iguala, no del PRD.

¿Y qué pasó a casi 5 meses? De risa, la tragedia de Iguala casi tumba al gobierno de Peña Nieto; provocó la peor crisis en el gobierno federal mientras López Obrador se salió del escándalo. Habilidoso se sacudió el estiércol y lo lanzó al gobierno de Peña Nieto.

Hace 2 meses todo estaba listo para que Ricardo Gallardo Cardona, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, se convirtiera en candidato de Morena al gobierno estatal. El grupo de Los Chuchos sabía las pillerías de Gallardo y lo denunciaron ante la PGR.

Frente a la denuncia AMLO se quedó callado, mientras el estiércol de un alcalde ladrón salpicaba al PRD, partido que lo había denunciado. En meses, Gallardo Cardona robó 200 millones de pesos. Hoy la PGR lo mantiene en prisión acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En 2005 -días de gloria de AMLO-, también dio su bendición a Juan Ignacio García Zalvidea, hoy ex alcalde de Benito Juárez, Quintana Roo y reconocido pillo apodado El Chacho. En su gestión robó a manos llenas y fue preso por peculado y presuntos vínculos con narcotraficantes. Robó 125 millones de pesos, de los que pagó 97 para salir libre en diciembre de 2006. AMLO calificó la detención como "una canallada".

También en Quintana Roo AMLO impulsó a Greg Sánchez a alcalde de Benito Juárez, Cancún. Sánchez fue detenido en 2010 por vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva y Los Zetas. En 2013, y luego de presiones políticas, Greg salió libre, dejó el PRD y se fue al PT, argumentando "El PT es la verdadera izquierda, la alternativa, el partido que siempre ha arropado a Andrés Manuel López Obrador, que siempre ha estado con Greg Sánchez luchando hombro con hombro".

Otro caso en Quintana Roo es el de Marco Antonio, El Puma, Mejía López, director del penal del municipio de Benito Juárez. En abril de 2008 El Puma fue detenido por presuntos vínculos con Los Zetas. ¿Y qué relación mantienen Mejía López y AMLO? El Puma formó parte del gobierno de López Obrador en el DF, como titular de la Subdirección Operativa y de Servicios. En 2006 fue nombrado coordinador de seguridad en la campaña presidencial del tabasqueño.

Más tarde, en septiembre de 2008, mientras El Puma era director del penal, entregó la concesión de alimentos a Rafael Marín Mollinedo, también cercano colaborador de AMLO en el GDF. El "negocito" se hizo a petición de Nicolás Mollinedo, el mítico chofer de AMLO. El penal de Cancún fue una mina de oro, con el aval de AMLO. Cuando estalló el escándalo de los vínculos con Los Zetas, López no dijo ni pio. Se sacudió el escándalo.

El 23 de septiembre de 2010, la bancada lopezobradorista presentó al primer narcodiputado mexicano, Julio César Godoy. Con la ayuda del fiel Alejandro Encinas, Godoy tomó posesión de su curul en San Lázaro y con ello garantizó impunidad. Nadie culpó a AMLO de lo que fue una venganza contra Felipe Calderón.

En mayo de 2013, 4 maestros de la criminal CNTE fueron detenidos por su presunta participación en el secuestro de 2 niños oaxaqueños. Los dizque maestros secuestraban para financiar la guerrilla del EPR. ¿Y qué pasó? Según la prensa oaxaqueña, Morena y sus aliados de la CNTE realizaron numerosas manifestaciones para exigir la liberación de los 4 delincuentes.

Hace días, Miguel Ángel Almaraz salió de prisión. ¿Y eso a quién le importa? Resulta que Almaraz era líder del PRD en Tamaulipas y llegó al cargo luego de coordinar la campaña de AMLO en 2006. Almaraz fue preso en 2009 por encabezar una banda vinculada a Los Zetas, dedicada al robo y tráfico de gasolina.

Es curioso que el 2 de febrero de 2006, militantes del PRD acusaron a Almaraz de pertenecer a Los Zetas. En la prensa local se consigna que financió parte de la campaña del PRD y de AMLO con dinero criminal. Durante su discurso -el 2 de febrero-, "el candidato pidió a los inconformes bajar las mantas en las que se acusaba de corrupto al líder estatal" e ignoró los reclamos. En 2007 la prensa local documentó que Almaraz habría lavado dinero en las campañas del PRD.

El 28 de enero de 2015 Morena hizo precandidato a diputado federal a Lorenzo Lavariega Arista, señalado de vínculos con un presunto operador de la delincuencia organizada. Lavariega fue alcalde de Santa María Huatulco, Oaxaca, entre 2011 y 2013, y, durante su gobierno, nombró director de Seguridad a su primo Jorge Lavariega y, como subdirector, a Fernando Ayala.

Más tarde, en 2013, Jorge Lavariega y Fernando Ayala fueron detenidos como presuntos responsables del asesinato de 15 jóvenes quienes, según las versiones, fueron entregados por el director de Seguridad Pública -Jorge Lavariega-, de Huatulco a integrantes de un grupo delictivo de Los Beltrán Leyva. En días recientes, como sucedió en el caso de Abarca, AMLO recibió advertencias del vínculo criminal de Lavariega. Sin embargo, fiel a su costumbre, AMLO descalificó las acusaciones y acusó al PRI de enviar a quienes protestaban.

El pasado viernes, José Contreras, de La Razón, documentó los vínculos de AMLO con Alfonso Miranda Gallegos, tío de Santiago Mazari Miranda, alías El Carrete, jefe de Los Rojos. ¿Y? ¡No pasa nada!

¿A quien importan las ligas de AMLO con mafias criminales? ¿Y los acuciosos corresponsales extranjeros?

Prendes la tele, vas al cine o abres un video en You Tube, y el Verde te aparece presumiendo un conjunto de reformas que en el mejor de los casos son meros engaños y en el peor de los casos abiertas mentiras. Sin embargo, y como lo hicieron en 2009 -donde obtuvieron casi 8% de los votos a nivel nacional- el Verde entiende que con un buen derroche de recursos económicos y una campaña de "escándalo", son capaces de reaparecer en el mapa electoral cada 3 años. Todas las encuestas, desde Reforma hasta Parametría, BGC y Buendía-Laredo ponen al Verde en una intención de voto de 10 puntos a 2 de la 3a. fuerza que es el PRD. Es cierto, el Verde no cuenta con estructura, sólo con imagen y campaña de aire. Sin embargo, el simple hecho de inflar los números cerca de la elección les permite negociar con el PRI los términos de la coalición en mejores circunstancias. Si sumamos la intención del voto entre PRI y Verde nos vamos hasta los 41 puntos. Aunque, debemos advertir, que las preferencias no siempre se agregan, como ocurrió en 2012.

La izquierda en este país vale entre 25 y 30%. A veces incrementa un poco por el candidato, aunque el peso de las marcas sigue rondando ese segmento. Si nos fijamos en las últimas encuestas, particularmente en la de Parametría, nos podemos dar cuenta que si juntamos a todos los partidos de izquierda, alcanzan 27% (12 del PRD, 10 de Morena, 3 de MC y 2 del PT). Sin embargo, la división de la izquierda genera dispersión del voto y aleja a esta ideología política de la disputa de una mayoría parlamentaria. Morena es el caso más paradigmático. En 2009, su pelea con la cúpula del PRD, con Nueva Izquierda, llevó a Andrés Manuel López Obrador a tomar sus maletas e irse momentáneamente a hacer campaña por PT Y MC. El resultado: una izquierda dividida que sumó en total 21 puntos y le abrió camino a una victoria inobjetable del PRI que lo dejó en los bordes de la mayoría absoluta. Sin embargo, hay que decir que en la cabeza de López Obrador al día de hoy sólo hay un objetivo: despojar al PRD de su posición de principal partido de izquierda en el país. Sin importar el porcentaje, ese resultado constituiría para López Obrador lo más cercano a una gran victoria política. Hoy en día la guerra para López Obrador es al interior de la izquierda.

En México hay 10 partidos y la mitad de ellos luchará por mantener representación y recursos públicos. Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social, Partido de Nueva Alianza (Panal) y el Partido Humanista. El Panal podría mantener su registro debido a la alianza con el PRI para diputaciones, formalizada hace apenas unos días. MC, por su parte, podría mantener el registro por el caudal de votos de 2 estados: Jalisco y Guerrero. Se necesitan poco más de 1.2 millones de votos para asegurar el registro, por lo que entre ambos estados los "naranjas" podrían conservarlo. (MC lleva de candidato a la gubernatura de Guerrero al alcalde de Acapulco Luis Walton. Un serio contendiente). En el caso del PT, PES y PH, están más cerca del abismo que de los 3 puntos necesarios para mantenerse con vida. Solamente el PES tiene una base electoral en Baja California, sin embargo su cosecha histórica no supera los 10 puntos porcentuales en ese estado y han metido un par de diputados en toda su historia.

Carlos Torres Madrigal, Observatorio Político
(v.pág.12 "Los correos del público" del periódico Milenio Jalisco del 30 de enero de 2015).

La política mexicana ha generado una necesidad bestial por credibilidad. La poca confianza que generan sus políticos motiva que sus partidos busquen, como y donde sea, depredar personalidades de distintos calibres que les den una chapa a su cinismo habitual.

Seamos honestos, son cínicos, no les interesa ni siquiera su voto. Generarán las posiciones y los huesos necesarios para alimentar a sus intereses y compromisos. En realidad, solo desean mantener ante la opinión pública la imagen de que les importa la gente.

De ahí que, ante el óxido de su presencia social, aparecen los futbolistas, los actores, las actrices, los activistas.

Todos con cargo a sus impuestos.

Supe de una joven poblana que fue a preguntar a un partido político de la ciudad qué necesitaba para ser diputada. La respuesta fue: "Si quieres sentarte en la mesa para ganar, tienes que traer 15 millones".

Oí la cifra como una exageración, pero escuché el mensaje: para sentarse a la mesa electoral de la democracia mexicana, con posibilidades de ganar, hay que llevar mucho dinero en la bolsa.

Se entiende que hablo de dinero distinto al del subsidio que reciben los partidos, superior al del tope legal previsto para las campañas; y adicional, para medios, al tiempo gratuito que la ley otorga para millones de anuncios en radio y televisión.

En el sureste pregunté al amigo de un presidente municipal cuánto había invertido éste en su campaña, además de lo que le daba su partido o le autorizaba la ley. La respuesta fue: "Entre 2 y 3 millones de dólares".

Estuve luego en Cancún y pregunté a conocedores de la política local cuánto hacía falta por fuera de lo legal para competir por la presidencia municipal de la ciudad. Las 3 respuestas me dieron la misma cifra: "Cien millones".

En una reunión con lectores y empresarios de la ciudad de Monterrey, hice la misma pregunta: ¿cuánto necesitan candidatos o candidatas para sentarse a la mesa donde se juega la gubernatura de Nuevo León?

La gente de Monterrey, seria para el dinero, coincidió: entre 600 y 700 millones de pesos. Hubo quien dijo: "Yo sé de uno que le metió 700 millones a su campaña y perdió".

Estas son las cifras de mi encuesta ranchera sobre el mercado negro de la democracia mexicana. Quítenle la mitad.

La pregunta obvia es: los candidatos que tienen que invertir tanto por fuera de las reglas, ¿cómo pagan sus deudas?

La siguiente pregunta es: ¿una democracia de candidatos endeudados puede esperar gobiernos transparentes?

El sistema democrático es un banco de 3 patas donde los 3 poderes, autónomos unos de otros, construyen un equilibrio. El poder legislativo, representante del pueblo a través del congreso, tiene la obligación de vigilar el buen uso del erario, del dinero de los ciudadanos, tanto el que gasta el poder ejecutivo, como el judicial y el suyo propio. En el caso de Jalisco nuestro congreso ha sido incapaz de garantizarnos una vigilancia eficiente de los recursos, pues tenemos una Auditoría que no es confiable y los escándalos por mal uso de los recursos son más en el propio congreso que en los otros poderes. Aun así, el único facultado para pedir cuentas y establecer lineamientos sobre el gasto de los otros poderes es el congreso. Incluso, en el artículo de la Constitución que regula las facultades del Congreso (el 35) faculta a los diputados a "pedir informes al gobernador o a los presidentes de los tribunales integrantes del poder judicial sobre cualquier ramo de la administración de los asuntos de su competencia" (Fracción XXIX).

El poder judicial es el más opaco de los 3, y vaya que la competencia es cerrada. Hay que recordar que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco se amparó para evitar rendir cuentas y ser obligado por el Instituto de Transparencia. La Corte rechazó el amparo y está claro que es sujeto obligado y es por cierto el peor evaluado sólo después de los partidos políticos.

Da pena tener un poder judicial leguleyo que cuando se trata de rendir cuentas o ajustarse a la austeridad lejos de dar el paso adelante se protege en la opacidad y una autonomía mal entendida. Más cuando de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, Jalisco es uno de los peores estados en "Sistema de Derecho Confiable y Objetivo" y en los últimos 2 años pasamos del lugar 20 al 26. Adelante.

Ninguno de los precandidatos de los 10 partidos registrados en Jalisco tiene permisos municipales para entregar folletos, repartir calcomanías o hacer ruido con bocinas. Violentan las normas ante la tolerancia de los ayuntamientos.

"No se permite la colocación ni el reparto de publicidad", asegura el secretario de Justicia Municipal de Guadalajara, Enrique Velázquez, "lo que estamos haciendo es limpiar hasta la publicidad de particulares", que también está prohibida en estos sitios históricos.

Ricardo Villanueva evadió hablar sobre el tema, pero Miguel Castro, coordinador de su precampaña, ni siquiera sabía de las faltas a la reglamentación: "Seguramente los permisos se sacaron… lo revisaremos".

El hecho es que Guadalajara no otorga permisos para este tipo de publicidad. A pesar del proselitismo, desde hace 7 años no hay multas ni sanciones contra partidos o candidatos por infringir los Artículos 6 y 7 del Reglamento de Anuncios, en los que se ordena: los mensajes de contenido político deberán estar alejados del centro histórico.

Lo único que está permitido en materia de anuncios en el 1er. cuatro es la publicidad institucional, que sea preventiva o indicativa para el servicio de la población.

En Zapopan tampoco hay registros de permisos solicitados por partidos o precandidatos. Apenas tiene el registro de un anuncio retirado el 6 de febrero de 2009.

En Tlajomulco, los funcionarios se declaran incompetentes para retirar y sancionar la publicidad electoral. Erick Tapia Ibarra, secretario general, menciona que su reglamento no regula el contenido político de anuncios. En Tonalá y Tlaquepaque afirman que tampoco han sancionado en los últimos 7 años.

La reforma electoral de 2014 creó una laguna jurídica que los ayuntamientos no han sorteado.

La Ley de Procedimientos Electorales marca la pauta sobre las precampañas y campañas políticas, y al ser de observancia general, debería de ser cumplida por todos los funcionarios municipales. Sin embargo, ningún ayuntamiento hizo las modificaciones en sus normas luego de la publicación de esta legislación en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de mayo de 2014.

El Artículo 209 de la Ley General de Procedimientos Electorales es claro: los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil. Es decir, los globos que se reparten con el nombre de cualquier aspirante son materiales prohibidos. Por eso el IEPC ya pidió al tribunal que intervenga para detener esta propaganda electoral.

Rodrigo Sola Villalobos, académico de la Universidad Panamericana menciona que no sirvió la última reforma electoral porque en muchos casos quedó muy vaga en materia de propaganda política. "Esto hace que la campaña empiece desde ahora, desde el mes de enero. Esto resultará contraproducente, porque la gente se va a sentir harta. Habrá más de 10 millones de impactos publicitarios en radio y televisión".

En el Congreso [de Jalisco] todos se saben algo, todos tiene algo que ocultar, todos tienen a un correligionario en problemas o posibles problemas y todos se igualan en la complicidad. Esto no quiere decir que todos sean iguales, yo sigo pensando que aun en el lodazal de la política hay bacines y jarros, aunque cada día hay más de los primeros y pocos de los segundos.

En el caso López Castro, después de 2 años de escándalo, las preguntas básicas siguen sin ser respondidas: ¿Cómo alguien que debía impuestos puede o pretende recuperar impuestos? El despacho López Castro nunca solicitó una devolución sino que le dijo al congreso cómo no pagar alegando que había pagado de más el año anterior, pero Hacienda nunca reconoció ni aceptó dicha maniobra ¿dónde quedó el supuesto ahorro; ¿a qué se destinó el dinero de los impuestos que se dejaron de pagar? Y la más importante, ¿por qué Hacienda no persigue a los funcionarios públicos que evaden impuestos, declaran en falso y se quedan, ilegalmente, impuestos retenidos?

El show mediático lo hacen los diputados para golpearse los unos a los otros en tiempos electorales, pero son más burdos que una función de una lucha libre pueblerina. Sin embargo todos son parte del show y el desprestigio. Si Hacienda simula que cobra impuestos a ayuntamientos, congresos y gobiernos, cómo espera que los contribuyentes confíen en ellos; si la Fiscalía simula que investiga pero pasan los meses y no da ninguna conclusión, cómo espera que algún ciudadano le crea; si los diputados se suben a la tribuna una semana sí y otra no a decir que el desfalco López Castro no quedará sin castigo, gritan y se desgañitan, y 2 años después no hay resultados cómo se sorprenden de que estén en la parte más baja del escalafón de la confianza ciudadana.

Si a nadie en el gobierno realmente le importa que los diputados hayan cometido un fraude fiscal y luego hayan pretendido robarse decenas de millones de pesos del erario (si no lo lograron fue sólo por falta de liquidez, no por decencia) es porque efectivamente, como dice el ex diputado Raúl Vargas, ellos viven para el show mediático... y el show debe continuar.

Los que más fuerte gritan por las relaciones contratistas del gobierno, AMLO y los suyos, se han beneficiado con cientos de millones de pesos a través de empresas fantasmas que ganan licitaciones por adjudicación directa.

López Obrador y las empresas de su movimiento se beneficiaron de contratos del Gobierno del Distrito Federal encabezado por Marcelo Ebrard, por montos que alcanzarían para comprar unas 20 o 30 casas como la que compró Peña Nieto en un fraccionamiento en Ixtapan de la Sal.

¿Pruebas? Hay muchas. Tomemos un caso emblemático, el de las empresas SAD, AFK y AAR, constituidas al vapor en el sexenio anterior, con el mismo notario: el que dio fe de que se habían comprado votos con 2 guajolotes en Guerrero, un borrego en Veracruz y 2 gallinas en Zacatecas.

El fundador de la empresa SAD Desarrollo y Transparencia, Héctor Muñoz Ibarra, que recibió contratos sin licitar por 93'252,000 pesos, era también el presidente de Austeridad Republicana, uno de los 2 puntales financieros del movimiento de López Obrador.

Durante la administración de López Obrador al frente del GDF, Muñoz Ibarra fue director del Registro Público de la Propiedad y en el siguiente gobierno recibió el contrato para digitalizar los archivos del Registro.

Como socios de empresa figura también Javier López Núñez, director general de Recursos Materiales y Servicios Generales del GDF en el gobierno de López Obrador.

En 4 años las 3 compañías recibieron contratos que ascendieron a más de 110 millones de pesos, como lo reportó una investigación de El Universal.

AFK Comunicación Creativa, creada a vapor y con un domicilio legal que no corresponde a la verdad, obtuvo contratos sin licitar por 18'182,000 pesos.

La responsable y dueña de AFK era la contadora de la asociación Honestidad Valiente, de Andrés Manuel López Obrador.

También hubo contratos "por invitación", en las que AFK y AAR simularon participar para que la ganadora fuese SAD, de Austeridad Republicana, encabezada por Héctor Muñoz Ibarra, director del Registro Público de la Propiedad con López Obrador.

Ante las evidencias documentadas por El Universal en agosto de 2012, López Obrador no tuvo respuesta, sólo insultos: "como periódico del régimen está haciéndole el trabajo sucio a Peña y al PRI".

¿Y? ¿Qué pasó con más de 100 millones de pesos entregados en contratos sin licitar a sus tentáculos Austeridad Republicana y Honestidad Valiente?

Así es que ahora que se ha puesto sobre la mesa la ética de los contratos y la relación de éstos con políticos, Andrés Manuel López Obrador tiene mucho de qué hablar.

Es obvio que prefiera hablar de una casa en Ixtapan de la Sal comprada en 4 millones de pesos, y no de los contratos sin licitar a las empresas de su entorno, que sólo en estos casos citados superan los 100 millones de pesos.

Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, dice el dicho, y ese no es el caso de López Obrador y de quienes le acompañan en Morena.

Puede decir que él no se compró ninguna casa, pero ese no es el punto, sino el entramado de corrupción para obtener dinero público a través de licitaciones a modo, mientras él recorría el país acusando a los demás de corruptos.

Los partidos políticos hacen todo lo que está en sus manos para que los ciudadanos estén más hartos del sistema electoral. No han respetado los procesos de precampañas, no respetan al árbitro electoral, no respetan los tiempos... no respetan nada. Es muy lógico que tampoco respeten el financiamiento público, indica Eduardo Arriola Aranda, politólogo de la UdeG.

Explica que los partidos no son administraciones públicas, pero el financiamiento llega de una bolsa común llamada erario. "Ese dinero lo pagamos todos. El problema es que los ciudadanos ven lejanos estos hechos porque no les queda claro a dónde va el dinero que les quitan, quincena a quincena. A nosotros como personas comunes nos deducen los impuestos, pero no nos dicen a dónde van".

Las instituciones que se crean desde el ejecutivo, como el Itei, "tiene unos dientes muy chiquitos. Lo que pasa es que la burocracia se reproduce en ella misma, y es muy lógico que un señalamiento como la falta de transparencia de los partidos, termine por importarle muy poco... o nada".

Añade que si no hay sanción, el partido hará caso omiso a las recomendaciones del Itei.

La ciudadanía cansada, agotada, desesperada e impotente, padecerá el agobio del dispendio absoluto, del despilfarro total de las campañas publicitarias de los que buscan el hueso para roer viviendo del presupuesto. Dispendio y despilfarro; cataratas de dinero sacado de los bolsillos de los que trabajando producen.

La plaga de publicidad política empapelará los muros, saturará con mensajes adornados exaltando cualidades y condiciones que las más de las veces no se tienen, para ensalzar a la casta política, prensa, radio, televisión y de lo que haya que echar mano, para exponer "el discurso" de promesas engañosas cuando de meter votos en las urnas se trata.

Con un cinismo exasperante y las formas más burdas y viles "tapan" las vergüenzas de sus partidos que los postulan, enterrando trayectorias de muchos que se han reconocido como auténticos delincuentes que van por el poder apoyados por otros delincuentes, los antecesores, para que sean cubiertos y protegidos a sus salidas, sometiendo a los ciudadanos y al país mismo al permanente chantaje para hacerse de sufragios.

Sin importar clases sociales ni colores de partidos, la población está harta de las conductas infames y mezquinas derivadas de la corrupción profunda, de raíz, en términos morales, a todos los niveles políticos y de gobierno que debería pasar sin duda alguna la factura políticamente implacable, si nuestro México fuera un país más exigente con la verdad y no estuviera tan mal acostumbrado a tragar las mentiras de los malos pagadores con las que el gremio político a diario "justifican" con excusas de baratillo.

Se verá la deleznable actitud de los que maquillados aparecerán anunciándose como los salvadores de la nación. Los que enfundados en elegantes vestimentas o rústicos atuendos, -según la zona y el nivel de auditorio-, con voces engoladas y luciendo dentaduras profilaxeadas, prometerán, jurarán, harán el "compromiso" a los 4 vientos, de asumir la responsabilidad con la honradez como estandarte, de que sí cumplirán.

El descrédito de la clase política, -sin dudar que haya algunos, pocos, muy pocos, poquísimos que sean la excepción de la regla-, está muy bien ganado, toda vez que en cuanto a principios y valores, lo relativo avanza a velocidad de vértigo cuando, visto lo visto, lo económico se impone sobre de cualquier otra consideración llegándose a tal punto de convertir la política en una gestión contable por la que apenas se rinden cuentas a la ciudadanía que con sus impuestos, nutre las arcas para los despilfarradores de turno.

Puestos a escoger entre Lagrimita y el perro Fidel, aquel brillante y perrísimo candidato que hace 6 años hizo una gran campaña sin decir una palabra pero con la promesa de que él, como perro que era, no sería gato de nadie, no tengo la menor duda de que perro mata payaso. Una cosa es generar un movimiento a través de una candidato que ponga en evidencia lo patético del juego electoral, que fue el caso de Fidel, y otra muy distinta es ser un candidato patético que le haga el juego al sistema electoral.

Candidaturas como las de Lagrimita o Cuauhtémoc Blanco, un gran futbolista cuyo compromiso social no le daba siquiera para ejercer su derecho al voto, mucho menos para entender de qué se trata, no sólo no aportan al debate político, lo empobrecen. La candidatura de Lagrimita pretende mostrar que los políticos son unos payasos, y está bien, se vale, pero se requiere un poco más de inteligencia y sobre todo de conocimiento político para que una campaña así tenga efecto. La de el Cuau es doblemente patética, porque en su caso hay un partido político, el Social Demócrata que lo postula. Ante la claridad de que no tiene los suficientes adeptos, y mucho menos votantes, lo que hace el partido es buscar votos a través de un candidato popular pero que nada tiene que ofrecer. Ahora sí que el PSD está haciendo con esa candidatura la mejor y más explícita declaración de principios: la propuesta del partido es vivir del erario público, da igual cómo.

Sabíamos siempre que el riesgo de las candidaturas independientes era que se colara algún candidato apoyado por el crimen organizado, sobre todo en las comunidades pequeñas y municipios (un riesgo que, como hemos visto, también se corre en los partidos políticos de "prestigio") o que los partidos las usaran para su conveniencia. Este es el caso de Lagrimita, el payaso para llorar, que lejos de contribuir a darle viabilidad futura a las candidaturas independientes y abrir un camino frente al monopolio de los partidos le está haciendo el juego al partido en el poder.

No todos los candidatos independientes son Lagrimita (ya hablaremos de otros) y no sólo el PSD hace payasadas como la de candidatear no a un futbolista, sino al más ignorante de los futbolistas. Me queda claro que los partidos y los políticos han desprestigiado a la política y que son ellos los principales responsables de que hoy la gente esté alejada de las urnas.

Aunque no son garantía de que llegarán mejores personas a los cargos públicos, las candidaturas independientes parecen el último resquicio de esperanza para que la gente vuelva a creer en la política. Sin embargo, quienes elijan esta vía, habrán de enfrentar una contienda desigual, con una ley que los trata como aspirantes de segunda o tercera categoría, a lo que se suma la participación de polémicos personajes que podrían empañar esta figura legal.

"No hay garantía de que los candidatos independientes sean mejores, pero permiten poner en evidencia la crisis del sistema político, sobre todo del sistema de partidos y a las mafias, las élites, las aristocracias políticas que controlan los accesos a los espacios de representación popular", afirma Jaime Tamayo Rodríguez, investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

Personajes tan disímbolos como payasos o disidentes de partidos tradicionales, pasando por jóvenes profesionistas que buscan fórmulas de política colaborativa, asumieron el desafío de ser los primeros candidatos independientes en Jalisco. Ahora tendrán que reunir firmas para completar su registro. La cantidad solicitada por la ley es el 2% de la lista nominal. Esa odisea para obtener el apoyo ciudadano, será la 1a. prueba que habrá de dejar en evidencia la inequidad en la contienda.

"El problema de las candidaturas independientes es que se les hacen muchas exigencias, bastantes más de las que se le hacen a un partido. Si alguien quiere contender por la Presidencia de la República tiene que reunir muchas más firmas en un tiempo mucho menor que para registrar a un partido político. A nivel distrital o de senadores, hablamos de 8 veces la cantidad de firmas que se requieren, en sólo 2 meses, mientras que para registrar un partido es de un año", explica Tamayo Rodríguez.

Si se les niega el registro, los independientes no tienen derecho a recurrir al Tribunal Electoral. Su única forma de defensa es acudir a organismos internacionales. Tampoco tienen derecho a voz en las sesiones de consejo del Instituto Nacional Electoral, como sí ocurre con los partidos tradicionales.

"A final de cuentas esta es la concesión, entre comillas, que hicieron los partidos a esas demandas ciudadanas no partidistas. En ese afán de que persista el sistema proteccionista, restringen las puertas a los que quieren llegar por vías distintas. Esto hace que sea mucho más difícil".

Para Tamayo, la participación de candidatos independientes no es una fórmula infalible que vaya a garantizar que lleguen sólo personajes intachables. En el ámbito internacional, recuerda que Alberto Fujimori llegó por esta vía a la presidencia de Perú. Gobernó 10 años, pero terminó sentenciado por actos de corrupción.

No es la 1a. vez que ciudadanos sin partido participan en comicios en México, y algunos ya triunfaron. Raúl de Luna Tovar, en el municipio de Enrique Estrada, Zacatecas, se convirtió en el primer alcalde independiente en la historia del país. Hilario Ramírez, quien en un mitin confesó públicamente que "robó poquito", también llegó por la misma vía a ser 1er. edil de San Blas, Nayarit. Antes lo había sido, pero con las siglas del PAN.

"Quienes han logrado triunfos, en esos casos, son candidatos disidentes de partidos, que tienen estructura similar y recursos para cumplir con todos esos requisitos. Difícilmente vamos a encontrar un ciudadano que venga desde fuera de las instituciones partidistas que logre un registro y posicionarse, cuando le ponen limitaciones que no tienen los candidatos de los partidos".

Tamayo comenta el caso de Lagrimita, payaso que aspira a la Presidencia Municipal de Guadalajara. Con las proporciones guardadas, lo asemeja a lo ocurrido en Italia con el comediante anarco fascista Beppe Grillo, que a través de su partido Cinco Estrellas obtuvo la votación más alta para un instituto político, y aunque fue derrotado por una coalición, se convierte en líder de una fuerza decisiva en el congreso.

"En el caso de Jalisco la participación del payaso 'Lagrimita' mostrará hasta dónde los electores ven el proceso electoral como un circo. La votación de 'Lagrimita' demostrará hasta donde los ciudadanos simplemente ven como un montón de payasos a los que están participando y si simplemente votan por un payaso más".

En Jalisco hay 5'424,986 electores registrados, de los cuales el 17.71% son jóvenes de entre 18 y 24 años de edad; es el grupo de edad que representa el mayor porcentaje con respecto a otros segmentos de población.

Sin embargo, la apatía de este sector con respecto de la política se muestra en los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud 2012, donde se menciona que el 89.6% de los jóvenes dijeron estar poco o nada interesados en el tema; entre las causas citadas se encuentran: la indiferencia, la carencia de credibilidad, la inconsistencia y falta de confianza en los representantes públicos y partidos políticos, como figuras que no colaboran para dar respuestas a la problemáticas sociales. La realidad es que la participación que podrían tener los jóvenes se ve reducida a aparecer sólo en la propaganda que difunden los partidos políticos.

Se encuentran desencantados de la actuación de los funcionarios públicos, sean electos o no, y de los partidos políticos a los que consideran incapaces de mirar por el bien común al dedicarse sólo a velar por sus propios intereses.

La realidad es que las recurrentes promesas de los políticos -jamás cumplidas por cierto- ya no interesan a nadie, menos a los jóvenes; así, es difícil cambiar su percepción negativa sobre los hechos que ocurren cotidianamente y la posibilidad de cambio. Los partidos políticos tienen puestos sus objetivos en continuar recibiendo beneficios y monopolizando el poder, para lo cual siguen presentando a los mismos candidatos que ya han ocupado varios cargos en el gobierno (en los que no muestran resultados plausibles) y continúan con su modus vivendi: brincar de un puesto a otro.

El organismo encargado de las elecciones, ahora de todo el país, nunca se ha distinguido por spots creativos en sus campañas promocionales del voto o para la renovación de la credencial de elector.

Sin embargo, los spots que en este momento se transmiten a todas horas son los peores que he escuchado y no por un asunto de creatividad, sino porque son marrulleros y engañosos; y una actitud de esa naturaleza en el organismo electoral que debe ser transparente y ofrecernos a los ciudadanos toda clase de garantías, especialmente confianza y certeza, es inadmisible.

Hay 3 que destacan por sobre los demás porque en los diálogos de los personajes queda en evidencia que el Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE) forma parte del mismo sistema político y, a diferencia de la brevísima época de oro (1997-2000), se conduce exactamente como la clase política mexicana, alejado de la realidad social. Una institución con esta línea, con estos contenidos en sus anuncios no puede ser confiable y eso es gravísimo considerando además que, como alguna vez dijo José Woldenberg cuando lo entrevisté en el año 2000: "La confianza no se gana de una vez y para siempre". Es algo que se construye cotidianamente, así que el INE no va bien en este sentido y si el de la confianza que debe generar empezó mal ¿qué podemos esperar de los demás?

Por si acaso el lector no ha escuchado o visto los spots, en uno de ellos, a un joven lo acosan en el cine para que actualice su credencial para votar y le advierten que si no lo hace "¡no podrás elegir a tus representantes ni decidir lo que quieres para México!". Convengo con el asunto de que no podrá elegir, sin embargo, el tema de la representación hoy por hoy es uno de los cuestionamientos más fuertes que se hacen a la clase política porque realmente diputados, senadores y munícipes (caso de las elecciones de este año que son intermedias, aunque igual aplica con gobernadores y con el titular del ejecutivo federal) no nos representan. Su actuación está regida por intereses de partido e intereses particulares.

Ahora, es de que tampoco podrás "decidir lo que quieres para México" pues ni votando ¿o de cuándo acá los ciudadanos decidimos, cuándo nos toman en cuenta? ¿Tenemos acaso algo que ver, para empezar, en la selección de candidatos? Y que no vayan a salir conque falta participación ciudadana porque sí hay pero es total y absolutamente desdeñada aun cuando haga propuestas y sea una sociedad civil activa y experta en diferentes asuntos.

En otro spot un joven entrenador regaña a uno de sus deportistas porque tampoco tiene credencial y le dice: "Si queremos un país ganador, con mejor educación y más empleos, hay que participar... hazlo por ti, hazlo por todos...". ¿Desde cuándo votamos en México? ¿Cuánto nos ha costado perfeccionar, complejizar (sic) y complicar el sistema electoral? Y es hora que ni empleos ni educación. ¿Cómo espera el INE que nos creamos eso por favor? Ofende la inteligencia su falta de sensibilidad y sentido común.

Y por último, el 3er. spot en donde los papás y el hermano "se le echan encima" a la joven que manifestó que no va a votar:

La mamá: ¿Cómo? Hay que jalar parejo para lograr lo que deseamos.

El hermano: Un país más seguro, con mejores servicios públicos y oportunidades para todos.

El papá: Hazlo por ti m'ija, hazlo por todos.

¿Jalar parejo? ¿Quién no jala parejo? ¿Un país más seguro por ir a votar? A ver. En 2012 la gente salió a votar, votos comprados o no ¿y? ¿Tenemos un país más seguro, con más educación, con más oportunidades, con más empleo? ¿Sucedió en las elecciones del año 2000?

Una vez más, desde la parte oficial, en este caso, desde el INE, se pasa la bolita a la ciudadanía sobre la base añeja aquella -que en algún momento aplicó- de: "Si no votas no te quejes".

Los mexicanos hemos crecido como ciudadanos, los niveles de participación se han incrementado y no sólo en las urnas, pero las respuestas de la autoridad han sido nulas, insuficientes, equivocadas... Día con día nos enteramos de nuevas formas de corrupción, de más funcionarios corruptos y negligentes; de malas decisiones; de declaraciones mentirosas; y sufrimos por los pésimos servicios públicos, sanitarios, educativos, de infraestructura en general; por las pésimas políticas económicas, agropecuarias, laborales.

La gigante petrolera estatal mexicana Pemex pagó 9 millones de dólares en el 2011 por remolcar una plataforma petrolera desde Emiratos Árabes Unidos hasta el Golfo de México. Cuando auditores del gobierno revisaron el contrato, se percataron de algunos problemas.

La plataforma tenía el equipo equivocado para el contrato, de acuerdo con un reporte de una auditoría del congreso. Y el traslado en sí era una ficción: la plataforma no necesitaba ser movida porque ya estaba en el Golfo de México.

Los auditores alertaron a Pemex en febrero del 2013 y le urgieron sancionar a los empleados que manejaron el contrato pero la compañía no hizo nada. Alrededor de un año después, una explosión en la plataforma provocó la muerte de 2 trabajadores. Las causas de la explosión siguen bajo investigación por parte de la empresa.

Lo ocurrido con este contrato, de acuerdo a lo encontrado en una revisión de Reuters, es la típica forma en la que Pemex responde a los indicios de fraude en su amplio presupuesto de contratación: haciendo la vista gorda.

Reuters identificó más de 100 contratos firmados entre el 2003 y el 2012 por un valor de 11,700 millones de dólares sobre los que la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados hizo señalamientos después de detectar irregularidades.

Estas van desde sobrecotizaciones de trabajos de mala calidad que no cumplieron especificaciones hasta el fraude descarado. Los contratos cuestionados abarcan alrededor del 8% de los 149,000 millones de dólares en contratos de Pemex registrados en la base de datos federal en ese periodo.

Pemex casi siempre desestima esas advertencias. Del 2008 al 2012, el año más reciente para los que hay datos disponibles, los auditores del congreso emitieron 274 recomendaciones para que la empresa estatal tomara medidas sobre las irregularidades en los contratos, como presentar una denuncia, medidas disciplinarias o tratar de recuperar parte del dinero.

Pemex respondió a 268 de los casos, pero en sólo tres de ellos tomó medidas, como suspender a un puñado de empleados. Los órganos internos de control de Pemex desecharon 157 de los casos y hasta el mes pasado, 108 casos estaban sin resolver.

"En México no castigan a nadie", dijo Arturo González de Aragón, un ex jefe de la ASF. "Como no castigamos a nadie, la impunidad se convierte en el incentivo perverso de la corrupción", destacó.

Pemex recibe una 2a. supervisión, pero también este sistema falla. La Secretaría de la Función Pública, organismo del poder ejecutivo que vigila el fraude en el gobierno, supervisa a los órganos internos de control en Pemex.

Entre los contratistas que burlaron esta red de seguridad está Francisco "Pancho" Colorado, presunto colaborador de los Zetas, uno de los cárteles de la droga más sanguinarios de México.

Su compañía recibió decenas de millones de dólares de Pemex aún después de que la SFP buscó inhabilitarla por supuesto fraude. Posteriormente, Colorado fue condenado por una corte federal de Estados Unidos bajo cargos de lavado de dinero para los Zetas, un caso actualmente bajo apelación.

El no responder a las señales de que existe un fraude, dijo González de Aragón y otras fuentes familiarizadas con Pemex, es sintomático de la falta de supervisión en el gigante petrolero.

Los auditores de la ASF dicen no tener autoridad para imponer multas o abrir procesos penales. Ellos sólo pueden pasar sus recomendaciones a fiscales o a los órganos internos de control de Pemex.

Los investigadores del órgano interno de control de Pemex, sin embargo, son reacios a perseguir casos contra funcionarios que se supone deben regular. Los investigadores internos son técnicamente independientes de Pemex, como empleados de una agencia federal separada.

Pero en la práctica los agentes federales -principalmente abogados y contadores- son parte de Pemex, que paga sus sueldos y alberga las oficinas en las que trabajan.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha dicho que planea reemplazar a la SFP con un organismo anticorrupción independiente pero a 2 años de haber iniciado su gobierno la iniciativa está estancada en el congreso, donde legisladores están divididos sobre el plan.

Salvador Vega, un senador de oposición y ex jefe de la SFP, dijo que los investigadores federales dentro de Pemex han disciplinado a miles de empleados y algunos contratistas basados en sus propias investigaciones, independientes de la ASF.

Investigadores del órgano interno de control de Pemex, sin embargo, critican a los auditores del congreso, diciendo que carecen de la preparación técnica para entender los contratos petroleros.

José Muñoz, presidente de la comisión de vigilancia de la ASF, dijo que las auditorías del congreso son sólidas, escritas con la ayuda de técnicos expertos externos.

Los órganos internos de control en Pemex descartan o hacen a un lado las recomendaciones de la ASF del congreso, señaló, porque los investigadores internos están muy cerca de los empleados de Pemex a los que deben examinar.

Razones para votar, muy pocas.

Hay muchas tentaciones para boicotear, abstenerse o votar en blanco. Difícilmente podrían ser más adversas las condiciones económicas, políticas y sociales, como para legitimar a un sistema político y de partidos preso por su falta de democracia interna en la elección-designación de sus candidatos. Una presidencia de la nación con los peores niveles de aceptación, que se muestra distante, incapaz, para enfrentar racionalmente violencia e inseguridad. Motivos de preocupación que, en distintos grados de exacerbación, se presentan en todo el país. De los 9 gobernadores que se elegirán este 7 de junio, en Michoacán, Guerrero y Sonora, hay denuncias y evidencias sobre la penetración del crimen organizado. Probablemente, en esas entidades habrá grupos que boicoteen las elecciones. Además, se incrementa la desconfianza hacia la institución presidencial y su partido por casos de corrupción y por la terquedad inaudita por continuar con el mismo modelo económico, a pesar del entorno internacional adverso: petróleo y gas cuyos precios están por los suelos, devaluación sostenida del peso, falta de inversión extranjera directa, debido a la violencia incontrolable en varias regiones del país, y escasa o nula transparencia en la licitación de los concursos.

Recientes encuestas de intención del voto, calculan en un 9% las boletas en blanco, pero hay un 43% que no define aún su voto porque no lo convence partido alguno. Está por verse si el boicot electoral logra una base de respaldo suficiente para deslegitimar en su conjunto, o en regiones específicas, al proceso electoral.

A Xiuh Tenorio le encanta la política. Desde pequeño ha andado en eso. Usted lo recordará en el Panal, sí, el de Elba; es suplente del senador Mario Delgado (PRD-Morena).

Desde 2012 se incorporó a la Secretaría de Gobernación en el equipo de Roberto Campa y su Subsecretaría de Prevención del Delito. Desde entonces, todos los días, cumplidas sus 8 horas de chamba, a la 9a. ya estaba haciendo política en la delegación Benito Juárez, movilizando vecinos, organizando actividades y, sobre todo, denunciando al delegado panista.

En una de esas horas libres Xiuh escribió, con razón, que las reglas para competir como candidato independiente eran una vacilada. Que hacían, en los hechos, imposible que un ciudadano llegara siquiera a la boleta. Los requisitos están hechos para aquellos que pueden movilizar miles de personas.

Habiendo ya prevenido suficientes delitos, Xiuh renunció a Gobernación y esta semana se hizo candidato del Partido Verde para la delegación Benito Juárez.

Recordemos cómo funciona ese negocio: con el dinero que les da el INE hacen enormes campañas de publicidad que los colocan en las encuestas por puro efecto de recordación. Con esos 7, 8 puntitos ofrecen su lugar en la boleta al mejor postor: televisoras, empresarios, novios de Anahí, Xiuh... El lugar se paga en efectivo o a plazos o con puestos o con favores. Así funciona la cosa. Ni modo. Como lo demostró Alberto Serdán en Animal Político, no tienen ni militantes. Sólo tienen un buen publicista y mucho de nuestro dinero -que transportan en efectivo y maletas, según algunos videos. Bueno, y tienen a Jorge Emilio, esa maravilla de político que nos regaló la patria.

Xiuh Tenorio, un buen tipo, argumenta que ésa es la única manera en que él podrá salvar a la Benito Juárez de las garras de su delegado maldito y corrupto.

El proceso electoral redundará en el hastío de la gente por la abundancia de la propaganda machacona e insulsa a la que han destinado sumas millonarias que alcanzan los 5,356'771,440 pesos.

Llega el tiempo de los suplentes. De los regidores suplentes, de los diputados suplentes y de los funcionarios suplentes. El tema se incrementará en la medida en que se acerquen los tiempos de campaña, -las de "a devis", las de ahorita son precampañas con cara de campaña-. Suplentes esperan ansiosos cobrar, perdón, trabajar como legisladores, aunque la chamba cada vez es menos en el edificio ubicado en la Calle de Hidalgo en el número 222.

Año electoral y va creciendo la brecha entre la casta política y la población. Ellos están muy ocupados en saltar de puestos y cargos a precandidaturas, ayudando a amigos, perjudicando a enemigos, pero gracias a las redes sociales van quedando en evidencia sus simulaciones, algunas de las cuales han salido a explicar, y otras las han callado.

El mismísimo presidente Peña ha tenido que explicar recientemente por medio de su oficina la compra de una casa a un contratista que se vio beneficiado durante su gobierno en el Estado de México, y el gobernador de Chiapas también tuvo que hacer un show público para bajarle presión al hecho de que fue grabado dando una cachetada a uno de sus colaboradores.

Ya habíamos visto a la señora Peña tratando de justificar la compra de una mansión de lujo en un barrio exclusivo, y quedó pendiente explicar de dónde saca recursos el presidente nacional del PRI para lucir tantos y tan caros relojes.

Políticos a la defensiva.

Pero la población también tiene estrategias, como el ventilar en redes sociales la cadena de abusos de políticos de distintos niveles. Quedan así documentados. Quizás los llamen meras sospechas, pero es a partir de ellos que, por ejemplo, el líder de los empresarios del DF, José Luis Beato, presidente de COPARMEX, prometió hacer una lista negra de los candidatos con sospechas de corrupción o escándalos para que la gente no vote por ellos.

Es una clara declaración de guerra contra la simulación, es cierto, más cuando en la capital de la república 12 de los 16 delegados, como vulgares chapulines, ya pidieron licencia y van por diputaciones para vivir otros 3 años con los privilegios del presupuesto.

Ahora la tendrán complicada porque varios de ellos por lo menos ya están señalados. Quizás ganen la elección, porque ante el fastidio contra el PRI y el PAN, el DF es un bastión incondicional perredista, pero estarán muy incómodos en la campaña, después de la elección y cuando lleguen a sus curules.

Falta esperar que el ejemplo de Beato del DF se propague por el resto del país, recordando que la relación entre gobiernos y empresarios se ha enfriado a raíz de la reforma fiscal y la incertidumbre de las últimas semanas.

Los políticos ganarán sus elecciones y llegarán a ocupar sus puestos, pero habrán quedado en evidencia y cada vez será más y más incómodo ser uno de ellos, por buen negocio que pueda ser.

La política mexicana actual, lejana de cualquier idealismo, no deja de sorprendernos, en general para mal, día con día.

Un rápido recuento de sorpresas. Por ejemplo por la Línea 12 del Metro, la que alguna vez fue dorada. 2 empresas, la que se encarga de la rehabilitación Systra, y otra alemana, TÜV, encargada de supervisar ese proceso, llegaron a una conclusión que era evidente desde el 1er. día: la rehabilitación fracasará porque sencillamente los trenes comprados no coinciden con las vías férreas construidas, la única solución es comprar nuevos trenes que coincidan con esas vías. Las 2 empresas, tanto Systra como la alemana TÜV también coinciden en que la flota que construyó la empresa española CAF, bajo un contrato de arrendamiento por 1,588'152,500 dólares, no permite una operación costeable. Sostienen que la configuración actual de los trenes arrojaría costos de mantenimiento fuera de lo usual y en ningún momento aceptables. CAF dice que ellos entregaron los trenes que les pidieron.

No sé cuánto ha costado hasta ahora la reparación de la Línea 12, pero si nos basamos en este informe alguien cometió un delito (la negligencia también lo es en ciertos casos, aunque es difícil creer que se trató de un error y no de un simple fraude) que le ha costado a la ciudad y al país por lo menos 1,500 millones de dólares. Es difícil no asombrarse ante el hecho de que se hayan pedido trenes que no sirven para una determinada vía férrea, y es más difícil no asombrarse de que no exista ya una investigación de fondo, contundente que establezca quiénes y cómo pudieron cometer un delito de esa magnitud (y estupidez) y pensar que quedarían impunes.

Otro caso: el regreso de los Aguirre y la complacencia perredista. El problema mayor del PRD en Guerrero es que después del haber seleccionado a Zeferino Torreblanca como candidato y luego del asesinato nunca aclarado de Armando Chavarría se quedó sin estructura propia en el estado. Y Ángel Aguirre, en aquella época apoyado por Marcelo Ebrard, construyó una que usó de franquicia al PRD pero que nunca fue suya y que controla buena parte de las candidaturas, desde la de gobernador hasta los alcaldes, incluyendo a su hijo Ángel Jr., como aspirante a gobernar Acapulco y desde ahí buscar más adelante la gubernatura. Uno esperaba que los problemas de Aguirre en este momento girarían en la forma de hacerle frente a la justicia, pero no, para asombro de muchos, ya se dio el gusto de quitarse de encima a Ríos Piter y controlar las candidaturas perredistas en el estado.

También asombra, no sé si para bien o para mal, que el ex panista y ex gobernador interino de Nuevo León, Fernando Elizondo, un hombre respetado y respetable, haya decidido buscar la gubernatura pero ahora con las siglas de Movimiento Ciudadano. No es que Elizondo se haya convertido en un hombre de izquierda, es que las candidaturas de Margarita Arellanes y de Ivonne Alvarez no convencen en el panismo tradicional y buscan una opción.

También asombra, pero mucho menos, que José Ángel Córdova Villalobos, quien fuera un muy destacado integrante del gabinete de Felipe Calderón (sobresalió Córdova con su labor en salud, sobre todo en la crisis de la influenza) como candidato del PRI, el Verde y Nueva Alianza a la alcaldía de León. Asombra que el PRI local le haya dado su apoyo a un candidato independiente (Córdova decidió no reafiliarse al PAN, como Elizondo, distanciado con la actual dirigencia) pero constata que el tricolor impulsará las candidaturas que tengan mayores posibilidades de éxito.

No formo parte de las filas de los que proponen no ir a votar. Pero cómo se antoja. El PRI, PAN, PRD y PVEM escogen candidatos como el que selecciona invitados para su boda: amigos, parientes, cómplices.

Desde hace 2 años, el Gobierno del Estado sostiene una deuda de 50 millones de pesos con 20 micro y pequeñas empresas de la industria de la construcción, que están en riesgo de cerrar.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco, Benjamín Cárdenas Chávez denunció que este adeudo se arrastra desde el gobierno de Emilio González Márquez y que la actual administración estatal ha empantanado el pago entre una secretaría y otra.

De las 2 docenas de empresas acreedoras, una está a punto de cerrar y otras 5 corren el mismo riesgo, precisó Cárdenas Chávez, quien advirtió que de confirmarse las bajas, se perderían 250 empleos.

"El argumento es que no tienen el techo presupuestal para pagar estas obras, que la administración les dejó grandes compromisos y que están viendo de dónde van a conseguir el dinero para esta deuda y también alguna incertidumbre de si fueron o no ejecutados los trabajos correctamente y vuelven a las contralorías para que se revisen, pero siendo que todo estaba debidamente documentado, simplemente para que se generará un cheque".

En la picaresca política mexicana, los "chapulines" son los funcionarios públicos que, apegados a la norma que establece que los candidatos a un puesto de elección popular sólo pueden postularse para el mismo si no han ocupado otro en los 6 meses anteriores a los comicios, "piden licencia" para abandonar el cargo en que ya vivían del Presupuesto y quedar en aptitud de seguirse sacrificando -¡oh, sí...!- desde otra trinchera del servicio público.

Puesto que se trata, en efecto, de una nauseabunda plaga de oportunistas, acomodaticios, "mil usos" y vividores de la política, que al dejar inconclusa la tarea para la que se comprometieron -y para la que, en su momento, poniendo su mejor cara de personas decentes, solicitaron el voto ciudadano- ya incumplieron el com promiso en cuestión, sería pertinente que la Coparmex y anexas fueran más allá del discurso y aprovecharan la interlocución que tienen con quienes tienen la sartén por el mango en este país, para hacerles ver que los ciudadanos ya se dieron cuenta de que aquí las leyes las hacen más a conveniencia de los gobernantes que de los gobernados, y que el imperativo, por elemental higiene social, reformarlas al efecto de cortar las patas a los "chapulines".

Para ningún perredista en Iguala es un secreto cómo fue que José Luis Abarca se hizo de la candidatura por la presidencia municipal. "Le di 2 millones de pesos a Jesús Zambrano (entonces presidente del partido). Salió miserable, el compa", confirmó el hoy detenido.

Hasta antes de caer, en sus 2 años de administración sus principales adversarios internos (Justino Carvajal y Arturo Hernández) fueron ejecutados, 20 simpatizantes de éstos también y van más de 53 cadáveres extraídos de fosas clandestinas cerca del ayuntamiento.

Que se compran y venden candidaturas en los partidos es algo que sabemos desde hace años. Para no ir más lejos, hace 6 años en Jalisco había un gran escándalo porque, se decía, funcionarios del PRI habían vendido las sindicaturas de varios municipios. Fue un gran escándalo, hubo jaloneos, acusaciones de ida y vuelta, cambio de candidatos a síndicos, pero siempre nos quedamos con la duda, un pedacito de duda, de si efectivamente eso había sucedido o era sólo parte de las acusaciones y falsos que se suelen levantar los políticos los unos a los otros y más cuando son del mismo partido.

¿Cuántos candidatos de los que van a participar en este proceso electoral compraron sus candidaturas? Tan sólo en Jalisco se van a registrar cerca de 500 candidatos a alcaldes y unos 5,000 candidatos a regidores, cerca de 100 candidatos a diputados locales y casi otro tanto a diputados federales más los plurinominales. Evidentemente las candidaturas que tienen valor son aquellas donde el partido es competitivo o van seguras, o sea las plurinominales y los primeros lugares de las listas de regidores. ¿Cuántas de éstas se ganaron a billetazos, sea porque se pagó directamente a alguna persona u órgano de decisión, que quiero pensar que no es el caso, o porque el contendiente tiene más dinero que los demás? Sabemos que eso está pasando, pero como no tenemos la certeza o forma de probarlo, los candidatos seguirán adelante y algunos de ellos llegarán a un puesto de representación popular representando a quién sabe quién.

Cuando se discute normar la forma en que los partidos designan a sus candidatos, esto es que podamos tener claridad sobre sus procesos de selección, inmediatamente gritan que se trata de una intromisión en su vida interna, pero cuando se trata de recortarles el dinero del erario, es decir nuestro, alegan que de otra manera caerían irremediablemente en manos de la mafia.

Los partidos no son el único acceso al poder que tiene la mafia, también se compran y venden jefaturas de policía, procuradurías, secretarias de juzgados y salas, etc., pero sí son el camino más barato.

Los partidos políticos junto con los poderes judicial y legislativo se confirmaron como los sujetos obligados más rezagados en la publicación de información fundamental, en el Programa de Evaluación 2014 del Instituto de Transparencia e Información Pública.

Los partidos políticos fueron calificados con 73 puntos, el poder judicial con 85.91 y el poder legislativo con 86.81.

Al final de la tabla aparecen el Partido Nueva Alianza con una calificación de 21.18, el Partido del Trabajo con 22.50 y el Instituto Tecnológico Superior de Chapala con 25.71.

Para el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas, la elaboración de los planes parciales de Guadalajara se convirtió en una farsa, pues luego de que los invitaron a emitir comentarios y sugerencias para su elaboración, sus observaciones no fueron tomadas en cuenta por las autoridades tapatías.

El Parlamento desea dar a conocer el engaño con el que se ha conducido el PRI y el PAN respecto al proceso de elaboración de los documentos finales de los planes parciales de desarrollo urbano de los municipios.

"Hicimos una participación precisa y no nos tomaron en cuenta, nos sentimos sorprendidos, están intensificando giros en las colonias, pueden poner de todo en cualquier lugar de la colonia, ese cambio generará un deterioro en la calidad de vida", señaló Cárdenas.

Alejandro Cárdenas acompañado por una decena de presidentes de varias colonias de Guadalajara adelantó que para finales de este mes, los regidores de ese municipio podrían aprobar en cabildo planes parciales sin tomar en cuenta el punto de vista de los ciudadanos.

"El 19 de diciembre, el contubernio PRI-PAN aprobó el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Guadalajara, un documento que tiene un contenido diferente al que nos consultaron y no conocemos", aseveró.

Adelantó que si en el pleno del ayuntamiento aprueban los cambios en los planes parciales acudirían ante tribunales para inconformarse.

Las crisis de seguridad y violencia que azotan, entre otros estados, a Michoacán y Guerrero, donde quedó al desnudo la íntima relación entre criminales y políticos, han llevado a los partidos políticos a hacer todo lo posible para convencer a la ciudadanía de que no permitirán en un puesto público a un nuevo Abarca.

Se ha dicho incluso que los candidatos serán sometidos a diversos exámenes, algunos de esos diseñados específicamente para cuerpos policíacos. En noviembre, el PRI anunció que aplicará pruebas de polígrafo y antidoping, y en días pasados, el presidente del PRD del Distrito Federal, Raúl Flores, expresó una cosa similar.

Estas ideas peregrinas no van al meollo del problema. No hace falta creer la versión de Armando Ríos Pitter sobre por qué renunció a la posibilidad de la candidatura en Guerrero, para coincidir con él en que lo que no funciona es el sistema, más allá de los candidatos, por bien seleccionados que resulten éstos.

"Nuestro país atraviesa por una crisis de moralidad. La principal causa es que la ética ha quedado supeditada al pragmatismo político. Hay quienes piensan que para alcanzar el poder hay que construir acuerdos pragmáticos a costa de lo que sea, con el fin de alzarse con el triunfo electoral. Hay quienes, cuando se les cuestiona sobre la mala percepción social de algunos actores, responden de inmediato, sin mayor preocupación, que se requiere de esos mismos actores para ganar la elección", sostuvo Ríos Pitter el sábado en un artículo publicado.

El origen de la crisis de los partidos no está en el prestigio de un candidato que salió "malo", sino en la certeza que tiene la ciudadanía de que no funcionan los mecanismos para supervisar, y en su caso sancionar adecuadamente cuando así no ocurra, el apego a la ley por parte de los políticos.

Los partidos no deben prometer a la ciudadanía lo obvio (que garantizarán la probidad de los candidatos que respaldan), sino demostrar desde ya (abundan casos a la mano si quieren transitar por ese camino) que cumplirán con lo aún más elemental: que serán los primeros en denunciar a un compañero que se aparta de la ley.

Sobra decir que hoy son los primeros en encubrir a sus militantes y los más proactivos a la hora de negociar la impunidad para esos cuadros. Ahí el pragmatismo a ultranza que denuncia Ríos Pitter.

Yendo un poco más allá, y aunque en las actuales circunstancias parezca ingenuo hacer esta petición, lo mismo habría que decir sobre la necesidad del establecimiento de estándares mínimos de desempeño como condición para lograr una candidatura.

Lo escandaloso del fenómeno de los "chapulines" no es que abandonan el puesto para buscar otra chamba, sino que nadie responde por multimillonarias obras e importantes políticas que los renunciantes dejan al garete. Antes que sancionar esas conductas, los partidos las premian. ¿Dónde se ha visto que alguien vuelve a contratar a un proveedor que vez tras vez queda mal en sus entregas? Respuesta simple: en la política mexicana.

El actual modelo, como bien advierte Ríos Pitter, reciclará una y otra vez a los mismos.

De ahí que a nadie hoy parezca sorprender que alguien como Leonel Godoy (PRD, desastre en Michoacán), alguien como Cecilia Romero (PAN, desastre en INM), o alguien como Ernesto Gándara (PRI, alcalde de Hermosillo cuando la Guardería ABC), por mencionar 3, busquen tan campantes sendas candidaturas.

El voto de castigo a las administraciones panistas de Fox y Calderón se manifestó en el no-voto, lo cual le benefició al PRI. La pregunta es si el castigo a la administración de Peña Nieto se va a manifestar en un voto en contra o con un no-voto, lo cual volvería a beneficiar al PRI. Por paradójico que parezca este último parece ser el escenario más probable, pues el castigo a Peña es también un castigo al sistema de partidos. Las protestas en las calles, el hartazgo político, no se traduce posteriormente en una rendición de cuentas y cobro de facturas en las urnas, por el contrario.

Para la Arquidiócesis de México es imperativo acabar con los clanes y grupos que concentran el poder desmedido en el seno de los partidos que, en la elección, podrían beneficiarse, bajo mañas y argucias, de la reelección creando bloques consolidados por esa figura para prolongarse en cargos opacos, ineficaces y, en el extremo, encubridores de hechos delictivos, como fueron los cometidos por alcaldes que fundaron imperios del crimen en sus municipios.

En el semanario católico Desde la Fe se afirma que resulta indignante y escandaloso el caso de la Ciudad de México, donde jefes delegacionales -mostrando el mayor desprecio a la ciudadanía que los eligió-, piden licencia para amarrar un asiento en la ALDF o la Cámara de Diputados.

En principio, dijo, los ambiciosos peticionarios de las licencias no rinden cuentas claras de su gestión, no hay transparencia sobre su administración y no hay auditorías creíbles de sus administraciones.

"Se van, sin responder del manejo del poder y el dinero públicos conferido por la soberanía del pueblo a través del voto", señaló.

Por otro lado, afirma, los escándalos sobre los presuntos ilícitos cometidos por ediles y jefes delegacionales demuestran el desprecio de las dirigencias partidistas por el bien común y el orden público, y dejan al descubierto que su único interés "es una especie de interés mafioso que consiste en beneficiar a sus allegados en las diversas corrientes políticas que devoran la vida interna de los institutos políticos y el dinero de los impuestos de los ciudadanos", subrayó.

La editorial asegura que sí México quiere transitar hacia una verdadera democracia y no simulaciones de ésta, urgen las reformas legales que impidan el oportunismo de los políticos "chapulines", que brincan de puesto sin rendición de cuentas.

"Hola, soy tu amigo Policarpo Mata y te invito a que votes por el Partido del Moche este próximo 6 de julio. No lo olvides. Cada ciudadano, un moche". Ese tipo de mensajes abominables se han prodigado en nuestros teléfonos en los años recientes. Y no sólo eso: los Policarpo Mata del país también envían correos electrónicos a una velocidad que ya quisiera un novio sociópata, nos saturan de mensajes el celular, pagan tuits que se aparecen por nuestros timelines sin ser invitados y nos ensucian el Facebook con sus interminables mensajes de autobombo. Cada vez que una elección se acerca, los chicos de mercadotecnia de los partidos se prodigan e inventan nuevas formas de lanzarnos el anzuelo. Es un fastidio.

Tengo fobia por las campañas políticas desde que recuerdo. A principio de los años 80, sin embargo, eran menos aparatosas que en la actualidad. Claro: el motivo es que había un solo partido con posibilidades de ganar, en la práctica, y las votaciones resultaban básicamente un simulacro. Recuerdo bardas pintadas (por entonces muy abundantes) y la ciudad empapelada con los nombres de los candidatos oficiales, en una suerte de mosaico infinito apenas entorpecido por las modestas inserciones de propaganda opositora (la del PAN, muy concentrada en Zapopan y la de los partidos de izquierda en el centro de la ciudad).

La alternancia en el poder (llamarla transición resulta casi un chiste a la luz de lo mal que nos salió) trajo consigo mayor competencia y las publicidades electorales, consecuentemente, han ido subiendo de tono. Para el año 94 las calles fueron tomadas por pendones impresos en cartón y plástico y los automóviles se volvieron exhibidores portátiles de calcomanías del tipo de "Yo con Mata y en mi casa, todos". Pero fue, creo, la elección del 2000 la que se convirtió en una suerte de bisagra entre el viejo mundo y el nuevo. No sólo porque ganó la hasta entonces oposición, sino porque la publicidad electoral invadió nuestras vidas de pies a cabeza y desde ese instante no ha salido de ellas.

Los partidos se gastan una millonada en campañas. Tienen comerciales en televisión y radio, copan los espectaculares urbanos, cuelgan mantas y pendones a placer, mandan brigadas a las calles para que incordien a los conductores y los tratan de obligar a recibirles sus octavillas y pegatinas. En casos extremos, van de puerta en puerta. La lata sin fin, pues.

Claro: no es que en el pasado la cosa fuera un edén. Por allá de 1983, los gorilas de uno que iba a ser alcalde llevaron a mi escuela (una pública, numerada y muy militante) una serie de cuadernos, borradores, lápices y reglas de medir con su nombre y su carota. Todos los alumnos tuvimos que recibirlos. Aún recuerdo a las maestras indignadas porque le pusimos cuernos y bigotes a los retratos del candidato. Y eso era lo de menos. ¿Alguien se olvida de procedimientos como la "operación tamal", las "urnas embarazadas", el "te doy una boleta ya cruzada y me traes la limpia", etc.?

La abstención bajó en el 1er. decenio de este siglo, atraída por la alternancia. Ahora, luego de que tirios y troyanos han pasado por el poder sin que se note un cambio de fondo en la administración, tengo dudas de que la asistencia a las urnas sea multitudinaria en las próximas elecciones. Los partidos deben dudar también de sus propios alcances, porque se blindaron con un presupuestazo y ya en las "precampañas" dieron muestra de que se van a gastar hasta el último quinto disponible para "convencernos". Cosa curiosa, no se les ha ocurrido que ese convencimiento debería provenir de su trabajo en el gobierno y el congreso y no de la propaganda.

Los cambios en las leyes electorales siempre tienen que ver con un escándalo sobre dinero y proceso electoral.

Después de 2006, el PRD insistió y convenció al otro perdedor, el PRI, de que Felipe Calderón había ganado la Presidencia por el dinero de organismos empresariales privados destinados a la televisión. Se diseñó un sistema bizarro y restrictivo que, como suele suceder, envió el dinero a lugares oscuros y provocó la invención de nuevos y creativos métodos para seguir inundando de billetes nuestros procesos electorales.

A esa reforma debemos, hay que recordarlo, estos tiempos de lindos spots a toda hora y todo el tiempo.

Después de las elecciones de 2012, el PRD volvió a convencer al otro perdedor, en esta ocasión al PAN, de que había que cambiar todas las reglas, que porque Monex y que Soriana y que... nada que el IFE, por cierto, validara. Pero las reglas se volvieron a cambiar, se ampliaron facultades al INE, que ahora parece interventor bancario, y según ellos pusieron candados suficientes que, como usted sabe, nunca son.

El sistema hoy es uno que solo sirve para repartir dinero. En días de elección, por ejemplo, no conocerá usted un solo representante de casilla que no cobre de algún partido -o de 2- por estar ahí.

En diciembre, Alejandro Poiré escribió que "el principal culpable de la actual crisis de corrupción es el sistema de financiamiento de campañas de México".

"Si uno tuviera que diseñar desde cero un sistema orientado a aumentar la capacidad de las organizaciones criminales para infiltrarse en la política, particularmente a escala local, se podría afirmar que el modelo mexicano es probablemente el mejor lugar para empezar. Su énfasis en límites mínimos de gastos de campaña, mínimos medios legítimos para gastar y límites mínimos para el total de contribuciones privadas pone a los políticos honestos a merced de los expertos en generación y gasto de efectivo, quienes podrán competir de manera eficaz en el mercado negro del apoyo político".

Esta semana el INE aprobó como límite de gasto de campaña para diputados federales un millon 260,000 pesos. 20,000 diarios, sólo contando los de campaña legal.

Estimados votantes: el INE piensa como ustedes. Movimiento Ciudadano, no.

El pasado fin de semana, el Instituto Nacional Electoral dio su opinión sobre el inicio de campañas políticas en Jalisco y opinó más o menos de forma similar a lo que se he expuesto desde hace días: el engaño en el que los partidos utilizan los tiempos para hacer campaña es indecente y debe de cesar.

A diferencia de los ciudadanos de a pie cuya opinión les vale un pito a los políticos, el INE logró asustarlos con sanciones y multas y pudo sacar del aire la propaganda ominosa y cínica donde, una y otra vez, decían su nombre y apellido no para que los conociera el militante de su partido -al que, a propósito, ya le habían impuesto su candidatura- sino a la población en general que, durante 3 minutos por hora en radio y televisión, debían recetarse por ley su propaganda.

Movimiento Ciudadano -ese partido que el único movimiento es el de políticos de otros lados a sus filas- se quejó por la observación y exigencia del INE. Sí, las letras estaban chiquitas y la madre, pero no violaron la ley, dicen.

Y tienen razón. No violaron la ley. Ni ellos ni el PRI ni el PAN. Sólo la interpretaron a su beneficio.

¿No sabían desde el inicio que era una trampa hacia todos, que causarían incomodidad y que habría voces que denunciarían la trampa?

En una de esas, todos esos partidos se sienten ya muy protegidos ante la apatía e indiferencia de la gente hacia los deleznables anuncios políticos.

Porque, al final, las campañas son vacías y sin compromiso. Acciones concretas se pierden en la palabrería y la dictadura de una imagen que pretende dar la percepción de honesto en un país donde la corrupción es norma.

Así, los políticos estuvieron listos para la queja sobre la queja de sus anuncios y se olvidan hacer una acción tan sencilla como la queja hacia la indecencia.

¿Por qué no renunciar a la indecencia?

Pero no, entre más se pueda alargar la ley, encontrar los recovecos para hacer lo que en realidad quieren -y que es muy lejano de la necesidad del público- los partidos pondrán en riesgo la credibilidad y cercanía de sus candidatos hacia sus votantes.

Luego no se quejen del resultado.

La clase política está tan sorda que no escucha la tempestad, los mismos discursos con promesas que no van a cumplir, derroche de recursos, mismos políticos enfermos de poder, no terminan el cargo para el que se comprometieron y brincan al siguiente. Vemos incongruencia, falta de lealtad, cambian de partido como de camiseta. Encuestas, cartitas, panfletos, ofrecen calcas y los transeúntes las rechazan, bueno, tienen tan poco que ofrecer que en uno de los spots, las hijas, el maestro y el taquero son los que conocen al candidato. Qué necedad y qué necesidad de cansar a los ciudadanos con sus precampañas, se escucha un hartazgo generalizado, desconfianza y rabia por el despilfarro de recursos que les entrega el INE. Ese dinero se podría aprovechar en otras necesidades, estamos sufriendo una severa crisis económica. Mientras los ciudadanos están armando campañas en contra de los partidos como: anular el voto, votar por ciudadanos independientes, no acudir a votar y parece que no les importa. La clase política no está acorde a estos tiempos, les falta empatía, nuevas propuestas, campañas inteligentes hechas con austeridad. Más de lo mismo, falta solidaridad, toma de conciencia, estamos en fase crítica, toreando una severa crisis económica, de legitimidad, de violencia, falta de justicia, vemos un estado debilitado y promesas que no pasan del discurso. Además gasto excesivo en propaganda a los medios para hablar bien del presidente, despilfarro para darse duro entre partidos y destruir al contrario. Estamos hartos, no nos merecemos esta clase política, como dicen en los pueblos sería bueno que los mantenga su abuela.

Las cámaras de videovigilancia en Zapopan podrían estar cumpliendo una función que favorecería a servidores públicos y no a la ciudadanía, pues éstas fueron instaladas y apuntan hacia los domicilios de funcionarios.

Así lo dieron a conocer los regidores de Movimiento Ciudadano que presentaron imágenes extraídas del centro de monitoreo de la policía de este municipio en las que se aprecia que trabajadores desmantelan la cámara que se encontraba afuera de la vivienda del alcalde Héctor Robles, acción que se presentó luego de que la administración supiera sobre el señalamiento de los regidores de MC.

No se han dado cuenta, pero la alianza en 130 distritos electorales formalizada entre el PRD y el PT es la puerta trasera para que Andrés Manuel López Obrador coloque a sus candidatos, que ganen con los votos de la coalición y luego, el 1 de septiembre, sumarse a la bancada de Morena, en la próxima legislatura.

Votar, al decir de algún dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, es "un derecho y una obligación". Lo 1o. es indiscutible; lo 2o. no. Si votar fuera una obligación, el legislador habría impuesto sanciones para quien la incumpliera. Puesto que no es el caso, quedémonos con que votar es un derecho de los ciudadanos en un país libre.

Ahora bien: la democracia, por sí misma, no es ninguna panacea. Los comicios, en México, ya son confiables; los gobernantes o representantes populares, en cambio, aún distan mucho de serlo. Probablemente porque los profesionales del desprestigiado oficio de la política se siguen haciendo, en el presente, del mismo barro con que se hacían en el pasado, la experiencia ha demostrado que la calidad de los gobernantes, su capacidad para fungir como auténticos gestores del bien común, la probidad y la honradez en el manejo de las finanzas públicas, sigue siendo deleznable, por decir lo menos.

Tener mejores elecciones, en suma, no garantiza tener mejores gobernantes.

Convocar a los ciudadanos a votar, como parece ser la intención de la Coparmex, sería una iniciativa plausible si la experiencia demostrara que, pudiendo decantarse por el mejor de los candidatos, los electores lo hicieron por el simplemente regular. Pero si está demostrado que los resultados, no de la elección, sí del ejercicio de los candidatos ganadores, fue decepcionante, señal inequívoca de que los candidatos, pero principalmente los partidos que los postularon, mostraron una cara en las campañas, y otra en el ejercicio de los cargos públicos; que fueron mejores para prometer que para cumplir.

En suma, nos han dado gato por liebre demasiadas veces. Han usado al elector como el idiota útil que legitima, con su voto, los lamentables resultados de las elecciones.

Convendría, en esas condiciones, que la Coparmex reorientara sus mensajes hacia los partidos políticos, y les disparara su reperiqueta en los siguientes términos: "Si no postulan candidatos de capacidad y honradez probadas, no se quejen si no votamos".

Tiempo de agacharse. Ha comenzado la “contienda electoral” y a partir de este momento veremos volar todo tipo de porquería entre los partidos políticos, y al interior de los propios partidos, porque aquí en México lejos de buscar propuestas o formas distintas de hacer las cosas, es costumbre pretender avanzar en las preferencias electorales desacreditando a los rivales antes que por ideas.

Es tan buen negocio ser político en México, deja tanto dinero, sobre todo por la corrupción, y sin prácticamente tener responsabilidades, que ya es todo un ejército de "emprendedores" el que busca una candidatura y después un puesto de elección popular. Y como son muchos los llamados, y pocos los elegidos, el nombre del juego es bajar a otros como sea para permanecer uno.

Esta contienda además ha empezado con los spots "institucionales" de los partidos, hoy caracterizados más que nunca por el cinismo y la simulación. El PRD, por ejemplo, pretende desacreditar al gobierno priista de Peña Nieto entre otras cosas utilizando imágenes de las protestas por la desaparición y eventual liquidación de jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Imagínese, esto cuando el alcalde de Iguala, hoy preso y formalmente acusado de ordenar secuestrarlos, llegó al poder precisamente por el PRD.

Y el PAN no se queda atrás cuando su joven y flamante presidente nacional aparece en un spot, que fastidiosamente se repite hasta el cansancio en radio y tv, señalando que el problema de México es la corrupción, que hay que castigar a los corruptos, cuando uno de los más recientes y escandalosos casos fue el de los moches, diputados precisamente panistas que piden comisiones a ayuntamientos por conseguirles recursos públicos, tramposos que no han sido apenas tocados, mucho menos juzgados o recluidos por sus flagrante abuso.

Falta desde luego el PRI, que seguramente prepara una campaña donde desacreditará a otros partidos, particularmente al PAN, y nos presumirá que gracias al tricolor "se ha superado el...". Aunque aquí se me acaba la imaginación porque no se ha superado nada, si de por sí el país no andaba bien, con el gobierno priista se viene a pique por el desplome de la inversión en negocios por la reforma fiscal, por la inseguridad provocada por la impunidad, y por el desfile de recursos materializados en la "casa blanca", de la primera dama, y la casa de Malinalco, del secretario de Hacienda, mientras más de la mitad de los mexicanos vive en pobreza.

Si hubiera un poquito de autocrítica entre los aspirantes seguramente dejarían de hacer lo que hacen, porque más que nunca hay descontento con los políticos y su forma de gobernar, con la simulación y el cinismo, y sobre todo por la corrupción, que al parecer nuevamente está a la orden del día y representa un auténtico saqueo al país, a todos niveles.

Pero en esto hay una gran paradoja, porque mientras esta clase (incluidos todos los partidos) resulta carísima para los mexicanos, lejos de disminuir o desaparecer aumenta, y cada día son más los que se sienten atraídos por la función pública. Ahí está el verdadero negocio.

Las reformas al Artículo 115 constitucional dejaron en libertad a los municipios para manejar su presupuesto, y como consecuencia, para contraer deudas. Antes de estas reformas, los municipios sólo podían contraer deudas con el aval del gobierno del estado y autorizados por el congreso local, lo cual era bastante engorroso e ineficiente dado el corto período de gobierno municipal de 3 años, por lo que se optó por eliminar totalmente estos candados, en lugar de moderarlos, que hubiera sido lo correcto.

En tanto que los gobiernos de las entidades federativas, por ser soberanos, siempre han tenido la facultad de contraer deudas, con la única limitación de la confianza que les otorguen las entidades financieras (por lo general se garantiza el pago de los préstamos con las participaciones federales). El endeudamiento, cuando se destina a obras de infraestructura o a las que generan ingresos suficientes para cubrir el servicio de la deuda, no es perjudicial, pero desgraciadamente la opacidad en la información no permite distinguir con claridad el destino de los fondos obtenidos por préstamos, lo cual da qué pensar por el daño que se le hace al pueblo por diferir el pago a futuras generaciones de contribuyentes por deudas del pasado del cual no vieron el beneficio. Para pagar esas deudas anteriores se requiere de mayor captación de impuestos; de ahí vienen las protestas ciudadanas.

Con lo poco que trabajan los diputados, el Congreso de la Unión debe dar preferencia al estudio y aprobación de las leyes que beneficien a la población, y una de ellas es la que pone freno al endeudamiento; no nomás de entidades federativas y municipios, sino también en el ámbito federal. Ya basta de permitir a los políticos manirrotos que nos gobiernan que continúen contrayendo deudas para suplir el faltante por el mal uso que hacen del presupuesto público. No debe autorizarse ningún préstamo más, si no se reducen los sueldos y gastos de funcionarios de los 3 poderes ejecutivo, legislativo y judicial en los 3 niveles, federal, estatal y municipal. El congreso debe demostrarnos que realmente trabaja dictando leyes que controlen el endeudamiento.

Lo cierto es que el papel de Ángel Aguirre en el PRD de Guerrero sigue siendo increíblemente sólido: ya ha quedado claro que Armando Ríos Piter renunció a buscar la candidatura porque desde la propia dirigencia perredista se le pidió que se reuniera con Aguirre para que éste le diera su beneplácito a cambio de impunidad, a lo que Ríos Piter se negó. Lo increíble es que se lo solicitaran: Aguirre es uno de los presuntos responsables de los hechos de Iguala. No sólo por la estrecha relación que mantenía con el matrimonio Abarca y, sobre todo con María de los Ángeles Pineda, sino también por su negligente actuación en los días posteriores a la desaparición, cuando primero no se ocupó del caso y luego difundió la versión de que en realidad los jóvenes estaban escondidos en Iguala e iniciaron una absurda búsqueda casa por casa. Aguirre durante toda la primera semana no hizo nada, incluso en contradicción con su procurador Iñaki Blanco, y fue hasta que la PGR tomó la investigación, una semana después, cuando se comenzó a saber qué había ocurrido.

El PRD se resistió durante semanas a exigirle a Aguirre que pidiera licencia, lo hizo cuando su situación era ya insostenible y ahora resulta que Aguirre pondrá candidato y es el fiel de la balanza para ese partido en el estado.

Por eso, para la CETEG y asociados, la lucha pasa por acusar al gobierno federal, a los militares, a quien sea, menos al ex gobernador que es uno de los verdaderos responsables y que por alguna extraña razón aún goza de libertad. Manejaba antes y maneja ahora a esos grupos. ¿Una demostración más? La defensa a ultranza del PRD de Nestora Salgado, esta mujer que fue líder de las autodefensas de Olinalá, grupos con estrechas relaciones con organizaciones armadas y que está acusada de decenas de delitos, incluyendo medio centenar de secuestros. Hay pruebas, testimonios de sus víctimas, al momento de ser detenida, de que se liberó a varios secuestrados que estaban en cautiverio, portaba armas largas y las usaba contra sus rivales.

Ahora, el PRD exige su liberación, respaldada por Aguirre y Ortega, mientras acusan a las organizaciones civiles que encabezan Alejandro Martí e Isabel Miranda de tener intereses políticos para mantenerla encarcelada. Como dijo Martí, buscar la liberación de Nestora desde el propio Gobierno estatal es la mejor demostración de que el verdadero control en Guerrero lo tiene un grupo político con intereses en la guerrilla y el narcotráfico.

Ahora es el propio Ayuntamiento de Guadalajara que, con la excusa de avisar a los ciudadanos de las recién construidas zonas 30, ha invadido el centro con unos espantosos pendones más propagandísticos que informativos. A nadie le importa saber quién pagó la obra (a todos nos queda claro que el dinero salió de nuestros impuestos y si fue el municipio o el Gobierno del Estado quien se retrasó en la ejecución realmente nos da igual) ni a qué programa de gobierno obedece. Pero lo importante, que es avisar a los carros que circulan en esa zona que no pueden hacerlo a más de 30 kilómetros por hora y que las bicicletas y los peatones tienen prioridad no queda para nada claro. Es decir, el gobierno municipal gastó dinero en unos pendones que no dicen lo que tienen que decir, que afean la ciudad y que encima contravienen el espíritu de la norma del propio municipio, que es mantener limpio de contaminación visual el 1er. cuadro de la ciudad.

Las protestas contra la línea 2 del Mexibús han estallado inmediatamente después de su inauguración. Como se prohibirán otros transportes para que el Mexibús no tenga competencia, decenas de miles de usuarios tendrán que tomar 3 transportes en lugar de uno. El Mexibús les significará un mayor gasto y mayor incomodidad.

Diversos colectivos y sujetos en todo el país han lanzado un llamado a no votar por considerar que todo el sistema político está corrompido, por lo cual no tiene sentido acudir a las urnas. Esta postura está representada por el poeta Javier Sicilia quien, ya desengañado de la utilidad de confiar en la clase política, ha declarado que "votar es sentarse a la mesa con corruptos y tramposos".

La respuesta que se le ha dado desde la clase política es para llorar: el llamado a no votar es visto como allanar el camino para que el PRI siga en el poder ya que, según estos defensores del voto y de sus partidos, no votar le conviene al tricolor. Como si votar contra el PRI fuera la salida para los críticos del sistema político.

El verdadero riesgo para los comicios viene del sólido y profundo abstencionismo que se ha ido consolidando en el país desde hace varios años. En contra de la lectura simplista y despectiva que ve en el abstencionismo una actitud de desinterés y flojera, la postura de rechazo a todos los partidos y a la participación electoral es desde hace años una postura política consciente y de crítica frontal al sistema político.

Hace años que se sabe que el sistema político que restringe la democracia al mero acto de votar cada 3 años, no es en realidad democrático, y sabe también desde hace años que todos los partidos, con independencia del color y la ideología, buscan el poder del Estado para quedarse con su tajada de beneficios y no cambiar las cosas de raíz (ahí está el PRD para quien lo dude). El verdadero riesgo para las elecciones viene de este sujeto político que, aunque no se manifieste abiertamente, mandará un poderoso mensaje de rechazo a todo el sistema político. Antes y después de las elecciones.

La esperanza de Michoacán estriba en que las próximas elecciones puedan construir gobiernos estatal y municipales, da igual de qué partido, legítimos y legitimados que comiencen de nuevo una vida institucional que permita reconstruir al estado. Esto pasa por supuesto por que los partidos, esos mismo que le abrieron la puerta del gobierno al crimen organizado, eviten la contaminación de sus candidatos. Pedirle a los partidos que antepongan los intereses del estado sobre su grupo o personas es peor que pedir peras al olmo pero, si no lo entienden, el que gane habrá comprado su boleto a la desgracia.

La renuncia de Armando Ríos Piter a buscar la candidatura en Guerrero, es un golpe a las aspiraciones de ese partido pero sobre todo a la legitimidad de sus otros precandidatos. El senador Ríos Piter, uno de los políticos con mejor imagen en el sol azteca decidió no contender por la sencilla razón de que su propio partido intentó condicionar su candidatura a que no denunciara actos de corrupción de la administración de Ángel Heladio Aguirre ni se confrontara con el ex gobernador, que controla, porque se lo permitieron, la dirección estatal del PRD.

En lugar de Ríos Piter al que ya le había sido arrebatada la gubernatura cuando se designó, entonces con el apoyo de Marcelo Ebrard, a Aguirre, el PRD tendrá que optar por gente de Aguirre, como Sofía Ramírez o Beatriz Mojica. La paradoja es que como pintan las cosas, la elección de Guerrero terminará siendo, una vez más, una disputa entre los sucesores de 2 caciques: Aguirre y Figueroa, como si todo estuviera igual que hace 20 años. Para el PRD el apoyo a Aguirre y la decisión de Ríos Piter tendrá costos altos.

Campañas y precampañas tienen un común denominador: ni las imágenes ni las frases en que se centran, son consecuencia de un análisis serio y concienzudo de la problemática del grupo social que los profesionales (por no decir "vividores") de la política aspiran a gobernar -caso de los alcaldes- o a representar -caso de los diputados-.

Unas y otras, en fin, son diseñadas por publicistas más o menos imaginativos: vendedores de versos; charlatanes; expertos en mercadotecnia; maestros en el oficio de valerse de la saliva endulzada para diseñar envolturas atractivas, con profusión de oropeles y papel de estaño, al efecto de vender, como si fueran buenos, productos de calidad más que dudosa... cuando no de incompetencia sobradamente probada.

Las precampañas han resultado una verdadera pachanga. En el caso del PRI y MC se trata de campañas disfrazadas, pues no hay una competencia interna y todos los candidatos han sido designados por el o los liderazgos de los partidos (vulgo dedazo), y en el caso del PAN y PRD sólo han servido para prolongar las pugnas internas y los jaloneos entre los grupos, a los cuales les da igual que les den un mes o 2 años, invariablemente se pondrán de acuerdo el último día.

Jugar a las elecciones primarias, como se conoce en otras democracias a este periodo de selección democrática de candidatos, en una democracia sin demócratas y un sistema de partidos que pasan del caudillismo al tribalismo, ha resultado absurdo. En la práctica lo único que se logró fue regresarles a los partidos el mes de campañas que se le había quitado al calendario electoral (las campañas para alcaldes y diputados se redujeron de 90 a 60 días) y provocarle a los ciudadanos una sensación de comicios interruptus, pues estamos viviendo un arranque electoral que apenas comienza a tomar calor y, de repente, el 8 de febrero todos tendrán que regresar a sus guaridas, hacer como que no existen ni están en campaña y volver dos meses después, los primeros días de abril, a tratar de que los electores se acuerden de ellos.

Los 2 meses de no-campaña se convertirán en una tortura para los candidatos y en el tiempo ideal para el desarrollo de las campañas sucias o guerras de desprestigio en los espacios no regulados de las redes sociales. Las no-campañas serán las más complejas de vigilar para el árbitro electoral y sin duda las más intensas en golpeteo.

Felicitémonos. Le pedimos a los partidos una campaña más corta y nos hicieron caso. Ahora en lugar de 3 meses durarán 5, aunque formalmente sólo serán 2.

A pesar de que el Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco no menciona la portación obligatoria de un holograma para acreditar que el propietario de algún vehículo cuente con un seguro de auto por daños a terceros, a partir de marzo de este año los dueños de algún automóvil deberán pagar 52 pesos por dicho documento.

Este cobro fue establecido en la Ley Estatal de Ingresos 2015, el cual hace referencia al artículo 44 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, sin embargo, a decir del investigador de la Universidad de Guadalajara, Rubén Jaime Flores, especialista en Derecho Público, esta medida no está fundamentada, ya que el artículo sólo habla de la portación de una constancia o póliza de seguro vial.

Explicó además que el artículo 46 del mismo reglamento dice que se debe exhibir, pero no que en forma de un holograma.

"Cuando me la pidan la tengo que exhibir. Además hay un principio jurídico que dice que donde la ley no diferencia, el que aplica la ley -en este caso la Secretaría de Movilidad-, no tiene por qué inventar".

Además dijo que la portación de un holograma no garantiza que los ciudadanos cuenten con un seguro vigente, ya que los propietarios pudieran haberlo adquirido y después cancelado.

"Esto garantiza que en el momento de hacer el trámite, usted tenía un seguro vigente, pero se puede cancelar la póliza por muchísimas causas que vienen en el contrato de cada aseguradora".

Afirmó que "por sentido común", lo que busca esta medida no es garantizar que los autos cuenten con un seguro sino recaudar.

De acuerdo al análisis del investigador, existen además inconsistencias en la Ley de Ingresos en la que, dijo, "el legislador hace las cosas al vapor, y no cuenta con la técnica legislativa adecuada".

Rubén Jaime considera que la aplicación de estas medidas llevará luego al "absurdo" de portar también un holograma para acreditar que se cuenta con una licencia de manejo.

A días de que arranquen las precampañas, el Partido Humanista ya se encuentra dividido debido a las prerrogativas otorgadas por el Instituto Nacional Electoral, las cuales equivalen a aproximadamente 78 millones de pesos.

Actualmente la nueva fuerza política se encuentra dividida en 2 grupos, uno encabezado por Ignacio Irys Salomón; y el otro por Javier López Macías, quien mediante un comunicado invitó al primero y al vicecoordinador Ricardo Espinoza, reconocerlo como el coordinador nacional Humanista.

(V.periódico AM en línea del 11 de enero de 2015).

A partir de mañana, los 10 partidos con registro nos van a bombardear con al menos 25 millones de spots a lo largo de 5 meses, anuncios que van a ir de la mentira al engaño y a la ofensa.

La de este año va a ser la campaña más sucia que jamás hayamos visto, la de este año la vamos a padecer porque los asesores de los partidos han tomado la decisión de llegar hasta donde tengan que llegar, y mucho más allá, no sólo para ganar, sino para insultar. La calumnia va a ser la moneda de cambio más socorrida y, además, en la total impunidad.

Las campañas no van a ser propositivas, de discusión de ideas y de debates, el respeto va a ser el gran ausente y la ofensa la constante.

Esto es lo que los dirigentes de sus partidos han decidido como estrategia, orientados por especialistas llegados del exterior, como la agencia española que contrató el PRD y que no sólo maneja el contenido y línea de los spots, sino los discursos y reacciones de sus dirigentes, por eso todos contestan lo mismo.

Seamos francos: el periodo de precampañas es inmoral e indecente.

Desde la última semana de diciembre, precandidatos a las alcaldías de la zona metropolitana de Guadalajara han comenzado un periodo de reconocimiento de sus cuadros para que sean electos hacia la candidatura y, ahí sí, competir contra los candidatos y propuestas de sus opositores.

Esta precampaña durará 40 días. Esto es una mentira.

Desde esos últimos días de diciembre, hemos sido testigos de un engaño donde los partidos políticos estiran la ley electoral y embaucan a la opinión pública con una campaña muy anticipada.

¿Para qué hacer un dispendio de millones de pesos si son candidatos únicos?

¿Si están en contienda interna, por qué el reflector es solo hacia un contendiente y él o los otros son eclipsados, ocultos, despreciados? ¿Los militantes del partido son los únicos que reciben calcomanías, pancartas, globos?

Hace 6 años, en la elección de intermedia donde Aristóteles llegó a la alcaldía tapatía, Convergencia lanzó a un locutor que, aún en funciones, usaba su tiempo aire para hablar de su candidatura.

En una reunión en la casa de campaña de Miguel Galán, dicho individuo dijo que, si bien no era ilegal lo hecho, reconocía que podía ser inmoral.

El cinismo en la competencia. Lo mismo ahora.

El venderse como político distinto y aplicar las mismas lagunas de la ley para, de forma tramposa, hacer campaña retrata lo que puede ser el futuro en el poder: interpretación de leyes, reglamentos y disposiciones a voluntad y conveniencia del político, no de la ciudadanía.

Porque nadie podría pensar que la precampaña -al menos como ha sido llevada hasta hoy- beneficia al electorado o le explica que, según la ley, no va dirigida a la ciudadanía en general sino solo a los militantes de los partidos.

Y luego habría que hablar en de dónde les alcanza con un millón para la cantidad de calcomanías y accesorios utilizados en el borlote público. O si son muy buenos en el manejo de los dineros o la mano negra debe de estar muy lista para la multiplicación del pegamento.

Al que van a poner a prueba es al ciudadano local, que a su vez es producto de un sistema electoral tan perverso que premia la popularidad por encima del trabajo político y las ideas de rumbo de ciudad.

Y sí, ya se sabe que los requisitos son muchos y no cualquiera puede juntar las firmas que se requieren para ser candidato sin partido, pero justamente de eso se trata: de que aquellos con posibilidades previas (¡previas!) de ser gobernantes tengan la puerta abierta. La idea es que esos que tienen trabajo y estructura previos (desde la academia, la sociedad organizada, sectores económicos), y por lo tanto ideas de rumbo puedan participar en la toma de decisiones.

Pero Lagrimita y Costel nos recuerdan que vivimos en la sociedad del espectáculo y que el trabajo y la estructura citados pueden ser sustituidos con la fama, que además es medida en función del número de apariciones en la pantalla. No sólo ellos, sino todos los hombres y mujeres del espectáculo pueden reunir los requisitos para ser candidatos independientes en este país. Y está bien que la puerta esté abierta, pero ay de aquél votante que los lleve a las sillas de gobierno.

El "robo del siglo", como lo calificó el presidente del Poder Judicial del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes, todavía no se aclara. Se trata de la investigación especial que fue solicitada tanto a la Auditoría Superior como a la Contraloría para que indagaran las presuntas irregularidades en la construcción de la Ciudad Judicial de Jalisco, que en 2013 se entregó inconclusa (sólo operan 2 de 3 pisos) y la inversión se disparó de 350 millones a más de 800 millones de pesos.

A más de un año de que entraron en operación los pisos 1 y 2, los desperfectos ya saltan a la vista y existen cuarteaduras. Por su parte, el 3er. piso está en obra negra.

Uno de los empleados que omitió su nombre relata que el edificio cuenta con espacios amplios, que alberga 300 excusados, pero la mayoría están inservibles "porque no hay personal que alcance para limpiarlos o darles mantenimiento". Es común que ni siquiera existan insumos como jabón o papel de baño.

Hay un comparativo que exhibe la inversión en este proyecto: en 2012 se inauguró la Ciudad Judicial de la Federación en Jalisco, con 1,200 millones de pesos y una superficie de 149,000 metros cuadrados de construcción. Por su parte, en 2013 inició parcialmente operaciones la Ciudad Judicial del Estado, con 800 millones de pesos y 64,000 metros de construcción. Conclusión: el inmueble para los juzgados locales tendrá un costo superior a los mil millones de pesos cuando se termine el 3er. piso; es decir, el costo se acercará al complejo federal, cuando éste tiene el doble de superficie de construcción.

Digamos que un mexicano despierta de un larguísimo estado de coma y que no sabe nada de lo ocurrido en los últimos 30 años. No habría visto nacer al PRD, pero le costaría mucho trabajo creer que los actuales perredistas, aferrados a tan cuantiosos como discrecionales presupuestos en la ALDF y en el congreso, son los herederos de Martínez Verdugo, Valentín Campa o Heberto Castillo.

Este Lázaro habría atestiguado, antes de su hipotética enfermedad, parte de la larga marcha de los panistas en el desierto del autoritarismo priista, y no daría crédito a que hoy los blanquiazules sean el partido de los moches, el encubrimiento entre ellos y del "haiga sido como haiga sido".

Finalmente, cuando este resucitado mexicano atestiguara la forma de operar del actual gobierno no habría manera de convencerlo de que hace un par de años hubo quien dijo, y supongo que hubo quien se lo creyó, que estábamos ante un "nuevo PRI".

Si el protagonista de esta nueva versión de "El Bulto" fuera, como en su película, el propio Gabriel Retes, seguro le escucharíamos un vehemente: "¡¿Qué les pasó, carajo?!".

Las respuestas a esa interrogante se han venido discutiendo en muchas tribunas. Que si el acceso al dinero público pervirtió a la oposición, que si es el agotamiento de la manera de hacer política de una generación, que si faltan liderazgos en la ciudadanía y en los partidos, que si los demócratas de ayer agotaron sus fuerzas en la creación de una democracia sólo electoral, que si estamos ante el triunfo cultural del PRI: el hacer a todos iguales a ellos, etc...

Pero la cuestión más importante ahora no es cómo se llegó a donde nos encontramos, sino cómo salir de este entrampamiento. Cómo acabar con esta especie de ceguera que impide pensar en ideas nuevas, en esquemas distintos. De esta política que todo lo uniforma, de esta negación a siquiera intentar otra manera de organizarnos, una distinta a la actual, misma que por cierto no existía, tal como la conocemos hoy, hace 30 años, cuando no había ni autoridad electoral ni judicial ni de transparencia ni de derechos humanos ni de competencia dignas, aunque sea de manera formal, de ese nombre.

En otras palabras. Tenemos que reconocer los avances, sobre todo para destacar lo mucho que hace falta.

Porque en este 2015 lo que realmente importa es renovar la noción de que la política tiene sentido como vía para encontrar la salida a los problemas coyunturales (baja del petróleo, alza de criminalidad) y estructurales (desigualdad social y economía renqueante) de México.

Los diferentes movimientos llaman a los seguidores poniendo candidatos que como buenos políticos que siguen la moda actual que es fingir que no pertenecen a los partidos que los postulan, salvo algunos, muy pocos que gozarán del dinero público como independientes.

Sin embargo, algo raro está sucediendo, ya que de otra manera no podremos explicarnos cómo el mundo no está cada vez mejor cuando miles de aspirantes que se autopublicitan como la decencia en persona, tan llenos de virtudes, no han transformado el mundo; que si la virtud doliera estarían en un grito, personalmente nunca he observado tanta gente tanta bondad y es un rotundo mentís a todos aquellos que niegan que el hombre -sobre todo los aspirantes a la cercanía de la ubre pública- sea un buen sujeto, ese hombre bueno del que trató Rosseau y con los cuales sería imposible que el mundo no estuviera mejor.

Aunque por otra parte hay otros, los menos que no creen en tanta felicidad y consideran que toda esta catarata de bondad es más falsa que las promesas gubernamentales y anuncian que los buenos que hoy lucen impolutos se transformarán en feroces atacantes y en el futuro próximo harán del conocimiento de la sociedad las verdades y calumnias sobre los contrincantes recordando aquello de que no hay santo sin pasado ni pecador sin redención. Y contarán los hechos ciertos, falsos e inventados de los contrincantes ya que nombres nuevos no hay muchos en la baraja, casi todos son conocidos por haber militado en otros partidos o cuando menos participantes de la llamada sociedad civil que para muchos es una sala de espera del hueso.

A pesar de tanta bondad manifiesta somos muchos los que por desgracia, no creemos que la situación vaya a mejorar las condiciones del infelizaje a pesar de que éste, lo quiera o no, va a tener que aguantar 6 meses de agobiante publicidad.

El martes antepasado, el Consejo General del INE aprobó la boleta electoral que será utilizada en junio próximo; y, en su margen derecho, en todos los 300 distritos vendrá otro espacio reservado que dice: "si desea votar por algún candidato no registrado escriba en este recuadro el nombre completo".

Este "cuadrito" en las boletas electorales data de la elección de 1991. Ahora, cuando ya están reconocidas y reguladas por la ley las candidaturas independientes, debemos cuestionarnos sobre las implicaciones que en la actualidad podría tener su existencia.

Si un candidato no registrado (CNR) cumple los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución y la ley, la única diferencia es que los de los partidos serían producto de componendas entre elites políticas y gozarán del generoso financiamiento y prerrogativas del Estado. Los independientes, buscarán participar en la cosa pública sin pasar por el tamiz de los partidos políticos, cumpliendo exagerados trámites y requisitos para poder gozar de ínfimas prerrogativas y derechos (de los 122 aspirantes a candidatos independientes a diputados federales sólo 52 fueron autorizados a conseguir las casi 6,000 firmas de apoyo que necesitan). En cambio, los CNR serían los verdaderos candidatos de los ciudadanos, que se niegan a cumplir con los absurdos trámites que les impone la ley a los independientes, y que además sufragarían -sin violar la ley- su propia campaña electoral.

La ley de la materia es ambigua, ya que en su artículo 291 simplemente señala: "los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado". Según los diccionarios, nulo es lo que es contrario a la ley. Y si ese espacio está en la ley, no puede ser nulo.

Puede inferirse que los partidos políticos (y hasta los candidatos independientes) impugnarían el triunfo de un CNR. Además, es de esperarse que en el escrutinio y cómputo de algunas casillas los votos a favor de los CNR los contabilicen como nulos. Empero, la ley establece que cuando la cantidad de votos nulos supere a la existente entre los candidatos ubicados en el 1o. y 2o. lugar de la votación, se debe realizar recuento de votos en el Consejo Distrital. Y ahí podría darse el caso de que el ganador de la elección sea un CNR.

Una de las grandes omisiones de la reforma de 2014 fue no incluir en la boleta electoral el voto en blanco (que existe en muchos países) para que ahí la población pueda votar a favor de la democracia y en contra de los partidos y sus candidatos, sin necesidad de abstenerse o nulificar su voto. En tales condiciones, el voto a favor de candidatos no registrados puede hacer la diferencia en junio próximo. Imperativo resulta que los partidos reciban ese mensaje.

Los políticos mexicanos, entre malas decisiones y el espectáculo electoral de pacotilla que particularmente en Jalisco arrancó con fuerza en un claro ejemplo de lo que es desdeñar la realidad social. La falta de sensibilidad es evidente, nada más hay que ver y escuchar a los "aspirantes" a "gobernar" Guadalajara y los demás municipios, pero sobre todo los que quieren ser presidentes municipales de la capital del estado. Es nauseabundo y ofensivo.

Una de las mayores fallas de la casta política que nos gobierna es su alejamiento de lo que se llama "el pueblo". La demagogia discursera de la época priista degradó ese término, que tiene hasta la fecha connotaciones populistas, pero no está por demás recordar que el pueblo es la gente común, la que no está sobrada de dinero, la que afronta con dificultades la diaria empresa de vivir. Están también los pobres, desde luego, que forman parte ya de más de la mitad de la población de México. Algunos de ellos sufren de miseria; el hambre no les es ajena, y conocen las formas extremas de la necesidad. Para quienes detentan el poder, sin embargo, esos mexicanos no tienen existencia real; son números en una hoja cuadriculada. Y es que los políticos no salen de sus casas y de sus oficinas, de los sitios de lujo que frecuentan. Gobiernan para los que son como ellos; sus acciones tienden a beneficiar a quienes gozan ya de inmensos beneficios, a aumentar la riqueza de unos cuantos. De ahí esa reforma fiscal recaudatoria; de ahí los cambios hechos a la política energética; de ahí los privilegios de que gozan los partidos y la profusa cáfila que en ellos parasita. La injusticia social es nota distintiva de la vida mexicana. Pero el pueblo está dando ya señales de cansancio. Si los políticos no las advierten pagarán caro el costo de su ceguedad.

Quien se fue duro contra quienes aspiran a algún cargo de elección popular fue el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Francisco Robles Ortega, en alusión al mensaje dado por el Papa Francisco contra la esclavitud, el cardenal dijo que los más necesitados pueden ser esclavizados y usados políticamente como si fueran un objeto, no para promoverlos y sacarlos de su pobreza, sino sencillamente para que emitan un voto a favor de un partido, y esa dijo, es una manera de esclavitud. ¡Sopas!

Todo el sistema político mexicano es una versión moderna del autoritarismo de Don Benito y Don Porfirio, sin las bondades y cualidades de ambos. Si no hay cambios radicales en el sistema, me temo que el país esté arañando muy peligrosos riesgos. Lo reitero: no sólo el presidente, sino también los sistemas judiciales y legislativos. ¿Cómo es posible que en un país de pobres y miserables los diputados y jueces tengan aguinaldos de doscientos mil pesos o medio millón, cuando tenemos gente que ni siquiera puede comprar frijoles y tortillas?

Hace 2 semanas mi chofer no pudo llegar a tiempo a recogerme y me habló: "me topé con la policía, luego le explico". Resulta que un policía estatal con su motocicleta le dio un fuerte rayón y le dañó la carrocería, el otro motociclista, su compañero, se ingenió para ocultar la placa del agresor; llegaron luego a los pocos segundos, más policías y le dijeron a mi chofer: "no te pagamos nada, hazle como quieras". Los policías son también parte del sistema político que padecemos. Hace mucho tiempo que, con sus muy honrosas excepciones, tenemos más miedo a la policía que a otros delincuentes sin uniforme.

Capítulo aparte merecen los partidos políticos: no hay a cuál irle por el bien ganado desprestigio que se han ido elaborando.

Entre quienes pretenden competir por una diputación federal este año, a través de una candidatura independiente, se encuentra el ex panista Manuel Clouthier Carrillo, hijo de Manuel J. Clouthier, "Maquío", quien fuera candidato del PAN a la Presidencia en 1988.

Clouthier Carrillo fue diputado federal y renunció a la bancada panista en la Cámara de Diputados en 2012.

En el PAN del Distrito Federal tienen como prioridad limpiar el partido en este 2015.

Dicen que al menos el primer paso ya se dio con la purga de 7,000 personas del partido que tenían doble militancia, la mayoría también en el PRD.

Creo que un personaje como Pablo Lemus no debió contaminarse con las siglas de Movimiento Ciudadano, como candidato independiente obtendría sin lugar a dudas mayor votación que propuesto por ese partido político, que tiene en Jalisco simpatías por Enrique Alfaro pero a nivel nacional su cercanía con el Peje le pegan más y máxime por la responsabilidad histórica que lo liga con los hechos de Ayotzinapa.