Jaime García Elías, periodista y conductor radiofónico

Uno de los principales aportes de las redes sociales es que la censura ha muerto, ahora todo se puede saber tarde o temprano.

Katia D'Artigues, periodista

¿Qué es?
El amparo es una herramienta jurídica que permite a todas las personas defenderse de los actos de la autoridad que violen sus derechos. El amparo es un medio de defensa para proteger, ante los tribunales, los derechos que reconoce la Constitución cuando se considere que una autoridad los está violentando. Los amparos contra normas generales, leyes o reformas se podrá declarar la inconstitucionalidad de dicha norma o de las disposiciones aplicables, así como de los actos cuya validez dependa de esa norma.

¿Quién puede presentarlo?
Las personas que consideren afectado su interés jurídico, por una autoridad. Para contar con interés jurídico se requiere que el derecho esté establecido en una ley. Además, de que la persona afectada por un acto de autoridad sea titular de ese derecho y exista la obligación por parte de una autoridad de responder a esa exigencia. También se pueden presentar una demanda de amparo cuando se afecte un interés legítimo. Para tener interés legítimo se requiere que el acto, norma u omisión que viola un derecho humano, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la persona demandante. Estos amparos pueden ser colectivos. El interés legítimo sólo se puede utilizar en amparos contra actos y omisiones de autoridad y contra normas generales.

FUENTE: Suprema Corte de Justicia de la Nación. Libro: "Ley de amparo en lenguaje llano".

Paco Calderón
(30 de junio de 2019).

1. Nunca olvides dónde trabajas y para quién. Si le pierdes el respeto a esta responsabilidad, es tiempo de retirarte.
2. No te obsesiones, expresa tu descontento y sigue adelante.
3. Piensa en grande y escribe en corto.
4. Carga tu "beeper". (Aclaración: recordemos que esto fue escrito en 1997. Probablemente ahora diría: Carga tu "Smartphone").
5. Sé responsable. Reconoce los méritos.
6. Sé honesto contigo y con tus colegas, pero no seas brusco a la hora de comunicar tus críticas o preocupaciones.
7. Piensa en positivo. Cuando llegues a casa por la noche, piensa en las tres cosas que realizaste ese día y no en las siete que no pudiste lograr.
8. Si no quieres que tus acciones aparezcan en los titulares del "Washington Post", no hagas cosas incorrectas, porque lo más probable es que tus acciones se publicarán.
9. Este puede ser un lugar rudo para trabajar, por lo tanto sé amable con tus compañeros.
10. Siéntete orgulloso por lo que haces por tu país.

El presupuesto para indemnizar a las personas que sufrieron algún daño en sus bienes, atribuidos a omisiones del ayuntamiento, se redujo este año en Guadalajara. La bolsa para la partida de seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas pasó de 285,000 pesos durante el año pasado, a 230,000 pesos en el actual. Lo anterior, según los recursos etiquetados en el presupuesto municipal, en el cual se deben considerar estos seguros, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los principales reclamos de la ciudadanía están relacionados a daños de sus vehículos por baches y caída de árboles.

En el caso de Zapopan, la bolsa sí presentó un alza de 10,000 pesos. Al pasar de 70,000 pesos durante el año pasado a 80,000 pesos en el ejercicio actual.

En la ley estatal se reconoce el derecho a la indemnización a quienes sufran daños en cualquiera de sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los poderes del estado, sus dependencias y organismos públicos descentralizados.

En ésta se destaca que los montos de las partidas presupuestales deben considerar también las indemnizaciones que no hayan podido ser pagadas en el ejercicio inmediato anterior.

Este medio reportó que durante la pasada administración (con corte a junio pasado), el Gobierno de Zapopan pagó 273,860 pesos a los ciudadanos por este tipo de daños, una suma 3 veces mayor con respecto a los pagos emitidos en Guadalajara: 76,627 pesos.

El municipio de Zapopan reportó que hasta esa fecha se habían iniciado más de 200 trámites por responsabilidad patrimonial, en los cuales se reclamaban más de 322,000 pesos y sólo el 40% había sido procedente.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, las reclamaciones de indemnización deberán presentarse por escrito, debiendo contener como mínimo:

La entidad a la que se dirige.

El nombre, denominación o razón social del promovente y, en su caso, del representante legal, agregándole los documentos que acrediten la personería, así como la designación de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y documentos.

El domicilio para recibir notificaciones.

En la petición que se formula, se agrega un cálculo estimado del daño generado.

La descripción cronológica y clara de los hechos, y razones en los que se apoye la petición.

La relación de causalidad entre el daño producido y la actividad administrativa irregular de la entidad.

Las pruebas, cuando sean necesarias, para acreditar los hechos argumentados y la naturaleza del acto que así lo exija.

Nombre y domicilio de terceros en el caso de existir. El lugar, la fecha y la firma del interesado o, en su caso, la de su representante legal.

¿Será una buena idea demandar a Guadalajara?

Esta semana inició el temporal con la tormenta más copiosa en 40 años y, para el automovilista promedio de esta ciudad, también inició la temporada intensa de esquivar baches.

Uno no va por la vida presumiendo los baches que ha esquivado; más bien, uno cuenta con resignada compostura en los que ha caído inevitablemente.

Hace cosa de un mes, caímos (mi Mirage y yo) en un bache por Avenida Inglaterra y Arcos. El golpazo seco del rin hizo que saliera volando la tapa. Por 50 pesos, en la Llantera Gallo ("la mejor del barrio") me enderezaron el rin y le fijaron la tapa con 2 cinchos de plástico. Agradecí mi suerte irrepetible porque...

Camino a una reunión, ayer circulé por el paso a desnivel de la Glorieta Colón. Justo a la mitad, en sentido sur a norte, les advierto que hay un agujero marca diablo. Otra vez caí. Ahora sí, a una mayor velocidad, crujió el rin, el chasis, la suspensión y todos mis dientes cuando sentí cómo se "sentó" el carro y el volante se sacudió.

Oré: "Señor, dale aire a esta llanta al menos para ver la luz al final del túnel y alcanzar a orillarme". Por fortuna, libré la ponchadura y la tapa se mantuvo en su lugar.

Sin embargo, por la tarde el carro comenzó a emitir un sonido cada vez más inquietante. Lo llevé con mi Gallo y otra vez enderezó el ring, pero el ruidajo se hizo más intenso todavía.

Inicialmente decidí demandar al ayuntamiento como un experimento social. Pero pasé de la curiosidad sociológica a la angustia económica cuando hablé a la agencia y me dijeron que, sólo del diagnóstico, serían 1,500 pesos más IVA.

Pocos saben que la Ley de Responsabilidad Patrimonial de Jalisco y sus Municipios establece que las autoridades deben indemnizar a quienes sufren daños en su patrimonio o derechos por una omisión del gobierno como un bache, la caída de un árbol con un reporte previo o algún percance atribuible a cualquier nivel o ente de gobierno.

La ley dice que "no tenemos obligación jurídica de soportar" esas omisiones. El trienio pasado Guadalajara pagó 80,000 pesos en indemnizaciones a 17 personas por baches no atendidos y árboles caídos. Zapopan erogó 273,000 pesos.

El procedimiento es simple: presentas en el ayuntamiento tu escrito con la formalidad de una demanda y el relato de los hechos; adjuntas pruebas como fotos y un estimado del monto de los daños. El municipio tiene 30 días hábiles para resolverte.

La estadística apunta a que existe un 40% de probabilidades de una resolución favorable. Este mes terminé de pagar las 36 mensualidades del Mirage. Si mi queja no procede, imaginaré que fueron 37 o 38 pagos y tendré más cuidado para la próxima.

El 10 de mayo, día de las madres, era habitualmente un día de fiesta familiar, un día dedicado a las dadoras de vida. Desde que se instauró la época de barbarie que ahora vivimos en México este día de fiesta se ha tornado en un día de dolor y ausencia, y a la vez en un día de lucha para miles de madres que buscan a sus hijos desaparecidos.

Por eso desde hace once años, los colectivos de familias organizadas que buscan a sus desaparecidos organizan la "Marcha de la dignidad nacional, madres buscando a sus hijos e hijas, verdad y justicia", apenas suspendida en 2 ocasiones por la pandemia ocasionada por el COVID-19. La manifestación es organizada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), conformado por más de 80 colectivos que buscan a sus familiares ausentes.

Ayer 10 de mayo, antes de la manifestación convocada a las 10:00 del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, a las 06:30 horas estuvieron frente a Palacio Nacional exigiendo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para entregarle una carta con un pliego de peticiones.

Yolanda Morán, una de las representantes del MNDM, anticipó 3 de las peticiones más urgentes: 1) que el Estado logre una política eficiente de búsqueda en vida de todos los desaparecidos; 2) resolver la crisis forense que tiene más de 52,000 cuerpos sin identificar; y 3) establecer una mesa de trabajo entre el gobierno federal y los colectivos organizados que buscan a sus desaparecidos, para llevar a cabo las recomendaciones que estableció el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas en su informe del mes de abril, después de la visita en campo que realizaron el mes de noviembre del año pasado.

A pesar de la evidente crisis por desaparición de personas y de la grave crisis forense que tiene saturados los servicios médicos forenses de la mayoría de los estados, el presidente López Obrador no tuvo tiempo para atender a las madres que encabezaban la comisión de representantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Si bien las atendió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, Yolanda Morán lamentó la falta de voluntad del presidente López Obrador.

Al terminar la marcha, en el Ángel de la Independencia, la vocera del MNDM recordó que en campaña como candidato presidencial, López Obrador ofreció a las madres que se reuniría cada 3 meses con las organizaciones de familiares que buscan a sus desaparecidos. Es lamentable que el mandatario no tuviera la voluntad para reunirse con las madres que buscan a sus hijos y atender sus justas demandas.

Algo semejante ocurre en Jalisco, donde el gobernador Enrique Alfaro Ramírez les dijo a los colectivos de madres que el problema de los desaparecidos sería una prioridad en su administración que atendería personalmente este grave problema social. Pero no ha sido así y al igual que el presidente, hace tiempo que ha negado una reunión con los colectivos que se la piden para atender las peticiones que quieren plantearle.

Es una lástima que las madres tengan que regatear una reunión de trabajo con los gobernantes para pedirles que, sencillamente, hagan bien su trabajo. No lo están haciendo.

Y es más lamentable que las madres tengan que salir a manifestarse para exigir justicia en un día que antes era de fiesta para ellas. Esta es una de las expresiones del periodo de barbarie que estamos viviendo. Por eso, en este día de las madres, miles de ellas no tienen nada que festejar.

Durante todo 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió 283 recomendaciones a distintas autoridades de Jalisco tras identificar violaciones a los derechos humanos de las personas, según el Informe de Actividades 2021 presentado este miércoles por el ombudsman, Alfonso Hernández Barrón.

A partir de dichas recomendaciones, la CEDHJ logró que se emitieran pagos por 5'993,687 pesos, y que se sancionara a 187 personas servidoras públicas. Sin embargo, la cifra es 68.3% menor que la reportada hace 5 años, cuando en 2017, se lograron pagos por 18'954,357 pesos.

A esto además se suma que el número de recomendaciones emitidas es mayor a las presentadas cuando recién había llegado Hernández Barrón al cargo de ombudsman. Según detalla el informe anual de 2017, entonces se presentaron apenas 40 recomendaciones.

De acuerdo con el titular de la CEDHJ, lo anterior se debió a fallas presentadas en la Comisión Estatal de Víctimas, pues ésta todavía no ha terminado de ser constituida, ya que requiere que se sumen 3 representantes de la sociedad civil, además de que, aseveró, la pandemia frenó la labor de la CEDHJ.

"La mitad de nuestra gestión está marcada por la pandemia. Nosotros con los datos que teníamos a 2019 habíamos hecho un repunte de la dinámica que traíamos, y vimos como en mucho de los rubros se estancaron", añadió el ombudsman.

Entre las autoridades a las que se dirigieron más recomendaciones fueron la Fiscalía del Estado, con 13; el Ayuntamiento de Tlajomulco, con 7 y la Secretaría de Seguridad Pública, los ayuntamientos de Puerto Vallarta y Tlaquepaque, con 5 recomendaciones cada uno.

Por otra parte, el Informe de Actividades 2021 también detalla que el Siapa, la Fiscalía y el Gobierno del Estado fueron las autoridades estatales más señaladas en las quejas presentadas por la ciudadanía.

Las violaciones más señaladas fueron al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, prestación indebida del servicio público, violación al derecho a la protección a la salud, violación a los derechos ambientales, y negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de agua.

Por otra parte, detalló, se brindó acompañamiento a la ciudadanía en 227 marchas y manifestaciones llevadas a cabo durante todo 2021, a fin de garantizar que se cumpliera el derecho a la libre manifestación y se salvaguardara la integridad de las personas que protestaban en ellas.

Entre 2015 y 2020, la Secretaría de Administración [del Estado de Jalisco] invirtió 35.8 millones de pesos en obras y medidas de seguridad en los corralones a cargo del estado.

Pese al gasto, entre el 1 de febrero de 2019 y el 9 de octubre de 2020, se reportaron afectaciones en 170 vehículos: 56 por hurtos parciales, 111 por daños y el robo de 3 motos.

Durante el mismo periodo, las autoridades pagaron sólo una indemnización por 13,759 pesos.

Considerando las últimas 2 gestiones estatales, la dependencia reportó que entre 2014 y 2020 se destinaron más de 6.6 millones de pesos para cubrir los robos o daños que presentaron vehículos resguardados en los depósitos vehiculares.

Por ejemplo, en junio de 2016 pagaron 1'115,000 pesos al dueño de un vehículo, pero se desconoce a quién o por qué se cubrió esa suma millonaria.

Luego de 755 días de los hechos, las autoridades estatales cumplieron con reparar los daños ocasionados al vehículo de María.

El 21 de marzo de 2019, el esposo de María perdió la vida de forma violenta. Él se encontraba estacionado en los cruces de Adolf Horn y la calle Fresnos, en Tlajomulco, cuando a 100 metros de distancia se registró una balacera que lo alcanzó.

El automotor fue asegurado por la Fiscalía del Estado y remitido al depósito vehicular número 11, conocido como macropatio, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga.

Fernando Zambrano Paredes, coordinador de Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones de la CEDHJ, informó que el Ministerio Público aseguró de forma indebida el vehículo. "Se acredita que el vehículo no tiene nada que ver con los hechos que se estaban investigando por los probables delitos y se pide la devolución (de la unidad). A partir de ese momento se genera el viacrucis para la dueña".

María acudió el 9 julio de 2019 a la Comisión para solicitar apoyo en ese proceso. Se le entregó un oficio para que se le condonara el pago por el tiempo que el automotor estuvo resguardado en el macropatio, pero hubo negativa por parte de las autoridades del depósito.

Un día después acudió a pagar 14,900 pesos para liberar el auto, pero se percató que le faltaban la batería y la computadora, entre otras piezas, por lo que decidió no sacar el vehículo. Posteriormente presentó una queja ante la Comisión, la cual derivó en la recomendación emitida en septiembre pasado. En el documento se señala que se le perjudicó "desde el momento en el que se llevaron su vehículo, luego tuvo que pagar por la devolución siendo víctima directa y posteriormente al tener el estado en resguardo el mismo, fue saqueado". En abril pasado, las autoridades repararon el daño. El pago fue por 63,700 pesos.

El 5 de octubre de 2018, el conductor de un auto compacto cayó en una alcantarilla sin tapa que se ubica en Calzada del Ejército. Los daños fueron valuados en 37,500 pesos.

En la solicitud que presentó para reclamar la indemnización, explicó al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) que no se veía bien, pues una tormenta había afectado las lámparas que están en la vía referida.

Tras casi un año de espera, en agosto de 2019 la Subdirección Jurídica del SIAPA aceptó su responsabilidad y pagó al perjudicado.

Por este tipo de hechos, pero también por fugas de agua, inundaciones y socavones, entre otros, el SIAPA ha desembolsado 17'427,387 pesos durante los últimos 5 años.

Como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, se indicó que el monto corresponde a 134 reclamaciones que el organismo y el Tribunal de Justicia Administrativa calificaron como procedentes entre 2016 y 2020. En este año no se han documentado aprobaciones.

En julio de 2019, un conductor cayó a un bache en la colonia Poniente, de Zapopan, y éste no sólo le ponchó 2 llantas a su auto, sino que dañó ambos rines. Él inició un trámite de responsabilidad patrimonial ante el ayuntamiento y solicitó el pago de los desperfectos.

Tras el análisis de la Sindicatura a las pruebas que éste aportó, el municipio aprobó pagarle 15,100 pesos para solventar el gasto.

En la última administración, el Gobierno de Zapopan pagó 273,860 pesos a los ciudadanos por daños relacionados con baches, árboles caídos, postes o afectaciones ocasionadas por maquinaria de la alcaldía. Es una suma 3.5 veces más alta que los pagos emitidos en Guadalajara por el mismo concepto: 76,627 pesos.

En lo que va de esta administración, el Ayuntamiento de Zapopan ha iniciado más de 200 trámites por responsabilidad patrimonial que ascienden a más de 322,000 pesos exigidos, de los cuales se calcula que sólo 40% han sido procedentes.

"El ciudadano tiene derecho a que se le restituyan aquellos montos que no tenía que erogar porque se derivan de alguna falta de cuidado del municipio, que no tuvo el cuidado de atender, como quizá cortar un árbol o reparar un bache", explicó el director Jurídico de la Sindicatura de Zapopan, Isidro Rodríguez.

Uno de los casos ocurridos en ese municipio fue la caída de un poste del alumbrado del municipio sobre un auto que circulaba en la colonia El Vigía. El afectado cotizó el daño en 38,289 pesos por refacciones y mano de obra, pero tras las indagatorias de la Sindicatura se determinó que se le entregarían únicamente 34,125 pesos, pues lo solicitado se hallaba a sobreprecio.

El pago por concepto de responsabilidad patrimonial se establece en el Artículo 113 Constitucional y la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado: los municipios, entes públicos y/o dependencias deben pagar por los daños causados por sus omisiones materialmente administrativas, cuando éstas sean irregulares y no recaigan en la responsabilidad del afectado.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de notar algún desperfecto o situación que pueda ser subsanada por la alcaldía, la reporte ante las instancias correspondientes a fin de prevenir algún accidente.

Los zapopanos interesados en hacer válido este derecho por daños ocasionados a su patrimonio, a causa de omisiones de la alcaldía, deben acudir a la Sindicatura del Ayuntamiento y presentar ahí un escrito en el cual expliquen detalladamente lo ocurrido, junto con todas las pruebas, fotografías y facturas que sustenten el daño.

Por daños relacionados con baches, caída de árboles, postes que se vinieron abajo o afectaciones por maquinarias a cargo de la alcaldía de Guadalajara, entre otros rubros, ese ayuntamiento ha indemnizado a 16 ciudadanos.

Los pagos ascendieron a 76,627 pesos en lo que va de la administración, de acuerdo con la síndica, Bárbara Trigueros.

Explicó que en total se han recibido 81 trámites para aplicar este beneficio, además de 48 que se tenían pendientes de concretar en la administración pasada.

"Esta es una responsabilidad que tenemos: responder cuando existe una omisión. Cuando esto le suceda a las personas, tienen un año completo para solicitar que el municipio les repare su daño. Lo más importante es que comprueben que sí es una omisión del municipio y que éste sí causó el daño".

Según la reforma al Artículo 113 constitucional y la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, los municipios, entes públicos y/o dependencias deben pagar por los daños causados por sus omisiones materialmente administrativas, cuando éstas sean irregulares y no recaigan en la responsabilidad del afectado.

Las y los interesados en hacer válido este derecho deben acudir a la Sindicatura del ayuntamiento y presentar un escrito en el cual se explique lo ocurrido, junto con las pruebas y facturas que sustenten el daño.

El Instituto Nacional de Acceso a la Información nace de una propuesta de un grupo de académicos y periodistas denominado Grupo Oaxaca que presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley con el objeto de crear un sistema jurídico e institucional que tuviera acceso a cualquier tipo de información proveniente de las actividades de las autoridades.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es un organismo autónomo que emana de la Constitución para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de acceso a la información pública y proteger los datos personales.

Todo ciudadano mexicano tiene derecho a solicitar información a las autoridades, cuando éstas no la proporcionan, se acude al pleno del IFAI, que es el órgano supremo que da resolución a los casos de revisión que se interpongan en contra de las negativas o falta de respuesta de solicitudes de información.

El derecho de acceso a la información pública lo tienen los ciudadanos para que se les proporcione en forma gratuita, sin que se necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso.

En octubre de 2002 nació el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que fue el 1er. organismo encargado de obligar a todas las dependencias federales a transparentar el uso de sus recursos y dar cuenta y razón de cómo y porqué de sus recursos.

No fue sino hasta la época de Vicente Fox cuando se empezó a hablar de transparencia y de la partida secreta de la que dispone el presidente sin tener que explicar su uso y destino.

El IFAI cambió su nombre al INAI el 5 de mayo de 2015 con el apoyo de la Red de Rendición de Cuentas que integra a más de 60 instituciones académicas, sociales y gubernamentales. Fue así como se transformó en un organismo autónomo con nuevas atribuciones, creó comisiones de trabajo y aprobó 84 proyectos estratégicos por medio de 7 comisionados. Se abrió una nueva etapa en la historia democrática de México al ampliar sus funciones a sindicatos, partidos políticos, legisladores, órganos autónomos y cualquier persona física o moral que recibe o ejerce fondos públicos, incluyendo a los estados y municipios.

Se atribuye al INAI las investigaciones periodísticas de la "casa blanca", la "estafa maestra" y las empresas factureras de Javier Duarte, entre otras.

El INAI es el órgano autónomo que amenazó con eliminar el presidente López Obrador; es de los organismos autónomos que tacha de costosos e inútiles. Es el INAI el organismo que va a proteger a los ciudadanos si se aprueba la nueva tarjeta de identidad con datos biométricos. Es el INAI el que puede garantizar unas elecciones limpias vigilando el uso de dinero de los ciudadanos.

El INAI ordena que se den a conocer las denuncias contra ex presidentes, pero también debe ordenar que se den a conocer las denuncias que ya se están presentando en contra del presidente López Obrador.

Pese al aumento de víctimas en el país, apenas 313 personas fueron apoyadas entre enero y abril con el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral: una décima parte de los 3,320 beneficiados en 2019, reporta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Este fondo es para la asistencia, compensaciones por atropellos de autoridades y para los afectados de la delincuencia.

Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, exige la armonización de la Ley de Víctimas en Jalisco, que cumplió 2 años de retraso.

Entre enero de 2015 y abril de 2020, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral erogó 2,204 millones de pesos en apoyos a las víctimas en el país. Y 8 de cada 10 peticiones pagadas han sido por el concepto de "gastos funerarios, alimentación, alojamiento y traslados", con 6,736 beneficiados (de un total de 8,463 en ese periodo en todos los conceptos).

Los otros apoyos fueron por compensación por la violación de los derechos humanos cometidos por autoridades federales, con 1,017 ciudadanos ayudados; por compensación subsidiaria por la comisión de delitos del fuero federal, con 678 víctimas; medidas de satisfacción, con 31 personas, así como un beneficiado con la medida de restitución.

El 3 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas (LGV).

Como parte de los cambios se incluyó en el Artículo 6 el concepto de recursos de ayuda, como los gastos de apoyo inmediato, asistencia, atención y rehabilitación.

Respecto de la armonización legislativa en el país, Jalisco es una de las 19 entidades que no han cumplido con las reformas del 3 de enero de 2017, apunta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en su informe sobre el avance en este rubro.

De acuerdo con el desagregado local, en Jalisco tampoco hay instituciones públicas que atienden a las víctimas, por lo que actualmente opera con la Ley de Atención a Víctimas del Estado (de febrero de 2014). Aunque sí cuenta con una comisión estatal instalada.

Anna Karolina Chimiak subraya que la armonización es fundamental para la creación y el funcionamiento de las instituciones especializadas, además de que la ley general presenta múltiples deficiencias en su aplicación y el proceso legislativo podría significar una oportunidad para subsanarlas. También para incorporar los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia.

Los 13 estados que cuentan con su normatividad armonizada a la LGV del 3 de enero de 2017 son: Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Durango, Morelos, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 señalan que 24.7 millones de personas fueron víctimas del delito, lo que representa una tasa de 28,269 víctimas por cada 100,000 habitantes, una tendencia que muestra un comportamiento ascendente.

En mayo de este año, el Sistema Sobre Víctimas de Desaparición registró 9,341 casos de personas desaparecidas o no localizadas en la entidad. En la actualización de junio reportan que los eventos crecieron a 9,413: 8,277 hombres, 1,128 mujeres y 8 personas con sexo no identificado.

El pasado 17 de julio, la asociación Tómala organizó una rueda de prensa para exigir que se tomaran en cuenta las aportaciones realizadas para la publicaciones de la Ley de Atención a Víctimas de Jalisco, la Ley de Personas Desaparecidas y la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas, debido a que la eEntidad es 2o. lugar en desaparecidos.

Representantes de las organizaciones remarcaron que, pese al trabajo realizado, les han filtrado versiones de las propuestas que se pretenden subir al pleno del congreso local, las cuales no incluyen las observaciones hechas por las familias afectadas y los especialistas.

Anna Karolina Chimiak acentúa que en las actuales propuestas detectaron limitaciones en cuestiones relacionadas a temas como búsqueda inmediata o la responsabilidad de superiores jerárquicos.

Este último punto se pidió para la creación de la Ley General en materia de Desaparición, que no se tomó en cuenta como lo planteaban las familias. "En Jalisco constituiría una oportunidad importante, sabiendo que el delito de desaparición incluye varias cadenas de mando".

Por otro lado, piden rendición de cuentas a través de la figura del consejo ciudadano para que sea el órgano de consulta del Sistema Estatal de Búsqueda.

"Pero lo reducen al órgano de consulta de la Comisión de Búsqueda. A su vez, no amplían sus atribuciones en cuanto al acceso a la información sin ninguna restricción. Y no ajusta ni otorga más garantías en cuanto al cumplimiento... y las garantías de cumplimiento para las recomendaciones". Por eso proponen indicadores para medir la eficacia de la localización de las personas y las políticas públicas.

Chimiak indica que en las leyes tampoco incluyen atribuciones de los municipios. Dice que se regulaban sus atribuciones en panteones forenses o en el Registro Civil relacionado con la declaración especial de ausencia por desaparición, o los temas de búsqueda y prevención.

"Eso tampoco se considera... ni los aspectos relacionados a la desaparición de menores y el protocolo Alba. No es sólo reincorporar las observaciones, sino retomar el diálogo y la revisión conjunta para, en ese sentido, ir reflexionando los contenidos, con base en las necesidades de las familias".

Anna Karolina Chimiak recuerda que en Jalisco se tiene el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas, el cual presenta un reto en el aspecto del acceso a los apoyos. Al respecto, considera que es importante realizar un diagnóstico de su funcionamiento. "No contamos con ninguna evaluación que pudiera darnos indicadores transparentes y eficaces, como reducir la burocracia, hacer difusión de las funciones y que las víctimas sepan que existe esta institución".

Alejandra Nuño, titular del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, advierte que vienen momentos complicados en materia presupuestal. Además, a nivel federal acaba de renunciar la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez.

El presupuesto de Jalisco indica que el Modelo Integral de Atención a Víctimas tiene un recurso por 36.8 millones de pesos (27.7 millones de pesos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas del Delito o de Violaciones a Derechos Humanos, así como 9.1 millones para víctimas atendidas en materia de delitos y de violaciones a derechos humanos).

Sin embargo, en la página de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Jalisco no hay transparencia en la entrega de apoyos. Y las unidades no responden solicitudes de información.

De acuerdo con los últimos resultados publicados, en 2017 se brindaron 13,840 atenciones jurídicas, psicológicas, médicas y de trabajo social, además de 45 compensaciones.

En junio pasado se anunció un recorte de 75% al gasto corriente del presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el cual asciende a 139.4 millones de pesos para todo el país, por lo que la dependencia anunció que eso frenaría sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.

Por ese motivo tendrá que reducir la nómina porque la mayor parte del personal es eventual. También el pago de rentas, agua, luz, telefonía e internet de oficinas centrales y los 32 Centros de Atención Integral que hay en el país.

Advierte que sin defensa legal, la CEAV incurrirá en el incumplimiento de las sentencias, "las cuales consumirán rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por lo que no habrá recursos para ayudar a las víctimas con medidas de alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones".

Y no habrá abogados suficientes para emitir resoluciones y hacer los análisis jurídicos técnicos de derechos humanos en indemnizaciones por daños, lo cual terminará por impedir que las víctimas puedan acceder a la compensación. "Quedará pendiente la elaboración de un nuevo modelo de compensaciones a nivel nacional, con estándares homologados, criterios internacionales y un enfoque de protección de derechos humanos".

La Comisión detalla por Transparencia que su presupuesto de este año era de 855'454,264 pesos, con corte al 13 de julio de 2020.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a la familia de una de las menores que falleció en 2009 en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le pague 10 millones de pesos.

La 1a. Sala de la SCJN avaló un proyecto de resolución, realizado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que también ordenó a la CEAV recuantificar la reparación del daño que corresponde a la familia de la pequeña Paulette.

"Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el director general del Comité Interdisciplinario Evaluador. Se confirma la sentencia recurrida. La justicia de la Unión ampara y protege a las quejosas en contra de la resolución de 8 de febrero de 2018 dictada en el expediente CEAV/CIE/0127/2017", indica el resolutivo.

La propuesta del ministro González Alcántara Carrancá fue avalada por sus compañeros en la 1a. Sala, excepto por Jorge Mario Pardo, quien aclaró que está a favor de conceder el amparo pero que algunos agravios de la CEAV también son fundados.

El criterio del ministro ponente establece que los órganos jurisdiccionales están facultados para recuantificar los montos de indemnización cuando son calculados de manera errónea.

Familiares de Gabriela Gómez, la mujer de 26 años que murió en el atentado contra el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, reclamaron una indemnización justa, al calificar de "prepotente" el trato que les han dado las autoridades capitalinas.

"¿A poco vale 10,000 pesos una muerte y 2 huérfanas?", preguntó Maximino Jiménez, pariente del esposo de Gabriela, al referirse a la indemnización que les fue entregada.

Gabriela murió al recibir un disparo en la cabeza cuando se dirigía a su trabajo: un puesto de comida.

Víctimas de las detenciones arbitrarias del 5 de junio informaron que la reparación del daño que les causaron los policías investigadores que los detuvieron ilegalmente, cuando acudían a manifestarse por el homicidio de Giovanni López a manos de agentes municipales, ya comenzó a ser entregada.

Uno de los jóvenes, quien no reveló su nombre por seguridad, detalló que ya han recibido, en cheques, algunos pagos para reponer las bicicletas, celulares y efectivo que los elementos les quitaron cuando los detuvieron.

Precisó que si bien se sabía en dónde se hallaban sus pertenencias, el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra, pidió que mejor les fueran pagadas para que compraran unas nuevas.

Otros afectados recibieron atención médica y algunos fueron canalizados a instituciones de salud para que atendieran el impacto psicológico que les trajeron esos hechos.

"La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nos ha estado acompañando. La verdad es que sí nos han atendido muy bien; en todo momento han sido muy humanos y sensibles. No nos han abandonado. Pero sabemos que algunos de los compañeros todavía están en proceso de que les paguen".

Una víctima dijo que la Fiscalía Anticorrupción les dio el número de las comisarías municipales para que, en caso de sentirse en peligro, llamaran y pidieran apoyo. Sin embargo, sostuvo que, al haber sido víctimas de las autoridades locales, no confían ya en ninguna de las policías de la entidad.

Por 1a. vez, un policía vial reparó el daño causado a un ciudadano. En un operativo del Programa Salvando Vidas, el agente sometió a un ciudadano, provocándole una lesión en la vértebra.

El habitante denunció al oficial por abuso de autoridad ante la Fiscalía Anticorrupción. Gerardo de la Cruz detalla que se trató de un acto de violencia innecesaria e indebida. "En ese momento no se tenían identificadas a las personas que llevaron a cabo esta agresión; sin embargo, se presenta la denuncia y se hacen actos de investigación para identificar específicamente ese día, la hora y quiénes formaban parte del operativo".

Cuando se logró identificar al agente se le vinculó a proceso. Y previo al juicio oral, el agente pidió reparar el daño. El costo fueron 30,000 pesos, que incluyó las afectaciones patrimoniales causadas.

"Ya con el daño reparado se logra un acuerdo. Y se le estableció, específicamente al agente, un año de suspensión del proceso. Un año con medidas de vigilancia efectuadas por la unidad de medidas cautelares".

El fiscal destaca que el dinero lo pagó el elemento, lo cual es trascendente. "Porque muchas veces, otras autoridades han logrado una condena en contra de un servidor público, pero termina pagando el Estado, con dinero del erario; es decir, con dinero de los ciudadanos".

También puntualiza que se da un doble mensaje, ya que en el derecho penal se busca la prevención en cuanto a lo particular; en otras palabras, que el señalado no vuelva a incurrir en un acto similar en el futuro. "Al servidor público que le terminó costando 30,000 pesos, difícilmente va a querer meterse en problemas de nuevo".

En diciembre de 2013, policías que pertenecían a la Secretaria de Movilidad detuvieron a un joven a quien esposaron y subieron a la caja de la camioneta. Durante el trayecto, la patrulla chocó, por lo que el hombre salió proyectado y murió tras caer.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) acreditó que hubo violaciones a sus garantías fundamentales, por lo que ese caso se convirtió en el 1o. en el que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco (CEEAVJ) entregó una compensación económica a su familia, en diciembre de 2016.

Aunque en 2017 se repararon los daños en otros 46 casos, desde ese año las reparaciones se redujeron al sumar únicamente 24 en 2018 y 8 en 2019 (hasta el 11 de diciembre), según información entregada vía Transparencia.

La reducción puede obedecer a que también bajó el número de solicitudes, informó Iván Sánchez Rodríguez, secretario de la Comisión, quien informó que durante 2019 recibieron solo 34.

Y no todas son beneficiarias, pues las personas deben acreditar haber sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

"Mediante una entrevista preliminar, se logra identificar la problemática y eso nos permite conocer si las personas que acudieron tienen la calidad de víctimas u ofendidas dentro de una carpeta de investigación estatal, o que sean parte de una queja ante un organismo estatal defensor de los derechos humanos", explicó.

Aunque la Comisión no revela los montos otorgados por protección de los datos de las víctimas, en 2017 cada reparación de daño promedió 314,000 pesos, mientras que en 2018 la suma promedio fue de 352,000 pesos. Para 2020, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se mantendrá igual que desde 2018: 26 millones de pesos.

La teoría democrática diría que nuestro poder, nuestra capacidad de influencia en la vida pública, lo ejercemos a través de los diputados elegidos como nuestros representantes y cuya labor es discutir y aprobar las leyes que definen el camino a seguir y reglamentan la conducta de la sociedad y del propio gobierno.

Esa es la teoría. Supuestamente elegimos hombres capaces, prácticos, honestos, amantes del orden y respetuosos de la ley que se encargarán de cuidar intereses comunes y evitar abusos y atropellos.

Sin embargo, la realidad es otra.

Independientemente de las diferentes visiones del futuro colectivo, de las desigualdades y carencias, estoy seguro que en ningún caso, ningún ciudadano, ni siquiera el más pobre y necesitado de todos, estaría de acuerdo con muchas de las decisiones que nuestros representantes y autoridades electas, de todos los partidos y corrientes políticas han tomado en el pasado, o están tomando en el presente.

Estoy seguro que ningún ciudadano honesto está de acuerdo, por ejemplo, en que le quiten su propiedad si un delincuente la usa, sin su conocimiento, para cometer algún delito (ley de extinción de dominio), que se le pague a maestros que no trabajan o que no están capacitados para enseñar a sus hijos (nueva reforma educativa), que el gobierno no intervenga cuando manifestantes bloquean vías de comunicación e impiden el paso de personas y mercancías (no aplicación de la ley ni de la fuerza pública), que a personas inexplicablemente ricas no se les investigue y hasta ocupen cargos públicos (impunidad), que se condonen impuestos a personas o empresarios poderosos sólo porque son afines o útiles al gobierno (mafias de poder), que los causantes corramos el riesgo de terminar en la cárcel si un tercero nos da una factura falsa (terrorismo fiscal), que las compras del gobierno y las obras públicas se lleven a cabo por medio de asignaciones directas sin licitaciones de por medio (corrupción y nepotismo), que se regale dinero a quienes pudiendo trabajar honestamente no lo hacen (uso faccioso y clientelar de recursos públicos ), etc.

Si todos, o la enorme mayoría de los ciudadanos, coincidimos en lo anterior y en innumerables errores, caprichos y corruptelas más, ¿por qué entonces los diputados que supuestamente nos representan, proponen o aprueban todas las nuevas leyes y reformas que permiten todo esto? ¿Por qué tenemos todos los mexicanos que correr los riesgos o sufrir las consecuencias de leyes y políticas públicas con las que nadie está de acuerdo? ¿Por qué no se manifiestan en bloque en contra de estas iniciativas, las corrigen o derogan?

La única explicación es que los diputados y gobernantes electos no representan ni protegen los intereses ciudadanos, sino los suyos propios, eliminando todo el poder que supuestamente tenemos sobre ellos.

Frente a los engaños, las obvias y cínicas violaciones a la voluntad popular (y no me digan que la voluntad popular es la impunidad, la discrecionalidad o aplicación selectiva de la ley, o que las aprobaciones del pueblo se obtienen con consultas improvisadas haciendo preguntas a modo) lo único que nos queda hacer a los ciudadanos es elaborar una agenda de intereses y preocupaciones comunes para que juntos todos (liberales y conservadores, chairos y fifís, creyentes y ateos, etc.) exijamos a los diputados de todos los partidos que se encarguen de llevarla a cabo y nos den cuenta de ello.

Documentemos lo que nos afecta a todos por igual y trabajemos juntos para cambiarlo, lo cual servirá además para darnos cuenta que tenemos muchas más cosas en común de las que creemos.

Entre 2015 y 2018, los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco pagaron 413,256 pesos a 82 personas que reclamaron indemnizaciones por afectaciones debido al mal estado de las calles.

En total, 212 habitantes realizaron el trámite, aunque menos de la mitad obtuvo resoluciones favorables. El municipio que más erogó recursos en compensaciones fue Zapopan, con 343,353 pesos repartidos en 63 habitantes.

Uno de los casos fue el de una pareja que tuvo un accidente tras caer en un bache, localizado en avenida Vallarta. Según el procedimiento de responsabilidad patrimonial, el ayuntamiento los indemnizó con 65,156 pesos: 43,340 pesos por daños al vehículo y 21,816 pesos por gastos de hospitalización.

El Ayuntamiento de Guadalajara reportó indemnizaciones a 13 ciudadanos por 56,092 pesos.

Los interesados deben presentar el trámite ante la Sindicatura y demostrar datos de modo, tiempo y lugar.

Los escritos deben estar firmados por los solicitantes, tener la explicación de los daños y adjuntar imágenes que prueben los hechos. Algunos casos son rechazados porque los ciudadanos no presentan elementos suficientes, porque el bache no está localizado en el municipio referido o porque los socavones son competencia del SIAPA.

Por vez primera en la procuración y administración de justicia en esta entidad, la Fiscalía Anticorrupción logró que un servidor de una corporación estatal deba pagar daños a una víctima de maltrato, lo que sentará un precedente que hará que los oficiales piensen 2 veces antes de actuar con prepotencia, afirmó el titular de la dependencia, Gerardo de la Cruz Tovar.

El miércoles de la próxima semana se desahogará la audiencia donde el juicio concluirá con un procedimiento abreviado, pues se acordó que el servidor pague 30,000 pesos a la víctima, lo que es un mes de sueldo para el policía.

"Tiene mucha trascendencia porque es una carpeta de investigación que inicia por un maltrato a un particular en un proceso de detención. Lo revisan en una detención y lo maltratan, como ha ocurrido muchas veces".

Acreditar un abuso de autoridad no es sencillo, dijo, puesto que aún hay mucha resistencia de los compañeros de los señalados para proporcionar información para poder investigar. Sin embargo, pudieron identificar a la persona señalada por la agresión y se reunieron los datos de prueba para vincularlo a proceso.

Cuando el juez decretó la vinculación a proceso y siguió la siguiente fase en el juicio, que es la investigación complementaria, el oficial se dio cuenta de que era muy probable que lo hallaran culpable y lo sentenciaran. "Entonces buscó terminar el caso de manera anticipada y se acercó a la Fiscalía".

La Fiscalía le propuso entonces que si causó un daño a la persona, que pagara por eso, pues el afectado tuvo que faltar a su trabajo por las lesiones y solventar sus gastos médicos.

"En audiencia la próxima semana ocurre que tenemos ya un convenio por medio del cual se va a concluir de manera anticipada este procedimiento con una suspensión de juicio a prueba, pero va a tener que pagarle una cantidad de 30 mil pesos".

El fiscal recalcó que este asunto es trascendente porque muy pocas veces se logra sancionar a un servidor por abuso de autoridad y cuando se logra, quien paga los daños es el Estado a costa del erario público. "En este caso el servidor público deberá pagar con su dinero para la reparación del daño".

Otra ventaja es que con este antecedente de sanción se podrá lograr que la persona que cometió el delito ya no lo repita y que sirva de ejemplo para los demás.

"Estoy seguro de que en una futura detención no va a andar maltratando gente y estoy seguro que los compañeros que estuvieron con él y los compañeros que se enteren de la sentencia, no se van a querer meter en problemas".

Por considerar que el "gasolinazo" es inconstitucional, la mañana de este miércoles un grupo de ciudadanos acudieron a la Ciudad Judicial Federal para presentar un amparo colectivo con el que pretenden el combustible sea pagado a un precio real.

Francisco Velasco, uno de los inconformes, explicó que comenzó a organizarse entre sus vecinos. "Nos ha afectado a todos, no es nada más a los que tenemos coche, sino a los que andamos en camión, compramos la canasta básica porque todo sube, es una cuestión que nos ha afectado".

Juntos decidieron buscar asesoría técnica para ver la mejor manera para presentar dicho recurso, para lo cual contactaron al regidor de Zapopan, Iván Chávez, quien a su vez propuso a Salvador García como representante legal.

El legista explicó que lograron reunir alrededor de 5,000 firmas para respaldar la solicitud de amparo colectivo en contra del IEPS a la gasolina.

Ellos argumentan que el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) es inconstitucional, pues en ninguna de las leyes relacionadas con el precio de la gasolina establece una metodología ni soportes técnicos precisos para determinar su precio.

"El IEPS se aplica sobre el precio por litro de la gasolina, nosotros estamos argumentando que el precio de la gasolina es ilegal e indebidamente determinado. La Constitución, los tribunales te dicen que si un elemento de los impuestos (...) es inconstitucional, entonces el impuesto es inconstitucional".

Para demostrarlo buscarán a peritos en materia financiera, energética y de negocios que expondrán que no hay nada en la ley que establezca un procedimiento para fijar los precios de la gasolina.

"¿Cuál es la razón de que se pague ese precio a nivel nacional? No la sabemos, y es lo que vamos a demostrar, que el precio de la gasolina es ilegal, es caprichoso, es injusto".

Esperan que el Juzgado de Distrito que atraiga la solicitud de amparo admita la demanda en un plazo de unos 30 días, aunque la resolución podría tomar entre 3 y 4 meses.

En caso de que la rechacen ya cotejan una alternativa que les permita llegar directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el tema no quede a nivel local.

"Tenemos el 99% de seguridad de que técnicamente los precios de la gasolina no tienen sustento, confiamos en que podremos tener una sentencia favorable".

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Jalisco (CEAVJ) informó que, de 2015 a 2018, entregó 71 compensaciones económicas subsidiarias a víctimas del delito y de violaciones a sus derechos, de las cuales 30 fueron por violación de derechos humanos cometidas por autoridades de seguridad pública estatales y municipales, por un total de 52 millones de pesos.

Otras 17 fueron por negligencias médicas atribuidas a los hospitales de la Secretaría de Salud y Servicios Médicos Municipales, 11 más por omisiones en la procuración de justicia, 3 por la negligencia de las autoridades estatales administrativas, 6 por el delito de homicidio y 4 por omisiones en el sistema penitenciario. Además, brindaron 17,000 atenciones jurídicas, psicológicas, médicas y de trabajo social.

En 2018 se entregaron 24 compensaciones, entre las cuales estuvo la que se aprobó para la familia del bebé Tadeo y Francisco Javier, quienes perdieron la vida por bloqueos y tiroteos a consecuencia del atentando contra el ex fiscal Luis Carlos Nájera.

En materia de derechos humanos, las últimas reparaciones del daño fueron en 3 casos. Uno por negligencia de un agente del MP en la integración de un expediente en la denuncia contra un profesor, quien abusó de una menor que padecía de una discapacidad intelectual. El 2o., en 2013, por omisiones de la autoridad para investigar la desaparición de 2 jóvenes de Lagos de Moreno. Otra compensación fue por el suceso en el que una mujer perdió la vida al recibir impactos de arma por su expareja, pese a que tenía una medida de protección.

-Los recursos pagados a víctimas con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se duplicaron en 2018 comparado con lo que se ejerció entre 2015 y 2017, según la información que publican cada mes en su página electrónica.
-El monto por recursos de ayuda y compensaciones que se ha otorgado a todos los afectados, de 2015 a octubre de 2018, suma un total de 897.1 millones de pesos, de los cuales 520.1 millones de pesos son de este año. Aunque los datos no se desglosan por estado se indica que la ayuda se repartió a 1,825 personas este año.
-Esos apoyos se reparten en 3 rubros. De los 520.1 millones de pesos, 177.6 millones de pesos fueron recursos por conceptos de pagos funerarios, alimentación, alojamientos, peritajes, gastos médicos y traslados para 1,407 ciudadanos.
-También está la compensación subsidiaria por la comisión de delitos del fuero federal, que entre enero y octubre de este año ha sido de 36.9 millones de pesos para 62 ciudadanos.
-La 3a. partida es para la reparación de daños por la violación de los derechos humanos cometidos por autoridades federales, que este año ha sido para 356 personas que recibieron 305.6 millones de pesos como compensación.
-En contraparte a las compensaciones, el presupuesto para la atención a víctimas fue el más bajo. Mientras en 2014 fue de 717 millones de pesos, este año la cantidad es de 239.2 millones, de acuerdo a datos de la CEAV vía transparencia.

Entre 2015 y 2017, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) entregó 129 millones por violaciones a los derechos humanos que cometieron autoridades federales. Sin embargo, de enero a septiembre de 2018 la cifra aumentó a 335 millones: 2.5 veces más.

Entre los responsables de los abusos, por los cuales se otorgaron pagos en los primeros 9 meses de este año, están los gobiernos de Quintana Roo, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Baja California y Oaxaca; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

Además, acentuó que los montos se dieron por hechos como pérdida de la vida, ejecución arbitraria, tortura, incomunicación, violación a la presunción de inocencia, desaparición forzada, lesiones, detención arbitraria, retención ilegal y uso excesivo de la fuerza, entre otros.

Uno de estos ejemplos se documentó en 2016, cuando se compensó con 6'908,587 pesos a 7 víctimas indirectas que dejó la muerte de una persona a manos del Ejército.

Ese mismo año se desembolsaron 3'259,282 pesos por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la legalidad y a la seguridad que cometieron elementos de la PGR.

Esta última dependencia removió de sus cargos a 13 agentes que detuvieron indebidamente a personas y las maltrataron física y psicológicamente entre 2016 y 2017.

Para Alejandro Anaya, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), el incremento puede adjudicarse a las últimas reformas a la Ley de Víctimas, pero también a la presión que han ejercido las organizaciones civiles y los afectados. "(La CEAV) está siendo muy lenta y muy problemática en asignar pagos", dijo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), las solicitudes de personas que sufrieron un delito o una violación a sus derechos humanos van al alza.

Por ejemplo, si bien en 2014 se documentaron 2,776 peticiones, en 2017 se apuntaron 6,654. Hasta el 3er. trimestre del año sumaron 5,520.

Anaya explicó que uno de los componentes de la reparación de daño es la compensación económica. Otros son la justicia, la verdad y la memoria. "Si nuestra política se limita a las compensaciones, estamos en problemas. Eso es realmente lo que está pasando. Y lo están haciendo muy poquito y mal".

Una de las críticas perennes al gobierno es el uso indebido de los recursos públicos. Lo tenemos presente y nos duele como mexicanos que la élite política pueda burlar al sistema de manera constante para enriquecer sus bolsillos. Preguntémosle a Javier Duarte si no es cierto.

Con la transición de gobierno muchos tienen la esperanza de un cambio contundente, mientras otros tantos permanecen escépticos. Más allá de nuestras posturas individuales, lo cierto es que como ciudadanos no debemos pedirle al nuevo gobierno que haga un uso eficiente de los recursos públicos, se lo debemos exigir.

Debemos exigir al gobierno una asignación apropiada de nuestros recursos. Los pilares de eficiencia y eficacia deben fungir como parámetros de honradez para la siguiente administración.

Como ciudadanos, tenemos la tarea imperiosa y exhaustiva de seguir los pasos de la próxima administración para demandar una correcta asignación de nuestros recursos.

Las 39 familias afectadas por inundaciones en El Deán recibieron este jueves un apoyo del municipio de Guadalajara para reponer el menaje de casa, el cual asciende a un monto de 20,000 pesos por vivienda, confirmó el alcalde tapatío, Enrique Ibarra Pedroza.

Las violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades de seguridad pública estatales y municipales son el principal motivo de las compensaciones subsidiarias otorgadas por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). En total, suman 21 en los últimos 2 años.

El organismo también registró 13 por negligencias médicas atribuidas a hospitales de la Secretaría de Salud estatal y Servicios Médicos Municipales (sin especificar cuáles); 5 por omisiones en el sistema penitenciario y 4 por irregularidades en la procuración de justicia.

César Pérez Verónica, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, afirmó que la legislación e instituciones creadas para atender estos casos no han sido efectivas, pues no han garantizado el acceso a la justicia, a la verdad y la no repetición.

Debido a la falta de presupuesto, la CEEAV no ha extendido su atención fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, donde tiene presencia en los juzgados del 1er. Distrito Judicial, confirmó Juan Carlos Benítez Suárez, secretario técnico de este organismo.

Benítez Suárez detalló que es a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) como se ofrecen asesorías en las diferentes regiones del estado.

Añadió que en las proyecciones presupuestales de los próximos años se tendrán que contemplar recursos para llevar los servicios a toda la entidad.

La Comisión tiene un presupuesto de 31 millones de pesos, de los cuales 26 corresponden al fondo para el pago de compensaciones y 5 millones para los gastos de operación y pago de personal.

La colonia El Dean, fue una de las que más daños sufrió con la inundación registrada el jueves.

Aunque fueron 76 las fincas que anegó la tormenta, sólo en 40 hubo afectaciones a las pertenencias de sus habitantes. A esos moradores se les pagará lo que se les arruinó. Así lo afirmó el presidente municipal interino de Guadalajara, Enrique Ibarra Pedroza.

Respecto a la inundación que se registró en 14 casas en Alcalde Barranquitas, se definió que se pagará el menaje dañado y se realizarán peritajes en las fincas, determinar si hay daños y si los hay realizar las reparaciones correspondientes. Será el consorcio constructor de la Línea 3 del Tren Ligero quien se encargue de los pagos.

También la Línea 1 tuvo daños. 2 vagones del tren quedaron inundados entre las estaciones Dermatológico y Periférico Norte. 90 personas quedaron atrapas y fueron evacuadas nadando y con ayuda de salvavidas. El Siteur ha atendido a 7 personas que viajaron el domingo en el tren afectado: 6 pidieron el pago de teléfono, unos audífonos, una cartera y ropa deportiva. Los daños serán pagados por la aseguradora.

Del 2 de agosto a la fecha se han entregado 13'427,000 pesos como compensación económica por reparar daños a víctimas de violaciones de derechos humanos, según informó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Explican que la cifra es histórica y fue posible mediante la emisión de 27 recomendaciones y una conciliación. La cifra se entregó a varias personas que, en distintos hechos, sufrieron la vulneración de sus derechos por acción u omisión de algún servidor público estatal o municipal.

El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, hizo entrega de 11 compensaciones económicas subsidiarias más a víctimas de violación a sus derechos humanos, reafirmando el 1er. lugar a nivel nacional como el estado que ha realizado más entregas de este tipo. En lo que va del año, la CEEAVJ ha entregado 37 compensaciones y pretende entregar 8 más antes de finalizar el año.

Algo debemos estar haciendo bien desde la sociedad civil para que los poderosos se quejen. Vaya, parece que al fin algún efecto está teniendo la presión de los ciudadanos, pero habría que dejar claro cuál es el papel de los patos y cuál el de las escopetas.

Patos: Los ciudadanos, ahora los patos, somos los sujetos de derecho. Nosotros, todos, pagamos impuestos. Unos más de lo que deberían y otros menos. Hasta los grandes evasores y los informales pagan Impuesto al Valor Agregado cada vez que consumen. No hay pues un solo mexicano que no pague impuestos, por poco que esto sea. Por ese simple hecho los mexicanos nos convertimos en sujetos de una serie de derechos. Podemos discutir si los derechos que hoy tenemos en el papel son excesivos o pocos, de eso se trata la política, las derechas y las izquierdas, de lo que no hay duda es que las instituciones son creadas con nuestro dinero para satisfacer las necesidades de los contribuyentes, no de los burócratas, la mayoría de ellos servidores públicos que merecen todo el respeto. Exigir que los derechos pasen del papel a la realidad no es atacar al Estado ni ser malnacido.

Escopetas: Las instituciones, ahora las escopetas, son organizaciones sociales creadas con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Las instituciones no tienen derechos, quienes trabajan en ellas sí. Uno no puede "bulear", para usar la metáfora del Presidente, a las instituciones porque no son sujetos. Lo que pueden hacer los patos ciudadanos es quejarse, hablar mal de ellas, ejercer presión social, para que los ciudadanos burócratas que las manejan reaccionen y atiendan mejor a los sujetos de derecho.

Así pues, señor Presidente, los patos no disparan a las escopetas, ni los ciudadanos hacen bullying a las instituciones. Los ciudadanos exigen sus derechos a unas instituciones acostumbradas a no rendir cuentas. Y si las instituciones y su más alto representante, usted señor Presidente, se sienten "buleados" es porque algo está haciendo bien la sociedad civil, algo están haciendo bien los patos que las escopetas tienen miedo y se quejan. Salud por los patos.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas entregó 9 compensaciones subsidiarias económicas más en Jalisco, por lo que ya son 26 casos resueltos con una reparación integral del daño a víctimas o sus familiares.

De las 9 compensaciones, 3 fueron a víctimas en etapa de gestación, informó el secretario ejecutivo de la comisión, Kristyan Felype Luis Navarro.

Uno de los casos es del 2014, cuando una mujer perdió a su bebé en el Hospital General de Occidente, donde se realizó una atención inoportuna de parte de los médicos, lo que derivó en la muerte del bebé.

Lo mismo ocurrió con otra de las víctimas en 2011, quien acudió a la unidad especializada para la atención obstétrica y neonatal del Hospital de la Mujer, donde no fue bien asistida y finalmente perdió a su bebé.

El 3er. caso ocurrió en 2016 con una mujer embarazada, quien perdió a su bebé luego de que su jefe, un comandante del Escuadrón Canino de la Comisaría de Seguridad Pública del Estado, la expuso a trabajos forzados y perdió a su bebé.

Los 3 casos tuvieron seguimiento por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, la cual emitió una recomendación por violación a los derechos humanos.

Luis Navarro reconoció que todavía falta por hacer en materia de atención médica y trato hacia la mujer.

"Respecto a la pérdida de los neonatos es la falta de perspectiva de género en la aplicación, no sólo de las políticas públicas, sino del funcionariado de todo el Gobierno del Estado".

La 4a. compensación entregada tiene que ver con un hecho ocurrido en 2013, cuando un hombre tuvo un accidente y fue trasladado a los Servicios Médicos Municipales de Tonalá, para después llevarlo al Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde se le practicó una cirugía y falleció. Las irregularidades fueron por parte de los servicios tonaltecas.

Otra de las compensaciones fue para una mujer que en 2015 acudió a ver a su esposo al Reclusorio Preventivo de Jalisco, donde luego de tener una discusión con él, otro recluso intentó defenderla y privó de la vida a su esposo. Ahí se comprobaron omisiones de parte del personal de custodia del reclusorio.

Una compensación más fue para un caso del 2009, cuando falleció una persona y 2 más resultaron graves tras sufrir un accidente, el cual no tuvo acción penal en contra de los responsables, por lo que las víctimas no tuvieron acceso a la justicia.

En 2013, un notificador del Poder Judicial acudió a un domicilio a realizar su trabajo, donde se realizó un asalto y los policías que llegaron no le permitieron que se identificara y lo confundieron con los asaltantes, por lo que fue trasladado también a la Fiscalía General del Estado, donde agentes investigadores lo golpearon y le ocasionaron la pérdida de su oído.

La 9a. compensación es para la familia de un interno del Reclusorio Preventivo, quien falleció en 2015 tras no haber recibido un diagnóstico certero y traslado inmediato a un hospital.

"No podemos cerrar los ojos, y ante una omisión, o ante una violación de los derechos humanos, tenemos que decirlo y tenemos que compensarlos integralmente. Efectivamente, ha habido negligencias de parte del personal que se encarga de la custodia de los detenidos, de quienes purgan su pena o están en prisión preventiva".

El funcionario añadió que este año se espera cerrar con el ejercicio de más del 65% de presupuesto asignado para compensaciones económicas, que es de 25 millones de pesos.

Lo visualizo y recuerdo. Era tan claro, nítido y creí. Esa nueva garantía constitucional (ahora supuesto derecho humano) era un cambio radical en la relación de a diario con la autoridad. Y representaba una revolución jurídica en el país.

El concepto no era nuevo en el mundo. La mejor confección venía de los artífices jurídicos de la transición española. Muy sencillo. El Rey SÍ se puede equivocar. El gobernante, está obligado a pagar cuando la riega. Los abogados entendemos esto como la Responsabilidad Patrimonial del Estado. Para los no abogados: si el gobierno te jode, por acción u omisión, te paga y rápido. ¿Cuándo? Cuando usted lector no tiene, a nuestro leguleyo decir, la obligación jurídica de soportar el daño. En el caso del daño de los impuestos cuando se pagan, uno sí está obligado a soportar. La legalidad no juega sola. Se va más allá a favor del gobernado.

Pero hay de daños a daños. Unos disminuyen el patrimonio y otros impiden acrecentarlo.

Con tristeza y enojo, los abogados entusiastas y promotores de eso vimos una desgracia total. Todos los burócratas en todos sus niveles, aunque el error judicial era vía tratados -hoy demasiado teóricamente sí pero imposible de hecho-, pero hasta los jueces entraron en pánico al darse cuenta de la implicación. De acuerdo, paga el gobierno rápido y sin miramientos. Pero, -lo no visto o dejado pasar- hay una repercusión interna donde se ataca al patrimonio del funcionario, desde el delincuente hasta el negligente por flojera. La subjetividad era ahora interna y la objetividad externa. Todo al revés. Imposible en el pensamiento de un burócrata. Antes yo juzgaba. ¿Ahora me juzgan? Malditos igualados.

¿Me van a quitar mi dinero por no resolver a tiempo? Imposible. ¿Me van a quitar mi dinero por no revisar mis decisiones? Imposible. ¿Me van a quitar mi dinero si no voy a trabajar porque agarre el desmadre ayer y ello ocasiona un daño? Imposible. ¿Me va a quitar mi dinero si resuelvo mal? Imposible. ¿Me va a quitar mi dinero por robar pero bien hecho? Imposible. ¿Me va a quitar mi dinero por haber sido copartícipe en la muerte de tanta gente -y lo más doloroso, niños- en el temblor solo por descuido o valemadrismo o lo que sea? Más imposible.

Todos los niveles de burocracia son culpables de la ausencia de facto de esa manera de reclamarle al gobierno al haberse negado a este sí nuevo paradigma. Pero lo de verdadera vergüenza son todos los antecedentes reglamentarios y judiciales -de todos los órdenes y niveles-, e incluso de la crítica jurídica traidora que reventaron la figura (reto a todo abogado entendido me contradiga). En su conciencia, señores jueces y redactores, -cada uno con su partecita o partesota-, quedará la falta de celeridad y justicia en las reclamaciones por las desgracias recientes, en contra de sus colegas burócratas de todo cuño y matones. Y por eso también quedarán impunes. Pero regaladores de dinero a sus clientelas. Pero, aunque poco les importa, algunos nos damos cuenta.

Cuando un ciudadano registra un daño en su vehículo o propiedad, derivado de acciones u omisiones de gobierno, puede solicitar a las autoridades que paguen el costo por la reparación.

Aunque el trámite es burocrático (esto debido a personas que han intentado engaños), tres de los municipios metropolitanos ya han invertido casi un millón de pesos en reparación patrimonial.

Sólo Zapopan acumula 180 expedientes en esta administración, aunque hay 55 más de anteriores administraciones, por los que ha pagado 840,000 pesos. La mayoría de estas solicitudes son por daños que registran los vehículos al caer en baches.

Tlaquepaque ha recibido 42 solicitudes; 8 de ellas en este año. El municipio reconoce que la mitad es por daños en baches y la otra mitad por daños de maquinaria que poda jardines. "Cuando hay piedras, lanzan algunas y eso ha provocado el rompimiento de cristales de vidrio de vehículos". El municipio no confirmó el monto pagado por todas las solicitudes, pero sí que ha pagado 4,000 pesos por 2 casos de este año.

Tlajomulco, por su parte, ha recibido más de 30 solicitudes de reparación patrimonial, pero 25 han sido desechadas. En total, el gobierno de Alberto Uribe erogó 13,000 pesos por daños. La mayoría por hoyos en calles y avenidas que causaron daños a vehículos.

Ponchadura de llantas, daños en rines y fallas mecánicas son las principales causas por las que los ciudadanos acuden a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de Zapopan para solicitar las indemnizaciones correspondientes a las afectaciones de sus vehículos.

Si bien en 2015 el ayuntamiento zapopano pagó 96,000 pesos por 20 demandas procedentes (de 38 registradas), el año pasado se validaron 29 en las que se desembolsaron 125,000 pesos.

Guadalajara no es la excepción. En 2015 recibió 8 procedimientos y liquidó 4 con 11,153 pesos. Un año después llegaron 22 quejas. Pagó 6 con 23,051 pesos.

En total, de octubre de 2012 a julio de 2017, Zapopan y Guadalajara han gastado 317,000 y 101,000 pesos, respectivamente, por este tipo de afectaciones.

La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios señala que todo ciudadano que sufra algún daño en cualquiera de sus bienes o derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los entes de gobierno, tiene el derecho de ser indemnizado monetariamente.

Por considerar excesivas las tarifas aprobadas por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y ratificadas por el Congreso [de Jalisco], el abogado Francisco Javier Becerra Ramos promovió un amparo con el que evitó que se le aplicaran.

Becerra Ramos narró que le llevó 2 años todo el trámite al que dijo le invirtió principalmente tiempo y el dinero de los traslados. La ruta que siguió el inconforme con las tarifas no fue sencilla, su recurso fue rechazado en la 1a. y 2a. instancia y fue hasta que solicitó la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando le dieron la razón.

El abogado informó que en febrero pasado recibió sentencia favorable de la SCJN que le dio la razón respecto a la personalidad jurídica del SIAPA y el cobro excesivo del agua, explicó que el efecto de esta resolución aplica sólo para el promovente, pero dijo que se crea el antecedente para otros usuarios inconformes que quieran seguir su camino.

Además, cuestionó los perfiles de los diputados y la forma como legislan, dijo que en algunos casos no revisan si la iniciativa que impulsan contraviene alguna ley ya existente. El abogado detalló que ha presentado otros amparos contra las reformas a la Ley de Movilidad y los cobros excesivos de multas.

"No por el hecho (de) que el congreso promulgue una ley es correcta. Esta legislatura y otras se han dedicado a promover leyes a diestra y siniestra. No se concretan a ver si una ley ya vigente funciona, sólo promueven una nueva iniciativa y luego aprueban una ley que en ocasiones contravienen otras y generan conflictos", concluyó.

"Presenté el amparo primeramente por las cuotas excesivas, son excesivas más allá de si son constitucionales. A parte no aplicaban la cuota correcta. Son inexactos lo cobros y excesivos", comentó.

Los litigios que combate la Dirección de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo del Congreso de Jalisco son más de 2,000 y la mayoría son inconformidades por aprobación de reformas, leyes o ajustes a cobros de impuestos.

Entre ellos, están las modificaciones al Código Urbano del Estado aprobadas en octubre de 2015, que el último día de la pasada legislatura, generaron una cascada de amparos de constructores inconformes presentaron los recursos en juzgados de distrito en materia administrativa, para evitar que les aplicarán las reformas y obtuvieron las suspensiones. El ex diputado y actual titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, Trinidad Padilla López, fue quien promovió los cambios al Código Urbano que generaron estos amparos.

Además, una reforma a la Ley de Hacienda del Estado para modificar el tabulador de cobro del impuesto estatal sobre la compra de vehículos usados, aprobada en diciembre de 2016, también provocó recursos contra la modificación.

Otras reformas que generaron inconformidades son la Ley de Sistema de Seguridad Pública y la ley de Control de Confianza. Además de los ajustes a los impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos salariales, el gravamen sobre remuneraciones al trabajo de personal no subordinado y el cobro de derechos por prestación de servicios de registro público de la propiedad y comercio.

Los procesos para la designación de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado también han generado una serie de recursos, por inconformidad de candidatos no seleccionados.

La "lluvia" de amparos generados por diferentes reformas aprobadas en el Congreso del Estado son una muestra de que la sociedad está más informada y usa su derecho, aseguró Ángel Guillermo Ruíz Moreno, coordinador del Doctorado en Derecho de la UdeG.

Advirtió que, en temas sociales, como impuestos, multas o cobro de derechos, es habitual que se recurra a estos recursos porque se consideran injustos.

El catedrático puso como ejemplo que a nivel federal se promovieron alrededor de 196,000 juicios de amparo, la mayoría colectivos, contra las reformas a ley de ISSSTE.

"El número de amparos que recibe el Congreso [de Jalisco] sí llama la atención, pero sobre todo si hay alguna legislación que le molesta a la gente en un estado irritado, como nos encontramos ahorita en el país, es normal interponer un juicio de amparo ante algo que no te parece justo. No creo que sea anormal".

El investigador precisó que en realidad queda en manos de los juzgadores que reciben los amparos, determinar en último caso si con una legislación se violenta alguna garantía o derecho y si procede el acto reclamado. Añadió que ninguna legislación o reforma es para siempre, y son perfectibles, pues son instrumentos que reflejan el momento y se deben ir adecuando a los cambios sociales.

Con la entrega de 4 compensaciones subsidiarias económicas a víctimas de violaciones graves a derechos humanos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Jalisco (CEEAV) colocó a la entidad a la cabeza de todo el país por los apoyos aportados a favor de los afectados directos o sus familiares.

"Somos la Comisión de Víctimas en toda la república que más compensaciones subsidiarias económicas ha entregado", indicó el titular de la CEEAV, Kristyan Felype Luis Navarro, tras mencionar que desde el año 2016, en que esta Comisión comenzó a operar plenamente, al día de hoy, Jalisco habrá entregado en total 8 compensaciones subsidiarias.

Jalisco desbancó al Estado de México al 2o. lugar, que ha entregado 7 compensaciones subsidiarias económicas; mientras que Nuevo León quedó 3o. con 5, Morelos en 4o. con 4 y Campeche en 5o. con una sola compensación otorgada a víctimas del delito y/o violaciones de derechos humanos.

Los casos que fueron aprobados por el pleno de la CEEAV también son emblemáticos, e incluye el pago de la primera compensación en todo el país en favor de una persona menor de edad.

2 compensaciones subsidiarias se entregaron hoy a 2 mujeres policías de Zapopan, víctimas de tortura. Ambas fueron detenidas el 23 de julio del año 2013 al salir de su horario de trabajo por compañeros de la Comisaría de Seguridad Pública municipal, llevadas a los separos y ahí entregadas a elementos de la Fiscalía del Estado. Fueron arraigadas en una casa de seguridad aproximadamente durante 25 días.

"Ambas oficiales de policía manifiestan que sufrieron vejaciones, tratos crueles e inhumanos y torturas. Y que se les hizo firmar documentos y declaraciones sin haberlos leído", expuso Luis Navarro . Derivado de lo anterior fueron procesadas por un juez penal del fuero común quien emitió una sentencia condenatoria por cohecho y estuvieron internas en el Reclusorio Femenil dos años, hasta que la VI Sala del Supremo Tribunal de Justicia revocó esta sentencia y fueron puestas en libertad.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) a su vez integró una investigación que acreditó la violación a derechos fundamentales de ambas policías por parte de la Comisaría de Seguridad de Zapopan y del Ministerio Público y recomendó la compensación subsidiaria.

"Ante la negativa o incapacidad para hacerlo (el pago) esta Comisión de Víctimas, a través de su pleno, toma de decisión de compensar de manera subsidiaria", apuntó el funcionario.

Jalisco también es primero en todo el país en entregar compensación subsidiaria en favor de una persona menor de edad, una niña a quien le fue amputada su pierna derecha en el año 2014, víctima del impacto de una unidad del transporte público afuera de su escuela. La CEDHJ dirigió una recomendación al Consejo Estatal de Atención a Víctimas del Transporte Público. Sin embargo, dicho Consejo no dio el seguimiento ni obligó al dueño del camión a cubrir el pago por compensación que asumió la CEEAV, para garantizar la cobertura médica y prótesis que la niña requerirá hasta cumplir 18 años de edad.

La siguiente compensación fue en favor de la viuda de un hombre que fue privado de la vida en medio de un fuego cruzado entre custodios de valores y presuntos delincuentes en hechos ocurridos apenas en febrero pasado afuera de una plaza comercial, que se constituye en la recomendación más rápida emitida por la CEDHJ y la compensación más expedita otorgada por la CEEAV y también en todo el territorio nacional. Luis Navarro lo calificó como un "caso complejo", donde se acreditó que el Ministerio Público violentó los derechos fundamentales de la viuda con negativa de información y malos tratos.

Hay 13 casos más en estudio por parte de la CEEAV que se reservó el número actualizado de solicitudes de víctimas que han ingresado a esta Comisión en busca de la compensación subsidiaria.

Si bien, Kristyan Luis Navarro admitió que se ha incrementado la demanda este año. Como ejemplo citó que en 2016 se dieron "más de 5,000 atenciones generales" (servicios médicos, psicológicos, legales, etcétera) a víctimas; en tanto que este año se han otorgado 11,274 atenciones.

Terrible el actuar del personal del SIAPA que llega a los domicilios diciendo que solamente van a instalar un medidor y cuando terminan, resulta que cortan el servicio supuestamente porque existen adeudos y que personalmente la orden de corte la dio el "Ing. Mónico", lo anterior sin notificación previa, recordemos que todo acto administrativo debe ser debidamente notificado, cosa que el SIAPA no realiza, y efectivamente, tiene facultades para cortar el agua a los morosos, pero no privar totalmente del vital líquido a los ciudadanos porque incurre incluso en delito. En Jalisco ya estamos acostumbrados a este trato de los organismos oficiales, afortunadamente existe el Tribunal de los Administrativo, que muchos insisten en desaparecer, y que es la única instancia que protege a los ciudadanos del trato de autoridades u organismos abusivos como el SIAPA.

Mientras en 2014 las víctimas corrieron con suerte, pues el pago por la reparación del daño por parte de dependencias del gobierno estatal o ayuntamientos alcanzó 25'177,000 pesos, el año pasado el pago a los afectados cayó a 3'623,000 pesos.

Lo anterior, pese a que en el mismo lapso se incrementaron las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al pasar de 41 recomendaciones en el 2014 a 53, el año pasado.

Aunque en 2014 se alcanzó el monto histórico de compensaciones a favor de las víctimas, en ese año solo una afectada se llevó 21 millones de pesos gracias a que la afectada acudió al Tribunal de lo Administrativo del Estado.

En 2008 la Comisión emitió la recomendación 15/08 contra el ayuntamiento tapatío, en la que pedía la reparación del daño a la ciudadana Angélica R., quien quedó parapléjica tras las lesiones provocadas por un policía con una arma de fuego. Sin embargo, la alcaldía aceptó parcialmente la recomendación y no indemnizó. Al final, el Tribunal fue la instancia que condenó a la alcaldía a resarcir el daño por la suma histórica de 21 millones de pesos.

De las recomendaciones emitidas el año pasado por el organismo defensor de derechos humanos, la Fiscalía del Estado se lleva por mucho al resto de las dependencias estatales con 19 recomendaciones recibidas; le sigue la Secretaría de Salud, con 6 (principalmente por violar el derecho a la protección de la salud); la Secretaría de Educación, con 5, y también figuran la Orquesta Filarmónica y la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios de Jalisco, cada una con una recomendación.

El resto de las recomendaciones fueron emitidas contra la actuación de funcionarios y alcaldes de una decena de municipios, encabezados por Zapopan, con 3 recomendaciones de la CEDHJ; Tlaquepaque, con 2, seguidos por Guadalajara, El Salto, Tonalá, Tlajomulco, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ocotlán, Cihuatlán, Cuquío, entre otros.

Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, señaló que Jalisco es líder en compensar económicamente a las víctimas, con un total de 38 millones de pesos por concepto de reparación de daño a través de recomendaciones emitidas a los gobiernos estatal y municipales, "logramos que pagaran el daño a favor de las víctimas a través de la emisión de 30 a 40 recomendaciones".

Sin embargo, la CEDHJ se queda corta porque existen recomendaciones pendientes por las que podrían erogarse hasta 200 millones de pesos para compensar a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Honestos o corruptos, los magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa se han encargado de exhibir las deficiencias en las administraciones públicas federales, estatales y municipales. En sus resoluciones de casos polémicos se evidencia una cadena de negligencia, omisión o una complicidad que nutre la corrupción que impera en México. Y se lo demuestro en 3 expedientes emblemáticos.

Primer caso.

En el año 2000, la Procuraduría General de la República aseguró un avión y detuvo a 2 pilotos con un cargamento de droga. El problema fue que no se pudo acreditar su culpabilidad y un juez los absolvió porque se alteró el estado físico de la aeronave impidiendo que sirviera como prueba en el proceso penal. Sin embargo, la PGR continuó usando la aeronave hasta agotar su vida útil y luego fue desmantelada y rematada en 70,000 pesos como "chatarra".

La empresa propietaria del avión demandó a la autoridad por daños y perjuicios. Esperó 6 años. Observó la publicación de la nueva Ley de Responsabilidad Patrimonial e interpuso un recurso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En resumen, 17 años después se dio a conocer que el área jurídica de la Procuraduría presentó un recurso de revisión de forma extemporánea y el tribunal resolvió que el gobierno debía pagar 271 millones de pesos por daños y perjuicios a los dueños de un avión asegurado presuntamente al narco. ¿Qué tal?

Segundo caso.

En 2005, una borrachera del policía Jorge Alberto Carmona Martínez le costó 20 millones de pesos al ayuntamiento tapatío. En octubre de ese año, en su día de descanso y alcoholizado, exigió servicios sexuales a una joven, quien le respondió que no se dedicaba a esa actividad. Varios amigos salieron en su defensa, pero el agente disparó un arma de fuego propiedad de la alcaldía y dejó 5 lesionados. La mujer quedó en silla de ruedas.

Luego, en noviembre de 2006, el entonces alcalde Ernesto Espinosa Guarro recibió una propuesta conciliatoria para reparar los daños causados a la afectada, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, pero se negó. En 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación y exigió la reparación, pero la administración de Alfonso Petersen solamente le otorgó una plaza laboral, una guardería para sus dos hijas y apoyo psicológico.

La víctima fue asesorada y recurrió al Tribunal de lo Administrativo del Estado, que terminó ordenando que el ayuntamiento indemnizara con 20 millones de pesos.

En 2006, la alcaldía hubiese resuelto el conflicto con 300,000 pesos, pero los "negligentes" abogados de la Sindicatura y 4 administraciones panistas y priistas fueron incapaces de conciliar el asunto hasta que recibieron el fallo millonario en contra. ¡Así de increíble!

Tercer caso.

3 mujeres fueron detenidas el 3 de agosto de 2006 "por secuestrar", no es broma, "por secuestrar" a 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones, en Amealco, Querétaro. Las indígenas fueron condenadas a 21 años de prisión, pero 3 años y 8 meses después, se dictaminó que el expediente fue consignado con pruebas falsas y contradictorias.

La defensa de las mujeres interpuso un recurso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ordenó la liberación de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, incluida una disculpa pública de la PGR. "Hoy nos chingamos al Estado", fue una de las citas emblemáticas durante la disculpa pública.

Hoy, las víctimas tienen todo el derecho para que el Estado les resarza el daño económicamente.

En los 3 casos hay coincidencias: las efectivas defensas de las víctimas o afectados, así como la cadena de negligencia, omisión o complicidad de las administraciones públicas para perder los litigios. También se precisa la efectividad de los Tribunales Administrativos, en donde los magistrados resuelven todo tipo de casos: penales, civiles, laborales, comerciales o administrativos. Desde un encarcelamiento hasta una negligencia médica. Son todólogos.

Por eso, felicidades a los legisladores por crear leyes a favor de la población por los errores u omisiones de las administraciones públicas (como la Ley de Responsabilidad Patrimonial), pero les falta la tarea más importante para cerrar el círculo: aplicar un sistema anticorrupción igual de efectivo, inhabilitar o encarcelar a los magistrados y abogados deshonestos que hacen el negocio de su vida con la resolución de un solo caso, pero también la urgencia de legislar para implementar sanciones contundentes y directas contra los servidores públicos que son culpables de que los gobiernos paguen sumas millonarias por sus negligencias, omisiones o corruptelas, todo con cargo al erario.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se declaró incompetente para resolver los amparos contra el gasolinazo que han promovido ciudadanos de manera individual y colectiva.

Mediante un acuerdo publicado este lunes, la SCJN envió aproximadamente 10 amparos promovidos contra el alza de los combustibles y presentados en el edificio sede del máximo tribunal, a los Juzgados de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, por ser éstos los competentes para conocer de dichos juicios.

En consecuencia, corresponderá a los jueces en materia Administrativa decidir si darán o no entrada a las peticiones de protección federal contra el gasolinazo, por ser ésta la 1a. instancia a la que compete conocerlos.

Abogados de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México (APIMAC) acudieron a la Corte desde hace 2 semanas a presentar amparos colectivos e individuales contra el gasolinazo y han ofrecido en diversas plataformas sus servicios para asesorar a los ciudadanos en la promoción de estos juicios.

Hasta ahora sólo el juez 13o. de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió con el expediente número 4/2017 el amparo promovido por el abogado José Óscar Valdés Ramírez contra el gasolinazo, en el que señaló como autoridad responsable a la Secretaría de Economía por omitir su obligación de fijar los precios de la gasolina.

Las propuestas sobre acciones de "resistencia civil" planteadas, carecen -salvo la mejor opinión del lector amable... o salvo prueba en contrario- de pies y cabeza. La "moratoria en el pago de impuestos" sólo representaría, a la postre, molestias adicionales y eventualmente recargos y gastos de cobranza a los causantes. "Boicotear" a las cadenas de supermercados y abastecerse en estanquillos (en vías de extinción) y mercados (insuficientes y distantes), sólo ocasionará incomodidades a muchos consumidores. Tomar gasolineras o casetas de autopistas es un delito y va en perjuicio de terceros ajenos a la esencia del conflicto...

En cambio, que, a tenor de las protestas generalizadas, los senadores del PAN promuevan un plan de austeridad que permita ahorrar más de 340,000 millones de pesos anuales -recortando a la mitad las partidas destinadas a los partidos políticos, sacrificando subsidios que no se justifican y eliminando proyectos no prioritarios-, es indicio de que "sí se puede" atender la demanda ciudadana.

40% del precio de los combustibles, en México, corresponde a impuestos. Lo pertinente, lo sensato, lo ético, en esa tesitura, antes de repercutir directamente las alzas de los precios internacionales en el bolsillo del ciudadano común, sería sacrificar la parte del precio de la gasolina -artículo de primerísima necesidad, por donde se le mire- que corresponde a los impuestos.

Colofón (parafraseando alguna de las pancartas que se exhibieron en las marchas dominicales en Guadalajara): "No falta dinero; ¡sobran gandayas!".

El gobierno mexicano, vía de regla, de conformidad con el precepto constitucional que viene al caso -el Artículo 9º- se limita a consagrar que los ciudadanos tienen derecho a reunirse para realizar demandas a la autoridad... y, en todo caso, a garantizar que ese ejercicio ("el derecho al pataleo", suele llamársele) pueda ejercerse libremente, mientras no se quebrante el orden público o se atropellen los derechos de terceros. Pero hasta ahí.

Pedir es un ejercicio inútil si no hay quien escuche. Mera retórica; mero desahogo social... Y el simple hecho de escuchar es -desde la perspectiva de los peticionarios- una mera simulación, si no existe un mecanismo que, en efecto, capte las demandas, primero; las canalice, a continuación, hacia organismos jurídicamente autorizados y competentes que las analicen, las ponderen, determinen si resultan factibles o pertinentes, y emitan, a la postre, una resolución que, llegado el caso, resulte vinculante -obligatoria, pues- para la autoridad.

En tanto no exista el canal que les dé curso y los lleve hasta sus últimas consecuencias, tanto los argumentos que se plantean como las consignas que se repiten en el curso de las marchas, se limitan a ser -como en la moraleja del El Parto de los Montes- "después de tanto ruido, solo viento".

Me repatean los "marchistas profesionales" que han hecho del derecho a la manifestación un negocio propio, pero, con todo, creo que uno de los signos de sanidad de una sociedad se muestra en la capacidad, y libertad, que tienen sus ciudadanos para tomar la calle.

Un joven que deja su comodidad para salir a la calle a decir lo que piensa y a expresar con lo que está o no está de acuerdo, es un ciudadano que está contribuyendo a la democracia. Cualquiera de los jóvenes y los no tan jóvenes que han salido en estos días a protestar por el gasolinazo me merecen mucho más respeto que los que incendian las redes sociales con sentencias fáciles o ideas pueriles. Los primeros construyen ciudadanía y, ganen o no esta batalla, habrán movido centímetros o milímetros la relación de poder entre ciudadanos y gobernantes; los segundos, salvo contadas excepciones, habrán sólo descargado su conciencia y su ira en el vacío del ciberespacio.

Si el gobierno decide echar marcha atrás al gasolinazo, vía la reducción del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios -que se ve francamente difícil- será porque en las próximas 48 horas las protestas en todo el país prenden los focos de alerta de la gobernabilidad, no porque los diputados de oposición (que están haciendo su chamba) o los empresarios (que hacen la suya) alcen la voz.

Las marchas, que ojalá se mantengan pacíficas e independientes, y que afecten los menos posible las actividades de los ciudadanos comunes, son las que están enviando el mensaje a los tomadores de decisiones de este país.

Cientos de manifestantes hicieron destrozos en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, en reclamo al gobernador, Jaime Rodríguez, quien prometió un descuento en la tenencia y no cumplió.

La madrugada del martes 2 de abril de 2013, 4 jóvenes, todos menores de 25 años, circulaban por la avenida R. Michel en una camioneta tras una fuerte tormenta en el Valle de Atemajac, cuando un árbol les cayó encima.

Fue al cruce con Salvador López Chávez, en la colonia San Carlos, donde sucedió todo. Por el incidente uno de los jóvenes falleció casi al instante y los demás resultaron con heridas.

Por este incidente las víctimas fueron indemnizadas con 2'619,000 pesos pues se registraron "daños, perjuicios e incapacidad total permanente".

El pago se efectuó el 19 de febrero del 2016 a través de un convenio en cumplimiento con la determinación del pleno del Tribunal de lo Administrativo.

Contando este caso, de 2010 a la fecha, el ayuntamiento tapatío ha atendido 35 reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial debido a la caída de árboles sobre vehículos e inmuebles. En total ascienden a un monto de 3'222,647 pesos.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 28 de octubre de 2016).

Han pasado 3 meses de que la CNTE intensificó sus medidas de presión para que los distintos niveles de gobierno cumplan sus demandas actuando, a los ojos de todos, con una persistente y clara violación a la ley, sin que ninguna autoridad los responsabilice y, por ende, los sancione.

Por el contrario, en días recientes y tras la liberación de algunos de los principales líderes, ahora vemos que este grupo de inconformes no solo se ha desviado de su principal objetivo, sumando más demandas a su lista y con un propósito franco de alargar el conflicto, sino que además han llevado al extremo sus acciones.

En una afrenta contra la sociedad, contra todo el sector productivo y contra el gobierno, han retomado las manifestaciones y el bloqueo de carreteras, así como de centros comerciales que son propiedad privada y de lo cual señalamos en días pasados.

Reprobamos esta actitud intransigente y reaccionaria que han adoptado los maestros disidentes porque siguen provocando severas pérdidas económicas en los estados de Oaxaca y Chiapas, principalmente, así como en Guerrero, Michoacán y Ciudad de México.

Alertamos sobre la clara intención de estos para exacerbar los ánimos y provocar con ello mayor desencuentro y polarización entre los distintos sectores de la sociedad.

Hacemos un llamado para evitar caer en la provocación de este grupo minoritario y unir fuerzas para que impere la razón y la cordura.

Es este sentido y haciendo uso de las herramientas que la ley nos otorga a todos por derecho, siendo además congruentes con el fortalecimiento del Estado de Derecho y respetuosos de las instituciones, es que la CONCANACO SERVYTUR y alrededor de 100 Cámaras Nacional[es] de Comercio, Servicios y Turismo del país, hemos interpuesto una demanda de amparo indirecto ante el Poder Judicial Federal.

En 1a. instancia queremos subrayar que esta demanda es contra la CNTE por el bloqueo, secuestro y toma ilegal de las vías de comunicación, carreteras, calles, avenidas y vías principales en los estados afectados.

Además, por el despojo de diversos bienes propiedad de los comerciantes y prestadores de servicios, así como por el desabasto que han ocasionado en insumos básicos para el desarrollo integral de los comercios, actividades de servicios y turismo.

De igual forma, por la toma ilegal de instalaciones, cierre de comercios, centros comerciales y empresas en los estados afectados, donde se ha impedido el acceso a la sociedad en general y a que los comerciantes ejerzan de manera libre y plena sus actividades en beneficio de la sociedad.

Finalmente, por la violación al derecho de propiedad, dado que a raíz de las manifestaciones, cierres, bloqueos y demás actos realizados se han visto dañadas materialmente algunas propiedades de los comerciantes del país.

Dicha demanda se interpuso también contra la Secretaría de Gobernación por la omisión de garantizar la libertad de tránsito y mantener el orden en las vías federales.

Contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Comisionado General de la Policía Federal por las omisiones de garantizar la libertad de tránsito y mantener el orden en las vías federales, de no aplicar el Reglamento de Tránsito en carreteras y puentes federales en coordinación con la Secretaria de Gobernación y la Policía Federal para garantizar la seguridad pública y la fluidez vehicular en las vías federales, y por no mantener el orden en las vías federales.

Agotaremos todos los recursos legales para que las autoridades restablezcan de inmediato el orden y la paz social, siempre en el marco de respeto a los derechos humanos y anteponiendo el bienestar social.

No obstante lo anterior, es imperante que las autoridades actúen de conformidad con sus atribuciones y competencias, dado que advertimos que hemos entrado a una etapa más crítica, ante la amenaza de los maestros disidentes de no iniciar el ciclo escolar el próximo 22 de agosto, donde está en riesgo la educación de al menos 3.5 millones de niños en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

Los representantes de los restauranteros, hoteleros y servicios turísticos, miembros de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo anunciaron que presentarían una denuncia colectiva para presionar al gobierno para que tome medidas inmediatas para solucionar el problema que está creando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educción a la cual demandarán penalmente por los daños y perjuicios causados a empresas en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y CDMX.

Las acciones legales por daños ascienden a la cantidad de 7,500 millones de pesos. Al mismo tiempo solicitarán la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades federales, presidentes de los principales partidos políticos, representantes del sector empresarial y la sociedad para acordar las medidas que deben ser tomadas por el ejecutivo federal. De no ser atendidas sus demandas presentarán sus declaraciones en ceros por el mes de julio e iniciarán paros de labores. Por su parte, la Coparmex anunció que también presentarán declaraciones en ceros.

Si el ejecutivo actuara con equidad, expediría un decreto que condonara recargos y multas, como lo hace con la CNTE, que les concede todo lo que piden.

La realidad es que el pueblo está indefenso ante la actitud negativa del gobierno y no cuenta con ningún recurso válido para obligarlo a actuar con equidad y justicia. Por esta razón se acude a amenazar con no pagar impuestos. En todo caso, es mejor abstenerse de presentar las declaraciones de impuestos que presentarlas con falsedad en ceros.

En una nueva medida de presión ante la crisis que genera el movimiento magisterial, al menos 120 hoteles y 800 negocios de Oaxaca iniciaron un paro de actividades para exigir al gobierno federal que resuelva el conflicto y devuelva el libre tránsito por carreteras y calles de este estado.

La interrupción de la operación de las empresas es un nuevo reclamo de los afectados luego que éstos interpusieran una denuncia contra el presidente Enrique Peña Nieto, gobernadores y miembros del gabinete por su "inminente falta de capacidad del Estado mexicano para reestablecer el orden", además de amagar con presentar sus declaraciones de impuestos en cero.

En el paro de ayer, de un día, convocado por cámaras y asociaciones de comerciantes, también participaron empresas del transporte urbano de pasajeros y de materiales de carga, principalmente los adheridos a la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Exigieron la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que conozca de primera mano la situación que padecen por los bloqueos y protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la Reforma Educativa.

"Es necesario que el gobierno federal resuelva ya el conflicto que al menos desde mayo de este año aqueja al estado", enunció la presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca, Esther Merino. "El paro de actividades significa un antes y un después. Por 1a. vez los ciudadanos realizamos una actividad en común para expresar nuestra inconformidad por la ingobernabilidad, el abuso y el vacío de poder en el estado".

Por otra parte, el presidente estatal de la Cámara Nacional de Comercio, Jaime Zorrilla, dijo que a esta jornada de huelga se adhirieron 4,000 negocios.

Integrantes del sector empresarial y comercial de Oaxaca acordaron realizar mañana un paro de actividades de 24 horas, en exigencia al gobierno federal y estatal del libre tránsito, la reactivación económica y la paz social en la entidad. Participarán comerciantes, transportistas y todas aquellas personas afectadas por el conflicto magisterial.

Usted como gobernado plantea su solicitud a la autoridad y esta tiene la obligación, incluso constitucional, de dar respuesta en un plazo breve a la misma, pero, si la autoridad no da respuesta, se considera que en "forma ficta" se le autorizó al gobernado lo que había solicitado, esto al estar contemplada dicha figura en la ley. Por otro lado, la autoridad obligada a resolver, demuestra su total ineficiencia al no dar respuesta en tiempo a la solicitud, máxime que ya conoce que su omisión provoca automáticamente la autorización en forma ficta.

Si ocurre esto, el particular puede esperar a que le resuelvan lo planteado o en su defecto acudir ante el tribunal a que este declare (judicialmente), que operó a su favor dicha figura, la cual no es nueva, pero además a la autoridad le quedan a salvo medios de defensa mediante un juicio de nulidad ante el propio tribunal, que doctrinalmente llamamos Juicio de Lesividad.

Debo señalar que las afirmativas fictas las establece normalmente el legislador para obligar a las autoridades a ser más eficientes, situación lamentablemente alejada de la realidad en materia municipal.

Ahora que se quiere crucificar al Tribunal Administrativo del Estado mediáticamente, le debemos recordar a los funcionarios municipales que las "afirmativas fictas" se configuran automáticamente por la incapacidad de los funcionarios municipales y el Tribunal solo las declara a petición del gobernado.

Últimamente hay un descarado ataque contra los magistrados del TAE, situación que los gobernados no debemos permitir, la autoridad municipal se dice agredida por éste, precisamente porque sus actos no son legales, y quien le corrige siempre la plana es el tribunal. ¿Cómo nos defenderíamos los gobernados de los excesos de las autoridades si desaparecieran los tribunales administrativos? No debemos permitir magistrados complacientes con las autoridades estatales y municipales.

En febrero de 2014, los diputados [locales de Jalisco] aprobaron la Ley de Atención a Víctimas, que "obliga" al estado a habilitar un fondo para la reparación del daño a los afectados por la delincuencia o por alguna violación a sus derechos humanos por parte de autoridades; sin embargo, aunque hay una bolsa acumulada de 26 millones de pesos, no hay beneficiarios.

En mayo de 2015 se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y se otorgó un millón de pesos para ese fondo. En este año la asignación aumentó a 25 millones, "algo importantísimo y sin precedentes", presume su secretario técnico, Kristyan Felipe Luis Navarro. ¿Por qué el dinero no ha llegado a manos de las víctimas? La respuesta del funcionario: todavía nadie acredita que fue afectado.

Lo anterior es porque, para demostrarlo, hay un largo proceso: las víctimas necesitan entregar a la Comisión Ejecutiva una resolución o fallo del poder judicial, o una recomendación de alguna comisión de derechos humanos (estatal, nacional o interamericana) en donde se precisen los daños. Si no se cuenta con lo anterior, el estado está obligado a atender "de buena fe" al solicitante y, en ese caso, se inicia un procedimiento de investigación. El problema es que, en este supuesto, tampoco está publicado el reglamento de la Ley de Atención a Víctimas, con la intención de elegir los perfiles para la creación del comité interdisciplinario evaluador: otro órgano que debe analizar cada caso y resolver el monto resarcitorio.

Entre 2015 y los primeros 2 meses de 2016, sólo 168 personas se han acercado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Jalisco para tratar de compensar el daño que sufrieron, por considerarse afectadas de un delito o de una violación a sus derechos humanos. Sin embargo, la cifra es mínima si se compara con los más de 110,000 delitos del fuero común registrados en el mismo periodo, de acuerdo con datos de la Fiscalía General.

El número de reclamantes tampoco es representativo frente a las más de 18,000 quejas presentadas en ese lapso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Si existe un problema de burocratización para que el Fondo de Atención a Víctimas llegue a las personas que reclaman una compensación del daño, la Comisión Ejecutora debe resolverlo. En la opinión del 1er. visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Javier Perlasca Chávez, esa condición podría concluir en que los solicitantes padezcan una "doble victimización", pues además de ser víctimas de un delito o de una violación a sus derechos humanos, tendrán qué convencer a una nueva instancia de que realmente lo fueron.

Para que el procedimiento sea más ágil, las víctimas deben entregar a la comisión una sentencia emitida por un juzgado o una recomendación por parte de una comisión de derechos humanos. Y aunque hay 131 peticionarios que demostraron su condición (77 en el 1er. caso; 54 en el 2o.), un año después no se ha resarcido el daño a ninguno.

"Por ahí está el problema: si se está burocratizando o se están poniendo muchas trabas para acceder a esto. El solo hecho de que se le reconozca la calidad de víctima le da el derecho inmediato a toda la atención y protección".

Según la ley, todas las personas que sufrieron (de manera directa o indirecta) un daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier riesgo o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución, son víctimas.

Lo mismo va para los grupos, comunidades u organizaciones sociales que fueron afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos. Y la calidad de víctima se mantiene no obstante que el responsable del delito o violación a derechos humanos sea identificado, detenido o consignado.

Del año 2000 a la fecha la Procuraduría General de la República únicamente ha reconocido que actuó de forma errónea y en perjuicio de la ciudadanía en 3 ocasiones, equívocos que a la fecha han costado una vida humana, actos arbitrarios y 27'986,000 pesos que ha tenido que pagar por daño moral a los afectados.

En 1994 la PGR decomisó 9 avionetas a una empresa de aerotaxis a la cual acusó de apoyar al cártel de los Arellano Félix; 12 años después tuvieron que devolver las aeronaves y pagar una indemnización por poco más de 13 millones de pesos pues no pudieron demostrar el vínculo con el narcotráfico.

Fue en 2002 cuando la Agencia Federal de Investigación detuvo y asesinó a un joven de nombre Guillermo Vélez, acusándolo de secuestro. 7 años después se reconoció que la acusación fue falsa y se pagó a la familia de Vélez poco más de 14 millones de pesos como reparación por el daño infligido.

Amer Hayke es un ciudadano británico de origen libanés a quien en 2005 el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, dirigido entonces por Eduardo Medina Mora, y la AFI, a cargo de Genaro García Luna, acusaron de estar vinculado con la agrupación terrorista Al Qaeda. Se equivocaron y fue liberado 24 horas después de su detención y se le pagó una indemnización 647,600 pesos.

Para que la PGR les haya pagado las indemnizaciones por daño moral, los afectados han tenido que esperar varios años, incluso décadas, pasar por juzgados y tribunales con el objetivo de que algún juez o magistrado les dé la razón y obligue a la Procuraduría a pagar la reparación del daño y ofrecer disculpas públicas por las faltas cometidas.

Un caso que todavía no recibe respuesta por parte de la PGR es el de 3 mujeres indígenas que exigen a la dependencia -encabezada desde el 4 de marzo por Arely Gómez- una millonaria indemnización por daño moral y material luego de haberlas acusado indebidamente del secuestro de 6 agentes federales.

Este asunto se encuentra actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La ciudadanía se ha movilizado en marchas pacíficas -los extremistas son parte de otros objetivos, a veces corruptos-. Porque la población tiene claro el "ya basta" a las autoridades, a los políticos y aun a los narcos.

Porque esta participación ciudadanía busca a los 43 estudiantes, pero también busca la seguridad de la población. Busca, sobre todo, el cese de la impunidad en el caso de 25,000 desaparecidos. Porque las marchas buscan el ejercicio de la ley sin distingos, sin cálculos electorales, sin componendas de "yo te oculto, tú me proteges" usadas por la política. Y busca un alto a la corrupción, porque de esta práctica ningún partido tiene las manos limpias -Calderón con 90,000 muertos, esta administración con 30,000, de acuerdo con Human Rights para América Latina.

La ciudadanía de manera pacífica, pero absolutamente firme ha puesto un hasta aquí a la clase gobernante, y esta energía debe ser usada para lograr el anhelo de los mexicanos: seguridad, freno a la impunidad y, sobre todo, justicia clara y expedita.

Conformarse con menos será haber perdido la única fortaleza que la democracia da a la ciudadanía: la protesta pacífica.

Porque la presión ciudadana ha rendido enormes frutos que pueden poner fin al mal trato dado a la población manipulada como hatos entrenados, para el voto que encumbra y enriquece a quienes la usan y desechan.

El punto medular para seguir adelante en el freno a la impunidad es no caer en el juego de "cansar" a la opinión pública, donde las fosas aparecen como huecos de la ruleta de muerte contra la población, evidencia de la culpabilidad de un Estado que, omiso, hoy siente por 1a. vez la voz madura de la ciudadanía.

Pero todo lo ganado, los efectos de la participación y presión ciudadana, puede perderse si el olvido se abre paso... Si a la estrategia de prolongar la agonía, la ciudadanía responde con dejar de hacer, dejar de expresar su hartazgo. Porque entonces, quienes de la impunidad han hecho su modus vivendi, sabrán que la población se cansa aun de buscar a sus desparecidos, se cansa aun de buscar la justicia para sus muertos.

En abril pasado, el magistrado presidente de la Sexta Sala del TAE, Alberto Barba Gómez, dio luz verde a la instalación de anuncios en puentes por medio de la figura de la afirmativa ficta, con el argumento de que el particular solicitó licencias en varios municipios y éstos no respondieron.

El magistrado defiende el sustento legal de su conclusión, al asegurar que si los particulares reúnen todos los requisitos legales para haber obtenido una respuesta favorable de la autoridad, pero no la obtuvieron dentro de los 30 días hábiles desde que ingresaron los documentos a la instancia competente, entonces "la ley castiga el silencio de dicha autoridad con la afirmación del acto solicitado (permiso, licencia, autorización) por el particular".

"La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco establece que los actos regulativos, como licencias, permisos o análogos, son sujetos de afirmativa ficta".

Al cuestionarle sobre si este tipo de fallos no sienta un precedente para que más particulares sigan la misma ruta y recurran al TAE, responde que no, pues la misma ley lo prevé así. "Cualquier particular que solicite un permiso de un acto regulativo y al transcurrir el tiempo sin que la autoridad le responda, opera a su favor la afirmativa ficta". Es el castigo pues, que la autoridad recibe por ser omisa.

Acepta que se trata de un problema recurrente: "Tenemos miles de expedientes en ejecución de sentencia y que las autoridades no dan cumplimiento... Nos encontramos con esta problemática, que no cumplen".

Para evitar este tipo de situaciones, llama a las autoridades a darle contestación a las peticiones de los particulares, "porque si la autoridad no da la contestación lo que provoca es una sanción por el silencio, pero si la autoridad le contesta y lo niega por los motivos que tenga, entonces ya no entramos en el campo de una afirmativa ficta".

Mientras tanto, siguen apareciendo en la zona metropolitana de Guadalajara lonas y anuncios en lugares prohibidos por los reglamentos municipales.

El fallo a favor de la colonia Providencia Sur alienta al resto de fraccionamientos a no darse por vencidos en la defensa de usos de suelo favorables para sus colonos, y gritar que "sí se puede".

Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias, dijo que ahora los regidores deben valorar que un procedimiento judicial sí les puede revertir todo lo que hagan mal.

"Sería el 1er. aprendizaje para la autoridad", precisó.

"Para los ciudadanos es el que sí se puede, el saber que sí se pueden hacer procedimientos jurídicos, y que tienen y pueden tener un buen resultado".

El Ayuntamiento de Guadalajara está siendo obligado por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa a reponer el procedimiento para la consulta del Plan Parcial de Desarrollo de Providencia Sur.

Esto ocurrió después de que esta colonia demostró que el gobierno municipal fue omiso en aterrizar los cambios que propusieron los vecinos en el 2010, y que ya había aceptado, como sólo permitir edificios de seis niveles y frenar los permisos de bares y gasolineras.

Otro aprendizaje, detalló Cárdenas, debería ser que es preferible hacer todo bien desde el principio, y evitar propuestas sin sustento.

"No nos hemos desesperado, nosotros hemos tenido logros en diferentes áreas de este tipo de desarrollo urbano", dijo.

Cárdenas explicó que tiene conocimiento sólo de recursos legales de comités vecinales en contra de edificaciones específicas ya autorizadas, no de planes parciales de desarrollo.

Sin embargo, podrían existir otros amparos en contra de estas decisiones.

Los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga cuentan, en conjunto, con alrededor de 28 millones de pesos para responder a reclamaciones ciudadanas por medio de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, que obliga a indemnizar al ciudadano cuyo patrimonio sufrió daños por una actividad irregular de la autoridad, sin embargo, la mayoría de los ciudadanos desconoce las reglas o procedimiento para hacer reclamaciones.

Entre 2013 y lo que va de 2014 estos ayuntamientos han erogado alrededor de 390,000 pesos como pago a 27 particulares. En un caso la comuna tapatía entregó 299,000 pesos a un ciudadano por una negligencia médica. Los otros 26 asuntos están relacionados principalmente con daños a vehículos que cayeron en baches. Las quejas procedentes se derivan de aproximadamente 250 solicitudes realizadas en el mismo periodo.

La mayoría de las reclamaciones a través de la Ley de Responsabilidad Patrimonial a municipios tiene que ver con daños por baches, caídas de árboles, alcantarillas abiertas, malas prácticas de servidores públicos, así como inundaciones de negocios y vehículos. Casi todos los daños a vehículos son cubiertos por aseguradoras. Para quienes no cuentan con un seguro, los gastos corren por su cuenta, pues la mayoría desconoce que tiene derecho a reclamar a la autoridad.

En general, los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga alegan que si se desecha la mayoría de solicitudes ciudadanas que reclaman indemnización por daño patrimonial, es porque los afectados no cumplen con todos los requisitos que marca la Ley de Responsabilidad Patrimonial, o bien, desisten en el proceso y no terminan el trámite.

Sin embargo, si un ciudadano, cuyo patrimonio sufrió daños por una actividad irregular de la autoridad, llama por teléfono a las direcciones jurídicas de los municipios, sólo le responden que busquen la Ley de Responsabilidad, en internet, y que ahí encontrará los requisitos para llevar su solicitud. No se informa de manera clara ni personalmente ni vía telefónica y hacen que el ciudadano tenga que ingresar a una página web.

Según datos proporcionados por los propios directores jurídicos municipales, son muy pocas las solicitudes que proceden y la mayoría son desechadas.

El director jurídico de lo Contencioso de Guadalajara, Javier Salas Mejía, señaló que el trámite es "complejo", pues no deja de ser un procedimiento sujeto a pruebas.

TAPACHULA.- Al denunciar su caso en Facebook, un proveedor de la Secretaría de Salud de Chiapas consiguió que la dependencia saldara su adeudo.

Raúl Rodríguez, propietario de Compuzip de México S.A. de C.V., evidenció el martes un adeudo superior a los 4 millones de pesos después de que agentes de tránsito se llevaron su vehículo al corralón.

"Lo único que le pido a las autoridades es que sean parejas, así como estoy cumpliendo y aceptando que me lleven al corralón, también les exijo que a los proveedores que nos deben nos paguen. ¿Cómo podemos pagar (impuestos)?, no podemos estar cumpliendo y ellos no", publicó en la red social.

Después de 24 horas de dar a conocer el adeudo, Rodríguez recibió la transferencia correspondiente.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos dice que es procedente el juicio político, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho (artículo 6).

En el artículo 7 se aclara que este supuesto se cumple cuando el funcionario comete actos u omisiones que contravienen la constitución local o las leyes que de ella emanan, o los reglamentos, cuando causen daños patrimoniales graves al estado, al municipio o a la sociedad, o motiven algún trastorno grave en el funcionamiento normal de sus instituciones.

Las violaciones que está cometiendo el ayuntamiento causan daños patrimoniales graves a la sociedad, porque propician la anarquía, el abuso, y generan un clima de incertidumbre jurídica y de indefensión, en perjuicio de los ciudadanos.

En Guadalajara hay evidencias ciertas de los daños que se han producido en perjuicio de la gente, como consecuencia directa e inmediata de actos u omisiones de la autoridad municipal.

Los ciudadanos afectados por las decisiones del gobierno municipal podrían promover ante el Congreso del Estado, en forma individual, todos y cada uno de ellos, que se le instaure juicio político a Hernández García.

Pedro Mellado
(v.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 30 de enero de 2014).

El presidente de este organismo, Carlos Halabé, indicó que aunque la medida le costó una amenaza del gobernador Fausto Vallejo, seguirán con la propuesta de evitar los impuestos de los 3 niveles de gobierno.

"Las Cámaras hermanas de otros estados han apoyado con esta medida."

"Es una lástima que en vez de recibir apoyos tengamos que oír amenazas, el gobernador después de la reunión de ayer nos dijo que ya sabía quiénes éramos...", lamentó el líder empresarial en conferencia de prensa.

Halabé sostuvo que los apoyos anunciados el martes por el gobernador Fausto Vallejo, por 4.8 millones de pesos es una burla pues no resuelve en nada el problema económico.

Germán Sánchez, hotelero, dijo que el sector tiene pérdidas del orden del 80%, que se han despedido a un sinnúmero de empleados y que los que conservan su empleo se les bajó el sueldo.

Iván Mateo Vega, representante legal de dos farmacias, una de ellas incendiada el 15 de enero, denunció que las autoridades municipales y estatales no se hayan acercado a los negocios afectados por los ataques delincuenciales.

"Sentimos que no fue un ataque directo contra nuestro establecimiento, sino una acción de burla para decir 'aquí seguimos' pese a su presencia", dijo Mateo.

(V.pág.10 del periódico Mural del 23 de enero de 2014).

Pero el Juzgado 4o. de Distrito en Materia Administrativa ya le dio una "manita" al otorgar un amparo a los vecinos de Providencia Sur en el que obliga al municipio a tomar en cuenta las propuestas que ellos hicieron en el 2011.

El amparo se concedió el 16 de diciembre pasado y se daba un plazo de 15 días para incorporar las propuestas que fueran viables al plan parcial de esta colonia, sin embargo, hasta el momento no ha habido un acercamiento con los vecinos.

En el 2011, el ayuntamiento aprobó la actualización de los Planes Parciales, sin embargo, debido a la oposición de los vecinos de la zona Centro y Minerva -a la cual pertenece Providencia Sur- los documentos de éstas quedaron en suspenso.

(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 23 de enero de 2014).

Con ello dará inicio una nueva etapa en la protección constitucional de los derechos de los ciudadanos, que entre otras novedades destaca el que ahora podrá hacer uso de este medio quien tenga "interés legítimo", es decir, no sólo quien se considere afectado directamente por un acto de autoridad o una ley, también lo podrá invocar quien se sienta afectado indirectamente.

Ejemplo de ello pudiera ser un acto municipal de conceder una licencia a un negocio que se ubicará a unos metros de una casa, el propietario de ésta, que es ajeno al acto de autoridad, podría hacer uso de esta nueva modificación interponiendo el juicio de amparo si viera afectados indirectamente sus derechos fundamentales por el funcionamiento del negocio.

Otra importante adición es que serán impugnables no sólo los actos, también las omisiones de la autoridad, lo que abre una muy amplia gama de posibilidades de aplicación de este medio de defensa que vendrían a fortalecer la protección de los derechos humanos y armonizar los recursos jurídicos que tiene el ciudadano para defenderse de los que considere actos arbitrarios de la autoridad.

Celso Rodríguez González
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 25 de marzo de 2013).

La Ley de Justicia Administrativa establece que, tratándose de una afirmativa ficta, la sentencia emitida no admite recurso alguno, al no ser procedente el amparo con base en el artículo 9 de la Ley de Amparo.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 9 de marzo de 2013).

Ante los hechos de violencia registradosen México durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, viene a cuento retomar la historia y las ideas del viejo pacifista: "Al depositar la confianza en los medios violentos, se ha escogido precisamente el modo de lucha en el cual los opresores casi siempre tienen la superioridad", se lee en las primeras líneas del citado libro.

Ese manual de 93 páginas que ha sido traducido a más de 30 idiomas, lo escribió Gene Sharp en 1993, como una petición expresa de los grupos democráticos birmanos que se oponían a la junta militar en el gobierno. A falta de un conocimiento profundo sobre el país asiático, Sharp creó una guía genérica para acabar con cualquier tirano dictador, donde incluyó 198 métodos de resistencia y persuasión no violenta. Entre ellos, el boicot económico, la desobediencia civil y las protestas públicas.

La tesis que sustenta todo el pensamiento de este doctor en Teoría Política por la Universidad de Oxford e Investigador de Asuntos Internacionales en Harvard, establece que las fuentes de poder de un gobierno dependen de la cooperación y la buena voluntad de la gente y las instituciones. De modo que si se reduce la legitimidad y la obediencia, el régimen quedará debilitado y caerá. Anima a los individuos a superar la atomización, que según las palabras de Sharp es "una de la principales formas de control de los sistemas autoritarios", y opta por las acciones pacíficas, ya que las armas no violentas son mucho más difíciles de contrarrestar para el adversario en el poder.

Aunque es casi un desconocido para el mundo, movimientos de liberación en Serbia, Ucrania, Zimbabue, Georgia, y más recientemente Egipto, Túnez y Siria en la llamada Primavera Árabe, reconocen haber sido inspirados por las ideas de Sharp, quien ha sido llamado el "Maquiavelo de la no-violencia".

Eugenia Coppel
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 9 de diciembre de 2012).

León Hernández detalló que este año judicial el TAE cerrará con cerca de 3,000 demandas nuevas y alrededor de 1,000 recursos de reclamación o apelación que llegan al pleno para que sean resueltos.

El Magistrado atribuyó este crecimiento desbordado en las demandas a la cultura de defensa que ha desarrollado la ciudadanía contra las sanciones que impone el estado por violaciones a las distintas normas.

(V.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 6 de diciembre de 2012).

Apenas el 24 de octubre recibió una queja de una automovilista: en un mismo bache, en Tlaquepaque, sus 2 vehículos resultaron dañados, sin que alguna autoridad se hiciera responsable.

Pero ayer la Comisión recomendó que el ayuntamiento y la Secretaría de Desarrollo Urbano, de Alfredo Barba y Sergio Carmona, respectivamente, reparen un tramo de Lázaro Cárdenas y atiendan el reclamo de la afectada.

Si este llamado es atendido, podría convertirse en una vía más rápida de atención que reclamar daño patrimonial, trámite que generalmente es más engorroso y tardado.

S.Cabañas
(v.pág.6 del periódico Mural del 22 de noviembre de 2012).

Abogado de profesión, este trabajador de la Universidad de Guadalajara cuenta que en septiembre de 2009 circulaba por Avenida Vallarta y, al dar vuelta a la derecha por Simón Bolívar "cayó" en un hoyo.

Pasaron 18 meses para que el ayuntamiento le liberara un cheque por la cantidad solicitada, el deducible de impuesto del total de la compostura. "Cuando te basas en la ley de responsabilidad patrimonial y te pones en la postura de que sufres un daño por un servicio mal dado, como son las calles del municipio, pues es difícil que pierdas".

¿Qué hizo Luis para ganar? Esperar y no tolerar. "Si todos tiráramos la toalla sería una posición muy cómoda para el gobierno". Ahora, su caso, cree que es arquetípico, "para que se pueda meter presión y vea el gobierno que le puede salir muy caro, si no arreglan las calles".

1, 2, 3 para reclamar:

• Reunir todas las pruebas posibles (fotografías, video, testigos y presupuesto del daño).
• Acudir a la sindicatura municipal, cuya demanda vaya dirigida al ayuntamiento y a la Dirección de Obras Públicas del Municipio.
• Presentar la demanda con una credencial de elector antes de 15 días de pasado el suceso.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 14 de julio de 2012).

Si entendió poco la ley y el reglamento, relea todo; si de plano le resultan complicados los términos jurídicos, espere a que se abra algún curso en el Instituto de Transparencia; si tiene algún abogado conocido, consúltelo, pero antes asegúrese que conoce del tema. Ojo: no suelte al abogado, porque su petición puede no atenderse y llegar hasta un tribunal, algo que no sucedía con la ley que fenece este domingo.

¿Que no sabe dónde obtener la ley y el reglamento? Pues o va al Instituto de Transparencia para que se los regalen, si los tienen en existencia, o los baja del sitio web de la dependencia o del Congreso del Estado.

Una vez que se asomó a la ley y su reglamento, el siguiente paso es tener claro qué información va a solicitar y a qué dependencia. Porque si sus preguntas no son precisas, le anticipo que no la obtendrá. Entonces, medite bien qué preguntará.

Solucionado eso, ahora tendrá que conocer el sistema utilizado para que usted pregunte. Como el sistema electrónico Infomex quedará obsoleto, busque en la dependencia cuál es el sistema de recepción de solicitudes y entrega de información pública que utiliza.

Le advierto algo: esta vez sí le solicitarán su nombre completo y otros datos personales, algo que no ocurre con la ley hasta hoy vigente.

El sistema es burocrático y para que le den la información podrían transcurrir de 30 a 40 días. Revise, eso sí, el artículo 106 de la ley, porque hasta usted podría ser sancionado hasta con cárcel si, como persona física, se le ocurre dar a conocer información reservada o confidencial. Si le asegura algún funcionario que no es así, que el reglamento lo matiza, dúdelo: la aplicación de la ley es para los enemigos y la interpretación para los amigos, dicen bien los abogados. Hay más obstáculos. Hágale la lucha. Persevere.

Sergio René de Dios Corona
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 29 de marzo de 2012).

De acuerdo con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, cuando una entidad pública causa daños -físicos o morales- a una persona o grupo, sin que éste tenga la obligación jurídica de soportarlo, debería indemnizarles.

La petición, según la norma, puede iniciarse de oficio, previo acuerdo de la entidad responsable, por orden de un superior o por denuncia. El monto máximo de indemnización es por el equivalente a 3,650 salarios mínimos (unos 221,080 pesos).

El viernes pasado, tras los narcoataques registrados en la ciudad, policías de Zapopan detuvieron a Juan Carlos Villalobos, Cristian Jiménez Martínez, Arturo Santana Santiago y su hijo, José Andrés Santana.

Sus rostros y nombres fueron expuestos a la opinión pública -en conjunto con otros 11 presumibles participantes en los hechos- sin embargo, no pudieron comprobarles ilícito alguno y los dejaron en libertad el domingo.

El trámite civil podría proceder para este caso, estimó Luis Arturo Jiménez, director de Quejas, Orientación y Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Según la legislación vigente, el derecho a reclamar la indemnización prescribe en un año, que se cuenta a partir del día siguiente a aquél en el que se produjeron los daños físicos o morales.

El ejecutivo, en la partida 3942 de su Presupuesto de Egresos, posee una bolsa de 5 millones de pesos por concepto de Responsabilidad Patrimonial.

Hasta febrero de este año, en el Avance Presupuestal disponible en el sitio web del ejecutivo, no se había erogado ni un peso.

(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 15 de marzo de 2012).

No sé cuanto tiempo estaré sin auto, ya está en la agencia, y encima me toca absorber el deducible porque por supuesto las autoridades no se hacen responsables de sus errores. Anoche me llamó el abogado de Qúalitas para asesorarme, si quiero demandar para que cubran los gastos ocasionados, el trámite me dice es engorroso, largo y sin garantía de nada. Ni te cuento lo furiosa que estoy, y lo que esto afecta mi rendimiento en el trabajo, sin mencionar el anímico. Por otro lado doy gracias Dios que estoy bien, total lo demás como quiera saldrá.

De una muy estimada amiga del webmaster
(recibido por e-mail el 2 de octubre de 2009).

Finalmente, después de infinidad de vueltas y de tratar de negociar para pagar sólo la mitad de los daños, el Ayuntamiento de Guadalajara le entregó a fines de noviembre de 2011, después de más de 2 años y sin abonarle ni un cinco por intereses, un cheque, diciéndole que pasara a la Tesorería 3 días después. Cuando se presentó le dijeron que ya se había agotado el presupuesto de 2011, por lo que tendría que regresar hasta el año próximo a cobrar.

No me sorprende en absoluto, el gobierno nunca pierde. Me escribió mi amiga.

Hasta principios de 2012 logró que le entregaran el dinero.

Ayer, mientras empleados de la empresa Volante Exprés (que contrataron los vecinos) entregaban en la colonia Providencia los panfletos en donde piden a la ciudadanía no votar por los partidos que avalen los planes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les prohibieron continuar con su trabajo. Acto seguido, los subieron a una patrulla (lo que no sucede con quienes pintan bardas con propaganda política) en donde los empleados les respondieron que sólo cumplían con su trabajo.

Aunque no fueron privados de su libertad, la empresa decidió cancelar la entrega de 20,000 volantes que comenzó a repartir desde el lunes.

Ahora, los vecinos que conforman el Núcleo de Colonias (Lafayette, Arcos, Americana y Providencia Sur), son quienes se encargarán de continuar con la entrega de los volantes, aseguraron los representantes de la colonia Lafayette, Froilán Mejía; y de la Americana, Eduardo Morfín.

Mejía manifestó que las autoridades municipales están "reprimiendo y violentando nuestros derechos de la libre expresión".

Pese a que el alcalde interino, Francisco Ayón López, declaró desde la semana pasada que contactaría a los vecinos para llegar a un acuerdo, esto no ha sucedido: "No sólo no se ha comunicado, nos ha enviado mensajes [como la represión policiaca] de que no le interesa sostener reuniones".

Destacó que sólo aceptarán reunirse con el alcalde y que el único acuerdo bajo el cual podrían cancelar la campaña es si se inicia una revisión técnica de los planes donde ellos participen.

(V.pág.7 del periódico Milenio Jalisco del 2 de marzo de 2012).

"No votes por el partido que apruebe los Planes Parciales, te invitamos a que crees conciencia con los demás (...) razona, piensa tu voto, observa quiénes son los que están aprobando los Planes Parciales, porque la aprobación de los Planes Parciales es igual a que te perjudiquen a ti", expresó Froylán Mejía García, integrante del Núcleo de Colonias, al leer un volante que será repartido en colonias como Lafayette, Moderna, San Antonio y Americana.

Integrantes del Núcleo de Colonias tronaron ayer contra el ayuntamiento, al que acusaron de entregar una respuesta sin presentar los datos técnicos que justifiquen la modificación de los planes, que implicarían la redensificación de la ciudad.

De acuerdo con el grupo vecinal, en el que hay representantes de colonias como Lafayette, Americana, Arcos Vallarta y Providencia Sur, la respuesta del municipio a su solicitud fue entregada en hojas sin membrete oficial y firmada por alguien que no tiene autoridad jurídica, además de que carece de datos que justifiquen la necesidad y viabilidad de autorizar la construcción de edificios de hasta 15 pisos en las zonas Centro y Minerva.

Indicaron que los Planes, que podrían ser aprobados por el ayuntamiento en los próximos días, sólo responden a intereses económicos de los desarrolladores inmobiliarios e impulsa una densificación indiscriminada, no consideran las limitantes físicas de la infraestructura como vialidades y sistemas hidrosanitarios, ni las afectaciones patrimoniales.

(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 23 de febrero de 2012).

Esto se desprende del juicio 80/2009, que Jorge Ruiz Rodríguez interpuso ante la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado en marzo del 2009, ya que el municipio invadió un terreno de su propiedad en Avenida Acueducto y Éufrates, para ampliar vialidades.

El 6 de septiembre del 2010 el TAE dictó una sentencia a favor de Ruiz Rodríguez y determinó que Zapopan lo debía indemnizar con 5'634,156 pesos, más la indexación de la fecha en que fue afectado el predio hasta el presente, de conformidad con el Banco de México. La suma a pagar se estima en unos 7 millones.

Aunque el TAE ha requerido cumplir la sentencia en al menos 8 ocasiones, el municipio no ha indemnizado al particular, por lo que el 30 de agosto se hizo un apercibimiento en el que se advierte al MP de la situación y se informa al municipio que los regidores serán denunciados y llevados a juicio político.

(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 20 de octubre de 2011).

Ahora, con la presentación de su primer libro: Manual del poder ciudadano -cuyas regalías serán donadas a asociaciones de niños con cáncer e indígenas-, Ulrich busca generar conciencia entre la sociedad sobre su condición de ciudadano, para que asuma el peso que tiene en el rumbo del país como tal.

"El poder es de los ciudadanos y el poder crece cuando estamos unidos, por consentimiento y por un fin. Y el fin debe ser el México que queramos heredar", explica.

Lo que lo puso en vitrina fue su participación defendiendo a la revista Proceso y a la periodista Olga Wornat frente a la demanda entablada por Martha Sahagún de Fox, en 2005, por daño moral, y que finalmente resultó favorable a la revista y la periodista.

La demanda se fundamentó en uno de los criterios más ambiguos y analizó una de sus líneas más finas: hasta dónde llega la vida privada y hasta dónde el derecho de los ciudadanos por conocer información de sus gobernantes.

El pleito fue atraído por la Suprema Corte de Justicia y centró importantes bases en el derecho a la información sobre los gobernantes, aun cuando ésta se refiera a su actuar privado, en el caso de que éste pueda alterar su función como servidores públicos.

"Se necesita formar consensos. No quedarse en el pasado y avanzar como país".

Pero condiciona: para ello se requiere una actividad consciente, un ejercicio pleno de la ciudadanía, de la participación ciudadana. La clase política está más entretenida en si llega al poder o no, en qué les va a tocar, y mientras eso está sucediendo en una parte de nuestro país, la otra está sufriendo el desmoronamiento de la estructura social, de los valores".

Él lo resume así: "se trata de sumar y de que sumemos todos".

Es en los momentos de crisis, de mayores sacudidas, cuando las personas marcan cambios insospechados y, sin proponérselo, inspiran a otros a actuar, a formar grupos que derivan en acciones colectivas. Javier Sicilia, Julián Le Baron, Alejandro Martí y María Elena Moreira, entre otros, son figuras públicas de todos los ámbitos que en su demanda de justicia hicieron eco de muchas otras, que ahora los siguen.

Estos líderes ciudadanos que emergen ante la ausencia de liderazgos por parte de los mandatarios, son consecuencia directa de la crisis en materia de seguridad. Ellos ejercen su ciudadanía, establece Richter Morales.

Sin embargo, asegura: "No tienes que dejar de trabajar para activarte como ciudadano. Desde tu ámbito ciudadano hay que pensar en el otro".

"Durante décadas no hubo el interés de formar ciudadanos y antes de eso hasta éramos súbditos. La diferencia entre un ciudadano y un súbdito es que el súbdito no tiene derechos, no tiene voz. ¿No nos trató como súbditos el Congreso de la Unión, que se tardó 10 meses en aprobar la ley del secuestro, cuando éste es un cáncer lacerante en nuestra sociedad?".

Hacen falta mecanismos más eficientes y expeditos que lleven a la rendición de cuentas a los servidores públicos. El especialista advierte: "No hay rendición de cuentas. No pasa nada. Es el país de no pasa nada. ¿Por qué carajos cada quien hace lo que se le da la gana? Porque no hay Estado de Derecho".

Y ejemplifica con las nulas consecuencias tras el ataque al Casino Royale, donde perdieron la vida 52 personas, en contra del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, y su hermano, Jonás Larrazábal, este último además exhibido cuando recibía cuantiosas cantidades de dinero en uno de los casinos. "Hay un clamor popular para que el señor se vaya y el señor se aferra. Hay 52 personas que fallecieron y ni por dignidad se va".

Este es uno de los aspecto por los cuales, asegura Richter Morales, el poder de revocación de mandato es necesario: "Es a lo que se refería Alejandro Martí cuando dijo ‘Si no pueden, renuncien’".

Pero en la rendición de cuentas existe también una corresponsabilidad por parte de los ciudadanos, una conexión sólida entre derechos y responsabilidades: "Para que podamos exigir, tenemos que empezar por nosotros mismos. Si queremos tener una clase política buena, tenemos que ser buenos ciudadanos. Si queremos tener mejores políticos, necesitamos ser mejores ciudadanos. Vamos de la mano".

Para ello, el autor establece la necesidad de reafirmar valores: "Hay que reconstruir el tejido social, ¿y cómo lo logramos? Pues formando ciudadanos". Para ejemplificar mejor la brecha que separa al ciudadano (aquella figura consciente de sus derechos y responsabilidades, los cuales ejerce por igual) del habitante (alguien que simplemente se encuentra sobre la Tierra). Richter recurre a un suceso reciente: "las ladies de Polanco".

Cuando Azalia Ojeda y María Vanessa Polo Cajica, ahora mejor conocidas como Las ladies de Polanco, a base de insultos y agresiones físicas contra policías, eludieron la revisión del alcoholímetro en la zona del mismo nombre, se comportaron "como habitantes, no como ciudadanos, porque un ciudadano respeta a la autoridad".

Y agrega el abogado: "Ahora bien, si los policías hubieran detenido a las chicas, ahorita estarían presos por violación, te lo puedo asegurar".

"En México -dice Richter Morales- hay muy pocos ciudadanos y millones de habitantes, porque si hubiera ciudadanos que respetaran las reglas de convivencia, de tránsito o ambientales, no tendríamos ahora el problema de que todo es un caos".

Por último, Ulrich Richter se despide con una reflexión: "Siempre andamos diciendo ‘este pinche país’ esto o el otro, pero pensemos qué diría el país si alguien le preguntara sobre nosotros". Ésta y otras consideraciones se encuentran en el libro Manual del poder ciudadano, recién publicado por Editorial Océano.

Gabriela Gutiérrez M.
(v.pág.26 de la revista Día Siete del 9 de octubre de 2011).

Jorge Zul de la Cueva
(v.pág.6-B del periódico El Informador del 12 de enero de 2011).

Resaltó que es labor de la sociedad y de los servidores públicos garantizar y fortalecer la legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Aseveró que el derecho de acceso a la información y la cultura de la legalidad son componentes de una sólida democracia, por lo que la sociedad debe promoverlos todos los días.

'En un país como México, donde la satisfacción con la democracia es baja, resulta indispensable y urgente elevar la calidad de los gobiernos en los 3 órdenes: federal, estatal y municipal', subrayó en un comunicado.

'Es necesario potenciar el monitoreo ciudadano para una mayor vigilancia en tiempo real del ejercicio de recursos, la obra pública y los programas gubernamentales', puntualizó.

La integrante del IFAI enfatizó que entre los desafíos en materia de transparencia se encuentran el establecimiento de organismos garantes especializados e imparciales, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión a nivel estatal.

(V.Notimex del 21 de mayo de 2010).

Más aún, el Manual de percepciones de la administración pública federal estipula en su artículo 39: "La información de cada uno de los niveles salariales relativa a las percepciones ordinarias y extraordinarias, tanto en numerario como en especie, autorizadas de conformidad con el Manual y sus disposiciones específicas, deberán hacerse públicas en términos del artículo 7, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia".

El artículo 40 de la misma normatividad indica que las dependencias y entidades deberán publicar en el portal de transparencia correspondiente las remuneraciones y los tabuladores de sueldos y salarios que correspondan a cada nivel salarial en términos de la Ley de Transparencia, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en numerario como en especie.

Sin embargo, ninguna de las dependencias cumple con esta obligación, esgrimiendo precisamente razones de confidencialidad.

(V.pág.16 del periódico Público del 9 de mayo de 2010).

Ante el permanente cabildeo, la premura de los organizadores de los Juegos Panamericanos 2011 y el nerviosismo de los desarrolladores inmobiliarios que se beneficiarían con el gran negocio (lo mismo que los políticos que podrían apoyar estos proyectos como socios o cómplices), no han faltado personas de buena fe y bien intencionadas que aboguen por la realización de esos 2 proyectos.

Sin embargo, los riesgos son muy claros y el primer paso para convertir en zonas de desastre ecológico ambos predios sería consentir la construcción de ambos proyectos panamericanos, pues detrás de ellos llegarían, como plaga depredadora, los desarrolladores inmobiliarios que sembrarían miles de viviendas en muy poco tiempo, para convertir en páramos desolados ambas zonas, como ya lo han hecho en Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y El Salto.

El asunto llegará inevitablemente al Congreso de la Unión, pues ayer el Parlamento de Colonias y la organización Conciencia Cívica presentaron al diputado federal jalisciense Salvador Caro Cabrera las evidencias de las irregularidades que podrían cometerse con la construcción de la Villa Panamericana en El Bajío del Arenal.

Si como parece, algunos funcionarios municipales y estatales pudieran estar interesados en violar la ley, para respaldar y autorizar las construcciones en El Disparate, en Guadalajara, y en El Bajío del Arenal, en Zapopan, deberían calcular muy bien sus fuerzas, pues el tema podría adquirir muy pronto singular relevancia política, y varios podrían quedar en una posición cuestionable y comprometida.

Pero lo más delicado, podrían quedar atrapados por el desprestigio, en medio de una maniobra muy cuestionada por un importante segmento de la sociedad, que erosionaría tanto su imagen pública como sus ambiciones políticas de corto plazo.

Pedro Mellado
(v.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 28 de enero de 2010).

"Somos un país con una administración pública que no está acostumbrada a documentar sus acciones y debemos estar conscientes de que ésta será una transformación de fondo y de largo plazo", expuso.

Mediante un comunicado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Marván Laborde lamentó que en la actualidad la mejor forma que tiene un servidor público para defenderse es no documentando sus acciones.

Erradicar esa práctica constituye un cambio a largo plazo, pero el objetivo a mediano término es reconciliar al ciudadano y a las autoridades en ese tema, opinó.

"Vamos a favorecer que haya ciertos esquemas donde el ciudadano tenga manera de preguntar y el servidor público, obligación de responder y una autoridad que con toda responsabilidad le diga al servidor público que la información es pública y se debe entregar", aseveró.

(V.Notimex del 25 de enero de 2010).

Y de paso, no estaría por demás que el referido funcionario también clarificara su posición en defensa de los intereses de la comunidad, con respecto a la empecinada pretensión del gobierno estatal que encabeza el panista Emilio González Márquez, de construir la Línea 2 del Macrobús por el Centro de Guadalajara, pese a la abierta oposición de importantes actores vecinales, políticos, económicos y religiosos.

La Ley Orgánica de la Procuraduría de Desarrollo Urbano en su Artículo 2 y el Código Urbano para el Estado de Jalisco en su Artículo 13, establecen que la Procuraduría de Desarrollo Urbano debe orientar y defender a los ciudadanos en la aplicación de la legislación urbanística, vigilar la correcta ejecución de la misma, así como promover la solución de todos los asuntos relacionados con el proceso de urbanización (...) observando los procedimientos administrativos o jurisdiccionales en los casos que establezcan las leyes.

A su vez el Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Desarrollo Urbano y el Artículo 14 del Código Urbano para el Estado de Jalisco definen, entre muchas otras, dos atribuciones del procurador de desarrollo urbano, que le vinculan y comprometen directamente con la comunidad metropolitana.

Debe prestar servicios gratuitos de asesoría a los ciudadanos que requieran y le soliciten apoyo en asuntos relativos a la aplicación de las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano, del Código Urbano y de los programas y planes de desarrollo urbano que se expidan.

También es obligación del titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano representar a los habitantes, asociaciones de vecinos o propietarios de predios y fincas, en el ejercicio del derecho a exigir a la autoridad que se lleven a cabo las suspensiones, demoliciones o modificaciones que sean necesarias, cuando las edificaciones y urbanizaciones, cambios de uso del suelo u otros aprovechamientos de fincas, contravengan las leyes, reglamentos, programas o planes de desarrollo urbano aplicables.

También es obligación del procurador urbano exigir en nombre de los ciudadanos afectados, que se suspendan obras o proyectos urbanísticos que originen un deterioro a la calidad de la vida de los asentamientos humanos, los habitantes y propietarios de predios y fincas del área que resulten directamente afectados, para cumplir las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos y del Código Urbano de Jalisco.

El Artículo 16 del Código Urbano dice que el Procurador de Desarrollo Urbano debe defender de oficio o a petición de parte, pero en forma gratuita, los intereses de ciudadanos o de organizaciones de vecinos que le soliciten apoyo.

Pedro Mellado
(v.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 21 de enero de 2010).

Usted sabe que a muchos ex funcionarios o actuales servidores públicos se les podría denunciar por el delito de cohecho en los términos que contempla el Artículo 147 del Código Penal del Estado.

Advierte, textual: "Comete el delito de cohecho todo servidor público que, por sí o por interpósita persona, en cualquier momento, solicite o reciba, indebidamente, dinero o cualquier otra dádiva o servicio, o acepte una promesa para hacer, o dejar de hacer, algo justo o injusto relacionado con sus funciones".

O en su defecto, se podría proceder por el delito de Peculado, como lo clarifica el Artículo 148 del Código Penal, que advierte, textual: "Comete el delito de peculado todo servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al Estado o Municipio, organismo descentralizado o a un particular si, por razón de su cargo, los hubiese recibido en administración, en depósito o por otra causa".

Otra variable sobre este mismo delito la contempla el Artículo 149, que dice textual: "Se impondrán las penas señaladas en el artículo anterior, tanto al servidor público que, a sabiendas, autorice o consienta el pago o la inclusión, en nóminas oficiales, de personas que recibiendo un salario del Estado o de los Municipios, no desempeñe sus servicios, así como al que dolosamente autorice, ejecute el pago, o lo reciba".

Hay otro delito denominado concusión, que el Artículo 150 del Código Penal describe, textual: "Comete el delito de concusión todo servidor público que, en su carácter de tal y a título de impuesto, derecho o contribución, recargo, renta, rédito, salario, cooperación o emolumento, exija por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicio o cualquier otra cosa indebida, o en mayor cantidad que la señalada por la ley".

Hay otra conducta que se reitera cada ocasión que hay cambio de gobierno en los municipios, denominada Delitos Cometidos en la Custodia o Guarda de Documentos.

Al respecto el Artículo 151 del Código Penal de Jalisco advierte, textual: "Se impondrán de 1 a 4 años de prisión a los servidores públicos que, indebidamente: sustraigan, destruyan u oculten documentos, papeles u objetos que les hayan sido confiados, o a los que tengan acceso por razón de su cargo; quebranten o consientan en quebrantar los sellos de documentos o efectos sellados por autoridad competente, que tengan bajo su custodia; y abran, o consientan que se abran sin la autorización correspondiente, papeles o documentos cerrados que tengan bajo su custodia".

Agrega el mismo artículo, textual: "Cuando se sustraigan, destruyan, alteren, oculten o se impida el acceso a la información financiera de las entidades fiscalizadas requerida por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco para dictaminar las cuentas públicas, la pena se aumentará en una mitad y, en este caso, no se tendrá beneficio de libertad provisional bajo caución".

¿Verdad que le resultan familiares muchas de estas conductas?

Pedro Mellado
(v.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 14 de enero de 2010).

Ludger Kellner cobró notoriedad en agosto de 2008 cuando, después de 31 años de radicar en México, fue llamado por primera vez por el servicio migratorio. ¿La razón oficial?: una denuncia anónima en la que lo acusaban de ser presidente de Jardines del Sol sin permiso. ¿La verdadera razón según el propio Kellner?: su oposición a la construcción de La Ciudadela y la intimidación por parte de grupos de interés y la complicidad de algunas autoridades.

A finales de los 80, Kellner llegó a Jardines del Sol. Años después, el descuido y la suciedad de la colonia, afirmó, hicieron que este alemán tratase de cambiar esa situación. Participó en la mesa de colonos y en 2004 obtuvo el cargo de presidente de la colonia. Allí comenzó su activismo por mejorar su entorno, primero limpiando y mejorando los camellones de Jardines del Sol. Después, encabezar la oposición al proyecto de La Ciudadela, en los antiguos terrenos de la Motorola.

En ese entonces se presumía que en el subsuelo existían materiales radioactivos; lo que había era otra cosa: talio, un metal muy tóxico con efectos cancerígenos: "Hicimos un estudio y descubrimos que quienes viven cerca de la ex Motorola [hoy el centro comercial La Ciudadela] tenían una incidencia mayor a 10% de enfermarse que el resto de los habitantes de la colonia", comentó Kellner en una entrevista para Público en agosto de 2008. Entre los padecimientos, dijo, había enfermedades gastrointestinales, de los ojos, y nerviosas.

La Profepa ordenó parar las obras, pero aún así, la constructora, que se presume pertenece a los hermanos Bibriesca, hijos de Martha Sahagún, siguió con los trabajos para la construcción del centro comercial y unas torres de departamentos. Kellner denunció que había una complicidad con las autoridades: "No tengo miedo de las autoridades, no tengo miedo a la intimidación. A lo que sí temo es a un riesgo ambiental y de salud pública".

Aunque su lucha contra La Ciudadela no resultó como esperaba, su activismo sigue al grado de que hoy es presidente del Parlamento de Colonias, asociación civil que por primera vez en Guadalajara agrupa colonias de diferentes clases sociales, y cuya principal propuesta es poner el tema de los problemas urbanos en el ámbito público.

(V.pág.8 del periódico Público del 27 de diciembre de 2009).

Son muchas las modificaciones que querían hacer para reducir, y en algunos casos de plano eliminar, su obligación a informar, así como las sanciones a que se harían acreedores de no hacerlo.

Vean algunas de las joyitas de su propuesta: Excluir de la Ley de Transparencia los archivos públicos cuando éstos, por definición, son públicos; cambiar lo que se conoce como "afirmativa ficta", es decir, que si el organismo o funcionario obligado por la ley a informar, no responde a una solicitud de información, se considerará que la información existe y deberá entregarse al solicitante, aunque sea información reservada, para establecer lo contrario: la "negativa ficta", es decir, que si la autoridad no responde nada a una solicitud de información, se considerará que la información no existe, y por lo tanto no hay obligación para presentarla. O sea que, con solo no responder, no tendrían obligación de darnos nada.

Querían también eliminar la obligación del legislativo de publicar permanentemente los montos económicos que le asignan a las fracciones parlamentarias y eximirlo de publicar los criterios de asignación de recursos, quiénes los reciben y los conceptos y fechas en que estos se aplican.

Y la mejor de todas, y que por sí sola nulifica la ley por completo: que los sujetos obligados a dar información, (poder ejecutivo, legislativo y judicial, y toda persona, organismo público o privado que reciba, administre o aplique recursos públicos) sean los que determinen, por sí mismos, qué información es reservada y cuál no. En otras palabras: ¡ellos mismos decidirían qué información darnos y cuál no!

Qué inteligentes nos salieron los diputados. Corrijo: qué cabrones nos salieron los diputados.

El derecho de acceso a la información pública es sin duda el arma más eficaz para combatir la corrupción y forzar a la rendición de cuentas. Y si alguien conoce la eficacia y el control que una Ley de Transparencia sin subterfugios le puede dar al ciudadano es el propio gobierno, así como los partidos políticos detrás del mismo. De ahí su reticencia a respetar este derecho ciudadano fundamental y sus permanentes intentos por modificar las leyes que los obligan.

La quieren modificar, no porque la actual la estén cumpliendo cabalmente, sino porque están hartos de que los ciudadanos les estemos preguntando qué hacen con nuestra lana, y porque quieren, a como dé lugar, hacer lo que les da la gana.

La ley establece que cierta información debe ser de carácter reservado: aquella cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional, menoscabar negociaciones o relaciones internacionales, dañar la estabilidad financiera del país, poner en riesgo la vida de personas, revelar secretos comerciales, etc., así como información confidencial, o sea, los datos personales de cualquier individuo, su domicilio, teléfono, expediente médico, origen étnico, racial, religión, características físicas, morales o emocionales, o cualquier información que afecte su intimidad.

Mantener en reserva este tipo de información es entendible y necesario, pero agarrarse de esto para no dar información de un contrato o no decir a quién le pagaron tal o cual cosa, porque los contratos y recibos contienen el domicilio de las personas involucradas, es simplemente no querer informar. En todo caso, que lo tachen.

Lo que pasa es que por lo general los funcionarios no son transparentes por convicción, más bien son opacos por definición. No son transparentes, son "transaparentes" (que transan con parientes).

¿Qué otra cosa se puede pensar de alguien que permanentemente se resiste a dar información, a rendir cuentas o a ser vigilado? Quien actúa así es porque tiene cosas que esconder o personas a quién proteger. Pocos son los que pueden decir con tranquilidad: a mí, que me esculquen.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 17 de diciembre de 2009).

"(Esto evitaría) que entonces nos tengamos que ir a un procedimiento jurídico que llevaría mucho tiempo y que puede ser un daño ya irreversible porque también los particulares que se vean beneficiados con ese cambio de uso de suelo hagan valer su legítimo derecho de que se reconozca lo que la autoridad municipal estableció en el Pleno".

El artículo 138 del Código Urbano establece que los cambios en los planes de desarrollo urbano pueden realizarse durante el primer año de la gestión municipal, sin embargo en Guadalajara y Tlajomulco están haciendo dichas modificaciones a meses de terminar el periodo, mientras que en Zapopan se escudan en una figura que ya no existe en la ley para hacer cambios.

La única autoridad competente para resolver estas violaciones al Código Urbano es el Tribunal de lo Administrativo, pero la sociedad puede acudir a otras formas de presión, como la manifestación o la demanda de Juicio Político para que los funcionarios municipales se la piensen 2 veces.

(V.pág.5 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 22 de octubre de 2009).

No es sencillo, porque el quehacer político de años pasados no requería esto. Las decisiones se tomaban de manera vertical y no existía oposición. Ahora, el cuestionamiento a todas las resoluciones de la autoridad es de uso corriente; es una práctica que llegó para quedarse.

Cada vez que se polarizan las posturas y los ciudadanos ven en la autoridad un rival a vencer, se descompone el tejido social y se pierden oportunidades de desarrollo. No importa entonces si el proyecto se concreta o no; la sociedad dio otro paso en el camino de la discordia.

La responsabilidad de asumir la conciliación y la armonía es de la autoridad. Ya hubo muchas lecciones; es tiempo de reaccionar.

Editorial
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 29 de septiembre de 2009).

De cualquier manera, quienes se consideren afectados por éstos acuerdos, pueden impugnarlos, consultando las disposiciones que al respecto, se encuentran en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Código Urbano del Estado y la Ley de Justicia Administrativa del Estado.

Luis Antonio Rocha Santos
(v.pág.17 "correo" del periódico Público del 4 de septiembre de 2009).

Este derecho normalmente se contrapone a la tendencia del poder público, de actuar en medio del sigilo conveniente para rebasar límites legales y morales en la actuación política. La opacidad es la madre de la corrupción.

El surgimiento de la Ley Federal de Acceso a la Información y las legislaciones de los estados ha sido un paso muy importante; sin embargo, a lo largo de estos años de vigencia de las normas, hemos sido también testigos de muchos casos en los que las autoridades buscan controlar a quienes tienen como tarea precisamente el garantizar los derechos relacionados con la información de la cosa pública para los ciudadanos. Tenemos casos de retrocesos notables en términos legales, como la legislación de Querétaro, o casos de control y desprecio al tema, como lo sucedido en Jalisco, en donde la designación se sometió a ¡un sorteo!

Los temas de la agenda de la opinión pública de las últimas semanas son una rica muestra de asuntos en los que se puede ejercer este derecho e incidir en su mejor desempeño: desde la información relacionada con el gasto corriente del Gobierno; la Villa Panamericana de Guadalajara; los concursos de plazas de maestros y su singular sindicato; los gastos de los partidos en las campañas electorales que acaban de terminar.

Ante la tentación regresiva de muchos actores políticos, la acción ciudadana y el impulso desde los medios de comunicación es fundamental. El derecho a saber de lo que es nuestro, es ineludible e irrenunciable, hay que limpiar la opacidad mediante la sana presión ciudadana.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 26 de agosto de 2009).

Lo que no debe tener muy contentas a las autoridades es que el común denominador que une a estas organizaciones es que los gobiernos los tienen hasta la madre, porque a ninguno de ellos, en tanto ciudadanos, los han tomado en cuenta para tomar decisiones que terminaron afectándolos.

En la misma mesa participaron también organizaciones con causas muy distintas entre los que tampoco suele haber mucha comunicación. Hubo ecologistas, promotores de una movilidad no motorizada, activistas por los derechos humanos, y observadores del gasto público. Y esto apenas comienza. De lo que se trata es de pasar de la protesta a la articulación y crear un frente común del que se hablará mucho en las próximas semanas.

Así que, que se agarren los autoridades, porque en las organizaciones civiles comienza a caerse la barrera de clases y las causas, los distintos se hablan, dialogan, acuerdan, se apoyan y lo hacen como iguales, en su papel de ciudadanos (encabronados, hay que decir) y que tiemblen los gobernantes porque además comparten el mismo blanco.

Ricardo Salazar
(v.pág.16 del periódico Público del 7 de agosto de 2009).

(V.pág.11 del periódico Público del 26 de julio de 2009).

En el ánimo de que en este largo periodo de transición hasta la toma de posesión Ud. reflexione seriamente sobre su papel en el municipio (que queremos), le comparto desde mi experiencia profesional y de observador de la ciudad 10 medidas de carácter urbano que serian deseables respetar y 10 para abstenerse de utilizar:

Las deseables:

PLANEACION. Asumir que al dirigir un municipio se administra un territorio. Se requiere un plan estratégico que no se debe iniciar el 1o.de enero, sino 6 meses antes, durante el periodo de transición.

PRIORIZACION PUBLICA. Privilegiar los intereses públicos sobre los intereses privados.

SUSTENTABILIDAD. Acciones dirigidas a una ciudad sustentable desde el inicio de cualquier proyecto.

CULTURA URBANA. Promover una cultura urbana adecuada predicando con el ejemplo.

PARTICIPACION CIUDADANA. Establecer nuevos mecanismos reales de participación ciudadana mediante consulta ante decisiones (especialmente antes de autorizar nuevos espacios urbanos).

DECISIONES DE CALIDAD. Tener claridad acerca de cuándo las decisiones deben ser de orden técnico y cuándo a través de consensos (ojalá logrando ambas).

DESARROLLO LOCAL. Fortalecer el desarrollo local privilegiando la integración de los jóvenes.

EVALUACION. Llevar a cabo una Evaluación Ciudadana a la mitad del periodo de gobierno para revisar el rumbo.

DEFENSOR URBANO. Incorporar una figura institucional de autoridad para el desarrollo, cuidado y defensa del espacio publico que las más avanzadas ciudades del mundo ya crearon.

COMUNICACION. Aplicar la tecnología al desarrollo urbano a través de un sistema de información y control, usando las páginas de internet municipales y su propio blog.

Lo que NO se debe hacer:

DISCRIMINAR. Invertir recursos de forma discriminatoria: más y mejores obras donde hay recursos, menos y de menor calidad en zonas marginadas.

URGENCIA. Preocuparse solo de lo urgente y no de lo importante.

INTERESES. Obedecer a intereses privados o de beneficio personal bajo el pretexto de inversión y empleos.

DESINTEGRAR. Seguir trabajando los planes parciales como hasta ahora, documentos caducos incapaces de identificar la dinámica de desarrollo.

PRIVILEGIAR. Privilegiar al automóvil sobre el peatón, el transporte público y cualquier medio de movilidad no motorizada.

PERJUDICAR. Seguir permitiendo cambios de usos de suelo en perjuicio de los vecinos y la zona en razón de intereses particulares.

MALUSAR. Permitir que la obra publica sea cara y de mala calidad.

IMPROVISAR. Dejar los proyectos de la ciudad en manos de las improvisaciones e improvisados.

SIMULAR. Encargar proyectos que no se van a ejecutar y solo sirven o para repartir recursos o esperanzar promesas.

CEGUERA. Actuar en el municipio al margen de una visión integral de ciudad.

Alfredo Hidalgo Rasmussen
(v.pág.8-B del periódico El Informador del 7 de julio de 2009).

De cualquier modo, sigamos denunciado un cáncer para nuestra sociedad como lo es la corrupción.

Pablo Meza
(v.pág.17 "correo" del periódico Público del 26 de junio de 2009).

El partido del sol azteca "ha decidido alentar las demandas civiles para exigir el resarcimiento de los daños".

Informaron que de manera independiente ya se han interpuesto 110 denuncias penales por parte de comerciantes que se sienten agraviados por los trabajos y otras 45 están en trámite. Señalaron que cien negocios han cerrado, se han perdido mil empleos, las ventas de los comercios han disminuido 70% y 300 comerciantes se han visto afectados con las obras.

El también coordinador de campañas del PRD en Jalisco, Raúl Vargas, indicó que "Guadalajara se merece embellecerla, pero estamos pagando un precio muy alto, pues pareciera que, para modernizar la zona Centro, es necesario contar con funcionarios sin escrúpulos y sin sentido común en donde la lentitud, la ineficiencia e ineficacia son indispensables para hacerse cargo de una obra pública".

Orozco negó que las asesorías que otorgarán tengan un trasfondo político-electoral; señaló que si lo hacen hasta ahora es porque, a diez días de que concluya el plazo del ayuntamiento (31 de mayo), no creen que vayan a terminar a tiempo.

El coordinador jurídico estatal del PRD, Óscar López Susarrey, explicó que las denuncias se presentarán ante el poder judicial por daño a las cosas y se pedirán indemnizaciones por daños, perjuicios y lesiones. La asesoría legal se puede solicitar al 3613-8661 y al 3614-8760.

(V.pág.14 del periódico Público del 22 de mayo de 2009).

El argumento de este grupo es el mismo del Consejo Estatal de Comerciantes Establecidos y Prestadores de Servicios de Jalisco, otra asociación que presentó 110 denuncias contra el alcalde Alfonso Petersen hace un par de semanas: los 2 grupos aseguran que la causa de sus desgracias, más que la situación de crisis económica (que no niegan), ha sido la desorganización y la falta de planeación de las obras del centro, que han ahuyentado a los clientes.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios del Centro, Fernando Almaraz Hernández, reiteró que continuarán en la búsqueda de negociar una indemnización con el ayuntamiento, aunque ellos no presentarán demandas.

Almaraz, en representación de su grupo, reconoció que de ninguna manera se opusieron a la remodelación del centro: "Tomamos con aprecio el que se hayan realizado las obras, pero no el cómo": al inicio de los trabajos, Almaraz pidió que se hicieran con la mayor planeación, pero consideró que la forma en que finalmente fueron efectuadas demuestra que no la hubo; ahora lo que quieren es coordinación para que finalicen lo antes posible.

(V.pág.14 del periódico Público del 8 de mayo de 2009).

Antes de las 14:00 horas de ayer, José Luis Romero Chávez, presidente del Consejo de Comerciantes Establecidos y Prestadores de Servicios de Jalisco, entregó a la Procuraduría General de Justicia de Jalisco un paquete con 110 denuncias, no las 200 que habían anunciado debido a que, dijo, en el proceso de revisión se encontraron algunas mal integradas.

Las denuncias fueron interpuestas a pesar de que el ayuntamiento intentó dialogar con la asociación de comerciantes; Romero explicó que, así, las autoridades sabrán que los deben tomar en serio.

Informó que, tentativamente, se reunirán el próximo lunes con el secretario general del ayuntamiento, Alfonso Rejón Cervantes, y dijo que anunciará los acuerdos del encuentro el martes.

El presidente del Consejo de Comerciantes anticipó sus expectativas y criticó un posible plan de apoyo que le ofrecería el gobierno municipal: "Rejón hizo declaraciones por ahí de que trae su paquete económico; ése no nos interesa, esas licencitas [sic] y predial no solucionan el problema de fondo. El problema es resarcir el daño económico". Aseguró que ésa es la única forma de desistirse de las denuncias penales.

(V.pág.12 del periódico Público del 24 de abril de 2009).

Y es que el líder de los comerciantes afectados por los trabajos de rehabilitación en el centro histórico, José Luis Romero Chávez, asegura que hasta el momento, el municipio no ha "explorado" vía alguna para otorgar indemnizaciones por las pérdidas económicas que han derivado en despidos y cierres de negocios.

Por lo pronto, sería este miércoles cuando los procedimientos serán entregados también al poder judicial, para que se analice la responsabilidad de los funcionarios del gobierno municipal, específicamente, del presidente Alfonso Petersen Farah, por abuso de autoridad, daños a las cosas y ejercicio indebido del servicio público.

Sin embargo, la cuantificación de los daños será considerada de manera individual por cada uno de los comerciantes agremiados por el Consejo Estatal de Comerciantes, y de los cuales se esperan recabar 200 denuncias más en el transcurso de las próximas 24 horas.

(V.pág.2-B del periódico El Informador del 22 de abril de 2009).

Técnicamente, es sencillo determinar el riesgo que existe de que un árbol seco o inestable pueda caerse. En el año 2008, en la zona metropolitana las ráfagas de viento provocaron la caída de 1,117 árboles. 78% de dichos árboles se cayeron en Guadalajara, 12% en Zapopan, 9% en Tlaquepaque y sólo el 1% en Tonalá.

Evidentemente, los gobiernos de la gran ciudad no están tomando acciones preventivas para evitar que durante el próximo temporal de lluvias, los ciudadanos sufran algún percance por árboles caídos. Un gobierno que no puede ni siquiera derribar los árboles riesgosos, es un gobierno inepto que menos podrá resolver los problemas sociales de mayor complejidad como la delincuencia organizada.

Los gobiernos no serán eficientes ni eficaces, hasta que haya castigos y se comprenda que la administración pública no es para improvisados. Los ciudadanos debemos saber: ¿Quién es el servidor público responsable de derribar los árboles en peligro de caer?

Los presidentes municipales tienen el derecho de nombrar a sus colaboradores más cercanos, pero todo derecho lleva implícito un deber, y aunque no es delito nombrar a sus "conocidos" en puestos administrativos, sí lo es, el incumplimiento de sus funciones.

Antes de que inicie el próximo temporal de lluvias, los gobiernos de la ciudad deben asegurarnos, a los ciudadanos, que no hay en parques, plazas ni avenidas, ningún árbol en peligro de caerse por los fuertes vientos y además, hacer publico el nombre o nombres de los servidores públicos responsables de esa tarea.

Horacio Villaseñor, especialista en gobierno y administración pública estatal y municipal
(v.pág.17 del periódico Público del 17 de abril de 2009).

El comerciante y abogado, Vinicio Tiburcio García, es el representante legal de los 40 locatarios que exigen al gobierno municipal una indemnización porque durante los 4 meses que llevan las obras, sus ventas bajaron entre un 80 y 90%.

Esta demanda contra el ayuntamiento se suma a la anunciada el lunes por otro grupo de comerciantes quienes utilizarán la vía penal.

Para que los comerciantes que actuarán por la vía administrativa puedan tener éxito, era necesario hacer una petición formal al ayuntamiento, la cual entregaron por escrito a través de la Oficialía de Partes, el 25 de marzo, solicitando información sobre el avance de las obras y la indemnización, dijo Tiburcio García.

Como no recibieron respuesta al escrito antes del plazo perentorio del 8 de abril, el abogado dijo que avanzarían a la fase dos que era la demanda basándose en la Ley del Procedimiento Administrativo.

"Vamos a iniciar una demanda en primer lugar por las indemnizaciones, cabe demandar daños y perjuicios, esto se ubica perfectamente en el Código Civil, incluso en un capítulo que se llama responsabilidad civil objetiva", explicó el abogado.

Los comerciantes están confiados en obtener una respuesta favorable porque dicen tener la ley a su favor; a partir del martes presentarán demandas individuales.

Entre los comerciantes circuló un oficio donde les piden reunir la documentación que ampare los gastos a reclamar como pago de rentas, nóminas, luz, Seguro Social, SIAPA y multas por incumplimientos.

Tiburcio García recordó que en la Sindicatura le habían dado una cita para el 2 de abril a las 12:00 horas, pero tras un cambio de horario la cancelaron sin darle nueva fecha.

Esta actitud fue tomada por los comerciantes como reflejo del poco interés de las autoridades para llegar a un acuerdo.

El abogado dijo que nunca los consultaron ni les dijeron cómo sería la obra, además de que la mayoría de sus representados tienen afectaciones desde hace un año porque también sufrieron a consecuencia de la remodelación, desde marzo del 2008, de López Cotilla.

(V.pág.3 del periódico Mural del 16 de abril de 2009).

Ahora buscando la intervención del poder judicial, los locatarios que han señalado que desde enero sus ventas se desplomaron, generando despidos y cierres parciales o definitivos de negocios, pretenden presionar al municipio para que otorgue las indemnizaciones económicas que prometió desde que iniciaron las obras de rehabilitación, y que costarán en total, alrededor de 400 millones de pesos al erario.

De acuerdo con el representante legal del grupo de quejosos, José Vázquez Villaseñor, los delitos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco por los que podrían ser procesados, los funcionarios que encabezan las gestiones para las obras del centro histórico anunciadas para concluir en mayo, se podrían configurar como abuso de autoridad, daños a las cosas, y lesiones por comisión u omisión.

Más allá de esto, advirtió que en contra el presidente municipal de Guadalajara se promoverá un juicio político interpuesto por los comerciantes afectados del centro histórico y que buscará la participación de los ciudadanos inconformes por el proceso y tiempo mediante el que fue desarrollada la obra pública anunciada por el municipio como "la más importante de los últimos 30 años" y que José Luis Sánchez, quien se afirma como líder de los comerciantes, califica de "electorera".

Aunque aún se muestran dispuestos al diálogo, el representante de los locatarios y comerciantes del primer cuadro de la ciudad aseguró que la primera condición que debe cumplir el municipio para evitar el juicio político que se promoverá contra el alcalde, es "la justa indemnización de los afectados".

(V.pág.4-B del periódico El Informador del 15 de abril de 2009).

De este episodio de la vida pública local podemos extraer diversas enseñanzas. Sin duda, una de ellas es la creciente importancia que ha venido adquiriendo la argumentación pública en la gestión de los asuntos de la ciudad. El primer argumento por parte de las autoridades fue precisamente el del respaldo social: una encuesta realizada por la firma Berumen y Asociados reveló que el 41% de los 400 zapopanos encuestados, es decir, a penas 164 entrevistados, apoyaron la instalación de casinos en Plaza Andares, Cordilleras, Pablo Neruda y Mariano Otero. Los vecinos lo respondieron con un sólido revés: un documento firmado por los representantes vecinales de Jardines Universidad, Lomas del Valle, Colinas de San Javier, San Wenceslao, Santa Isabel, Puerta de Hierro y Royal Country, voceros de unas 11,000 personas, además de otras 750 firmas más de colonos de La Calma que rechazaban los resultados de la encuesta y la instalación de casinos (Mural, 17 de marzo).

Luego, el presidente municipal intentó, sin evidencia alguna, acudir al argumento de moda: la instalación de estos negocios dinamizará la economía del territorio del municipio. Argumento que rebatieron algunos representantes vecinales con evidencia incontrovertible, como la de Ludger Kellner: "un casino solamente puede existir como negocio si despeluca a la gente" (Público, 18 de marzo).

Sorpresivamente, estos sólidos argumentos públicos fueron respondidos con una acción de autoridad impulsada por un inaudito interés particular, hasta ahora insondable, del presidente municipal: la aprobación con carácter de urgente de unos lineamientos para el establecimiento de casinos (Público, 21 de marzo), en los que, por supuesto, ni por asomo se aborda el problema de salud pública inherente a este creciente fenómeno adictivo por los juegos de azar. ¿Y la supremacía del interés público? Bien gracias.

Roberto Arias de la Mora, académico de El Colegio de Jalisco
(v.pág.17 del periódico Público del 24 de marzo de 2009).

La fractura en una pierna de un invidente, por los hoyos que se encuentran en el centro histórico, despertó al gobierno de Guadalajara y ya montó un operativo de vigilancia.

Ayer, todo el día, estuvieron vigilantes 95 servidores públicos de distintas dependencias, para ver si las personas de la tercera edad o con discapacidad tienen problemas para transitar en el centro.

Para ser identificados, los 'vigilantes' usarán las playeras verdes de orgullo tapatío y los inspectores portarán camisa amarilla y gafete.

Ya veremos si son tan atentos como dicen...

S.Cabañas
(v.pág.6 del periódico Mural del 12 de marzo de 2009).

"En ese sentido ha habido, hasta este momento, en estas últimas recomendaciones, buena disposición de parte de esta institución, de reconocer sus errores humanos y profesionales, esto es lo menos que la sociedad puede esperar", dijo el ombudsman jalisciense.

La cultura indemnizar a los afectados es para todas las autoridades de gobierno, por lo que Alvarez Cibrián instó a la Procuraduría General de Justicia del Estado a atender las recomendaciones, ya que esta instancia se muestra renuente a la reparación de daños.

(V.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 5 de febrero de 2009).

Y luego está el contraste con los porcentajes de denuncia de estos actos de corrupción. La tarea es ardua y reclama carácter, pero debemos dejar de recurrir a la "mordida" y denunciar a los funcionarios que la pidan o insinúen. Quizá no sea tan simple, pero sin duda alguna los resultados del estudio son una llamada de atención, y urgente, más que para las autoridades, para los ciudadanos. No más. No tenemos por qué pagar más.

Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 17 de enero de 2009).

Jorge Monreal Rocha, gerente de agua potable y alcantarillado del SIAPA indicó que se actuó desde el área técnica para corregir el mal estado de la alcantarilla, la que además, pretenden reubicar en un plazo mediano.

La posibilidad de exigir reparación del daño por la muerte de Julio César López Varela, quien falleció al chocar contra un poste después de caer en el registro en mal estado, será decisión de los familiares o la empresa de televisión por cable para la que trabajaba el fallecido.

La alcantarilla ubicada sobre el arroyo vial de Irineo Paz, en la que cayó el martes el vehículo conducido por López Varela y que al parecer le causó el descontrol del automóvil, tenía la tapa floja, a decir del funcionario, debido al paso de los automotores.

"No diría que el muchacho o la alcantarilla tuvieron la culpa, son una serie de eventos que se conjuntan en un momento dado y pasan", apuntó.

[¡Todo un filósofo! - El webmaster.]

Monreal Rocha afirmó que se tapó la alcantarilla el mismo martes, después del accidente, aunque vecinos del lugar, señalaron que fue hasta ayer por la mañana.

Además, agregaron que a pesar del estado en el que se encontraba desde hace un mes, nunca había ocasionado accidentes y menos fatales.

[Mucha gente que nunca se había muerto, de repente se murió... Siempre hay una primera vez. - El webmaster.]

(V.pág.5 del periódico Mural del 15 de enero de 2009).

Con la aprobación del código, cada ayuntamiento de Jalisco deberá redactar su propio reglamento y, por consiguiente, se permitirá una reglamentación arbitraria. "Va a servir para legislar lo ilegal", se quejó el periodista y miembro de la asociación Jaime Muñoz Polit, quien agregó que "un diputado del PRI confesó que no leyeron lo que aprobaron" y que el documento tiene más de 170 inconsistencias o incongruencias.

(V.pág.12 del periódico Público del 5 de diciembre de 2008).

(V.primera plana del periódico Mural del 27 de septiembre de 2008).

La tarde de ayer quedó constituido el Parlamento de Colonias de la ciudad alteña, con la participación de 30 colonias, informó Ludger Kellner, presidente de la agrupación tapatía, que afilia a 200 colonias de la capital jalisciense, y la cual nació en agosto de 2005.

Según Ludger Kellner, hay interés de presidentes de colonias de Puerto Vallarta por crear un Parlamento de Colonias en esa ciudad, y ellos están dispuestos a asesorar a todas las ciudades medias que busquen defender sus derechos urbanos frente a las autoridades.

(V.pág.15 del periódico Público del 4 de julio de 2008).

La tremenda corte
(v.pág.3 del periódico Público del 27 de junio de 2008).

Hasta el momento estas acciones basadas en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco tardan en promedio un año en resolverse por la Sindicatura en el municipio de Zapopan. Se pretende que con los cambios -principalmente con la incorporación de testigos del incidente- se puedan estar concluyendo los procedimientos en no más de dos meses y medio.

Las principales complicaciones por las que pasan los ciudadanos que reclaman una indemnización se originan por estar obligados a acreditar el interés jurídico con el que comparecen. En el caso de un automóvil dañado por un bache se debe presentar la factura original de compra para demostrar la propiedad sobre el coche.

Si el vehículo pertenece a una empresa, el que reclama el pago del ayuntamiento debe acreditar que puede legalmente representar a la empresa en cuestión. En ocasiones la certificación de los documentos que se requieren en esta etapa puede resultar más costosa al ciudadano que la indemnización que solicita.

Si la persona logró acreditar el interés jurídico, el siguiente problema se presenta cuando debe demostrar a la autoridad con pruebas contundentes que el daño efectivamente se causó por la prestación irregular de un servicio.

Por ello, la Sindicatura de Zapopan comenzará a solicitar a los afectados que se hagan acompañar por 2 testigos que, bajo protesta de decir la verdad, acrediten que el vehículo sí es propiedad del demandante, y que conocieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se dio el incidente, lo que facilitará los trámites.

El síndico Ricardo Anguiano Apodaca se mostró a favor de la iniciativa de reforma que presentó el diputado Gustavo González ante el Congreso del Estado para que ante el reclamo de indemnizaciones que no superen los 15,000 pesos se puedan comenzar procedimientos sumarios que faciliten aún más las solicitudes y puedan ser concluidos en 3 semanas.

(V.pág.4-B del periódico El Informador del 17 de junio de 2008).

Los vecinos, respaldados por más de 8,000 familias que viven en la zona de Avenida Patria y Acueducto, preparan las estrategias: detener momentáneamente o bloquear las principales vialidades.

Antes de comenzar los movimientos repartirán volantes para informar a los automovilistas y colonos, a quienes convocan a unirse y preparar sus mantas para ser una sola voz.

"Todas las colonias, desde Tesistán hasta Bugambilias porque la problemática vial no sólo afecta a quienes viven aquí, sino a toda la zona metropolitana. Es un problema general", señaló Héctor Legorreta Pérez, presidente de Puerta Hierro.

"Se trata de convocar a toda la ciudadanía para crear conciencia en nuestras autoridades. No queremos una solución en una sola colonia o en una zona en particular sino en toda la zona metropolitana", agregó Enrique Orozco Besenthal, representante del Coto Las Garzas.

Los integrantes del Grupo Acueducto explicaron que esperan que el movimiento sea suficientemente notorio para que las autoridades dejen de autorizar más construcciones sin resolver los problemas viales.

Los representantes de colonos adelantaron que están por definir la fecha de los bloqueos; el primero podrían ser por 15 minutos y cada vez serán más prolongados si las autoridades no resuelven las peticiones.

Al movimiento ya se unió el Parlamento de Colonias, integrado por 130 asociaciones vecinales, y se espera que haya más particulares interesados. Para mayor información al 3641-1104 y 3641-9212 o al correo electrónico asocph dentro del dominio prodigy.net.mx

(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 29 de mayo de 2008).

Hubo quien se apresuró, con los pelos de la burra parda en la mano, a demostrar lo contrario. Invocó, para el caso, la Ley de Participación Ciudadana, promulgada por el Congreso de Jalisco, con número de decreto 17369, el 31 de enero de 1998. Reparó en que el Artículo 3, inciso III, de dicha ley, incluye los temas relacionados con Vialidad y Transporte entre los "reglamentos y decretos emanados por el Poder Ejecutivo del Estado, que sean considerados trascendentales para la vida pública o el interés del Estado" y pueden ser materia de plebiscito o referéndum (Art. 5). Señaló que la misma ley (Art. 7) concede 30 días a partir de la publicación del decreto para que los ciudadanos promuevan el recurso aludido. Puntualizó que la promoción puede hacerse con el 2.5% del padrón electoral de la circunscripción afectada por la resolución que se pretende impugnar (Art. 5); es decir, los 130,000 ciudadanos cuyas firmas pretenden recabar los solicitantes. Agregó que el Consejo Electoral del Estado debe verificar (Art. 17) la autenticidad de las firmas, y recibir las objeciones (Art. 20) de la autoridad aludida. Posteriormente (Art. 23) debe declarar la procedencia o improcedencia de la consulta y, en su caso (Art. 24) convocar a su realización y proveer lo concerniente a designación de funcionarios de casillas (Art. 28), impresión de boletas electorales (Art. 30), etc. Subrayó que el referéndum será válido si participa al menos el 40% del padrón electoral (Art. 37) de la circunscripción en que se aplique el procedimiento. Indicó que si el resultado es derogatorio (Art. 39), la autoridad de la que emanó el decreto tiene 30 días para revocarlo, y que el Consejo Electoral debe notificar al titular del Poder Ejecutivo -en el caso- que se abstenga de emitir nuevamente el decreto revocado dentro de los siguientes 18 meses (Art. 43).

Eso dice la Ley de Participación Ciudadana...

Ahora que si el gobernador aludía a la soberana Ley de sus Pistolas, ni hablar del peluquín.

Jaime García Elías, periodista y conductor radiofónico
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 4 de marzo de 2008).

Cada periodo electoral vemos que las promesas son las mismas: disminución de sueldos a funcionarios de primer nivel; facilidades para la apertura de nuevos negocios o, lo que es lo mismo, simplificación administrativa; combate a la corrupción; aumento del poder adquisitivo; seguridad, etc. Y cada periodo gubernamental observamos también lo mismo: situaciones que se agravan día con día, y conductas que se repiten gobierno tras gobierno.

Lamentablemente, la responsabilidad no es exclusiva de quien detenta el poder. La responsabilidad es compartida entre la autoridad y la ciudadanía.

El cambio no se produce por generación espontánea. Las sociedades con gobiernos socialmente responsables parten de ciudadanías culturalmente responsables y comprometidas. El porcentaje de nuestra culpa en la falta de rendición de cuentas de las autoridades que nos gobiernan es alto. Exigir y demandar respeto a nuestros derechos tendría que convertirse en práctica común. Una persona que reclama sus derechos no debería ser juzgada, sino admirada. El futuro de país que deseamos heredar a nuestros hijos y nietos depende de lo que socialmente les enseñemos y demostremos con nuestros actos.

Sofía Limón Torres
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 19 de febrero de 2008).

Convocados por el Parlamentos de Colonias, el Grupo Acueducto y la Federación de Colonias, los participantes expresaron los testimonios sobre la falta de respeto a los usos de suelo establecidos en los planes parciales de desarrollo puesto que han sido modificados sin tomar en cuenta la opinión de la sociedad.

A la reunión, donde el tema fue el Perverso Manejo del Desarrollo Urbano en la Ciudad, invitaron a los presidentes municipales de la zona metropolitana, pero ninguno de ellos acudió y cada uno envió representantes.

Al inicio de la reunión, Juan José Sánchez López, colono de Lomas del Valle, pidió a los participantes que levantaran la mano aquellas personas que en su colonia se hubieran violado los planes de desarrollo.

La mayoría alzaron la mano e incluso se escucharon gritos donde aseguraban que en todas las colonias se vivía esta problemática.

Durante media hora los colonos vieron un documental donde se expusieron algunas de las violaciones más graves que se han presentado a los planes parciales de desarrollo.

Algunos fueron el caso de La Ciudadela, en el Municipio de Zapopan; los 17 edificios en Providencia, en el Municipio de Guadalajara; el paso a desnivel del Tutelar; el Condominio Andares; entre otras.

Después del documental, se integró, lo que ellos llamaron el Tribunal de Justicia, formado por colonos, que se encargará de hacer juicios contra los malos funcionarios públicos.

"Vamos a hacerles juicios a los malos funcionarios, los que estén violando la ley, los invitaremos a formarles un juicio con un jurado netamente ciudadano y los invitaremos a que se defiendan y sino, les nombraremos un defensor de oficio", manifestó Sánchez López.

"Una vez que los hayamos enjuiciado, les haremos su ficha y los pondremos en una página web para exhibirlos, porque son malos funcionarios que andan en el trapecio político y la gente no se da cuenta, y puesto tras puesto siguen haciendo sus baquetonadas".

A la reunión acudieron funcionarios de dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la de Desarrollo Urbano, Vialidad, el Congreso del Estado y la Procuraduría de Desarrollo Urbano.

La siguiente reunión de estos colonos se realizará en febrero; el tema a tratar será El Efecto del Mal Manejo en los Planes Parciales de Desarrollo.

En la tercer reunión de la cumbre, que se llevará a cabo en marzo, se sacarán las conclusiones y se harán propuestas a las autoridades, informaron los organizadores.

Las colonias interesadas en unirse a este movimiento pueden llamar al 36416338 y 36424379.

(V.pág.8 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 29 de noviembre de 2007).

"XVI.- Representar [...] a los habitantes, asociaciones de vecinos o propietarios de predios y fincas, en el ejercicio del derecho a exigir a la autoridad se lleven a cabo las suspensiones, demoliciones o modificaciones que sean necesarias, cuando las edificaciones y urbanizaciones, cambios de uso del suelo u otros aprovechamientos de fincas que contravengan las leyes, reglamentos, programas o planes de desarrollo urbano aplicables, que originen un deterioro a la calidad de la vida de los asentamientos humanos, los habitantes y propietarios de predios y fincas del área que resulten directamente afectados, para cumplir con los citados ordenamientos, conforme las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco".

Veamos lo que dice la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco al respecto: "Artículo 169.- Cuando las edificaciones y urbanizaciones, cambios de uso del suelo u otros aprovechamientos de fincas que contravengan las leyes, reglamentos, programas o planes de desarrollo urbano aplicables, que originen un deterioro a la calidad de la vida de los asentamientos humanos, los habitantes y propietarios de predios y fincas del área que resulten directamente afectados, tendrán derecho a exigir que se lleven a cabo las suspensiones, demoliciones o modificaciones que sean necesarias para cumplir con los citados ordenamientos".

Agrega: "Artículo 170.- El derecho que establece el artículo anterior, se ejercerá por cualquier habitante o propietario afectado o su representante, ante las autoridades competentes o superiores inmediatos, quienes oirán previamente a los interesados y deberán resolver en un término no mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de recepción del escrito correspondiente, por la autoridad responsable".

Explica: "Los propietarios o habitantes para ejercer este derecho, pueden optar por informar sobre los hechos a la Procuraduría de Desarrollo Urbano y solicitar intervenga como su representante".

Pedro Mellado
(v.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 18 de octubre de 2007).

Si un extranjero pasó ayer a mediodía cerca de Plaza del Sol, seguro pensó que un criminal de alta peligrosidad se fugó y andaba escondiéndose por la zona. En el cielo, un helicóptero de la policía hacía rondas escandalosas. Por tierra, varias patrullas de distintas corporaciones vigilaban. Rondaban los gendarmes vestidos de civil -daría lo mismo que anduvieran uniformados: se hacen notar rápido-. Todo aquel despliegue pretendía nada más fotografiar, amedrentar y fichar al grupo de peatones inconformes que, por segundo sábado, se manifestó ayer en la avenida López Mateos, para exigir un plan integral de movilidad urbana.

Los del helicóptero se perdieron la cercanía de los carteles de los manifestantes: "Verdín, huevón, respeta al peatón", dedicado al secretario de Vialidad, José Manuel Verdín. Otras cartulinas decían: "Viaducto para funcionarios", "Soy totalmente peatón y no soy de hierro", "Existo, circulo y luego pago impuestos", "Hay cosas que el dinero no puede comprar. Caminar no tiene precio", "López Mateos: $800 millones. Peatones, $0".

"Esta gente -los inconformes- son apenas una cuarta parte de los que se manifestaron hace ocho días", se ufanaba Felipe Prado. Pero estaba equivocado. Esta vez se unieron académicos de distintas instituciones y más ancianos que el sábado anterior. Los manifestantes decidieron no responder a las mentadas de madre de algunos automovilistas: éstos se comportaban igual que como lo hacen siempre, incluso cuando se traban entre ellos y sus máquinas en las avenidas de la ciudad. Se pitaban, rechinaban las llantas en cuanto el bloqueo les daba el paso. Aceleraban. Se bajaban de sus carros para echar bronca. Uno de ellos, un joven a bordo de una camioneta de lujo, intentó golpear a otro conductor sólo porque apoyó a los manifestantes. Otro, en cuya camisa estaba bordada la palabra "JUEZ", intentó irse contra el grupo de inconformes... puras de esas.

Los manifestantes aclararon que no pertenecen a un partido político ni a una agrupación: "No queremos a los partidos políticos aquí"; ayer, decidieron no responder insultos. Los automovilistas dejaron claro que no quieren a los peatones ahí. Pitaron y gritaron. No sólo los que fueron interrumpidos por la protesta, sino los que dos horas más tarde circulaban a paso de tortuga de norte a sur por Mariano Otero y que sólo eran bloqueados por ellos mismos, abonando la contaminación que se ahorraba en López Mateos. Ayer, estuvieron especialmente agresivos los que tienen automotores de lujo.

Si Marx estuviera aquí, habría pensado en la lucha de clases. Pero no, aquí eran los peatones exigiendo espacios.

Esta es la ciudad. Un retrato cómico de las leyes del mercado, en la que todos pensamos que un vehículo particular nos da poder ante los otros. Donde los peatones no cuentan y la única competencia para los receptáculos motorizados son los otros receptáculos motorizados. Aquí el transporte público se diseñó para los pobres, con los estándares más bajos de calidad. Aquí, los concesionarios del transporte público chantajean al gobernante en turno. Así lo resume el arquitecto urbanista, especialista en movilidad, Mario Córdova España, académico del Centro Universitario de Arquitectura, Arte y Diseño.

Los resultados son desalentadores, porque los políticos los han permitido y hasta promovido.

(V.pág.6 del periódico Público del 7 de octubre de 2007).

Rebelión de peatones: cruzaron López Mateos. Un grupo de unos 100 manifestantes, a los que se unieron los usuarios de todos los días, exigieron frente a Plaza del Sol respeto a los espacios para los de a pie.

Ocurrió ayer, a la una de la tarde, afuera de Plaza del Sol. Los peatones protestaron haciendo lo que hacen diario: cruzaron la calle. La diferencia de ayer fue que cruzaron y cruzaron y cruzaron y cruzaron los carriles centrales de la avenida López Mateos, donde la Secretaría de Vialidad y Transporte decidió establecer un viaducto libre para la circulación de los autos. Y los peatones, que eran pocos -unos 100, cuando mucho-, pero cruzaban y cruzaban, se hicieron ver por los automovilistas, lo que en Guadalajara sucede... casi nunca.

Los agentes viales anónimos admitieron que los peatones inconformes: jóvenes, ancianos, académicos universitarios, artistas, ocasionaron un embotellamiento, desde el Periférico Sur hasta la glorieta Colón.

(V.pág.6 del periódico Público del 30 de septiembre de 2007).

Y ¿cómo reclamar efectivamente los daños? Porque si acaso decidiéramos ponernos necios, y estar dispuestos a perder tiempo y dinero en demandarles el costo de las reparaciones ocasionadas por su falta de mantenimiento o por la mala calidad de diseño y construcción de sus obras, estoy seguro que lo único que lograríamos es que se rían de nosotros.

Esto tiene que cambiar. Si se obliga a las autoridades a pagar los daños que ocasionan, serían mas cuidadosos con las obras que hacen y los contratos que adjudican.

Para ello habría que establecer un mecanismo ciudadano de demandas a la autoridad, que no nos cueste días o meses enteros de trámites burocráticos para intentar que la autoridad se haga responsable de sus actos y pague las consecuencias que su negligencia o incompetencia nos ocasionan. Ajá.

Y es que no parece justo que los ciudadanos tengamos que pagar miles de pesos en reparaciones de daños ocasionados por la autoridad, ni perder inútilmente el tiempo en exigírselo.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 6 de septiembre de 2007).

Generalmente el quejoso pierde un mes esperando que la autoridad correspondiente le informe si aceptó la denuncia y otro periodo igual para conocer si está a favor o no; estos tiempos podrían reducirse a tres semanas.

González dijo que para hacer valer el derecho de un ciudadano a la indemnización por negligencia de la autoridad, durante el proceso se tenía que recurrir a lo estipulado por la Ley de Justicia Administrativa y Ley del Procedimiento Administrativo, que indicaban procesos muy largos.

Como ex síndico de Guadalajara comentó que la mayoría de los casos que llegan al gobierno municipal pidiendo reparación del daño son inferiores a 5,000 pesos, y en estos casos podrían hacer la distinción para tramitarlo con mayor rapidez.

Los posibles beneficiarios serían aquéllos que sufrieron algún daño en su coche porque una rama cayó sobre él, se rompió algún vidrio cuando estaban podando camellones o jardines, se ponchó una llanta por un bache o lámparas mal instaladas que golpeaban automóviles.

La propuesta consiste en agregar el artículo 18 bis a la Ley de Responsabilidad Patrimonial y reformar los artículos 18 y 30.

En los tres años y cinco meses que tiene en vigor la Ley de Responsabilidad Patrimonial, la mayoría de las reclamaciones se refiere a sus sucesos que no excede los 350 días de salario mínimo.

(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 5 de julio de 2007).

Una alcantarilla en el túnel de Mariano Otero y Washington ponchó las llantas de por lo menos 20 vehículos hasta que personal del SIAPA reparó el desperfecto, según información de Notisistema. El desperfecto duró de las 2 a las 9 de la mañana de ayer, aproximadamente. Ese carril permaneció bloqueado pro lo menos hasta las 16:00 horas.

(V.pág.15 del periódico Público del 13 de abril de 2007).

En nuestras manos está nuestro futuro.

Ing.Bernardo Vázquez Rodríguez
(v.pág.6-A "correo" del periódico El Informador del 24 de octubre de 2006).

[Nota del webmaster: el artículo 55 fracción primera de la Ley de Participación Ciudadana dice que la iniciativa popular debe incluir al menos 0.5% del total de ciudadanos inscritos en el Registro Nacional de Electores correspondiente al Estado de Jalisco, así que no es tan fácil.]

Para que Ley de Responsabilidad Patrimonial no se desaproveche, la Comisión Estatal de Derechos Humanos debería entrarle al tema para promoverla, consideró el síndico del Ayuntamiento de Guadalajara, Gustavo González Hernández.

Esto, tras señalar que falta difusión a esta ley, que entró en vigor en enero de 2004 y que pocos ciudadanos utilizan.

Señaló que en el ayuntamiento tapatío la variedad de las demandas que reciben son por montos menores a los 2,000 pesos, pese a que también pueden utilizar la ley para daños más cuantiosos como clausuras mal elaboradas, entre otras cosas, por el mal ejercicio de las autoridades.

"Si los abogados se meten al estudio de esta ley, evidentemente le van a encontrar muchas situaciones donde el ciudadano puede reclamar una indemnización".

Dijo que hace falta que los trámites sean menos tortuosos y que le facilite a los afectados continuar con la demanda o el procedimiento legal.

Para asesorar a cualquier ciudadano que esté interesado en ese tema, puso a disposición el teléfono 3837-4400, extensión 4551, de la Sindicatura del ayuntamiento tapatío.

En este temporal de lluvias varios conductores sufrieron daños en sus vehículos por los baches o porque les caen árboles encima en diversos municipios metropolitanos, sin embargo, pocos han demandado.

Para reclamar, la persona afectada debe presentar un escrito en donde relate detalladamente el incidente y de preferencia presente un croquis con la ubicación exacta del sitio donde ocurrió, acompañado de fotografías o todas las pruebas que logre reunir.

Si recibe respuesta negativa del Ayuntamiento o Gobierno del Estado, tiene 30 días hábiles a partir de ese momento para acudir con su demanda a la Oficialía de Partes del Tribunal de lo Administrativo, ubicado en Américas 1536, primer piso.

(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 10 de agosto de 2006).

Con el reporte, en caso de resultar afectado, podrá respaldarse ante la autoridad si fue afectado por algún arbusto, bache o alcantarilla.

Las recomendaciones son:

Asistir con los responsables del área jurídica correspondiente; interponer su escrito, llevar pruebas (fotografías o videos) y explicar cuánto necesita para reparar el daño.

Tras entregar lo anterior, recibirá respuesta entre 2 y 6 meses después, mientras la parte acusada realiza dictámenes periciales para descifrar si es culpable. En el caso de ayuntamientos, deberá presentar su denuncia ante la Sindicatura Municipal.

(V.pág.2-B de El Informador del 8 de agosto de 2006).