Tras 15 años de supuesta transición a la democracia, ahora una buena parte de la población sabe que todos los partidos son iguales y que desde el Estado no puede esperar cambios para procurar una vida digna; los partidos, la clase política profesional, las elecciones, el Estado son el problema, no la solución.

Las elecciones de medio año, desgraciadamente no pueden servir como voto de castigo, dado que la corrupción no es exclusiva de un partido; vamos, ni siquiera podemos culpar de ella al actual gobierno, es todo el aparato político que se ha venido deteriorando con el tiempo.

En lo que no podemos pensar es en una revolución armada. ¿Hacia dónde voltearíamos para buscar candidatos que sustituyan a los actuales gobernantes? Solo el ejército está preparado para tomar el poder, pero la experiencia de otros países -España, Argentina, Chile- enseña que es muy fácil ceder el poder al ejército, lo difícil es hacer que regrese a sus cuarteles, de donde nunca debió haber salido.

Lo que no debemos hacer es seguir soportando a un gobierno frívolo y corrupto, debemos estar muy al pendiente de todos sus actos faltos de integridad y usar las redes sociales y los medios para denunciarlos. Nuestra tarea ciudadana consiste en no dejarles pasar por alto ningún acto de corrupción. Hacer la guerra al dispendio y al despilfarro de los recursos públicos; no darles tregua, obligarlos a que bajen sus sueldos y demás prestaciones al nivel que tienen la mayoría de las empresas privadas. Debemos exigir que se castigue a los encapuchados que causan disturbios para desvirtuar los movimientos sociales de justa protesta e indignación.

Debemos fomentar el desarrollo de una ciudadanía contestataria, atenta a los actos negativos de los malos gobernantes. Si todos los partidos políticos están igual de corruptos, debemos comenzar por quitarles los subsidios. Que no se hagan propaganda con el dinero que nos arrebatan a través de los impuestos; que gasten sus fortunas que no son menores en promoverse cuanto quieran, de todas maneras ya no les creemos.

Antier, lunes 29 de diciembre, un comunicado del PRD irrumpió en los medios de comunicación. Denunció el inicio de las campañas y recordó que la legislación electoral establece con claridad que las precampañas deben dirigirse a los militantes de los partidos políticos y no a la ciudadanía. Y un detalle adicional: no está permitido a los precandidatos y los institutos políticos utilizar dinero público en esta etapa del proceso. ¿De dónde salieron entonces los recursos para la parafernalia política?

El PRD -que lleva razón en su reclamo- exigió públicamente al árbitro público, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que intervenga y sancione; que evite la violación a la ley y ponga un freno inmediato.

Antenoche, los 7 consejeros electorales, encabezados por su presidente Guillermo Alcaraz Cross, trabajaban a marchas forzadas para hallar un criterio común y reaccionar a los hechos. Muchos precandidatos se les adelantaron con campañas abiertas. ¿Habrá sanciones? Es una pregunta abierta y todavía sin respuesta.

Las campañas políticas, es importante recordar, deberán iniciar en el mes de abril de 2015, pero varios de los precandidatos del PRI (Ricardo Villanueva) y de MC (Enrique Alfaro), a pesar de que no tienen competencia porque son aspirantes únicos, luchan abiertamente en las calles y en los espacios públicos. No personalmente en todos los frentes, pero sí con el respaldo de numerosos simpatizantes.

Las campañas políticas son un elemento indispensable en el juego democrático, pero lo que se está viendo ahora es una manipulación de las leyes y una muestra de insensibilidad, por decir lo menos. Lo que se pretendió con la reforma política más reciente fue reducir costos, achicar las campañas y ponderar las propuestas.

Si no responden de dónde sale el dinero para pagar todo lo que ya se ve y se oye, vale preguntarle al IEPC qué va a hacer.

A partir de hoy y hasta el 27 de febrero 52 ciudadanos podrán realizar actos políticos para reunir firmas de apoyo y lograr el registro como candidatos independientes a diputados federales para las elecciones del 7 de junio del 2015.

El Instituto Nacional Electoral informó que de los 122 aspirantes que expresaron en 1a. instancia su intención de obtener el registro como abanderados sin partido, 70 no reunieron los requisitos legales, por lo que sólo procedieron 52 manifestaciones de intención.

Ahora estos ciudadanos de 21 entidades del país, a los que el INE ya les entregó su constancia, deberán recabar las firmas de apoyo de, cuando menos, 2% de la Lista Nominal de Electores correspondiente al distrito electoral en el que buscan contender.

El tope de gastos que deberá respetar en las actividades de recaudación de firmas de apoyo, es de 112,037 pesos por cada aspirante.

Hasta el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana llegaron 26 solicitudes de candidaturas independientes, 13 buscan ser candidatos a alguna alcaldía y otros 13 pretenden llegar a una curul en el congreso local.

Los nombres de los candidatos no podrán ser revelados por el IEPC porque están en el proceso de cumplir con los requisitos que marca la ley, el plazo vence el 19 de enero, fecha en la que tendrán que presentar las firmas de al menos el 2% del padrón electoral del municipio o distrito por el que aspiran.

Aunque ya se ha dado a conocer que uno de los aspirantes es Guillermo Cienfuegos, mejor conocido como el payaso ''Lagrimita'', otras 12 personas buscan colocar su nombre en la boleta para alguna de las 9 de las 123 alcaldías que se disputarán el 7 de junio.

Por otro lado, la dirigencia estatal del PRD calificó como actos anticipados de campaña las actividades de algunos precandidatos a alcaldías y diputaciones locales, por lo que llamó al órgano electoral local a sancionar estos actos.

Al margen de la opinión que se tenga acerca de su vis cómica o su gracejo, "Lagrimita" y Costel -padre e hijo en la vida real, hasta donde se sabe- ejercen un oficio noble. Su decisión de postularse, en tándem, como "candidatos independientes" a la Presidencia Municipal de Guadalajara, es, empero, en su significación más lamentable -la que la define como "acción ridícula o falta de oportunidad"-, una payasada deplorable.

Que los ciudadanos, en el pasado, votaran por Cantinflas, era una ironía grosera. Votar por Cantinflas, a sabiendas de que el correspondiente sufragio sería nulo (ni había candidaturas independientes, ni el cómico de la gabardina se postuló nunca para ellas) era una manera de manifestar burla o desprecio por el sufragio, y de externar la convicción del votante sobre la inutilidad del mismo, a partir de una regla -avara, por desgracia, en excepciones- que en la política mexicana se repite con demasiada frecuencia: "Gane quien gane, el pueblo siempre pierde".

Tito Mena -cómico que en Guadalajara adquirió notoriedad merced a los "sketches" que presentaba en el ya desaparecido Teatro Popular de la ANDA- se postuló alguna vez para gobernador, apoyado por un partido político que hizo otro tanto con futbolistas o locutores, a sabiendas de que con candidatos de esa ralea, populares ciertamente aunque inelegibles por su total impreparación para esos menesteres, conseguiría, para mantener su registro, los votos que de ninguna manera conseguiría proponiendo candidaturas surgidas de sus inexistentes "cuadros".

"Lagrimita" y Costel, por lo demás, al postularse, lo hacen a sabiendas de que por las alcaldías y aun la gubernatura, han desfilado -favorecidos por el voto popular, para más inri- ciudadanos impresentables, a los que, por su desempeño, no podría calificarse de payasos, a partir del consenso de que el de payaso es un oficio respetable..., pero que sólo dejaron payasadas (acciones ridículas o faltas de oportunidad) como huella de su paso por la historia.

Ayer domingo arrancaron las precampañas del proceso electoral en el estado, los precandidatos de todos los partidos políticos iniciaron actividades de proselitismo dirigidas "sólo a los militantes de su propio partido" -por tecnicismos de ley, oficialmente sólo son precandidatos- y aunque nunca faltan los "personajes" que se revisten de actitudes mesiánicas para tratar de lograr seguidores y el voto de la ciudadanía, la verdad de las cosas es que la sociedad "ya no se chupa el dedo" y rechaza a quienes insultan su inteligencia proponiendo soluciones mágicas o hasta milagrosas.

Un total de 122 ciudadanos registraron ante el Instituto Nacional Electoral su intención de competir como candidatos a diputados federales sin partido en las elecciones de junio del 2015.

Las entidad en que se registró mayor interés en esta nueva figura creada por la reciente reforma político-electoral es el Distrito Federal, donde se apuntaron como aspirantes a candidatos independientes 18 personas; en el Estado de México 19; en Tamaulipas 10; en Veracruz 15 y en Sinaloa 8.

El INE informó esta tarde en un comunicado de prensa que la documentación de los ciudadanos -que hasta el viernes, fecha en que cerró el plazo legal para registrarse como candidatos independientes-, será sometida a revisión.

Quienes aspiraron a una candidatura independiente debieron entregar al INE la creación de la persona moral constituida en una Asociación Civil, así como acreditar ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada (sic) a nombre de quien aspira al cargo de elección popular, con el fin de recibir financiamiento público.

De acuerdo al INE, en Baja California Sur, Campeche, Colima, Morelos, Sonora y Yucatán no se registró la intención de ningún ciudadano por contender sin partido.

Según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el ciudadano que busca conformar su candidatura independiente tendrá el derecho de realizar, a partir del 30 de diciembre y hasta el 27 de febrero de 2015, actos tendentes a recabar firmas que representen el 2% de la Lista Nominal de Electores, correspondiente al distrito electoral en cuestión con corte al 31 de agosto del año previo a la elección.

A partir de los altos salarios de los funcionarios federales y estatales, la enorme capacidad que tienen, razón por la cual fueron invitados al cargo, y para iniciar con ellos un trato de adultos, este año la ciudadanía quiere creer que desde el ejecutivo, para abajo, se actuará de forma distinta para recuperar la confianza. Por ello, para 2015, la población mexicana, se atreve a pedir:

Que los funcionarios de los distintos niveles dejen de jugar a sus personales cálculos y se dediquen a cumplir con su trabajo para el desarrollo económico y social de la población, que prevean y planeen teniendo a la población como punto de interés, y que atiendan oportuna y eficientemente las problemáticas de sus áreas.

Luego, que haya sanción a funcionarios que por no resolver la problemática que afecte a los ciudadanos o que dejen llegar a las calles sus errores de atención, exponiendo a la población a marchas de protesta como desesperada forma para obligar a las dependencias a la solución de sus problemas.

Que las dependencias dejen de publicitar mejoras que la ciudadanía no siente; que se elimine la publicidad trucada, muy cara, que a nadie engaña; forma equívoca de gobernar con desplegados. Luego, sanción a las dependencias que paguen spots en radio, en televisión, y que distraigan enormes recursos que podrían mejorar su trabajo para la población.

Que la capacidad de los funcionarios sea puesta a prueba en el hacer cotidiano, donde la satisfacción ciudadana sea la medida; en caso de no cumplir, que su renuncia sea para lograr funcionarios adecuados a las necesidades de la población en las distintas regiones del país.

Que los políticos dejen de casarse con mujeres muy adineradas, para evitar malos entendidos... que su declaración patrimonial se haga a cabalidad y de manera conjunta con sus cónyuges que comparten todo: riquezas, poder y más poder... Luego que haya sanción inmediata que los deje fuera del juego político por varios lustros. Eso sí les duele...

Que haya justicia para los niños de la guardería ABC.

Que se sancione a quienes contribuyeron a que el país esté bajo la inseguridad que vive.

Que se abra la información tenida sobre el estado en el que se encontraba Iguala antes de las desapariciones, de los coludidos y los cómplices de acción y de omisión, con las consecuentes y ejemplares sanciones.

Que los partidos se aseguren que sus candidatos no estén ligados al crimen organizado, y que asuman la responsabilidad de la trayectoria y el ejercicio de sus elegidos, por lo tanto que se sancione a partidos cuando estos o sus elegidos no cuiden el bienestar ciudadano.

Que sea la ciudadanía, ahora sí con voz y serenidad la que demande un trato de respeto por parte de las autoridades elegidas. Y que nunca más sea el silencio o la apatía ciudadana lo que impere.

Conforme avanza la política del espectáculo que significan las campañas y las elecciones en México, es cada vez más evidente el enorme cambio en el imaginario político que ha representado el caso del asesinato y desaparición de normalistas de Ayotzinapa.

El caso Ayotzinapa ha contribuido a deslegitimar aún más el sistema político liberal, ha ahondado la brecha que existe entre la clase política profesional y la sociedad, permitiendo una impugnación abierta al actual sistema político.

En esto ha jugado un papel esencial para millones de mexicanos la confirmación de que las organizaciones criminales y los aparatos del Estado actúan de manera conjunta, de que son lo mismo. Se ha abierto una impugnación al actual sistema de dominación.

Pero en lugar de tomar nota de ese enorme cambio, los operadores del Estado tratan de actuar como si nada hubiera pasado, como si nada se hubiera movido y tratan de seguir con el ritual electoral.

Los partidos y candidatos están ignorando el fuerte mensaje de rechazo al Estado, a la clase política, a las formas organizativas tradicionales.

Se abre así un periodo en el que mediante el ritual electoral los operadores del sistema político intentarán continuar con el control político, vendiendo la mercancía de las candidaturas y llamando a ejercer la insípida e insustancial democracia liberal-representativa ofreciendo la práctica del voto como el único mecanismo de participación política.

En ésta, la "forma de participación" se restringe a votar por un candidato de un partido que no se escogió sino que fue impuesto por los grupos de poder de los propios partidos o por los poderes fácticos que usan a los partidos como mecanismo para hacer valer sus intereses.

El escándalo en que se vio involucrado el delegado del PVEM en Tabasco, Federico Madrazo Rojas, hijo de Roberto Madrazo, quien fue retenido el sábado por portación de arma de fuego en el aeropuerto internacional de Villahermosa, afecta la imagen (¿cuál?, pregunta el webmaster) del PVEM, lo que perjudicará en las próximas elecciones, consideraron exdirigentes y militantes.

Una falta de ortografía o de redacción es suficiente para que funcionarios de entes públicos acudan ante magistrados del Tribunal de lo Administrativo a solicitar una suspensión en la revisión de sus cuentas públicas.

Los integrantes del TAE han solicitado suspensiones a 17 cuentas públicas en procesos promovidos por funcionarios señalados de no ejercer de manera correcta los recursos públicos, luego de que fueron incapaces de solventar las observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

El caso más significativo es la cuenta pública de Zapopan de 2009, cuando Juan Sánchez Aldana era alcalde, con observaciones por más de 1,300 millones de pesos por parte de la ASEJ y que no puede ser analizada por el Congreso de Jalisco porque es un caso que revisa el TAE. No obstante, en la lista también se encuentra el propio TAE, además del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, el poder legislativo y municipios.

Entre las cuentas públicas que están suspendidas por instrucción del Tribunal de lo Administrativo, está la del poder legislativo 2010 que corresponde al 1er. año de la pasada Legislatura, la LIX, con observaciones por 113 millones de pesos, resulta contradictorio pues son los diputados los que se han quejado de la práctica de otros ex funcionarios de recurrir a los magistrados para que los diputados no finquen cargos.

Otro de los casos es el de los propios magistrados del TAE, quienes acudieron a la instancia que ellos mismos conforman para solicitar la suspensión de su cuenta pública de 2009.

En 2011, el TAE remitió el caso a la Quinta Sala Unitaria su propia cuenta pública por 788,000 pesos.

El magistrado Alberto Barba Gómez se defendió y argumentó que la Ley les permite a los magistrados intervenir ante un acto administrativo que consideran injusto por parte del TAE.

Cuestionado en torno a si el tribunal no debería buscar que una instancia fuera del propio TAE interviniera al menos en este caso para evitar que el TAE sea juez y parte, el magistrado refirió que sí existe esa posibilidad, pero los magistrados decidieron no hacerlo. "Podríamos ir a otra instancia, pero la ley no nos prohíbe que comparezcamos con nosotros mismos. Pero yo no puedo conocer de un juicio de nulidad si es mío, ahí sí sería juez y parte, eso no se puede", aclaró el magistrado del TAE.

El presidente de la Comisión de Vigilancia lamentó que los magistrados decidieran intervenir en este caso, en los que ellos son los afectados y los beneficiados. "Es un caso para Ripley, en pocas palabras son juez y parte. Debemos trabajar en una reforma, para evitar que ellos intervengan en función de su propio interés".

El diputado local y presidente de la Comisión de Vigilancia del congreso local, Manuel Alatorre Franco, reconoció que cualquier funcionario tiene derecho a pedir que le asista la Ley, pero llamó al Tribunal de lo Administrativo a resolver de fondo los casos de manera ágil, pues el trabajo de la Comisión de Vigilancia se suspende hasta que el TAE resuelve en 100% los casos de los ex funcionarios locales.

"El TAE sí está facultado para intervenir porque los magistrados analizan todos los actos administrativos que puedan afectar a las personas. Son cuentas que están suspendidas desde el 2011, pero datan algunas desde el 2009, algunos piden suspensión, otros piden nulidad. Estamos hablando de más de 3 años que se debía tomar una decisión, pero a veces el Tribunal se toma demasiado tiempo", expuso.

Ante el argumento del gobierno federal de que las televisiones digitales traen beneficios a la larga al consumir menos energía eléctrica que las análogas, Sofía Chávez, coordinadora general del Proyecto Ecovia, increpa: "En la ecuación, nunca tomaron en cuenta el costo de manejar los residuos peligrosos. Lo que se va a ahorrar el país en gasto energético, probablemente ese mismo dinero se va emplear en recolectar esas televisiones y en almacenarlas. Y yo quisiera saber el costo a largo y a mediano plazo en la salud pública".

Ha llegado el momento de elegir a los patricios y patricias que el pueblo espera con ansias para que aspiren a vivir de los jugosos recursos que nuestra complicadísima legislación electoral fija para el inicio de las precampañas, con la hipotética participación de los candidatos independientes, que personalmente creo será mínimamente real, y que a mí me parece puramente testimonial, pero así está planteado para gastarse los miles de millones que hay dispuestos para el juego. No creo que cuando menos en niveles municipales de la zona metropolitana participe ningún independiente, aunque, resistiéndose a la vergüenza de participar, todos alegarán ser ciudadanos sin partido, lo que harán sólo nominalmente porque todos pertenecerán clara o veladamente a alguno.

El más seguro que participará será Enrique Alfaro, porque la decisión tan sólo a él compete y así, si él quiere será candidato para Guadalajara o para Zapopan y lo hará por el partido de Dante Delgado, al que, dada la fama de la que justamente goza, no creo que lo dejen opinar.

Un grupo de estudiantes y jóvenes quieren la 1a. candidatura independiente rumbo a las elecciones de 2015. Pedro Kumamoto será el candidato y él mismo se define como el "mensajero" de Wikipolítica, una organización que nació en la red y que busca tomar la curul del distrito 10. Esta tarde registraron sus aspiraciones en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

"Estamos aquí, no vamos a pactar con el poder. Esto ha surgido como un movimiento de personas que estamos cansadas, pero que no queremos dejarle el poder a los partidos. Al contrario, queremos que el poder se desconcentre y que más personas se involucren", dice el joven.

Wikipolítica buscará la candidatura de un solo distrito, el 10, ubicado en la zona poniente de la ciudad. "Quisimos hacerlo ahí por muchas cosas... es el distrito que nos toca padecer cuando lo caminamos o vamos en bicicleta. Es un distrito donde muchos de nosotros (en la organización) vivimos o trabajamos. Pero además es un distrito que hemos estudiado y que vemos que hay resultados electorales cambiantes, lo que indica es que hay más consciencia ciudadana".

Mientras los partidos políticos se van a precampañas, del 28 de diciembre y hasta el 5 de febrero, en esas mismas fechas los jóvenes que aspiran a agrietar el sistema partidista como lo entendemos, van a buscar que 6,000 habitantes de esa zona les regalen su firma.

Y si consiguen el registro de la candidatura, competirán no sólo contra las estructuras partidistas, sino también contra el poder del dinero. La candidatura independiente les dará 19,000 pesos para gastos de campaña, contra los 800,000 pesos de sus contrincantes.

"Es desventaja, pero creemos que existen las condiciones ideales para competir. Después de ver el clima de inseguridad y violencia, nosotros nos reuniremos alrededor de la esperanza. Y entendemos la vida sin los partidos. Esta reflexión servirá a la ciudadanía a no ser dependientes, pero también a generar un espacio de incidencia en la arena política. Es devolverle a la gente la política. Se puede o no ganar electoralmente, pero nosotros no vamos por los grandes lujos, las grandes comidas, nosotros vamos por un punto de encuentro".

Actitudes como la de Mauricio Gudiño, secretario de Movilidad en Jalisco, dejan en claro que efectivamente están totalmente alejados de lo que pasa en realidad e instalados en la soberbia, en la ceguera que produce el poder, afirman y creen a pie juntillas que ellos están bien y que todos los demás estamos mal y somos injustos, incomprensivos, exagerados y "mala onda".

Todos los demás somos pues todos los ciudadanos, en este caso jaliscienses que luego del conocimiento a través de una nota periodística que indignó al funcionario, nos enteramos de que fue suspendido el operativo conocido como "El Torito" porque los policías de Movilidad tuvieron su posada y tienen derecho a tener su fiesta y a ingerir bebidas alcohólicas.

En otras circunstancias, con otra clase política, con otro gobernador, a este funcionario, mal servidor público, inconsciente hasta más no poder, lo hubieran corrido de inmediato, pero no en estos momentos en que la distancia entre la clase política y los jaliscienses, entre los gobernantes y los mexicanos, se extiende años luz, al infinito y más allá. Están perdidos, desconectados de la sociedad a la que se deben, de la que viven, a la que juraron honrar; en cada uno de los problemas citados y otros que no aparecen aquí, queda esto en evidencia. Difícil, muy difícil saber por dónde empezar a arreglar este entuerto si ellos creen que están bien y que todos los demás, es decir, más de 110 millones de personas, estamos mal.

Seguridad y economía. Dos crisis que persiguieron al gobierno y estallaron hacia el final del año con Tlatlaya, Iguala, dólar a 15, petróleo por los suelos y crecimiento peor en los primeros 2 años que en el ya mediocre promedio de los últimos 20. Las casas Higa han sido la puntilla que nos entrega, para amanecer en 2015, una Presidencia debilitada, golpeada, con poca credibilidad. Eso no puede ser bueno para nadie.

Si el gobierno acaba muy mal, los de enfrente no están mejor. El PAN tuvo una elección interna que reveló lo extendido de su cinismo cuando el ganador renunció unas semanas después para buscar otro hueso. En medio de videos con bailarinas a sueldo y moches, seguramente Acción Nacional se engañará en junio de 2015 con un resultado electoral mediano, pero aceptable -a falta de competencia- y seguirán en el camino que en poco tiempo los hará indistinguibles de los verdes. Sí, esos.

En la izquierda, el empeño de los Chuchos de quedarse con todo, todo, todo el partido, logró la salida de su fundador, las amenazas de otros y el desprestigio por no poder -a la fecha- explicar cómo es que el señor Abarca fue su candidato en Iguala. El ganador de las elecciones de junio será seguramente Morena de López Obrador con un discurso viejo, viejo, viejo... Al mismo tiempo, 2 figuras un poco -no demasiado- más modernas de la izquierda: Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard se están y seguirán dando con todo hasta que los 2 queden inválidos.

Las décadas de corrupción, inutilidad e impunidad se acumulan.

El ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, es dueño de una isla en la zona de ballenas de Bahía Magdalena, ubicada en el municipio de Comondú.

Agúndez Montaño gobernó Baja California Sur de 2005 a 2011 y fue detenido en Monterrey en mayo de 2012 por el delito de peculado en agravio de la administración pública, coalición de servidores públicos y falsedad de declaraciones.

Fue inhabilitado por la Contraloría de Baja California Sur por 6 años, por irregularidades en la venta de predios del gobierno en un fraccionamiento en el destino turístico de Los Cabos.

El político fue liberado en diciembre de 2012.

La Isla Magdalena de 2,230 hectáreas y ubicada en la zona de Cabo San Lázaro, está registrada bajo el nombre del ex gobernador desde el 7 de diciembre de 2012.

De acuerdo a un dictamen del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIN), el predio está valuado en 106'214,254 pesos.

La corrupción. ¿Ahora qué diantres significa? La idea generalizada es que significa el pago de favores de un funcionario público. Uf, y es mucho más que eso. Eso es sólo el soborno. Pero hay corrupción cuando se usa información privilegiada desde los espacios públicos, cuando se extorsiona, cuando -por criterios personales- se pasa dinero de un cajón público a otro aunque también sea público, cuando se contrata a quien no se debe porque es familiar, amigo o clientela, cuando se paga de menos desde el poder, cuando se paga de más desde el poder. En general, la tradición anglosajona hace equivalente la corrupción a la opacidad, discrecionalidad y secretismo en lo público (por eso el antónimo es la transparencia), pero a mí me gusta una definición amplia que usan los franceses: la corrupción es la confusión entre lo público y lo privado. Cuando un funcionario no tiene claro que su cargo no debe darle ventajas por encima de otros ciudadanos, es un funcionario corrupto. Cuando un ciudadano no tiene claro que no debe obtener ventajas sobre otros por su relación con lo público, es un ciudadano corrupto.

El periodo ordinario en el Congreso de la Unión concluyó sin pena ni gloria. Ni la fiscalía electoral ni la anticorrupción, tampoco el sistema nacional anticorrupción, mucho menos los temas de seguridad planteados por el presidente en su decálogo o la reforma política del Distrito Federal, pudieron salir adelante, en un Congreso que a veces recuerda, la frase es de Fernando Belaunzarán, la orquesta del Titanic, que sigue impasible, tocando un vals, mientras el transatlántico se hunde.

El congreso está lejos de ser una orquesta profesional: en todo caso pareciera una suma de solistas que siguen, cada uno por su lado, su propia partitura. Pero, además, porque desde que se cerró el ciclo de las grandes reformas, el propio congreso pareció haber renunciado a avanzar en temas clave para el futuro del país. Y en ese sentido, la relativa parálisis en esos temas se debe más a una decisión política de corto plazo, probablemente marcada por la cercanía de las elecciones y por aprovechar políticamente el mal trimestre que ha vivido el gobierno, que a la incomprensión respecto a la necesidad de esos cambios.

Hay temas que indudablemente necesitan tiempo para su análisis y está muy bien que el congreso se lo tome, pero resulta difícil comprender por qué tardarse tanto en los temas que son urgentes e incluso que están en medio del debate público, como el sistema nacional anticorrupción o la reforma política del DF, o incluso el nuevo modelo policial, analizado desde hace años, o en el tema de la intervención municipal por parte del gobierno federal en casos de penetración de la delincuencia. Son temas en los que existen propuestas concretas y en donde los partidos deben tener mucha mayor claridad con sus objetivos y sus políticas.

Creo que lo que sucede es que en estos tiempos nadie le quiere dar nada a nadie: ni al presidente Peña ni al jefe de Gobierno, Miguel Mancera, y todos, o la mayoría, están especulando con los tiempos electorales y atizando la tormenta perfecta.

Esperemos que, por lo menos, los partidos cumplan su promesa de sacar estos temas en el próximo periodo ordinario porque las exigencias del país, sin duda, son mucho más urgentes que los tiempos parlamentarios.

A ver: los funcionarios públicos han gastado mucha saliva y los medios de comunicación han aportado amplios espacios, al efecto de difundir las bondades del programa "Salvando Vidas"...

Cuando era apenas una iniciativa en el Congreso del Estado, se le llamó, un tanto despectivamente, "Ley anti-borrachos". Luego, cuando entró en operación, las estadísticas subrayaron los beneficios del programa: detectar y someter a un arresto administrativo a los conductores alcoholizados, redujo de manera significativa, en corto tiempo, la cifra de víctimas de accidentes viales en que la ingesta de alcohol fuera factor de los mismos...

La semana pasada, so pretexto de los festejos a las Lupitas, el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño Coronado, decidió, aduciendo tener atribuciones para ello, suspender el dichoso operativo, en una fecha en que normalmente debería haberse aplicado. El pretexto: que "todo mundo tiene derecho a celebrar las posadas"...

Cuando entró en operación la ley de referencia, quedó muy claro: a nadie se le conculca el derecho de salir de juerga y de tomarse, si le place, una o dos copas de más. La consigna para el ciudadano que decide ejercer a plenitud ese derecho, es muy nítida: "Si toma, no maneje; si maneja, no tome". La consecuencia ha sido que quien se va de copas, regresa a casa en taxi, encomienda esa parte de la juerga a un "conductor designado"... o asume el riesgo de que lo detengan.

Si la atribución que una ley da a un funcionario -el secretario de Movilidad, por ejemplo- para suspender su aplicación, implica poner en riesgo la integridad física o la vida de terceros, esa parte de la norma sería aberrante; esa atribución sería estúpida. Y si el funcionario, pese a ello, decidiera ejercerla, incurriría, ipso facto, en un acto de irresponsabilidad, de prepotencia (puesto que su función, en cuanto servidor público, consiste esencialmente en velar por el bien de los ciudadanos), y aun estaría incurriendo en un gesto de negligencia criminal -aunque el legislador hubiera sido tan obtuso para no prever las posibles consecuencias del disparate en cuestión- si la consecuencia hubiera sido funesta.

En clase de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas, uno de los alumnos preguntó al profesor: -"¿Sabe usted, maestro, cómo es la captura de puercos silvestres...?

Sorprendido el catedrático pensó que se trataba de una broma esperando una respuesta chusca. Sin embargo, el pupilo le respondió que no era lo que se pensaba comentándole:

-"La captura se logra encontrando un sitio despejado, y tirando maíz en el piso. Así los puercos van comiendo los granos diariamente, a lo que también día con día se van acostumbrando a ir al mismo sitio. Entonces se construye una cerca de un costado del lugar al que vienen. Cuando se acostumbran a la cerca y regresan por el maíz y se construye otro lado de la cerca, vuelven a acostumbrarse y regresan diario a comer. Al tiempo se llegan a construir los 4 costados alrededor de los cerdos, para al final instalar una puerta en el último lado, ya los animales se han acostumbrado al maíz regalado y a las cercas, de manera tal que vienen solos por la entrada, y es cuando se cierra el portón y... quedan capturados. Perdiendo su libertad, empiezan a correr en círculo habiendo sido sometidos comiendo los granos amarillos de manera fácil y gratis quedando tan acostumbrados que se olvidan de cómo cazar por sí mismos aceptando la esclavitud.".

Y no hay más que ver las campañas políticas en las que los candidatos prometen en discursos lo que a la postre terminan por no cumplir. Eso sí, extendiendo la mano mendigando el voto, besuqueando desde bebés con los que se retratan, como amas de casa, matronas y jovencitas encandiladas por el oropel de las máquinas de imagen, como gente de la 3a. edad que ya ha visto y padecido las cadenas de mentiras de las que echan mano por conseguir el sufragio en las urnas.

En el poder ya, las promesas se olvidan, las "conocencias" se desconocen, las amistades de "toda la vida, desde que éramos niños" guardadas quedan en el viejo baúl de los recuerdos -si los hay-, y es entonces cuando en la realidad triste, pero realidad al fin, sobrevienen los escándalos de corrupción y seguridad que traen como consecuencias funestas, un impacto demoledor en el ánimo de inversionistas tanto nacionales como extranjeros y de la ciudadanía misma.

El gobierno, "haciendo de tripas corazón", ha bajado un poco del pedestal teniendo que reconocer que ha cometido errores. Muchos exigen la renuncia del presidente, -nada más perjudicial ahora mismo-, o hasta que pida perdón... Cuando lo más conducente y congruente sería que reconociera cuáles han sido errores tales; el por qué se cometieron y, lo más importante, qué, cómo y cuándo harán lo pertinente para corregirlos.

Si no, se seguirá creyendo que los políticos piden más poder para que se continúe quitando libertades y el dinero de todos, en nombre de una democracia encadenada a la más deleznable demagogia, para que entonces nuestra milagrosa Virgen de Guadalupe ayude a México cuando... le cierren el portón.

Si el éxodo masivo de munícipes que se da por estos días fuera el resultado de un examen de conciencia que los hubiera llevado a la decisión de dimitir, un poco por vergüenza y un poco con la buena intención de que lo hagan mejor los alcaldes que queden como sustitutos el año que aún debe transcurrir para que ocurra el relevo constitucional, conscientes de la decepción que generaron entre los ciudadanos que, con su voto, los llevaron a ocupar los cargos que no supieron honrar, podría abonárseles el gesto como una mínima muestra de pundonor y de respeto al pueblo...

Empero, puesto que es un secreto a voces que los aún alcaldes toman la decisión de "solicitar licencia" con la aviesa intención de contender por otro cargo de elección popular, al ciudadano de a pie le queda claro que la única motivación de quienes deciden dejar trunco el ejercicio para el que supuestamente se comprometieron, lo mismo durante las campañas, cuando supuestamente recogieron las inquietudes de los electores, que al término de los comicios, cuando con toda solemnidad "protestaron desempeñar lealmente" los cargos para los que fueron elegidos, es el oportunismo, lo pertinente sería que los electores dieran muestras de haber aprendido la lección. Sería lo deseable. Sería lo sensato.

El espectáculo raya en lo grotesco. Podría calificarse de ridículo, si no le quedara más a la medida el calificativo de tragicómico. Cómico, porque los presidentes municipales que dejaron un cúmulo de "compromisos de campaña" pendientes de cumplir o serias dudas con respecto a la eficacia o a la honestidad de su gestión, ahora, a partir de la hipótesis de que los electores son tontos de capirote o carecen de memoria, se ofrecen para fungir como diputados -es decir, como encargados de crear o mejorar las leyes, adecuándolas para el mejor funcionamiento de la sociedad- y como supuestos "representantes populares", al efecto de fungir como "freno y contrapeso de los eventuales excesos de quienes ejercen el poder ejecutivo". Y trágico, porque el ciudadano común no parece tener defensa contra los vividores de la política, especialmente en el caso de los diputados "de representación popular", que llegan a esos cargos por "carambola hecha", al margen y aun a contrapelo de las convicciones o las simpatías de los electores.

¿Qué las leyes permiten tamañas barbaridades...? Ciertamente. Sin embargo, bastaría con que los ciudadanos se dieran cuenta de que ya les han tomado el pelo muchas veces con el mismo truco, para que vomitaran, repudiaran o rechazaran a los candidatos que ya han demostrado demasiadas veces que no buscan los cargos públicos para servir al pueblo, sino para servirse de ellos.

Los grandes ganadores con el registro de las deudas públicas que han hecho los ayuntamientos son los bancos privados. Con el pretexto de ofrecer mejores condiciones a mayores plazos y tasas de interés, las comunas prefieren las "aparentes" restricciones de un banco a las condiciones que pone la banca pública.

Los bancos son quisquillosos con sus condicionantes y al menor incumplimiento encuentran la manera de cobrarse los "favores" que ofertan como instituciones financieras. Francisco Cuevas, especialista en temas económicos lo resume de la siguiente manera: "Los últimos 10 años la tendencia fue endeudarse de una manera muy fácil sin importar en qué se fueran a gastar el dinero, la mayor parte de esos recursos fue para pagar gasto corriente y no en actividades para beneficios de la sociedad, poca deuda se fue a realizar obra pública".

Ahora que se le relata la tendencia del refinanciamiento para salir de la deuda y los intereses penalizadores, afirma que los ayuntamientos "no planearon debidamente el uso del financiamiento, lo que es malo es que se destinan a otras actividades, eso por una parte. Por otra, los bancos vieron el gran negocio al colocar gran parte de su dinero en fondos garantizados. Calcularon y estimaron, creyendo que la economía iba a repuntar. Pero la realidad es que ha tenido un raquítico crecimiento, poniendo en aprietos la liquidez del municipio".

El especialista en finanzas públicas ve con recelo el fideicomiso que se "cocina" en el Gobierno del Estado, que podría llegar a los 10,000 millones de pesos. "Veo muy difícil o muy complicado ese proyecto, (los gobernantes) deben manejarse bajo un criterio financiero y no político, van a aprovechar para endeudarse para que el que venga atrás pague la deuda, en su mayor parte esa deuda va a financiar las campañas a través de la inducción de la nómina, eso es lesivo para las finanzas municipales y los servicios públicos".

Afirma que se requiere una ley estatal o federal que limite a su capacidad de endeudamiento, "porque no les importa mucho, se afanan más en situaciones políticas".

Desde la alternancia pocas veces habíamos visto en encuestas y en estudios de opinión, tanta indignación acumulada, tanta desesperanza y tanto pesimismo. Los antecedentes de episodios similares provienen de años en los que el sistema electoral no era competitivo y aunque el régimen sufría duros golpes en su legitimidad, el PRI no tenía ninguna posibilidad de perder el poder. Ahora, la situación es distinta. Es la 1a. elección tras la alternancia en el poder en el año 2000 en que el país llega tan convulsionado políticamente. Y si a eso le añadimos los ingredientes de una economía que no crece y la inseguridad que se mantiene en niveles altos, tenemos un descontento que se expresa con claridad en las encuestas de opinión. Entre 65 y 70% desaprueba el rumbo político del país.

Asimismo, en el actual contexto político, una cosa parece haber cambiado de fondo: el sistema de partidos luce viejo, obsoleto y sin posibilidad de enarbolar el cambio. El discurso dicotómico se ha adueñado de la narrativa de las protestas: clase política y ciudadanía. Dos esferas aisladas, inconexas. Si bien el sistema de partidos nunca ha sido un reflejo auténtico de las preferencias y demandas de la sociedad mexicana, lo cierto es que las tasas de votación, sobre todo en elecciones presidenciales, y el compromiso de los mexicanos con el sistema electoral, eran reflejo de que una mayoría social encontraba respuestas en el sistema de partidos. Lentamente, ese vínculo en el que los partidos políticos ofrecen proyectos y los ciudadanos apoyan el de su elección, se ha erosionado hasta parecer un diálogo entre 2 sordos. La calle que grita "fuera todos", "no nos representan" y la clase política que responde con medidas poco acertadas y que no atacan el fondo del problema. Hoy en día nos enfrentamos a una crisis en donde el descontento ciudadano parece correr por un lado y los partidos políticos por otro completamente distinto.

Las encuestas de intención de voto denotan una realidad: ningún partido político ha logrado convertirse en la ruta de salida del descontento por los hechos de Ayotzinapa. En un entorno complejo que ha empujado a la izquierda hacia la defensiva, el PRI que ha perdido credibilidad por sus reacciones lentas y tardías y el PAN que luce ausente y sin respuestas, el sistema de partidos no ha sabido establecerse como un espacio de cambio. Al revés, las reacciones y la poca sensibilidad política han ampliado la brecha aún más entre las calles y los parlamentos.

Las primeras encuestas tras Ayotzinapa muestran realidades distintas para cada uno de los partidos políticos. El PRI se refugia claramente en su voto duro. Tiene un voto duro de poco menos de 30 puntos porcentuales, precisamente su intención de voto para el siguiente proceso electoral. Es decir, los 6 o 7 puntos o 10 (según Reforma) que ha perdido el PRI de agosto a la fecha, es voto fluctuante que apoyó al PRI en la elección pasada y que hoy en día ya no se sienten tan convencidos de esa opción política. Los votos que pierde el PRI se van en 2 direcciones: al PVEM (que duplica su intención de voto) y al PAN que crece 3 puntos o 4 dependiendo la encuesta. Si comparamos la indecisión entre estudios se mantiene prácticamente igual.

Otro de los perdedores por el caso Ayotzinapa es sin duda el PRD. Si bien podemos decir que al PRD le va muy mal en los procesos electorales intermedios, el sol azteca parte con un mínimo histórico en intención de voto (13-16%). No olvidemos que el PRD ya enfrentó una situación similar en 2009: 12% de votación, su peor registro desde 1988. Los estudios demoscópicos publicados tras los hechos de Ayotzinapa revelan que el PRD pierde entre 4 y 9 puntos. Por su parte, Morena y el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, aunque también estuvo involucrado en la llegada de José Luis Abarca y Ángel Aguirre en Guerrero, ha logrado campear mejor el temporal. Morena ya presenta un aumento de la intención de voto y algunos editorialistas, lo ven como una plataforma política que podrá atraer a algunos electores desencantados por la situación del país.

México es de los pocos países de América Latina con un sistema de partidos que no se ha roto. Desgastado y sin credibilidad, pero todavía logra captar a buena parte de la población en sus lealtades y compromisos políticos. Una comparación nos deja claro este asunto: mientras en México el voto duro a los partidos se calcula entre 55 y 60% del total de la población, en Perú alcanza 12% y en Chile 21%. Sin embargo, a menos de 6 meses de las elecciones, no parece que los partidos políticos sean capaces de capitalizar el enfado y el hartazgo social. Sin embargo, tampoco queda claro que la movilización social que nació de los hechos de Ayotzinapa se capitalice a través de otra vía social o popular. El movimiento es muy diferenciado entre sus integrantes.

Otra hipótesis que surge de la situación política del país es un posible aumento del abstencionismo electoral. Es decir, un desencanto profundo que se traduce en baja participación y pocos ciudadanos yendo a las urnas. El abstencionismo subirá en la medida en que los votantes de las urbes se contagien del desencanto y no vean soluciones en los partidos políticos.

La Ciencia Política no ha sido capaz de hacer un vínculo indiscutible entre desencanto y abstencionismo. La respuesta ciudadana en las urnas varía en gran medida de acuerdo a la cultura política, la solidez del sistema de partidos y la credibilidad del cambio a través de las vías institucionales. En México no hay vías de escape, no hay partidos regionales fuertes ni tampoco partidos marcadamente anti-sistema. La oposición histórica en el país se ha constituido en torno al eje PRI-AntiPRI.

El voto nulo es otro posible resultado del descontento en algunos segmentos de la población. Siempre ha habido un debate en México sobre la capacidad transformadora del voto nulo. El porcentaje mayor de anulación en una elección en México fue en 2009, en donde el voto nulo alcanzó hasta 10 puntos porcentuales en ciudades como el DF, aunque a nivel nacional tuvo un ligero repunte, la realidad es que fue un fenómeno más urbano que nacional.

Ayotzinapa ha sacudido no sólo a Enrique Peña Nieto y a su proyecto de país, sino también a la clase política y a las entrañas del sistema de partidos mismo. Los partidos políticos lucen incapaces de dar respuestas y el descontento no ha siquiera esbozado la vía partidista para expresarse. El tema Ayotzinapa será clave en el siguiente proceso electoral y paradójicamente todos están manchados por alguna decisión u omisión.

José Luis Martínez S.
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 14 de diciembre de 2014).

Ser candidato independiente en 2015 resultará más complejo que fundar un partido, ya que un aspirante a la Presidencia tendrá que conseguir 4 veces más firmas y en la mitad del tiempo que si solicitara registro para una nueva organización política.

Por eso quizá es que de los 144 registrados como independientes en la capital para ser diputados locales o jefes delegacionales, al menos a 50% de ellos puede encontrársele en el padrón del PRD, así que candidatos ciudadanos, lo que se dice ciudadanos e independientes... quizá para 2018.

Lo ocurrido en Guerrero es un episodio más de una cadena de fallas de un sistema político que tiene al país sumido en la violencia, la corrupción, la impunidad, el atraso económico y la desigualdad social. Para superar tan lamentable situación, sería necesario, como en el mundo físico, acciones de igual magnitud en sentido contrario. Sin embargo, lo que hay es apenas un decálogo de medidas donde la más llamativa es la policía estatal única. Eso no puede neutralizar a las fuerzas que llevaron a esa noche de los cuchillos largos de Iguala.

Fuerte debate se registró cuando se puso sobre la mesa el proyecto de resolución para sancionar a los 3 nuevos partidos por las irregularidades detectadas en los informes sobre los ingresos y egresos, por su constitución y el uso del "buzón fiscal" para contrastar las facturas de las organizaciones, y las que tiene el Sistema de Administración Tributaria en sus archivos.

"Es un riesgo no para los partidos, sino para las autoridades incluso electorales, que de una compulsa entre lo que reportan los partidos y lo que se recibe en el SAT como facturado aparentemente a favor de un partido, se llegue a una conclusión", advirtió el representante de Morena, Horacio Duarte.

Al final las multas se quedaron en 1'308,804 pesos para Morena, 372,370 para el Partido Humanista y de 978,523 para el partido Encuentro Social.

En el Índice de Información Presupuestal Municipal 2014 del Imco, presentado ayer en la Ciudad de México, se revela que Tijuana arrastra una deuda de 2,496 millones de pesos, y Guadalajara de 2,482 millones. La diferencia entre ambos es de apenas 14 millones de pesos.

"Cifras de la SHCP indican que la deuda pública municipal ha crecido 89% en los últimos 7 años. Su saldo en junio de 2014 ascendió a 54,670 millones de pesos; dicha deuda se distribuyó en 825 municipios del país, 20 de los cuales concentraron 46% de la deuda total", informa el Imco mediante un comunicado.

Monterrey carga con una deuda de 2,103 millones de pesos, mientras que Hermosillo acumula 1,438 millones de pesos, y León con 1,405 millones de pesos.

Tan solo el año pasado, el gobierno federal gastó 5,000 millones de pesos en promocionarse en las 2 televisoras mercantiles nacionales y menos de 900 millones para sostener presupuestalmente a la totalidad de sus medios de televisión y de radio. El gasto total, incluyendo la publicidad pagada por todos los gobiernos de la república, rebasó los 20,000 millones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales.

Se debe avanzar en la depuración de la policía y de la clase política en Guerrero y en otras partes del país. Casos como el de Bernardo Ortega, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero son insostenibles. Ortega es el hermano de los 2 líderes de una organización criminal llamada "Las Ardillas" y puede ser que él no tenga responsabilidad en la actividad de sus hermanos, pero lo mismo en su momento argumentó María de los Ángeles Pineda, la esposa de José Luis Abarca, el ex alcalde de Iguala, respecto a sus padres y hermanos, líderes de los "Guerreros Unidos", y por ignorarlo se pagó un costo tan alto.

Siguen impunes aquellos que por omisión o comisión crearon las condiciones para este episodio calificado como "barbarie". Estos no son clandestinos, ni están prófugos. Son 5 políticos, para empezar, miembros de las 3 corrientes que controlan al PRD.

A lo largo de casi 70 días, las autoridades le han dado la vuelta a entrar a ajustar cuentas legales con ellos. Lo que han hecho es un encubrimiento y otorgar blindaje al gobernador con licencia, Ángel Eladio Aguirre, y a los líderes del PRD, quienes apoyaron, encumbraron y protegieron al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que convirtió a las instituciones en Iguala en parte orgánica del crimen organizado, de la mano de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, miembro de una familia donde cuando menos 15 de sus familiares, dirigían una banda que operaba en Tierra Caliente, Guerrero y Morelos, dedicados al narcotráfico, secuestro y extorsión.

La imagen pública de la izquierda reformista, la aliada del gobierno en el Pacto por México, resultó lastimada por su respaldo a Abarca, pero al mismo tiempo se mantiene impune ante cualquier otra comisión de delitos.

Estos responsables políticos, tienen que rendir cuentas claras. Pero hay que ser cuidadosos. No por ser responsables del poder de Abarca, automáticamente son culpables de asesinato. Son cosas diferentes que deben dilucidarse. Se debe comenzar por investigarlos formalmente. El gobernador con licencia Aguirre es por donde habría que empezar.

¿Por qué Aguirre? Por 2 razones. La penal, porque sí se le puede imputar el crimen por omisión en sus responsabilidades, que él evade con la justificación que dio aviso de lo que sucedía. La política, porque fue quien encabezó en 2012 la mesa donde 5 miembros del PRD decidieron las candidaturas en Guerrero. No sólo fue la de Abarca en Iguala, sino de la de otros 7 presidentes municipales que hoy son investigados por la PGR por su presunta vinculación con los "Guerreros Unidos", "Los Rojos" y Los Caballeros Templarios. En esa mesa estaba Sebastián de la Rosa, el principal protector de Abarca, miembro de "Los Chuchos" y estrechamente relacionado con el ex líder del partido, Guadalupe Acosta Naranjo.

Asimismo el ex senador y 1er. secretario de Desarrollo Social de Aguirre, David Jiménez Rumbo, también participó en esa mesa. Participó en la aprobación de las candidaturas, como representante de Alternativa Democrática Nacional, que dirige Héctor Bautista, actual secretario general del PRD, y nunca expresó antes del crimen, haber disentido por Abarca.

Otro participante de las decisiones fue Víctor Aguirre, sobrino del gobernador con licencia, como representante de Izquierda Democrática Nacional, que dirigen René Bejarano y su esposa, la senadora Dolores Padierna. El 5o. en la mesa fue Jesús Evodio Velázquez Aguirre, secretario general del PRD en el estado, y líder de la corriente Nueva Mayoría, filial de "Los Chuchos".

La mesa de los 5 fue avalada por el entonces líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien ha buscado deslindarse de Abarca, al igual que el resto de los 5 que lo eligieron candidato. Sus jefes políticos, "Los Chuchos", Bejarano y Bautista, hablan del tema como si no fueran culpables del encumbramiento del ex alcalde, pese a los antecedentes criminales de la familia de su esposa. Y salvo Aguirre, ninguno de ellos ha sido llamado a declarar en la PGR.

Apoyo político no es ser culpable del crimen, pero todos ellos tienen que aclarar porqué si eran públicas las relaciones criminales del matrimonio Abarca-Pineda Villa, lo respaldaron. Dentro de las cúpulas del PRD aseguran que como pago, Abarca les daba dinero, lo que de confirmarse, supondría que el gobernador y las corrientes que controlan al PRD, recibieron recursos del crimen organizado.

A partir del 1 de diciembre se cumplieron 2 años de gobierno, lo cual significa que ante la ausencia del ejecutivo por renuncia o fallecimiento la constitución establece que este sea designado por el Congreso de la Unión. Es decir, la decisión no pasa por los ciudadanos ni por las urnas, sino por la partidocracia. Peor aún, el PRI y sus partidos satélite elegirían a uno de los suyos sin necesidad siquiera de que el perfil resulte atractivo a los votantes, como tienen que hacerlo cada 6 años.

Se me dirá que la renuncia de un presidente como resultado del repudio de la calle sería un logro histórico; sentaría un precedente y la clase política tendría que enmendarse en el futuro. Asentaría la noción de que el poder reside en última instancia en personas de a pie y no en los políticos engreídos de sí mismos.

En la práctica, lo que sucedería es que los políticos nombrarían a un colega, cambiarían un rostro por otro, y la gente se iría muy contenta de regreso a casa. La élite asumiría que la pareja bonita que forman Peña Nieto y Angélica Rivera no les funcionó, y optarían por otra mezcla para apaciguar los ánimos y retomar el control. Al final poco habría cambiado, salvo la exaltación popular por el triunfo momentáneo.

Yo preferiría otro desenlace. Si los poderosos van a ceder algo como resultado de la presión popular preferiría que no fuera un cambio de rostro sino una transformación de instituciones. Esto es lo único que tendría un impacto duradero en el México desigual e injusto que padecemos.

En el régimen de Ernesto Zedillo, luego de la crisis del 95, el repudio generalizado al PRI obligó al gobierno a conceder cambios sustanciales en el entramado institucional. Reconocimiento de la oposición, un IFE ciudadano (aunque efímeramente), mayor autonomía a la Suprema Corte, proliferación de comités de regulación, fortalecimiento de la CNDH, etc. La mayor parte de estos espacios se cerrarían con el tiempo, pero mientras duraron fueron suficientes para dar un vuelco en la historia electoral del país con la derrota del PRI y abrieron una pequeña ventana de oportunidad para una "primavera democrática" mexicana.

Ciertamente desperdiciamos esa oportunidad con Fox y con la apatía ciudadana que nos caracterizó durante los siguientes 12 años, pero eso no quiere decir que no podamos abrir otra andanada de modificaciones de fondo. Luego tendremos que hacer la tarea para hacerlas irreversibles, pero esa será una tarea para el 2o. tiempo. En el 1o. hay que meter los goles; en el 2o. los defendemos.

El tema de fondo es que este país no va a mejorar mientras sigamos creyendo que la solución consiste en encontrar a la persona adecuada para gobernarnos o, en su defecto, en quitar del poder a la inadecuada, por más que tenga un efecto tan liberador en el espíritu. Prefiero que por ahora sigan los que están y eso alimente la rabia popular y sostenga el pulso de la calle.

No es confiando en la honestidad de la condición humana como habremos de construir una sociedad menos injusta. La única posibilidad reside en la instalación de un entramado de instituciones que permitan muchos ojos y una incesante rendición de cuentas en la cosa pública para que deje de ser la "cosa nostra" de esa casta que ha tomado el poder.

Yo prefiero que Peña Nieto siga allí permanentemente acosado por la opinión pública y por las redes sociales para obligarlo una y otra vez a recorrer la mojoneras y entregar espacios públicos al escrutinio y a la intervención de los ciudadanos. Hasta ahora ha creído que bastaba con el maquillaje de 10 puntos sobre inseguridad y a poner ante las cámaras a su esposa para ofrecer una explicación. Pero no tengo duda de que si los ciudadanos siguen presionando y poniendo a la autoridad contra la pared comenzaremos a ver concesiones importantes para evitar que los contratos vayan a parar a los amigos o para ventilar lo que hasta ahora se hace en secreto. Y no lo harán por graciosa concesión sino por tratar de salvar el pellejo frente a la presión.

No se trata de que un ex gobernador o un líder sindical sea metido a la cárcel (ya sucedió con Mario Villanueva, Granier o Elba Esther Gordillo). Se trata de instalar los mecanismos que impidan que esos y otros canallas se enriquezcan a mansalva y que si lo hacen no exista impunidad. El sistema no puede salirse con la suya mediante el simple expediente de entregar a uno de los suyos a la picota. Sea un ex gobernador o incluso el propio presidente.

En suma, prefiero ver a Peña Nieto allí, sudando la gota gorda por la presión popular que sudando en una terraza el sol de Miami tras ser sustituido por una versión similar. Si no desmayamos los ciudadanos, los blogueros y los medios de comunicación críticos en una de esas conseguimos a tirones y jalones algunos de los cambios tan necesitados por el país.

Los diputados priistas esperan que Andrés Manuel López Obrador, más que descalificaciones, explique su apoyo al presidente municipal acusado de la desaparición de los jóvenes en Iguala y al ex gobernador cómplice de Guerrero.

A decir de los legisladores, en su revire a lo dicho por Manlio Fabio Beltrones, el tabasqueño sólo lanzó epítetos a quien lo retó a decir la verdad, pero sobre todo, a explicar cuál es su relación con José Luis Abarca, Ángel Aguirre y Lázaro Mazón.

Si la Auditoría Superior de la Federación encontró tantas irregularidades en las cuentas del los Juegos Panamericanos y el auditor estatal no encontró nada? ¿Casualidad, falta de capacidad técnica, complicidad o corrupción? ¿Por qué no investigar la corrupción ya conocida por todos en el Congreso del Estado? Argüelles, otros diputados y auditor que, según consignó la prensa se repartieron millones de pesos, estos se burlan del ejecutivo, de ustedes señores diputados, de la fiscalía y ustedes ¿qué hacen? Ni el Gobierno del Estado ni los ayuntamientos cumplen aún con la totalidad de obligaciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Una serie de iniciativas que ponen más candados a los municipios en especial y a los entes públicos para evitar su endeudamiento y con ello el quebranto de las finanzas públicas están en la congeladora, durmiendo el sueño de los justos.

Y es que la única ley que especifica los lineamientos para que los entes públicos -léase gobierno del estado y municipios- se endeuden, data de hace ¡18 años! En ese entonces la deuda que agobiaba al estado era por 3,000 millones de pesos. ¿Y qué pasó? Pues que nada detuvo en especial a algunas administraciones municipales de recurrir a deudas y en algunos casos a créditos leoninos, que lo único que hicieron fue poner a Jalisco en el 1er. lugar nacional en deuda municipal acumulada. Los campeones usted los conoce bien: Guadalajara y Zapopan. Pero las reformas necesarias siguen guardadas bajo llave y con escaso interés de los legisladores locales.

Tal vez con la intención de tratar de descubrir algo así como una vacuna contra el desencanto que pueda producirse después de las próximas elecciones -cuando el ciudadano de a pie descubra que, por enésima vez, le dieron gato por liebre y que a él le asignaron el rol del "idiota útil" que legitima, con su voto, las elecciones, pero no garantiza que los candidatos vayan a cumplir las promesas que generosamente reparten a raudales durante las campañas-, el senador por Jalisco Arturo Zamora Jiménez sugirió algunas fórmulas: someter a exámenes antidoping y pruebas de polígrafo a los aspirantes a sacarse los premios que la lotería política mexicana sorteará a mediados del año próximo.

Los premios -ya se sabe- consisten, vía de regla, en una especie de beca que asegura por 3 años, a cambio de poco esfuerzo, un salario inaccesible para los afortunados... si tuvieran que devengarlo a base de trabajo honrado.

Los “filtros” que Zamora Jiménez sugiere llevarían la saludable intención de reducir hasta donde sea posible el riesgo de que trepen a los cargos públicos (alcaldías, regidurías, diputaciones, algunas gubernaturas...), vividores de la política que se limitan a medrar del Presupuesto, en el mejor de los casos, y, en el peor, a cobrar jugosas “igualas” de la delincuencia organizada por garantizarle impunidad o permitir que bandas, cárteles, similares y conexos sigan siendo los verdaderos gobernantes de las regiones que han convertido en su feudo.

Los exámenes antidoping muy bien pueden detectar a un adicto a las drogas... pero no a un pillo de 7 suelas. La eficacia del polígrafo (o detector de mentiras), aun en manos de expertos, es muy discutible. Ni unos ni otro garantizan que quienes se sometan exitosamente a ellos, estará exento de las lacras habituales -ineficiencia, proclividad a la corrupción, etc.- de las innumerables pruebas vivientes de que, en efecto, "el poder corrompe".

La anunciada "alianza" entre panistas y perredistas, para designar candidaturas comunes en varios municipios de Jalisco, de cara a las elecciones intermedias del año próximo, emana un irresistible olor a azufre. A asunto pecaminoso. A cosa del diablo...

Hasta donde el ciudadano de a pie tenía entendido, los partidos políticos parten de una concepción determinada -muy bien determinada, de hecho- de la política, entendida como el conjunto de acciones que de manera organizada realizan los ciudadanos para organizar, dirigir y administrar las actividades de un grupo social. Se suponía, también, que los principios de doctrina de un partido, aunque en lo esencial (el bien común… al menos en teoría) necesariamente coinciden con todos los demás, marcan, en las formas, diferencias irreconciliables con el resto. Se explica, por tanto, que la primera reacción de quienes oyen hablar de "alianzas" -considerando las abundantes pruebas de que los dirigentes y un alto porcentaje de los militantes en partidos políticos es el poder, por la perspectiva de enriquecimiento fácil que ello implica, y las escasísimas de que los mueve, en efecto, el afán de servir a los demás-, sea evocar los matrimonios por interés, o la consabida mezcla de agua y aceite: algo imposible por definición. Se explica, también, que surjan ideas afines: amasiato, maridaje, contubernio...

El PRD al fisco le debe 211'859,739 pesos; además adeuda 25 millones de pesos por la pasada renovación de su dirigencia nacional y el empresario Carlos Ahumada, envuelto en el caso de los videoescándalos, le reclama 520 millones de pesos con los que, asegura, financió al PRD durante el periodo 2003-2004.

Por si no fuera poco, el Instituto Nacional Electoral los multó con 52'200,000 pesos, por haber incurrido en 83 faltas durante la revisión de sus estados contables.

De acuerdo con las prerrogativas otorgadas por el INE, al PRD le fueron asignados para este año 678'842,459.89 pesos, por sus deudas, el partido opera con un déficit de 130'217,280 pesos. En el documento del INE también se mencionó que el PRD no reportó 391 cuentas bancarias. Además, encontraron inconsistencias como falta de registro, fechas, eventos y lugares en los que repartió propaganda utilitaria por 138 millones de pesos.

El origen de la crisis del Estado es resultado de la pobreza intelectual y racional de la gran mayoría de las políticos que tenemos. Estos políticos formados principalmente dentro de los "cuadros" y grupos juveniles de los partidos políticos y federaciones de estudiantes llegan a las boletas electorales después de pintar cientos de bardas, participar en campañas, organizar reuniones y hacer otros méritos electorales; pero no llegan ahí por tener visiones claras de Estado, propuestas modernas, ideas y proyectos progresistas, estudios relevantes, especialización y conocimiento de campo o experiencia internacional valiosa. Es decir, ellos saben que quieren llegar ahí pero no saben para qué.

Sin olvidarnos de nuestra responsabilidad como ciudadanos y electores, la crisis del Estado es debido a los funcionarios públicos que tenemos. Dicha crisis no se debe a que nuestros gobernantes no hayan leído nunca a Kant, Welzel, Schelling o incluso Hobbes y no entienden el origen del concepto de "Rechtsstaat" o el Estado de Derecho; pero sí se debe a que ellos no tienen ningún interés en desarrollar proyectos de Estado y sólo se enfocan en la grilla y la propaganda electoral. Ese es el problema.

Morena se estrenará con una multa de millón y medio de pesos, tras su 1a. revisión de gastos como partido político que le hizo la Unidad de Fiscalización del INE.

Cheques que no existen físicamente, recibos sin folio, falta de contratos de donación, cuotas que no coinciden con los recibos, estados de cuenta bancarios que no se presentaron, son sólo algunas de las inconsistencias, por un monto de 4 millones, detectadas en la corta vida de la casa de López Obrador.

El INE votará en breve que Morena impidió que la autoridad electoral estableciera a cabalidad el destino y manejo de los recursos y por lo tanto no puede saber si el partido está usando legalmente el dinero público que recibe.

Se creen distintos, superiores a sus rivales. Son igualitos.

De los eventos de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 recuerdo sobre todo 3: el acto en el cual Heberto Castillo resignó la candidatura del PMS (de lo que tendríamos que definir como la verdadera izquierda de entonces) a favor del Frente Democrático, abriendo también el camino para posteriormente formar el PRD fusionando ambas agrupaciones, usando el registro del PMS; el mitin del cierre de campaña en el Zócalo, multitudinario, creo que como ningún otro de carácter electoral que yo haya visto en esa plaza; y un 3o., después de la elección, casi igual de concurrido pero en el cual Cárdenas tuvo el mérito, a pesar de sus denuncias de fraude, de no lanzar la gente a la calle.

Pero lo que vino después fue decepcionante: teniendo una enorme fuerza política, espacios legislativos y mediáticos como nunca los había tenido, el naciente PRD se concentró, como Cárdenas, en el discurso del fraude y la ilegitimidad de un gobierno, el de Salinas, que literalmente lo avasalló con sus medidas. El resultado fue que en 1991 en las elecciones intermedias, las mismas fuerzas que estuvieron a punto de ganar las elecciones en el 88, terminaron, sumadas, con poco más del 11% de los votos. Esa etapa de Cárdenas provocó también la 1a. desbandada importante del PRD, con la salida de buena parte de los entonces jóvenes dirigentes que se podrían describir como la inteligencia del partido: desde José Woldenberg hasta Jorge Alcocer, desde Rolando Cordera hasta, poco después, Gilberto Rincón Gallardo.

Cuando vino la elección del 94 también se equivocaron como partido y Cuauhtémoc como dirigente. El levantamiento zapatista del 94 los sorprendió tanto como al gobierno y terminaron coqueteando con una fuerza que, en realidad los despreciaba.

Cárdenas no fue opción en la elección del 94, ganó Ernesto Zedillo y pudo haber ganado Diego Fernández de Cevallos. Se cruzó luego la crisis de diciembre del 94 y cambió el país y el juego político. Por 1a. vez hubo elecciones en el Distrito Federal para elegir jefe de gobierno. Llegó la oportunidad de Cárdenas que hizo, por 1a. vez, una campaña completamente diferente a las suyas anteriores: fue un Cuauhtémoc abierto, con un lenguaje corporal mucho más ligero y políticamente ubicado mucho más en un centro izquierda progresista que en las líneas del nacionalismo revolucionario. Cárdenas arrasó en 1997 en el DF y muchos pensamos que la suya era la verdadera alternativa ante el PRI en el año 2000.

Pero, por alguna razón, su gestión en el DF, sin ser mala, se comenzó a desdibujar, mientras que la candidatura de Vicente Fox crecía como la espuma. Fox ganó en el 2000 y dejó a Cárdenas en un lejano 3er. lugar con un Andrés Manuel López Obrador, que no cumplía con los requisitos para ser jefe de gobierno capitalino, en esa posición y decidido a quedarse con el partido y desplazar al propio Cárdenas, a quien había sido su sucesora interina en el Gobierno del DF y luego presidenta del PRD, Rosario Robles, y a todo aquel que no impulsara desde el inicio su candidatura para el 2006.

Comenzó entonces una época de sombra para Cuauhtémoc. Cuando llegaron los videoescándalos, Rosario dejó el PRD, y Cuauhtémoc terminó renunciando a todos los órganos de dirección del partido en los que todavía participaba. Nunca, incluyendo el día de hoy, la estructura y la dirigencia del PRD estuvieron tan lejos del ingeniero.

Vino la campaña del 2006 y fue ignorado por López Obrador. Pero en la medida en que Andrés Manuel se lanzó a aventuras ridículas como la presidencia legítima con un discurso intransitable para cualquier otra fuerza política, la figura de Cárdenas comenzó a resurgir como un interlocutor con el que, sin abandonar principios ni historia, se podía dialogar y abrir espacios. Eso ahondó las diferencias de Cuauhtémoc con Andrés Manuel. Pero terminada esa elección el que decidió irse del PRD fue López Obrador.

Eso también cambió la correlación de fuerzas internas y Cuauhtémoc comprobó que tenía legitimidad y presencia política, incluso más que antes, pero no estructura, misma que estaba, sobre todo, en manos de la corriente de Nueva Izquierda. Lo lógico hubiera sido una alianza entre ambos, en la que los 2 ganaban. Lo que ocurrió fue la ruptura, confirmada anoche.

Lamentable en todos los sentidos es la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al PRD. Si la decisión que tomó se finca en las razones que adujo, su salida debió haberse producido hace bastante tiempo. En efecto, desde hace años el partido del sol azteca empezó a perder su identidad en aras de ganar posiciones políticas y privilegios económicos. A fin de conseguir tales ventajas llegó a establecer alianzas con la derecha más extrema. Era cosa de risa para unos, de indignación para otros, ver a ese partido, supuestamente de izquierda, apoyando a candidatos postulados por el PAN. Fue entonces cuando Cárdenas debió irse de ese PRD que violentaba sus principios. Lo hace ahora en medio de una difícil coyuntura para la organización, cuando los sucesos acontecidos en Guerrero golpean duramente al perredismo y cuando una nueva dirigencia nacional acaba apenas de hacerse cargo del partido. Debió haber dado tiempo al nuevo grupo para que mostrara el rumbo que iba a tomar. Esa buena voluntad habría favorecido la unidad en vez de llevarlo a él a la ruptura. Su salida causa grave daño al PRD, pero también afecta al ingeniero Cárdenas en su calidad de líder moral de la izquierda. ¿De cuál izquierda es ahora líder? ¿Fundará otro nuevo partido? ¿Apoyará a López Obrador, que tanto lo ha humillado y ofendido? También él queda de alguna manera en la orfandad. Su renuncia fue un mal asunto, de esos en que todos salen perdedores. El único ganancioso es AMLO, que así se fortalece ante los perredistas, debilitados por la pérdida de su fundador. Se le siguen acomodando las fichas al tabasqueño, que prácticamente solo, sin rival alguno, camina entre ruinas rumbo a su próxima candidatura.

Al presentar el Índice de Transparencia y Disponibilidad de Información Fiscal de los Municipios 2014, la consultora Aregional destacó que de los 60 ayuntamientos que formaron parte del análisis, 40 de ellos resultaron con esa anomalía de la opacidad.

Otros 10 municipios reportaron información que apenas les validó estar en una zona amarilla, es decir, que aunque no fueron reprobados en la evaluación, tampoco obtuvieron una nota elevada.

Los que salieron con las notas más bajas en el estudio fueron Salina Cruz, Oaxaca; Boca del Río, Veracruz; Tapachula, Chiapas; Apizaco, Tlaxcala; Coatzacoalcos, Veracruz; Tlaxcala, Tlaxcala; Tampico, Tamaulipas; Guanajuato, Guanajuato; La Paz, Baja California Sur, y Morelia, Michoacán. En todos los casos, las evaluaciones no superaron los 30 puntos de 100.

El desdén a tantas alertas sobre la situación en Guerrero, la tardanza en darle al caso la importancia toral que tenía desde un inicio, y la falta de sensibilidad y cercanía que ha exhibido hacia los dolientes son sin duda responsabilidad del gobierno federal, y merecen todas las críticas, acusaciones y manifestaciones nacionales e internacionales. A fin de cuentas, como cabeza del Estado toca al presidente Peña hacer frente y pagar por los errores de gestión.

Lo que me parece asombroso es que con toda impunidad y desfachatez enarbolen las solicitudes de renuncia, las exigencias de justicia y los gritos de "¡Ya basta!" de algunos de los políticamente imputables por la tragedia: Andrés Manuel López Obrador y la pandilla de "Los Chuchos" (Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete) en el PRD, a través de sus reconocidos y confesados operadores -Lázaro Mazón y Ángel Aguirre, respectivamente- encumbraron a los autores intelectuales de la desaparición de los 43.

Hay que reconocer que la operación política y la capacidad de reacción de la nueva dirigencia ante la crisis de Iguala fue lisa y llanamente un desastre. 1o. se comieron esa mentira de que los jóvenes estaban escondidos en casas. 3 días después comenzaron el proceso de deslinde con Abarca pero se embarcaron en una defensa imposible de Ángel Aguirre, que ahora tanto a ellos como a integrantes del gobierno los amenaza diciendo que puede "rebelar cosas", cuando en realidad es incomprensible que no esté tras la rejas: quizás la detención de su custodia, el domingo, con armas de grueso calibre y equipo de comunicación, sin contar con permiso alguno para ello, sea una señal de que se comienza a acabar su impunidad. Y luego de casi un mes de defensa del gobernador entraron al juego de sus enemigos internos culpando al gobierno federal de lo sucedido, sin entender que en esa estrategia ellos eran las primeras víctimas.

Más tarde rectificaron pero las cosas ya habían cambiado, los equilibrios internos ya eran otros, por lo menos en el terreno mediático. Y eso sucede porque sus dudas son existenciales. No han tenido, hasta ahora y salvo un par de intervenciones de Jesús Ortega, la capacidad de operación para recordar que a Abarca lo llevó Lázaro Mazón, el hombre de López Obrador en Guerrero; que quien lo registró como candidato fue la corriente de Carlos Sotelo; que había un comité que se encargó de las candidaturas en el estado donde participó Nueva Izquierda pero también las otras corrientes; que a quien le presentaron la información sobre las relaciones de Abarca y Pineda con Guerreros Unidos fue a López Obrador en la propia Iguala y éste las desestimó y dijo que "había que apoyar a todos los candidatos". Y que Aguirre no fue candidato de Nueva Izquierda, sino del grupo de Marcelo Ebrard. Que es una vergüenza que Leonel Godoy les esté dando clases de moral después de lo sucedido en su gobierno en Michoacán o que cuando Alejandro Encinas explique porqué hizo ingresar a un narcotraficante como Julio César Godoy, hermano por cierto de Leonel, a la Cámara de Diputados en forma soterrada para darle fuero, estará en condiciones de exigirle a Nueva Izquierda que explique cómo llegó Abarca a la presidencia municipal de Iguala.

Tenían eso y mucho más para explicar y trabajar y no lo utilizaron. ¿Por qué? Porque no terminan de asumir su identidad, porque no quieren romper o generar conflictos internos que justifiquen una diáspora, sin querer comprender que la misma ya está planteada y que sus adversarios internos si fracasan en el intento de quedarse con la dirección del PRD y con un número de candidaturas que va mucho más allá de su verdadera representatividad interna, eso es lo que terminarán haciendo: irse con Morena o estableciendo una alianza con ese partido.

Y eso se refleja en el tema de los vándalos que se denominan anarquistas. Rechazan los antichuchos la violencia, pero son los que cambiaron las leyes en el DF para que esos delitos no sean considerados graves; son los que pagan sus fianzas; son los que les ponen abogados defensores y los que ahora dicen que se trata de presos políticos. Ahí tienen que deslindarse los Chuchos y confirmar el nuevo perfil que habían ganado y ahora perdieron. Debe ser una izquierda que se defina a partir de las causas que defiende y allí es donde Nueva Izquierda tendría que tratar de marcar la diferencia.

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 26 de noviembre de 2014).

Parece que el pacto entre el auditor y el ex gobernador del estado, Emilio González, está saldado. La última de sus cuentas, la de 2012, se presentó sin cargos. Los diputados están imposibilitados a modificar la decisión de la ASEJ, luego de las reformas a la Ley de Fiscalización. Lo que sí habrían podido hacer los diputados es pedir una 2a. revisión ante el máximo órgano fiscalizador, cosa que no concretaron. A esta cuenta pública se suman otras 20, una de ellas la última de Aristóteles Sandoval y Francisco Ayón en su último año como alcaldes de Guadalajara y... ¿qué cree? también en ceros.

La situación de crispación en la que se encuentra el país no se resuelve con un pacto cupular. De nada le servirá al gobierno federal hacer un pacto con los partidos, cuando todos, al menos los 4 importantes, han quedado embarrados por la corrupción y las ligas con el crimen organizado. De nada sirve hacer un gran pacto con un poder judicial que tiene nula credibilidad y cuyos fallos contradictorios siguen siendo uno de los grandes misterios de este país (en realidad no hay ningún misterio, lo que hay es una corrupción galopante pero, mientras no haya quien la persiga, lo que vemos desde fuera es simplemente contradicciones misteriosas). De nada servirá hacer un pacto con cúpulas empresariales que cada día representan menos y a menos. De nada servirá convocar a los poder fácticos por el simple hecho de que, quien es parte esencial del problema, difícilmente lo será de la solución.

El Estado-Mafia, como describió el periódico Le Monde al mexicano, puede poner nuevos límites y pactar sus normas de convivencia en aras de sobrevivir, pero nunca atentará contra sí mismo: no serán los partidos los que pondrán fin al abuso de los políticos y al uso de las nóminas gubernamentales para beneficio electoral; no será el poder judicial el que se abra por arte de magia a la transparencia de sus procesos, ni será la Presidencia de la República la que persiga la corrupción presidencial.

El pacto que necesita el país, y que requiere el gobierno de Peña, es con la sociedad, y ese no se construye en una sentada en Gobernación y la negociación es más compleja, pues la moneda de cambio no son favores políticos sino confianza.

Esta semana lo importante es que el presidente retome el gobierno, reconozca con humildad dónde está parado y haga los cambios, no sólo de personas sino de estrategias, necesarios para que el gobierno camine. El pacto con la sociedad lo podrá ir haciendo conforme recupere la confianza perdida a partir de resultados concretos.

2014 podría marcar el fin de una generación en México. Pido que en este texto se tome a la palabra generación como una forma de hacer política en la que conviven actores que van desde Cuauhtémoc Cárdenas, 80 años de edad, a Ricardo Anaya y Aurelio Nuño, menos de 40, pasando por supuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, 48 años.

Son beneficiarios de la gradual apertura del régimen luego de la cuestionable elección de 1976. Causantes -desde afuera y desde adentro del sistema- de las reformas políticas luego de las crisis y los fraudes de los años 80. Los dinamizadores de las alternancias locales de los 90, los padres de la caída priista del 2000. Y son, por supuesto, los responsables de lo que no se logró con el PAN en Los Pinos, por incapaces unos (los azules), por agendas particulares de otros (PRI, PRD, poderes fácticos). Finalmente, esta generación se integra no sólo de políticos o funcionarios del Estado (jueces, rectores universitarios, presidentes del IFE/INE o de la CNDH, etc.), sino también de empresarios, el clero, intelectuales, y líderes de opinión.

En otros momentos esta generación fue bautizada por sus incapacidades como la generación del No. Y justo cuando parecían haber dejado atrás una "improductividad" que se extendió durante 15 años (1997-2012), cuando se sacaron de la manga una cauda de reformas estructurales, la noche de Iguala vino a mostrar que la agenda cupular que estos protagonistas pactaron no es la que urge al país. O no como esa agenda está diseñada, con los intereses privados en 1er. lugar y los de la población más necesitada en último.

Esa generación parece resuelta a apostar su supervivencia a una sola carta, a la palanca clave: ellos controlan los medios para acceder al poder, maquinaria que por cierto echarán a andar a todo vapor, y sin límite de dinero, luego de unas nunca más oportunas vacaciones decembrinas.

Lo que está en juego hoy es la legitimidad del gobierno y de los partidos; lo que se demanda es un alto a la corrupción y el derecho a la seguridad y la justicia, de los 43 estudiantes y de todos los mexicanos; lo que se exige es un país con futuro para todos y no sólo para unos cuantos.

Escribí en columnas anteriores sobre la situación real de una izquierda desarticulada, hondamente dividida, fraccionada en grupos que la tienen vulnerable en el Partido de la Revolución Democrática, en plena desintegración de gente, -Godoy, Bejarano, Padierna, el hoy "moreno" Martí Batres, etc, etc, y muchos etcéteras más-, que ha antepuesto sus intereses personales primero, de grupúsculos después y al final del mismo partido, jalando agua para sus molinos con un divisionismo que ha derivado en un debilitamiento, explotando el polvorín al abrirse la cloaca.

La cloaca con los sangrientos y vergonzosos acontecimientos de Iguala y en otras partes del territorio nacional en donde las autoridades perredistas relacionadas con la delincuencia organizada, campeaban dentro de la más denigrante corrupción, poniendo en evidencia ante el mundo entero, la realidad lacerante, pero realidad al fin, del acontecer de nuestro país.

El plan desestabilizador que se padece ve favorecido, lo quieran reconocer o no, al partido de López Obrador, padrino político de muchos que llegaron a ocupar los puestos municipales o gubernamentales que trajeron el caos, cuando aprovechando manifestaciones de apoyo a familias que tienen perdidos a sus hijos, aplican una anarquía de vandalismo que azota a la ciudadanía de bien.

Así, el país fustigado por un desquiciamiento consecuente de un vacío de autoridad, debe de obligar, no solo al PRD, sino al PRI y al PAN, a una reflexión para asumir responsabilidades y dejar ya, de una vez por todas, de seguir intentando hacer creer que México es Disneylandia. La población no lo cree.

El PRD perdió la oportunidad para encontrar un espacio duradero y diferenciado en el espectro político e ideológico. El éxito de sus gobiernos en la capital era su mejor carta de presentación. Una apuesta por la extensión de las libertades ciudadanas, la equidad económica y social, el transporte público y la apuesta por un estado social con amplios programas de inclusión. A diferencia de ello, el partido parece amenazado por la izquierda de Morena y también en peligro de no encontrar una diferencia programática clara con el PRI. Optó por la vía más rápida hacia los beneficios, el pragmatismo sin brújula; ése pragmatismo que ve en los intereses de grupos –ni siquiera de partido- su principal motivación.

En el Pacto por México es cierto que muchos de los compromisos adoptados por los integrantes vieron de la mano del PRD: seguridad social universal; seguro de desempleo; pensión universal; sistema nacional de combate a la pobreza; derechos para los pueblos indígenas; inversión de 1% del PIB en Ciencia y Tecnología, y otras.

A pesar de eso, si nos vamos de los compromisos al cumplimiento, nos damos cuenta que la seguridad social universal, que supuestamente el PRD pactó con Los Pinos para aprobar la Reforma Fiscal, quedó enterrada y "sustituida" por una pensión que no es universal y un seguro de desempleo marcado por la precariedad. Lo mismo sucedió como el Sistema Nacional de Combate a la Pobreza un punto defendido por el Sol Azteca, pero que concluyó en un cambio de nombre del programa "Oportunidades" –Prospera- y una Cruzada Nacional contra el Hambre que dista mucho de ser el programa adecuado para combatir la pobreza en el país.

¿Por qué el PRD sólo abrazó la oposición en la reforma energética? ¿Por qué no criticó la carencia de una agenda de combate a la inseguridad? ¿O las tasas tan paupérrimas de crecimiento económico? En el Pacto por México, la cúpula del PRD fue capaz de acordar beneficios económicos o recursos excedentes para sus estados, pero todo eso sacrificando su agenda y proyecto. Es cierto que se acordaron temas que ha defendido el PRD -combate a la concentración de los medios de comunicación en pocas manos o un tímido aumento del ISR a los que más ganan- sin embargo estas ganancias son superadas por una agenda de reformas que atentó directamente contra el corazón ideológico del partido y su identidad como partido de oposición.

Tras la elección de 2006, Roger Bartra escribió con gran atino que el PRD debía convertirse en el "partido poroso" de México. Poroso por su capacidad para atraer a ciudadanos y servirles como plataforma política. El PRD no sólo no se convirtió en ese partido vehículo para la transformación de una sociedad liberal que coexista con un mercado regulado y un estado de bienestar pujante, sino que intensificó su ruta hacia un partido clientelar, corporativizado y que opera de forma muy similar al viejo régimen. Las tribus no son distintas expresiones ideológicas con programas alternativos. Algo que me parecería normal en un partido con pluralidad interna. Las tribus son simplemente plataformas en defensa de cuotas de poder, encargadas de trazar acuerdos en los estados y repartir el botín.

El PRD no pudo quitarse esa herencia del viejo régimen en que se ve al militante del partido como un movilizador que se le puede contentar con un cargo público. Esto llevó al PRD a convertirse, incluso en la capital de país, en un partido de afiliación masiva, tráfico de cargos públicos y con poca identidad. La construcción de un partido con militancia libre no se ve por ningún lugar.

Es cierto que en mayor o menor medida, pero todos los partidos se encuentran infectados del virus de la corrupción. Sin embargo, el PRD construyó una narrativa que hacía suyo un supuesto bono democrático al haber roto con el PRI, y denunciado la corrupción del partido hegemónico. Este bono se fue diluyendo conforme se apilaban los escándalos en la vitrina del partido. ¿Qué se puede decir de un partido que permite que un personaje como René Bejarano, identificado en flagrancia recibiendo una "mordida" millonaria, vuelva al partido y tenga un papel protagónico? ¿Cómo es posible que en la pasada legislatura los perredistas hayan apoyado a Julio César Godoy para entrar a San Lázaro escondido en la cajuela de un auto y con ello pudiera rendir protesta y ganarse el fuero para no ser juzgado? ¿Cómo es posible que el PRD haya sostenido discursivamente por tanto tiempo a un gobernador como Ángel Aguirre tras los sangrientos hechos de Ayotzinapa?

El panorama es sombrío para el PRD. Confundido ideológicamente, corporativizado a su interior, salpicado por la corrupción y sin una agenda de oposición clara.

La pregunta de quién fue el imprudente que dio las órdenes a la policía y a la procuraduría capitalina para que entraran temerariamente a la UNAM, tiene una respuesta simple: Héctor Serrano, secretario de Gobierno del Distrito Federal, que en la víspera de que su jefe, Miguel Ángel Mancera, se reincorporara plenamente a sus funciones como gobernante en la Ciudad de México, prendió la llama universitaria con una abierta provocación.

¿Qué evaluó Serrano para tomar esa decisión? ¿Por qué decidió abrir un nuevo flanco de batalla en la Ciudad de México? La UNAM se había logrado mantener alejada de los conflictos y la violencia, en un frágil equilibrio mantenido por el rector José Narro, que la actitud insensata de Serrano rompió.

La imprudencia de Serrano no puede ser vista como una estupidez política, porque el secretario de Gobierno capitalino no es tonto. Al contrario, es un político con experiencia en las cañerías del sistema político mexicano que se mueve permanentemente en el lodo. Es peligroso, rencoroso y con una enorme ambición de poder. La decisión de violentar la autonomía universitaria y provocar un conflicto en la UNAM, evoca los tiempos cuando los políticos codiciosos generaban problemas para resolverlos y ganar espacios. El secretario de Gobernación Luis Echeverría lo hizo en 1968, durante el movimiento estudiantil que terminó con una matanza en Tlatelolco, y Manuel Camacho lo intentó en 1994, cuando animó el levantamiento del EZLN con recursos de la regencia capitalina. Uno alcanzó la Presidencia; el otro la ignominia.

A Serrano no le da para la Presidencia, pero en su horizonte está la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Peña Nieto no debe estar nada contento con el gobierno de Mancera. El mismo fin de semana en que partió a Asia, con Mancera en el hospital, Serrano ordenó que se replegara la policía capitalina en el Zócalo, que abrió el camino para que un grupo de provocadores durante una marcha por los normalistas de Ayotzinapa quemaran la puerta de Palacio Nacional, detrás de la cual se encontraba el Ejército, listo para defender la cabecera del poder mexicano. Irresponsable con los mexicanos y traidor a Mancera y al gobierno que representa, Serrano ha estado jugando con un fuego que, si no entiende que contra quien se enfrenta, el gobierno federal, es más fuerte que él, terminará quemándolo a él mismo, a su jefe, e incendiando a la ciudad entera.

la preparación de las elecciones lleva implícita la estratagema para evitar los métodos democráticos. En Acción Nacional le llamaron "designación" y en el PRI "postulación".

Con toda seguridad, en Movimiento Ciudadano hallarán una forma similar, mientras que los partidos con menos militantes e incluso, los que aparecen por primera vez en competencia, recurrirán a alianzas o asambleas prefabricadas.

El resultado es siempre el mismo, porque a pesar de protestas y críticas, los partidos políticos determinan por una vía o por otra, a casi todos sus candidatos. Y en ningún caso, en ninguno, dejan que en un ejercicio democrático se decida a un candidato para una plaza importante. Eso impide controlar el resultado.

El tema es importante por un par de razones trascendentales.

La 1a. es que a pesar de las crisis política y de inseguridad que se viven en el país y se expresan en diferentes movimientos que tienden a convertirse en protestas violentas, las clases cupulares que negocian la distribución del poder y los recursos públicos se empeñan en seguir un camino diferente del que sigue la población.

Así, mientras la agenda de lo que podría denominarse clase política corre en una vertiente, la población (en el mosaico de sus expresiones) mantiene demandas tan claras como mejores oportunidades económicas y la recuperación de los espacios de gobierno que han sido cedidos al crimen organizado. Pero esa es una agenda que sólo se atiende verbalmente y con muy contadas acciones concretas.

La 2a. razón es que con la proclama de eufemismos como "designación" y "postulación", además de oscuras reglas que permiten otra vez las alianzas entre partidos con fines pragmáticos, se desperdicia la reforma política que permitió la figura de candidatos independientes. ¿Es que de verdad se puede creer que un ciudadano sin partido competirá contra candidatos de los partidos tradicionales, contra su financiamiento y sus influencias? Si se presenta el caso, será una anomalía en el sistema. El ciudadano común queda marginado.

Con un nombre o con otro, los partidos políticos burlan el cambio y como recuerda el refrán, aunque se vista de seda, mona se queda.

El PRD está en franco declive; la dirigencia del PRD se cansó de tomar malas decisiones en el caso Iguala, sobre todo respecto a la defensa de Aguirre, pero no es verdad que el único responsable de ello sea Navarrete (inédito desde el día de su elección) o Nueva Izquierda. Son igual de responsables quienes llevaron a esos gobiernos a los Abarca, las Pineda, los Aguirre (o sea el PRD y Nueva Izquierda, pero también sus padrinos, López Obrador y Ebrard), ninguno de los cuales ha asumido su responsabilidad.

Ejemplos hay muchos y no es la primera vez en que el PRD se ve en este tipo de problemas y, que se recuerde, jamás ha ejercido una autocrítica al respecto.

Durante el gobierno de Leonel Godoy en Michoacán, las relaciones de varios de sus más estrechos colaboradores con el narcotráfico fueron evidentes, muchos fueron detenidos en el "Michoacanazo", pero más tarde, de una forma incomprensible, fueron liberados por un juez que ahora él mismo está perseguido por la justicia.

No sólo eso: más tarde, el único prófugo del "Michoacanazo", el propio hermano del gobernador, Julio César Godoy, que pese a las advertencias del gobierno federal fue candidato y luego diputado federal, teniendo orden de aprehensión fue introducido oculto en la cajuela del carro de una diputada perredista al recinto de San Lázaro, estuvo escondido en las oficinas del líder de la fracción, entonces Alejandro Encinas, durante por lo menos 2 días y luego se logró que rindiera protesta y obtuviera fuero.

No sólo eso: el PRD lo inscribió en la comisión de seguridad de la cámara baja. Tuvieron que rebelarse las grabaciones de Godoy con "La Tuta" y efectuarse un largo juicio de desafuero para que Godoy dejara de ser diputado, pero antes se había dado a la fuga y hasta el día de hoy no sabemos nada de él. Pero Encinas jamás ha asumido esa responsabilidad, Leonel Godoy se sienta con Encinas y Bejarano a dar clases de moral y demanda la limpieza de su partido, y ninguno de ellos se ha hecho responsable de sus propias, anteriores decisiones.

Cuando los videos de Carlos Ahumada exhibieron la corrupción del entorno de López Obrador, comenzado por el mismo Bejarano, no se castigó a los responsables, sino a los enemigos de AMLO: Rosario Robles quedó fuera del partido; Lázaro Cárdenas, entonces gobernador de Michoacán, fue aislado; al ingeniero Cárdenas le impidieron incluso dirigirse a sus militantes en reuniones del partido.

Para López todo fue un complot y jamás pidió justicia más que para quienes consideró que lo traicionaron, o más sencillamente eran sus adversarios. Para los otros justicia y gracia, o simple impunidad.

Desde ese mismo entorno se demanda ahora que se investigue la famosa casa blanca de Angélica Rivera y está bien, pero desde hace años nos preguntamos de qué vive López Obrador, de dónde salían sus propiedades en el DF, en Villahermosa, en Palenque, dicen que en Puebla, a su nombre, el de su esposa, sus hijos o hermanos, cuáles eran sus ingresos, si alguna vez había presentado una declaración fiscal, o más simplemente cuál fue su declaración patrimonial en los años en que estuvo de jefe de Gobierno: se nos insultó, se habló de intentos de difamación, de la honestidad valiente del 2 veces candidato, pero nunca se dio a conocer esa información.

Era una demanda legítima que López jamás ha aceptado responder: ¿de qué vive?

La burocracia feliz no acaba de recuperar la vista, y al parecer no lo hará ni a punta de balazos. Todo el país hoy se encuentra convulsionado antes los extremos a que se ha llegado como consecuencia de años y años de corrupción e impunidad sobre todo y por encima de todo en la clase política. Quienes debían identificar, detener y sancionar a los delincuentes acaban asociándose con ellos, quién debería cuidar a las personas es el mismo que las entrega en manos de los criminales. El caso de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas es apenas un ejemplo, y a pesar de todo, el Congreso de Jalisco sigue hundido en ese pantano de pudrición, connivencias y robo descarado, como es el tema de la firma López Castro, o el asunto del auditor, o el de los aviadores, o el de la ineficiencia de los diputados, su carencia de perfil y tantas otras lacras que insisten en sostener así se incendie la nación entera.

Claudio Lomnitz escribió ayer: "El Estado mexicano siempre ha tenido serios límites de poder, pero esos límites han sido siempre cuidadosamente ocultados y negados. Unos aprovechan la fantasía del Estado omnipotente para hacer a un lado sus propias pequeñas responsabilidades y poner en vez los reflectores en el Estado como precondición de todo cambio".

"... Los presidentes, los gobernadores, los diputados y senadores han sido los primeros en servirse de esas fantasías para darse importancia a sí mismos, para construir todo un teatro de poder y, desde luego, para cobrar, y mientras más, mejor. De hecho los lujos de los políticos se han ido convirtiendo también en símbolos de la omnipotencia supuesta del Estado. Un político pobre es un pobre político, porque un político pobre (léase, modesto) no podría resistir estar a la cabeza de un Estado omnipotente".

La multiplicación de las Suburban negras, los muchos guaruras, los carísimos relojes, los demasiados secretarios particulares, privados y personales; las enormes casas, las lujosas oficinas, los modernos hospitales en que se atienden, los protegidos clubes privados donde, cada vez más, despachan nuestros políticos y gobernantes no son más que la manera en que disfrazan su impotencia.

Sabedores del deterioro institucional que hace imposible la resolución de los problemas, expertos conocedores de la ineficacia de su chamba, quieren hacer pasar la riqueza por poder.

-Mira mi casa, mis choferes, mis coches. Claro que soy poderoso- dicen.

Vistos a la distancia se han vuelto indistinguibles de los empresarios a los que deben regular o los narcotraficantes a los que deben apresar.

Que no se extrañen ni molesten después, cuando desde una plaza alguien grite que son lo mismo.

Fueron ellos quienes eligieron el disfraz.

Yo no acepto que en la complicidad de un alcalde, Abarca, y sus policías con el crimen organizado, que la cúpula de su partido, el PRD, conocía y a pesar de eso lo apoyó y promovió, iba a ser diputado federal, al igual que a su esposa que iba a ser dirigente partidista y alcaldesa, no obstante sus lazos familiares con la misma delincuencia, den un salto y concluyan que fue el Estado, haciendo de la tragedia un recurso electoral y un distractor que gritan como el ladrón que huye de la policía: ¡Fue el Estado! ¡Fuera Peña!.

En el Estado de Guerrero se pensó que con la llegada del nuevo gobernador, Rogelio Ortega Martínez, académico decían, las cosas mejorarían, pero resulto que la gestión de este en materia de control de protestas populares violentas, resultó peor que con el anterior gobernador, por lo que ahora resulta que para este funcionario las manifestaciones violentas del sector magisterial, chairos y normalistas, donde llegan ya al extremo de bloquear el aeropuerto de Acapulco, saquear comercios y camiones repartidores, quemar oficinas de partidos políticos y como si nada, quemar el Congreso del Estado, la sede del poder judicial.

Todos estos disturbios a su juicio son de competencia federal por lo que su policía solo será un espectador más de la irracional y altamente agresiva, sin justificación alguna, "protestas". Al citado gober le salió su pasado guerrillero y sólo quiere tratar con el pétalo de una rosa a dichos delincuentes embozados.

Quien alimenta y apoya a este tipo de grupos anarquistas son precisamente las tribus cercanas a MORENA, uno de cuyos líderes, Martí Batres, tiene el descaro, como si tuviera calidad moral, de pedir la renuncia de Peña Nieto. No hay duda que atrás de las legítimas y justas protestas de los padres de familia de los normalistas existe un movimiento muy bien orquestado para desestabilizar nuestro país.

Lo más preocupante de todo esto es la poca credibilidad de algunos miembros de la sociedad que objetan en todo cualquier versión oficial de lo acontecido. Para la izquierda es vital seguir alimentando esto ya que con eso mantiene vivos grupos de choque violentos, exige la renuncia de Peña Nieto distrayendo a la sociedad de los verdaderos culpables afiliados estos a la izquierda mexicana y capta la atención internacional que cree que sus dichos son verídicos.

Del maloliente caso de la consultora López Castro, a la que los diputados del congreso local aprobaron pagarle 58 millones de pesos el miércoles pasado por una presunta asesoría fiscal que hasta la Secretaría de Hacienda niega, se refirió ayer el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval.

Confirmó así lo que tiene irritados a muchos ciudadanos que han seguido la ya muy larga cadena de abusos y la trama de complicidades para garantizar impunidad a la galopante corrupción que se ha dado en las 3 últimas legislaturas. Lo definió como "un robo al pueblo", y prometió actuar.

Al igual que hicieron los diputados de la anterior legislatura, los actuales insisten en que no hay alternativa y tienen que pagar 58 millones de pesos a la empresa Consultora López Castro y Compañía, pues la juez federal que lleva el caso insiste en que, de no hacerlo, serán separados del cargo y consignados por desacato. Lo que sigue sin quedar claro es por qué todas las acciones legales que se han emprendido, con pruebas claras sobre la corrupción e irregularidades en torno a este caso, no han avanzado. ¿Reparto de comisiones?

El Congreso del Estado allana el camino para el "rescate" financiero que hará el Gobierno del Estado. De esta manera, el ejecutivo sería quien pague la deuda que tiene el legislativo con la Consultora López Castro, por 58 millones de pesos.

El legislativo pide que les depositen un adelanto del recurso de 2015, comentó el presidente de la mesa directiva, Trinidad Padilla López.

Por vez primera sentí empatía con un político. Que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, aparentara el viernes pasado perder el control y decir que ya estaba cansado, es lo más parecido a lo que muchos ciudadanos sentimos por ellos. Inversamente proporcional. Hartos de los pocos resultados en su trabajo y de la responsabilidad de contar con un sistema político debilitado, en el que sin duda alguna, tampoco nadie cree.

¿Qué pasó en los 10 días previos a que el gobierno federal se hiciera cargo de la investigación? No nos engañemos: a nivel municipal y estatal, se desvió el curso de la investigación. Esa 1a. semana supuestamente buscando a los jóvenes casa por casa en Iguala porque supuestamente estaban escondidos fue criminal; el que el gobernador Aguirre y el procurador Blanco no pudieran o quisieran mantener bajo vigilancia al presidente municipal y su esposa, al jefe de la Policía local y a otros involucrados, que no pudieran proporcionar desde un 1er. momento una información mínimamente fidedigna sobre lo ocurrido pasa de la sospecha o la negligencia a la complicidad.

El gobierno federal es responsable de haber confiado en esas autoridades, por lo menos en las estatales, pero también se debe reconocer que tomó una indagatoria en la que hubo que revisar, incluso, si las autoridades locales no habían falseado las pruebas de ADN de los familiares. Se hicieron cargo 10 días después de los hechos, tendrían que haberlo hecho mucho antes, pero la autoridad federal literalmente se pasmó ante lo sucedido, no supo ni cómo ni de qué manera reaccionar.

Pero terminó haciendo una investigación seria. No son los responsables de las muertes y resulta indigno que hoy haya quienes digan que no creen en los resultados de la investigación y que sean los mismos que sostuvieron contra viento y marea a Aguirre en la gubernatura incluso cuando el gobierno federal ya había intervenido en el estado.

El PRD y Morena tienen un alto grado de responsabilidad política: el PRD por lo menos la ha asumido, aunque sea en forma tardía e incompleta, lo de Morena es de terrible, ante su evidente vinculación con los responsables.

Ni el PRD ni Morena, como instituciones partidarias, tienen responsabilidad material en los hechos, pero lo menos que se esperaría sería una autocrítica sincera, incluyendo el comportamiento que asumieron inmediatamente después del secuestro de los jóvenes, de defensa de las autoridades locales, mismas que deben ser juzgadas y en su caso sancionadas.

El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, dijo en su 2o. Informe de Gobierno que el saqueo del último año (2012) de la administración de su antecesor, Andrés Granier Melo, asciende a 11,191 millones de pesos.

Nada nos ganamos con sólo protegernos de elegir candidatos que puedan tener ligas con el crimen organizado, si no podemos impedir que los que llegaron limpios y fueron electos, ya en el ejercicio del cargo caigan en brazos de las mafias delincuenciales. El blindaje no sólo debe ser de candidatos, sino que también de gobernantes. Aquí el problema es ¿cómo lograrlo? Discutir cómo protegernos de gobernantes-delincuentes, parece más pertinente que elucubrar cómo evitar elegir delincuentes-candidatos.

Requisito sine qua non para el buen comienzo de cualquier acuerdo o pacto en favor del Estado de Derecho es que debe ser sólo entre autoridades, sin la participación de los partidos políticos, pues estos no son poderes ni órganos del Estado. Además, si alguien ha tendido su manto protector a los funcionarios-delincuentes para dotarlos de impunidad, son precisamente los partidos políticos.

Desde hace 8 años más o menos, y está publicado en varios periódicos y libros, el analista y académico Edgardo Buscaglia ha señalado de manera insistente que en México prevalece un pacto de impunidad entre los partidos políticos que mientras no se rompa desde adentro, mantendrá al país en esta espiral de violencia y corrupción en la que está inmerso; y, agrego, con el grave riesgo de un estallido a causa del hartazgo de la sociedad en general.

A raíz de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado, el académico ha estado insistiendo, sobre todo en medios internacionales, sobre la urgencia de que la comunidad mundial respalde a la sociedad civil mexicana como la única fórmula para que el Estado mexicano, desde adentro, purgue el sistema.

En una entrevista para la Deutsche Welle reiteró la existencia de ese pacto de impunidad y añadió que personajes como Carlos Navarrete, del PRD, ya lo han reconocido, sin embargo, hasta ahora no se hace nada para acabar con él y empezar una labor profunda y auténtica de saneamiento del Estado mexicano.

Buscaglia aporta una serie de medidas muy concretas con base en las experiencias de Colombia, Estados Unidos, India e Italia, que contemplan, por un lado, la movilización constante y pacífica de la sociedad civil (cero violencia porque sirve de pretexto al Estado mexicano para criminalizar y descalificar; sería contraproducente pues, aunque en este sentido es importante acotar que, por lo mismo, se sabe que desde células del poder se mandan infiltrados para saquear y "reventar" las manifestaciones generando indignación, rechazo y temor) y, por otro, el respaldo de la comunidad internacional, particularmente de entidades globales como la Unión Europea o la Organización de las Naciones Unidas, por sólo mencionar 2, para presionar el gobierno y emprender los cambios profundos en la estructura gubernamental.

¿Qué medidas propone Buscaglia? Desde la sociedad civil, manifestaciones pacíficas y masivas, paralización del sistema económico para obligar al Estado a comenzar la purga. Y, una vez logrado eso, para empezar la limpieza: "Habría que implementar en la práctica, a través de causas penales, los tipos penales relacionados con el conflicto de interés: tráfico de influencias, malversación y desvío de fondos, que son los 3 tipos de corrupción política más frecuentes. Hay que reformar los códigos penales para que el conflicto de interés se tipifique como delito... Esto es un trabajo del poder legislativo y tiene que hacerse de manera urgente".

En este contexto ¿servirá de algo el pacto que propone el Presidente? Sólo que sea un anti pacto, es decir, una medida para acabar con el pacto de impunidad que prevalece entre los partidos políticos.

López Obrador para distraer la atención trata de confundir a la opinión pública exigiendo por el caso Iguala la renuncia de Peña Nieto, se le olvida al señor que él impulsó a la pareja infernal, que el gobernador de Guerrero era del PRD, que el procurador del estado es también de ese partido y que las normales rurales en verdad son escuelas de guerrilleros y si la Secretaría de Educación Pública quisiera cerrarlas, las defenderían a capa y espada.

Millones de mexicanos ya no le creen a una clase gobernante que traiciona sus compromisos, una clase política (de todos los partidos) atravesada por la corrupción, el financiamiento ilegal de sus campañas, una clase política indecente que de manera cínica ha dejado de cuidar las formas y ha desnudado sus intereses personales o de grupo.

Y ante el tamaño de esta crisis que atraviesa México, a la clase gobernante no se le ocurre otra cosa que convocar a un pacto contra la inseguridad y la aplicación del estado de derecho (como ha hecho en otras crisis). A este pacto el presidente Enrique Peña Nieto convocará a todos los niveles de gobierno, y partidos profesionales, acuerdo al que se quiere sumar a representantes de la sociedad civil.

Si fuera cierto este pacto, empezaría por dejar libres a los miles de presos políticos que defienden de manera justa sus territorios y derechos y meter a la cárcel a alcaldes, diputados, senadores, gobernadores, funcionarios federales y ex presidentes o a sus familiares que se han corrompido.

Para llegar a la casa de seguridad donde fueron arrestados los Abarca Pineda hay que subir un cerro, serpentear callejuelas -algunas sin letrero y otras con dos nombres-, topar muchas veces con pared y preguntar constantemente a los locales.

Me queda claro que aquí no entra cualquiera y que quien trajo a José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda a esconderse aquí es porque tiene contactos.

Noemí Berumen Rodríguez es la rica de la colonia. Su familia es dueña de salones de fiestas y -ahora se sabe- proveedora de infraestructura para mítines de Andrés Manuel López Obrador (otro dato que sigue acercando al líder de Morena con el escándalo Abarca-Lady Iguala-Mazón).

En el expediente se señala a la joven Berumen Rodríguez como la operadora de la evasión de la justicia de la familia Abarca.

La declaración más reciente -de ayer apenas- del presidente municipal [de Guadalajara], Ramiro Hernández García, no puede interpretarse sino como una capitulación, por desgracia. Su aseveración de que "hacer efectiva la prohibición" que establecen los reglamentos municipales, de ejercer el comercio ambulante en el primer cuadro de la ciudad y particularmente en la zona que hace años se liberó del tráfico de vehículos, supuestamente en beneficio de los viandantes, "es imposible"... El argumento es irrebatible: "Es una zona que está rebasada en la actividad comercial". La conclusión -en sus propias palabras-, por lo consiguiente: "A veces queremos negar la realidad a partir de prohibir, cuando hacer efectiva la prohibición es prácticamente imposible".

Una pena que, al darse por vencido, no acertara a honrar su compromiso de resolver ese problema social... ni estuviera a la altura del principio de que "gobernar es el arte de hacer posible lo deseable".

En el discurso, los partidos se han pronunciado por garantizar que sus candidatos a la elección de 2015 no estén involucrados con el crimen organizado, para evitar que se repita en Jalisco un caso como el de Iguala, Gro. Sin embargo, en los hechos no van más allá de un compromiso de "buena voluntad" y evitan una acción tangible de blindaje, como la publicación de las declaraciones patrimoniales o la aplicación de pruebas de control de confianza, que incluyen exámenes toxicológicos, psicológicos, médicos, poligráficos y socioeconómicos.

El ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Guillermo Valdés Castellanos, apunta: "Si va contra la ley obligar a la entrega de las declaraciones patrimoniales y hacerlas públicas, los partidos podrían no negarles el registro, pero podrían comprometerse a publicar (los nombres) de los que sí transparentaron y quiénes no".

Hay un dato que exhibe la opacidad de candidatos: en 2012, el otrora IFE instaló en internet un espacio para que los partidos difundieran los datos curriculares de sus candidatos; sin embargo, sólo 22% utilizó la plataforma.

El tema de los no antecedentes penales tendría que integrarse a través de un convenio en el que los partidos acuerden con todos sus precandidatos la posibilidad de que aceptaran que se hiciera una investigación en ese tenor por parte de la fiscalía.

Algunos ex legisladores ya están preocupados. El tema que va y viene y que parece reciclado es el del adeudo millonario con la Consultora López Castro. Resulta que los diputados otra vez fueron requeridos para pagar los 58 millones de pesos a la empresa que supuestamente logró ahorros por concepto de impuestos. La duda sigue en el aire: ¿por qué los ex diputados Enrique Aubry como presidente del Congreso [de Jalisco] y Raúl Vargas como presidente de la Comisión de Administración firmaron un documento para reconocer el adeudo de un presunto beneficio que dicen, nunca recibieron?

Versiones de quienes estuvieron cerca de ese proceso dicen que los ex legisladores signaron el documento con el argumento que si no se reconocía esa deuda, los intereses crecerían, aunque los ex legisladores buscan argumentos legales para no pagar. Mientras, el proyecto presupuestal 2015 del congreso tiene previsto destinar más de 70 millones de pesos para López Castro.

El secretario general de Gobierno, Roberto López, llamó a los diputados a encontrar los argumentos legales para no pagar. El gobierno interviene y le preocupa el asunto porque "el chistecito millonario" podría ser cubierto por el ejecutivo ante la falta de liquidez del congreso.

Hay dudas específicas sobre el operativo del viernes que las autoridades deberían responder.

La 1a. es ¿quién ordenó el operativo y cuál era el objetivo? Porque, si el objetivo era rescatar 800 kilogramos de piratería, en un lugar donde hay toneladas, resulta verdaderamente absurdo haber corrido los riesgos que se corrieron por esa cantidad (piratería, por cierto que luego fue robada a los policías y que está ya de nuevo en el mercado como si nada hubiese pasado).

2a., ¿quién fue el responsable de la planeación de dicho operativo? Las autoridades quieren hacer como que no pasó nada, al contrario, que gracias al heroísmo de los cuerpos policiacos se logró contener a una muchedumbre enardecida. La planeación no fue mala, fue pésima y el autor de ese plan debería estar ya fuera de la Policía. Uno esperaría que después del resultado el señor(a) que planeó este operativo renunciara por su propia vergüenza, pero como eso no va a suceder, sino que por el contrario va a responsabilizar a los de arriba, resulta indispensable saber quién es y correrlo, o al menos reubicarlo(a) en donde no haga daño.

3a., ¿por qué si el operativo era contra la piratería, los únicos detenidos son los que saquearon el Oxxo? No hay duda que esos saqueadores merecen pisar el bote, pues nadie puede ni debe atentar contra el patrimonio de nadie, pero las autoridades han destacado estas detenciones como si se tratara de verdaderos delincuentes, asegurando que no saldrán bajo fianza y dándoles trato de peligroso capos, cuando la verdad es que el crimen organizado de San Juan de Dios ni siquiera fue tocado.

4a., ¿qué sigue? Ya nos han dicho que en San Juan de Dios hay fayuca y piratería, y sabemos que hay muchas cosas más, desde discos y ropa pirata hasta casi cualquier cosa ilegal que uno pueda imaginar. La pregunta es qué van a hacer las autoridades, todas (porque el responsable de la seguridad no es el gobierno sino el Estado en pleno) para resolver el problema.

Todo lo que haga es responsabilidad única y exclusiva de usted, de nadie más. Debe estar consciente de que no es el efecto, sino la causa de todo lo que ocurra. El lapso entre ambos -causa y efecto- será la única diferencia.

Si las autoridades de todos niveles entendieran esta ley que algunos definen como "kármica", la realidad sería muy distinta a lo patético que resulta conocer, una vez más, que la seguridad en las calles de la ciudad es vulnerada y vulnerable a manos de cualquiera.

El viernes pasado se escribió un capítulo del tipo, el operativo en contra de la piratería que derivó en actos vandálicos y daños a las cosas en calles cercanas al mercado San Juan de Dios, que se reduce al discurso utilizado en respuesta a casos lamentables como el clásico de futbol tapatío del pasado mes de marzo: "Falló el protocolo". Así, con esa ligereza se justifica la falta de coordinación de las autoridades responsables de la seguridad en todos los niveles de gobierno.

Sólo 4 detenidos dejó la gresca: 3 vehículos quemados y una tienda de conveniencia saqueada. Esperamos que los involucrados que ahora están en Puente Grande, sí sean los que dicen que fueron. ¿Le parece convincente el resultado? ¿El actuar de las corporaciones policiacas?

3 horas después del inicio de los actos fue cuando los polis reaccionaron, obvio, porque no había una cabeza que dijera qué hacer. Al menos no pronto.

Buenos también para hacerse los enojados en la Fiscalía General del Estado y hacer frente a la situación. Acuérdese que el enojo es un tipo de manipulación y vale más estar enojado, que verse acobardado.

El caso es que estamos ante una serie de problemas recurrentes en donde la impunidad y la corrupción siguen vigentes al permitir que decenas de personas invadan las calles para comercializar mercancía de dudosa procedencia sin que cumplan con las obligaciones de cualquier comerciante formal. Que además hagan de las calles su forma de vida y también su escudo protector y que nadie, absolutamente nadie, les ponga un alto.

Estamos además ante la falta de capacidad para actuar de forma efectiva y coordinada de las autoridades, aunque insistan en lo contrario. Su tibieza para realizar operativos no termina por solucionar el problema de fondo.

Lo que ocurre en esas calles es responsabilidad de quienes lo permiten. Los efectos nocivos del comercio informal tienen una causa y se llama gobierno.

Aunque su construcción se prolongó 13 años y requirió de 28,600 millones de pesos, sólo bastaron 12 meses desde su puesta en marcha para que la autopista Durango-Mazatlán presentara desde baches hasta la falta de iluminación en túneles. Un recorrido reveló baches, "jorobas" y parches en el 30% de la superficie de rodamiento de la carretera, así como la ausencia de señalamientos, iluminación y ventiladores en túneles, lo que pone en riesgo a más de 2,000 usuarios que diariamente la recorren. "Además de cara la supercarretera es peligrosa", dijo uno de los viajeros. Para llegar de Durango hasta el puerto de Mazatlán y regresar, es necesario pagar 1,012 pesos, es decir 2.2 pesos por kilómetro.

No basta ya que la ineptitud de dirigentes partidista "reconozcan", -faltaría más que no lo hiciesen buscando las salvadoras justificaciones-, equivocaciones y errores en la postulación y posesión de puestos, de auténticos delincuentes en el poder.

Ahora lo ha tenido que hacer el PRD, pero va con todos los partidos y colores. El ofensivo caso de Iguala con José Luis Abarca, su mujer intentando la sucesión como cabecilla de una mafia familiar reconocida y apoyada, -de ahí el origen de los desaparecidos-, con respaldo de la dividida izquierda mexicana e imposición que desenmascara a López Obrador con su "morena", derivó que Luis Mazón, hermano de Lázaro Mazón ex secretario de Salud de Guerrero con nexos con los nefastos Ángel Aguirre, ex gobernador y el prófugo Abarca, asumiera la alcaldía igualteca, renunciando a las 7 horas del acto... ¡Papelón perredista!

La ilusoria visión gubernamental de que la delincuencia disminuye y la "seguridad aumenta", hace, visto lo visto, que la desconfianza campee en el sentimiento ciudadano.

La confianza no se pide. La confianza se gana.

Pasó la reforma política y ni una palabra se dijo del blindaje electoral. Entre "pluris", reelección y candidaturas independientes, el blindaje de las candidaturas despareció de las negociaciones. Tuvo que aparecer un alcalde infiltrado familiarmente, políticamente y personalmente, para que se entendiera la necesidad de blindar los cargos públicos de los tentáculos del crimen organizado. La cooptación de espacios políticos por parte del crimen organizado puede aparecer en 2 momentos: en las elecciones o ya en el cargo.

A nivel de blindaje previo a la elección, 3 mecanismos podrían disminuir el porcentaje de candidatos que llegan a cargos públicos con compromisos con el crimen organizado: presentación de declaración fiscal en donde los candidatos expliquen sus ingresos, comprobaciones y forma de vida. Es tiempo, como lo señaló Luis de la Calle, de que la información fiscal sirva en materia de combate a la inseguridad. En 2o. lugar, la declaración patrimonial. Es un instrumento fundamental para que el candidato rinda cuentas sobre sus bienes y la forma en que los adquirió, así como las posibles responsabilidades y compromisos previos. Y, por último, no habría que descartar la "silla vacía", creada en Colombia a raíz del mismo problema que tenemos ahora y que obliga a que los partidos sean más responsables a la hora de elegir a sus candidatos ya que si se les comprueba nexo con el crimen, automáticamente pierde el escaño el ganador y el partido. Nada nos asegura de que delincuentes entren en las instituciones públicas, pero lo que sí podemos hacer es encarecer ese acceso y generar incentivos para que los partidos políticos asuman decisiones más responsables.

Políticos, partidos y autoridades de todos niveles son tejedores de la impunidad imperante, receptores de los beneficios de la corrupción.

Culpa compartida por los partidos políticos por haber privilegiado el pragmatismo por sobre la ética política con selección de candidatos sin escrupulosidad, acciones donde ganar la elección, el presupuesto, el poder, ha sido el objetivo, sin importarles cómo, ni con el dinero de quiénes. Un PAN con políticos corruptos; un PRI con gobernadores enriquecidos sin saciedad; un PRD perdido en la búsqueda de conservar lo que no puede cuidar. Y todos dándole la espalda a la población. Todos usando a los ciudadanos en las urnas para luego dejarlos a su mala suerte que los propios partidos construyeron.

Culpa de las autoridades con estrategias de seguridad deficientes y cuya negación de sus errores los conmina a repetirlos sobre el cuerpo sangrado de la población. Autoridades que en la incapacidad y/o en la complicidad, pero siempre en la impunidad, no responden ni bien, ni a tiempo, y dejan a la población en la indefensión provocada.

Podríamos decir que no ha habido tregua en realidad contando de la administración de Felipe Calderón a la fecha. Muertos y desaparecidos, muertos y desaparecidos, muertos y desaparecidos. Sin tregua y sin una nota, un matiz, una señal o un signo de que será diferente a partir de hoy, de que habrá justicia y de que realmente se combatirá con éxito la impunidad. Al contrario.

La información se oculta, se raciona, se tergiversa, se manipula y, ajenos a la verdad, en medio de un mar de incertidumbre y datos contrastantes, de dolores que provocan reacciones diversas, la sociedad se divide en un proceso que también genera desencuentros muy dolorosos porque se diluye el impacto y el esfuerzo de los mexicanos ávidos de justicia y de información verídica y confiable.

Sin tregua, porque mientras estos dolores laceran a miles de mexicanos a lo largo y ancho del país, la clase política se sirve con la cuchara grande con el proyecto de ley de ingresos, hace planes para las próximas elecciones y se alista para disfrutar de sus vacaciones decembrinas con sus bonos, sus aguinaldos y sus sueldazos.

No es fácil para un partido político naciente el tener los cuadros y la movilización necesaria para poder sobrevivir en procesos donde los grandes se despedazan entre ellos y dejan las migajas a los pequeños. Por ello, la chiquillada ha intentado, de siempre, aliarse de tiburones para, cual rémora del erario, vivir de las sobrinas.

Lo hizo el PARM, el PPS, el PST que se transformó en el PFCRN, lo ha hecho el verde en chaquetera forma, lo hacen de forma regular el PT y Movimiento Ciudadano, lo hacen hasta los partidos locales que, desesperados, necesitan un poco de oxígeno.

Morena no pretende hacerlo. Guiados por la luz que emana de López Obrador, el partido ha transitado con la confianza de que su mesías los llevará a la tierra prometida de las prerrogativas.

Para ello, el ex jefe de Gobierno del DF ha convertido el partido en el reflejo de sus caprichos y designios personales, ha seleccionado candidatos y aliados bajo su visión personal y el cálculo político de influencia local que los lleve a la competencia.

De esa forma, Morena tiene listas las armas en varios estados, algunos serán exitosos y hasta podrán arrollar como en delegaciones del Distrito Federal. En otros, las complicidades son vergonzosas.

Guerrero es un ejemplo de ello. López Obrador transó con Ángel Aguirre su apoyo local en 2012 a cambio de que su alfil estuviera en su gabinete. Lázaro Mazón se levantó de la presidencia municipal de Iguala, pero dejó un encargado de despacho que salió del lumpen para transformarse en edil y millonario. Así, el líder más polémico de la izquierda mexicana terminó en la misma cama que el crimen organizado.

Aunque, si lo pensamos, ya son varias las coincidencias donde "El Peje" acaba embarrado de tunantes. Ponce, Bejarano, Imaz, nombres que lo perseguirán hasta el final de sus días. Otra vez, AMLO dice no conocer y hasta repudiar truhanes, pero olvida fotos y vídeos donde levanta manos y, sonriente, les dice ganadores.

Hay 2 caminos que expliquen esto, desconocimiento que refleja impericia en el gobierno o complicidad que revela perversidad. En cualquier caso, las salidas para él y Morena no son agradables. De hecho, es perder-perder antes de junio de 2015.

Si algo faltara, el colofón lo tiene su boca. AMLO reclama a periodistas independientes que no están con él de cuestionarlo. Nadie le explicó el tiro en el pie: si son periodistas independientes es claro que no estarán de su lado. Lo que es peor, si existen esos "independientes" que están con él, entonces no son tan libres y sí, militantes.

Ya me imagino el berrinche que está haciendo el sexagenario Manuel Andrés López Obrador (MALO), candidato permanente a la Presidencia de nuestro país, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no quiso avalar, decisión por cierto definitiva e inatacable, su consulta popular en materia energética, ya que resolver lo contrario violaría la Ley de Consulta Popular publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014, misma que faculta a ese órgano de impartición de justicia a calificar si es de importancia nacional y si reúne los requisitos establecidos en dicha ley para su procedencia. Sin embargo, al dueño de MORENA se le "olvidó" que hay una serie de situaciones que no pueden ser objeto de consulta popular, entre otras: la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; la materia electoral; la seguridad nacional; los ingresos y gastos del Estado, como es el caso concreto; entre otras.

Es claro que MALO conocía el resultado del teatro armado al prometer a sus "pejezombies" que la solución para revertir la Reforma Energética era precisamente su "Consulta Popular", situación que ahora le permitió nuevamente -"al diablo con las instituciones"- insultar a los señores ministros calificándolos como "vulgares corruptos".

Lamentablemente este señor, a quien por cierto, ahora le falla la memoria, cuando las cosas le favorecen está de acuerdo, pero cuando no le resultan como él pretende, es motivo suficiente para mandar a volar el estado de derecho, insultar a los funcionarios y organizar manifestaciones que en nada ayudan al desarrollo nacional.

Nuestro país es "pasto seco", lo que significa que con cualquier chispa puede provocarse un gran incendio y quien parece interesado en dicha ignición es el antes aludido dirigente de "izquierda". Digo esto porque curiosamente los líderes del pseudomovimiento "estudiantil" que han paralizado el Instituto Politécnico Nacional son afines a MORENA; además el presidente municipal de Iguala y su esposa, perseguidos por los sucesos ocurridos en Guerrero, resultan tener nexos con el eterno ex candidato a la presidencia, no obstante que de inicio negó cualquier relación entre ellos, a pesar de la evidencia en contrario.

En Jalisco fuimos testigos de una gran regresión al haber cerrado la puerta los señores diputados a la posibilidad de que el auditor superior del Estado compareciera ante el Pleno del Congreso e informara de las supuestas irregularidades en el proceso de construcción y equipamiento del nuevo edificio de ese órgano. ¿Qué se puede esperar de cualquier dependencia o funcionario cuando el órgano encargado de la vigilancia de las cuentas públicas es el más opaco de todos?

¿Cómo le exigió a los contribuyentes que paguen sus impuestos cuando vemos que dicho órgano solo está a las órdenes del mejor postor, lavando las cuentas y emitiendo dictámenes sin observación alguna? A nuestros políticos se les olvida que son dineros "públicos" y eso quiere decir que son de todos nosotros y no de ellos.

El Congreso del Estado recibió una nueva notificación de un juez federal, a través de la cual se le pide que informe del cumplimiento de la sentencia que se dictó a favor de la empresa Consultora López Castro y Compañía. Dicha resolución es la que determina que el poder legislativo debe pagar 58 millones de pesos a los particulares.

Para cumplir con la resolución, el Pleno del Congreso del Estado resolvió esta mañana, en sesión extraordinaria, dar instrucciones a la Secretaría General, para que verifique el cumplimiento que se ha dado a la sentencia. En la práctica, se trata sólo de responder al juzgado federal, porque los diputados no tienen recursos para pagar.

La notificación fue recibida el 29 de octubre por el congreso y se les concedió un plazo de 24 horas para darle cumplimiento.

Durante años hemos mantenido la fuerte sospecha de que en México el tema "Gobierno" es una gran simulación: hay un grupo que se hacen llamar políticos que simulan que gobiernan un país, y una gran población que simulamos que nos gobiernan, y que lo hacen bien, cuando en realidad subsisten los serios problemas de pobreza, injusticias, impunidad y marginación. Y casos como lo que está ocurriendo en Iguala vienen a darnos la razón: vivimos una gran farsa que tiene como última de sus preocupaciones la vida misma, y como primera la forma de hacer negocio con el pretexto de gobernar.

Muchas son las aristas que llaman la atención, como ciudadanos, de lo que ocurre en Guerrero. Primero, que resulta increíble para aquellos que estamos medianamente informados sobre lo que es la modernidad y las aspiraciones de la humanidad en el arranque del siglo XXI que exista un territorio en un país que se asume como "moderno" donde se manejen y actúen con total impunidad grupos de delincuentes, y que se muevan a la perfección desde los círculos del poder, ocupando posiciones como funcionarios y gobernantes, y también en la realidad brava de la montaña donde pueden a su antojo disponer de vidas y sepultarlas "en el monte" en una de tantas fosas clandestinas ante la indiferencia del mundo.

Por otra parte, políticamente se evidencia el enorme descuido (voluntario o involuntario) de las tribus de la izquierda para promover que un municipio sea gobernado por un matrimonio ligado a la delincuencia.

Al interior de la propia izquierda (que ya muy poco tiene que ver con causas sociales o populares) se están dando con todo atacando las cabezas visibles y desacreditando a sus correligionarios.

Quizás en su ambición y miopía política no se dan cuenta que el meterse a bañar todos en una alberca de porquería, y arrojársela entre ellos, siguen acumulando puntos en su desprestigio, y fabricando la genuina percepción de que todos son igual de culpables, y de que casos similares a Iguala deben existir en todo el país, por ese afán de aliarse con quien sea con tal de ganar posiciones.

Al final estos errores se traducen en facturas que la ciudadanía cobrará por distintas vías, que pueden ir desde la indiferencia ante planes y promesas, hasta el repudio y el rechazo cada vez que esa clase simuladora requiere de algo, aunque sólo sean votos.

Cuando Miguel de la Madrid blandió la bandera de la "Renovación Moral de la Sociedad" (así, con mayúsculas), en su campaña rumbo a la Presidencia de la República (ejerció el cargo de 1982 a 1988), hubo ilusos que creyeron que podría ser verdad tanta belleza... e ingenuos que se supusieron que el asunto iba en serio.

Resulta ocioso repasar la historia para llegar a la conclusión de que la cacareada "Renovación Moral de la Sociedad" resultó un fiasco. Uno más: como la prosperidad y aun la riqueza generalizada (recuérdese la recomendación de José López Portillo, de "prepararnos para administrar la riqueza" de la que ni siquiera se salvarían quienes hubieran hecho voto de pobreza) que casi todos los presidentes han anunciado al cambiar, en las campañas -modelos de impudicia y desvergüenza, vía de regla, donde los haya-, los espejitos de las promesas por el oro de los votos.

Botón de muestra de lo anterior, la lista de 22 empleados -entre miles que hay en la administración pública- del Congreso del Estado que, generosos, se dieron de alta en otras dependencias públicas, aunque los tachen de "dobleteros", dispuestos a llevar hasta el grado del heroísmo su vocación de servicio.

La Patria sabrá reconocérselos.

A pesar de los casi 10 años de existencia del Instituto de Transparencia e Información Pública, todavía existen en Jalisco municipios que dejan mucho que desear en cuestiones de rendición de cuentas. La mayoría, de hecho, apenas cumple con lo básico. Otros ni siquiera tienen portal de internet para que los ciudadanos puedan revisar cómo se gasta el presupuesto, los ingresos municipales, el trabajo edilicio, la nómina, entre otros aspectos de interés público.

De los 125 municipios en la Entidad, 113 cuentan con un sitio web; sin embargo, a partir de una revisión de sus portales de internet se aprecia que apenas 22 cumplen con las obligaciones en los 4 rubros evaluados: la nómina actualizada, los cheques expedidos, las actas de las sesiones edilicias y el estado de la deuda pública.

López Obrador sí sabía de dónde provenían Ángel Aguirre, Lázaro Mazón (su candidato a gobernador por Morena en Guerrero y el hombre que promocionó políticamente a Abarca) y el propio ex presidente municipal. Se supone que López Obrador es particularmente cuidadoso en esos temas. Pero también sabemos que cuando se trata de conseguir espacios de poder y de sumar votos, el discurso de Andrés Manuel sobre la mafia y la honestidad valiente, pasan a 2o. plano: ha terminado con compañeros de ruta que eran y son impresentables, por lo menos desde una perspectiva de izquierda: ¿desde cuando Manuel Bartlett es un hombre de izquierda, desde cuándo lo fue Aguirre o antes Zeferino Torreblanca, o Ricardo Monreal?

El propio Mazón, cuyo hermano Luis fue designado como presidente municipal de Iguala (falta la aprobación del Congreso de Guerrero), tanto como Abarca, eran candidatos que podían acercar votos, nada más. Pero eso es lo que les pide AMLO: si le acercan votos tienen, como en la iglesia, tras ciertas dádivas, sus indulgencias plenarias concedidas de inmediato.

El problema de López Obrador en el mitin del domingo, no es que haya protegido a Abarca y Cia., sino insistir en que no los conoció ni trató, ni fueron sus aliados políticos. Todo eso es falso: no fue cercano, fue muy cercano a Aguirre, sobre todo en la etapa en la que el ahora ex gobernador (¿ex gobernador?, su sustituto Rogelio Ortega mantiene su mismo equipo y se declara ferviente admirador de su antecesor) era una pieza de Marcelo Ebrard que fue quien lo trajo a la candidatura perredista sin que ni siquiera hubiera renunciado al PRI.

Por cierto, como se recordó ayer, Aguirre terminó ganando Guerrero gracias a un invento periodístico sobre supuestas relaciones del priista Manuel Añorve con el narcotráfico, que explotaron en el PRD en esos últimos días de campaña ad nauseam. Todo era falso, pero sirvió para ganar. Nadie aceptó, entre los difusores y los ganadores, más tarde esa falsedad.

Pero volvamos al tema. López Obrador conocía a Aguirre y a Mazón perfectamente, tuvo relación con Abarca, conocía la situación en Tierra Caliente, porque un hombre que lleva 12 años en campaña permanente, sobre todo en esos rumbos, no puede no conocerlo.

Y la ignoró porque la lógica fue y es que le acercaran votos. ¿Lo hace eso responsables de encubrimiento criminal? Por supuesto que no, pero muestra, exhibe, su lógica política, la exhibe en la propia respuesta que supuestamente le dio a quien le mostró algún periódico con denuncias contra Abarca en Iguala: "hay que apoyar a todos". No importa quiénes son, necesitamos votos.

Algo similar sucede con un PRD que ha mostrado en esta historia los peores reflejos políticos de décadas.

Al igual que López Obrador conocían, tanto que los postularon, a todos los actores principales, desde Aguirre a Abarca.

Eso no los hace cómplices de sus crímenes, pero muestra su flexibilidad política a la hora de elegir candidatos. Pero más allá de eso, lo que resulta incomprensible es por qué el PRD se empeñó en mantener a Aguirre en su cargo cuando se acumulaban acusaciones y presiones contra el ahora ex gobernador.

Aguirre era un personaje insostenible porque permitió que se fugaran Abarca, esposa, familiares y jefe de Policía de Iguala y desvió durante una semana conscientemente las investigaciones. ¿Por qué lo mantuvo el PRD? ¿por qué inventar la dicotomía de que el tema no era la renuncia de Aguirre sino el encontrar a los desaparecidos cuando resultaba evidente que la permanencia de Aguirre, al ser éste un crimen realizado desde el Estado, era uno de los mayores obstáculos para recuperarlos?

Es incomprensible, tanto como la feroz negativa de AMLO de aceptar que efectivamente tenía y en algunos casos mantiene, una relación política directa con algunos de estos personajes.

Salvo que alguien muestre alguna prueba que hasta ahora no se ha exhibido, ni el PRD ni AMLO son responsables de haber encubierto un crimen como el de Iguala.

Son responsables, eso sí, de una forma de hacer y entender la política en la cual los principios que se pregonan no coinciden con la forma en la que se actúa. Pero eso, por lo menos en López Obrador, es casi una norma.

Los suyos, siguiendo una paráfrasis bíblica se convierten en puros por haberlo seguido a él, no importa de dónde vengan, seguirlo condona todos los pecados: eso sucedió con Abarca, con Mazón, con Aguirre.

A partir de las matanzas de 1968 y 1971, la izquierda levantó en sus marchas y discursos la bandera del alto a la represión del Estado.

El grito de "¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!" se volvió emblema por las denuncias de desapariciones forzadas.

Pero en años recientes, esas consignas históricas se deformaron en la caricaturización del movimiento social victimizado por la brutalidad de la fuerza pública: los manifestantes golpeaban a granaderos quienes, resistiendo el embate, escuchaban que ellos eran los representantes del "Estado violento".

Con presidentes muy acotados por las nuevas reglas democráticas, el discurso de la izquierda seguía instalado en la dinámica setentera de la "guerra sucia": mientras desde el gobierno hay pánico de usar la fuerza contra un movimiento social -por violento que éste se torne- en las manifestaciones izquierdistas el discurso no se ha suavizado un ápice: "ahí viene otra matanza como en el 68" es la advertencia permanente.

Y entonces llegó el 26 de septiembre de 2014.

El peor acto de represión estudiantil de los últimos 40 años lo cometió... la izquierda en el poder.

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa representa el más atroz delito orquestado por un gobierno contra civiles que pacíficamente ejercían su derecho a la libre manifestación.

No fue el PRI con sus "inconfesables vínculos con su pasado represor". No fue el PAN, la "ultraderecha en el poder". Fue un gobierno de izquierda. De las 2 izquierdas, la radical y la moderada.

Porque en la postulación de José Luis Abarca como presidente municipal de Iguala convergieron los deseos del PRD y Morena: supieron de la podredumbre que los rodeaba y voltearon a otro lado porque convenía a sus intereses electorales.

"Los Chuchos" del PRD lo apoyaron aun cuando René Bejarano les notificó que estaba metido en el crimen.

López Obrador de Morena le dio su bendición para ser candidato a pesar de que su compañero de partido, el hoy diputado Oscar Díaz Bello, le señaló que era narcotraficante. Este domingo en el Zócalo del DF, López Obrador negó conocer a Abarca.

Andrés Manuel es deshonesto si pretende meter todo eso debajo de la alfombra y salir con pretendida superioridad moral a exigir renuncias y denunciar a un sistema podrido, porque es beneficiario y parte de él.

Ayotzinapa marca la derrota cultural y moral de la izquierda partidista mexicana y la culminación de su tránsito de vigorosa denunciante de la represión del Estado a practicante de la brutalidad para preservar prebendas y proteger intereses hasta criminales.

Es desde hace 25 años parte de una élite de poder que goza, protege y promueve un régimen de privilegios desde el congreso, gubernaturas, presidencias municipales, legislaturas locales y dirigencias partidistas.

Sus discursos contra "los poderosos" son vacíos y hasta desvergonzados porque ellos son parte integral de la clase mandante y hoy les salpica la responsabilidad de uno de los peores actos represivos que se recuerde en México.

Cuesta mucho trabajo asimilar que un par de criminales, como resulta que eran el ex alcalde de Iguala y su esposa, fueron tanto tiempo tolerados por el PRD, por el Gobierno del Estado de Guerrero y por la administración federal, a pesar de las acusaciones que había contra esa pareja por diversos crímenes y fechorías.

Más que tolerancia fue una negligencia criminal no haber actuado oportunamente contra Abarca y su esposa. Pero el azoro crece al ver que, ocurrida la tragedia, los 2 niveles de gobierno (el orden municipal es inexistente en Iguala) no han sido capaces de hacer las cosas bien ni siquiera a posteriori, que niveles gubernamentales no hayan podido coordinarse adecuadamente para preservar pruebas, para buscar justicia; es de no creerse que ni en medio de la crisis que más ha exhibido los pies de barro de México en materia de seguridad, las autoridades puedan evitar un teatro del absurdo.

Si así actúan las autoridades teniendo los ojos del mundo encima, qué no ocurrirá con tantos procesos que se investigan en la penumbra. A ver qué autoridad se atreve de ahora en adelante a decirle a algún familiar de los más de 22,000 desaparecidos que confíen, que crean en el Estado cuando fiscales les informan que tales restos cadavéricos irreconocibles son los de su ser querido.

Con sus 140,000 habitantes, Iguala es la imagen de la República. La crisis debería sacar lo mejor del sistema, pero a nuestro sistema hasta hoy sólo le ha alcanzado para hacer un batidillo.

¿Qué mayor demostración de inmovilidad podría haber que dentro de apenas 6 meses, se termine disputando la alcaldía de Acapulco entre el hijo de Ángel Aguirre y el hijo de Rubén Figueroa? Quizás los hijos no tengan responsabilidad de tener esos padres, pero el mensaje sería brutalmente negativo. ¿No hemos aprendido nada en esta historia? Esa dinámica caciquil es la que se debe romper.

Hoy en día, quienes acceden a responsabilidades gubernamentales, ya sean nacionales o estatales, creen firmemente que los peores despropósitos, estupideces y barrabasadas, se justifican en nombre de la eficacia y del pragmatismo.

El caso Guerrero confirma que en México la política se hace en familia: además de los esposos-cómplices (y de la parentela delincuencial de la cónyuge, y de los casi 30 familiares de ambos que laboran en el ayuntamiento), ahora resulta que el sustituto del alcalde prófugo de Iguala es Luis Mazón, hermano de Lázaro, precandidato a gobernador de Guerrero y padrino político del alcalde fugado; y la hermana de ambos, de nombre Fabiola, es ya la secretaria de Desarrollo Social en el municipio ¡Qué bonita familia!

Por si lo anterior fuera poco, la comisión del congreso local que procesará la solicitud de licencia de Ángel Aguirre Rivero, es presidida por el diputado Ángel Aguirre Herrera, hijo del gobernador renunciado. Esto es lo que se llama ser previsor.

Y para que no quede duda que los espacios ganados por la izquierda no se pierden, los líderes del partido ya pidieron que se aplique la "regla no escrita de que quien gobierna propone". Lograr los 11 votos adicionales a los 20 que ya tiene el PRD en el congreso local, es tarea del diputado hijo del gobernador, para que todo siga igual.

Todo esto es grotesco y apesta, no sólo por el cada vez mayor número de fosas clandestinas que encuentran, sino por las complicidades y cinismo de toda la clase política. ¿Hasta cuándo?

En el gobierno, cada quien desea salvar lo poco que la torpeza les ha dejado. Un procurador informa lo evidente y, con poca paciencia, regaña a la prensa por hacer preguntas incómodas. Un gobernador alarga su agonía para hacer más cara su salida. Senadores viven 2 siglos atrás y, en un desesperado acto de pantomima, crean una comisión que viaje 150 kilómetros de sus curules para ver si hay poderes porque la desaparición de ciudadanos, la quema de edificios de gobierno y la huida de ediles no es prueba suficiente de la inestabilidad.

También ahí, escondidos pero listos para saltar, los oportunistas. Los que apoyaron a Abarca, a Aguirre, al cacique de Iguala que recomendó al huido alcalde para el puesto por quien sabe qué razones, a quienes amenazaron con levantarse del pacto que cambió la fachada del país si se tocaba el STATUS QUO guerrerense, a los que hablan de cambiar las instituciones, pero mandan por dedazo en sus nacientes partidos, los que hacen videos y se vuelven opositores porque su apuesta política anterior fue arrollada.

Quienes salimos a las calles el miércoles pasado, no importa dónde, lanzamos un mensaje político a todos los poderes y órdenes de gobierno del país: queremos que se investigue, que se haga justicia frente a los responsables directos e indirectos de crímenes, desapariciones, abusos de autoridad; que se rectifique la política nacional de seguridad respecto de policías, que se ponga un alto a la violación de derechos humanos por parte del Ejército. Más de 300,000 desaparecidos en los últimos 8 años.

Ese día, cuando la marcha del DF entró al Zócalo, hubo otra consigna unánime: fuera Peña Nieto, además, se pidió la renuncia del procurador general de la República, la desaparición de poderes en Guerrero. Se cuestionó al conjunto del poder judicial, la sumisión del ministerio público al gobierno, el reinado del narco, la ausencia del Estado de Derecho.

La inmensa mayoría de los políticos tiene la certeza de que sólo su tiempo es valioso. Por eso llegan tarde a sus citas o hacen esperar, en prolongadas y crueles antesalas, a quienes les buscan comedidamente, para presentarles una queja, darles un informe o solicitarles un servicio.

Son pocos los que cumplen puntualmente sus citas o respetan en sus agendas el tiempo de los demás. Los presuntos servidores públicos suelen llegar tarde a los eventos oficiales, pese a que la mayoría dispone de vehículos con chofer a su entera disposición y satisfacción.

Quizá por eso nunca se enteran de las penurias que experimentan 3'022,614 personas que viven en la zona metropolitana de Guadalajara y que diariamente padecen las atrocidades de un servicio camionero malo, descortés, inseguro y sucio.

Mal se ha visto Zapopan en temas jurídicos...

Ha perdido desde litigios de pago a constructoras incumplidas, hasta la propiedad de terrenos municipales.

Pero hay más: por ahí se escucha que el ayuntamiento de Héctor Robles tendrá que reinstalar, ni más ni menos, que a Fernanda Bosch.

Sí, Bosch fue cesada por hacer supuestos cobros irregulares en la Dirección de Obras Públicas y por congelar expedientes.

Una de dos: ¿O tienen muy malos abogados en el muncipio?, ¿o Bosch hizo todo con el consentimiento de sus superiores?

Las campañas electorales (que ya asoman las narices a la vuelta de la esquina, por cierto) parecen convenciones de magos, ilusionistas y prestidigitadores. Un aspecto encantador -el único, quizá- de ellas consiste en que los candidatos a cargos de elección popular (todos, sin excepción) prometen portentos vinculados con la felicidad futura de los gobernados, con tanta certeza como si dispusieran de una varita mágica. Ya después, al paso del tiempo, se descubre que los electores se equivocaron; que eligieron al candidato equivocado: al único -¡maldita sea...!- que no tenía varita mágica.

Cada día que pasa al PRD le llegan más cerca las llamas de Guerrero. No es metáfora; ayer activistas quemaron la sede el partido del sol azteca en ese estado para exigir la renuncia del gobernador Ángel Aguirre que, para evitar la discusión de si es o no perredista, dejémoslo en que llegó a la gubernatura bajo las siglas de ese partido.

¿Por qué el PRD no ha puesto en bandeja la cabeza de un gobernador que a estas alturas ni le va ni le viene y en la práctica es más cercano a los priistas que al mismo PRD? Por una sencilla razón: el PRD no gana nada en este momento con la licencia del gobernador Aguirre y, por el contrario, esta carta puede resultar crucial más adelante, cuando las cosas se pongan todavía más feas, porque si de algo podemos estar seguros es que en política cuando se rebasa el límite de la cordura todo tiende a empeorar, y ese es el caso de Guerrero.

Lo paradójico es que mientras más tiempo duré en el puesto Aguirre más tardará Guerrero en regresar a una "normalidad", si es que eso existe hoy en México, y por lo mismo mayor será el desgaste del Partido de la Revolución Democrática de cara a la elección de gobernador del próximo año. La situación en Guerrero es cada día más tensa y la mezcla explosiva entre crimen organizado, policías municipales corruptas, alcaldes coludidos, guerrillas reactivadas, movimientos magisteriales y estudiantiles, con Ejército y Gendarmería de la Policía Federal, pueden ser verdaderamente un campo minado difícil de predecir y transitar.

Lo triste del caso es que en ninguno de los escenarios, que se quede o se vaya Aguirre, la sociedad guerrerense es parte de la ecuación. La preocupación es por la estabilidad política, lo cual es fundamental para el desarrollo de cualquier programa o política pública, pero por momentos pareciera que lo único que le importa el gobierno de Peña y al PRD es quién se queda con la plaza, quién gana en este río convulso e indomable en que se ha convertido el estado.

El PRD, vaya usted a saber por qué oscura razón, decidió cerrar filas en torno a Ángel Aguirre al costo que sea.

Y el PRI no quiere jugar la carta de la desaparición de poderes quizás porque no olvida que la mayoría de los gobernadores, algunos de ellos también con problemas, son de su partido.

Institucionalmente puede ser que el gobernador supere la desaparición de poderes, pero no es por fortaleza, sino porque la debilidad del gobierno es tal que muchos temen un desequilibrio aún mayor con su salida.

No hay acuerdos políticos porque mientras esté Aguirre ellos serán imposibles.

A los que hay que encontrar cuanto antes es a los Abarca, que tuvieron 3 días para fugarse y hasta tienen un amparo para evitar ser detenidos.

Sería revelador saber quiénes los ayudaron.

Que nosotros sepamos no han sido llamados a declarar ni Aguirre ni los jefazos perredistas que apadrinaron y encubrieron durante meses y años a los Abarca.

¿O qué? ¿Les vamos a creer que ninguno de ellos supo del pequeño reino del terror en que los 2 convirtieron a Iguala? ¿Nadie advirtió que casi recién llegado el alcalde y su esposa, asociados con el hace unos días renunciado secretario de Salud y precandidato a la gubernatura por Morena, Lázaro Mazón, se hicieron construir el Centro Comercial Plaza Tamarindos? ¿Ninguno oyó hablar de las fosas clandestinas preexcavadas y listas para ser usadas cada vez que se ofreciera?

¿A poco no sabían que María de los Ángeles se sentía ya la sucesora de su marido, apoyada por el mismo aparato que encubrió a su esposo? ¿Será que para evitar el salpicadero, el PRD metió reversa en su intento de pedirle a Aguirre que se fuera?

En el Poder Legislativo [de Jalisco] de verdad que le echan ganas para repetir la historia. De nada han servido los años que algunos políticos tienen de experiencia legislativa (que van y vienen, pues). Resulta que siguen pidiendo presupuestos que superan por mucho las proyecciones de los ingresos que tienen. Sus "gastos reales" son de más de 850 millones de pesos, pero el ejecutivo sigue "castigándolos" -dicen los diputados- con presupuestos raquíticos de 600 millones de pesos, diferencias de 250 millones de pesos que para variar esperan que les dé papá gobierno. Y claro, cómo van a presupuestar menos de 800 millones de pesos si sólo en nómina "gastan" 667 millones de pesos. ¡Ah! Y luego preguntan por qué nos indignamos con tan abultada nómina.

El tema Aguirre puede ser el peor error que haya cometido la corriente Nueva Izquierda, hegemónica en el PRD, en muchos años. Luego de haber tenido un comportamiento notable desde la firma del Pacto por México, midiendo sus pasos, jugando sus cartas, logrando acuerdos importantes, logrando sortear, incluso, el capítulo de la reforma energética sin costos excesivos, Nueva Izquierda se coronó en ese proceso con el triunfo abrumador en las elecciones internas del partido de Carlos Navarrete.

Y el mismo día de la elección de Navarrete (con Aguirre en el acto partidario en lugar de estar atendiendo lo que sucedía en Iguala) la muerte y desaparición de los jóvenes, inició una defensa a ultranza del gobernador que cada día le genera costos a la nueva dirigencia del partido.

Guerrero es un estado en el que la izquierda siempre ha tenido un espacio muy importante y lleva 2 mandatos sucesivos aunque, paradójicamente, ninguno de los 2 gobernadores hayan sido, ni un día de su vida, de izquierda. Zeferino Torreblanca era un empresario mucho más cercano al foxismo que al PRD, Ángel Aguirre es absolutamente priista en su formación y concepción política, tanto que 1o. fue candidato del PRD, PT y Convergencia, y un día después renunció al PRI.

Las decisiones que está tomando Nueva Izquierda para defender a Aguirre son cada día más costosas. El sábado un grupo de senadores del PRD, encabezados por Miguel Barbosa y Alejandro Encinas pidieron la renuncia de Aguirre y hasta parecieron estar dispuestos a apoyar la desaparición de poderes en la entidad. Navarrete rechazó esas propuestas, insistió en que la renuncia de Aguirre no solucionaría las cosas y que en todo caso esa es una decisión personal del gobernador.

El martes se discutirá al desaparición de poderes en Guerrero, y al PAN, incluso con buena parte de los senadores del PRD que pueden apoyar la propuesta, no le alcanzará para imponer ese objetivo, porque el PRI ya se ha pronunciado en contra, pero los costos de mantener a Aguirre las paga el Presidente Peña (que también ha dicho que la renuncia la deben decidir los guerrerenses) pero también la paga la dirigencia del PRD.

Las fosas comunes encontradas ya son 19 y no tenemos información más que de las 4 primeras.

La defensa a ultranza de Aguirre, elevar el debate hasta la desaparición de poderes, en un contexto de un gobierno rebasado y sin control, no le conviene al PRD, no le conviene al estado y tampoco al país. En la situación actual, la izquierda podría tener personajes que se hicieran cargo del gobierno hasta las elecciones de junio sin tener que depender de Aguirre, como ha sucedido en Michoacán. Hoy están haciendo una apuesta de perder-perder.

Hay muchas personas que confían en la llamada sociedad civil, yo no soy en lo general creyente en ella y creo que muchas de las personas consideradas como de este grupo tan sólo son funcionarios en receso en espera de un hueso y si no lo cree, simplemente vea ejemplos.

Pensemos que un día en el verano de 2013, amanecimos con la noticia de que la Procuraduría General de la República había detenido y consignado por homicidio y delincuencia organizada al alcalde de Iguala y su esposa. Nos informaba la PGR que la 1a. denuncia la presentó otro perredista, el señor René Bejarano, por el asesinato del también perredista Arturo Hernández Cardona.

¿Qué hubiera hecho Jesús Zambrano? ¿Cómo hubieran reaccionado los líderes perredistas en la Cámara de Diputados? ¿Qué hubiera dicho el gobernador -formalmente perredista- Ángel Aguirre?

¿No fue el PRD el partido que en el sexenio pasado negoció en Gobernación la protección de Julio César Godoy Toscano y luego lo metió a escondidas a la Cámara de Diputados para que tomara protesta?

Si se hubiera actuado contra Abarca, ¿cuántos discursos y declaraciones hubiéramos tenido que soportar sobre la politización de la justicia y el fuero, y bla, bla, bla? ¿Cuál hubiera sido el sentido del voto perredista en el legislativo?

Para el año pasado todos los indicadores eran bastante claros respecto a que en Guerrero, a diferencia de otros estados, la violencia no cesaba y en muchos casos las cosas estaban cada vez peor. En 2013 Guerrero fue la entidad con mayor número de homicidios por cada 100,000 habitantes, 3 veces lo de Michoacán. En el estado también proliferaron las autodefensas.

¿Qué habría sucedido si el gobierno federal hubiera propuesto una intervención en Guerrero al estilo Michoacán? ¿Nos hubiéramos hartado de discursos perredistas sobre los atentados contra el federalismo?

Pregúntese ahora, querido lector, ¿tuvo que ver toda esa posible reacción del PRD con la decisión del gobierno de no hacer nada cuando Bejarano les presentó la denuncia a Murillo Karam y a Osorio Chong? ¿No era ese verano fundamental para las negociaciones de la reforma fiscal, las secundarias de la educativa, la constitucional de telecomunicaciones?

La siguiente pregunta me ronda la cabeza hace días: ¿alguien, en algún despacho del gobierno federal, calculó que aplicar la ley en Guerrero daría al traste con las reformas y con el Pacto, y que por lo tanto no valía la pena pelearse con el perredismo?

La magnitud de la omisión es tal que debe tener alguna explicación.

No sorprende la indolencia con la que se tratan en el Congreso de Jalisco temas eminentemente promovidos por los ciudadanos, más allá del secuestro del término por algunos partidos, pues viendo otras iniciativas o asuntos que interesan sólo a ciertos grupos o partidos, entonces sí, le invierten tiempo, dinero, esfuerzo y los diputados ¡hasta se ponen a trabajar!

La presentación del Informe País sobre Calidad de Ciudadanía en México que vino hacer ayer el presidente del nuevo Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, coincidió con el debate que sobre el futuro de la participación ciudadana detonó esta semana en el congreso local.

La coincidencia es afortunada, para nutrir nuestro debate local e insistir que lejos de crear desgobiernos y anarquía, como los sectores duros y autoritarios de los partidos políticos temen, el fortalecimiento de la participación social en los asuntos públicos permite tener una ciudadanía más activa y, con ello, de mayor calidad.

Lo que piden los representantes del Observatorio Legislativo, el Congreso Ciudadano, y Haz tu Ley, es que los diputados lleguen a acuerdos y se apruebe una ley que sirva para que se escuche a la comunidad en momentos de decisiones públicas trascendentes y para poner límites a los excesos y deficiencias de la clase política y gubernamental.

Ojalá los legisladores de todos los partidos políticos atiendan este llamado, pero sobre todo que las organizaciones ciudadanas sigan en pie de lucha para evitar que la partidocracia vuelva a salirse con la suya, olvidándose ahí sí de diferencias, y haciendo un solo frente para evitar "políticas públicas orientadas a remover barreras que limitan el ejercicio de una ciudadanía en los ámbitos civil, político y social, es decir, en un desarrollo humano integral", como lo deja claro el estudio que vino a divulgar ayer el nuevo titular del INE.

La influencia de venir de Tlajomulco no sólo se nota con ser funcionario de Puerto Vallarta y no figurar en la nómina, sino que el designado como director de Comunicación Estratégica, Édgar Vallín, también tiene una patrulla para su uso.

La patrulla con número económico PV-181 se encuentra en un cajón de estacionamiento de la Unidad Municipal Administrativa bajo un letrero con el nombre de Vallín, cuya dependencia, Dirección de Comunicación Estratégica, no aparece en el organigrama municipal.

Lleno de frases grandilocuentes como "no tengo las manos llenas de sangre" o "tengo tranquila la conciencia", el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, dice que si su renuncia solucionara la suerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, lo haría. Sus defensores alegan que los problemas en el estado son tan complejos que su salida, lejos de resolver algo, complicaría las cosas. Es cierto que su renuncia no arreglaría la descomposición que se vive en Guerrero ni sus problemas centenarios, pero en el caso específico de la crisis actual, su salida es un imperativo para detener de tajo la ruptura total en el estado y evitar que la brecha de la discordia nacional se siga ensanchando.

El presidente Enrique Peña Nieto carece de atribuciones legales para destituirlo. Tampoco tiene márgenes para seguir el modelo de Michoacán y enviar a un comisionado, porque a diferencia del ex gobernador Fausto Vallejo, que aceptó la imposición y trabajó por el restablecimiento del orden público, Aguirre es beligerante con la autoridad federal que busca el mismo fin y no hay señales claras de que quiera contribuir al esclarecimiento de los hechos. El ejecutivo federal no tiene contrapeso real frente a Aguirre, quien cuenta con el apoyo hasta ahora incondicional de los beneficiarios de su gubernatura y de los favores del alcalde prófugo, la dirección nacional del PRD, que encabeza Carlos Navarrete. Si el PRD mantiene su respaldo, el congreso local, donde tienen mayoría, lo cubrirá con su manto de protección.

El Senado tiene la facultad para decretar la desaparición de poderes -no únicamente del ejecutivo local-, siempre y cuando lo soliciten los legisladores federales de la entidad o los ciudadanos. No es un trámite automático, y para que esto suceda tiene que existir al menos una de 4 premisas. 2 de ellas pueden argumentarse en el caso de Guerrero: que se hayan quebrantado los principios del régimen federal, y que estén imposibilitados del ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos por situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos que afecten la vida del estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.

Para el gobernador Aguirre, ninguna de ellas se aplica. Para el Senado, hasta este momento, tampoco. Nadie ha pedido la desaparición de poderes en Guerrero, y la crisis política derivada de la existencia de un poder criminal por encima de las instituciones en el estado, no parece importar a muchos en México, pese a escandalizarse por la desaparición de los 43 normalistas. La inamovilidad de los agentes de cambio está chocando con la creciente movilización social en contra de Aguirre por la no solución a los problemas en su estado. Pero esta movilización no ha tocado la puerta legal para destituirlo, ni las élites caminan con firmeza en esa dirección.

Urge la solución en Guerrero, pero en México, aun ante esta crisis, seguimos atrapados en la cultura de la simulación.

Si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestra en su página un incremento nada despreciable del gasto público como medida contracíclica para salir del bache económico en que se encuentra el país, esto no se refleja en las cuentas nacionales del INEGI. Para decirlo sencillamente, Hacienda libera el recurso, pero estados y municipios, por distintas razones, no ejercen el recurso con la misma celeridad.

[¿Las "distinas razones" serán que tienen depositado el dinero para que genere intereses y robárselos? - pregunta el webmaster.]

Calderón cometió el error de pelearse con los gobernadores y dinamitó la posibilidad de dotar de eficacia a su estrategia de combate contra el crimen organizado. Peña Nieto ha sido capaz de construir relaciones de colaboración con gobernadores, incluso opositores como Miguel Mancera o Rafael Moreno Valle, a través de tratos preferenciales en materia presupuestal y de un discurso de inclusión. Y aunque ha logrado un consenso en donde los estados han respaldado la aprobación de las reformas a nivel federal, lo cierto es que su cooperación no ha sido barata. Sólo basta con revisar los presupuestos de los estados importantes que cuentan con gobernadores no priistas para entender que la cartera es el gran activo de negociación de la Presidencia de la República. Sólo por tomar el ejemplo del DF: el presupuesto de la capital pasó de 138,000 millones de pesos en 2012 a un estimado de 180,000 millones de pesos iniciales en 2015. "Problema que se resuelve con dinero, sale barato", señala el viejo adagio de nuestra cultura política.

"Toda política es local" dijo alguna vez el representante de los Estados Unidos, Tip O´Neill. A diferencia de Fox y Calderón que minimizaron el papel de la cercanía política de los gobernadores para asegurar la eficacia en la 2a. parte del sexenio, Peña Nieto tiene mucho más que perder en los estados que en la Cámara de Diputados. La agenda legislativa pasará a 2o. plano en lo que resta del sexenio, mientras que el aterrizaje de las reformas y los resultados en materia económica y de seguridad, serán por mucho el objetivo fundamental de Los Pinos. A 8 meses de la elección, Peña Nieto se juega más en Guadalajara, Monterrey y en San Luis, que en San Lázaro.

El Partido de la Revolución Democrática nació de un movimiento popular por la democratización del país y que ahora se ha convertido en una maquinaria que busca ganar elecciones a costa de lo que sea, incluso al precio de postular a un candidato ligado al crimen organizado.

Una vergüenza internacional la masacre de estudiantes normalistas en Guerrero, situación que nunca debió pasar, pero también penoso el conflicto y golpeteo político que quieren aprovechar las tribus de la izquierda para llevar agua a su molino, que permitió que hasta su líder ideológico, Cuauhtémoc Cárdenas, fuera apedreado, y que un noticiero radiofónico, vocero de la izquerda, entrevistara al señor de las ligas, Rene Bejarano, el cual puede expresarse a sus anchas con esa calidad moral que goza.

Tan luego que se produjo la represión, el secretario de Gobernación declaró que no intervendría el gobierno federal en un asunto local, como antes había guardado silencio sobre la matanza de Tlatlaya. El mismísimo presidente de la república, con ganas de joder a la oposición perredista, se pronunció por la atención local de problemas locales. Para ambos, ya estaba bueno que todos quisieran la ayuda federal mientras en el ámbito local no hacían nada en materia de seguridad pública. Pero, ¿para qué tanto despliegue de fuerzas federales en el terreno? En Iguala, la PF y el Ejército, con suficiente dotación de efectivos, estaban desaparecidos cuando la policía municipal hacía fuego y levantaba muchachos. En el colmo, ninguna autoridad se dio cuenta por dónde se habían retirado las patrullas policiacas con los estudiantes secuestrados. Ahora, Peña declara que va a ir, "tope donde tope", para perseguir a quienes por negligencia permitieron la represión, pero él mismo es uno de los negligentes comprobados.

Sí hay responsabilidad de parte del gobierno de Ángel Aguirre y del gobierno de Enrique Peña. Sostener lo contrario sería asumir que la autoridad es intocable por carecer de responsabilidad política. Eso no hay que admitirlo, nunca.

Mientras el auditor superior Alonso Godoy sigue sin publicar la información sobre las cuentas públicas a la que le obliga la ley, los diputados continúan haciendo como que no se dan cuenta. La Junta de Coordinación Política volvió a reunirse y el tema no se tocó. El presidente de la Mesa Directiva, Clemente Castañeda, ha declarado en varias ocasiones que es esa instancia la que debe dar indicaciones al funcionario para que publique la información o, en su defecto, la entregue a los diputados para que aparezca en la página web del Congreso [de Jalisco].

El también coordinador de Movimiento Ciudadano admitió que no abordaron el tema y que espera que pronto lo hagan. Eso sí, reconoció que tampoco el Instituto de Transparencia ha emitido una opinión por el incumplimiento de la Auditoría Superior. En resumen todos siguen haciéndose alegremente locos y mientras tanto se pasan la ley por el arco del triunfo. Como dicen, no hay a cuál irle.

Una sugerencia a los emprendedores, tomando prestada la idea de unos empresarios de Monterrey. "El tour de la corrupción". Un paseo por las obras con toda la explicación del costo y de los beneficiarios, entre ellas: Las Villas Panamericanas que no acaban de ponerse de acuerdo para utilizarlas, el Velódromo de ciclismo, que no lo utilizan, la Ciudad Judicial construida sin drenaje y los costos infladísimos, el estadio de béisbol, le advirtieron al ex gobernador que en Lagos no funcionaría. Muchos edificios que han construido con mordidas, sin tomar en cuenta los planes de desarrollo de las colonias. El Planetario, que lo abandonaron a su suerte. Un viaje especial al Trompo Mágico, Museo Interactivo, uno de los atractivos de nuestra ciudad, Museo de presumir a nivel nacional, de los pocos interactivos que funcionaban para niños y jóvenes, ahora será un elefante blanco gracias a que la administración priista elevó la nómina y dejó de promoverlo. Además les estorba que fue construida en la administración panista. Les aseguro que el tour será un buen negocio.

Si veo las noticias en la televisión y la imagen muestra a cualquier político de cualquier partido, no le creo ni una sola palabra e imagino que él conoce todos los trapitos sucios de sus congéneres, los cuales jamás confesará porque ellos, a su vez, le conocen muchos chanchullos. Si escucho por la radio la propaganda de programas sociales del Estado federal o de un gobernador, me da un ataque de risa y exclamo en voz alta que son purititas mentiras.

Muchas críticas ha levantado la iniciativa de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Pero los que la aplauden son, paradójicamente, el crimen organizado y las pandillas.

Y es que dicha ley tiene artículos que no sólo atentan contra la libertad de expresión, sino que le darán a los criminales herramientas para dificultar su detección y, por ende, acrecentar su impunidad.

La ley prohíbe la difusión de datos, imágenes y referencias sobre menores en cualquier situación -incluso de aquellos que hayan participado en un delito- y conlleva sanciones para los medios de comunicación, como multas por hasta 4 millones de pesos ¡diarios!

Bajo ese esquema prohibicionista, la sociedad perderá su derecho a estar informada lo mismo sobre los niños de 12 años reclutados para transportar drogas; o sobre el caso del niño José Luis Tehuatlie, muerto en Puebla por culpa de la Policía.

Vaya, el absurdo llega al extremo que ni siquiera se podrán dar buenas noticias, como la historia de Paloma Noyola, la llamada 'niña Jobs' de Tamaulipas.

Pero quizás lo más grave sería que el crimen organizado se amparara en esa misma ley para evitar la difusión de sus delitos. ¿Cómo? Tan simple como contratando y colocando en la escena a un menor... como cuando lo hace en los narcobloqueos.

La iniciativa aprobada por el Senado está en San Lázaro y los diputados deben entender que no es cosa de niños: tienen hasta el 30 de octubre para decidir si están en favor de que se combata al crimen organizado o si prefieren darle a los delincuentes armas legales para que sigan proliferando y, de paso, coartando el derecho del pueblo a conocer.

La Secretaría de Energía ya dio por cancelado el proyecto de construcción de una nueva refinería de Pemex en Hidalgo. Se gastaron 3,435 millones de pesos, de 5 años para acá, en estudios de ingeniería, compras de terrenos, etc., de la refinería, es decir, entre 250 y 300 millones de dólares. A cambio, nada.

Como este caso hay muchos en nuestra historia reciente. Quizás la diferencia reside en que nadie va a resultar responsable de tirar casi 300 millones de dólares a la basura, y de haber perdido 5 años para atender un problema real: que importemos en México más de la mitad de nuestro consumo de gasolina y diesel.

El asunto comienza el 18 de marzo de 2008, después de que Pemex había contemplado un proceso de reconfiguración en las refinerías de Tula y Salamanca, mas no una nueva refinería. Felipe Calderón instruye al director de Pemex de entonces, sin haberle dicho "agua va", que inicie con la construcción de una refinería. Acatando esa instrucción, Pemex empieza los estudios técnicos que al término de un año se inclinan por Tula; pero Calderón parece inclinarse por Guanajuato.

En septiembre de 2009, se produce un relevo en Pemex, y la nueva administración, en los hechos, empieza a alargar el proceso. El nuevo director en varias ocasiones filtra o insinúa que por la cantidad de dinero prevista, entre 10 y 12,000 millones de dólares, se puede incluso comprar una empresa entera con varias refinerías en EU. Los trabajos de compra de terreno y de ingeniería proceden más lentamente de lo previsto, por la proverbial incapacidad de gestión de proyectos en México o por falta de voluntad del nuevo equipo en Pemex o porque Calderón empieza a tener dudas. Se llega así al 1 de diciembre de 2012 con trabajos apenas iniciados, con gran cantidad de dinero gastado y con la decisión en el limbo, en vista del tiempo transcurrido, del costo reestimado y de las posibles alternativas que Pemex tendría conforme cambian las circunstancias.

Es posible que hoy, con esos cambios, y sin haber avanzado realmente en la construcción de la refinería, ésta no sea la solución idónea, o lo fuese hace 5 años, o muchas de las críticas que se hicieron entonces eran válidas. Lo imperdonable es haber desperdiciado 5 años y 300 millones de dólares y no haber atendido el reto enorme del país: el desfase entre la oferta interna de gasolina y diesel y la creciente demanda interna.

El problema de fondo, como me lo dijo alguien que sí sabe de estos asuntos, reside en la tremenda dificultad que tenemos en México de gestión de proyectos de gran envergadura, como una refinería -las últimas refinerías se construyeron a finales de los 70-, o mañana, como el nuevo aeropuerto y como muchas otras obras propuestas por este gobierno. Dudo que alguien asuma la responsabilidad de este desastre. Uno más.

En Jalisco hay 27 leyes en el limbo legislativo (ese dato por cierto no apareció en ninguno de los informes que nos dieron los diputados en días pasados) mismas que no pueden aplicarse por falta de un reglamento. La mayoría son leyes que tienen que ver con temas sociales, o si se prefiere son esas leyes que los diputados aprueban para quedar bien y recibir aplausos, las presumen en sus informes y campañas pero, como nunca son reglamentadas, son inaplicables y sobre todo no tienen presupuesto. Tenemos así leyes de protección a “los niños y la niñas” (por el nombre debe ser de los tiempos de Fox y Marthita), de protección a madres solteras, de fomento de los jóvenes, de protección a víctimas y hasta de erradicación de garrapatas (en otros lares a las garrapatas se les combate con garrapaticidas; en Jalisco las aplastamos con todo el peso de la ley). Todas están muy bonitas, pero en la práctica son letra muerta.

La legislatura que hace falta en Jalisco no es una que haga más leyes sino una que elimine, fusione, simplifique y derogue todas aquellas que son un estorbo social. ¿No es mejor tener una ley de asistencia social buena y bien reglamentada en lugar de 5 que velan cada una por un grupo vulnerable pero que no se aplican por falta de reglamentos y presupuesto? ¿No es más inteligente que sea el gobierno en turno el que genere políticas de apoyo a grupos vulnerables, combate a garrapatas y otras plagas y de atención a víctimas en lugar de hacer una ley para cada cosa?

Nuestros políticos creen que legislar sobre un problema equivale a resolverlo (basta oír los anuncios de las cámaras de Diputados y Senadores).

El PRD ofreció una disculpa a los habitantes de Iguala haber postulado a José Luis Abarca, quien está prófugo de la justicia.

En su 1er. acto público como nuevo presidente del PRD, Carlos Navarrete realizó en Iguala la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional, y declaró disparates. En el centro actual de atención por la barbarie institucional, Navarrete bañó su 1er. discurso con lugares comunes y confesiones de culpabilidad disfrazadas de denuncias. Dijo que el PRD está en contra de los gobiernos autoritarios y represores, tomando cínica distancia del hecho que Guerrero está gobernado por un perredista, y que el de Iguala estaba encabezado hasta hace unos días por otro perredista. Como autista de la política, Navarrete coronó con una afirmación rimbombante: tendremos más cuidado con nuestros candidatos a presidencias municipales.

La cortina de humo de Navarrete no tiene densidad. El PRD que controla Nueva Izquierda no tiene escrúpulos para escoger con quién se acuesta electoralmente. 3 presidentes anteriores consecutivos de Los Chuchos -Navarrete es el 4o. en la línea de sucesión-, como se conoce popularmente a la corriente, regalaron puestos de elección popular a personas cuestionables a cambio de apoyos para mantener bajo su dominio el aparato del PRD, con lo cual la franquicia que han usufructuado desde 2008 les sigue dando automáticamente las prerrogativas federales para distribuir recursos y posiciones a quienes les son más leales. El último de sus inventos fue José Luis Abarca Velázquez, el ex alcalde de Iguala actualmente prófugo de la justicia.

Abarca Velázquez fue defendido por el antecesor de Navarrete, Jesús Zambrano, aún después de que se hizo público que mientras celebraba el informe del DIF que dio su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, su policía municipal y sicarios de la banda criminal "Guerreros Unidos", dispararon contra normalistas de Ayotzinapa, mataron a 6 personas y se llevaron con rumbo desconocido a decenas de estudiantes. Ese evento mostró cómo una institución municipal se convirtió en parte orgánica de la delincuencia organizada. Pero Zambrano, con el apoyo de Los Chuchos, defendió al alcalde que pusieron en Iguala y salió al rescate del gobernador Ángel Heladio Aguirre, a quien por recomendación del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, escogieron como su candidato en Guerrero.

No son inocentes. El ex alcalde puede ser incluso culpable de homicidio, pero Aguirre y Los Chuchos son culpables de asociación política delictuosa, que no tiene consecuencias legales, pero debe tener repercusión política. Ninguno de ellos puede decirse sorprendido.

Abarca Velázquez era una papa demasiado caliente con la cual jugaron todo el tiempo Aguirre y Los Chuchos.

Ni Los Chuchos ni Aguirre necesitaban información confidencial del gobierno para saber esto. Como cualquier persona, pudieron leer en internet todas las vinculaciones de Abarca Velázquez con el crimen organizado. Pero hicieron caso omiso de las revelaciones frecuentes en la prensa de Guerrero, ignoraron las denuncias judiciales -como el asesinato de los dirigentes de Unidad Popular-, y cerraron los ojos ante los antecedentes públicos de sus relaciones con una banda criminal metida en secuestros, asesinatos y narcotráfico.

Quisieron defenderlo hasta el último momento. El gobernador, que recibió financiamiento de Abarca Velázquez no actuó con la prontitud debida para evitar que se fugara el ex alcalde. Zambrano peor aún. No quería expulsarlo del PRD, y cuando era inevitable que pidiera licencia y no pudo impedir su salida, platicó con él sin hacer absolutamente nada, tampoco, para que se presentara ante las autoridades para defenderse. Omisos ambos, la sospecha vuela sobre ellos.

El gobernador no está solo en el pozo. Los Chuchos también tienen que explicar su vinculación con personajes tocados por el narcotráfico y no pretender que ante la desmemoria nacional, puedan salir impunes de sus actos. Abarca Velázquez,

Mal comienza su gestión al frente del PRD Carlos Navarrete si su 1a. actuación pública en ese cargo es cobijar al gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, cuando está abierta la investigación del secuestro y la presunta muerte de los estudiantes de Ayotzinapa.

Es verdad que el PRD expulsó a José Luis Abarca, el presidente municipal de Iguala, desde el domingo pasado, pero también es verdad que en el propio PRD estaban informados de quién era Abarca. No es santo de devoción de este espacio, pero el propio René Bejarano denunció públicamente que Abarca había matado personalmente a su rival en el interior del PRD en Iguala, Arturo Hernández. La denuncia no fue tomada en cuenta.

Tampoco se sabía que Abarca, antes de que fuera presidente municipal, pasara en un abrir y cerrar de ojos de vender sombreros de palma a ser propietario de numerosos bienes raíces incluyendo una plaza comercial y de varios locales especializados en la venta de oro, todo casualmente logrado después de que los hermanos de su esposa se convirtieron en importantes operadores, primero, de los Beltrán Leyva y luego de Guerreros Unidos.

Nadie pidió cuentas entonces y nadie las pide ahora. Jesús Zambrano y otros dirigentes perredistas y de Morena, han insistido en que no se debe exigir la renuncia de Aguirre.

En Acteal y en Aguas Blancas, hubo responsables materiales, pero también políticos, aunque no se comprobara responsabilidad intelectual en los hechos.

Ahora, en Iguala, la participación de fuerzas públicas está comprobada. No quedan dudas de que el alcalde está familiarmente ligado a personajes del narcotráfico; que tanto él como su jefe de policía se alteraron porque un grupo de manifestantes de Ayotzinapa podrían echar a perder la fiesta del informe de la presidenta del DIF (su esposa y hermana de los líderes de los Beltrán Leyva en la zona), que el jefe de policía, presente en la fiesta, dio la orden de detener a los manifestantes.

Y si las declaraciones del procurador local Iñaki Blanco son exactas, que policías (que son los que detuvieron a los jóvenes y los transportaron con rumbo desconocido) coludidos con narcotraficantes, los mataron. Eso es un crimen de Estado: un asesinato masivo, de opositores políticos, perpetrado por las instituciones puestas al servicio de un grupo criminal.

El problema es que Abarca era una carta abierta. Sabían el PRD y el gobierno estatal quién era o quién se sospechaba que era.

El problema es que el PRD, en lugar de actuar como lo ha hecho siempre, exigiendo una investigación exhaustiva, va a Guerrero a cobijar al gobernador como si en ello se le fuera la vida, sin comprender el daño que eso le hace a su propia causa.

Las primeras investigaciones federales, a las que he tenido acceso, apuntan a que el secretario de Seguridad Pública local y el presidente municipal no son los protagonistas de la historia. Habría una mano detrás de ambos: la de María de los Ángeles Pineda Villa.

Su nombre apareció en los medios de comunicación casi de manera colateral cuando el alcalde José Luis Abarca reveló que él no se enteró de la matanza porque estaba en un baile, en festejo por el segundo informe de labores que presentó su esposa, María de los Ángeles Pineda, como presidenta del DIF municipal.

Según la indagatoria oficial, la mujer es la que manda en Iguala. El esposo sería la pura pantalla. Y ese bailongo posterior a ese informe era en realidad una plataforma de despegue a las aspiraciones formales de ella para contender por la presidencia municipal, en sucesión de su marido.

El mismo expediente la pone, hoy por hoy, como la principal sospechosa de haber ordenado la ejecución.

Ayer El Universal dio a conocer que según un reporte del Cisen, la esposa, cuñados y hasta suegra de Abarca Velázquez están presuntamente vinculados a una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva llamada "Guerreros Unidos", o "Guerrero Unido".

Escándalo el financiamiento de los partidos políticos: a la hora de las campañas los candidatos agarran dinero de empresarios, sin reparar en sus historiales, y esas aportaciones no quedan registradas y parece que son indetectables para los auditores.

Guerrero, considerado en el gobierno federal como un estado más complejo y violento que Michoacán, por la manera como convergen y se entrecruzan problemas de marginación y descontento centenarios, con la beligerancia y activismo de poderosos grupos de interés, está acéfalo. Sí, existe un gobernador, pero no gobierna. Aguirre ha perdido la confianza de los guerrerenses y es cada vez mayor la desconfianza que sobre su capacidad tienen en el gobierno federal. Le dieron apoyo político, económico, le enviaron fuerzas federales a que controlaran la seguridad -este lunes una vez más-, y no deja de naufragar.

Por el contrario, la polarización política en el estado sigue una espiral ascendente, con un enfrentamiento abierto con un viejo amigo y hoy enemigo, el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, cuyo hijo Rubén Figueroa Smutny, está en lucha abierta contra Aguirre por sus alianzas con el precandidato del PRD al gobierno, el senador Armando Ríos Piter, quien pactó la paz con él a cambio de integrar a su hijo en la campaña y apoyarlo para la alcaldía de Acapulco. También rompió el frágil acuerdo con grupos del PRD, como el que representa el dueño de La Jornada Guerrero, Félix Salgado Macedonio, que publicó este domingo un editorial en el periódico donde lo acusa de "falta de sensibilidad" al querer reacomodar sus piezas para las elecciones de 2015 en medio de esta crisis.

Iguala es el incidente más grave en donde se hayan visto claramente involucradas las autoridades, y la más obscena -por cínicamente abierta-, de su cooperación criminal con cárteles de la droga.

El propio gobernador admitió esa dupla cuando dijo el sábado que los hechos en Iguala estaban relacionados con "Guerreros Unidos", que es una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, y que tiene asiento sólido en Iguala y en Acapulco. Pareciera confesión de parte. Al señalarlos tocó el fenómeno del narcotráfico que ha sido una constante en la zona de Iguala, donde no hizo nada. La impunidad en ese municipio, de acuerdo con investigaciones, la garantizaba el alcalde con licencia y prófugo, José Luis Abarca Velázquez, muy cercano al gobernador y presumiblemente uno de sus financieros en la campaña electoral. Aguirre sabía del problema en Iguala y no hizo nada. Era cómplice de Abarca, o estaba rebasado por la actividad delincuencial en Iguala. En cualquier caso, gobierno, no ejercía.

Hace un largo rato que un monstruo de tantos millones de cabezas y de las dimensiones de la Guadalajara actual -entendida como la otrora "Perla de Occidente" y los 6 o 7 municipios conurbados-, ya debería ser gobernada por estadistas, y no, como desgraciadamente le ha sucedido, por burócratas y arribistas de la política.

La lluvia que la madrugada del martes pasado se abatió sobre la zona metropolitana dejó en situación de crisis a más de 1,200 familias de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y El Salto.

Cuando se buscaron las soluciones inmediatas, se descubrió que Guadalajara había destinado medio millón de pesos (¡la diezmilésima parte de su presupuesto anual!) para casos de desastres; Tlaquepaque, cuyo presupuesto seguramente es inferior al de la capital del estado, había dispuesto una partida de un millón de pesos para el mismo rubro: (7 milésimas de sus recursos programados); El Salto, cero absoluto, aunque de alguna parte (¿apoyos directos del Gobierno del Estado...?, ¿aplicación de la partida de "erogaciones especiales", de la que puede echarse mano lo mismo para un barrido que para un fregado...?) salieron los fondos para llevar a cada familia damnificada una generosa despensa: un kilo de arroz, medio kilo de frijol, una botella de aceite, medio kilo de azúcar, dos latas de atún y una de sardina.

Puesto que los daños pueden imputarse, en buena medida, a la naturaleza, pero también, quizá principalmente, a las omisiones de la autoridad por su incapacidad manifiesta para dotar de servicios públicos a todos los habitantes de las colonias afectadas, hay, obviamente, una corresponsabilidad de las susodichas autoridades. Pero aunque no la hubiera, se presupone que los principios de solidaridad (comunidad de intereses, sentimientos y aspiraciones) y subsidiaridad (deber de aportar apoyos económicos para situaciones extraordinarias) son inherentes a la función social de los impuestos.

Hay espacio para el justo reproche a quienes tienen, en teoría, el deber de velar por el bienestar de los gobernados, y no aciertan a sacrificar partidas destinadas a gastos superfluos, en aras de disponer de recursos para los imprevistos que, ciertamente -como ocurre en las familias- van a presentarse.

La renuncia del gobernador Ángel Aguirre no va a solucionar la violencia en Guerrero, pero supondría la indispensable ruptura del statu quo que permitió que esa entidad fuera capturada por el crimen organizado.

Aguirre es el autor de un desgobierno que ya ha matado a 2 estudiantes de Ayotzinapa, en aquella trágica tarde del 12 de diciembre de 2011, cuando agentes estatales y federales dispararon a quienes pretendían bloquear la autopista a Acapulco. Ese día también perdió la vida un civil en una gasolinera. Esos crímenes están impunes.

Aguirre es también el que compitió con el alcalde Luis Walton a la hora de dar las más inverosímiles "explicaciones" de la violación en Acapulco de 6 turistas españolas en febrero de 2013.

Aguirre es el gobernador (es un decir) que tiene el dudoso honor de haber logrado cansar a dos inquilinos de Los Pinos. Cómo estarán las cosas que alguien tan cuidadoso de las formas como el Presidente Enrique Peña Nieto, que nunca se ha confrontado en público con político alguno, de plano la semana pasada pidió a ese mandatario estatal que se hiciera cargo de su responsabilidad.

Y Aguirre es, como ya se publicó aquí, el político que, al menos por omisión, permitió que Iguala fuera desde hace años una fábrica del crimen. Pero no sólo Iguala, sino todo Guerrero es una fábrica del crimen, no por nada es hoy la entidad más violenta de México.

Todo lo anterior sin mencionar pasajes tan ilustrativos de la negligencia de Aguirre como cuando en vez de preparar a sus gobernados para el embate de la tormenta Manuel en 2013, el mandatario se tomaba fotografías en un patriótico brindis.

En la hora del rescate de Guerrero no vale aplicar el ajedrez de la grilla nacional. No son aceptables las resistencias de los perredistas: sería una irresponsabilidad de la mayor organización de la izquierda el no contribuir a la salida inmediata de Aguirre. El nuevo presidente del PRD Carlos Navarrete tiene su 1er. gran tarea en la mesa. Ojalá no falle, pues Aguirre se tiene que ir para que la izquierda pueda ser parte de una solución para Guerrero, y no como hoy que el PRD es parte esencial del problema.

Al mexicanísimo 'ai se va', arrancó el nuevo sistema de justicia penal.

El gobernador Aristóteles Sandoval y el magistrado presidente, Luis Carlos Vega, inauguraron un cascarón al que le falta mucho para ser sede digna del nuevo Sistema Acusatorio Adversarial.

Sin computadoras, ni papel, ni señalamientos; oficinas sin equipar, pasillos inconclusos, baños incompletos, equipos sin conectar...

Ojalá que la improvisación sólo quede en lo material y no afecte a los juicios orales que se llevarán a cabo desde ahora en Zapotlán el Grande.

Queda claro que el Gobierno de Guerrero no puede ni con ésta ni con muchas otras situaciones. Si hace un año las tormentas "Ingrid" y "Manuel" no fueron suficientes para que el gobernador y su equipo abandonaran la fiesta que habían organizado en Chilpancingo con motivo del Grito, ahora los enfrentamientos y balaceras en Iguala no alcanzaron para que el alcalde José Luis Abarca, que tiene bajo su mando a la policía municipal, que generó esas balaceras, se diera por enterado mientras disfrutaba de una fiesta salsera para celebrar el informe de su esposa en el DIF local.

Tan estrecho es su control en el municipio que simplemente adujo que, como estaba cansado del baile, se fue a su casa a dormir y nadie le informó lo que estaba sucediendo en su municipio.

Sin embargo, el problema con el alcalde de Iguala es otro, aunque abrume su desidia: son las acusaciones de que su esposa es la hermana del líder del grupo criminal Guerreros Unidos y de las propias relaciones de Abarca con esa misma organización, una relación que, dicen los denunciantes, explica la repentina y boyante situación económica del alcalde, que fue, por cierto, uno de los mayores contribuyentes a la campaña del gobernador Aguirre.

Lo primero que debe considerarse es que el comportamiento de todos los partidos políticos y sus fracciones en las cámaras de Diputados y Senadores, está condicionado por el calendario electoral. Esta misma semana comienza el proceso que conduce a la jornada electoral de 2015 y lo que más le importa a la clase política es mantener los espacios ganados en 2012 y si es posible, aumentarlos. La competencia será especialmente difícil, si se considera que hay 3 nuevos partidos que también presentarán candidatos.

La reforma a la Ley de Fiscalización del Estado de Jalisco que fue presentada por un grupo de ciudadanos y que fue avalada en el Congreso del Estado por los diputados locales del llamado G9, fue desestimada por el titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, Alonso Godoy Pelayo.

El funcionario estatal, refirió que no conoce la propuesta, pero adelantó que tiene mejores que hacer que revisar el contenido de la norma que promueven integrantes de la sociedad civil, académicos, empresarios y que fue abanderada por diputados de Movimiento Ciudadano y del PAN.

El pasado 31 de julio, un grupo de académicos, especialistas e interesados en el tema, coordinados por Cecilia Díaz Romo entregaron ante diputados locales la primera iniciativa elaborada por ciudadanos organizados.

Esta propuesta fue procesada con mecanismos de revisión en el portal de Internet denominado: Haz tu Ley. La norma pretende sancionar las malas prácticas en materia de fiscalización e incluye una "figura similar a la de revocación de mandato cuando los ciudadanos perdamos la confianza en el auditor superior".

Cecilia Díaz Romo explicó que uno de los principales objetivos de su propuesta es contar con un marco normativo que otorgue herramientas a la sociedad para que haya una adecuada presupuestación, ejercicio del gasto y rendición de cuentas eficiente.

En la iniciativa se establecen las bases para contar con un ente fiscalizador confiable que también rinda cuentas y en caso de que falle sea sancionado e incluso pueda ser destituido.

Entre 4 familiares gobiernan el Estado [de Guerrero]. Sólo uno fue electo en las urnas, pero comparte el poder con los otros 3.

Y aún así, el estado está que se cae:

La reconstrucción está incompleta y ya pasó un año de que le pegaron los ciclones. La inseguridad amenaza la economía y apenas se supo que policías andan ejecutando gente. Según reportes de inteligencia federales, agentes locales cobijan a Servando Gómez "La Tuta".

Así, los menos críticos dicen que la gobernabilidad de Guerrero se sostiene con alfileres. Para los más duros, está fuera de control y la familia Aguirre está rebasada.

Sí, la familia Aguirre:

El gobernador constitucional se llama Ángel Aguirre Rivero.

Su sobrino, Ernesto Aguirre, tiene el "roce" nacional y hasta internacional. Sienta a su tío con los grandes jugadores para los más relevantes acuerdos financiero-políticos. Funge de vicegobernador.

Carlos Mateo Aguirre, el hermano, no terminó bien como delegado de la SCT en Morelos. Hay versiones de que la administración perredista de Graco Ramírez, pasando por alto que los Aguirre (de pasado priista) llegaron al poder también por el PRD, pidió su relevo ante el cúmulo de señalamientos sobre su manera de "operar" los contratos de infraestructura.

El 4o. jinete es "Angelito" Aguirre, su hijo, a quien piensa postular a la presidencia municipal de Acapulco en las elecciones de junio de 2015. Curioso: otro hijo de ex gobernador, Rubén Figueroa junior, ya tiene hasta anuncios en las calles para pelear el mismo puesto. Y quizá también Zeferino Torreblanca, quien tras ser alcalde y gobernador, quiere de nuevo la municipal.

El pastel grande es otro:

Puntero en las encuestas para gobernador, el senador Armando Ríos Piter, apodado "El Jaguar", será candidato por el PRD. Es su actual partido. Porque primero fue subsecretario estatal en el gobierno priista de René Juárez, luego subsecretario federal en la administración panista de Vicente Fox, luego secretario de Desarrollo Económico con el perredista Torreblanca, diputado por el PRD impulsado por la corriente Marcelo Ebrard y ahora senador ligado a Miguel Ángel Mancera. Con tal pragmatismo de siglas y tribus, ha logrado a sus 41 años de edad lo que a Porfirio Muñoz Ledo le tomó 81 años.

También buscan la gubernatura:

Luis Walton, codueño de Movimiento Ciudadano, sin posibilidades reales de vencer pero con suficiente dinero -desde la época del presidente Alemán- como para juntar los votos necesarios para mantener el registro de su partido.

Lázaro Mazón, secretario de Salud local por su cercanía con López Obrador, característica que basta para ser candidato de Morena.

Y Manuel Añorve, hombre del poderoso diputado Manlio Fabio Beltrones, quien perdió contra Aguirre, pero la buscará de nuevo, con posibilidades de ser competitivo porque enfrentará esta vez a una izquierda dividida, al parecer, en 3.

Claro, si su pasado como alcalde de Acapulco no lo alcanza, como a Zeferino, por los aún pendientes resultados de la investigación sobre los responsables del desastre de "Ingrid" y "Manuel".

Un juez de distrito en Quintana Roo ordenó al gobernador Roberto Borge Angulo aclarar si ha ordenado la elaboración y distribución de ejemplares apócrifos del semanario Luces del Siglo, que se edita en el estado.

Previamente, la misma autoridad judicial ordenó a Lino Magos Acevedo, titular de la Dirección de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado, se abstuviera de distribuir portadas falsas del semanario y cesara la transmisión de mensajes "difamatorios, intimidantes o acusatorios".

La organización Artículo 19 ha documentado más de 35 clonaciones de la revista Luces del Siglo, tanto de manera virtual como impresa, en las que se sustituye el contenido real de la publicación con boletines y noticias favorables para el Gobierno del estado, así como artículos para descalificar a los opositores del ejecutivo estatal.

Esa práctica es reiterada cuando los artículos que publica el semanario son críticos hacia la administración estatal.

(V.pág.8 del periódico Mural del 25 de septiembre de 2014).

De acuerdo a la encuestadora Grupo de Economistas Asociados (GEA), la antipatía de los ciudadanos hacia la clase política persiste. De acuerdo al estudio, sólo 43% de los mexicanos está seguro de votar en las próximas elecciones.

El epíteto, dirigido a los burócratas de angora que se sumaron, presurosos, a la ventolera de "Un día sin auto", resonó como pedrada en el tejado:

-¡Farsantes!

Conste: no se trató de una simple revancha verbal del ciudadano, disparada a cambio de los agravios que acumula por cuenta de los dizque "servidores públicos". El calificativo, salvo prueba en contrario, queda a la medida a los funcionarios que, por mera pose, se desplazan en bicicleta o abordan el transporte público, un día del año, para ir de su casa a su oficina -decir que "a su trabajo" sería incorporar al asunto una ironía adicional-, con la deliberada intención de no pasar como insensibles a las preocupaciones sociales, sino de parecer solidarios con esas inquietudes... y, por supuesto, de ocupar un espacio en los medios de comunicación.

Algunos habrían tenido, por 1a. vez en mucho tiempo, la experiencia de esperar y de abordar un camión. Algunos habrían tenido que preguntar de a cómo es la tarifa, y cómo se hace para escoger -como en el avión- asiento de ventanilla o de pasillo. Difícilmente habría, entre quienes tienen la incumbencia de manejar asuntos relacionados con el transporte público, alguno que decidiera repetir el ejercicio al menos -digamos- una vez a la semana...

Lo deseable, en un acto de congruencia, sería que tomaran medidas para ir más allá de la anécdota (...o, como se apuntó al principio, de la farsa). Que si el gobernador descubrió -¡eureka!- que los pavimentos están en malas condiciones, sugiriera y respaldara las acciones correspondientes a cargo de los alcaldes. Que aprovechara la coyuntura para dar los pasos que parecerían lógicos después del reciente anuncio de que se invertirán fondos públicos para adquirir las bicicletas cuyo uso masivo se pretende promover en el 1er. cuadro de la ciudad: la adecuación de las vialidades y la difusión de los principios básicos de la cultura vial que hoy por hoy, aquí, brilla por su ausencia.

Mientras no sea esa la secuencia del "Día sin Auto", los hechos darán la razón a quienes calificaron como farsantes.

Señaló el secretario de Hacienda durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, [la necesidad] de que se generen incentivos para presionar a las entidades a ejercer los recursos que la federación les transfiere.

Versiones que he obtenido entre diversos banqueros indican que las cuentas corrientes o de inversión de las tesorerías estatales en muchos casos están bien nutridas, lo que hace pensar que no han ejercido recursos.

[¿Será que se están clavando los intereses? - pregunta el webmaster.]

De la misma forma que uno de los nuevos partidos políticos, el denominado Encuentro Social, asegura en sus anuncios que no está integrado por políticos (entonces ¿para qué un partido político?), las consultas ciudadanas que promueven los partidos son todo menos ciudadanas y se han convertido en un simple mecanismo propagandístico y electoral.

Las consultas ciudadanas no deberían ser banalizadas, tampoco utilizarse para temas que llevan implícita su respuesta o que son de obvia responsabilidad legislativa. Ninguna de las consultas planteadas, millones de firmas más o menos presentadas para avalarlas, pasarán por el tamiz de la Suprema Corte, porque no entran en el marco legal establecido para las mismas.

Tampoco son temas que tenga sentido consultar: ni la propiedad del petróleo, ni el salario justo ni la disminución de plurinominales son temas que deban resolverse por consulta popular, los 3 son capítulos que se tienen que trabajar en el congreso y desde allí legislarse, si es que se puede hacer en capítulos que son, por definición casi subjetivos. Mucho menos tiene sentido, la nueva consulta que quiere lanzar otro grupo de senadores que desean preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con que se le reduzca el 50% del salario al presidente y a los funcionarios del gobierno federal. Es populismo puro: ¿cuántos, en un país con tantas desigualdades, no estarían de acuerdo con reducirle los sueldos a los funcionarios?¿porqué no se incluye en esa reducción a los senadores, diputados, gobernadores y trabajadores del Estado?

Lo mismo se aplica a la consulta sobre los plurinominales, que parece algo políticamente correcto pero que dejaría el congreso casi sin especialista en muchos temas. O, ¿quién se puede oponer a que haya salarios justos? Por cierto ¿cuánto es un salario justo? Quién que el petróleo sea propiedad de la nación ¿alguien ha planteado que deje de serlo? ¿se van a poner a consulta, una por una, las leyes aprobadas en la reforma energética?

Las consultas se están usando como lemas de campaña para cohesionar el voto en torno a los partidos en una elección, como la del 2015, en la que no habrá candidatos presidenciales. No están planteadas con seriedad, no se ajustan a la ley y los partidos están expropiando para fines propagandísticos esa forma de participación ciudadana.

La intención es buena: promover "un día sin auto", a nivel mundial, y seguir el ejemplo, a nivel nacional y local, pretende invitar a la reflexión acerca de la manera en que uno de los símbolos más perfectos de la modernidad, se ha convertido en una de las mayores calamidades del hombre moderno, y a buscar alternativas más racionales.

En nuestro medio, por desgracia, la celebración se reduce a un acto demagógico y, por ende, intrascendente: los políticos hacen declaraciones y disponen que sus subordinados más inmediatos prescindan, por un día, del vehículo particular para acudir a su trabajo... Es probable que, en algunos casos, varias personas se pongan de acuerdo para compartir un solo automóvil. Algunos funcionarios, particularmente los más prominentes, invitarán a la prensa para dar testimonio de que llegan a la oficina en bicicleta o en transporte público. Muy pocos, en cambio, tomarán la decisión de incorporar a sus rutinas esa práctica... Por lo demás, en términos de contaminación ambiental o de reducción de los cotidianos atascos viales, la medida termina por ser irrelevante.

La transportación es una necesidad primaria de los habitantes de la ciudad. El crecimiento desordenado de la misma, la insuficiencia del transporte público, la inexistencia de vías adecuadas para la circulación de bicicletas, las altas temperaturas que se registran durante casi todo el año en la ciudad, son factores que hacen inviable el uso de los medios que supuestamente serían las alternativas idóneas.

Si a todo eso se suma un elemento demagógico adicional, como sería el congelamiento -o el castigo, como sucedió en Jalisco- de las tarifas del transporte público, por decreto, so pretexto de que éste no satisface determinados estándares de calidad, la consecuencia está a la vista: el transporte público -a ciertas horas, al menos- es insuficiente, porque los concesionarios responden a los decretos punitivos de la autoridad, prestando el servicio con la menor cantidad de unidades posible, y despreocupándose de la calidad.

Su planteamiento sería este: "¿Conque quieren un servicio barato...? Pues ahí lo tienen".

No sé desde qué administración se comenzó con la costosa costumbre de cambiar el color a todo el mobiliario urbano en cuanto cambiaba el partido en el gobierno, haciendo que del azul se pasara al rojo y del rojo al amarillo y en una de esas hasta al verde. Lástima que gasten en eso lo que deberían gastar en otras urgentes necesidades: calles, alumbrado público, limpieza, seguridad, sincronización de semáforos, semáforos peatonales, etc.

Molesta que las autoridades gasten nuestros impuestos en cientos de galones de pintura para cambiar colores sin otra razón que la mercadotecnia partidista; si tanto aman a su partido que paguen con los recursos de su partido los cambios de color, aún si esos recursos también los aporta la ciudadanía, y la ciudadanía tiene todo el derecho de reclamar que tiren así su dinero, dinero que con tanto trabajo se gana.

Lo que la Ley Federal de Consulta Popular, del 14 de marzo de 2014 establece, es un conjunto de procedimientos para definir quién y bajo qué circunstancias puede promover una consulta para participar en una decisión de trascendencia nacional, como lo establece el "Artículo 4. La consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional." Realizar una Consulta Popular, requiere de un Aviso de Petición, que pueden emprender: el Presidente de la República; el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del congreso, o los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.

La trascendencia nacional de los temas que sean propuestos para consulta popular, será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada cámara, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez calificada la trascendencia con carácter nacional, la consulta se incluye en las mesas de votación electoral federal. Estas consultas tienen poder vinculante, por lo que están y estarán sometidas a presiones políticas mediadas por los partidos y los poderes gubernamentales. Aunque, en el caso de consultas promovidas por ciudadanos, el requisito para su validez es que el día de la jornada electoral participe al menos el 40 por ciento de empadronados. Estos mecanismos de participación ciudadana indirecta se acotan al voto sobre el Si o el No, motivo de la consulta y dependen del sentido con el que se redacte la pregunta.

La Ley de Consulta Popular, impide que se consulten decisiones que afecten ingresos o egresos fiscales.

Al menos 5 aspirantes a convertirse en árbitros electorales del organismo público local de Jalisco tienen un pasado ligado a partidos políticos.

Aunque sus antecedentes no les impiden competir para ser consejeros electorales en la entidad, el Instituto Nacional Electoral busca perfiles de personas que se conduzcan bajo principios de objetividad e imparcialidad.

Un caso es el de Rubén Hernández, actual consejero y aspirante a repetir en el cargo, quien fue representante del PAN en el Distrito 6 de Zapopan, en el 2009.

A Hernández lo apoyan los diputados local y federal del blanquiazul, Hernán Cortés e Isaías Cortés, respectivamente.

En tanto, Juan José Alcalá Dueñas, quien cuenta con el respaldo del gobernador Aristóteles Sandoval y del senador por Jalisco, Arturo Zamora, participó en las bases juveniles del PRI e incluso fue candidato suplente a diputado federal por el tricolor en el Distrito 8 de Guadalajara.

Griselda Beatriz Rangel contendió por la Gubernatura en 1995 bajo las siglas del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

Por su parte, Carlos Servín, en 2000 fue candidato a diputado local propietario por el Distrito 18 representando al Partido del Centro Democrático.

Ninguno de ellos tiene impedimento legal para contender por una posición en el organismo público local de Jalisco, ya que la prohibición es sólo para quienes hayan sido candidatos a un puesto de elección popular en los últimos 5 años.

Dando el grito, pero de desesperación, están los comerciantes y vecinos de la cabecera municipal de Zapopan.

Por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero, recientemente en Prolongación Américas hubo nuevos cierres viales.

El problema es que se complica la vialidad y sólo 4 o 6 personas trabajan en ese punto.

¿No habrá dinero aún para la obra?, ¿para qué abrir más frentes si no hay personal?, ¿contrataron a destajo o de plano no saben cómo se debe construir un proyecto como éste, con el mínimo impacto a la población y en el menor tiempo posible?

[¿Se están jineteando la lana para clavarse los intereses? preguntaría el webmaster.]

A ese ritmo, las obras estarán listas para ¡el Tricentenario de México!

Las viejas formas de operar del PRI siguen vivas, pero no sólo en el nuevo PRI sino también en el viejo PRD. Mucho hubo ayer en el mensaje de Miguel Ángel Mancera del triunfalismo que la izquierda ha cuestionado en mandatarios del PRI y del PAN. No debe sorprendernos que un gobernante sea triunfalista en su informe: nadie va a tomar esta ocasión para un acto de autocrítica. Pero tampoco podemos no señalarlo.

Más que un informe de gobierno, el de ayer pareció el reporte de una organización de beneficencia. 6 de cada 10 capitalinos reciben ahora algún tipo de apoyo del gobierno, 1.2 millones más que el año pasado. El 70% del presupuesto se gasta en "inversión social". Los programas sociales van desde uniformes y útiles escolares hasta entradas de cine para adultos mayores. Hay también 300 nuevos gimnasios al aire libre. Mancera, sin embargo, nunca dijo cuánto dinero está ingresando al gobierno y cuánto se está gastando o en qué.

El énfasis en el asistencialismo tiene siempre un costo en el abandono de las tareas de responsabilidad sustancial. A pesar de que Mancera afirmó que su gobierno ha gastado niveles sin precedentes en pavimentación y bacheo, 300 millones de pesos, la red vial de la ciudad pare estar en rápido deterioro. Me pareció extraño que Mancera sólo le dedicó una breve mención a su programa Agua para el Futuro, que requiere una inversión de 10,000 millones de pesos. Me imagino que las tuberías y los drenajes no ganan votos.

El Dr. Mancera afirmó que en la ciudad de México se han creado 90,000 empleos formales, un avance de 3.8%, y que además el seguro (subsidio) al desempleo benefició a 27,000 personas.

El gran anuncio bajo la manga fue que ya no habrá trabajadores eventuales o por honorarios en el gobierno. Todos los empleados del GDF gozarán de seguridad social a partir de 2015. Tiene sentido, pero con los altos costos de indemnización en nuestro país se le está endosando un enorme pasivo laboral a los contribuyentes.

Mancera defendió la reforma política que le daría al D.F. facultades y derechos iguales a los de cualquier entidad. Yo estoy de acuerdo, aunque creo que la reforma beneficia más a los políticos, que tendrán más poder, que a los ciudadanos. Promovió también su propuesta de elevar el sueldo mínimo, que a mi juicio tendría consecuencias negativas en el empleo.

Me da la impresión que su alicaída popularidad empezará a subir. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con el asistencialismo, pero entiendo que es la forma más eficaz de comprar votos legalmente.

Es absurdo que el presidente no lea su informe en el Palacio Legislativo el 1o. de septiembre, pero es obsoleto que el jefe de Gobierno del D.F. no escuche las posiciones de los partidos y no responda a las preguntas de los legisladores. El discurso de respuesta de la diputada Ariadna Montiel del PRD, por otra parte, pareció tomado de los peores manuales del viejo PRI.

"Donde hay mal gobernador, hay problemas de seguridad", resume un alto funcionario del gobierno federal. La frase salpica parejo: Tamaulipas, Michoacán y Jalisco son de mandatario priista; Guerrero, de perredista; Oaxaca, de un militante de Movimiento Ciudadano; y Baja California, del PAN.

Por si no bastara, las deportaciones recrudecidas en Estados Unidos dejan a Tijuana con cosa de 100,000 repatriados anuales, que son carne de cañón para los criminales, ya que la economía formal no les ofrece opciones después de que con la reforma fiscal el IVA en esa localidad subió de 11 a 16%, causando cierres de empresas, particularmente maquiladoras.

Súmele a esto un gobernador, Francisco "Kiko" Vega, a quien la prensa local tacha de ausente y acusa de pasar más tiempo en el DF que en su estado, y listo el potaje de la descomposición.

Vicios institucionales que generan un "galimatías jurídico" no permiten el manejo eficiente de los procedimientos administrativos de ejecución, que facultan al Gobierno del Estado cobrar las multas, explica el doctor en Ciencias Fiscales y Sistemas Financieros, Antonio Sánchez Sierra: "no tienen la capacidad técnica ni el conocimiento de dónde se deriva la multa para ejecutarla".

Destaca como ejemplo una sanción de la Procuraduría Federal del Consumidor que fue notificada al infractor 3 años después de cometer la falta, y los encargados de la diligencia de la Sepaf ignoraban el origen de la multa; y era tan grande el desorden que ni la misma procuraduría tenía el acta de la multa.

"La Sepaf va y cobra pero no sabe qué está cobrando. Y el contribuyente tiene la opción de ignorar la falta o desentenderse porque no se tiene el acta de origen; o te vas al Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, impugnas la multa y se debe regresar el trámite".

Describe que el embrollo jurídico resulta incosteable por estas situaciones, ya que el pago de la multa sería similar al dinero necesario para los juicios, "pero la Secretaría de Finanzas le apuesta a que la gente pague aunque carezca de elementos que fundamenten la multa, porque la gente no quiere gastar en la defensa".

A este fenómeno, el también profesor de la Universidad de Guadalajara, agrega el uso discrecional del dinero que sí se paga, que genera una "perversidad de las instituciones"; dice que las autoridades apuestan a que los contribuyentes no impugnen la multa y la paguen; ese dinero, por lo menos la mitad según está legislado, se queda en manos de la misma Sepaf: "No se vale que el Estado, que es el 1o. en observar todas las disposiciones legales, sea el que las modele y se genere desconfianza en las instituciones de parte de los contribuyentes".

En el caso particular del poder judicial expone que los jueces, al conocer cómo funcionan los mecanismos de cobro, ignoran las multas. Los representantes de la secretaría llegan pero no hacen el despliegue del procedimiento coactivo, "las multas duermen el sueño de los justos, porque los jueces saben que Sepaf no irá a cobrar y apuestan a que los cobros prescriban (termine el límite de pago)".

Sobre la posibilidad de que las instancias que multan cobren los adeudos comenta que no sería una posibilidad viable, ya que la ley actual está bien contemplada pero se aplica mal. "No hay que hacer mucho para evitar el embrollo, simplemente realizar las acciones que establezcan la ley. Si caducó la fecha de cobro, que lo dejen ahí, porque insisten en fatigar al contribuyente".

La temporada de los informes de los alcaldes de los municipios conurbados con Guadalajara dejó un par de hitos en la memoria del ciudadano de a pie: en Tonalá, el anuncio de que sus habitantes agregarán a la lista de sus motivos de orgullo, uno más: el teleférico que irá del Cerro de la Reina a la Presidencia Municipal y viceversa; en El Salto, la adquisición de un equipo de futbol de Tercera División.

Es posible que si a los vecinos de Tonalá y El Salto les hubieran consultado acerca de sus necesidades más apremiantes o de sus apetencias más inmediatas, habrían coincidido en solicitar la ampliación de los servicios públicos a las zonas en que no existen, o la mejoría de los mismos en las que ya los tienen: la seguridad pública, la dotación de agua potable, la extensión de la red de alcantarillado, el bacheo de las calles; las medidas orientadas a proporcionar un servicio de transporte digno y eficiente, que invitara, si no a abandonar, sí a depender menos del transporte individual. En fin...

Quienes administran el dinero público deberían tener como premisa inflexible, como compromiso ético irrenunciable, no malgastar un peso del dinero público, mientras haya una necesidad insatisfecha.

En los últimos días encuentro un común denominador: desorden.

Sí, desorden que ha dejado en evidencia impunidad, engaños, abusos de poder, manipulación, divisiones, ineficiencia y corrupción.

Con relación al PAN y al PRD, sus procesos internos, sus escándalos, sus alianzas y pactos con el poder los debilitan cada día más, claro que ellos no se dan cuenta o hacen como si todo fuera perfecto en esta proclividad a la simulación que he venido reiterando con relación al PRI pero que no es exclusiva de ese partido; más bien se podría decir que es una forma de operar y de actuar de la clase política mexicana. Lo bueno es que muy pocos lo creen; lo malo es que los que lo creen son los que tienen el sartén por el mango.

En estos partidos el desorden campea porque, precisamente por esto que expongo entre otras cuestiones, las divisiones internas son lo cotidiano o bien, miembros de estos institutos políticos que se van por la libre mientras gozan de las mieles del poder, fuero e ingresos millonarios, y quedan fuera de control (también en el PRI, claro) como los que participaron en la fiesta de Vallarta o aquel escándalo por favores sexuales con un delegado perredista en el Distrito Federal; sin dejar de mencionar el caso del presidente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. 3 asuntos emblemáticos que causaron escándalo y que sin duda alguna dejan en evidencia desorden e impunidad. No por nada Edgardo Buscaglia insiste en que, en México, urge una purga en los partidos políticos porque está firmado de manera tácita un “pacto de impunidad”. Difícil, muy difícil sobre todo si la iniciativa de la purga debe ser de la propia bestia.

En las recientes elecciones internas del PRD la intervención del INE impidió urnas embarazadas y desaparición de boletas; por fin hubo elecciones en no pocos lugares del país. Pero el PRD no cambió con la decisión de invitar a la autoridad nacional electoral a organizar su propia elección.

Los grupos internos del PRD, los cuales en su conjunto lograron una afiliación de 4 millones y medio, no fueron capaces de llevar a las urnas a más de 40%. Esto quiere decir que tales grupos abultan los registros y carecen de capacidad de movilización de una mayoría de personas afiliadas por ellos mismos. Este dato pone en duda la justificación del modo grupal-clientelar con el que se organiza el partido.

Además, la movilización electoral mostró la existencia de cajas de recursos propios de los grupos más grandes. El sistema mexicano de las despensas y el dinero en efectivo es una parte; la otra es el transporte con o sin gratificaciones inmediatas y personales. Esto quiere decir, por un lado, que sin recursos económicos el apoyo electoral de cada cual sería mucho menor y, por el otro, que la masa afiliada al partido está llena de personas distantes de una causa política general. Además, las finanzas de los grupos, ya sea por cuotas de sus miembros (servidores públicos) o por gestiones directas, crean una especie de poder económico por encima de las relaciones políticas dentro de un mismo partido, lo cual hace que la estructura partidista dependa demasiado de algunas circunstancias o, en otras palabras, que ésta resulte ser más de papel que de conciencia.

Esta semana, presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara dieron sus informes. Rendición de cuentas con la sociedad donde el oropel fue puesto por sus seguidores y simpatizantes, mientras que la crítica y el show lo montaron sus adversarios.

Esto, sin importar mucho la incomodidad de los ciudadanos que, hartos de los pleitos políticos, claman por mayor seguridad, calles transitables, transporte público decente, educación y salud a la altura de los impuestos pagados, combate real a la corrupción y menos propaganda de todo tipo que exalte los logros y ataque al contrario.

A los actuales alcaldes de la ZMG les queda alrededor de un año, periodo donde algunos buscarán posicionarse para continuar en la grilla. Habrá quienes tengan éxito -como Margarita Arellanes, la que le dio las llaves de Monterrey a Jesús- y, otros, pasarán al olvido.

Se le dio el título del mejor alcalde del mundo. De hecho, así salió calificado al terminar su gestión como jefe de Gobierno del Distrito Federal.

El camino estaba hecho para que Marcelo Ebrard llegara, primero, a la dirigencia del PRD y, de ahí, a competir por la presidencia del país contra un desgastado López Obrador y un tapado que traería al aparato de su lado, pero no la simpatía de un sector poblacional.

Parecía todo calculado por Ebrard, hombre que siempre había tenido buen sentido político.

Pero la venganza es un plato que se toma frío.

Joel Ortega y los Chuchos encontraron el talón de Aquiles de Marcelo en los rieles de la línea 12. El mejor alcalde del mundo había cometido errores garrafales que no le cubrirían sus enemigos llegados al poder.

Errores con el fin de ser el mejor alcalde del mundo.

Ahora, los datos matan el título: construcción a capricho, gastos sin comprobar, desvío y hasta negligencia.

De forma elegante, el dictamen sobre el desastre que raya de Tláhuac a Mixcoac la Ciudad de México evade el nombre de Ebrard Casaubón y de otros que estaban en la primera línea de fuego. No por cortesía sino como vacuna: Marcelo debe tener más de una ficha de cambio en donde podría hacer patinar a más de uno de sus enemigos.

Ante las quejas de diputados del PAN y el PRD, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, achacó a los gobierno estatales la retención de recursos federales que deben ser entregados a los municipios.

[¿Será que se están jineteando la lana para quedarse con los intereses? - pregunta el webmaster.]

Durante su comparecencia de ayer en San Lázaro, el funcionario planteó que la cámara debe aprobar sanciones penales para los funcionarios de gobiernos estatales que retrasen la entrega de estos recursos.

El 1 de septiembre, MURAL publicó la queja de alcaldes del país que señalaban a Hacienda como responsable del retraso de fondos 2014, a 4 meses de la conclusión del ejercicio fiscal.

El funcionario federal expuso que la secretaría a su cargo concretó en agosto la entrega al 100% de los 10,929 millones que componen los fondos de Cultura, Infraestructura Deportiva y Pavimentación.

Anflopo
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 10 de septiembre de 2014).

Los partidos necesitan diferencias internas, militantes insubordinados, integrantes rebeldes. Sobre todo ahora, que se han convertido en espacios de colocación laboral, con élites inamovibles y militantes que sólo sirven como carne de cañón con aspiraciones de curul.

En el PAN pasa desde hace tiempo, y era saludable ver insubordinaciones de vez en cuando, por ahí había la posibilidad de que ese partido regresara a la discusión como método para construir una idea de país.

En el PRD la cosa es más preocupante, y lo evidenció la reciente elección interna. Los amarillos no salieron a votar: fueron arrastrados, comprados y azuzados por los pastores de ese instituto político. La organización salió bien, sí, qué bueno, pero el proceso para que los militantes votaran por una u otra expresión fue desastroso desde el punto de vista de la construcción democrática del partido: los militantes (ojo, militantes, gente registrada, personas adultas que optaron por identificarse con una credencial dentro de un club con el que tiene ideas afines) fueron seducidos a golpe de despensas en los lugares en donde el PRD tiene más recursos para ello, es decir, en donde gobierna.

Es tristísimo ver ese comportamiento político entre los mexicanos: los líderes partidistas no tienen seguidores, no hay banderas que arrastren conciencias... lo que hay son bolsas de arroz y clientelas comprables. No se trata de un asunto de inequidad o compra de conciencias como en una elección constitucional. Este es un club, y los afiliados han decidido que su participación vale una despensa. No es de extrañar que los insubordinados, otra vez, queden fuera de las estructuras, caminen por rumbos desolados y terminen renunciando a su partido.

En el PRI por ahora están de plácemes (me refiero a comportamientos generales, ofrezco disculpas por la caricaturización), con un partido ligado nuevamente al poder central del presidente. Ahí tampoco hay insubordinados, ahí hay soldados que siguen sin cuestionar el camino que marca la deidad desde Los Pinos y los senderos que dibujan sus gobernadores.

Es muy preocupante para la democracia mexicana que los partidos se estén quedado con militantes sin iniciativa, sin pensamiento libre, sin fuerza para pelear y con ganas de despensas. Es triste que los insubordinados se salgan de los 3 partidos que toman las decisiones en este país.

El reporte que realizó la empresa francesa Systra sobre el desastre de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México enlista una serie de irregularidades que para quien lo lee no dejan espacio a la duda: la urgencia de Marcelo Ebrard por inaugurar la obra durante su administración provocó su posterior fracaso.

1. No hubo proyecto ejecutivo, con lo cual se ahorraron meses, pero perdieron rumbo.
2. Sin planeación, las excavaciones se fueron realizando casi al tanteo y cuando topaban en el subsuelo con piedras impenetrables o hasta bodegas hospitalarias, improvisaban una "vuelta" en la ruta, un viaducto elevado, lo que fuera, al costo que fuera, para entregar a tiempo.
3. Los trenes que se contrataron no fueron los idóneos, sino los que podían llegar primero al Distrito Federal.

Y así.

La prisa del ex jefe de Gobierno Ebrard, al parecer compartida por el también saliente presidente Felipe Calderón Hinojosa, disparó el precio en 70%, arriesgó a los usuarios y terminó generando el colapso de la Línea Dorada con sus 26,000 millones de pesos de costo. Esa conclusión se infiere.

Sin embargo, el reporte de Systra no acusa directamente a Marcelo Ebrard. Y la Contraloría de Mancera tampoco.

Parece que el actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quiere guardarse ese misil para usarlo políticamente contra Ebrard en caso de que lo necesite y cuando lo necesite: la relación entre ambos es catastrófica.

Enrique Horcasitas, que desde abril de 2009 fue designado director general del órgano desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal por el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, fue señalado como el principal responsable de las fallas de la Línea 12. Su hermano es Luis Horcasitas, miembro del Comité Ejecutivo de ICA y responsable de la Unidad de Construcción Civil de la Línea 12, una de las tres empresas constructoras, lo cual creó un claro conflicto de intereses. Pero, además, siendo el suyo un cargo técnico pero también eminentemente político y financiero, las responsabilidades podrían ir, en el curso de las investigaciones, aún mucho más allá.

Las sanciones, algunas de las cuales, como la de Horcasitas, devendrán en procesos judiciales, se dieron a conocer inmediatamente después de que se tuvieran los resultados del proceso interno del PRD y si bien una cosa no tendría porqué estar directamente relacionada con la otra, lo cierto es que se da en el contexto de una abrumadora derrota de Ebrard, que apenas alcanzó el 2% de los votos de los delegados, y de un notorio fortalecimiento político de Miguel Mancera. En ese tejido nadie podrá decir que las sanciones se utilizaron para influir en el voto perredista, pero, por otra parte, resultará evidente que no se trata de un intento de chantaje político respecto al tema.

El resultado electoral deja a Ebrard, que ha sido particularmente despectivo con el actual gobierno capitalino en las últimas semanas, prácticamente con un pie fuera del PRD, aunque con un resultado tan pobre incluso sus márgenes de negociación con Movimiento Ciudadano se estrechan dramáticamente, pero las sanciones de la Línea 12 le pegan a sus principales operadores y dejan abierta la posibilidad de que las investigaciones escalen hasta lo más alto de la pasada administración capitalina, incluyéndolo. Y el tema Horcasitas no involucra sólo al metro, sino a muchos negocios inmobiliarios desarrollados en el pasado sexenio. El problema no es la inhabilitación, es el proceso judicial en ciernes: ¿aceptará Horcasitas asumir solo la responsabilidad? Esa es la verdadera pregunta.

Las unidades de asesores se han llenado de aquellos que no caben en la administración. Son pocos, contados con las manos, los asesores de ayuntamientos y gobiernos que realmente son expertos en alguna materia y menos aún los que son expertos en alguna materia estratégica para los gobiernos. Estos últimos son los únicos que deberían permitirse en una nómina gubernamental. Los demás que se dediquen a la grilla, que es lo que hacen, pero con su dinero y en su casa.

En el contexto de un gobierno dividido, sin mayoría aplastante en el congreso, cada año la aprobación del presupuesto federal requiere de una mayor negociación política, aunque no va más allá de una "bolsa negociable" o "piñata" presupuestal que representa el 10% en promedio del monto total.

Los partidos fijan su atención sólo en segmentos que dan visibilidad y reconocimiento político, que beneficia a grupos organizados. En los últimos tiempos están reservadas partidas por grupo parlamentario para canalizarlas a sus clientes electorales. De acuerdo con una amplia investigación que coordinó Luis Carlos Ugalde, director del grupo consultor Integralia y expresidente del Instituto Federal Electoral, bajo el título "La negociación política del presupuesto en México 1997-2012", el 90% del presupuesto público lo avala el congreso prácticamente sin discusión, pues se considera comprometido, lo que representa un "cheque en blanco" para el gobierno federal. Esto significa –concluye– que contiene partidas con obligatoriedad jurídica o política, como son los sueldos y salarios, subsidios, pensiones, programas sociales, proyectos de inversión y transferencias a entidades federativas, entre otras.

"También reconoce que en 16 años (de 1997 a 2012) el presupuesto federal aumentó, en términos reales, 108%, al pasar de 1"885,000 millones a 3"920,000 millones de pesos, un crecimiento anual promedio del 5%. Plantea además que la lógica de la negociación es política y los criterios técnicos que la orientan son escasos. Advierte la "falta de un trabajo profesional, integral y cotidiano del congreso" para aprobar el presupuesto y dar seguimiento al ejercicio del gasto, lo que "ha dado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un enorme poder para definir el rumbo del gasto e incluso vetar, en la práctica, algunos programas aprobados por el congreso".

A nadie sorprenderá que las elecciones para elegir nuevo presidente del PRD queden manchadas por irregularidades. Está en su código genético disputar con lodo el poder en un partido que desde su fundación amalgama corrientes políticas con orígenes y métodos de lucha a veces antagónicos, incapaz de lograr cohesión institucional. Lo distinto ahora es que en la nueva disputa por el poder se juega la viabilidad de una oposición de izquierda en el corto plazo, y la franquicia entre una izquierda gobiernista, y una que por definición, es opositora, en el largo plazo.

La fractura entre Nueva Izquierda, la corriente conocida como "Los Chuchos", -apoyada por un grupo de tribus protopriistas-, y una coalición de izquierda que se está construyendo, es una realidad que preocupa al principal afectado por esta incertidumbre, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Sólo "Los Chuchos" no quieren ver que una oposición dócil tiene consecuencias negativas, porque inclusive dentro del gobierno advirtieron que sus aliados podrían acelerar el rompimiento, con su insistencia a mantener el control del PRD por sobre todas las cosas, en un momento donde el Presidente necesita aliados para consolidar sus reformas, y no enfrentar adversarios cuyo objetivo político y electoral es descarrilarlas.

Por eso se sumó discretamente a los esfuerzos que querían que Cuauhtémoc Cárdenas fuera electo por consenso presidente del PRD como un recurso para evitar la polarización, porque consideraban que sería un líder que sin estar subordinado a Los Pinos tendría puentes de comunicación con el gobierno. Las corrientes más radicales aceptaban a Cárdenas, pero "Los Chuchos" dijeron no. ¿Por qué le regalarían un partido cuyo aparato controlan? Carlos Navarrete, decían, será el 4o. presidente sucesivo de la tribu.

Los grupos disidentes de "Los Chuchos" en el PRD llevan semanas negociando con Andrés Manuel López Obrador una alianza electoral para el 2015, que tendrá que ser de facto porque Morena, el partido del 2 veces candidato presidencial que acaba de recibir su registro, no puede competir en su 1a. contienda electoral en coalición.

Morena, según las encuestas que miden su fuerza en el Distrito Federal, tiene 18% de preferencia electoral contra 22% del PRD. López Obrador, el político más reconocido en el país detrás de Peña Nieto, tiene un peso político de 8%. Si se concretara esa alianza, todo apunta a que se partiría la militancia y las lealtades dentro del PRD.

Los jefes de "Los Chuchos" piensan que el voto corporativo que los mantiene en la cima del partido, dará los suficientes votos en las urnas para que venzan a la oposición unida de la izquierda, que va sumando fuerzas. López Obrador tiene el control político del Partido del Trabajo, mientras que Ebrard se ha convertido en el jefe metropolitano de Movimiento Ciudadano. Pero la apuesta estratégica de la izquierda anti-gobiernista no es ganar en 2015, sino comenzar a construir las bases para competir en 2018, en las elecciones presidenciales.

Dentro del PRD de "Los Chuchos" existe menosprecio por sus adversarios de izquierda, insuflados en buena parte por el acceso al poder en Los Pinos. En la Presidencia los han procurado porque fueron funcionales. Bajo la misma lógica, serían más funcionales si dejaran la presidencia del PRD a otras fuerzas ante la polarización que han creado. Pero eso no lo harán en forma voluntaria.

Por más que autoridades de Tlajomulco de Zúñiga y políticos que les acompañen pretendan hacer creer que ellos no tienen responsabilidad alguna en el ecocidio de la laguna de Cajititlán noticia que le ha dado la vuelta al mundo por la participación de cibernautas y de técnicos y científicos que se han avocado a conocer y dar a conocer más de lo que ahí está ocurriendo (120 toneladas de peces muertos, más las que se acumulen esta semana), y busquen hacerse pasar por víctimas de los gobiernos estatal y federal, la realidad es que las verdaderas víctimas se encuentran en otro lado.

El argumento de que "se trata de una campaña política en contra de las autoridades de Tlajomulco porque aquí se hacen todas las cosas bien"... no deja de ser una triquiñuela engaña bobos, en la que hasta algunos representantes de medios de comunicación han caído en el garlito al victimizar a los mandos del Partido Movimiento Ciudadano -a quienes por cierto manda una persona que ni siquiera es miembro de ese partido- y se auto nombran ejemplo a seguir por todos los gobiernos del país (modestos, modestos, lo que se dice modestos, no son).

Así las cosas, la campaña de auto victimización les ha dado algunos resultados por el efecto mediático, pero lo que aún no se ha podido solucionar y llevará varios años para alcanzar soluciones, es la grave contaminación a que está sometida la laguna, debido a que la autoridad municipal ha sido incapaz de tratar adecuadamente el agua de los múltiples fraccionamientos autorizados por ellos mismos en los márgenes del vaso lacustre.

Argumentar que la mortandad de peces "es natural" y se debe a un fenómeno cíclico, es tanto como afirmar que la caída de cabello también lo es (10 cabellos diarios), pero 100 o más dejan pelón a cualquiera.

No cabe duda de que Nueva Izquierda, con sus aliados, ganará la elección de consejeros municipales, estatales y nacionales del PRD.

Pese a que se trata de una elección interna organizada por el nuevo INE (con un costo millonario para el PRD) y que el número de impugnaciones y quejas es, hasta ahora, relativamente pequeño, si se da el triunfo de Nueva Izquierda y sus aliados, habrá personajes y grupos que comenzarán el traslado formal hacia Morena (aunque muchos de ellos ya han dado el paso político, están más cerca de Morena que del PRD del que aún forman parte, aún faltaría el institucional). Me imagino que la dirigencia del PRD ya lo sabe y que prefiere que eso ocurra ahora y no cuando esté en ciernes el proceso electoral.

El PRD debe comenzar a buscar y consolidar liderazgos públicos de cara a las elecciones, las próximas y las del 2018, porque mientras el perredismo sigue gozando de una organización y un despliegue relativamente eficiente en buena parte del país, Morena sigue teniendo al único líder que ha tenido la izquierda en por lo menos los últimos 12 años. Y será allí donde Morena le hará daño al PRD.

Y no sólo allí: cuando vemos cómo se despliegan las fuerzas en el principal reducto de votos de la izquierda, que es la ciudad de México, vemos también cómo esa división PRD-Morena puede dañar, sobre todo al PRD y complejizar [sic] la labor del gobierno capitalino.

La presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Pamela San Martín, solicitó reforzar la seguridad durante el cierre de las casillas de la elección interna del PRD.

Lo anterior, luego de los incidentes en algunas entidades en las que gente encapuchada robó urnas y quemó papelería.

De la misma forma, el presidente nacional perredista, Jesús Zambrano Grijalva, consideró necesario garantizar el voto de los militantes perredistas ante incidentes como los ocurridos en el estado de Guerrero, en la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal y en el municipio mexiquense de Tultitlán.

Hasta antes de 17:00 horas se tenían 6 incidentes de consideración en donde se suspendió en definitiva la votación.

El 1o. de ellos ocurrió en el Distrito V del estado de Guerrero, en Tlapa de Comonfort, donde a las 11:30 horas, un grupo de personas quemó las boletas de las casillas 1735-B impidiendo la elección, hechos de los cuales se dio parte a la Procuraduría General de la República.

El 2o. se registró en la junta distrital 30 en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, en la casilla 3592 básica, que se ubicaba en la acera de Avenida Pantitlán, donde a las 13:28 horas un sujeto distrajo al personal de las casillas para sustraer las boletas de consejeros estatales.

Los funcionarios de esa junta solicitaron la presencia de los representantes de las corrientes Nueva Izquierda e Izquierda Democrática Nacional, quienes afirmaron que faltaban 421 boletas, continuaron con la votación y se levantó el acta correspondiente al incidente.

Otro de los hechos, reportó la funcionaria del INE, fue en el Distrito Federal, en la delegación Iztapalapa, en la junta 18 distrital 2212 B básica y contigua 1 y 2, donde se dio la suspensión definitiva, luego de que un grupo armado provocó pánico y la dispersión de los funcionarios del INE, quienes rescataron la documentación y ponerla en manos del instituto.

En el Distrito 8 de Tultitlán, Estado de México, hombres encapuchados se llevaron las urnas y las boletas de la casilla 5517-B, hechos que fueron denunciados ante la PGR, instancia que le dará seguimiento.

Es claro que cualquier régimen intentará usar las cifras como trampolín de logros y así magnificarlos. Usar el poder para mantener el poder es una práctica ancestral. Nada nuevo. El problema es cuando los que desean el poder hacen la misma dinámica.

Como en los anteriores ejercicios de ratificación de mandato, Movimiento Ciudadano convocó a ciudadanos de Puerto Vallarta a decidir si su presidente municipal, un personaje conocido como el Mochilas, debía continuar o no.

El resultado era previsible: más del 90% de los votantes dijeron que sí. Los alfiles del partido naranja -muchos de ellos naranja y azules en el pasado y ahora sólo decolorados del azul- lanzaron las campañas al vuelo para demostrar que sus gobiernos tienen amplio respaldo popular.

De nuevo, no tan rápido.

Según los datos publicados por Mural, la votación fue magra. Sólo 15,549 personas asistieron al llamado para ver el destino de Ramón Guerrero; de estos, 14,575 aprobaron su estadía y su labor.

¿Quiere decir que los restantes reprueban al edil? No, como tampoco que es una aprobación tácita. Refleja una inmensa apatía por este tipo de ejercicios, un desconocimiento de los mismos o hasta hartazgo hacia las propuestas de este estilo que políticos de oposición encabezan para diferenciarse del PRI.

El problema es que su difusión y la poca reflexión que hacen algunos actores sobre los datos los acercan al típico político y no al ciudadano.

Maquillar cifras, matraquear como triunfo algo que es una pérdida, rechazar la crítica, los caminos que uno esperaría que fueran los que el PRI transitaría. Por tristeza, también lo hacen partidarios y cercanos a Movimiento Ciudadano.

Y en un apático mundo donde la oposición es ciega a la crítica, el único que gana es quien tiene mayor capacidad de convocatoria y movilización, así sea con tortas y refrescos.

No se sorprendan que el PRI les gane todas en 2015 y sin necesidad de matraca numérica.

Senadores del PRD y el PAN urgieron a adoptar medidas para frenar el endeudamiento de gobiernos estatales y municipales y hacer que se sujeten a la ley.

El perredista Mario Delgado advirtió que las autoridades locales adquieren créditos a corto plazo para solventar su gasto corriente, una práctica ilegal que, denunció, es tolerada por la Secretaría de Hacienda.

"El crecimiento de la deuda lo explica el déficit crónico que tienen en sus finanzas los estados, en donde traen un nivel de gasto que ha venido creciendo por encima de sus ingresos", indicó en entrevista.

"Este agujero se ha venido tapando a través de financiamiento de proveedores, deudas de corto plazo que no son registradas y que después, en los cambios de gobierno o en algunas coyunturas, se sacan y se registran como deuda pública".

En tanto, reprochó, Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no hacen públicos los los detalles de las deudas contraídas por estados y municipios, incluyendo montos, plazos, garantías, comisiones, tasas de interés y sobre todo destino.

"La Constitución es clara en que los estados solo pueden endeudarse para proyectos públicos productivos; sin embargo se le está dando la vuelta y se está financiando gasto corriente con deuda pública", insistió.

Entre las entidades en las que el problema del endeudamiento sin control se ha agudizado, señaló, se encuentran Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz, Nayarit y Sonora.

A la mayoría de gobernantes, que alguna excepción habrá, les vale gorro lo que piense la raza, en tanto el dinerito les llegue, por eso se soltó la preguntitis partidaria. Al fin y al cabo tenemos a los becarios del INE que ganan muy bien y no tienen nada qué hacer, digo nada de provecho.

El Partido de Acción Nacional, pero los buenos no los que fueron al vallartazo, preguntarán si usted considera que debe subir el salario mínimo. En el defe los acusan de haberse robado la idea.

Témoc, como anda más desesperado, trae varias consultas, que si la energética, y en lo local la del salario.

El Peje trae su propia consulta energética, debo decir que a mí, López Obrador es el que más divertido se me hace, porque no les anda pidiendo frías a los de la izquierda y los otros si le andan pidiendo favores; a más de que él hace sus propias consultas en sus mítines y con los números que él tiene asegura que la gente lo apoya porque siempre consulta a sus seguidores. Los que sí deben andar con mucho miedo son los del PT y los del PMC dirigidos por Dante Delgado, porque donde Morena no jale con ellos no se les dará el dinerito tan necesario para vivir.

El PRI, que necesita también los votos ha lanzado su consulta respecto de reducir diputados, pero nada más 100.

Ninguna consulta tiene la más mínima posibilidad de causar un beneficio a la población, eso puede jurarlo, digo, a menos que usted considere los votos como un beneficio.

Pero se me ocurrió para perder el tiempo que usted y yo propongamos temas para consultas que jamás serán respondidas, voy con mi hacha la 1a.: ¿Cuál cree usted debe ser el sueldo de un diputado? Y la 2a.: ¿Debe elevarse a rango constitucional el derecho de ser guapo? Imagine usted que hermoso sería leer "Todos los mexicanos tienen el derecho inalienable de ser guapos". A fin de cuentas lo importante es opinar.

El PAN sostiene que la corrupción no es un problema cultural. Definitivamente no estamos de acuerdo con la aseveración del Presidente de la República en el sentido de que "la corrupción es un asunto propio de nuestra cultura, eso es tanto como claudicar a la obligación esencial de todo gobierno de erradicar este cáncer que carcome instituciones y erosiona el patrimonio de las familias y productores'', dijo Javier Lozano.

"La corrupción que observamos es producto de la debilidad institucional y la falta de compromiso de un gobierno que no incluya en su agenda prioritaria este tema fundamental. Es un problema de complicidad, de falta de voluntad para aplicar las leyes y fortalecer las instituciones a las que se comprometió el ejecutivo'', dijo el panista.

Explicó que legislarán para promover un un marco jurídico adecuado de prevención, fiscalización, sanción (incluida la persecución de carácter penal) y vigilancia, unsistema nacional de rendición de cuentas que contemple los mecanismos de acceso a la información y de control de la administración pública.

La izquierda reformista que apostó con el presidente Enrique Peña Nieto por el Pacto por México, se está cayendo a pedazos. Es la corriente donde su jefe histórico, Jesús Ortega, disfruta el acceso al poder que nunca tuvo y opera con el jefe formal, Jesús Zambrano, presidente del PRD, para seguir controlando el aparato del partido y la ''nomenklatura''. Los Chuchos siempre se han distinguido por pertenecer al ''apartachik'' que se ocupa de la construcción de la colmena burocrática, con el control de los comités seccionales, de los delegados, de los cargos en el politburó perredista, y también por olvidar que lo que hace ganar elecciones son los votos, no los rotulados en las oficinas.

Los Chuchos son la corriente más fuerte del PRD que, sin embargo, sin el acompañamiento de una figura (que nunca sale de esa tribu), no serían nada en los procesos electorales. Son pragmáticos y se comen sus escrúpulos. Ortega siempre decía que Cuauhtémoc Cárdenas era un cacique, pero no dejó de respaldar sus candidaturas presidenciales. Con Andrés Manuel López Obrador, a quien además de cacique le endilgaba el calificativo superficial de “mesías”, caminó al lado en dos campañas presidenciales y habría seguido como lapa de quienes generan votos y les inyectan vida, pero la seducción del poder y el acceso a Peña Nieto, los llevó a sobrevalorarse en el mercado político.

Los Chuchos, con la transfusión de ambición que recibieron de Los Pinos -para quien fueron largamente funcionales-, decidieron que el tiempo donde ellos marcarán las horas en el reloj político, ya les pertenecía. Han puesto su futuro en el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, pero no muestra alas para volar, y sigue dilapidando su capital político en la Ciudad de México. La robusta figura tras quien querían caminar para mantener el poder en el partido, parece no tener mucha fortaleza.

En paralelo, la forma de interactuar con el gobierno mostró a Los Chuchos más edulcorados que de costumbre, y sufrieron en desgastes y enfrentaron contradicciones. El pasado fin de semana llegó a su fin una de ellas.

Miguel Barbosa, que sorprendió a muchos y ganó respeto como coordinador del PRD en el Senado, rompió con sus viejos camaradas para caminar con una nueva tribu, el Frente de Izquierda Progresista, luego de semanas de enfrentamiento público con Zambrano por la ley de telecomunicaciones y su forma autócrata de querer tratar a los senadores. Coincidentemente, sus enemigos comenzaron a salir de las piedras.

Marcelo Ebrard, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, desangrado por Mancera pero no liquidado, tiene una voz política más sonora que su sucesor. No tiene los apoyos, ni los votos, pero le ayuda que sus rivales pierden crecientemente el respaldo popular.

Están enfrentados con una de las corrientes poderosas del PRD, Izquierda Democrática, que encabeza René Bejarano, que cuenta con más de 32 diputados federales, el control de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la secretaría general del partido y las vice coordinaciones en el Senado y San Lázaro. Bejarano mantiene una relación cálida y fría con Ebrard, pero que, pragmáticos finalmente los dos, los puede llevar a formar una vez más una alianza táctica.

Pero sobretodo, tienen encima el fantasma de López Obrador y su partido Morena. Zambrano dice que no le preocupa el ex candidato presidencial. No puede hablar en serio. López Obrador, sin partido, sin campaña y sin presencia en medios, sólo es superado en preferencia del electorado por Peña Nieto, pero a diferencia del Presidente, él si podrá estar en la boleta electoral de 2018.

En sus comentarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Emilio O. Rabasa y Gloria Caballero puntualizan que "Es un sistema para dar acceso en el recinto parlamentario a los candidatos de diferentes partidos, según la fuerza electoral del propio partido, demostrada por el voto en la elección". El concepto se traduce, en la práctica, en que los legisladores, por una elemental cuestión de lealtad, saben que representan más a los partidos que los postulan, que a los ciudadanos que sufragan. De ahí la regla generalizada de que, al cabo de los debates en las respectivas cámaras, voten "en bloque"; es decir, por consigna -por "disciplina partidista", para usar el eufemismo habitual en esos casos- y no por convicción íntima, personal, en conciencia, con el interés jurídico que se cuestiona o con el sentido del voto que se emite.

Marionetas desprovistas -vía de regla- de principios, de iniciativa o voluntad propia, de vinculación o de compromiso con intereses o necesidades de los ciudadanos; meros instrumentos dóciles, acríticos, de los titiriteros que los manipulan a su conveniencia, es posible que los "pluris" acrecienten las posibilidades de que todas las fuerzas políticas (o, para decirlo con todas sus letras, los grupos de poder) existentes en el país defiendan sus intereses -no pocas veces inconfesables-... pero es discutible que contribuyan, como desearía el ciudadano común, a ampliar el abanico de opciones deseables en una democracia en toda la extensión de la palabra.

La consulta propuesta por el PRI para reducir diputados y senadores plurinominales no prosperará por la sencilla razón de que se estaría consultando cambios constitucionales y no será permitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que la propuesta por el PRD sobre reforma energética y la panista sobre el salario mínimo, ya que entre otras cosas, ambas intervienen en temas presupuestales y fiscales. En ese sentido se puede entender la intención de colocar el tema sobre la mesa, aunque es un capítulo que no se tendría que olvidar tan fácilmente.

Se ha insistido muchas veces, incluso se hizo una muy intensa campaña en ese sentido, sobre la necesidad de eliminar a todos los plurinominales. Suena bien, se dice que no tienen relación directa con sus electores y por ende no pueden ser castigados por el voto popular, etc. En realidad es un error pensarlo así: en los plurinominales recae el verdadero trabajo en el congreso y si bien hay algunos que pudieran parecer (y son) impresentables, lo cierto es que la mayoría de ellos suelen ser especialistas u operadores políticos con experiencia en temas donde muchos de los diputados de mayoría, uninominales, tienen poco o nada que aportar.

No estaría mal una reducción de plurinominales en la Cámara de Diputados si se consiguen fórmulas que permitan mantener la representatividad de las minorías. Hay gente que preferiría pocos partidos y menos opciones, pero se equivocan. Si ya de por sí vivimos en una suerte de partidocracia, reducir su número sólo aumentaría su poder, quitaría opciones y disminuiría la posibilidad de representar minorías, no sólo políticas sino también sociales.

En cambio sí sería de obvia necesidad quitar los plurinominales del Senado porque esa lista viola el sentido mismo del pacto federal. El Senado se debe integrar por un número equitativo de representantes de todas y cada una de las entidades federativas. Es aceptable que, como ahora, haya 2 de mayoría y 1 de minoría, pero la lista de 32 plurinominales distribuida proporcionalmente entre partidos, rompe ese equilibrio y el hecho es que tenemos estados sobrerrepresentados en el congreso, estados que tiene 4 y hasta 5 senadores y otros que sólo cuentan con 3, con el agravante de que en esas listas se pueden inscribir candidatos que originalmente perdieron la elección en sus estados (no fueron ni mayoría ni primera minoría), lo que resulta una agresión a esos electores. El caso de Manuel Bartlett es uno de ellos, por ejemplo: quedó 3o. en Puebla pero de todas formas se ganó un escaño por la vía plurinominal en el Senado.

Sin abundar en los escándalos que han marcado la identidad del PVEM, es notable lo que ha logrado esta organización: ninguno de sus miembros se distingue por nada que no sea el vivir al amparo de esa organización. En otros partidos la diversidad hace injusto el decir los panistas esto, o los perredistas lo otro... Ello aplica incluso para los priistas, entre quienes aun en los tiempos de Enrique Peña Nieto caben distinciones.

En cambio, Jorge Emilio González y sus seguidores están todos cortados por la misma tijera, y no es posible destacar a alguno por buen tribuno, ideas originales o perfil propio. Sus legisladores, y su gobernador, son uno mismo. Y no necesariamente para bien.

Quizá esta uniformidad derive del fenómeno rémora. Son un grupo que vive pegado a otro organismo, el PRI. Descollar resulta antinatural. Lo que se busca es nunca apartarse de aquellos que tienen, nunca llegar a competir con el que les da.

Al punto de que a veces llegan a confundirse: al confrontar las críticas del PRD en el tema energético, el diputado Arturo Escobar advirtió a los perredistas que si no les gustaba el rumbo del debate deberían ganar la mayoría para así imponer su agenda. Alguien comentó que Escobar era como el mosquito, que siente que está arando sólo porque va en la yunta. Pero en estricto sentido los del PVEM tienen razón, porque la lógica de la rémora es que si el organismo matriz está bien, ella estará bien.

Al mencionar al diputado Escobar es imposible olvidar que en 2009 fue cachado con una maleta con más de un millón de pesos en el marco de un proceso electoral en Chiapas. (Él se desmarcó de su acompañante, para quitarse de encima el escándalo). Hoy es evidente que la apuesta del PVEM por Chiapas resultó ganadora, pues hoy gobiernan en aquella entidad.

Es hora de analizar con rigor al PVEM. No estamos condenados a convivir con un partido-rémora-negocio. No podemos acostumbrarnos a su despilfarro publicitario, ni a su agenda hipócrita que defiende sólo a animales de dueños poco poderosos. Más ahora que se habla de que el PVEM quiere quedarse con Tabasco, Quintana Roo y Campeche. La rémora quiere crecer. Habría que voltear a verla más a menudo.

Los políticos usan, pero también temen a la estadística cuando se refiere a temas de su competencia, más aún cuando se acercan tiempos de elección. Por ello, ese momento, el previo a elecciones, es en que el ciudadano tiene la fuerza para hacer un llamado de atención a sus funcionarios, también al ejecutivo del estado. Y en esta ocasión, la reconvención se centra en la inseguridad que aqueja a la ciudadanía. Porque en Jalisco día a día crecen los delitos, desde la extorción telefónica, hasta el secuestro y, especialmente, el robo a casas habitación.

Entonces, este es el momento para que la ciudadanía haga un fuerte llamado a sus autoridades, justo porque se inicia políticos la efervescencia electoral dentro de los partidos; tiempo en que se designan candidatos, estrategias y presupuesto de campaña de medio tiempo para asegurar la permanencia.

Momento ideal en que el ciudadano puede negociar la posibilidad de cambiar su intención de voto a la luz del descuido en el área de seguridad del partido gobernante. Momento en el que la fuerza ciudadana se puede expresar de mejor y más contundente manera. Momento en que los oídos de los políticos pueden escuchar y, sobre todo: atender los reclamos de la población.

Porque Jalisco no era un estado donde el robo a casas habitación fuera la constante, como hoy es. Casas y familias que no sólo han sido robadas una ocasión, sino 2 o 3, como si las denuncias sólo sirvieran para confirmar la impunidad de los delincuentes y la ausencia e ineptitud de las autoridades.

Han sido electos no para ‘tratar’ de solucionar los problemas, sino para dar positivos resultados y esto, resultados para la seguridad ciudadana, a la fecha no hay.

Que si Jalisco no está en los niveles de inseguridad de Michoacán o Guerrero, no, pero tampoco esos estados empezaron donde están. Porque para tener un grave problema se necesita desatender su etapa inicial y de aumento, como pasa en Jalisco.

Aunque quizá a las autoridades les guste trabajar como en el caso de Valle de Bravo, donde hasta que los medios de comunicación destaparon los secuestros que el presidente municipal negaba como 'rumores', las autoridades de todos niveles pusieron manos a la obra para tratar de frenar lo que ellos mismos dejaron crecer.

Pero para que las autoridades hagan su trabajo y bajen los niveles de inseguridad, en estos meses antes de las elecciones intermedias del próximo año, es cuando la ciudadanía debe hacer escuchar su voz.

Porque si no se tienen resultados positivos y tangibles antes de julio de 2015, el ciudadano ya sabrá por quién votar, o no votar, ya que más de lo mismo no daría resultado...

En esta "vendedora" idea de reducir diputados plurinominales por reducirlos, el PRI podría crear un boomerang y terminar "tirando al niño con todo y la tina del agua sucia", dado que mucho de la poca labor legislativa de calidad de los diputados la hacen los de representación proporcional y no los de mayoría relativa.

El miércoles apareció la consulta popular que propondrá el PRI: la desaparición de los 32 senadores plurinominales y 100 de los 200 diputados, una demanda de la mayoría de los mexicanos, que tuvo su razón de ser en la reforma de 1977, con Jesús Reyes Heroles, y que hoy ha dejado de tenerla cuando este es otro país.

A este anuncio, surgieron voces en contra: dos de los ex presidentes del entonces IFE, José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde, que la tacharon de ilegal y el coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles, porque solo favorecía al PRI.

Para el argumento de los especialistas, no tengo qué decir, no lo soy, pero para el otro, sin ser político, puedo preguntar que si se afirma que la desaparición de los plurinominales beneficia al PRI, su existencia ¿beneficia al PRD y al PAN?

Independientemente de si perjudica o beneficia a algún partido, en la sociedad hay una exigencia mayoritaria que exige la desaparición de los plurinominales.

Vemos en Jalisco, lamentablemente, que la figura del auditor no ha sido más que una figura que todo indica que está haciendo una tapadera de una serie de malos manejos y a la mejor hasta de una mala distribución en el manejo de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque a los ciudadanos lo que más nos desespera es que, yo recuerdo hace 4 años y fracción, a un exalcalde de Zapopan se le dijo que había habido una malversación de mil y pico de millones de pesos… pues no se ha visto un resultado, el resultado debería de ser "si tengo mal mis datos, tienes la oportunidad de aclararlo, si no los aclaras lo digo y procedo jurídicamente con lo que corresponda". Se han dicho de muchos fraudes; acabas de tocar el caso Capece y el caso queda impune, pasan los años y se pierde legalmente el derecho al procedimiento y finalmente mucho escándalo, se dicen de muchas malversaciones de fondo, pero no hay nadie en la cárcel y yo creo que hoy lo que los ciudadanos estamos demandando es que si alguien ha hecho mal manejo de los recursos, pues que pague no solamente el dinero, sino que pague también con cárcel el delito que haya cometido. Esto es lo que estamos buscando, que la ley modifique la responsabilidad del propio Congreso del Estado con relación a la revisión de cuentas. Hoy, la ley establece que si la Auditoría Superior del Estado de Jalisco ha hecho una valoración de un municipio y lo manda al congreso y a como tal, el congreso se lo regresa, pero ya no puede auditar porque la ley establece que una vez auditada no se puede volver a revisar, cosa que me parece verdaderamente un absurdo. Si así fuera, llámese Seguro Social o una Secretaría de Finanzas o nadie tendría derecho a volverla a auditar, y esto no es un principio universal y los ciudadanos necesitamos tener la certeza que hoy no tenemos en la figura del auditor, que es el responsable de darnos la cara a los ciudadanos con el resultado fehaciente y claro de si fue un buen trabajo o se hizo un mal trabajo que es necesario que sea juzgado por la ley.

La iniciativa del PRI de promover una consulta ciudadana para reducir el número de legisladores federales no es nueva. Y es que hace 3 años como diputado federal, el hoy senador por Jalisco aún con licencia, Arturo Zamora Jiménez, presentó una iniciativa para tal efecto. La iniciativa pretendía reducir al 50% el número de diputados electos por el principio de representación proporcional y erradicar del Senado a los plurinominales, por considerarlos una figura obsoleta, al existir en época moderna elecciones competitivas con oportunidad para todas las expresiones de poder estar representados en el Legislativo Federal. Claro, esta no fue bien vista y simplemente se guardó en el archivo.

Las reformas electorales desde 1977 han buscado establecer regulaciones en la competencia electoral, que eviten la intromisión de los gobiernos o los funcionarios públicos en la contienda electoral para favorecer a los correligionarios. Las normas se han ido ampliando y haciendo cada vez más estrictas, y su eficacia práctica (no digo observancia porque todos están viendo cómo se brincan las trancas cuando se presenta la oportunidad) se ha ido también robusteciendo, indefectiblemente.

No obstante, a la luz de la actitud de los políticos, pareciera que estamos atascados en aquel año axial, o que si hemos avanzado, no ha sido mucho. Pero se trata de una actitud relativa, que se convierte en ira incontenida cuando el supuesto perpetrador es del otro partido, o en ceguera inconsciente cuando es del nuestro. En ambos casos la impresión de inmovilidad es la misma.

En la forma como ven el asunto los políticos y los partidos, hay un vicio de origen. Todo parte de una desconfianza no consciente, y mucho menos discutida, sobre la capacidad de los ciudadanos para juzgar por sí mismos los mensajes que les envían quienes solicitan su voto, para discriminar, juzgar y decidir con base en la reflexión individual y la deliberación colectiva.

La enorme desconfianza que nuestros políticos tienen entre ellos y respecto de las instituciones, el fundamento último de sus quejas y lamentos rituales es la opinión compartida por todos ellos de que los ciudadanos, o son retrasados mentales, o al menos incapaces de entender y juzgar el juego político, y elegir en consecuencia. Por eso, la franciscana intención de proteger al ciudadano de las mañas y los engaños de los políticos, es al final lo que justifica la determinación de estos para seguir manipulando y engañando, ad aeternum, a los primeros.

El problema no son los videos, son los que aparecen en él. Hay cosas que son difíciles de creer: por ejemplo, el PRD "se pronuncia por que dejen de aparecer videos de funcionarios o ex funcionarios michoacanos con dirigentes del crimen organizado, esto debido a que se está generando un desánimo en la población que cada vez comparte con más persistencia de que todos los políticos pueden ser iguales". ¿Quién lo dice? Raúl Morón, líder sindical de la Coordinadora y precandidato al Gobierno del Estado por ese partido, que el lunes fue respaldado nada más y nada menos que por Miguel Ángel Barbosa, líder de los senadores del PRD. En el mismo encuentro en el que Barbosa aseguró que Morón era "el mejor hombre" para el PRD en Michoacán, el líder senatorial insistió en la necesidad de la salida del comisionado del gobierno federal Alfredo Castillo antes de que inicie el procesoelectoral.

La demanda de Barbosa y Morón se suma a la de los grupos de Mireles y otros sospechosos en la política local que, simplemente, temen que la información sobre las complicidades políticas en el estado conmocionen el proceso electoral. No sé si Castillo se tendría que ir antes de las elecciones locales (probablemente sí) pero lo que es ineludible es que las redes políticas de complicidad con la delincuencia sí se deben romper antes de que inicie el proceso.

Morán no es el único que busca la candidatura, pero sí es el único que demanda que no haya más videos y que el comisionado se vaya lo más rápido posible. Y es que los videos, la labor del comisionado, el desentrañamiento de la red de complicidades, es cada vez más costosa para muchos actores políticos. El problema es que se trata de una labor que no puede quedar a medias.

La deuda de estados y municipios se encuentra a su máximo nivel. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que a junio pasado, los débitos de ambos alcanzaron un saldo de 489,643.4 millones de pesos.

El endeudamiento de los gobiernos locales creció 1.4% respecto al saldo del cierre de 2013 (482,807.2 millones de pesos), y 10.5% en relación con junio del año pasado (443,038.9 millones).

La dependencia agregó que 5 estados concentran casi 50% de la deuda: el Distrito Federal (61,402.8 millones de pesos), Nuevo León (58,443.9 millones), Chihuahua (41,603.1 millones), Veracruz (40,767.4 millones), y el Estado de México (39,124.1 millones).

En contraste, los menos endeudados a junio pasado fueron Tlaxcala (sin monto alguno), Campeche (1,167 millones de pesos), Querétaro (1,706.2 millones), Baja California (2,415.3 millones) y Yucatán (2,468.2 millones de pesos).

Como proporción del PIB, los datos refieren que las más endeudadas fueron Chihuahua con 9%; Quintana Roo, con 7.5%; Chiapas, con 6.8%; Coahuila, con 6.5%, y Nayarit, con 5.8%.

El pasado martes el ejecutivo del gobierno federal promulgó finalmente las reformas en materia energética. El tema sigue siendo polémico, el manejo mediático oficial pésimo, y la mercadotecnia suena a charlatanería ya que las promesas de una baja tarifaria en estos rubros no está firmada, nadie sabe cuándo ocurrirá dicho abaratamiento, y no hay fecha de verificación; mientras el paraíso llega, los precios siguen subiendo.

La sociedad mexicana no logra subirse al tren de su propio destino, mucho menos aspira a tomar el control, éste sigue en manos de los intereses globales que han seducido lo mismo a los grandes empresarios que a la casta política mexicana históricamente preocupada sólo por sus aspiraciones económicas personales.

En cuanto a la oposición, partidista o sindical, acaba siendo la fiesta eterna de los zopilotes, criticando todo pero beneficiándose ampliamente del mismo sistema corrupto del que forman parte.

El caduco sistema político mexicano sigue siendo el primer y el más perjudicial de los maleficios que destruyen a nuestro país.

Cuando imaginamos la investidura de un ombudsman esperamos que cuente con un soporte sólido en materia de transparencia y honestidad en la administración de recursos. Sin embargo, bajo la presidencia de Raúl Plascencia, la opacidad ha sido recurrente en la CNDH. Recordemos el caso de la estudiante de San Luis Potosí a la que obligaron a venir al Distrito Federal. Más que atender profesionalmente la solicitud de información sobre los gastos en viajes y viáticos se dedicaron a intimidarla. Sin mayores resultados que justifiquen el incremento de su presupuesto, aumentó casi el 50% de los ingresos de la comisión. Tenemos la Comisión de Derechos Humanos más cara del mundo, lo cual quizá no sería reprochable si la atención a las víctimas colocara a México también en un 1er. lugar mundial.

Los incentivos de Plascencia están colocados en complacer a las autoridades, más que en defender a los ciudadanos. La escasez de grupos y movimientos que han recibido respuesta efectiva en materia de desapariciones, discapacidad, falta de acceso a la justicia o migración, por poner algunos ejemplos, es una muestra del poco interés que le representan las víctimas. ¿Recuerdan la denuncia del Grupo de Información en Reproducción Elegida, que reportó cómo de 2009 a 2012 Raúl Plascencia sólo emitió la ridícula cantidad de 4 recomendaciones frente a 122 denuncias de violencia obstétrica? Otra característica de Plascencia radica en su falta de determinación para atraer las violaciones de derechos a nivel local que así lo ameritan. Los asuntos locales escalan a nivel nacional y los federales han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a instancias internacionales. Es igualmente dubitativo cuando se requiere presentar acciones de inconstitucionalidad.

Ejemplos de tácticas para desestabilizar políticos hay decenas en la historia y en la grilla mexicana. Dos de ellos me vienen a la memoria.

El 1o., la filtración de la grabación telefónica entre los hermanos Salinas, donde Adriana respondía a las peticiones de Raúl sobre la ayuda que el clan debía brindarle. La llamada -difundida con López Dóriga- acaba de forma abrupta cuando el hermano incómodo pide cuentas sobre dinero otorgado al ex presidente. Eso ocasionó que la campaña que en ese momento emprendía Carlos Salinas contra Ernesto Zedillo se descarrilara.

El otro es el conocido videoescándalo, donde Federico Doring llevó a un escandaloso Víctor Trujillo con peluca la prueba que transformó a René Bejarano, para siempre, en el señor de las ligas.

Y si se asustan por la revelación de un documento -del cual todos dan por sentado es legítimo-, el video de los diputados del PAN en jolgorio hablaría de cuartos de guerra más preparados, más calculadores y, por supuesto, más demoledores.

En la sesión extraordinaria, los que protagonizaron la pelea fueron los diputados [locales] Víctor Sánchez y Juan Carlos Márquez, y es que éste último se mostró muy indignado por las imputaciones que el primero le hizo sobre estar relacionado a los intereses detrás del pago a la consultora López Castro (cómo olvidar ese éxito de hace ya varios veranos, que va por una nueva entrega) y lo encomió a demostrarlo. Márquez dio un golpe bajo al referir la discapacidad de Sánchez, quien a su vez lo llamó delincuente, y lo acusó de vender los puestos de magistrados. Este capítulo cerró con la reta desde tribuna a someterse a la prueba del polígrafo, pero la saga... continuará.

Por la aparición de nuevos puestos ambulantes en el centro de Guadalajara ya no sólo se quejan los comercios establecidos, sino también ¡los informales que llegaron primero!

Unos y otros levantaron la voz para quejarse.

Quienes tiene locales en el centro histórico, Javier Mina, Obregón, y en el Mercado Corona, se dicen hartos de los puesteros y de la ineficacia del ayuntamiento.

Y como ya no creen en la 'promesa' del municipio de que controlará el ambulantaje, por la vía legal pedirán el pago de una compensación por daño patrimonial.

Los comerciantes de Obregón y Javier Mina iniciarán el proceso legal en 15 días.

En cambio, la protesta de los informales es porque después de ellos se han establecido otros.

Y como saben que para Navidad habrá todavía más, desde ahora quieren que ya les pongan el alto.

Vaya complicación trae el alcalde Ramiro Hernández: mientras los ambulantes se multiplican, el ayuntamiento más se enreda.

Alejandro de la Cruz Flores, director jurídico en la administración de Juan Sánchez Aldana, en el trienio 2007-2009, ha goleado al Municipio de Zapopan al ganarle juicios para construir torres.

La Dirección de Obras Públicas detectó que De la Cruz Flores aparece en los juicios más polémicos para obtener licencias de edificación de torres habitacionales y que, según la dependencia, son irregulares.

Señaló que prácticamente en todos los casos el representante jurídico ha ganado a través del procedimiento afirmativa ficta, que es cuando el municipio no responde y le dan la razón a la parte contraria.

Incluso sospechan que participó en la aceptación de trámites de los casos que ahora representa, lo que generó derechos a algunos de sus clientes.

La mayoría de los casos inició trámites en el 2006 ó 2007, cuando existía la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano que avaló proyectos pese a no cumplir con los requisitos.

La Dirección de Obras Públicas señaló que de manera recurrente los casos que lleva De la Cruz Flores llegan a 2 salas del Tribunal Administrativo del Estado, la 4a. y la 6a.

Entre los proyectos que ha ganado, destacan: Torre Ventus, Las Cumbres, Parque Industrial Nogales y Quality Park.

El último caso que perdió el ayuntamiento fue la construcción de un edificio en un área verde en Eca Do Queirós.

1,844 amparos los que dueños de vehículos han promovido desde principios de julio para impugnar el Programa Hoy no Circula del Distrito Federal para el 2o. semestre de 2014, que incluye la prohibición de circular uno o todos los sábados del mes para los autos con hologramas 1 y 2.

De los 1,844 amparos contra el Hoy no Circula, 1,568 se han promovido en el DF y el resto en entidades vecinas.

Que a los políticos se les alborote la neurona ("if any", diría Don Daniel Cosío Villegas), se les dispare la bilirrubina o se les afloje la chaveta a la menor provocación, con pretexto y hasta sin él, es espectáculo frecuente en este pícaro mundo en que nos tocó venir a expiar los pecados cometidos en alguna de nuestras vidas anteriores. Ejemplo, las declaraciones, ayer, de Ismael del Toro...

Ayer, más que la noticia de que los dirigentes del partido Movimiento Ciudadano se pronunciaran por un sorpresivo e inusual "rompimiento institucional de relaciones" con el Gobierno del Estado, a raíz de la supuesta conjura de éste para realizar una "elección de estado" ("whatever that means") en perjuicio de los potenciales candidatos de MC, sorprendió la declaración complementaria de Del Toro: su sospecha de que, como reacción a esa especie de declaración de guerra, el Gobierno del Estado, incube "las intenciones políticas (...) de contaminar y envenenar artificialmente" las aguas de que se abastece al pueblo, y, "como consecuencia, dañar a los ciudadanos (...) de Tlajomulco".

Aunque se haya dado en el contexto de una rabieta política, grotesca como suelen ser casi todas las de su especie, la aseveración es muy grave. Si se trata de una acusación, habría que sustentarla con pruebas... o con indicios, al menos. Si se trató de un arrebato de paranoia o delirio de persecución -de una declaración impulsiva, irreflexiva, pues-, al margen de la disculpa pública que vendría al caso, es posible que el daño ya se haya hecho. "Calumnia, que algo queda", reza el adagio.

Una cosa es que difícilmente haya un político incapaz de poner polvos de pica-pica entre las sábanas de su adversario, pudiendo hacerlo, y otra muy diferente que, a raíz de una pataleta como la señalada, alguien pueda concebir la idea criminal de "envenenar" a terceros inocentes, como serían los ciudadanos que ya bastante tienen con comprobar qué vida tan regalada se dan los profesionales de la política gracias al dinero de los impuestos que aquéllos ganan -¡ellos sí!- con el sudor de la frente.

Estamos haciendo y reclamando hoy las obras que no hicimos en los años 90 (la Línea 3 del Tren, la presa en el Río Verde, el cárcamo de bombeo en Purgatorio y buscando la recuperación de caudales de la red de agua). No son 20 sino 25 años de 1as. piedras inconclusas que no tienen que ver tanto con quién gobernó (Cosío Vidaurri, Rivera Aceves, Cárdenas Jiménez, Ramírez Acuña, González Márquez) que sin duda pusieron su dosis de intransigencia, sino con la mezquindad de los partidos y la falta de visión de los ciudadanos.

Van las cuentas de regreso a revisión, en conjunto con la cuenta pública de 2009 del poder legislativo que compartieron la 58 y 59, o los que podemos llamar como los meses dorados de Carlos Corona y de Alfredo Argüelles como secretarios generales del Congreso [de Jalisco]. De donde vienen muchas basificaciones y puestos repartidos en el congreso. ¿Encontrará por fin algo el auditor?

Diputados locales han detectado una serie de irregularidades en el trabajo de Alonso Godoy Pelayo, titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Han sido varias las cuentas públicas en las que los diputados determinaron que el máximo órgano fiscalizador ha sido omiso o ha cometido graves inconsistencias en su análisis técnico.

Los legisladores remitieron para una 2a. revisión la cuenta pública 2009 del poder legislativo pues determinaron que hay errores aritméticos, también la regresaron para que sea revisada por el auditor pues en las cuentas públicas de 3 dependencias involucradas en la organización de los Juegos Panamericanos la revisión de las finanzas no arrojaron anomalía alguna; para los diputados esto resulta poco probable por las quejas de proveedores y las presuntas irregularidades en la edificación de estadios, las villas panamericanas y los saldos de la justa deportiva que se realizó en 2011.

La Comisión de Vigilancia también propuso regresar para un 2o. análisis la cuenta pública del poder ejecutivo de 2011, de la administración encabezada por el panista Emilio González; el auditor propone también un dictamen sin cargos.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Manuel Alatorre Franco, reconoció que existe preocupación por los errores y omisiones de la ASEJ aunque confió que el titular del órgano fiscalizador no cometa estas inconstancias con dolo. "Uno de los graves errores en la revisión de la cuenta pública 2009 del congreso es que no finca responsabilidades directas a ninguno de los diputados. Sabemos que hay cargos, pero no sabemos quiénes son los responsables y no podemos dejar de lado que las sumas de todas las observaciones no coinciden con la suma final".

"Los cargos que propone la ASEJ, se presumen carentes de exactitud y se deja en estado de indefensión a los sujetos obligados auditados. No es posible descifrar los criterios empleados para obtener los importes en cuestión, ni mucho menos qué observaciones y cantidades se consideran para integrar el informe final", se lee en el documento aprobado por el pleno del congreso.

Y advierte que debido a las diferencias de criterios, anomalías en las operaciones aritméticas y en las personas señaladas, no se pueden determinar con claridad los cargos que se pudieran elevar a crédito fiscal. "Por lo que se devuelve el presente informe a la ASEJ y se instruye a la Auditoría que revise y verifique las conclusiones de las observaciones, enmiende y aclare las inconsistencias".

Los legisladores también detectaron errores en el proceso para notificar a los diputados señalados de presuntas anomalías en el ejercicio del gasto.

Nuestros políticos prefieren (les encanta) discutir iniciativas en vez de gestionar realidades. Gracias a su secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, Miguel Ángel Mancera ha logrado anotarse un tanto en el escenario nacional. El jefe de Gobierno ha tenido una idea: discutamos el salario mínimo, ha dicho. Enhorabuena por Salomón y por Mancera. Ya los expertos nos inundarán de los pros y los contras de aumentar el exangüe minisalario. Yo en cambio propongo que paralelo a ese debate, los políticos que tengan en sus manos algo más que argumentos ayuden a corregir lo que no requiere de foros o mesas, sino de bastante imaginación, aún más de determinación y un poco de habilidades gerenciales.

¿Qué tal que Mancera nos diga cuándo realmente habrá en la ciudad un transporte público eficiente y, sobre todo, seguro? Porque la gente que menos gana es la misma que padece los semanales robos en peseros y camiones. Y es la misma que invierte al menos 4 horas diarias en transportarse. Otros puntos para la agenda de lo que sí pueden hacer en DF: ¿ya funciona sin corrupción la junta local de conciliación y arbitraje, esa donde pululan los golpeadores? ¿Ya pararon las extorsiones de mafias sindicales que llegan a clausurar negocios? ¿Un changarro ya no tiene que cooperar con la policía para que no le toque la "mala suerte" de ser asaltado?

Que bueno que Mancera abogue por mejores minisalarios. Ojalá no se pierda en el éter del debate y le quede tiempo para procurar derechos ya establecidos de los trabajadores y de quienes intentan crear empleos en el DF.

No fue sólo Ricardo Monreal quien con la devolución del bono descubrió este hecho de corrupción mal disfrazado, también la diputada Zuleyma Huidobro, hace una semana en tribuna, acusó que cada vez que las reformas han requerido de un voto, se ha "liberado" un bono. Y si se suman los bonos resultaría una cantidad millonaria -que salió del erario público-, un embarre que se hubiera otorgado a los coordinadores con este propósito: "que le dé el destino que se quisiera…" ¡Jauja!

Hecho de suma gravedad, si se comprueba, por cuanto pondría al poder legislativo a la altura de una mercancía que se compra y se vende, al final, libre mercado también en la democracia. Acción imperdonable de quienes tienen el voto de la ciudadanía.

Porque si la cortedad de miras es lo que ha estado detrás de la aprobación de las reformas, eso sería el precio a pagar por no exigir en los legisladores el nivel educativo que se requiere, pero si la aprobación está ligada a pago por voto, esto caería más allá de la falta de inteligencia legislativa: llegaría a una consumada corrupción del más alto rango en una democracia.

Porque el Partido de Acción Nacional demanda la paternidad de estas reformas, lo que resulta lógico... pero que la madre de ellas sea la corrupción, resulta un hecho que debería ser sancionado, esta vez sí, con todo el peso de la ley.

Pero comprobar este delito, si es tal, resultará sumamente improbable, porque entrará en vigor lo que se reconoce como lealtad de gremio, silencios a raja tabla, para que los integrantes de un determinado grupo se protejan de la ley; algo que en medicina es práctica común, ahora es tomado también por los legisladores en un esperado cierre de filas para que no se filtre ningún otro papel que pueda revelar la verdad.

Nuevo tren, nueva calle, nuevas mochilas, nuevo pavimento, nueva propaganda. Y el mismo lenguaje oxidado de siempre.

¿Grave? No, sólo hastiante. Falta menos de un año para las elecciones del 2015, esa donde Alfaro se juega el pellejo y sus aliados y rémoras pretenden conseguir algo qué succionar por un trienio más. Imagine usted cuánta saliva tendremos que aguantar que avienten todos los que, de una forma u otra, estén a la mitad de la batalla política.

Para noviembre, comenzarán a correr las precampañas donde los partidos saldrán en sus mejores galas para seleccionar sus mejores cuadros. Ahí veremos a los que hoy se dicen ciudadanos -si eso son, yo soy alfarero húngaro- para pedir la oportunidad de luchar por la ciudadanía.

No me refiero, que quede claro, al esfuerzo wiki político -ese tiene otros bemoles a criticar-, sino a estos políticos profesionales que, de manera tramposa, nos quieren ver la cara como lo hicieron en la época que gobernaron.

Ahí vienen para ofrecernos calles limpias, seguras, transporte de primera, educación de Harvard desde kínder, medios confiables y no chayoteados, salud universal para todos y hasta chocolates el fin de semana.

Los mismos que se asustan y le dan la vuelta a la defensa de derechos humanos, a la legalización de las drogas, a la rendición de cuentas de sus congéneres ladrones y autoritarios, a la coherencia por la que debieran callarse la boca para criticar acciones de gobierno iguales a las que, en su tiempo, aplaudían como focas.

Todo, en garigoles verbales típicos de las mejores escuelas de oratoria de la época de López Portillo en defensa de la academia y el buen decir, pero no del buen actuar.

Los clásicos chairos llegaron al extremo de inventar no solo efectos sino hasta textos que jamás se incorporaron a las reformas, sin embargo al debatir en el congreso, sus posicionamientos más bien anunciaban su nuevo partido político con connotaciones de religiosidad, “MORENA”, anunciando reiteradamente una consulta popular que se traducirá a corto plazo en bandera política para las elecciones del próximo año. Sacaran el fantasma de Lázaro Cárdenas y sus motivos para la expropiación petrolera, adecuadas y vigentes en su momento, pero inaplicables en pleno siglo XXI.

Solo falta la reforma más importante, la de honestidad de algunos servidores públicos y juzgadores.

"No estamos obligados a leer toditas las leyes" declaró la diputada estatal priista Flor Esther Gastélum al referirse a la ley que restringía el trabajo periodístico en nota roja en Sinaloa. Pablo Gómez reconoció en 2006 que los diputados del PRD habían aprobado la Ley de Telecomunicaciones sin leerla. Pero yo sí pensaría que los legisladores tienen la obligación no sólo de leer sino de entender lo que votan.

El Gobierno de Yucatán obtuvo la condonación de una deuda por 505.6 millones de pesos con el Sistema de Administración Tributaria, reveló el Diario de Yucatán.

El monto corresponde a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores de la administración del gobierno de Ivonne Ortega, calculó el diario a partir de un análisis de las cuentas públicas entre 2007 y 2012.

En la actualidad, la política yucateca es secretaria general del PRI.

La condonación ocurrió con base al artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación 2013, aprobada en diciembre de 2012, y el cual ha sido impugnado por un grupo de intelectuales agrupados en el movimiento #YoContribuyente.

"De acuerdo con esa disposición, a las entidades públicas que previamente habían firmado un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se les condona el pago del ISR cobrado a sus trabajadores de enero a noviembre de 2012".

"Y tambien de todos los años anteriores, siempre y cuando paguen el monto de ese impuesto correspondiente a diciembre de 2012. Es decir, pagando este último mes, se borran las deudas anteriores, sin restricción".

"Además, ese artículo establece que en el caso del ejercicio 2013, los gobiernos, el de Yucatán incluido, podrán aplicar un descuento del 60% a sus deudas del ISR, considerado como 'estímulo fiscal', y de 30% para 2014".

Durante la administración de Ortega, el gobierno estatal recaudó 505.6 millones de ISR a los empleados de la nómina estatal, sin embargo, no entregó ese monto al SAT.

Derivado de la Ley de Ingresos de 2013, la administración estatal de Yucatán ya no presenta adeudos con el SAT por ese concepto, aunque nunca aclaró el uso que dio a las retenciones ni los casi 70 millones de pesos por intereses.

De acuerdo con la Cuenta Pública 2013, el gobierno priista de Rolando Zapata retuvo 195 millones de pesos a burócratas, de los cuales sólo deberá entregar 78 millones y quedarse 115 millones como "estímulo fiscal", al amparo de la misma Ley de Ingresos de la Federación 2013.

La agrupación #YoContribuyente reveló que en 2012 esta condonación fiscal ascendió 20,000 millones de pesos.

"Este regalo fue otorgado a los estados y municipios que se embolsaron [robaron, según el webmaster] el impuesto retenido a sus trabajadores", cuestionaron.

Aristóteles Núñez, titular del SAT, informó que el perdón fiscal alcanzó los 17,000 millones de pesos en 2013.

El movimiento #YoContribuyente prepara una nueva estrategia para que sea declarada inconstitucional la condonación del Impuesto Sobre la Renta a los gobiernos estatales y municipales.

El 9 de julio pasado, sin discusión pública, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecharon el amparo presentado por 19 intelectuales, el cual también fue respaldado por 45,000 ciudadanos.

"Este regalo fue otorgado a estados y municipios que se embolsaron el ISR retenido a sus trabajadores sin ninguna obligación de rendición de cuentas", cuestionó la investigadora Denise Dresser.

La intención de la agrupación es promover que los servidores públicos estatales o municipales presenten amparos individualizados por la retención.

Parece que Vallarta se convirtió en el hijo incómodo de los 9 municipios de Jalisco en los que gobierna Movimiento Ciudadano.

Porque Hugo Luna, dirigente estatal naranja, evita hablar sobre la administración del alcalde Ramón Guerrero, así como de la situación política de su partido en el municipio costero, donde se les ha complicado por las renuncias de regidores y seguidores.

¿Será por eso que en Puerto Vallarta no se ha realizado la consulta para la ratificación de mandato, promesa de campaña que hizo el ahora alcalde para la mitad de su gobierno?

Alguien lo dijo con tino de apache: “Es criminal humillar al ciudadano para devolverle lo que es suyo”.

Por ejemplo, las famosas mochilas...

No se discute la nobleza del programa gubernamental consistente en entregar mochilas con útiles escolares y uniformes a los estudiantes de educación básica. Se cuestiona, en cambio, el método...

Hace un año, cuando el programa de referencia se puso en marcha, las dichosas mochilas se entregaban a los escolapios en los planteles, durante los primeros días del curso lectivo. No queda claro con qué intención algún tonto con iniciativa, dispuso que, en Guadalajara, se implantara una innecesaria y fastidiosa variante: entregar las mochilas en vísperas del inicio del año escolar, en siete módulos habilitados para el efecto. Sin haber aclarado (“socializado”, para usar el verbo de moda) que se trataba de una opción, no de un requisito. A muchos, con toda seguridad -los que sólo tienen un hijo en edad escolar y se beneficiaron con una sola mochila, por ejemplo-, les salió más caro el caldo que las albóndigas: el ahorro que hicieron en los útiles fue inferior a la pérdida que les significó en sus ingresos.

La propaganda gubernamental desplegada antes de la entrega de las susodichas mochilas (algo así como “tú los tienes, nosotros te los educamos”) era un burdo ingrediente del esquema paternalista de ciertos regímenes. Se trata de aparentar que los gobernantes son generosos. Se trata de soslayar la grosera realidad de que las mochilas y los uniformes escolares, como todos los servicios públicos, se pagan con lo que queda, después de que los “servidores públicos” se despachan con la cuchara grande, de los impuestos que aportan los ciudadanos. Se trata de dejar en el subconsciente del ciudadano el mensaje de que le debe un favor a ese gobernante desprendido, que se preocupa -¡oh, sí...!- por la economía de los padres y la educación de los hijos.

Se trata, en resumidas cuentas, de una acción que deliberadamente busca una reacción: el día de las elecciones, el voto, como gesto de gratitud, en correspondencia a la pretendida generosidad de una camarilla de gobernantes dadivosos, intrínsecamente buenos...

A raíz de disposiciones en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable que obligan a entes públicos a registrar su patrimonio de inmuebles, varios municipios han recurrido a la venta de activos físicos para balancear desequilibrios financieros.

Muchos gobiernos municipales descubrieron que cuentan con terrenos que no sabían que tenían, y que otros que sí habían sido registrados por sus antecesores estaban sumamente subvaluados, lo que ha contribuido a propiciar la venta de dichos activos como una fuente adicional de ingresos indicó Francisco Vázquez-Ahued.

El analista de Moody’s Investors Service anticipó que la tendencia de la venta de activos seguirá, porque permite que los municipios tengan ingresos discrecionales a través de un marco normativo relativamente laxo, volviéndola más atractiva que otras fuentes de ingreso como el endeudamiento.

Un grupo ciudadano ha decidido proponer nuevas leyes que un grupo político ha prometido apoyar, en principio me parece positivo que nuestros padres conscriptos escuchen las opiniones de los ciudadanos, lo que entiendo que es su obligación natural al ostentarse como representantes populares.

La entidad ciudadana pretende una nueva ley de auditoría, porque sin decirlo expresamente considera que la actuación del auditor es cuando menos inadecuada, desde luego que hay una ley de auditoría que cuando se promulgó sería la gran cosa, por eso no creo que esta situación se deba a falta de legislación, se debe es que entre los vigilados no hay ninguno al que le interese que el auditor rinda cuentas y discúlpenme mientras no exista una forma de que el auditado tenga interés. El principio es muy sencillo, si la sociedad otorgó a alguien la facultad de vigilar, esa misma sociedad (no los que vigila) que lo nombró puede pedir cuentas y no se requiere otra ley sino bastaría un artículo que diga que cualquier ciudadano pueda ocurrir ante un juez a pedir cuentas al auditor y que este deba rendirlas ante un juez.

¿Es importante estar enterados? Sí, sin duda alguna, pero en estos momentos, con esta clase política, con la partidocracia que campea y el autoritarismo que regresa con toda la fuerza, no está sirviendo de nada para cambiar o impedir algo que sabemos (creemos) afecta a las mayorías o, simplemente, con lo que no estamos de acuerdo.

Hoy por hoy la clase política está haciendo de las suyas sin que manifestaciones, propuestas de la sociedad civil ni el activismo más férreo logre detenerlos o llamar su atención para que las ideas de la ciudadanía sean tomadas en cuenta y se incluyan en los marcos legales en los que “trabajan”.

Vamos a ver qué pasa con la propuesta (excelente y muy necesaria) que presentaron ante legisladores jaliscienses, ciudadanos activos y expertos para que se modifique la Ley de Fiscalización en Jalisco y sea posible llamar a cuentas y transparentar al poder legislativo y a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

En los últimos 3 años, el Congreso del Estado se ha quedado sin suficiencia presupuestal para pagar salarios a los trabajadores del congreso. A muchos empleados se les pagaron salarios con 3 o hasta 6 meses de diferencia durante los años 2011 y 2012.

El Congreso del Estado sigue pagando 4 millones de pesos mensuales al Instituto de Pensiones con la finalidad de regularizar los pasivos que le heredaron los ex diputados, cuando la administración de ese poder retuvo las cuotas de los trabajadores por concepto de este derecho pero nunca lo reportó al organismo descentralizado.

[¿Qué eso no es robar? - pregunta el webmaster.]

El congreso está a la espera de la resolución del juicio que existe con la Consultora López Castro, que exige un pago por 58 millones de pesos por concepto de servicios otorgados al Legislativo. Los actuales diputados no reconocen tal beneficio por lo que se oponen a pagar el recurso; pero los ex diputados integrantes de la 59 Legislatura firmaron un documento en el que reconocieron el adeudo y se comprometieron a pagar.

En cuanto a los laudos, los actuales diputados desconocen el monto que podrían reclamar los empleados despedidos en los últimos meses.

Los diputados sinaloenses escucharon las críticas en torno a la llamada “Ley Mordaza” y decidieron derogarla.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del congreso estatal, Jesús Hernández Chávez, anunció que se dará marcha atrás a la aprobación de las reformas del 51 Bis de la Ley Orgánica que limitan el trabajo de reporteros en materia de seguridad en el estado.

Sin embargo, anunció que la derogación se dará regresando de vacaciones, hasta el 21 de agosto en sesión extraordinaria.

Los periodistas en Sinaloa quedaron impedidos prácticamente de cubrir notas policiacas y deberán conformarse con la entrega de boletines de prensa de las autoridades, luego de que el Congreso estatal aprobó por unanimidad reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y a la Ley de Seguridad Pública.

Si bien, el dictamen tenía como intención explícita armonizar ambas legislaciones con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, también entre varias disposiciones los legisladores colaron el artículo 51 bis, dedicado directamente a los medios de comunicación y que va mucho más allá de la protección a los derechos de las víctimas e inculpados en un delito.

Los diputados autorizaron la adición que indica que los periodistas no podrán tener acceso a información de investigaciones realizadas por la dependencia de procuración de justicia.

“Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumpla con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia”.

Además, la ley aprobada señala que ningún funcionario de la Procuraduría de Justicia podrá dar informes a medios informativos sin autorización del procurador estatal o de la unidad de acceso.

Las asociaciones de periodistas de mayor presencia y reconocidas en Sinaloa rechazaron esta Ley Mordaza y anuncian que buscarán no se publique en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, por atentar contra la libertad de expresión.

Los gremios convocaron a una manifestación en el congreso para hacerle ver a los diputados la molestia por lo aprobado. Incluso advierten llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia.

No es una noticia nueva, cada que se abre un espacio en el Supremo Tribunal del poder judicial, los partidos políticos se reparten las posiciones y pocas veces prestan atención a los perfiles que al final decidirán si alguien es culpable o es inocente de un delito. Los jueces y la Fiscalía General del Estado son los 2 entes encargados de procurar e impartir justicia en Jalisco. Sin embargo, y aunque los recursos económicos que han ido a parar a sus presupuestos han crecido constantemente en los últimos años, la eficacia en sentencias y procesos cerrados no ha cambiado estructuralmente.

“No se cuidan los perfiles para elegir magistrados. Los partidos políticos se reparten las cuotas y con que tengas un título de abogado, con eso ya eres elegible. No cuenta si tienes licenciatura, maestría o doctorado. No cuenta si tienes experiencia seria en un área en particular, ni tampoco se miden los conocimientos de aquellos que aspiran a ocupar una silla de magistrados. Debemos asumir que está agotado este proceso y que tenemos que buscar una mejor forma de elegir a los magistrados”, menciona Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara.

Los datos corroboran la versión del especialista. Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2013, solamente hay un magistrado del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia que cuenta con su título de doctorado.

“Para evitar las cuotas, y sin romper la división de poderes, lo que podemos hacer es que el poder judicial haga una propuesta en base a una terna y de los propuestos, el congreso opte por un magistrado tras analizar los perfiles. Por supuesto que el congreso podría revisar, aplicar exámenes y evaluar, pero hoy en día la decisión queda toda y con discrecionalidad en manos del congreso”.

En algunos países, la elección de magistrados se hace al tomar como referencia a quien tenga carrera judicial al interior del poder, aplicando ciertos criterios y exámenes de oposición. En otros, los académicos, expertos e integrantes de la sociedad civil definen, a través de un consejo, quiénes ocuparán las posiciones.

La historia del edificio alterno del Congreso [de Jalisco] es el más fino retrato de nuestro poder legislativo. No se trata sólo de un inmueble más, es la historia acumulada de la falta de escrúpulos de 3 legislaturas consecutivas, decisiones mal tomadas y una absoluta falta de respeto por el dinero ajeno, que en este caso tristemente resulta ser el nuestro.

El edificio se compró por 2 razones: la 1a. porque la nómina del Congreso del Estado había crecido de manera desmesurada y no cabían en la manzana casi completa que tienen frente a la Plaza Liberación. Parecerá una broma de mal gusto, pero los aviadores salen más baratos en su casa. Si de todos modos no van a hacer nada, o nada productivo, por lo menos que no gasten papel, se tomen el café, y distraigan a los que sí trabajan. Pero como los diputados no podían aceptar que había una bola de desquehacerados en su nómina, decidieron que requerían más espacio para oficinas.

La 2a. razón por la que se compró un edifico de 50 millones de pesos (se pudo haber rentado) es porque en ese tipo de transacciones siempre hay cómo repartir utilidades.

Pero claro, una cosa es comprar un edificio y otra es remodelarlo; son negocios distintos. Así que llegando la siguiente legislatura lo que hicieron fue meterle otros 50 millones en ponerlo a punto, dejarlo impecable para que pudiera albergar a tanta mente brillante que trabaja por el bien del estado (por favor no se vaya a leer esto como una ironía). Transas fueron y vinieron, desde los elevadores hasta el aire acondicionado, pero finalmente quedó listo.

Hoy resulta que en el edificio, acondicionado para 140 personas, sólo asisten 20. Pero lo peor: cuando plantearon venderlo resultó que la mejor oferta fue de 48 millones. En síntesis: compraron a sobre precio, arreglaron sin tener claro las necesidades, las cosas esenciales no funcionan, y encima hoy vale menos. Hay 3 conclusiones posibles: los diputados que operaron el asunto son a) unos inútiles b) unos transas, o c) todas las anteriores.

El edificio de Juárez se convirtió en una papa caliente para la actual legislatura. Venderlo significa reconocer de facto un daño al erario y por lo tanto estarían obligados a fincar responsabilidades contra los diputados que operaron el asunto en las 2 legislaturas anteriores, lo cual generaría además de un problema político por los presuntos implicados, un antecedente que nadie quiere dejar sentado.

La historia del edifico fantasma del congreso es un retrato de familia, de la familia política.

Ayer cerca de las 3 de la mañana, el legislador perredista Antonio García Conejo subió a tribuna y despertó a sus correligionarios no por su discurso, sino por el hecho de que “amenazó” con desnudarse.

“Yo sé que me están aplaudiendo porque quieren que me quite la ropa”, dijo el legislador, quien ya lo hizo en diciembre pasado argumentando que los priistas y panistas habían dejado “desnudo” a México con la aprobación de la reforma energética.

Al escuchar las palabras del perredista, los legisladores salieron de su modorra, y al unísono -especialmente las diputadas del PRI, PAN y PVEM- intentaron transformar el salón de plenos en una pista de striptease y gritarle a su compañero: “que se encuere, que se encuere”, “tubo, tubo” y “mucha ropa, mucha ropa”. Pero no.

El perredista respondió: “Si quitándome la ropa o dándome un balazo en la cabeza lograra detener (la aprobación de las leyes secundarias en materia energética) lo haría, pero con eso no lo voy a detener, porque ustedes tienen mayoría”.

Los piropos aumentaron y fue casi imposible que siguiera su discurso, pues en cada idea que expresaba, las peticiones para que comenzara a quitarse la ropa no cesaban, incluso tuvo que intervenir en varias ocasiones el presidente de la Cámara de Diputados, José González Morfín, quien le pedía concluir su intervención.

Al final, la sesión extraordinaria concluyó después de las 4:00 horas sin que el legislador -medio hermano del coordinador perredista Silvano Aureoles Conejo- se quitara la ropa.

[El beneficio de la reforma energética] que quede en nuestro país quedará en manos de la plutocracia que manipula a la oligarquía que nos gobierna, que lo invertirá en la manutención de su poder político y jamás en lo verdaderamente trascendente: educación.

Las evaluaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco están dejando mucho qué desear. La presidenta del órgano Cynthia Cantero repite la misma cantaleta cada que se las presenta: “Pues así muy transparentes no son mis compañeros del gobierno, pero véanlo por el lado amable de poquito en poquito van mejorando”. El punto es que se presentaron las evaluaciones del congreso y de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y sorprendentemente sacaron 86 puntos, más que aprobados a pesar de que su opacidad está documentada por todos lados. Resulta increíble este promedio porque incluso en la evaluación del ITEI quedan expuestas que las falencias de ambas entidades están en nómina, reporte de gasto e informes financieros. Lo más sensible: el gasto público. ¿Será que el ITEI se sacó una buena metodología para no raspar a nadie?"

El PRD está en riesgo de perder militantes en favor de Morena. Los militantes que decidan quedarse tendrán permanentemente a Morena como opción de salida, contando así con una enorme capacidad de chantaje sobre la dirigencia. Además, desde que comenzó la alianza entre López Obrador y Ebrard, los Chuchos quedaron encajonados con un solo aspirante a la Presidencia, Miguel Ángel Mancera. De alguna manera, a los Chuchos no les queda otra más que apoyar a Mancera, apostando a que levante en las encuestas y les permita negociar en mejores condiciones una eventual alianza con los otros partidos de izquierda en 2018.

Mancera dista de ser un buen gallo. Para decirlo con todas sus letras: el derrumbe político de Miguel Ángel Mancera no tiene precedentes en la política mexicana contemporánea. En una encuesta publicada ayer por un diario capitalino, Mancera, quien ganara la elección de hace apenas 2 años con 2 de cada 3 votos, hoy es desaprobado por 6 de cada 10 capitalinos. Entre los líderes, 3 de cada 4 lo desaprueban. A los ciudadanos para nada les está gustando el trabajo de su jefe de Gobierno. Otro asunto es si, desde una perspectiva de política pública, la gestión de Mancera va bien o mal, pero es la evaluación subjetiva de los ciudadanos, y no la evaluación objetiva de los técnicos, lo que hace ganar o perder elecciones.

Hoy el poder con las peores calificaciones es el legislativo a partir de su abultada nómina, decretada en la 2a. mitad de la década de los 70, hace casi 40 años, originando los legisladores plurinominales; esto es por mayoría relativa de apreciable necesidad en aquel tiempo, para dar auténtica concurrencia a los partidos, ya que las elecciones de 1975 no hubo siquiera contendiente opositor del presidente de la república para el sexenio 1976-1982 y en las urnas por obvia consecuencia resultó el licenciado José López Portillo.

La decisión, por aquellos días alentó la democracia abriendo el abanico de partidos para la elección, pero sin prever la prolongación en circunstancias futuras, como ha quedado de manifiesto, que adicionalmente representa sensible gravamen al erario. Hoy se plantea la prolongación de permanencia incluyendo plurinominales, lo que en 1a. instancia abre cuestionamientos respecto al digno comportamiento para merecer inclusión en la nómina de mayoría relativa; que si son personas dotadas de experiencia cabrían cuestionamientos respectos a quienes son electos directamente por mayoría que suman 300 más 200 plurinominales.

Argumentos a favor y en contra se concentran al seno de la institución parlamentaria donde la discusión convierte la tribuna en escaparate protagónico de un monólogo carente de los valores estratégicos, de sentido auténticamente parlamentario, con el agravante de atraer a miles de personas incrustadas en las nóminas estatales y municipales.

La figura del diputado en el congreso y del edil en el ayuntamiento tiene el valor fundamental de la representatividad. Ésta está perdida en quien propone la realización adicional de una encuesta “verdaderamente honesta”. El resultado, de antemano se sabe, es la indiferencia e incredulidad sobre la representatividad parlamentaria. Usted mismo respóndase: quién es su diputado federal, local y el edil responsable de que se cumpla con la seguridad y salvaguarda de usted y su familia. Porque son servidores públicos pagados con los impuestos de los que sí somos responsables.

Marcelo Ebrard critica a la dirigencia del PRD por su supuesto sometimiento al gobierno de Enrique Peña Nieto y Jesús Zambrano revira recordándole su pasado salinista y su eventual regreso al PRI. La ruptura es inminente. Ebrard se deja querer por Movimiento Ciudadano y desliza su pretensión presidencial avalada por dicho partido. De paso se asume víctima por el escándalo de la Línea 12 del Metro, coartada para no rendir cuentas del desastre y de paso no asumir culpa. La imposición de proveedores derivó en desastre, nada que implique a Miguel Ángel Mancera o al PRD.

Ebrard no entiende de lealtades. Su precipitada ambición le impide medir ritmos, ciclos y tiempos. Él mismo cancela la posibilidad de ser candidato de la izquierda en el supuesto de que la salud, solo la salud, impidiera que Andrés Manuel López Obrador fuera candidato. No hace mucho tiempo abrazaba la causa del PRD y retaba a su ex jefe y líder de que si Morena no superaba al PRD en 2015, debería dejar en éste la decisión sobre la candidatura presidencial. Su mensaje de ahora es: con o sin PRD será candidato presidencial de la mano de Dante Delgado, quien fuera gobernador de Veracruz en el sexenio salinista.

Ebrard conspira contra sí mismo. Sería el coordinador idóneo del PRD en la Cámara de Diputados, donde ya estuvo bajo las siglas del PVEM. Quizás vio venir el veto de Mancera o se asumió intransitable para Los Chuchos, lo cierto es que da un paso al vacío. Movimiento Ciudadano sin López Obrador no da para 3% de los votos. Su estrategia se centra en hacer candidatos de cascajo de otros partidos. Lo mismo está dispuesto a postular al panista Fernando Elizondo en Nuevo León, que a Marcelo Ebrard en el DF.

Los gobiernos federal y estatales usaron el albergue de la Gran Familia no como su salida, sino como su basurero. De no ser así, ambos hubieran invertido no sólo en recursos para los internos, sino en la supervisión del buen uso de los mismos. Acusar a Rosa Verduzco de obligar a los niños a pedir limosna es un tiro en el pie al gobierno que, desde siempre, la usó como una salida fácil a su incapacidad de dotar de cuidado y educación a todos los que han pasado por ahí. Olvido de décadas, entonces.

Tan sólo en Jalisco, Emilio González envió a 2 centenas de niños a Zamora como rápida solución para tapar su mediocre función de desarrollo social. Emilio tenía recursos, pero prefirió usarlos en una justa deportiva -que lucía para sus locuaces deseos presidenciales- que en la primordial misión de un gobierno: ver por la infancia.

Por 5 votos contra 4, el pleno de la Suprema Corte de Justicia avaló la reforma a la Constitución de Durango, vigente desde agosto de 2013, por la que se estableció que saber leer y escribir es un requisito para quienes aspiren a una diputación local (Mural, 11 de julio, 2014).

¿En qué nivel estamos si la SCJ tiene que discutir si leer y escribir debe ser o no un requisito necesario para quien ocupa cargos de representación popular?

¿Cuál es el nivel mínimo de instrucción que deben tener nuestros diputados y senadores, leer y escribir, educación superior, maestrías?

Lo pregunto porque saber leer y escribir no da a un legislador, ni a nadie, la capacidad para comprender. Muchos leen, sí, pero no entienden lo que leen.

Poner como requisito mínimo para llevar a cabo una función pública el saber leer y escribir es poner el estándar legislativo en el nivel más bajo posible.

La postura que me parece importante en este caso fue la que adoptó el ministro José Ramón Cossío, quien dijo que "leer y escribir no es suficiente".

"¿De verdad creen que con saber leer y escribir, los diputados pueden entender los dictámenes, la Ley de Telecomunicaciones o las condiciones contractuales que prevé la reforma energética?", agregó Cossío.

En lo que hace a la reforma energética... pienso que ese arroz ya se coció. Las izquierdas lanzarán gritos -quizá gañidos ya-, pero tan divididas andan que a ningún lado llegarán. Andrés Manuel López Obrador no querrá meter a su flamantísima Morena en una aventura que sabe sin futuro, ni asustar con acciones radicales a sus posibles electores de la clase media. Por su parte, el ingeniero Cárdenas no ignora que una consulta pública y cualquier forma de resistencia popular están desde ahora condenadas al fracaso. Lo cierto es que Peña Nieto y su gente actuaron con habilidad y sacaron adelante esa reforma. Todo, pues, se ha consumado ya.

La vida y la economía son mucho más complejas que lo que quieren hacernos creer frecuentemente los políticos. No tienen razón ni los apologistas ni los opositores.

Lo que hemos estado viendo en el poder legislativo nos revela el hecho de que nuestros legisladores apuntan más al interés ideológico.

No he visto a nadie que esté discutiendo cómo agilizar y simplificar el desarrollo de los gasoductos, que frecuentemente se topan con la especulación asociada a los derechos de vía. Y en cambio, hay personajes de la prehistoria (como Manuel Bartlett) rasgándose las vestiduras por un asunto de propiedad que para todo propósito práctico es irrelevante.

Los críticos del cambio de reglas en el sector energético pierden de vista que por muchos años esta industria ha sido virtual propiedad de los sindicatos y de los burócratas.

Incluso la renta petrolera, que en buena medida se ha transferido a las entidades, ha acabado dilapidada por gobiernos locales que en el mejor de los casos han sido ineficientes y, en el peor, corruptos.

La reforma energética no es ninguna pulsera mágica. Si se ejecutara mal el tema de los gasoductos, sus efectos positivos tardarían más años y serían inciertos.

Pero no cambiar sí garantiza que la economía mexicana se quedaría varios años más en el estancamiento o en el crecimiento reptante.

A pesar de las miles de reservas, a pesar de espectáculos como Manuel Bartlett convertido en adalid del antisalinismo (periodo en el cual fue secretario de Educación Pública y gobernador de Puebla, impulsado a ambos cargos por el ex presidente Salinas) y al senador Fernando Mayans sobrepasando su tiempo en las intervenciones y rebelándose contra la presidencia del Senado porque él “le habla al pueblo de México, no al congreso”, a pesar de que Dolores Padierna se reservó casi todos los artículos para decir en cada intervención casi siempre lo mismo, lo cierto es que al momento en que usted lea estas líneas, las leyes secundarias en materia energética seguramente estarán aprobadas en el Senado y comenzando a ser discutidas en la Cámara de Diputados.

Como decía el domingo en un muy buen texto en Reforma Juan Pardiñas, esos legisladores lo que están haciendo son debates teológicos y libres de evidencia.

Lo cierto es que las reformas que se podrán implementar a partir de las leyes secundarias en el sector, son fundamentales para encarrilar el crecimiento económico del país, un crecimiento anémico desde hace años y que no puede recuperarse por la sencilla razón de que no ha tenido estímulos para hacerlo.

Las reformas energéticas están planteadas por lo menos desde hace 20 años y durante 2 décadas fueron boicoteadas por los diferentes partidos con coartadas inadmisibles, tan insensatas como las actuales.

El PAN no apoyó las que planteó en el gobierno de Zedillo, el entonces secretario Luis Téllez, por mal cálculo político, por la coyuntura que marcaba la crisis que se vivía en esos años.

Cuando el PAN fue gobierno, el PRI tampoco apoyó ni el intento que se impulsó en el gobierno de Fox ni tampoco la reforma que presentó Calderón, mucho menos ambiciosa que la actual.

¿Cómo no recordar el debate que se dio entonces para rechazar la construcción de ductos para gas y crudo por parte de la iniciativa privada porque se “violaba la soberanía”?

El PRD se ha opuesto al tema desde siempre, en todas las coyunturas, aunque, incluso en los programas de López Obrador y en la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas en el pasado, se aceptaban reformas como convertir a Pemex y a la CFE en empresas productivas del Estado, como se hizo ahora y esas fuerzas rechazaron en el congreso.

En el pasado lo que hubo, de todas las fuerzas políticas, fue mezquindad en éste y en muchos otros temas. Fue por eso que, desde 1997 el congreso, en los hechos, estuvo paralizado, sin emprender ni una sola de las grandes reformas que necesitaba el país, pero siempre abocado a sacar reformas electorales, algunas mejores, otras peores pero que todas coincidían en otorgarle más poder y presupuesto a los propios partidos.

Quién sabe si en la reforma electoral sexenal hemos avanzado en algo, el tema está marcado por los grises y las dudas operativas; tampoco avanzamos con la reforma fiscal, que en el marco de los acuerdos terminó siendo, como pretendía el PRD, una reforma para la recaudación que castiga el consumo y no frena la informalidad (ya habrá que trabajar en ella en el futuro), pero sin duda los avances que se han logrado en energía, telecomunicaciones, competencia y reforma hacendaria (que es distinta a la fiscal) entre otros temas, permiten crear las condiciones para un crecimiento diferente.

Falta por ver si la buena letra inscrita en la educativa se transforma en realidades.

¿De qué sirven los sistemas de asistencia social?, ¿regalar útiles, desayunos, becas, lentes y juguetes, la autoridad cumple su tarea “preventiva”?, ¿revisarán los albergues del país como revisaron las guarderías después de la tragedia en la ABC de Hermosillo, Sonora, sin castigar a nadie?

Los poderes judicial y legislativo, así como una treintena de ayuntamientos incumplen con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Jalisco. Todos ignoran a la Contraloría y no le informan o actualizan los datos sobre los burócratas sancionados para sumarlos al Registro Estatal de Inhabilitados.

La Contraloría emite las constancias de no inhabilitación de burócratas. El hecho de que las anteriores entidades públicas no reporten sus inhabilitados provoca que no se tenga conocimiento de los servidores públicos despedidos por todo tipo de irregularidades administrativas.

La ley ordena que la Contraloría administre desde 2013 el Registro Estatal, el cual debe elaborarse de forma física y electrónica para su acceso público. “El titular de la entidad pública, al imponer la inhabilitación al servidor público responsable, debe informarle a la Contraloría y enviarle copia certificada de la resolución en un término no mayor de 10 días hábiles. La omisión de dicho informe será causa de responsabilidad administrativa… (También) el manejo inadecuado y la falta de actualización del registro (por lo menos anual) será causa de responsabilidad administrativa”, estipula el Artículo 80, pero hasta el momento no hay sanciones contra los omisos.

La última vez que el poder judicial reportó que no tenía inhabilitados fue en junio de 2013, según la Contraloría. Sin embargo, el presidente Luis Carlos Vega Pámanes confirmó el pasado 7 de julio ante representantes de la Cámara de Comercio que, en un año y medio, 50 funcionarios habían sido objeto de sanciones que iban desde la destitución hasta la suspensión temporal. Tras buscar una entrevista para conocer las causas del incumplimiento en la ley se confirmó que en el Poder Judicial salieron de vacaciones desde el 16 de julio y regresan hasta el 4 de agosto.

El poder legislativo, el mismo que reformó dicha ley en 2012, respondió a la Contraloría en julio de 2013 que turnaría su requerimiento a las comisiones de Responsabilidades, Gobernación y Desarrollo Municipal. Ya pasó un año e ignora el ordenamiento.

Por otra parte, entre el Gobierno de Jalisco, organismos públicos descentralizados y 95 ayuntamientos suman 147 burócratas inhabilitados entre abril de 2013 y junio de 2014. Las áreas de seguridad, procuración de justicia y movilidad acumulan el mayor número de sancionados.

Una decena de ex funcionarios enfrenta la mayor sanción de 6 años de inhabilitación por anomalías en auditorías internas, pérdida u ocultamiento de documentos oficiales.

El Gobierno del Estado acumula 104 servidores públicos o funcionarios inhabilitados en el periodo abril de 2013-junio de 2014, pero es la Fiscalía General la que lidera la estadística con 79 sancionados.

El fiscal Luis Carlos Nájera reconoció el año pasado que habían despedido a más de 40 agentes, entre consignados y dados de baja. “Casi todos son por corrupción, por pedir dádivas, entre ministerios públicos, coordinadores, investigadores y policías estatales. La limpia va en serio”.

Ejemplificó el caso de un puesto de socorro en donde “pedían una cantidad de dinero para liberar a una persona que merecía la libertad”.

La inhabilitación es una sanción de carácter administrativo establecida en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Jalisco. Impide a los que fueron sancionados a ejercer cualquier empleo, cargo u omisión dentro del servicio público (federal, estatal o municipal), durante no menos de 3 meses ni más de 6 años.

Los organismos públicos descentralizados del estado suman 27 inhabilitaciones en el periodo en mención, siendo el Colegio de Bachilleres (6 sancionados), el Instituto Tecnológico de Lagos de Moreno (4) y la Universidad de Guadalajara (3) los 3 principales involucrados.

Entre los ayuntamientos, Tlajomulco es líder con 11 inhabilitados, seguido de San Miguel Hidalgo (3), Guadalajara (1) y Tlaquepaque (1).

Los datos forman parte del Registro Estatal de Inhabilitaciones implementado por la Contraloría de Jalisco desde abril del año pasado. El problema es que en el portal electrónico hay fallas por parte de la autoridad al no desplegar la lista completa de inhabilitados, por lo que se debe conocer específicamente el nombre y apellidos para acceder a la información en el buscador http://contraloria.app.jalisco.gob.mx/inhabilitados/.

La Secretaría de la Función Pública, por su parte, sí publica en su página electrónica los nombres de inhabilitados de todos los poderes o entidades públicas mediante el Registro de Servidores Públicos Sancionados. En el sitio web también existe un apartado en el que se exhiben las sanciones impuestas por los gobiernos estatales. Las conclusiones son que el Distrito Federal representa el 1er. lugar de sancionados en el ámbito nacional y reporta 1,774 inhabilitaciones, destituciones, suspensiones y amonestaciones entre los años 1991 y 2014. En el 2o. sitio está Jalisco con 307 inhabilitados entre 1997 y 2014. La máxima sanción es por 6 años y se contabilizan 6 casos.

En el tema exclusivo de las inhabilitaciones, en el periodo mencionado, el Distrito Federal tiene 552 casos y 257 destituidos, varios con causa penal; es decir, el doble que Jalisco.

Por su parte, Veracruz reporta desde 1994 un total de 26 inhabilitados (uno por 10 años porque la ley es diferente a la de Jalisco). Michoacán registra 159 inhabilitados a partir de 1996, mientras Nuevo León tiene 94 inhabilitados de 1998 a la fecha (la mayoría sancionado entre 2010 y 2012). Estado de México no tiene información.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su Artículo 266 señala que las boletas electorales contendrán: …“ j) Espacio para candidatos o fórmulas no registradas”, y “k) Espacio para Candidatos Independientes.”.

Salvo las formalidades que los candidatos de los partidos políticos y los independientes tienen que cumplir, no existe ninguna diferencia entre los 3 tipos de candidatos, siempre y cuando los no registrados cumplan con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución y las leyes para cada caso.

En el caso de los no registrados, no existe ningún requisito para aparecer como tales, pues si existiera, entonces no serían “no registrados”.

De lo establecido en los Artículos 279, numeral 1; 288, numeral 2; y 291 de la LGIPE, no se puede deducir que los votos de los candidatos no registrados se deban contabilizar como “nulos”, ya que el inciso C de este último artículo asienta que “los votos emitidos en favor de candidatos no registrados se asentarán en acta por separado”.

Los ciudadanos que piensen que se puede obligar a la autoridad electoral a registrarlos como candidatos, sin ser postulados por un partido político, o como candidatos independientes sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley, están equivocados. Lo que la autoridad no puede es impedir que los ciudadanos escriban el nombre que quieran en las boletas electorales en el espacio destinado para los candidatos no registrados; y, en caso de resultar triunfadores no entregarles la constancia de haber resultado electo para determinado cargo, puesto que el pueblo en ejercicio de su soberanía los eligió.

Así entonces, ante las imposibilidades materiales y humanas que entrañan las candidaturas independientes recién autorizadas, y ante el hecho de que el legislador no quitó de la boleta electoral el espacio para candidatos no registrados, quienes deseen ser electos como funcionarios, mejor que le apuesten a ser “candidatos no registrados”, sin dejar de cumplir con las obligaciones a las que están sujetas los demás candidatos.

López Obrador ha dicho que Morena surgió ante la traición del PRD al firmar el Pacto por México, lo cual es también irrisorio, pues el nuevo partido fue anunciado mucho antes del malogrado pacto.

La escisión de López Obrador se quiere justificar con una crítica fuera de foco. La verdad es que el PRD se ha convertido en un partido clientelista, sin debate interno y dirigido con métodos cupulares.

Por desgracia, la lamentable situación del PRD no ha sido un acicate para que Morena supere los atrasos políticos. Cualquier tema que no le agrade a López Obrador, tal como el de cobrar más impuestos a los ricos o el de otorgar a las mujeres la libertad de decidir sobre su propio cuerpo (la interrupción voluntaria del embarazo), es declarado innecesario o distractor cuando en realidad el líder de Morena no está de acuerdo con algunos puntos que han figurado durante muchos años en las plataformas de la izquierda, pero no lo dice abiertamente. Si el PRD ha perdido confiabilidad por carecer de una línea debatida, segura y clara, Morena replica ese aspecto con el añadido de que todos los candidatos son nombrados por López Obrador, cuestión que de seguro llevará a inconformidades en el nuevo partido.

Si la reforma federal pretendía sacar las manos de los gobernadores de las instancias electorales, parece que la ventanilla de 'gestiones' se cambió al Senado.

Parece una paradoja, pero la reforma más relevante del sexenio -en la óptica de los inversionistas en el mundo- habrá sido propuesta por el PAN, que a su vez el PRD propició al rechazar negociar con el ejecutivo en agosto del año pasado, y que al final de cuentas saldrá adelante con los votos del PRI y de la mayor parte de los legisladores del PAN.

El caso del PRD es desafortunado. Por el temor de que AMLO les vaya a quitar banderas, radicalizaron su posición y dejaron de ser una saludable influencia en las discusiones.

Ayer mismo, de plano decidieron abandonar la discusión en comisiones y los veremos a partir del jueves dando el triste espectáculo de alargar los debates en el Pleno del Senado, de manera cuasi infantil.

El PAN y el PRI no tendrán un beneficio electoral de la aprobación que ha comenzado ya.

A mí la reforma política me da repelús. Podría indignarme, ofenderme, enojarme, pero no, me da repelús: me provoca escalofríos. Afortunadamente iremos con este engendro de sandeces a una elección intermedia y, dado el desastre que provocará, y la bonita tradición mexicana de hacer súper reformas políticas todo el tiempo, llegaremos al 2018 con otra cosa.

Pero ahora, agárrense. Un organismo electoral con gigantismo, centralizado, sin claridad en las funciones de fiscalización y sin claridad en el manejo presupuestal. Funcionarios electorales en los estados con salarios desiguales, pero el mismo patrón en el centro de la república. Consejeros elegidos por la mano limpia de los consejeros elegidos por la mano partidista, que no tendrán autonomía porque seguirán negociando los presupuestos en el estado.

Habrá quien levante la mano y ponga el acento sobre las bondades del sistema que estamos construyendo. Ahora podrán competir candidatos independientes y además habrá reelección. Soy partidaria de ambas figuras, pero si me hubieran preguntado cómo echarlas a perder no se me habría ocurrido la genialidad de los diputados: hay reelección pero el partido lleva mano. Uta. Y las candidaturas independientes... bueno, ya verán cómo le entrarán los partidos políticos a utilizar esa herramienta. Está fácil: ellos sí reúnen las firmas, así que veremos muchos esquiroles con financiamiento público.

Todo esto no lo hicieron los diputados de Jalisco, sino los federales, pero los de Jalisco no se quedaron atrás. Parece que se sentaron a deliberar: ¿qué podemos hacer peor, qué podemos hacer peor? ¡Ah! ¡Ya sé!, brincó alguno. Vamos a prohibir la guerra sucia.

Y todos: ¡claaaro! ¡A favor! Y ahí los tienen, metiendo en la normatividad electoral de Jalisco un concepto mal usado para esto y, peor que eso, una herramienta de discrecionalidad que puede distorsionar todo el sistema de competencia. Si algún candidato hace guerra sucia, lo sacan de la jugada.

Pero a ver. ¿Qué diablos es eso de guerra sucia?

En el 2006 vimos en Jalisco las campañas más puercas que hemos tenido en los últimos años. A Arturo Zamora lo acusaban con anuncios de tener nexos con el narco, ¿recuerdan? Y al final de la elección no interpusieron denuncia porque "eran cosas de la campaña".

Les recuerdo que existe ya la calumnia, la difamación, el uso indebido de recursos públicos, la vigilancia electoral sobre los spots, que ahora nadie puede poner en radio y televisión, procedimientos especiales sancionadores a los candidatos que se salten la raya... y ahora existirá, además de todo eso, "guerra sucia".

Me pregunto cómo le van a hacer los consejeros electorales 1o., para votar que una acción de ataque al adversario es guerra sucia o se vale, y 2o., para castigar al atacante si no es un partido político ni un candidato.

Tras la resolución del Instituto Nacional Electoral que le otorga registro a 3 nuevos partidos políticos, la reacción no se hizo esperar: "Más partidos, ¿para qué?". O los titulares de los diarios donde se analizan los 31 millones de pesos que recibirá cada uno de los 3 nuevos partidos políticos a nivel nacional o los poco más de 2'700,000 pesos que recibirá cada uno de ellos en 2015 en Jalisco. Y es que las distintas encuestas que miden a los partidos políticos, dejan en claro que los mexicanos ven a los institutos políticos más como un problema que como una solución. ¿Cómo pueden resolver nuestros problemas esos mismos partidos políticos que encarnan precisamente la corrupción, la falta de transparencia y a la nula rendición de cuentas que queremos combatir? Es cierto, los partidos son los primeros que se deben transformar.

Los partidos políticos no representan para la ciudadanos soluciones a sus problemas. Sólo los policías tienen peor reputación que los partidos políticos.

Los 3 partidos que cumplieron los requisitos que exige el INE para convertirse en instituciones nacionales son: el Movimiento de Regeneración Nacional, el Frente Partido Humanista y el Partido Encuentro Social.

El 1o., nace de la mano de Andrés Manuel López Obrador y sus estatutos se elaboraron a imagen y semejanza del pensamiento del líder. La palabra "corrupción" se repite en 8 ocasiones en los estatutos y el camino hacia la "salvación nacional" es a través del combate a ese régimen de privilegios para unos y falta de beneficios para el resto de la población. Se asume Morena como el protagonista del "cambio verdadero", señalando a la transición democrática como una fase fallida.

El PH se define con muchos principios que identifican al Partido Acción Nacional: su apuesta por el solidarismo, su recelo del papel del Estado y el énfasis en la llamada "dignidad de la persona humana". Los estatutos dan la imagen de un partido conservador y se apoyan en el "bien común", uno de los conceptos que más identificación tiene entre los blanquiazules.

Y, el PES es un partido de raigambre protestante, surgido en Baja California (en donde fue en alianza con el PAN y el PRD el año pasado; en 2007 y en 2010 también se alió con los panistas) y que a nivel estatal siempre ha gozado de apoyos que rondan poco más de los 5 puntos porcentuales. Tan es así que el INE ha dado visto a la Secretaría de Gobernación para que investigue al PES por la presunta participación de ministros del culto en la conformación del partido político.

La reforma política pendiente es, sin duda, la de los partidos políticos. En el último debate legislativo se creó una Ley General de Partidos Políticos, pero no se cambió nada en relación a las graves fallas que los ciudadanos ven en los institutos políticos. Los partidos necesitan una reforma profunda: mayor transparencia, listas abiertas a los ciudadanos, primarias obligatorias ante los militantes, instalación de mecanismos obligatorios de participación ciudadana y una transformación ideológica que dote de consistencia a sus planteamientos. Los países que han hecho estas reformas (Suiza, Alemania o Noruega) han levantado la popularidad de los partidos y han logrado arraigar en la sociedad la idea de que con todos sus defectos, los partidos son un mal necesario que brinda representación, contraste de agendas y competencia política. Si los partidos políticos en México no entienden que la reforma interna es impostergable, la pérdida de legitimidad llegará a niveles insostenibles y el mismo sistema de partidos será puesto en entredicho por una sociedad que ve en los partidos políticos a un espejo de los peores males a los que busca combatir. Así, los partidos políticos tomados como concepto no son en sí el problema de nuestra democracia. Sin embargo, los partidos políticos que tenemos al día de hoy sí lo son.

Tiene que haber un sistema en el que los partidos oficiales sean los que existen con porcentajes grandes de participantes; actualmente sólo se necesita 3% para obtener el registro, eso es lo que obviamente debe modificarse cuando menos a 5%, cancelando además los apoyos económicos exuberantes que les otorgan y que promueven la creación de otros, con el único fin de ganar dinero a costa de los mexicanos.

El negocio de las elecciones mexicanas se ha vuelto muy obvio. Para ganar hay que financiar la promoción del voto que se hace a través de clientelas, mayormente urbanas, con recursos que salen de la hacienda pública. Así se asegura que la infantería de un candidato triunfe sobre la de su oponente. Si los comicios son muy competidos se requiere además reforzar con publicidad en los medios de comunicación.

En la jerga de los estrategas electorales, a este componente se le llama aviación y hace referencia directa al bombardeo de spots y notas pagadas que por radio y tele suelen saturar los sentidos del ciudadano. Es mentirosa la premisa de nuestras leyes que supuestamente obligan al financiamiento público de las campañas políticas y las candidaturas. Según la falaz norma mexicana, 9 de cada 10 pesos gastados por los participantes en las elecciones se pagan con dinero del contribuyente. Pero esa verdad legal nada tiene que ver con la realidad. La vida de los partidos -en lo que toca a su financiación- es tan informal como la del tianguis de fayuca que solía haber en Tepito.

En México, el dinero ilegal es muy importante para ganar o perder elecciones. Tanto la infantería como la fuerza aérea de las campañas son negocios que se mueven con recursos que la ley prohíbe, y peor aún, que la autoridad difícilmente puede rastrear y sancionar. Podría aquí equivocarse el lector que suponga como relevante el financiamiento privado a las campañas mexicanas. Si bien los grandes empresarios, y uno que otro mediano, invierten en aventuras políticas que al final pueden retribuirles, lo cierto es que la mayor parte del financiamiento ilegal tiene un origen ligado a la tesorería del Estado mexicano. La obra pública lleva mano en el financiamiento para la infantería, sobre todo en las elecciones locales, o en aquellas que -aun si son federales- están comandadas por liderazgos de las regiones. Se suele entregar de manera tramposa al constructor aliado un trabajo público a cambio de que “se moche” con un 10 o 15%.

Alguna parte de ese dinero va a dar al bolsillo del funcionario responsable, con el objeto preciso de impedir que éste denuncie más adelante el hecho, y el resto se destina a refaccionar los gastos operativos del candidato o partido que se identifican con el gobierno en turno. Mientras este año de 2014 presenciamos el escándalo de los moches, el anterior exhibió a la deuda pública estatal en un papel estelar; ahí están Coahuila, Tabasco o Zacatecas para constatarlo. Sin embargo ambas hebras -moches y deuda estatal- son parte de la misma narrativa corrupta. Los préstamos se utilizaron para financiar obra pública que, a su vez, sirvió para entregar sumas extraordinarias de dinero a la infantería de campaña. Luego se suman las fuentes ilegales de financiamiento para la aviación de los partidos.

La mal llamada publicidad gubernamental cumple con una función parecida a la de la obra pública. Presidentes municipales, gobernadores, senadores, diputados y el Ejecutivo federal pagan sumas estratosféricas a los medios de comunicación, supuestamente para publicitar temas de interés general, cuando en realidad tales recursos se utilizan para obtener un trato preferente en los noticiarios y otros programas, así como descuentos importantes en la pauta de spots. Es evidente que quien logre extraer un mayor número de recursos del erario -sea a través de la obra pública para refaccionar a la infantería, o de la publicidad gubernamental para financiar a la aviación- tendrá mejores posibilidades de triunfo. En ambos casos se está en presencia de "moches" al presupuesto público, es decir, de desvío de recursos que son del contribuyente. Sin embargo, la publicidad gubernamental no es la única fuente de complicidad entre los medios de comunicación y el poder político.

Desde hace algún tiempo la normatividad en radio, televisión y telecomunicaciones ha sido también moneda de cambio que se cobra y gasta en los comicios. ¿Cómo olvidar la Ley Televisa del 2006 o la reforma electoral de 2007 que impidió la compra directa de tiempos en radio y televisión por parte de los partidos? Cuando en México se habla de poderes fácticos, y de un Estado que se arrodilla frente a ellos, casi siempre esa desagradable escena ocurre en el contexto electoral. Así como el presidente de un municipio se inclina ante el constructor para que este último financie el futuro de su carrera política, de igual manera los candidatos a la presidencia han actuado frente al poder mediático.

El actual jefe del ejecutivo y también los legisladores panistas nos hicieron creer que estaban dispuestos a prescindir de esa forma corrupta de financiamiento para su aviación electoral. Pero nos mintieron; la reciente votación de las leyes en TELECOM da cuenta de una penosa realidad: a cada ámbito de gobierno corresponde un tipo distinto de moche. Mientras los presidentes municipales acuden "poquito" a esa práctica, más arriba se concurre "muchito", sin rubor ni vergüenza. El argumento detrás de ese comportamiento es de idéntica naturaleza: se trata de ganar elecciones y de paso sumar algunos millones de pesos para el patrimonio personal.

Porque la legislación electoral en curso facilita la creación de partidos políticos y "complica" las candidaturas independientes, el ex aspirante a la gubernatura del estado por el PRD, Fernando Garza Martínez, estará interponiendo una denuncia ante el Tribunal Federal Electoral.

Ya lo hizo una vez, el pasado 19 de junio, por la "tardanza" del Congreso del Estado para legislar y aprobar la Reforma Electoral, que "debió haber sido aprobada a más tardar el 10 de agosto del año pasado". Y el tribunal, asegura, falló a su favor.

"Como veía que no lo hacían se interpuso esa demanda; el tribunal nos dio razón. Y dijo al congreso: legisla y, en caso de que tú no legisles, quedan a salvo los derechos de los jaliscienses que quieran participar con candidaturas independientes".

Piensa interponer un nuevo recurso legal porque, considera, las garantías que se ofrecen actualmente para los ciudadanos que aspiran a un puesto de elección popular, sin el cobijo de algún partido político, son "prácticamente nulas", lo que no ocurre con la creación de nuevas fuerzas políticas, cuya operatividad será mantenida con recursos públicos.

"Como sale, la legislación lo menos que hace es motivar la participación de ciudadanos en elecciones. Para formar un partido político te piden el .26% del padrón electoral del país; para participar como candidato a gobernador te piden el 1% y para participar como candidato independiente de diputado o presidente municipal te piden el 2%, ¿por qué la diferencia?".

Los diputados panistas Víctor Manuel Sánchez Orozco y Guillermo Martínez Mora cuestionaron el proceso en el que los diputados locales eligieron a los magistrados Ricardo Suro Esteves y Armando Ramírez Rizo, recién nombrados por el Pleno del Congreso de Jalisco para el Supremo Tribunal de Justicia.

Los legisladores locales consideraron que los recién designados magistrados, no cuentan con un perfil idóneo porque "tienen menos experiencia y currículum respecto a otros aspirantes al cargo y que su designación fue gracias al apoyo de partidos políticos" y no a un procedimiento serio y responsable para elegir a los mejores candidatos.

"Se comprueba lo que dijimos reiteradas veces: no hay una selección de magistrados de manera profesional y objetiva, donde efectivamente se responda a los criterios de profesionalizar el poder judicial", expuso el diputado Víctor Sánchez.

El panista detalló que el magistrado Ricardo Suro fue uno de los pocos aspirantes que no asistió a las entrevistas convocadas por los integrantes de la Comisión de Justicia, y aunque no eran vinculatorias, consideró que sí aportaban a los legisladores elementos para la elección.

"Su currículum es extremadamente pobre comparado con el de otros aspirantes, lo cual viene a demostrar que es un vil reparto de cuotas, que no tiene para cuándo terminar y el problema es que también se habla de reparto económico", agregó el legislador.

Respecto a Armando Ramírez, dijo que como juez "no era el que mayor antigüedad y carrera judicial tenía, además nos han hecho llegar su hoja laboral: tiene 37 licencias con y sin goce de sueldo e incapacidades, lo que comprueba que es un funcionario que no cumple al 100% con su labor jurisdiccional, además de que fue sujeto de juicio político por una serie de problemas laborales".

Por su parte, el diputado Guillermo Martínez Mora lamentó que las 2 vacantes en el poder judicial no fueran ocupadas por los más capaces. El panista consideró que existen elementos para que los aspirantes que no fueron electos se inconformen ante instancias legales.

Los diputados locales volvieron a evitar que el auditor superior Alonso Godoy Pelayo rinda cuentas sobre los recursos que ejerce, luego de que el pleno del Congreso del Estado rechazó la propuesta del panista Guillermo Martínez Mora, para que explique los términos en que se contrató una empresa para que lo asesore en el pago de impuestos, a la que entregó 3.8 millones de pesos.

Martínez Mora propuso a los legisladores que se solicite a la ASEJ un informe "y aclare detalladamente el objeto del gasto ejercido en la partida número 339 del presupuesto" 2012.

A través de esa partida, el auditor superior contrató a la empresa Maraveles y Medrano, para que lo asesorara sobre el pago del Impuesto Sobre la Renta.

El planteamiento para exigirle una explicación fue rechazado con 26 votos de diputados de los partidos PAN, PRI, PRD y PVEM.

Votaron a favor los 6 legisladores de Movimiento Ciudadano y 4 panistas: Martínez Mora, Víctor Sánchez Orozco, Juan José Cuevas García y Gabriela Andalón Becerra.

Martínez Mora lamentó que el auditor tenga "maniatados" a los diputados y por tanto le tienen "temor".

Añadió que su fracción tiene la intención de "proteger" a Godoy y "defender lo que les tiene agarrado a muchos funcionarios, que deberían estar en la cárcel. Hoy el auditor tiene amarrados a la mayoría de los políticos en este estado".

Una reforma electoral sin sustantivos, permanece ritualista centrada en el proceso electoral, sin empoderar al votante ni siquiera para garantizar la representatividad del sistema político y de partidos, sin capacidad de transformar al régimen político decrépito que mantiene a poderes y órdenes de gobierno en la ambigüedad entre democracia y autoritarismo.

Muy satisfechos de sus hazañas, los diputados del Congreso de Jalisco aprobaron la madrugada del pasado lunes 7 de julio la reelección, por un periodo, de alcaldes y regidores, y por 3 periodos consecutivos más, la de diputados locales, pero le regatearon a la sociedad una herramienta que podría liberarla de algunos entes parasitarios que aspirarían a perpetuarse en el poder en forma truculenta, insana y cínica.

Los legisladores locales le negaron a la gente la revocación de mandato o la ratificación de mandato, como quieran llamarla según sus gustos, pero que para fines prácticos tendría el mismo efecto.

La ratificación o revocación de mandato serviría para evaluar el desempeño de un funcionario y decidir si continúa o no en el cargo. Permitiría a los ciudadanos sacudirse de encima algunos malos bichos que viven de saquear los recursos públicos que los contribuyentes les han confiado.

La herramienta no se incluyó en la ley pese a que 2 partidos habían mostrado interés por promoverla.

En la reforma electoral de Jalisco, los puntos de interés político se aprobaron, pero quedaron fuera los de la ciudadanía, opinan expertos.

"En el sentido de dar mayores facilidades, menos burocracia y trámites para que los ciudadanos, sin la intermediación de los partidos, puedan participar y acceder a puestos de representación popular, predominó la visión política y se marginó la visión ciudadana", dijo Andrés Valdez, académico de la UdeG.

Una de las peticiones ciudadanas fue facilitar la candidatura independiente. Sin embargo, quedó igual que en lo federal. El interesado requiere del 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores; otro punto que apoyaron ciudadanos es el recorte presupuestal a partidos políticos.

"Hubiera sido importante que el presupuesto quedara indexado al porcentaje de votos válidos que se emitieran en la elección, ahorita, independientemente de la cantidad de personas, reciben las mismas prerrogativas", dijo Alberto Bayardo, del Observatorio Legislativo del ITESO.

"Quedamos con partidos con muchísimo dinero sin la posibilidad de que se empareje el apoyo para quienes se quieran postular como independientes, nos quedaron a deber".

El Instituto Nacional Electoral otorgó ayer el registro como nuevos partidos políticos a Morena, Encuentro Social y el Frente Humanista.

Sin embargo, los 2 últimos nacen con señalamientos de compra de afiliaciones a cambio de despensas y materiales de construcción.

Paco Calderón, caricaturista
(10 de julio de 2014).

Estamos ante un animal político, no un líder social, con una vertiente de iluminismo, que parte de que él es la base de la pureza y depositario de la única verdad, y que quienes no están con él en todo y para siempre, están contra él, son unos traidores a la patria, miembros de la mafia en el poder, y quienes lo siguen son el pueblo bueno. Andrés Manuel decide quién es quién.

Tampoco es un hombre de sorpresas, como lo confirma en su discurso repetitivo con sus mismos temas desde hace 8 años, y en los que no ha habido cambio alguno, como tampoco en él.

Decepcionado de lo que por años vio en el PRD, al que usó para su proyecto, decidió formar un partido político originado en su liderazgo personal, y lo logró.

Ahora, desde esa plataforma en la que no hay otra voz que la suya, ya hemos visto como designa digitalmente a los candidatos, se nombrará, ya lo es, candidato presidencial y estará de nuevo en las campañas de 2018 con el mismo discurso, ante candidatos diferentes y con una novedad: una izquierda partida que en esas condiciones le cierra la puerta de Palacio Nacional, donde sueña vivir como Presidente de la República.

Lo que no se le puede negar es la tenacidad, que algunos llaman necedad, que lo ha llevado a tres candidaturas presidenciales que siempre ha impuesto sobre el partido, sobre los partidos.

Una de las cosas que más trabajo me cuesta entender es eso que lo políticos llaman guerra sucia. Y no porque crea que los políticos no jueguen sucio, sino por la hipocresía que encierra el término y los debates en torno a esta práctica tan recurrida por la clase política mexicana (y supongo que de todo el mundo, pero no tengo certeza de ello).

Lo que los políticos llaman guerra sucia no es otra cosa que ataques sistemáticos a un candidato; así de genérico. No aclaran si la repetición sistemática, contundente e incómoda de un dato cierto es guerra sucia, o si una mentira dicha en voz baja constituye o no un delito electoral. Dicho de otra manera. Una de las armas naturales en una campaña es el verdadazo, señalar ante los ojos del electorado los defectos del candidato de enfrente. Defectos que, dicho sea de paso, los electores tenemos derecho a conocer. ¿Dónde comienza la guerra sucia: cuando lo que se señala es mentira, cuando la repetición se convierte en algo similar a un bullying político o cuando el candidato señalado se enoja? Definirlo es importante, pues ahora, gracias a la reforma electora, hecha por políticos para políticos, resulta que la guerra sucia es causa de anulación de una elección. ¿Por qué hacer bullying a un candidato es delito electoral y hacerlo fuera de temporada, contra un funcionario o columnista, no es delito sino “operación política”?

Todos los días un grupo de operadores, pagados con dinero público, se dedica a hostigar en redes sociales a todos aquellos que no están de acuerdo con el gobierno en turno (esta no es una práctica exclusiva del PRI pero se ha incrementado en los últimos meses).

En las elecciones estos mismos operadores, de todos los partidos, se la pasan generando rumores y pagando periodistas para que se difundan. ¿Cuál es la diferencia; por qué esta mala práctica prohibida sólo en el contexto electoral?

Ahora bien, cuando se trata de una calumnia contra un candidato ya no estamos hablando de guerra sucia, sino de un delito y éste debería de ser procesado como tal. Evidentemente que si los candidatos tuvieran que enfrentar un proceso judicial normal para demandar a alguien que los calumnió tendrían que esperar entre 3 y 5 años para que el juez fallara para luego ir a la 2a. instancia. Para cuando llegue el fallo definitivo el trienio o sexenio, según el caso el periodo de gobierno, habrá terminado. Pero a eso nos enfrentamos los ciudadanos todos los días.

Podemos, desde hoy, apostar doble contra sencillo que en las próximas elecciones habrá eso que los políticos llaman guerra sucia, habrá calumnias y habrá verdadadazos, que el que pierda va a demandar la anulación de las elecciones, alegando guerra sucia, y por supuesto, podemos apostar también que no va a pasar nada, pues a la hora que traten de reglamentar esta causal de anulación van a terminar de la más ambigua de las redacciones.

Ojalá que en las campañas se discuta y se discuta en serio; que los candidatos se digan sus verdades (ojo, verdades incómodas pero verdades al fin, no calumnias) porque los electores tenemos derecho a saber; que los candidatos aguanten y expliquen todo lo que se les señale, pero, sobre todo, ojalá que tengamos la certeza de que lo que se dice es verdad. ¿podremos confiar en que los que digan los candidatos será verdad?

Si el ciudadano común intenta el ejercicio de repasar la lista de los alcaldes que -por ejemplo- en la zona metropolitana de Guadalajara han sido en los últimos años, es probable que los encuentre de 2 clases: una, los que tomaron el puesto como trampolín para lanzarse a la gubernatura; otra, los que demostraron, a las primeras de cambio, que el puesto les quedaba grande, y que lo terminaron sólo porque las leyes no dan la opción de la revocación de mandato a los ciudadanos que tienen que pagar muy bien a fulanos que gobiernan muy mal.

Por lo demás, los “representantes populares” que hicieron las reformas a la Constitución y al Código Electoral de Jalisco, quedaron a deber… Si en las campañas ofrecieron recortar tanto los costos como la duración de las propias campañas, cuando pudieron hacerlo arrumbaron esa promesa, faltaron a su palabra... y, de paso, exhibieron su insensibilidad ante el hecho de que al ciudadano común, al que pagar impuestos le cuesta sangre, sudor y lágrimas, le duele ver que su dinero, invertido en tapizar todos los espacios posibles de palabrería hueca, se gaste de manera tan estúpida.

¿Usted estaría a favor de mantener 9 años a 39 diputados que se meten a la bolsa más de 250,000 pesos por sueldos y prestaciones al mes y todo lo hace rápido, sin revisar, con ayuda de "asesores" o copia sus iniciativas de internet? ¿Le daría su confianza 6 años a un alcalde que le promete calles bonitas un día y se tarda más de un mes en cumplir a medias como sucede en Guadalajara o que le digan ‘ya mero instalo las cámaras de videovigilancia que les prometí hace casi un año’, como pasa en Zapopan? Eso es lo que vemos en la zona metropolitana, imagínese en los municipios fuera del área conurbada.

Hace unos días se publicó el “Informe país sobre la calidad ciudadana en México”, auspiciado por el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de México, que expone que hay niveles de abstencionismo en las elecciones intermedias -como las de 2015- hasta del 60% desde el año 2000.

En Jalisco los niveles de participación han descendido de manera triste: del 82.97% de 1994, en 2009 llegamos a un 51.84%. Esto es, se gasta mucho dinero en elecciones para diputados y alcaldes que a pocos interesan ¿por qué? El mismo estudio dice que en la escala de confianza entre los ciudadanos los últimos lugares los ocupan sindicatos, partidos políticos y diputados -y son ellos los que deciden-.

El Ejército, la Iglesia y los maestros son en quienes más confía la gente y los gobiernos municipales apenas se ganan un 28% de aprobación. Entonces ¿para qué y quiénes se hacen reformas como la electoral? Para políticos, por dinero, poder y para cobrar la jugosa quincena más tiempo, eso es seguro.

Los mismos actores que con unas reformas a la Constitución en materia de telecomunicaciones prometieron un cielo distinto, ahora produjeron un esperpento que especialistas no dudan en señalar como parcial (afectará a unos más que a otros), discrecional (la Secretaría de Gobernación mantendrá controles), violatorio de derechos humanos (por el acceso sin mandato judicial a nuestros datos, por la limitación a las radios comunitarias), que podría socavar al órgano regulador, etc.

En pocas palabras, le han nacido un montón de adjetivos negativos a lo que nos prometieron sería una legislación ejemplar. Volvimos al tiempo de las reformas posibles en lugar de las reformas necesarias.

Lo que se está aprobando no está a la altura de lo prometido. Quienes pretendieron romper la dinámica de la "Generación del No" han fracasado. A la hora de la verdad, todo cambió para quedar más o menos igual.

Es muy sabido lo molesto que la población está por lo poco que la representan los partidos, por la pobre calidad de la mayoría de candidatos que proponen, por lo costoso de sostener a diputados y senadores, así como lo caras, molestas e inútiles que resultan las campañas electorales.

Si a todo lo anterior le agregamos el desprestigio que en unas cuantas horas generaron en el PAN por los ridículos jóvenes neo nazis y los diputados detenidos en Brasil, y el que ahora está consumiendo al PRD en su principal bastión, la Ciudad de México, por las impopulares modificaciones al programa “Hoy no Circula”, todo parece indicar que desde el poder, el PRI se ha dedicado a acomodar a su gente pagando compromisos de repartir puestos y facilitar las cosas para que los demás partidos relevantes se desgasten por sí mismos.

El punto a que todo esto nos lleva es a la pobreza en que estamos cayendo los electores, no por razones económicas, que si bien son ciertas, no son el tema de este comentario, sino por la falta de opciones políticas para ver siquiera una pequeña luz que anuncie una mejoría en su porvenir.

Sin admiración por ningún partido y con un centralismo que resulta sofocante en el PRI, los electores nos encontraremos sin opciones convincentes y esperanzadoras tanto en 2015 como en 2018. Nos daremos entonces cuenta de lo pobres que democráticamente somos, a pesar de las enormes fortunas que esto ha consumido en el presupuesto nacional.

Habrá que elegir entre seguir con el PRI de siempre, o con las trilladas promesas de Morena; es decir, con la certeza de seguir pobres económica y democráticamente, pero además sin la esperanza de tener a dónde voltear para mejorar.

Qué tristeza da saber que después de todo el esfuerzo, vayamos de mal en peor.

Lo que me parece paradójico, incluso hipócrita, es que los políticos y legisladores que hace un año festejaron la aprobación de la reforma constitucional [en telecomunicaciones] hoy se quejen del dictamen de la ley secundaria porque se ajusta a la definición de preponderancia que ellos mismos aprobaron en la constitucional.

A la Dirección de Transporte Público que encabeza Edith Rivera le toca revisar que los camiones urbanos operen en buenas condiciones.

Pero los choferes voltearon la tortilla: dicen que ellos deben circular por calles ¡en buen estado!

Y los llevaron a ver los desechos de vialidades por las que circulan algunas de sus rutas en La Cofradía y cerca de San Martín de las Flores, en Tlaquepaque. ¡De miedo!

Durante semanas se aseguró públicamente, sobre todo los legisladores del bloque opositor capitaneado por el PRD, que se intentaba aprobar las leyes reglamentarias en materia energética mientras la gente (así, en genérico) estaba distraída con el campeonato mundial de futbol. La realidad probó que la situación era mucho más compleja que un simple albazo legislativo en un asunto que se enreda en intereses multimillonarios y poco transparentes.

Pero también en el nivel casero pasan cosas parecidas. Por ejemplo, en defensa de intereses de los que no se da explicación, los diputados de Acción Nacional han decidido retrasar a placer la discusión de la reforma política en Jalisco. Muchos temas trascendentales están en juego, como las candidaturas no partidistas, la reelección o la redacción de una nueva ley en materia de participación ciudadana. Para no variar, algunos influyentes acomodarán las cosas para que la posible reforma se haga a su gusto.

Lejos queda la posibilidad de que se aborde, por ejemplo, una iniciativa de reforma que postula la diputada perredista Celia Fausto Lizaola, para redactar y aprobar una ley de combate a la corrupción y crear, además, un fiscal especial, que no es otra cosa que un funcionario que tendría la responsabilidad de investigar, descubrir y castigar a los servidores públicos que incurrieran en actos de corrupción.

La iniciativa en cuestión está en pañales y son muchos los defectos que se le observan, como el hecho de que serían los mismos diputados quienes elegirían a ese héroe social, el fiscal anticorrupción. Además, falta solución a cuestiones como el tamaño del nuevo aparato burocrático que sería necesario para que se cumpliera tan titánica misión.

Sin embargo, es tangible que la corrupción, igual que la inseguridad o la debilidad de la economía, es uno de los problemas que más molesta y preocupa a la ciudadanía. Celia Fausto tiene cifras que, aunque viejas, dibujan bien la realidad: en el año 2010 se pagaron en el país 32,000 millones de pesos en “mordidas”, de esas que se entregan para que un trámite sea menos lento; Jalisco ocupa el lugar 25o. en la lista de corrupción, esto es que sólo en 7 estados se registran más hechos corruptos que aquí.

Y para rematar, en el mismo año 2010 (los datos los tomó la diputada de un estudio de Transparencia Mexicana) los jaliscienses gastaron 3,300 millones de pesos en mordidas.

El Ayuntamiento de Zapopan regresó 7.9 millones de pesos a los gobiernos federal y estatal, que debían invertirse en programas para personas en extrema pobreza. El argumento: llegaron a finales de noviembre y principios de diciembre de 2013, por lo que no hubo tiempo para ejercerse el año anterior. Los recursos estaban destinados para los programas Piso firme y Baños dignos. Miles de personas son las afectadas.

La devolución del recurso millonario exhibe que de nada sirvió el proyecto del ayuntamiento para crear la Dirección de Gestión de Fondos Federales, que estaba condicionada para gestionar 10 millones de pesos anualmente, una cifra cercana a lo que se perdió en Piso firme y Baños dignos.

Guadalajara es una ciudad enorme con un presupuesto ridículo. Si sumamos a los 5 municipios conturbados no llega a los mil millones de dólares, de los cuales 900 se van en nómina y gastos administrativos. Mientras los alcaldes no se decidan a hacer lo que hay que hacer, es decir cortar nómina y generar ingresos por la vía de los servicios y el predial, la ciudad no saldrá de la mediocridad en la que el populismo nos ha sumido.

El giro que toma la operación política de la reforma electoral en Jalisco, pone a prueba los límites del autoritarismo cuya expresión más evidente la representa el PRI, aunque hay valores autoritarios que persisten también en algunos partidos.

La retórica en algunos puntos de la reforma también es unánime, pero en retórica se queda: la reducción del financiamiento a los partidos, cuya proporción solamente la establecen algunos legisladores opositores al gobierno, quienes proponen reducir a la mitad el presupuesto destinado a los institutos políticos; la necesidad -declarada- de que se haga una ley de partidos, o la reducción del tiempo dedicado a las campañas.

En Jalisco es previsible que la aplanadora mayoritaria priista no deje pasar algunos temas que son polémicos. Sobresale el debate en torno a candidaturas comunes, una propuesta visiblemente orientada a preparar alianzas alrededor de Enrique Alfaro y su candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara en lo inmediato y a la gubernatura luego. Aquí convergen Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, pero el tricolor junto con el resto de partidos se oponen. Otro tema polémico es el relativo a la representación proporcional y la llamada cláusula de gobernabilidad, pues el partido en el gobierno pretende asegurarse un margen de sobre representación que le permita conducir los arreglos institucionales suficientes para facilitar los planes de gobierno del Ejecutivo estatal. Se ensancharía así la brecha entre representantes y representados pues, lejos del votante, la definición de las diputaciones de representación proporcional la conducen los privilegios partidistas. Ello, significa autoritarismo.

Igualmente, el torpedeo para impedir que se discuta a fondo una Ley de Partidos, que reste poder a la partidocracia, que le racionalice sus presupuestos, que se plantee un auténtico sistema de rendición de cuentas y responsabilidades, abona al autoritarismo. Además, los logros democráticos en la legislación electoral jalisciense se ven mermados, pues el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, incluyendo la posible revocación de mandato, se someten a negociaciones partidistas hechas al margen de la “voluntad ciudadana”. Se aleja así la ampliación de la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Tan solo 1% de la población se interesa en la reforma electoral; al 99% restante no le ofrece nada.

En México no parece haber reglas claras sobre posibles conflictos de interés de los legisladores. Tengo frente a mí un detallado estudio del Parlamento de Canadá que detalla las reglas por posibles conflictos de interés para los legisladores. Uno de los puntos que subraya es la transparencia. Si no hay nada de malo en una relación, hay que darla a conocer.

En México vemos constantes acusaciones por conflicto de interés que son siempre reveladas por los medios o por filtraciones, pero estas acusaciones sólo se hacen cuando el presunto culpable es de un partido o grupo político distinto al de quien hace la acusación. En ningún caso, sin embargo, se ve algún tipo de consecuencia legal. Lo único que vemos son acusaciones que después se olvidan.

Al final el resultado será el mismo, bien sea con "ratificación de mandato" o con "revocación de mandato", se lograría lo que la gente pretendería: deshacerse de alguno o algunos parásitos, de esos que pudren la vida pública y echan a perder a las instituciones por sus ineficiencias, frivolidades, corruptelas o latrocinios.

Por supuesto, los políticos -y en particular los diputados de Jalisco- se lo pensarán muy bien, antes de poner en manos de sus patrones, los ciudadanos, una herramienta que puede servir para cortarles la cabeza.

Dos partidos políticos de la entidad ya se comprometieron públicamente a legislar en la materia, y si no cumplen de manera satisfactoria, según los parámetros y necesidades de la sociedad, la gente se los cobrará en los comicios del domingo 7 de junio del 2015.

Los requisitos y el procedimiento deben simples, ágiles y accesibles, sin trampas.

El martes 24 de septiembre del 2013, los cinco legisladores de Movimiento Ciudadano propusieron que para promover la ratificación de mandato, fueran suficientes las firmas de sólo el 3% de los ciudadanos del municipio, del distrito electoral o del estado, que aparezcan en la Lista Nominal de Electores.

En su iniciativa, los diputados del PRI plantearon: "Para que sea válida la solicitud de revocación de mandato deben firmarla cuando menos un número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral correspondiente a la demarcación territorial respectiva, igual al número de votos obtenidos por el servidor público, fórmula o planilla que obtuvo el triunfo en la elección de que se trate".

Los partidos, e incluso las diferentes fracciones en que pueden estar divididos los mismos, han abusado de las negociaciones paralelas que se han establecido para sacar adelante las leyes secundarias de las reformas energética y de telecomunicaciones. Y el gobierno federal y el PRD han aceptado una lógica de negociación que se termina acercando peligrosamente al chantaje.

Lo ocurrido en el cierre del periodo extraordinario de la semana pasada es ejemplificador de lo anterior y demuestra lo complejo que resulta una negociación en la que como en aquel viejo tango Cambalache donde todo se puede canjear, todo es intercambiable, incluyendo los principios, donde descansan “la Biblia junto a un calefón”.

Cuando los partidos no terminaban de sacar adelante ninguna de sus negociaciones importantes, abrieron un paréntesis para realizar una serie de reformas en la que incorporaron el tema del haber de retiro de los magistrados electorales y el tema, que venía siendo debatido de tiempo atrás, sobre el conteo de votos de las coaliciones.

Todos los partidos, menos el PAN, apoyaron modificar este punto, porque el actual es injusto, ya que no se distribuyen equitativamente los votos de un candidato en una coalición y se ha dado el caso de que candidatos ganen pero esos votos no terminen beneficiando a los partidos que lo postularon. Tiene razón el PAN al decir que eso le da oxígeno a los partidos pequeños, pero el hecho es que esos partidos existen con base a la legislación que los propios institutos políticos, incluyendo el PAN, aprobaron. Y la legislación, como está no es equitativa con ellos ni con las coaliciones.

¿Porqué el PAN quiere dejar las cosas así?. Por la sencilla razón de que no tiene alianzas ni coaliciones con ninguno de esos partidos. La reforma, sin embargo, salió adelante en la Cámara de Diputados, pero el PAN amenazó al PRI con no sacar ni la reforma energética ni la de telecomunicaciones si se aprobaba en el Senado. Como el PRI no podía echarse para atrás con lo que acababa de aprobar en la cámara baja, lo que hizo fue dar por concluido el extraordinario sin tratar la minuta enviada por los diputados. Y, paradójicamente, mientras el PAN insiste en que no votará nada si no se homologan las leyes electorales para hacer que entren en vigor en las elecciones de 2015, en este tema decidió congelar la reforma precisamente para que no entre en vigor en las elecciones del año próximo.

Es verdad que el PRI y el gobierno difícilmente podrían adoptar ya en esta etapa de todo ese proceso una vía diferente, pero quien crea que todo esto no generará desgaste y desconfianza en las relaciones políticas, está equivocado. No se puede estirar tanto y tantas veces la liga y pensar que no va a pasar nada, que ella siempre puede resistir sin romperse. Y en política, como en la vida, cuando una liga se rompe, la presión la hace estallar hacia los extremos. Y exactamente eso es lo que muy probablemente podrá suceder en la política nacional, una vez que concluya este proceso en el que el PRI quiere sacar las reformas, incluso las leyes secundarias, con un amplio apoyo multipartidario y por eso concede, y en la que sus oposiciones conscientes de esa realidad, están agigantando sus exigencias en agendas que nada tienen que ver con la planteada originalmente.

Diputados y senadores y demás especímenes de la clase política como los dirigentes de partidos, de todas maneras ignoran a la sociedad, a las organizaciones, a los académicos y a los periodistas y analistas preocupados por lo que se está aprobando en el Congreso de la Unión; hace años, ahora y siempre.

La mayoría en este país no vota de manera deliberada por el peor; incluso quienes saben que votaron por el peor tienen la secreta esperanza de que al llegar al poder no sea tan malo. No tenemos el gobierno que nos merecemos, no un país, una nación, una población que, la mayoría, vive y sobrevive cotidianamente, entregada a los esfuerzos y trabajos de todos los días para sacar adelante a la familia. Hay problemas económicos que enfrentar, de mala atención en los servicios de salud (el IMSS está cada vez peor), de educación deficiente; se lidia todos los días con infraestructura de mala calidad que genera costos en varios aspectos (tiempo, dinero, estado de ánimo); con la corrupción de funcionarios del más bajo hasta el más alto nivel de la burocracia en todos los órdenes.

Los niveles de impotencia, eso sí, son mayúsculos, y se incrementa al conocer, por ejemplo, esa estupidez (que ojalá los senadores corrijan) de eliminar de un delito electoral, la palabra “orienten” que era una prohibición expresa para los ministros de culto con relación al voto. Es decir, los ministros de culto pueden “orientar” el sentido del voto, no inducir ni presionar, pero orientar sí.

En el partido actualmente reinante, el revolucionario tricolor, no se ve muy claro quiénes son los líderes, cuando menos los líderes máximos. Así, podíamos decir que el liderazgo se divide entre nuestro amado señor presidente, Emilio Gamboa y Manlio, aunque estos últimos tienen demasiada cara de priistas para ser considerados como tales, por lo que nos quedamos con el Tlatoani, aunque muchos lo discuten.

Con los azules el liderazgo se divide entre la caricatura de don Pancho Madero y la de Mr.Bean, con algunos atisbos del poder económico y la agudeza mental de Fernández de Ceballos, de manera que también ellos no muestran un frente único de liderazgo.

En lo que se denomina como las izquierdas, son un poco más listos, ahí si hay líderes, lo que no hay es seguidores, así y por orden de antigüedad tenemos la aparición del gran Temoc, héroe de mil batallas y dispuesto a sacrificarse por la patria una vez más, como lo había venido haciendo hasta que un priista tabasqueño se le atravesó en sus candidaturas, va de nuez y como dueño de cualquier partido que se precie de serlo determino que él va solo para la presidencia.

El gran pejelagarto, personaje insustituible en el contexto histórico nacional también tiene su partido MORENA, formado cuando don Andrés Manuel se dio cuenta que los del sol azteca se habían corrompido tal y como antes lo había hecho el PRI, y es que López Obrador es tan puro, purísimo, que no desea manchar su plumaje. Para mí es con mucho el más divertido del zoológico y en su organización nada más sus chicharrones truenan, como debe ser. La ventaja es que su partido purifica a todos los que venían manchados por la corrupción del PRI, y no lo digo por Bartlett, ahora son paladines de justicia.

Las demás franquicias políticas mantienen sus mandos unitarios; así, la familia González usufructúa al Verde, Dante durante los años que estuvo preso no político pudo concebir un partido al cual redituar y que ahora se vende como Partido Movimiento Ciudadano, la maestra desde el botellón tiene el Panal y hay otros menores que gozan del erario público.

En lo local no creo que nadie discuta que uno de los muchísimos poderes fácticos que tiene “ el licenciado” [Raúl Padilla López] lo es el partido del sol azteca, que a pesar que vengan los aztecas capitalinos a querer mandarlo, aquí se friegan, nada más su voluntad existe y guste o no es porque el licenciado es muy freguetas.

También “aparentemente” muy independiente está Enrique Alfaro que para aspirar a huesos se afilió al mundo dantesco que forma en su Partido Movimiento Ciudadano, sólo su voz truena, tiene imagen para un gran sector de la sociedad, personalmente y desde siempre ha tenido vastedad económica, trae mucho dinero para campaña y está muy bien planeada ésta y tiene un pequeño grupo capaz, pero que por necesidades de proselitismo ha tenido que admitir a parte de los sectores más corruptos de PRI y PAN y esto le puede costar muy caro.

Si de gastar en asuntos no esenciales se trata, los Ayuntamientos son expertos y una muestra es Zapopan.

Lejos de concentrarse en destinar los escasos recursos en lo que les toca -la prestación de servicios-, Zapopan eroga millones de pesos en donativos, conciertos, festejos y demás.

La ex Villa Maicera, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2014, tiene 255 millones de pesos para donativos, ayuda social y festejos, que no son obligación de un ayuntamiento.

En contraste, sólo destinó 79.6 millones de pesos a la Dirección de Servicios Públicos, y 34.7 millones a la de Ecología, según su página de Internet.

En estas 2 dependencias se concentra la prestación de servicios que, por obligación constitucional, deben otorgar los municipios, tales como bacheo, atención y mantenimiento de parques y jardines y recolección de basura, entre otros.

Es decir, dará 128% más a donativos que lo que destinará a servicios.

Perseguir a los funcionarios corruptos de las administraciones anteriores es siempre una tentación, pues al mismo tiempo que se cumple con las insaciables ganas de venganza de la sociedad, que después de años de ver cómo se roban y dilapidan los recursos públicos está hambrienta de que alguien pague la cuenta, permite también mandar una mensaje de intolerancia a la corrupción y ubicarse en el pedestal de los impolutos castigando a los bandidos. Esta fue durante 18 años la bandera de los panistas, que siempre se situaban en una posición de superioridad moral, y esa terminó siendo su cruz, pues ni metieron al bote a nadie importante ni lograron parar la corrupción gubernamental. Los perseguidores ahora son los perseguidos.

Soy partidario de que se castigue la corrupción, pero cuando se usa como elemento propagandístico termina revirtiéndose, como le pasó a Vicente Fox y sus peces gordos, a Alberto Cárdenas en Jalisco y a Cuauhtémoc en el DF. Dicho en otras palabras, avísenos cuando el funcionario esté en el bote, no cuando descubren el fraude, cuando se sorprenden del fraude, cuando lo denuncian, cuando abren la averiguación y cuando se les pela. Lo que terminan transmitiendo es una imagen de ineficacia cuando no de colusión.

Otro pésimo negocio es pagarles a los periodistas. Estoy convencido que la mayoría de las personas en el gremio periodístico son gente recta, pero hay quienes están dispuestos a decir cualquier cosa si les llegan al precio (que suele ser mucho más bajo de lo que piensa el imaginario popular). Pero los mismos que antes hablaban bien del gobierno en turno son los que ahora persiguen al de atrás, azuzados por el billete del actual. Lo único seguro es que esos mismos, al servicio del que llegue, perseguirán dentro de unos años al gobierno que hoy les paga. Ese periodismo no tiene memoria, tiene intereses.

Lo que sorprende es que a estas alturas del partido haya quién crea que pagar periodistas genera algo más que una imagen auto distorsionada de la realidad y que una de las principales ocupaciones de los gobiernos sea controlar la información.

El alfarismo ya había dado muestras de su cercanía y complicidad con el cuestionado y aún auditor Alonso Godoy Pelayo desde el arranque de la LX Legislatura, cuando al día siguiente de que los 39 diputados y diputadas le pidieron por escrito su renuncia por falta de credibilidad, producto de sus complicidades con las corruptelas de pasadas legislaturas, el coordinador de la fracción parlamentaria pemecista, Clemente Castañeda, salió a decir que ellos no avalaban esa petición que horas antes habían votado a favor.

Esa decisión lesionó gravemente el discurso de cambiar la historia de corrupción e impunidad en el Congreso [del Estado] y en Jalisco, que prometieron los diputados alfaristas al presentarse como una expresión que se inauguraba en la vida parlamentaria del estado libre de todo compromiso.

La opción por mantener el silencio en el tema que eligió el dirigente estatal del PMC confirma la alianza de ese partido y su hombre fuerte, Enrique Alfaro, con un auditor en el que nadie confía y que se convertirá en el talón de Aquiles de ese movimiento en la batalla electoral del 2015.

La inferencia es inevitable: si los españoles aprovechan la coyuntura de la abdicación del rey para replantearse la pertinencia de la monarquía, ¿por qué demontres los ciudadanos de otros países (elija usted, lector amable, al que prefiera para este inofensivo ejercicio de pizarrón) no pueden cuestionar el régimen al que están sometidos, o demandar la creación de un recurso legal que les permita, en un momento determinado, por mayoría de votos y por motivos que, según el consenso generalizado, se consideren válidos -la manifiesta corrupción o incompetencia de un gobernante, por ejemplo-, deshacerse en forma expedita de un estorbo (oneroso, además) enquistado en un cargo público…?

En las próximas elecciones todos los partidos políticos deberán postular el mismo número de candidatos con corbata que candidatas con falda. La ley obliga a que las listas plurinominales (esas listas de diputados de partido que no hacen campaña) tengan uno sí, una también, uno sí, una también.

Esas listas siempre han sido negociadas y la paridad ya estaba ensayada en esos terrenos. Los políticos privilegiados, los caciques de partido y alguno que otro pertinente liderazgo muy representativo son los que se anotan en esas listas, a donde llegan por gracia de la cúpula partidista.

Lo interesante ahora es que los candidatos que hacen campaña también deberán observar la regla de niño-niña. De los 300 distritos que hay en el país, equivalentes a 300 curules para las que sí hay que conseguir el voto, 150 deben proponer mujeres y 150 deben proponer hombres. Ni más moñitos ni más botas: 150 y 150.

Y eso, que en papel periódico se lee bien, que cuando se escucha suena lindo, que parece una buena idea porque obliga a los partidos históricamente masculinos a buscar talentos femeninos, en los hechos puede conducir a la violación de derechos constitucionales. Derechos políticos para ser precisos.

Habrá muchos casos en los que los militantes -hombres y mujeres- se sentirán violentados por una sencilla razón: la regla obliga al dedazo. Habrá dirigencias que incluso se verán en la necesidad de “bajar” candidatos ganadores conforme a las reglas internas, porque la cuota de género está rebasada.

Al final, el dedazo será la norma. El dedazo servirá para quitar hombres y poner mujeres, algunas con más mérito que ellos, pero ya que se usa, ese dedo se da vuelo. Con la excusa de la designación pasará por encima de corrientes de partido, “bajará” mujeres valiosas en unos distritos para poner mujeres leales en otros, “subirá” hombres lamebotas y quitará políticos con independencia.

La idea de que los partidos estén obligados a formar cuadros talentosos de mujeres porque estos deben ser soldados en la mitad de los distritos me parece excelente. Pero pasar por encima de los lentos y torpes y agujereados procesos de democratización institucional para empoderar a las dirigencias es sin duda un retroceso del sistema político y un hoyo negro para miles de impugnaciones ante los tribunales. La excepción que marcaba la ley, que era el respeto a las asambleas democráticas se eliminó de la norma. Para cumplir con la paridad, se trajeron de regreso el dedazo.

De acuerdo a Cimtra (Ciudadano por Municipios Transparentes, un organismo independiente dedicado a la evaluación de entidades públicas), el Congreso de Jalisco sigue reprobado en materia de transparencia y que pasó de un vergonzoso 31.9 de calificación a un no menos vergonzoso 51.4. El congreso sigue siendo una entidad opaca en la que no hay voluntad alguna para la transparencia.

La muestra más reciente de semejante voluntad es lo que ha sucedido con el famoso edifico de la Auditoría Superior del Estado, que depende orgánicamente del congreso. El auditor dice que él hizo el edificio gracias a los ahorros y buenas administraciones que hizo en los últimos 5 años (y a 80 millones de pesos que le dio el gobierno anterior). La duda natural es cómo le hizo para que le sobrara tanto, o dicho de otra manera, quién fue el genio que hizo el presupuesto 25% arriba de lo necesario. No, la respuesta no es “un diputado”, la respuesta es “un montón de diputados alentados y empujados por los factores de poder del estado”. Pero si ya hicieron la gracia de presupuestar de más para que al señor auditor le sobrara tanto, por qué ahora se niegan a revisar las cuentas del edificio.

Diputados del PAN (que ahora son oposición, pero que cuando eran gobierno se portaban como ahora los del PRI) pidieron la comparecencia del auditor para que rindiera cuentas, pero mágicamente llegó un oficio que contradecía al anterior para que el señor auditor no fuera molestado, mucho menos auditado, y sólo enviara la información requerida, misma que tiene bien resguardada el secretario general y nadie está revisando.

A pesar de nuestra fascinación con los pactos de la Moncloa y la transición española, nuestros partidos nunca han terminado de comprender la profundidad de la transformación: nos gustaban las formas pero no el fondo. Si nuestra transición comenzó casi en los mismos años (la reforma de Reyes Heroles se aprobó en 1979) fue más lenta, más tortuosa y nunca terminó de emparentar sus procesos de transformación política con los de cambio económico: el intento más logrado fue el de las reformas del 91 al 94 y la creación del TLC, opciones que increíblemente la izquierda y el sector más tradicionalista del PRI, rechazaron.

Sucede algo similar en la actualidad: el Pacto por México no alcanzó para que todos los partidos apoyen los cambios que la economía requiere, sobre todo en un ámbito tan importante como la energía, porque no se comprende que la mejor garantía para la transformación democrática está en una economía abierta y competitiva. ¿Se podría imaginar usted en aquellos años, fines de los 70, principios de los 80, a un Felipe González, líder del PSOE y primer candidato de la izquierda con posibilidades reales de llegar al poder, haciendo una gira por Estados Unidos, advirtiéndole a los empresarios internacionales que no invirtieran en su país porque si España se unía a la Unión Europea y abría su economía nadie les podría garantizar sus inversiones por el descontento social que se provocaría? Felipe González fue el 1er. presidente socialista porque hizo exactamente lo contrario de lo que están haciendo hoy Zambrano y el PRD: en lugar de ponerse en contra de las reformas y la apertura, se puso al frente de ellas e identificó a la izquierda con el cambio económico y por ende con la democracia. Nuestra izquierda, tan entusiasta de los Pactos de la Moncloa, nunca los comprendió en su esencia y hoy sigue pensando que la democracia puede florecer en la cerrazón, que siempre, por la derecha o por la izquierda, alimenta a los autoritarios.

Se dan eventos tan insólitos como que la dirigencia del PRD realice una gira por Estados Unidos pidiéndole a los empresarios de ese país que no inviertan en México (quizás la decisión más desafortunada de Jesús Zambrano en mucho tiempo).

El activista Mario Silva Rodríguez, presidente del Colectivo Ecologista de Jalisco, afirma que el contexto actual es de una crisis de la democracia.

“Los gobernantes hablan de la democracia participativa. En realidad es representativa y esto genera muchas dificultades a los mecanismos institucionales de la participación ciudadana. Muchos gobernantes no saben cómo integrar lo que los ciudadanos plantean formalmente con esos mecanismos, y a veces la participación se vuelve más bien un cáncer para la administración pública. Así nos lo hacen saber a veces: estorbamos y podemos ser incómodos para algunos gobernantes”.

Karla Preciado Robles, activista con una década de experiencia y que ha formado parte de Ciudad para Todos y del Colectivo de Diversidad Sexual AXXIS, coincide en que las herramientas de participación ciudadana son pocas y complicadas, y que se requiere de un conocimiento amplio para tener acceso a las mismas.

Reflexiona: “Casi todos los espacios de participación ciudadana se reducen a meras sugerencias en el quehacer público, que los gobernantes pueden descartar sin problema”.

Ana G. González, fundadora de #CaminaBarrio (una OSC que concientiza sobre la situación del peatón en Guadalajara), agrega: “Muchas de esas herramientas se quedan en consultas y en módulo de información, que según la escalera de Participación Ciudadana de Arnstein, se coloca en el nivel de ‘participación aparente’. En este nivel el ciudadano cree que incide, pero sólo sirven estas herramientas para legitimar que el gobierno tiene vinculación con la gente”.

“La única forma de incidir actualmente en las políticas públicas desde las OSC’s es creando masa ciudadana, presionar de manera visible, incluso a través de medios de comunicación, para que se tomen ciertas decisiones, pero no creo que a través de los canales ‘oficiales’ se logre algo”, dice Karla Preciado.

Deben reunir miles de firmas y sin dinerito. Por fin los partidos políticos cedieron algo de terreno y aprobaron las candidaturas independientes de partidos políticos, pudiendo ser utilizadas ya en la elección intermedia de 2015. Sin embargo, en materia de financiamiento público, los candidatos independientes serán tratados como partidos de reciente creación que buscan su registro electoral. La ley dice que a los candidatos independientes se repartirá el 2% del total de los recursos públicos que van a los partidos políticos.

Como ejemplo, tomando de referencia el año 2014, esa cifra asciende a 227 millones de pesos. Por lo que la bolsa a repartir sería de cuatro millones y medio de pesos a todos los candidatos a elección que se postulen. Así, por cada candidato que se registre, la cantidad se va dividiendo entre el número de aspirantes registrados. Por lo que entre menos se registren, más dinero va directo a financiar la campaña del aspirante.

Para quienes hacen como que gobiernan, son timbres de orgullo, motivos de jactancia y pretextos para publicar -a costa del erario, por supuesto- textos propagandísticos alusivos a sus iniciativas para “repoblar” algunas zonas de las grandes ciudades (…o, mejor dicho, “ciudades grandes”, porque su grandeza suele circunscribirse a sus dimensiones físicas), proyectos arquitectónicos -“revolucionarios”, según sus panegiristas- en que se pretende “aprovechar” los espacios en que antaño se asentaban unas cuantas casas, para construir “cotos” con decenas de “residencias unifamiliares”… o, si se puede, “torres” con centenares de minúsculos departamentos.

Contrastan, llegados a ese punto, las declaraciones triunfalistas de los autores e impulsores de dichos proyectos, con las protestas de los vecinos; aquéllos, convencidos de que “repoblar es hacer patria”; éstos, temerosos (“la burra no era arisca…”) de que, al paso del tiempo, la proliferación de “huevivos” (denominación que familiarmente se da a esos postmodernos modelos de vivienda) generará las consecuencias lógicas, naturales, inevitables del hacinamiento: pandillerismo, inseguridad, delincuencia…

Alguien, por ahí, planteaba la pregunta:

-¿Por qué quienes plantean esos proyectos de repoblación de las “grandes ciudades” tienen una visión tan diferente a los vecinos que van a convivir con esa realidad?

La respuesta parece obvia: porque quienes hacen como que gobiernan, vislumbran las consecuencias de sus decisiones a corto plazo. Los vecinos, en cambio, las anticipan a largo plazo… Los primeros calculan lo que puede suceder a 3 o 6 años de distancia: lo que duran sus actuales encomiendan. Los segundos prevén lo que sucederá cuando los primeros bebés que nacerán en esos “niditos” se transformen en jóvenes y sufran la carencia de espacios para la recreación o el aprovechamiento del tiempo libre.

No es, pues, que los vecinos tengan una esfera de cristal que les permita adivinar el futuro. Sí es, en cambio, que quienes toman decisiones “de interés público” suelen padecer miopía mental: son, vía de regla, incapaces de ver más allá de sus narices.

El que debería ser el adalid de la transparencia en Jalisco, el auditor superior Alonso Godoy, estrenó ayer un nuevo edificio que costó alrededor de 318 millones de pesos gastados en una absoluta opacidad.

Y por más que diputados como Guillermo Martínez Mora medio alcen la voz diciendo que cómo es posible que este señor haya gastado eso y que no tiene la autoridad moral y que no sé cuánto, es sólo parte del rumor, del ruido, el mercadeo y la politiquería, porque todos sabemos que Godoy tiene a todos controlados con las cuentas públicas y que nadie tiene el poder, el interés o la capacidad de hacerle frente.

Ramón Fernando Pinto Méndez es un pequeño de 11 años, vive en Chetumal, está a punto de ingresar a secundaria y es un alumno brillante, a juzgar por su elocuente facilidad para expresarse y su interés de haber participado para ser diputado por un día en el parlamento infantil por esa ciudad.

Sin embargo, Ramón hoy vive afligido y su futuro es incierto. Su historia la contó él mismo a través de Facebook a una agrupación de “Comunicadores Urbanos” de esa ciudad de Quintana Roo.

Tras haber intentado ser parte del parlamento infantil y ver truncado su empeño, “como premio de consolación” la diputada local Arlet Mólgora Glover le ofreció cumplirle “lo que quisiera”.

El pequeño sólo pidió a la legisladora priista que le ayudara a su padre a completar la cantidad de 4,000 pesos para poder ser intervenido en quirófano, ya que un problema de cataratas le está arrebatando la vista.

La legisladora, contadora de profesión, especializada en alta dirección de empresas y planeación regional, y con cursos en relaciones humanas, le dijo al pequeño que contara con el apoyo, pero después de varios intentos de buscarla, ella no cumplió su promesa.

Ramón ayuda por lo pronto a su papá a salir adelante con la venta de dulces y tortas en un sitio de taxis donde hace poco tiempo el señor trabajaba como chofer, pero cuya condición de salud ahora se lo impide.

Según informaron los medios, es cierta la amenaza que probablemente el Instituto Nacional Electoral -antes IFE- acepte a 3 grupúsculos que están solicitando su registro como partidos políticos. ¿Qué no se dan cuenta lo que es un verdadero partido político?, ¿quiénes son los responsables del INE para decidir en nombre de todos los mexicanos que pagamos los ingresos económicos a los partidos?, ¿qué no se dan cuenta que estos partiduchos son esencialmente un negocio probado de grupos o de familias, como lo fue y es el Partido Verde? y ahora hay 3 más que solicitaron esta semana al Instituto Nacional Electoral su registro; uno es el del “gran patriota” Andrés López, Movimiento Regeneración Nacional llamado “Morena”; otro es el “Frente Humanista” y el 3o. es “Encuentro Social”, una carga más para utilizar los impuestos producto de la reforma fiscal diseñada por Videgaray que es una ‘piedra en el zapato’ para el desarrollo de México.

¿El INE qué derecho tiene de usar el patrimonio de los mexicanos en pagar la supervivencia de estos grupillos? Espero que no les den el registro. ¿Qué no recuerdan que Andrés López fue terrorista, saboteador, agitador, demagogo, que sigue siendo demagogo y además un gran actor, que ya vino a Guadalajara a “querer vernos la cara” diciendo que había cambiado, que era el ‘candidato del amor’, de dónde le llegan los fondos para todas sus acciones demagogas?

No es posible ni justo para los mexicanos que continúe este sistema de apoyarlos económicamente, mucho menos a los que claramente se ve que son promovidos para crear un negocio. Si queremos consolidar nuestra democracia haciéndola realmente seria y madura, ¿por qué no tomamos el ejemplo de EU en este tema, donde el gobierno no gasta un dólar en apoyarlos?, deja que sean apoyados por aportaciones privadas de las cuales vigila que su origen sea limpio y registra quién las efectúa.

No tengo la menor idea de cuánto se gasta en los partidos políticos, pero es una verdadera vergüenza que se apoye a algunos grupúsculos que crean un partido sólo para hacer negocio.

Deben cambiarse las normas y características para ser aceptados como partidos.

El siempre y por los siglos de los siglos candidato a Presidencia de la República, López Obrador, anduvo recientemente en estas tierras jaliscienses para, entre otras cosas, exigir sinsentidos a sus seguidores. En lo que parece poder indicar su desesperación para la constitución de Morena como partido político nacional, les ordenó la visita de 100 a 150 domicilios al día para llevar a la manera de secta religiosa el “evangelio según pejehová”.

Habrá de revisar la disponibilidad de los seguidores lopezobradoristas: la mayoría, gente que trabaja. ¿Deberán renunciar a sus ocupaciones laborales para lograr lo señalado? ¿Pueden dejar a un lado toda actividad que no sea trabajar, dormir y llevar la “palabra” de su amado líder? Yo creo que no. O fue una ocurrencia más de AMLO, o algo que pudiera ser más retorcido: prepara el camino para justificar su derrota trasladando sus culpas a sus seguidores, tal como ya lo ha hecho antes.

Pero sigamos con números. La semana pasada en estas líneas platicaba de forma muy general las recientes limitaciones aberrantes para las candidaturas independientes.

Algunos amigos lectores me preguntaban sobre la cantidad de firmas o apoyos que la nueva ley requerirá para lograr el registro (y eso sólo para poder entrar en la competencia).

Y por ello va un ejemplo: las candidaturas a diputados federales. Salvo en lugares donde hay muy pocos votantes, se requerirán de alrededor de cinco mil firmas, esto es, el 2% de 250,000 (cantidad esta última que corresponde al promedio de votantes por distrito). Bajo la misma mecánica de ir puerta por puerta (a la que la ley prácticamente obligará), el interesado tendría que visitar o hablar en la calle con 200,000 personas, o sea con 4 quintas partes del total del padrón distrital. Esto bajo los supuestos de que sólo escucharán dos de cada 40, y sólo uno de ellos (en el muy mejor de los casos) apoyará con su firma.

Como se apreciará no sólo AMLO pide imposibles, también lo hace nuestra clase política. Y el ciudadano por mientras sólo pide posibles a los gobernantes que ellos convierten mágicamente además en imposibles.

El Gobierno de Tlajomulco se gasta el dinero del pueblo en su circo de revocación de mandato, pero no en cosas realmente necesarias como reparar sus equipamientos a los bomberos. ¡Que siga el circo en Movimiento!

La “lógica” panista es irreprochable: “El PAN volverá a gobernar… porque los priístas no lo están haciendo bien”. Se trata, pues, de la aplicación, al pie de la letra, de la “lógica” priísta de cuando el PRI se vio obligado a purgar algunos de sus pecados, mediante la penitencia de ser, por un tiempo, oposición: puesto que el aforismo de que “gobernar desgasta” se sigue cumpliendo de manera implacable, en el Purgatorio del relativo ostracismo político que es la oposición, siempre habrá la esperanza -¿o “la certeza”?- de volver…

En México, después de todo, la similitud entre la rueda de la fortuna y los altibajos de la política es incuestionable: hoy arriba, mañana abajo… pero siempre dentro del juego.

Vaya que son las apestadas, pero de la clase política partidócrata y en concreto de los legisladores federales; lo cual de entrada habla muy bien de ellas: me refiero a las candidaturas independientes.

Después de un largo proceso, que comenzó con la propuesta y luego aprobación de una larga y accidentada reforma constitucional -que ocurrió gracias en gran medida a las presiones y acciones de protesta ciudadanas-, por fin ya nos encontramos en los tiempos del aterrizaje en la ley de esa importante figura. Pero, no obstante los grandes beneficios que para el sistema político en general significa una nueva competencia de esa naturaleza, tales como el fortalecimiento de la credibilidad en lo público, la mejora en la selección de candidatos partidistas, la superación y enriquecimiento del discurso público, y el aumento de la pluralidad que dada la cerrazón de los partidos políticos a la ciudadanía ha sido vulnerada en los últimos años, los partidos parece (todavía el presidente teóricamente puede vetar) que ya han decidido de manera unilateral y completamente irresponsable anular la efectividad operativa de dichas candidaturas independientes, o como decimos los abogados: las han hecho nugatorias.

Y lo han hecho de una manera más que coyotera: con plazos excesivamente cortos, requisitos, requisitos y más requisitos, límites arbitrarios a la cantidad de candidaturas independientes, pero sobre todo mediante la determinación de umbrales desmedidos de firmas para lograr ser candidato independiente en comparación con lo exigido para la formación de un partido político. Todo ello se traduce en la elevación brutal de los costos para aquel que pretenda una candidatura independiente, con lo cual precisamente provocan una de las cosas que le critican a dichas candidaturas: fomentar los candidatos partidistas disfrazados y los relacionados con el crimen organizado, dejando fuera a aquellos bienintencionados.

Sé también que esas candidaturas no son la varita mágica o la piedra angular del sistema: no recompondrán la integración política de un día para otro, ni representarán una fuerza dominante (y por ello no será una fuerza que ponga en peligro la conformación de mayorías). Son una apuesta positiva a mediano plazo que nuestros legisladores en su ceguera no pueden ver y reaccionan con miedo y desconfianza: haciéndolas impracticables y acusándolas -como ya se dijo- de futuras promotoras de los vicios y defectos de la actual partidocracia (corrupción, clientelismo, “chapulineo”, “transfuguismo”, etc.), problemas que, además de forma auxiliar, la nueva figura pretende paliar.

Lo indicado sería que se diera inmediata marcha atrás en sus dolosas intenciones de desbarrancar a la mala a las candidaturas independientes. ¿Lo harán así al darse cuenta de los errores? Lo dudo, a menos que la ciudadanía se active, les exija seriedad y los políticos hagan caso.

Cuando se aprobó la dizque reforma política, equiparé el “producto” con una especie de monstruo, un engendro deforme y gigantesco, como los kaijus de Guillermo del Toro. La traducción literal del japonés es “bestia extraña” y sí, lo sostengo ahora que, fuera metáforas cinematográficas, ya quedaron listas para su publicación y entrada en vigor las leyes secundarias en la materia.

Algún político, y creo que sólo fue uno entre 500 diputados, dijo que con las leyes secundarias aprobadas ayer lo que se está logrando es fortalecer la partidocracia, consolidarla; y coincido. Pero esto no es lo peor.

Desde hace meses, cuando todo esto estaba en pleno enjuague, y estira y afloja, los expertos, los que sí saben, como José Woldenberg y María Marván Laborde, llamaron la atención muy a tiempo como para ser tomados en cuenta, sobre la regresión, el retroceso histórico que implicaba hacer un solo organismo electoral nacional que se encargara prácticamente de todo. El atentado era contra el federalismo, dijeron entonces. Hoy, los hechos se han consumado y vamos a ver en 2015, cuando se apliquen los cambios principales, cómo va a operar el sistema electoral.

El Instituto Nacional Electoral tiene todas las facultades para intervenir en comicios locales. Se supone que sólo en dos casos: cuando en la Entidad de que se trate esté en riesgo la paz pública (léase Michoacán y Tamaulipas, pero también pueden ser Guerrero, Jalisco, Oaxaca y/o Veracruz…) y cuando no existan condiciones políticas idóneas (¿?). Sí, bueno, ¿y eso quién lo determinará? Los consejeros electorales nacionales que llegaron ahí por la vía de las cuotas partidistas. Y bastará con que 4 consejeros se pongan de acuerdo, que coincidan en que no hay condiciones, para “atraer” procesos electorales locales. Estas facultades me parecen una oportunidad para la corrupción, para la manipulación; para que, a la hora de la hora, lejos de tener certidumbre, la desconfianza cunda; me imagino lo que llegarán a hacer los partidos, especialmente los más poderosos si acaso ven que están perdiendo alguna elección. ¿A qué se refieren con la ausencia de condiciones políticas idóneas? A que munícipes, gobernadores y el mismo Presidente de la República así como otros actores políticos (del poder legislativo y del judicial) se entrometan en los comicios siempre y cuando las intromisiones o injerencias sean comprobadas; si no, no. Ajá.

El común denominador de la reforma política y sus leyes secundarias es la ambigüedad y también algunas trampas, por ejemplo: los requisitos complicadísimos para que cualquier ciudadano pueda ser candidato. El interesado debe reunir miles y miles de firmas; 100 mil por ejemplo, si se pretende ser candidato al Senado; para ser candidato a la Presidencia de la República, es necesario reunir firmas en una cantidad equivalente a 1% del padrón electoral; ahorita más o menos serían 800,000 firmas.

Otro asunto raro (quizá no tanto) es que se les haya quitado a todos los organismos estatales -que pasan a ser casi sucursales decorativas del INE- una de sus funciones sustantivas: la capacitación. Muy conveniente para justificar presupuesto y gastos sobre todo en años no electorales y, la verdad, ineficiente a lo largo y ancho del país, como podemos comprobar nada más volteando a nuestro alrededor. Ahora bien, no creo que porque esa área sea ahora facultad exclusiva del INE las cosas cambien; más bien van a concentrar todo el presupuesto “etiquetado” para esa actividad y no veremos resultados palpables, como es costumbre.

Los organismos locales los hubieran desaparecido, pero como los diputados no quisieron verse mal, optaron según ellos por una solución “híbrida” y ¿qué creen?, para los que pensábamos (a pesar de lo que dijo el senador Chema Martínez, uno de los principales impulsores de esta reforma, de que nunca estuvo en las justificaciones el ahorro presupuestal) que habría algún tipo de ahorro, pues no; y, lejos de eso, aunque no se relaciona con el INE, pero sí con el Tribunal, sí se aprobó una pensión vitalicia para los magistrados.

El único punto rescatable y está en veremos porque los partidos y sus operadores se pintan solos para hacer obsoletas las leyes incluso antes de que entren en vigor, es el de retirar precandidaturas y candidaturas si se rebasan los gastos de campaña; un poco de atolito… para que no digan.

El retroceso es histórico y descomunal. ¡Qué vergüenza!, después de que México llegó a ser el gran ejemplo mundial.

Aunque la sesión en la que los diputados locales darían cumplimiento a la sentencia de un juez federal, para dejar sin validez el nombramiento de 2 magistrados del Tribunal de lo Administrativo, parecía de mero trámite, sirvió para que los diputados locales desahogaran algunas diferencias. El panista Víctor Sánchez lamentó el error de los diputados y dijo que algunos que son abogados iban a la facultad a grillar, por lo que no entraban a clases. El perredista Enrique Velázquez, dijo que quien no entendía de derecho era él, porque había leído un artículo de la ley que no aplicaba para este caso. Guillermo Martínez Mora también aprovechó para recordar que él y otros legisladores cuestionaron el procedimiento para nombrar magistrados. ¿Y si se ponen a trabajar?

El dinero para la construcción o reconstrucción de obras por desastres naturales no debe ser jineteado y sí ejecutado de manera inmediata en beneficio de la población afectada, exigió ayer el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

El gerente de Administración Fiduciaria de Banobras, Isaías Espitia Delgado, reprochó a organismos y dependencias el retraso en la entrega de apoyos.

"El dinero no está para que el fiduciario lo tenga en la bolsa generando intereses. Está para que se aplique en acciones, a las obras de mitigación", sostuvo.

El funcionario advirtió que, en caso contrario, dependencias y organismos están incurriendo en delitos.

El director general del Fondo Nacional de Desastres, José María Tapia, también hizo un llamado a acelerar la aplicación de los recursos.

En Guerrero, ciudadanos y alcaldes han reprochado en la última semana la falta de apoyos para reconstrucción de viviendas, puentes y caminos tras el paso de los meteoros "Ingrid" y "Manuel".

Muy mal sabor de boca dejó entre activistas de derechos humanos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Corte determinó sobreseer los juicios que se habían interpuesto contra la reelección de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco.

Y se basó en el argumento de que los demandantes, entre ellos Guadalupe Ramos Ponce, activista por los derechos de las mujeres, carecen de personalidad jurídica para impugnar el nombramiento.

De esta forma, aseguran los promoventes del recurso, se deja a los ciudadanos en estado de indefensión, pues no se les permite intervenir en un proceso público que les afecta.

Además, piensan los activistas, el máximo tribunal del país incumple con ser la defensoría del pueblo y deja sin tocar los intereses de algunos políticos que sacan ventaja de procesos amañados.

Tienen fama de levantadedos y son conocidos por faltistas. No se les descuentan los días que no trabajan y tienen equipos obesos que cuestan a todos. ¿Qué más necesitan saber? Se pueden ahorrar los análisis sobre la productividad de los legisladores de Jalisco: es de sobra conocido que los diputados no son productivos.

Los esfuerzos por medir su trabajo tienen mucho tiempo. Hay esfuerzos académicos notables, pero en general la medición de la productividad legislativa es un camino malhecho que no conduce a ningún lado.

¿Por qué? Porque se mide algo que aun exitoso, puede ser intangible: el diseño de una sociedad y el trabajo de equilibrio de poderes.

Limiten el sueldo, reduzcan los equipos, descuenten los días, quiten prestaciones -no necesitan de un estudio sesudo para hacerlo-, pero no midan la productividad legislativa en función de la asistencia o el número de bobadas que llevan a tribuna. A veces lo que se requiere es trabajo arduo para detener una iniciativa anticonstitucional, un proyecto retrógrada, una reforma autoritaria. Y eso dónde se pone. El veto cuántos puntos tiene.

El Congreso de Jalisco es vergonzoso, eso no necesita comprobación, no le den vueltas, ni mareen al respetable con estériles proyectos de mediciones inútiles. Reduzcan costos, es todo.

Los diputados tiene que regresar a sus funciones fundamentales y dejar de lado los trabajos de “gestión social” que es a lo que dedican gran parte de su agenda fuera del congreso. Las funciones sociales de los diputados son: revisar y proteger a los ciudadano de impuestos excesivos; revisar el proyecto de gasto de esos impuestos (presupuesto) y su correcta aplicación (auditoría); actualizar y/o proponer nuevas leyes cuando sea necesario (ojo, sólo cuando sea necesario, no cada que se les ocurra una idea). Si los diputados verificaran efectivamente que el gobierno cobra las impuestos justos y sólo los impuestos justos; que estos se programen y gasten correctamente los dineros de todos, y sólo revisaran o hicieron nuevas leyes cuando fuera estrictamente necesario, otro gallo nos cantaría y estaríamos todos más tranquilos. Pero desde que inventaron que son ellos los que deben nombrar magistrados y directores de Organismos Públicos Autónomos para pelear por las grandes nóminas de la administración pública las cosas van de mal en peor y no hay manera de que una legislatura salga bien parada.

Nuestros representantes no nos representan. Esta sería una de las primeras reclamaciones del ciudadano de a pie, dirigida a unos senadores y diputados que andarían en lo suyo, atendiendo sus asuntos y, sobre todo, sus intereses partidistas. En este sentido, el divorcio entre la clase política y los gobernados sería total: vivimos una democracia imperfecta, que se reduce a lo meramente electoral y en la cual los votantes, una vez entregado el sufragio, no tenemos ya la posibilidad de controlar las cosas ni merecemos una puntual rendición de cuentas. Es más, apenas la mitad de los mexicanos apoya el sistema democrático: casi un cuarto de la población preferiría un gobierno autoritario, de mano dura, y a un 18% le da lo mismo. Así las cosas, prácticamente cualquier asunto que se tramite en nuestro congreso bicameral nos resulta distante, algo que no va con nosotros y que se deriva de simples arreglos entre una cúpula tan desentendida como indiferente.

El Partido de la Revolución Democrática no perdió ni un segundo y le ofreció una candidatura al cineasta. Difícilmente aceptará Alfonso Cuarón la invitación del Sol Azteca, pero una discusión técnica se convierte en una rebatinga partidista. El PRD no respondió a las preguntas de Cuarón, ni tampoco se ofreció a dar el debate en el Congreso, sino que el incentivo político es a buscar el acercamiento, la fotografía y rasguñar algo de fama de aquel que piensa de forma similar. El político ve la oportunidad de acercarse a la celebridad y la toma sin dudar. Siempre los políticos han buscado en los deportistas, artistas e intelectuales, personajes que dotan de legitimidad a una idea, un partido o un proyecto político. Y en México, esa legitimación muchas veces ha pasado más por una lealtad económica o presupuestal, más que una afinidad ideológica.

Es obligado hablar de izquierdas en plural, pues la lucha entre facciones y dirigentes que las encabezan, los “chuchos”, Cuauhtemoc Cárdenas, los bejaranos y padiernas, no es ajena al devenir de la izquierda en partidos que abanderan esa agenda como el Partido del Trabajo, o como Movimiento Ciudadano, como tampoco el fraccionamiento es ajeno al poder de convocatoria logrado por Morena, el próximo partido en aparecer con un programa propio en el proceso electoral. Entre las fuentes para la fragmentación de esta izquierda partidista hay varios factores explicativos: el ejercicio de gobierno, con sus disputas sobre puestos y recursos financieros vinculados con el financiamiento público de los partidos; el papel cambiante del carácter opositor que trae consigo la alternancia, lo cual acentúa las diferencias respecto de alianzas tácticas y estratégicas con el gobierno en turno.

En Tlajomulco, el partido de Alfaro prueba todo: mototaxis para solucionar un grave problema de transporte metropolitano. La propuesta de seguridad del tapado de oposición y, por supuesto, la votación para ratificación de mandato de su presidente municipal.

Ismael del Toro se llama. Es conocido por ser el sucesor de Alfaro. Sus números lo tienen en alta estima de la población. Aún así, los números de participantes en el referéndum son magros: sólo el 5% de la población del municipio participó.

Por supuesto, Del Toro lo vendió como un gran éxito ya que de ese porcentaje, 9 de cada 10 le dieron una palomita. Dicho de otra forma, el 4% de los habitantes de Tlajomulco están politizados y listos para participar en apoyo a su alcalde. El número es igual de raquítico que otros que transitan por Tlajomulco. Donde faltan 600 escuelas para atender a la población, donde se tuvo que cesar a casi una veintena de funcionarios por sospechas de corrupción, donde casi un cuarto de millón de casas deben impuestos al municipio, donde miles de peces mueren víctimas de la corrupción de fincas que derraman sustancias en Cajititlán. Donde no falta el número abultado es en la inversión de redes sociales. Más de 3.5 millones de pesos para el mantenimiento de cuentas de Twitter y Facebook. Gasto algo exagerado para un municipio de alrededor de medio millón de habitantes.

Una catástrofe como la del Mercado Corona es casi el peor modo que la ciudad tiene de cobrarse por la historia de negligencia que priva sobre sus espacios vitales (casi: por suerte no hubo muertos). Éstos funcionan según inercias perversas en las que convergen la admisión del caos como la sola dinámica posible y la irresponsabilidad de las autoridades, incapaces de aplicar reglamentos -o que los soslayan a propósito, por conveniencia-. Entre el hacinamiento y la improvisación como constante, sólo falta una chispa para que todo truene.

El partido que nació hace 25 años para combatir la corrupción priista sienta en esas butacas de honor a René Bejarano, símbolo nacional de este delito.

El partido que se propuso abrir una alternativa en política a los jóvenes, no tiene a ninguno relevante. El más joven de esa élite en fiesta es Miguel Mancera, tiene 48 años de edad ¡y ni perredista es! (Serrano 52, Flores 48, Barbosa 54, Cárdenas 80, Zambrano 60, Sánchez 53, Bejarano 57).

El partido que decidió pelear por la democracia y hasta ponerla en su nombre ha hecho de sus elecciones internas un símbolo de fraude electoral, de “cochineros”.

El partido que quiso ponerle fin al corporativismo priista se aprovecha ahora de sus gobiernos y sindicatos afines para coaccionar el voto.

El partido que se fundó defendiendo la libertad de expresión, ha justificado y solapado a sus figuras que lanzan los más insultantes ataques contra los periodistas que los critican.

El partido que juró no ser violento paga las fianzas de los anarquistas que destruyen lo que encuentran al paso de sus manifestaciones.

Al llegar a su 1er. cuarto de siglo, es imposible hacer el balance del PRD sin observar que aun en su proyecto más exitoso, el del DF, ha reproducido –a veces de manera insultante- las prácticas de corrupción, corporativismo, clientelismo y abuso que tanto criticó al PRI.

Y que en su afán de ganar la presidencia de México no ha terminado de desechar su tendencia histórica al caudillismo, la sumisión acrítica al líder iluminado, ni la proclividad a la demagogia hueca y el despiadado conflicto interno por puestos y presupuestos.

Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, opinó: “Me parece que la agenda del periodo legislativo está secuestrada por los procesos internos de los partidos, en particular del Partido Acción Nacional”.

Como resultados de las mediciones realizadas por la Transparency International, en el “Índice de percepción de la corrupción 2013: América”, México ocupa el lugar 106 de un listado de 177 países ¡como uno de los más corruptos!

Recientemente, medios internacionales dieron a conocer los nombres de los mexicanos más corruptos, entre los que figuran: Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Dechamps, Raúl Salinas De Gortari, Genaro García Luna, Andrés Garnier Melo, Tomás Yarrington, Humberto Moreira, Fidel Herrera, Arturo Montiel, Alejandra Sota, entre otros.

Con el propósito de combatir esta galopante corrupción en México, muchas voces se suman en que deberemos consolidar un auténtico Sistema Nacional de Integridad, implementar una Reforma de Justicia Penal, para debilitar los espacios de impunidad. Así como constituir organismos ciudadanos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas.

Además, fortalecer e independizar de los gobiernos a las instituciones de acceso a la información pública, control y fiscalización; con un nuevo y estricto régimen de responsabilidades para los servidores públicos.

No obstante, yo sigo pensando que nuestra corrupción es producto de nuestra propia cultura inercial, y se deberá atacar bajo modelos formativos y educativos para que se simplemente se conviertan en convicciones personales y a su vez sociales.

Por más barreras y obstáculos que inventemos e implementemos para erradicar las prácticas de corrupción, siempre habrá “magos” que sabrán como burlarlas en forma y fondo. Ya que mientras estamos diseñando los candados, otros ya estarán experimentando con las llaves.

"Si no combatimos la corrupción desde los modelos pedagógicos para formar convicciones, serán infructuosos todos los demás esfuerzos. Ya que los obstáculos solo reflejarán retos tentadores para quienes pretendan evadir todos los controles".

[Faltó incluir entre los mexicanos más corruptos a Jorge Emilio González (a) "El Niño Verde", patrón del autor - webmaster]

El domingo por la noche (4 de mayo) se quemó el Mercado Corona.

De entre todas las voces destaca la del alcalde Ramiro Hernández García, al admitir de manera indirecta que es la negligencia de las autoridades una de las causas del incendio y la caída del mercado. La responsabilidad jurídica, si se determina, toca a esta gestión municipal, pero la responsabilidad moral alcanza a numerosas administraciones atrás, que han dejado, por desidia, que los mercados de Guadalajara -todos, no sólo el Corona- estén en pésimas condiciones, tanto en su estructura como en su administración.

Las posturas más extremas quieren ver en el siniestro del Mercado Corona un malévolo plan que se operó con alevosía y ventaja. Es concederle mucho mérito a “los malos”, si es que los hubiera.

Conviene el equilibrio en la búsqueda de las causas, al fin que razones como la indolencia, la falta de aplicación de la norma y la corrupción crónica, son tan dañinas como el más malvado de los proyectos.

Ésta y muchas administraciones anteriores se han dedicado sólo a reaccionar.

Pero en la nueva caída del Corona se puede leer otro síntoma de una decadencia anticipada de la ciudad.

El Mercado Corona se había convertido en un desorden. Había poco más de 500 puestos autorizados, pero los que se fueron adosando en las calles laterales y el patio central eran al menos otros 200. Los espacios de circulación, fundamentales para la seguridad de un espacio público como éste, se habían perdido para dar paso a más y más vendedores. El mantenimiento no era malo sino nulo, las instalaciones eléctricas arcaicas y diseñadas para un uso mucho menor, y, como la mayoría de los espacios públicos, el ayuntamiento había perdido el control de lo que ahí sucedía a manos de líderes que regenteaban el lugar. Baste decir que los inspectores del ayuntamiento nunca habría permitido que una empresa privada operara en las condiciones en las que operó por años ese mercado, y sin embargo se supone que es la autoridad municipal la que vigila y sanciona.

En 1997 el PRD vivió el momento en el que más acercó a esa izquierda moderna e inteligente, que tanto se ha buscado. El triunfo en el Distrito Federal de Cuauhtémoc Cárdenas se dio con un discurso moderado, diferente del que se había utilizado anteriormente, y el resultado fue avasallador.

Le dio también una presencia importante en el congreso que, junto con la del PAN y otras fuerzas menores, les permitió quitarle, por 1a. vez, la mayoría absoluta al PRI en la Cámara de Diputados. Lamentablemente, no se utilizó esa nueva mayoría para crear una nueva agenda legislativa sino para obstruirla. Y esa oportunidad desperdiciada, junto con sus propios errores, llevaron a que en 2000 el triunfo no fuera, como muchos esperaban tres años atrás, para Cárdenas sino para Vicente Fox.

Esa derrota fue la que le abrió a López Obrador un espacio que, paradójicamente le habían abierto Cárdenas y Rosario Robles, 1o. jefa de Gobierno del Distrito Federal y después presidenta del PRD: López Obrador le ganó el gobierno capitalino por un puñado de votos a Santiago Creel, y cambió la historia perredista.

Porque Andrés Manuel rompió entonces los acuerdos que le habían llevado a esa posición, con Cárdenas, con Robles y con Nueva Izquierda, y estructuró toda una serie de alianzas que llevaron al partido 1o. a una profunda división interna y luego a presidencias partidarias tan cuestionables como la de Leonel Cota Montaño que lo que buscaron fue poner al partido bajo su control.

En ese marco se vivió la elección presidencial de 2006. Un poco menos de medio millón de votos le faltaron a López Obrador para alcanzar la Presidencia de la República, misma que hubiera podido alcanzar si no hubiera cometido errores, víctima de la radicalización de su discurso y de evidentes muestras de intolerancia hacia opositores y medios. Pero incluso en esas circunstancias, aún mucho más que en 1988, el PRD hubiera tenido todo para establecer hasta un gobierno de coalición: se lo propuso Calderón y la respuesta fue la oposición más dura que ha tenido un gobierno desde el surgimiento de la alternancia en nuestro país.

Una vez más, esa estrategia le abrió la oportunidad a un tercero, en esta ocasión a un PRI que había hecho en 2006 la peor elección de su historia. Volvió a competir en 2012 el PRD con López Obrador que hizo una buena elección de la mano con el derrumbe panista. Y otra vez se le abrió la oportunidad de tener una presencia institucional mucho mayor. En esta ocasión la dirigencia del partido aceptó recorrer esa vía y fue López Obrador el que se separó para seguir la suya.

En esa disyuntiva, en ese trance, se encuentra hoy el PRD. Deberá apostar a buscar su propia personalidad o volver a dejar la izquierda en las manos de López Obrador. Para 2018 se encontrará con que desde Morena, los cantos de sirena serán imposibles de acallar.

La reforma constitucional en materia político electoral -que diputados y senadores aprobaron a finales de 2013 y que el ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de este año- obligaba al Congreso de la Unión a tener que aprobar las leyes secundarias en la materia a más tardar este 30 de abril. So pena de meter en aprietos legales y de legitimidad a los resultados de los más de 14 procesos electorales locales y el federal que se celebrarán entre 2014 y 2015.

Nada de esto ocurrirá, porque para ello los diputados y senadores se las gastan solos. Son re mañosos. Recurren a chicanerías parlamentarias, como la de parar el reloj parlamentario (así le llaman al hecho de declararse en sesión permanente, iniciada antes de que concluyan los tiempos legales, y así poder prolongar la negociación y el debate cuasi indefinidamente) o la de iniciar una reforma en una de las 2 cámaras en tiempo y forma, aunque la otra cámara no lo haga.

Algo así sucedió la noche del 30 de abril, cuando el Senado dispuso discutir y votar a galope tendido esa ley solitaria, desprendida del grupo de leyes secundarias pendientes de la materia político electoral, que dieron en llamar Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Un dictamen que a las 10 de la noche del miércoles 30 de abril de 2014 los senadores convertían en minuta, más no ley todavía, porque falta el refrendo de la Cámara de Diputados. Y el resto de la reforma político-electoral, sin fecha todavía.

A los políticos les cuesta trabajo comunicarse con la sociedad, pues una cosa es prometer y/o decir lo que la gente necesitada quiere o espera oír, y otra muy diferente es tener la capacidad de ir creando conciencia con las intervenciones y discursos públicos para que los miembros de la sociedad empiecen a ser menos esperanzados en que sean otros los que les resuelvan sus problemas de sobrevivencia, y se incorporen a proponer soluciones.

De poco o nada sirve que los políticos profesionales -o por lo menos, los que viven de la función pública- utilicen expresiones de moda como: políticas públicas, gobernanza, planeación participativa, socialización, colaboracionismo, presupuesto participativo, y otras tantas que luego nos repiten hasta el cansancio, pero que no por ello las vamos a entender, simple y sencillamente porque cuando el emisor no las entiende a cabalidad, el mensaje pierde todo su valor, lo que da como resultado que el receptor lo recibe desconfigurado, y por lo tanto la retroalimentación “palabra mágica” e indispensable para sustanciar la comunicación, se pierde en la nada y el emisor original se queda confiado en que se dio a entender, pero “la ignorancia de la gente” no les permite captar su mensaje.

Por tanto, es necesario que quienes se encuentran en los gobiernos lleven a cabo muchas acciones en beneficio de la sociedad, pero igual o más importante es que sepan comunicar a sus gobernados -y a todo el mundo-, qué están haciendo, cómo y porqué lo hacen, porque de no hacerlo así, la percepción de la gente no les favorecerá, ya que entre los chismes de calle, oficina, cantina y algunos “medios de comunicación”, la falta de comunicación efectiva y asertiva, parecerá como que no se está haciendo nada, o en el menor de los casos, que lo que se hace sólo tiene que ver con negocios.

La ratificación de mandato en Tlajomulco dividió a simpatizantes y detractores de Movimiento Ciudadano. Según el conteo, más de 20,000 habitantes del municipio dejaron de ver la liguilla para decidir si Ismael del Toro tenía que continuar o dejar su cargo. Más de 90% de esos ciudadanos de Tlajomulco le dieron la confianza a Del Toro (más de 18,000), mientras que menos de una décima parte le pidió la dimisión. ¿Realidad o ficción? La victoria es categórica, pero el “Pope” es ratificado con una tercera parte de los votos con los que fue electo en 2012.

A los partidos se les dificulta verse como lo que son, un problema para la democracia mexicana. Tienen virtual monopolio para acceder a la representación, aún con las candidaturas independientes, cuentan con recursos cuantiosos y privilegios sin proporción. Aún así, su democracia interna es un desastre. Los partidos cada vez se alejan más de los ciudadanos; se quieren servir de sus votos, pero no de sus razones ni de su fuerza. Por eso la democracia interna no existe en los partidos. El PAN era, de todos, el que más posibilidades tenía de vinculación con la sociedad civil. Su tránsito al poder lo corrompió y en su actuar lo volvió más próximo a lo que siempre criticó: el PRI.

El problema es que los diputados creen que su chamba es hacer leyes y lo siento, no es así, su chamba es vigilar que los recursos públicos se apliquen conforme a la ley y las leyes son no el fin de su trabajo, sino un instrumento para que su vigilancia sea efectuada adecuadamente. No están para decirnos cómo debemos vivir, qué hacer o cómo debemos comportarnos, ni siquiera cómo nos van a proteger con ocurrencias, ni preocuparse por problemas tales como los embarazos causados por alienígenas ni temas semejantes.

Aunque la Ley de Transparencia de Jalisco establece penas como la inhabilitación por al menos 3 años, multas por mil días de salario mínimo (67,000 pesos) y arresto administrativo de hasta 36 horas para los funcionarios que vulneren el derecho ciudadano de acceder a la información pública, hasta ahora los castigos han sido mucho más blandos.

La legislación permite al Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado emitir sanciones en 2 casos: como respuesta a la queja de algún ciudadano que no recibió los datos que solicitó o como medida de apremio cuando el funcionario incumple una resolución del organismo.

Pero hasta abril sólo se habían emitido 2 sanciones del 1er. tipo, por 3,028 pesos cada una, mientras que del 2o. escenario han sido 16 amonestaciones públicas y siete multas por apenas 1,345 pesos.

La tendencia es la misma que el año pasado, cuando por los recursos de los ciudadanos resultaron 23 resoluciones, 20 de las cuales incluyeron sanciones para 32 servidores públicos, con multas desde 605 pesos hasta un máximo -en 2 casos- de 6,057 pesos. Como medidas de apremio, emitieron 38 amonestaciones y 5 multas por 1,295 pesos.

A esto hay que agregar el caso de la presidenta municipal de San Martín de Hidalgo, Juana Ceballos, quien en abril pasó 12 horas de arresto por esconder información fundamental.

Para José Bautista, coordinador del Programa de Empoderamiento y Conflictividad Social del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO, las sanciones son el eslabón más débil de la Ley de Transparencia: “Te castigan más si andas briago”, comparó: la actual Ley de Movilidad estipula multas de entre 9,000 y 12,000 pesos a quienes manejen un auto con un nivel de alcohol por encima de lo permitido.

El ex presidente del Itei y actual regidor de Zapopan, Augusto Valencia, afirmó que la actual ley implica un retroceso porque judicializa el acceso a la información -al permitir que los funcionarios sancionados se defiendan en el Tribunal de lo Administrativo del Estado- y, de esta manera, inhibe el interés de los ciudadanos.

Acaso la maquinaria propagandística gubernamental, tan efectiva en su 1er. año con eso de “mover a México”, se ha engolosinado consigo misma y no ha caído en cuenta que no es lo mismo el 1er. año de gobierno que todo lo que viene después. El reciente alud de críticas a la política de comunicación del actual gobierno, basada en el silencio cuando no en una pauta de anuncios publicitarios tan insistente como insustancial, no es accidental. Hay que decir, sin embargo, que hay campañas peores, como la que muestra a un ciudadano diciendo que se ha afiliado a cierto partido político… “porque defiende mi petróleo…” (partido político que cuando menos hasta hace poco consideraba al régimen de Kim Jong-un en Corea del Norte como un modelo adecuado para México).

Polanco, para ser exactos, la zona de avenida Masaryk, donde se encuentran no solo Pujol y Biko, sino una decena más de los mejores restaurantes de la Ciudad de México, es un caos gracias al gobierno delegacional y su obra de remodelación.

Los comerciantes de Masaryk suben todos los días a Twitter fotos de la obra abandonada, ni un trabajador, las máquinas apagadas. Un rumor es que se han atrasado los pagos, el constructor hace tortuguismo. Otro rumor es que alguien quiere que se cierren comercios que pagan rentas congeladas.

Como si no fuera suficiente ese caos, se les ocurrió comenzar una obra en Horacio.

Los restauranteros, por su parte, se organizan y resisten. Una vez más, solos, defendiéndose de una medida gubernamental mal planeada, mal implementada, que ignoró las consecuencias.

La obra, por cierto, apenas ocupa hoy una parte de Masaryk y falta arrancar en el tramo en el que se ubican más comercios.

Alonso y Olvera, y muchos más, sobrevivirán. Hay mucho talento y mucho trabajo.

Lo harán a pesar del ¡que se jodan! de parte del delegado y otros en el Gobierno de la Ciudad de México.

En materia laboral, el gobierno que encabeza Aristóteles Sandoval se comporta igual que las administraciones panistas, entre ellas la encabezada por Emilio González Márquez, denunciaron ayer sindicalizados.

De manera sistemática, indicó Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario general de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios, el gobierno desprecia a sus trabajadores, los extorsiona y ni siquiera cumple con sus obligaciones básicas como patrón.

En diversas dependencias, señaló, el cambio del grupo en el poder ha provocado que los nuevos funcionarios realicen despidos injustificados con el fin de liberar espacios laborales y poner en su lugar a personas que sean afines políticamente.

"Todo servidor público que no tenga un padrino político, o alguien que políticamente lo avale, es susceptible de ser despedido y queda prácticamente en estado de indefensión", expresó.

"Los funcionarios utilizan las nóminas como si fueran patrimonio personal para acomodar a sus amigos, y no importa entonces el servicio civil de carrera, ni importa que los trabajadores le echen ganas y tengan un expediente limpio".

El afán de normar que vemos ahora con las leyes secundarias sobre el uso de internet no es, pues, una novedad en el Estado mexicano. Los políticos argumentan que tienen que defendernos de nosotros mismos, cuando en realidad lo que ha existido siempre es el miedo de las instituciones a la organización social no controlada por y desde el Estado. Lo curioso es que los legisladores quieran poner en una ley reglamentaria la posibilidad de intervenir y suspender el servicio de internet en caso de una “perturbación grave de la paz pública” cuando la facultad de decretar un estado de excepción en México ya está previsto en el Artículo 29 de la Constitución. Si la “perturbación de la paz pública” llega a ser tan grave, ahí está el mecanismo para que el presidente tome cartas en el asunto. Y si el asunto no amerita la aplicación de esa facultad, mucho menos ameritaría la suspensión de una garantía fundamental como la libertad de expresión. Cuál es, pues, el afán de normar.

Pues los señores diputados federales colaron el acuerdo que contiene la forma que se requerirá para que la consulta popular pueda tener lugar. En principio se oye muy razonable, qué más podemos pedir los miembros del infelizaje que ser escuchados por nuestros amados padres conscriptos, la representación real.

Pero si bien lo consideran como un éxito legislativo y nos agobiarán con millonarias campañas publicitarias -que ya sabemos es la única política pública real- diciéndonos que podemos consultar, y suena bastante bien, aunque sabemos que del gobierno se pueden esperar pocas cosas buenas.

La 1a. dificultad se presenta cuando nos enteramos de que sólo podrán solicitarla cuando los interesados sean más de 2 millones de

ciudadanos, lo que hace que los únicos en este país que tendrían la posibilidad de acceder a este número de seguidores serían los partidos políticos grandes, si, esos que pagamos usted y yo y que tienen el control sobre nosotros, y aún ellos tendrían dificultades.

Después tendrán que ponerse de acuerdo en hacer una sola pregunta, porque sólo se podrá hacer una pregunta y la pregunta deberá poderse responder en sentido afirmativo o negativo.

Los encargados de verificar esto serán los nuevos becarios del Instituto Nacional Electoral, que de alguna manera tienen que justificar los jugosísimos emolumentos que percibirán hasta que decidan cambiar este organismo, aunque en ese caso recibirán de golpe el dinero del tiempo que tengan señalado como becarios en tan connotada institución.

Supongo tendrán que analizar la petición, porque además, 2 requisitos son indispensables: uno, señalar el propósito que se persigue con la consulta. Dos, cuáles son los argumentos por los que usted y 2 millones de personas que lo apoyaron creen que es un tema de importancia nacional, o sea que si a los jerarcas no les gusta lo que usted y sus seguidores consideran como su propósito o los argumentos que apoyen el tema, lo podrán rechazar.

Debo reconocer que si yo lograra juntar a ese gentío para hacer una consulta, y después de todo el trabajo que significa me lo rechazaran, lo consideraría causa justificada de venganza, no sé usted.

Por lo pronto, ya no podré consultar mis dudas que eran: ¿considera usted que 500 son muchos diputados?; ¿cuántos cree usted debe que haber?, y ¿cuál considera debe ser su salario?

Pero es soñar.

Las diferencias, convertidas en enemistad entre miembros, al interior y exterior de los partidos políticos exacerban los ánimos; y lo que fueron formas de misión, principios y valores, se soslayan y sustituyen por la visión del año 2015, en las urnas de junio como punto de partida al reacomodo de mandos y núcleos de poder.

Los espacios de comunicación con sensatos llamados la prudencia están suplantados por noticias nefastas. Desatados, deseosos y ambiciosos, persisten en su determinación de integrarse al presupuesto de servicios y economía, no exentos ambos de poder adjunto.

Desde el político que enunció atropelladamente que Don Gabo [García Márquez] nació en Aracátaca, hasta la diputada chiapaneca que confesó haber visto su vida marcada por las obras del colombiano, en especial, “Juventud en éxtasis” y “Volar sobre el pantano”, parece que el deceso de un figurón hace no sólo que a nuestros compatriotas les entre un insospechado furor literario, sino que se sientan en la obligación de expresarlo, aunque sea declarando barbaridades. Si nos atenemos al ejemplo que han puesto algunos gobernantes en este rubro, casi diríamos que es una enfermedad de la realeza, que consiste en disimular su ignorancia y acabar, como dicen los chavos, cajeteándola más duro.

Lo complejo y atorado de las discusiones legislativas de estos días pone de manifiesto lo importante que fue el Pacto por México durante el tiempo que duró. Los acuerdos surgidos a partir de un atisbo de madurez de partidos políticos y gobierno han sido los más relevantes en 3 décadas. Hoy, en contraparte, el aparato político se encuentra inmerso en una discusión aparentemente interminable sobre las telecomunicaciones, sobre el carácter histórico-cultural del petróleo en nuestro país, sobre los usos y costumbres político-electorales, en fin. Leyes secundarias se ha convertido en un concepto no solo de principal atractivo mediático, sino también de un golpeteo social interminable. Atrás quedó ese promisorio devenir político que el Pacto propiciaba. Hoy tenemos una severa congestión legislativa.

Claro que para que hubiera pacto que sirviera se necesitaba primero unidad interna entre los miembros que lo conforman. El pacto explotó por las divisiones internas de los partidos de oposición más que por razones inherentes a sí mismo. Todo ello ha diluido el sentido de representatividad y de claridad en las acciones y los objetivos de los legisladores: agendas divergentes en las que lo que menos está en el radar es el futuro cercano del país, sino el posicionamiento político de cara a las siguientes elecciones.

Funcionarios públicos de diferentes niveles en Jalisco desfilaron por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presionar a los ministros para que resolvieran a favor del auditor superior Alonso Godoy Pelayo, denunció el abogado Héctor Romero Fierro, quien presentó la demanda de amparo que dio origen al procedimiento.

Señaló que desde el lunes pasado que acudió a la Corte y tuvo oportunidad de platicar con los ministros, “me empezó a preocupar” que “funcionarios de los más altos niveles” y de todos los partidos políticos pidieron que se le mantuviera en el cargo.

Lo que sí queda claro, dijo Romero Fierro, es que Alonso Godoy tiene “buenos padrinos en todos los partidos”. Lo que hay detrás, agregó, es la negociación de cuentas públicas a cambio de dinero o prebendas, que hacen que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco las envíe al Congreso del Estado “más limpias que si hubieran salido de la lavadora”.

Héctor Romero afirmó que con esta decisión de la Corte no pierde él, que emprendió desde 2009 la lucha jurídica en este caso, sino el estado y la sociedad jalisciense, porque seguirá sin existir realmente la rendición de cuentas.

Agregó que con la reforma que se impulsó en 2009, previo al nombramiento del auditor superior, se buscó que la fiscalización en el estado quedara en manos de personas ajenas a los partidos políticos, para que realmente se revisara la forma en que se ejercen los recursos públicos, pero eso no fue posible.

En los últimos 10 años ha habido en Jalisco una revisión de cuentas públicas que no se apega a los principios mínimos, aseguró.

Dicen por ahí que si quieres que un tema no se resuelva, hay que crear una comisión. Es legendaria la apuesta por comisiones en México para “resolver” temas que se vuelven socialmente muy polémicos. Sin embargo, ahora la moda no es crear comisiones, sino observatorios. Con eso de “ciudadanizar la política”...

Para el coordinador de Telecomunicaciones de la Universidad de Guadalajara, Alejandro Martínez Varela, la iniciativa en telecomunicaciones enviada por el ejecutivo contempla disposiciones apartadas de la realidad.

“Internet no se puede regular. Es como si le dijeras a alguien que viera tal o cual programa de televisión. O que no camine por tal o cual calle. Internet nació libre y su fin principal, desde que nació, fue el trabajo colaborativo”.

Incluso resalta que no ve ningún beneficio para los usuarios en la reforma en telecomunicaciones.

“La ley parece que está escrita como si fuéramos nuevos en el tema. Que los políticos hayan llegado tarde, es otra cosa”.

Desde que se conoció el proyecto de reforma de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviado por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión, cientos de activistas y miles de internautas comenzaron a denunciar el pernicioso título 8o. de dicha ley, denominado “De la colaboración con la justicia”.

Dicho título de la iniciativa del mandatario priista, contiene obligaciones para que los concesionarios colaboren con el Estado en identificación de personas, en restricción de contenidos o en bloqueos de señales, con el pretexto de la seguridad nacional. En particular, las alertas se activaron por la fracción VII del Artículo 197, donde se planteó la posibilidad de que los concesionarios suspendieran internet “en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.

Aparentemente esta tentación autoritaria habría sido vencida, pero sobran motivos para ser desconfiados de la clase gobernante mexicana.

Artículo 197, sobre obligaciones a concesionarios:

Inciso III

Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes.

Éste es un fragmento de la propuesta de reforma a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que envió el ejecutivo al Senado. Hay varios detalles más en la propuesta que sólo me llevan a los conceptos de control y censura, como el hecho de que ahora todo lo que publiques, desde donde lo publiques o en qué momento lo hiciste estará en un registro que el gobierno utilizará para… bueno, no sabemos para qué y ése es parte del problema.

¿En qué momento conviene que el Estado tenga el derecho de apagar la internet? ¿De qué amenaza nos salvaría este apagón? ¿Nos empodera o nos debilita como sociedad que un funcionario tenga una llave mágica para bloquear nuestra capacidad para comunicarnos y sepa siempre qué decimos, dónde y cuándo?

Bueno, yo creo que no hay motivo por el cual el gobierno pueda bloquear la comunicación por “Razones de Seguridad Nacional” por lo menos no se me ocurre ninguno que nos sirva a los de a pie. Pero sí se me ocurren varias razones perversas que harían del apagón legal de las redes una gran herramienta para el Estado.

Municipios quebrados, obesos en nómina y sin posibilidad de invertir; esa es la realidad de los cinco principales municipios metropolitanos. Lo cierto es que los municipios pueden estar tranquilos de que está el góber y la federación para poder remediar sus carencias financieras. El tema es que aunque el Gobierno del Estado y la federación han suplido a los ayuntamientos en inversión pública, nomás no vemos un esfuerzo de los municipios por adelgazar la nómina y hacer manejables sus finanzas. Al contrario, sufren de los mismos problemas, pero con menos responsabilidades.

Guadalajara y Zapopan han reducido de forma importante las inversiones para obra pública en las últimas 3 administraciones, por el incremento en el gasto de la nómina, servicios, materiales, subsidios y deudas.

El Presupuesto 2014 de Guadalajara indica que este año apenas se invertirán 183.5 millones de pesos en obras (sin contar con las participaciones federales o estatales), una cantidad 3 veces menor a la que se destinó en 2009 o 2011. En contraparte, en subsidios gastará 3 veces más: 583.9 millones de pesos, de los cuales la mitad está dirigida para ayudas sociales a personas [potenciales votantes - el webmaster] y el resto para instituciones sin fines de lucro o actividades científicas y académicas.

Si el ayuntamiento tiene un presupuesto de 4,922 millones en 2014, sólo 183.5 millones son para obra pública (3.7%). De ese tamaño son los compromisos del gasto corriente.

Guadalajara pagará 275.9 millones de pesos en deudas a corto y largo plazo (con bancos).

Zapopan, de un presupuesto de 4,874.9 millones de pesos, solamente 273.3 millones serán destinado para obras e infraestructura. Esta cantidad es inferior a lo que el ayuntamiento gastará en deudas: 318.9 millones de pesos.

Tonalá es el ayuntamiento que padece los peores problemas financieros. Este año destinará 87.6 millones de pesos en obra pública, pero desembolsará casi el doble a pago de deuda: 155.8 millones.

El Ayuntamiento de Guadalajara persiste como el más endeudado del país con instituciones bancarias al corte de diciembre de 2013, con pasivos por 2,543.3 millones, seguido por Tijuana, Monterrey, Hermosillo, Benito Juárez y Zapopan.

En otra arista, los ayuntamientos de Jalisco acumulan entre todos la mayor deuda en comparación con otros estados. Los 125 municipios locales suman pasivos por 7,584.4 millones de pesos, una cifra 3 veces superior a las deudas de las alcaldías de Veracruz, que tienen prácticamente la misma población.

La siguiente es la lista de los ayuntamientos más endeudados de Jalisco con bancos (no incluye pasivos a corto plazo, con proveedores, por ejemplo):

La Secretaría de Hacienda, que registra las deudas con bancos de los 2,447 municipios del país, informa que 90 alcaldías tienen comprometidas más de 50% de sus participaciones federales en este año para pagar créditos bancarios.

El indicador de afectación de participaciones por municipio, en referencia al primer trimestre de 2014, subraya que 55 municipios tienen sus participaciones comprometidas entre 90% y 100%. Entre ellos destacan el ayuntamiento jalisciense de Puerto Vallarta, así como Villahermosa, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Ramos Arispe, Uruapan, Torreón o Aguascalientes.

Por otra parte, entre 70% y 89% de sus participaciones federales comprometidas están San Luis Potosí, Monterrey o Tijuana.

Y en el rango de 50% a 69% hay 27 alcaldías, entre las que figuran Guadalajara y Zapopan, así como Acapulco, Mazatlán, Durango, Apodaca, Nogales, Gómez Palacio, León, Culiacán y Morelia.

En el proyecto de nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que elabora el Senado de la República, se contempla que para que un candidato independiente de los partidos políticos pueda aspirar a obtener su registro con miras a la Presidencia de la República, debe estar respaldado por las firmas del 1% de quienes estén inscritos en el padrón electoral nacional.

Hasta el pasado viernes 4 de abril del 2014, el padrón electoral nacional tenía inscritos 88'695,978 ciudadanos de 18 años de edad y mayores. Por lo tanto, quien pretendiera ser candidato independiente a la Presidencia de la República, sobre la base de ese padrón, tendría que lograr las firmas de 886,959 ciudadanos que respaldaran su registro.

Se tiene considerado que para lograr esas firmas, el precandidato tendría un plazo de por lo menos 120 días.

El proyecto de ley contempla que los candidatos independientes al Senado tendrían que conseguir el apoyo del 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la entidad que pretendieran representar.

Hasta el pasado viernes 11 de abril, el padrón electoral de Jalisco tenía inscritos 5'917,619 ciudadanos. Se necesitarían 118,532 firmas para quienes aspiraran a contender.

En el caso de quienes aspiraran a ser candidatos independientes a diputados federales por Jalisco, tendrían que obtener el apoyo del 2% de los ciudadanos del distrito en el cual pretendieran contender.

Ejemplos: en el caso del Distrito 13 de Guadalajara -el más poblado de la capital-, que tiene hasta la fecha 236,202 ciudadanos en el padrón electoral, un candidato independiente necesitaría 4,724 firmas de apoyo.

En el Distrito 6 de Zapopan, el más poblado de ese municipio, con 317,774 empadronados, el aspirante independiente a diputado federal necesitaría, para registrarse, las firmas de apoyo de 6,555 ciudadanos.

Pedro Mellado
(v.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 17 de abril de 2014).

Para los burócratas es la oportunidad de abrir una nueva oficina, dotarla de presupuesto y no hacer nada. Para los políticos es un bonito discurso que les permite parecer verdes, muy preocupados por la ecología y hasta vanguardistas, aunque no entiendan de qué se trata ni por qué 2 grados más de temperatura hacen que suba el nivel del mar.

El sexenio pasado el presidente Calderón quiso abanderar el tema del cambio climático a nivel mundial: no logró nada, salvo ponerlo de moda entre los políticos mexicanos en edad de merecer.

Hoy en Jalisco hay oficinas para atender el tema de cambio climático en el Gobierno del Estado y en los municipios de la zona metropolitana, pero no hacen nada, entre otras cosas porque se trata de un fenómeno multicausal y global en el que los municipios y el estado tienen mucho que hacer, pero nunca podrán ofrecer resultados corto plazo.

Dicho de otra manera, el que existan oficinas dedicadas al tema del cambio climático no detendrá el deterioro del ambiente, pero las políticas de las secretarías de movilidad, las de industria y las de mercado, que no pelan ni pelarán jamás a los funcionarios de medio ambiente, sí pueden influir en el tema.

Tomarse en serio el cambio climático no es hacer un bonito discurso o una oficina con nombre rimbombante sino generar las políticas públicas que contribuyan con el granito de arena que nos toca a reducir las emisiones que provocan el deterioro ambiental, pero sobre todo prepararnos para vivir y responder a condiciones de menor disponibilidad de agua dulce, con mejor distribución y políticas de reuso de los recursos hidráulicos; a mayores temperaturas responder con aumento de áreas verdes y reducción de fuentes de calor en zonas urbanas; frente a lluvias más fuertes y puntuales, buscar recuperación de caudales urbanos y sistemas de almacenamiento eficientes, entre otras.

El cambio climático no se resuelve en el papel.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 16 de abril de 2014).

Un municipio muy endeudado, el 10o. en el monto de deuda total en el país y el 1o. en deuda per cápita entre los grandes deudores.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 15 de abril de 2014).

De acuerdo con el indicador de Afectación de Participaciones por Municipio para el 1er. trimestre de 2014, la SHCP da cuenta de que existen, en un primer grupo, 55 municipios del país cuyas participaciones están comprometidas en un margen de entre 90 y 100%.

En este espectro se encuentran ciudades medianas como Villahermosa, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Puerto Vallarta, Ramos Arispe, Torreón, Uruapan, Bahía de Banderas o Aguascalientes capital.

En un 2o. grupo se encuentran 8 municipios, donde entre 70 y 89% de las participaciones están comprometidas: como San Luis Potosí capital, Monterrey o Tijuana.

Por último, 27 municipios están en el rango de 50 a 69%. Ciudades como Apodaca, Nogales, Zapopan, Acapulco, Mazatlán, Durango capital, Gómez Palacio, Xalapa, León, Zihuatanejo, Culiacán, Cuernavaca, Morelia y Guadalajara están en esta marca.

El porcentaje fue calculado por la SHCP mediante información aportada por las propias alcaldías y las estimaciones de pago de amortizaciones y pago del servicio de deuda ante entidades bancarias privadas y de gobierno, mediante el uso de participaciones para el ejercicio fiscal 2014.

(V.pág.22-A del periódico El Informador del 14 de abril de 2014).

Volvamos a HP y los sobornos a Pemex. El expediente de la SEC, que consta de 15 páginas, dedica 3 páginas a "los pagos ilegales en México". No menciona nombres, pero se refiere a 2 altos funcionarios de Pemex por sus cargos, el Chief Operating Officer y al Chief Information Officer. En el momento en que las cosas ocurrieron el director corporativo de operaciones era Raúl Livas Cantú. Todo indica que el otro personaje era Manuel Reynaud Aveleyra. No está claro qué papel jugó cada quien en este caso. Fuentes confiables aseguran que Raúl Livas no participó en los hechos sancionados. En contraste, es muy importante llamar la atención que Reynaud Aveleyra fue cesado en junio de 2009 en circunstancias vinculadas con otro hecho de corrupción de empresas tecnológicas. Él aceptó un viaje al Gran Premio de F1 de Mónaco, como parte de los pagos por otorgar un contrato de 30 millones de pesos a SAP México.

Reynaud Aveleyra fungía como subdirector de Procesos de Negocios e Infraestructura Tecnológica de Pemex. En ese cargo tenía mucho que decir en torno al uso de un presupuesto de compras que giraba en torno a los 3,000 millones de pesos al año. Si lo ocurrido con HP es un botón de muestra, podemos suponer que las comisiones rondaban el 25% del presupuesto, es decir 700 millones de pesos anuales.

¿Dónde está Manuel Reynaud? Desapareció de la vida pública, luego de su renuncia. No hay evidencias de que haya ido a la cárcel ni que la investigación en torno al soborno de SAP se ampliara. De parte de Pemex no hay un documento público que indique que luego de su cese haya habido un proceso de revisión o sanciones por las compras de tecnología de la información. Aunque a principios de 2010 se creó una Dirección Corporativa de Tecnologías. De manera extraoficial, se dice que Abraham Galán, quien llegó a tomar decisiones sobre compras de TI, luego de la salida de Reynaud, cerró la llave a las contrataciones de HP como proveedor.

Cualquier cosa que haya pasado en Pemex ocurrió a puerta cerrada y con total discreción. Los actos de corrupción en las compras de software estarían en el olvido, si no hubiera sido por el comunicado de la SEC y de HP. ¿Por qué tenemos que enterarnos de la corrupción en México a través de las investigaciones en Estados Unidos? Porque el combate a la corrupción en México sigue siendo superficial y simulado. Ahora, en este caso, la pelota está en la cancha de la administración actual de Pemex.

Luis Miguel González
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 12 de abril de 2014).

Recuerdo como ejemplo la estrategia de regionalización que emprendió Alberto Cárdenas Jiménez y tiró a la basura Francisco Ramírez Acuña, del mismo PAN; entre el PRI y el PAN, por allá a mediados de los 90, dejaron en suspenso y hasta la fecha, el plan a 20 o 25 años para tener en Guadalajara un sistema de transporte colectivo con 8 líneas del tren ligero que comunicaban a toda la zona metropolitana. Casi 20 años después apenas vamos por la 3a. y quién sabe.

El asunto de la presa El Zapotillo lo venimos arrastrando por lo menos desde la administración de Ramírez Acuña, luego empeoró con Emilio y Aristóteles, pese a la falsedad de sus promesas, se lava las manos como dijeron ayer los mismos habitantes de Temaca y los otros pueblos, en un claro ejemplo -esto lo digo yo- de la marrullería política que les conocemos a los mal llamados servidores públicos.

Como si fuera un guion, parecido al esquema de cuando se preparan para autorizar un incremento en la tarifa del transporte urbano, unos días antes de emitir el comunicado se raciona el agua, para entonces sembrar en la opinión pública el germen de una postura a favor de la construcción de la presa, porque-no-hay-agua-suficiente-y-no-le-podemos-sacar-más-a-Chapala; lago del que también se dijo hace poco, unos días apenas, que se enfilaba hacia una de las peores crisis de su historia.

El terreno limpio, preparado y abonado.

Chapala en crisis más los tandeos, lo más probable es que el resultado sea un acuerdo, por necesidad, entre la población, de que la presa de El Zapotillo, la cortina, se construya a 105 y no a 80 metros de altura, ahora también dizque por seguridad. Ni modo que nada más sean coincidencias (¡no lo creo!).

Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 12 de abril de 2014).

Vera Trujillo
(v.pág.4 "Cartas a Mural" del periódico Mural del 10 de abril de 2014).

Todo esto consta en las crónicas periodísticas de la época ya que al besamanos no podíamos asistir no por falta de ganas sino porque sencillamente no nos convidaban. Como los más espectaculares recuerdo los de Echeverría que no contento con fletarse con los actos mencionados nos recetaba kilométricos discursos que como extrañamiento podíamos manifestar que no interrumpía ni para hacer del baño y como abono a la conducta social el que enseñó a los miembros de nuestras cámaras a dormirse con los ojos abiertos porque lo cierto es que los informes no interesan ni a los obligados a leerlos. Han tenido variaciones menores pero siguen siendo muy enfadosos y en ellos la mentira más recurrente es la cantidad de carreteras que se supone fueron construidas que si fuera cierto lo que anunciaron el ellos seríamos el país más bien comunicado del mundo.

Pero no paró ahí la cosa, a imagen y semejanza de la presidencia los gobernadores y alcaldes decidieron hacer los suyos en los que en diferentes niveles, según sus recursos y potestades repetían el acto, lo que puede disculparse en lo elemental, no en el boato, por el mandato de la ley suprema, pero de los excesos nacen las ganas y ahora todo funcionario sin importar su nivel ha decidido imitar el lujo y esplendor y desde luego la exposición mediática de rendir su propio informe.

Lo que ya es terrible serán los 132 informes de senadores, 500 de diputados federales titulares, muchos suplentes, 25,000 de regidores, cerca de mil diputados locales, directores de partido, jefes de sector, de grupo y miembros de la sociedad civil la que muchos consideran como aspirantes en reposo a un hueso.

Los gastos que al respecto se realizan son verdaderamente incalculables y no puedo determinar a cuánta gente le puedan interesar.

Carlos Enrigue
(v.pág.2-B del periódico El Informador del 6 de abril de 2014).

Personal ministerial y pericial sin los instrumentos adecuados han acabado de mutilar seres humanos durante la exhumación destruyendo evidencias e incumpliendo con protocolos que existen al respecto a nivel mundial e incluso nacional, lo que en algún momento procesal podría favorecer a aquellos delincuentes que fuesen juzgados por los homicidios o por participar en los ilícitos enterramientos.

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 6 de abril de 2014).

A fuerza de desprestigiarlo desde los mismos partidos políticos elección tras elección y mediante injerencias, intervenciones persistentes y modificaciones a la ley para meter mano y ejercer todo el control en la institución que terminó siendo sólo de nombre "autónoma", acabaron (los partidos políticos) por convertirlo en un engendro peor que el que era cuando el secretario de Gobernación era el presidente de la institución.

El jueves, después de una serie de negociaciones, una vez consumada la dizque reforma político-electoral urdida en esta administración, la de Peña Nieto, los partidos políticos en el poder legislativo aprobaron el nombramiento de 11 consejeros, los que desde ayer forman parte del Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones, INE, la nueva creación de la clase política mexicana y en donde están plenamente identificados los consejeros con los partidos políticos. Una vez más se repartieron por cuotas las posiciones.

Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 5 de abril de 2014).

Posteriormente, en febrero de 2013 ratificó ese compromiso en un mensaje enviado en Twitter. Pero los meses pasan y la construcción de la presa sigue. Este mes, la altura de la cortina de la presa alcanzará los 80 metros, que es el supuesto límite necesario para evitar la inundación de Temacapulín, y además es el límite impuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Gobierno de Jalisco y las autoridades de la Conagua firmen un nuevo convenio.

Pero el tiempo pasa y el gobernador no cumple su promesa. Todo indica que se está dejando correr el tiempo para que en las próximas semanas se diga que por culpa del clima (que no llueve lo suficiente y escasea el agua) y debido a que es una atribución federal, el gobernador Aristóteles Sandoval se levará las manos y dejará a los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo a su suerte, es decir, inundados.

Otro grave caso de desdén y desatención ocurre con los pueblos de la barranca del Río Santiago (Milpillas, Huaxtla, San Lorenzo, Ixcatán, entre otros), que han demandado desde hace años la clausura de los basureros de Hasar’s y Picachos. El gobierno municipal de Héctor Robles Peiro se vio obligado a negociar con los pobladores, pero ahora les ha estado dando largas y acaba de plantear que los basureros seguirán. De modo que los lixiviados y contaminación que producen seguirán envenenando la vida de estas comunidades.

Estos casos parecen mostrar que el supuesto diálogo y negociación que los gobiernos abren a los pueblos es una mera maniobra de distracción mientras continúan con los proyectos públicos o privados impuestos, sin el consentimiento de las comunidades.

Rubén Martín
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 5 de abril de 2014).

Y en eso están al rechazar un candidato de unidad y quedarse con un partido muy menor toda vez que sus opositores internos tienen la puerta de salida que es Morena o la formación de otra nueva alineación de izquierda.

Joaquín López-Dóriga V.
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 4 de abril de 2014).

A la menor provocación, ante cualquier hecho, lo primero es "que me investigue la procuraduría", "que se interponga denuncia", "ya interpuse una denuncia", en fin.

Es una gran jugada del acusado, porque lo más probable es que dicha investigación no llegue a nada, y entonces puede salir unas semanas después y decir: ya ven, yo no hice nada.

Carlos Puig
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 4 de abril de 2014).

¿O acaso de verdad los integrantes de la Junta de Coordinación Política, Rafael González Pimienta, del PRI; Gildardo Guerrero, del PAN; Clemente Castañeda, del PMC; Enrique Velázquez, del PRD; y Jesús Palos, del Verde, creen que corriendo a personal de intendencia o a los que menos ganan, pero sí trabajan, van a lograr los ahorros indispensables para sanear al congreso?

Lo cierto es que lo único que lograron, al menos en la jornada inicial de los recortes ayer, fue cometer despidos injustificados, ya que no tocaron a uno sólo de los recomendados que son los que más cobran sin ir a trabajar.

¿Qué es lo que les impide correr a las secretarias de 60,000 mensuales o a otros empleados del congreso que se ha documentado, no tienen el perfil para ocupar los puestos a los que llegaron sólo por ser parientes o incondicionales de algún diputado o algún otro funcionario?

Lo indignante es que las liquidaciones no se están haciendo con recursos del congreso, sino con los 23 millones de pesos extras que para ese fin les empezó a canalizar esta semana el Gobierno del Estado.

Bueno sería que el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva, quien les está suministrando nuestros impuestos a los diputados, exija mayor transparencia y claridad en los criterios como condición para mantenerles estos apoyos. Seguir entregando ese dinero pese a la opacidad con la que están haciendo las liquidaciones, sería, por decir lo menos, ser cómplice de la simulación.

En el congreso siguen apareciendo los síntomas de la pudrición de una legislatura más.

Jaime Barrera Rodríguez
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 4 de abril de 2014).

Y en el espacio del manejo discrecional y dispendioso de los recursos públicos para el pago de publicidad oficial, la más reciente administración panista estatal no fue la excepción.

"En 2012, 26 entidades federativas ejercieron 5,377 millones de pesos en publicidad oficial y no se conoce el destino del 53% de este gasto", concluyen las organizaciones no gubernamentales Artículo 19 y Fundar, en el Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en las Entidades Federativas, presentado el pasado martes.

Los gobiernos pagan para que los medios de comunicación que reciben sus favores publicitarios los traten bien, legitimen sus prácticas de gobierno y solapen la opacidad, discrecionalidad y formas irregulares o corruptas como disponen del dinero que los contribuyentes les han confiado.

Entre las 32 entidades del país, Jalisco ocupó el 5o. lugar en gasto publicitario de gobierno, con 274 millones de pesos en el 2012, sólo superado por Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Yucatán.

"El estudio nos muestra un despilfarro indiscriminado de recursos que se ejercen sin control y que año con año se incrementa sin justificación alguna (...) la relación financiera entre los medios de comunicación y los gobiernos locales sugiere una inmediata regulación", advierten Artículo 19 y Fundar.

Pedro Mellado
(v.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 3 de abril de 2014).

De acuerdo con el Índice de Clasificación de la Información, esos convenios no pueden divulgarse hasta que se cumpla ese plazo.

(V.pág.8 del periódico Mural del 3 de abril de 2014).

El millonario gasto de último minuto evitó que la cámara tuviera que regresar a la Tesorería de la Federación recursos que no habría ejercido.

Lo que hizo San Lázaro es una práctica cada vez más común en las dependencias que reciben recursos públicos: gastar hasta el último centavo en los últimos días del año y no devolver el dinero a la Tesorería.

Para amarrar el contrato, se dio un anticipo de 35 millones de pesos provenientes de un fondo extraordinario que el año pasado se asignó San Lázaro por 500 millones.

La cámara comenzó a recibir los equipos apenas el lunes, el último día que tenía la firma a la que se le asignó el contrato para cumplir con la entrega.

Una vez que concluya la instalación de las máquinas, se deberá cubrir otro pago por 44.9 millones de pesos, esto ya con cargo al presupuesto de este año. El último pago deberá entregarse en el 1er. trimestre de 2016, cuando ya esté en funciones la siguiente legislatura federal.

Cuando concluya el contrato de arrendamiento por 114.9 millones de pesos, en el primer trimestre de 2016, las computadoras serán propiedad de la cámara "sin costo adicional".

(V.pág.3 del periódico Mural del 3 de abril de 2014).

Aunque aquellas "alcaldadas" ya son proverbiales, el estilo personal de gobernar que se caracteriza por tomar resoluciones "a la trompa talega" y a la soberana "ley de las pistolas" de ciertos alcaldes con complejo de reyecitos o de caciques, no era privativo de tan eximio laguense...

Véase, si no, el caso del presidente municipal de Tonalá, Jorge Arana, al promover la iniciativa y conseguir el consenso del cuerpo edilicio que encabeza, para "desbautizar" la calle que llevaba el nombre de Agustín Melgar y encimarle el nombre de Benjamín Arana Suárez.

Los méritos de este distinguido tonalteca están fuera de toda discusión. El mayor de ellos -hasta donde se tiene conocimiento-, el de haber sido padre del hoy alcalde.

Lo discutible de la novedosa "alcaldada" es la dudosa pertinencia de obligar a los vecinos que ya residen en esa calle a tomarse molestias e invertir tiempo y dinero para hacer trámites al efecto de hacer oficial un cambio de domicilio que no solicitaron... sólo por seguirle la corriente al capricho de un alcalde.

Jaime García Elías, periodista y conductor radiofónico
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 2 de abril de 2014).

Un año después de aquellas declaraciones, promesas, amenazas y similares, el señor alcalde recula: declara que "es imposible" mantener libre de ambulantes la zona en que está expresamente prohibida su presencia, y encomienda a sus achichincles elaborar un proyecto de reformas que hagan legal... lo que hasta hoy es ilegal.

Conclusión: por eso es tan difícil encontrar quien crea en la palabra de los políticos, y por eso la política es uno de los oficios más desprestigiados que se conocen. (A cambio, eso sí, de ser uno de los mejor pagados.

Jaime García Elías, periodista y conductor radiofónico
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 1o.de abril de 2014).

Cuando el escándalo financiero en Tabasco, el PRD exigió que las investigaciones no se detuvieran en el secretario de Finanzas, sino que llegaran al gobernador Granier. En el expediente Michoacán no hacen la misma exigencia.

Es claro que el gobierno federal tiene una jugosa ficha para intercambiar con el PRD, sobre todo si el líder moral -y papá del amigazo del acusado- termina de dirigente nacional.

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 1o.de abril de 2014).

¿Por qué España pudo tener un "Presidente del Cambio" y México no...?

[¿No será porque a Adolfo Suárez lo escogió el rey Juan Carlos y a los presidentes mexicanos los escogen los partidos políticos? - pregunta el webmaster.]

Jaime García Elías, periodista y conductor radiofónico
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 31 de marzo de 2014).

Así la Línea 12 del metro, llamada "Dorada" destapó un baile de recursos y malos manejos que puede abarcar a la administración pasada y a la presente. Guerra política abierta. Corrupción grave por el monto y por los daños a la movilidad de la población. Y está, claro, el millonario fraude de Oceanografía... donde Pedro Joaquín Coldwell, afirmó que no habrá impunidad, pero hasta ahora ni culpables, ni transparencia, sólo presiones de grupos políticos.

En Guadalajara, impunidad y corrupción evidente: el transporte público y la gresca sucedida en el clásico de futbol. Esta última, dejó 19 detenidos, pero ninguna de las autoridades responsables, municipales y/o estatales, tampoco empresarios que se enriquecen del pingüe negocio dentro de los estadios y de las bebidas alcohólicas, aparecen entre este grupo. Sólo policías, porristas y asistentes, pero ninguno de quienes tuvieran la responsabilidad de coordinar la vigilancia dentro y fuera del estadio, de quienes debieron cuidar los accesos para que nadie introdujera artículos peligrosos, en este caso bengalas.

El lavatorio de manos se ha ejercido: "no me tocaba", "era responsabilidad de otro", "no me enteré", "es que la policía municipal es contratada como privada (¿?), luego caía en el terreno del contratador...".

El común denominador de todas estas tropelías es una población esquilmada como borregos con lana... recursos que se recogen como impuestos para el erario público y que luego son dejados ir por el drenaje de los fraudes, las simulaciones, los negocios legales, pero sin ética. Y todo por el efecto de la magia de la corrupción y la impunidad que parece no tener fin en nuestro país.

Lourdes Bueno, investigadora de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 29 de marzo de 2014).

La calle se llamaba Agustín Melgar, pero ahora luce un nuevo nombre: Benjamín Arana Suárez, en honor al padre del alcalde tras su muerte en enero del 2013.

La 2a. calle a la que le modificaron el nombre se llamaba Niños Héroes y en la actualidad se le conoce como J.Jesús Pulido Orozco, quien, según los habitantes de la zona, es el nombre del padre del delegado de la colonia."

A poco más de un año, los vecinos externan su inconformidad, ya que para ellos son problemas en cuanto a cuestiones administrativas.

Los vecinos han tenido que realizar modificaciones en sus documentos, como escrituras, [credencial del] IFE y recibos de servicios.

(V.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 27 de marzo de 2014).

Estoy hablando del Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral. Los diputados decidieron cambiar el consejo, pero ahora resulta que sí quieren la experiencia que había, no saben dónde encontrarla porque son incapaces de encontrar un melón en un refrigerador y ya ven en primera fila a los ex consejeros que por su culpa se van.

Para qué armar todo el numerito de las 11 listas de 5, la convocatoria, el comité evaluador y la música especial de fondo, si al final lo que les urge es que queden los de su lista de contactos de WhatsApp, para ver si pueden hacer el nuevo instructivo electoral.

Lo peor es que algunos de esos contactos estuvieron en la desastrosa elección de 2009, esa en la que se inauguraron los procedimientos sancionadores que no conducían (gracias a la pericia de los partidos y a la cobardía de los consejeros) a castigos ejemplares y expeditos ni a las televisoras y ni a las prácticas abusivas de los partidos.

Para esa elección participé en un observatorio de las instituciones electorales financiado por Naciones Unidas. El resultado de nuestro análisis fue alarmante: una de cada tres decisiones tomadas en el Consejo no cumplió con los requisitos de legalidad, imparcialidad e independencia. Y los personajes que tomaron esas decisiones, que afectaban la certeza de la elección y la confianza de los propios partidos políticos, están otra vez en las listas finales: Benito Nacif, Arturo Sánchez, Marco Antonio Baños.

A ver: si los diputados optaron por sepultar al IFE y la grilla estatal con el argumento de volver aséptica la tarea electoral, ¿por qué enfilan las baterías, con sistema de cuotas, para mantener al statu quo que no consideraron aséptico? Qué necedad.

Lo que no estaba roto era precisamente lo que no quieren aprovechar ahora: la experiencia. Este país tiene 20 años formando técnicos electorales. Los exporta. Pero los diputados no saben dónde encontrarlos. La experiencia la tienen, y a puños, muchos de los candidatos de las listas finales armadas por el comité ése de peces gordos que aceptaron jugar a las manitas con los diputados.

En las listas hay gente que ha armado elecciones, leyes, sanciones, avances normativos y tecnológicos, con visión regional e internacional. Hay gente que no ha girado en la órbita de los ombligos nacionales partidistas y puede aportar experiencias diferentes a las de la política jugada en el Consejo del IFE. Hay muchos, pero es improbable que el juego se enderece a estas alturas. Recuerden: éste es el juego de los tontos.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 26 de marzo de 2014).

Marcelo Ebrard se encaprichó en inaugurar la obra sabiendo que tenía fallas graves de diseño y ejecución que harían riesgoso su funcionamiento. Le urgía por motivos políticos.

El consorcio constructor ICA-Carso-Alstom sabía que había problemas desde que recibió el plan original. Además, supo antes de entregar la obra que los trenes eran incompatibles. Tenía conocimiento de que los errores significaban peligro para los usuarios pero se ajustó a los tiempos políticos del gobierno, recibió miles de millones, firmó y no dijo nada públicamente.

Enrique Horcasitas, hasta hace una semana director del Proyecto Metro, encargado de la "Línea Dorada", supo de los problemas antes, durante y después de la obra, estuvo enterado de los riesgos cuando se abrió al público y se calló todo. Por no hablar de que su hermano es alto funcionario de la empresa constructora ICA.

Alberto Bojórquez, director del Metro durante el gobierno de Ebrard, fue quien decidió adjudicar a la empresa española CAF un contrato por 28,000 millones de pesos, sin licitación, para rentar trenes que no eran los que se requerían.

Joel Ortega, actual director del Metro, recibió la obra, se enteró a los pocos meses de los riesgos y la dejó medio año funcionando. Cuando decidió la suspensión hace 2 semanas, después de tantos meses, no fue capaz de dar un diagnóstico técnico y administrativo, aventó todo a la Contraloría, fue poco claro y dejó la impresión de que estaba aprovechando para saldar su cuenta pendiente personal con Ebrard, que lo corrió de la jefatura de la Policía del DF tras el escándalo del News Divine.

Miguel Mancera sabía desde hace meses de las irregularidades, que hasta se filtraron a la prensa. El Metro siguió operando y, cuando lo paró, no había un operativo para atender a los usuarios ni pudo contener a Joel Ortega. Todo empezó a tener el aroma de la habitual batalla entre tribus perredistas.

Falta saber con detalle los motivos del sobrecosto que tuvo la obra, de 17,500 millones de pesos a casi 28 mil millones, más lo que cueste la reparación de todo lo que se hizo mal.

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 26 de marzo de 2014).

Por la tarde había expectativa al interior de la Policía de Guadalajara por lo que ellos mismos definían "fuerte operativo" donde participarían. En otros puntos de la metrópoli, patrullas con 2 elementos en su interior, quienes dieron su última ronda alrededor de las 5 de la tarde, anunciaban a manera de despedida que no pasarían más hasta terminado el partido, porque así era el llamado.

1a. gran pregunta: ¿y la ciudad? De por sí nos quejamos de la inseguridad y ¿quitan a los policías disponibles para llevarlos a otro lugar? Bueno, ¡era el gran clásico del futbol tapatío! La atención ciudadana podía esperar.

Si no hay aspirantes a policía en una academia, mucho menos policías en una ciudad, ¿cómo queremos que 400 cuiden a más de 60,000 personas en un estadio? Si se trata de un espectáculo, ¿por qué descuidar lo público por lo privado?

Con múltiples fracturas se encuentran las corporaciones policiacas, sobándose aún los golpes de las pruebas de control y confianza, ahora los de la trifulca. El ayuntamiento cobró por prestar a los policías que no ganaron un peso, los puso en riesgo y a la ciudad... también.

Gabriela Aguilar
(v.pág.7-A del periódico El Informador del 25 de marzo de 2014).

Parecería una práctica simplemente grotesca si no trasluciera claramente una visión patrimonialista de lo público. En su sentido quizá más cavernario. Como cuando una tribu primitiva se apropia a la fuerza de alguna aldea y procede a pintarrajear su "conquista" con colorines y signos que marcan su preponderancia.

Es una práctica primitiva, aldeana y, repitiendo, ridícula. Además de onerosa: ¿cuánto ha costado el total de litros de pintura y mano de obra utilizado inútilmente en estas operaciones destinadas a mostrar una pretendida "supremacía"?

Juan Palomar Verea
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 21 de marzo de 2014).

Una investigación del periódico AM de León revela que el priista también está involucrado en el cobro de "moches" por la gestión de fondos federales, según testimonios de legisladores y alcaldes de Guanajuato.

En diciembre de 2012, el alcalde de Celaya, Ismael Pérez, confió a integrantes del ayuntamiento que Luis Alberto Villarreal -coordinador de los diputados del PAN- y Beltrones le ofrecían 160 millones de pesos para pavimentación del municipio a cambio de una comisión y de asignar las obras a la empresa que le indicaran.

Los cobradores del "moche" fueron los empresarios sonorenses Heriberto Velásquez, Ángel Adán Quintero y José Arcadio Cabrera, quienes se identificaron como enviados de Villarreal y Manlio, dijeron funcionarios de Celaya.

"Hay que repartir mucho dinero entre los jefes Villarreal y Manlio", justificaba Quintero, uno de los negociadores cuando le pedían que bajara la comisión del 35 al 20%.

Según versiones de ediles priistas, Luis Fernando Heras Portillo, colaborador de Beltrones, es promotor y cobrador de "moches" en municipios priistas.

Casi un año después, las acusaciones contra Beltrones y Villarreal se sucedieron ante Miguel Márquez, gobernador de Guanajuato, y Gerardo Trujillo, presidente del PAN estatal. Trujillo les ordenó callar, afirmó un consejero panista.

(V.primera plana y pág.3 del periódico Mural del 20 de marzo de 2014).

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 20 de marzo de 2014).

¿Quién lo hizo así? Los priistas y los perredistas. En Jalisco, lo hicieron los panistas. No es un asunto de partido, es un asunto de pragmatismo dañino. A costa de los intereses de un grupo en el poder, aliado (cuando no subordinado) con los empresarios del ramo, la sociedad se mueve de un lado a otro con atorones, con altos costos y en tiempos excesivos. En el DF Hank Rohn movía la Ruta 100, en Jalisco el pulpo camionero es mítico.

Es hora de que los costos los paguen los gobiernos. La movilidad sí es su asunto: ellos han bebido de ese caudal, que no se hagan.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 19 de marzo de 2014).

Carlos Cortés Vázquez
(v.periódico El Informador en línea del 16 de marzo de 2014).

El hecho de que el pomposo ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard pagara 119 millones de pesos a un consorcio alemán por el certificado de garantía del funcionamiento de la línea, unos días antes de la inauguración (lo cual era ya un signo de precipitación), independientemente de las categóricas cláusulas de calidad de dicha certificación, junto al otro hecho contundente de que para agosto de 2013 ya se estaban reparando tramos de la línea, hace pensar que algo estaba mal mucho antes de que la Línea Dorada se pusiera en marcha.

Las fallas que obligaron a la suspensión son para hacer temblar a cualquiera: a poco de entrar en operación, los vagones rodantes revelaron diferentes defectos en toda la obra: niveles de desgaste y ondulaciones en los rieles, "deformaciones en las ruedas de los trenes y golpeteos que generan vibraciones y afectaciones al sistema de catenarias aéreas". Ningún usuario sabía, porque había tramos en los que se reducía la velocidad a 35 kilómetros por hora.

No es solo la deficiencia técnica lo que escandaliza. La Línea 12 nació con mala estrella: a los retrasos en los proyectos, a las impugnaciones a los constructores ganadores de la obra, se sumó una denuncia pública donde se exponía un presunto conflicto de intereses, dado que los hermanos, Luis y Enrique Horcasitas, el primero era directivo de la constructora ICA, participante en el consorcio responsable de la obra, y el segundo, Enrique, ni más ni menos que director del Proyecto Metro.

Todo esto demuestra que fueron decisiones técnicas y políticas las que malograron la obra en perjuicio de la sociedad. Esto nos recuerda que los grandes negocios se resuelven en la oscuridad; son fruto de acuerdos cupulares; en ellos comparecen los gobernantes y los poderes fácticos; ellos tenían, y tienen, los instrumentos para nombrar al que iba a ser el responsable oficial del Proyecto Metro, y para decidir qué consorcio privado construiría la obra.

Existe una incompatibilidad entre las vías diseñadas y construidas por ICA, Carso y Alstom, con los sistemas de rodadura férrea de los 30 trenes diseñados y construidos por la citada armadora española CAF.

¿Por qué estas fallas garrafales en la Línea 12? ¿Por qué el uso de material de mala calidad? Por eso: por incompetencia, irresponsabilidad, deshonestidad, arrogancia, abuso de poder, lo que alimenta la sospecha de que tal vez estemos ante un fraude de grandes proporciones.

Jorge Medina Viedas
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 16 de marzo de 2014).

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 14 de marzo de 2014).

A la Secretaría de Hacienda se le debían 387.8 millones de pesos y al IMSS 9.3 millones de pesos.

(V.pág.10 del periódico Milenio Jalisco del 14 de marzo de 2014).

En este punto coincidieron algunos presentadores del libro "Hacia una Profesionalización de la Comunicación Política en México", cuya edición fue coordinada por el consultor Guillermo Velasco Barrera.

"La comunicación no puede sustituir una serie de carencias en el plano político y en la buena gestión", dijo Velasco Barrera.

"A veces se ha abusado de esa visión marketiniana que buscaría resolver los males de los gobiernos y esto no es posible".

Velasco Barrera y el comunicador Pablo Lemus destacaron que no se está haciendo una marca país ni una marca ciudad porque la visión cortoplacista se está sobreponiendo.

Raúl Fuentes Navarro, investigador y académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, aseguró que la comunicación política "suelta" es un peligro para México y defendió la idea de que ésta no da solución a todos los problemas ni la causa de las catástrofes.

(V.pág.3 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 13 de marzo de 2014).

No es que no le preocupen a Lydia estas amenazas contra su vida, sino que le preocupa aún más la corrupción y la impunidad de algunos políticos mexicanos. En septiembre de 2013, hizo una denuncia contra el "regordete" Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo. En su texto periodístico habló de sus gastos excesivos, acusándolo de desfalcar al DIF y desviar recursos etiquetados para el Instituto Quintanarroense de la Mujer y del Fonden, entre otras instancias, para la campaña del PRI. El "regordete" reaccionó de inmediato. En su cuenta de Twitter, escribió en mayúsculas: "En el ejercicio periodístico, el tener una pluma no te da derecho a la crítica: asquerosa, destructiva, de hígado, tendenciosa y soez".

Guadalupe Loaeza
(v.pág.9 del periódico Mural del 13 de marzo de 2014).

Jaime García Elías, periodista y conductor radiofónico
(v.pág.11-A del periódico El Informador del 11 de marzo de 2014).

Allá en La Fuente
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 11 de marzo de 2014).

La mala es que, insisto, a todos nos debe quedar claro que esta excepción no significa un avance o una toma de conciencia de nuestra clase política para combatir la impunidad y la corrupción, sino que es a todas luces un ajuste de cuentas y revancha política.

Y la mejor prueba de ello, es que la ex regidora fue expulsada en solitario de la nómina oficial, a la que no podrá regresar en la próxima década. Y que nunca supimos quién era el "Patrón" que ordenaba las extorsiones a los comerciantes, al que Elisa hacía referencia.

Confirmado: la mala política tuvo que sacrificar a uno de sus más acabados cuadros, pero no tocó al "Patrón" para no trastocar el engranaje de complicidades en el que participan políticos de todos los colores.

El líder de los diputados del Partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, llamó ayer a la ex edil "engendro del PRI", pero lo cierto es que el desafío a las reglas no escritas del priismo en el que incurrió Elisa, atentó de forma automática contra todo el sistema de componendas que domina en nuestra clase política. Eso fue lo que disparó la maquinaria de autodefensa que hizo que la Comisión de Responsabilidades del congreso local actuara con una eficiencia y contundencia nunca antes vista.

Jaime Barrera Rodríguez
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 7 de marzo de 2014).

La tremenda corte
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 7 de marzo de 2014).

Las autoridades que aprueban obras públicas tienen la responsabilidad de pensar en su mantenimiento e incluir esta variable en sus procesos de decisión, agregando a los presupuestos de construcción los inevitables y necesarios costos de mantenimiento futuro.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 6 de marzo de 2014).

"Observamos que había y hay incapacidad en materia de seguridad pública por parte de gobiernos municipales, incapacidad en materia de administración del propio ayuntamiento y ahora observamos, con esta toma del ayuntamiento de Apatzingán el día de ayer, una ausencia de gobierno", declaró.

En ese sentido, planteó la posibilidad de que el congreso estatal nombre "a responsables en la materia, desaparecer al ayuntamiento propiamente en términos formales".

Plascencia Villanueva refirió que ayuntamientos de Michoacán como Coalcomán y Tepalcatepec viven una condición donde "no hay gobierno, no hay administración pública".

"Tienen que analizarse uno a uno, pero tomarse las decisiones porque es muy lamentable" que se caiga en anarquía existiendo un gobierno como es el del municipio a través de un ayuntamiento con regidores que deberían estar cumpliendo una función, pero están ausentes del ejercicio de gobierno.

(V.periódico El Informador en línea del 4 de marzo de 2014).

Zapopan tiene actualizada su deuda hasta noviembre pasado por 1,264.5 millones de pesos; Tlaquepaque reporta 703.1 millones hasta octubre y Tonalá informa 748.3 millones a septiembre; sin embargo, se trata de compromisos a largo plazo con bancos y tampoco transparentan sus deudas a corto tiempo.

La Ley de Contabilidad Gubernamental ordena a los gobiernos que integren en sus balances financieros toda la información sobre las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos con proveedores, contratistas y acreedores. El ejemplo nacional en esa transparencia es Monterrey, que revela todos sus pasivos actualizados a diciembre: tiene una deuda con proveedores por diversas obras y servicios por 252 millones; con bancos asciende a 2,126.6 millones.

En la página de Tlajomulco están actualizados los pasivos hasta octubre y publica deudas a corto y largo plazos con instituciones bancarias. A corto tiempo indica un pasivo por 150.6 millones y a largo plazo, 293.1 millones.

Si bien en esa fecha Tlajomulco registró un pasivo total por 443.8 millones, Hacienda sólo reporta que arrastra deudas por 284.7 millones a diciembre pasado.

También, el Gobierno de Jalisco rinde cuentas sobre el estado de la deuda pública desde 2003. Aunque publica una actualización a enero pasado, no informa sobre los pasivos a corto plazo, principalmente con proveedores. En octubre pasado, además de la deuda con bancos, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas difundió que el ejecutivo tenía un pasivo a corto plazo por 3,711 millones de pesos.

La administración de Aristóteles Sandoval en el Gobierno de Jalisco ya hizo efectivo todo el crédito que autorizó el congreso estatal en los últimos días de Emilio González Márquez, por lo que el pasivo con bancos aumentó a 16,792 millones de pesos al cierre del año pasado, confirma la Secretaría de Hacienda.

(V.primera plana y pág.1-A del periódico El Informador del 1o.de marzo de 2014).

El Polifórum Cultural Siqueiros, atiborrado de políticos. La gente gritaba de emoción cada que escuchaba las palabras clave: derechos, transparencia, acuerdo político, Mancera o Granados.

Esos actos no dicen nada. Se derrocha el dinero, se acarrea gente para llenar los recintos, se llevan trompetas y tambores, señoras gritonas y prensa. Pero en el fondo, la gente lo sabe. Sabe que son irrelevantes las cuentas falsas que entregan sus representantes.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 1o.de marzo de 2014).

La mejor prueba de ello fue el intercambio de señalamientos entre diputados, incluso del mismo partido, sugiriendo la venta de las ratificaciones de 2 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y 3 del Tribunal Administrativo y que pese a las convocatorias, los espacios en disputa ya están repartidos.

Por ejemplo, adelantan que la silla del magistrado Gregorio Rodríguez, quien aceptó su retiro por cumplir 70 años, será ocupada por su suplente Sergio Jáuregui, y que el Grupo UdeG, remplazará a Patricia Campos, por el actual director de derecho, Adrián Miranda en el TAE.

Lo cierto es que hoy lo más probable es que sólo se defina al suplente del magistrado Gregorio, ya que los otros no quieren perder las jugosas dietas y prestaciones que les da el STJ. Así, 3 de los no ratificados promovieron juicios de amparo (Víctor Manuel León Figueroa y Campos, del TAE) y controversia constitucional (Antonio Fierros, del STJ) y gozan actualmente de la suspensión provisional decretada a su favor.

De concretarse estos dedazos, además de profundizar más el desánimo en los buenos funcionarios del poder judicial que no ven oportunidad de ascenso ni de carrera en el STJ.

A las sobrecargas de trabajo por la falta de recursos en el poder judicial, que provoca corrupción y una pésima atención a los usuarios de los servicios de justicia, se suma ahora el mal clima interno porque ni siquiera se hayan conocido los perfiles de los que compitieron por ser magistrados.

Jaime Barrera Rodríguez
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 28 de febrero de 2014).

La decisión de llamarlo era para que respondiera sobre los documentos que muestran que el terreno está en litigio, que se compró a sobreprecio y de cuyas características nunca consultó a nadie en una obra de casi 40 millones de pesos.

A 48 horas de vencer el plazo para que lo citen en el congreso en la mesa directiva que encabeza el diputado priista, Héctor Pizano, parece no correrles ninguna prisa, y prácticamente ignoraron el tibio reclamo que hizo ayer Guillermo Martínez Mora, el diputado panista que propuso llamarlo a rendir cuentas.

Todo indica que el #Gentleman Auditor volverá a mostrar que las irregularidades que les ha encubierto a políticos y funcionarios de todos los partidos lo hacen intocable.

En las que serán las faraónicas oficinas de Godoy, que se alza como un monumento a la impunidad en la Avenida Niños Héroes, se leen ya en todo lo alto, las siglas de una ASEJ en la que nadie cree. Un gigante y mudo testigo de la más reciente burla del auditor a la LX Legislatura. La de los diputados "del cambio".

Jaime Barrera Rodríguez
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 27 de febrero de 2014).

Desniveladas, con un ancho desigual, rampas donde no deben ir y otros obstáculos se encuentran en las banquetas de la Calle Basilio Vadillo, en Guadalajara.

"Nos dejaron una porquería, la banqueta quedó más abajo y están todas chuecas", afirmó Gabriela, vecina de la zona.

Estas aceras son "nuevas", pues se rehabilitaron al mismo tiempo que se reencarpetó la vialidad con concreto hidráulico.

Según Obras Públicas del Municipio, no se pondrían desniveles en donde no se tenía cochera, pero sí los hay; se sustituiría el arbolado por otro, y no se hizo, y las rampas en las esquinas debían facilitar el tránsito de sillas de ruedas, lo cual no sucede.

(V.primera plana del periódico Mural del 27 de febrero de 2014).

Pese a que el mandatario ha mantenido un discurso de austeridad y reducción de plazas, el gobierno coahuilense inventó posiciones para dar cabida a más personas.

(V.pág.8 del periódico Mural del 27 de febrero de 2014).

¡Brincos diéramos...!

Si, al final de la película, la señora Ayón es condenada a pasar 10 años, como se anticipa, al margen de los cargos públicos, confundida con el peladaje, obligada a comprobar, todos los días cuánta razón tenía el "Tlacuache" Garizurieta -juez del Registro Civil en los años de María Canica- cuando acuñó el axioma de que "vivir fuera del presupuesto es vivir en el error", fue, sin más, porque no se aseguró de que entre sus azorados interlocutores, cuando pronunció el discurso más elocuente y castizo de su carrera, no hubiera alguno dispuesto a grabarlo, primero, y a difundirlo, después. Fue la revelación de aquella pieza oratoria, prolija en imprecaciones, generosa en referencias expresas a la podredumbre imperante en las esferas de poder -y eso en un área más bien segundona en el manejo de recursos públicos y en cuanto a perspectivas de operar en ella los esquemas de corrupción institucionalizados, como es la de Cementerios en el Ayuntamiento de Guadalajara-, y que tuvo en la frase "agarren, amadísimos hermanos míos... pero repartan", la que selló su suerte.

Es obvio que en la administración pública hay muchos otros casos en que resplandece el manejo deshonesto, inescrupuloso y opaco de los fondos públicos. Si esos casos se han mantenido relativamente lejos de los reflectores, es porque el esquema de complicidades funciona... y funciona muy bien.

Si Elisa Ayón está a un paso de regresar al limbo es, sin más, porque desoyó, probablemente, el consejo que alguno de sus mentores debió darle: "Agarra... pero no hagas ruido".

Jaime García Elías, periodista y conductor radiofónico
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 26 de febrero de 2014).

Todos tienen algo en común: al igual que más de 120 funcionarios o ex funcionarios de primer nivel, han pedido, a través de juicios de amparo, que no se cumpla con la solicitud del Itei para sancionarlos como encargados de sus áreas.

En la misma situación están el ex diputado Raúl Vargas, la Asociación Vecinal de Pinar de la Venta, el ex abogado de la UdeG Javier Peña Razo y el ex diputado Alfredo Argüelles, así como el alcalde tonalteca Jorge Arana, el político Salvador Cosío y el propio ex presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado, Augusto Valencia.

Lo anterior se desprende de información otorgada por el Itei a este medio que documenta que el instituto ha tenido que enfrentar 202 juicios de amparo donde los funcionarios han rehuido la responsabilidad administrativa que les impuso el organismo como sanción, por fallas en la entrega de información pública.

(V.primera plana del periódico El Informador del 25 de febrero de 2014).

Por un lado un abogado del Ayuntamiento de Guadalajara, despedido de mala manera y que pasó 6 años sentado en una banca para que no le declararan abandono de trabajo, le ganó al ayuntamiento tapatío 1.2 millones de pesos en un laudo laboral. Por otro, los 2 magistrados del Tribunal Administrativo que no fueron ratificados se ampararon, y seguramente le ganarán el asunto al Congreso [de Jalisco], como lo han hecho todos los que han pasado por ese proceso.

En el caso de los magistrados el problema de fondo es que con los mismos argumentos que ratificaron a 4 destituyeron a 2. La realidad es que no argumentaron jurídicamente la destitución: la UdeG, que considera que ese puesto es suyo, dijo que cambiaría a "su" magistrada, Patricia Campos por otra(o), y los panistas que pusieron a Víctor Manuel León Figueroa por recomendación de Francisco Ramírez Acuña decidieron que esa posición ya no le toca al ex gobernador, que ya no tiene fuerza al interior del partido, y quieren poner a otro afín a otro grupo. Así de burdo y torpe es el asunto y por lo mismo más temprano que tarde la Corte ordenará la reposición de estos magistrados, pero para entonces ya habrá 2 nombrados.

Al final, en lugar de pagarle a 6 vamos a tener que pagarle a 8.

Los laudos perdidos por los jurídicos de todas las dependencias de gobierno, municipales, estatales, y federales, ascienden a cifras millonarias (tan sólo el municipio de Guadalajara pagó 46 millones de pesos por ese concepto el año pasado).

En su mayoría se trata simplemente de procedimientos mal hechos a la hora de los despidos o descuidos de los departamentos jurídicos. Suponiendo que no hay colusión (algo que es difícil de creer, pues la corrupción ha demostrado estar más allá de la más cochambrosa de las imaginaciones) podemos decir que se trata de una irresponsabilidad absoluta.

El dinero público es el fruto de los impuestos de todos y cada uno de nosotros que los pagamos voluntariamente a fuerza después de trabajar duro para ganar el sustento familiar (los que hacen negocios ilegales y dinero fácil encima no pagan impuestos).

Cada peso que se paga de contribuciones es dinero que deja de llegar a las familias. Y está bien, el 1er. paso para ser ciudadanos es pagar impuestos, pero por lo mismo debemos ser mucho más exigentes en la forma en que éste se gasta o se malgasta.

Perder juicios, por irresponsabilidad o colusión, es una forma más de robar al erario.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 19 de febrero de 2014).

Los pasivos de los gobiernos subnacionales representaron 3% del Producto Interno Bruto estatal, el nivel más alto en la historia.

También tocaron un punto sin precedente en lo que se refiere a las participaciones, con un equivalente a 90% de éstas, y los ingresos totales garantizables (participaciones, 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y los ingresos propios estatales), con 67.4%.

El año pasado, su endeudamiento creció en 48,046 millones de pesos en términos absolutos, un aumento diario por 131.6 millones.

(V.pág.14-A del periódico El Informador del 18 de febrero de 2014).

Armando González Escoto
(v.pág.6-B del periódico El Informador del 16 de febrero de 2014).

Y con esta ignorancia o desinterés de los funcionarios, la tan necesaria Ley de Transparencia no puede llevarse a cabo, dado que su aplicación se ve truncada y su objetivo final: la información abierta al ciudadano que la solicite y para los fines que le sean de su interés, no podrá cumplirse.

Los "datos abiertos" son los datos digitales de carácter público administrados por el gobierno y que no son reservados o confidenciales, sino accesibles al ciudadano o a la organización que los solicite. Es así que las dependencias están en la obligación de otorgar esta información en tiempo y forma, pero hasta hoy este procedimiento no puede ser llevado a cabo por la pobre capacitación de los funcionarios, pero mucho más por su pobre interés de servir al ciudadano.

Así, el diario El Universal hace una lista de las entidades que no entienden, luego tampoco atienden puntualmente, las peticiones de "datos abiertos": la Sedena, la PGR, Pemex, la Secretaría de Relaciones, la Sagarpa, El Colegio de la Frontera Sur y El Colegio de la Frontera Norte, Sae, la Comisión de Arbitraje Médico, la Secretaría de Salud, la de Hacienda, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Turismo.

Los funcionarios tienen la obligación de conducirse bajo los lineamientos estrictos de la ley, esta vez de la de Transparencia.

Porque es con conocimiento, con claridad y con el estricto cumplimiento de la ley que se logrará acabar con la cultura del secretismo, ese silencio cómplice que ha sido tan usado por las autoridades mexicanas de administraciones sexenales, por demasiado tiempo.

Lourdes Bueno, investigadora de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 15 de febrero de 2014).

Contreras Luna, simpatizante de la corriente del ex jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, denunció a IDN, que lidera René Bejarano Martínez, y NI, que encabezan Jesús Ortega Martínez y el propio presidente nacional del partido, Jesús Zambrano Grijalva, de "secuestrar" al proceso de renovación de la militancia para beneficio de sus intereses y para quedarse al frente de la dirigencia nacional.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 15 de febrero de 2014).

En todos estos organismos sólo rinden cuentas a sus juntas de gobierno, con facultades para crear plazas. Han cometido excesos cuantiosos como la malversación de fondos del SIAPA que aún permanece sin castigo. Estas entidades se han excedido en sus gastos operativos y han inflado exageradamente sus nóminas con recomendados y aviadores. El desvío de recursos por mala calidad en obras, asignaciones de proyectos que debieron licitarse, compras ficticias y sobre precios, son sólo algunas de las irregularidades detectadas. Al respecto, la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas estima que los posibles daños ascienden a 7,573.5 millones de pesos, en tan sólo 16 de los organismos que se han revisado, de los 69 que hay.

Hasta la fecha no se conoce a ciencia cierta el número total de trabajadores de estos organismos.

Lo más grave de esta situación anómala es la generalidad en la corrupción que se observa, en donde quiera que se revisen las instituciones públicas, sean federales, estatales, municipales, desconcentradas, descentralizadas, fideicomisos; de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Todo nuestro sistema político está podrido. Nuestro país tiene el sistema político más caro del mundo, principalmente por la falta de políticas claras y serias en materia salarial. Este desastre que existe con el manejo del dinero público; con el abuso de los mega sueldos, que no corresponden a la realidad, a la productividad y que no se traducen en soluciones a los problemas nacionales es causante de que el pueblo se sienta robado por los profesionales de la política; se perdió la noción de lo que es correcto, justo, honesto y honorable.

El problema se agrava por la falta de castigo a los políticos corruptos, incluyendo a los del régimen en turno. No hay altos burócratas encarcelados por este flagelo. La corrupción es cada vez peor, en nuestro país no hay razón para no robar, porque no se castiga como en China, que se obtiene el retorno inmediato de los robos a las arcas públicas y se castiga con la pena de muerte.

Es necesario que el político entienda que es un funcionario público, con la obligación de ser productivo y entregar su trabajo en beneficio del pueblo y no sentirse como un rey que ha llegado a ocupar su trono y auto remunerarse enriqueciéndose.

Por último, los abusos que se han cometido en estos organismos son por su autonomía.

Luis Jorge Cárdenas Díaz
(v.pág.15-A del periódico El Informador del 13 de febrero de 2014).

Igual sucede en Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Puerto Vallarta y Ocotlán, en donde en promedio cuatro de cada 10 predios son morosos. Las deudas de 650,988 cuentas en esos 7 municipios suman 4,440'440,763 pesos, casi el equivalente al presupuesto de Guadalajara en este año.

A esto se añade la poca efectividad de las áreas legales para cobrar la cartera vencida. Sólo el Ayuntamiento de Guadalajara ha llegado a señalar y embargar bienes en 3 ocasiones, a pesar de que tiene más de 67,000 cuentas morosas.

Para mitigar su falta de recaudación los ayuntamientos extienden la mano a la federación, afirma Jorge Ignacio Villaseñor, profesor de economía de la Universidad de Guadalajara.

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Hacienda del año pasado, 70 de cada 100 pesos que ingresan a las cuentas municipales en México provienen de participaciones federales. Sólo 6 pesos son ingresos propios.

De esos 6 pesos que genera el ayuntamiento por ingresos propios, 4 son del impuesto predial. Aunque es el impuesto más estable y seguro de cobrar, dice el académico, "lo hacen mal y temen perder votos si cobran los impuestos como deben".

(V.primera plana del periódico El Informador del 12 de febrero de 2014).

Jaime García Elías, periodista y conductor radiofónico
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 12 de febrero de 2014).

Las primeras veces que los diputados tuvieron que ratificar o destituir magistrados lo hicieron con toda la saña o la voracidad imaginable: corrían a todos, nombraban a sus cuates y luego de controversias constitucionales terminaban perdiendo los juicios con un costo terrible para el erario, pues no sólo había que reinstalar al quejoso sino pagarle salarios caídos. Ningún diputado tuvo castigo alguno por aquellas pifias, pero aprendieron que la Corte permite que un magistrado sea destituido sólo cuando hay razones objetivas, esto es: cuando la mayoría de sus sentencias son revisadas en forma contraria por un tribunal federal.

El problema está en que la ratificación de magistrados se la reparten entre las fracciones que entran al juego y ellos son los que deciden quién y cómo. Pero lo peor es que, dicen las malas lenguas (que serán malas pero no mal informadas), la ratificación de diputados se ha convertido en un negocio para los diputados que pasan charolazo a quienes quieren ser ratificados o electos. No hay manera de probarlo, aunque sabemos que en el Congreso [de Jalisco] todo puede suceder y lo peor casi siempre sucede. Pensando lo mejor, lo mínimo es la creación de lazos de dependencia, favores que se cobran con favores en detrimento de la justicia.

Urge, pues, encontrar nuevos mecanismos de elección y ratificación en el poder judicial. Como está ahora, la danza de los magistrados no sólo es indigna para quienes buscan ser justamente ratificados, sino una gran veta de corrupción de ida y vuelta.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 11 de febrero de 2014).

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 11 de febrero de 2014).

Y no es que el gobernador sea el malo de la película. Lo que pasa cuando una persona acumula poder es que, de manera natural, se inclina a abusar de éste. Por eso es que se inventó la división de poderes, pero los actuales diputados recibieron una herencia maldita de varias legislaturas anteriores; si fueran diputados heroicos, emprenderían una tarea heroica para romper el círculo vicioso... pero no lo son.

Encima, debe considerarse que los más de 7 millones de jaliscienses pueden interesarse en uno y mil temas, ¿pero en la glosa legislativa? ¡Ja! ¿Para qué, si diputados y funcionarios públicos se han encargado durante años de convertir este procedimiento en un galimatías técnico y político que muchas veces ni ellos entienden?

Jorge Octavio Navarro
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 11 de febrero de 2014).

El distanciamiento fehaciente, acompañado de enojo permanente que los mexicanos tienen con la denominada "Casta Divina" a la que pertenece el político gremio, es por demás manifiesto.

Los conceptos que sobre de los políticos se vierten, van casi siempre en el tenor de la deshonestidad, del abuso, de la prepotencia, del avasallamiento, del menosprecio al mínimo respeto, enmarcado en la burla provocativa al ciudadano común, que dolido, se mira impotente ante la impunidad deleznable de los que, medrando de los impuestos que el contribuyente paga, sienten tener -o tienen-, la facultad de hacer y deshacer lo que les venga en gana, sin el mínimo decoro, y sí con el más espectacular y pomposo cinismo.

Francisco Baruqui
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 10 de febrero de 2014).

Por ello, en el servicio público especialmente debe entenderse la transparencia no como una obligación legal, sino como una oportunidad para rendir cuentas a la sociedad con información que le permita comparar, dimensionar y conocer la auténtica realidad de nuestra comunidad.

Celso Rodríguez González
(v.pág.10-A del periódico El Informador del 10 de febrero de 2014).

A pesar de saber de antemano el enojo que generarán, esos políticos se atreven a protagonizar esta burla a la sociedad porque los ciudadanos no se movilizarán en contra de los abusadores. Todo quedará en un zumbido en las redes sociales, en un asco en alguna sobremesa.

Hoy, que crear un sitio web con geolocalización es prácticamente un juego de niños, hoy que se puede convocar a ciudadanos a taguear la propaganda que encuentren en un mapa digital y así demostrar que los costos que nos informan sobre esta publicidad son irrisorios, hoy que podríamos a golpes de clics evidenciar el engaño, hoy ellos, los de los gobiernos, igual de autoritarios que los de antes, dicen que gastaron 2, acaso 3, cuando para todos nosotros queda claro que gastaron 10. ¿Será que la escasez de recursos del pasado generaba mayor creatividad que la actual abundancia de los mismos?

Salvador Camarena
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 10 de febrero de 2014).

Sus magistrado están relacionados de la siguiente manera:

Víctor Manuel León Figueroa con el PAN,
Patricia Campos González con el PRD/UdeG,
Laurentino López Villaseñor con el PRI,
Armando García Estrada con el PRI,
Horacio León Hernández con el PRI y
Alberto Barba Gómez con el PAN.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 10 de febrero de 2014).

El político ya llevaba la marca de la parcialidad y el abuso, un nuevo sistema no podía venir de los políticos de siempre, sino de una nueva ciudadanía que encontraba en distintos espacios de la administración pública un medio para influir en las reglas del juego democráticas que lentamente emergían. Como efecto de estos debates, gradualmente se fue formando una dicotomía que separaba a ciudadanos y políticos.

Es cierto, que distintas regulaciones han abonado a esta división entre dos polos. Tomemos, por ejemplo, la reforma de 2007, que dejando de lado sus aspectos positivos en materia de equidad electoral, también erigió barreras muy pesadas a la participación. Profundizaba el monopolio de la política en manos de los partidos políticos y dificultaba el acceso de los ciudadanos o independientes sin partido a las instituciones representativas. Lo dice con claridad Moisés Naím en su libro El fin del poder: el marco jurídico suele ser una de las formas más eficaces para mantener el control político en pocas manos. Y si a esto le agregamos la constante dicotomía de ciudadanos buenos contra políticos malos, tan característica en parte de la izquierda política, la desconfianza entre ciudadanía y políticos ha crecido exponencialmente desde 2005.

Démosle un vistazo a los resultados del Latinobarómetro para ver que México es en América Latina la nación que más rápido ha perdido la fe en los políticos y en las instituciones democráticas. Si tomamos el periodo de 1995 a 2013, México es el 2o. país de América Latina que ha perdido más confianza en la democracia: 12%, sólo detrás de Costa Rica. En el mismo sentido, México es el 2o. país más insatisfecho con la democracia, sólo detrás de Honduras. Y hablando de los políticos, su popularidad y confianza pública se ha derrumbado. Según Consulta Mitofsky, solamente 8% confía plenamente en los políticos y, tomando un estudio sobre confianza institucional elaborado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Cámara de Diputados, los partidos políticos son la institución más desprestigiada del país (más que los policías).

Ante esto, la tendencia de utilizar los órganos autónomos como medicina para paliar la desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos, ha seguido incluso con el gobierno de Enrique Peña Nieto que parecía tener un proyecto más centralizador. En el 1er. año se aprobó la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Instituto Nacional Electoral, se la da autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es decir, las autonomías siguen siendo vistas como la única forma de legitimar la construcción de nuevas instituciones políticas.

En ningún lado del mundo los políticos son rockstars o estrellas de cine, incluso en Europa vemos que las tasas de confianza en los políticos se han derrumbado en la última década. Sin embargo, no es de extrañarse que los países con más apertura a la participación constante de los ciudadanos en las decisiones políticas, sean precisamente donde los políticos son mejor evaluados. Los sistemas cerrados tienden a generar ilegitimidad y falta de confianza, mientras que los sistemas políticos abiertos que fomentan la participación a través de referéndums, plebiscitos o en distintos ejercicios para decidir políticas públicas, tejen lazos de confianza más sólidos entre instituciones y ciudadanos. Tenemos el ejemplo de Suiza, una democracia en donde todas las decisiones políticas de peso se toman consultando a los ciudadanos ya sea a través de plebiscitos por internet o en físico. Las tasas de aprobación de los políticos en Suiza oscilan entre 75 y 80%, mientras que en México están por debajo de 30%.

A los políticos hay que juzgarlos por sus acciones y no por sus intenciones.

Es fundamental aterrizar en el Congreso y recuperar la esencia del poder legislativo como contrapeso y supervisor del ejecutivo. Los diputados, a pesar de su desprestigio, tienen la legitimidad democrática de las urnas para "representar" a su electorado y defender sus intereses.

Enrique Toussaint
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 9 de febrero de 2014).

La especialista O.O’Neill, de la Universidad de Cambridge, en su libro Una cuestión de confianza, ha dejado claro que: "En la teoría, la nueva cultura de la transparencia y fiscalización dan acceso a la información pública, pero es en la práctica donde estas palabras son puestas a prueba y, en muchas ocasiones, fracasan, regresando a la ciudadanía a la cultura de la sospecha, de la suspicacia y el miedo. La endurecida cultura del descrédito que ha sido vivida por los ciudadanos como respuesta a los abusos cometidos por sus políticos a lo largo de décadas".

Luego, es necesario que se abra paso la reconstrucción de la confianza ciudadana, lo que deberá suceder desde 2 polos: desde las autoridades, dando muestras de que efectivamente nadie, ni los políticos y grandes empresas, están por encima de la ley; y por parte de los medios de comunicación, rechazando el vocabulario ‘políticamente correcto’ que pone nuevos y engañosos nombres a los delitos; y rehusándose a apoyar la difusión de verdades trucadas, maquilladas, a medias, para realizar un ejercicio de apoyo a la democracia: contribuir a la cultura de la legalidad y de la transparencia.

Lourdes Bueno, investigadora de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.7-A del periódico El Informador del 9 de febrero de 2014).

Se notarían los cambios... Y no es así. El día del informe, destacados académicos puntualizaron las fallas y no son menores: además de la inseguridad, la opacidad, el incremento en las tarifas del transporte público y el pésimo servicio que continúa, entre otros, como la falta de atención al campo y el incremento en el número de jaliscienses que viven en pobreza: 3 millones.

Para que se crea que todo está bien, manipulando con campañas mediáticas, nada más en ubicar el hashtag en Twitter #InformeAristoteles se gastaron de recursos públicos, 15,000 dólares en un día (alrededor de 230,000 pesos).

2 cosas tienen en común el partido en el poder y los opositores: incongruencia y opacidad.

Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 8 de febrero de 2014).

Gustavo Monterrubio Alfaro
(v.pág.17 "Los correos del público" del periódico Milenio Jalisco del 7 de febrero de 2014).

Luego de 2 años, todavía no está ni a la mitad la obra del acueducto de Tepatitlán, pero eso no impide que los políticos se peleen por él y se adjudiquen milagritos para quitárselos a otros. El alcalde panista Jorge González les pide a los regidores del PRI y PMC que no pataleen y no critiquen la forma en la que el ayuntamiento buscará recursos para terminar la obra; el también panista, diputado Elías Íñiguez, asegura mediante trípticos que los recursos que ha inyectado el estado se consiguieron gracias a su gestión y pa’ pronto se enteró de eso la diputada federal priista, Cecilia González, para ella salir a desmentir al blanquiazul y decir que el mérito es nomás de su gober Aristóteles y de ella, al supuestamente "bajar" dinero de la federación para que los tepatitlenses pronto tengan agua. Mientras, ni lana ni obras, pero sí mucho bla, bla, bla de todos.

La tremenda corte
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 7 de febrero de 2014).

El problema, para algunas instituciones, como los gobiernos, los partidos políticos y sus declarados militantes, es que un segmento importante de quienes transitan en redes los rechaza casi en automático.

Es válida la reflexión que hace el sociólogo español Manuel Castells cuando advierte en su libro "Redes de Indignación y Esperanza" (Alianza Editorial, 2013), que la humillación causada por el cinismo y la arrogancia de los poderosos, tanto del ámbito financiero, como político y cultural, puede unir a aquellos que transforman el miedo en indignación y la indignación en esperanza.

Los usuarios de redes reclaman respeto a su autonomía y pretenden conservarla ajena a injerencias de algunos actores políticos, o de poderes formales o fácticos, debido a que los medios convencionales de comunicación de masas están controlados en gran medida por los gobiernos y las grandes corporaciones.

Pedro Mellado
(v.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 6 de febrero de 2014).

Decía el lunes el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong que el gobierno no repetirá michoacanazos, utilizando la vía legal para presionar adversarios. Tiene toda la razón, pero el michoacanazo, con todas sus fallas de implementación, fue una respuesta a un fenómeno que ya había dejado de ser embrionario mucho tiempo atrás y que buscó limpiar una clase política que estaba profundamente corrompida por el crimen. No se hizo bien, quizás sobraron algunos nombres y faltaron otros. Quizás faltó también decisión de llevar las cosas realmente hasta el final, tomada aquella opción de impulsar alianzas PAN-PRD en varios estados.

Pero el hecho es que Michoacán necesita un nuevo michoacanazo, como sea que se lo quiera llamar e implementar, que no implique, como bien dice Osorio, un camino para debilitar a adversarios políticos pero que permita que la gente recupere la confianza en la clase política al tiempo que desde el Estado se ponga de manifiesto que no habrá cacería de brujas pero tampoco impunidad.

No estamos especulando: allí están las grabaciones de llamadas de narcos con políticos, los testimonios de candidatos que intentaron ser comprados, los que renunciaron a sus candidaturas por temor y hasta el asesinato de algunos alcaldes y aspirantes. La elección michoacana del 2011 fue vergonzosa y los costos altísimos en el descrédito de buena parte de la clase política.

Hay personajes que no deberían estar en sus actuales posiciones. No se trata, insistimos, de una cacería de brujas, pero los testimonios de complicidades (y también de malversaciones) están sobre la mesa desde hace mucho tiempo. No puede volver a repetirse una historia como la de Julio César Godoy, buscado por la PGR, protegido por su partido, llevado a escondidas a San Lázaro a que tomara protesta como diputado, exonerado y prófugo de la justicia después de gozar del fuero legislativo durante algunos meses. Y casos como el suyo hay muchos.

Le pueden llamar de una forma distinta pero un programa tan amplio y ambicioso como el que presentó ayer el presidente Peña en Michoacán sólo podrá tener éxito garantizando que las autoridades locales, estatales y municipales, ejecutivas, legislativas o judiciales, están comprometidas con esas políticas y con su gente y no con los criminales.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.7-A del periódico El Informador del 5 de febrero de 2014).

En el Gobierno del Estado, con una plantilla central de 20,000 burócratas, "se carece de los elementos jurídicos para ejercer el Servicio Civil de Carrera, a excepción del sector educativo, de salud y de seguridad pública", responde la Contraloría.

Los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco están igual. Las 6 alcaldías suman 30,000 burócratas sin perfiles avalados por el Servicio Civil de Carrera. En los organismos públicos descentralizados del estado y de los ayuntamientos metropolitanos se repite la historia: más de 100,000 empleados laboran sin bases profesionales.

En el gobierno federal también falla el Servicio Profesional de Carrera: solamente 41,765 burócratas de 1.6 millones de trabajadores están inscritos (2.6%), principalmente en las secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda o Banco de México.

(V.pág.2-A del periódico El Informador del 4 de febrero de 2014).

Todo es consecuencia de la división interna del PRD y de la necesidad de Nueva Izquierda de mantener la cohesión interna de cara a la renovación de la dirigencia, una cohesión que, como se comprobó con el caballo de Troya que introdujo Dolores Padierna, vía el padre Solalinde, en la convención de sus senadores, no tiene ninguna garantía de éxito si se abandonan las líneas que se plantearon con éxito el año pasado.

En la izquierda al no insistir en la vía reformista se vuelve a dejar el terreno libre a un López Obrador que desprecia al resto de sus hipotéticos compañeros de ruta.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 3 de febrero de 2014).

Y a pesar de estas condiciones estructurales, Andrés Manuel López Obrador ha decidido fundar el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para rivalizar precisamente en ese segmento de mercado electoral.

Es un partido que vive y respira de la imagen del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, no hay personajes que ensombrezcan su brillo y protagonismo. Es un partido que "oficialmente ha desparecido" las corrientes internas, aunque eso sea tanto como buscar eliminar por decreto la Ley de la Gravedad. Las corrientes son inherentes no sólo al sistema de partidos, sino a la vida misma en sociedad. Sin embargo, en Morena hay una idea de "voluntad general" que tanto marcó al jacobinismo francés del siglo XVIII y que tanto influyó a los opositores a la democracia liberal en México durante buena parte del siglo XIX. Como si hubiera una verdad ahí, histórica, social y política, y que encarna López Obrador y su proyecto.

Ideológicamente, Morena es un partido que no se distancia de la herencia nacionalista-revolucionaria que tanto ha alejado a la izquierda de las "causas liberales". Es más cercano al cardenismo que a la socialdemocracia, más próximo al estatismo conservador que a los regímenes de centro-izquierda latinoamericanos (Brasil, Chile, Uruguay). En los estatutos del partido no existen ninguna referencia a la palabra Izquierda y solamente una referencia al progresismo como motor político. La palabra más repetida es "corrupción". Como imagen fiel del pensamiento de López Obrador, Morena cree que el problema de México no es otro que la corrupción. No es necesario reformas, ni transformaciones, lo único que requiere el país es una "regeneración moral". Es el discurso "populista" del que tanto habla el sociólogo, lingüista y filósofo argentino Ernesto Laclau, esa división de la sociedad en dos tan característico del discurso lópezobradorista: los de abajo -los buenos- el pueblo contra la élite corrupta del poder, una alianza de políticos corruptos, empresarios voraces y periodistas vendidos. Incluso, el artículo tres de los estatutos señala que los "protagonistas del cambio verdadero" (como llama a los militantes de Morena) tienen prohibido moverse por ambiciones de dinero, ni poder, ni beneficios propios. Las instituciones importan poco, el "verdadero cambio" es que lleguen el pueblo (encarnado por Morena) y se vayan los corruptos -la alianza PRIAN y algunos del PRD que aceptaron el Pacto por México (por supuesto, en los estatutos está explícitamente prohibido pactar con cualquiera de estos partidos)-.

Morena no deja de ser, hasta el día de hoy, un partido atado a su líder. Nada distinto a lo que fue la construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la Alianza País de Rafael Correa o muchos de los partidos políticos que han nacido de la pulverización del sistema de partido en muchos países de América Latina. Sin embargo, Morena tiene una especificidad que no podemos obviar, es una forma de imbricación de las dos fortalezas del líder: su habilidad en la calle y su eficacia en la política electoral. Es una estructura intermedia entre las burocracias partidistas de segunda mitad del siglo XX y los movimientos sociales flexibles y que actúan al margen de las instituciones. Esa "semilealtad" de la que habla el politólogo español Juan Linz, por un lado López Obrador entiende que para competir con otros partidos políticos hay que entrarle de lleno a recibir financiamiento público y todas las garantías de competitividad que brinda la ley, y por el otro sustentar el discurso en la ilegitimidad del poder y en la corrupción que envuelve a la élite del poder.

Los resultados electorales no mienten. Una revisión a los resultados de las elecciones intermedias desde que se fundó el PRD deja en claro que la izquierda tiene muchas dificultades cuando no puede sustentar su campaña en la imagen de un "caudillo". En 1991, 3 años después de la famosa "caída del sistema", el PRD logró el 7.91% de los votos, mientras que el PRI se llevó 58% y la mayoría absoluta para Carlos Salinas de Gortari en el congreso. En 1997, la elección del DF que se llevó el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato ayudó a que el PRD cosechara más de 25 puntos porcentuales y se quedara con la jefatura de Gobierno del DF. En 2003, el PRD logró poco más de 17 puntos y en 2009 la debacle fue caer a 12% después de haber tenido una elección por encima de los 35 puntos porcentuales en 2006. Y aun añadiéndole al PT y a MC (recordar que López Obrador, en esa elección, hizo campaña por esos dos partidos), la cifra no llega ni a los 20 puntos. Es decir, en elección intermedia la izquierda suele tener muchos problemas 1o. para ir unida y 2o. para cohesionar a su electorado.

Para el PRD, Morena plantea un reto. En 1er. lugar, cómo construir un discurso opositor, pero que no caiga en la clausura del diálogo que tanto le funciona a López Obrador.

En el caso de MC y el PT, todo parece indicar que comenzarán a flotar en la órbita de Morena y López Obrador. Son 2 partidos franquicia que históricamente han necesitado ese oxígeno para seguir de pie, ya sea subordinando toda la agenda del partido a la popularidad e imagen de López Obrador, o como ocurrió en el salinismo con el PT, a Los Pinos y al PRI.

El electorado que simpatiza con López Obrador es el mismo que la última elección: clase media progresista, ubicada en la Ciudad de México y el sur del país, jóvenes y con alto nivel de estudio. Lo que podemos asegurar es que López Obrador va a estar en la boleta electoral en 2018 como candidato a la Presidencia.

Enrique Toussaint
(v.pág.3-B del periódico El Informador del 2 de febrero de 2014).

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 31 de enero de 2014).

Al dar inicio a un paro de labores, los empleados denunciaron al titular de la dependencia, Constantino González Vargas, a quien acusaron de cancelar los viáticos y desviar recursos públicos para provecho personal.

Además acusaron que González Vargas ordenó el saqueo de cientos de láminas galvanizadas que serían destinadas para los damnificados que perdieron sus casas durante las lluvias de septiembre de 2013.

(V.periódico El Informador en línea del 31 de enero de 2014).

La Comisión Permanente alteró un punto de acuerdo que apuntaba hacia los legisladores panistas señalados por solicitar moches a cambio de etiquetar recursos federales.

En su lugar, se acordó que la Auditoría Superior de la Federación vigile si los alcaldes aplican correctamente los recursos.

Sobre el acuerdo aprobado, el coordinador de los diputado del PAN, Luis Alberto Villarreal, justificó que es responsabilidad de las autoridades locales que se apliquen bien los recursos.

Testimonios recabados sobre solicitudes de moches apuntan hacia Villarreal como responsable, aunque él ha negado en varias ocasiones.

(V.pág.2 del periódico Mural del 30 de enero de 2014).

Leninguer Carballido Morales, quien en julio pasado ganó la eleccióncon la alianza PAN-PRD-PT, se encuentra preso en el penal estatal de Santa María Ixcotel después de fingir su muerte para eludir una orden de aprehensión acusado del delito de violación tumultuaria.

(V.pág.8 del periódico Mural del 30 de enero de 2014).

Estas consignas, que no se diferencian mucho de las que oídas en la actualidad en las campañas federales y locales, se difundían de boca en boca y en el incipiente periodismo de la época. La de 1828 se recuerda como la primera campaña negativa en el país.

A pesar de no ser periodo electoral, en las redes está presente la disputa por las reformas energética y educativa, el inminente proceso para renovar la dirigencia y el consejo del Partido Acción Nacional, y en lo local, el aumento al transporte y los disturbios en el Congreso de Jalisco, que han sido aprovechados por los políticos para golpear a sus adversarios.

Ante la falta de una regulación adecuada o de plano, porque las mañas no pueden ser evitadas con ningún método, pues internet es un escenario de libre expresión llevada al extremo, se aprovecha para lanzar denostaciones.

"Las campañas en internet ni siquiera están reguladas. No se viola ningún código. Sólo en tiempos electorales están prohibidas las campañas negativas (independientemente del medio que las difunda), sin embargo, a veces son creados grupos o membretes 'fantasma'. Es una realidad que hay excesos. Es difícil regular la internet y es difícil pensar que en la política no habrá ataques ni confrontaciones", explica el académico del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas Andrés Valdez Zepeda.

Los mítines, con políticos que parecían predicar en un tablado ante masas de acarreados, se trasladan ahora a las redes sociales y en videos de YouTube.

"Hoy toda campaña electoral exitosa implica el establecimiento de 3 grandes frentes estratégicos: el mediático, centrado en la radio y la televisión; el territorial, centrado en el contacto directo con la gente, y el del ciberespacio. Las cibercampañas abaratan, simplifican y hacen accesibles los mensajes de los candidatos, permiten medir el número de lectores, número de impactos, nivel de influencia. El proceso de la comunicación política ahora implicará ganar primero el ciberespacio para poder tener acceso a puestos de representación pública", detalla Andrés Valdez Zepeda.

El especialista en mercadotecnia política señala que las campañas negativas existen en México prácticamente desde el nacimiento de esta nación y desde entonces no faltan políticos que privilegian la descalificación por encima de la propuesta y los proyectos. "Se concentran en los errores, reales o ficticios, de los adversarios".

Valdez Zepeda especifica que la reforma electoral de 2007-2008 sí reguló las campañas negativas, pero el internet se dejó de lado en aquella discusión y tampoco se tocó en las recientes modificaciones constitucionales de finales de 2013.

"Aunque hubiera regulación, los mexicanos somos muy creativos para darle vuelta a la página. Ahorita no hay tiempos electorales y no hay forma de castigar las campañas negativas. Y 2o., se reguló en todo, menos en internet. Pongo un ejemplo: yo puedo contratar a una empresa desde Guatemala para que haga una campaña negativa para México o para Jalisco, usando internet y no puedes aplicar las leyes de nuestro país en otro y eso hace fácil violentarla".

Julio Ríos
(v.pág.15 de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 27 de enero de 2014).

Es el desorden mediático la ocasión del hurto de las verdades, un escándalo que sucede frente a la cara de millones de mexicanos y que se adorna de diversos rostros, movimientos y banderas, que a diestra y siniestra pretende manipular bajo la retórica seductora, que busca entre los rencores históricos de la población, despertar el desprecio para producir la mecánica costumbre de señalar a los presuntos culpables de la miseria de los muchos y condenarlos en favor político de pillos, a la ignominia.

Joksan Ishbak Valero Navarro
(v.pág.2 "correo-e" de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 27 de enero de 2014).

Por eso se tardan en hacerlos, incluyendo las largas y prolijas sesiones para determinar el tiempo en que deben ir los verbos a emplearse a la hora de redactar los objetivos, las nuevas sesiones para explicar que se quiere decir con cada frase y como debe entenderse cada objetivo, meta, o estrategia, los recursos para la evaluación de resultados, las herramientas para poner en práctica las propuestas, la capacitación de los capacitadores, y cuando todo está a punto, ya terminó el sexenio o el trienio. Cierto, podría decirse que al menos todos quedaron muy duchos para seguir haciendo nuevos planes en el siguiente periodo, pero cuando éste llega se cambian las reglas del juego planeador, se despide a los duchos, se contrata a los simpatizantes del partido triunfador sepan o no del tema, y todo vuelve a comenzar. Ante semejante deporte, los responsables de aplicar los planes en los mandos intermedios acaban por archivarlos y siguen haciendo las cosas como siempre las han hecho.

Armando González Escoto
(v.pág.5-B del periódico El Informador del 26 de enero de 2014).

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 25 de enero de 2014).

Es la autodefensa del político.

Durante la semana, el PRI decidió -en lo que se vio una clara maniobra y manotazo de Aristóteles Sandoval- dar marcha atrás a una estupidez enorme de sus legisladores. Tras de volver difusa y prohibitiva la información sobre el dinero destinado para las casas de enlace, alguien les recordó que era el camino al descrédito ciudadano y, por fin, renunciaron a un dinero que no merecían.

El escándalo de dichas casas se dio tanto por la investigación que MILENIO realizó como por la insistencia de Miguel Castro de no aceptar ese dinero. Al final, sucedió lo obvio: diputados que compraban rastrillo, golosinas, plátanos y hasta bicicletas. Algunos, para sus gastos personales y, otros, en una clara maniobra proselitista.

Pero los diputados -y de paso, regidores, alcaldes y miembros del gabinete del gobierno del estado- viven en una realidad paralela aún.

Gastos que se promocionó bajarían para utilizar los recursos son dilapidados por otros funcionarios en un descaro brutal.

Cuerpos de asesores de 400,000 pesos. Campañas mediáticas de varios ceros. Equipos de comunicación virtual que cuestan fortunas, todo a partir de los impuestos.

Y eso solo en los que, hoy, son funcionarios. Partidos políticos, asociaciones simpatizantes de precandidatos y paleros y pinacates pagados desde el dinero que no generan dichos políticos, sino de una parte de lo que, día a día, se carga a la sociedad.

Granjas de tuiteros, gerentes de comunidades virtuales, escritores fantasma. La jauría del despilfarro real en el mundo virtual. Hay políticos que no tienen avatar de Second Life solo porque ya pasó de moda.

Es necesaria no una investigación periodística, sino una ley más clara de destino de recursos y castigo a quien gaste de forma innecesaria.

Es la única forma en que los escoltas desaparezcan y ese dinero -y mucho más de ese tipo de egresos- se use para la seguridad y defensa de quien en realidad lo requiere: la sociedad.

Gonzalo Oliveros
(v.pág.19 del periódico Milenio Jalisco del 24 de enero de 2014).

Jaime Preciado Coronado
(v.pág.19 del periódico Milenio Jalisco del 24 de enero de 2014).

(V.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 23 de enero de 2014).

Y, venido a ver...

Lastima que la historia de una regidora -y ex diputada y ex directora de 2 escuelas...- que en los últimos meses alcanzó una grotesca, triste, lamentable celebridad por el monólogo en que, haciendo gala de un léxico inmundo, destapó la cloaca que impera en la Dirección de Panteones de Guadalajara (y dio pie a una investigación que parece confirmarlo e involucra a varios empleados de la comuna), y más tarde incorporó el deplorable sainete de la toma, cristalazo de por medio, y el atrincheramiento durante 30 horas, a la soberana Ley de sus Pistolas, en las que fueron sus oficinas en la Presidencia Municipal, vaya a epilogarse con una pena meramente simbólica: la inhabilitación temporal para el desempeño de nuevos cargos públicos, y la condena a vivir por unos años de sus rentas, eventualmente nada despreciables.

Duele, lastima y desencanta, pues, que la ocasión que parecía haber surgido para erradicar unos cuantos de los muchos vicios arraigados en la administración pública -y descubierto porque a la señora Ayón se le desató la lengua- vaya a tener como chapucero desenlace el sacrificio de un chivo expiatorio.

Jaime García Elías, periodista y conductor radiofónico
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 22 de enero de 2014).

Si nos vamos al arranque de la legislatura fue un error de los diputados no haber aprovechado para quitar la partida desde el inicio. La presión sobre el Congreso de Jalisco era en ese momento enorme por todos los escándalos de las anteriores legislaturas, pero si bien es cierto que todos los diputados tienen que ser por definición quelonios (lentos y conchudos) hay caparazones más gruesos que otros, o si se prefiere hay unos políticos más cínicos y son los que terminan imponiendo la visión.

Cuando se trata de dinero (no es fácil renunciar a 3 millones de pesos, que es lo que recibirían a lo largo de los 3 años) los principios se hacen chiquitos y las necesidades grandes. Sin duda hubo diputados que pensaron en todo el trabajo político que podrían hacer con ese dinero, y otros que simplemente los tradujeron en sus mentes a casas, autos, viajes y colegiaturas.

Los diputados de Movimiento Ciudadano fueron de los que pensaron usarlo para trabajo político (invertirlo en obras sociales, con rentabilidad política) pero cuando se dieron cuenta que para efectos prácticos en la opinión pública daba igual gastarlo bonito que embolsárselo entero, decidieron adelantar la reina: renunciaron como fracción a la partida y pusieron al PRI en jaque, pues la situación les obligaba a dar una respuesta. En una jugada absolutamente incomprensible, los diputados del PRI (apoyados por los del PAN que cuando se trata de billete van a todas) hicieron lo que se podría calificar como un enroque bizarro, esto es, expusieron al rey (el partido) para proteger a la torre (ellos mismos): al eliminar el reglamento que les obligaba a rendir cuentas de la partida Casas de Enlace ellos quedaron muy tranquilos y contentos pero dejaron al partido sin protección, a merced de MC, y con una sociedad furiosa con los diputados del PRI que fueron las cabezas visibles del movimiento. Como era de esperarse el rey se impuso sobre los lacayos y los obligó a renunciar a la partida.

Ahora sí que después de esta jugada los diputados quedaron pobres y gastados. No sólo se quedaron sin el dinero de las Casas de Enlace, sino que todos quedaron desgastados en su imagen, todos tuvieron que poner capital político en la mesa de juego y los ciudadanos, sin saber bien a bien cómo, ganamos una.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 22 de enero de 2014).

Con la exquisita perspicacia que caracteriza a los profesionales de la política, los pastores de la grey tricolor intuyeron que la frase "nos vemos en las próximas elecciones", reiterativa en los comentarios de los ciudadanos, implicaba una amenaza: la de pasar factura, en las urnas, por lo que se consideró un abuso, una desfachatez y un asalto en despoblado de los dizque "representantes populares", en las próximas elecciones.

No precisamente por convicción, pues; sí, en cambio, por cálculo político, se emitió la declaración que hoy es noticia: que, en consonancia con el sentir de los ciudadanos, y respetuosos de que el ejercicio de la política debe inspirarse en los más elevados principios de la ética -¡oh, sí...!-, los diputados de la fracción tricolor en el Congreso del Estado decidieron -¡gulp...!- "renunciar y no hacer uso de dicha partida presupuestal, y pedir a las instancias correspondientes que dicho presupuesto sea reorientado para atender otro tipo de necesidades que aquejan al congreso", etc.

("Gulp", por si alguien lo ignora, es la onomatopeya de la acción de deglutir, aplicable para el caso de que se ofrezca, por ejemplo, tragar camote... tanto en sentido literal como metafóricamente hablando).

Jaime García Elías, periodista y conductor radiofónico
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 21 de enero de 2014).

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.7-B del periódico El Informador del 19 de enero de 2014).

(V.Razón y Acción del 18 de enero de 2014).

Y: 2) si los diputados piensan (que lo dudo) que su función debe ser con base en la teoría del mandato, para qué complicarse la vida, si a través de internet pueden recibir, atender, y acatar más instrucciones de sus representados.

La asignación para casas de enlace que se autorizaron los diputados como los criterios para ejercerla es anticonstitucional, por contravenir los principios establecidos en el 134 de la ley fundamental. Por eso, en vez de andar abrogando reglamentos de ejercicio de gasto, lo que debieron haber hecho fue crear la ley estatal de ese precepto constitucional. Pero el gusto no les va a durar mucho, pues ya viene la ley general en la materia.

Javier Hurtado
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 18 de enero de 2014).

Pizano fue ayer el paladín de los políticos que repudian y se sienten muy incómodos con la transparencia y la rendición de cuentas, y apresuró su iniciativa para abrogar el reglamento que los obliga a comprobar el gasto de los 93,000 pesos mensuales que reciben en teoría para apoyo de su trabajo legislativo.

Digo en teoría, porque en octubre pasado quedó claro que ninguno de los 37 de los 39 integrantes de la LX Legislatura que recibieron esa partida cumplieron con la comprobación de gastos. Y los pocos que lo hicieron presentaron facturas de artículos que nada tenían que ver con la actividad legislativa.

Por eso la LX Legislatura, que en su arranque en noviembre de 2012 se propuso ser la que cambiaría la historia de excesos, corrupción e impunidad que viene arrastrando el congreso en la última década, no será más que la que sume 3 años más de desprestigio.

Porque el jueves 16 de enero de 2014 pasará a la historia como el día que nació una nueva fracción parlamentaria en el Congreso de Jalisco: la de los #diputampones opacos con Pizano, su convocante, al frente.

La integran 20 y los une su desprecio por la transparencia:

Del PRI: Héctor Pizano Ramos, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Idolina Cosío Gaona, Martín López Cedillo, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Jaime Prieto Pérez, Clara Gómez Caro, Nicolás Maestro Landeros, Avelina Martínez Juárez, Gustavo González Villaseñor, Miguel Hernández Amaya, Rafael González Pimienta, Roberto Mendoza Cárdenas y Juan Manuel Alatorre.

Del PAN: José Gildardo Guerrero Torres, Juan Carlos Márquez Rosas, Mariana Arámbula Meléndez, Norma Angélica Cordero Prado y Elías Octavio Iñiguez Mejía.

Del Partido Verde: Jesús Palos Vaca.

Habrá que recordar también a los tibios o que emprendieron la graciosa huída para no pagar el costo político de defender este sobresueldo: Joaquín Portilla Wolf que se abstuvo; y los que a la hora de votar no estuvieron: José Luis Munguía, Trinidad Padilla López, Hernán Cortés, Gabriela Andalón y Jaime Díaz Brambila.

Jaime Barrera Rodríguez
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 17 de enero de 2014).

La tremenda corte
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 17 de enero de 2014).

La tremenda corte
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 17 de enero de 2014).

Opaco, nunca dijo que cobraba un sueldo como profesor de tiempo completo en el CUCEA, labor imposible de lograr si es regidor y más del tipo escandaloso como Valencia. El problema no es tener 2 trabajos -muchos mexicanos los tienen ante la precaria condición-, sino que ambos sean en el gobierno y por funciones que no se ejercen.

No es dobletear el asunto sino ser aviador.

Desde los cielos que surca como aviador, Valencia descalificó los datos y tildó de corruptos y vendidos a los medios que desnudaron su opaco actuar. El pequeño priista que adentro tiene intentó callar a quien lo desnudó en su fraude y mentira.

Augusto Valencia y Elisa Ayón. Regidores jaliscienses opacos, mentirosos, cínicos y fraudulentos. Defraudan a la sociedad y se visten de pureza cuando comparten el mismo lodo.

Gonzalo Oliveros
(v.pág.19 del periódico Milenio Jalisco del 17 de enero de 2014).

El actual secretario de Energía de México me recuerda, por su currículum, a un secretario de Energía que hubo en la presidencia de Fox... se llamaba Felipe Calderón Hinojosa. Puro pinche político en los puestos clave. ¡Por eso el país sólo da vueltas sin avanzar!

El webmaster.

En este aspecto algunos legisladores panistas fueron los primero en innovar, recurriendo a la tradición, faltaba más. Las nuevas dificultades en la gestoría han servido para justificar la ancestral y omnipresente "mochada". Lo nuevo es que al tradicional "diezmo" lo engordaron, triplicándolo, para exigir ahora el 35% de los recursos gestionados, lo que se obtiene inflando en ese monto los costos de la obra financiada.

En todas las democracias "el toma y daca" es algo normal. Los congresistas negocian apoyo político y votos a cambio de recursos fiscales o reformas legislativas. Y se hace abiertamente, recurriendo a procedimientos muy elaborados, no exentos de sofisticación técnica. Y en todas existe la "mochada", aunque bajo diferentes modalidades; pero también en todas existen los dispositivos legales para castigar la corrupción. Aunque no en todas es igual el nivel de impunidad. En eso somos campeones.

Marco Antonio Cortés Guardado
(v.pág.7 del periódico Mural del 16 de enero de 2014).

Quizá la primera explicación es que, para la izquierda mexicana, el antipriismo es más fuerte que la misma coherencia ideológica. Fausto Vallejo es un gobernador priista y el gobierno federal de Enrique Peña Nieto es también, por supuesto, priista. Protestar por el desarme de las fuerzas de autodefensa es una manera de expresar un rechazo no a uno sino a 2 gobiernos priistas. Es una oportunidad extraordinaria de matar 2 pájaros de un tiro. Claro que no vimos las mismas protestas cuando Lázaro Cárdenas Batel del PRD era gobernador de Michoacán y obtuvo apoyo del gobierno federal del panista Felipe Calderón para combatir la violencia en el estado.

Tal vez hay una razón más de fondo para el apoyo a los grupos de autodefensa. Al contrario de la izquierda europea, como la del Partido Socialista Obrero Español o el Partido Laborista británico, la mexicana sigue siendo profundamente marxista. Apuesta, como los viejos partidos comunistas, a un desplome de los regímenes burgueses que tarde o temprano llevará a un estallido revolucionario y al establecimiento de un Estado socialista o comunista.

Un gobierno que pierde el monopolio del uso legítimo de la fuerza está condenado a desaparecer. Esto lo han manifestado pensadores tan distintos como Maquiavelo, Max Weber, Lenin o Trotski. Lo que ha venido ocurriendo en la Tierra Caliente michoacana es la pérdida de ese monopolio. La ausencia de un Estado eficaz ha hecho que se multipliquen los grupos con acceso a armas que buscan defender por la fuerza sus intereses o sus derechos. Es una situación que presagia el colapso del gobierno.

Si la izquierda estuviera en el poder, nunca permitiría la proliferación de grupos armados. Gobiernos de izquierda tan distintos como el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela o el de los hermanos Castro en Cuba se han dedicado de manera sistemática a acabar con la oposición, pero sobre todo aquella que debilite el monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza.

Cuestionar primero en Michoacán a los gobiernos estatal y federal por no enfrentar la violencia para después criticarlos por desarmar a los grupos paramilitares es promover el fracaso del Estado para preparar el terreno para un colapso del sistema. Supongo que como táctica política tiene lógica. Pero yo prefiero desear la mejor de las suertes a los gobiernos de Vallejo y Peña Nieto en su empeño pacificador. Así, si la izquierda regresa al poder en Michoacán, cosa que no me sorprendería después del desastre en la entidad de los últimos años, podría construir un mejor futuro sobre una base más sólida que las cenizas de un estado destruido.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 16 de enero de 2014).

Es otro capítulo de la truculenta historia que comenzó con una grabación en la que se le escuchó abundar en frases altisonantes y coloquialismos, y que permitió conocer presunciones de corrupción y manipulación abusiva de trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara.

"El chiste se cuenta solo", dice el refrán, y es lo primero que viene a la mente cuando se conoce que la señora Ayón se comprometió, al retornar por la fuerza a su oficina, a denunciar puntualmente todos los casos de corrupción de los que se entere mientras ejerza su cargo como regidora, y claro, cobre cada mes un sueldo bruto que casi llega a 105,000 pesos... pero de regidores que denuncian corrupción ya está lleno el Ayuntamiento de Guadalajara, sin que haya resultados para reducirla o erradicarla.

Jorge Octavio Navarro
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 14 de enero de 2014).

Se suponía que, a partir de esos indicios, se realizaría una investigación seria. De hecho, de declaraciones de los empleados se desprende que los abusos y las irregularidades estaban a la orden del día, y que la señora Ayón no sólo estaba enterada de su "modus operandi", sino formaba parte de la trama de corrupción... Había elementos suficientes, por ende, para presumir su posible participación en actos ilícitos, y para promover, en consecuencia, una vez que la licencia la privaba del fuero, una acción judicial en su contra.

La sangre de atole de los funcionarios que, a partir de los indicios disponibles, estaban siendo omisos al tomar las medidas orientadas a profundizar en la investigación, dio pie al enésimo acto -el de ayer- de un sainete que ya se va prolongando demasiado.

Falta saber si ha sido mera pachorra de los responsables de integrar el expediente del que podrían derivarse sanciones para todos los cómplices de ese sucio enjuague... o si la demora había sido una táctica dolosa, chapucera y deliberada, animada por la intención de que el asunto se olvidara y se agregara a los muchos en que la impunidad ha sido la norma, hasta ahora que la regidora movió pieza.

Jaime García Elías, periodista y conductor radiofónico
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 14 de enero de 2014).

En nuestro país nos hace falta tener mayor cultura política, que va más allá de sólo un comportamiento cívico. Por eso se dice que los pueblos tienen a los gobernantes que se merecen. Porque el nivel de la conciencia política, de los simples ciudadanos, es también la conciencia de los que asumen un papel de autoridad y gobierno.

Los países más civilizados cuentan con gente que está más preparada para poder defender sus derechos, cuidar los recursos de todos y exigir el buen desempeño de las autoridades. Que finalmente están para servir en el buen desempeño de los servicios que todos tenemos en una ciudad.

Saber lo que pasa en tu vecindario, es estar enterado de la política. Para que no andemos pensando que la política es sólo una cuestión de partidos, ideologías y posturas complicadas.

Combatir la corrupción, la irresponsabilidad, la demagogia o los abusos de las autoridades es también ejercer la política. Y por eso es necesario que las personas comprendamos el poder que tenemos al estar al pendiente de que los servicios que otorgan las instituciones del gobierno cumplan cabalmente con lo que dicta la ley y los reglamentos. Y los ciudadanos estamos para vigilarlo y señalar cualquier irregularidad. Y eso es también hacer política.

Por eso requerimos una mayor cultura política, sin esa educación es difícil progresar.

Guillermo Dellamary
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 12 de enero de 2014).

En 80 años, México ha tenido al menos 15 reformas político-electorales, la mayoría en las pasadas 2 décadas, y sin embargo lo que tenemos en el país es la insatisfacción de la mayoría de la población con su sistema político, insatisfacción que se manifiesta con el desencanto hacia un sistema que no se califica de democrático, con un rechazo abierto y marcado hacia los actores (representantes electos, políticos profesionales), instituciones (organismos electorales, partidos) y las formas (elecciones, sistema representativo) que asume el modelo de organización política vigente.

Los cambios institucionales y formales en el sistema político electoral se promueven para quitar presión social al Estado por las exigencias de la sociedad o de sujetos en lucha.

Pero a pesar de todos estos cambios, a pesar de todos los esfuerzos y energías sociales invertidas por el pueblo mexicano para hacer, primero, universal y secreto el derecho al voto, para tratar de evitar fraudes, para evitar que el partido en el poder controle el organismo electoral, y para tratar de tener una contienda por el poder público en igualdad de condiciones, los años recientes indican que las reformas no han alcanzado el objetivo de tener un sistema político democrático que garantice la participación cada vez más amplia y extendida de la población en los asuntos que le conciernen. No ha sido así. Además de quitar presión sobre el sistema político, las reformas electorales han aumentado las prerrogativas y prebendas para la clase política profesional y los gobiernos.

La más reciente reforma, que abre paso a la reelección de legisladores, y a las candidaturas independientes, está diseñada con los mismos objetivos de quitar presión social, pero en el fondo no toca el núcleo del sistema, pues deja intacto un sistema político (de representación política) que hace tiempo es obsoleto.

Rubén Martín
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 11 de enero de 2014).

El que los diputados locales, en un acto de abdicación a su soberanía, estén aprobando ese oprobio de reforma constitucional, no es debido a un exceso de presidencialismo, sino de disciplina partidaria (que por cierto existe más en los sistemas parlamentarios que en los presidenciales). Con lo ocurrido, ha quedado demostrado que en México su transición democrática y alternancia partidaria no ha podido hacer posible lo que normalmente sucede en otras democracias federales: que las legislaturas locales no aprueben una reforma constitucional aprobada por el congreso federal.

Debe señalarse que de no ser por el PRI no se hubiera logrado el número de votos necesarios para que la reforma constitucional en materia político-electoral se hubiera aprobado en las 8 legislaturas locales que así lo han hecho (incluido el Estado de México, donde su gobernador había dicho que no se aprobaría). Por lo tanto, no se ve ningún problema para que en este mismo mes quede incorporada en el texto constitucional.

Conseguido lo anterior, el problema se traslada a la legislación secundaria y los plazos. En esto último dos son fundamentales: 1.- El 30 de abril, fecha límite en que deben estar publicadas al menos tres nuevas leyes generales y una serie de ajustes a leyes secundarias; y 2.- El 30 de junio, último día en que se pueden publicar reformas que se apliquen en el proceso electoral de 2015, que inicia en octubre del presente año.

El INE entra en vigor el próximo 30 de abril; y, si para esa fecha aún no está aprobada la legislación secundaria ejercerá las atribuciones que las leyes otorgan al IFE. Otro reto es el nombramiento de los consejeros del nuevo organismo que debe ocurrir dentro de los 120 días posteriores a la publicación de la reforma.

El asunto es que si no se cumplen estos plazos, sobre todo el del 30 de junio, la preparación, organización y desarrollo del proceso electoral de julio de 2015 estaría en serias dificultades por 1a. vez desde hace 23 años, y eso sí que sería un retroceso.

Javier Hurtado
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 11 de enero de 2014).

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 10 de enero de 2014).

Los órganos de esas entidades, que son el equivalente local del IFAI, no están asegurando de manera adecuada este derecho ciudadano.

La entidad peor evaluada es San Luis Potosí, que obtuvo un puntaje de 20.1 en una escala de 0 a 100.

Le sigue el Estado de México, con 39.2; Baja California Sur, con 40.9; Sinaloa, con 46.0; así como Nayarit y Guanajuato, con 46.6 cada uno.

En tanto, las entidades mejor evaluadas son Puebla, con 70.2; Tlaxcala, con 66.5; Distrito Federal, con 66.1; Durango, con 63.3 y Chihuahua, con 62.2.

(V.pág.2 del periódico Mural del 9 de enero de 2014).

Hilario Duarte Vázquez
(v.pág.4 "Cartas a Mural" del periódico Mural del 9 de enero de 2014).

Pedro Mellado
(v.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 9 de enero de 2014).

Suena bobísimo, ¿no? Pues se olvida a cada rato. Y se olvida a cada rato que ésa, y no otras linduras de proteccionismo social, sí es una tarea de Estado, que eso sí es de inmenso interés para la sociedad completa y que lamentablemente sólo se puede resolver de forma colectiva. Ahí sí qué mercado ni qué nada. Cada ciudadano debe tener interés en que todos los demás puedan moverse y, para resolver los asuntos irresolubles por el mercado y por los incentivos individuales, se inventó el gobierno.

Todos los ciudadanos pagan por las calles que usan los que tienen auto y todos los ciudadanos pagan por el Macrobús que usan quienes no lo tienen. Todos los ciudadanos deben pagar por las ciclopistas y todos por las banquetas. Todos los ciudadanos deben pagar también por el transporte masivo.

¿Por qué? Porque al que llega en Mercedes le conviene que los trabajadores de su empresa lleguen a tiempo y descansados; porque a los estudiantes les conviene que el profesor asista a clase; porque a las familias les conviene que las madres puedan mover los insumos; porque a cada ciudadano le conviene que esté surtida la farmacia y el mercado.

Por eso una política pública frente al transporte colectivo no puede verse como una negociación entre el gobierno y los camioneros.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 8 de enero de 2014).

En agosto, las entidades debían al Instituto 1,110 millones, pero al corte de noviembre una treintena de alcaldías, secretarías y organismos descentralizados tienen pasivos por 1,259.9 millones de pesos.

La situación más grave está entre 17 entidades en "estatus de cobranza jurídica" por retener los pagos que realizan los trabajadores y patrones. De éstos, 9 tienen procesos judiciales.

Entre las 17 entidades adeudan 830.1 millones de pesos a Pensiones, pero hay otra arista: el Ipejal mantiene bloqueadas las prestaciones hipotecarias de corto plazo y los préstamos de liquidez para miles de trabajadores por esa irregularidad. En esa situación hay que añadir a los ayuntamientos de Guadalajara, Ocotlán, Tala, Zapotlán, Tamazula, así como el DIF tapatío y el Consejo Municipal del Deporte de Tonalá y el Instituto de la Juventud de Tonalá.

En estos ejemplos, las autoridades correspondientes retienen o desvían las aportaciones patronal y de servidores públicos que deben pagarse vía electrónica al Ipejal.

Los casos más graves:

Adeudos en cobranza jurídica* y con procesos judiciales**

Nota: Solamente los ayuntamientos de Vallarta y Tuxpan, así como Servicios y Transportes, no tienen bloqueadas sus prestaciones por adeudos.

Adeudos en parcialidades y en cobranza administrativa

Entidades públicas que cumplen con convenios de pago

Entidades públicas que incumplen con convenios de pago

Gran total por los 4 conceptos 1,259.9 millones de pesos.

(V.primera plana y pág.1-A del periódico El Informador del 7 de enero de 2014).

Carlos Payán, exsenador del PRD y exconsejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del IFE
(v.pág.5 del suplemento "O2" de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 6 de enero de 2014).

Me explico: durante 2013, ex miembros de gabinete, ex candidatos, personajes cuyo poder e influencia se diluyó tras las elecciones del 2012 e, incluso, funcionarios o simpatizantes 'clase b' de esos grupos se escudaron en el sentir ciudadano para extender la crítica, evidenciar el abuso o la ineptitud, señalar la mediocridad o la inconsistencia de argumentos del PRI y sus funcionarios en el gobierno.

Curiosamente, esa algidez y entusiasmo contra la falla del gobierno fue escondida, matizada u olvidada cuando ellos o amigos y cómplices de ellos estaban en el ejercicio. De la misma forma, exigen la salida del PRI pero olvidan decir lo fundamental: para ponerse ellos o sus amigos, camaradas o aliados.

La crítica es necesaria. La denuncia sobre los errores también. Es exigencia hacia el político cumplir con lo ofrecido en campaña.

Lo podrido es no ser claro en la intención final e, incluso, disfrazarse de ciudadano para hacer la crítica.

El escudarse en la ciudadanía para alcanzar un fin político siempre tiene un final malo en México. Fox o Creel como ejemplo. Ambos acusaron no pertenecer a ninguna filiación política cuando, en realidad, el panismo más conservador corría por sus venas. Los resultados son muy claros en sus fracasos e, incluso, sus hipocresías.

Durante 2014 veremos más de ello. Más políticos sin hueso que gritarán en tweets y en el foro que les presten que, como ciudadanos, están hartos del PRI. Nunca admitirán que ya están en campaña y que les urge el puesto no para cambiar al país -de hecho, no lo hicieron en su oportunidad-, sino para no subsistir en el error de estar fuera del presupuesto.

Es responsabilidad de la sociedad denunciar a estos agentes de partido. Es inválido jugar al ciudadano cuando tienes otras herramientas y tuviste otros resortes para cambiar las cosas. Es tramposo, poco leal y hasta sucio.

Gonzalo Oliveros
(v.pág.17 del periódico Milenio Jalisco del 3 de enero de 2014).

Si el sector productivo le adeuda al gobierno, no solamente se evidencia a los deudores, sino que les cobran fuertes intereses y recargos, pero yo me pregunto ¿qué sucede cuando son ellos, el gobierno, los que retrasan el pago a proveedores?; ahí no consideran ningún recargo, ni interés y mucho menos dan a conocer en qué está incumplieno con el sector productivo, así que yo creo que no hay equidad. El gobierno no está pagando en tiempo y ni siquiera una disculpa da cuando paga 2, 3 o hasta 4 meses tarde.

Óscar Benavides Reyes, presidente de la Coparmex Jalisco
(v.pág.24 del periódico Milenio Jalisco del 3 de enero de 2014).

Robles publicó un video en Facebook, en el que aparece junto con su esposa, y en los comentarios una mujer le reclamó el que no la han dado de alta en nómina a pesar de su arduo trabajo en la campaña.

La quejosa, que en la red social se hace llamar Miranda Lideres, se ostenta como 'líder y organizadora' de precampañas en el PRI.

La mujer dice trabajar en la Dirección de Mercados sin prestación alguna, y acusa a José Manuel Castellanos, de la oficina de Robles, de no atenderla.

'Es de nobles no olvidar que lo que ahora reciben Vania (esposa de Robles) y tú, en gran parte, se debe a la militancia que trabajó duramente para que estés donde ahora estás', recrimina en su comentario.

Si como ella se han pagado favores con puestos en la nómina, de poco sirve el plan de austeridad y recorte de personal que pregonan en Zapopan.

S.Cabañas
(v.pág.6 del periódico Mural del 2 de enero de 2014).

En Tlaxcala, los nuevos presidentes municipales reportaron adeudos con proveedores y laudos laborales pendientes de pagar, así como irregularidades administrativas.

El Apizaco, el panista Jorge Luis Vázquez informó que se deben 70 millones de pesos a ex trabajadores y 8.4 millones a la empresa que tiene concesionado el servicio de recolección.

En Yauquemehcan, Felipe Morales dijo en su toma de protesta que encontró el ayuntamiento con las arcas vacías, deudas con proveedores por "varios millones de pesos" y mobiliario y vehículos de uso oficial en pésimas condiciones.

En Apetatitlán, el alcalde Valentín Gutiérrez reveló que en su caso ni siquiera hubo proceso de entrega-recepción.

Aseveró que dejaron vacía la alcaldía y que en la Tesorería, el DIF, Protección Civil y el Registro Civil, los ex funcionarios municipales no exhibieron ninguna información.

Francisco Román, alcalde de Zacatelco dijo que recurrió de emergencia a un préstamo porque su antecesora, Blanca Águila, no dejó ni siquiera para gasolina. Además denunció el robo de computadoras.

En Sinaloa, en 15 de los 18 ayuntamientos se heredó una deuda por más de 2,120 millones de pesos.

En Aguascalientes, 8 de los 11 nuevos alcaldes recibieron los ayuntamientos con una deuda por 497.4 millones de pesos, de los cuales 491 millones corresponden a la capital.

En Coahuila, los nuevos alcaldes reciben obra pública inconclusa y deudas millonarias que fueron autorizadas por el congreso local con cargo a quienes asumieron ayer los gobiernos municipales.

(V.pág.8 del periódico Mural del 2 de enero de 2014).