En tanto deja en claro cómo va a hacer para cumplir lo prometido, sería bueno recordarle que aunque no todos los mexicanos votaron por él, indiscutiblemente todos queremos que le vaya bien y que garantice que no hará cambios constitucionales "a modo"; que buscará se haga justicia para todos y no a la voluntad del presidente; que el que la haga la pague, ni perdón ni olvido; que se respete la democracia, pero no como él la interprete, sino bajo los lineamientos que regulan los procesos electorales con sufragio efectivo y no reelección; que tanto él como su equipo de trabajo y su partido tengan un comportamiento ético, legal y transparente y que en esa misma línea vayan sus programas de gobierno; que existan los canales para denunciar los actos de corrupción, los conflictos de intereses y no haya lugar para manipulaciones populistas que confundan y engañen al pueblo; que no le mienta a la población y no la divida ni la ofenda etiquetándola como liberal o conservadora; que respete la libertad de expresión; que haga prioritara la mejora de la educación y ésta no sea utilizada con fines ideológicos o partidistas; que gobierne con finanzas públicas sanas y cuide celosamente la estabilidad financiera para proteger la economía de las familias mexicanas; que respete la autonomía de los entes reguladores tanto en materia energética y electoral, como del Banco de México; que respete la libertad de conciencia y de creencias y acepte que la Constitución Política es de donde emanan nuestras leyes, la moral es un asunto personal que no le compete regular al Estado y que acepte y promueva la independencia de los poderes para que éstos mantengan su sana separación.

Los alcaldes de Jalisco de partidos distintos a Morena acusaron que las mesas estatales de seguridad convocadas por López Obrador para este domingo transgreden los principios constitucionales.

"Coincidimos con el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, en que como autoridades solo podemos atender a convocatorias institucionales, oficiales", señalaron en un comunicado.

Aunque Morena domina las intenciones de voto abrumadoramente, no ha logrado generar identidad partidista. Eso abre un escenario completamente nuevo y diferente que eventualmente puede dar pie a nuevas formaciones políticas o al surgimiento de figuras individuales.

El López Obrador que despertaba miedos en 2006 y en 2012 y pareció desaparecer en 2018, regresó ante la sorpresa de unos, la decepción de otros y el desasosiego de quienes pensaban que el político que siempre ha sido congruente, sería incongruente. ¿Por qué un pensamiento tan arraigado por décadas que siempre tuvo como meta la conquista del poder, tendría que cambiarlo cuando lo alcanzara? No hay ninguna razón objetiva que dé sustento a esa idea que ha sido causa, por cierto, del desencanto de algunos que nunca lo habían visto como opción, pero votaron por él. López Obrador es lo que siempre fue y nadie quiso engañar. ¿De qué se sorprenden tantos?

El dinamismo y la energía desplegada por López Obrador, alargó el proceso [de la transición] por 5 meses. Este periodo fue como estar en una montaña rusa donde los desaciertos y las contradicciones, las confrontaciones y las descalificaciones contra quienes piensan distinto a él o lo critican por sus dichos y sus actos.

Ése es el punto débil del presidente electo. Su apetito por gastar en rubros que pueden ser moralmente inobjetables y que son electoralmente deseables pero que si no tienen una fuente de financiamiento clara lo van a meter en el problema económico de su vida. Él sigue hablando como si el barril del presupuesto no tuviera fondo. Dice que ya nos explicará de dónde va a sacar el dinero. Vamos a ver si le salen los números.

Por los números de las mediciones revisadas ayer, es claro que el hiperactivismo que desplegó Andrés Manuel López Obrador como presidente electo, le restó más que sumarle, al convertirse en el 1er. mandatario que gobernó 5 meses antes de iniciar su sexenio.

El tabasqueño asumirá mañana como el 1er. presidente de izquierda [?] en la historia reciente de México en un clima que él mismo enrareció con las decisiones que tomó en su calidad de presidente electo virtualmente en funciones.

Desde luego hay gran expectación de lo que dirá en la Cámara de Diputados luego que le coloquen la banda presidencial, y después ante la población en su mensaje en el Zócalo capitalino.

Tendrá que ser una especie de informe de lo transcurrido en los últimos 5 meses.

Muchas cosas han pasado y cambiado en el ambiente político nacional desde su mensaje conciliador de la noche de su triunfal jornada electoral a el que pronuncie mañana cuando se convierta en

Presidente Constitucional.

Algo tendrá que decir AMLO para tratar de dar tranquilidad a los mercados cuyo nerviosismo, incertidumbre y pérdida de confianza en el país se expresó ya en la paridad peso-dólar y la caída acumulada de 21% en la bolsa.

Habrá que ver también qué dice respecto a su concepción de la participación ciudadana que degradó con las consultas populares a modo. La falta de legalidad y rigor metodológico degeneraron esos ejercicios y los convirtieron más en instrumentos para consumar tentaciones autoritarias que fortalecer la democracia participativa.

El tema de la Guarda Nacional que militariza su estrategia de seguridad y que tanta división ha causado, aún entre sus seguidores, será sin duda un tema obligado en su discurso de toma de posesión, así como lo que vendrá con el tema del combate a la corrupción, luego del desconcierto que causó su postura del "Punto Final" con el que pretende perdonar la corrupción de los políticos y funcionarios que le antecedieron.

Otro tema crucial será lo que plantee de su relación con las entidades y los gobiernos de los estados, especialmente con los de oposición que han cuestionado el trato presupuestario y criticado el centralismo que temen por la figura de los superdelegados, que ven como amenaza al pacto federal.

[Lázaro] Cárdenas no se la pasaba insultando al oponente. Y no era tan burdo. Para acallar a la prensa fue el inaugurador del monopolio estatal de papel para los diarios y le dio duro al chayote. Ahora por el momento la idea es callarlos a insultos acompañados de la masa en redes sociales.

Se parecen en ocurrencias. Una reforma agraria mal hecha. Donde se crearon los ejidos y sin un real apoyo, esa figura hecha para retrasar el progreso del campo junto con la Confederación Nacional Campesina (CNC). Ayuda a Fidel Castro. Aparte logró refundar al antiguo PNR por el PRM pero con algunas novedades: Jalar al PRM (antecedente directo del PRI). Tanto al sector campesino como al laboral mediante la asimilación de la CTM. También el rollo de su educación socialista cuya traducción al día de hoy sería Constitución Moral.

La nacionalización del petróleo es por vía aparte. Quizá su mejor logrado esfuerzo después de la inmigración de los refugiados españoles. Todo mundo estuvo de acuerdo incluyendo desde empresarios hasta a la Iglesia Católica. Más aún cuando las leyes de entonces eran básicamente el antecedente de las actuales efectuadas mediante la reforma energética. A AMLO no le gusta eso. ¡Qué no se entiende que él manda! ¿Para qué necesita acompañantes?

Hasta hoy López Obrador está haciendo cosas raras no "necesitables". Por ejemplo, la cancelación del NAIM en Texcoco no benefició a nadie y perjudicó a un montón de trabajadores. Solo al ego y al de las huestes de AMLO. Cárdenas, uno de nuestros gobernantes más sagaces ni de chiste hubiera tirado eso al bote. Lo hubiera aprovechado para darle un impulso brutal. Digo, se trata de aquél que terminó con esa larga guerra civil llamada Revolución. Y eso no fue fácil. Repito: Cárdenas buscaba la tranquilidad y lo logró a través de muchas cosas, AMLO parece querer destruirla para luego aparecer como el héroe.

Mañana sábado asume el cargo Andrés Manuel López Obrador como nuevo Presidente. Curioso. Aparentemente ahora además de la toma de protesta en el Congreso podrá hablar algo y luego irse al balcón presidencial en Palacio Nacional donde se hará una especie de honras al nuevo emperador. Nunca antes un Presidente había hecho eso. Ni siquiera se les llegó a ocurrir semejante desvarío.

¿Esa es la austeridad republicana promovida por AMLO? Más aún cuando ya estamos en tiempos modernos. ¿Qué necesidad de hacer dicho espectáculo? Bajando el presupuesto a gastos imprescindibles mientras se gasta un dineral en ese tipo de eventos tan inocuos y casi ridículos. ¿Cómo es posible los antes detractores ahora aplaudan de forma masiva tantas acciones y hechos antes despreciables?

El exabrupto de la FIL confirma mi mayor temor sobre la 4a. Transformación: la venganza como motor del cambio. Después de la fenomenal leperada, Taibo, queriendo corregir, dijo que lo que se había conquistado en julio era, entre otras cosas, el derecho a llamarle a las cosas por su nombre: "a los ladrones, ladrones; a los traidores, traidores...". Entiendo que en la euforia de la victoria algunos sientan que finalmente la historia les ha dado la razón y que ahora son ellos los que tienen el poder de nombrar. Sin embargo, lo que se esconde detrás de ello es la soberbia del ganador, no la claridad del político.

Nombrar es una de las expresiones más finas y acabadas del poder: imponer el lenguaje y definir al otro. Si el presidente se siente con el derecho de llamarle fifís a los que no piensan como él, ¿por qué sus colaboradores no pueden llamarles como quieran a los de enfrente, a esos que derrotamos? Durante muchos años López Obrador fue víctima del poder de nombrar: le llamaron "peligro para México", a sus seguidores "chairos", a sus defensores "pejezombies". Pueden argumentar, como lo hacen, que no están haciendo nada distinto a lo que hicieron sus enemigos. Y ese es el problema: si hacen lo mismo el resultado será el mismo. Amenazar con desaparición de poder a los gobernadores que estén en contra (Salgado Macedonio); advertir "acostúmbrense" a quienes reclaman consultas dentro de la ley (AMLO) o de dejárnosla "Irineo Paz" (versión culta de la expresión de Paco Taibo II) son parte de un mismo discurso. Dice López Obrador que la corrupción como las escaleras se barren de arriba para abajo. Con la comunicación pasa lo mismo: el tono lo impone el de arriba; es al presidente a quien le toca moderarse.

Las palabras importan. No se puede construir paz con lenguaje agresivo; no se hacen puentes dinamitando la concordia; no puede existir el "amor y paz" del que tanto habla quien mañana será Presidente con un lenguaje de odio y rencor.

Me temo que los gobernadores electos y en funciones del país que se han manifestado en contra de algunas decisiones que el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha anunciado, convertirán a sus respectivos estados en la versión mexicana de los "Estados Santuario" que se crearon en Estados Unidos cuando algunos de ellos se negaron a colaborar con las autoridades federales y aplicar las discriminantes e inhumanas políticas de migración que el presidente Trump ha impulsado.

En aquel país, el asunto ha llegado hasta las cortes federales donde un juez resolvió que California puede seguir siendo un "Estado Santuario" y no colaborar con el gobierno de Trump, quien había amenazado con recortar fondos federales si no colaboraban con él.

Me parece que algo parecido podrá ocurrir en Jalisco, y en otros estados más, si como lo dijo el gobernador electo, Enrique Alfaro, AMLO insiste en violar la soberanía de los estados y el pacto federal nombrando superdelegados como enlace con el Gobierno de la República; si continúa ignorando a Jalisco en la discusión del presupuesto federal; o si aprovechando la mayoría legislativa que Morena tiene en el congreso, modifica las reglas para centralizar aún más la operación del conocido Ramo 23, excluye las propuestas que los municipios jaliscienses han hecho para atender las necesidades de su gente y concentra desequilibradamente y con fines político-electorales el presupuesto federal en los estados gobernados por Morena.

Alfaro adicionalmente reprobó, con razón, la política de "perdón y olvido" de AMLO, diciendo que en Jalisco se va a castigar a los corruptos con o sin el aval del gobierno federal. En Jalisco los corruptos irán a la cárcel, no de vacaciones, dijo.

Por otro lado, en un amplio desplegado de prensa, los 12 gobernadores surgidos del Partido Acción Nacional también pidieron a AMLO que no imponga a los "superdelegados", al menos en el tema de seguridad y que éste problema se aborde desde una óptica institucional y sin tintes políticos.

Y por si lo anterior fuera poco, el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional en el Senado de la República, Félix Salgado Macedonio (de Morena), esa joya de senador que ahora gracias a Morena tenemos, que en 2007 siendo alcalde de Acapulco fue investigado por vínculos con el narco, que saltó a la fama cuando se opuso al horario de verano argumentando que adelantar una hora el reloj impedía sus relaciones sexuales mañaneras; que acepta sin vergüenza tener mala fama, ser borracho, parrandero y jugador, y por lo tanto se define a sí mismo como una persona incorregible e "incalumniable", advirtió que la cámara alta podría usar su facultad de desaparecer los poderes en las entidades donde los gobernadores "no se ajusten" a las políticas que en materia de seguridad impulsa AMLO.

Sin siquiera haber tomado posesión de su cargo y rodeado una caterva de políticos de pasado oscuro, AMLO tiene ya 13 estados del país diciendo que no se someterán a sus ocurrencias, lo cual en mi opinión, si se unen para bien de todos, conformarán una potente oposición y el contrapeso político que se requiere para que el presidente y su partido Morena no hagan tonterías.

Todo indica que Jalisco será el líder de esta oposición y el 1er. "Estado Santuario" que se opondrá a la aplicación de políticas federales que deje impunes o brinden protección a los corruptos, que no aceptará la imposición de intermediarios para tratar con el Gobierno de la República, y que protestará por la exclusión y desdén mostrado al no incluir en el presupuesto federal las necesidades de los jaliscienses.

No acatar las ocurrencias del nuevo gobierno, y convertirse en un "Estado Santuario" como lo dijera Alfaro hace unos días, "no es rebeldía o insurrección, es un acto de congruencia y responsabilidad al que esperamos se sumen muchos más estados. Si no somos capaces de alzar hoy la voz, el riesgo de que las voces regionales de este país sean borradas para siempre es enorme".

Alcemos la voz pues, antes de que nos callen, digamos lo que pensamos antes de que nos censuren, no guardemos silencios cómplices y no dejemos que en México ocurra una vez más lo que Albert Einstein dijo: el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que con su silencio permiten la maldad.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, Malú Micher (Morena), informó que decidieron retirar de la discusión de este jueves el dictamen de la llamada "ley Taibo", con lo cual el escritor Paco Ignacio Taibo II está impedido por ley para asumir la dirección del FCE.

En conferencia de prensa, la senadora de Morena dijo que el retiro del dictamen es un acuerdo de las comisiones dictaminadoras.

"Hacemos un llamado al señor Paco Ignacio Taibo II a que ofrezca una disculpa pública", señaló la legisladora, quien dijo que el lenguaje del escritor utilizado para referirse al trabajo del Senado no contribuye al avance de la democracia.

Micher aseguró que será decisión del presidente electo si mantiene el nombramiento del escritor al frente del FCE.

Ayer miércoles, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el escritor afirmó que si para el lunes el congreso no había aprobado la llamada "Ley Taibo", el presidente Andrés Manuel López Obrador emitiría un edicto nombrándolo encargado de despacho de FCE.

"Sea como sea se las metimos doblada, camarada, perdón no lo puedo evitar yo sé que me paso de lépero", expresó Paco Ignacio Taibo II.

Este tiempo de transición ha sido complicado, y lejos de aclarar qué nos espera de país ha metido mucho ruido.

López Obrador ha tenido todos los privilegios de un presidente electo, pero ninguna de las responsabilidades de un presidente en funciones.

A partir del 1er. minuto del sábado ya será él el responsable de todo y empezará el conteo regresivo para que empiece a acabar con la corrupción, que desde su perspectiva es el origen de todos los males del país. Además, en ese momento será el presidente de todos los mexicanos, incluso de sus detractores, y no podrá descalificarlos con la simpleza que lo ha hecho ahora desde llamar a sus críticos "prensa Fifí" hasta decir que a científicos y analistas que cuestionan el proyecto del Tren Maya les falta "un baño de pueblo".

Quizás hasta ahora, en estas larguísimas semanas de transición, le ha sido útil la confusión creada entre él, su equipo de trabajo, los miembros de su partido y sus seguidores. Pero cuando tenga las riendas debe privar el más mínimo orden.

Muy respetable, por ejemplo, que él no quiera ser rehén de los mercados financieros, pero el sector financiero es un jugador muy importante en México, y esos mercados tampoco pueden ser rehenes de él.

Y lo más inquietante: ¿Qué va a hacer el famoso AMLO con su Arca de Noé?

La forma en que arrasó en las elecciones de julio provocó la ola morada que llevó a las Cámaras de Senadores y Diputados a todo un "zoológico político", emanado del PRD, del PRI, del PAN y de cuanta corriente haya habido en México, y ahora navegan juntos en la misma nave.

Pero son tan distintos entre ellos, y tienen posiciones y revanchas tan diferentes.

Ya vimos que en apenas un par de semanas Andrés Manuel ya recibió 3 torpedos de esos "correligionarios".

El 1o. fue el de Monreal, con su calentura por bajar por sus pistolas las comisiones de los bancos sin apenas tocar base con AMLO ni con la jefa de su partido. Muy loable la intención (hasta necesaria) pero las maneras provocaron el 1er. calambre al mundo financiero, con el subsecuente castigo a los mercados.

La 2a. fue la respuesta del senador Félix Salgado Macedonio al posicionamiento de gobernadores opositores a lo que parece un duro golpe a la autonomía de los estados y al federalismo: los superdelegados. La respuesta del ahora político de los escándalos fue sugerir que desaparezcan los poderes en esos estados.

Y la 3a. fue la iniciativa del Partido del Trabajo de nacionalizar las pensiones. Vamos, hasta el futuro secretario de Hacienda y el propio presidente electo tuvieron que salir a hablar públicamente para calmar los ánimos.

¿Cómo va a ordenar el presidente esa nave tan variada?

Por eso urge que ya esté ahí, sintiendo todo el rigor de llevar la responsabilidad de un país tan grande, tan complejo y hoy con tantísimas broncas.

Nadie puede decir que la mayoría del futuro gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador es inexperto, aunque no para las tareas que tendrán enfrente. La futura secretaria de Gobernación, ex ministra de la Suprema Corte. El próximo titular de Hacienda, académico estimado y funcionario por 3 años de un gobierno local. 3 políticos estarán a cargo de la Seguridad, Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, además de un ingeniero agrónomo no titulado en Pemex. Operadores políticos de Tabasco y el Estado de México ocuparán subsecretarías, y en un octogenario se recargan los proyectos de punta para el desarrollo. Este no es el dream team que han visto en el mundo en otros gabinetes mexicanos. Se perfila más bien como un nightmare team, un equipo de pesadilla, que comienza sus funciones este sábado.

La inexperiencia tiene sus curvas de aprendizaje, algunas muy pronunciadas. En el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la curva de aprendizaje de Luis Videgaray en Hacienda, deshidrató la economía, y la de Miguel Ángel Osorio Chong en Gobernación, fue tan larga, que lo hundió como candidato presidencial y llenó de sangre el país. Felipe Calderón escogió gente más experimentada, pero compitió y peleó durante una buena parte del sexenio. Vicente Fox quedó atrapado en las veleidades y ambiciones de su equipo más cercano. Incluso Ernesto Zedillo, que tenía un gabinete nombre por nombre superior a los que vinieron después, tuvo que hacer ajustes antes de cumplir un mes en la Presidencia para rescatar al país de una crisis económica.

Todos estos gabinetes han tenido problemas serios casi desde el inicio de la administración en la que trabajaban, pero ninguno había generado tanto conflicto como el de López Obrador. Han habido choques públicos como los del próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, con la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle, porque ésta no entiende cómo funcionan los mercados y ha hecho algunas declaraciones que aterrorizaron a inversionistas. Fueron los mercados famosos, de los que el equipo de López Obrador se queja que "no los entienden", los que cambiaron la percepción global del gobierno que viene. Todavía no inician sus funciones formales y ya muestran los síntomas del Paradigma de la Rana, donde no se dan cuenta de que el entorno está cambiando negativamente en forma acelerada hasta que, cuando reparan en ello, es demasiado tarde y ya se cosieron.

Los choques de Urzúa para que el resto del futuro gabinete económico no diga sandeces que producen temores e incertidumbres, son menos violentos de los que se viven en el gabinete de seguridad. Pero el propio Urzúa admite en privado que no sabe cómo hablar a los mercados. No es lo mismo conocer el predial y el agua, que manejar con pulso de cirujano las finanzas públicas de una nación. Alfonso Durazo, próximo titular de Seguridad, se quedó con los instrumentos de coerción de la Secretaría de Gobernación que encabezará Olga Sánchez Cordero, aunque después perdió el eje de su fortaleza porque la Policía Federal no tomará órdenes de él, sino de las fuerzas armadas, y la Agencia de Inteligencia Nacional, que sustituye al CISEN, quedará en manos del general retirado Audomaro Martínez, que no acordará con él, sino con López Obrador.

El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, sólo tiene la protección del presidente electo, pues la mayoría del gabinete considera que es incompetente. No por falta de inteligencia, sino porque sus conocimientos huelen a naftalina. Su cruzada contra el aeropuerto en Texcoco fue el punto de quiebre de la confianza de los inversionistas, y cuando dijo que construirían un aeropuerto alterno en una zona donde no hay proyectos de ningún tipo, aniquilando una obra con más de 30% de avance, sentido común fue lo menos que le reconocieron. Entre quienes ven temas presupuestales del equipo de López Obrador, hubo quien afirmó: "Jiménez Espriú nos borró el bono de arranque de sexenio y elevó la deuda por las tasas a mediano y largo plazo". Traducido al castellano, su lucha contra Texcoco le quitó recursos al proyecto de López Obrador.

En parte por él y en otra buena parte por López Obrador, se han ido del país más de 5,000 millones de dólares y hay fiebre en varias capitales del país por vender propiedades para cambiar a dólares. En los últimos 3 meses se han ido de la bolsa 113 millones y aparecido en Brasil, que detonó análisis donde ven a López Obrador más como un riesgo que a Jair Bolsonaro, el próximo presidente brasileño de extrema derecha.

El desconocimiento de cómo opera el mundo y cómo funciona la información, provocó que este fin de semana Sánchez Cordero se metiera en otro problema. Admitió que el gobierno entrante estaba negociando un acuerdo con el gobierno de Donald Trump en materia migratoria, lo que significa, de concretarse, que por 1a. vez México se pliega a una política migratoria de Estados Unidos. Un gobierno tan lleno de nacionalismo, quedó en entreguista por esa falta de conocimiento general. El conflicto entre Trump y López Obrador ya viene en camino.

El gran problema que tiene enfrente López Obrador es que está a 4 días de ser gobierno. Entonces, si como equipo de transición han causado tantos estragos por sus limitaciones e incompetencias, cabe preguntarse qué es lo que podrá suceder una vez que sus acciones tengan consecuencias concretas y duraderas sobre el rumbo del país. Acelerar la marcha en la transición se pensaba ayudaría a concretar esa curva de aprendizaje sin daños mayores. No fue así. Todavía no aprenden y tampoco se ve que lo harán, cuando menos, en el corto plazo.

A juzgar por algunas mediciones publicadas esta misma semana previo a su toma de protesta, como la del periódico El Universal, el haberse convertido sin serlo, en un virtual presidente en funciones, sí desgastó la popularidad y la imagen del líder del autollamado gobierno de la 4T (Cuarta Transformación).

Su aprobación bajó 9 puntos al pasar de un 64.6% en agosto al 55.6% en noviembre. En ese mismo lapso, su calificación como presidente electo bajó de 7.4 a 6.8 en la escala de 1 a 10. La expectativa de cumplimiento de promesas disminuyó de 64% a 49. Mientras que los que aseguraban que con AMLO México mejoraría pasaron de 7 a 6 de cada 10. Y lo peor, se duplicó el porcentaje de quienes creen que el país empeorará con su liderazgo al pasar de 6.5 a 12%.

Pese a esta baja en su popularidad y confianza, AMLO asumirá el poder el sábado con una aprobación de más del 50%, aún con toda la incertidumbre que generó por algunas decisiones tomadas en los últimos 5 meses.

Soy escéptico de los gobiernos que proponen grandes transformaciones, sea la 4T de López Obrador o la refundación del gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro. Aplaudo la voluntad de hacer grandes cosas de un gobernante, pero detesto la soberbia de los equipos que se esconde detrás de estas visiones que implican tirar el pasado reciente a la basura, con todos sus defectos, pero también sus virtudes.

Transformar el Estado por sí solo no resuelve los problemas. Si en un espejo debe verse el gobierno de López Obrador para no cometer los mismos errores, aunque no les guste nada la comparación, es en el de Peña Nieto. Ningún gobierno había hecho tantas reformas y de la profundidad que se hicieron como en el gobierno que termina el viernes, pero fueron producto de pactos cupulares y carecieron de consenso. Se pensó que cambiando las estructuras del Estado se cambiaría el rumbo de la sociedad. Nada más falso.

Pero, así como no funcionan los pactos cupulares tampoco es cierto que consultando al pueblo las reformas vayan a tener no digamos concenso, sino capacidad de cambiar a la sociedad, cambiar la forma en que como individuos nos relacionemos con los otros y con el Estado.

Cuando López Obrador dice que desconfía profundamente de eso que llaman sociedad civil y solo escuchará al pueblo, lo que busca es borrar de un plumazo todo intermediario entre el Presidente y la base, el pueblo bueno, el que nunca se equivoca -porque al ser una entelequia masivamente representada, siempre piensa igual que el líder-. Pero no es el pueblo sino López Obrador quien se equivoca terriblemente en este punto. Quien puede defender los cambios estructurales de la pretendida Cuarta Transformación del Estado es la gente, pero no concebida como expresión masiva sino como individuos, el ciudadano crítico que ha ampliado no solo su capacidad de consumo, que es fundamental en un país tan desigual como el nuestro, sino sus capacidades culturales. En Brasil fue el mismo pueblo que llevó a Lula al poder el que ahora puso a Bolsonaro en la silla y festina el encarcelamiento del ex presidente.

No hay transformación del Estado sin transformación de la sociedad. Es muy fácil confundir lo que es bueno para el proyecto de país con lo que es bueno para el partido o el grupo gobernante. Si se impone la lógica de preservación del poder sobre el de preservación de la visión transformadora en 6, 12 o 18 años el bolsonarazo mexicano está cantado.

En octubre pasado, Andrés Manuel López Obrador cuestionó el esquema del Seguro Popular en México "porque ni es seguro ni es popular", y prometió un sistema universal: "Vamos a ir avanzando hacia la gratuidad en la salud como está en Canadá, en Inglaterra, en Dinamarca, en los países nórdicos...". Sin embargo, no dio fechas ni detalles de la inversión para incrementar la plantilla de médicos y enfermeras, para cumplir con la cobertura total de medicinas o los nuevos hospitales y centros de salud que se requieren para lograr el objetivo.

Existe una decena de promesas del presidente electo, por lo menos, que es cuestionada por expertos, pues no hay información o recursos suficientes; incluso, subrayan propuestas inviables, como la desaparición de inspectores del Sistema de Administración Tributaria o de la Comisión Nacional del Agua, por ejemplo.

La apuesta de aumentar el salario mínimo diario a 171 pesos es otro punto en el que desconfían especialistas (actualmente está en 88.36), pues se requiere que el gobierno genere condiciones para que aumente el Producto Interno Bruto (PIB), acentúa Arturo Martín Pérez Díaz, catedrático de la Univa. "Mientras no aumente la productividad, el empresario no puede aumentar los sueldos. El PIB deberá crecer 7% (3 veces más)".

Tras las caravanas de migrantes centroamericanos, López Obrador prometió reducir las deportaciones y dar visas de trabajo, una medida que podría generar una crisis ante las fricciones entre sectores de la población, quienes cuestionan la falta de oportunidades en el país.

Ofrecer "casa por casa" a todos los jóvenes educación, becas, empleo y buenos sueldos es poco viable y ambicioso, afirmó Pedro Gerson, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad. Sin embargo, se suma duplicar la pensión a los más de 9 millones de adultos mayores aunque sean derechohabientes del IMSS: se pretende duplicarles el subsidio y les entregarían 1,160 pesos mensuales a cada uno. Esos 2 programas a favor de los jóvenes y ancianos requieren alrededor de 300,000 millones de pesos.

La "constitución moral", la amnistía a delincuentes para que reduzca la violencia, la Guardia Nacional y exigir a Estados Unidos que baje el consumo de drogas se suman a las propuestas polémicas. Mientras tanto, aunque la aprobación de la legalización de la mariguana es un hecho en el congreso, expertos alertan por la ausencia de más recursos para atender a los actuales y eventuales adictos. Tan sólo la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas reveló que 2.1% de la población fumó mariguana en el último año (1.8 millones de personas).

Dar educación a más de 300,000 jóvenes y una capacitación pagada a otros 2.3 millones, aumentar el salario mínimo a 171.8 pesos, cancelar el Seguro Popular y dar cobertura médica universal en el país, descentralizar el Gobierno Federal y la Guardia Nacional. Éstas son algunas de las promesas hechas por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que según académicos consultados de distintas universidades sí son factibles de cumplir, aunque serán difíciles de sostener. Incluso, algunas son inviables o destinadas al fracaso en el siguiente sexenio.

Luis Raúl Rodríguez Reyes, investigador de la Escuela de Negocios del ITESO, expone que algunas de las principales promesas sí podrán cumplirse.

"Uno de los temas prioritarios del próximo gobierno es apoyar a los jóvenes y a los adultos mayores, siento que esos son los 2 puntos más importantes, las 2 promesas claves que va a luchar el gobierno por mantener".

Expertos consideran que esos 2 subsidios son clave, con la intención de que López Obrador continúe con la aprobación de la mayoría de los mexicanos (según las encuestas, 6 de cada 10 lo apoyan).

Pero como el gobierno buscará sostener un equilibrio fiscal y no aplicar nuevos impuestos en el corto plazo, los recursos para cumplimentar estas dos promesas deberán provenir principalmente de recortes presupuestales. "En teoría, estos ahorros provendrían de los despidos que se harían en la burocracia, de los recortes a los salarios...".

Sin embargo, en el caso de elevar las pensiones para los adultos mayores se enfrentará con la dificultad de satisfacer la demanda de una población creciente, por lo que será muy difícil sostener esto. Para cumplir con este apoyo deberán entregarse pensiones a 9 millones de personas mayores de 68 años, consistentes en 1,160 pesos mensuales.

Andrés Valdez Zepeda, profesor en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, considera que puede haber un exceso en el planteamiento de las promesas de López Obrador. "Se dice que se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa. Podemos decir que muchas veces las campañas se convierten en desfiles de demagogos, donde se proponen soluciones fáciles a problemas complejos".

Coincide en que el cumplimiento de las promesas dependerá de los recursos con los que cuente el gobierno, pero estos a su vez dependen de factores fuera de su esfera, como la inversión privada y los mercados internacionales.

No deja de ser paradójico que el inminente presidente que plantea la posibilidad de someter a consulta popular si debe investigarse y eventualmente sancionarse a funcionarios públicos -incluidos sus predecesores- de administraciones pasadas, si hubiere indicios de que hubiesen cometido delitos, o se les debe otorgar amnistía (eufemismo por impunidad), proponga otra consulta, ésta para pergeñar una serie de preceptos éticos que se presuponen consabidos, y proclamarlos norma de conducta obligatoria, suprema y generalizada, con el rimbombante título de Constitución Moral.

La validez de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, de 1944, que se pretende actualizar mediante el mamotreto mencionado, es indiscutible. Los valores que en ella se ponderan son de validez universal. Tienen la misma vigencia que los postulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo.

Modelos similares a los que seguramente serán incluidos en la dichosa Constitución Moral, constan, esenciales en el fondo, con mínimas variantes de forma, en los principios de doctrina de todos los partidos políticos existentes en México. Todos encomian los valores esenciales de la democracia: el respeto, la tolerancia, etc. (Los del PAN, muy particularmente, ponderan la imperiosa necesidad de subordinar la política a la ética. Hablan del bien común como el valor supremo de una actividad -la política- que, en la práctica, se ha desnaturalizado y corrompido por obra y (des)gracia de la deshonestidad y la incompetencia que -manes de la fragilidad humana, subproductos indeseables del ejercicio del poder- han prevalecido sobre la honradez y la aptitud deseables en todo gobernante).

No hay mayor diferencia entre escribir unas líneas cada día, reunirlas y editarlas en forma de uno de esos libritos de superación personal que se venden hasta en los puestos de periódicos, y redactar una Constitución Moral, sintetizando las propuestas de cuantos participen en la consulta anunciada. Como se ha apuntado, una Constitución Moral difícilmente pasará de ser un catálogo de frases bonitas y buenas intenciones, porque no hay manera de exigir su puntual cumplimiento a todos los ciudadanos, ni de sancionar a quienes la desacaten.

Lo mejor que puede hacer un gobernante para que la honradez y virtudes afines sean norma de su gobierno y modelo de sus gobernados, es poner el ejemplo. La corrupción no tiene cabida en un régimen en que el respeto irrestricto a la ley se cumple sin excepciones.

Parafraseando a Oscar Wilde: "El deber es tarea de cada cual; no lo que esperamos que hagan los otros".

El 24 y 25 de noviembre pasado se realizó la 2a. consulta sobre propuestas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, lo que puso en las manos de quienes votaron el destino de una decena de programas y proyectos de infraestructura, como el Tren Maya y el que conectará a los océanos Pacífico y Atlántico en el Istmo de Tehuantepec, así como la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, plantar árboles en un millón de hectáreas, aumentar al doble la pensión a los adultos mayores, capacitación y becas para 2.6 millones de jóvenes y becas para los estudiantes de nivel medio superior, entre otras.

Sin embargo, la dinámica aplicada en la 1a. consulta sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México fue "muy cuestionada" por decidir el futuro de un proyecto pese a la baja participación ciudadana y a las fallas que permitían votar más de una vez, según expuso Alberto Bayardo Pérez Arce, coordinador de la Maestría en Política y Gestión Pública del ITESO.

"El tema es cómo serán las consultas próximas. Dice el presidente electo que esa será la dinámica que va a seguir a lo largo del sexenio, pero me preocupa la manera en cómo se están diseñando estas consultas, porque si no se diseñan bien, en lugar de fortalecer la democracia lo que va a hacer es terminar erosionándola".

Las consultas populares son positivas, explica, pero son 4 puntos los que deben cuidarse: favorecer la inclusión de opiniones y proporcionar una mayor información para que el ciudadano decida responsablemente. También favorecer la deliberación en el sentido de que se intercambien los argumentos y finalmente garantizar la legitimidad. "Que el proceso y los resultados no dejen lugar a que alguien se inconforme o que considere que hubo trampa. Si no se cuida eso estamos haciendo mal la consulta".

El Artículo 4 de la Ley Federal de Consulta Popular define que una consulta es un mecanismo de participación a través del voto mediante el cual se expresa la opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.

Los temas deben repercutir en la mayor parte del territorio nacional e impactar una parte significativa de la población.

El resultado de la consulta es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, "cuando la participación corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores", señala el Artículo 5. En cambio, en la consulta sobre el aeropuerto se registró una participación de 1%.

No podrán ser objeto de consulta los ingresos y gastos del Estado, advierte el artículo 11.

El Artículo 16 establece que el Presidente sólo podrá presentar una petición por cada consulta popular.

Cada petición de consulta debe ser revisada por el congreso y por la Suprema Corte para verificar su constitucionalidad.

El Artículo 35 indica que es el Instituto Nacional Electoral el responsable de este ejercicio, mientras que las consultas de López Obrador están financiadas, dicen, por legisladores.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta para flexibilizar los requisitos de quienes aspiren a ser próximo titular del Servicio de Administración Tributaria en la administración de López Obrador. Esta reforma fue considerada por la oposición como un "traje a la medida" para que pueda acceder a este cargo Rosalinda López, quien es hermana del gobernador de Tabasco Ernesto Núñez y esposa del gobernador electo de Chiapas Rutilio Escandón Cárdenas, y quien es muy cercana a López Obrador. Ella es contadora pública y tiene maestría en auditorías económicas, financieras y contables.

En una oficina saturada de computadoras en la calle de Mérida, colonia Roma, Gabriel García Hernández opera la elaboración del llamado Censo del Bienestar que desde septiembre levantan integrantes del Movimiento Regeneración Nacional.

Según lo presume García Hernández, en ese "war room" él hace funcionar "el corazón de Morena".

Acontecimientos recientes llevarían a darle la razón, pues de alguna forma ha ido ganando poder, poder que se ha traducido tanto en acopio de bienes e información que habría puesto en sus manos la administración Peña Nieto, hasta posiciones que ha ganado en las últimas horas, en lo que sería un saldo no dimensionado de la caída de Gerardo Esquivel de la subsecretaría de Egresos.

García Hernández fue secretario de Organización de Morena en las elecciones. Desde ahí consolidó una red de operadores y parte de los mismos serían sumados al levantamiento del Censo del Bienestar. Se hablaba de 20,000 "voluntarios" que, ya se sabe, con chaleco y gorra y bajo el nombre de servidores de la nación, recorren desde hace 2 meses el país para elaborar un nuevo padrón de beneficiarios de programas sociales.

2 meses después, está claro que operará desde la Presidencia de la República y que tendrá en sus manos la coordinación de buena parte de lo que haga la Secretaría del Bienestar, hasta hoy conocida como Desarrollo Social. Para no darle más vueltas, por el manejo que tendrá de esa dependencia, García Hernández será el verdadero secretario de la agenda social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Porque para empezar García Hernández intentará pagar a esos 20,000 "voluntarios" con el ingreso de estos al gobierno -que por tanto responderán a él-, y además manejará los padrones de beneficiarios y coordinará a los superdelegados.

Pero no solo eso: en las últimas horas ganó posiciones. Tonatiuh Herrera Gutiérrez, que iba a ser designado como oficial mayor de la Secretaría de Bienestar, acaba de ser desplazado para dejar esa posición "a gente de Gabriel".

Aún más: García Hernández habría conseguido también la Oficialía Mayor de la Secretaría de Agricultura -desde donde también se adjudican apoyos- para otro de sus incondicionales. Y lo mismo estaría demandando le otorguen el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) y Telecomm, para darle el control y utilizarlos como brazos logísticos en la entrega de apoyos.

Todo lo anterior sin contar 2 datos que tendrán que aclararse. En un lance que podría constituir una acción violatoria de la ley, los actuales funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social le habrían entregado a García Hernández el padrón único de beneficiarios del gobierno, que contiene 32 millones de registros. Dicho de otra forma, los datos de millones de personas habrían sido puestos por Eviel Pérez Magaña, responsable de Sedesol, en manos de "voluntarios", que no tendrían que haberlos recibido pues no pueden garantizar que serán usados en estricto apego de la ley federal de protección de datos personales.

Y el otro dato: Pérez Magaña habría autorizado que se adquirieran y entregaran 10,000 tabletas para el Censo del Bienestar (García Hernández había pedido 20,000, pero la Sedesol solo pudo maniobrar para adquirir la mitad de esa cifra).

A pesar de todo ese poder (miles de voluntarios, tabletas, padrón, etc.), García Hernández estaría por entregar malas cuentas en cuanto al censo, pues según versiones recogidas no ha podido consolidar el padrón de adultos mayores para definir el nuevo universo de beneficiarios de la pensión doble para los mayores de 68 años y por si fuera poco tampoco ha podido pagar debidamente a los "voluntarios".

Los recursos, en efecto, no se le dieron porque se negó a firmar de recibido por los mismos. Sin embargo, hay una cosa más que es de suma gravedad: ha pedido -y López Obrador está dispuesto a complacerlo- que se eliminen totalmente las reglas de operación de todos los programas sociales, algo que ni en sus más locos sueños imaginó el PRI.

Esto último sería el telón de fondo del enfrentamiento ocurrido hace una semana entre Gerardo Esquivel y García Hernández, cuando el 1o. le dijo al 2o., delante del presidente electo, que no mintiera ni manipulara la verdad al culpar a Urzúa y su equipo de que no le daban recursos para armar el censo. Mismo que no lleva ni un 30% de avance.

Así que a las versiones que hablan de que Esquivel se habría enfrentado a unos futuros secretarios y de ahí su salida del futuro gabinete, habría que apuntar que quizá lo que realmente pasó es que chocó con el que está destinado a ser supersecretario.

Hoy Esquivel ya no podrá cuidar el dinero de los gobernadores abusivos y de los excesos al interior del equipo de AMLO. Materia gris que ahora se irá al Banco de México, mientras que ese músculo (o será mejor decir, esa víscera) que es el corazón de Morena, seguirá latiendo cerca de López Obrador.

Los legisladores locales de Morena, esa bancada de "jurisconsultos" horroris causa -por el horror que a ratos causa escucharlos- salieron corriendo de la rueda de prensa que ellos mismos convocaron.

Los morenos adelantaron que no apoyarán el nombramiento del fiscal carnal Gerardo Octavio Solís Gómez. Nada más que al comenzar las preguntas, el coordinador de la bancada, Bruno Blancas, entró en pánico y no pudo expresar argumentos fuera del guion que leyó -¿y que le garabateó Anahí Olguín?-.

Entendemos que son legisladores noveles -algo así como el punto más alejado de "nóbeles"-. También es comprensible que les dé el tembeleque frente al micrófono; no todos nacimos para estrella.

Pero ojalá los legisladores estén mejor preparados para elaborar, presentar e impulsar sus iniciativas y no entren en pánico cuando se trate de debatirlas.

En 1982, cuando el peso empezó a desplomarse al final del sexenio de José López Portillo, una persona me hizo el comentario que no tenía nada que perder: "A mí ni me perjudica ni me beneficia. Ni tengo dólares ni gasto en dólares. La devaluación no me afecta".

Esta actitud la comparten Ricardo Monreal y otros políticos de la alianza en el poder que menosprecian el desplome de los mercados. Para ellos, la Bolsa es una institución que manipulan unos cuantos y que realmente no afecta la vida de la mayoría de la gente. El mercado es, a su juicio, una representación del poder económico que no puede oponerse a los deseos del pueblo.

La persona que me hizo ese comentario en 1982 reconoció después que la devaluación de ese año sí terminó por afectarlo. El desplome del peso fue, en efecto, el inicio de una crisis económica que se traduciría en una década perdida para la economía mexicana y para las de otros países de América Latina. Muchas empresas quebraron en esos difíciles años, la mayoría de los mexicanos sufrimos una baja en nuestros ingresos, el desempleo se expandió a niveles antes insospechados y millones se hundieron en la pobreza. Virtualmente nadie quedó exento de la crisis, aunque no tuvieran ni gastaran en dólares, aunque no tuvieran acciones en la Bolsa.

Los inversionistas no mostraron preocupación por las propuestas de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña de este 2018. A la mayoría no le inquietan los triunfos de los candidatos de izquierda, porque saben muy bien que puede haber buenos y malos gobiernos de cualquier tendencia política. López Obrador prometió aumentar el gasto social y la inversión pública, pero sin subir los impuestos ni el déficit de gasto público. Los mercados se preocupaban mucho más por las amenazas de Donald Trump al Tratado de Libre Comercio que por las promesas del candidato de Morena.

Las cosas cambiaron con el anuncio de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, una decisión considerada irracional y enormemente costosa por muchos inversionistas. Las amenazas de los legisladores de Morena y del Partido del Trabajo de confiscar el dinero de las Afores o las reservas del Banco de México, o de expropiar o cancelar las concesiones de minas o de prohibir las comisiones bancarias, generaron los temores que las promesas de campaña no habían provocado.

Tanto el presidente electo como el secretario de Hacienda designado, Carlos Urzúa, han salido al paso en los peores momentos y han logrado estabilizar los mercados, pero no antes de que estos registraran pérdidas importantes. Pese al repunte de ayer, la Bolsa Mexicana de Valores había perdido 13.09% en el mes concluido este 27 de noviembre. El tipo de cambio pasó de 18.7523 pesos por dólar el 16 de octubre a 20.47 ayer a las 18 horas en el mercado interbancario. La pérdida de valor es enorme.

Varios operadores de fondos y empresarios me dicen que la cancelación del aeropuerto y las destructivas propuestas de los legisladores de Morena y el PT han generado una enorme incertidumbre. Casi nadie está invirtiendo en bonos o acciones mexicanas.

Pese a lo que sostienen nuestros políticos, esta inestabilidad en los mercados sí afecta a la gente común y corriente. Provoca aumentos en las tasas de interés, inhibe la inversión, reduce la creación de empleos y genera mayor pobreza. Todo por la estupidez de unos políticos que no entienden cómo funciona la economía.

En nuevo centralismo que propone López Obrador tiene como objetivo económico un mejor uso de los recursos al evitar que los gobernadores metan mano. Parte de una idea, generalizada y generalizante, de que todo gobernador es por definición corrupto y que el gobierno federal es, merced a su sola presencia, incorruptible. Sin embargo, el verdadero objetivo es político: el fortalecimiento del partido a través de la concentración de los recursos del erario. No es gratuito, mucho menos inocente, que la estructura de la administración central de los súper delegados es la misma que la del partido. Podríamos discutir si eso es o no una forma de corrupción, yo sostengo que sí, pero lo realmente trascendente es que estamos ante la construcción de un nuevo partido de Estado.

Anular el federalismo y la capacidad de decisión de los gobernadores tiene un efecto doblemente perverso. Por un lado, concentra el poder, lo cual es nocivo para cualquier democracia, pero sobre todo anula el debate, niega las diferencias regionales y establece una visión única desconociendo la diversidad.

El centralismo democrático que propone López Obrador es muy similar al que se aplicó en otros gobiernos de izquierda en América Latina con un resultado indeseable: se anuló el debate y la discusión interna. La obediencia, sustentada en la búsqueda de un proyecto moralmente superior, aniquiló las ideas.

La defensa del federalismo es mucho más que una cuestión de gobernadores rebeldes, llámese Alfaro en Jalisco o Corral en Chihuahua, o de asignaciones presupuestales. Lo que está en juego es la construcción -o no- de un nuevo partido de Estado y con ello la pérdida del debate, tanto el interno dentro del grupo gobernante, como de la diversidad de voces que viene de las distintas regiones del país.

Lejos del escrutinio público, la política económica de Andrés Manuel López Obrador, que este sábado asume la Presidencia de la República, está hecha un caos. La destitución de quien iba a ser subsecretario de Egresos y fue su principal asesor económico durante la campaña presidencial, Gerardo Esquivel, no ha sido suficientemente calibrada, pero se puede argumentar que refleja las tensiones internas en el equipo de transición. Esquivel fue removido en vísperas de entregar el presupuesto, lo que es inaudito, que esconden una serie de errores críticos que cometió el equipo económico en la elaboración del documento que propició el dramático desenlace. La crisis comenzó el viernes pasado.

Personas dentro del equipo de transición narraron aspectos generales de una reunión de gabinete que tuvo López Obrador, a donde no fue convocado Esquivel, en donde hubo fuertes reclamos de un buen número de futuros secretarios de estado en contra del equipo hacendario porque, describieron, era un desastre la asignación de las partidas presupuestales. El área más afectada era la Secretaría de Agricultura, en donde el próximo presidente quiere impulsar para regresarle vigor al campo, que tuvo recortes estimados entre 40,000 y 50,000 millones de pesos. La 2a. que mayor impacto tuvo fue Educación Pública, donde el recorte superó los 39,000 millones de pesos.

López Obrador, según las personas que narraron el encuentro, se molestó con el equipo económico y regañó públicamente al próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ordenándole que "comenzara de cero" en materia presupuestal y quien, con la cabeza gacha, apechugó la reprimenda. Las quejas que se han generado no sólo provienen de los futuros secretarios de estado, sino también de las áreas económicas del congreso, que han expresado al equipo de transición de que los números que les han dado para el presupuesto son incorrectos y no había forma de poder acomodarlos manteniendo la disciplina fiscal.

La responsabilidad primaria de esas equivocaciones ha sido puesta en Esquivel, quien desde la campaña calculó mal los recursos disponibles para el gobierno equivocando incluso, la metodología para realizar algunas de las estimaciones. La 1a. reunión que sostuvo el equipo de transición en la Secretaría de Hacienda fue una sorpresa para los representantes de López Obrador, que no sabían cómo se estructuraba y asignaba del presupuesto, y sólo preguntaban si eso que les mostraban, era todo el dinero disponible.

En otras reuniones los técnicos de Hacienda cuestionaron los números de Esquivel, quien decía que el error era de los hacendarios no de él, hasta que exhibido cuando le demostraron que al calcular el IVA en la frontera, lo había hecho a partir de las ciudades, cuando debía haberlo hecho sobre la recaudación en los municipios. La diferencia en las estimaciones era de 30,000 millones de pesos.

Qué tanto influyeron los errores de Esquivel en su remoción, no está claro todavía, pero la revolución interna en el equipo económico de López Obrador llevó a reuniones urgentes, incluso el lunes por la noche, para poder armar todo el equipo que estará a cargo de la política económica en Hacienda y en la Presidencia de la República, bajo la dirección de Urzúa y del próximo jefe de oficina, Alfonso Romo. Pero enviar a Esquivel al Banco de México para ocupar el puesto de vicegobernador de Roberto del Cueto, quien adelantó su renuncia programada en abril a diciembre, tampoco es una buena señal para los mercados, que están reaccionando con mucho nerviosismo por la incertidumbre y un incremento en el riesgo país, y que verán esa designación como una pérdida en la autonomía del banco central.

A decir de los expertos, la designación de Esquivel muestra el desconocimiento de López Obrador y su equipo económico de la hipersensibilidad de los mercados, que reaccionan e interpretan instantáneamente ese tipo de decisiones, en particular con López Obrador, que les provocó una alta dosis de incertidumbre tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco mediante una consulta ciudadana. A diferencia de la designación de un Jonathan Heath, con un perfil altamente autonómico, que remplazará a Manuel Ramos Francia como vicegobernador del Banco de México, López Obrador compensó a Esquivel con otra vicegubernatura, quien será percibido invariablemente como subordinado del próximo presidente.

Esa es una sola razón por la que lo verán negativamente. Esquivel es un economista bien preparado en términos académicos, pero heterodoxo. Esta característica se suma a que al ser una extensión de López Obrador en el Banco de México y apuntado a sustituir a Alejandro Díaz de León como el presidente de la institución, es altamente probable que la política monetaria sea más flexible y actúe en concordancia con la Secretaría de Hacienda, donde el jefe real será López Obrador. "La Junta (de gobierno del banco) va a funcionar peor", dijo un manejador de fondos en Estados Unidos que conoce el Banco de México, Hacienda y a los protagonistas del actual y próximo gobierno. "Es un copiloto que va a mandar sobre el piloto". Los presagios no son alentadores.

Se anticipa un Banco de México más desordenado, que es lo que menos le interesaría a López Obrador en este momento, y un mar de incertidumbre por el bajo nivel, estimaron analistas, de la próxima subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez. Esta crisis inconclusa en el equipo económico del presidente electo, llegó en el peor momento y en las peores condiciones, donde hay altas expectativas para que cumpla todas sus promesas de campaña, pero no hay dinero suficiente ni, por ahora, un presupuesto claro y definitivo que entregar al congreso.

La caída de la Bolsa Mexicana de Valores de los últimos 3 meses ha sido la más grave en años. El IPC pasó de 50,000 unidades a finales de agosto, a 39,000 unidades al cierre del lunes. La acción de Banorte, por ejemplo, pasó de valer $123 pesos a $83 pesos en 15 días. Esta caída se debe a factores internos y externos. Poco podemos hacer con las variables globales de incremento de tasas en EU, la caída del precio del petróleo o la incertidumbre de Brexit en Europa, entre otras. Sin embargo, en lo que toca a los factores internos, todos debemos actuar con más calma, responsabilidad y ecuanimidad.

Nos está saliendo muy caro que en el legislativo se presenten iniciativas de ley, como la de las comisiones bancarias, la minera o la de afores, de las últimas 3 semanas. Si bien son iniciativas contrarias a las políticas públicas que serán impulsadas por López Obrador y su gabinete, generan mucha incertidumbre y minan la confianza en México.

Ante estas profundas diferencias, y la posibilidad de que las iniciativas prosperen, los "mercados" prefieren optar por otros países. El capital no tiene principios, busca rentabilidad, y sin ningún escrúpulo ven la administración de Bolsonaro con menor riesgo y más apetito.

Lo grave de todo esto es que si los analistas que componen a los mercados, legisladores y ejecutivo no actúan con más calma y ecuanimidad, la economía mexicana en su conjunto sufrirá una pérdida de valor y bienestar inmensos, afectando más a quienes menos tienen.

Cuando los legisladores envíen una iniciativa sin sentido, habrá que actuar de manera inmediata para corregirla. Será indispensable trabajar junto con el ejecutivo para hacerlo.

Decía José Martí que "todo hombre es la semilla de un déspota. No bien le cae un átomo de poder y ya le parece que tiene al lado el águila de Júpiter y que es suya la totalidad de los orbes". Esta cita viene a cuento para la transición que estamos viviendo. Embelesado por sus 30 millones de votos, el presidente electo López Obrador piensa que le fue extendido un cheque en blanco que, paradójicamente, no tiene fondos.

Lejos de mostrarse sereno, prudente, mesurado, respetuoso, sobrio y reflexivo, actúa con impulso, impaciencia, desmesura, intolerancia y en tono amenazante. Su desprecio a la legalidad es palpable. No contento con haber diseñado una consulta pública a modo para echar abajo un proyecto de infraestructura de la mayor trascendencia, como lo era el nuevo aeropuerto en Texcoco, repite la dosis con 10 absurdas preguntas de obvia predicción. Esto en respuesta a una marcha -inédita por cierto- en la que le reclamaron, precisamente, ambas cosas: la consulta y cancelar el proyecto aeroportuario. Marcha "fifí" le llamaron, como "fifí" es también la prensa que osa criticarle, aun aquella que ha sido su histórica aliada.

Las ocurrencias de los suyos ya pasaron factura. Cuando no se trata de ir por las reservas internacionales del banco central, es la puntada de desaparecer las comisiones bancarias, o bien eliminar las cuentas individuales de retiro para regresar al viejo sistema de pensiones.

En el fondo, lo que acusa el nuevo régimen es una nociva combinación de ignorancia, soberbia, intolerancia, ánimo de revancha, prejuicios y la evidente falta de experiencia en la administración pública. El supuesto plan de austeridad que los anima se traducirá en la fuga de cerebros y la pérdida de años acumulados de capacidad y aprendizaje. Su tentación autoritaria llega al punto de denostar a los órganos autónomos constitucionales y ponerlos en situación de fragilidad frente al soberano.

La creación de los superdelegados y de la Guardia Nacional ha merecido una airada reacción de gobernadores y partidos políticos que, con razón, denuncian invasión de facultades, vulneración del federalismo y la militarización perpetua de la seguridad pública. Como respuesta a dicho reclamo, López Obrador ha respondido que se trata de un chantaje y un lamento porque se acabarán los moches y la corrupción que tanto les place a los mandatarios estatales. Presenciamos una majadera respuesta a un serio planteamiento. Y esto se complementa con la estupidez pronunciada por el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, quien amenazó con la desaparición de poderes estatales, desde el propio Senado, si los gobernadores no se alineaban a los designios del Tlatoani.

En suma: estamos ante un derroche de ocurrencias que, además de pisotear descaradamente la ley, trasladan al "pueblo bueno y sabio" las decisiones que echarán el calendario varios años atrás. Se trata de un colegio de personajes encantados con los reflectores, capaces de inventar la participación del Papa en sus fallidos foros o la asistencia de Donald Trump a la unción del nuevo mandatario. Abren el refrigerador de su hogar en la madrugada y comienzan a declarar tan pronto se encienden las luces del interior. Dan pena, de veras.

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, pidió a los gobernadores "que se pongan a trabajar, que se coordinen y que dejen de estar chillando" por el tema de los "superdelegados" en los estados.

"Ellos (los gobernadores) no pueden imponer un modelo de gobierno al presidente", aseguró el legislador por Guerrero, quien reiteró que "solamente habrá un delegado, quien seguramente coordinará las acciones de las dependencias".

Ante esa oposición Salgado Macedonio les "recordó" a los gobernadores que aunque "no es amenaza ni es advertencia, hay un artículo, el 76 que dice que cuando hay un problema o confrontación entre el estado y la federación, es el Senado el que interviene, el mediador".

"De plano cuando hay un funcionario, gobernante, insubordinado que trae problemas que no quiere trabajar, bueno, pues ahí está el juicio político", dijo el senador de Morena, quien desde la semana pasada dijo que existe la posibilidad de desaparecer los poderes en los estados desde el Senado.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) consideró que la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco fue una decisión "aislada" y que por sí misma ha tenido una repercusión más negativa sobre la competitividad del país.

Juan Pardinas Carpizo, director general del Imco, apuntó que esta decisión, tomada tras los resultados de una consulta pública convocada por el nuevo gobierno federal, le pega a sectores como el aeronáutico, de transporte de carga e incluso al turístico.

"No sólo se canceló la oportunidad de construir un aeropuerto para el Valle de México sino un nodo de interconexión de México con el mundo. Nunca antes una decisión de política pública habría tenido tantos costos en el largo plazo para la competitividad del país y las oportunidades de desarrollo de los mexicanos", añadió.

Sobre la nueva refinería que pretende construir la administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, estimó: "Podría ser la 2a. peor idea de política pública en muchísimo tiempo".

Señaló que uno de los grandes riesgos que tiene México hacia el corto y mediano plazo es la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual asciende a 100,000 millones de dólares. Si la petrolera fuera un país, dijo, sería el 7o. con mayor monto en América Latina, incluso superando al que actualmente tiene Perú.

"Lo que estamos haciendo es utilizar recursos para un sector que no genera tantas utilidades, como es el sector de la refinación, y dejando de invertir en un sector que genera altos rendimientos: exploración y producción".

En su opinión, las consultas que ha hecho la próxima administración sobre diversos proyectos y programas "son una farsa para legitimar decisiones ya previamente tomadas desde la visión de país del presidente López Obrador”.

Nomás el fin de semana: otra consulta amañada que avaló 10 proyectos de gasto sin aclarar de dónde saldrá el dinero, una amenaza de estatizar las Afores surgió de la coalición lopezobradorista en el congreso y sendos reportajes en los 2 periódicos especializados más influyentes del mundo, Wall Street Journal y Financial Times, en los que cuestionan los planes económicos del gobierno electo.

Ante ello, ayer a las 6 de la tarde el doctor Carlos Urzúa, futuro secretario de Hacienda, trató de salir a calmar a los mercados. Leyó un comunicado en el que se presumen los logros económicos... de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el más impopular de la historia reciente de México.

Urzúa agradeció la solidez macroeconómica con la que recibe el país y enlistó uno a uno los rubros en los que México está muy bien: equilibro presupuestal, finanzas públicas sanas, reservas internacionales en poder del Banco de México, líneas de crédito contingente, etc. Lo dijo varias veces, y hasta expresó su aprecio por el secretario de Hacienda saliente, José Antonio González Anaya.

En una sentada, el doctor Urzúa desarticuló el discurso radical de Morena de que todo está mal en el país, que López Obrador recibe un país en bancarrota. Además, descalificó la iniciativa del PT de estatizar las Afores, advirtió a los senadores de Morena que cualquier modificación a las comisiones bancarias será con el consenso de los bancos, ridiculizó la idea de usar en el presupuesto las reservas del Banco de México y prometió un presupuesto con superávit de 1% del PIB.

Las de Urzúa fueron palabras que bien pudieron haber pronunciado González Anaya, Meade, Videgaray, Cordero, Carstens...

Pero la pregunta no es dónde está el pensamiento económico de Urzúa, sino dónde está el de López Obrador. Porque Urzúa no es el motor de la incertidumbre. Es su jefe.

Los 6 organismos no gubernamentales que conforman el Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio denunciaron que las consultas del pasado 24 y 25 de noviembre violan los derechos de los pueblos indígenas y también contravienen tratados internacionales ratificados por México, ante los proyectos como los trenes en el Pacífico.

"No está respetando los protocolos internacionales para la realización de la consulta indígena y, por otro lado, no se ha proporcionado la información suficiente y necesaria para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tomar sus decisiones", aseguran.

Manifestaron estar preocupados de que la consulta sea similar a la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque en estas regiones se encuentran presentes pueblos y comunidades indígenas, tanto comunidades mayas como zapotecas.

"Realizar la consulta del modo planteado ocasionará violaciones sus derechos humanos, y llevará en retroceso los mínimos avances de nuestro país en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas".

De acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado y ratificado por el gobierno mexicano, y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, México está obligado a celebrar consultas hacia los pueblos indígenas, de buena fe, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Apuntaron que, con la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, en materia de derechos humanos quedo establecido que todas las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, así como los convenios y tratados internaciones y las jurisprudencias de la Corte Interamericana, entre otros.

"En consecuencia, se vuelve indispensable que la consulta a pueblos indígenas deba ser previa a la realización del proyecto. Libre, por lo que no debe estar condicionada a algún tipo de apoyo o realizarse bajo algún tipo de presión".

La consulta de este fin de semana, dijeron, no cumple con los procedimientos que se han mencionado anteriormente y es totalmente violatorio a los derechos humanos. Adicionalmente, quien está consultando es un gobierno que aún no entra en funciones, por lo que aún no cuenta con la autoridad para realizarla.

Advirtieron: "(no permitiremos que se sigan violando) nuestros derechos humanos y nos sigan despojando de nuestros territorios bajo el amparo del interés público", a través de consultas que no cumplen con los mínimos estándares internacionales.

"Hacemos un llamado a todos los pueblos y sus organizaciones para defender por todos los medios posibles los derechos colectivos de nuestros pueblos indígenas y no permitir acciones para legitimar el despojo a nuestros territorios".

"Al pueblo de México le pedimos que no se preste a simular una acción de participación ciudadana que pasará sobre los derechos de los pueblos que hemos dado sustento a esta nación."

El documento lo signan organizaciones como Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Tequio Jurídico, Servicios para una Educación Alternativa, Centro de Derechos Indígenas "Flor y Canto", Servicios del Pueblo Mixe y el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez".

Ayer fue otro "día negro" en los mercados financieros en México.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una caída de 4.2% y ya acumula un desplome de 21% desde finales del mes agosto.

A la pérdida de 90,000 millones de dólares que ayer le reseñé, súmele otros 4,500 millones, perdidos en la sesión de este lunes.

El tipo de cambio del peso frente al dólar también se disparó hasta niveles que no habíamos visto desde junio de este año, un par de semanas antes de las elecciones, y en las ventanillas bancarias ya estuvo cotizando cerca de los 21 pesos.

Ante este panorama, por la tarde se convocó a una conferencia de prensa del futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

En ella, el 1er. punto anunciado fue la nominación de Gerardo Esquivel para reemplazar a Roberto del Cueto, quien, por razones de salud, dejará este viernes su subgubernatura del Banco de México.

De este modo, el Banxico tendrá 2 nuevos integrantes en su Junta en 2019: Jonathan Heath y Esquivel.

Los 2 tienen las competencias profesionales necesarias para el cargo, pero su relación con el presidente electo y el gobierno es muy diferente.

Heath es un economista independiente que no tiene adscripción partidista ni ha participado en campañas político-electorales. Esquivel es de los hombres más cercanos a AMLO.

No creo que los mercados financieros reciban con el mismo entusiasmo a Esquivel, con el que recibieron a Heath.

Respecto a los otros temas abordados, los inversionistas ya tienen descontado el mensaje de Urzúa, quien ratificó la intención de conseguir un superávit primario aun un poco mayor que el originalmente previsto, y rechazó la propuesta del PT relativa a las Afore o a las reservas del Banxico.

Lo crucial será el Paquete Económico que habrá de presentarse -según se dijo- poco antes del límite constitucional, quizás el viernes 14 de diciembre.

La mayor parte de los análisis de las últimas semanas no tienen duda de la buena intención del próximo equipo hacendario, pero no están seguros de que pueda contener los impulsos que brotan en círculos políticos, en el poder legislativo o aun entre algunos integrantes del ejecutivo.

Era el lunes 27 de agosto, a casi 2 meses de las elecciones. La transición se estaba presentando excepcionalmente tersa. Y, en esa fecha, además, se anunció el acuerdo en principio entre el gobierno de México y el de Estados Unidos en materia comercial.

El optimismo prevalecía en los mercados financieros. El índice de la Bolsa Mexicana de Valores llegó a 50,416 puntos y el dólar se cotizaba en 18.76 pesos.

La historia cambió en los siguientes meses.

El vienes pasado, el índice de la Bolsa cerró en 41,144 puntos, una caída de 18.4% respecto a finales de agosto. El dólar, en el mercado interbancario cerró en 20.43 pesos el viernes por la tarde, lo que implica un alza de un 1.67 pesos, equivalente a 8.9% en poco menos de 3 meses.

La pérdida de valor de las empresas listadas en la Bolsa para ese lapso alcanza en números redondos el equivalente a ¡90,000 millones de dólares!, o algo así como 1.8 billones de pesos.

¿Qué es lo están viendo los mercados financieros que han cambiado radicalmente de comportamiento en un trimestre?

Han visto señales de lo que puede ser el desempeño del nuevo gobierno que no les han gustado y que generaron dudas.

Las dudas comenzaron con el tema del nuevo aeropuerto, pero luego se han sucedido asuntos como las propuestas en materia de comisiones bancarias, las minas y las Afore, sólo por citar algunos temas.

El comportamiento de los mercados bursátiles usualmente tiene que ver con las expectativas económicas y no con el desempeño presente. Se compra en función del futuro y no de lo que sucede hoy.

El último desplome importante del mercado ocurrió en los primeros meses de 2013, al arrancar el gobierno de Peña Nieto, cuando el mercado cayó en 16%, en una etapa en la que el gasto público se contrajo fuertemente.

Tal vez usted pudiera pensar que los movimientos de la Bolsa, el dólar o las tasas de interés afectan a la gente que tiene mucho dinero o a las empresas muy grandes.

La realidad es que también afecta fuertemente a la clase media y a los más pobres.

Las razones son diversas. Tasas más altas implican una menor actividad económica y eso va a repercutir en una menor creación de empleos. Un dólar más caro, en una economía en la que importamos una gran cantidad de productos de consumo, implica que las cosas nos van a costar más. Ya no se diga las minusvalías que las tasas más elevadas ya causaron al ahorro de las Afore.

¿Tiene remedio esta circunstancia? Desde luego que sí. La medicina se llama: confianza.

El problema en el equipo del gobierno de transición es que mientras hay quien trata de construirla, dando garantías a los empresarios e inversionistas de que habrá una gestión económica sensata a partir del 1 de diciembre, hay otros que la destruyen con iniciativas de ley y declaraciones, que amenazan la estabilidad económica.

Eso ha sido lo que ha ocurrido en los últimos meses y existe la percepción de que podríamos tener un gobierno errático, en el que no puede confiarse, porque más allá de las decisiones que tome, se enfrentará a un poder legislativo y a movimientos sociales que son capaces de desencadenar propuestas imprevisibles.

(V.periódico El Financiero en línea del 26 de noviembre de 2018).

Pero qué necesidad de seguir atentando contra la estabilidad financiera en un momento de transición. La última de las ocurrencias de los legisladores de la Cuarta Transformación es confiscar las pensiones de los trabajadores.

"Para resolver la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en México se requiere terminar con el sistema de cuentas individualizadas de capitalización -reza la iniciativa presentada por los diputados del Partido del Trabajo-, y que el Estado regrese a un sistema de pensiones único, donde una institución pública administre todos los fondos de pensión, invirtiéndolos en el sector industrial, con el objetivo doble de propiciar el crecimiento y la capitalización de la industria nacional, la generación de empleos y la garantía de mejores rendimientos para los trabajadores a la hora de concluir su vida laboral".

Sobre los fondos de pensiones de los empleados de organismos, empresas y universidades públicas, la iniciativa señala: "Si bien es cierto que estamos a favor del derecho de los trabajadores, en el caso que nos ocupa no debe pasar desapercibido que constituyen un exceso porque fueron pactados con representantes del Estado que no tuvieron en cuenta la prevalencia del interés superior de la mayoría de los mexicanos".

Es indudable que se requiere una nueva reforma del sistema de pensiones. Los montos que se están acumulando en las Afores no son suficientes para otorgar un ingreso razonable a los jubilados. Pero la solución no radica en que el gobierno confisque el dinero de los trabajadores y lo maneje en régimen de monopolio, sino en aumentar las aportaciones y la competencia entre las Afores.

Los partidos aliados con Andrés Manuel López Obrador están lanzando iniciativas que debilitan a los mercados. Lo hacen en aras de una supuesta independencia del poder legislativo ante la Presidencia, pero el resultado es acercar al país a una crisis financiera.

El presidente electo no puede fingir inocencia. Si bien los inversionistas no se preocuparon ante sus propuestas de campaña, porque prometía respetar la economía de mercado y no incurrir en un mayor déficit de presupuesto, la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue la primera señal de que gobernaría como populista. Las acciones de la Bolsa y el peso empezaron entonces su caída.

Después vinieron los legisladores. Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo, propuso tomar las reservas internacionales del Banco de México para financiar gasto público. La iniciativa fue descalificada como un "absurdo" por el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, pero igual afectó a los mercados. Después Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, presentó una iniciativa para prohibir las comisiones bancarias, también descartada por el nuevo gobierno, pese a lo cual Monreal insistió en mantenerla. Paco Ignacio Taibo II, futuro director del Fondo de Cultura Económica, propuso expropiar minas y generó un desplome de las acciones mineras. Ahora tenemos la iniciativa de confiscar el dinero de las Afores.

López Obrador y su equipo económico pueden seguir declarando que estas iniciativas no representan su agenda legislativa, que no quieren llevar al país por el camino de Venezuela; pero la insistencia en presentar propuestas destructivas está debilitando a los mercados nacionales. Parecería que los políticos de la Cuarta Transformación quieren provocar una crisis financiera.

Dice López Obrador que someterá a consulta popular si somete a juicio a los ex presidentes por "impulsar las políticas neoliberales". Pero ¿es ilegal aplicar políticas liberales? Y ¿debe la justicia aplicarse por consulta popular, como en los linchamientos?

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, criticó a los opositores al Tren Maya, uno de los proyectos de su gobierno, que es parte de su 2a. consulta nacional que ayer tuvo su última jornada.

"Miren lo que no saben los abajo firmantes, lo digo con respeto y reconozco que la mayoría son personas muy inteligentes, pero aunque parezca increíble, les falta baño de pueblo". Ello en referencias a los desplegados firmados por científicos, ambientalistas y especialistas sobre los efectos del mega proyecto.

La relación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador con las Fuerzas Armadas es esquizofrénica. Las llama asesinas y las reconoce como una institución del pueblo. Las denuesta y acude a ellas para abatir la inseguridad. Quería el retiro paulatino de los militares de las calles mexicanas y ahora dice que eso no es posible. Les tiene confianza, pero en realidad no. López Obrador lleva tiempo tensionando las estructuras militares y no parece importarle mucho. En los altos mandos de las Fuerzas Armadas, lo único que ha generado es resentimiento y desconfianza. Mal inicio de gobierno para una administración que aún no arranca.

Este domingo se reunió en el Campo Militar 1 con soldados, marinos y sus familiares y explicó que propuso la Guardia Nacional "porque le tengo confianza al Ejército y la Marina, porque el Ejército es el pueblo uniformado". Es cuestionable. El pensamiento más claro sobre ellas lo externó en febrero de 2017, cuando tras un operativo de la Marina en Nayarit donde se abatieron a 12 miembros del cártel de los Beltrán Leyva, el entonces aspirante a la Presidencia, afirmó: "¿Por qué los aniquilaron? ¿Por qué si ellos investigan y supuestamente tienen asesoría del extranjero en materia de inteligencia los masacraron?".

La presencia de militares en las calles para combatir la seguridad pública no es algo que lo convenza. Desde hace casi 2 años ha sido su crítico sistemático. "Tiene que cambiar la política de masacrar, torturas que desde (el presidente Felipe) Calderón no ha dado resultado; al contrario, trae más sufrimiento", dijo en Nayarit. 2 meses antes le pidió al general Salvador Cienfuegos y al almirante Vidal Soberón "no continuar con la política coercitiva, pues no resuelve nada con el uso del Ejército, Marina, policías, cárceles, amenazas de mano dura, con leyes más severas, dado que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia".

López Obrador sabía lo que quería. El Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 que dio a conocer en diciembre, incluía el regreso de los militares a los cuarteles paulatino y programado, porque la seguridad pública era responsabilidad del ámbito civil. No tardó mucho en rectificar. Un mes después de ganar la Presidencia, con el apoyo de decenas de organizaciones de derechos humanos que respaldaban su propuesta, cambió el discurso. Ni soldados ni marinos regresarían a los cuarteles, y seguirían trabajando en tareas de seguridad pública.

Es decir, lo que hizo el presidente Calderón que tanto cuestionó el presidente electo, será la ruta que mantendrá. Lo que tanto criticó del presidente Peña Nieto, será continuado por él. La forma como los mantendría en las calles sería mediante la creación de una Guardia Nacional, que es algo similar a lo que hizo el presidente Ernesto Zedillo en 1999, cuando creó la Policía Federal Preventiva, pero al revés. Retoma de 3 gobiernos el modelo, pero modifica el diseño institucional que viola la Constitución, pues un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia impide que realicen esas tareas por no considerar los tratados y la legislación que en materia de derechos humanos limitan su actuación en casos excepcionales. Para hacer lo mismo, había mejores formas.

La Policía Federal (en un principio se le añadió Preventiva) se integró con la Tercera Brigada de la Policía Militar al mando de Genaro García Luna, que fue trasladado del CISEN para construir una fuerza policial civil. Trasladar del ámbito militar a los soldados para integrarlos al ámbito civil, no requirió de modificaciones constitucionales ni violó la ley. La Guardia Nacional es un galimatías que en lugar de construir una policía que permita el retiro gradual de los militares de las calles, la destruye y provocará que soldados y marinos se queden permanentemente a cargo de la seguridad pública, como policía nacional que, otra ironía de este enredo, la propuso García Luna y la clase política, incluidos los cercanos a López Obrador, la bloquearon.

López Obrador dijo en Campo Militar 1 cosas imprecisas o falsas. La justificación de la Guardia Nacional es para atacar unidos la inseguridad, porque "en la actualidad cada autoridad trabaja en forma separada, por lo que deben estar unidos". La cooperación entre soldados, marinos y policías federales no está rota, como sugiere el presidente electo. Lo que sí rompió en los últimos días es la participación de los gobiernos estatales, que provocó la reacción de los gobernadores, quejándose de la exclusión.

López Obrador provoca el divisionismo, no al revés. En el caso de las Fuerzas Armadas, tuvo oportunidad de enmendar las cosas con el nombramiento de los titulares de la Defensa y la Marina, pero ignoró las recomendaciones del general Cienfuegos, y del almirante Soberón. El general Cienfuegos le propuso para sustituirlo al subsecretario, al general Roble Arturo Granados Gallardo, o al general Alejandro Saavedra Hernández, jefe del Estado Mayor, pero escogió al general Luis Crescencio Sandoval, el número 22 de los 23 generales en la lista. El almirante Soberón propuso al almirante José Luis Vergara, oficial mayor de la Marina, pero se inclinó por el almirante José Rafael Ojeda, a quien sus pares no le ven suficiente experiencia para el reto.

Las tensiones con las Fuerzas Armadas no cejarán. En este espacio se reportó que cuando el presidente electo le detalló al secretario de la Defensa lo que haría la Guardia Nacional y el general Cienfuegos le replicó que era anticonstitucional, López Obrador le respondió: "Pues modificamos la Constitución". Eso es lo que va a hacer a través de su brazo legislativo en el Congreso, que es Morena, sin importar el sentir y el pensar de las Fuerzas Armadas.

Se hizo famosa la frase del semanario The Economist para describir la incapacidad del presidente Enrique Peña Nieto para comprender por qué la sociedad repudiaba las prácticas de corrupción: "no entiende que no entiende".

Me pregunto si podrá aplicarse la misma al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuando se trata de temas económicos.

Su diagnóstico es impecable: un modelo agotado, un país zanjado por la desigualdad, la mitad de la ciudadanía en pobreza, un grupúsculo de ricos cada vez más ricos...

El remedio que propone es, por ahora, un balazo en el pie. Ojalá no se convierta en un tiro en el tórax. Las malas señales recientes han diluido a las buenas que había emitido de inicio: la ratificación al TLC y la nominación de Jonathan Heath al Banco de México.

López Obrador ha dicho que necesita los capitales privados, nacionales y extranjeros, para alcanzar el 4% de crecimiento. No hace nada por conquistarlos. Está ahuyentándolos. Y éstos, sin piedad, empiezan a reaccionar:

1.- El dólar ronda los 20.50 pesos. De esos, 2 pesitos se apellidan López Obrador. Uno por la cancelación del aeropuerto y otro por la amenaza de Morena en el Senado de cancelar 17 comisiones bancarias.

2.- La Bolsa ha tenido 2 caídas estrepitosas, justo por el aeropuerto y las comisiones. No tenía caídas así desde la crisis económica mundial de 2008.

3.- La tasa de interés que paga México por su deuda a 10 años subió un punto porcentual. De 8% a 9%. Esto quiere decir que la administración López Obrador va a tener que pagar 5,500 millones de dólares más por intereses, a causa de estas malas señales. ¿Qué significa eso? Menos dinero para adultos mayores y jóvenes desempleados. El monto equivale a media refinería o un Tren Maya.

4.- Pemex está en una situación crítica. Inexcusablemente, Peña Nieto lo deja sostenido con alfileres. ¿Pero por qué se los está quitando? Con el nombramiento de un futuro director que no tiene reconocimiento en el sector, su amenaza de frenar la reforma energética y el anuncio de construir una refinería -que se evalúa como financieramente inviable- los bonos de Pemex se han desplomado de su valor nominal a sólo 82 centavos por dólar.

5.- De hecho, de los 5 bonos que más han caído ¡en el mundo! en las últimas semanas, 3 están vinculados al gobierno mexicano: los del aeropuerto, Pemex y CFE.

6.- Para tratar de contener la incertidumbre que ha despertado el gobierno entrante por cómo piensa manejar la economía, para mitigar la inflación, el Banco de México ya subió su tasa de interés.

7.- Quienes han invertido en bancos han perdido 80,000 millones de pesos. Quienes han invertido en mineras, 60,000 millones. En ambos casos, por iniciativas legislativas de Morena. Esto no quiere decir que sólo pierdan los ricos banqueros y empresarios mineros. Sino los trabajadores mexicanos cuyo dinero de Afores pueda estar invertido ahí.

Esto no es una crisis. Pero puede volverse. Estos castigos pueden empeorar cuando ya sea presidente en funciones. ¿Qué tal una baja en la calificación de Pemex o de México, puestas ya en perspectiva negativa?

Súmele el entorno: la OCDE y el FMI han bajado su expectativa de crecimiento para México, hay amagos de una guerra comercial oriente-occidente, y los especialistas coinciden en que la actual bonanza económica de Estados Unidos, que tanto ha favorecido a nuestro país, se terminará en 2019 o 2020.

Más intereses, más inflación, menos inversión pueden golpear más a los que López Obrador quiere favorecer. Porque los ricos siempre van a encontrar la salida, pero los pobres podrían serlo cada vez más con menos oportunidades de empleo y salarios que no rindan. No se diga una clase media que pelea por pagar sus créditos y mejorar su poder adquisitivo.

Cuando se le confronta con la realidad de desconfianza económica que ha generado, López Obrador se enoja y reacciona con descalificaciones. Cuando se serena, dice que ya entenderán los empresarios e inversionistas que sus planes son buenos y sí funcionarán.

Habría que decir que el reto asumido por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no es para jugar a las vencidas con los gobiernos estatales, aun y cuando sin duda alguna hay especímenes disfrazados de seres humanos, que se han beneficiado de la manera más deshonesta, y llevan a cuestas cientos o miles de millones de pesos, y ni quien les juzgue, ni mucho menos hagan nada, antes al contrario, los asumen como sus aliados.

Tampoco es cuestión de ponerse al tú por tú con otros segmentos de la sociedad por el sólo hecho de que no sean sus seguidores, sobre todo, porque bastaría con estar al tanto de la ubicación de los domicilios de todos y cada uno de quienes son y serán sus más cercanos colaboradores, y ni qué decir de sus cuentas de cheques y bienes personales, para sin necesidad de investigar más, darnos cuenta del "amo al que han servido".

A manera de buena noticia, se puede afirmar que ninguno de ellos tiene la imperiosa necesidad de robar -sin que ello quiera decir que no lo han hecho, para lograr amasar los recursos (por no decir la fortuna) que han logrado concentrar-.

El mensaje implica quitar a unos ricos bribones, para que lleguen otros.

No se trata de mandar "al diablo las instituciones", como hiciera el hoy presidente electo López Obrador al negarse a reconocer la victoria de Felipe Calderón en las elecciones de 2006. ("Ya decidimos hacer a un lado esas instituciones caducas que no sirven para nada e impulsar la revolución de la conciencia [...]; ¡que se vayan al diablo con sus instituciones!", fue la frase completa). Claro que no... Pero tampoco se trata de asumir, ante todas las decisiones de trascendencia nacional que ha tomado desde que comenzó a actuar como presidente de facto, la actitud, sumisa hasta la abyección, de quienes, inclinando la cerviz, acataban sus resoluciones, tuertas o derechas, con la mansedumbre cortesana de sus lacayos a sueldo...

El discurso del gobernador electo, Enrique Alfaro, la semana pasada, en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, fue una pieza oratoria de antología. Lo fue, en la forma, por el tono, tan enérgico como respetuoso; (como suele decirse, "lo cortés no quita lo valiente"). Y lo fue, en el fondo, porque se trató de un encomio a la legalidad, como corresponde a un funcionario público legítimamente electo -como el destinatario de su mensaje- para el cargo que asumirá en breve..., y de un canto a la dignidad, como corresponde a un hombre bien nacido.

El manejo de las participaciones federales para los estados a través (y eventualmente al antojo) de "superdelegados" que el presidente electo se sacó de la manga, como un prestidigitador saca conejos truculentos de la chistera; la invención de la Guardia Nacional, y, sobre todo, la asignación de funciones relacionadas con el Plan Nacional de Seguridad, por encima de las atribuciones que la Constitución confiere a estados y municipios; la ocurrencia de someter a consulta, entre muchas otras cosas incuestionables por definición, si los actos de corrupción de gobernantes y funcionarios deben investigarse y, en su caso, sancionarse, o, por el contrario, someterse al "perdón y olvido" del mandatario en vías de asumir, parecen actitudes propias de una autocracia ("forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley"); no de una democracia que diseñó y plasmó en la ley, a través de sus constituyentes, facultades y obligaciones de los propios gobernantes.

Colofón: Jalisco es un estado; no una provincia a la usanza colonial. Su gobernador en ejercicio debe ser eso precisamente; no un dócil achichincle del tlatoani.

El contexto político es claro, López Obrador enfrentará un contrapeso innegable: los gobernadores que pierdan el miedo de oponerse a su proyecto. En el congreso no va a tener problema. Morena sólo gobierna 5 estados y tiene alianzas muy sólidas en otros 15. No obstante, muchos gobiernos estatales, la mayoría del PAN, podrían alzar la voz contra decisiones presidenciales que suponen vulnerar la autonomía de los estados. La disputa es inherente a la política y lo extraño era que en México no existiera un debate álgido y profundo sobre competencias y autonomía-una deliberación que existe en todas las democracias. Un contexto propicio para construir en México un verdadero federalismo y no la simulación que nos ha dejado como resultado la transición.

Nos encontramos viviendo la última semana de un gobierno que hace 5 meses que se fue; o la previa a asumir el mando de un régimen que oficialmente aún no es, pero que a todas luces y en público desprestigio y consecuencias, ha venido actuando como si ya lo fuese.

Uno de los argumentos del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo para rechazar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) fue ecologista, por los daños "irreversibles al medio ambiente" que traería su construcción.

Esos son los mismos argumentos y advertencias que ahora se desoyen para considerar la construcción del Tren Maya, que hoy y mañana será sometido a consulta pública junto con otros 9 proyectos y programas sociales.

El criterio ecologista para la construcción del Tren Maya no ha sido una razón de peso para el próximo presidente, a pesar de que un grupo de más de 150 científicos, escritores y especialistas le pidieron que no hiciera la consulta y desista en su proyecto, pues pone en riesgo la biodiversidad de la selva.

Al mismo tiempo, los expertos le ofrecieron su apoyo para que se haga un proyecto con el menor impacto ecológico: "Hay muchos caminos para lograr la justicia social y un desarrollo armónico con la naturaleza", señalaron.

Entre los firmantes destacan Patricia Ornelas, del Instituto de Biología UNAM, y Alfredo López Austin, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la misma universidad, organizaciones de Derechos Humanos y Greenpeace.

En el tema económico, los costos proyectados de las 2 obras son similares. Para el NAICM se contempló un gasto de 185,000 millones de pesos, mientras que para el Tren Maya la inversión, sin estudios, sería de 150,000 millones de pesos.

También proponen el mismo tipo de inversión mixta con recursos públicos y privados, un esquema que López Obrador, en el caso del NAICM, criticó porque supuestamente propiciaba la corrupción.

Gran parte de los recursos públicos para el Tren Maya saldrán del impuesto turístico (que suman cerca de 8,000 millones de pesos y actualmente se utilizan para la promoción del país), y para el aeropuerto se iba a utilizar la Tarifa de Uso Aeroportuario para ayudar a financiar la obra.

En el caso del NAICM se vendieron bonos para asegurar recursos para la construcción, mientras que para el Tren Maya se propone convertir en socios a los propietarios de las tierras en donde se tendría que adquirir el derecho de vía.

Finalmente, cuando llegó la consulta para el aeropuerto capitalino se contaba con los estudios necesarios, aunque no con la profundidad requerida, mientras que para el Tren Maya no se han realizado estudios que lo respalden y que exige la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En un documento firmado por distintos grupos de representación indígena de la Península de Yucatán se asegura que "no es permisible que nadie pretenda decidir lo que se puede hacer o dejar de hacer en nuestros territorios, así como nosotros jamás intentaremos decidir lo que se hará con sus bienes, derechos y posesiones". Considera que "todo se ha llevado a sus espaldas".

El economista y consultor de evaluación social de proyectos del ITAM, Efraín Gala, explicó que debido a que no se cuenta con los estudios necesarios para realizar la obra, su costo se dispararía una vez que ésta inicie.

"El NAICM, planteado por Peña Nieto, tampoco tenía los estudios requeridos para realizarlo; es decir, no a la profundidad que se requería. Por eso se saltó en la inversión hasta 260,000 millones... y va a pasar lo mismo con esta obra".

Agregó que, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se debe realizar un estudio de evaluación socioeconómica que a su vez necesita 5 estudios adicionales: "El técnico, el de mercado, el legal, administrativo, el de impacto ambiental y el estudio financiero; con esos se hace lo que llamamos flujo de costos y beneficios sociales, para determinar si le conviene o no al país".

Según su experiencia, los estudios para tomar una buena decisión de inversión demoran al menos un año, "pero son muy costosos al nivel que se requiere". Además, aseguró que los 150,000 millones de pesos proyectados para la obra están "subestimados".

Según lo que plantea la ley, el presidente electo estaría incumpliendo con lo que se pide antes de hacer cualquier obra de infraestructura en caso de iniciarla el 16 de diciembre, como él mismo lo anunció.

"Es como querer hacer una casa y se empieza a construir sobre un terreno que aún no compra. Lo que debemos hacer es no pedirle nada al presidente, sino exigirle que cumpla la ley. Antes de iniciar la obra, de licitarla, tienen que estar hechos los estudios. Una consulta no sirve para nada, porque las personas que van y votan no saben los beneficios y los costos del tema".

El megaproyecto de Andrés Manuel López Obrador enfrenta distintos retos; entre ellos está conseguir todos los derechos de vía necesarios, incluyendo los que se encuentran en predios privados o los que están en asentamientos irregulares.

Como solución a este problema, su equipo se ha propuesto convertir a los dueños en "socios" del desarrollo local para que éstos reciban ingresos por su patrimonio a través de un fideicomiso, aunque esta propuesta no garantiza su participación.

En ese sentido, Efraín Gala plantea una pregunta: "¿De dónde van a salir las ganancias? Para que la gente opte por utilizar el tren en lugar del autobús o el auto van a tener que dar un precio muy barato. Para eso van a tener que subsidiarlo y no habrá ganancias".

Según el cronograma presentado por el equipo de Andrés Manuel López Obrador, el próximo 16 de diciembre arrancarán los trabajos preliminares para rehabilitar las vías existentes. La consulta que inicia hoy y termina mañana es sólo un protocolo para algo que ya está en planes.

En ese sentido, Alfredo Martín Ochoa, especialista en gestión ambiental, señala que "para cualquier obra de rehabilitación sobre autorizaciones ya otorgadas se debe dar aviso a la autoridad, justificando que no se vayan a generar más impactos. En este caso, tiene la facultad de decir si necesitan una nueva Manifestación de Impacto Ambiental o más estudios".

El proyecto de modificación a la ley de minas no seguirá adelante en los términos en los que fue presentado. En breve será dado a conocer el congelamiento de una iniciativa que en 6 días causó pérdidas de 56,825 millones de pesos en el valor accionario de las 4 principales mineras y, además, acrecentó la sensación de incertidumbre en el sector empresarial.

La propuesta de cambios al sector minero realizada por la senadora Angélica García Arrieta tomó por sorpresa a la cámara minera. Tampoco fue consensuada con los funcionarios del próximo gobierno a los que les tocará instrumentar la política minera, entre ellos Graciela Márquez, que será secretaria de Economía.

Esta iniciativa sembró preocupación en las empresas mineras e hizo caer el valor accionario por su afán de dar más peso a la evaluación del impacto social de los proyectos mineros. El mayor perdedor de la semana fue Grupo México, propiedad de Germán Larrea. El mayor consorcio minero de México vio evaporarse 40,171 millones de pesos de su valor en Bolsa, alrededor de 1,970 millones de dólares.

Las modificaciones a la Ley Minera darían al gobierno la facultad para declarar zonas inviables de explotación minera aquellas que pudieran tener un impacto social o medioambiental negativo. También se podrían cancelar concesiones por ese motivo. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, y la cámara minera han pedido ser consultados respecto a modificaciones que afectan una actividad económica que aporta más de 15,000 millones de dólares anuales al PIB y es uno de los 6 principales generadores de divisas.

Otras voces del sector empresarial externan su preocupación de que un nuevo marco jurídico pudiera favorecer un activismo social que sea hostil a los proyectos mineros, como ocurrió en Perú, con Tía María en Arequipa, donde una inversión superior a 2,000 millones de dólares se canceló debido a las protestas sociales.

¿Quién y cómo realizará estos estudios de impacto ambiental y social? Es uno de los aspectos que producen más inquietud entre empresarios y especialistas. En México existen más de 25,400 títulos de concesión minera y son los estados de Sonora, Zacatecas, Coahuila y Chihuahua los líderes en esta actividad.

¿Encontrará Morena la forma de legislar asuntos importantes sin meter miedo en los empresarios? Preocupa la falta de coordinación entre Legislativo y el próximo ejecutivo en el caso de las comisiones bancarias y la Ley Minera. Asusta esa mezcla de no entendimiento e indiferencia por las reacciones de los mercados. ¿Por qué jugar a la ruleta rusa con la confianza de los inversionistas? La confianza es como la pasta de dientes: una vez que sale del tubo, es imposible volverla a meter en él.

Tuit publicado por Paco Calderón el 23 de noviembre.

Luego de que la próxima administración confirmó la creación de los "Coordinadores Estatales" (figuras que decidirán la administración de recursos en cada estado), varios gobernadores expresaron sus dudas sobre la medida y cómo afectaría a la soberanía de cada estado al sujetarlos al presidente.

En respuesta, el 23 de noviembre, el presidente de la comisión de defensa en el senado y senador de #MORENA por #Guerrero, Felix Salgado Macedonio, declaró que: "[Para] aquel gobernador que no se ajuste al lineamiento constitucional, aquí [el senado] se puede dictar la desaparición de #poderes". (El Universal, noviembre 23).

La amenaza levantó revuelo en redes sociales y complicó la relación con gobernadores, siendo cuestionada particularmente por Enrique Alfaro Ramírez (gobernador electo de #Jalisco) y Javier Corral (gobernador de Chihuahua), quienes rechazaron "cuadrar" con la nueva medida. (El Economista, noviembre 25).

Posteriormente, 12 gobernadores panistas firmaron una carta donde se calificó de inaceptable que la seguridad en cada estado quedaría en manos de los delegados. (Aristegui Noticias, noviembre 23).

Priísta a finales de la década de 1980, Salgado Macedonio pasó luego al #PRD (llegando a ser alcalde de Acapulco de 2005 a 2008) para finalmente acabar en MOREA y ser electo como senador en 2018.

Es mejor recordado por un episodio en 2000, cuando fungía como diputado federal y fue arrestado por policía de la CDMX por conducir en estado de ebriedad (detalle que referido en el tuit).

Durante el arresto, Salgado Macedonio se jactó varias veces de contar con fuero. Luego, declararía a medios que fueron los mismos policías quienes lo obligaron a beber.

En otra ocasión, el mismo Salgado Macedonio llegó a definirse publicamente como "mujeriego, parrandero y jugador".

Pese a lo anterior, Andrés Manuel López Obrador defendió la integración de Salgado Macedonio a MORENA en 2017. (El Financiero. Noviembre 7, 2017).

- Luis.

Paco Calderón
(23 de noviembre de 2018).

A un día de que inicie la consulta nacional sobre la construcción del Tren Maya, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, a considerar que este proyecto debe, con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, consultar a los pueblos y comunidades indígenas sobre los asuntos que "potencialmente les afecten".

En un comunicado, la CNDH exhortó al gobierno entrante a informar ampliamente el proyecto del Tren Maya con el objetivo de propiciar un debate público y la participación libre e informada de las partes interesadas, puesto que "una sociedad que no está bien informada no es libre de participar en la toma de decisiones que puedan afectar sus derechos fundamentales".

La Comisión aconsejó que la información debe detallar de manera clara y sencilla los alcances y pormenores del proyecto, así como señalar con precisión las implicaciones que se puedan derivar en materia de derechos humanos para los pueblos y comunidades indígenas involucrados.

La CNDH agregó que el respeto a los derechos humanos "es parte sustantiva de toda democracia", por lo que es necesario incluir los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y su desarrollo sustentable.

Gobernadores del PAN rechazaron quedar supeditados bajo la figura de los llamados "coordinadores estatales" que impulsa el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya que, dijeron, quedarán junto con los fiscales locales como "meros invitados" en materia de seguridad.

Cobijado por un frente integrado por alcaldes de distintos partidos, empresarios, organismos ciudadanos, dirigentes sindicales, rectores de universidades, así como por diputados locales y federales, el gobernador electo Enrique Alfaro Ramírez, exigió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, tomar en cuenta las propuestas de Jalisco en el Presupuesto 2019, respetar la soberanía del estado y castigar a los delincuentes.

"Le decimos (al presidente electo) que aquí en Jalisco no vamos a permitir que se vulnere nuestra soberanía ni mucho menos que se traicione el pacto federal, hacerlo sería tanto como resignarnos a una realidad que pareciera ir tomando forma de controles desde el centro del país sobre el destino político, financiero, administrativo y de la seguridad de nuestro estado".

Reconociendo la legitimidad del presidente electo y ofreciendo el respaldo para apoyar la transformación que impulsa para el país, Enrique Alfaro reclamó ayer al próximo mandatario federal que los intereses del estado y de los municipios han sido ignorados en la propuesta del paquete financiero, además de que pidió no modificar las reglas del Ramo 23 para otorgar recursos a las entidades federativas.

Con respecto al Plan Nacional de Seguridad recién presentado, refirió que los estados y municipios son los "responsables de la seguridad, por mandato constitucional", por lo que ve preocupante que los superdelegados vayan a asumir funciones en esta materia, contrario a lo que, aseguró, se acordó en la reunión con la CONAGO.

Además de pronunciarse contra el "olvido" a los municipios y el estado en el Presupuesto de Egresos federal, el gobernador electo, Enrique Alfaro, se manifestó contra la política de "perdón y olvido" a los corruptos que ha manifestado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador electo también se manifestó en contra de que los delegados federales asuman funciones en seguridad pública, lo que considera una "violación directa a la Constitución Política de Jalisco" y una falta de respeto a las autoridades estatales y municipales electas.

"No somos 'invitados' a la mesa de seguridad; somos los responsables de la seguridad en nuestro estado", declaró Alfaro.

Miembros de las cúpulas empresariales, educativas y de la sociedad civil respaldaron el pronunciamiento que se hizo en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, y pidieron que se apoyen los proyectos estratégicos del estado en el presupuesto federal, así como respetar la soberanía de Jalisco.

"No es posible tolerar y soportar que los proyectos estratégicos para el estado no se mantengan", manifestó Mauro Garza Marín, titular en Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, también se sumó a las voces críticas: "Es jurídicamente inaceptable, un perdón otorgado solamente porque alguien cree que es lo mejor nos puede llevar a un caos".

Finalmente, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel Rodríguez, sostuvo que hay un "desacuerdo" en la dirección que pretende tomar el nuevo gobierno, pues pretende destinar más recursos al desarrollo social reduciendo presupuesto para dependencias enfocadas al desarrollo y la promoción económica.

"Creo que Jalisco, a pesar de sus carencias, pero donde hay empleo digno y toda la gente está trabajando, no puedes quitar dinero a la promoción económica porque eso promueve el empleo", señaló.

El gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, pronunció un discurso que debe ser registrado para marcar el momento en que alguien dijo al próximo gobierno federal que hay un estado que no está dispuesto a acatar, sin más, las condiciones que se les impongan a las entidades federativas.

Parece que alguien ha decidido creerse, en medio del cambio de régimen, el papel de gobernador que le encargaron los ciudadanos. ¿Cuántos de sus compañeros, titulares de ejecutivos a nivel estatal, se conformarán con ser, en los hechos, delegados de los superdelegados de Morena?

El Senado aprobó, en lo general, la minuta de la Cámara de Diputados que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Bienestar, así como la figura de los superdelegados, proyectos planteados por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

El senador por Jalisco de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, criticó las modificaciones aprobadas en la cámara alta a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que aprobó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pues, señaló, "está hecha para concentrar el poder, para invadir otras esferas de gobierno y para restaurar modelos de control político del siglo pasado".

En un comunicado, el emecista presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, refirió que la reforma representa la puesta en marcha de lo que llamó un "proyecto de restauración del hiperpresidencialismo, del centralismo y la concentración del poder, y por ello, desde Movimiento Ciudadano no podemos acompañarla".

El partido criticó que la reforma está basada en la verticalidad y la concentración del poder y señaló los cambios en la Oficina de la Presidencia ya Secretaría de Seguridad Pública, agregó el comunicado.

Agregó que el aval en el Senado atropella al pacto federal, en referencia a la figura de superdelegados, que "pretenden posicionarse como una estructura de control político dentro de las entidades federativas, absorber funciones de seguridad pública por encima de las atribuciones constitucionales de los gobiernos locales".

López Obrador no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Y es claro que nunca hará una consulta de verdad. Sólo le gustan las que él puede manipular.

De los 78 calificativos recogidos en su ya célebre texto "AMLO poeta" de Gabriel Zaid, Francisco I. Madero merecía por lo menos 20 y éstos: arrogante, blanquito, burócrata fifí, chachalaca, fichita, fresa, hablantín, mapache de angora, de la minoría rapaz, monarca de moronga azul, ñoño, obnubilado, oportunista, pirrurris, reaccionario de abolengo, riquín, señoritingo, tecnócrata neoporfirista y ternurita.

Un miembro en toda regla de la "mafia del poder". Muy bien educado incluso en Europa, muy raro entonces. Empresario teórico y práctico. Sin duda el más fifí de los 3 cuyos retratos suele tener a sus espaldas el autodesignado Mesías de la 4a. transformación.

Como se sabe, también Madero, como Juárez, fue un liberal cabal. Más respetuoso de la ley y aquí sí demócrata. Pero igualmente soportador de la libertad total de expresión. Lo destrozó la prensa hasta hartarse y no la atacó ni con el pétalo de una rosa. Hasta aquí no tiene ningún parecido López Obrador con Madero.

Sorprendió a todos cuando "al cuarto para las 12" de la consulta sobre el aeropuerto, apareció un estudio de NavBlue, subsidiaria de la armadora de aviones Airbus, que avalaba el aeropuerto de Santa Lucía. El gobierno entrante estaba urgido de demostrar que su alternativa a Texcoco era realmente viable, así que el presidente electo López Obrador luego, luego subió un video para presumir el citado estudio.

A unos cuantos días de esos hechos, dentro del propio gobierno electo, al interior de Morena, se han desatado las sospechas de que Airbus podría estar recibiendo un megacontrato de la administración López Obrador como posible compensación por haber lanzado ese "estudio-salvavidas" de Santa Lucía a la hora que tanto se necesitaba.

Este megacontrato sería para renovar por 10 años más, sin licitación de por medio al tratarse de un asunto de seguridad nacional, la red con la que se comunican de manera encriptada las instancias gubernamentales encargadas de la seguridad y procuración de justicia en todos los niveles de gobierno. Se llama Red Nacional de Radiocomunicación, conocida como Red IRIS. Es un negocio de 12,000 millones de pesos.

Aparentemente, Airbus estaba por perder la renovación de ese contrato porque su tecnología Tetrapol no ofrece aún todas las capacidades que tiene la de sus competidores (Motorola, Huawei, Harris, EFJohnson, Tait), según varios expertos, y porque complicaría la intercomunicación entre dependencias y niveles de gobierno. Futuros funcionarios del gobierno de López Obrador y funcionarios actuales de la Comisión Nacional de Seguridad de la administración Peña Nieto habrían estado de acuerdo en ya no renovarle el contrato a Airbus y considerar otras opciones, pero aparentemente de última hora le dieron la vuelta a esta intención gracias a un apoyo que habrían recibido del futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú (el más beneficiado políticamente por el estudio de NavBlue-Airbus a favor de Santa Lucía), en coordinación con altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación actual. Eso desató la sospecha dentro del mismo equipo lopezobradorista de que estaban pagando el favor.

Ante las críticas Airbus ha contraofertado, me cuentan, que tiene lista una versión no obsoleta de Tetrapol que se llama Tetrapol IP. La han cuestionado con que cuesta 10,000 millones de pesos más y que su instalación demoraría hasta 5 años.

La próxima semana se debe tomar la decisión: renovar el contrato de Tetrapol a Airbus o permitir la entrada de la tecnología P25 con la que quieren competir Motorola, Huawei, Harris, EFJohnson y Tait. La sesión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se ha convocado para el 26 de noviembre, todavía dentro de la actual administración de Peña Nieto pero, como muchas otras, ya en clara coordinación con el gobierno entrante de López Obrador.

Cuando estuvieron reunidos los principales contratistas del nuevo aeropuerto de Texcoco, quienes habían sido previamente convocados por Javier Jiménez Espriú, Andrés Manuel López Obrador les dijo, palabras más, palabras menos: el aeropuerto es importante, pero México es todavía más importante.

El encuentro se llevó a cabo el pasado 5 de noviembre. Asistían los presidentes o directores generales de las principales empresas que siguen trabajando en la construcción del aeropuerto. El objetivo era tranquilizarlos tras el anuncio de la cancelación del proyecto.

López Obrador no justificó la decisión por los supuestos actos de corrupción que en campaña dijo se habían cometido en el proyecto. Explicó, más bien, que los contratistas no perderían dinero ya que el nuevo gobierno los compensaría. Habrá mucha obra pública, dijo, y la podrán llevar a cabo las empresas que están realizando los trabajos del aeropuerto.

Cuando se le señaló que la Ley de Obras Públicas impide que los proyectos sean asignados de manera discrecional, López Obrador respondió: Sí, ya me han dicho eso... Pero tenemos mayoría en el Congreso. Ya veremos cómo lo arreglamos.

Los contratistas reunidos agacharon la cabeza y aceptaron. Sus empresas dependen en mayor o menor medida de la obra pública. Por eso nadie ha protestado públicamente y ninguno ha anunciado que acudirá a los tribunales para obtener las indemnizaciones que corresponderían por ley y por contrato. Conocen a López Obrador y saben que, seguramente, sí les dará obras para compensarlos, aunque viole la ley o aunque la cambie para evitarse la molestia de licitar las obras.

Ya vimos un ejemplo en Tabasco. El congreso local, dominado por Morena, modificó la Ley de Obras Públicas del estado para eliminar el requisito de las licitaciones en "proyectos estratégicos" o cuando "las obras o servicios sean convenidos con la federación o con las empresas productivas del estado para la realización de proyectos estratégicos en materia energética". López Obrador está ya preparando el terreno para evitar las licitaciones públicas de la refinería que quiere construir en Dos Bocas.

Esto, sin embargo, representa un enorme retroceso para el país. Las licitaciones públicas han sido uno de los logros más relevantes en la lucha contra la corrupción. La obligación de licitar está incluso plasmada en el artículo 134 de la Constitución.

Sería lamentable que el nuevo gobierno abandonara las licitaciones y regresara a la práctica de la asignación directa y discrecional. El costo para México sería muy elevado. López Obrador ha cuestionado, y con razón, la corrupción de los gobiernos anteriores, pero eliminar las licitaciones simplemente abriría las puertas a una nueva era de corrupción.

Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), advirtió riesgos a la autonomía del Banco de México y a la libertad de expresión.

El presidente electo ha fraguado esta semana el molde de una impunidad para los delitos que se hayan cometido previamente a su llegada a Palacio Nacional el 1 de diciembre.

Así lo dijo AMLO el lunes: "Si lo argumento se va a entender mejor. Es tanta la corrupción en México, que no nos alcanzarían las cárceles ni los juzgados, pero, además, si somos honestos, como lo somos, tendríamos que empezar por los de arriba... de tiempo atrás, y eso nos metería en un pantano de confrontación. Entonces tenemos que tomar la decisión. Yo no quiero hacer lo mismo, no quiero simular, no me gusta la espectacularidad en la política..."

-Denise Maerker: "¿Agarrar a 1 o 2?"

-AMLO: "No, tendríamos que ir hacia arriba y sería, pues, un acto de confrontación muy fuerte, o sea, y es apostar a la discordia. Entonces, ¿qué hacemos? Yo, mi planteamiento, mi propuesta, es: vamos a iniciar una etapa nueva. Vamos a dejar atrás la horrible historia de corrupción. El sueño o la pesadilla. Para acabar con la pesadilla".

A Aristegui le dio un poco más de detalles sobre los demonios que una persecución judicial de grandes actos de corrupción desatarían, pero en esencia, desde su comparecencia en Televisa López Obrador dejó entender que él cree que lo que nos conviene es la pax corrupta.

Argumenta que no quiere confrontación, pero también se puede deducir que a) el próximo presidente duda de las actuales capacidades institucionales para armar buenos expedientes, así que prefiere no gastar su capital en perseguir sin éxito a peces gordos, y b) que, en última instancia, dado que la corrupción es el sistema (Zaid dixit), el presidente que abra esa caja de Pandora pudiera terminar -a la Brasil- atrapado en la telaraña.

En suma, bajo el pretexto de evitemos la crispación, López Obrador quiere vacunarse contra el bochorno de ver cómo abogados bien pagados le impiden procesar a nadie y en una de esas hasta se la reviran.

En el país donde la pax narca intentada en el peñismo nos trajo más muertos, ¿qué se puede construir sobre la idea de una pax corrupta?

Porque la corrupción en México no es algo que "solo" implique que alguien se embolse dinero. Es una decisión de un ente de poder para beneficiarse particularmente en detrimento del bienestar general.

Ello provoca muertes, descalabros en economías familiares, desigualdad y, desánimo social. La pax corrupta es una contradicción etimológica. Nadie perdona a quien no se ha arrepentido, nadie olvida a quienes le traicionaron si lejos de pagar por sus crímenes vivirán durante generaciones a costa de ellos. Nadie encuentra la paz dentro del agravio.

La invitación de AMLO no tiene futuro. Y no será el 1er. afectado, sino la población, si pretende seguir por ese camino. Solo abonará a que la crispación aumente en el tiempo, y a que más delitos -surgidos de la impunidad- abonen (más) al desencanto con la democracia. Eso lo pagará López Obrador. Y con él, todos.

Quizás en la mascarada que protagonizó hace 12 años, al autoproclamarse "presidente legítimo", Andrés Manuel López Obrador incorporó al ritual de su sainete otra fórmula. Farsa al fin, era válido que lo hiciera. Sin embargo, a su edad (65 años recién cumplidos) y con las horas de vuelo que lleva acumuladas como personaje de la vida pública en México, el hoy presidente electo ya debería saber que, al tomar posesión -esta vez en serio-, protestará formalmente "cumplir y hacer cumplir las leyes" del país que, por mandato del pueblo, empezará a gobernar dentro de 10 días... Si lo sabe, ¿qué caso tiene realizar una consulta -una más- para plantear a los ciudadanos una pregunta cuya respuesta es obvia...?

La pregunta sería si él, ya como Presidente, "debe de promover que se juzgue para que se haga justicia (...) y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros" a los ex presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

No se necesita ser jurista; basta un mínimo de sentido común para responder que, ante indicios estimables o señalamientos concretos sobre algún delito que cualquier ciudadano hubiese cometido, lo mismo si desempeñó algún cargo público que si no lo hizo, la autoridad judicial, por mandato de ley, tiene la obligación de investigar y eventualmente perseguir, juzgar, sentenciar y sancionar al delincuente; con una sola salvedad: que el delito no hubiera prescrito.

Hacer una consulta para cuestionar lo incuestionable, es, por donde se mire, una necedad; un ejercicio ocioso; un desplante pretendidamente democrático, que se queda en el terreno de la demagogia (por definición, "ideología o actuación política que trata de agradar al pueblo con promesas o realizaciones fáciles, ocultándole o no afrontando problemas más importantes").

Si el pueblo votó por él, fue, entre otros motivos, por su más reiterativo compromiso de campaña: luchar contra la corrupción. La mejor manera de luchar contra la corrupción consiste en exhibir y sancionar a los corruptos.

El argumento de que la venganza no es su fuerte, cojea, primero, porque combatir el delito persiguiendo a los delincuentes no es un acto de venganza, sino de justicia; y cojea, segundo, porque un presidente (electo) que suele responder a sus críticos más con ironías y cuchufletas ("fifís", "cajamanes"...) que con argumentos, denota propensión a la intolerancia y tendencia a refugiarse en la violencia verbal que es, a todas luces, una modalidad burda y grosera de la venganza.

Alfonso Romo ocupará la posición de jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

Carlos Urzúa será el titular de una fortalecida Secretaría de Hacienda.

Ambos serán personajes poderosos en la nueva administración.

Ambos saben que las aspiraciones de AMLO van a ser condicionadas por el entorno económico y financiero.

Muchos del círculo de López Obrador lo ignoran, o incluso desprecian a los mercados.

Romo y Urzúa son "el cable a tierra" de quien será presidente de la república en 9 días.

Por eso, representan un problema para quienes no quieren que AMLO tenga esta conexión. Para algunos, la tarea es debilitarlos.

Ayer, hubo quienes corrieron en redes sociales la versión de que Romo había renunciado.

Y, también hay quienes hacen campaña señalando que Urzúa se encuentra muy debilitado.

La realidad es que el secretario de Hacienda será el funcionario más poderoso del próximo gabinete y Romo tendrá un derecho de picaporte y una ascendencia que muchos envidian.

Ese hecho es el que da una relativa estabilidad a los mercados financieros.

Los vaivenes financieros de las últimas semanas han sido producidos por las decisiones de AMLO (en el caso del aeropuerto) o de Monreal (en el asunto de las comisiones bancarias).

Romo y Urzúa han salido a estabilizar y han evitado que las inquietudes se desborden.

Sin embargo, pese a que han tenido que jugar el papel de bomberos, los indicios señalan que ambos mantienen el respaldo de López Obrador.

Se ha dicho muchas veces que el movimiento de López Obrador es de lo más diverso y heterogéneo. Hay quienes ven en esa diversidad su fortaleza.

Tal vez en una campaña electoral, esa visión fuera correcta. Pero, como gobierno, la diversidad de visiones puede implicar el conflicto o la parálisis.

Y, lamentablemente, creo que 2 de los integrantes del gabinete de AMLO que más pueden hacer a favor del crecimiento del país, van a ser los blancos cercanos de los ataques y las críticas.

Ojalá tengan por un tiempo largo el respaldo de AMLO.

La consulta nacional sobre 10 programas prioritarios acusa problemas como la poca información disponible sobre los proyectos propuestos. A falta de un marco legal adecuado, se vuelve un montaje.

Quisiera burlarme de las inconsistencias en términos militares, los problemas de conceptos como la "inderogabilidad" de una nación, la confusión histórica y la vaguedad de la propuesta para crear la Guardia Nacional, pero esto no es gracioso. Es grave y es un engaño: es la construcción de una fuerza militarizada para el gobierno de Morena.

El tema de la amnistía causó controversia cuando como candidato en diciembre pasado lo propuso López Obrador para otorgarle el perdón a los líderes del narco que no hayan cometido delitos graves como homicidios, como medida para pacificar al país.

A juzgar por lo visto y escuchado en la entrevista colectiva que le hicieron a AMLO los periodistas de Tercer Grado, y que ratificó ayer, esa amnistía o perdón llegará a los integrantes de la "mafia del poder" que tanto fustigó por corruptos en la pasada campaña electoral, con el llamado "punto final" para no castigar hechos pasados de corrupción, para no crear, dijo, un clima de confrontación en el país. Una especie de borrón y cuenta nueva a partir del 1 de diciembre.

Aquí, pues, el gran reto será implementar estas figuras de invitación a la reincorporación social a quienes han infringido la Ley, sin reagredir a las víctimas y sus familiares, y no ensanchar el amplio manto de impunidad, que es el principal estímulo para seguir delinquiendo.

En el partido del presidente electo López Obrador están realizando consultas legales y a sus estatutos para definir qué hacer con el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal.

Fuentes de 1er. nivel me aseguran que el controversial Monreal sí se fue por la libre. Que no está jugando al "policía bueno-policía malo" en una "pelea" arreglada con López Obrador en el asunto de las comisiones bancarias para asustar a los empresarios, sino que la iniciativa de ley para cancelar varias de ellas fue una ocurrencia que no consultó con nadie. Ni siquiera apareció en la agenda legislativa que presentaron los de Morena. Tampoco fue tema en ninguno de los 3 encuentros que han tenido los legisladores morenistas con el presidente electo López Obrador. Y el asunto tuvo consecuencias:

La 1a. fue económica. Se desplomó la bolsa y se disparó el dólar, pero lo peor fue que los mercados e inversionistas no creyeron al futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ni al futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuando salieron de emergencia a tratar de contener la debacle con el discurso de que no iba a suceder. La contuvieron, pero sólo poquito: el golpe central ya estaba dado.

La 2a. fue la reacción de Monreal ante el evidente jalón de orejas que le dieron López Obrador, Urzúa y hasta la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky. Lejos de recapacitar, se declaró en pie de guerra e incluso varios de los integrantes de la bancada de Morena en el Senado contaron que Monreal les dijo que Urzúa y Yeidckol andaban defendiendo a los ricos porque eran gente de dinero, y cosas así.

El tema de qué hacer con Monreal se ha vuelto una de las prioridades en el partido. El problema es que los estatutos de Morena no son claros sobre los coordinadores de las bancadas legislativas.

Según me informan estas fuentes bien enteradas, ya se realizaron consultas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para definir una vía legal que pueda ser utilizada para remover a Monreal, aunque esta decisión no se ha tomado. La definición que recibieron del TEPJF es que las bancadas son brazos de los partidos, lo cual dejaría en una posición de debilidad cualquier intento de rebelión legislativa, si es que lo hay.

Otra de las cosas de las que pueden echar mano es que consideran que la elección de Monreal como coordinador fue amañada, y hacen una diferencia: mientras Mario Delgado arrasó en una elección interna de su bancada en la Cámara de Diputados, Monreal habría presionado a los senadores morenistas para que firmaran ante notario su compromiso con él.

Esto, aclaro, es lo que está sucediendo dentro de Morena frente a los desplantes del coordinador de sus senadores. Falta ver qué es lo que está haciendo Ricardo Monreal para defenderse y atrincherarse, y saber qué tan popular es realmente al interior de su bancada frente a un posible ajuste instruido desde el partido.

Porque una cosa es el duelo entre el partido y la bancada, y otra si interviene directamente el presidente electo [y dueño del partido - el webmaster].

Me he prometido no hacer profecías respecto de lo que será la llamada 4a. transformación, mucho menos sobre sus logros o fracasos. Sin embargo, las propuestas formales del gobierno electo, en parte ya leyes aprobadas, anuncian con cierta claridad su diseño estratégico.

En afán de resumir, diría que lo que se perfila como el fondo de la 4a. transformación es el tránsito a machetazos del imperfecto modelo de república federal que conocemos hacia un modelo de república centralista de nuevo cuño.

Creo que los 2 pilares son la nueva ley de la administración pública federal, aprobada por la mayoría lopezobradorista en el Congreso, y la anunciada reforma constitucional para dar al Ejército responsabilidades plenas, y mando único, en el manejo de la seguridad pública.

Nuestra policía de todos los días será militar. Lo lógica política de ambas decisiones es centralizar.

La nueva ley crea la figura de los delegados federales únicos en los estados, los "superdelegados", que nombra el presidente y que le reportan a él, igual que sus secretarios de estado.

Los superdelegados se encargarán de vigilar el manejo de las inversiones federales, en promedio, 85% de los ingresos estatales.

Cada superdelegado federal tendrá bajo su mando varios subdelegados regionales, unos 300 en toda la república, tantos como distritos electorales.

Superdelegados y subdelegados se encargarán de velar por que las inversiones de la federación aterricen efectivamente en cada lugar.

Resumen: un poder político, administrativo y financiero alternativo a los poderes locales, para vigilarlos, controlarlos, competir con ellos, desarrollar clientelas propias y, eventualmente, ganarles las elecciones.

El programa de militarizar la seguridad pública contempla la existencia de 266 unidades en toda la república. De sus consejos locales formarán parte los superdelegados y los subdelegados políticos de la federación. Junto con pegado: dinero y fusiles.

Son 2 maneras complementarias de ocupación del territorio desde el centro. Una, política, financiera y administrativa. La otra, militar y policiaca.

No hemos visto en mi generación, digamos desde 1968, un proyecto de centralización territorial, política, administrativa, policiaca y militar tan grande como la que anuncian los primeros pasos de la Cuarta Transformación.

Aunque integrantes de Morena y del equipo de transición no lo quieran admitir, los golpes más fuertes que han tenido los mercados financieros recientemente han derivado de las decisiones del presidente electo o del congreso dominado por Morena.

Los economistas del equipo de AMLO tendrán que revisar los discursos que va a pronunciar AMLO en su toma de protesta, pues podrían tener un impacto negativo en los mercados si envían señales que puedan considerarse como desafiantes a los inversionistas.

Lo lógico sería regresar en diciembre al discurso que generó tranquilidad en los meses de julio y agosto.

Y más aún, ese mensaje de estabilidad debe estar también contenido en el Paquete Económico 2019, que habrá de presentarse a más tardar el 15 de diciembre.

Sin embargo, la experiencia de las últimas semanas deja ver que López Obrador puede ser un personaje poco predecible.

Andrés Manuel López Obrador ya decidió que no va a perseguir actos de corrupción ocurridos antes del 1 de diciembre de 2018 porque no alcanzarían las cárceles en el país y porque tendría que "ir hasta arriba" y eso metería a la nación en "un pantano", y habría una confrontación muy, muy fuerte. Su compromiso contra la corrupción será sólo por lo que ocurra de ese día en adelante.

Así lo dijo anoche durante la entrevista que le hicimos en una edición especial de Tercer Grado, en Televisa.

Admitió que su decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco impactó negativamente en la cotización del peso y las tasas de interés, costo que tendrá que pagar su gobierno. Pero afirmó que el presupuesto alcanzará para cubrirlo, cumplir sus promesas de campaña y mantener la estabilidad macroeconómica sin aumentar la deuda y sin elevar impuestos ni precios de los combustibles.

Reconoció que su decisión de mantener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es una rectificación que obedece al pésimo estado de la Policía Federal. Y fue muy enfático en que la parte social, la construcción de opciones a los jóvenes y a la mayoría de la población empobrecida constituyen la parte medular de su estrategia para pacificar al país.

Así como insistió en que la corrupción se terminará el 1 de diciembre porque él es honesto, desestimó las críticas a las consultas que organizó por medio de su partido y grupos afines con el argumento de que ellos son honestos y serían incapaces de cometer un fraude. Aunque sean ejercicios diseñados por Morena, con mesas de votación concentradas en sus bastiones electorales y sin candados, negó que sean una simulación o una traición a la lucha a favor de procesos confiables e imparciales. Prometió que ya siendo gobierno, las consultas quedarán en manos del Instituto Nacional Electoral.

Su visión del mundo, la historia y la política actual quedó reflejada nítidamente en sus respuestas.

López Obrador puede cambiar de idea después de años de insistir en algo radicalmente distinto o hasta opuesto y al mismo tiempo persistir en su acusación de que quienes no están de acuerdo con él, antes o después, es porque son sus adversarios, son conservadores, no quieren el cambio, son corruptos o les gusta que otros lo sean.

Lo mismo aplica para los que estuvieron de acuerdo con él durante una década en que la militarización de la seguridad pública no era una buena medida y que hoy lo critican porque su plan profundiza esa militarización, que para aquellos que criticaban al PRI y pedían procesos electorales limpios y que hoy critican sus consultas. Las críticas vienen siempre de "adversarios".

Coincidir con él es formar parte del pensamiento liberal (los buenos, en su esquema) y discrepar de él es militar en la corriente conservadora (los malos en el libro andresmanuelista), que según él han luchado durante toda la historia de México, esa que en la versión lopezobradoriana se parece más a una batalla entre ángeles siempre buenos y demonios siempre malos. No importa que los ángeles un día combatan a los corruptos y al siguiente decidan que mejor no los van a castigar porque sería peligroso para el país. Él siempre estará del lado de los buenos. Quien discrepe, irremediablemente estará en el campo de los malos.

El Presidente electo confesó que está haciendo todo para llegar al 1 de diciembre teniendo bien tomadas las riendas del poder. Por eso consideró que hacía falta dejar claro que su gobierno no estará supeditado a intereses económicos.

12 días antes de llegar a Palacio Nacional, López Obrador está convencido de que el país cambiará profundamente solo con su llegada. Se acabará la corrupción, la gente tendrá empleo y oportunidades de desarrollo y la economía crecerá 4% en 2019, pese a las crecientes muestras de desconfianza de los inversionistas.

Quienes dicen que no importa que caigan la Bolsa y el tipo de cambio por las ocurrencias de Monreal no saben que las crisis económicas suelen empezar por desplomes bursátiles y devaluaciones. Por eso López Obrador está tan interesado en distanciarse de la prohibición de las comisiones bancarias de Monreal.

Cuando el entonces candidato proponía "abrazos, no balazos" para combatir el fenómeno galopante de la inseguridad, hubo 2 tipos de reacciones: las sonrisas socarronas de quienes la interpretaron como una ocurrencia..., y las sonrisas, más socarronas aún, de quienes la interpretaron como una soberana tontería.

No podía ser de otra manera, por lo demás. Más allá de las buenas intenciones, rayanas en la ingenuidad -por no decir que en la estupidez-, nadie, con 2 dedos de frente, podía soslayar que combatir a la delincuencia que se ha enseñoreado del país, exige el uso de la inteligencia, sí, para diseñar una estrategia plausible..., pero también de la fuerza, porque quienes han hecho del robo, el secuestro, la extorsión, el narcotráfico y el crimen en cualquiera de sus modalidades su modus vivendi, no iban a modificarlo, como por arte de magia, sólo por quedar bien con el hoy presidente electo.

A partir de que se anunció, la semana pasada, la creación de la Guardia Nacional -un híbrido entre la policía y el Ejército y la Marina-, surgió la polémica. Para los legalistas a ultranza (incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que de manera oficiosa se pronunciaron... como era previsible que lo hicieran), la iniciativa implica, en sentido estricto, violar las leyes existentes. Pero, a partir de que "las leyes se hicieron para servir a los hombres, y no los hombres para servir a las leyes", y de que la división de poderes otorga al poder legislativo la facultad de modificar las leyes, cuando se estime necesario o pertinente, la solución es muy simple: adecuar la normativa obsoleta e inoperante, a las legítimas demandas presentes de la sociedad.

Para algunos analistas, la propuesta implica el riesgo de que sacar a soldados y marinos a las calles ocasione abusos y violaciones a los derechos humanos; abusos y violaciones, por lo demás, como los que ya se cometen ahora.

Más dudas que certezas dejó el tan esperado Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentó la semana pasada el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el que su principal apuesta es la creación de la Guardia Nacional, que integrarán policías federales, militares y marinos.

La paradoja es que la primera en decir no a que ese nuevo cuerpo policial cuide de su demarcación fue nada más y nada menos que la futura jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la morenista Claudia Sheinbaum, quien expresó al día siguiente que ella se queda con sus policías y no con la Guardia Nacional propuesta por su jefe político.

Ese posicionamiento no es cosa menor, si tomamos en cuenta que en la exposición del modelo de seguridad de lo que no se habló fue justamente de las policías estatales y las municipales.

Implícitamente el mensaje fue claro: en la estrategia para buscar cumplir la promesa de pacificar el país, que es la principal demanda y reclamo social, no figuran de arranque las corporaciones policiales locales por el alto grado de infiltración delincuencial que padecen.

La pregunta es qué le da la seguridad al nuevo gobierno y al futuro secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, y al próximo secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, que quienes integrarán la Guarda Nacional estén libres de esa penetración de las mafias, presentes tanto en corporaciones federales como castrenses.

El anuncio del nuevo Plan de Seguridad coincidió con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar atrás la controvertida Ley de Seguridad Interior que pretendía darle certeza jurídica al actuar del Ejército en labores de vigilancia policial, que tanto fue criticada por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, incluso por la bancada morenista en la pasada Legislatura federal.

Por eso hoy se escuchan, con sobrada razón, críticas al presidente electo y a su equipo de proponer la militarización policial, cuando en su momento de opositores, exigían que los soldados regresaran a los cuarteles.

Lo único que se mencionó es que se invitará a los gobernadores y sus mandos policiales a participar en la junta mañanera que todos los días encabezará a nivel federal el propio presidente, junto con su gabinete de seguridad, y que replicarán en los estados los súper delegados, con los mandos de la Policía Federal, marinos y militares.

Habrá que ver si los gobernadores, como la Sheinbaum, dicen no, gracias.

Investigadores, habitantes e integrantes de organizaciones sociales, solicitaron al gobierno federal electo que presente el estudio de impacto regional del nuevo proyecto aeroportuario en Santa Lucía, que sustituirá al de Texcoco, así como que se lleve a cabo una consulta entre los residentes de los pueblos originarios para saber su opinión sobre la terminal aérea.

Este domingo se realizó el 1er. foro Tampoco Santa Lucía para el Nuevo Aeropuerto, en el que participaron especialistas en hidrología en el centro de Tecámac, para exponer que realizarlo en Santa Lucía sería muy costoso, porque agudizaría la escasez de agua debido a que el acuífero Cuautitlán-Pachuca registra actualmente una sobreexplotación superior a 500%.

"El tener un aeropuerto por pequeño que sea va provocar que la región se urbanice y por consiguiente se pierda la capacidad de captar el agua y hacer un manejo de cuenca con cerros alrededor para que se recargue el acuífero. Con las mismas razones ecológicas con las que se echó abajo el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, también puede echarse abajo en Santa Lucía porque aquí estamos asentados en el lago de Xaltocan", comentó Óscar Armando Monroy Hermosillo, académico en Biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Los que participaron en el encuentro también pidieron al gobierno electo, que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre, que presente el anteproyecto del nuevo aeropuerto.

El Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua, conformado hace unos días, expuso que con el aeropuerto en Santa Lucía está en riesgo latente la sustentabilidad de la Cuenca de México.

Paco Calderón
(18 de noviembre de 2018).

Andrés Manuel López Obrador entendió que su peor enemigo era la incertidumbre. Y la toreó adecuadamente. 1o., presentó su gabinete a media campaña electoral. Frente a las dudas, el ahora presidente electo confiaba la gestión de la política económica en hombres y mujeres respetados por la élite empresarial: Carlos Urzúa, Gerardo Esquivel, Alfonso Romo, Graciela Márquez. De la misma forma, para quien creía que López Obrador se estaba volviendo muy "moderadito" oficializó los nombramientos de Luisa María Alcalde y Olga Sánchez Cordero (bien vistas por la izquierda).

Luego del gabinete, llegó el momento de comprometerse a no subir los impuestos, ni a los ricos ni a nadie. Luego dijo que nada de deuda, déficit ni exceso de gasto público. Y terminó diciendo que ni de broma le pasaba por la cabeza buscar la reelección en 2024. El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México fue apagando, uno a uno, los fuegos inciertos que acechaban y amenazaban la viabilidad de su candidatura.

La respuesta de las urnas: López Obrador arrasó. Y en los días siguientes, nunca llegó el apocalipsis que presagiaron analistas, periodistas y comentaristas. El tipo de cambio bajó y comenzó una larga transición en donde el presidente electo tuvo, siempre, "el sartén por el mango". El apretón de manos con Enrique Peña Nieto y la reunión con los empresarios, en la 1a. semana de transición, pavimentó un mes de julio de "luna de miel". Las dudas de muchos dieron paso a la expectativa. La renegociación exitosa de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá coronaba una transición impecable.

Sin embargo, comenzaron los titubeos. Se esfumó el López Obrador presidencial, con un discurso sólido y creíble, y volvió el candidato. El político que parece sentirse cómodo en el terreno de la ocurrencia. El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México simbolizó la ruptura de ese camino terso hacia el Palacio de Gobierno. No sólo por la consulta, que dividió a tirios y troyanos, sino por las contradicciones en el discurso. ¿Echamos atrás Texcoco por corrupción, pero mantenemos esos mismos contratos en Santa Lucía? ¿Queremos separar el poder político del económico, pero dejamos al socio de Riobóo como el mandamás de Santa Lucía?

Y luego de la consulta, todo indicaba que volvía la estabilidad. Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, se comprometió a no impulsar otra consulta fuera de la ley. Propuso reformar la Ley de Consultas Populares y, con ello, dar certidumbre jurídica a cualquier ejercicio ulterior. Y, pues no. Tras la marcha en la Ciudad de México, López Obrador reaccionó con otra consulta y poniendo 10 proyectos, de infraestructura y política social, a decisión de los ciudadanos. Entre ellos, el Tren Maya que se consultará, pero que ya tiene fecha de inicio de construcción: el 16 de diciembre.

Luego llegó la propuesta de Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, de regular las comisiones bancarias. Recordemos que, en México, una tercera parte de los ingresos de la banca provienen de las comisiones. Una iniciativa valiosa y que desató el aplauso unánime entre tantos mexicanos que nos sentimos estafados por las comisiones que cobra la banca. No obstante, demostró, una vez más, que existen discrepancias entre el proyecto legislativo de Morena y lo que opina el presidente electo. Horas después de la propuesta, López Obrador salió a decir que no respaldaba la ambiciosa apuesta de Monreal y que no cambiaría las reglas del juego bancario hasta 2021.

Hay quien cree que la certidumbre es un concepto conservador. La palabra ha sido tan manoseada, que en muchas ocasiones parece que dotar de certidumbre a un proyecto político es arrodillarse ante los mercados, que los banqueros determinen la agenda del país o que impere el estatus quo. La certidumbre como sinónimo de inmovilismo. La certidumbre como sinónimo de claudicar frente a los poderosos. Discrepo de esta idea.

La certidumbre es y será el mejor aliado del gobierno que quiera cambiar las cosas en este país. López Obrador debe aprender de su historia. Cuando su discurso ha sido cierto y creíble, y ha apelado al sentido común de la mayoría de los mexicanos, se ha diluido el temor sobre sus intenciones. La campaña y los primeros 60 días de transición son un ejemplo de ello. La certidumbre es la construcción de un espacio de estabilidad que le permite al gobernante, con la mayoría parlamentaria que lo acompaña, tener margen de maniobra para empujar los cambios que prometió al electorado. López Obrador tiene 3 grandes retos: hacer de México un país menos violento y, por lo tanto, más seguro; hacer de México un país menos corrupto y, por último, hacer de México un país menos desigual y con menos pobreza. La certidumbre abona a estos objetivos.

Veamos qué gobiernos llegaron con ese mandato y lograron avanzar en su agenda. ¿Felipe González en España o Ricardo Lagos en Chile? ¿La 1a. etapa de Lula Da Silva en Brasil? ¿El actual gobierno socialista de António Costa en Portugal? Todos tienen un común denominador: proyectos de izquierda que llegaron al poder con una oposición furiosa de los mercados y que, con un mensaje de estabilidad, certidumbre y sentido, lograron ganar credibilidad dentro y fuera de sus países. No se pelearon con la certidumbre, abandonaron las ocurrencias y optaron por enfocar sus baterías en resolver los problemas de las mayorías.

Cometería un grave error López Obrador si entiende su gobierno como un juego de vencidas con los mercados, los empresarios o las clases acomodadas del país. Por supuesto que López Obrador debe mandar un mensaje de que su gobierno no será chantajeado y manipulado por los intereses fácticos, pero eso no implica desconocer la importancia del Estado de Derecho, la certidumbre presupuestal y la claridad del proyecto que se desea construir. La incertidumbre sólo alimenta a quien anhela apasionadamente su fracaso. Le da argumentos a quien desea fervorosamente que el sexenio que, está por comenzar, entierre la idea de que la izquierda puede ser una alternativa para México.

La certidumbre es fundamental por la estabilidad que permite para empujar cambios de envergadura. Y es fundamental por otra cosa también: la credibilidad. La certidumbre dota de credibilidad a un proyecto. Por ejemplo, las consultas: más vale una consulta con alta participación, separación entre el árbitro y el promotor, encuadre legal y garantías democráticas, que decenas de ejercicios que suscitan más la descalificación que el involucramiento de los ciudadanos.

Estamos frente a uno de los momentos políticamente más agitados de la historia del país. Es la 1a. vez que llega un gobierno que abiertamente discrepa de la línea económica seguida por las administraciones que tienen el poder desde 1982. De la misma forma, reniega de la tecnocracia y el coqueteo con los poderes fácticos. Y, en gran parte, estas posturas provocaron una gran movilización de electores a favor de López Obrador.

Empero, hacer consultas legales no significa caer en los chantajes de los poderes fácticos, sino respetar la voluntad y dar garantías democráticas a quien decida participar. Proponer proyectos realizables no es claudicar frente a Slim o Larrea, sino ganar credibilidad frente al ciudadano y demostrar que se pueden hacer las cosas distinto. Proponer un presupuesto en donde los egresos y los ingresos cuadren no es caer en la agenda del PRIAN, sino resignificar el gasto público como instrumento para mejorar la vida de las mayorías y sin endeudar a las futuras generaciones. Trabajar acuciosamente las iniciativas que se presentan, y ser transparentes en su construcción, antes de soltarlas como fuegos artificiales, es mandar un mensaje de que la administración entrante va en serio y no sólo opera a través de amagues. No contradecirse entre gabinete y líderes parlamentarios es mandar señales de que hay un rumbo compartido. La certidumbre no es un regalo a los poderes fácticos, sino el compromiso que adquirió López Obrador con más de 30 millones de votantes. Su credibilidad está en juego.

El nuevo Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, presentado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no resolverá el problema de violencia del país al no reforzar las policías y militarizar la vida pública con la Guardia Nacional, aseguró Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de enero de 2007 a septiembre de 2011.

"Es insuficiente y además va en contra de la tendencia mundial del fortalecimiento de las policías civiles, mientras que aquí vamos hacia la militarización de la seguridad pública", consideró.

"Es un diagnóstico bastante impreciso y en algunas cosas falso, y la solución que están dando no es la adecuada. Del tema de la Guardia Nacional, es un planteamiento incompleto y equivocado, 50,000 soldados no bastan, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está descalificando a todas las policías, no tiene ningún planteamiento de qué va a hacer con las policías estatales y municipales y federales, y toda la carga va hacia una Guardia Nacional de 50,000. Este país necesita al menos 400,000 buenos policías y 50,000 es la octava parte, no hay manera de que estos resuelvan la violencia de este país. Tienes que solucionar el tema de tener policías eficaces, honestos, y no hay ningún planteamiento en el plan para eso".

"Lo que hace falta son recursos y esta es otra omisión del nuevo plan, porque se requiere al menos triplicar el presupuesto de seguridad para los próximos 15 años y ellos no plantean ningún aumento, junto con mecanismos de transparencia que garanticen el buen manejo de esos recursos. Con policías ganando 5,000 pesos al mes, nunca vamos a tener buenos elementos".

Un gran grupo de ONG rompe el acuerdo que tenía con López Obrador. Una de sus expresiones es: exigimos dotar a la Fiscalía de una autonomía real del poder político, del poder militar y de cualquier otro poder fáctico, a partir de la propuesta que ha sido presentada por los colectivos "Fiscalía que sirva y vamos por más". Eso muestra el descontento y la desconfianza que tienen muchos sectores en México sobre la política que va a realizar el nuevo gobierno.

López Obrador anunció esta semana un cuerpo de asesores de la Presidencia. En la lista están incluidos los mandamases de las 3 cadenas de televisión abierta: Televisa, TV Azteca y Cadena Tres: Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez y Olegario Vázquez Adir, respectivamente. Completan al grupo Carlos Hank González de Banorte (nieto por vía paterna del célebre político mexiquense y de Roberto González por vía materna), Miguel Alemán Magnani (Interjet, hijo del ex presidente), Miguel Rincón (cuadernos Scribe y PIPSA) y Daniel Chávez (Grupo hotelero Vidanta).

Entiende que no puede gobernar enfrentado a la élite empresarial porque ello implica desafiar a los mercados financieros. El inoportuno y pueril ataque de Ricardo Monreal en contra de las comisiones leoninas de los bancos (el fondo de su argumento es cierto, la forma un desatino) ofreció una muestra del descalabro que puede provocar al peso y a la deuda externa una gestión unilateral de la economía.

Andrés Manuel dijo que la reforma educativa había sido un fracaso, entre otras cosas, porque se había hecho sin involucrar a su principal protagonista, los maestros. Quiero pensar que la convocatoria a estos grandes empresarios no representa una claudicación de su proyecto de cambio, sino la aceptación de que cualquier modificación en los injustos patrones de acumulación de la riqueza no puede hacerse sin el concurso de sus propios protagonistas.

México es un país de desigualdades intolerables. No habrán de resolverse empobreciendo a estos capitanes del dinero sino cambiando las distorsiones que hicieron posible las ganancias desproporcionadas, producto de los privilegios, los monopolios y el abuso. Está claro que ir frontalmente en contra de ellos produciría una desestabilización que lastimaría a todos, aislaría al Gobierno y terminaría por lastrar incluso el apoyo popular.

Todo eso puedo entenderlo. Pero me carcome una pregunta: ¿es posible un cambio de régimen con tales aliados? López Obrador pretende utilizarlos en beneficio de su proyecto; ellos participan para defender sus intereses. La pregunta es: ¿quién terminará usando a quién?

Paco Calderón
(16 de noviembre de 2018).

López Obrador tiene la costumbre de tener 3 retratos detrás de él. Ya sea para dar conferencias de prensa o en sus intervenciones en público. Son los de Juárez, Madero y Cárdenas. Se compara con ellos y quizá en una de esas se sienta superior. Pero veamos. ¿Que tanto se parece o se diferencia de los personajes mencionados? Hoy toca Juárez.

Juárez no era demócrata. De no ser por su repentina muerte quizá fuera nuestro Don Porfirio. Aferrado al poder como nadie, pero también con otro gran pecado a cuestas, la firma del tratado Mclane-Ocampo que sólo por razones políticas internas en los EEUU no se aprobó allá. Si no, ya seríamos quizá una especie de colonia norteamericana. Ante la complacencia lopezobradorista ante Trump y las ganas de manifiestas de aferrarse al poder. Aquí creo se le parece. Juárez como liberal en su sentido técnico, inauguró en nuestro país la llamada clase media. Al parecer AMLO la quiere destruir. Benito Juárez era ante todo un modernizador y defensor de las instituciones. Su visión era de progreso. De orden, del imperio de la ley (aunque fuera la suya) y de respeto a la propiedad privada. Con la cancelación del aeropuerto (NAIM) se aleja totalmente de la visión juarista. También al contemplar amnistías y esas cosas raras también va en sentido contrario a Juárez. En cuanto a la austeridad, Juárez reprobaría lo pretendido. Él mismo se designó un sueldo bastante digno (muchas veces sin cobrarlo por tanto relajo) y jamás se le hubiera ocurrido la idea de rebajar sueldos y maltratar a la burocracia, ni destruir los actuales equilibrios de poder e instituciones tal como promete López Obrador. Y Juárez siempre respetó la libertad de expresión de los medios de comunicación. AMLO no.

El Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que será un órgano público autónomo encargado de las funciones otorgadas al Ministerio Público Federal y que sustituirá a la Procuraduría General de la República.

Con 70 votos a favor y 47 en contra se avaló el dictamen, cuya finalidad es reglamentar la organización, el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones de la nueva Fiscalía como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público.

La nueva ley fue respaldada por las bancadas del Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, quienes destacaron la importancia de este marco legal para abatir la impunidad en el país. Mientras, los senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano consideraron incompleta dicha ley, ya que el fiscal general dependerá del titular del ejecutivo federal.

Claudia Ruiz Massieu, senadora y presidenta del PRI, contestó que con esta reforma "no están proponiendo una nueva institución, están proponiendo una institución con otro nombre que replica las viejas deficiencias, que justamente son las que queremos superar".

Según la priista, "si quisieran una verdadera autonomía no tendrían una visión patrimonialista del fiscal respecto del futuro presidente. La Fiscalía que proponen afecta también a la ciudadanía, porque le dificulta el acceso a la justicia".

El senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, criticó la reforma, pues "el fiscal puede ser removido por el Presidente de la República cuando incurra en alguna de las causas graves que establece la ley", por lo que, a su parecer, la Fiscalía carece de autonomía porque no se establece claramente el procedimiento para dicha remoción.

Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, subrayó que "es un retroceso... ignora cientos de estudios, diagnósticos y propuestas, y manipula las demandas de la sociedad civil organizada por un sistema de procuración de justicia plenamente autónomo. Creíamos que iba por buen puerto ante la reconfiguración política del país. Hoy nos topamos con un obstáculo inesperado: el cambio de intereses y prioridades de Morena". Añadió que: "Entendemos por autonomía de la Fiscalía, contar con una institución no solamente libre de ataduras políticas y partidistas, sino eficaz en su funcionamiento y capaz de revertir el ciclo de impunidad que vive México. Ésta ley no lo permite".

El plan de seguridad y paz de Andrés Manuel López Obrador ha desatado una ola de críticas al considerar que mantiene la militarización del país y la estrategia de anteriores gobiernos.

Sería irresponsable regresar al Ejército a los cuarteles en este momento, dijo Alfonso Durazo durante la presentación del Plan de Paz y Seguridad 2018-2024. Lo verdaderamente irresponsable, en todo caso, fue proponer durante la campaña que en 6 meses ya no habría fuerzas armadas en las calles, pero eso es, como dijo un senador de Morena, cosa de campañas. Y tiene razón, exactamente lo mismo hizo Peña Nieto que basó su triunfo en la crítica al modelo de seguridad de Calderón y una vez en la silla siguió la misma política. No es pues extraño, nomás no presuman que son tan diferentes. La militarización de la seguridad se venía fraguando desde mediados del sexenio de Peña. Si el Ejército tiene ya listos varios miles de efectivos para formar la Guardia Nacional es porque son años de trabajo en este cuerpo de policía. Las fuerzas armadas terminaron imponiendo su visión y sus condiciones.

Este es el 1er. sapo que tiene que comer López Obrador como presidente electo. Uno está aquí para tomar decisiones, dijo sin hacer gestos. La diferencia es que esta decisión, al contrario de otras igualmente polémicas como cancelar el aeropuerto de Texcoco o proponer la eliminación de comisiones bancarias, es justo lo que los votantes de López Obrador no querían y podría tener un costo con sus propias bases.

Rechazada por la Corte la Ley de Seguridad Interior, esa que López Obrador y sus seguidores criticaron con singular alegría con no poca razón, ahora lo que tendrá que hacer el presidente electo y muy pronto en funciones es modificar la Constitución para darle a la Sedena y a la Marina facultades en materia de seguridad. No es mal augurio, pero proponer en el plan de paz la eliminación de la tortura y dejar la seguridad en manos de las fuerzas armadas parece una contradicción de términos.

El 2o. sapo es el nuevo consejo de empresarios. Más allá de los nombres, algunos de ellos me parecen mucho mejor que otros, no deja de ser curioso que López Obrador piense gobernar con los mismos que él convirtió en enemigos de la patria. Es un buen signo que decida tener un consejo empresarial, pero no está para nada claro cómo ni por qué los eligió. Muchos de ellos son los que estuvieron en su casa brindando la noche del 1 de julio, es decir que ya estaban cercanos al presidente electo, pero, otra vez, de cara a su base electoral lo que está haciendo AMLO es pactar con lo que él mismo llamó la mafia en el poder.

¿Cinismo o golpe de realidad?

Como un "error colosal" y una política "potencialmente desastrosa" calificó este viernes la organización Human Rights Watch (HRW), el plan que presentó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para crear una Guardia Nacional controlada por las fuerzas armadas.

"López Obrador hereda una catástrofe de derechos humanos que ha sido causada, en gran medida, por la militarización de la seguridad pública en el país", señaló en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, y quien advirtió que "al redoblar la apuesta de esta estrategia fallida, López Obrador comete un error colosal que podría frustrar cualquier esperanza de poner fin a las atrocidades que tanto sufrimiento han causado en México en los últimos años".

Vivanco aludió así al plan que AMLO presentó el miércoles para crear una Guardia Nacional, que estará al mando del Ejército, para labores de seguridad interna. La propuesta, que para ser aplicada requiere de una reforma constitucional, ha dividido opiniones en México.

Ya antes, Amnistía Internacional (AI) había criticado la propuesta.

Proyectos como el Tren Maya o el Aeropuerto en Santa Lucía, no se podrán considerar en el presupuesto 2019 de la federación; ya que no cuentan con los estudios que marca la ley; afirmó el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, detalló que no tienen los proyectos ejecutivos o estudios de impacto ambiental. Además, dijo que según la legislación actual deben estar registrados ante la Secretaría de Hacienda.

"Con las reglas actuales no podría estar ni el Tren Maya ni el Aeropuerto de Santa Lucía, porque no tienen registro ante la Unidad de Inversión de Hacienda es decir no cumplen todavía con los requisitos de ley. Si el próximo gobierno decide reformar toda la legislación para darle cause a estos proyectos me parece que estaría cometiendo un error, porque eso significa relajar los criterios de construcción de proyectos de infraestructura y eso no beneficia a nadie", explicó el legislador emecista.

Añadió que tampoco queda claro de dónde saldrían los 650,000 millones de pesos que calculan requieren para esos proyectos.

Los grupos de izquierda cuestionaron insistentemente a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por militarizar la seguridad pública. Llevaron la Ley de Seguridad Interior a la Suprema Corte de Justicia para que fuera declarada inconstitucional.

Había un gran interés, por lo tanto, para ver el Plan Nacional de Paz y Seguridad de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo reemplazaría al Ejército y a la Marina en las funciones de policía? Hoy tenemos la respuesta: militarizándola de manera formal y definitiva.

La propuesta de López Obrador es integrar una nueva Guardia Nacional con contingentes de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal. Esta nueva corporación tendrá entre 120,000 y 150,000 elementos, contra 40,000 de la actual Policía Federal. El mando lo tendrá la Secretaría de la Defensa.

No sorprende que López Obrador haya decidido militarizar formalmente a la policía. A pesar de lo "inconveniente" de la solución, quizá no hay otra opción en la actualidad para enfrentar al crimen organizado. Pero hay 2 problemas. Uno es que la militarización será permanente, cuando lo recomendable es usar a las fuerzas armadas de forma temporal mientas se crea una policía federal eficaz. El otro es que la solución es inconstitucional, lo cual no arredra a López Obrador, quien pidió a los líderes del congreso que enmienden la Constitución para dar cabida al proyecto.

Otros de los ejes del Plan de Seguridad no tendrán un impacto significativo en la delincuencia. Los programas de desarrollo y bienestar pueden ser muy positivos, pero no disminuyen la inseguridad. La idea de que los pobres cometen más crímenes es falsa. Varios estados pobres, como Chiapas, Oaxaca y Yucatán, tienen índices de inseguridad inferiores a entidades más prósperas, como Sinaloa, Tamaulipas o Quintana Roo.

Regenerar la ética de la sociedad a través de una constitución moral es un ejemplo más de cómo las expresiones de buena voluntad reemplazan al sentido común. La ética de la sociedad no se recupera a través de una constitución sin fuerza de ley.

Erradicar la corrupción es un objetivo importante y válido, aunque no está muy claro que las medidas que se han anunciado sean las mejores para lograrlo. El que haya un presidente honesto no garantiza que no haya corrupción, tampoco el que se bajen los ingresos de los altos funcionarios. Pero la corrupción y la inseguridad son temas distintos, excepto por la facilidad con la que los delincuentes han podido sobornar a los encargados de la seguridad. El nuevo programa, sin embargo, no dice cómo se evitará.

Otros ejes del programa son más positivos. Se propone, por ejemplo, reformular el combate a las drogas. Ésta es una medida indispensable para eliminar los incentivos que la prohibición ha generado no solo para el mercado negro sino para la expansión de la violencia. Una política que considere el consumo de drogas como un problema de salud pública, que debe enfrentarse con educación, sería mucho más eficaz que el uso de la fuerza.

La inseguridad es una de las razones principales del triunfo electoral de López Obrador. Los 2 gobiernos anteriores encontraron en este tema sus mayores derrotas. A todos nos conviene que el nuevo régimen tenga éxito donde fallaron los anteriores. Pero no se ven en el nuevo plan elementos que nos den certeza de que el nuevo gobierno tiene una visión más clara en este tema que los anteriores.

Siguen las ocurrencias de Ricardo Monreal. Ayer anunció una iniciativa para prohibir al gobierno contratar asesorías privadas, porque en 5 años se pagaron más de 280,000 millones de pesos por ello. Supongo que hay asesorías buenas y malas, pero prohibirlas todas puede volver mucho más ineficiente al gobierno.

Andrés Manuel López Obrador afirmó este 12 de noviembre, en vísperas de su cumpleaños, que esperaba vivir 6 años más porque es el tiempo que piensa permanecer en el poder. La declaración es significativa porque, aun antes de rendir protesta, se ha advertido en redes sociales que el presidente electo podría modificar la Constitución para reelegirse como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia o Daniel Ortega en Nicaragua.

Supongo que López Obrador tiene el suficiente conocimiento de nuestra historia como para no pretender reelegirse, pero es evidente que está dando a la Presidencia poderes que ésta no tenía desde los tiempos del viejo PRI. "Yo no voy a ser florero -dijo en un video el 30 de octubre-, no estoy de adorno, yo traigo un mandato de los mexicanos...". En ese video el tabasqueño tenía al lado, ¿casualmente?, una pila de libros sobre los que destacaba ¿Quién manda aquí?, un volumen de ensayos sobre la crisis de la democracia representativa, entre ellos uno del ex presidente del gobierno español Felipe González, quien señala ahí: "Quizá parte de la crisis de gobernanza de la democracia representativa sea una crisis del fundamento de la vida en democracia, que es el diálogo. No monólogos sucesivos, sino el esfuerzo para comprender al otro...".

No parece que López Obrador haya leído con demasiada atención las palabras del estadista español. Cada vez parece más empeñado en acabar con el diálogo que la democracia impuso sobre los grupos políticos del país para volver a los monólogos sucesivos.

La nueva Ley de Administración Pública es un paso en esa dirección. Morena violó los reglamentos internos de la Cámara de Diputados para aprobar la legislación que, entre otras cosas, crea los nuevos superdelegados federales, los cuales ya no tendrán que cumplir requisitos como contar con títulos profesionales o experiencia, ni siquiera un certificado de falta de antecedentes penales. El presidente los nombrará a discreción y manejarán los programas sociales federales, sin sujetarse a las reglas institucionales que hoy existen, además de que serán secretarios técnicos de las reuniones estatales de seguridad. Serán verdaderos procónsules del presidente en los estados, con tanto poder como los gobernadores, quizá en violación del pacto federal.

El trato entre el nuevo presidente y los empresarios ya quedó delineado con la cancelación unilateral del aeropuerto de Texcoco y su oferta de compensar a los contratistas con nuevas obras. La Ley de Obras Públicas prohíbe al ejecutivo entregar proyectos sin licitarlos, pero cuando el presidente controla el congreso puede modificar cualquier ley que le estorbe.

El presidente electo está también tratando de debilitar al Instituto Nacional Electoral, la institución que desde sus tiempos como IFE permitió a México tener una verdadera democracia e hizo posible acabar con la hegemonía del PRI. La consulta sobre el aeropuerto y las que hará sobre otros proyectos buscan mandar el mensaje de que el INE no es indispensable, que Morena podrá ser juez y parte de consultas dentro de un sistema de democracia directa.

López Obrador no quiere ser florero ni gobernar como los presidentes acotados de los últimos tiempos. Está buscando construir un sistema sin contrapesos en el que nadie pueda preguntarle: ¿Quién manda aquí?

Roberto del Cueto anunció su renuncia como subgobernador del Banco de México por supuestos motivos de salud, pero la decisión parece provocada por la reducción de sueldos ordenada por AMLO. Renunció también de manera anticipada Juan Carlos Zepeda a la presidencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Es el principio del fin de las instituciones autónomas?

Faltan 15 días para que concluya esta administración, pero en muchos casos, ya hay funcionarios que han decidido retirarse de sus cargos; que les han pedido que lo hagan o que lo harán con esta administración.

Y ese hecho genera un riesgo para la operación del próximo gobierno.

Un caso es el de las finanzas públicas. Manejarlas tanto del lado del gasto como del ingreso, no es ciencia oculta. Se aprende. Pero tampoco son enchiladas.

Y hay una curva de aprendizaje que puede llevar muchos meses y que puede frenar tanto los ingresos como los gastos del gobierno.

Como aquí le he comentado, a los efectos usuales de un cambio de gobierno, hay que sumar el riesgo de un desmantelamiento de la capacidad operativa del sector público por la salida de personal, ante los ajustes salariales y la reducción del personal de confianza.

En un entorno internacional de mayores riesgos, como hemos estado observando, podemos enfrentar un arranque de gobierno sumamente complicado, con una tormenta que el propio gobierno entrante se podría crear.

Hay que recordar que el famoso 'error de diciembre', en 1994, derivó en alguna medida de un cambio masivo de personal de alto nivel en la Secretaría de Hacienda, que impidió tener una reacción más ágil ante alarmados inversionistas, que luego cayeron en el pánico.

Hoy estamos en una situación macroeconómica muy diferente a la que vivíamos en 1994. Pero existen vulnerabilidades y riesgos.

Más allá del contenido del Paquete Económico, que será presentado a más tardar el 15 de diciembre, hay 2 asuntos que serán de gran relieve.

El 1o. es la reacción de los inversionistas al tono que tenga el discurso inaugural del 1 de diciembre ante el Congreso de la Unión por parte de Andrés Manuel López Obrador.

El 2o. es la posibilidad de que, en el caso de la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, se vayan a enfrentar a partir de diciembre litigios por parte de los tenedores de bonos que podrían ser convertidos en 'bonos basura' por parte de las calificadoras, porque esto podría dar lugar a una reacción en cadena con otros títulos de deuda del sector público.

Sería un error fatal pensar que con los tenedores de bonos se puede hacer lo mismo que con los contratistas, y sentarlos en una mesa para llegar a un acuerdo.

En fin, el ambiente está cargado y denso.

Hasta hace poco más de un mes imaginábamos una transición tersa y sin mayores conflictos.

Hoy, lamentablemente, hay barruntos de tormenta.

Resumimos el plan anticrimen de AMLO y el rollazo de Alfonso cara de Durazo: Guardia Nacional con 50,000 elementos en 3 años. El Ejército en tareas de seguridad que hoy la Corte, seguramente, dirá que son inconstitucionales.

Más algunas generalidades fantasiosas: una Constitución Moral. Se hará "lo humanamente posible" para dar con los desaparecidos. "Nadie será torturado o desaparecido por un cuerpo de seguridad del Estado".

Proseguimos: al acabar con la corrupción se acabará con la violencia. Reuniones diarias -y mucho café-. Lo decomisado al crimen será para las víctimas. Propondrán un cambio de vida a los delincuentes.

Puro sentido común, fifichairos. Pido un aplauso para la 4a. Transformación que a nosotros ha llegado.

El pleno de la Cámara de Diputados rechazó modificaciones al dictamen de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que blindaba la injerencia de los Delegados de Programas para el Desarrollo en temas relacionados con seguridad.

Se espera que esta misma semana la apruebe el Senado, ya que Morena tiene mayoría en ambas cámaras.

Carmen Julia Prudencio, diputada federal por Movimiento Ciudadano (MC), refirió que las reservas planteadas por su bancada fueron rechazadas, por lo que los legisladores naranjas abandonaron la sesión.

La principal crítica radica en el Artículo 17, que se señala que la Oficina de Presidencia tendrá a su cargo las Delegaciones de Programas para el Desarrollo. Su función será la coordinación, implementación y supervisión de servicios y programas de las Secretarías, "así como programas que ejercen algún beneficio directo a la población".

En la propuesta de MC, refirió Prudencio, se solicitó añadir que, para evitar la discrecionalidad, los programas supervisados por los delegados estuvieran sujetos a "reglas de operación", pero fue rechazado.

También se rechazó añadir un párrafo en donde la bancada de MC pidió que se aclarara que los delegados supervisarán los programas sociales, "a excepción de los programas para el desarrollo relacionados con la seguridad pública, y la prevención social de la violencia".

Otra modificación denegada fue que los delegados tengan estudios afines a las tareas que les corresponden, experiencia y que no puedan ser electos por cargos de elección popular a menos que dejen el puesto antes del inicio del proceso.

En Jalisco, el delegado de Programas para el Desarrollo será Carlos Lomelí, excandidato a gobernador por Morena. El darle facultades en materia de administración de recursos y de seguridad, ha señalado Enrique Alfaro, gobernador electo del estado, sería violentar el pacto federal.

El Mando Especial que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la delincuencia en todo el país, encuentra en la Ley de Seguridad Interna que está discutiendo la Suprema Corte de Justicia, su marco de referencia, con la legalización de soldados y marinos en las tareas de seguridad pública y militares coordinando a toda la autoridad civil. El único problema es que desde el ángulo de los defensores de derechos humanos, viola los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 30 y 31 de la Constitución. Es decir, 20 artículos constitucionales.

El Mando Especial forma parte de la estrategia de seguridad pública que se espera anuncie este miércoles López Obrador, le otorga a los militares autoridad sobre los cuerpos de seguridad civiles, y le asigna tareas que corresponden únicamente al ministerio público. La Ley fue publicada por el presidente Enrique Peña Nieto en el Diario Oficial el 21 de diciembre de 2017, para regular y blindar a las fuerzas armadas para que puedan actuar como policías, pero decidió no aplicarla hasta que se pronunciara la Suprema Corte de Justicia. La ley provocó impugnaciones sobre su legalidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una de las 6 entidades que la impugnaron, señala que los artículos objetados pueden vulnerar los derechos a la seguridad jurídica, al acceso a la información pública y principio de máxima publicidad, a la protección de datos personales, a la consulta previa de las comunidades indígenas, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el principio de inmediatez en la puesta de disposición, el principio de la legalidad, el principio pro persona y el principio de progresividad.

Si Peña Nieto estuvo mal, lo que quiere el presidente electo es todavía peor. La subordinación del poder civil al militar, mediante el Mando Especial, no es una ocurrencia. Es una estrategia de la que se va a arrepentir ante la censura y condena de quienes defienden los derechos humanos en México y el mundo.

Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía y cuyo cargo concluye hasta 2023, llegó ayer a la sesión ordinaria de ese órgano y anunció que la próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle, le había pedido ayer martes la renuncia. A él, que preside un órgano regulador autónomo.

Según dijo García Alcocer a los otros 3 comisionados que este martes se encontraban en la Ciudad de México, tal solicitud ocurrió ayer mismo. Otras fuentes, sin embargo, refieren que la solicitud habría ocurrido desde semanas atrás.

El comisionado presidente de la CRE contestó, de acuerdo con fuentes que supieron de la reunión, que "a diferencia de Juan Carlos Zepeda (titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos) que ya les dijo que sí, yo les dije que no podía responderles, que no estaba listo".

El anuncio tomó fuera de la Ciudad de México a 3 comisionados de la CRE, pero la amenaza de que iban tras ese órgano es todo menos nueva, pues la bancada de Morena ya había adelantado hace un mes que pretendían cambiar la ley para quitarle autonomía a ese regulador y a la CNH.

Los comisionados de la CRE que escucharon de viva voz a García Alcocer le pidieron que no renuncie. Y le propusieron que si es sometido a presión, cada vez que lo manden llamar pueden acudir a la cita los 7 comisionados para ver si Rocío Nahle llega al extremo de tratar de intimidar a todos y cada uno.

Durante la tarde de ayer corrieron rumores de que se había solicitado la renuncia a todos los integrantes de la CNH y la CRE. En CNH se daba como un hecho que en las próximas horas se informaría sobre el proceder de Juan Carlos Zepeda, cuyo nombramiento es vigente hasta abril de 2019, y a quien también se habría solicitado renunciar.

En todo caso, se confirmaría que al nuevo gobierno le estorba el actual diseño institucional donde el sector energético tiene reguladores independientes. Así, de concretarse las renuncias de los presidentes de CRE y CNH se abriría el camino para que se capturara a las cabezas de esos organismos sin necesidad de cambiar la legislación. O sea, lo que no pudieron en San Lázaro lo pueden por la vía de la presión directa a los titulares de los órganos autónomos.

Ante la intentona de la señora Nahle, que por supuesto no se entiende sin la venia presidencial del único presidente de facto que tenemos desde hace meses, también queda claro que Morena pretende un escenario donde a la CNH llegue gente que provenga de Petróleos Mexicanos, por ejemplo, para llevar a México a una situación donde en los hechos PEMEX se autorregule.

Y en el caso de la CRE, de lo que se trataría es de meter a gente que más que expertise en mercados de energía sean obsecuentes con las decisiones del ejecutivo.

Si estas medidas llegan a concretarse, además se confirmaría que el equipo recién llegado a la Secretaría de Energía no solo hace ascos a la ayuda de expertos que integran otros entes, sino que en su afán de control absoluto los del próximo gobierno no alcanzan a ver que se están echando un problema a cuestas: en ese escenario, ante cada decisión solo habrá una y nada más que una responsable de todo lo que salga mal: Rocío Nahle será la secretaria que no tendrá ni árbitro a quién culpar de ninguna falla.

Queda la interrogante de saber cómo reaccionarán Zepeda y García Alcocer, por un lado, y los integrantes de la CNH y CRE, por otro. ¿Asumirán el golpe mansamente como los empresarios en el nuevo aeropuerto? ¿Darán una batalla legal y/o mediática? Ellos y todos los que en su momento creyeron en la construcción de un Estado mexicano con órganos especializados y contrapesos.

El índice de la BMV perdió otro 2%, con lo que el desplome desde el 1 de octubre ya es de 14.9%.

El dólar llegó ayer a 20.49 pesos en el mercado interbancario, el nivel más alto desde junio, y en ventanillas se cotizó hasta por arriba de los 20.80 pesos.

Y algo muy serio es lo que pasa con las tasas de interés que, en el bono a 10 años, están ya sobre el 9%.

Se equivocan quienes achacan toda la responsabilidad a las acciones anunciadas por el equipo de transición, pero son también incorrectas las opiniones que señalan que temas como la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la propuesta sobre comisiones bancarias o el anuncio de nuevas consultas, no han afectado.

¡Claro que han afectado! Pero han amplificado su impacto por un ambiente internacional de enorme volatilidad.

Y nada indica que las cosas vayan a cambiar en el corto plazo.

Es decir, pese a que al presidente electo no le guste sentirse acotado por los mercados internacionales, tendrá que tomar en cuenta el efecto que sus acciones o declaraciones podrían tener en un ambiente de alta volatilidad y vulnerabilidad.

El desplome de los precios del crudo ya tendrá un efecto directo en la disponibilidad de recursos tanto para el gobierno federal como para las participaciones a los estados.

Y el alza de las tasas de interés que se observa encarecerá el fondeo tanto de la deuda interna como de la deuda externa.

En este ambiente, será crucial lo que pase al interior de Morena y del equipo de transición.

Si los criterios que prevalecen son los que de manera más sensata respaldan personajes como Carlos Urzúa o Alfonso Romo, quizás se pueda sortear exitosamente el despegue de la nueva administración en diciembre y el 1er. semestre de 2019.

Si resulta que las decisiones del presidente López Obrador a partir del 1 de diciembre, tienen más influencia de los sectores que tienen como criterio el afianzar poder político más que preservar la estabilidad y el crecimiento, entonces estamos en aprietos.

Como están las cosas en el mundo, si se toman decisiones que erosionen la confianza en mayor grado, se podría descomponer la economía antes de lo que se piensa.

En este tema no es un asunto de contienda interna en Morena o en el equipo de transición, sino que se trata de un tema del que va a depender el país entero.

Ayer, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayó nuevamente. Ahora el retroceso fue de poco más de 2%.

Desde el pasado 16 de octubre, fecha en la que el índice llegó a poco más de 48,000 puntos, la caída ya es de más de 10%.

De acuerdo con datos del Banxico, al cierre del mes de septiembre, el valor de capitalización de la Bolsa fue de 8.9 billones de pesos.

Al día de ayer, el valor estimado es de 7.7 billones de pesos.

Es decir, la pérdida de valor de la Bolsa en el último mes y medio aproximadamente es 1.2 billones de pesos.

Es decir, los inversionistas han perdido 26,600 millones de pesos al día en los últimos 45 días aproximadamente.

La deuda externa bruta del país, al 3er. trimestre del este año, ascendió a 343,780 millones de dólares, según datos de Banxico.

Su valor en pesos al 15 de octubre era de 6.46 billones, con un dólar que se cotizaba entonces a 18.84 pesos.

Al día de ayer, esa deuda equivalía a 6.98 billones de pesos.

Es decir, en un mes, su valor en pesos se incrementó en 521,000 millones, por efecto de la depreciación de nuestra moneda frente al dólar.

Los bonos soberanos del país, a plazo de 10 años, cotizaban el 15 de octubre a una tasa de 8.1% al año. Ayer se negociaron en 8.87%.

Ese incremento de 3/4 de punto, en un mes, equivale a pagar un extra de 2,570 millones de dólares por año por la deuda externa del país... además del efecto por el ajuste cambiario.

Carlos Urzúa es un personaje que se distingue por su serenidad. Ni se va a alarmar, ni va a caer en pánico por las cifras anteriores.

El futuro secretario de Hacienda va a ponderar los hechos.

Por ejemplo, sabe que el dólar se encareció en promedio en 1.6% frente a las principales monedas del mundo. En México, el encarecimiento fue de 8%. Es decir, el efecto doméstico fue de "sólo" 6.3%.

Igualmente, la Bolsa de Nueva York no sólo no cayó en ese lapso, sino que subió 0.5%. En México observamos un desplome de 10.2%.

En fin, creo que cualquier financiero que estuviera en los zapatos de Urzúa o de Arturo Herrera, estaría muy preocupado, salvo que pensara que realmente los mercados son unos exagerados.

Si la ley se atraviesa en su camino, el próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está dispuesto a cambiarla. Por ejemplo, en materia de seguridad pública, donde López Obrador inspiró su estrategia en el modelo que se aplicó en la Comarca Lagunera en 2014, donde se creó un Mando Especial para atender las necesidades en esa región metropolitana compartida por Coahuila y Durango. Esa estrategia remplazó al Modelo Coahuila, que inició el gobernador Humberto Moreira, donde toda la seguridad pública quedó al mano de 16 jefes militares, la mayoría generales en retiro, apoyados por más de 190 militares que, recuerda Javier Garza, quien dirigió El Siglo de Torreón en los años calientes, "fue un fracaso".

"El Mando Especial es lo que más se acerca al concepto que quiere la Ley de Seguridad Interior, pero tiene su misión bien acotada y definida, ajustada a una realidad local", agrega Garza. Tras el desastre del Modelo Coahuila, el Mando Especial llevó a un brigadier general al frente de la coordinación de las policías estatales en la región metropolitana que abarca a 2 estados, y ha dado buenos resultados. López Obrador quiere llevarla mucho más allá, en términos legales, en las 265 regiones de alta incidencia delictiva en el país, donde quiere colocar a un militar al frente de todas las instituciones de procuración y administración de justicia, con lo cual ampliaría el control militar sobre la seguridad pública y todas las instituciones vinculadas a ella, como nunca ha existido en tiempos de paz en México.

López Obrador pretende que un mando militar coordine no sólo a las policías federal, estatal y en donde haya confianza, también la municipal, sino también las investigaciones y subordine a la policía ministerial y al ministerio público federal y local. El modelo de control militar sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad pública fue expuesto por el presidente electo en una reunión con el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, al detallarle los planes que tenía. El general Cienfuegos le dijo que eso no podría realizarse porque violaría la Constitución, pero el presidente electo respondió "cambiemos la Constitución".

La forma tan determinante como la planteó López Obrador, apoyado en un Congreso a modo, le daría la vuelta a la violación de varios artículos constitucionales. El 21, que establece: "La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público". El 16, que señala: "No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito". Y el 129: "En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar".

La idea de López Obrador es que mediante esas 265 células de 300 elementos mínimo cada una -en la mitad de ellas, por la alta presencia delictiva, la integrarán 600- se abata la delincuencia. "Serán fuerzas de tarea rápida para atacar inmediatamente la delincuencia", confió uno de los arquitectos del modelo. "Con esto bajaremos rápidamente la incidencia delictiva". Se desconoce si la demora en presentar la estrategia de seguridad esté relacionada con la conciliación del plan con la Constitución, que no sólo levantó los ojos del secretario de la Defensa, sino generó oposición dentro del próximo gabinete del presidente López Obrador. Las voces discordantes fueron las de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, que observó las violaciones constitucionales, y el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien alertó los riesgos que conlleva esa instrumentación en su campo.

Subordinar todas las instancias del Estado Mexicano al Ejército, abre la puerta del infierno en materia de derechos humanos y contraviene el artículo 1 de la Constitución, que señala: "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece".

Dentro de todo el aparato político alrededor de López Obrador, Encinas es quien más crítico ha sido de la participación del Ejército en la seguridad pública, con críticas muy fuertes a su actuación en Tlatlaya y Ayotzinapa. El 25 de agosto pasado Encinas afirmó que a partir del próximo 1 de diciembre habría un "cambio de paradigma en la relación de las fuerzas armadas en el país", con el propósito de "acabar con la impunidad de las tropas que hayan cometido abusos contra la población".

El plan, como lo concibe López Obrador, eliminará la existencia de los abusos, cuando los hubiera, al ser el mando militar el que determinaría qué se investiga, cómo se investiga, quién investiga, cuándo y contra quién. Este es el mundo de las dictaduras, no de las democracias. Se entiende la urgencia para combatir la criminalidad, y la necesidad del presidente López Obrador de cumplir con su promesa de acabar con la violencia en 36 meses. Pero la declaración fácil y superficial que introduce presión a su palabra política, no debe estar por encima de las posibilidades reales y objetivas para lograr ese propósito. Es un error lo que quiere hacer, del cual él se arrepentirá por las consecuencias que provocará.

La fracción de Morena en el Congreso de Jalisco ha sido presa de una novatada tras otra en los primeros días de la legislatura.

Primero los batearon y no se incluyeron sus propuestas en la reforma a la Ley Orgánica del Legislativo; luego tuvieron su 1a. baja y el diputado Ismael Espanta migró a las filas de Movimiento Ciudadano.

Aves de mal agüero cuentan que seguirán los tropezones en el andar de los morenistas en el legislativo; algunos hasta adelantan que podría haber un relevo en la coordinación de la fracción por el poco oficio mostrado por el diputado Bruno Blancas.

Hay quien piensa que un político con tanto kilometraje recorrido como el senador Monreal no podría haber propuesto una iniciativa como la de la prohibición de cobro de determinadas comisiones bancarias sin el aval de AMLO.

Sin embargo, hay indicios de que, en efecto, fue una decisión tomada sin consultar a López Obrador y lanzada en medio de una competencia interna de los líderes de Morena por posicionarse tanto en las cámaras como entre la opinión pública y el propio movimiento.

Y, evidentemente, al propio Monreal tomó por sorpresa la reacción de los mercados el jueves pasado y cuando quiso hacer control de daños, ya no podía hacerlo por él mismo, lo que obligó a los posicionamientos de Carlos Urzúa el jueves por la tarde y el viernes, del propio AMLO.

Para diversos expertos, lo más preocupante no fue la restricción a los ingresos de los bancos que significaría la prohibición de un conjunto de cobros, sino la invasión -de facto- de las atribuciones del Banco de México.

Una de las principales ofertas de AMLO al sector financiero y en general al mundo empresarial fue el respeto a la autonomía del Banxico. Y la propuesta de que sea Jonathan Heath, un economista independiente y acreditado, quien sustituirá a Manuel Ramos Francia en la Junta de Gobierno, reafirmó su visión del Banxico.

La iniciativa respecto a comisiones bancarias parecía estar poniendo reversa a ese planteamiento.

¿Se van a quedar tranquilos los mercados tras la promesa de AMLO de que no habría por ahora cambios en las leyes en materia económica y financiera?

La declaración evitó que la turbulencia continuara, pero dejó la suspicacia respecto a la posibilidad de que algunos integrantes de Morena puedan actuar por propia iniciativa para modificar dichas reglas. Creo que eso no será posible. Ningún cambio relevante va a tener efecto sin que AMLO dé luz verde debido al control que tiene sobre sus partidarios. Sin embargo, la experiencia de la iniciativa de comisiones ya generó dudas respecto a lo que pueda suceder en las cámaras.

Con la bandera de que estamos en un cambio de régimen y en la ruta de la 4a. transformación, hay el riesgo de que integrantes de Morena puedan lanzar propuestas que desquicien los mercados y eventualmente a la economía.

Ojalá los más razonables del equipo de AMLO, como Urzúa o Romo, tengan la capacidad de frenarlos a tiempo.

Faltan 19 días para que se haga efectivo su cargo como presidente electo de la nación y, una vez que cambie de sentido los colores de la banda presidencial, la 4a. transformación de Andrés Manuel López Obrador habrá formalmente comenzado.

Sorprendente y sorpresivo todo lo que ocurrió el 1o. de julio, incluido lo más importante, el número de votantes y el número de votos que recibió el candidato ganador. Ha sido igual de sorprendente la desaparición de facto del Gobierno de la República, que realmente abdicó de sus funciones casi al día siguiente de que se hicieran públicos los resultados de la elección.

Sorprendente e inusual que un gobernante tenga la posibilidad de gobernar de manera plena, sin más limitaciones que su propio sentido común, 5 meses antes de poder ejercer el poder.

Entiendo y deseo que el presidente electo haya tomado buena nota y este haya sido un tiempo de prueba y error, para que dé un mejor gobierno.

En cualquier caso, debe ser consciente de la suerte que tiene, porque al final del día, y ahí ya empezamos a entrar en el fondo de la cuestión, mientras no haya un cambio legal efectivo, en este momento lo que él ha recibido es un bono democrático que le ha permitido aplicar y empezar a cumplir sus promesas. Se le ha otorgado la oportunidad de pagar el desgaste y probar, tentar y observar la situación de la sociedad mexicana sin tener todavía, ya no sólo formalmente, los atributos del poder sino tampoco los costos del poder.

Existen muchas cosas que el presidente electo tiene que aclarar y definir en su ejercicio del poder, pero hay una que es básica y va a consolidar o entorpecer todo: la decisión de Andrés Manuel López Obrador entre seguir adoptando una política de orientada por la integración o, como se ha parecido ver en los últimos 15 días, elegir una postura regida por la polarización.

Nadie discute el derecho político ni democrático ni moral que tiene el presidente electo para proponer los cambios que considere necesarios, sobre todo aquellos que venían contenidos en su programa electoral.

Lo importante es desde dónde se hace este programa, ¿será del "poco a poco" o de una manera súbita? En ese caso, lo mejor que se le puede decir al presidente electo, es que convoque ya una Asamblea Constituyente, para cambiar el régimen, que es lo que en realidad se expresó en las urnas el 1o. de julio pasado. Y lo que de verdad sería una 4a. transformación.

La base sociológica, con independencia de los instrumentos jurídicos, es fundamental. México tiene muchos problemas, pero entre ellos ha encontrado una gran suerte en una cosa, que es la guerra contra los cárteles. La guerra de las drogas ha servido para disfrazar y ocultar la violencia engendrada por el fracaso social.

Si en la implementación del nuevo programa de gobierno se abren los espacios para que la violencia se produzca, hay que tener en cuenta que será una violencia terrible, mucho más fuerte que la que estamos teniendo disfrazada en esta guerra de las drogas.

El presidente tiene que elegir y tiene que marcar claramente 2 cosas. 1o., que su camino de cambio no pasa por la destrucción sistémica de las instituciones sino en la propuesta de un cambio de éstas. Y, 2o., que la base desde la que buscar lograr este cambio no es la de fomentar el enfrentamiento y la violencia, que ya tenemos mucha, sino desde un ámbito de pacificación e integración.

Y es que el proceso de consolidación de lo que el presidente denomina la 4a. transformación, exige un marco general en el que se pueda transmitir sin confusión y sin ambages, qué piensa hacer con la Constitución. En ese sentido, y coincidiendo con él, de que la inseguridad es el mayor problema que tiene el país, es importante que se defina entorno a la supersecretaría de Seguridad Pública que está creando y la combinación de los distintos elementos en relación a las fuerzas armadas. Por ejemplo, desde la desaparición del Estado Mayor Presidencial, hasta ese proyecto abstracto que flota en el ambiente, que es la creación de la Guardia Civil. Porque entonces también habría que pronunciarse si en sus planes está la modificación constitucional, para pasar actuaciones fundamentales como lo es el Ministerio Público o la Policía Federal, al ámbito de dominio de los militares.

En suma, el mundo vive, colectivamente hablando, una gran crisis. En casi todos los países está claro lo que no sirve, la crisis democrática ya es imposible aplazarla, afecta a todos los países del mundo.

Sin embargo, lo que ya no es tan claro y es mucho más confuso es con qué se combate, cómo se transforma y qué se propone para cambiar un sistema que, claramente, está fracasado.

¡Arranca la carrera por la Presidencia 2024!

Pudiera parecer una sinrazón -luego de que apenas llevamos 4 meses y medio de las últimas elecciones federales-, pero ante las evidencias, es imperativo estar pendientes de los movimientos que se han empezado a dar en el ajedrez político de nuestro país, con "jugadas" diferentes a las que hemos vivido en otros cambios de sexenio, pero que en esencia son iguales, pues lo que las impulsa es la ambición por el poder que va acompañado de riqueza económica.

Desde hace décadas he sostenido que lo que está de por medio en los cambios sociales y políticos en realidad tiene como esencia los miles y hasta billones de pesos y dólares que involucran a los mismos, con independencia de que se lleven a cabo procesos electorales y de otro tipo, así como de ideologías o partidos políticos, pues al final la naturaleza de estos es la misma: power and money are their truth.

Evidencia de este arranque es que no obstante que aún no toma posesión de la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, tanto él como su grupo cercano ya iniciaron sus estrategias para posicionarse pública y políticamente en busca de la candidatura para el 2024 -si es que éste se los permite-, y entre los más evidentes "tiradores" se apuntan Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, aunque de ninguna manera quiera decir que AMLO esté dispuesto a entregar el poder, pues no se descarta que tenga preparada alguna "sorpresita" a juzgar por sus antecedentes bolivarianos, ya sea a través de una nueva candidatura o de interpósita persona.

Carmen Julia Prudencio González, vocal de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, afirmó que pretender que los nuevos coordinadores estatales de programas prioritarios de la próxima administración federal tengan facultades en los temas de seguridad contraviene diferentes leyes y atenta contra el pacto con los estados.

Prudencio González explicó que aunque han hecho observaciones al proyecto de reforma, para evitar ambigüedades en las funciones de los "superdelegados" de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) podría decidir que el asunto se vote hoy en la comisión y subirlo mañana al pleno.

La legisladora emecista destacó que, en el papel, los "superdelegados" pertenecerían a la Secretaría de Bienestar, pero al considerarlos coordinadores de programas prioritarios se deja la ambigüedad para que intervengan en materia de seguridad.

"Nos preocupa el tema de seguridad. Si se tiene una estructura paralela al Consejo Estatal de Seguridad y si ellos tienen facultades para coadyuvar con estados y municipios, además de supervisar programas prioritarios, donde pueden estar los de seguridad, pueden no respetar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública".

Precisó que para tener injerencia en asuntos de seguridad deberían acreditar las pruebas de control y confianza y resaltó que en general la reforma impulsada por Morena se caracteriza por centralizar los temas administrativos, los jurídicos, y otras funciones.

José María Riobóo es un ingeniero con una experiencia amplia. 47 años de historia profesional incluyen su participación en obras como las líneas 9 y B del Metro y la cimentación de los 2os. pisos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Es un profesional altamente reconocido que formó parte del Comité de Seguridad Estructural después del terremoto de 1985. Riobóo ha sido desde hace más de una década el principal asesor del hoy presidente electo en temas de construcción, pero su nombre no es reconocido por el público en general como un respetado ingeniero en estructuras, sino como el hombre detrás de la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco y el resplandor de Santa Lucía como la futura terminal. En este campo, a menos que sepa algo que el mundo desconoce, está allanando el camino al mayor ridículo y costo que pueda tener López Obrador en el próximo futuro.

La semana pasada acompañó a López Obrador a recorrer la Base Militar de Santa Lucía, donde el presidente electo grabó un mensaje repitiendo los argumentos de su asesor a favor de esa instalación, y aplastando de nueva cuenta el proyecto de Texcoco, que será cancelado una vez que asuma legalmente el poder. Fueron días de gloria pública para Riobóo, quien en las vísperas concedió una entrevista a la prensa al salir de la casa de transición, sin desperdicio alguno y que, si las cosas no salen como él las pronostica, el espejo de su vergüenza eterna y una daga en la credibilidad y confiabilidad de López Obrador serán sus compañeras de vida.

Riobóo dijo en esa entrevista que Mitre "dice lo que quiere, (y) no hace falta". El ingeniero se refería a la Corporación Mitre, que se fundó en 1958 como una empresa privada que desde su nacimiento estuvo vinculada con el Pentágono. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes la contrató para el análisis y rediseño del espacio aéreo en lo que iba a ser el aeropuerto en Texcoco y concluyó que la operación simultánea del actual aeropuerto "Benito Juárez" y Santa Lucía no era viable.

El resumen del reporte entregado se lo presentó Mitre el 17 de agosto pasado a López Obrador, a Riobóo, al futuro jefe de Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, a los siguientes secretarios de Comunicaciones y de Hacienda, Javier Jiménez Espriú y Carlos Urzúa, y a quien designó el Presidente electo como el responsable de la obra en Santa Lucía, Sergio Samaniego. Nunca le gustó el resultado a Riobóo.

-Para usted, ¿Mitre no es confiable?, preguntó la prensa.

-Para mí, no, respondió.

-¿Ustedes no tendrán que ver nada con Mitre?, replicó la prensa.

-Todo lo contrario, contestó. Mitre se debe a sus antiguos patrones.

Riobóo probablemente pensaba que los "patrones" son el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero se equivoca. El estudio de Mitre, que sí contrató el gobierno, lo realizó su Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados de Aviación, que es financiado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que se encarga de la regulación aeronáutica de ese país y que trabaja conjunta y estrechamente con la Organización de Aviación Civil Internacional, que reglamente la navegación aérea en el mundo. Mitre sigue siendo una empresa privada sin fines de lucro, y sus patrones actuales, si se define por "patrones" a quienes financian sus estudios, son el Departamento de Transporte de Estados Unidos, del que depende la FAA, el de Seguridad Interna y el Pentágono.

La descalificación de Riobóo ha ido de la mano de la de Jiménez Espriú, quien 2 días después de la consulta sobre la cual López Obrador apoyó su anuncio de cancelación de Texcoco, afirmó: "Santa Lucía no necesita más estudios para su realización. Está confirmado que Santa Lucía y el aeropuerto 'Benito Juárez' funcionan. Lo que se tiene que hacer es la construcción del sistema aéreo para que se definan las rutas. Son cosas de detalle". El Centro les había informado semanas antes lo contrario.

"Debido a la significativamente capacidad limitada de los procedimientos y la interferencia entre el flujo de tráfico de y para el AICM (el actual aeropuerto) y SL (la base militar)... el plan resultaría en la creación de un aeropuerto y un sistema aeroespacial severamente congestionado y complicado, que causaría retrasos y problemas de operaciones que impediría satisfacer la demanda de aviación a largo plazo en la Ciudad de México", afirmó el reporte. Es decir, podrían existir los 2 aeropuertos, pero no sólo sería inviable la operación simultánea, sino hacer que funcionen los 2, sin la dualidad, generaría más congestión y saturación que en la actualidad.

Mitre informó la semana pasada que un nuevo aeropuerto en Santa Lucía tardaría 10 años en estar concluido. "Es un berrinche", reviró Riobóo descalificando una vez más a la principal empresa de seguridad aérea en el mundo. "Así lo veo, una patada de ahogado". Su corajina puede costar muy cara. Al adelantar que Mitre no será consultado ni contratado para hacer un nuevo estudio sobre navegación y seguridad, abre la puerta para que la FAA no certifique a Santa Lucía como aeropuerto seguro.

Entonces, todas las rutas con destino a México en operación simultánea "Benito Juárez" y Santa Lucía contempladas en el Convenio Bilateral de Servicios Aéreos con Estados Unidos podrían ser cancelados. Y si la FAA lo hace, lo más seguro es que el resto de las aerolíneas internacionales sigan su ejemplo, gracias al arrebato de Riobóo y la tolerancia de López Obrador.

2 semanas después de la consulta a modo que organizó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, se realizó ayer la marcha denominada por el "Sí al Nuevo Aeropuerto de Texcoco" que convocó a cerca de 5,000 personas que caminaron del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. En Guadalajara varias decenas de tapatíos también se sumaron a ese movimiento con una pequeña concentración en la zona de La Minerva.

El saldo es ambiguo y con señales encontradas. Por un lado, es alentador que pese al abrumador resplado electoral y simpatías crecientes que mantiene López Obrador, un grupo de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos salgan a la calle a manifestar sus desacuerdos con el futuro gobierno y caminen en dirección a convertirse en un contrapeso ciudadano. Las mayorías casi absolutas que mantiene Morena, el partido creado por Andrés Manuel, en el Senado y la Cámara de Diputados, y la debilidad del resto de los partidos políticos, hacen ver que es desde la ciudadanía organizada de donde podrían venir los únicos contrapesos reales para el próximo gobierno federal.

Lo preocupante es el grado de descalificación y la polarización que provocó esta 1a. manifestación entre ambas partes, y que quedó claramente plasmado en las redes sociales.

La tambien nombrada #MarchaFifí no lució el músculo que algunos esperaban aunque su participantes mostraron abiertamente su desacuerdo con la decisión tomada por el tabasqueño.

Podremos o no estar de acuerdo con la demanda central de los manifestantes de que sigan las obras en Texcoco, pero en lo que sin duda tienen razón es en salir a la calle a cuestionar el amañado instrumento para legitimar una decisión ya tomada.

En su momento, comenté que se trataba de una consulta autoritaria que se diseñó sin el más mínimo rigor estadístico, que no supimos a ciencia cierta quién la cuidó en sus cuatro días de realización, ni la forma y los responsables del conteo de los votos.

El resultado de la consulta y "la opinión del pueblo sabio" a favor de convertir la base militar de Santa Lucía en aeropuerto y ampliar las operaciones del de Toluca y del actual de la Ciudad de México se veía venir claramente por la forma tan tendenciosa en que se ubicaron las mesas de votación en municipios con una amplia presencia del voto duro morenista.

Esta burda simulación, lejos de honrar los beneficios sociales de la participación ciudadana y la democracia directa para discutir y decidir sobre los grandes asuntos públicos, las desvirtuó, y abrió el riesgo de que se impongan nuevas decisiones por esta ruta y en vez de fortalecer, se lesione nuestra vida democrática.

El poner nuevamente el dedo en esa llaga, creo, fue el aporte de la marcha de ayer. Ojalá el futuro gobierno nacional no haga oídos sordos a esa legítima preocupación social.

Bajo consignas de rechazo a la consulta nacional sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en terrenos del lago de Texcoco, organizaciones civiles, entre ellas Movimiento Pro-Vecino, Alto al Secuestro, Cadena Ciudadana y Red de Organizaciones Ciudadanas, algunas ligadas a los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo.

Los más de 5,000 manifestantes, según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, pidieron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, respetar las leyes e instituciones, y se pronunciaron en favor de que continúen las obras del megaproyecto: "No a las encuestas amañadas y sin representación", "No al retroceso, sí al progreso", ¡Texcoco sí, Santa Lucía no!

También se escucharon gritos de rechazo a la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como invitado a la toma de posesión de López Obrador.

Las organizaciones plantearon en un comunicado que se distribuyó en la marcha que con la cancelación del nuevo aeropuerto el presidente electo "pone en grave riesgo la estabilidad y el futuro del país", porque aseguran que "se trata de avanzar y no de retroceder", además de que las consultas ciudadanas "son un recurso democrático y no se deben manipular".

Acompañados por algunos comuneros de Atenco en pro del nuevo aeropuerto, los asistentes -convocados mediante redes sociales- en su mayoría vestían de negro. Los manifestantes también exigieron no a la división: "Ni chairos ni fifís, todos somos mexicanos".

José Santiago López, presidente del comisariado ejidal de la cabecera municipal de Atenco, dijo que están en favor de la construcción del aeropuerto en Texcoco, pues 66% de las tierras son parte de este municipio.

Algunos espectadores increparon la marcha al cuestionarles su indiferencia ante la ola de violencia en el país o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Antonio Ruiz, maestro del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), reprochó al contingente los daños socieconómicos y al medio ambiente que generaría la construcción del NAIM en Texcoco.

Más adelante, a la altura de Bellas Artes, otro de los espectadores gritó que se respetara la consulta ciudadana porque "ganamos", 70% votó en favor de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.

Tras 2 horas de recorrido, la vanguardia del contingente llegó al Zócalo capitalino, donde retiraron vallas metálicas que estaban colocadas desde el viernes para llegar al astabandera. Ahí, entonaron en más de una ocasión el himno nacional y corearon ¡México, México!, varias veces. No hubo oradores.

Muy criticado estuvo el futuro Tlatoani -de facto ya en funciones- por la forma en que se hizo una consulta para ver si se seguía o no con el aeropuerto ahí o se hacía en otro lado.

Pero aunque muchos la critiquen, la mayoría quedo picada con las consultas y todos quisiéramos conocer la opinión del pueblo bueno acerca de muchos temas.

Para mí, la madre de todas las consultas es la del precio de la gasolina aunque el representante neoliberal diga que los pobres ni viven de gasolina, y así deben haber opinado los asesores de Peña, el que en buena parte ya recibió la respuesta con la votación. Es muy buen tema, aunque debe ser difícil porque muchos inician pero luego cejan, por ejemplo recuerdo que Lemus protestó e incluso acompañado de una banda de correligionarios fue a la mismísima Suprema Corte a protestar y luego el hoy senador Castañeda y la bella Otero en su campaña lo propusieron, pero ahora los veo muy calladitos. Por una causa o por otra todos los inconformes con el tema duran poco protestando, pero el pueblo bueno aglutinado en las filas del glorioso infelizaje saben que alguien debe poder bajar el precio porque todos los argumentos neoliberales vienen de la mafia del poder y si no me creen hagan una encuesta para ver que es lo que interesa realmente a la raza.

Lo que ya no se puede discutir es el gran error que es cancelar el Aeropuerto de Texcoco y el peligro que existe es que se produzca desconfianza de la inversión extranjera, porque en muchos lados lo están comparando con Chávez y con Maduro y ojalá no realices la invitación a Maduro para tu toma de posesión como Presidente de México el día 1º. de diciembre.

Lo que debemos hacer los mexicanos es analizar los proyectos, apoyarlos, claro, que no vayan a ser basados en consultas populares; para eso tú, Andrés Manuel, serás presidente, es decisión y responsabilidad tuya.

El 29 de octubre de 2018 fue un lunes negro para el ahorro de los trabajadores y para quienes han depositado su confianza en la estabilidad financiera de México. La consulta sui generis y la decisión del presidente electo de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) aumentó la percepción de riesgo que se tiene para invertir en nuestro país. Esto ocasionó: alza en las tasas de interés por una mayor incertidumbre; depreciación del tipo de cambio; caída en el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, así como mayor cautela para animarse a invertir en actividades productivas. En breve, empobreció a los mexicanos que trabajan y ahorran.

El ahorro para las pensiones es muy sensible a sufrir minusvalías cuando suben las tasas de interés. En esta ocasión las tasas de interés aumentaron para compensar el mayor riesgo e incertidumbre de lo que puede ser la marca de la nueva administración: eventos inesperados ocasionados por sus principales actores.

La animadversión de AMLO por el NAIM no era nueva, estaba contenida explícitamente en el Proyecto alternativo de nación (páginas 251-255).

No sorprendió la decisión de cancelar el NAIM. Llamó la atención que el presidente electo, aun sin tomar posesión del cargo, lo decidió con base en una consulta hechiza, con escasa representación y fuera del marco jurídico.

Proponer como alternativa, sin proyectos ejecutivos ni estudios de mecánica de suelos, a la base militar de Santa Lucía, más mantener el actual aeropuerto y el de Toluca, es temerario, pues no sólo habrá que indemnizar a contratistas, sino que deberá llevar a cabo las obras que desmantelen lo construido. Esto agrega una presión fiscal adicional, pues se acelera el vencimiento de los bonos en dólares emitidos por el NAIM (véanse los contratos), que no pueden pagarse con lo captado por la Fibra E. Además, al cancelarse la principal obra de infraestructura del país, se reduce el potencial de crecimiento económico.

El indiscutible triunfo electoral de AMLO del 1 de julio fue bien recibido. Así logró en la 1a. entrada del juego sexenal un hit: colocó bien a su mensaje conciliador y de disciplina fiscal; súmesele también el haber establecido una comunicación cordial con el presidente Trump. Esto daba una señal muy positiva para destrabar la negociación del TLCAN. El peso se apreció frente al dólar. La luna de miel estaba en pleno apogeo.

Los sectores privado y social prefieren invertir en donde no hay sorpresas. Por el contrario, prefieren arriesgar su capital y el ahorro de otros donde pueden anticipar lo que hará el gobierno sujeto a lo que establece el marco jurídico.

La inversión que más rápido responde a señales favorables o adversas es la de los mercados financieros. Estos mercados son sinónimo del ahorro de millones de trabajadores que contratan a especialistas en medir y anticipar el impacto de eventos, así como de buenas y malas decisiones de los gobiernos, choques externos provenientes del mundo petrolero, entre otros, para cuidar su ahorro, esto es, su patrimonio. Que quede claro, los mercados financieros no son la "mafia del poder".

Es evidente que AMLO quiere mandar un mensaje político de poder, lo cual es legítimo. Sin embargo, lo hizo a costa de una pérdida importante del ahorro de los trabajadores y de empobrecer al país con la depreciación del peso. Pateó y lastimó el pesebre. Los mercados quieren ver a AMLO como el mánager que tiene pícher y catcher que ponchen a la corrupción, a los oligopolios y redimensionen proyectos en el fair play. Esto significa que lo haga basado en las instituciones.

Las Afores y el Infonavit administran ahorros de los trabajadores por más de 210,000 millones de dólares, esto supera a la suma de las fortunas de los más ricos de mundo (Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffet y Carlos Slim).

Las minusvalías y caídas en los índices bursátiles y el tipo de cambio pueden ser aún más volátiles por la cantidad de activos financieros mexicanos en poder de extranjeros. El 32% del total de los valores gubernamentales en circulación, lo que equivale a 64.3% de las reservas internacionales, está en manos de ahorradores extranjeros que han confiado en México. Ante la adversidad y la falta de certeza, éstos se convierten en capitales golondrinos.

La diferencia entre ser presidente y jefe de gobierno del DF es que el primero sí afecta con sus decisiones a millones de personas, mexicanas y extranjeras, que confían en nuestro país. La deuda del DF tenía la garantía del gobierno federal. Y la deuda del gobierno federal tiene como respaldo la estabilidad.

Ricardo Monreal no consultó a Carlos Urzúa sobre la iniciativa para eliminar comisiones bancarias. El presidente del Senado se dio el gusto de ningunear al próximo secretario de Hacienda. Podrán ustedes pensar que es sólo un problema de formas. Todo lo contrario: lo ocurrido merma la autoridad del que será máximo responsable de las finanzas públicas. Lo debilita como interlocutor del sector privado, que cada vez está mas desconcertado respecto a los planes del próximo gobierno.

El problema no es el intento de regular las comisiones bancarias. Es claro que en México son muy altas y que pueden bajar, en beneficio de los consumidores mexicanos. Las dudas están en otro lado: Si se va a impulsar un cambio radical, ¿por qué no hacerlo bien?

La senadora Bertha Alicia Caraveo y el senador Ricardo Monreal no pidieron apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados, para tener información sobre la viabilidad operativa y técnica de su propuesta y conocer del impacto de su iniciativa en las finanzas públicas o en la estabilidad del sistema financiero. Estos legisladores tampoco se coordinaron con el equipo técnico de la próxima Secretaría de Hacienda, para que éste pudiera "procesar sus inquietudes", lo dice el comunicado del equipo de transición de la SHCP.

¿A quien se le ocurre abrir otro frente con el sector privado, en un momento en el que la "herida" del aeropuerto de Texcoco no ha terminado de cicatrizar? La propuesta de Morena provocó una caída de 23,945 millones de dólares en el valor de capitalización de la Bolsa Mexicana de Valores y una depreciación de 20 centavos del peso frente al dólar. Cayeron con fuerza las acciones de los bancos porque las comisiones son una parte muy significativa de sus ingresos: el mayor banco mexicano, Banorte, perdió 11.9% de su valor bursátil, equivalente a 41,666 millones de pesos.

Se desplomaron también las acciones de empresas no financieras. Wal-Mart de México perdió 8.3% de su valor de capitalización y el grupo IEnova, protagonista en el sector de infraestructura energética, cayó 7.16%. Un analista de mercados sintetiza ejemplarmente el estado de ánimo: Después de lo de Texcoco, tenemos las comisiones bancarias... no sabemos qué más se les va a ocurrir.

Un legislador del Partido del Trabajo propuso utilizar las reservas del Banco de México para realizar inversiones públicas. En el legislativo se encuentra una iniciativa que busca combatir las empresas fantasma, pero puede frenar la economía al cambiar la forma en que se tributa el IVA y convertirse en una losa administrativa para las mipymes y personas físicas. Está además, en el ánimo de muchos morenistas, la reversión de la Reforma Energética. De repente, cualquiera de estas propuestas puede convertirse en realidad.

El nerviosismo es creciente entre los empresarios. La molestia también. Preocupa el desdén por las reacciones de los mercados y el predominio abrumador de la lógica política sobre las razones económicas. No sólo AMLO quiere dejar claro quién manda aquí. Por 1a. vez en muchos años, el equipo económico luce débil en comparación con el resto del gabinete.

Los ganadores del 1 de julio tienen mayoría absoluta en el legislativo y parece que lo pueden todo, pero la realidad no se agota en el sistema político. En temas económicos, estamos de lleno en la curva de aprendizaje. La pregunta es: ¿tienen ganas de aprender?

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que en la cámara alta no reciben regaños ni manotazos de nadie.

Esto luego de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a través del futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, pidió que las iniciativas de Morena, en materia fiscal y financiera, sean más analizadas para tomar en cuenta los impactos en las finanzas públicas.

Vecinos del ejido San Salvador Atenco demandaron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador el pago a valor comercial de terrenos que serían utilizados para la construcción del aeropuerto en Texcoco y el cumplimiento de compromisos de obras que permitirían el desarrollo económico de la zona.

Aclararon que están en favor del aeropuerto en Texcoco y algunos de los que se oponían eran personas que no vivían en la zona, además de que la consulta se debió haber hecho en Atenco.

Entrevistado al acudir a las oficinas de López Obrador, el presidente del Comisariado Ejidal de Atenco, José Alejandro Santiago López, explicó que ellos están de acuerdo con el desarrollo y el cambio de construcción del aeropuerto los afecta, por lo que demandan indemnización.

Abundó que para la realización de ese proyecto alrededor de mil ejidatarios de San Salvador Atenco, Estado de México, vendieron sus terrenos para la construcción a un precio de 200 pesos por metro cuadrado y demandan ser indemnizados, porque ante el anuncio de la cancelación del aeropuerto en esa zona resultan afectados.

Explicó que cuando vendieron los terrenos establecieron acuerdos para la realización de obras de carácter social, como un parque acuático, un hospital de especialidades y una escuela técnica, concesión de pozos, lo cual demandan que se cumpla.

Los terrenos los vendieron en 200 pesos por metro cuadrado con el compromiso de esos proyectos que generarían el desarrollo económico en la región, advirtió.

Añadió que ante la falta del aeropuerto resultan afectados, porque ya se habían generado 1,200 empleos temporales y otros contratados por empresas, mismos que se perderán, por lo que exigen el pago de sus terrenos a valor comercial y cumplimento de compromisos.

Ya se ha repetido hasta el cansancio. Las políticas irracionales del lopezobradorismo están dañando seriamente al país, aún cuando formalmente no hayan entrado completamente al poder (ya tienen el congreso). Muchos acusan al próximo régimen como auto destructor. Probablemente tengan razón. Pero si en efecto hay una planificación deliberada en la destrucción del país, comenzando por la economía y el propio gobierno -al pretender desmontar a la burocracia profesional y tratarlos con terror-, ¿cuál es su finalidad? Porque ahí están las caídas en la bolsa, disminuciones de inversión extranjera, disminución de la perspectiva de crecimiento, subidas del dólar, mismas acrecentadas con cada nueva ocurrencia. Y repito todavía AMLO no ha tomado formalmente el poder. Para acabarla, la forma de tomar sus decisiones y la de anunciarlas -siempre con un tono insultador y de revanchismo-, agravan más los daños.

Ayer jueves por ejemplo, las acciones de los bancos se fueron a pique después de la iniciativa de MORENA para ya no permitirles cobrar comisiones. Es cierto, en México las comisiones son mayores en comparación con otros países. Pero una cosa es ajustarlas de forma inteligente y otra eliminarlas, lo cual es peligrosísimo. Ya ni hablar -porque se revuelve el estómago del coraje- del (t)error de octubre: la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Por cierto, espero no intenten nada en Santa Lucía y mejor dejen las cosas como estaban. De un elefante blanco a dos -porque Santa Lucía no es viable técnicamente-, mejor nomás uno.

Ambos casos comparten algo. Su resultado. Donde el lopezobradorismo ni siquiera juega con suma cero. Donde ellos ganan y el otro pierde. Sino puros pierde-pierde. MORENA prefiere perder en la opinión pública por sus tonterías, a cambio de afectar a otros y al país completo. En ambos casos perdió AMLO. Pero al mismo tiempo hizo perder a los otros y al país sin ganar nada a cambio. Nadie gana, todos pierden, como nuevo lema del gobierno federal.

Decíamos. Si lo están haciendo a propósito, ¿cuál es la razón? ¿Con qué finalidad se empobrece a un país tan rápido como el lopezobradorismo pretende? Se me ocurren muchas hipótesis. Pero siempre hay que regresar a las 4 reglas básicas del nuevo régimen: López Obrador va por todo el poder. Solo es limitado por sus compinches. Se van a manejar en el gobierno al estilo de la mafia (como MORENA pues). Y llegaron antes de lo previsto al carro completísimo. Así sí se entiende el empobrecimiento programado por AMLO. Es sabido, por desgracia las personas en situación de pobreza, precisamente por su vulnerabilidad, son mucho más fácilmente manipulables políticamente.

También debilitar a las clases medias siempre es un buen negocio político, al minar su influencia. A los magnates les vale gorro. Ya los vimos como soldados con López Obrador para "compensarlos" mediante el supuesto aeropuerto de Santa Lucía. Pareció como si hubieran ido a pedirle perdón o clemencia. Así de arrimados. Pero él necesita más poder y siempre necesitará más. Por eso doy por dada su reelección, aunque no sé si por una, 2 o 3 veces. Bajo el lema: nadie gana todos pierden.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró la más amplia caída desde noviembre de 2016, luego de que las acciones de los bancos se desplomaran, tras conocerse una iniciativa en la Cámara de Senadores para reducir o desaparecer algunas comisiones que cobra la banca a sus clientes.

Al cierre de la jornada de ayer, la plaza bursátil local reportó una caída de 5.81% o de 2,727.15 puntos, con la cual llevó al referente S&P/BMV/IPC a ubicarse en 44,190.25 unidades.

Con la lengua por arma, utilizada sistemáticamente para descalificar a sus adversarios en las lides políticas o a sus críticos, el hoy presidente electo ha dejado heridas que aún punzan. Desde el "es usted un farsante", dedicado a Diego Fernández de Cevallos, hasta los calificativos de "cajamanes" y "prensa fifí" a quienes se resisten a quemarle incienso, pasando por el "Riqui Riquín Canallín" a uno de los candidatos contendientes en la más reciente elección presidencia..., y, por supuesto, el "¡cállate, chachalaca!" para [el entonces presidente] Vicente Fox, en la campaña previa a las elecciones de 2006.

Poco a poco vamos a ver que Morena y el gobierno de AMLO forman un conglomerado de fuerzas y posiciones, y que al interior van a hacerse manifiestas fuerzas disímbolas.

Mientras algunos tratan de construir una buena relación con el sector privado, otros quieren obtener la aprobación del presidente electo y traer más respaldo para su fuerza política.

Es una historia que vamos a ver cada vez con más frecuencia.

"En este momento parece que cada quien tiene su propio objetivo. Unos quieren acabar con el Poder Judicial federal, otros quieren acabar con la burocracia. Y si todos quieren acabar con algo, el problema es que lo pueden conseguir", citó así Proceso al constitucionalista exministro Diego Valadés.

La narrativa de Morena incluyó empresarios calificados como abusivos acumuladores, lo que puede entenderse hasta cierto punto por las prácticas de aquellos que olvidándose del bien común, sólo vieron para su beneficio.

¿Pero qué quiere Morena construir con los otros empresarios?

Generalizar y desincentivar o sacar a trabajadores con experiencia del gobierno como podría hacerlo la nueva administración, puede provocar ineficiencias que expulsen de México a los dueños de las ideas o del capital para crear negocios, aun cuando el Proyecto de Nación de AMLO defienda la creación de empresas innovadoras.

Puede haber buena voluntad entre quienes llegarán a las ventanillas gubernamentales, pero si carecen de experiencia en el servicio público básico o en temas tan nuevos como la cadena de suministro digital que requieren las empresas para sobrevivir, estaremos ante una inevitable amenaza rápida de muerte al incipiente sistema de emprendedores que apenas construye este país.

En cualquier obra pública entre más grande sea aumenta más la percepción de que hay corruptelas. Pero López Obrador nunca ha mencionado quiénes son los funcionarios y los empresarios corruptos; tampoco ha dicho cómo se les castigará y mucho menos ha probado cuáles han sido los delitos encontrados. Nada. Sin embargo, armó una triquiñuela a modo para justificar que el pueblo ha manifestado rechazo a esa obra, y por lo tanto debe ser detenida y condenada a ser la más moderna de las ruinas del mundo. Y el mundo opina y cuestiona. Sólo como ejemplo reproduzco el dicho del Financial Times: La decisión será recordada en la historia económica como una de las peores estupideces de un presidente.

Lo vemos sin creerlo, una obra que está al 32%, autofinanciable, será enterrada para que sus varillas de acero, su cemento enriquecido y su proyecto sea el paradigma de un gobierno que comenzará sus labores con una carga costosísima. A vuelo de pájaro, hagamos un recuento de la necedad: el aeropuerto quería ser el trampolín hacia 470,000 empleos cuando tuviera su máxima capacidad, el resorte para multiplicar turismo, carga de productos y disparador de servicios; dar una imagen internacional como lo son el Kennedy en NY, el Arlanda en Copenhague o el De Gaulle en París. Ese aeropuerto iba a costar 13,000 millones de dólares, de los que ya se habían financiado 9,000 y los faltantes bien podían obtenerse por concesión a particulares. Desperdiciar lo invertido significa 160,000 millones de pesos, a lo que hay que añadir la pérdida en la Bolsa Mexicana de Valores, en sólo 48 horas, por 17,512 millones de dólares. No es todo, por concepto de cancelación de contratos, pago de bonos y rendimientos, así como compensaciones, se calcula serán otros 120,000 millones de pesos.

La comida en La Alcachofa, de Polanco, ha controlado a los empresarios, quienes se han tragado el cuento de que los mismos volúmenes de construcción los harán en Santa Lucía, donde no hay nada preparado. Ni vialidades ni proyecto alguno, sólo 3,000 familias de militares expectantes y preocupadas por su destino, al igual que cerca de 40,000 trabajadores que aún laboran en Texcoco.

Sin licitar el aeropuerto, que dejará de ser militar y será dado a los empresarios supuestamente corruptos, lo que se conseguirá será un escenario de franca impunidad, que servirá de ejemplo para anunciar los alcances de una nueva administración que combate la corrupción cobijándola.

La ministra en retiro y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró su rechazo a que los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial deban sujetarse a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como a la iniciativa de Morena, de rotar a los jueces de distrito cada 6 años, pues lo consideró una intromisión "absolutamente inadmisible" en la autonomía del Poder Judicial.

En el tema de ley de salarios máximos, resaltó, "el blindaje constitucional que tiene el Poder Judicial es del 94: no puedes reducir tus ingresos, tus salarios mientras estés en el cargo. Esta es una disposición constitucional". Y cuestionó: "Entonces ¿qué está por arriba, la Ley de Remuneraciones o la Constitución? La Constitución".

La legisladora rechazó, sin embargo, que vaya a venir una confrontación del Poder Judicial con el Ejecutivo y el Legislativo, pues "ahí está la Constitución, como una garantía institucional".

El galimatías que diseñó Andrés Manuel López Obrador para establecer una estructura paralela de poder en las 32 entidades, conlleva peligros de gobernabilidad y de operatividad que repercutirán definitivamente en la población.

Hasta ahora, la Conferencia Nacional de Gobernadores ha mostrado disposición para con la nueva figura administrativa; sin embargo, algunos de sus integrantes, como Jaime Rodríguez, El Bronco, de Nuevo León, o Enrique Alfaro, de Jalisco, han expresado su rechazo a esa medida que viola a todas luces su autonomía y atenta contra el federalismo.

Andrés Manuel López Obrador usa el término "prensa fifí" porque afirma que los escritores y columnistas que lo critican tienen un pensamiento conservador y proceden de la prensa servil del régimen porfirista; "se los voy a seguir diciendo porque son herederos de este pensamiento y proceder".

Las diferencias entre la prensa y los gobernantes son no solo naturales sino sanas. Los medios de comunicación tienen la obligación de ofrecer una visión crítica de cualquier gobierno. Cuando se pierde esa distancia, la crítica se convierte en complicidad y la prensa pierde su razón de ser. Los reporteros y los políticos necesitan convivir y dependen unos de otros, pero la convivencia es siempre incómoda.

Los gobiernos en México han mantenido por un lado un discurso de respeto al derecho a la libertad de expresión, incluso con celebraciones en fechas conmemorativas, pero lo han acompañado de políticas destinadas a premiar a algunos medios que consideran favorables y a castigar a los que ven como críticos. Una nueva Ley de Comunicación Social promulgada este año obligaría a los medios a inscribirse en un padrón para recibir publicidad oficial, pero deja todavía, a ojo de muchos, una excesiva discrecionalidad en la forma en que se pueden usar los presupuestos de promoción del Estado. El presidente electo López Obrador ha anunciado que reducirá a la mitad los presupuestos de publicidad oficial, pero no ha señalado que piense hacer cambios a los criterios con los que se aplican estos recursos.

Muchos presidentes de Estados Unidos y de México se han sentido molestos con la cobertura de los medios o los comentarios de los editorialistas, pero muy rara vez han abandonado el discurso oficial de defensa del derecho a la libertad de prensa. Un caso notable fue el de José López Portillo quien dijo, como el Bolsonaro del Brasil de hoy, "No pago para que me peguen". Los ataques constantes de Trump a los medios de fake news o los de López Obrador a la prensa fifí son inusitados y preocupantes.

Estamos viviendo tiempos complicados para la libertad de prensa. Los 3 países más populosos de América tendrán pronto gobernantes populistas que han expresado su incomodidad ante la crítica. El que un gobernante exprese sus puntos de vista, y descalifique a quienes piensan diferente, no debería causar preocupación, pero el temor es que suframos nuevos periodos de censura y represión.

Somos fifí, presumen los abogados del despacho Trusan & Roma, de la Ciudad de México. Esta firma conjuga a un exitoso bufete jurídico con exfuncionarios públicos que -según sus dichos- habrían trabajado en las áreas de asuntos legales de la PGR, Función Pública, la consejería de Los Pinos y el SAT.

Especializados en "temas constitucionales, amparo y Derecho Administrativo" y con una reciente e intensa actividad en redes sociales, los litigantes han citado a "una reunión informativa" para mañana al mediodía en sus oficinas -en la colonia Del Valle Sur- a todos los mandos medios y superiores de la Administración Pública Federal inconformes con la austeridad republicana proclamada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

¿Y el conflicto de intereses? Motivados por el lenguaje vejatorio de la Cuarta Transformación, los abogados de Trusan & Rocha han invitado a los altos mandos de la administración peñista a defender "la dignidad de tu empleo, de tus remuneraciones" y combatir los cambios legales que disminuirían su salario, además de que cancelarían los seguros de vida, de separación individualizada y de gastos médicos mayores.

Un clima de incertidumbre y preocupación al interior de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, así como en el Poder Judicial y en órganos autónomos, se ha extendido a partir de la confirmación de la política de austeridad republicana.

Allí está, por ejemplo, el "documento de análisis" -elaborado por funcionarios en activo, a finales de agosto pasado- tendiente a "salvaguardar el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas y los derechos de los servidores públicos" y advertir sobre las implicaciones que tendría prescindir de 70% del personal de confianza en las instituciones gubernamentales.

El amparo colectivo sería la opción más viable. En el Inegi -confirmaban a mediados de la semana que termina- ya se recopilan firmas y documentos, particularmente para tratar de preservar el paquete de prestaciones. En el INAI y en el INEEE, por el contrario, no se resignan a la extinción.

(V.pág.28 del periódico El Financiero del 8 de noviembre de 2018).

En México el Congreso parece un palenque. La abrumadora mayoría de Morena prácticamente impide cualquier movimiento de la oposición, pero la falta de estructura de esa organización no permite un funcionamiento lógico. Se presenta cualquier cantidad de iniciativas, sin ton ni son: eliminar la reforma educativa, sustituir la palabra "varón" por "hombre" en la Constitución, poner las reservas del Banco de México a disposición del Presupuesto, incrementar la retención de impuestos en las operaciones, lo que sea que se les ocurra.

Puesto que Morena no es un partido político, no hay disciplina. Sus huestes se mueven siguiendo a liderazgos que se han agrupado en distintas facciones. Yo alcanzo a identificar 4, pero posiblemente haya más: bolivarianos, ebrardistas, monrealistas y claudios, por el tamaño de cada una de ellas. No agrupan a todos, y las ocurrencias individuales abundan, como fue el caso de las reservas internacionales.

Mientras el desorden campea en el Congreso, desde el equipo de AMLO no surgen soluciones. Pospusieron otra vez el plan de seguridad, seguimos esperando el Presupuesto, nada claro hay en educación o energía. Es cierto que su gobierno empieza dentro de 3 semanas, pero fue AMLO el que quiso hacerse del poder desde el día de la elección y arrollar a la administración de Peña. El vacío actual es su responsabilidad.

Y es curioso que hayan decidido convertir a diciembre en un mes perdido: están pagando ya los sueldos del mes y el aguinaldo. Más vacío y desorden, pues.

En el Presupuesto del próximo año -y dando por descontado que cuadran las cuentas para un déficit público del orden de 2.0-2.3% del PIB y un superávit primario de 0.5-0.8% del PIB- se anticipa una reconfiguración de los denominados programas sociales o asistencialistas (pagos directos a beneficiarios). No es clara la población objetivo que recibirá esos apoyos ni los padrones con los que operarán los programas, ya que aparentemente se otorgarán "sin intermediarios" a partir del "censo" que está levantando Morena. Ello definiría un universo de beneficiarios con una intención eminentemente política y no de desarrollo social.

El candidato en campaña aseguró a sus seguidores que iba a cancelar el proyecto aeroportuario, al mismo tiempo que hizo el mismo compromiso con la Coparmex en el sentido opuesto. La lógica política de beneficio inmediato llevó al presidente electo a dejar en segundo plano a los empresarios y complacer a sus aliados políticos y económicos encabezados por Riobóo.

Ante la aplanadora electoral en que se convirtió Morena a consecuencia de la irresponsabilidad de priistas y panistas en la conducción de sus respectivas campañas presidenciales, la oposición política ha dejado de tener un papel significativo en la toma de decisiones a nivel nacional. Quienes han asumido este papel son los organismos empresariales, e involuntariamente las calificadoras internacionales, las cuales han hecho sonar las alarmas ante lo que consideran proyectos económicos inviables e incompatibles con la estabilidad económica.

Y es que los cuentos de una consulta hecha a modo para justificar una elección decidida a priori, no sirven ante la matemática simple que demuestra que no es posible reducir impuestos en la frontera norte, condonar arbitrariamente deudas de la CFE, entre otros actos de gracia, y simultáneamente expandir el gasto público para un tren, una refinería y muchos programas sociales, sin que esto ocasione un déficit en las finanzas públicas.

30 millones de votos dan la legitimidad para hacer casi todo, al menos durante los primeros años de gobierno. Sin embargo, hay ciertas variables que no responden a los deseos de un presidente popular. Ni los cálculos de ahorro por una supuesta disminución de la corrupción ni la reducción irracional de salarios son suficientes para garantizar un crecimiento sano y una transformación del tamaño prometido por el nuevo presidente de México.

López Obrador pudo derrotar a un aparato político de gran calado, tanto por su tenacidad y su lectura correcta de las señales que le fueron enviando sus adversarios, como por los errores propios de los Peña Nieto, Meade y Anaya, quienes, entre otros, se encargaron de brindarle a Andrés Manuel todas las oportunidades para demoler el sistema político mexicano en su conjunto. Reformular las reglas del juego del poder en nuestro país es, en el fondo, el proyecto de AMLO para los próximos 6 años. Ese es el objetivo y en función de ello actúa.

Sin embargo, el error de fondo es la desconexión entre la ambición política y las limitantes económicas. Pretender regresar al pasado nacionalista mexicano, para desde ahí corregir los errores de corrupción y abuso del poder de entonces, es simplemente desconocer las nuevas variables que interactúan en el escenario mundial. Los movimientos de capital y la fuerza de los mercados pueden echar por la borda no solamente a la 4a. transformación, sino todo lo obtenido a través de décadas de modernización en el odiado neoliberalismo económico.

Si no existe alguien que haga comprender al nuevo 1er. mandatario las limitantes propias del siglo XXI, más allá de frases llenas de adjetivos y descalificaciones, tendremos que enfrentarnos necesariamente al sometimiento del poder político por un poder económico que, desde la caída del Muro de Berlín, no ha perdido ninguna batalla frente a propuestas políticas basadas en supuestos falsos, o delirios de grandeza de caudillos sin límite alguno.

Si de lo que se trata es de cambiar la forma de gobernar y de resolver las enormes carencias de la mayoría de los mexicanos, deberían comenzar por el simple ejercicio de aprender a sumar y restar con la precisión necesaria para evitar desatar las fuerzas económicas, que siempre terminan por destruir lo que no tiene un sustento. El fracaso del nuevo régimen puede ser el de millones de pobladores de este país.

El protocolo dentro del recinto, el Himno está casi perfectamente planchado. Gran problema, el que la calidad y profundidad del discurso del presidente de la Cámara de Diputados pueda superar o ensombrecer al mensaje del propio presidente constitucional. No es difícil, considerando que uno es un tribuno, campeón de oratoria, con larga prosapia en las lides parlamentarias, mientras que el otro, es un campeón, pero de la plaza pública, del discurso improvisado, del verbo ardiente del corazón.

Una vez en Palacio, ¿qué sucede? ¿Recibe dignatarios? ¿Saldrá al balcón a saludar a la gente reunida -y seguramente acarreada por Morena- para lanzar vítores y hurras al nuevo presidente? ¿Saldrá sólo? ¿Con su familia?

Hacemos votos porque no tenga el mal gusto de aparecer ahí con el impresentable de Nicolás Maduro, porque causará profunda deshonra al pueblo de México. O de Daniel Ortega o Evo Morales. ¿Cabrá la sensatez? Ya invitarlos fue suficiente desatino.

[...]

México corre el grave riesgo de desechar a una clase gobernante, me refiero más a la técnica que a la política, los funcionarios del Banco de México -200 retiros voluntarios por adelantado-, de la Secretaría de Economía, de Relaciones Exteriores -cónsules, embajadores y expertos en temas internacionales-, de Energía, de telecomunicaciones, para substituirlos con "la gente del movimiento".

Es decir, aquellos fieles simpatizantes de AMLO y de Morena, perredistas en un momento de su historia, de izquierda casi todos. Estoy seguro de que habrá gente talentosa y preparada, pero me preocupa que esta premisa de contratación funja como sentencia y como condena.

Nos ha costado casi 30 años capacitar, entrenar y formar a mexicanos profesionales en el servicio público, financieros y diplomáticos, ingenieros y expertos en muy diversas áreas, que ahora serán retirados por una baja substancial de salario, además de no pertenecer "al movimiento".

¿Qué es el movimiento?, pregunto, y responden orgullosos que es la base de la 4a. transformación, el movimiento auténticamente social -dicen que nutre y alimenta al nuevo gobierno-. Suena bonito, pero otras voces hablan más de un amasijo informe, de corrientes políticas, ideológicas, radicales, sindicalistas que pretenden aprovechar la coyuntura para ocupar algún espacio de poder.

"El movimiento", ese que defienden como guía ideológica y operativa, bien puede convertirse en un pretexto de segregación y de rechazo social a todos aquellos que hayan colaborado o trabajado con administraciones anteriores.

El tabasqueño no a todos los empresarios trata igual. Hay uno, en particular, a quien en muy pocas semanas le permite todo tipo de licencias: desde participar en la rueda de prensa donde se anunció la cancelación del NAIM, hasta poner a uno de sus hombres de confianza a cargo del -Dios guarde la hora- próximo aeropuerto de Santa Lucía.

Ese empresario se llama José María Riobóo, y algunos pensaron que era el Juan Armando Hinojosa de la 4a. transformación. Pero Hinojosa era y es discreto. Mal se conocen fotos de él y menos su voz.

Los amigos empresarios de Peña Nieto tuvieron en común que, con sus escándalos de corrupción nunca realmente investigados, socavaron la legitimidad del gobierno que está a punto de concluir. Por eso era buena idea aquello de no tener amigos.

¿El amigo de Andrés Manuel acarreará similares costos para el gobierno que está por comenzar? ¿Pues qué le deberá López Obrador a Riobóo que tantas concesiones le da?

Quizá habría que preguntarle a AMLO: oiga, presidente electo, ¿el presidente de México tiene amigos? Y ojalá que su respuesta no sea un mal chiste.

Si alguien piensa que el acuerdo en un privado del restaurante La Alcachofa entre el presidente electo y una decena de empresarios solucionó el problema económico derivado de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, se equivoca por completo.

Tal vez arreglaron su problema, no lo sabemos, pero el del país se ahonda conforme pasan los días.

Después del error económico y político de parar la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional con una consulta de bisutería, los mercados reaccionaron y el nerviosismo aumentó.

Banorte modificó sus expectativas de la relación peso-dólar y la puso, para el próximo año, en 22.50 pesos por dólar.

Y el crecimiento económico, según estima Citibanamex, será de un paupérrimo 1.7% para el año entrante.

Menos inversión.
Más cara la deuda.
Más alzas en tasas de interés.
Menos empleo.

Es lo que sucede cuando los políticos juegan con la economía.

Al cancelar el aeropuerto, el presidente electo mandó una pésima señal que los mercados registraron y la prensa internacional lo tomó como algo insólito, por lo equivocado.

Peor señal es que López Obrador entendió el mensaje de los mercados e insiste en el error en lugar de rectificar.

Y los mercados no son unos señores de abrigo largo, flor en la solapa, cara de marrano y sombrero de copa, como los pintan en La Jornada.

El mercado somos todos.

El que deja de comprar un coche por temor a cómo venga la situación.

Los que prestan más caro porque se tienen que cubrir ante posibles impagos por falta de solvencia económica.

Los que deciden quedarse en casa en vacaciones en lugar de ir a Acapulco, porque ven incierto el futuro cercano.

O el que pasa sus ahorros a dólares porque desconfía del manejo responsable de la economía.

Entonces los mercados no previenen los errores económicos: los castigan.

Los mercados castigaron la medida autoritaria y sin lógica económica de cancelar el aeropuerto en Texcoco.

Y a pesar de ello, nuestro presidente electo desafía a los mercados e insiste en implantar su voluntad por sobre la lógica económica.

Anunció que vienen más consultas fuera de la ley. Eso nos va a perjudicar.

Con tal obstinación de hacer su voluntad al margen de la ley y de la lógica económica, se explica la presencia estelar de Nicolás Maduro en su toma de posesión, algo que casi ningún presidente del mundo hace: invitarlo.

Tienen los mismos reflejos.

López Obrador prometió, y sigue prometiendo, que vamos a crecer a un promedio de 4% anual en su sexenio.

Por ese camino vamos a estar muy lejos de esa meta.

En cuanto al tipo de cambio, Citibanamex dice a sus clientes que "en nuestra perspectiva, la reciente depreciación del peso no se revertirá". Y espera que el Banco de México tenga que subir tasas a 8% la próxima semana.

Banorte, a su vez, dice que "internamente se ha dado un incremento en el riesgo país, después de los comentarios recientes de las calificadoras". Es decir, por la cancelación del aeropuerto.

Apunta que el tipo de cambio, en lugar de terminar diciembre a 18.60 pesos el dólar como habían previsto, va a cerrar en 20.50.

Y que el próximo año no va a quedar en los 19.50 que habían calculado, sino en 22.50 pesos por dólar.

Es el resultado de jugar con la economía.

De la pérdida de la confianza.

De creer que las cosas se pueden arreglar en corto y en lo oscurito con un reducido grupo de empresarios.

De falta de transparencia en las políticas públicas.

Eso, ni modo, no lo aceptan los mercados.

Y las consecuencias las pagaremos todos. Los que menos tienen, en especial.

La pregunta que muchos se hacen, incluidos colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, es si convertir en aeropuerto civil la Base Militar de Santa Lucía es una alternativa real. Fue un error cancelar Texcoco, dijo uno de los principales defensores públicos de López Obrador, pero ahora Javier Jiménez Espriú, tendrá que demostrar que lo que dijo al presidente electo es verdad. Jiménez Espriú, el próximo secretario de Comunicaciones, fue el principal vocero en la defensa de Santa Lucía y la muerte de Texcoco. La viabilidad técnica y financiera se verá con los estudios, pero desde el punto de vista de desarrollo económico, Santa Lucía parece una opción destinada a morir.

Santa Lucía y el aeropuerto "Benito Juárez" parecen ser la peor combinación para la industria aérea en la Ciudad de México. Conectar en la Ciudad de México a cualquier destino nacional, apunta a ser una pesadilla, lo que favorece a otros aeropuertos que podrían resultar como los beneficiarios colaterales por la decisión de cancelar la obra en Texcoco.

Estos escenarios de conectividad a México tienen consecuencias lógicas. La inviabilidad de esos 2 aeropuertos para ese propósito abre varias externalidades negativas. La primera sería una reducción en el número de vuelos internacionales a Santa Lucía o el Benito Juárez, con lo cual, eventualmente, llevaría a que las aerolíneas mexicanas cancelaran rutas poco productivas, con lo cual varios destinos turísticos fuera de Cancún, Los Cabos o Puerto Vallarta, o algunas capitales incluso, podrían quedarse sin servicio aéreo. El impacto de perder vuelos en la Ciudad de México traería costos de operación para las aerolíneas, donde lo primero que harían es recortar personal y, en el largo plazo, incluso cerrar sus operaciones. Santa Lucía distorsionaría todo el mercado y la industria. La mejor opción es que acompañe a Texcoco al olvido y matarla para que no mate a la industria en la Ciudad de México.

Todo indica que los empresarios recibieron garantías de que las cláusulas de terminación anticipada de contrato van a aplicarse y de que se les va a finiquitar en función de los montos que se les adeuden.

Algunos -me consta directamente- estaban estudiando la posibilidad de presentar demandas por daño patrimonial. Sin embargo, en ese caso, el pronóstico no era el mejor para empresas cuya actividad dependerá en los próximos años de la obra pública.

Así que la elección fue claramente por el menor de los males.

¿En qué medida esta circunstancia será suficiente para despejar las dudas que surgieron en los mercados financieros?

Evidentemente no. Los inversionistas están expectantes respecto a lo que pueda ocurrir con otras decisiones de la nueva administración.

En el caso de los extranjeros, en particular, mientras los rendimientos sean atractivos y la expectativa de largo plazo sea favorable, no habrá retracción de inversiones.

Y, en el caso de la mayoría de los empresarios nacionales, al margen de simpatías o antipatías con el presidente electo, también hay, por lo pronto, la intención de buscar la manera de continuar haciendo negocios.

El eslabón débil, como lo hemos comentado reiteradamente, está en Pemex.

Si se percibe un debilitamiento de las finanzas de la empresa petrolera por los proyectos a emprender, como el de la refinería, sin ingresos adicionales que los compensen, pende la amenaza de una reducción en la calificación de Moody's. La deuda externa de Pemex está valuada en Baa3, que es el mínimo para tener grado de inversión. Si la calificación bajara un escalón, a Ba1, muchos fondos -por normatividad interna- se verían obligados a vender los títulos de la petrolera.

Y, en ese caso, la llovizna sí puede convertirse en tormenta.

Citibanamex redujo de 1.9 a 1.7% su perspectiva de crecimiento económico de México en 2019, ante una moderación en el gasto de gobierno por inicio de sexenio, así como a una reducción de inversión ante la decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco.

"Dada la decisión de cancelar el NAICM, pensamos que la reducción en inversión será más intensa que lo asumido con anterioridad. En 1er. lugar, pensamos que el impacto directo de sustraer el NAICM de la Inversión Fija Bruta, una reducción de 2.6% a 1.6% en su crecimiento anual, no será compensado por otros proyectos de inversión pública, pues propuestas como la de acondicionar y construir 2 pistas en Santa Lucía están aún lejos de la fase de ejecución", dijo Citibanamex.

La firma dijo que una moderación en el gasto de gobierno que típicamente ocurre al principio de un sexenio, es probable se exacerbe en esta ocasión dada la falta de experiencia administrativa del equipo entrante y la fuga de capital humano que se anticipa como resultado de los recortes salariales anunciados.

De igual forma, Citibanamex espera una reducción de la Inversión Fija Bruta debido a la incertidumbre política y económica.

"La decisión de AMLO de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco llevó a una significativa reacción negativa de los mercados financieros, aún en el contexto de riesgo favorable a los mercados emergentes, lo que nos lleva a confirmar varios ajustes en nuestro escenario macroeconómico", agregó Citibanamex.

Abundó que la reciente depreciación del peso no se revertirá, con lo que espera que el tipo de cambio cierre en 2018 en 19.70 pesos por dólar, desde un estimado previo de 19.20 pesos. Para 2019, también subió su pronóstico de la paridad cambiaria, con lo que espera un tipo de cambio de 20 pesos con 50 centavos, desde un estimado previo de 20.1 pesos.

El comportamiento de la paridad peso-dólar después del anuncio de la cancelación del NAICM sugiere que dicho evento estaba descontado parcialmente, pero también que a pesar de que los factores globales influyen en el desempeño de una moneda tan líquida como el peso mexicano, hubo ciertamente un elemento idiosincrático en juego. "Hemos optado así por efectuar un ajuste de una sola vez a nuestra trayectoria peso-dólar a favor de un peso más débil que es consistente con un acomodo de mayores primas de riesgo entre el tipo de cambio y las tasas de interés", subrayó Citibanamex.

A fines de 2017 tuve el privilegio de ir a MITRE, el centro de investigación en aeronáutica más importante del mundo. De ahí salió el radar, de ahí han salido los estudios para resolver los desafíos de los aeropuertos más importantes del mundo, tiene 60 años de experiencia y no hay ningún otro centro en el mundo con sus capacidades técnicas y desarrollo de simuladores. Ninguno.

Desde hace 22 años, este centro trabaja en los desafíos de un nuevo aeropuerto mexicano. Desde hace 10, trabaja directamente en los retos de Texcoco. El problema de las aves, el suelo que se hunde, las rutas aéreas, los impactos en la población alrededor, los desafíos de la altura y de los vientos.

¿O en qué creían que trabajaban los ingenieros de MITRE? ¿En hacer torres de control? No. MITRE no construye aeropuertos, resuelve desafíos aeronáuticos, minimiza impactos o declara irresolubles los obstáculos. La generosísima explicación que me dio en ese momento el director Bernardo Lisker, durante 10 horas ininterrumpidas, me dejó claras 3 cosas: la imperiosa necesidad nacional de tener un nuevo aeropuerto, la difícil tarea de hacerlo en Texcoco, la peligrosísima tarea de hacerlo en Santa Lucía (se potencia el riesgo de colisión) y el desprecio al presente y el futuro de las cientos de miles de personas que viven alrededor del actual aeropuerto (el ruido quintuplica el nivel de decibeles considerado dañino).

Meses después, el arquitecto Juan Palomar compartió una idea genial: había que ver el nuevo aeropuerto al revés. El aeropuerto era la variable que hacía falta para obligar a invertir en la zona, la posibilidad no de salvar, sino de recuperar y dar esplendor a un sistema de lagos ideado por Kalach en su proyecto Ciudad Lacustre décadas antes sin que hubiera ni un peso para ello ni una brizna de atención. El aeropuerto era la oportunidad.

Pero ya no habrá tal. El nuevo gobierno anunció la cancelación de este complicadísimo proyecto.

Toluca, Santa Lucía y el aeropuerto [de la Ciudad de México] son ahora la opción. Toluca no tiene condiciones de altitud para aviones con carga completa o de mayor envergadura, pero sirve como válvula complementaria para vuelitos.

Santa Lucía es otro cantar. La empresa NavBlue, de Airbus, ha determinado lo mismo que MITRE: sí es factible, pero peligroso. Pero ojo, en todas y cada una de las páginas del reporte, NavBlue escribió que su estudio usa como insumo "suposiciones", por lo que es preliminar y no debe usarse para tomar decisiones. En todas las páginas. Para que se haga Santa Lucía, hay que trabajar los desafíos y proponer medidas para minimizar los impactos. Ver cómo sí. Porque de entrada, igual que Texcoco, no.

Finalmente sucedió lo obvio y el demagogo electo, amparado en una "consulta" al margen de la ley y plagada de irregularidades, canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se construía en Texcoco. "¡El Pueblo ha hablado!" Exclamaron sus lacayos y paleros refiriéndose a los menos de 750,000 votantes (poco más del 1% del padrón electoral) que, según los organizadores de la consulta (no hay manera de confirmarlo independientemente), decidieron colaborar en la legitimación de esta farsa acudiendo a votar. Aunque parezca increíble, mucha gente, incluyendo a algunos de los críticos más feroces de la tenebrosa "4a. transformación", confió hasta el último minuto en que el demagogo no se atrevería a cometer un disparate tan autodestructivo, "no puede ser tan irracional", decían, "saldría muchísimo más caro cancelar que concluir la obra, alienaría a los inversionistas antes de tomar posesión y se perderían decenas de miles de empleos", argumentaban. Pero, obviamente, aquellos desesperados llamados a la sensatez cayeron en oídos sordos.

Confieso que yo estaba completamente seguro de que López Obrador cancelaría el aeropuerto. Y es que después de vivir Brexit, el ascenso de Trump y el arrollador triunfo del demagogo tabasqueño (entre otros desastres electorales), me ha quedado más que claro que desde hace unos cuantos años el mundo entró en una era de obscuridad irracional y en un profundo retroceso democrático, y dicha era está hoy en su apogeo. Sí, primero fueron los tradicionalmente sensatos británicos quienes decidieron divorciarse de la Unión Europea, autoinfligiendose una herida económica, política y social que tardará al menos un par de décadas en sanar, si es que sana algún día. Luego, los norteamericanos eligieron a un energúmeno fascista como presidente, en un berrinche que podría desembocar en el fin de la democracia norteamericana e incluso en el de la civilización occidental como la conocemos. Además, nuevas autocracias chovinistas y populistas emergieron y se fortalecieron a lo largo y ancho del mundo, de Turquía a Hungría, pasando por Polonia y Filipinas. Y partidos y regímenes fascistas brotaron como hongos a lo largo y ancho del continente europeo y más recientemente en Brasil. Mientras que en Mexico, el electorado no se conformó con elegir como presidente, en medio de esa tormenta internacional, a un demagogo mitómano, autoritario e impredecible, sino que además le otorgó un poder prácticamente absoluto, dándole rienda suelta a sus peores instintos.

Es por eso que la cancelación del NAICM no me sorprendió en lo más mínimo, pues es una decisión típica de esta era y del personaje que la tomó. De lo que se trata es de dar un puñetazo sobre la mesa, de mandar el mensaje de que hay un nuevo sheriff en el pueblo y que aquí sólo sus chicharrones truenan. Poco importa que la alternativa que "ganó" sea una ocurrencia fantasmal sin ningún proyecto o estudio que la respalde. Ni que la construcción del aeropuerto de Texcoco lleve un 30% de avance. O que se tengan que quemar decenas de miles de millones de pesos de dinero público en indemnizaciones, permítame repetir eso: decenas de miles de millones de pesos de dinero público se tirarán a la basura. Ni que la bravuconearía irracional de un demagogo vaya a llevarse entre las patas a miles de personas que quedarán desempleadas, personas que por cierto pertenecen al pueblo al que el redentor pendenciero dice representar y defender. Tampoco importa que nuestra moneda se deprecie, que los mercados se alteren o que los inversionistas pierdan la confianza en un país incapaz de respetar contratos y decisiones de Estado. Todos sabemos que a lo largo de su tragicómica historia, esta martirizada región a la que llamamos "Latinoamérica" ha visto desfilar a cualquier cantidad de demagogos populistas que en algún momento de sus catastróficos reinados decidieron declararle la guerra a los mercados internacionales, y también sabemos que esos enfrentamientos SIEMPRE acabaron en un cataclismo económico cuasi apocalíptico. Pero este demagogo y sus fieles están ciegamente convencidos de que ÉL sí es el bueno, de que ÉL sí es el elegido y de que todo saldrá bien.

Por sí misma, la decisión de cancelar el aeropuerto terminará siendo desastrosa, y no para Carlos Slim y sus colegas oligarcas que de una u otra manera recuperarán sus inversiones. No, los que terminarán pagando los platos rotos serán los de siempre, la clase media y esos millones de miserables a los que el demagogo dice amar con toda su alma. Pero además, la cancelación es un ominoso presagio de lo que viene, pues toda esta faramalla sirvió para que el futuro gobierno se quitara finalmente la máscara, exhibiéndose ante el mundo como el régimen autocrático que aspira a ser. Y es que las autocracias, eufemísticamente conocidas como "democracias iliberales", que han emergido en los últimos años y definido políticamente esta tenebrosa era, se caracterizan por demoler el andamiaje institucional (indispensable para el buen funcionamiento de una democracia auténtica) de las naciones a las que sojuzgan, al tiempo que mantienen una fachada pseudodemocrática capaz de engañar a algunos incautos. Son, en pocas palabras, cascarones huecos, regímenes de un solo partido y sin división de poderes con un tenue barniz democrático, aportado casi siempre por elecciones cuidadosamente adulteradas. Y la consulta espuria que nos infligió López Obrador fue precisamente eso, una perversa simulación electoral profundamente antidemocrática, el primer golpe en lo que seguramente será la demolición metódica de nuestras instituciones autónomas, esas por las que tanto luchamos y que nos llevó décadas construir, todo para que una secta de iluminados y fanáticos vengan a desmantelarlas en un abrir y cerrar de ojos. Estamos advertidos, cada vez que el demagogo quiera concederse algún capricho, convocará a una consulta opaca y fraudulenta y maquillará de vox populi su soberano antojo. ¿Restaurará la reelección? ¿Despojará al Banco de México de su autonomía? Absolutamente TODO es posible.

Además, este circo confirmó por enésima ocasión que al interior del nuevo régimen no existen voces discrepantes, moderadas o autocríticas. Y es que esta gente se comporta, y aquí hay que ser especialmente severo con sus connotados intelectuales y académicos, cual disciplinados miembros de un culto religioso. Para comprobar lo que digo basta con analizar el mantra propagandístico "yo prefiero el lago", una pieza de postverdad tan delirantemente deshonesta que sonrojaría al mismísimo energúmeno naranja, y que requirió auténtica fe ciega de parte de los creyentes para que se atrevieran a entonarla y publicarla una y otra vez en redes sociales sin el menor asomo de vergüenza. Un autócrata en potencia como López Obrador miente a mansalva y comete constantemente disparates destructivos e injustificables, en parte para poner a prueba la incondicionalidad de sus lacayos y acólitos. Aquellos que defienden y justifican cada palabra y acción de su amo, por más irracionales o destructivas que sean, lo hacen para demostrarle su lealtad inquebrantable y para complacer a los otros miembros de la secta. E incluso están dispuestos a empeñar su reputación, y a venderle el alma al diablo, a cambio de un poco de poder, notoriedad efímera o aprobación de la manada. Pero de esa cloaca inmunda no se sale nunca, no hay jabón que limpie el desdoro de haber servido a un tirano, ni perfume que aplaque esa peste. Y el demagogo lo sabe muy bien. Sabe que quienes chapoteen a su lado en la letrina de sus disparates, ocurrencias y mentiras, estarán atados a él y a su causa para siempre, y serán corresponsables del desastre inevitable. Pues como dijo el gran George Orwell de los propagandistas de cualquier régimen: "Once a whore, always a whore".

Y algo muy parecido se puede decir de esos otros personajes, auténticos tontos útiles, que por ambición o ingenuidad le alquilaron su prestigio al demagogo, maquillando de moderación y frescura a una restauración cavernaria, fanática y radical. Me refiero a gente como Carlos Urzúa, Olga Sánchez Cordero y hasta a Tatiana Clouthier y Alfonso Romo. Este último, por cierto, fue el encargado durante la campaña de "tranquilizar" a los empresarios, convenciéndolos de que aunque López Obrador caminaba como ganso, graznaba como ganso, nadaba como ganso, volaba como ganso y se cansaba como ganso, en realidad no era un ganso sino el líder moderno, racional y moderado que la patria necesitaba. Imagino que don "Poncho" debe tener poquísimos amigos en estos momentos, y francamente no lo compadezco. Pero a un mes de la toma de posesión, estos importantes personajes aún están a tiempo de actuar responsable y honorablemente, denunciando y dándole la espalda a un demagogo que a todas luces no comparte sus ideales y principios, y que está decidido a destruir los cimientos democráticos que tanto trabajo nos costó construir (no olvidemos que mucha gente perdió la vida en esa lucha). Su gesto desencadenaría una oportuna crisis política que obligaría al nuevo emperador a moderarse y que incluso podría resucitar a la oposición. Pero no lo harán, pues están embriagados de poder y este tipo de desgracias no suelen terminar tan pronto o de una manera tan sencilla. México cometió un error catastrófico el pasado 1o. de julio y no se salvará tan fácilmente de pagar las onerosas consecuencias...

No es inusitado que el semanario Proceso haya dedicado una portada editorializada a cuestionar a un político. El titular de esta semana, "AMLO se aísla: El fantasma del fracaso", es típico de la revista, solo que no ataca a un Presidente del PRI o del PAN, sino a Andrés Manuel López Obrador.

Los simpatizantes de la izquierda aplaudían las golpeadoras portadas de Proceso cuando etiquetaban a otros mandatarios, pero no consideran hoy aceptable cuestionar a un Presidente electo de su misma ideología. La revista, lectura de cabecera de la izquierda durante 42 años, se convierte así en una traidora a la causa, especialmente porque Julio Scherer Ibarra, hijo del fallecido fundador y gran patriarca de Proceso, Julio Scherer García, será consejero jurídico de la Presidencia en el gobierno de López Obrador.

Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, comentó en Twitter: "El problema no es convertir una disparatada opinión personal en una desafortunada frase de portada, ni hay ningún ataque a la libertad de expresión, el problema es que una revista que fue progresista desató el repudio y la indignación popular". Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, opinó: "Todavía no toma posesión y ya está 'solo' y a punto del 'fracaso'. El conservadurismo, de izquierda o de derecha, nubla el juicio y da pie a conjeturas fantasiosas. Los extremos pueden tocarse y abrazarse. Bienvenida la pluralidad y el debate. Lo bueno es el desenmascaramiento".

Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso, escribió en 2017 con motivo de los 40 años de fundación del semanario: "Quiero establecer el compromiso de Proceso de seguir siendo lo que al poder molesta y obsesiona: una parte sustancial de la conciencia crítica de nuestro país". Supongo que la negativa portada sobre López Obrador buscaba mandar precisamente ese mensaje al nuevo gobierno, el cual se vuelve más significativo porque La Jornada, la otra gran publicación de la izquierda, se unió a las alabanzas a Enrique Peña Nieto debido a que este gobierno la rescató de la quiebra.

A pesar de las críticas, los simpatizantes de la izquierda no creen que el semanario se vaya a hacer fifí. "Proceso siempre ha sido progresista -me dijo ayer Polevnsky-. Siempre nos ha apoyado". No creo, sin embargo, que la función de la prensa sea apoyar a un partido político.

El problema no es sólo mandar una pésima señal a los mercados estos días sino que nuestro principal rival en la región está mandando al mismo tiempo muy buenas señales. En el duelo económico de México contra Brasil (los 2 grandes de América Latina), no es sólo que López Obrador metió un autogol sino que encima a los pocos minutos el impresentable de Bolsonaro metió gol. 2-0. El discurso del presidente electo mexicano preocupa a los mercados mientras que el discurso económico del presidente electo de Brasil es francamente amistoso con los inversionistas. Podremos quejarnos y con razón del racismo, machismo, homofobia del mandatario brasileño, pero eso no es lo que analizan los que invierten dinero.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció el fin de semana (4 de noviembre) que en diciembre o en enero habrá otra consulta ciudadana, ahora para someter a votación el proyecto "Tren Maya", un compromiso de campaña que detonaría el turismo en el sureste mexicano con un medio de transporte específico como este.

El punto no es el "Tren Maya", ni el cancelado aeropuerto de Texcoco. Se trata del mecanismo de las consultas.

Planteadas así, al gusto del presidente electo, amenazan con convertirse no en una expresión de la voluntad ciudadana, no en la "voz del pueblo", sino precisamente en el medio ideal para que un presidente empoderado como lo es López Obrador, conduzca al país casi sin posibilidad de crítica u oposición.

Todo lo que aborde al presidente electo y sus decisiones requiere contextualización. Por eso quiero subrayar: no se cuestiona su proyecto de transformación; no se demerita su interés por confrontar a la clase dominante (económica y política) que ha hecho de México la nación más desigual e injusta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El único interés es revisar si por el camino que inauguró, vamos a la correcta interpretación y aplicación de una figura democrática que dé a los ciudadanos la oportunidad de aprobar o reprobar un proyecto público.

Por ahora, con la experiencia de la consulta sobre el aeropuerto y el anuncio de la consulta sobre el tren del sureste, las señales indican que no.

La consulta, primero, no es un invento del futuro presidente. Ya existe en la Constitución del país, y en legislaciones estatales figuran otras formas de participación democrática como el referéndum, plebiscito e iniciativa ciudadana. Su presencia ya es un avance democrático en la república mexicana porque hace unos años sencillamente no existían.

El presidente electo, sin embargo, ignoró el artículo 35 de la Constitución con la consulta sobre el aeropuerto capitalino. Pero finalmente, al no ser una autoridad en funciones no aplica sanción contra él, la consulta ni la cancelación del proyecto aeroportuario.

Las cosas serán diferentes a partir del 1 de diciembre, cuando ya siendo presidente del país, estará impedido para violentar la Carta Magna.

Para realizar consultas públicas cada vez que la ocasión lo amerite, tendrán que reformar la Constitución. ¿Pueden hacerlo el presidente y sus aliados políticos en las cámaras de Diputados y Senadores? Contundentemente: sí.

Suponiendo que ese escenario exista antes de enero, lo cual es de por sí muy difícil por la brevedad de los tiempos, se habría salvado el obstáculo legal y evidentemente, el "Tren Maya" y cualquier otro tema quedarán sujetos a consulta con tanta flexibilidad y facilidad como se disponga en la hipotética reforma.

Quedaremos expuestos entonces a un exceso de democracia, con todas sus consecuencias.

Y ya se sabe que los excesos no terminan bien.

A partir del día de hoy, entra en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Sin embargo, se va a hacer efectiva con el año fiscal, es decir, a partir del 1 de enero de 2019.

La ley corregirá el problema de los pagos excesivos a los servidores públicos, pero creará otro problema fundamental: la fuga de talento del servicio público.

Bajo la lógica de la ley y de medidas propuestas, como el despido del 70% del personal de confianza del sector público, hay un diagnóstico que dice que los altos funcionarios públicos son en su mayoría corruptos y abusivos, ineptos y vividores.

La realidad es que no es así. Hay muchos altos funcionarios que son honestos, competentes y patriotas.

Los estados fuertes y eficientes tienen una tecnocracia que perdura, que es independiente de los cambios de partido o de régimen.

En México, hay muchas oficinas en las que hay esa tecnocracia de alto nivel, a la que en buena medida se le va a invitar a salir del servicio público con una reducción salarial nominal que rondará el 40 a 50%.

De acuerdo con lo ofrecido por AMLO, su salario será de 108,000 pesos mensuales netos. Actualmente, los secretarios ganan 201,000 pesos, por lo que si ganaran 107,000 pesos (deben ganar menos que el presidente), requerirían una reducción de 47% y así para todos los puestos hasta directores de área inclusive.

Muchos de los funcionarios que tienen conocimientos y destrezas van a buscar opciones que los valoren, aunque tengan que abandonar su vocación de servicio público.

Quizás los primeros 2 niveles puedan estar en sus puestos por el proyecto. En otros cargos probablemente, sin una recompensa económica adecuada, muchos van a saltar del barco.

Y, quienes van a llegar a reemplazarlos no serán necesariamente profesionales brillantes a quienes no les importa la remuneración. En muchos casos se tratará de personal de menor capacidad, que va a generar un servicio público más bien mediocre, que nos va a costar a todos.

El mismo propósito de AMLO pudo cumplirse haciendo una revisión cuidadosa de salarios, y ajustando.

Era un trabajo que debió hacerse con bisturí y se hizo con machete.

Con la bandera de la democracia y la dizque preocupación por los que menos tienen, se han venido tomando decisiones -antes de tomar posesión- que avizoran un sexenio que puede sí, ser un parte aguas en nuestra gran nación, pero no necesariamente para bien.

Pienso que debe existir una frontera a la hora de hablar de los hijos de un hombre público. Si son menores de edad, si ellos no están en la vida política, si tienen un trabajo privado que les ofrece suficientes recursos para darse la vida que quieran.

Ninguno de estos supuestos lo cumple José Ramón López Beltrán, hijo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador: no es menor de edad, ha sido operador electoral de Morena y éste es un partido político financiado millonariamente con recursos públicos.

José Ramón López Beltrán se da una vida "fifí" (el adjetivo descalificativo que emplea con frecuencia López Obrador para despreciar a sus críticos). Circulan unas fotografías de él en el restaurante del lujoso hotel Villa Magna de Madrid, que cuesta unos 12,000 pesos por noche, famoso por hospedar a mexicanos de dinero. Al parecer la reservación del hotel estaba a nombre de otro de sus hermanos, Gonzalo.

Las imágenes del hijo de AMLO en el Villa Magna de Madrid impactan en el corazón del mensaje de austeridad. El asunto se vuelve noticia justo porque se estrella contra los prejuicios del presidente electo. Si él no usara el "fifí" como misil de ataque, si no pusiera bajo sospecha de corrupción a cualquiera que tenga los recursos para hospedarse en un hotel de lujo, si no tratara de proyectar sistemáticamente la idea de que los suyos viven en una especie de pobreza franciscana, la estancia del joven López Beltrán en la capital española no tendría nada de relevante porque no hay ninguna prueba de que haya sido financiada con dinero público o mal habido.

Ahora bien, si el papá dice que vive con 200 pesos en la bolsa, que no tiene tarjetas de crédito ni cuentas bancarias, y si el hijo sólo trabaja haciendo tareas informales en Morena, parece lógico que mucha gente se pregunte de dónde sale para el viaje a España a todo lujo. Encima, cuando aún ni toma posesión, no se distancia de la repudiada actitud de derroche de la familia del presidente Peña Nieto.

Al presidente electo se le han hecho muchos y muy respetuosos llamados para que modere su lenguaje. Para que entienda que las palabras cuentan, que las expresiones de desprecio a quienes piensan diferente a él sólo acarrean violencia verbal que -nadie lo desea, quiero pensar que ni él- puede traducirse en violencia física. Hasta ahora, no parece importarle: sigue lanzando injurias, infamias, estigmatizando, haciéndose el gracioso con dichos y términos que buscan disminuir a quien lo cuestione. Quiere demostrar "quién manda aquí" lanzando epítetos y calificativos, escudándose detrás del concepto de "pueblo" y asumiéndose él como su único intérprete y representante. Es el insulto como sustituto de la rendición de cuentas.

Un 1er. golpe de realidad se lo llevó cuando quien ha sido por décadas su colaborador más cercano, César Yáñez, se casó en una boda fifí.

Esta vez, la realidad lo alcanzó por el flanco más débil: al presidente electo le salió un hijo fifí. ¿Servirá este episodio para que contenga su desprecio? Ya veremos.

Cuando disparan una calumnia les puede regresar una verdad.

No pareciera haber ninguna posibilidad real de que en 2019 se alcance la meta ofrecida por AMLO de 4%, para el crecimiento del PIB.

Incluso, algunos estiman que, tras la cancelación del proyecto de Texcoco, quizás haya que reducir el estimado, pues no habrá en el corto plazo un proyecto que lo reemplace.

El entorno se puede poner más complicado aún, y el nuevo gobierno se va a equivocar si a su vez contribuye a ponerlo más difícil.

¿Quién es Andrés Manuel López Obrador? Es, desde luego, el presidente electo de México. Pero en estrictos términos de ley es hoy por hoy un ciudadano más, lo mismo que tú y yo. Formalmente, mientras no rinda la protesta presidencial en términos de la Constitución, es eso: un mero ciudadano, independientemente de sus 30 millones de votos, de su control sobre las cámaras y del incuestionable ascendiente que tiene sobre el pueblo. No obstante eso, a pesar de su calidad de simple particular sin facultad legal alguna, AMLO está ya desde ahora no haciendo y deshaciendo, sino deshaciendo y deshaciendo, con un poder mayor que el que tuvieron los presidentes en la peor época de la dominación del PRI. La aberrante decisión del tabasqueño de cancelar el aeropuerto de Texcoco, decisión que de ninguna forma fue del pueblo, sino que derivó de su pura voluntad, es ominoso anuncio de un régimen fincado en el poder de un solo hombre. Un gobierno así es por sí mismo antidemocrático, y por lo tanto peligroso. Yo viajo por todas partes del país, y empiezo a notar signos de inquietud no sólo entre los empresarios y representantes del sector privado en general, engañados por las promesas tranquilizadoras -incumplidas al final- de López Obrador y Alfonso Romo, sino también entre la clase media, que teme que el absolutismo populista de AMLO acarree consecuencias parecidas a las que está sufriendo Venezuela. A quienes me comparten su desasosiego les digo que México es un país muy diferente, con instituciones sólidas, fuerzas armadas leales, y cuya historia nos previene contra los riesgos de caudillismos y maximatos. Además, añado, nuestra vecindad con Estados Unidos es una variable importantísima que influye en modo determinante sobre nuestra realidad. Debo reconocer, empero, que ningún país del mundo está vacunado contra el mal virus populista. Lo muestra el caso de la nación del norte, supuesto baluarte universal de la democracia, ahora en manos de un embaucador cuya figura sería cómica si no se tratara del presidente de la nación más poderosa del planeta. Prevengámonos entonces contra los riesgos del caudillismo autoritario, del populismo demagógico. Estén alerta los organismos formados por ciudadanos libres, y protesten contra cualquier exceso cometido en el ejercicio del poder. Y mantenga la prensa libre su actitud crítica por encima del constante hostigamiento de quien pretende que sus acciones no estén sujetas al escrutinio público. En las actuales circunstancias sólo una ciudadanía consciente y participativa podrá servir de freno y contrapeso a un poder que desde ahora se anuncia ya como absoluto.

A pesar de la imposición de la consulta, algunos de los organismos que habían avalado el proyecto en Texcoco fueron:

- Mitre, consultora de desarrollos aeroportuarios del Massachusetts Institute of Technology (MIT) creada en 1958.
- OACI, u Organización de Aviación Civil Internacional, un organismo especializado de la ONU.
- Colegio de Pilotos Aviadores de México.
- Colegio de Controladores de Tráfico Aéreo.
- Colegio de Ingenieros de Aeronáutica.
- Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO).

Poco después, la certificación de inversión en México fue disminuida o planeada para disminuir en las siguientes calificadoras:

- HR Ratings
- Fitch Ratings
- Moody's
- Standard & Poor's

Finalmente, el director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO), Rodrigo Pérez Alonso, dio una conferencia donde explicó que hace 8 años Interjet, Volaris, Aeromexico y Viva Aerobús ya operaban con el aeropuerto de Toluca de Lerdo en conjunto como el de la CDMX para aliviar el flujo del segundo.

Dicha dinámica de trabajo se abandonó debido a costos de operar con 2 aeropuertos, como el transporte de pasajeros y coordinación de horarios; por lo que es probable que el modelo de Santa Lucía - Toluca - CDMX aumente (o incluso duplique) los costo de vuelos a México.

Luis

Resulta más que evidente que el programa de López Obrador es borrar en lo posible los programas neoliberales del periodo de Salinas a la fecha, vamos, de eso estamos enterados todos y nadie puede sentirse engañado y así estamos observando la desaparición de todas las pomposamente llamadas reformas estructurales y el [aeropuerto] de Texcoco es una de ellas.

Lo que sí podemos suponer, dada la edad de la que gozan los altos miembros del futuro gobierno, pocos, muy pocos de ellos sobrevivirán, si alguno sobrevive, para verificar si la opción elegida fue o no tan exitosa como creen que será.

Otra cuestión más pueril, porque los futuros funcionarios dicen ser muy honrados y a los que tenían fama de rateros ya se les quitó y ahora son purísimos, pero que cabe mencionar sólo por no dejar, y únicamente como posibilidad, considerar que Texcoco es una vaca muy ordeñada, tiene menos leche, en tanto que Santa Lucía y anexos es una vaca de leche entera y los recién llegados, que cobrarán bajos sueldos, de algún lado tendrán que sacar a la nueva vaca.

El constitucionalista Diego Valadés considera que si el presidente electo no cuenta con la plena participación de su gabinete y de los legisladores de su partido en el enorme reto de separar el poder político del económico, está destinado a fracasar. Por ejemplo, señala, en la reciente polémica sobre el NAIM se le vio solo, y en cuanto a los legisladores de Morena, en vez de apagar el fuego impulsaron iniciativas "desconcertantes" sobre los salarios de los servidores públicos y los del poder judicial.

A tono con las advertencias empresariales previas a la consulta popular con la que el presidente electo sustentó su decisión de cancelar el NAIM en Texcoco, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, va más allá y se lanza contra López Obrador: dice que regresó al lenguaje polarizador, el cual le recuerda a Donald Trump; que perdió la confianza generada en las cúpulas de la IP cuando se reunió con ellas después de la elección; que Santa Lucía ni a proyecto llega y pone en riesgo la seguridad de la capital... y que este "error" marcará a AMLO como Ayotzinapa y la Casa Blanca a Enrique Peña Nieto.

A menos que él tenga trazado un plan que no ha dado a conocer, pero que pergueña un voraz totalitarismo de tipo soviético, resulta inexplicable que haya tomado una decisión económicamente estúpida al tirar a la basura un proyecto que cuesta más caro cancelar que terminar, y para el cual, en caso de optar por concluirlo, no se deberían inyectar recursos públicos. Realmente estúpido, no hay otra forma de nombrarlo.

La sociedad está ávida por saber que se está luchando contra la corrupción y López Obrador tiene el mandato del pueblo para hacerlo; más vale que lo haga de manera inteligente metiéndose a fondo a revisar contratos, mejorar negociaciones y dejando fuera a empresarios que no merecen participar en un proyecto de esa magnitud; pero comprometer el desarrollo y posicionamiento de México, subir el riesgo país, provocar que aumenten las tasas de interés a nuestros créditos -con todo lo que eso implica para la actividad económica- y que se deprecie el peso mexicano por su ego y poder de manipulación a un pueblo no capacitado para dar una opinión técnica sobre ubicación y conveniencia entre 2 aeropuertos, es completamente insensato, por decir lo menos.

Es verdaderamente vergonzoso que alguien capaz de actuar así asuma las riendas de nuestro país.

Los costos totales de la cancelación del nuevo aeropuerto (NAIM) en Texcoco son colosales. Es difícil pensar que pueda sostenerse la decisión. Deben contabilizarse los costos ya incurridos en la construcción, dinero que quedará enterrado en el sitio. El pago a tenedores de bonos, créditos bancarios y liquidación de Fibra E. Pago a las Afores. Indemnizaciones por rompimiento de contratos con constructores y proveedores. Costo de construcción del inviable aeropuerto en Santa Lucía. Costo de desalojar y reubicar las instalaciones estratégicas de las fuerzas armadas, que no pueden coexistir con un aeropuerto civil. Costo de destruir o demoler lo ya construido en el sitio de Texcoco en materia de pistas, terminal, torre de control, obras hidráulicas, caminos y barda, obligatorio por ley. Costo social de dejar sin empleo a más de 40,000 personas. Costo del eventual cese de pagos y concurso mercantil de empresas constructoras. El costo de parchar nuevamente al actual aeropuerto y al de Toluca. Costo de construir nueva infraestructura de transporte a Santa Lucía, a Toluca y entre los 3 aeropuertos. El mayor costo operativo para las líneas aéreas. El consecuente mayor costo para los pasajeros. El costo de oportunidad que representan la infraestructura, equipamiento, servicios, áreas verdes y espacios públicos perdidos que se desarrollarían en el terreno del actual aeropuerto -propiedad federal- en una zona con grandes carencias. El costo ambiental ya incurrido por la construcción del NAIM en Texcoco y que no sería mitigado ni compensado dada la cancelación del proyecto. El costo ambiental de la demolición y el tiro de millones de toneladas de concreto, basalto y tezontle en sitios del Estado de México. El costo ambiental de la construcción en Santa Lucía. El costo ambiental de la relocalización y construcción de instalaciones militares. El costo de un mayor servicio de la deuda por devaluación del tipo de cambio y mayores tasas de interés. El costo de años de estudios indispensables para Santa Lucía hoy inexistentes. El costo de saturación en pocos años del imposible trinomio AICM-Santa Lucía-Toluca. El costo de oportunidad para el Estado al perder en el futuro un cuantioso flujo de recursos provenientes de la TUA en un hub aeroportuario (recomendamos un sencillo ejercicio de cálculo del valor presente neto que representará la TUA futura). El costo administrativo de generar nuevos vehículos institucionales para la construcción en Santa Lucía, hacer un nuevo proyecto ejecutivo y nuevas licitaciones y contratos. Y el costo de atender una catarata de demandas y amparos.

Todo lo anterior es sin tomar en cuenta el costo de inversiones que no se materializarán más, por pérdida de confianza y competitividad y de dejar todo el pastel del mercado aeronáutico de interconexión en América Latina a los aeropuertos de Miami, Houston, Panamá y Dallas, lo cual significa miles de empleos potenciales destruidos.

En verdad, es inverosímil hacer pagar a la nación esta factura astronómica por muchos cientos de miles de millones de pesos, sin razón alguna. Es una decisión y daño autoinfligido inexplicable. El NAIM en Texcoco no plantea ninguna incertidumbre fiscal, es totalmente autofinanciable y es muy rentable para el Estado. Si el próximo gobierno tiene una tasa de descuento tan alta, que el futuro a mediano y largo plazos le es insignificante y desea, por causas inescrutables, renunciar a esa voluminosa renta derivada de la operación de un monopolio natural, debería al menos concesionarlo. Fácilmente, las empresas constructoras y operadoras de aeropuertos, mexicanas y extranjeras, podrían integrar un consorcio capaz de asumir la concesión, terminar exitosamente el NAIM en Texcoco y hacerlo funcionar con eficiencia, sin que represente ninguna erogación para el Estado en el corto plazo, que es lo que al parecer importa.

En cualquier caso, si el NAIM en Texcoco no se concesiona y se mantiene su cancelación, los ciudadanos debemos exigir una verdadera consulta popular constitucional (esa sí, vinculatoria) sobre su terminación, lo cual está a la mano. Se requiere simplemente que la tercera parte de los diputados o senadores la convoquen, o bien, 2% de la lista nominal de electores (2 millones de ciudadanos).

Una de las características de los gobernantes populistas es que "afirman que tienen una conexión carismática directa con 'el pueblo'... No les gustan las instituciones y buscan debilitar los equilibrios que limitan el poder personal de un líder en la democracia liberal moderna", según apunta Francis Fukuyama (Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment).

Fukuyama se refería a Donald Trump, pero los populistas de todo el mundo actúan igual, al margen de las instituciones democráticas. Reciben órdenes directamente del pueblo. "Los mexicanos -dice Andrés Manuel- quieren que se les consulte, quieren que se les pregunte y lo mejor para no equivocarnos es preguntar". No es López Obrador el único que manda obedeciendo. Hugo Chávez decía: "Mándeme el pueblo, que yo sabré obedecer"; el subcomandante Marcos declaró: "Que manden los que mandan obedeciendo"; incluso Gustavo Díaz Ordaz afirmaba: "Quien supo obedecer, sabrá mandar".

Cuando los populistas enfrentan problemas no los resuelven en los tribunales, negocian personalmente con los afectados. Trump amenaza a las empresas que toman medidas con las que no está de acuerdo, como las que mudan plantas a México, y alaba a las que lo obedecen. López Obrador acusa de corrupción a las compañías que han participado en la construcción del aeropuerto de Texcoco, pero se reúne con sus directivos para tranquilizarlos, como Alberto Pérez Jácome de Hermes y Guadalupe Phillips de ICA. Al igual que los ejecutivos de las firmas estadounidenses con los que Trump se sienta a hablar, los mexicanos se ven obligados a expresar públicamente su apoyo al "Señor Presidente". Sus empresas dependen de los contratos del gobierno; no tienen más opción que aceptar la garantía personal del futuro mandatario que los compensará por sus pérdidas, quizá con otros contratos.

Los contratos cancelados, sin embargo, deben compensarse en los términos del propio contrato, como en el caso del tren interurbano de Querétaro. Si bien el nuevo presidente tiene la facultad de cancelar la construcción del aeropuerto, no puede compensar las pérdidas otorgando contratos de manera discrecional. Lo que se construya en Santa Lucía tendrá que ser licitado, porque así lo ordena la ley.

Los gobernantes populistas afirman que son necesariamente buenos y sus enemigos serán siempre perversos. Trump lo reitera en cada tweet y en cada discurso. López Obrador, también, afirma que los gobernantes anteriores no "tienen llenadera", pero él, con su ejemplo de hombre honesto, hará que la corrupción desaparezca.

Esta semana afirmó que había encontrado un proyecto para convertir los terrenos del actual aeropuerto en un nuevo Santa Fe, lo cual explicaría por qué las empresas se oponen a la cancelación de Texcoco. No explicó que los terrenos son federales y el uso de suelo lo decide el gobierno capitalino, por lo que los únicos que podrían hacer negocio ahí serían él y Claudia Sheinbaum.

La cancelación del aeropuerto es importante, pero la forma lo ha sido más. El presidente electo nos está diciendo cómo va a gobernar. Y no es precisamente que el pueblo vaya a mandar.

La bandera principal del movimiento encabezado por AMLO ha sido el combate a la corrupción, y si AMLO considera que en el proyecto del NAIM ha habido corrupción, descubrirla y acabar con ella y con cualquier negocio indebido a su alrededor es bastante simple, y no requiere tirar a la basura el 30% de avance de una obra a todas luces benéfica para el desarrollo futuro de México.

Toda la corrupción que pudiese haber relacionada al NAIM se descubriría revisando contratos y auditando obras, y en función de los hallazgos, cancelar, reasignar o ratificar contratos y denunciar o demandar todo lo que haya sido ilegal, abusivo o lesivo.

Y si los argumentos para su cancelación son de índole ecológico-ambiental, es una mentira afirmar que cancelando el NAIM recuperaremos un lago desaparecido hace décadas o que no haya alternativas para mitigar los daños ya causados, pues la zona hoy, con o sin aeropuerto, es un lugar contaminado y destrozado desde el punto de vista ambiental. Ahí, y sin que nadie se rasgara vestiduras entonces, se arrojaron miles de toneladas de escombro a raíz del sismo de 1985.

La base electoral de AMLO es incapaz de evaluar los efectos negativos que el apoyo a ciertas decisiones populistas como ésta tienen y que terminarán afectando sus propios bolsillos, sea mediante el aumento en las tasas de interés de los créditos que deben, mediante la pérdida de empleo debido a la cancelación de proyectos de inversión o mediante el aumento de precios de miles de productos ligados al valor del dólar.

Para empezar, todos los inversionistas que de buena fe creyeron en México y pusieron su dinero en Bonos del NAIM están a un paso de que su inversión sea considerada poco menos que basura.

Si hubo corrupción y negocios turbios detrás de la obra del NAIM, o con los terrenos aledaños a éste, eso se corregiría con 2 cosas que están en manos de AMLO: la 1a., aceptar la oferta que inversionistas privados han puesto sobre la mesa para pagar el 100% del costo de las obras del NAIM a cambio de su concesión de manera que el nuevo aeropuerto no le costaría ni un peso al país, y la 2a., controlando los usos del suelo de los terrenos aledaños, para que ningún particular especule con ellos, y de esa manera la plusvalía que seguramente tendrán una vez terminado el NAIM sea para la nación y no para los bolsillos de algunos vivales acostumbrados a lucrar con información privilegiada.

Negarse a una oferta con costo cero y que al mismo tiempo aumenta la competitividad turística y comercial de México habla mal de AMLO y supone que la cancelación del NAIM se trata o de un capricho, o de una venganza descomunal por encima del interés nacional que convierte sus discursos de amor, paz y perdón en una máscara para ocultar rencores o de corrupción propia.

Ahora bien, ¿por qué los seguidores de AMLO que sí saben de economía, de asuntos financieros y riesgos de inversión, y por lo tanto son capaces de entender las consecuencias negativas de estas decisiones, se hacen tontos y niegan la gravedad de sus consecuencias? ¿Por qué no reconocen que el pueblo es incapaz de evaluar los complejos y multidisciplinarios pros y contras de las opciones que había sobre la mesa, como continuar el NAIM o cancelarlo y parchar 3 viejos aeropuertos?

Pienso que saben perfectamente que la consulta estuvo plagada de anomalías, que no tiene validez legal ni estadística, y que por infinidad de motivos ni siquiera puede considerarse como un ejercicio democrático representativo de la opinión de los mexicanos.

Saben todo lo que esta mal pero lo niegan. Y como los fanáticos que son pasan a defender lo indefendible, y en aras de los supuestos "nobles fines superiores" que AMLO y su movimiento representan, continúan apoyando a un líder que lo único que ha logrado hasta ahora es sembrar incertidumbre y desconfianza en el mundo real y esperanzas e ilusiones en el mundo imaginario.

Bien oída, la reacción de los mercados al presidente [electo] de México tiene un fondo político, más que económico.

Sus temas son la desconfianza y la incertidumbre, un rechazo a la forma como fue cancelado el aeropuerto, más que a su cancelación. El presidente electo dio ejemplo de imprevisibilidad y discrecionalidad. Un ejemplo caro, por eso mismo contundente, de lo que puede ser su estilo personal de decidir dentro de lo que él llama la "democracia participativa". Que genera dudas sobre la seriedad de su compromiso con las reglas democráticas, la racionalidad económica y las instituciones.

Las consecuencias económicas pueden ser temibles, pero también lo son las consecuencias políticas del método usado para imponer su voluntad: una consulta armada por él, cuyo veredicto se dijo obligado a acatar, por decisión de él mismo, porque, según él mismo, esa consulta expresa la voluntad del pueblo.

El procedimiento es discrecionalidad circular: toma una decisión, para justificarla construye la consulta, dice que es la voz del pueblo y toma la decisión a nombre de éste. Construye un pueblo para justificar sus decisiones. A eso le llama democracia participativa, cambio de régimen, 4a. transformación.

El procedimiento sería trivial si no se tratara de un presidente electo por mayoría absoluta en el Congreso, que quiere modelar el Poder Judicial, que amenaza los órganos autónomos, que avanza sobre el poder de los estados mediante comisionados federales únicos, que ha pactado el apoyo de los medios masivos, que llama prensa fifí a la prensa crítica y ha instalado un forcejeo de fondo, a fondo perdido, con lo que siente que es su único contrapeso: el poder económico.

En suma, un presidente sin contrapesos, cuyo fuerte no es autocontenerse, que avanza con rapidez sobre lo que se le opone.

No se sabe cuánto podría soportar las estructuras de poder mexicanas un planteamiento de cambio radical desde el lopezobradorismo. Lo de esta semana -la consulta, resultado y reacciones sobre el tema del aeropuerto- es un entremés sobre la respuesta de inversionistas internacionales al cambiar los aires de la economía mexicana.

No obstante, no se sabe hasta dónde cederían otros personajes en el ajedrez nacional.

Y eso, es otras de las cosas que descubriremos en los siguientes meses, por la buena o por la mala.

En el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México solo me queda comentar que fue una abierta burla a la ciudadanía, no solo la forma en que manejó una inconstitucional encuesta, por cierto violando la legislación electora,l al usar los miembros de Morena el Padrón Electoral, y con tan poco tacto que ya causo graves pérdidas a la economía nacional al imponer una ilógica decisión que él ya había tomado en campaña. Pero además miente cuando dice que tenía un estudio avalado por el gobierno francés, situación que inmediatamente desmintió la embajada de ese país, luego dice que los inversionistas del aeropuerto ya tenían planeado un desarrollo "tipo Santa Fe" en los terrenos del actual aeropuerto, solo que olvida que la empresa que desarrolla el nuevo aeropuerto es una empresa del gobierno federal, así como los terrenos del aeropuerto actual, por lo que no podía ningún inversionista disponer de ellos sin que éste los desincorporara de su patrimonio y además el gobierno de la Ciudad de México autorizara el uso del suelo. Ya veremos hasta donde nos lleva la pérdida de confianza de los inversionistas principalmente extranjeros, mientras además, ya agravio a la Suprema Corte, a las fuerzas armadas, a los empresarios, a los órganos autónomos, a la prensa nos dice "fifís", en fin, todos somos corruptos.

El lector Ernesto Vera dice que con la decisión de suspender las obras en Texcoco "se consuma una estupidez mayor. Se suple un aeropuerto siglo XXI por 3 del siglo XX, donde las interconexiones tomarán un traslado adicional de horas en lugar de minutos".

Enrique Ampudia está "muy preocupado" porque "AMLO dio certeza de que el aeropuerto se podría concesionar y su lema de no mentir ya lo traicionó. ¿Qué futuro tendremos con este gobierno que a mi parecer ya es autoritario sin haber tomado posesión?".

Humberto Mendoza juzga como "un error muy infantil hacer la consulta cuando todavía no toma posesión. Pasó lo mismo que cuando los diputados lopezobradoristas pidieron se dejaran de aplicar los exámenes al magisterio, porque desaparecerán la reforma educativa".

¿Alguien le habrá dicho al presidente electo el efecto que tendría en los mercados financieros nacionales la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México?

Quisiera pensar que Alfonso Romo lo tendría muy claro y lo mismo el próximo secretario de Hacienda, así como seguramente muchos futuros funcionarios. Si estoy en lo correcto, ¿por qué el futuro presidente desestimó los muchos argumentos sobre los efectos negativos que acarrearía esta decisión? También supongo que algunos otros lo alentaron, como el contratista Riobóo y el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes.

La verdad yo sigo sin entender los porqués, pero sí entiendo la bronca en la que nos están metiendo los mercados; en 1er. lugar la depreciación del peso con respecto al dólar -entre muchos factores negativos para nuestra economía-, es un factor que desafortunadamente presionará hacia arriba la inflación que ya de por sí está en niveles altos. Lo anterior juega a favor de que Banco de México, al cuidar su encomienda de mantener la inflación bajo control y procurar que no se lesione el poder de compra de la población, tendrá seguramente que incrementar las tasas de interés, lo cual disminuye la capacidad de que nuestra economía crezca.

Además del tipo de cambio, las tasas de interés de mercado en todos sus plazos en tan solo 3 días subieron sustancialmente encareciendo el crédito y haciéndolo más escaso; y por si eso fuera poco, los tenedores de bonos del gobierno, como las Afores, tendrán que enfrentar minusvalías enormes. Tan solo el rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años de plazo subió en 3 días más de 70 puntos base para llegar arriba de 9%; lo anterior significa que el precio de los mismos disminuyó fuertemente, ocasionando pérdidas a sus actuales tenedores. Por último, 2 calificadoras -HR Ratings y Fitch- pasaronn de neutral a negativa la perspectiva de la deuda soberana del país, provocando depreciación del peso e incremento en la tasa de interés, lo cual elevará sustancialmente el costo del servicio de la deuda.

Termino con una pregunta clave: ¿No había otra salida? Si los precios de las constructoras son abusivos, ¿no se pueden denunciar?, evidentemente con pruebas; si había otra sospecha de corrupción, ¿no era mejor atacar ese tema de frente?

Me parece que faltó voluntad para mantener este proyecto, y es una pena porque el NAIM prometía ser algo muy bueno y necesario para México y los mexicanos de todos los niveles y clases sociales. No únicamente pierden los empresarios involucrados; con la cancelación, perdemos todos.

Empecemos por las personas: la cancelación del nuevo aeropuerto traerá la pérdida inmediata de 46,000 empleos directos e indirectos. Y la de las empresas mexicanas que cotizan en bolsa el día de la decisión fue de 17,500 millones de dólares, aunque al día siguiente perdieron otros 5,000 millones.

El peso perdió el lunes 3% de su valor frente al dólar. Se mantuvo estable el martes y el miércoles perdió otro 1.26%, luego de que la calificadora Fitch bajara su expectativa sobre México. Es la caída más grande del peso, por razones internas, desde el error de diciembre de 1994.

La BMV cayó 4.2% el lunes del anuncio, se mantuvo estable el martes y ayer volvió a caer en 0.78%. Es la peor caída de la bolsa desde la crisis global de 2009.

Empezando con J.P. Morgan y terminando con analistas de los grandes bancos nacionales, la previsión del crecimiento de la economía bajó de 2.4 a 1.9.

La decisión de cancelar el aeropuerto convertirá en deuda exigible de inmediato lo que era un fondo de inversión de 120,000 millones de pesos, recogidos con los bonos de largo plazo que iban a pagarse con el impuesto especial para viajeros, el famoso TUA. Los bonos han perdido en estos días como 10% de su valor, pero son la 5a. parte de los célebres 500,000 millones reasignados del presupuesto con que iba a empezar la 4a. transformación.

El futuro secretario de Hacienda ha tenido que garantizar públicamente que habrá en el presupuesto la partida necesaria para esto. La decisión de cancelar el aeropuerto es un tiro en el pie para el presupuesto del gobierno electo, aunque el costo mayor está por venir: la pérdida de confianza que inhibe ya a los inversionistas.

Al momento de escribir esta nota no se habían pronunciado calificadoras claves, pero ya algún analista consideraba que México había sido puesto, en materia de credibilidad internacional, "al nivel de una república bananera".

Todo esto es grave, pero no lo peor. Lo peor de este momento es la política.

Si bien un bono de 3,000 millones de dólares con vencimiento en 2047 cayó tan bajo como 79 centavos por dólar con la noticia, después de que se emitió cerca de su valor nominal hace poco más de un año, varios tenedores de bonos dijeron que mantienen el control.

"Estoy feliz de mantener los bonos en este momento y dejar que esto se desarrolle un poco más, ya que hay una gran duda sobre la viabilidad de las otras opciones", dijo Michael Conelius, gerente de cartera de T Rowe Price, uno de los mayores inversores internacionales en los bonos.

"Esta es la 1a. retroalimentación del mercado para López Obrador y es un importante proceso de aprendizaje. Déjelo procesar la volatilidad de la moneda y la venta de bonos y luego veremos si da marcha atrás un poco".

Ayer, Fitch Ratings rebajó la perspectiva de la deuda soberana de México de estable a negativa, y dijo que la decisión del aeropuerto aumentó el riesgo de incertidumbre política bajo la administración entrante.

A medida que los gobiernos populistas asumen el poder, los inversionistas en el mundo generalmente seguro y soñado de deuda de infraestructura se enfrentan a un creciente número de dilemas similares.

"La estructura de los bonos es muy amigable para los inversionistas", dice Michael Leithead, gerente de cartera de EFG Asset Management. "Mientras no haya cambios en la legislación que amenacen la legalidad de los bonos, entonces, en términos de financiamiento, es seguro".

Los bonos están garantizados por los impuestos que pagan los pasajeros al volar al actual AICM, así como las concesiones para operar tanto el aeropuerto existente como el nuevo. Si López Obrador cumple con su palabra y cancela oficialmente la concesión para operar el NAIM, se activaría una cláusula que obligaría a que se paguen los bonos a su valor nominal.

Si el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México no cumple con esto, los bonos caerían en incumplimiento de pago. Si eso sucede, los tenedores de bonos tienen una acción directa sobre el dinero recaudado por los bonos pero que aún no se gasta, dijo Eric Ollom, jefe de estrategia de deuda corporativa de mercados emergentes de Citigroup.

Otros están menos convencidos de estas garantías.

Un gestor de fondos de cobertura con sede en Londres, que ocupa una posición en corto de los bonos del aeropuerto, señala que López Obrador puede evitar el canje obligatorio al no revocar la concesión por completo. A medida que el gobierno establece el impuesto a los pasajeros que garantiza los bonos, él podría cambiar los términos en detrimento de los tenedores de bonos.

"Tu posición de negociación es bastante mala", dijo. El presidente electo "simplemente puede no terminar técnicamente la concesión y entonces no puedes utilizar 6,000 mdd de efectivo que se encuentran en una cuenta de garantía".

También hay preguntas persistentes sobre cómo se financiarán los reembolsos si se estos se activan.

Mientras que López Obrador prometió que hay dinero suficiente para cumplir con los bonos, el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, no está de acuerdo. El lunes dijo que cancelar el aeropuerto, que ya va en un tercio de su desarrollo, puede requerir de fondos adicionales, ya que los bonos que se emitieron para financiarlo deben pagarse con antelación. Peña planea continuar con la construcción hasta que finalice su mandato el próximo mes.

Lo grave en decisiones como la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), está más allá del tipo de cambio o la BMV. Está en el ámbito de las perspectivas y repercusiones, en la confianza y los riesgos de inversión. Eso es lo que preocupa de las observaciones hechas por las calificadoras de valores Fitch, HR Ratings y de alguna forma de Moody's.

La depreciación cambiaria afecta los niveles de deuda, presiona al alza las tasas de interés y a la inflación, y pone en entredicho las estabilidad fiscal.

Por lo mismo, fue muy importante el mensaje que envió el martes por la noche Carlos Urzúa, designado como próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, al informar que el paquete económico para 2019 "considerará medidas de disciplina presupuestaria que se reflejarán en una meta de superávit primario de 0.8% del PIB".

No dio detalles de cómo se liquidarán los compromisos financieros adquiridos en el NAIM, aunque anunció que en los "próximos días se establecerá un canal estrecho de comunicación con inversionistas y agencias calificadoras para detallar los elementos para cubrir el efecto fiscal de la cancelación de dicho aeropuerto". Sí ayudó a quitar presión en los mercados, pero no cambió la percepción.

Unas regañizas, unos llamados a su causa y unas difamaciones para sus críticos. Serénense, yo no dije eso, si lo que yo defiendo es la libertad de expresión pero cállense la boca golpistas fifís, y no olvidemos: camajanes.

Que nadie se detenga, esta rueda no para, el presidente contagia, es decir, les ordena a sus empleados que promulguen algo para que la Banda Presidencial lleve los colores en el orden en que aparecen en la Bandera Nacional.

"¡Lago sí, aeropuerto no"!, gritaban en mítines y marchas los falsarios que tomaron el pelo a mucha gente con el cuento de que peligraban los patos que concurren al recipiente artificial de aguas residuales que tiene a su cargo la Comisión Nacional del Agua: el Nabor Carrillo.

En esa perversidad quedó embarcado, inclusive, el ex secretario del Medio Ambiente cuando gobernó la capital del país Andrés Manuel López Obrador. La obra del nuevo aeropuerto en Texcoco, aseguró Alejandro Encinas, "sería un suicidio ecológico...".

Lo cierto es que las aves en la zona, migratorias o no, se sirven del Nabor Carrillo tanto como de cualquiera de los variables espejos de agua que se forman en ese territorio extenso y salitroso en época de lluvias.

Del original Lago de Texcoco solo queda un arenal con escasa flora y fauna locales.

Y en las 5,000 hectáreas federales donde se venía construyendo (en una parte proporcionalmente mínima) el aeropuerto (satanizado desde la campaña presidencial), todas las plantas (de un par de especies sobre todo) fueron rescatadas por más de 2,000 trabajadores, en su mayoría mujeres, de los deprimidos municipios mexiquenses y 4 de las actuales alcaldías de CdMx que hallaron en el NAIM su oportunidad de empleo.

Al Nabor Carrillo lo peor que pudo sucederle con la terminación del magnífico proyecto de la mancuerna Foster-Romero habría sido que Conagua... ¡lo purificara!

¿Y las aves? Pues bajarían en donde se les diera la gana y, si en el Nabor Carrillo no les viniera bien el agua limpia, podrían buscar la pútrida en otras partes.

La vacilada "ecológica" que tantos se han creído no pasa de ser un falso chisme sobre un lago imaginario.

Javier Jiménez Espriú anunció que el encargado del proyecto de Santa Lucía-Benito Juárez-Toluca será el ingeniero agrónomo Sergio Rubén Samaniego, asociado de José María Riobóo.

Me atrevo a pensar que la decisión de Andrés Manuel López Obrador de cancelar el aeropuerto de Texcoco es un triunfo pírrico para quienes se oponían a la obra. Estoy seguro de que ambos bandos tenían argumentos a favor de sus posturas, pero me parece que una vez cancelado el aeropuerto, prácticamente nadie prestará atención a esa región del estado mexiquense.

(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 1o.de noviembre de 2018).

En sólo unos cuantos días el gobierno entrante terminó por quebrantar la confianza que México construyó durante años en los mercados financieros internacionales.

De entrada los planes energéticos delineados primero por Rocío Nahle, próxima titular de SENER, y luego por Andrés Manuel López Obrador terminaron por generar dudas en torno a la reforma en curso.

Moody's y Fitch manifestaron de inmediato interrogantes por el impacto que dichas decisiones tendrán en las alicaídas finanzas de PEMEX.

Fitch incluso modificó la perspectiva de la calificación de la petrolera. Ya con los focos amarillos encendidos AMLO anunció que cancelaría la construcción del NAIM, lo que provocó el debilitamiento del peso, el desplome de la bolsa, el encarecimiento de los bonos gubernamentales, y la baja de las expectativas para el PIB del 2019.

Moody's también ubicó el papel colocado por el NAIM en un nivel de casi chatarra y acto seguido, HR Ratings modificó la perspectiva de la calificación soberana de México de estable a negativa.

La decisión con base a una consulta pública sin certeza y metodología, ha causado enorme escozor en el mundo por los riesgos futuros para el Estado de Derecho.

Si bien el NAIM aún se construye, ya que de otra manera habría responsabilidades legales, sus posibilidades para volver a emitir papel y autofinanciarse ya se evaporaron.

Estas fueron las opciones que el CCE de Juan Pablo Castañón le planteó a AMLO para que la obra de Texcoco se mantuviera, sin que el gobierno aportara más recursos.

Ya con los bonos del NAIM degradados, le platico que hay inversionistas muy arrepentidos de haber confiado en el país. Por 1a. vez se había logrado atraer inversiones de China por 500 millones de dólares, mismas que ya se diluyeron con el consecuente enojo.

Ahora un riesgo latente de la situación de los bonos del NAIM está en el mercado secundario.

Muchos tenedores buscarán realizar [¿minimizar?] sus pérdidas y no es descartable que ese papel termine en fondos buitres. Se imaginará que éstos van a presentar acciones legales y la problemática del NAIM, promesa de una joya de la aviación global, se hará aún más complicada.

Ya comenzaron por ahí algunas iniciativas de la IP para tratar de rescatar el NAIM. El tema tiene sus bemoles y tendría que ejecutarse rápido antes de que se suspenda la obra, se incumplan las condiciones para los concesionarios y se activen las demandas correspondientes. Ahora mismo se hace el análisis de lo que procederá, dado que la consulta pública que sirvió de base para cancelar la obra no tiene validez jurídica. El propio gobierno de AMLO, llegado el caso, también incurrirá en daños a la nación, porque 60,000 mdp de los 100,000 mdp invertidos son fondos públicos. Su decisión también comprometerá el TUA futuro del AICM, que es garantía de los bonos y la FIBRA E.

Tras los últimos acontecimientos internos, octubre quedará para los mercados como un mes terrorífico. Y es que con la baja del 11% que tuvo la BMV se esfumaron las ganancias de todo el año e incluso se perdió 10.9% en pesos. En lo que hace a nuestra moneda, los resultados no son mejores. El mes pasado perdió 8.45% al llegar 20.55 por dólar, nivel que se ha sostenido.

Paco Calderón
(31 de octubre de 2018).

Organizaciones sociales del Estado de México alistan una reunión para definir las estrategias a seguir contra la construcción de 2 pistas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, como propone el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Además de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, participarán grupos de 6 municipios mexiquenses, entre ellos Zumpango, Tecámac y Jaltenco, donde los pobladores afirman que se quedarían sin agua con la construcción de la terminal.

Lo llaman el error de octubre y ha tenido consecuencias negativas importantes en los mercados financieros. Era, por lo demás, innecesario. La cancelación del aeropuerto de Texcoco no se pudo haber manejado de manera más torpe.

En campaña Andrés Manuel López Obrador prometió que cancelaría el proyecto, pero posteriormente ofreció entregarlo en concesión al sector privado. Después cambió nuevamente de posición y dijo que lo sometería a consulta popular. Esto calmó los ánimos, porque el aeropuerto era aprobado por la mayoría de la población.

López Obrador prefirió apresurar una votación y la manipuló abiertamente. Participó solo el 1% del electorado y sin ninguna garantía de equidad. Con ello justificó que la decisión de cancelar no era de él sino del pueblo.

Los mercados reaccionaron como lo hacen cuando un gobierno demuestra no tener respeto ni por los contratos ni por las decisiones tomadas ni por las opiniones de los especialistas. El peso y la bolsa se desplomaron. Se espera que el Banco de México suba las tasas de interés para calmar la turbulencia. Para colmo, el presidente electo ha llamado corruptos una y otra vez a quienes tienen opiniones diferentes a las suyas, aunque presenten los mejores argumentos técnicos.

Este 30 de octubre, quizá ya preocupado por las señales negativas de los mercados, el presidente electo anunció la formación de una comisión para hablar con empresarios e inversionistas y darles tranquilidad. Los futuros funcionarios Alfonso Romo, Javier Jiménez Espriú y Carlos Urzúa formarán parte de esta comisión.

Pero no será fácil generar confianza. Al mismo tiempo que anunciaba la comisión ayer, López Obrador afirmaba en un video que "en el fondo, lo que está de por medio en la construcción del aeropuerto de Texcoco es quedarse con los terrenos del actual aeropuerto... Entonces, yo entiendo por qué estén molestos, porque ya no van a poder hacer este negocio".

Lo curioso es que los terrenos del actual aeropuerto son propiedad del gobierno federal por lo que los únicos que podrían hacer negocio con ellos a partir del 1 de diciembre serían López Obrador y sus funcionarios.

El presidente electo afirma que quiere infundir confianza entre los empresarios. Pero es muy difícil lograrlo cuando constantemente llama corruptos a quienes deberían sentir esta confianza.

No son muchos quienes se atreven a desafiar a los mercados. Menos aún quienes salen victoriosos. Andrés Manuel López Obrador es uno de esos pocos que, frente a sus reacciones, minimiza las cargas negativas y aprieta el acelerador. Es imposible saber si lo hace para generar tranquilidad entre los suyos, o no entiende que provocarlos tiene consecuencias. La semana pasada apostó y fue al extremo: una polémica consulta a sus fieles para justificar la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Las consecuencias fueron inmediatas, aunque quiera minimizarlas.

Desde el lunes hubo un frenesí de llamadas de inversionistas extranjeros para cancelar sus operaciones en México tras la decisión de López Obrador, que también motivó sesiones extraordinarias en bancos internacionales y una discusión en el Fondo Monetario Internacional sobre la línea contingente de 78,000 millones de dólares con México, donde concluyeron que si el presidente electo continúa tomando decisiones como la del NAIM, podrían cancelarla.

En 12 horas -desde el anuncio del resultado de la consulta, hasta su conferencia de prensa para ratificar la muerte de Texcoco- puso en riesgo la estabilidad financiera de su gobierno y los programas sociales que ofreció. Tan bien que iba y tan fácil que colocó todo en peligro. Al cancelar mediante el voto de 750,000 de sus simpatizantes la obra del NAIM, alteró los mercados que lo habían visto, hasta ese momento, positivamente. El tipo de cambio del peso frente al dólar cayó en un porcentaje como no lo había hecho desde que ganó Donald Trump la Presidencia de Estados Unidos hace 2 años, pero eso no fue lo más grave.

La depreciación del peso provocó una pérdida de valor de 14,000 millones de dólares de la deuda total externa ajustada, de 437,000 millones de dólares, y 6,000 millones de la deuda pública. Es decir, los resultados de la consulta provocaron una pérdida de mil millones de dólares más del costo total de la obra. A ello se le suma la rebaja que hizo la agencia Moody's de la calificación de los bonos del NAIM, para colocarla en un nivel de grado especulativo o "basura", que provocó la pérdida del valor de las acciones de los 3 grupos aeroportuarios del país el lunes. En la bolsa, las pérdidas de las principales empresas a valor de mercado, ascendieron a 17,500 millones de dólares.

El spread, que es la diferencia entre el precio de compra y la venta de un activo, se disparó en las tasas, la deuda de Pemex, los bonos gubernamentales y los del NAIM, entre 3.40% y 8.67% entre el viernes y este martes, con lo cual se metió presión al flujo financiero y encareció el financiamiento en toda la economía. Un reporte a sus clientes del banco de inversión J.P. Morgan, señaló que más allá de las dudas técnicas sobre la viabilidad de una terminal comercial en Santa Lucía, "pensamos que la cancelación del NAIM eleva una gruesa nube de incertidumbre que probablemente tendrá importantes ramificaciones macroeconómicas, particularmente a través de su impacto en la confianza empresarial".

"Estimamos que el PIB del próximo año será golpeado por el sentimiento empresarial de sometimiento y otros efectos por la incertidumbre sobre las políticas públicas. Vemos ahora el crecimiento en 1.9%, 5 décimas de punto menor que lo previamente calculado, y cambiamos nuestro escenario con relación a la política de tasas de Banxico, que esperamos 25 puntos base más alto en la reunión del 15 de noviembre, contra mantener la tasa que estimábamos", indicó J.P. Morgan, que ya había expresado su preocupación por la eventual cancelación del NAIM. "El discurso del gobierno entrante tras la cancelación del aeropuerto no sólo sugiere que ese será el caso, sino que apunta a otros temas, aún mayores", alertó.

"Esa incertidumbre se fue a niveles más profundos durante los discursos (del domingo y el lunes). AMLO señaló que la consulta sobre el NAIM había sido eficiente, un ejercicio democrático y que la gente debía acostumbrarse a ese mecanismo. Esta declaración es altamente cuestionable si uno considera que sólo el 1% del electorado total participó en la consulta. La preocupación creciente es que otros proyectos de alto impacto o decisiones sobre políticas públicas, sean sujetas a consultas similarmente reducidas".

"Es pertinente notar que estas consultas no son legalmente vinculantes, como en aquellas del artículo 35 constitucional, pero eso no previene al ejecutivo o al legislativo, actuar sobre los resultados de tales consultas. Quizás más preocupante con respecto a los comentarios de AMLO sobre cambiar el artículo 35 constitucional que trata de las consultas públicas, es permitir que un número mayor de temas sean votadas... Un cambio en ese artículo, que necesita una mayoría constitucional en el Congreso para ser aprobado, abriría la puerta a cambios más profundos, por ejemplo, en la Reforma Energética".

López Obrador tiene problemas serios enfrente, aunque no quiera darse cuenta. Su equipo hacendario, encabezado por el futuro secretario Carlos Manuel Urzúa, no ha dado la cara, pero se supone que estaría tratando de mitigar el impacto causado por su jefe. No será fácil. En la medida que vea la reacción de los mercados como una tour de force, no va a encontrar salidas positivas. Desafió a los mercados y estos, gigantes de múltiples cabezas, que son más poderosos que los políticos y sus políticas, le respondieron. El presidente electo tiene, sin embargo, salidas. Una es abrir la licitación para concesionar el NAIM; la otra, sin importar que pase en Texcoco, olvidarse de una vez por todas de Santa Lucía. Un poco de planeación real no le haría mal.

Cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) representa una derrota para el sentido común, dijo Citibanamex.

En un análisis sobre la decisión del próximo gobierno, la firma financiera dijo que los detalles aún son muy vagos, con la obra que se mantiene altamente escéptico sobre la viabilidad de la propuesta alternativa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

"La decisión implica un deterioro significativo del marco macroeconómico hacia adelante, como lo sugiere el empeoramiento sustantivo de los indicadores macro-financieros después del anuncio de AMLO. Quizá más relevante aún desde una perspectiva de mediano plazo es la señal negativa que esta decisión en particular envía a los mercados sobre la manera como se hará política bajo el gobierno de AMLO", explica el documento.

En opinión de Citibanamex existen serias dudas de que una solución al sobrecongestionamiento de tráfico aéreo de la Zona Metropolitana del Valle de México esté lista antes de mediados de la próxima década.

"En particular, pensamos que el Movimiento de Tráfico Aéreo (MTA) alcanzará el límite de 55 millones de pasajeros por año permitido por la infraestructura del aeropuerto actual de la Ciudad de México mientras que el de Toluca (MTA por abajo del millón de pasajeros por año actualmente) ofrecerá un alivio modesto, pues es poco probable que las 2 pistas de aterrizaje propuestas para Santa Lucía hayan, para entonces, obtenido todas las certificaciones requeridas, aun si efectivamente están listas en el tiempo prometido", explicó.

Para Citibanamex, en el aspecto financiero, el costo de cancelar el proyecto actual está subestimado.

El grupo financiero explicó que el costo total del NAIM está estimado en 285,000 millones de pesos, de los cuales 197,000 millones de pesos ya se obtuvieron vía los mercados con emisiones de deuda y Fibra E, así como con recursos fiscales.

Por otra parte, los desembolsos a la fecha son de 58,000 millones de pesos, con otros 112,000 millones de pesos asignados a contratos vigentes.

Además de lo anterior, destacó, se deben considerar las garantías que se activan sobre los bonos emitidos; un pago obligatorio de dichos instrumentos a su valor de emisión se activará si la concesión a la compañía desarrolladora GACM se cancela.

Poncho Romo, futuro mártir y jefe de la Oficina de Presidencia, encabezará una comisión especial para apapachar y darles birote para el susto a los empresarios y contratistas del cancelado aeropuerto en Texcoco.

Órdenes de su patrón, el Siervo del Pueblo Bueno. Pero lo mejor es el optimismo de don Poncho, muy a prueba de realidad. La relación de AMLO con empresarios, opina, se desliza suave como un alambre de púas sobre la piel de la mafia del poder.

"De luna de miel nos faltan 6 años, no se preocupen, todo va a salir bien". Un tequila triple para este valiente por los 6 años que le faltan y que seguro le van a parecer 100.

Para ponerlo sólo en términos del tipo de cambio, las señales tranquilizadoras que mandó tras arrasar en las elecciones bajaron el dólar de 20 a 18.50, y los malos mensajes de los últimos días lo regresaron ahí.

Perdió lo que había ganado. Y en este momento -como las peores noticias han sido las más recientes- el ambiente es muy negativo entre inversionistas. Están aguantando antes de meterle dinero a México. Y esto no es otra cosa sino que se frena la creación de empleos y el crecimiento económico. Está claro que están "pagando por ver" de qué se va a tratar AMLO. Y lo que han visto en los últimos días no les está gustando nadita.

Si el presidente electo no quiere que siga esa atmósfera tan poco propicia a la inversión -sobre todo si piensa hacer crecer la economía a un 4% anual- necesita revertir la mala racha. Tiene una oportunidad: estamos a unas semanas de que presente el Presupuesto 2019.

Si no dispara el déficit, si no plantea gastos con financiamientos inexplicables, si presenta un presupuesto sensato, pues, puede contener el enrarecimiento del clima de negocios. No sé si revertirlo, pero al menos contenerlo.

Ya sabemos que el presupuesto va a incluir el programa de jóvenes, el de adultos mayores y un rubro para mejorar el aeropuerto Benito Juárez en funciones (eso iba a suceder pasara lo que pasara con la consulta). A lo mejor algo ahora para el eje Juárez-Toluca-Santa Lucía.

De dónde va a salir el dinero para todo eso será una explicación que esperan con ansias los tomadores de decisiones. Por tanto, será una señal clave del próximo gobierno.

Como también lo será si endereza sus planes energéticos y brinda aliento sobre el manejo de Pemex: bastante sufrió la paraestatal en este sexenio de Enrique Peña Nieto durante el cual su deuda subió "nomás" de 60,000 a más de 100,000 millones de dólares. Los primeros pasos de López Obrador han sido mal recibidos: la refinería, el nombramiento de director, los planes exportadores de petróleo.

Tiene margen, es cosa de que quiera usarlo. La otra, es seguirse por su camino y ver cómo los mercados castigan a México por eso.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) despedirá al 50% de sus trabajadores, alrededor de 200 empleados de alto nivel, adelantó Rogelio Jiménez Pons, próximo titular de la dependencia federal.

Agregó que esto será como parte de la reestructura burocrática planeada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno de López Obrador no será definido por un solo evento.

Este ponderado juicio fue publicado ayer en un análisis de Citibanamex respecto a la decisión de cancelar el proyecto del aeropuerto en Texcoco.

Sin embargo, el documento denominado "La decisión sobre el aeropuerto, una derrota para el sentido común", también señala que esa decisión es un "proceso" en marcha hacia la incertidumbre económica.

Fue mala señal el aparente desprecio por los mercados financieros que AMLO expresó en su conferencia del lunes. Pero, aún faltan diversas decisiones que deberán tomarse en las próximas semanas y que ya fueron condicionadas por la cancelación de Texcoco.

La más importante de todas ellas es el Presupuesto 2019. Ese documento, que entregará el equipo de Hacienda al Congreso, a más tardar en 45 días, influirá de manera decisiva en cómo se vea al gobierno de AMLO.

Si los balances que presenta en materia fiscal son creíbles en función del entorno macroeconómico, será un punto a favor de la estabilidad. Si resulta que no, que los inversionistas y analistas no están cómodos con ellos, entonces lo que vimos el lunes volverá a ocurrir de manera amplificada.

La clave son las estimaciones de costos financieros y el tipo de cambio.

Tasas más elevadas y un dólar más caro, aumentan el costo de la deuda pública y por lo mismo, reducen los márgenes de gasto.

De esta manera, los mercados financieros condicionan fuertemente el margen de maniobra del gasto público.

No importa que el Estado sea quien mande, la realidad es que ignorar o desestimar las reacciones de los mercados financieros puede ser muy costoso, como pueden atestiguarlo decenas de gobiernos de todos los signos en el mundo entero.

Los mercados no pueden mandar. En eso tiene toda la razón López Obrador.

Pero, la realidad es que enfrentarse a los mercados es una acción suicida. Hay que trabajar con ellos.

Eso lo entienden perfectamente Carlos Urzúa y Alfonso Romo.

¿Podrán convencer de su visión a López Obrador?

López Obrador actúa con la arrogancia de quien se siente más allá de toda advertencia. Quienes cuestionan sus dogmas son descalificados, mientras que aquellos que lo apoyan siempre tienen la razón, aun cuando él mismo falsee sus posiciones, como ocurrió con la empresa francesa NavBlue. La ceguera del orgullo lo lleva a llamar contratistas inmorales a quienes se oponen a sus designios, pero él sienta a su contratista de cabecera, José María Riobóo, en la conferencia de prensa en la que anuncia la cancelación de Texcoco.

El error de octubre no destruirá a México: cancelar un aeropuerto de 16,000 millones de dólares no borrará una economía de 1.1 billones de dólares anuales. El pecado de orgullo, empero, sí puede provocar crisis económicas. Lo ha hecho una y otra vez en la historia de México, cuando los presidentes han pensado que sus órdenes deben ser obedecidas, aunque violen las leyes de la economía, los preceptos de la sensatez o los dictados de la aeronáutica.

López Obrador prometió este 29 de octubre tener "3 aereopuertos [sic] en 3 años". Sin embargo, nada más el manifiesto de impacto ambiental y el proyecto ejecutivo de Santa Lucía se pueden llevar 2 o 3 años. ¿O acaso piensa hacer el trabajo sin el proyecto ejecutivo, como en la Línea 12 del Metro?

Una dura, si no imposible, tarea le encargó el presidente electo a su jefe de gabinete y amigo, Alfonso Romo: la de "tranquilizar" a los inversionistas y a los mercados tras su decisión de cancelar el NAIM.

Y lo decimos no porque sea ocurrencia propia, o porque una opinión nuestra tuviese más peso que cualquier otra, sino porque los grandes medios financieros internacionales lo afirman.

Si nos lo permiten, les citaremos algunos pasajes de una nota fuertísima divulgada por Bloomberg ayer. Ésta la titularon: "33 días antes de la inauguración de AMLO y los inversionistas ya huyen de México". La nota de Eric Martin inicia diciendo: "La luna de miel de Andrés Manuel López Obrador con los inversionistas terminó chillando llantas 33 días antes de que asuma la Presidencia".

"Su decisión de romper un proyecto aeroportuario de 13,000 millones de dólares cuando tome posesión en diciembre lanzó a los mercados en un derrumbe... el mercado de valores perdió 17,000 millones de dólares en la jornada del lunes y JP Morgan redujo su proyección de crecimiento para el 2019, proponiendo que el banco central tendrá que incrementar sus tasas de interés para respaldar al peso".

"Y no es tanto que los inversionistas adoraran el proyecto del nuevo aeropuerto, estaba muy lejos de ser perfecto. El problema es que anunciar su terminación un día después de celebrar un referéndum 'malimprovisado' (haphazard) lanzó un mensaje más amplio a los mercados: los contratos existentes pueden ser rotos a placer. Hoy son los contratos del aeropuerto, mañana pueden ser los petroleros y los de minería pasado mañana. Para la comunidad de inversión, que siempre estuvo asustada con AMLO, éste constituye un mensaje preocupante".

Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, afirmó que el referéndum lanza un mensaje grave de INCERTIDUMBRE a los mercados internacionales. Esta decisión, respaldada por una "consulta" considerada "patito" por los expertos, ya le costó a México, y mucho -más que el costo del aeropuerto-, y es evidente (por la presión sobre nuestra moneda) que ya tenemos fuga de capitales, y si continúa este "estilo personal de gobernar", como lo llamó el maestro Cosío Villegas, a este nuestro México le puede suceder lo que NADIE QUIERE: que se lo lleve el Patas de Cabra a los confines más negros del infierno.

No parece comprender el señor presidente electo que México-país no funciona en un vacío, sino que forma parte de un concierto internacional de reglas y formas basadas en la CONFIANZA y en la certidumbre. La improvisación y el chilerismo, hoy día, corresponden a naciones fallidas como Venezuela, y no a un país emergente con el potencial ilimitado que tiene México, el cual no se puede lograr mientras se siga mirando y añorando un pasado que ya no existe.

Es muy capaz, muy inteligente el Ing. Alfonso Romo y cuenta con experiencia en el mundo internacional de los negocios como nadie más en el gabinete de AMLO. Se mueve como pez en el agua en el mundo de las finanzas y los mercados internacionales, lo ha hecho por años. Ha sido pionero en la creación de transnacionales mexicanas; en los 90 trajo a México a Mijail Gorbachov -quien dio fin a la URSS y creó las condiciones para que se derribara el Muro de Berlín- para hablar sobre el futuro de la democracia, presagiando su llegada a México en el 2000. En suma, el presidente electo no pudo haber escogido a mejor persona para intentar lo que pretende. Lo que quizá no entiende don Andrés Manuel es que, una vez roto el huevo, es casi imposible volver a armarlo. Rota la confianza, perdida la certidumbre, ¿qué puede hacer el Ing. Romo para remediar el daño causado por la decisión que tomará AMLO?

Seguramente la gente con la que se reunirá Romo, en compañía de Jiménez Espriú (quien todavía sin tomar posesión ya agotó su reserva de buena voluntad que existía entre la opinión pública respecto a su persona) y Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, quien ha estado bastante discreto, por no decir que ausente, le crea y lo respete mucho, pero de eso a que le vuelvan a creer a su jefe, le ronca.

Hay 2 puntos realmente preocupantes: el 1o. es que es una estupidez y una irresponsabilidad tomar este tipo de decisiones de carácter técnico y científico preguntando su parecer al "pueblo bueno y sabio" (que no tiene por qué saber las especificaciones de un aeropuerto internacional). El 2o. es que pretenda el próximo presidente de la república recurrir a la consulta popular, de a tiro por viaje, sin apego a la Constitución y su ley reglamentaria. ¿Qué tal que un día amanezca López Obrador con la peregrina idea de tomar las reservas internacionales del banco central para cumplir sus ocurrencias de campaña y las que se siguen acumulando? Obviamente la Junta de Gobierno del Banco de México se opondría rotundamente a una propuesta de esa naturaleza. Y ahí es donde podría venir la opinión del "pueblo bueno y sabio" al que le preguntarían si les parece justo que haya 173,000 millones de dólares guardados en arcas y que son de todos los mexicanos, pero que una punta de tecnócratas insensibles los guarda celosamente a pesar de tantas necesidades sociales.

En suma: antes de ser gobierno formalmente la próxima administración ya cometió un monumental y quizá definitorio error que pega en la línea de flotación de la confianza y la certidumbre. Les ganó la ignorancia, la soberbia, los prejuicios, el ánimo de revancha y la demagogia. La que nos espera.

No sé con quién ha hablado o qué ha pensado López Obrador en las últimas semanas para decidir echar por la borda el trabajo realizado durante los 3 primeros meses después de su elección. Pero lo cierto es que comenzado octubre, salvo decisiones muy específicas, su discurso y acción se ha dedicado a romper todo lo que construyó después de su extraordinaria elección del 1o. de julio. Y la cereza de ese pastel ha sido la decisión respecto al nuevo aeropuerto.

Nadie con seriedad puede pensar que esa decisión fue tomada en forma autónoma por "el pueblo". La consulta fue amañada, convocada por su partido, por funcionarios quienes también habían decidido qué querían, no tuvo el menor control ni legalidad, incluso, así no hubo forma de que votara más que el 1% de la población, aunque se comprobará que se podía votar 2, 3, 4, 6 veces sin control alguno, pese a que se mostraran videos de casillas vacías donde los integrantes de las mismas cruzaban alegremente, una tras otra, boletas favorables a Santa Lucía. Ni modo, el pueblo habló.

Pero también lo hicieron los mercados que quitaron calificaciones de inversión, tiraron el peso, pronosticaron aumentos de las tasas de interés, aceptaron que habrá demandas nacionales e internacionales y sembraron la desconfianza en un campo que se había trabajado desde meses atrás para que la seguridad en la estabilidad que brindaría el nuevo gobierno se hiciera conciencia en la población y los inversionistas.

Santa Lucía no tiene viabilidad como solución aeroportuaria y eso lo han dicho todos los actores especializados en el mundo de la aviación. La única voz discordante, de una empresa francesa perdió el asidero desde que se supo que ese estudio, hecho en tiempo récord y a un costo de 200,000 dólares, se basó en las opiniones d el constructor José María Riobóo, al que sentaron ayer mismo en el presídium de la conferencia de prensa donde se anunció que su propuesta sin proyecto es la que se llevará a cabo.

El próximo secretario de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú reconoció que se perderán, sin posibilidad de retorno, 40,000 millones de pesos al cancelar Texcoco. Empresas como BBVA Bancomer estiman esa pérdida en 200,000 millones. Ayer en Times Square, en Nueva York, los espectaculares de Bloomberg y Morgan Stanley ponían como noticia principal que México, literalmente, "tiraba a la basura 13,000 millones de dólares del aeropuerto en el 1er. test de López Obrador". Horas después, Morgan Stanley le retiró la calificación de inversión al país.

No tiene sentido. Andrés Manuel López Obrador ganó con una mayoría que le dio respaldo legislativo como para poder asumir una nueva etapa de desarrollo del país, prácticamente, sin riesgos.

Consolidó su mandato en las semanas siguientes a las elecciones con un discurso de concordia. Sobre el aeropuerto pidió la opinión de los especialistas que unánimemente le dieron el respaldo a Texcoco.

Hay involucrados en esa obra de infraestructura recursos por casi 200 empresas nacionales y muchos de los principales consorcios extranjeros del sector, pero también ahí están los recursos de distintas Afores, sobre todo Inbursa, y de inversionistas pequeños y medianos que pusieron sus ahorros en la Fibra E.

El desafío de López Obrador es garantizar la seguridad, luchar contra la pobreza y la corrupción. Para eso lo votaron millones de mexicanos. Y para todo eso se necesitan recursos, participación y un gran acuerdo de todos los sectores productivos del país. Santa Lucía sigue siendo hasta el día de hoy una idea.

No hay un proyecto, ni siquiera una visita de campo con estudios estructurales. No hay una plan de comunicaciones para enlazar los 3 aeródromos de los que se habla (Toluca nunca pudo enlazarse para vuelos comerciales por problemas climatológicos, hay numerosos días de niebla y de altura).

Los expertos internacionales sostienen que no se puede incrementar la operación aeroportuaria manteniendo simultáneamente el actual aeropuerto y Santa Lucía, simplemente porque sólo hay una sola ruta de aproximación. No hay ni siquiera un presupuesto serio de lo que se piensa gastar y cómo financiarlo.

Sinceramente, no lo entiendo. Y creo que buena parte de quienes apoyan y colaboran con el presidente electo tampoco lo entienden. Pero resulta que no están dispuestos a contradecirlo, quizá, porque él no escucha las críticas y las consideras productos de enemigos e incluso de golpistas.

El presidente electo ha recordado en estos días la caída de Francisco I. Madero, pero tiene una mala lectura histórica: a Madero no lo tiró la prensa, sino una suma de malas decisiones políticas, incluyendo el respaldo que le dio al traidor Victoriano Huerta y una distancia con la realidad que chocó con los intereses creados, pero también con las expectativas. Eso alimentó la traición. Lo contrario es confundir los síntomas con la enfermedad. Y darse un tiro en un pie siempre es una pésima decisión política.

Ayer, tras la conferencia de prensa en la que el presidente electo López Obrador confirmó la cancelación del NAIM, la Bolsa Mexicana de Valores se desplomó, el peso se desfondó, Moody's rebajó 2 peldaños la calificación de bonos del aeropuerto, UBS mandó una "alerta" sobre México, y el banco de inversión Morgan Stanley en una nota a sus clientes le pintó al país un panorama más negro que un lienzo de Colunga, retirándole el "grado de inversión".

Tremendo revés que le complica a México conseguir financiamiento a futuro.

O sea que -al parecer- a los inversionistas mexicanos y extranjeros les cayó como patada de mula en la panza la decisión de cancelar el NAIM.

El peso se cayó fuerte, más de 70 centavos en una sola jornada para superar la barrera de los 20 y cerrar en los 20.35 pesos por dólar.

Aún falta saber qué dirán otras calificadoras, como Fitch respecto al grado que le darán a México, esto es, si nos degradan también.

De estas calificaciones dependerá el grado de inversión y la confianza que inversionistas propios y extranjeros le tendrán al nuevo gobierno.

Obviamente, la decisión de cancelar -tal cual como lo anunció el presidente electo a un mes de su toma de posesión- presenta un ramillete de problemas financieros y jurídicos de alto relieve e importancia.

Ello con relación a los bonos de inversión emitidos para el proyecto del NAIM, los contratos celebrados y el impuesto por uso de aeropuerto creado para respaldarlos, crediticiamente hablando.

Si el proyecto se cancela, pues se debe también cancelar el impuesto y liquidar los bonos.

Pueden en este proceso de meter reversa a hechos consumados presentarse amparos y líos jurídicos, pero el presidente electo López Obrador dijo que su gobierno asumiría todas las responsabilidades.

Ayer mismo, en la conferencia, AMLO afirmó que se consultaría a "expertos y a la ciudadanía" para ver qué hacer con los terrenos federales de Texcoco que, afirmó, tienen un gran valor ecológico y deportivo.

Mencionó la necesidad de rescatar el (antiguo) Lago de Texcoco, pues dice que éste tiene un gran valor ecológico.

Durante su conferencia, el presidente electo estuvo acompañado por el Ing. Javier Jiménez Espriú, quien será titular de la SCT, el Ing. Alfonso Romo Garza, y el Ing. José María Riobóo, que es el gurú calculista y diseñador de proyectos de AMLO, y quien hace casi 2 años elaboró y publicó el estudio en el que proponía que la construcción del NAIM era un error, y que la opción de Santa Lucía era mejor y mucho más barata.

Cabe especificar que cuando Riobóo publicó su libro sobre las desventajas del NAIM y las ventajas de Santa Lucía, las obras en el NAIM apenas iniciaban.

Ahora afirman que el actual gobierno ya ha gastado más de 70,000 millones de pesos en el NAIM y que la obra lleva más del 30% de avance.

Hay personas que no entienden (y así nos lo han dicho) que cómo es que se habla de que Santa Lucía cueste 100,000 millones de pesos menos, cuando ya hay 70,000 millones enterrados en el NAIM que se van a desperdiciar por completo al abandonarse la obra.

Esas espinosas preguntas apenas los técnicos -si acaso ellos- pueden responder y agregada a esta pregunta ha surgido otra: ¿por qué no concesionarlo?

No lo sabemos, sobre todo porque tenemos entendido que el Zar de los Bonos Chatarra del mundo latino, Sir David Martínez Guzmán, dueño de ICA (la constructora) y tenedor de bonos del NAIM, sostuvo una reunión a puerta cerrada con el Ing. Jiménez Espriú y le ofreció que él terminaría el nuevo aeropuerto encargándose tanto de su financiamiento como de su construcción (vía la famosa ICA).

Lo mismo ha dicho el Ing. Carlos Slim Helú -públicamente-, de manera que con esta decisión tomada surge un buen número de interrogantes que hoy día no podemos contestar, pero que en el futuro seguramente quedarán aclaradas.

Hay quienes piensan que al darle palo al NAIM, el Presidente electo en efecto mató un negocio inmobiliario de funcionarios del Gobierno saliente que se apropiaron de tierras ejidales a centavos y que luego valdrían miles de dólares... por metro cuadrado.

Como dijo el indio "mí no saber" y el único que sabe de motivos habla del gran valor ecológico del Lago de Texcoco, extinto cuerpo de agua que ni los aztecas quisieron.

"Ganó la democracia y ganó el pueblo de México, y viva México". Así cerró ayer Andrés Manuel López Obrador la conferencia en la que ratificó la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco. Es una paradoja ante una consulta organizada por simpatizantes de Morena en la que participó apenas 1% de los ciudadanos con reglas sesgadas para favorecer a Santa Lucía.

"Deben entender que se acabó el contratismo, el influyentismo, se acabó la corrupción", afirmó. "Lo que le[s] diría a esos empresarios y contratistas corruptos es que se vayan acostumbrando... Les molesta mucho, les irrita". Sentado junto a él estaba José María Riobóo, el contratista al que le asignó de forma directa el proyecto del 2o. piso del Periférico en la Ciudad de México.

"No tiene nada que ver el ingeniero Riobóo -dijo-. No va a ser contratista. Él siempre me ha apoyado y lo considero uno de los mejores técnicos de este país y uno de los mejores ingenieros del mundo en esta materia... Claro que no lo ven con buenos ojos los que tienen intereses". Debe ser un gran consultor: es el mismo que afirmó, ante una pregunta sobre la compatibilidad de Santa Lucía y el AICM, que "los aviones no pueden chocar... automáticamente se repelen, por los mismos radares".

Cancelar el nuevo aeropuerto no va a costar nada, afirmó López Obrador. Por el contrario, "vamos a ahorrar 100,000 millones de pesos". ¿Cómo? "Vamos a hablar... con los empresarios, con los contratistas, para llegar a un acuerdo. Hay la posibilidad de que sigan con los contratos haciendo la obra en Santa Lucía, el mismo volumen de obra en Santa Lucía, o llegar a arreglos y, en todo caso, se va a actuar con apego a la legalidad". Pero, ¿no se había terminado el contratismo y no eran corruptos los contratistas de Texcoco? ¿Qué pasa con la ley que obliga a la licitación de obras públicas? ¿No habrá licitaciones en Santa Lucía?

Las empresas que están construyendo el aeropuerto de Texcoco afirman que cuesta más cancelarlo que terminarlo, con el problema adicional que los 3 aeropuertos que quiere el presidente electo no tendrán la conectividad para un centro de conexiones internacionales, un hub, que necesitan la industria aeronáutica y la turística. López Obrador dice que el aeropuerto de Santa Lucía, para el que no hay manifestación de impacto ambiental ni proyecto ejecutivo, costará solo 70,000 millones de pesos, aunque el Colegio de Ingenieros señala que no serían menos de 217,000 millones.

Hasta los patos estarán más tranquilos, declaró ayer López Obrador, y quedará a salvo el lago Nabor Carrillo. En realidad, este lago artificial no solo no iba a ser afectado por el aeropuerto, sino que se beneficiaría de las obras de mitigación hídrica... que la cancelación dejará sin realizar.

¿Qué se hará en el espacio del aeropuerto cancelado? "Hay muchas opciones -dice López Obrador-. Un parque ecológico, un parque para lo ambiental, agregando lo deportivo". En realidad, la ley obliga a demoler las estructuras levantadas y a quitar los pilotes enterrados, pero nadie ha calculado el costo.

Lo que más preocupa no es el aeropuerto, pese al dispendio y lo absurdo de cancelar una obra avanzada e indispensable, sino el mensaje de que ésta será la forma en que tomará decisiones el próximo gobierno: con ocurrencias avaladas no por especialistas, sino por consultas amañadas con participación del 1% del electorado.

Julio Scherer, quien será consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, afirmó que si contratistas o inversionistas interpusieran algún tipo de amparo por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, los combatirán en los términos legales correspondientes.

En entrevista a medios, luego de una reunión con el presidente electo, Scherer afirmó que no se tendrán nuevas licitaciones, sino sólo va a cambiar los contratos actuales de Texcoco hacia las obras que se realizarán en Santa Lucía.

López Obrador sostuvo reuniones durante toda la tarde con su equipo de transición jurídico y económico para tratar el tema del nuevo aeropuerto que suspenderá sus obras en Texcoco para realizarlas en Santa Lucía.

Por otra parte, el próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, afirmó que se confirmará una comisión encargada de tranquilizar a los inversionistas y contratistas del nuevo aeropuerto para que sepan que se van a cumplir a cabalidad con los componentes.

La comisión está conformada por el mismo Alfonso Romo, así como el virtual secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú y el próximo titular de Hacienda, Carlos Urzúa.

El gobierno puede poner sobre la mesa la posibilidad de vender a la iniciativa privada, como a grupos aeroportuarios, la participación que falta para terminar de construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, dijo el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid.

"El gobierno, incluso, podría desde ahora vender y sacar recursos en lugar de ponerle, yo creo que vale la pena analizarlo. En la vida no solo hay que tener aciertos, sino hay que evitar errores", agregó el secretario de Turismo.

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México calcula que hacen falta 88 MMDP para terminar de construir el aeropuerto en Texcoco.

Después de darse a conocer los resultados de la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto, el banco suizo UBS remarcó que el nuevo gobierno podría utilizar el instrumento de referéndum para extender su mandato y manejar las reservas del Banco de México. "Vemos la posibilidad de que un referéndum sea aprobado como una forma constitucionalmente válida de hacer cumplir los cambios en el futuro, incluida la posibilidad de extender el mandato presidencial de 6 años. El uso de reservas también podría estar sujeto".

Moody’s redujo la calificación del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México a Baa3 desde Baa1, además de colocar sus notas en revisión para una mayor baja. También, la financiera Morgan Stanley bajó su recomendación para invertir en México por la cancelación de Texcoco y el incierto panorama en producción petrolera. La calificación de México pasó desde "sobrepeso" a "bajo peso".

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) detalló que el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ubicado en Texcoco, debe 120,000 millones de pesos a bonistas nacionales e internacionales, otros 36,000 millones de pesos a un Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (Fibra), además de 45,000 millones de pesos en pagos a contratistas y demás gastos.

Federico Patiño, titular del GACM, abundó en que el financiamiento de la Fibra tiene relación con las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro), debido a que los 36,000 millones de pesos tienen un rendimiento preferente y estos inversionistas participan en el flujo del aeropuerto actual y del próximo aeropuerto.

"Un porcentaje va para la FIBRA, de tal suerte que la FIBRA opinará teniendo todos los derechos respectivos hasta que logren los inversionistas recuperar su inversión y su rendimiento que establece el propio instrumento".

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que si el nuevo gobierno mantiene la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco, desde el 1 de diciembre deberá hacer frente al pago de compromisos, lo cual probablemente requerirá recursos fiscales adicionales. Informó que desde ahora y hasta el 30 de noviembre no se realizará ninguna modificación a la concesión o a la ejecución del proyecto del aeropuerto en Texcoco. De mantenerse la decisión, insistió, a partir del 1 de diciembre es de preverse que "eventualmente haya que pre-pagar los bonos emitidos para la financiación de este proyecto y probablemente demandará de recursos fiscales adicionales a los que han venido financiando el proyecto, como el impuesto que pagan los usuarios del aeropuerto actual de la Ciudad de México, la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), que es la fuente principal de financiamiento al proyecto que se ha venido edificando".

Después que López Obrador compartiera extractos de una carta que recibió del presidente francés, Emmanuel Macron, su gobierno se deslindó de un estudio que avala Santa Lucía. A través de la Embajada en México, el gobierno francés aclaró que sólo compartió el contacto de la empresa especializada en seguridad aérea, Navblue, con el equipo de AMLO. Remarcó que no avaló el informe. "La empresa también precisó que muchos otros parámetros se debían tomar en consideración", señaló la embajada, cuando López Obrador aseguró que Francia lo apoyó con la empresa Navblue para presentar el dictamen sobre la posibilidad de operar Santa Lucía.

En la sesión de ayer, el peso registró su mayor depreciación diaria desde el 9 de noviembre de 2016, cuando el mercado reaccionó al triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, informó Banco Base.

Con este contexto, el peso se devaluó 3.62% o 70.1 centavos, cotizando alrededor de 20.06 pesos por dólar y alcanzando un máximo de 20.11 pesos por dólar, nivel no visto desde el 2 de julio. La entidad financiera atribuye que la caída del peso fue resultado de una percepción de mayor riesgo para el país, luego de que López Obrador confirmó que cancelará el proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco.

Más allá del impacto económico que pueda tener sobre los involucrados en el proyecto, la reubicación de la terminal aérea genera dudas sobre la manera en que el nuevo gobierno conducirá sus políticas públicas, precisan los analistas financieros.

Con la depreciación de ayer, el peso borró por completo su avance anual, mostrando ahora una depreciación en el año de 2.05%.

De igual forma, la cancelación de Texcoco también pone en riesgo la calificación crediticia de México, por la incertidumbre que se genera sobre la nueva administración.

El Banco Base prevé que el tipo de cambio siga subiendo gradualmente hacia el nivel de 20.50 pesos por dólar.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón (acompañado de los líderes de cámaras y confederaciones que conforman el pleno del organismo) dijo que no es posible "catafixiar o canjear los contratos actuales de Texcoco por los de Santa Lucía porque se incurriría en ilegalidad". A pesar de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, subrayó que hablaría con las constructoras afectadas para buscar solución de cómo cambiar contratos de Texcoco por Santa Lucía, Castañón afirmó: "Los contratos están dados para Texcoco y, una vez que sea gobierno, tendrá que decir finiquitar contratos con costo al patrimonio de la nación, y esto es entre 100,000 y 120,000 millones de pesos que se tirarán a la basura sin ningún objeto".

La decisión de cancelar el nuevo aeropuerto envía un "mensaje grave de incertidumbre" a los mercados internacionales, inversionistas y ciudadanos, al incumplir y quebrar el marco jurídico vigente, además de generar un gasto extra al erario, porque no podrá tomarse el dinero del fideicomiso para la construcción del NAIM.

Para el presidente de la Coparmex nacional, Gustavo de Hoyos, con la decisión "pierde el futuro del país" y López Obrador va contra sus 3 postulados de campaña: no mentir, no traicionar y no robar, porque mintió al asegurar que podría terminarse la construcción con recursos del sector privado.

Los organismos empresariales de Jalisco se manifiestan contra el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Los presidentes del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), la Coparmex y la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco), criticaron "la poca representatividad y falta de metodología y legalidad de la consulta" realizada entre el 25 y 28 de octubre.

Daniel Curiel, coordinador del CCIJ, criticó que la consulta no se hiciera "en lugares donde hubiera usuarios del aeropuerto, lo principal hubiera sido tomarles en cuenta", y criticó que AMLO tomara este tipo de decisiones sin tomar posesión aún de su cargo. "Es presidente electo, no está todavía en el poder, no es autoridad".

A través de un comunicado, la Coparmex pidió reconsiderar la decisión de cambiar Texcoco por Santa Lucía, atendiendo a los estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y las calificadoras de riesgo. "Los aeropuertos son palanca de desarrollo de cualquier país, y a sabiendas de que una cancelación de este tipo traería consigo impactos negativos a la economía nacional y a la imagen de nuestro país ante los ojos de los inversionistas locales y extranjeros (...) hacemos un llamado a la reflexión", indicó Mauro Garza Marín, titular del organismo.

Xavier Orendáin, presidente de la Canaco, advirtió que la cancelación de Texcoco "tendrá implicaciones jurídicas y financieras mayores a los ahorros que sugieren que tendrá Santa Lucía. Hasta la fecha se han invertido 60,000 millones de pesos (en Texcoco), y además están comprometidos otros 170,000 millones, que representan 60% de la obra por terminar".

El líder empresarial añadió que, además de poner en duda la credibilidad de México ante el capital extranjero, la decisión de AMLO afectará a 45,000 familias que actualmente trabajan en Texcoco. "No habrá confianza en los contratos firmados, y se manda el mensaje de que pueden cancelarse simplemente por una consulta sin metodología".

El escenario en la casa de la transición del presidente electo no podría haber sido más explícito. Andrés Manuel López Obrador escoltado a su izquierda por el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y a su derecha por su próximo jefe de oficina, Alfonso Romo, y por su amigo y asesor, José María Riobóo. Romo, que dio garantías al sector privado y los inversionistas de que la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco se mantendría, convertido en rehén de la realidad política de la 4a. Transformación. Riobóo, quien convenció a López Obrador que Texcoco no era el camino sino una nueva terminal en Santa Lucía y subordinó a sus deseos a Jiménez Espriú, era el gran ganador. Si no pudo ganar una licitación en Texcoco, nadie haría negocio en ese lugar. Romo fue perdedor, pero el que más sufrirá la derrota en el mediano plazo, fue quien no estuvo siquiera invitado a la fiesta: Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda.

Urzúa había analizado el modelo de negocios y el financiamiento de la obra en Texcoco y le había explicado al presidente electo que sería un buen negocio para el próximo gobierno. Parecía haberlo convencido, pero fue una ilusión. Romo pensaba lo mismo, y comprometió su palabra con quienes veían con preocupación la cancelación del proyecto. El resultado de la consulta de Morena para validar lo que López Obrador había prometido en la campaña, cancelar esa obra "faraónica", rubricó su derrota ante el sector duro -o interesado, como en el caso de Riobóo- del equipo del presidente electo, y envió un mensaje a los inversionistas: los próximos funcionarios más amigables a inversionistas y empresarios, carecen de poder real sobre López Obrador. Que ni siquiera hubiera invitado a Urzúa al anuncio de su postura sobre la consulta, tratándose de un tema profundamente financiero, confirmó el poco respeto que tiene de su carta hacendaria.

El próximo secretario de Hacienda tendrá que lidiar con la decisión sobre el futuro de Texcoco, entregada por López Obrador a 748,000 personas, ubicadas en las zonas donde obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial. No había forma de perder la consulta, diseñada para que a través de una urna, se sustituyera la mano alzada de la asamblea en la plaza pública. Urzúa tendrá que resolver cómo pagar las multas por la cancelación de contratos, neutralizar la caída de casi 20 centavos de dólar en los bonos comprometidos en Texcoco, y cerrar la operación financiera del próximamente cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México. De acuerdo con un reporte del periódico The Wall Street Journal, los tenedores de 6,000 millones de dólares de bonos que fueron adquiridos sobre el proyecto de Texcoco, podrían demandar su pago inmediato.

El problema para Urzúa, sobre todo, será convencer a los inversionistas de que el asambleísmo para decidir políticas públicas de gran envergadura, como lo hizo López Obrador, no debe inquietarlos. El nerviosismo registrado en el mercado de divisas, aunque más efímero que duradero porque no hay depreciación por un problema estructural de la macroeconomía, refleja sin embargo la manera como reaccionan los mercados ante la percepción de las señales que no les gustan. Pocas horas después de anunciarse el resultado de la consulta, UBS, el banco de inversión suizo, envió un informe a sus clientes, donde señaló:

"El mercado reaccionará probablemente en forma negativa, ya que esta decisión desafía el Estado de Derecho en México. El sentimiento del mercado sigue arrastrando los efectos de la perspectiva negativa de Pemex y la posibilidad de que las agencias calificadoras revisen el rating de la deuda soberana. Dada la alta sensibilidad a la aversión de riesgo de los inversionistas, el peso y el mercado de renta variable podrían estar bajo presión durante los próximos días. Nuestra perspectiva para México sigue cautelosa. Vemos el potencial de un referéndum público como una vía válida para que constitucionalmente se refuercen cambios en el futuro, incluida la posibilidad de extender el mandato presidencial de 6 años. El uso de las reservas en el Banco de México podrían ser sujetas también a la elección de la gente".

El 1er. análisis de una institución financiera internacional es ominoso para un gobierno que aún no tiene su primer día como gobierno legalmente instituido. Pero reconoce la fuerza de López Obrador para que, como presidente electo, sin ninguna atribución legal, pueda cancelar una obra que se encuentra con un avance de 30% y tirar a la basura una inversión de 300,000 millones de pesos, por una obra que no existe siquiera como proyecto ejecutivo. La preocupación es que escudado en la legitimidad de 30 millones de votos que le dieron la Presidencia, podría torcer los instrumentos democráticos que le dieron la victoria en las urnas para instaurar un régimen que le dé la vuelta a la Constitución.

No lo dice UBS, pero en las analogías no escritas se encuentra lo que sucedió con Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, donde utilizando los recursos de la democracia, subrepticiamente la trastocaron, como también sucedió con Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua. La interpretación que hicieron los suizos por la forma como organizó la consulta y avaló con ella su promesa de campaña, fortaleció los temores detonados por el cambio de ley en Tabasco para que pueda hacer obras públicas sin necesidad de licitarlas, y la iniciativa para acabar con los órganos autónomos reguladores creados por la Reforma Energética, como el principio de un régimen autoritario.

La verdad es que la consulta se decidió por un solo voto: el de López Obrador.

Como he dicho antes, no tengo idea cuál opción es mejor, si el suelo se hunde en Texcoco o si operar simultáneamente Santa Lucía y el aeropuerto actual de la Ciudad de México represente un riesgo mayor. En el fondo, me temo, al presidente electo tampoco le importa gran cosa lo técnico, sino el mensaje político detrás de la decisión.

Para quien no lo había entendido López Obrador lo dijo con todas sus letras durante la rueda de prensa: que les quede claro, el poder político y el económico ya no son uno mismo. Dicho en otras palabras, los empresarios ya no tomarán las decisiones ni serán los interlocutores privilegiados en este país; el gobierno ya no es de ellos ni para ellos. Por eso López Obrador estaba tan contento durante el anuncio del resultado de la, para decirlo sin tapujos, falsa y amañada consulta: fue su 1er. acto de autoridad.

Pero el riesgo no es menor. El costo para el país, y para el propio presidente electo, de esta decisión puede ser mucho más allá de lo calculado. Tener habilitado el aeropuerto de Santa Lucía en 3 años es prácticamente imposible. Solo en estudios y proyectos ejecutivos se van a llevar más de un año y si quieren hacer licitaciones internacionales correctas (que es probable que se las quieran brincar con la excusa de que como ellos son honestos las van a asignar de forma directa a otros igual de honestos) se llevarán al menos otros 8 o 10 meses. Ojalá me equivoque, pero hoy apostaría que al terminar el sexenio no habrá nuevo aeropuerto y que lo que hoy parece un triunfo político de Andrés Manuel puede convertirse en su Waterloo, no por la decisión en sí misma, sino por la forma de hacerlo.

Para quienes no entienden la decisión del presidente electo de cancelar el aeropuerto en Texcoco, ayer soltó una frase que radiografía sus intenciones: su gobierno no va a estar "supeditado a mercados financieros".

Imagino a un marinero abordando su embarcación y gritándole al viento, desafiante: ¡no me voy a supeditar a la marea! ¡al diablo con su estado del tiempo! Y entonces se hace a la mar, sin importarle el tamaño de las olas, la fuerza del viento o el peligro de huracán. Porque él, digno, no se supedita, no se somete, es independiente, es autónomo.

Los mercados financieros son y están. Como el estado del tiempo. No se pueden desconocer e ignorar porque eso conduce al naufragio.

Es indudable que a nivel mundial se requiere un nuevo modelo económico. Es inobjetable que al amparo del libre mercado se han cometido excesos, atrocidades, abusos y corruptelas que han dañado a pueblos enteros. De criticar eso a decir "a mí el huracán me hace lo que el viento a Juárez" y salir a la mar con alto oleaje, hay un océano de distancia.

Para López Obrador, su relación con la economía es un juego de poder donde uno gana y otro pierde. Los mercados financieros son sus rivales. No parece detectar que no hay registro de un solo país que haya decidido retarlos y haya salido vencedor. Ni uno.

Mientras transmitía su conferencia de prensa para ratificar la decisión de cancelar Texcoco, tenía a mi lado en tiempo real la gráfica del tipo de cambio: mientras más hablaba el presidente electo, más subía el dólar. Eso sucedió -cito una de sus frases favoritas- les guste o no les guste.

Si el discurso buscaba atemperar la reacción financiera, fracasó: pesó más la idea del manotazo de poder (estilo Salinas con La Quina, Zedillo con Raúl, Peña con Elba Esther) que la singular oferta de catafixiar los contratos de Texcoco por unos en Santa Lucía y alguna otra obra pública como método para evitar el golpe a las empresas.

La pregunta es cómo reaccionará el presidente AMLO ante el castigo de los mercados. ¿Entrará en la espiral de esa izquierda latinoamericana que recurre a la cantaleta del "imperialismo yanqui controlador del capitalismo salvaje" mientras ve como sube la inflación, cae la moneda y le quitan el grado de inversión?

El cúmulo de irregularidades y la poca seriedad con la que se organizó resta toda certidumbre a la lectura del 70-30 que le metió Santa Lucía a Texcoco. ¿Un respaldo al presidente electo? ¿Una ciudadanía convencida de los argumentos? ¿Un fraude de Morena? ¿Un presidente que se esconde en una farsa de consulta porque no tuvo el valor de anunciar como suya una decisión ya tomada?

El resultado de la consulta a favor de convertir la base militar de Santa Lucía en aeropuerto y ampliar las operaciones del de Toluca y del actual de la Ciudad de México era previsible por la forma tan tendenciosa en que se ubicaron las mesas de votación en municipios con una amplia presencia del voto duro morenista.

Insisto que la consulta fue una simulación burda y autoritaria por las improvisaciones y las carencias metodológicas y legales que presentó, y que lejos de honrar los beneficios sociales de la participación ciudadana y la democracia directa para discutir y decidir sobre los grandes asuntos públicos, las desvirtuó. Fue un proceso opaco, con poca credibilidad y que sólo sirvió para justificar una decisión ya tomada.

Quedó así este grave antecedente, que abre la posibilidad de que se impongan nuevas decisiones por esta ruta y en vez de fortalecer, se lesione nuestra vida democrática.

En ese sentido hubiera sido mucho más sano que López Obrador hubiera asumido la responsabilidad de la decisión, sin hacer una consulta sin valor estadístico, con los argumentos de las necesidades sociales más prioritarias que tiene el país antes que un mega aeropuerto.

No fue así y ahora lo que sí tendrá que hacer el próximo presidente electo será explicar a detalle a qué programas sociales se destinará el dinero que asegura se ahorrará con la cancelación del NAICM. Y también que el nuevo aeropuerto en Santa Lucía y las ampliaciones del de Toluca y el Benito Juárez no resulten más caras y efectivamente funcionen en 3 años como lo prometió ayer.

Habrá que ver también qué costos trae esta decisión en lo político y en lo económico. Porque es claro que tirar el proyecto de Texcoco es también un mensaje político de AMLO para los grupos económicos que tuvieron la hegemonía en el sexenio que termina.

En cuanto al tema económico habrá que ver el impacto que tenga entre los inversionistas y su confianza en el país, y cuánto nos cuesta la indemnización por la revocación de los multimillonarios contratos, que cómo ya advirtió ayer el presidente saliente Enrique Peña Nieto, podrían superar lo que se recauda por el impuesto aéreo TUA, y que era la fuente principal de financiamiento de la obra del NAICM.

Simpatizantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tomaron el Congreso del Estado de Veracruz para impedir que la mayoría del PAN-PRD apruebe diversas donaciones al Ayuntamiento de Veracruz, cuyo alcalde es Fernando Yunes Márquez, hijo del gobernador saliente, Miguel Ángel Yunes Linares.

Cerca de 200 morenistas cerraron los accesos a la sede del poder legislativo para impedir también que se apruebe la creación del municipio 213 de una comunidad de la zona de Los Tuxtlas.

Los actuales diputados locales, con mayoría del PAN-PRD, terminan sus funciones el 5 de noviembre, cuando tomarán protesta los nuevos legisladores con mayoría de Morena.

El coordinador de la bancada de Morena, Zenyazen Roberto García Escobar, señaló que las personas que se encuentran dentro del inmueble y quieran salir, tienen toda la libertad de hacerlo, pero no así los que quieran entrar porque tienen limitado el ingreso.

Consideró que no es necesaria la presencia de los cuerpos antimotines, porque nadie corre ningún riesgo y exhortó a la policía a que se retire de ese lugar; que se dedique a combatir el crimen y a proteger a la ciudadanía.

No hay ninguna diferencia sustantiva entre la consulta que permitió a AMLO respaldar su decisión de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco (NAIM) y las 'asambleas' que realizaba en las que consultaba a los asistentes y tomaba decisiones.

El domingo 30 de julio de 2006 se realizó una de las más célebres. Los contingentes concentrados en el Zócalo votaron a favor de realizar un plantón en esa plaza, así como en Paseo de la Reforma, para protestar por el presunto fraude electoral.

Igual que en aquella ocasión, en la que AMLO ya tenía la decisión tomada y buscó legitimidad con la aprobación de los asistentes, así, todo indica que desde hace tiempo había optado por la cancelación del proyecto de Texcoco y buscó cómo legitimar la decisión.

La preocupación que ayer golpeó a los mercados financieros, los que perdieron, como no había ocurrido desde el triunfo de Trump, no es la cancelación del aeropuerto en sí misma.

Sí, se trata de un proyecto importante, pero que por sí solo no mueve la economía del país.

Lo que preocupa más a inversionistas y empresarios es el método de legitimar decisiones.

López Obrador podrá decir que la decisión fue del pueblo y no de él. Punto.

Por eso, la IP anunció que no se quedará con los brazos cruzados.

Que si el millón de personas representa apenas poco más del 1% de quienes tenían derecho a votar, es algo irrelevante. Que si la consulta careció de rigor y controles, no importa. Así como tampoco importó hace 12 años que sólo algunas decenas de miles alzaran la mano para validar el plantón.

Un presidente que toma decisiones por sí mismo y se hace responsable de ellas, es alguien con quien se puede discutir porque el criterio de las decisiones es la racionalidad.

Un primer mandatario que responsabiliza de las decisiones al pueblo, es alguien que no va a incorporar la racionalidad en sus determinaciones, pues él es exclusivamente ‘instrumento del pueblo’, que es bueno y sabio.

¿Qué decisiones pueden tomarse, investido por el poder del pueblo? Las que sean. Siempre van a tener la garantía de que ese ente denominado "el pueblo", las respalde.

Las democracias electorales como la que se ha tratado de construir en México en los últimos 40 años más o menos, cambian el concepto de pueblo por el de electorado y sustentan las decisiones en los procesos de votación, universal, directa y secreta.

Lo que preocupa a los empresarios e inversionistas es que la Cuarta Transformación en realidad sea la de la democracia electoral para convertirla en una democracia participativa, de asamblea y consulta popular como la que vimos.

Bajo ese sistema, un caudillo o un líder político carismático, que ha logrado concentrar el enojo de la población con la corrupción y la inseguridad, puede tomar decisiones que concentren el poder en su mano con la legitimidad que da el presunto respaldo del pueblo.

Eso implica desmontar gradualmente la estructura institucional que se ha diseñado en las últimas décadas en México.

Por eso, tiene razón AMLO, no es un cambio de gobierno sino de régimen.

Más allá de la preocupación de fondo, el efecto económico que ayer se produjo implicó que las empresas mexicanas cuyas acciones se derrumbaron, perdieron un valor de mercado de 17,500 millones de dólares aproximadamente, es decir, casi 3 veces el monto de los bonos internacionales colocados para financiar el NAIM.

La dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, dijo que evaluarán las acciones jurídicas contra la decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

Ruiz Massieu explicó que se debe esperar a que haya actos que puedan ser impugnables, toda vez que el carácter "alegal y violatorio" de la Constitución de la consulta es que no fue celebrado conforme a los términos constitucionales y, por tal, no puede ser impugnable.

"Hoy, lo que vimos fue un ejercicio al que convocó un grupo de personas sin personalidad jurídica para poder realizar una consulta jurídica, a una consulta popular que tenga vinculatoriedad jurídica", aseveró la líder nacional del PRI.

Advirtió que cancelar una obra de infraestructura que tiene que ver con el bienestar del país va a afectar a las futuras generaciones, toda vez que no es un proyecto de partido, ni sólo de la Ciudad de México, sino de todos los mexicanos, "que perderemos no sólo miles de empleos, sino competitividad y también reputación en la certidumbre que debe darle a los inversionistas".

Ruiz Massieu aseguró que una vez que se concrete la cancelación se verá cuáles son las avenidas legales para impugnar.

Sobre el tipo de cambio puntualizó que es parte de los costos que tiene este ejercicio y "que tiene una decisión basada en criterios no técnicos, no profesionales, sino en criterios que tienen que ver más con la popularidad o con el populismo".

Lo más relevante es que AMLO quiso poner de manifiesto frente a los grandes empresarios y los mercados financieros, quién tiene la autoridad.

De acuerdo con algunos cercanos al 1er. círculo de AMLO, se tiene la certeza de que en caso de que la decisión sea cancelar el proyecto de Texcoco, la sacudida de los mercados será temporal y en pocos días o semanas se regresará a la normalidad.

En una entrevista con Denise Merker, el viernes pasado, López Obrador fue claro: lo que está en juego es la autoridad del Estado Mexicano y lo que se va a buscar con la consulta es la opción menos mala, en lo que a su juicio es un proceso que empezó mal desde el principio.

Si hay que mandar el mensaje respecto a quién manda en el país; si las 2 opciones son malas y se buscará la menos mala, y si la perturbación de los mercados va a ser transitoria, la inclinación se va perfilando. Ya sabe usted hacia dónde.

AMLO ha minimizado el hecho de que podría terminar lo que algunos llamaron "la luna de miel" con el sector empresarial.

López Obrador no quiere que los inversionistas o los empresarios le impongan prioridades. Quiere dejar claro que en la relación con ellos las cosas serán diferentes.

El Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es "nocivo para México", por lo que buscará hacer un frente con el sector empresarial y con organismos de la sociedad civil, en contra de que el nuevo aeropuerto sea en Santa Lucía y no en Texcoco.

El presidente nacional de blaquiazul, Marcelo Torres Cofiño, sostuvo que como ya lo habían anunciado, irán legalmente en contra de la consulta sobre el proyecto aeroportuario. "Exploraremos las acciones legales a efecto de seguir ante este gran atropello. López Obrador no puede convertirse en un dictador, esta encuesta no tiene ninguna validez. Nosotros habremos de hacer una gran lucha con los organismos de la sociedad civil y sectores empresariales que no coincidan con este atropello. Andrés Manuel es nocivo para México, es una amenaza", expresó.

Torres Cofiño solicitó al gobierno entrante consultar a la ciudadanía la construcción del Tren Maya y la refinería en Tabasco, de acuerdo a los normas y leyes del país, y advirtió que sus bancadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, revisarán a detalle cualquier modificación al artículo 35 constitucional, sobre las consultas ciudadanas.

"No podemos permitir que esas modificaciones que pretende hacer López Obrador sean para que se salga con la suya", aseveró.

El líder nacional del PAN, lamentó que el presidente Enrique Peña Nieto, no haya sido el primero en salir a defender la obra, dado que fue su administración la que le dio origen, "Peña Nieto ha sido el tapete de López Obrador, se ha prestado a todos estos atropellos, es lamentable que parezca que México no tiene presidente", externó.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) desconoció los resultados de la consulta sobre el aeropuerto, pues además de la falta de rigor que la caracterizó, fue impulsada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para optar por Santa Lucía y "para apoyar a un grupo empresarial" encabezado por José Maria Riobóo.

"Lo que estamos observando es que el grupo encabezado por José María Riobóo se convertirá en el próximo empresario favorito del nuevo sexenio", advirtió el presidente del PRD en funciones, Ángel Avila Romero, al atribuirle ser la cabeza de un grupo empresarial.

El perredista llamó a tener cuidado de que "la mafia del poder se instale en la 4a. transformación".

Ávila desestimó el llamado a la reconciliación hecho por López Obrador, pues la concordia puede terminar en cualquier momento si el presidente electo insiste en "imposiciones" como la de construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, ya que esa es una decisión ya tomada por el mandatario electo pero que simuló vía la consulta ciudadana.

Ávila acompañado por dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional perredista, llamó a su vez a López Obrador y a Morena a unir esfuerzos legislativos para quitar candados a las consultas populares, pero con reglas y controles institucionales, propuesta que promoverá el PRD en el Senado.

Sobre la relación entre López Obrador y el empresariado llamó al tabasqueño a ser respetuoso de ese sector importante para la economía nacional, pero sin que eso signifique tener a sus "contratistas preferidos", como pasó en el actual sexenio.

"Debe haber una relación de respeto e institucionalidad con los empresarios del país pues ellos son un factor importante para la economía nacional. No de imposiciones y decisiones unipersonales; ojalá que con esta relación cercana la 4a. transformación no estemos ante el viejo ejemplo de tener un grupo de contratistas que sea beneficiado del próximo nuevo gobierno".

Un juez federal requirió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que explique la consulta nacional que convocó para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

En el juicio de amparo promovido por un grupo de estudiantes de Derecho contra la realización de la consulta, el juez indicó que sólo el presidente electo puede rendir el informe previo ordenado en el expediente, pues en su demanda los quejosos lo señalaron a él como autoridad responsable.

Esto, debido a que otra persona, cuya identidad no fue publicada por el juez, intentó rendir el informe en lugar de López Obrador, pero el juzgador indicó que procesalmente sólo el presidente electo tiene la legitimidad para hacerlo.

El amparo fue promovido la semana pasada por un grupo de estudiantes de la Escuela Libre de Derecho representados por el abogado Roberto Borbolla.

En su acuerdo de admisión, el juez no frenó la realización de la consulta, por lo que en el informe que se le requiere a López Obrador deberá indicar si el acto reclamado existe o no y en qué lo fundamentó. Una vez hecho lo anterior, AMLO debe rendir su informe justificado en el que detalle minuciosamente por qué convocó a la consulta nacional, con base en qué ley o reglamento y con qué objeto la realizó.

Morena debe parar la presión y dejar de intentar manipular a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, con el fin de modificar a su favor la distribución de diputados plurinominales en el Congreso de Jalisco, expresó el senador Clemente Castañeda, delegado especial de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano.

Esto en reacción a las determinaciones que se han dado tanto en el tribunal local como en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral, donde se ha otorgado la razón a Movimiento Ciudadano en la distribución de diputados por representación proporcional, dejando a este grupo parlamentario con 14 legisladores.

Pese a las 2 resoluciones, Morena impugnó, alegando el principio de "optimización" y señalando una supuesta sobrerrepresentación de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco. Con esta estrategia, dicho partido pretende obtener 2 escaños más y sumar 9.

"El tribunal no se puede dejar chantajear por Morena. La presión de este partido para sumar curules a su fracción, es una estrategia para complicar el trabajo a los gobernadores que no son de su partido (...). Morena está recurriendo a las viejas prácticas de presión, manipulación y opacidad del PRI que tanto criticó", enfatizó Castañeda, presidente la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

"Le pedimos a las instancias que no se dejen chantajear por esta fuerza política que hoy es mayoría en el Congreso de la Unión. En el tribunal local y en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral han resuelto a favor de Movimiento Ciudadano", puntualizó Castañeda.

El senador insistió que la supuesta "optimización" que alega Morena, no tiene sustento constitucional, legal o jurisprudencial en el sistema electoral mexicano.

La consulta fue cuestionada desde un principio como ilegal. Sin embargo, no se puede ubicar en el marco de la legalidad cuando es organizada por quien no representa nada, ni está en funciones de gobierno o de nada, ni tampoco utilizó recursos públicos. Un partido (Morena), organizó una consulta con coperachas (un millón y medio aportados por sus legisladores), para darle cuerpo a los deseos de su jefe político que lo único que había dejado claro era su falta de compromiso con una decisión que, como presidente electo, políticamente tenía que asumir: construir o cancelar la obra en Texcoco.

La consulta estuvo llena de irregularidades, para efectos de legitimidad del ejercicio. El 70% de las urnas colocadas se hizo en municipios con una gran presencia de Morena. El mismo porcentaje de la gente que votó, se calcula, nunca se han subido a un avión, mucho menos tiene experiencia con aeropuertos. Pero al mismo tiempo, no se instaló ninguna urna en Las Lomas, Polanco o Santa Fe, en la Ciudad de México, donde se vende el 59% del boletaje de avión. No hubo seguridad para evitar fraudes, por lo que la gente pudo votar de manera múltiple, ni se cuidaron los datos personales (que es un delito). Fue, se puede argumentar, un montaje para que López Obrador pudiera manejar el conflicto que él mismo construyó con su discurso determinista desde la campaña presidencial.

Un millón de personas aproximadamente, de 130 millones de mexicanos, fueron incentivados para decidir el futuro de una obra de casi 300,000 millones de pesos. Incurría la consulta en una abominable falta de representatividad, que durante la semana había levantado objeciones. Estudios, impactos y riesgos se pusieron sobre la mesa, y López Obrador insistía que sería la voluntad del pueblo la que regiría sus acciones. Daba igual que ganara Santa Lucía o Texcoco porque cualquier resultado tenía el mismo origen, el andamiaje propagandístico para que López Obrador, como Poncio Pilatos, se lavara las manos y fijara en la gente, mucha de la cual ni tenían idea de lo que estaban votando, la coartada para su decisión.

La decisión sobre dónde quedará el nuevo aeropuerto, relevante en términos económicos, de conectividad y de confianza entre inversionistas, no lo era para el próximo gobierno en términos de lo que desnudó la consulta ciudadana: cómo va a gobernar López Obrador. No asumir la responsabilidad es una irresponsabilidad. Si bien la consulta no tenía ningún valor legal, el haberla hecho vinculante modificó el ecosistema político. Un presidente no delega las responsabilidades para las cuales fue electo, las asume y paga sus consecuencias.

Para eso fue electo presidente. No le dio ese mandato para que en los temas espinosos le devolviera la decisión a los ciudadanos. Una cosa es, como dice López Obrador, escuchar lo que piensa la gente, y otra es gobernar a partir de sus deseos. Hay decisiones difíciles que se tienen que tomar, aun a sabiendas que no son populares, y demostrar con los resultados los porqués de esas decisiones.

Querer gobernar con base en lo que quiere la gente es tramposo, sobre todo cuando es discrecional. ¿Por qué no hubo consulta ciudadana sobre el Tren Maya? ¿Por qué no organiza una consulta para que votemos si queremos seguir pagando impuestos? Ahí no. En el 1er. caso ejerció el mandato que le dio la gente en las urnas, y en el 2o. sería un disparate que llevaría a cualquier gobierno al suicidio. Hablar de democracia participativa cuando huele más a una incipiente democracia tutelada, es un recurso que esconde la motivación real de la consulta ciudadana del fin de semana, que fue exclusivamente política.

El método para su toma de decisión sobre dónde quedará el nuevo aeropuerto, es lo que preocupa a los analistas. Su declaración el viernes de que vayamos acostumbrándonos, porque las consultas ciudadanas marcarán su gobierno, los debe haber alterado mucho más.

Habría que cuestionar la forma tan improvisada en que se ha realizado la consulta. Por un lado, en la información necesaria para tomar una decisión razonada. El equipo de transición debió sistematizar y transparentar la información técnica y financiera, los pros y contras, de cada uno de los proyectos. En lugar de hacerlo, algunos miembros de la nueva administración, que pertenecen a la fuerza política que realiza la consulta, se han dedicado a torpedear la alternativa relacionada con Texcoco.

Si los nuevos funcionarios están convencidos de que el NAICM es absolutamente inconveniente, mejor sería que lo cancelaran y nos explicaran las razones de manera profusa y convincente. Tendrían que asegurarnos que podemos afrontar el problema con el de Santa Lucía (incluso si fuera menos eficaz o funcional) y dedicar la diferencia de gasto a tales o cuales obras públicas o programas sociales. Podemos estar o no de acuerdo con la decisión, pero habría una lógica en el procedimiento.

Resulta más difícil justificar la decisión por una consulta en la que muchos desconfían; unos porque le tienen inquina a las iniciativas de AMLO, otros por la manera en que fue organizada. Es loable que se palpe el sentir de la gente en un tema tan polémico, pero por lo mismo tendríamos que asegurar que lo que se está palpando es un reflejo aceptable de lo que en verdad siente y piensa la gente al respecto. Y eso es un asunto de metodología y procedimiento.

De lo que no hay duda es que la experiencia ha lastimado el uso futuro de las consultas y referéndums al darle a sus detractores argumentos para denostarlas. Habría sido mejor una decisión política a partir de criterios sociales claros que una consulta improvisada cuyos resultados serán duramente cuestionados. Es cierto que muchas de las críticas parten de la mala leche, como bien dice AMLO, pero por lo mismo no habría que poner en mano del adversario las piedras con las que te tiran.

El 1er. presidente en confirmar su presencia en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador había sido el venezolano Nicolás Maduro.

Los mandatarios más importantes del mundo no habían confirmado su presencia, sobre todo porque la toma de posesión mexicana se empalmaba con la estratégica reunión del G-20 en Buenos Aires. Y el gobierno electo de López Obrador no quería anunciar que el único confirmado fue Maduro. Así que decidieron esconderlo un rato.

El objetivo fue que tratara de pasar desapercibida la presencia del repudiado presidente. Así que soltaron primero una lista de mandatarios centroamericanos, y fueron así, por goteo, informando de personalidades y jefes de estado que aceptaban venir. Pero Maduro estuvo confirmado desde un inicio.

En un último esfuerzo por esconder la visita de Maduro, trataron de anunciarla en fin de semana, a ver si pasaba por debajo de la mesa con el ciclo de noticias secuestrado por la consulta del aeropuerto. No lo lograron. La próxima visita del heredero del no menos controversial Hugo Chávez generó una ola de indignación que derivó en una exigencia pública para que el gobierno electo le diga que mejor no venga.

No es para menos: Nicolás Maduro ha sumergido a su país en una crisis económica tan profunda que en un lapso de meses han huido de su territorio millones de venezolanos, mientras encabeza un régimen dictatorial que oprime todas las libertades.

Pero en Morena tiene grandes defensores, encumbrados en la dirigencia del partido y el congreso. Los videos de conocidos lopezobradoristas hablando maravillas de la dupla Chávez-Maduro circulan profusamente en redes sociales. Y en campaña, el hoy presidente electo López Obrador se negó hasta el cansancio a condenar las atrocidades de Chávez y Maduro, bajo el débil pretexto de que respeta lo que pasa en otros países.

Maduro, ya se vio, no es bienvenido. Bueno, salvo por el gobierno y los suyos.

Si alguna propuesta de Andrés Manuel López Obrador deja en claro que busca regresar a los tiempos del viejo PRI es la reimplantación de los precios de garantía. La ilusión es que estos precios artificialmente fijados por políticos generarán autosuficiencia alimentaria; la experiencia sugiere que redundarán en costosos subsidios, pobreza rural y corrupción.

La promesa de regresar a los precios de garantía que se abandonaron en 1994 la hizo López Obrador desde la campaña electoral. Los nuevos precios de garantía se aplicarán a cultivos de maíz, frijol, trigo panificable y arroz, así como a la producción de leche fresca. La Oficina de Transición de Agricultura y Desarrollo Rural anunció este 25 de octubre que el nuevo gobierno fijará precios muy superiores a los de mercado. La tonelada de maíz, por ejemplo, la pagará a 5,610 pesos mientras que en el mercado internacional se ubica en 2,770 pesos. El requisito es que los productores tengan parcelas de menos de 5 hectáreas, mientras que las compras se limitarán a 20 toneladas por vendedor.

Para que los precios de garantía no lleven a una escalada en los precios de los alimentos, el gobierno tendrá que dedicar una cantidad de recursos no especificada a subsidiar las compras. El monto puede aumentar en el futuro si bajan los precios de los productos agrícolas.

La enorme diferencia entre el precio oficial y el de mercado generará corrupción. La limitación del subsidio a los productores con predios de hasta 5 hectáreas creará un incentivo para mantener la actual fragmentación de la tierra. La producción se volverá más ineficiente. El maíz y el trigo requieren de grandes extensiones de tierra para ser competitivos, pero los precios de garantía atarán a los productores a pequeñas parcelas que los condenan a vivir en la pobreza e inhibirán la inversión en productos con mayor futuro, como el aguacate o las hortalizas.

A Conasupo, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la creó Gustavo Díaz Ordaz (ese presidente que los políticos de hoy quieren borrar de la historia) en 1965 y se convirtió en la institución insignia de la política alimentaria del viejo PRI. Fue un foco de corrupción y de pérdidas enormes. Sus actividades y subsidios se recortaron de manera gradual a partir de la crisis financiera de los 80 y la compañía fue extinguida finalmente en 1999, al final del gobierno de Ernesto Zedillo.

Ignacio Ovalle, secretario particular de Luis Echeverría y director del Instituto Nacional Indigenista con José López Portillo, donde conoció a un joven Andrés Manuel López Obrador, fue director de Conasupo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Desde ese cargo lanzó los "tortivales", bonos para entregar tortillas a familias pobres y asegurar su lealtad al PRI. Hoy Ovalle regresa a la política con López Obrador como titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, una institución que asumirá las responsabilidades de Diconsa y Liconsa y que busca convertirse en una nueva Conasupo. Junto con los precios de garantía, este Segalmex, que recuerda el viejo SAM, el Sistema Alimentario Mexicano, de José López Portillo, marca el retorno a un sistema de subsidios y precios de garantía que pretendió hacer a México autosuficiente en alimentos, pero que solo sirvió para comprar votos, generar corrupción y empobrecer el campo mexicano.

Para quienes sienten nostalgia por el viejo sistema alimentario mexicano, habría que invitarlos a releer a Arturo Warman, el fallecido autor de El campo mexicano en el siglo XX: "Un campo pobre, avejentado y conservador, que se repite a sí mismo en vano intento para ser lo que no fue, no es la tierra prometida".

Esta consulta en curso más parece una estrategia para cuidar la persona del próximo presidente, que para involucrar a la gente en un asunto que es desde luego trascendente.

Cierto, aunque solemos opinar de todo, corresponde a la autoridad valorar las opiniones que recibe desde el grado de información y conocimientos del que opine, lo cual debería hacer de esta o de cualquier otra consulta un ejercicio de formación e información previa y suficiente antes de invitar a nadie a pronunciarse.

La consulta, más que servir al proceso democratizador del país, servirá solamente al próximo mandatario que podrá quedar bien, lo mismo si el resultado es sí que si es no. Pero resulta, hasta donde se sabe, que una parte sustancial de lo ya invertido en el proyecto Texcoco provino del dinero público, es decir, del dinero de todos los mexicanos, y otra parte llegó de la empresa privada, de suspenderse el proyecto ¿perderán todos los inversores, o nomás los mexicanos? ¿Será así que van a funcionar las cosas en la ya inminente 4a. república?

Paco Calderón
(28 de octubre de 2018).

La parodia de encuesta popular que ha ordenado el presidente electo es burlarse descaradamente de la voluntad del pueblo o intentar volver atrás 40 años, suspirando por aquel estilo dictatorial del partido en que se formó el presidente López y del cual, ahora, supuestamente abomina.

No me parece que se haga una consulta (cuando en realidad las consultas deberían ser excelentes mecanismos de participación ciudadana) sobre un asunto que reclama técnicos generosos y no egoístas como hasta ahora, que digan exactamente qué sí y qué no sin filias ni fobias, que no confundan ni lleven a la gente a los extremos y nos vuelvan a dividir entre 2 opciones más que efectivas para resolver un problema, útiles para cargarse de un lado o de otro en términos de partido y bandos políticos, pero no de lo que es mejor. Me molesta el manejo perverso de un lado y de otro; las fallas en el sistema para recibir las opiniones de los que han querido votar; me molesta el silencio de los que están a favor de Texcoco y me molesta el ruido de los que apoyan Santa Lucía. De ningún lado nos han proporcionado a los mexicanos la información necesaria sin intentos de manipulación. Y como siempre todo, todo, al cuarto para las 12, cuando el margen de maniobra es casi nulo. A ver si ya van cambiando de estilo para gobernar, todos.

Ni Carlos Urzúa ni el próximo equipo de la Secretaría de Hacienda se han pronunciado públicamente sobre la consulta del aeropuerto. ¿Qué podrían decir? Su papel es uno de los más incómodos: no tienen forma de quedar bien. Si defienden Texcoco, corren el riesgo de confrontarse con los morenistas (dentro y fuera del gobierno). Si expresaran apoyo a Santa Lucía, el desencuentro ocurriría de cara a la "clientela" tradicional de la SHCP: sector financiero, inversionistas institucionales, grandes empresarios, agencias calificadoras y organismos financieros multinacionales.

¿Qué papel jugará la próxima Secretaría de Hacienda, una vez que concluya la consulta? Ningún funcionario del próximo gobierno tiene tanto en juego con ella como Carlos Urzúa, con la posible excepción del ingeniero Javier Jiménez Espriú, que es el principal promotor de finiquitar la opción Texcoco.

El proyecto de Carlos Urzúa en Hacienda podría convertirse en un "daño colateral" de la consulta. Este ejercicio pone en juego la percepción del riesgo México, un "intangible", que tiene mucho que ver con el nivel del tipo de cambio y las tasas de interés. En caso de que gane Santa Lucía y se interrumpa Texcoco, es muy alta la probabilidad de que tengamos un periodo de volatilidad cambiaría. En octubre, el tipo de cambio del peso se ha depreciado 80 centavos, casi 4%, en buena medida por el nerviosismo que ha provocado la posible cancelación del aeropuerto.

¿Cuánto más podría moverse el tipo de cambio si gana Santa Lucía? Esta pregunta es muy relevante para Hacienda, para el sector financiero y para todo México. Una depreciación de 1 o 2 pesos adicionales es posible y tendría un impacto significativo en el presupuesto. Significa gastar más para pagar el servicio de la deuda externa y hacer mayores erogaciones en algunas importaciones ineludibles, como la gasolina.

De cara al Presupuesto 2019, esta turbulencia autoinfligida podría complicar la tarea de la "vicepresidencia económica", que llevará Carlos Urzúa, apoyado por los subsecretarios Gerardo Esquivel y Arturo Herrera. Los ejercicios de ahorro de gasto podrían no ser suficientes para compensar los costos de un dólar más caro y, quizá, tasas de interés mas elevadas. Complicaría la asignación de recursos para la ejecución de algunos de los programas "insignia" de la próxima administración.

Por lo pronto, habría que generar partidas presupuestales para pagar a los tenedores de bonos del nuevo aeropuerto y para enfrentar contingencias legales. El pequeño grupo de grandes constructoras podría "calmarse", quizá, con un diálogo con AMLO, pero los inversionistas extranjeros e institucionales son otro tipo de "criatura". Muchos de ellos cotizan en bolsa y están obligados a llevar la controversia al terreno legal.

Explicar la consulta y sus consecuencias es una tarea que ya empieza a afectar la agenda de la vicepresidencia económica. El mapa mundi está lleno de focos rojos: guerra comercial EU-China, Argentina, Turquía e Italia. La pregunta es: ¿México puede garantizar predictibilidad y certidumbre o se suma a los focos rojos?

Nota al pie. La consulta transformará Hacienda. Más allá del impacto que pueda tener en las variables económicas, este tipo de ejercicios tiene potencial para afectar el proceso de toma de decisiones. Si se va a instalar una democracia participativa para revisar las grandes decisiones, Hacienda dejará de ser esa vicepresidencia todopoderosa e inapelable. En las urnas, los tecnócratas siempre serán minoría.

Lo que sabemos es que cancelar cuesta 100,000 millones de pesos y no tener nada... y tener que pagar la deuda.

Ayer empezó el alumbramiento de una grotesca, prolongada y fraudulenta "consulta popular" sobre cuyo desconfiable resultado Andrés Manuel López Obrador decidirá si continúa en Texcoco la obra del nuevo aeropuerto internacional que tanto abomina, o si se parchan los de Santa Lucía, Toluca y Benito Juárez, como apetece su contratista de confianza, José María Riobóo.

Insuficiente por su minúsculo alcance y descaradamente tendencioso, el ejercicio no tiene precedente ni siquiera en los más oprobiosos, demagógicos y antidemocráticos momentos del PRI, el PAN, el PRD, o cualquiera de los partidos chiquilines que han accedido a cargos de gobierno.

Evidenciadas las porquerías cometidas en el 1o. de 4 días de repugnante pantomima, entre muchas otras el activismo a grito pelado y ante las urnas en favor de Santa Lucía, o la facilidad con que los interesados pudieron cruzar cuantas boletas quisieran, López Obrador está moralmente obligado a descalificar y deslindarse de esta "consulta" embustera y asegurarse de que nada semejante se cometa mientras encabece una verdadera cuarta transformación.

El gobierno electo que unos días nos dijo que no quería sesgar, se sacó de la manga y de último momento un estudio que según ellos hacía viable la opción de Santa Lucía y el Benito Juárez. No pasó mucho tiempo para que leyéramos las letras chiquitas y nos diéramos cuenta de que se hizo con información provista por Riobóo, parte interesada, y que, en todas las páginas al calce, en letra muy chiquita, dice: "Cualquier decisión relacionada con dicho proyecto no deberá basarse únicamente en este estudio". En fin, otro desastre.

Luego el presidente electo llega a votar y en un chacaleo le tunde a Carlos Loret de Mola y a Valeria Moy, los insinúa con intereses raros detrás de sus opiniones, en fin... todo mal, peor.

La austeridad republicana hizo que la consulta fuera baratita, lo que condiciona el lugar de las urnas adonde el partido es fuerte y tiene voluntarios, y mal hecha, lo que permite que algunos, por joder, se pongan a votar 3 veces y a exhibirlo en redes.

Luego el vocero del gobierno electo dice que eso es focalizado, que sí hay problemas técnicos, pero luego algo así como que el pueblo bueno nunca votaría 3 veces. Una vez más, todo mal.

Se ha manchado cualquier resultado.

Ninguna, ninguna necesidad tenía Andrés Manuel López Obrador de ponerse de tiro al blanco de sus detractores, esos que viven para buscarle el mínimo error y exhibirlo, y menos con un ejercicio sin sentido, con vericuetos legales de difícil sustento y que, proyectado con la historia contemporánea de México, parece un tiro al pie: ayer se le cayó el sistema. Pero la combinación riesgo-baladronada es lo suyo y la sostendrá aun frente a su nueva realidad.

La preferencia por Santa Lucía obligó a su próximo secretario de Comunicaciones y Transportes a resbalar por doble partida: 1o. citando parcialmente un estudio de la OACI, organismo respaldado por la ONU, que si bien plantea ventajas de la base militar, asegura que es inviable y decididamente privilegia la opción de Texcoco. Después presumiendo otro documento, el de la francesa NavBlue, que sin embargo se basa en "supuestos" suministrados por Riobóo, grupo asesor del presidente electo.

Pese a la demagógica anulación de su voto, después de desatar una amplia y sólida ofensiva en favor de Santa Lucía, la apuesta de AMLO está clara y bastaba con definirla así una vez que jure el cargo, pues la consulta solo ha provocado un golpeteo innecesario a su figura, gastos en su preparación y aplicación, erogaciones para estudios y, hoy sabemos, hasta inversión de fondos del erario en terrenos en Querétaro para eventuales afectados por el cambio de sede para el NAIM.

Pese a las múltiples inconsistencias en el 1er. día, con caída del sistema de ubicación de casillas, fallas en la aplicación que verifica que solo haya un voto por ciudadano y no instalación de todas las urnas previstas, anoche el presidente electo volvió a lo suyo: "Solo los mañosos y los corruptos no quieren la consulta". De nuevo: si ya había decidido Santa Lucía, para qué carajos se expuso a este desgaste, con tanto reto por delante: inseguridad, pobreza, desabasto médico, nulo crecimiento económico, migrantes, Trump, salarios, maestros...

Si escucha a alguien, díganle a ese alguien que le avise que ya es presidente electo.

Señala Citibanamex en el estudio "Nuevo Aeropuerto en CDMX: ¿En Vísperas del 'Error de Octubre'?": "La administración de AMLO va a enfrentar su 1a. prueba incluso antes de entrar oficialmente en funciones: confrontará la credibilidad del Estado Mexicano ante inversionistas privados contra la voluntad de su base electoral en relación con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)".

¿Que pasará si el sabio y conocedor pueblo mexicano rechaza Texcoco? La publicación de esa nota obligó a declarar a Manuel Andrés López Obrador MALO, diciendo que si el pueblo sabio escoge Santa Lucía no habría crisis, ni riesgo para los usuarios, constructores o contratistas. Situación falsa, precisamente porque los inversionistas perderían la confianza en nuestro país. Considero que el presidente electo y sus cercanos colaboradores no entienden la lógica de los mercados financieros, tan es así que la futura secretaria de Energía en lugar de tratar de corregir, desestimo que la calificadora de inversión Fitch Rating modificara de estable a negativo el perfil de la deuda de Petróleos Mexicanos, simplemente por sus erráticas declaraciones, lo que pudiera significar un aumento de los intereses que la petrolera deberá pagar por sus pasivos.

Al cancelar el NAIM quedará en el tintero un proyecto que aportaría a futuro miles de millones de dólares de rentabilidad al gobierno, lo que hace cuestionable concesionarlo a la IP.

De ahí la depreciación del peso, que ayer tuvo un respiro y el riesgo de se evaporen las inversiones de portafolio.

Además estamos por presenciar como acto seguido cantidad de acciones legales de los particulares involucrados que querrán pertrecharse.

Hay 6,000 mdd que tomaron muchos inversionistas globales que quedarán en el limbo, lo mismo que la Fibra E por 3,000l mdp con el impacto a varias afores.

También desde ahí se generarán demandas, convirtiéndose el NAIM en un enjambre de dificultades.

Por si fuera poco los particulares también podrían invocar una violación al TLCAN aún vigente, pues la cancelación del NAIM podría tipificarse como una virtual expropiación indirecta, en la medida que el Estado cambiara sustancialmente las condiciones de los contratos.

En el Capítulo 11 se ofrece un marco de protección a las inversiones frente al Estado, de lo cual podría echarse mano.

Para evitarlo el gobierno deberá indemnizar a valor presente a los afectados, lo que encarecerá y diluirá los supuestos ahorros que se buscarían con Santa Lucía.

El miércoles Javier Jiménez Espriú dio a conocer el dictamen de NavBlue, que como le platicaba se sustentó en información de José María Riobóo, el próximo titular de SCT omitió dar a conocer otro reporte con fecha 18 de octubre que realizó MITRE, en el que una vez más se evalúa la compatibilidad aeronáutica de Santa Lucía y el AICM, la cual no se considera "apropiada". Se trata de una carta suscrita por Bernardo Lisker, cabeza de la especialista y dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT. Se concluye que no debe considerarse la coexistencia de ambas opciones "sin tomar en cuenta la complejidad que reviste su operación y el hecho de que dista mucho de haber sido completado un estudio aeronáutico serio". Además de que dicha fórmula "no resolverá el problema de la demanda (aeronáutica) más allá del muy corto plazo". La misiva de 3 hojas fue también recibida por Alfonso Romo y Jiménez Espriú. Lisker puntualiza que más de 60 expertos de MITRE, entre los mejores, han analizado el espacio aéreo del Valle de México por 22 años. En los últimos 10, de forma incesante. De ahí que se conozcan bien las condiciones incluidas la fórmula AICM-Santa Lucía. Así que desechar el aeropuerto que ya se construye, apunta a generar un auténtico desastre.

Es una consulta sin ninguna garantía de fiabilidad. Quienes la organizan, los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, son los mismos que manejan como voluntarios las mesas de votación y quienes contarán los votos.

No hay mamparas que garanticen la secrecía del sufragio. No hay seguridad sobre el resguardo de las urnas. No hay padrón de electores. Ayer por la mañana, la aplicación electrónica que supuestamente garantizaría que no se pudiera votar varias veces no funcionaba en la mesa del Zócalo de la Ciudad de México, por lo que los funcionarios anotaban el nombre y el número de la credencial de elector en una libreta. Tampoco se podía entrar a la página mexicodecide.com.mx para encontrar la ubicación de las casillas. Las boletas no estaban foliadas. La tinta para marcar el pulgar sí se aplicaba, pero sin certeza de que se mantendría los 4 días de la votación.

López Obrador, en un desplante de supuesta imparcialidad, dobló su boleta y la depositó sin cruzar ninguna de las opciones. Había más reporteros que electores en la explanada de la alcaldía de Tlalpan cuando se presentó a votar.

No hay que tener miedo a la consulta, dijo. No va a haber problemas económicos si se cancela el nuevo aeropuerto. "Voy a buscar a Carlos Slim, es uno de los contratistas. Voy a buscar a Jerónimo Gerard, otro de los contratistas... Voy a buscar a Olegario Vázquez. Voy a buscar a los empresarios de ICA. Son como 5 grandes empresas las que están trabajando. De ellos, lo que he sabido, es que no hay ningún problema". Así se arreglan las cosas en el México corporativista.

La consulta se ha hecho para justificar la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Todas las reglas están hechas para conducir a ese resultado. El proselitismo del nuevo gobierno en contra del proyecto parece haber funcionado. Las encuestas sugieren que hasta hace algunas semanas la mayoría de los mexicanos estaban a favor de continuar el aeropuerto de Texcoco, pero en las últimas semanas, con la campaña de López Obrador, las opiniones se han equilibrado o incluso favorecen ya la cancelación. En una consulta como ésta, sin embargo, en que se espera vote menos del 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón, la capacidad de acarreo de votantes asume el papel más importante.

Yo, por lo pronto, me presenté a votar ayer frente al edificio de la CFE en Reforma e Insurgentes, mientras un grupo de manifestantes bloqueaba (como tantas veces) la entrada principal del edificio. Lo hice con relativa facilidad y sin problemas. Había una treintena de personas formadas. Supongo que mi voto no contará para nada, especialmente por la forma en que se ha manejado esta consulta, pero no me arrepiento de haber perdido mi tiempo.

Ayer por la mañana, por otra parte, lancé un sondeo en mi cuenta de Twitter con una pregunta muy sencilla: "Y usted por cuál vota: Santa Lucía o Texcoco". Recibí miles de votos. La votación está abierta hasta hoy en la mañana, pero las últimas cifras que vi antes de redactar este artículo señalaban que 12% de los participantes se pronunciaba por Santa Lucía y 88% por Texcoco.

No faltó quien comentara que mi pequeño ejercicio en Twitter no es una encuesta representativa con participación de todos los grupos de la sociedad. Es verdad, lo reconozco. Tampoco la consulta de Andrés Manuel.

Donald Trump dijo ayer en Twitter que "una gran parte del Enojo que vemos hoy en día es causado por el reporteo falso e incorrecto de los medios tradicionales, lo que yo llamo fake news". Andrés Manuel López Obrador también se quejó ayer de los medios y los comentaristas que lo critican: "El problema -dijo- es que hay medios de comunicación que también se dedican al contratismo".

Un amigo, abogado, me pregunta: "Hola querido Sergio... ¿Tiene algún caso ir a votar o es perder el tiempo?". Mi respuesta: "Seguramente es perder el tiempo, pero yo voy a ir a perderlo".

No me hago ilusiones. La consulta no está diseñada para ofrecer una oportunidad equitativa para que la población exprese su punto de vista sobre un tema de importancia nacional. Está hecha para favorecer la posición del futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien desde que era jefe de Gobierno de la Ciudad de México rechazó Texcoco como posible sede del nuevo aeropuerto.

El Reforma publicó el 18 de octubre un estudio, elaborado por Lorena Becerra y Joaquín Zambrano, que muestra que la selección de lugares para colocar las mesas de votación se concentra en municipios que votaron de manera más cuantiosa por López Obrador. El Financiero dio a conocer el 23 de octubre un trabajo que señala que, aun cuando el 55% de la gente apoya continuar la construcción del aeropuerto de Texcoco, la redacción de la consulta promueve un resultado favorable a la preferencia del Presidente electo: reacondicionar el actual AICM y el aeropuerto de Toluca y construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía.

Isaac Katz, el economista del ITAM, comentaba en Twitter: "Curioso, pero no van a poner ninguna mesa en Polanco, Lomas de Chapultepec, Tecamachalco e Interlomas, colonias donde habitan individuos que son intensivos usuarios del aeropuerto. ¿Por qué será?". El periodista Pascal Beltrán del Río respondió: "Y 18 mesas de votación en Tabasco contra 16 en la Ciudad de México. ¿Cómo se puede justificar eso?".

López Obrador ha impulsado la polémica sobre el aeropuerto con el propósito de generar una mayor participación en la consulta. Por eso el ejercicio se alargará 4 días, desde este 25 hasta el domingo 28 de octubre. Aun así, el número de ciudadanos que acudirá a votar será muy pequeño en comparación con el padrón de electores. Se van a imprimir entre 500,000 y un millón de boletas; no se ha dado a conocer un número exacto, ni algún mecanismo para evitar falsificaciones, pero son muy pocas boletas para un padrón de más de 90 millones de electores. Habrá, por otra parte, 1,073 mesas de recepción de votos, contra 156,000 en una elección general. Esto hará mucho más vulnerable la consulta a los acarreos de votantes. El ejercicio es organizado y los votos serán contados por simpatizantes de Morena. Si un gobierno del PRI o del PAN hubiera organizado una votación tan cuestionable, López Obrador habría protestado... y con razón.

La consulta busca justificar la opción del presidente electo. Por eso la cancelación del aeropuerto de Texcoco es la única decisión gubernamental hasta ahora sometida a una consulta. Ni el Tren Maya ni la desconcentración de la administración pública lo serán. La cancelación del nuevo aeropuerto es también la promesa de campaña de López Obrador más cuestionada por los ciudadanos. Por eso esta consulta amañada.

¿Para qué perder el tiempo, entonces, yendo a votar? Quizá porque es importante reducir al máximo posible la manipulación. La decisión de un nuevo aeropuerto no se debería tomar en una consulta; pero como ya nos encontramos en medio de esta maniobra política, lo mejor es expresar nuestro punto de vista para reducir la influencia de los activistas y acarreados que buscarán convertir el proceso en respaldo a una decisión política para un tema técnico.

La "consulta" sobre el nuevo aeropuerto de México (país y ciudad) es absolutamente idiota, y perversa. Es ilegal, ilegítima, irresponsable y peligrosísima. Marcará para siempre a un régimen que aún no empieza y ya está haciendo tonterías costosísimas para los más pobres a los que pretendidamente quiere defender. El costo de cancelar el aeropuerto, con todas sus consecuencias políticas, económicas y sociales, ecológicas y urbanas, con la ya en curso devaluación del peso, lastimará, como siempre, a los que menos tienen, aunque jamás se hayan subido a un avión.

Todo el sainete sería muy cómico si no fuera trágico: es como de película de los Tres Chiflados. Objetiva, científica, aeronáuticamente no existe la menor duda de que Texcoco es lo cuerdo y lo viable. Lo ecológicamente más sostenible, incluso benéfico. ¿Por qué?

Porque Texcoco, lo que queda del gran lago, podría salvarse, recuperarse. Porque no se afectaría la fauna si se hace bien. Porque el clima de la ciudad de México podría regularse y la contaminación disminuir; porque el lago Nabor Carrillo podría sobrevivir (mil hectáreas) si se hacen las cosas bien y no desecarse criminalmente como ahora se está haciendo. Porque con el lago de Texcoco recuperado se puede lograr un maravilloso litoral de 80 kilómetros con capacidad de mejorar radicalmente las vidas de 4 millones de habitantes aledaños al lago.

Todo esto lo han venido discutiendo, estudiando e impulsando desde hace 25 años Teodoro González de León (qepd) y Alberto Kalach y un equipo que los hemos acompañado en el largo camino en la derrotada (hasta ahora) búsqueda de la lucidez y la esperanza para más de 20 millones de habitantes de México. Pero parece que los malos van a ganar. ¿Por qué?

Por tramposos, populistas, demagógicos, soberbios, miopes e irresponsables. Esta sexteta de cualidades es casi imbatible. La chairiza está convencida de que cabecita blanca ya sabes quién es el dios de la neta. Y es la que va a ir (¿varias veces, dada la ausencia de ningún control?) a "votar". De esta manera el "gobierno" de cabecita blanca se "legitimará" y refrenderá una de las promesas de campaña más dañinas que haya habido en la historia moderna de México.

Pero volvamos a los sueños: los centíficos de la aeronáutica más prestigiados a nivel mundial y local lo saben, el ingeniero Slim (líder de la IP) lo tiene muy claro, y cada vez más gente: periodistas, académicos serios, grupos ciudadanos, ONGs, y un largo etcétera (que por cierto no "votará" en la falsa "consulta"). Texcoco puede ser una de las grandes llaves del futuro despegue económico, ecológico, urbano y arquitectónico del país. De ese tamaño es el asunto que cabecita blanca se trae entre manos como niño tonto con explosivos.

Confiemos en que la nacional cordura de la gente de este país prevalecerá. Hagamos todo lo necesario para que la razón triunfe.

La construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México fue el gran anuncio con el que Enrique Peña Nieto cerró su triunfalista 2o. Informe de Gobierno. Era septiembre de 2014, y el presidente presumía su récord de 11 reformas estructurales alcanzadas en menos de 2 años gracias a su "audaz" Pacto por México con el PAN y el PRD. Ese momento de gloria efímera lo hizo revelar con bombo y platillo, y sin la más mínima discusión pública de por medio, que el México reformador estaba por iniciar la construcción de una nueva terminal aérea de 1er. mundo.

No contaba con que unos días después le estallaría la crisis de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y el bochornoso episodio de conflicto de intereses de la pareja presidencial que significó la mega residencia casa blanca, que dinamitó para siempre su imagen y su narrativa de resucitador del país.

En esa decadencia y debilitamiento del peñismo, fue que Andrés Manuel López Obrador decidió que uno de los ejes discursivos de su campaña presidencial sería echar atrás el nuevo aeropuerto que estaba "salpicado de corrupción". Lo que nadie imaginábamos es que ese mismo exceso de EPN originaría la 1a. gran caída del tabasqueño en las tentaciones autoritarias que se veían venir por su abrumador triunfo electoral. Mucho menos que incurriera en ellas a 37 días de asumir como presidente.

Porque la consulta que inicia hoy y termina el próximo domingo para supuestamente definir la decisión del gobierno de AMLO de continuar con las obras en Texcoco u optar por la alternativa de Santa Lucía, como propuso en su campaña, es sólo eso, una simulación burda y autoritaria.

Las improvisaciones y las carencias metodológicas y legales de la consulta por el tema del aeropuerto que múltiples voces le han hecho ver a los organizadores y promotores (entre ellas la muy autorizada del ex presidente del IFE, José Woldenberg), lejos de honrar los beneficios sociales de la participación ciudadana y la democracia directa para discutir y decidir sobre los grandes asuntos públicos, las degrada y desvirtúa. Y lo más peligroso, deja un grave precedente para legitimar futuras imposiciones desde el poder que amenazarían gravemente la democracia.

La opacidad con la que se organizó la consulta y se definieron los criterios para la ubicación de las urnas, anulan la credibilidad en el resultado de este ejercicio, que parece más una coartada para justificar una decisión ya tomada.

Hace unas semanas pensaba que se trataba de una clara operación para que ganara la opción de continuar con Texcoco y bajar así el costo político de incumplir una promesa central de su campaña electoral. Hoy no estoy tan seguro de que esa vaya a ser la ruta. Lo caprichoso y claramente tendencioso de poner más urnas en municipios con una amplia presencia del voto duro morenista, y que ya no se diga nada del valor que tendrá la encuesta frente a la consulta, abre la posibilidad de que la decisión que se quiera respaldar sea la de Santa Lucía.

Lo único cierto es que se trata de una desafortunada consulta autoritaria en la que obviamente no participaré.

Hoy arranca la consulta nacional sobre la ubicación del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Mexicanos y morenos al grito de guerra, un voto para Santa Lucía en cada escrutador te dio.

Como lo leen. Los encargados de los centros de votación son simpatizantes de Morena. Ellos contarán tu voto, mi voto y el voto del que no vaya a votar. Que para eso son los simpatizantes: máquinas de ganar elecciones y consultas.

En ese contexto, Carlos Lomelí nos regaló un arrebato de sinceridad casi censurable, al responder a la pregunta de por qué no había casillas en el aeropuerto.

"Sinceramente creo que se nos pasó. Hay que decir las cosas como son". La voz de la Cuarta Transformación en Jalisco habló y siguió hablando y nos dejó sin habla.

"Llevaremos a cabo la Cuarta Transformación sin imposiciones y sin autoritarismos". Y de una vez sin sesos, sin ton ni son y sin sentido común, ese enemigo de la "pejecracia" moderna.

"Somos un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, por eso no lo podemos omitir de esta decisión". Extraño concepto de pueblo representado en menos del 1% del pueblo que va a poder votar porque no hay más boletas.

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un asunto muy técnico que por su complejidad no debería someterse a consulta, señaló el gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez. En el tema del aeropuerto se debería consultar a los especialistas calificados que den puntos de vista sustentados.

Alfaro Ramírez descartó participar en la consulta nacional que impulsa el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para definir el futuro del proyecto.

"No creo que sea una buena decisión someter esto a consulta, pero tampoco creo que se deba descalificar ejercicios de esta naturaleza. En este caso en específico, si a mí me preguntan en dónde debe ir el aeropuerto, y soy ingeniero civil, la respuesta es no sé. No tengo elementos técnicos y me parece que este es un asunto técnico. Me parece que el tema (del aeropuerto) es el peor de los temas para ponerlo en una consulta pública, es muy técnico", precisó.

El director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Manuel Molano Ruíz, señaló que la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto es un ejercicio público que carece estadísticamente de representatividad.

Ello, explicó, al ser impulsado por solo un sector, por lo que si tras la consulta se determina la cancelación del proyecto aeroportuario en Texcoco, lo único que se va a ocasionar es dañar la reputación de México como destino de inversión.

"Necesitamos terminar ese aeropuerto solo por un tema de reputación internacional", insistió.

Refirió que el momento de parar un proyecto de inversión de cualquier magnitud se debe hacer antes de empezarlo y no cuando está en proceso, pues con un avance considerable implica un costo estimado de 120,000 millones de pesos.

Adelantó que además del impacto en la reputación, se deben considerar costos como la dificultad para conseguir fondeo para hacer el proyecto en Santa Lucía, y para otras obras y propuestos mediante esquemas de asociaciones públicas privadas (APP).

Añadió que otra implicación adversa de frenar el proyecto se encuentra en el uso futuro de la obra que está en proceso, la cual podría ser utilizada por invasores, quienes aprovecharían las adecuaciones realizadas hasta el momento.

Explicó que el proyecto alterno de Santa Lucía carece de "un estudio serio de viabilidad", ya que solo el titular de Grupo Riobóo ha sido quien se ha pronunciado a favor del mismo.

En contraste, apuntó, el organismo especializados MITRE Corporation confirmó con modelos y análisis precisos la inviabilidad de adecuar la base área militar de Santa Lucía como una sede aeroportuaria alterna.

Sobre los cuestionamientos de por qué no se colocará una casilla para la consulta en el Aeropuerto de Guadalajara, el ex candidato a la gubernatura de Jalisco, Carlos Lomelí, dijo que no se les ocurrió la idea.

"Con respecto a por qué no pusimos (una casilla) en el aeropuerto: sinceramente creo que se nos pasó. Hay que decir las cosas como son. Yo creo que debió haber existido una mesa en el aeropuerto para toda la gente que viaja". Apuntó que la idea no fue contemplada, no solo en Jalisco, sino en ningún punto de la república.

El proyecto de Texcoco tendrá un costo de 195,000 millones de pesos, 15% arriba del presupuestado, debido en parte a la depreciación de la moneda y porque ante el incremento de pasajeros en 2017, el total de 57 millones estimado en la 1a. etapa, se elevó a 70 millones, con lo que se requirió crecer la terminal 35%, y sobredimensionar el área de carga en 57%. Los 119,000 millones de pesos de bursatilización de la Tarifa por Uso de Aeropuerto y los 30,000 millones de la Fibra E, se invirtieron a partir de la capacidad de Texcoco, donde adicionalmente habría un costo de 9.7 pesos por pasajero de otros ingresos no aeroportuarios, como locales comerciales, estacionamientos y transporte terrestre.

La opción Santa Lucía-Aeropuerto Internacional "Benito Juárez", incide en las inversiones. 1o. porque su capacidad total final será de 60 millones de pasajeros, sin el volumen del costo por pasajero en servicios no aeroportuarios (el AICM no puede adaptarse). Asimismo, al dividirse el pasaje en 2 aeropuertos, el ingreso por cada uno de ellos disminuye significativamente, al estar estudiado que quienes más consumen son aquellos que no salen de la misma terminal. Estos datos sí alteran la escala y el origen de las inversiones, y preocupa a los expertos. Como botones de muestra están los reportes que recibieron esta semana los inversionistas:

Citibanamex: La administración de AMLO va a enfrentar su 1a. prueba incluso antes de entrar oficialmente en funciones: confrontará la credibilidad del Estado Mexicano ante inversionistas privados contra la voluntad de su base electoral en relación con el NAICM. Lo que está en juego es el destino de una obra de infraestructura de gran relevancia... y para la cual se ha asegurado el 70% de sus requerimientos financieros... Creemos que el anuncio de AMLO en realidad reflejará su preferencia personal como resultado de la consulta pública: aún estimamos que optará por la continuación del proyecto actual. Sin embargo, su opinión sobre el NAICM ha cambiado a través del tiempo... Pensamos que el impacto económico y financiero de la cancelación del actual proyecto del NAICM sería significativo tanto en el corto como en el largo plazo, lo que nos llevaría a hacer una revisión negativa de nuestro escenario macroeconómico.

BBVA Bancomer: Es difícil de creer que un proyecto del tamaño del NAICM… no seguiría adelante. Este reporte busca subrayar la reacción potencial del mercado en caso de cancelarse: de un efecto casi nulo a las finanzas públicas, a un choque negativo a la confianza... Un rechazo a Texcoco podría catapultar los swaps de incumplimiento crediticio a niveles observados en 2016... Esperaríamos que el mercado elevara sus precios más de lo que estima el Banxico.

Eurasia: Hemos venido argumentando que López Obrador modelará la consulta para obtener su resultado preferido y usarla como cobertura política para su decisión. Pensamos que será cerrada porque López Obrador quería evitar el costo a su reputación por la cancelación. Hemos estado perdiendo la confianza... Si el proyecto es cancelado, será la confirmación de que la influencia de algunos de los colaboradores de López Obrador más proclives al mercado, es limitada... Alfonso Romo, futuro jefe de oficina de López Obrador, ha tratado de calmar a los inversionistas y decirles que el aeropuerto no será cancelado. Si el resultado es contrario a sus promesas, su papel como puente entre la comunidad de inversionistas y el gobierno entrante estará en peligro.

Sin importar el ángulo o los matices, las instituciones y consultorías financieras nacionales y extranjeras coinciden en el impacto que tendrá un voto contra Texcoco. Pero el principal elector, López Obrador, piensa lo contrario y lo dice públicamente.

¿Cómo va a salir de ésta?

Solito, y a poco más de un mes de tomar posesión, Andrés Manuel se puso un cuatro; se metió en un laberinto de difícil salida, y en el que será muy interesante ver cómo lo va a manejar.

Nos referimos, por supuesto, a la convocatoria a una consulta (que arranca precisamente hoy) para determinar si se debe seguir adelante con la construcción de un nuevo aeropuerto para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en donde algún día fue el lecho del Lago de Texcoco, o si se deben reducir las pretensiones y en su lugar ampliar la capacidad del actual aeropuerto en las Base Militar de Santa Lucía, en Tecámac, Estado de México.

Todo hace suponer que el resultado de esta consulta se inclinará de manera contundente hacia el rechazo a seguir adelante con el nuevo proyecto. Triunfará la alternativa de Santa Lucía. Y la razón es muy sencilla: durante su campaña AMLO vendió que el nuevo aeropuerto era la última gran demostración de la ambición del gobierno Enrique Peña, una especie de monumento al gobierno más corrupto que se recuerde en nuestro país (y en mucho tiene razón), y entonces lo políticamente correcto (o "morenistamente" correcto) será rechazarlo.

¿Qué va a hacer Andrés Manuel con esa respuesta?

En este momento el proyecto del nuevo aeropuerto es como el jinete que está a la mitad del río; regresarse sale más caro que seguir adelante. ¿Entonces?

Además, la lógica del sector empresarial (encabezado por Carlos Slim) ha insistido no sólo en continuar con el nuevo proyecto, incluso ha mostrado formas en que es perfectamente financiable sin tocar dinero público, y con un buen ejercicio de optimización se podrían reducir los costos de su construcción en 10%.

Un mes antes de tomar posesión, el presidente electo deberá quedar bien con una de las partes: los seguidores que lo llevaron al poder (rechazo al proyecto) o la sensatez y el sector empresarial (que siga el proyecto).

O con ninguna.

Ojo: conociendo el estilo del nuevo gobernante, lo más probable es que su salida sea de ambivalencias e indefiniciones (amor y paz); es más, es probable que ni siquiera se llegue a tomar una decisión en el corto plazo y se buscará la forma de que el tema navegue "de a muertito" mientras se calman las aguas, se da la toma de posesión, y aparecen en el horizonte temas "más espectaculares".

Insisto, para nosotros, lo interesante será ver cómo sale de esta coyuntura en la que se metió solito y que, si bien no marcará el rumbo de su sexenio, sí le habrá de acarrear aplausos de un lado y rechiflas del otro.

(V.periódico El Financiero en línea del 25 de octubre de 2018).

Resulta al menos sorprendente que el presidente electo señale que no habría ningún impacto de la probable cancelación del proyecto de Texcoco sobre los mercados financieros.

Si alguno de los integrantes del área económica del equipo de transición le proporciona a López Obrador un análisis honesto de lo que se dice en los mercados financieros respecto a la decisión que pueda derivar de la consulta, me parece que tendrá que advertirle que sí, que hay un riesgo de una reacción negativa en los mercados, que de hecho ya está ocurriendo.

Vaya. Incluso, detrás de las boletas que se usarán en la consulta que hoy comienza, se señala como una de las desventajas de optar por Santa Lucía, lo siguiente: "Un posible impacto negativo en los mercados financieros".

Si en la propia evaluación hecha por el equipo de transición se admitía la posibilidad que ahora parece materializarse, no tiene sentido decir que nada va a ocurrir.

Uno de los grandes aciertos del equipo de AMLO durante la campaña y en las semanas que siguieron a la elección fue que fueron proactivos y se acercaron a diversos grupos de inversionistas para explicar las estrategias del nuevo gobierno.

Con ello consiguieron al menos el beneficio de la duda y en algunos casos, incluso el respaldo de grupos empresariales.

Entre inversionistas y empresarios se generó la percepción de que sería un gobierno sensato y que tomaría decisiones económicas que habrían de propiciar la inversión privada y garantizar la estabilidad.

Si se admite que una decisión contraria a Texcoco va a generar una reacción negativa en los mercados financieros, integrantes del equipo de AMLO ya deberían estar hablando con inversionistas y empresarios para tratar de volver a recuperar la confianza.

Pero si no se admite que el tema del aeropuerto va a propiciar nerviosismo, entonces no se va a actuar... y eso tiene altos riesgos.

La propuesta de AMLO tiene diversas implicaciones. Lo peor que podría hacer el presidente electo es no reconocerlas.

Si una de sus decisiones va a pegar a los mercados, necesita operar para reducir el impacto negativo.

Queremos un lago y no un aeropuerto. La frase ha sido una de las más convincentes en la batalla política por el nuevo aeropuerto. "La vocación de Texcoco es ser lago y la prioridad de la Ciudad de México debería ser tener agua -afirma el arquitecto Jorge Ponce Amezcua-. Por ello, una de las preguntas en la consulta con la que se pretende decidir el futuro del NAIM debería ser: ¿prefieres tener aeropuerto o agua?".

Pero no todo el mundo está convencido. El senador por Morena Higinio Martínez se ha pronunciado a favor de continuar el aeropuerto de Texcoco, aprovechando que Andrés Manuel López Obrador dijo "que podíamos opinar con libertad". El político texcocano apunta: "Se dice que con el aeropuerto va a desaparecer el lago de Texcoco y eso no es cierto. El lago desapareció desde hace 200 años. Lo que queda es un lago de aguas grises, el Nabor Carrillo, que se alimenta del drenaje y de los ríos de Texcoco, Teotihuacán y Chicoloapan, que han sido contaminados por decenas de años".

La Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C. (AMIA) ha divulgado un documento sobre el tema y "concluye que se debe continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en el sitio Texcoco". El proyecto de Santa Lucía no tiene manifestación de impacto ambiental; la opción de Texcoco, a pesar de que no carece de problemas, porque toda gran obra de infraestructura los tiene, sí permite un desarrollo sustentable, según la AMIA.

Es falso que se haya desecado el ex lago de Texcoco para la construcción del aeropuerto. Al igual que el senador Martínez, la AMIA señala que la zona "se había transformado en pastizales salados" desde hace mucho tiempo. Los principales cuerpos de agua, como el Nabor Carrillo, no son naturales y se construyeron para la regulación hídrica. El proyecto del NAIM, sin embargo, incluye una serie de obras de mejoramiento de los cuerpos de agua que "incidirán en una mejor calidad ambiental para las aves residentes y migratorias" y que permitirán una mejor regulación hídrica.

Se ha argumentado que el terreno del aeropuerto está más abajo que el Valle de México por lo que estaría sometido a posibles inundaciones, pero en realidad se encuentra 2 metros arriba. La construcción del aeropuerto, se dice, ha hecho que se abran minas de piedra en la zona, cuando las minas han venido operando en el lugar desde hace mucho tiempo.

En realidad, el ambiente de Texcoco se vería deteriorado si no continúa la obra. Ya se ha construido una parte significativa del proyecto. El impacto que iba a tener lugar, me dice Gabriel Quadri, consultor en temas ambientales, ya sucedió. Si se cancela el aeropuerto, no se concluirán las obras de mitigación; en cambio, habría que demoler y excavar todo lo ya construido, lo cual sería extraordinariamente caro y difícil. Cancelar el aeropuerto, por otra parte, dejaría la zona abierta a las invasiones de tierra que han extendido la mancha urbana en el oriente de la Ciudad de México desde hace décadas.

Más que preguntar si queremos un lago o un aeropuerto, hay que considerar cuál es el mejor proyecto para mejorar el ambiente de una zona profundamente deteriorada. El nuevo aeropuerto protege el lugar e incluye mejoras hídricas significativas. Más que cancelarlo, hay que transformarlo en punta de lanza para la recuperación ecológica de todo Texcoco.

Un enojado Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que el anuncio de que Pemex compró 1.4 millones de barriles de petróleo ligero al extranjero "es una muestra más del gran fracaso de la política económica neoliberal o neoporfirista de los últimos 30 años". Pero hay muchas razones para comprar crudo. Pemex debe poder decidir sin dogmas qué conviene más en un momento dado: comprar o vender, de qué tipo y para qué.

Ayer, El Financiero publicó la 4a. encuesta telefónica nacional en la que, a la pregunta de si prefiere que el proyecto siga en Texcoco o se desarrolle en Santa Lucía, hay una opinión claramente mayoritaria a favor de Texcoco.

Sin embargo, el resultado se invierte si en lugar de la pregunta simple se verbaliza tal y como aparecerá en las boletas que se usarán en la consulta.

Incluso, si además se filtra el resultado considerando exclusivamente a los que probablemente van a acudir a las mesas de votación, la ventaja se amplía a un margen de 63 a favor de Santa Lucía contra 33 por Texcoco.

Es decir, el escenario más probable es que el domingo por la noche se anuncie la cancelación del proyecto en Texcoco.

Creo que incluso, la diferencia será mucho mayor a Santa Lucía. Se trata de un evento político y no de una encuesta que pulse la opinión. Y hay evidencias claras y contundentes de la capacidad de movilización de Morena, que asegurará el triunfo de su opción preferente, que es Santa Lucía.

Los analistas de Citibanamex ya acuñaron un término para caracterizar la posible resolución de la cancelación: "el error de octubre".

Nadie sabe con exactitud cuál será el impacto en los mercados de esa resolución, pero hay consenso respecto al hecho de que sin duda habría impacto.

AMLO y su equipo tienen la impresión de que se está sobreestimando el efecto que una probable cancelación de Texcoco tendría en los mercados.

Suponen que los contratos serían 'portátiles' y trasladables a Santa Lucía. Alguna vez lo dijo López Obrador: "Para eso es la política".

Las circunstancias, en la realidad, indican que la posibilidad de esa portabilidad son más que limitadas. Y los litigios que derivarían de esa decisión marcarían al menos la 1a. etapa del sexenio de AMLO.

Su decisión porque el nuevo aeropuerto internacional nunca se construya en Texcoco, para lo cual abrió una consulta ciudadana que no es legal, pero será vinculante para decidir si vive o muere, es el estudio de caso sobre lo que será su presidencia.

El sector privado y los bancos advierten diariamente que la cancelación de Texcoco impactará en las inversiones, mientras que en el mundo cuestionan que el uno por ciento de la población sea quien decida qué va a pasar con el proyecto de infraestructura más ambicioso en cuando menos medio siglo, por lo que levantan las cejas de incomprensión ante lo que está sucediendo. "Hay un riesgo creciente que la consulta tenga un resultado negativo para Texcoco", apuntó un reporte del Bank of America, con lo cual "los inversionistas revisarán al alza la probabilidad de que AMLO adopte políticas menos amigables para el mercado que las que ha señalado su equipo económico a los inversionistas". Un análisis de Bloomberg señaló que esto podría causar el 1er. enfrentamiento del nuevo gobierno con el sector privado.

Pero López Obrador es refractario al entorno. No alcanza a comprender en este momento lo que significaría que la inducción por Santa Lucía y en contra de Texcoco, como demostró una encuesta publicada ayer por El Financiero, porque el escenario de un revés a la confianza pregonada no se encuentra en su estructura de pensamiento. Adentrándose en la forma como reflexiona y racionaliza, López Obrador debe estar convencido que la consulta es un mero trámite que va a confirmar lo que dijeron las urnas el 1 de julio pasado, cuando obtuvo poco más de 30 millones de votos, el 53% del total de quienes fueron a las casillas ese día.

Siguiendo su línea de pensamiento a lo largo de los años, aquel domingo los mexicanos apoyaron lo que había prometido durante la campaña, que iba a cancelar la obra en Texcoco, por faraónica y ostentosa, y que iba a buscar otras alternativas, como es el caso de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, planteada por sus asesores José María Riobóo y Javier Jiménez Espriú en 2015. Si a nadie engañó ni cambió sus promesas electorales, el hecho que la votación por él haya sido masiva, de acuerdo con la forma como López Obrador empaqueta sus ideas y las racionaliza, es que le dieron el mandato para que descarrile Texcoco y que sin importar todo lo que se ha construido, lo que el pueblo quiere es que el nuevo aeropuerto no se construya en ese municipio, cueste lo que cueste liquidar el proyecto.

Pero al mismo tiempo juega con la consulta ciudadana. Se instalarán 1,073 mesas de votación en 538 municipios en cada una de las 32 entidades del país, donde se concentra el 82% de la ciudadanía. En el 75% de los municipios se instalará una mesa de consulta en la plaza principal de las cabeceras municipales. De este total, el 23% se localizará en Chiapas, Estado de México y Veracruz, donde la presencia y movilización electoral de Morena es poderosa, y casi un 5% adicional podría sumarse si le añaden otras regiones de fuera de su maquinaria política, como son Guerrero, Oaxaca y Tabasco. En la Ciudad de México, se anticipa que sólo habrá 16 mesas, menos del 1% del gran total.

La argumentación de López Obrador, según su forma de pensar, es que si alguien desea que Texcoco sea la sede final del nuevo aeropuerto, debe ir a votar. Si no lo hace, en su misma lógica, ni siquiera tendrá autoridad moral para criticar. No se sabe cuánta gente acudirá a las urnas, pero hay quien señala su negativa de ir porque se trata de una consulta ilegal -no está prevista por la ley-, ni legítima -porque no es representativa-.

No hay que engañarse. Sería extraordinario que la consulta, por la forma como se organizó, se maneja y se controla, resultara positiva para Texcoco. La legitimidad de las urnas del 1 de diciembre, quedaría entonces, ratificada por la gente. ¿Algo más democrático? En su lógica no hay nada más puro. A muchos otros, como los inversionistas, les parece antidemocrático.

Si me preguntan "¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país?", como está en la boleta de la consulta que comienza mañana mi respuesta sería "no sé, pregúntenle a los que sí saben". Desgraciadamente esa opción no está en la boleta.

¿La consulta es una pachanga? Sí y no. Sí en el sentido de que no hay ninguna certeza, ni en la organización ni en el conteo. Tenemos que confiar que los que cuenten los votos nos van a decir la verdad porque están investidos de la renovación moral de López Obrador. Por lo que no es una pachanga es porque el destino de una de las inversiones más importantes del país está en el aire sin criterios claros sobre cómo se decide.

No creo en la consulta. Esto es, estoy cierto de que la decisión está tomada de antemano y que la consulta obtendrá el resultado favorable a la decisión que el presidente electo y su equipo tomaron previamente. Lo que no tengo claro es el sentido de la decisión. Esto es, si van a usar la consulta para ratificar el aeropuerto de Texcoco o para darle palo. Si hacen ganar a Texcoco podrán decirles a los opositores a la obra "yo no estaba de acuerdo, pero el pueblo, que nunca se equivoca, dijo que eso quiere y eso vamos a hacer". Sería una forma rebuscada pero eficiente de retractarse de una promesa de campaña.

La otra opción, también posible, es que lo que busque López Obrador sea consenso para no hacer la obra y cambiar el destino de los recursos ahí comprometidos. El resultado de la consulta será entonces que el pueblo sabio quiere un aeropuerto en Santa Lucía. Eso no rescata al lago, como creen algunos ambientalistas: el daño ecológico ya está hecho y no habría dinero para rescatar el lago.

La 3a. opción es que gane Texcoco y, para salvar los recursos y poder destinarlos a programas sociales, se privatice el nuevo aeropuerto. No lo va a decir con ese nombre, que está prohibido en el vocabulario de la Cuarta Transformación, pero para eso existen los eufemismos, como "vamos a apoyarnos en la iniciativa privada", "inversión mixta", etc.

Como sea, en una semana sabremos si mandamos o no a volar el aeropuerto de Texcoco y cuáles son las consecuencias económicas de la 1a. gran decisión del presidente que gobierna sin haber tomado posesión.

El presidente electo ofrece visas de trabajo para los [migrantes] que quieran venir, basado en planes de grandes proyectos de infraestructura que no existen aún ni en papel y que en todo caso tomará años echar a andar.

No está claro si todos lo entendimos mal, si el presidente electo no quiso decir eso o si se ajustó en el camino, pero qué saludable que la 1a. idea sobre los súper delegados, vicegobernadores o virreyes haya quedado atrás.

El propio Carlos Lomelí, al que le tocaba ese papel en Jalisco, parecía haberlo entendido muy mal: hizo amagues de poder muy desafortunados y muy inútiles frente a la Universidad de Guadalajara, ante el gobernador electo Enrique Alfaro y en los medios de comunicación para quien quisiera escucharlo. Parecía que él iba a detener presupuesto federal, revisar cuentas de instancias autónomas y manejar la coordinación de 83 instancias federales en Jalisco, incluyendo las de seguridad.

Naturalmente, eso no iba por buen camino. Debe haber entendido mal y sus declaraciones tuvieron un muy mal recibimiento por parte del próximo gobernador, naturalmente. No era necesaria tanta alharaca, para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. La distante pero cordial relación entre AMLO y Alfaro no tenía que ponerse en riesgo con un muro Lomelí en medio.

Al final, todos entendieron que el camino no tenía que estar tan empedrado. El presidente electo aclaró y acotó facultades, Lomelí aceptó un papel menos protagónico y Alfaro hizo un espacio para que el coordinador de programas federales pudiera caminar a su lado y, de vez en cuando y cuando no haya alternativa, salir en la foto.

En el fondo, el papel de Lomelí sigue estando en el aire. No sólo porque la persona que lo nombró aún no tiene las facultades formales para darle una representación institucional de algún tipo, sino porque la figura misma del representante estatal o coordinador o delegado (ni el nombre está claro), todavía sigue en construcción.

3 posibilidades están en el aire. La 1a., indeseable, es que el presidente electo vuelva a cambiar de opinión y los delegados sí tengan capacidad de decisión en las muchas instancias federales que operan en los estados. A eso habrán de sumar su capacidad o impericia política, pero tendrían cartas para jugar con ventaja.

La 2a. es que la representación funcione sólo para los programas sociales federales, en cuyo caso el papel de Carlos Lomelí no será muy distinto al de Gloria Rojas, la anterior delegada de Sedesol en el estado.

La 3a. es que Lomelí se convierta en el articulador de Morena en el estado. La principal diferencia que se vislumbra entre los coordinadores estatales anunciados por el presidente electo y los anteriores delegados de desarrollo social es que los coordinadores provienen de la batalla política de Morena. Todos tuvieron un papel destacado en las elecciones y son capaces de articular territorialmente las decisiones del partido, con las zanahorias y los garrotes del gobierno federal. Este 3er. escenario es aterrador: así funcionan los sistemas autoritarios y así funcionó, parcialmente, nuestra perversa identificación en el pasado entre el Estado y el partido.

Claro, también cabe la posibilidad de que el coordinador se convierta en un elegante edecán.

El presidente electo ha querido dejar nuevamente a su dedito una decisión importante, pero ha querido disfrazarla de consulta popular. Ha sido cuidadoso, sin embargo, para que el pueblo sabio no contradiga la decisión de su dedo.

Como candidato, López Obrador propuso primero la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Después ofreció que continuaría la construcción, pero como una concesión privada y sin inversión pública. Más tarde afirmó que haría una consulta popular para decidir.

La idea de la consulta tranquilizó a empresarios e inversionistas. Si bien la gente común y corriente no tiene los conocimientos técnicos para elegir la mejor ubicación de un aeropuerto, las encuestas de opinión señalan que Texcoco es la opción favorecida por los ciudadanos. La forma en que se ha diseñado la consulta, sin embargo, sugiere que no hay ninguna intención de que la decisión quede fuera del control del dedito de López Obrador.

Una buena consulta popular, realizada por una institución imparcial y profesional, como el Instituto Nacional Electoral, habría tenido credibilidad; pero en la de López Obrador solo hay boletas para menos del 1% de los votantes y se colocarán urnas principalmente en municipios que favorecieron a López Obrador en las elecciones de julio. Si bien López Obrador pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto retirar un promocional que ofrecía una visión positiva del aeropuerto de Texcoco, el propio López Obrador declaró: "Yo no quiero dejar de ser imparcial. Si me lo permiten nada más esta vez, si se hacen esas pistas en Santa Lucía hay un ahorro de más de 100,000 millones de pesos". No mencionó que la cancelación del aeropuerto de Texcoco implicará tirar a la basura 120,000 millones de pesos o más.

El Consejo Coordinador Empresarial afirma que la consulta "no ofrece garantías claras de imparcialidad, objetividad y seguridad"; su sesgo la "deslegitima como instrumento neutral de consulta efectiva a la ciudadanía". Un documento de Citi, el grupo financiero, "Mexico City's New Airport: An 'October Mistake' in the Making?", advierte: "El impacto económico y financiero será significativo en el corto y largo plazos. Nuestro pronóstico macroeconómico se deterioraría".

López Obrador ha perdido muchas elecciones, pero nunca una consulta. Como jefe de Gobierno del Distrito Federal realizó 5. En 2001 preguntó por vía telefónica si la capital aceptaba el horario de verano adoptado en la república y 75% de los consultados coincidió con él que era mejor que la ciudad tuviera su propio horario, lo cual descartó la Suprema Corte que le reconoció la facultad de fijar el horario al Congreso. Más tarde ese año preguntó si debía subir el precio del Metro de 1.50 a 2 pesos, propuesta que aceptó el pueblo sabio. En 2002 consultó si debía construir el 2o. Piso del Periférico y una vez más el resultado favoreció a su proyecto. En 2002 y 2004 hizo 2 consultas telefónicas sobre si debería quedarse como jefe de Gobierno y en ambos casos recibió un respaldo de 95%.

López Obrador sabe cómo manipular las consultas. La clave radica en tener ejercicios en que no participe toda la población, sino solo sus simpatizantes. En la del aeropuerto quiere aplicar la misma técnica y cargar los dados. Así, la responsabilidad de la decisión no será de él, sino del pueblo sabio.

Por una razón inexplicable, Andrés Manuel López Obrador sigue cosechando enemigos antes de que asuma la Presidencia. El tiempo de construir lo ha dedicado en buena medida a destruir, al pelear con diferentes sectores. Internamente la emprendió contra las fuerzas armadas y contra la burocracia, a los que acusó de violadores de los derechos humanos, corruptos y llenos de privilegios. Hacia fuera, se ha confrontado notoriamente con empresarios y medios de comunicación. No son todos, pero esta muestra permite ver hasta dónde está dispuesto a llegar para lograr lo que denomina la Cuarta Transformación. No tiene tiempo que perder, y a 40 días de asumir el poder está clara la ruptura.

Las reacciones por los agravios han surgido de diferente manera. Hacia el interior de la administración pública, el ejemplo más sobresaliente es la burocracia, que no ha chocado con él; simplemente, lo está abandonando. Cerca de mil funcionarios han solicitado su jubilación anticipada o piensan renunciar, que es una acción colectiva, no consensuada, que López Obrador ha desestimado. Hacia fuera de lo que será su gobierno, agentes económicos y sociales están observando el reordenamiento del régimen que quiere edificar, para ir encontrando su nuevo rol.

Al no ser aún presidente constitucional, la ruta la señala el legislativo, donde las mayorías de Morena en el congreso y el Senado avasallan a la oposición para apurar los cambios legales que necesita la Cuarta Transformación. El poder legislativo, uno de los 3 pilares del Estado Mexicano, está sometido al presidente electo, quien los tiene subordinados, convertidos en obreros de la fábrica de leyes donde trabajan como autómatas parlamentarios. No hay espacio para la discusión ni para el cuestionamiento en las cámaras. El aplastamiento a las minorías se da con sevicia política. La urgencia por servir al jefe político de una forma acrítica, peligrosamente, ha eliminado al poder legislativo como uno de sus pesos y contrapesos.

Elizur Arteaga, amigo de López Obrador y uno de los más brillantes constitucionalistas que ha dado este país en los últimos 50 años, escribió en septiembre en Proceso: "Morena ha asumido parcialmente el poder; lo ha hecho durante unos días. A pesar de ello, ya tuvo salidas en falso; ha violado la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y las prácticas parlamentarias... Morena pretende aglutinar a hombres libres y dignos. Nos comprometimos a realizar un cambio verdadero, y este únicamente se puede alcanzar dentro de la ley". La descripción de los primeros días legislativos de Morena realizada por el maestro Arteaga y su crítica legalista, no tuvo mella alguna. En las cámaras abandonaron el papel de contrapeso del ejecutivo y está hincada ante López Obrador.

Ahí, en el intento de conculcar la Constitución, es donde está la resistencia de fondo más abierta. El poder judicial, otro de los 3 pilares del Estado, escogió una ruta diferente a la de muchos actualmente: confrontar al presidente electo. Dentro del poder judicial están decididos a enfrentar el proceso de desinstitucionalización implícito en la Cuarta Transformación, y oponerse al proceso de destrucción de las instituciones como las conocemos. Si acaso a alguien se le olvida, el cambio en el proyecto de López Obrador no es el remplazo de cuadros únicamente, sino la transformación de instituciones, que no sean autónomas -de ahí los ataques al INE, al Tribunal Electoral, al Banco de México, o al INAI-, o que no estén bajo su control, como los esfuerzos por acotar y transformar al poder judicial.

El ataque al poder judicial comenzó con la presión para que reduzcan sus salarios, bajo el discurso de la austeridad republicana, que no sólo viola la ley al vulnerar su autonomía, sino afecta su funcionamiento. Siguió con una serie de iniciativas de Morena para que el legislativo sea quien fije los plazos de las asignaciones de los jueces y magistrados, y no el Consejo de la Judicatura. En la cocina del presidente electo se encuentra también la desaparición de la Suprema Corte por un Tribunal Constitucional.

Los jueces y magistrados están en desacuerdo. Colectivamente están analizando estrategias para defender la independencia judicial. La separación de poderes no es algo nimio, ni su defensa algo que deba ser liquidado por los pericos del presidente electo en las redes sociales. La separación de poderes surge de siglos de desarrollo político y filosófico, y tiene en Aristóteles, con su tratado Política, a su padre. La independencia del poder judicial es uno de los principios más importantes del Estado de Derecho y, en palabras de James Madison cuando se escribía la Constitución de Estados Unidos, busca protección de la "tiranía de la mayoría" al formar parte de un diseño de gobierno balanceado, con 3 ramas iguales pero separadas, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Desaparecido o disminuido el legislativo como poder, el judicial llevará su defensa al Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, cuyo presidente Víctor Rodríguez Rescia, quien actualmente también preside el Centro Civiles y Políticos en Ginebra, ya sostuvo su 1er. encuentro con jueces y magistrados mexicanos para tomar el asunto. Es decir, la estrategia es internacional. Llevarán el caso a tribunales extranjeras, donde lo que está sucediendo en México no pasará desapercibido, porque el alegato de cómo se está afectando la independencia y autonomía del poder judicial, es persuasivo.

Si López Obrador no comprende o no quiere ver el daño que le está empezando a hacer a su Presidencia antes de entrar en funciones, su equipo tiene que hacérselo notar. Debe corregir para evitar que lo vean y traten en el mundo como un político empeñado en destruir el funcionamiento de una democracia para convertirse en autócrata.

Para algunos, la consulta nacional -insulto nacional para otros- sobre la ubicación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México tiene un diseño metodológico cubista: no se le ve pies ni cabeza.

En Jalisco, por ejemplo, habrá 44 centros de votación; menos de 10 fuera del área metropolitana. Pero échense este trompo: ninguno estará en el aeropuerto tapatío. Eso sí, habrá urnas en San Martín de Las Flores, en Tlaquepaque, y en Zalatitán, en Tonalá.

Respetable, pero ¿y la opinión de los usuarios del aeropuerto? Esos quedan fuera por fifís. No importa, tampoco, que la mitad de los mexicanos, según la encuestadora Demotecnia, no sepa qué demonios es esa opción de un sistema de multiaeropuertos en Toluca y Santa Lucía.

No importa que las garantías de imparcialidad, los candados contra el "embarazo" de urnas o "mapacheo", sean la confianza que inspira el organizador quien es juez, parte, ejecutor y moreno.

Lo importante es que "el pueblo bueno y sabio" decida de cara a la Cuarta Transformación. Aunque este ejercicio democrático es más digno, pero de una Transformación de Cuarta.

Y contando...

En reportes de bancos, consultores y diversos analistas se han puesto sobre la mesa una serie de preocupaciones. Destacan el tema del aeropuerto, el de la política de hidrocarburos y los temas fiscales.

En el caso del aeropuerto, se percibe la inminencia de que la consulta a realizarse a partir del jueves próximo legitime la decisión de cancelar el proyecto que se lleva a cabo en Texcoco.

Al margen del elevado costo de la cancelación, del impacto en el desarrollo del país y del efecto en el ánimo de los inversionistas en general, hay obligaciones específicas derivadas de los bonos emitidos por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que estarían en riesgo.

El respaldo a esos papeles fueron los ingresos futuros derivados de la TUA. El problema es que, si el tráfico aéreo no crece en función de los supuestos usados en la colocación de los bonos, es probable que los ingresos de la TUA no alcancen para pagar el interés y los bonos a su vencimiento y además, deje ingresos para la operación del aeropuerto.

En el caso de Pemex, ya comentamos que un cuadro en el que se destinan recursos a proyectos cuyo resultado es incierto en el volumen de ingresos que va a dejar y las fechas en que se van a producir, como el de la construcción de la refinería o la rehabilitación de las existentes, se percibe el riesgo de un mayor deterioro en la situación financiera de la empresa.

Y el otro factor es la duda de que realmente se pueda presentar un paquete económico para 2019, que no implique un mayor déficit. Las dudas han surgido de los anuncios de inversiones o programas sociales y al mismo tiempo la pérdida de ingresos por anuncios como la reducción del IVA e ISR en la frontera o la posibilidad de quitar el IEPS a las gasolinas.

A estos factores domésticos, deben sumarse los que surgen del entorno internacional y que crean un ambiente en el que habrá tasas de interés más elevadas y mayores riesgos de recesión.

No hay que ser expertos para saber que el aspecto clave de los días inmediatos será el resultado de la consulta sobre el nuevo aeropuerto.

Si de ese resultado, como lo ha dicho, AMLO deriva la cancelación del proyecto de Texcoco, es probable que veamos en el tipo de cambio el 1er. signo visible de nerviosismo.

No descarte usted que el próximo lunes veamos un dólar por arriba de 20 pesos, como respuesta de los inversionistas a la inquietud que derivaría de la cancelación del proyecto de Texcoco y al significado de ese hecho.

Un gobierno de mano alzada, en donde en asambleas y consultas a modo, legitiman decisiones tomadas desde arriba, puede ser el peor de los futuros que podamos visualizar.

México ha construido en los últimos años una constelación de organismos para dotarse de contrapesos, autonomía y balances a lo que un día fue un Estado unipersonal.

De esa forma, y ante diferentes crisis, nacieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un instituto electoral independiente. También un órgano de la transparencia y entidades de fiscalización como la Auditoría. En los estados se replicaron, a escala obviamente, algunas de esas instancias.

Dentro de esa misma ola, instituciones de larga data adquirieron nueva autonomía, importancia y prestigio, como el Banco de México y el Inegi.

Es cierto que casi cualquier coyuntura ha querido ser enfrentada con la creación de organismos ad hoc, y que no ha faltado quien haya opinado que a ratos se antojan demasiados.

Pero si tal "exceso" fuera cierto, ha sido por las buenas razones; mejor apostar a que haya reguladores u órganos burocráticos especializados en cada campo de la actividad pública, antes que, por un lado, dejar al gobierno ser el único actor de ese sector o que entre éste y los actores privados de tal materia no medie juez alguno.

Así, el gobierno que surge de las elecciones ya no manda en muchas cosas, y al contrario, recibe información, diagnósticos, sanciones, instrucciones, mandatos, recomendaciones, prospectivas, fallos y advertencias de mucha gente que trabaja en el Estado pero no milita en partido alguno y que no se juega su puesto en elecciones.

Por esos organismos, aunque es el mismo, el país no se parece mucho al de hace 30 años. Podría ser mejor, pero no es peor que el de hace 3 décadas.

Si a lo anterior sumamos que en estas misma décadas los ciudadanos han tomado la iniciativa de participar organizadamente en la vida pública más allá de los partidos políticos, tenemos un ecosistema social vibrante, en ocasiones crispado, pero nunca hasta hoy regresivo.

Ahí donde el Estado ha fracasado, o bien surgen organismos para complementarle o bien nacen grupos sociales que aportan conocimiento, data, propuesta y hasta energía para ayudar al gobierno a encontrar soluciones o resolver problemas.

Si a la cuenta agregamos a distintas universidades públicas y privadas que hacen investigación en diversos campos y no rehuyen participar en los temas públicos, tenemos un entorno donde la voz del Presidente de la República pesa mucho, pero para nada es la única... hasta ahora.

Nadie dice que lo construido hasta ahora sea perfecto, funcione óptimamente o que debería ser inamovible. El abuso del "método" de cuotas y cuates ejercido por PRI-PAN-PRD ha dado como resultado integraciones lamentables como la del actual Tribunal Electoral del PJF, con los resultados a la vista.

Sin embargo, pareciera que Andrés Manuel López Obrador interpreta que su elección debe ser entendida como la imposición de un nuevo aparato gubernamental y de una nueva (o habría que decir vieja) forma de interactuar entre gobernantes y gobernados.

Morena ya anunció que busca desnaturalizar (quitarles su independencia) a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y el INEE también ha sido puesto en la mira.

De lograr esos cambios y, sobre todo de lograrlos sin enfrentar resistencia alguna, nada impedirá que se siga con otros.

¿Será que la IV Transformación, lo que realmente busca es reinstalar en México un gobierno sin contrapesos ni acotamientos, sin entes que ejecuten, protagonicen y administren parte de la vida pública en una dinámica de autonomía y profesionalización donde la voluntad del presidente de la república no es un factor primordial?

Antes de reformar lo ya reformado en estas 3 décadas, Morena tendría que convencer de que lo que va a corregir debe de ser corregido, y que la corrección es mejor que lo que hay hoy.

Si no, que ya de plano digan que quieren volver a 1988... Y que se vea quién está de acuerdo y quién no con volver a un país de un solo hombre.

Un ingrediente informativo llama la atención: el anuncio de un plan del próximo gobierno para dar visas de trabajo a los centroamericanos, que serían empleados en la construcción del Tren Maya. En la región maya, adelantó el futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se necesitará esa mano de obra porque habrá inversiones de 20,000 millones de pesos. ¿De dónde salió esa cifra? ¿Quién va a invertir en esa zona? ¿Estados Unidos? La duda queda sobre el papel que está jugando el próximo gobierno en este tema.

Lo que quedó de manifiesto es que la frontera estratégica de Estados Unidos al sur de México, anhelada por gobiernos estadounidenses por décadas, fue lograda por Trump a través de amenazas, al dejar abierta la posibilidad de retirarse del reciente acuerdo alcanzado con México y Canadá si Peña Nieto no hacía con la caravana de hondureños lo que él quería. El temor a que Trump cumpla con lo que grita -una razón que explicaría la actitud moderada de López Obrador en este tema-, y que México sea desenchufado del aparato productivo de Estados Unidos, aparece como sombra en el entreguismo mexicano. Ni el gobierno actual ni el entrante, quieren ese desenlace. Pero el costo es alto.

Peña Nieto abandonó el principismo por el pragmatismo en la política exterior y se entregó a Trump por razones comerciales. Arrasó con la política de asilo y la protección de migrantes, incurriendo en un doble discurso al incurrir en prácticas de las que se queja incurren en Estados Unidos contra los mexicanos. Pero él ya se va. Entra López Obrador en medio de la sospecha de complicidad con Peña Nieto y Trump, y debe a los mexicanos una aclaración.

Los encargados de la construcción ya echada a andar del nuevo aeropuerto en Texcoco han estado haciendo números. La presión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha servido para que se revise el proyecto diseñado por los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero con una misión bastante clara: volverlo más barato.

Cosas tan sencillas como modificar el tamaño de los vidrios para que puedan fabricarse en México, cambiar los materiales de piso y techo para que en vez de tener que ser importados sean nacionales, que no es otra cosa sino hacerlo menos lujoso y echar mano de proveedores de nuestro país para que este megaproyecto sirva también para impulsar el mercado interno, empiezan a generar ahorros importantes que pueden darle discurso al mandatario entrante.

Esto tiene una lectura política de la que puede echar mano el presidente electo para justificar la opción Texcoco: la presión de AMLO ya ahorró 20,000 millones de pesos al proyecto y además está garantizando que no se va a usar un solo centavo del presupuesto.

El temor a que se cancele el proyecto y la preocupación por la imagen que pueda mandar México a los mercados financieros internacionales los tiene trabajando a marchas forzadas para recortar la inversión prevista en el nuevo aeropuerto y también acelerar su construcción.

Según los últimos datos hechos públicos por el presidente electo López Obrador, la obra lleva un avance del 20%. De acuerdo con los responsables del proyecto, este porcentaje llegaría al 35% si se toma en cuenta todo aquello que se está construyendo para el aeropuerto, pero fuera del terreno mismo (como las piezas de acero que requiere la megaobra), cosas que ya están hechas pero que hay que llevarlas aún a Texcoco y ensamblarlas en el momento que corresponda según el plan de los ingenieros.

Desde mi punto de vista, la consulta que arranca en 3 días está diseñada para que suceda lo que el presidente electo quiera. Con boletas falsificables, con posibilidad de que se reimpriman, sin representantes de casilla, con organizadores que están a favor de una de las opciones, con reglas que cambian día a día, la mesa está puesta para que más que consulta sea la 1a. elección de estado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador si así lo quiere él. Así que cualquiera que desee participar debe acudir no pensando en que existe un andamiaje institucional que cuide su voluntad expresada en el voto, sino con una enorme dosis de fe en que el gobierno entrante se va a portar bien (hay mucha gente que la tiene).

Fitch no es la calificadora que tiene peor calificada la deuda de Pemex. La deuda global tiene la nota BBB+, que equivale a un par de escalones por arriba del mínimo requerido para tener grado de inversión. Es decir, podría bajar la nota un escalón y Pemex no perdería el grado de inversión.

El temor es que Moody's vaya a seguir el mismo camino de Fitch y decida bajar la nota, lo que en ese caso sí implicaría la pérdida del grado de inversión, pues está en Baa3.

Eso significa que muchos fondos internacionales saldrían al mercado a vender la deuda de Pemex, pues para mantenerla en sus portafolios, requieren que tenga ese grado.

Y, sería muy difícil que al final la propia deuda del gobierno mexicano no fuera degradada también, pues se sabe que respalda financieramente a Pemex.

El resultado sería un incremento generalizado de las tasas de interés para México y muy probablemente una presión fuerte sobre el tipo de cambio.

Desconozco si Rocío Nalhe entiende esto, pero tengo la certeza de que el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, o el próximo subsecretario, Arturo Herrera, lo entienden muy bien.

Apenas hace poco más de 6 meses, el 12 de abril, Moody's cambió de negativa a estable la perspectiva de la deuda de Pemex. Sin embargo, hoy la perspectiva es completamente diferente.

Todavía hay tiempo de que la política que se decida sea sensata. La decisión de Fitch puede dar fuerza a quienes adentro del equipo de transición han planteado propuestas más racionales, que no pongan, de entrada, a los mercados en contra del gobierno de AMLO.

Pero también hay quien dice en el equipo de transición: "Al diablo con los mercados, no vamos a tomar decisiones a su gusto".

Les puedo asegurar que el peor escenario para el gobierno de AMLO sería llegar peleado con los mercados.

Ya los riesgos son muchos con el tema del aeropuerto. Atizar el fuego con Pemex es algo que todos lamentaríamos muy pronto.

Hay un tema que no se ha discutido, pero Santa Lucía ya es un poblado donde viven muchos militares y sus familias; ¿cuál va a ser el procedimiento si Santa Lucía fuera el Aeropuerto Internacional de México? ¿Qué pasaría con la sede militar, a dónde la mandan? ¿O van a mezclar el aeropuerto militar con el aeropuerto civil?

Luego, otro tema difícil de resolver es la transportación a Santa Lucía, que está a 41 kilómetros de distancia; se tendría que hacer un tren o solucionar de alguna forma las conexiones de los pasajeros que pasarían de un aeropuerto a otro o simplemente del pasajero que tomaría el avión en Santa Lucía, ¿cuál sería el costo de resolver esa transportación adecuadamente?

El desenlace de la consulta del aeropuerto definirá muchas cosas, también marcará el tono de la relación del próximo gobierno con los empresarios y los inversionistas. El equipo de AMLO se refiere a la consulta como un ejercicio ejemplar de democracia participativa. Quizá lo sea, yo creo que no. Lo que sí, es una redefinición de la forma en que la política se relaciona con los grandes proyectos de inversión. Se acabaron los tiempos en los que las decisiones eran asunto de "expertos" que operan a puerta cerrada. Ahora será una auscultación del sentir del pueblo, a través de algo que tiene un vago parecido con una consulta profesional. Muchos partidarios de López Obrador lo festejan, pero hay ambiente de sala de emergencias en otro lado.

Los inversionistas han encendido la señal de alerta. No confían tanto en la voz del pueblo, ni en las encuestas.

Este nerviosismo de los señores del dinero se manifiesta, por lo pronto, en un freno a dos colocaciones de Coppel y Banca Mifel en bolsa. No se llevaron a cabo porque "no hay condiciones", dice el parte oficial. Off the record la explicación apunta a la preocupación por la consulta del aeropuerto. Los inversionistas internacionales no quieren crecer posiciones en México mientras siga la duda aeroportuaria. Estas colocaciones no eran gigantes ni cambiarán las cifras macro, pero sí nos hacen conscientes de un riesgo: la consulta podría tener un efecto dominó. Si se cae Texcoco, otras cosas podrían morder el polvo.

El presupuesto del 2019 pondrá a prueba la promesa de disciplina presupuestal de López Obrador y su equipo, pero también su capacidad de lidiar con la realidad. Abel Hibert, uno de los principales asesores económicos del próximo presidente adelanta que han localizado ahorros por casi 355,000 millones de pesos y oportunidades de ingresos adicionales por 120,000 millones. Estos recursos permitirían financiar gran parte de los nuevos proyectos y programas, Tren Maya, refinerías y becas para jóvenes, entre otros.

¿Podrán volver realidad esos 474,000 millones? Esa es una de las grandes dudas. Es obvio que en el sector público hay despilfarros e ineficiencias, además de áreas de oportunidad en mejoras, pero una cosa es la teoría y los toros se ven distinto en la arena. Falta ver en acción al nuevo gobierno para ver su capacidad de hacer la faena en el ruedo. Vale decir que si consiguen "aparecer" esos 474,000 millones, estaremos ante la mayor hazaña en la historia de la administración pública mexicana. Nadie ha logrado algo similar, a gran escala. Se necesitará honradez a toneladas pero también excepcional talento administrativo y un manejo político fuera de serie, porque cada ineficiencia tiene su grupo de beneficiarios y, en algunos casos, las ineficiencias se "justifican" por la necesidad de cumplir pactos políticos. Estamos frente a un gobierno capaz de conseguir gratis lo que al PAN y al PRI les costaba millones (¿SNTE, CNTE y otras siglas más?). El tiempo lo dirá.

Sí, Gerardo Fernández Noroña se pasó de la raya y llevó al terreno de lo personal una discusión que implicaba cuestionar a una funcionaria cuya actuación como servidora pública está en entredicho, y con pruebas, aun cuando ella las desdeñe. Había otras maneras de decirlo. De hecho, creo que la forma como planteó el asunto el diputado del PT distrae con respecto a lo importante y sin duda habrá quienes cambien de idea o de bando sólo por las expresiones desafortunadas del legislador.

Ojalá las cosas no queden ahí porque incluso mujeres de las que preguntaban a Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sobre los resultados de la Auditoría Superior de la Federación reaccionaron a la metida de pata de Noroña ¿cómo se le ocurre?

Para efectos de que se haga justicia no es relevante la vida personal de los funcionarios hombres o mujeres, a menos que las parejas estén coludidas y, en todo caso, debió plantearse de otra manera, de una forma que la palabra "amante" no atrajera la atención de defensores y críticos. Esto por un lado y, por otro, entre los argumentos válidos, sin duda alguna, está el de que no se ha hecho pública en estos términos, una relación similar de un político varón para incluirla en los cuestionamientos con respecto a una actuación pública en particular; y vaya que hay ejemplos, aquí en Jalisco para no ir muy lejos y de décadas atrás.

Fernández Noroña, si sigue así, hará un daño terrible al país porque no está argumentando de una manera que dé noticia de que las cosas van a cambiar en el poder legislativo con la composición actual. Sus discursos y señalamientos son del mismo tipo de los que lanzaba en la calle y puede obstaculizar con epítetos y notas personales, preguntas y cuestionamientos reales que tienen como propósito indagar y hasta acorralar a una funcionaria que, se sabe, es corrupta.

Un representante de Grupo Riobóo defendió ante diputados locales el proyecto de habilitar 2 pistas en la Base Aérea de Santa Lucía para resolver la saturación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El ingeniero Sergio Samaniego aseguró que Santa Lucía resulta más barato que Texcoco.

AMLO se declara incompetente para resolver asuntos aeronáuticos, y deja en manos de la muchedumbre la decisión, con lo que podrá decir a quien sea que resulte perjudicado, decepcionado u ofendido por el resultado sea cual fuere: "No soy responsable por la 'sangre' de este aeropuerto".

Con esta consulta AMLO se convertirá en el Poncio Pilatos mexicano, o sea, Poncho Pilatos.

Lo que Poncho Pilatos parece no tener claro es que la decisión del pueblo ya estuvo tomada al haberlo elegido para ser el próximo Presidente de México y por lo tanto delegar en él y en los diputados y senadores que nos representan las decisiones que tienen que ver con el funcionamiento y operación del país, lo que obviamente incluye la construcción de nuevos aeropuertos, trenes mayas, refinerías, etc.

La consulta sobre la construcción del aeropuerto se está convirtiendo en una pequeña crisis de la próxima administración tan gratuita como sin sentido. Una pequeña crisis, por cierto, que se puede convertir en una mucho mayor si se sigue actuando con tanta ligereza y los centros económicos y financieros internacionales deciden tomarla con seriedad.

La consulta, para empezar, no será tal: no tiene representatividad legal alguna, no puede llamarse consulta vinculante a una en la que participará un porcentaje mínimo de la población, que no es organizada por ninguna institución, que no se sabe cómo será financiada, que se basa en preguntas sesgadas, donde se proporciona información tergiversada, donde se pide imparcialidad y se dice desde el gobierno electo que no se hará proselitismo, pero los futuros funcionarios se vuelcan a apoyar la opción de Santa Lucía, que no tiene una sola opinión favorable entre los especialistas del sector, se llamen pilotos, ingenieros, consultoras internacionales, aerolíneas.

Una consulta que se dice irá acompañada de una encuesta que ninguna de las casas encuestadoras serias del país realizará. Todo esto no tiene sentido. Quizás pueda tener una lectura política: López Obrador se opuso, porque no estaba en su estrategia preelectoral de cara al 2006, al aeropuerto de Texcoco en el sexenio de Fox, cuando él era jefe de Gobierno, se volvió a oponer en la campaña electoral de este año porque se trataba de la principal obra de infraestructura de la última década (y la 4T no admite competencia) y ahora, a punto de convertirse en gobierno, tiene que decidir qué hará con una obra en la que ya se invirtieron 100,000 millones de pesos, que está financiada en, por lo menos, el 75% de su costo, que generará importantes ingresos para el Estado cuando esté en funcionamiento y que solucionaría en el mediano y largo plazo un delicado problema estratégico de comunicaciones, además de generar el mayor desarrollo urbano regional de las últimas décadas.

Vaya a saber qué sucedió en las oficinas de la colonia Roma, pero después de que el presidente electo le pidiera su opinión sobre el aeropuerto a distintos especialistas y, sobre todo, a los 3 colegios de ingenieros del país, y todos coincidieran en la necesidad de continuar la obra de Texcoco, después de que la consultora internacional Mitre refrendara que esa era no sólo la mejor, sino, prácticamente, la única opción de crecimiento real en términos aeroportuarios, repentinamente todo eso se ignoró, se inventaron o manipularon informes, se resucitó a los macheteros de Atenco y los próximos funcionarios parecen estar en plena campaña pro Santa Lucía, una opción que, simplemente, no es tal porque terminará siendo más cara que Texcoco y que no soluciona ni en el corto ni en el mediano plazo el problema aeroportuario del centro del país.

Resulta, por lo menos, paradójico que una obra interesante, que tendrá sentido turístico, pero mucha menor utilidad social, que será por lo menos difícil que cuente con el respaldo privado suficiente porque es muy costosa y la recuperación es incierta, como el Tren Maya, genere tanto entusiasmo en el próximo gobierno y, al mismo tiempo, se quiera desechar de un plumazo el que sería uno de los principales hub aeronáuticos del norte del continente. Por cierto, como muchos ya han hecho notar, para el Tren Maya no hay contemplada ninguna consulta, ni popular ni entre los especialistas. Ya está decidido.

Es difícil de entender. Quizás sólo se trate de una maniobra política para que el presidente electo no tenga que reconocer que una de sus propuestas de campaña estaba equivocada y por eso se respalda en una consulta popular con escasa legitimidad. Lo que sí es evidente es que pase lo que pase con la consulta, el próximo gobierno saldrá perdiendo en algo que podría haber sido un gesto político notable, una opción de ganar-ganar.

Hay tiempo de rectificar, de no jugar con inversiones, mercados y consultoras. De dejar de lado la agenda pequeñita del proselitismo y abordar de lleno la del lugar que tiene que tener México en la economía, en los negocios, en el mundo global, donde somos actores y protagonistas.

Fitch Ratings modificó de estable a negativa la perspectiva de calificación de Pemex ante la creciente incertidumbre sobre la estrategia comercial de la petrolera.

"Futuros cambios potenciales en la estrategia comercial de Pemex podrían acelerar el debilitamiento de la estructura de capital de la compañía", dijo la agencia.

Fitch Ratings informó que se ratificaron las notas global y nacional de Pemex en "BBB+" y "AAA (mex)", respectivamente.

Fitch Ratings resaltó que las calificaciones de la empresa productiva del estado reflejan los altos incentivos del gobierno mexicano para respaldar a la compañía dadas las fuertes consecuencias sociopolíticas y financieras que se derivarían de cualquier dificultad financiera.

"Un escenario de dificultades financieras en Pemex tiene el potencial de interrumpir el suministro de combustibles líquidos para todo el país, lo que podría tener importantes consecuencias sociales y económicas para México", resaltó.

La calificadora añadió que un escenario de dificultades financieras en Pemex puede tener implicaciones para el gobierno u otras entidades relacionadas con el gobierno dentro de la capacidad del país para obtener financiamiento.

Este jueves, la agencia Moody's advirtió sobre el riesgo en la calificación que tiene sobre Pemex ante posibles cambios en las exportaciones de petróleo ante declaraciones del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ya que dejar de vender crudo al exterior debilitaría la estructura de la empresa.

Cada día el equipo de Manuel Andrés López Obrador causa más incertidumbre en el tema fiscal que solo paraliza nuevas inversiones en nuestro país tanto de nacionales como de inversión extranjera. Ha prometido tanto en la materia fiscal que los que conocemos un poco de la materia estamos seguros de que no podrá cumplir ni la mitad de lo prometido.

A pesar de que el futuro presidente se comprometió a que el próximo año no habrá nuevos impuestos cada vez vemos con más cercanía lo contrario. La última ocurrencia es de la futura secretaria de Energía, Rocio Nahle, quien dice que valoran eliminar el Impuesto Especial de Produccion y Servicios en gasolinas para el presupuesto de 2019, y que como consecuencia de esta eliminacion analizan de dónde se recuperaría tal boquete en las finanzas públicas de un monto aproximado de 250,000 millones de pesos.

Lo curioso del tema es que días antes en Tabasco la señora había declarado que "en todos los países del mundo se cobran impuestos al combustible" dejando entrever que en México se mantendriá el Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS), pues su eliminación afectaría las participaciones de los estados, aunque tambien aseguró, sin explicar cómo, que sí habrá una disminución a los costos de la gasolina.

Desde el punto de vista técnico es imposible por el momento bajar el citado impuesto a la gasolina, aunque mañosamente los legisladores de Movimiento Ciudadano le pusieron el cascabel al gato, ofreciéndole que cuente con los votos en ambas cámaras para tal efecto, concientes que no podrá realizar esto y con ello se desmoralizarán más sus radicales seguidores.

En el mismo sentido estará la disminución del Impuesto sobre la Renta en la zona froteriza que solo causaría un grave deterioro de las finanzas públicas ya que muchos buscaríamos domiciliar nuestras empresas en esa franja, además de la grave pérdida recaudatoria. Lo que no nos han podido explicar, el por qué existiremos mexicanos de 1a. y de 2a. ya que a los de zona froteriza se les premiará con un IVA inferior que el que pagaremos el resto de los mortales en el resto del país.

Pero por otro lado, es increíble, la nueva bancada de diputados y senadores llegaron a sus cámaras con una diarrea legislativa en materia fiscal que provoca terror, ya que no comprenden que los impuestos no deben ser vistos como una herramienta netamente recuadatoria en el corto plazo, ya que así solo matan la gallina de los huevos de oro. Los impuestos deben servir como herramienta de impulso económico y de distribución de la riqueza. Han propuesto impuestos de todo tipo, pretendiendo gravar desde las herencias hasta disponer de las reservas internacionales supuestamente para financiar el desarrollo nacional, sin entender el motivo preciso de las reservas y que dada su naturaleza tienen que estar líquidas en todo momento ya que de lo contrario perderían su naturaleza.

Las políticas que implemente la próxima administración representan un riesgo para México, ya que es probable que impacten en el crecimiento económico y en la calificación crediticia del país, advirtieron el Banco de México (Banxico) y la agencia Moody’s Investors Service.

Según la minuta de la última reunión de política monetaria del Banxico, donde se decidió mantener la tasa de interés de referencia en 7.75%, entre los riesgos para el crecimiento del país destacan la implementación de la política pública que enfrentará la administración entrante, cierta debilidad de los componentes de la demanda agregada y la baja producción de la plataforma petrolera.

La mayoría de los integrantes de la junta puntualizó que aún se desconocen detalles importantes sobre la agenda económica que emprenderá la próxima administración.

Por su parte Moody’s indicó que la propuesta del próximo gobierno de eliminar las exportaciones de crudo puede poner en riesgo la calificación crediticia del país -que está en A3 con perspectiva estable- y la de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El analista soberano de México en Moody’s, Jaime Reusche, explicó que están muy atentos a los anuncios o posibles planes para el sector energético porque es bastante sensible, pues si bien, Pemex está en una situación estable, también es frágil.

Explicó que el gobierno saliente ha tenido muy buenos resultados al disminuir la dependencia de los ingresos petroleros de 34% en 2012 a 10% en 2017. No obstante, si se comienza a cambiar la estructura de cómo funciona el sector energético y la manera de transferir los ingresos a las cuentas fiscales, o bien, si se cortan, habrá un impacto.

La analista líder de Pemex en Moody’s, Nimia Almeida, dijo que si el próximo gobierno privilegia la refinación de hidrocarburos, los ingresos de Pemex disminuirían, pues al exportar se cobra en dólares, pero al enfocarse en el mercado interno, los ingresos son en pesos.

Lo anterior en un contexto donde 87% de su deuda (104,000 millones de dólares a junio de 2018) está denominada en dólares y otras monedas duras.

Agregó que el nuevo plan también llevaría a forzar que Pemex importe crudo, lo que implicaría mayores riesgos por tipo de cambio y un efecto negativo en el flujo de efectivo.

Aquí hay de 2: o el presidente electo sabe de antemano lo que va a decidir y monta un espectáculo para justificar con algún confeti popular lo que es desde antes su decisión personalísima, o en verdad no sabe lo que va a decidir, no puede llegar a esa decisión en compañía de sus colaboradores y necesita oír lo que la gente dice para decidir en sintonía con lo que la gente quiere.

Las 2 alternativas son indeseables, diría yo.

La 1a. porque es una forma de la manipulación. La segunda porque es una forma de la indecisión. Las 2 porque confunden a la ciudadanía, transmiten incertidumbre y, en el fondo, eluden la responsabilidad de gobernar.

En el caso del aeropuerto estas condiciones se dan sobre un asunto que puede ser decisivo para el sexenio de López Obrador.

El espectáculo de un presidente electo con 53% de los votos que podría estar dispuesto a empezar su mandato enterrando 100,000 millones de pesos ya invertidos en el nuevo aeropuerto, que valdría 11,000 millones de dólares de inversión, no deja de ser escalofriante.

Si está dispuesto a eso en el orden económico, estará dispuesto a cualquier cosa y su marca de fábrica en materia de inversiones, será sencillamente la desconfianza.

Ayer Javier Jiménez Espriú declaró que seguir con el proyecto del NAIM sería ponerle dinero bueno al malo, cuando lo que no alcanza a ver es que el dinero bueno se le pondría al malo con su eje Santa Lucía-Benito Juárez-Toluca, y todo por no querer terminar una obra, afirman los cercanos, iniciada por el presidente Peña Nieto.

Y en ese sentido va todo: declaraciones, consulta, organización para responder, movimiento y línea. Yo lamento que AMLO haya descartado el proyecto del NAIM influido por una visión cortoplacista de los suyos, pero quien más lo va a lamentar, después de todos, será él como presidente, por el impacto que va a tener en lo que llaman mercados, que podría producir lo que él menos quiere: una crisis económica.

Aún está a tiempo. Pero yo ya no le veo futuro al NAIM.

Y será una decisión de estado antes del 1 de diciembre.

El futuro titular de la Sedatu, Román Meyer, anunció ayer que no solo el NAIM, también el Tren Maya y las refinerías serán puestas a consulta popular. Ya no los entiendo, ¿Quién decide? ¿Qué tiene que ver la Sedatu con tren, refinerías y consultas populares? Montessori. Lo curioso es que por la noche rectificó. Así de claros.

Muy molesto se vio ayer a Carlos Lomelí y a su equipo de comunicación luego que Salvador Guerrero Chiprés, el súper asesor del doctor, se autopresentó como enlace nacional de Morena en Jalisco. Y es que luego de la rueda de prensa en que dicho partido anunció que dará la batalla jurídica para recuperar la curul que la Sala Regional les quitó, el consejero importado de la CdMx afirmó que Enrique Alfaro coquetea con el partido de AMLO. Lo bochornoso del asunto es que desde las entrañas morenistas se negó de inmediato que Guerrero tenga algún nombramiento, y mucho menos que esté facultado para hacer declaraciones en nombre del partido o de Lomelí, quien por cierto, ha lanzado últimamente mensajes de amor y paz al gobernador electo.

Hay una tendencia, en el nuevo equipo que va a tomar el gobierno, a subestimar las implicaciones del entorno internacional.

No todos piensan así. El equipo de Hacienda ve con toda atención hacia lo que pasa afuera. Pero hay muchos que piensan que un gobierno como el de AMLO, con la legitimidad que obtuvo en las elecciones, no tiene por qué preocuparse del entorno externo.

Sigo teniendo la esperanza en la sensatez del presidente electo, que perciba que lo que pasa en Estados Unidos, nos importa y mucho.

Prepararnos para un ambiente de freno o incluso de recesión económica, puede influir en las estrategias económicas que se apliquen desde 2019.

Más vale crecer menos y con solidez que buscar resultados rápidos que nos expongan.

Veremos si la racionalidad prospera.

Andrés Manuel López Obrador no es el 1er. presidente que propone una descentralización. Adolfo Ruiz Cortines promovió en los años 50 su programa Marcha al Mar, en el cual, a pesar de su proverbial frugalidad, gastó 750 millones de pesos de aquel entonces. La idea era que un número creciente de mexicanos dejara el altiplano y se estableciera en la costa. Las tendencias demográficas del país, sin embargo, no cambiaron.

Luis Echeverría tuvo no uno sino 2 decretos de descentralización, en noviembre de 1971 y en julio de 1972. Su uso de la guayabera, que imponía a sus colaboradores, era una forma de señalar su cercanía a las zonas más tropicales del país, aunque él mismo permaneció en San Jerónimo, en la Ciudad de México, al terminar su gobierno. Su descentralización costó dinero, pero no tuvo ninguna consecuencia práctica.

Miguel de la Madrid ordenó la descentralización de Capufe y del INEGI. El proceso de mudanza del INEGI de la Ciudad de México a Aguascalientes se llevó a cabo entre 1985 y 1988. Se calcula que 2,000 empleados y sus familias fueron mudados a un costo de 2,000 millones de pesos de hoy. En otras palabras, el costo fue de un millón de pesos por familia.

¿Cuál es la situación del INEGI 32 años después? La institución tiene 5,671 trabajadores en Aguascalientes y 2,143 en la Ciudad de México. Sí, los empleados en la capital de la república son el 38% de los que trabajan en Aguascalientes (el INEGI tiene además 6,512 en otros puntos de la república). Los directivos de la institución, por otra parte, se ven obligados a viajar constantemente entre la Ciudad de México y Aguascalientes.

¿Cuánto costará el proceso de descentralización que ha prometido López Obrador? Depende de muchos factores, uno de los principales es cuánta gente va a mudar. El nuevo gobierno no ha dado a conocer un estudio detallado de los planes y los costos. Las dependencias que dice que va a mudar a distintos puntos del país tienen más de 2 millones de empleados, aunque muchos de ellos, como los maestros y los médicos, están ya dispersos por todo el país por lo que no habría que cambiarlos.

En su Proyecto de Nación, el equipo de trabajo de López Obrador ofrecía una serie de estimaciones para la mudanza con un cálculo de costo de 22,805 millones de pesos. Esta cifra resulta ingenuamente baja. En las últimas semanas he visto cifras que van desde 125,000 a 135,000 millones de pesos. Pero supongamos que se mude a un millón de personas con sus familias, y que el costo sea similar al de un millón de pesos por cada una que incurrió el gobierno con el INEGI en los años 80; estaríamos hablando de un billón de pesos. La gran mudanza se convertiría en el mayor proyecto de gasto del nuevo gobierno.

La gran pregunta es para qué. No hay ninguna indicación de que los grandes esquemas de descentralización hayan tenido éxito. Un burócrata en su escritorio no genera movimientos poblacionales. No lo hicieron ni Ruiz Cortines, ni Echeverría, ni De la Madrid. Los movimientos poblacionales que hemos tenido, como la migración a la frontera norte o a Quintana Roo, han sido consecuencias de la demanda de trabajadores generada por nuevas actividades económicas, como la industria maquiladora de la franja fronteriza o el turismo en Cancún.

Lo único que va a lograr el nuevo plan de descentralización es hacerle un boquete al presupuesto; y, eso sí, aumentar el número de viajes en avión de los altos funcionarios del gobierno. Quizá de eso se trata.

López Obrador enfrentará una realidad incómoda: en los más de 3 meses y medio que han pasado desde su triunfo no ha podido mostrar o demostrar que en el NAIM ha habido corrupción desmedida, escandalosa o insoportable. Como tampoco ha presentado argumentos convincentes de que Texcoco sea una mala idea, al nivel técnico, como sede de esa terminal aérea.

3 meses y medio llenos solo de ruido mediático y no pocos momentos embarazosos para su equipo y cercanos, que van de traspié en traspié en cuanto debate se presentan, llámense Javier Jiménez Espriú (al paso que vamos, los de Morena van a lograr que extrañemos a ese lamentable funcionario llamado Gerardo Ruiz Esparza), Jesús Ramírez o ingeniero José María Riobóo.

Hasta este miércoles al menos López Obrador está en minoría en su narrativa de que Santa Lucía es un buen lugar para dotar a la capital de oferta aeroportuaria para el futuro. Solo, se entiende, junto a millones de quienes le votaron el 1 de julio y aún le apoyan.

Tiene la fuerza de su testarudez, y la ventaja de que las oposiciones no existen. Los políticos profesionales de otros partidos no se le quieren atravesar a AMLO. Ni los priistas defienden con ahínco el proyecto del presidente Peña.

Y a pesar de todo, López Obrador no ha producido la argumentación necesaria para que la consulta sea vista como algo más que uno más de sus empecinamientos.

Es posible que existan irregularidades graves, pero López Obrador no tiene hoy pruebas de corrupción en el NAIM. Ni argumentos sólidos sobre Santa Lucía. Nada en firme salvo su propósito de consultar al pueblo porque "es lo debido". Quizá solo quiera eso, imponer una consulta para probar que se puede consultar. O quizá está a la espera de un milagro, de que alguien le diga dónde estuvo la corrupción.

Antes de una semana sabremos qué quería López Obrador, aparte de consultar porque sí. Acostúmbrense, así será el futuro.

El 1er. ejercicio de democracia directa impulsado por el que será el 1er. gobierno federal surgido de la izquierda está lejísimos de lo que defendieron siempre:

-Las boletas son fácilmente falsificables.
-Se pueden imprimir las que sean, sin control alguno.
-El equipo del gobierno entrante decide dónde se instalan las casillas sin ningún tipo de transparencia sobre el criterio de selección.
-No hay representantes en las casillas de las 2 opciones a consulta.
-Los que organizan están a favor de una de las opciones.
-El gobierno entrante hace campaña abierta a favor de una de las opciones.
-El que va a contar los votos también está a favor de una de las opciones.
-Los que financian el ejercicio están a favor de una de las opciones.
-La información sobre las opciones es elaborada por los mismos que están a favor de una opción y la presentan claramente sesgada a favor de ella.
-Las boletas omiten decir que una de las opciones está en construcción y de la otra no hay siquiera estudios para calcular costos, impacto ambiental o siquiera viabilidad.

El ejercicio se está haciendo sobre las rodillas, es opaco, sesgado y sin ninguna garantía para los que quieran votar. Más que el 1er. ejercicio de democracia directa parece el 1er. ensayo de una elección de estado del nuevo gobierno. Parece diseñado para que el resultado sea el que desea el principal convocante, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

La consulta en sí misma, por la manera en que se está aterrizando, implica ya un costo político en credibilidad para el gobierno que aún está a mes y medio de entrar en funciones.

Después de una elección presidencial que arrojó un resultado contundente y le abrió al ganador un panorama que le habrían envidiado por lo menos sus últimos 5 predecesores en cuanto a legitimidad y margen de acción para llevar a cabo el cambio prometido, López Obrador se metió sin ayuda de ningún adversario a un callejón que se antoja era totalmente innecesario.

Es previsible que no salga sin raspones a unas semanas de comenzar el gobierno que anuncia la 4a. transformación de México.

Será el acto fundacional del nuevo gobierno. El panorama soleado que se veía para la 1a. administración federal de izquierda hace apenas una semana hoy es nublado. El equipo de transición lo enredó. A ver cómo lo desenreda.

Con el avance de una tercera parte del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco, parece un sinsentido que una consulta ciudadana donde participará menos del 1% de la población, muchos de los cuales ni utilizan ni les importa el destino de la nueva terminal, definiera un modelo de desarrollo nacional. La construcción trunca quedaría en la memoria como el recuerdo lastimoso de la principal obra de infraestructura que nunca fue del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y la más importante desde que se construyó Ciudad Universitaria en 1952. En el corto plazo, la cancelación de Texcoco significaría la pérdida de 100,000 millones de pesos ya invertidos, más las multas y las pérdidas futuras al cambiar, a valor de mercado, al decidirse por un proyecto conceptualmente enano.

La derrota de Texcoco en una consulta ciudadana sería una victoria política del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que desde que andaba en campaña dijo que era una obra "faraónica". La paradoja es que Texcoco está en una trampa retórica. Aún si la consulta ciudadana o él, decidieran que Texcoco es la mejor alternativa, la obra no dejaría de ser faraónica. El problema no está en lo que falta por construir y el vestido con los acabados de la terminal, sino en el origen de la asignación del ganador del concurso por su diseño y construcción. La ambición estrambótica del gobierno de Peña Nieto lo llevó al predicamento de lo que podría ser el colapso estrepitoso de una obra necesaria.

El error de Texcoco no es su ubicación o que haya mejores alternativas. Desde hace casi 50 años en que se ha hablado de un nuevo aeropuerto, Texcoco siempre ha figurado como la opción preferida. El error radica en que el aeropuerto se concibió más como un proyecto arquitectónico que como una obra de ingeniería civil. Esta diferencia conceptual provocó que los costos se elevaran significativamente.

El costo pudo haberse reducido con otro diseño, sin bajar la ambición de país, pero es tarde. Lo que emergerá del suelo ya está construido, con su millón de planos de obra. Eso no puede modificarse, y cancelar la obra será más costoso que concluirla.

Texcoco se mantiene como la mejor opción para el nuevo aeropuerto. Incluso, por el solo hecho de su avance de obra y la inexistencia de un proyecto ejecutivo para Santa Lucía, o las limitaciones de capacidad de una red aeroportuaria. El error de Texcoco ya se consumó. No caigamos en una nueva equivocación cancelándolo.

Es una consulta popular, aunque no la que estableció el artículo 35 de la Constitución como un derecho de los ciudadanos. Se ha tomado la decisión política, quizá para definir de antemano el resultado, de que la consulta no alcance a toda la población y que no cuente con garantías de equidad.

México tiene una población de 128 millones de habitantes, pero para esta consulta solo se imprimirán entre 500,000 y un millón de boletas. Habrá mesas de votación en solo 538 municipios de los 2,464 y 16 alcaldías del país. Las mesas de votación serán 1,073 en vez de las 156,899 casillas de la elección del 1o. de julio. Junto con la consulta se llevará a cabo una encuesta, sin que se sepa qué se hará si ofrecen resultados distintos.

Andrés Manuel López Obrador y sus principales colaboradores, entre ellos Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, están en contra del aeropuerto de Texcoco. Son conscientes, sin embargo, de las connotaciones negativas para los inversionistas de la cancelación. Por eso estamos viendo esta extraña consulta.

No creo que este tipo de decisiones deban tomarse en consultas o por encuestas. Son decisiones que debe asumir un gobernante después de escuchar con atención a los especialistas. Eso piensa una parte importante de la población mexicana, que además parece apoyar que continúe la construcción del nuevo aeropuerto. Así lo sugieren, por lo menos, las encuestas que sobre el tema se han dado a conocer hasta este momento.

Según el último estudio de Consulta Mitofsky, dado a conocer el 3 de octubre, el 39% de los entrevistados está a favor de que se concluya el nuevo aeropuerto mientras que el 17% está en contra. A pesar del fuerte debate sobre el tema, el interés en participar en la consulta bajó en casi un mes de 45 a 31%. Tanto quienes dicen estar a favor como quienes rechazan la opción son menos hoy que en la encuesta anterior. El debate no está generando más información, sino más escepticismo.

La oposición de López Obrador al proyecto queda de manifiesto en el hecho de que ninguna otra obra pública, empezando por el tren maya, ni alguna otra medida de gobierno, como la dispersión de oficinas gubernamentales en todo el país o la destitución del 70% del personal de confianza del gobierno, están siendo sometidas a un proceso similar. Quizá el presidente electo sea un firme creyente en la sabiduría del pueblo, pero no está arriesgando en consultas ninguna otra decisión entre las muchas que tiene que hacer. Tampoco se está molestando en organizar una consulta que cumpla con los criterios del artículo 35 de la Constitución que están hechos para generar equidad.

La cancelación del nuevo aeropuerto traería consigo una pérdida del dinero ya invertido y del comprometido en contratos firmados. El golpe presupuestario podría alcanzar los 120,000 millones de pesos, casi el costo del tren maya que se calcula en 150,000 millones, o incluso más si los contratistas exigen indemnizaciones en los tribunales. Lo peor, sin embargo, sería perder la oportunidad de tener un centro de conexiones internacionales, un hub, que generaría decenas de miles de empleos y representaría un fuerte impulso a la industria turística nacional.

El presidente electo parece haber ya decidido cancelar el aeropuerto que le resultaba antipático desde que era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. La extraña consulta que ha diseñado no busca más que justificar la decisión.

2 decisiones de López Obrador determinarán las ganas de invertir de los capitales nacionales y extranjeros en México. No hay margen para equivocarse. Me refiero al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Presupuesto 2019.

Los dados están cargados para decidir que será Santa Lucía, no Texcoco, donde se edificará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Nadie lo dice de esta manera, pero el folleto de 13 páginas para informar a la sociedad sobre las ventajas y desventajas de las alternativas, no deja lugar a dudas. El texto es sesgado, tramposo, sin balance y tendencioso. "La consulta es un ejercicio democrático para que la gente opine sobre lo que le conviene", indica en su introducción. En efecto, eso se espera de la consulta. Pero la explicación a la sociedad no sólo es antidemocrática por la forma como induce al voto a través de la parcialidad en la presentación de las opciones, sino también es ideológica y recrea la polarización que ha caracterizado la carrera política del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

El folleto establece en su 1a. parte la necesidad indiscutible de que la capital federal tenga otro aeropuerto que satisfaga las necesidades de pasaje y carga que hoy en día están saturadas. No menciona en ninguna parte que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue terminada en 2007 como una solución temporal, en espera de la construcción de un nuevo aeropuerto porque el planteado por el presidente Vicente Fox, se frustró por la oposición de los pueblos nucleados [sic] por San Salvador Atenco, que tuvieron el apoyo de la izquierda social que encabezaba López Obrador.

Las comunidades que encabezan los activistas de Atenco habían estado en silencio desde que empezó la construcción del aeropuerto en Texcoco, pero resurgieron animados por el discurso de López Obrador contra la obra, e incentivados por la oposición de su futuro gabinete. El folleto es claro. Al hablar de posturas en contra de Texcoco, sólo menciona a los pueblos de Atenco y el Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra, mientras que a favor únicamente señala al Consejo Coordinador Empresarial, en un ejercicio de maniqueísmo ideológico.

En apoyo a Texcoco, sin embargo, están las cámaras del sector de la industria aérea, las asociaciones de pilotos, los controladores aéreos, los colegios de ingenieros, los organismos internacionales de aviación civil y, también, todas las organizaciones empresariales, que ignora el folleto. No existe la misma categoría sobre Santa Lucía, aunque incluye a manera de apoyo el informe de la Organización de Aviación Civil Internacional de 2013, que en realidad respaldó a Texcoco como la alternativa viable, y que en septiembre pasado, a petición del equipo de López Obrador, señaló que Santa Lucía requería de estudios técnicos que aún no se contratan.

La información del folleto tampoco menciona que carecen de estudios sobre viabilidad y factibilidad financiera de Santa Lucía, y que las estimaciones presentadas en el folleto fueron proporcionadas por personas sin información ni soporte técnico a José María Riobóo, que participó sin éxito en la licitación de las pistas del nuevo aeropuerto en Texcoco, tras lo cual se convirtió en su principal detractor. Riobóo es asesor de López Obrador y se ha convertido en el cerebro de la oposición a Texcoco, subordinando a Javier Jiménez Espriú, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes.

Otras de las grandes omisiones son sobre qué tipo de aeropuerto se pretende. La alternativa de Texcoco es un Hub, un centro de conexión internacional -que está mencionado en el folleto-, con una capacidad final de 135 millones de pasajeros, mientras que Santa Lucía, alterno del AICM, no sería un Hub, y el máximo de pasajeros que absorbería es de 60 millones. Sería una solución tan temporal como la Terminal 2, con capacidad máxima al 50% de Texcoco, pero con un costo que probablemente, de acuerdo con los expertos, terminaría presupuestalmente más alto que terminar la obra en Texcoco.

Esto tiene que ver con una serie de factores financieros que no están contenidos en el folleto y que tendrían que haber sido incorporados. La diferencia de escala entre los 2 proyectos tiene una enorme diferencia en términos financieros a valor presente. Los ingresos aeroportuarios por pasajero son muchos más altos en un Hub, por el impuesto al uso de aeropuerto, el TUA, y por los ingresos no aeroportuarios, que no aparecen en ninguna parte del folleto. Estos ingresos no están bursatilizados como es el TUA -que ya se invirtió en la obra y que no podrían trasladarse a Santa Lucía-, la Fibra E -cuya inversión se perdería-, o los recursos inyectados por las Afores.

Los ingresos no aeroportuarios son los que se cobran a las aerolíneas para oficinas, los estacionamientos, las tiendas, restaurantes o establecimientos como las arrendadoras de automóviles. Tampoco considera la fuente de ingresos de lo que llaman "la ciudad aeropuerto", una superficie de 400 hectáreas dentro del aeropuerto de Texcoco, que incluiría hoteles, bodegas de paquetería y oficinas, además del aprovechamiento del bien raíz del actual aeropuerto. Todos estos ingresos no existirían en Santa Lucía.

Esta opción tendría un costo adicional en multas por la cancelación de Texcoco, que no podría ser compensado, porque no sería Hub y su volumen lo haría insuficiente en menos de 20 años, lo que disminuye significativamente sus ingresos. El folleto sólo menciona que habría "posibles pérdidas económicas por cancelación en Texcoco". Es más grave, y según los expertos, la repercusión en los mercados será mayor.

"Sería visto como una opción de radicalismo que los asustará", dijo uno de los expertos. "Verían que López Obrador no es Felipe González, sino Bolivia".

Es conocido el grueso expediente armado por la Auditoría Superior de la Federación sobre desvíos en Sedatu y en la secretaría que ocupó Rosario Robles antes, la Sedesol. El esquema es el mismo que se usó desde el sexenio de Felipe Calderón y se afinó en el de Peña Nieto.

La nueva mayoría morenista se monta en esa información, que se conoce gracias a los medios de comunicación, para brillar en la escena.

Pero por encima de ellos están las palabras de su líder, el presidente electo López Obrador, de que Robles es un chivo expiatorio, que no va a meter a la cárcel a políticos para legitimarse, que desconfía de la sociedad civil fifí que impulsa el Sistema Nacional Anticorrupción y una fiscalía general autónoma; que los medios de comunicación fifí protegen a los "verdaderos" culpables, misteriosos personajes que habrían controlado a Robles y a todos los corruptos desde hace 30 años y que nunca identifica.

Lo de ayer es simplemente una apuesta por la catarsis. El destino de las gruesas investigaciones de la ASF sobre desvíos de miles y miles de millones de pesos no depende ni de los medios ni de los diputados ni de la sociedad civil ni de los fiscales que elegirá el nuevo presidente con el aval de su mayoría legislativa.

La justicia en el caso de los millonarios desvíos en secretarías encargadas de programas sociales para los más pobres depende de la voluntad de un solo hombre, el futuro presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo demás es teatro.

En esta etapa de transición, en la que el gobierno en funciones está desaparecido y el gobierno electo ha ocupado sus espacios delineando sus planes, la sociedad civil y los medios de comunicación se han convertido en los únicos contrapesos del poder que aglutina el presidente entrante Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena.

Alguien diría que es un contrapeso prematuro, pues López Obrador aún no es presidente. Pienso que no, porque ya tiene control en el poder legislativo desde donde ya está ejerciendo gobierno, y con declaraciones por aquí y por allá va anunciando lo que podría volverse política pública del poder ejecutivo a partir del 1 de diciembre.

La sociedad civil y los medios de comunicación no pueden sustituir a los partidos de oposición porque su misión no es oponerse como modo de vida. A las organizaciones de la sociedad civil toca mantener en agenda las exigencias y recomendaciones que han enarbolado durante los últimos años, y presionar para que el gobierno electo adopte las mejores prácticas. A los medios toca seguir denunciando, señalando, informando.

Desde mi punto de vista ha estado sucediendo. Frente a los hechos en el congreso y los anuncios para la Presidencia, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación no han dejado de cumplir su papel. Las críticas y exigencias que en los últimos años pudieron haber contribuido a generar un clima de indignación que condujo a Morena a arrasar en las elecciones de julio, siguen ahí convertidas en demandas que debe enfrentar en el legislativo y el ejecutivo.

Al presidente electo le gustan mucho los dichos populares. Podría echarse mano de que a la sociedad civil y a la prensa toca estar "de chicotitos" del nuevo régimen. El chasquido suele ser molesto, irritar, doler y generar reacciones.

La relevancia de ambos sectores se vuelve todavía más importante debido a la desarticulación de los partidos de oposición.

Las acciones y declaraciones del próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, son un creciente irritante para una creciente parte de la sociedad. La expresión más nítida de esta molestia la expresó Macario Schettino la semana pasada, donde describió las ocurrencias y la incapacidad del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con énfasis en el futuro funcionario. Cuesta trabajo creer que el ingeniero Jiménez Espriú sea tonto como sugirió Schettino, aunque tampoco se entiende, salvo que tenga intereses creados para sabotear la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, cómo puede decir tantos disparates.

No se entiende que Jiménez Espriú, en desacato de la instrucción de López Obrador para ser imparcial en la discusión sobre dónde construir el nuevo aeropuerto, insista en desinformar a la sociedad, salvo que en realidad sea por ignorante. El último episodio, explotado en público, fue la manipulación que hizo del informe de la Organización de Aviación Civil Internacional, que afirmó decía que la Base Militar Aérea de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez" podían operar de manera simultánea. Tramposo el ingeniero. Lo que realmente señalaba es que la alternativa de Santa Lucía "a largo plazo, y aun en combinación con el AICM, se consideraría insuficiente e invalidaría la opción".

La OACI certificó, en cambio, el diseño de 3 pistas de operación simultánea en Texcoco, donde participó la Corporación Mitre, con sede en Estados Unidos, que es la autoridad mundial en seguridad aérea, que Jiménez Espriú creía era una empresa argentina. Tampoco se entienden los dichos del futuro secretario de Comunicaciones y Transportes cuando dice que de seguir la obra en Texcoco, el aeropuerto estaría listo hasta 2024, porque según el cronograma de la obra, 2 pistas estarán listas a finales del próximo año, y la terminal para 2020, cuando dejaría de operar el AICM. O miente con dolo o es un alcornoque.

Jiménez Espriú dijo que más allá de cuál sea la opción final, habría que resolver la saturación de vuelos en la Ciudad de México, apoyándose en el aeropuerto "Adolfo López Mateos" de Toluca, cuya operación simultánea, afirmó, permitiría dar cabida de 48 a 50 millones de pasajeros anuales. Se le olvidó que el año pasado, el AICM tuvo casi 45 millones de pasajeros, y en los 8 primeros meses de este año, hubo 31.5 millones de pasajeros, un incremento de 5.7% con respecto al mismo periodo en 2017. Sin Toluca, la cifra será probablemente rebasada para 2019.

La rehabilitación de los 2 aeropuertos para aliviar la saturación supondría una inversión de 5,000 millones de pesos, aunque hay otras dificultades. Jiménez Espriú adelantó que se ampliarían las terminales en el AICM, pero no caben más terminales junto a la Terminal 1. Para ampliar la Terminal 2 tendrían que tirar los hangares presidencial -si López Obrador vende el avión presidencial, no sería problema-, pero también el de la Marina -si como afirma el presidente electo, también venderá las aeronaves de la Marina, tampoco habría problema-, así como la terminal de la aerolínea privada Aeromar.

Con ligereza, Jiménez Espriú dijo que rehabilitar Toluca generaría entre 10 y 14 millones de pasajeros anuales, como resultado de un "sistema aeroportuario con mayor eficiencia, capacidad y mejor tecnología". El informe de OACI que cita parcialmente, estudió la red aeroportuaria propuesta en el gobierno de Vicente Fox por el entonces subsecretario de Transporte, Aarón Ditter, -hoy asesor de Jiménez Espriú-, y concluyó que ninguno de los aeropuertos del sistema metropolitano o la combinación de varios de ellos, "representa una solución con garantías suficientes para complementar la demanda no atendida por el AICM". Es decir, Toluca no resuelve la saturación, Cuernavaca tiene un aeropuerto que no sirve, Puebla ayudaría parcialmente y Querétaro está muy lejos. Santa Lucía, en combinación con el ACIM, tampoco.

Es cierto que Jiménez Espriú la planteó como temporal, mientras está el nuevo aeropuerto. Pero no se entiende, negándose uno a aceptar que sea tonto, como sugiere Schettino, que desconozca tanta información. La operación en Toluca se desplomó porque las aerolíneas de bajo costo -que normalmente operan desde aeropuertos secundarios-, encontraron que era inviable, financiera, logística y operacionalmente trabajar desde esa terminal, y se mudaron al AICM.

Jiménez Espriú tampoco ha dicho -esta es la principal dificultad que ve la industria a sus dichos-, cómo dividiría el nuevo gobierno las operaciones aéreas entre los 2 aeropuertos, lo que hace suponer que se trata de una ocurrencia. Además, ignora o esconde que Toluca es la principal terminal privada de América Latina, por lo que una operación de gran escala como la que plantea -entre 100 y 300% más de su capacidad histórica-, generaría otra saturación de vuelos.

Toluca presenta, además, dificultades climatológicas, y por temporadas está cerrado por niebla cuando menos una vez a la semana, por lo que desde 2007 se tuvo que instalar un servicio de localización categoría 3 para apoyar a los pilotos, que tendrían que ser capacitados. La altura es otro problema. El costo de combustible en Toluca incrementaría el costo para las aerolíneas en 15%, y cuando la mayor carga de combustible se combina con altas temperaturas los vuelos se complican. Por ejemplo, cuando hubo una ruta directa a Madrid hace unos 10 años, se dieron casos que por alta temperatura los aviones tuvieron que hacer escala para llegar a España.

Son demasiadas las inconsistencias de Jiménez Espriú, quien ha dado muestras suficientes para que se dude de su capacidad de comprensión y conocimiento. Ciertamente, el ingeniero, en el mejor de los casos, es un incompetente.

El diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, descartó que la bancada de su partido vaya a financiar la consulta sobre la ubicación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).

Ayer, el vocero del gobierno electo del virtual mandatario Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez, dio a conocer detalles de la consulta, a realizarse del 25 al 28 de este mes en mesas de votación a instalarse en 538 municipios y que se prevé cueste 1.5 millones de pesos. Aseguró que diputados de Morena y eventualmente de otros partidos, contribuirían para asumir los costos.

Sin embargo, Muñoz Ledo indicó "los diputados no vamos a financiar nada de eso, absolutamente, pasó el tiempo en que los diputados de Morena enviaban recursos a la campaña del presidente electo, ahora no, ya ganamos, ya no tiene sentido, no veo posibilidades de que diputados inviertan en un proyecto así, esa consulta debe hacerse a través de órganos calificados".

A pesar de ello, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, discrepó de Muñoz Ledo y afirmó que su bancada sí pagará por la consulta. Declaró que el presidente de la Mesa Directiva "no está enterado, es una cuestión der la fracción parlamentaria de Morena".

Andrés Manuel López Obrador se muestra muy seguro: "¿Saben cuánta gente está de acuerdo en el sureste en que se construya el Tren Maya? El 80%, según una encuesta que me acaban de entregar". El estudio se lo entregó el gobierno de Campeche, es telefónico y lo realizó De las Heras Demotecnia con 2,500 encuestados.

Es altamente cuestionable que las obras públicas sean decididas por encuestas de popularidad en vez de por estudios de necesidad y factibilidad, pero éste es el camino que ha tomado López Obrador con el aeropuerto de Texcoco. Solo que el camino se vuelve cada vez más tortuoso.

La idea de que el tema del aeropuerto se definiría en una consulta popular, que la ley prevé desde 2014, cayó por tierra porque el nuevo gobierno tendría que esperar cuando menos hasta 2021 para realizarla y el ejercicio tendría que ser organizado por el INE, una institución autónoma. Por eso se decidió por una consulta popular que no es la que prevé la ley, y no en todo el país, sino solo en 538 municipios. La consulta, además, será acompañada por una encuesta. Nadie ha dicho qué pasará si la encuesta y la consulta tienen resultados discrepantes, aunque al final importa poco, porque si los nuevos estudios demuestran que el actual AICM y Santa Lucía no son compatibles, el proyecto favorecido por AMLO no se realizará.

La opción de Santa Lucía se está considerando a pesar de que no hay un proyecto ejecutivo o siquiera alguna idea de cuánto costará. Un documento titulado "Plan maestro + Edificio terminal" divulgado por el próximo gobierno señala que el costo será de 70,342 millones de pesos, pero el Colegio de Ingenieros Civiles advierte que, si nada más se considera el número de metros cuadrados, el costo no podría ser inferior a 215,000 millones de pesos. Un especialista no podría tomar una decisión con información tan incompleta, pero ésta es la que tendrá el pueblo sabio para la suya.

Ninguna consulta se necesita en cambio para el Tren Maya. "No es que no hay consulta en este caso -advierte el presidente electo-, es todo el pueblo que está opinando". Quienes cuestionan la necesidad o a viabilidad del tren son "conservadores" o parte de la "prensa fifí" por lo que su opinión no es seria. "Ya chole" con las críticas.

El tren tendrá una longitud "aproximada", según un "proyecto" en la página de internet de López Obrador, de 1,525 kilómetros. Si la longitud es aproximada es porque el documento presenta solo dibujos del trazado general. El presidente electo y su gente han declarado que el tren costaría 150,000 millones de pesos, pero no hay información sobre las bases de este cálculo. Al igual que en el aeropuerto de Santa Lucía, no hay proyecto ejecutivo que permita definir los costos. López Obrador, además, dice de forma increíble que no se va a expropiar ningún terreno ni se va a tirar ningún árbol.

No hay tampoco un estudio que justifique el flujo de pasajeros, los niveles de ocupación o los precios de los pasajes. Los integrantes del equipo de López Obrador señalan que se trata de un proyecto "hermoso", pero esto no es una base muy sólida para justificar una inversión de 150,000 millones de pesos.

A pesar de que al presidente electo le parece obvio que el aeropuerto de Texcoco debe someterse a una consulta popular pero el tren no, el razonamiento no es claro. Si solo la prensa fifí tiene dudas, algo malo está pasando con el resto de la prensa y con los especialistas.

Desde luego que es válido ser un militante antilopezobradorista verbal y en redes sociales. Hay muchos a quienes no les gusta el personaje o sus postulados. No votaron por él y están en todo su derecho de preferir otra opción política. Ni siquiera se puede decir que sean ciudadanos decepcionados o desilusionados, porque en realidad la mayoría de ellos nunca se ilusionaron.

Más aún, conozco a muchos críticos de Andrés Manuel que me merecen respeto, que son inteligentes y bien intencionados.

El coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, Damián Zepeda, afirmó que el problema del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es que carece de una propuesta sólida en materia de seguridad pública y por eso sólo declara sobre temas aislados.

"El problema del presidente electo es que solo declara sobre temas aislados y no tiene una visión clara de cómo abordar los problemas que más urge resolver en el país, como es el tema de la seguridad pública".

"Es preocupante que no diga con claridad cuál es su política, sus propuestas concretas. Esperamos que cuando por fin esté gobernando acaben ya las declaraciones de ocurrencias", sentenció.

Sobre la propuesta del presidente electo de reclutar a 50,000 jóvenes para que se integren a las fuerzas armadas, Zepeda Vidales señaló que esta declaración contradice sus propuestas de campaña, en la que se comprometió a fortalecer a las policías civiles, más allá del tema del Ejército y la Marina.

"Está declarando ocurrencias un día sí y un día no, y no hay una consistencia, no hay una política pública que se ponga en la mesa", lamentó.

Damián Zepeda hizo un llamado a que haya claridad sobre la política de seguridad que implementará el próximo gobierno y, particularmente, un planteamiento serio para la coordinación y el trato que se le debe dar a las fuerzas armadas, que sin estar diseñadas para ello, han hecho un gran esfuerzo para dar seguridad a las personas y superar las insuficiencias que presentan las policías en muchas regiones del país.

El ingeniero Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la SCT, ya hizo célebre un texto del estudio preparado por la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) para el gobierno mexicano en noviembre de 2013.

Melvin Cintron, quien encabeza la oficina de la OACI para Norteamérica, dio una entrevista el viernes pasado en la que señaló lo siguiente:

"Ese estudio (el de 2013) indica que sí hay muchas opciones viables y que cada una de ellas tiene sus pros y contras. En cuanto a la seguridad operacional del espacio aéreo y cómo se puede llevar a cabo sin tener los mayores riesgos, eso se hace a través de un estudio más exhaustivo del que actualmente se tiene".

El estudio de 2013 analizó detalladamente ventajas y desventajas de 4 opciones: el nuevo aeropuerto en Texcoco; la operación del actual junto con uno nuevo en Tizayuca; el sistema metropolitano de aeropuertos (sumando Toluca, Cuernavaca y Querétaro) y el crecimiento del actual.

Si se visualiza una solución a largo plazo, la opción recomendada en ese estudio es inequívoca: Texcoco es la mejor opción.

El hecho de que el estudio de la OACI no aborde a profundidad el tema de la compatibilidad de la operación comercial de Santa Lucía y el AICM, es lo que lleva a Cintron a afirmar que para analizarlo se requiere un estudio más completo.

Es legítimo que un gobierno entrante pueda tener reservas respecto a decisiones tomadas por uno anterior. Y es legítimo que pida opiniones independientes para considerar opciones que eventualmente las modifiquen.

Si en julio, AMLO hubiera dicho: "vamos a aprovechar estos meses de transición para pedir un estudio completo a la OACI y luego tomaremos la decisión de si seguir o no", tal vez no hubiera gustado a muchos pero era una decisión racional.

En contraste, realizar una consulta que eventualmente pueda elegir una opción en la que hay dudas en su operabilidad aeronáutica puede ser un desastre.

Aún queda tiempo y opciones para reconsiderar. Sería mejor tener un retraso en la obra, que correr el riesgo de dar un salto al vacío al tomar una decisión que puede costar miles de millones de pesos y años de atraso.

El candidato perdedor cuestionó los resultados, lo cual es bastante común en nuestro país. Lo curioso es que solo objetó la elección de gobernador, a pesar de que ese mismo día, en las mismas casillas, bajo las mismas reglas y con los mismos ciudadanos se llevaron a cabo otros 5 comicios.

Los triunfos de Morena en las elecciones que se llevaron a cabo en Puebla el 1 de julio para legisladores federales y el de Andrés Manuel López Obrador para presidente fueron limpios y justos, según el candidato estatal de Morena Miguel Barbosa. Su propia derrota en la elección para gobernador fue producto de un gran fraude.

Ante lo cerrado de la elección, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó un inédito recuento voto por voto. Es lo que había pedido en un principio el propio Barbosa. Pero una vez que se contaron nuevamente los 3 millones de sufragios, el Tribunal Electoral de Puebla ratificó el triunfo de Martha Erika Alonso, la esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle, postulada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano.

Barbosa había pedido la anulación de 1,594 casillas, y en consecuencia de toda la elección para gobernador, pero los magistrados encontraron irregularidades que ameritaran anulación en solo 59. Alonso perdió 9,000 votos y Barbosa 8,000 al anularse estas 59, muy lejos de lo que se necesitaría para revertir el resultado en el estado.

El candidato no ha reconocido la derrota. Ya lo había adelantado. Se entiende incluso que haya pedido la anulación de toda la elección. Un simple recuento de votos, o anulaciones parciales, como la de las 59 casillas, no le darían el triunfo. Hasta ahora, sin embargo, los magistrados electorales no han aceptado anular toda la elección.

Le queda a Barbosa todavía una posibilidad, la sala superior del Tribunal Electoral. El candidato de Morena afirma que ahí encontrará la justicia que no le dio el tribunal poblano, el cual considera cooptado por la mafia del poder de los Moreno Valle. Pero no hay ninguna certeza de que los magistrados federales vayan a cambiar la decisión de sus colegas poblanos.

Para Barbosa, en lo personal, el tema es fundamental. Si bien fue durante mucho tiempo uno de los críticos más severos de López Obrador, a quien acusaba de populista y autoritario, cuando el PRD se negó a hacerlo candidato al gobierno de Puebla prefirió pasarse a Morena. López Obrador lo aceptó, al parecer, porque no tenía opciones fuertes para el gobierno estatal, pero la utilidad de Barbosa se desvanece si no ha podido ganar la elección de Puebla. Hasta ahora el presidente electo no ha anunciado que quiera emplear a Barbosa en ninguna responsabilidad en el nuevo gobierno.

Para Moreno Valle, que se hizo a un lado de la contienda presidencial para apoyar a Ricardo Anaya en el PAN, el triunfo de su esposa en Puebla es una muestra de que sigue conservando su fuerza política. Esto le permitirá tener un papel más relevante en la necesaria reconstrucción del PAN. Antes de celebrar, sin embargo, todavía hay que esperar la resolución de la sala superior del Tribunal Electoral.

Para la mayoría de los ciudadanos, los comicios de Puebla ratifican que tenemos procesos electorales con muchas salvaguardas, organizados por el INE y los organismos electorales locales, pero revisados por varios tribunales. Esto, sin embargo, no ha sido suficiente para lograr que los perdedores reconozcan sus derrotas.

El candidato a la dirigencia nacional del PAN, Marko Cortés, acusó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de debilitar y no fortalecer a las instituciones, con sus convocatorias a jóvenes a engrosar al Ejército y Policía Federal y su "censo" voluntario para programas sociales.

Esas tareas corresponden al Ejército Mexicano y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), planteó el panista en entrevista, al señalar que su partido será vigilante de que se respeten las tareas que corresponden a cada institución.

Cortés dijo que no sólo el PAN se compromete a cuidar a las instituciones y el equilibrio de poderes, sino a exigir al próximo gobierno que cumpla sus promesas, como el de la reducción a precio de las gasolinas, lo que impulsó en campaña y desde la pasada legislatura, pero ahora quien será secretaria de Energía, Rocío Nahle dice ahora "que no se va a poder".

"¿Por qué se están echando para atrás? Acción Nacional también y yo siendo su dirigente vamos a exigirle a Andrés el cumplimiento de sus ofertas de campaña", advirtió.

Aunque esto legalmente va a suceder desde el próximo 1 de diciembre, nuestro querido Presidente electo ya está actuando como dueño de México y en realidad lo va a ser a partir del 1 de diciembre.

Nos damos cuenta que el Congreso de la Unión tiene mayoría Morena que es el partido que fundó y que maneja nuestro querido Presidente electo. Con esa posición podría, en una de sus ocurrencias, hasta modificar la Constitución. Ya expresó que quiere ser el mejor presidente que ha habido en México; ojalá lo consiga y también ojalá realice la mayor parte de todas las promesas y propuestas positivas que ha manifestado.

Ciertamente está soñando con una serie de objetivos que, para llevarlos a cabo, se necesitan miles de miles de millones. También ha afirmado que México vivirá y se regirá por la verdadera democracia; realmente no sé a qué tipo de democracia se refiera, porque sin preguntarle a nadie, solamente decide la realización de acciones sin hacer consulta popular como lo ha prometido.

Ya hubo manifestaciones de los empleados y los integrantes de algunas secretarías de estado, que López Obrador definió su traslado a diferentes estados y ciudades de la república, sin haber hecho la consulta popular correspondiente entre el personal de dichas secretarías, consulta que fortalecería la verdadera democracia.

Asimismo, ya anunció sin preguntarle a nadie, que el día 1 de diciembre se inicia el Tren Maya con sus 1,500 kilómetros, atravesando áreas protegidas de reserva natural, sin estudios de impacto ambiental y sin la participación de los verdaderos expertos, sin calcular realmente si se puede costear y los beneficios que podría tener el Tren Maya.

Así como hay ocurrencias disparatadas, también tiene proposiciones positivas como es la posible creación del Tren en el Istmo de Tehuantepec, que éste efectivamente produciría un gran beneficio para México. Recuerden que ya los gringos habían tratado con Juárez de realizar y poseer la comunicación de los 2 océanos a través del Istmo de Tehuantepec.

Esperemos que realice su promesa de hacer las obras y acciones principales basadas en la consulta popular de los mexicanos, que entre ellas está la Reforma Energética, la Reforma Educativa y como él lo ha anunciado, la absurda consulta popular sobre el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, que cuando estuviera terminado traería gran beneficio al país, y realmente que desaparezca o disminuya por lo menos, la corrupción y la delincuencia.

Estos líderes sin embargo no actúan solos ni podrían hacerlo, necesitan rodearse de toda una serie de colaboradores para fin de poder ofrecer a la comunidad otro modelo de autoridad, de servicio y de resultados, sobre todo cuando han prometido que el cambio radical y revolucionario comenzará con ellos.

Pero los colaboradores no son necesariamente repetidores del líder, ni siquiera hay certeza de que compartan los mismos ideales o las mismas estrategias para alcanzarlos. En un campo tan enorme como es el del servicio público, hay espacio para todas las posturas y para todos los intereses. Incluso aquellos miembros de la burocracia, cualquiera sea su nivel, que se han familiarizado profundamente con la corrupción, pueden colarse sin mayor problema y esperar que la fama impoluta del líder triunfador, pueda brindarles mayores posibilidades de seguir medrando como de costumbre.

También puede suceder que éstos aprovechen la contingencia para manejarse por su cuenta llevándose entre las patas al líder y a todas sus promesas.

Ya ha habido connatos. Celebrar el triunfo de la austeridad republicana con Champán o con bodas multimillonarias puede ser apenas el comienzo del gran carnaval de la izquierda triunfante, mostrando así que ante los excesos de los gobiernos precedentes más que una alternativa seria lo que había era un gran resentimiento, envidia pues, y por lo tanto, una búsqueda de reivindicación, es decir, tumbar al sistema para reproducirlo pero ahora en beneficio de la izquierda. Nuestro nivel de desarrollo político y democrático es todavía tan bajo, que cualquiera sea el partido o la ideología en turno, se acaba siempre repitiendo las mismas actitudes. Cierto, también como personas seguimos arrastrando taras mentales aún no superadas, complejos históricos, sentimientos de inferioridad revanchistas a la primera oportunidad, ausencia de honestidad para administrar a favor de todos los bienes públicos, nepotismos incurables nunca reconocidos, un sentido del bien inmediato individual tan "realista" que se pone por encimad de quien sea y se burla de lo que sea.

En el entretanto el oportunismo típico de innumerables políticos representantes de las corrientes ideológicas derrotadas, les ha permitido ya elegir pareja para mantenerse en el baile de los triunfadores, para ellos no otra cosa que la mascarada de cada 6 años.

El escenario era previsible, y aunque todavía el nuevo gobierno no asume el poder, persiste el riesgo de pasar del líder "bonito" que fracasó, al abuelo consentidor que lo hará también.

Se antoja difícil que el presidente electo pueda cumplir cabalmente con todas las promesas que hizo en la campaña, que por cierto duró la friolera de 18 años, de manera que López Obrador tuvo tiempo de arrojar una andanada de ideas de toda clase. Lo que se está observando ahora es que la realidad comienza a imponerse con crudeza y sin tapujos.

Lamentablemente en toda democracia la demagogia y la irresponsabilidad prevalecen sobre la cordura y la prudencia, de forma que la realidad implacable comenzará a imponerse a pesar de todo lo que pueda decirse o hacerse para engañarla o suplantarla. La realidad, como el agua, no respeta nada y su curso inevitable se impondrá por sobre todo lo que se haya prometido u ofrecido anteriormente.

(V.periódico El Informador en línea del 12 de octubre de 2018).

La "cancelación de la reforma educativa" que la nueva administración de AMLO pretende hacer y de la cual han dicho "no quedará ni una coma", porque pésele a quien le pese, de la "mal llamada reforma educativa" (como AMLO la ha mal llamado) muchas cosas deberán permanecer aunque sea con ajustes, como sería la evaluación y formación de docentes, la autonomía del INEE, el ingreso través de concursos abiertos y transparentes, el combate a la corrupción relacionado con la venta, renta y herencia de plazas, el nuevo programa educativo, el aumento de salarios con base en esfuerzo y mérito, etc. Obviamente algunas cosas habrán de modificarse, para tomar en cuenta ciertas sensibilidades y eliminar el estigma que se le colgó al magisterio de ser responsables únicos del fracaso educativo, pero de lo que estoy seguro es que a la reforma educativa le quedará mucho más que una coma y cambiará de nombre para así "cumplir" la promesa de tirarla abajo.

Cambiarle el nombre a las cosas no cambia las cosas. Lo único que cambia son las percepciones y el prestigio que los políticos buscan para pasar a la posteridad adjudicándose la paternidad de ciertas leyes, reformas o tratados.

Para AMLO la mal llamada reforma educativa pertenece a Peña, y la verdadera reforma educativa (o como decidan llamarle) le pertenecerá a él y a la Cuarta Transformación de México con la que busca pasar a la historia.

Para los políticos los nombres, las percepciones y los símbolos, esas formas de exteriorizar un pensamiento o idea importan más que el fondo (por algo dicen que "en política la forma es fondo") y mientras más alejada esté la realidad de la percepción, mejor para ellos, pues siempre será más fácil vender y comprar sueños que realidades.

Llámese como se llame, modifíquese lo que se modifique, al final la nueva reforma educativa serán la misma gata revolcada, porque en la práctica la forma nunca será fondo.

"Las percepciones ganan los votos que las realidades quitan".

Durante la instalación de la Comisión de Presupuesto, el coordinador de los perredistas, Ricardo Gallardo, propuso que antes de aprobar el proyecto de egresos se reduzcan los precios de los combustibles.

"El PRD buscará, antes de aprobar el Presupuesto de Egresos 2019, bajar el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad, mediante la fórmula de desaparecer el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que se aplica a esos energéticos, como lo prometió el presidente electo en su campaña, cuando afirmó que ese impuesto era ilegal", expresó.

AMLO, al parecer, sopesa el sentir de los ciudadanos, pero al final será él quien decida. Veamos el caso de la consulta sobre el NAIM. López Obrador anuncia que se hará en 538 municipios mediante urnas, y que la Fundación Arturo Rosenblueth será la responsable de contabilizar los votos. También habrá una encuesta levantada en domicilios.

Pero ojo: no se ha dicho que el resultado de la consulta será tomado al pie de la letra. Al final, y eso se lo puedo firmar, será el propio López Obrador quien decida si se mantiene la obra en Texcoco o se le da otra ubicación. Será el pulgar de AMLO el que decida; lo demás es solo trabajo indicativo. Solo así se explica el hecho de que AMLO y su equipo, en especial Javier Jiménez Espriú, mantengan su negativa a mantener el nuevo aeropuerto en Texcoco. Como no pueden parecer autoritarios, tendrán que involucrar a la sociedad civil, pero nada garantiza que se acate la recomendación si acaso es desfavorable a su proyecto.

Lo más importante a mi juicio es que la consulta-encuesta ciudadana será realizada antes de que López Obrador tome posesión, lo cual no le da ninguna validez oficial. Es decir, nadie está obligado a acatar los resultados y, por supuesto, nadie puede exigir de manera oficial que se transparente el proceso. Así de sencillo.

Así que cuando AMLO anuncie el resultado de su consulta, no podré evitar que en mi mente se forme la imagen de un López Obrador levantando el puño ante el público de un circo romano. ¿Hacia dónde apuntará el pulgar?

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), autoridad mundial en aeronáutica, concluyó que la opción de utilizar la base militar de Santa Lucía como aeropuerto "es claramente insuficiente" para absorber la demanda de la actual terminal y sustituirla en 30 años.

En su estudio "Necesidad e idoneidad de la solución propuesta para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México", señala que se requiere una superficie como la que dispone Texcoco para el tratamiento de pasajeros y aeronaves en tierra para atender las necesidades de transporte aéreo, con un horizonte de vida superior a los 30 años que requiere operaciones segregadas triplicadas, es decir, de 3 pistas asignadas para despegues y otras 3 para aproximaciones independientes.

El ingeniero Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, ayer en conferencia de prensa se refirió al estudio de la OACI para sustentar su afirmación de que la operación simultánea de Santa Lucía y el actual aeropuerto "es una poderosa opción".

No obstante, omitió la lectura del 4o. párrafo de la página 69 del estudio, que sostiene: "Sin embargo, si se trata no solo de que, ahora, absorba la demanda no atendida del AICM, sino que en un horizonte de 30 años sea quien lo sustituya por completo, Santa Lucía es claramente insuficiente".

Asimismo, la OACI indica que en definitiva, "entre la opciones contempladas, la más adecuada es la de la construcción del NAIM en el emplazamiento de Texcoco que sustituya completamente al actual". Aclara que el AICM está "agotado porque no tiene posibilidad de dar más de sí en términos de capacidad" y "deberá cerrarse".

En las conclusiones del estudio se enuncia entre las ventajas que "el sitio de Texcoco presenta una mejor disponibilidad de desarrollo de terrenos", la cercanía entre el lago y la Ciudad de México que permitiría un rápido acceso a la capital y, como se trata de un aeropuerto que en el corto o medio plazo sustituirá al actual, Texcoco permite ubicar 6 pistas paralelas que darían una capacidad para atender hasta 120 millones de pasajeros al año.

Jiménez Espriú reiteró que el nuevo gobierno invertirá casi 5,000 millones de pesos para una "cirugía mayor" a los aeropuertos de la Ciudad de México y de Toluca, independientemente del resultado de la consulta sobre la construcción, porque la saturación obliga a "tomar medidas inmediatas".

López Obrador descartó que la consulta sea una simulación y garantizó que, en caso de que gane la opción de construir 2 pistas en Santa Lucía, se garantizará la inversión a los empresarios involucrados en el NAIM y se respetarán los contratos.

También anunció que independientemente del resultado de la consulta hablará con las aerolíneas para utilizar más el aeropuerto de Toluca, con capacidad para 8 millones de pasajeros que solo usan 600,000.

El exhorto para no construir pistas en la base militar de Santa Lucía es por seguridad nacional y no por un capricho, expresó Juan Ibarrola.

El especialista en fuerzas armadas resaltó que es una zona militar que alberga a 1,500 familias, la cual deberá reponerse en caso de ocuparla.

Dijo que ese proyecto no tiene sentido, pues la base militar "es el corazón estratégico aéreo del país" para resolver emergencias.

Circuló en redes sociales un penoso video donde los futuros secretarios de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú, Josefa González de la Semarnat y Román Meyer de la Sedatu, acompañados de un grupo de supuestos "luchadores sociales" de una organización denominada "Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra" y de los famosos opositores del proyecto del aeropuerto vecinos de San Salvador Atenco, irrumpieron en un predio "propiedad privada" y literalmente fueron, con toda la razón del mundo, invitados, amablemente, a salir del mismo, por la representante legal de la empresa "Martínez y Villegas" Lic. María Susana Rodríguez, por estar precisamente, sin razón alguna, invadiendo propiedad privada, cosa que molestó mucho al señor secretario, quien abiertamente amenazó a la apoderada del dueño del predio.

Al parecer, o los señores futuros funcionarios públicos ignoran la legislación, o a la "Cuarta Transformación" le tiene sin cuidado la tutela y cumplimiento de la ley, ya que mientras no tengan un nombramiento firmado por el presidente en funciones Manuel Andrés López Obrador, son, igual que todos nosotros, unos simples mortales, y aunque hayan sido iluminados por el rayito de esperanza, no pueden bajo ningún título, y menos acompañados de una bola de pelafustanes armados con machete en mano, invadir un predio, ya que este, al gozar de una concesión federal para explotar una mina de materiales, es equiparable a la propiedad privada. Habrá que regalarle a los señores "seudo funcionarios", la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo 16 claramente señala: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Luego entonces el único facultado para causarle molestias a los concesionarios de la mina es "una autoridad competente" y ninguna de las 3 personas que acreditaron ser, en el futuro, probablemente secretarios de estado, tienen representación legal alguna del ejecutivo federal. Pero además, suponiendo sin conceder, que el señor ya fuera secretario de Comunicaciones no le faculta para irrumpir en un predio y solicitar ningún permiso o documentación alguna, y entonces tendremos que regalarle al señoringo, (como dice MALO), la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, legislación que fija la competencia de cada una de las secretarias, y que cree, señor Javier Jiménez Espriú, esa ley, la cual tendrá que acatar una vez que tome protesta de su cargo, no le otorga facultad alguna, para solicitar a un concesionario de una mina, la escritura, simplemente porque las concesiones mineras se acreditan con el Título de Concesión otorgado por la Secretaría de Economía, y aunque usted haya afirmado que va a citar el día 2 de diciembre al dueño de la empresa para que le exhiba "todas las autorizaciones que tiene para explotar este banco" se va a quedar con las ganas, porque insisto, es facultad exclusiva de la futura secretaria de Economía, por lo que le recomiendo señoritingo Javier Jiménez Espriú, en lugar de andar organizando marchas con alborotadores profesionales, ponerse a estudiar la ley para que conozca cuáles son las atribuciones de la secretaría que usted dice que va a tener, y una vez que tenga en su mano el nombramiento respectivo, se ponga a trabajar en bien de la nación y no de intereses particulares cuyo único interés es descarriar el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México para ellos construir Santa Lucía. Ya veremos si en su declaración 3de3 revela sus nexos con algunos interesados.

El Estado de México fue el lugar donde Andrés Manuel López Obrador declaró, una vez más, su guerra a los medios. No sería algo fuera de lo normal: una y otra vez, la relación de AMLO con la prensa ha sido tirante, ríspida, de confrontación.

La diferencia es la investidura. El Presidente Electo acusó a los reporteros y analistas que han señalado incongruencias o acciones fuera del canon de la cuarta transformación de conspirar en su contra. "Prensa Fifí", como adjetivo que segrega la verdad del interés.

Ya no son parte de la "Mafia del Poder", sino medios cegados por la crítica y la pérdida de privilegios.

Privilegios obtenidos a partir de la publicidad oficial.

Porque la verdadera acusación ante los señalamientos contra la boda de César Yañez, de la consulta del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, de la suspensión de los foros de paz más lo que se acumule son de dinero. El subtexto de la crítica es claro: una lucha ante el recorte de la publicidad oficial.

Cierto, muchos medios pasarán penurias ante la falta de recursos gubernamentales. Muchos de ellos deberán de analizar si no cayeron en la trampa de pagar altas cantidades de salario a equipos de reporteros y analistas sobrevaluados que, ante el recorte, muestran su verdadera dimensión. Muchos de estos analistas deberán encontrar nuevos derroteros profesionales ante la anemia de dinero público.

López Obrador sigue navegando en las aguas de la tolerancia y la permisividad que le dan el haber ganado la elección presidencial con un 53% de la votación.

A mes y medio de tomar el poder, y por muchas dudas que vaya generando, vive aún en esa región de gran capital político en la que se le perdona todo.

Bien vista, su frase de: "Pues no me casé yo...", referida a la boda de su cercanísimo colaborador César Yáñez, es equiparable al: "¿Y yo porqué?", de Vicente Fox cuando se le preguntó si iba a intervenir en el agudísimo problema que provocó la disputa por la posesión del Canal 40 allá por el ya lejano 2003.

En el caso de AMLO, la boda de César Yáñez caló, y fuerte, porque los pejelovers están conscientes que la ostentaciónn de Yáñez en la celebración, y la posterior cobertura espectacular en la revista ¡Hola!, contraviene el discurso de austeridad del tabasqueño, y manda un mensaje muy torcido a los alineados al equipo de AMLO porque ellos tendrán que comerse completita la supervivencia en la austeridad, siempre con sueldos menores que el jefe, y que en caso de que efectivamente se les olvide o no puedan meter mano a dineros indebidos, pues ni soñando les alcanzarían sus ingresos para pagar una boda como la de Yáñez.

¿Por qué él sí? Se preguntarán. ¿Cómo es que trabajando con y para el paladín de la austeridad ha conseguido los suficientes recursos para pagar esa boda?

Y además, afuera de ese círculo de quienes están alineados con AMLO, está el 47% que no votó por él [47% que votó por otros, más los que no votaron por nadie, que juntos son aproximadamente el 60% del padrón electoral - el webmaster].

Y vale la pena recordar que no fue una elección fácil porque desde hace años el mensaje de López Obrador fue de enfrentamiento, de polarización, y se encargó de dividir a la población, de provocar desencuentros de cero tolerancia de unos con los otros y los otros con los unos.

Ese 47% que no votó por AMLO está ahí, expectante, esperando a que los errores (que ya empiezan a ser varios) se conjuguen con la disminución natural de su capital para entonces exhibirlo cada vez más y más.

No es un secreto que se la están guardando.

Pasaremos del escenario actual en que todo lo que hace el tabasqueño es políticamente correcto, al opuesto, donde todo lo que se haga contra él será objeto de críticas y burlas. Lo han vivido todos los presidentes.

Y entonces va a ser muy duro para el equipo en el gobierno, porque para rematar, no se puede hablar de cohesión o uniformidad entre ellos, son como "El Arca de Noé", hay de todas las "especies" políticas, y entonces aquello se va a convertir para unos en un infierno y para otros en una pachanga.

La desconfianza ha aflorado en el tema del llamado Censo del Bienestar. Según fuentes consultadas, el origen del levantamiento de un padrón de eventuales beneficiarios de programas sociales, que con 20,000 voluntarios en estos momentos realiza Morena, es la desconfianza en las cifras del actual gobierno.

Ser ingenuo es un lujo que ningún gobierno se quiere dar. Pero que por desconfianza se lancen a crear desde cero un padrón de necesidades sociales, mediante un aparato legal que no existe, es una cosa muy distinta.

Se hace con "voluntarios" surgidos de las redes de Morena, lo coordinan personas que hoy no son funcionarios ni tienen atribuciones legales; no se informa del presupuesto implicado, incluso si damos por bueno que los "voluntarios" viven del agua que compran con su dinero, la logística de despliegue de esos encuestadores implica costos.

Lo anterior sin contar que no sabemos las respuestas a interrogantes como: ¿la captura de la información es mediante un dispositivo electrónico, un celular o en cuadernos pagados por quién? ¿El procesamiento de esa información no lo van a hacer con ábaco, verdad, sino en computadoras de quién?, y finalmente ¿será cierto que esos voluntarios luego formarán parte de la Secretaría del Bienestar? Entonces no son voluntarios, son gente que está invirtiendo unas semanas a cambio de una chamba en el gobierno. Nada mal, pero ¿cómo confiar en que luego, como funcionarios, esos encuestadores no usarán la información recogida para hacer doble trabajo: como integrantes de una secretaría y como instrumentos electorales del partido Morena?

Por eso, para atajar la desconfianza es que en México llevamos décadas tratando de construir instituciones como el INEGI, que son de Estado no del gobierno en turno; que generan información seriada que a lo largo del tiempo, independientemente del color del partido que ocupe la silla presidencial, se puede cotejar y utilizar para diseñar políticas públicas.

La cuestión es que Morena tendría que confiar en instituciones como el INEGI y esperar al 1o. de diciembre para que, con facultades plenas, revisaran los padrones, consultaran a expertos, contrataran consultorías, e incluso, si así lo desearan, propusieran hacer un censo, cuyos resultados fueran confiables porque se hizo con los instrumentos del Estado, no solo con buenos propósitos, mucha desconfianza y no poco sentimiento de superioridad moral.

Hace 2 semanas comenzó la gangrena en el corpus político de Andrés Manuel López Obrador. La contaminación comenzó cuando se filtró en las redes sociales el menú del banquete de la boda de César Yáñez, su incondicional escudero de décadas, con la abogada Dulce Silva, que sugería una opulencia que chocaba con la conducta pública de austeridad que él mismo había mostrado por años, y sobre todo, contradecía todo el discurso del presidente electo. El incipiente escándalo escaló a niveles inimaginables en el contexto de López Obrador, cuando la boda apareció en la portada de la revista ¡Hola!, dándoles un tratamiento que le dan a la aristocracia. La molestia de López Obrador se sintió desde la misma cena de la boda hace 2 sábados, y llevó a Yáñez a la congeladora, que aún no ha sentido el rigor del enojo por encontrarse de luna de miel en París.

Las críticas no han cejado, con lo cual ha tenido un costo para López Obrador, que aún no se puede medir en imagen, pero sí en la sociedad política, donde se han transferidos los reclamos al presidente electo por el hecho de su proximidad. No va a parar este frenesí. Varios medios de comunicación están investigando quién pagó la boda y la portada y 19 páginas más de ¡Hola!.

Las pistas sobre una parte de la cobertura de los gastos apuntan hacia el gobernador Antonio Gali. Funcionarios poblanos no negaron ni confirmaron que el gobernador haya sido uno de los financieros, pero admitieron que hubo elementos de la boda que establecen relación circunstancial.

Gali tiene una muy buena relación con Yáñez, quien se enfrentó con su predecesor, Rafael Moreno Valle, porque metió a la cárcel a su hoy esposa. La señora Silva, se reveló en octubre de 2016, fue detenida junto con otras 4 personas, acusadas de haber servido de prestanombres de Leonardo Tiro Moranchel, un empresario inmobiliario que defraudó a 7,000 personas, y de haberse quedado con bienes inmuebles que las autoridades iban a utilizar para reponer parte del dinero defraudado. La señora Silva dijo que uno de los terrenos era suyo y logró un amparo para quedarse con los bienes inmuebles y el dinero. No salió de la cárcel en el gobierno de Moreno Valle, pero a los pocos días de asumir Gali el poder en febrero, obtuvo un amparo federal por violaciones procesales y en mayo quedó en libertad provisional. Gali fue uno de los invitados a la boda.

El pasado legal de su esposa, abogada de Tiro Moranchel, volvió a ser tema en los medios dentro del escándalo desatado por la exposición mediática de la boda. Al haber sido publicada en ¡Hola!, un evento privado se convirtió en público, y al observarse todo el montado, la contradicción entre quien fue vocero por años de quien condena los privilegios y habla de honestidad y austeridad como su principal valor moral, estalló en contra de López Obrador. Este es el punto donde comenzó la infección de la gangrena, que va a seguir recorriendo su cuerpo de no tomar acciones prontas.

Yáñez dejó de ser un activo para convertirse en lastre. Pero al mismo tiempo, su leal colaborador puede hacerle un enorme servicio, no por lo que pueda hacer él mismo, sino por lo que puede hacer López Obrador con él: despedirlo. No basta que Yáñez renuncie a estar en el próximo gobierno, con lo cual atenuaría la crítica, sino que tiene que ser cesado. Si López Obrador lo hace, enviará una doble señal, hacia dentro de su equipo, en el sentido que no habrá tolerancia ante ningún exceso, y hacia fuera, se revestirá de una mayor autoridad moral para combatir los abusos y los actos de corrupción.

Esta decisión debe ser emocionalmente muy dolorosa. Yáñez fue quien lo acompañó cada vez que se refugiaba en el México pobre a recuperarse de sus derrotas y prestarle el hombro de apoyo. Era parte de su familia. Pero mantenerlo, es cargar ilegitimidad en el equipaje y ser vulnerable a las críticas por el doble discurso juarista: "A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas". Visto fríamente, López Obrador no tiene opción.

La mayor parte de los votos que llevaron al poder a López Obrador fueron de la clase baja y media de la población, con todas las sub clasificaciones de, media, media baja, pobreza y pobreza extrema, por esta razón AMLO debe cuidar su imagen para no defraudar a sus fans, tanto en lo personal como en lo familiar y no se diga de sus colaboradores.

Cuando fue jefe de Gobierno del D.F., el punto vulnerable fue su chofer Nico, quien propició un escándalo cuando se supo que ganaba 60,000 pesos mensuales. Aparte de este incidente, no hubo mayores escándalos de despilfarros, si acaso se le criticó por haber bloqueado la información del costo de la obra de los 2os. pisos de autopistas urbanas por 20 años.

Ahora, todavía no toma posesión y ya comenzaron los ataques por la ostentosa boda adornada de millares de rosas blancas y menú a base de colas de langosta, de su antiguo y muy cercano colaborador César Yáñez Cabrera, con la empresaria Dulce María Silva Hernández, que no obstante que no se trata de un acto de gobierno, los 500 asistentes a la boda indican lo contrario y lastiman la sensibilidad de los 53 millones de pobres que batallan para sobrevivir, cuando el próximo coordinador general de política y gobierno de Andrés Manuel López Obrador, gasta varios millones de pesos en sus esponsales para 500 invitados. Sin duda que son de recursos propios o de su esposa, según la revista ¡Hola! que le dedica 19 páginas, noticias que llegaron hasta Inglaterra con un artículo publicado en la revista The Guardian.

En donde nomás no se ve profesionalismo ni ganas de figurar como protagonistas de la Cuarta Transformación es en los diputados locales electos por Morena.

Ayer brillaron por su ausencia en la entrega de nombramientos a directores ratificados en Tlaquepaque, a pesar de recibir una invitación por parte de la Secretaría de Educación Jalisco.

El próximo coordinador de la bancada, Óscar García, ni sus luces: no hay ni teléfono, ni domicilio, ni oficina donde localizarlo. Y lo mismo María Patricia Meza. Un "baño de pueblo" con los maestros, ahora que se le complicaron los foros de la reforma educativa a Andrés Manuel, no les caería nada mal.

¿O será que llegarán a nadar de muertito?

Estéril resulta no considerar los errores de AMLO y de su propio equipo. Imperativo, que en lugar de seguirse declarando víctimas de un complot o de la mala fe de sus adversarios políticos, aterricen ya de la borrachera del uno de julio y hagan -empezando por el jefe-, una profunda autocrítica para llegar fortalecidos a la Presidencia. Ignorar o soslayar los reclamos, solamente llevaría a polarizar al país, aun antes de arribar al poder.

Echemos, pues, un vistazo a esos lastres que tarde o temprano deben descargarse:

VERBORREA. López Obrador debe hablar menos. Mucho menos. Ya tendrá 6 años para explayarse. Debe recordar que hoy por hoy, aún es Peña Nieto el presidente en funciones y que el exceso de protagonismo solamente ayuda a EPN a tener un perfil más bajo y terminar su gestión como lo quiere el mexiquense: sin tanto ruido. AMLO está sufriendo un desgaste innecesario, sin que ninguno de su 1er. círculo se lo advierta. Únicamente debería hablar en público cuando realmente el asunto lo amerite. Lo demás, debe manejarse vía secretarios propuestos, vocero o comunicados. De continuar opinando hasta del Horario de Verano, el desgaste de discurso e imagen seguirá profundizándose.

AMNISTÍA. Si bien hay muchos presos de manera indebida, la ambigüedad con que AMLO, Durazo y Sánchez Cordero han expuesto en qué consistirá realmente la amnistía a criminales, sin precisar con puntos y comas lo que están proponiendo, deja muchas más dudas que certezas para los ciudadanos. Mientras en el aire siga flotando la percepción de que el nuevo gobierno amnistiará a delincuentes, los bonos del lopezobradorismo seguirán bajando.

FIFÍS. "Que tiene modales y actitudes delicados y exagerados", define el diccionario a la palabra "fifí", utilizada por el propio AMLO para calificar a cierto sector de la prensa crítica a algunos de sus dichos y hechos, particularmente dirigida al diario Reforma. Mal hizo AMLO en colgar ese término despectivo a sus críticos, generando un encono innecesario entre sus seguidores y detractores, derivando, inclusive, en actitudes clasistas, discriminatorias y racistas, como se vio el fin de semana cuando la panista Mariana Gómez del Campo festinó y difundió en TW un cartón en el cual aparecían 2 perrillos (uno blanco y otro negro), con las leyendas "Fifí de Raza" y "Fifí de Ocasión". Aquellos que aún no superan el arrollador triunfo de López Obrador, se cuelgan de la ola "fifí" para regar su veneno. En todo caso, AMLO debería estar agradecido con Reforma: sus encuestas pre 1o. de julio siempre lo mantuvieron arriba y justo con el porcentaje promedio con el cual ganó la elección, evitando así que otros encuestadores afines al sistema priista manipularan.

PERDÓN. El espíritu del voto en la pasada elección presidencial fue un rechazo absoluto a la corrupción en general y, en lo particular, a la de Peña Nieto y su equipo. El discurso de AMLO anti corrupción prendió, fue aplaudido y generó esperanza de que, por fin, habría cárcel para quienes han saqueado al país. Sin embargo, esta ilusión se ha comenzado a difuminar, sobre todo cuando AMLO arengó el pasado 14 de septiembre: "No vamos a meter a la cárcel a algún famoso". Es decir: ¿no se investigará a Peña, a Rosario Robles, a Lozoya, a Odebrecht, a la Estafa Maestra, a César Duarte, a Miguel Ángel Mancera, por citar tan solo a algunos pillos? Está empeñada la palabra de AMLO, y si la incumple, será considerada como una burla más para millones de mexicanos, abonando así a lo que tanto fustigó AMLO en su campaña: la impunidad sin castigo.

YAÑEZ. Tras el escándalo agraviante a la austeridad republicana enarbolada por AMLO y su movimiento, César Yañez se encargó de darle un balazo en el pie a su amigo y líder, mostrándose en la portada de la revista ¡Hola! como, en su momento, lo hicieron La Gaviota y sus hijas, o personajes tan desprestigiados como Javier Lozano. La portada de ¡Hola! era el espejo del despilfarro financiero, de la corrupción y del clasismo de los políticos mexicanos, y en ese espejo, se fue a reflejar Yañez y su ahora esposa. El daño hacia la credibilidad de AMLO ha sido letal, trascendiendo, inclusive, a la prensa extranjera. Yañez cometió un error garrafal y en política, suelen tener un costo. A su regreso de la luna de miel, Yañez debería hacerse a un lado de la estratégica Coordinación General de Política y Gobierno que le ofreció el presidente electo, pues su autoridad, legitimidad y congruencia quedaron hechas trizas. Si se aferra al cargo, será un punto débil permanente para el nuevo gobierno. Ya veremos qué tan amigo de AMLO es el tal Yañez.

FOROS. Haber cancelado los Foros por la Paz en 5 estados azotados por la violencia, fue un desacierto monumental, abriendo otro flanco negativo al nuevo gobierno, y dejando al colosista Alfonso Durazo como un futuro secretario de Seguridad Pública incapaz de coordinar foros y "sistematizar las propuestas" (¿?) al mismo tiempo. Si esa dualidad no la pudo lograr Durazo, mejor sería que también tirara el arpa, porque si con esos titubeos y yerros pretende enfrentar al poderoso crimen organizado, pues vayámonos preparando entonces para otro sexenio de sangre.

CNTE. La empoderada coordinadora sindical ya mordió a quien la revivió (AMLO) y reventó con violencia y cantando el himno al socialismo el Foro Educativo en Acapulco. Si resucitada querrá imponer por la fuerza sus caprichos, y si AMLO ya no podrá controlarla, bien haría Esteban Moctezuma en explicarnos, de una vez, en manos de quien quedará la educación de millones de niños mexicanos.

ENERGÍA. Más allá del debate necesario sobre refinerías, petróleo y fracking, incluyendo el rechazo de AMLO a este último sistema, la duda sigue siendo: ¿Son el ingeniero agrónomo Oropeza y el abogado Bartlett los profesionalmente adecuados para manejar Pemex y la CFE, respectivamente? ¿Acaso no había otros especialistas o expertos más capaces, con mayor experiencia e idóneos para estas áreas estratégicas y claves para el desarrollo nacional? ¿Por qué seguir politizando a un sector que requiere de personal especializado a la cabeza? Ambos nombramientos de amigos de López Obrador fueron, sin duda, rechazados por la mayoría.

VELASCO. La influencia del joven y ambicioso gobernador-senador Manuel Velasco Coello sobre AMLO, cada día es mayor, y causa recelo aun en el 1er. equipo del presidente electo. Razón no les falta: Velasco es un oportunista. Ayer, aliado incondicional de Peña Nieto. Hoy, aliado incondicional de AMLO. ¿Se puede confiar en un tipo que tiene a las palabras traición e incongruencia como métodos de gobierno?

MAYER. Hoy mismo, el stripper Sergio Mayer debería renunciar o ser separado de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Su presencia allí es un insulto a la cultura nacional y a la inteligencia. Es otro eslabón débil para la IV Transformación. No tiene remedio.

De continuar AMLO bajo la misma dinámica, su desgaste será tan brutal que el 1 de diciembre veremos a un Presidente disminuido y envuelto en escándalos innecesarios. Y lo más grave: si hay visos de que faltará a sus promesas de campaña, que no se investigará a los corruptos, el enojo por la burla será mayor.

AMLO debe recordar que el que a hierro mata, a hierro muere.

Hasta ahora, nos hemos educado en que las políticas públicas deben estar alineadas a la teoría de los incentivos individuales, es decir, que cada ser humano busca su propio beneficio directo; así reaccionamos las personas y así funciona el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la gente paga impuestos para evitar que por una auditoría lo multen y termine pagando más; que una persona no es corrupta porque lo pueden descubrir, exhibir, castigar; que alguien no hace trampa porque existen instituciones supervisoras que le hacen pagar por ello.

Es verdad que los enormes márgenes de impunidad en México le restan fuerza a cualquier incentivo de este tipo, pero aun así se han diseñado políticas públicas como una reforma educativa que castiga con el despido al maestro que falte más de 3 veces seguidas sin justificación o el sistema nacional anticorrupción busca que los rateros del erario reciban la señal de que de ahora en adelante no les van a servir sus complicidades políticas para salir libres de cualquier transa.

El presidente electo López Obrador no parece creer en que los incentivos sólo se alinean así. En distintos momentos de la transición, al dibujar sus planes de gobierno, ha dejado claros varios ejemplos: piensa que la gente va a dejar de ser corrupta porque él va a poner el ejemplo y éste va a permear, considera que los maestros de la CNTE van a dejar de hacer "semanas de martes a viernes" a cambio de que les derogue la reforma educativa, prometió una lotería de auditorías porque deduce que cuando vea el ciudadano que su dinero está siendo bien empleado entonces va a pagar sus impuestos como Dios manda, y su programa estrella para ninis no tiene supervisión ni candados porque confía en que en México reina un nuevo ánimo que, sin necesidad de una autoridad punitiva, motivará a que ningún empresario se coluda con un joven para quedarse con el dinero que les va a dar el gobierno por la capacitación de más de dos millones de desempleados que no estudian.

Todo, pues, está basado en que la gente hará el bien en automático bajo la inspiración de un nuevo aire gubernamental, el de la Cuarta Transformación.

Si lo logra, estará cambiando los paradigmas del comportamiento humano. Centenares de teorías quedarán desmontadas y miles de libros deberán irse a la basura. Pero, ¿y si no?

Ya vimos que por lo menos la austeridad no es contagiosa.

La presidencia tripartita de López Obrador estará integrada por 3 personas que se encargarán de temas específicos. En al área jurídica -por donde pasarán todos los temas que establecerán las bases para la Cuarta Transformación-, está el consejero jurídico designado, Julio Scherer, que ha sido su abogado por más de una década y quien en los últimos años también ha sido una de las personas a quien también encarga temas políticos específicos. Para llevarle la relación con el sector empresarial y con inversionistas, que será un área estratégica en el próximo gobierno, estará Alfonso Romo, próximo jefe de la Oficina del Presidente. En la parte política, un cargo fundamental porque hará el trabajo que siempre había hecho predominantemente López Obrador, estará Manuel Velasco, el senador con licencia que está terminando su mandato como gobernador de Chiapas.

Velasco es la revelación de esta presidencia tripartita, pero también una ratificación de la creciente influencia que está teniendo con López Obrador. Velasco trabajó para Morena en las elecciones presidenciales y algunos de sus colaboradores más cercanos son ahora colaboradores cercanos del tabasqueño. El gobernador y senador, con muy mala imagen pública, es sin embargo, un eficiente operador político. Una demostración de ello fue conseguir el aval de Peña Nieto para impulsar a Morena en Chiapas, y en contra de José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI y el gobierno. Cómo lo hizo, no se sabe. Lo único cierto, revelado por él mismo a sus cercanos, es que el respaldo a Morena fue platicado y autorizado por el Presidente.

La presidencia tripartita, a diferencia también de lo que sucedió con Peña Nieto, no es un modelo ajeno a López Obrador, como sí lo era para el Presidente. López Obrador ha pulido ese sistema desde que era jefe de Gobierno en la Ciudad de México, donde tenía colaboradores a quienes encargaba asuntos específicos. Quien más trabajo político desarrollaba en aquellos años con encargos delicados de López Obrador, era René Bejarano, que trabajaba en su oficina.

En la última campaña presidencial, el entonces candidato utilizó para esos fines a diferentes personas. Scherer y Romo fueron 2 de ellos, así como Tatiana Clouthier, su coordinadora de campaña, pero cuya 1a. prioridad fue acercarle a grupos de la sociedad con quienes nunca había tenido relación. Su principal enlace, sin embargo, ha sido su hijo Andrés, la persona de mayor confianza del presidente electo, aunque aún no está claro si como se pensó antes de la elección presidencial, lo acompañará como consejero sin cartera en el gobierno o se irá a estudiar un posgrado a Boston.

No se sabe cómo gobernará López Obrador, y aunque no es lo mismo la Presidencia que la jefatura de Gobierno capitalino, se pueden hacer conjeturas razonables de cómo lo hará. En el Palacio del Ayuntamiento ofrecía sus conferencias de prensa mañaneras, que comenzaron como una estrategia para llenar los espacios de información matutinos y jalar a todo el gobierno para comenzar sus labores temprano, y presidía la reunión con el gabinete de seguridad. Después desayunaba, generalmente de trabajo y en su oficina, tras lo cual encargaba los temas del día a Bejarano. A media mañana se iba de la oficina, a veces a jugar beisbol, muchas veces a reuniones con diferentes grupos de la sociedad, y regresaba en la tarde para revisar los pendientes. López Obrador ya adelantó que en la Presidencia tendrá una conferencia de prensa mañanera y presidirá las reuniones con el gabinete de seguridad. De ahí en adelante aún no se sabe cómo dividirá sus días.

Pero el diseño de su presidencia tripartita permite suponer que será un modelo similar al que siguió en el Palacio del Ayuntamiento, donde a través de sus brazos informales gobernará el día con día. López Obrador tendrá una mayor carga de trabajo en Palacio Nacional, pero como lo han hecho otros presidentes, dispondrá de tiempo suficiente para otras tareas. Algunos de sus antecesores usaban las tardes para reuniones de trabajo privadas e incluso personales. Conociendo a López Obrador, el tiempo que le quede libre será utilizado en lo que es su vida: trabajo político y electoral, porque su siguiente meta está en 2021.

Hay temas en la agenda pública, de chile, mole, pozole y otros que a mejor nombre bautizaremos como las amlimatías de Andrés Manuel López Obrador. Chútense esta última: ¿cómo vamos a rebautizar al nuevo TLCAN?

El tabasqueño, poseído por el espíritu de Consulta Mitofsky, lanzó en redes la encuesta para preguntar cómo debemos llamar al nuevo tratado comercial: TEUMECA o T-MEC.

Caray, no se nos ocurre otro tema más toral en estos momentos. La columna vertebral del próximo sexenio, su sostén, su corpiño y su chon, van en este entuerto a resolver.

Los foros por la paz cancelados, los maestros agarrándose a sillazos en plena consulta de la reforma educativa, el aeropuerto de 13,000 millones de dólares que quiere mandar a "volar" y otros temas pueden esperar. Los asuntos espinosos primero.

Puras puntadas sin anestesia. Y el sexenio todavía no comienza.

Manuel Huerta Martínez, diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se justificó al cuestionarle del por qué se queda dormido durante las sesiones, a lo cual dijo: "es una cuestión fisiológica. Es normal y ocurre después de comer, es por la marea alcalina".

El legislador dijo que el sistema digestivo capta la mayor parte de la energía para procesar los alimentos, "por lo que uno se sienta y le entra un soporcito, así como de siesta bien sabroso y eso hace que ahhhhhhh".

El pasado 25 de septiembre, durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Eviel Ávila Villegas, el diputado de Morena que llegó por la vía plurinominal y es originario del estado de Guerrero fue captado mientras hacía la "meme" en su lugar.

(V.periódico El Financiero en línea del 10 de octubre de 2018).

Finalmente se ha definido que será a través de una consulta con urnas como se tome la decisión respecto a si continuar con el proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco o desarrollarlo en Santa Lucía.

Ese hecho cambia todo e incrementa dramáticamente la probabilidad de que el proyecto de Texcoco vaya a ser cancelado.

Hace algunas semanas se hablaba de que la consulta a la opinión pública se realizaría mediante el levantamiento de encuestas. Se habló incluso de que serían tres casas encuestadoras las que la realizarían.

Ayer, el próximo coordinador de comunicación social de la Presidencia estableció que también habrá encuesta, pero desestimó la posibilidad de que dé un resultado diferente al de la consulta.

Lo más probable es que sí haya discrepancia.

El Financiero presenta hoy su 3a. encuesta telefónica nacional en la que a la pregunta de si la gente prefiere que el proyecto siga en Texcoco, hay un 62% de respuestas favorables, mientras que el 25% se expresa a favor de desarrollarlo en Santa Lucía.

Otros encuestadores han hecho ejercicios semejantes, con resultados parecidos.

¿Significa esto que en la consulta se obtendrá también un resultado favorable a Texcoco?

Es poco probable.

La razón es que una encuesta nacional hace la selección de una muestra representativa de la población de todo el país, lo que se garantiza mediante la selección aleatoria de los encuestados.

Una consulta no garantiza esa representatividad, pues el hecho de que el interesado en expresar su opinión deba acudir a un puesto de votación, implica ya un sesgo.

Hay grupos que han estado activamente organizados y movilizados para oponerse al proyecto de Texcoco, mientras que no hay una organización equiparable entre quienes quieren que el proyecto siga allí.

Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Ronsenblueth, que hará el conteo de los votos, señaló que, de acuerdo con experiencias previas, estima una participación de 100,000 a 500,000 personas.

El listado nominal del INE es de 89.5 millones de personas. Es decir, la participación rondará entre el 0.1 al 0.6% del padrón.

Con un porcentaje de esa dimensión, podría haber un resultado de 90% favorable a dejar atrás el proyecto de Texcoco, al margen de lo que digan las encuestas.

Aún falta conocer qué es lo que va a decir la papeleta que tendrá que marcar la gente antes de introducirla a una urna que estará disponible cuatro días, del jueves 25 al domingo 28 de octubre.

Hasta hace poco, parecía que había realmente un interés de parte de AMLO y el equipo en no cargar los dados y mantenerse imparciales.

Con la definición que ya se ha anunciado, y de la que se darán más detalles mañana, todo indica que se quiere empujar a Santa Lucía... con todo lo que ello implica.

Si las cosas son como parecen, es probable que el 29 de octubre cuando abran los mercados tengamos la 1a. sacudida importante de esta transición, por el efecto que tendría el que se cancelara el proyecto de infraestructura más importante del país en varios años.

Hay indicios de una contienda interna en el equipo de transición que parecieran estar perdiendo quienes quieren preservar la estabilidad y el crecimiento.

A 7 semanas de tomar posesión, el próximo gobierno federal ha comenzado a recibir las facturas de los grupos radicales con los que se alió durante la campaña electoral. El domingo pasado, en Acapulco, maestros de la Ceteg reventaron la sesión número 18 de los foros de consulta en materia educativa.

Los profesores disidentes de Guerrero se enfrentaron a sillazos con miembros de la Sección XIV del SNTE y exigieron la abrogación de la Reforma Educativa. Eso ocasionó que Esteban Moctezuma, próximo titular de la SEP, cancelara su participación en el encuentro y éste se suspendiera.

Durante la campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador ofreció cancelar la Reforma Educativa, cosa que reiteró, ya como presidente electo, en Palacio Nacional -el 20 de agosto, día del inicio de clases- frente al presidente Enrique Peña Nieto y los equipos de uno y otro.

Sin embargo, para los maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la promesa de López Obrador no ha sido suficiente. No les gusta escuchar que la Reforma Educativa -que los obliga a ser evaluados y limita los días que pueden faltar a clases- será "cancelada". Exigen que se diga que será "abrogada".

El 19 de septiembre pasado, en visita a Oaxaca, como parte de su gira nacional de agradecimiento, el presidente electo pidió a los profesores de la Sección XXII responder a la cancelación de la Reforma con la promesa de dar clases "semanas completas, no solamente de martes a jueves".

Dicho mensaje no gustó nada a los maestros. El vocero de la Sección XXII, Wilbert Santiago, me dijo que los profesores se seguirían movilizando contra la reforma y todas las políticas que consideren equivocadas, al margen de quien sea el Presidente de la República.

Los disidentes tampoco ven con buenos ojos el probable regreso de Elba Esther Gordillo al frente del SNTE, cosa a la cual no parece oponerse AMLO.

¿Qué hará el próximo gobierno? ¿Aceptará las exigencias de la CNTE? ¿Se hará lo que anticipó el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, es decir, eliminar la Reforma Educativa de modo que "no quede ni una coma", o simplemente no se aplicará?

¿Y qué pasará si para la CNTE no es suficiente lo que hagan el próximo gobierno y sus grupos parlamentarios? ¿Cómo los obligará a dar clases si no puede sancionarlos con descuentos o despidos?

Un problema similar se enfrenta con los grupos que se oponen a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El miércoles 3, durante una reunión entre pobladores de la zona de Texcoco y miembros del equipo de transición, los opositores de la terminal aérea -entre ellos los llamados Macheteros de Atenco- exigieron la cancelación del proyecto.

Pese a que todos los futuros funcionarios presentes coincidieron con ellos y criticaron el NAIM -uno de los caballitos de batalla de López Obrador en campaña- los pobladores exigieron que no se haga la consulta que está programada para el 28 de octubre, para que la ciudadanía decida si el aeropuerto se sigue edificando en Texcoco o se cambia a los terrenos de la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

Uno de los voceros de los inconformes incluso acusó al equipo de transición de haber inventado la consulta como pretexto para permitir que se siga construyendo el NAIM.

¿Qué pasará si en la consulta es aprobado el proyecto de Texcoco? No sería raro porque en todas las encuestas que se han levantado luego de la elección del 1 de julio esa ha sido la opción ganadora.

¿Qué hará el próximo gobierno si los activistas de Atenco y otros municipios desconocen la consulta y deciden bloquear las obras del NAIM?

De forma semejante, el equipo de transición parece haberse convertido en rehén de quienes demandan que se reinicie la investigación sobre los hechos violentos de Iguala en septiembre de 2014 -cuando fueron asesinadas 6 personas y desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Si bien las pesquisas a cargo de la PGR aún tienen que descubrir qué pasó con 42 de los 43 normalistas desaparecidos, ya hay un centenar de personas en prisión, procesadas por diversos delitos. ¿Quedarán en libertad esos presuntos responsables de los hechos?

Durante 4 años, los familiares de los desaparecidos han exigido que se investigue al Ejército por esos hechos, cosa a la que ha accedido López Obrador, pese a que las investigaciones no han arrojado datos que haga eso necesario.

Pero aun si se interroga a los soldados, eso no garantiza un resultado distinto.

¿Qué hará el próximo gobierno si no puede cumplir las demandas de los padres de los normalistas, que salieron de la reunión que tuvieron con López Obrador el 26 de septiembre pasado con la esperanza -así lo declararon a los medios- de volver a ver a sus hijos?

En México, ante la llegada del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es muy temprano para afirmar que su largo sueño de la construcción de una nueva nación correrá la suerte de muchos otros, pero los síntomas de la descomposición se están asomando. En las 2 últimas semanas han aflorado no sólo los conflictos dentro de Morena y entre aquellos a quienes designó como los guías de la mayoría legislativa para el levantamiento del edificio que el presidente electo llama la Cuarta Transformación, sino también de su futuro gabinete, donde han soslayado sus instrucciones y se están rebelando.

La semana pasada López Obrador le pidió a su gabinete que guardaran la imparcialidad en el debate público sobre dónde se construirá el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, luego que en una reunión con grupos que históricamente se han opuesto a cualquier obra en Texcoco, 3 de sus futuros secretarios de estado y un subsecretario, se pronunciaron contra la construcción. El llamado del presidente electo fue contra la inducción y, se puede colegir, contra todas las señales que pudieron haber enviado a los inversionistas, quienes difícilmente creerán que no actuaban como portavoces de López Obrador, sino de ellos mismos. La falta de control político del futuro gabinete y la ausencia de disciplina de un equipo que en unas cuantas semanas será gobierno es, pese a lo grave que pueda parecer esta insurrección ante su jefe, menor a lo que pasa en la Cámara de Diputados.

En San Lázaro, se está dando un fenómeno que también se ha visto en la historia, durante los prolegómenos y el curso de la Revolución Francesa, cuando los llamados sans-coulottes, los sin calzones, como se denominaba a las clases bajas que habían integrado la mayor parte del ejército revolucionario, fuera del control alguno de los políticos, encabezaron protestas sociales e, incluso, organizaron la llamada Conspiración de los Iguales, que trató de derrocar al Directorio, que era la forma de gobierno en la Primera República, a fin de instaurar por la fuerza un régimen que garantizara "la igualdad perfecta".

Esta conspiración nativa de los iguales se ha visto en la batalla feroz por las comisiones. La más representativa es la Comisión de Presupuesto, que el equipo económico de López Obrador trató de frenar que se eligiera como presidente a Alfonso Ramírez Cuéllar, un dirigente social radical y disruptivo, que organizó El Barzón, un movimiento de agricultores que se enfrentó a las instituciones por el fondo de contingencia para resolver los problemas de liquidez tras la crisis en el sistema de pagos en 1995. El futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el futuro subsecretario de Egresos, Gerardo Esquivel, urgieron al coordinador de Morena en el congreso, Mario Delgado, que impidiera su asunción. Delgado estaba rebasado y pidió que le ayudaran, proponiéndole ser director de Bansefi, pero López Obrador se negó. Ramírez Cuéllar arrasó en la votación, contra los deseos del equipo de transición y Delgado.

La rebelión en la granja de López Obrador se está ampliando en su equipo de gobierno y en las cámaras. Su molestia se ha sentido. A finales de la semana antepasada, en una reunión con su equipo político, les reclamó porqué si la transición estaba resultando tersa, no era posible que dentro de Morena, el conflicto fuera tan pronunciado. Su mensaje llegó, pero se ignoró. El tigre con el cual amenazó que saldría si no ganaba la Presidencia, salió a las calles de todas formas, por encima, hasta este momento, de él.

Se ha hablado de su infarto y sus problemas del corazón, de los neurólogos de Miami que han viajado sistemáticamente a México para tratarlo, pero poco se ha dicho de una condición que aqueja al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y que pone en riesgo su movilidad: según fuentes cercanas al mandatario electo, le tuvieron que quemar los nervios del cuello para esconder una grave dolencia en las cervicales.

De acuerdo con los mismos informantes del 1er. círculo de AMLO, durante los últimos años, López Obrador ha tenido mucho dolor de espalda y por eso en muchos de los mítines se le ha visto en una pésima postura, encorvado.

El año pasado, cuando era dirigente nacional de Morena, antes incluso de las precampañas, la condición se puso tan crítica que obligaba a una intervención quirúrgica que lo mandaría a reposo durante varias semanas. Los tiempos políticos se impusieron y el líder decidió no operarse: optó por que le quemaran los nervios en la zona de la nuca para dejar de sentir el dolor. Así, el problema no quedó solucionado de fondo, pero se escondió para que el presidente AMLO no lo sintiera.

En México, desgraciadamente, no existe la cultura de transparentar el estado de salud de los presidentes. En otras naciones forma parte de la información que se da a conocer durante las campañas e incluso es materia de debate. En nuestro país se ha ocultado siempre.

A consecuencia de ello, la condición médica del presidente entrante ha estado rodeada de incertidumbre.

Él ha dicho que está bien. En campaña reveló que toma "un coctel de pastillas". No dio más detalles. También durante la contienda electoral los periodistas Raymundo Riva Palacio y Pablo Hiriart revelaron que un grupo de eminencias, doctores cubanos de Miami, viajaba regularmente a nuestro país para atender a López Obrador desde hace años. Fue un escándalo al que se reaccionó más con enojo que con transparencia desde el "cuarto de guerra" del tabasqueño. En diciembre de 2013 se dio a conocer que había sufrido un infarto que mermó su fuerza temporalmente y de no haber sido por El Universal este fin de semana, nadie se entera de que el 2 de octubre acudió al Instituto Nacional de Cardiología. El periódico publicó que el propio presidente electo contestó que fue una revisión de rutina.

El presidente entrante se ha planteado romper muchos moldes. Ojalá quiebre de una vez por todas la cortina negra que, por herencia de un sistema priista que buscó proyectar a los presidentes como figuras imbatibles que no se enferman ni toman vacaciones, esconde el estado de salud de los mandatarios que a mi gusto es una información que por derecho deben saber los ciudadanos.

Colectivos y organizaciones de búsqueda de desaparecidos lamentaron la cancelación de los Foros para la Pacificación y Reconciliación Nacional que se llevarían a cabo en 5 estados. Aseguraron que tenían la expectativa de ser escuchados.

En Tamaulipas, el presidente del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Guillermo Gutiérrez Riestra, lamentó la medida, y anunció que analizan realizar su evento con recursos propios.

"Fue decepcionante, porque ni siquiera nos consultaron sobre la cancelación. Estamos descontentos porque no se va a escuchar a los tamaulipecos y a las víctimas de otros estados", afirmó.

La vocera de los colectivos, María Guadalupe Jaramillo, lamentó que "un estado como Tamaulipas, con seis mil personas desaparecidas, no sea tomado en cuenta".

En Veracruz, el Colectivo Solecito, una de las principales organizaciones de búsqueda de personas, lamentó el anuncio, y consideró que este tipo de acciones no abonan a generar confianza.

La presidenta de la agrupación, Lucía de los Ángeles Díaz Gaonas, pidió al próximo gobierno federal no desilusionar a las familias veracruzanas, puesto que, dijo, están cansadas de maltratos.

En Sinaloa, la presidenta de Sabuesos Guerreras, María Isabel Cruz, consideró que es inaceptable que no se haya realizado el evento. Explicó que su estado tiene una larga cultura de violencia, donde las desapariciones se han convertido en algo cotidiano.

Subrayó que las miles de familias que no han localizado a sus hijos, hermanos o esposos, tenían las expectativa de ser escuchadas y se sienten desilusionadas.

El ex presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza, apuntó que la expectativa que se abrió con la celebración del foro fue muy grande.

El poeta y activista Javier Sicilia celebró que se hayan cancelado los foros, pues consideró que la situación de violencia en el país está sobrediagnosticada y lo que hace falta es trazar la estrategia de seguridad.

Ayer, el presidente electo dio a conocer un video sobre el nuevo aeropuerto. En él, cuestiona que se hayan pedido recursos fiscales por 88,000 millones para el proyecto de Texcoco.

Dice lo siguiente López Obrador: "...se hablaba de que no se iban a necesitar estos fondos, cuando me presentaron a mí el dictamen de la comisión de gobierno, me dijeron, entre ellos Carlos Urzúa, que una de las ventajas que tiene la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco es que es autofinanciable, se puede concesionar, no se requiere de dinero del presupuesto, y ahora resulta que sí".

Además, de entrada descalificó a Mitre, a los pilotos, a los controladores y a todos quienes han señalado que la operación simultánea del aeropuerto actual con un aeropuerto comercial en Santa Lucía, no es compatible.

"Las trayectorias principales de operación son compatibles entre ambos aeropuertos. Esto permitiría resolver el problema hacia 20 o 30 años a futuro", señaló en el video referido.

En su alocución rechaza que el gobierno pueda invertir 88,000 millones de pesos y dice que el proyecto de Texcoco sólo seguiría siendo considerado si no tiene un costo y el sector privado asume el gasto.

Pero, dice además, que de cualquier manera se realizará la consulta.

Una consulta, por cierto, que aún no se sabe cómo habrá de efectuarse, aunque se vaya a realizar en 22 días.

Vaya que es rico en detalles para analizar lo dicho por AMLO. Pero a mí lo que más me llama la atención es su alusión al futuro secretario de Hacienda.

AMLO parece responsabilizar a Urzúa de haberle dado información imprecisa cuando dice que le había dicho -junto con otros- que el proyecto de Texcoco era autofinanciable.

¿Qué necesidad tenía AMLO de aludir expresamente a Urzúa en un video difundido en redes sociales? Creo que ninguna, salvo que fuera una especie de reclamo que el presidente electo quisiera ventilar.

El presupuesto para 2019 deberá ser entregado a la Cámara de Diputados el próximo 15 de diciembre. ¿Quién le entregó la solicitud de los 88,000 millones de pesos? ¿No se supone que el presupuesto lo está confeccionando la futura Secretaría de Hacienda?

El tema del aeropuerto se está configurando como una definición de política pública para AMLO tan relevante como el presupuesto o como la continuidad del TLCAN.

Yo pensaba que tras escuchar argumentos racionales y evidencias varias, había reconsiderado y esperaba la consulta para poder respaldar a Texcoco, que es la opción que ganará si se hace una encuesta abierta y se pregunta honestamente.

Hoy ya no estoy seguro de que esa sea la opción en la que piensa AMLO.

Pareciera que ha escuchado opiniones que desacreditan Texcoco y validan Santa Lucía.

Evidentemente hay esquemas financieros que permitirían transferir al sector privado los costos restantes de la construcción del nuevo aeropuerto, siempre y cuando haya también mecanismos para asegurar una rentabilidad de largo plazo.

¿Quiere el gobierno quedarse con el negocio del aeropuerto? Requiere invertir todavía. ¿Busca ya no gastar ni un centavo? En ese caso debería renunciar a una parte de la rentabilidad a la que ahora el proyecto está apostando.

¿Quiere satisfacer a los opositores al proyecto? Tiene a la mano la cancelación.

¿Desea evitar una crisis financiera? Debe continuarlo.

Allí están las opciones.

Los escándalos no han dejado de sacudir al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Uno peor que el anterior. Aún no terminaba el incendio en la comunidad científica iniciado por María Elena Álvarez-Buylla, designada como próxima titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por la intromisión ilegal en los asuntos internos de la institución, agravada por su notoria ignorancia sobre los temas administrativos, legales y de operación del CONACyT que la llevó a pedir que se cancelaran todos los programas y convocatorias hasta nuevo aviso, cuando estalló otro, el de la boda de su colaborador César Yáñez. Y para agravar más las cosas, la publicación de 19 páginas de la revista ¡Hola!, de los pormenores de la ceremonia religiosa y la fiesta, que no tendría nada de malo salvo que es exactamente lo contrario a lo que pregona el presidente electo.

De manera involuntaria, López Obrador apareció en la portada de una publicación que representa todo lo que él repudia y cuya retórica inflamatoria contra quienes ahí simbolizan lo que quiere derruir, le dio más de 30 millones de votos, superando a todos sus adversarios juntos. Inocencia, torpeza, insensibilidad o ignorancia, son varias de las categorías en las que incurrieron sus colaboradores, cuyos casos, sin embargo, no son algo excepcional dentro de la transición que se está viviendo en la administración pública, sino el último de los crecientes incidentes en los que está incurriendo una buena parte del equipo del presidente electo. Lo que está aflorando en las reuniones entre los equipos de López Obrador y del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, es la asimetría de conocimientos que los lleva a equivocaciones y los mete en contradicciones. Como botones de muestra:

*En una de las reuniones en el sector salud, los representantes del gobierno informaron que en octubre se tienen que hacer las compras de medicamentos, y que les dijeran si las hacían o no. Uno de los miembros del equipo del presidente electo dijo que ya no se comprara nada, y que en diciembre revisarían las compras. Carlos Manuel Urzúa, el secretario de Hacienda designado, intervino. Por supuesto que debían comprarlas conforme a lo programado. De otra forma, tenía claro, el 1er. gran problema de López Obrador iba a ser el desabasto de medicinas.

*El sector político del sector energético en el equipo de López Obrador, está acatando incondicionalmente su deseo de construir una refinería en Dos Bocas, donde necesitan una superficie de 700 hectáreas, y sólo disponen de 70. Los responsables no le ven problema, y anticipan que el resto la construirán en el mar. En el ala de expertos consideran que una refinería en Dos Bocas es inviable y que iniciar ahí la obra tendría repercusiones muy negativas en los mercados. Una refinería, si ese es el caso, tendría más sentido en Salina Cruz. Pero López Obrador no la quiere en Oaxaca, sino en Tabasco, su estado.

*El Tren Maya es un sueño de López Obrador. Los expertos sostienen que no es viable, pero no se atreven a contradecirlo. Tendría sentido entre Cancún y Playa del Carmen, el corredor turístico, e incluso una extensión a Mérida y Progreso, si se le añade carga. El miedo a expresar discrepancias con sus planes llega a niveles tan extremos como no refutarle la instrucción de que no se utilice maquinaria para la construcción, sino sólo mano de obra para estimular el empleo.

Hay otras medidas anunciadas por el presidente electo que han estado siendo revisadas porque quizás no sean tan buenas ideas, en el corto y mediano plazo. Por ejemplo:

*La descentralización de las secretarías de estado. La promesa del presidente electo es que todas las secretarías, salvo excepciones, serían trasladas fuera de la Ciudad de México. Se oía muy bien, pero al problematizarlo resultaba muy oneroso. El INEGI tenía 4,000 empleados cuando se descentralizó, pero el proceso requirió de 4 años de estudio y costó, al valor actual, casi 2,000 millones de pesos. López Obrador ya reculó. Salvo la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Migración, nada será descentralizado. Se instalarán oficinas para los titulares de las dependencias en las ciudades donde se dijo que se irían, y despacharán unos dos días a la semana. Toda la operación se mantendrá en la Ciudad de México.

*La reducción de los salarios al personal de confianza está provocando una fuga de talento. Poco más de 200 funcionarios del Banco de México pidieron su jubilación y decenas de embajadores están considerando hacer lo mismo, que son 2 sectores muy afectados por la decisión. Alrededor del 70% del personal de confianza en el gobierno resultará impactado por la medida. La falta de personal experimentado ha obligado a buscar una fórmula que trate de frenar la estampida, pero no es nada fácil porque el discurso absolutista del presidente electo cerró las salidas de escape.

La novatez del gobierno entrante produce escalofríos. No han sido pocas las veces que los cambios de gobierno producen choques entre los que llegan y los que salen, crisis, o largas y costosas curvas de aprendizaje. En este caso, las inconsistencias y las contradicciones, las divisiones dentro del equipo y sus conflictos cada vez más públicos, añaden combustible al incendio. Pero hay algo distinto, afortunadamente, en esta ocasión. Todos los errores cometidos no están haciendo daño a nadie más que a ellos mismos. Este equipo no será gobierno hasta el 1o. de diciembre, por lo que pueden seguir experimentando, cayéndose, haciendo el ridículo y aprender, porque el kínder de López Obrador tiene la grandiosa oportunidad de pasar de año.

Quizá el mayor acierto de Andrés Manuel López Obrador en campaña fue su capacidad de resumir en ideas y frases sencillas el hartazgo de una sociedad golpeada por la corrupción, los abusos y la indiferencia oficiales.

Supo tocar las fibras adecuadas, más que con propuestas concretas, con lo que los mercadólogos políticos llaman "ideas fuerza".

Pero hubo un tema en el que ese enfoque nunca cuajó: el del perdón como respuesta a la profunda crisis de seguridad que enfrenta el país. Desde la campaña, la idea vaga de una amnistía fue mal recibida.

Una vez que obtuvieron el triunfo electoral, AMLO y su equipo sostuvieron en términos generales las ideas y slogans de campaña.

Si había una que necesitaba traducirse en una estrategia concreta era la de "pacificar" al país. No sucedió pronto. En la transición han seguido navegando con ideas pegajosas que carecen aún de soporte.

Como ninguna otra, su idea del perdón fue rechazada de manera unánime y contundente por sus principales receptores: los familiares de desaparecidos y las víctimas de la violencia.

Desde el 1er. foro de pacificación, en Ciudad Juárez el 1 de agosto, las víctimas y los colectivos rechazaron a gritos el perdón que les exigía López Obrador. Familiares de desaparecidos que se han topado durante años con la ineficiencia e insensibilidad de las autoridades de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, lo interrumpieron varias veces con un impactante: "¡Justicia, Justicia!".

La escena se repitió en todo el país, en los 16 foros en distintas ciudades de México e incluso uno realizado en Arizona. Lejos de ajustar, el presidente electo se mantuvo en la suya y hasta pareció querer colocarse moralmente por encima de ellos: "Yo sí perdono", les dijo.

Este fin de semana, el equipo del próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien ha tenido que plantar cara a los reclamos, anunció que decidió cancelar los foros con víctimas programados ni más ni menos que en Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas, 5 de las entidades más golpeadas por la violencia criminal.

La razón esgrimida está empapada de una insensibilidad que choca con el discurso de años de Morena sobre el tema: el senador morenista que lo anunció, Rubén Rocha Moya, dijo que Durazo se dedicará a trabajar en la estructura de la nueva secretaría y "ya no puede estar atendiendo foros". Luego dio una dirección de Internet para que las víctimas manden sus propuestas.

Hasta ahora, la idea del perdón ha reprobado el examen de las víctimas. ¿Es el 1er. gran fracaso del sexenio, antes incluso de iniciar? Lo sabremos pronto, cuando el futuro secretario Durazo salga de este repliegue táctico -así me lo imagino- y puntualice su estrategia para enfrentar la crisis que heredan. Porque AMLO es presidente de facto, y en lo que a la violencia toca, no cabe más el mitin con "ideas fuerza" del ejército de paz, la guardia civil desarmada, los abrazos no balazos, los becarios no sicarios...

El 4 de octubre de 2018 puede ser marcado en el calendario como la fecha en que Morena comenzó una embestida en contra del Poder Judicial.

Ese día, el líder de la bancada mayoritaria del Senado, Ricardo Monreal, utilizó la tribuna de esa cámara para urgir a sus compañeros a que legislen de manera expedita para imponer al Poder Judicial una manera de relocalizar a sus 3,400 jueces y magistrados.

"Lo que planteamos en el grupo es que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial federal para que ningún juez, para que ningún magistrado de circuito dure más de 6 años en esa adscripción geográfica", dijo Monreal, quien argumentó que el hecho de que hoy los jueces y magistrados duren "10, 15, 20, 30 años en un lugar" da pie a problemas de corrupción y nepotismo en los juzgados.

"Llegó la hora de tener que emplearnos a fondo el Poder Legislativo para darle una sacudida al Poder Judicial. Sí es necesario, sí es conveniente", agregó.

A diferencia de lo que había venido ocurriendo en los últimos años, esta iniciativa para reformar procesos internos de otro poder no fue consensuada o cabildeada por los legisladores con los ministros de la Corte o consejeros de la Judicatura, abriendo la puerta a la pregunta de si no estamos ante algo que claramente violenta la independencia del Poder Judicial.

Pero Monreal adelantó en esa sesión que tal será la tónica de los nuevos tiempos: "Hay un nuevo régimen, tenemos que darnos cuenta de que estamos en una situación inédita en el país, y llegó la hora de que el Poder Legislativo, en un auténtico contrapeso y equilibrio de poderes revisen (sic) al Poder Judicial. Es nuestra facultad, es nuestra función, no se intenta confrontar con el Poder Judicial, de ninguna manera; lo que queremos es intentar por la vía legislativa recomponer algunos de los instrumentos que creemos en este momento ya no son adecuados y no son pertinentes continuar".

Monreal alega que si se revisa "el derecho comparado de otros países del mundo" se verá que la "rotación es algo natural para no generar intereses o influencias indebidas en jueces y magistrados", sin embargo, otros especialistas consultados señalan lo contrario: que la tendencia internacional dictada incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que dentro de las cosas que caracterizan a la independencia de los jueces y magistrados está la permanencia en la adscripción misma.

Además, la iniciativa de Monreal podría acarrear consecuencias desastrosas en la impartición de justicia, al forzar a mover de una localidad a jueces o magistrados que por su especialización (por ejemplo en temas administrativos) tenga sentido que permanezcan en ciudades como la capital y no que terminen en entidades donde no se les requieren en tal volumen.

Encima, sin aportar más elementos, en la iniciativa de Monreal se establece que el gobierno del Poder Judicial es deficiente: "Cuando una judicatura no funciona, o funciona mal, el Estado de Derecho, en su conjunto, deja de funcionar, pues al no haber certeza sobre la aplicación de las normas, los derechos quedan desprotegidos y el poder no encuentra límites".

El cambio legal impactaría no solo a jueces y magistrados, sino a sus colaboradores directos. Así como Morena quiso (¿o quiere?) cambiar de sede a las dependencias federales, también pretende sacudir geográficamente al Poder Judicial sin reparar en lo que implica.

La duda que resta es si Andrés Manuel López Obrador ha decidido llevar al máximo esta confrontación con el Poder Judicial o si estamos ante uno más de los "prontos" que se dan en nuestras cámaras, donde los integrantes de Morena compiten por hacer los anuncios más osados, así sean los más inopinados.

El futuro mandatario sostuvo que también explorará otras posibilidades para combatir la violencia e inseguridad, como que se le pague mejor al campesino por tonelada de maíz que por amapola. En este sentido, dijo, la tonelada de maíz podría subir de 3,500 hasta 15,000 pesos.

"Garantizar que les vamos a comprar ese maíz en 10 o 15 pesos el kilo, 10,000, 15,000 pesos la tonelada, bueno, también puede ser atractivo para ya no sembrar amapola", explicó.

El problema para López Obrador es que una cadena es tan fuerte como el más débil de los eslabones. De nada sirve la disciplina de 99%del gabinete y del 1er. círculo si uno solo de sus miembros pierde el piso subido sobre un ladrillo. Algo que está sucediendo y seguirá sucediendo. Basta uno solo para que las redes sociales y, por ende parte de la opinión pública, condenen como una farsa todos los esfuerzos de sobriedad del resto.

Como el "escándalo" de la boda de César Yáñez, probablemente el hombre más cercano a López Obrador en los últimos años. Puede entenderse que un novio deje que sea la novia la que diseñe el tono y la magnitud de la boda, sobre todo si ella misma cuenta con los recursos para financiarla. En última instancia habla del temperamento de un enamorado respetuoso y tolerante. Lo que resulta inexplicable es la foto de portada en la revista ¡Hola!, porque trasciende el ámbito privado de una fiesta para convertirse en un suceso mediático dirigido a la opinión pública, justo el ámbito de trabajo de Yáñez. Quien ha sido responsable de prensa de AMLO durante tantos años no podía ser ajeno al efecto que habría de causar aparecer justo en la vitrina desde la cual la frivolidad del matrimonio Peña Nieto y sus hijos escandalizó a los mexicanos. Tampoco podía ignorar que 3 semanas antes las redes sociales se habían comido viva a Paulina, la hija del presidente, por una portada similar. Eso aseguraba las inevitables comparaciones en detrimento de la imagen de sobriedad que Andrés Manuel ha intentado proyectar. Se afirma que en la mayoría de los casos ser portada de ¡Hola! implica un desembolso considerable (a menos que se trate de la realeza europea). No lo sé, no me consta. Pero desde luego permitir el acceso y posar para su fotógrafo fue un acto deliberado. Un "miren, así nos casamos". Si Yáñez estaba consciente del daño que iba a producir a la imagen del nuevo gobierno colocando en el mismo plano a los que entran con los que se van ¿cómo interpretar su desliz? ¿una concesión amorosa ante los deseos de su cónyuge a pesar del impacto político?

La respuesta, dirán los detractores, es que el poder ejerce sobre la condición humana un efecto corrosivo irresistible y convierte a todos en víctimas de la vanidad, rehenes pasivos de los privilegios.

En política forma es fondo. AMLO decía con razón que el ejemplo comienza por los de arriba: ¿Cómo pedir honestidad a un burócrata de ventanilla cuando sabe que sus jefes se embolsan millones impunemente? Ahora habría que decir, ¿como exigir sobriedad cuando el principal alfil del próximo presidente está decidido a mostrar que los de ahora se casan con el mismo dispendio y frivolidad que los de antes?

El Foro de Consulta para la Educación en Guerrero que organiza el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue cancelado por una trifulca entre profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ayer, unos 300 profesores de la Ceteg llegaron al salón Teotihuacán y subieron al templete para lanzar consignas en contra de la Reforma Educativa, el SNTE y por la presentación con vida de los 43 normalista de Ayotzinapa, desaparecidos hace 4 años en Iguala.

Sin embargo, la molestia comenzó cuando los miembros de la Ceteg lanzaron consignas contra los integrantes del SNTE a quienes llamaron "charros" y contra su exlíder, Elba Esther Gordillo, y el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, quien fue uno de los organizadores junto con el Gobierno del Estado.

Los profesores del SNTE comenzaron a lanzar botes con agua a los agremiados de la Ceteg que estaban en el templete, mientras que los cetegistas respondieron lanzando sillas.

La Ceteg acusó al representante del próximo secretario de Educación del gobierno de López Obrador en Guerrero, Javier Villalpando Prieto, de no tener el tacto suficiente para organizar el foro.

Si un congreso priista hubiera eliminado la obligación de licitar obras públicas estratégicas se le habría cuestionado por preparar actos de corrupción. Pero como es el congreso morenista de Tabasco, que prepara una asignación directa de la nueva refinería de AMLO, la medida se defiende como justa y necesaria.

Además de pensiones, otro gasto ineludible son las participaciones a estados y no se diga la deuda gubernamental que con el alza de tasas se ha encarecido.

El punto es que los requerimientos financieros del gobierno se elevarán. Ya están cerca del 10% del PIB.

En ese sentido resulta increíble la propuesta de reducir IVA e ISR a la frontera norte, lo que ya fue reiterado.

El propio CIEP ya habló de una merma de 104,000 mdp sumándose la baja al IVA, ISR y la elusión que la medida generará al motivar que muchas empresas muevan sus direcciones fiscales a esa zona para aprovechar.

Si a esto se suman los programas sociales ya comprometidos que andarían en 500,000 mdp, se puede imaginar que incluso las obras de infraestructura anunciadas como la refinería en Tabasco y el Tren Maya tendrán dificultades para financiarse.

Los inversionistas extranjeros muestran cautela por las políticas propuestas por el presidente entrante, Andrés Manuel López Obrador, por lo que observarán de cerca sus planes para el sector petrolero del país.

El Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), al que se llegó a inicios de semana, ayudó a calmar las tensiones comerciales entre los aliados estratégicos de largo tiempo y alivió las preocupaciones sobre la economía mexicana.

Con las preocupaciones comerciales menguando, los inversionistas cambiaron su atención hacia otro riesgo potencial: el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Si bien de cierta manera moderó su postura de izquierda, se comprometió a profesar la prudencia fiscal y respetar la independencia del banco central, a muchos inversionistas les preocupa lo que pueda hacer con un mandato político tan decisivo.

"Cree que el sector público debe tener una mano fuerte en la economía y desconfía de la capacidad del privado para hacer negocios en una forma justa y limpia", dijo Kim Catechis, gerente de cartera de Martin Currie, filial de Legg Mason. "También es un hombre que está muy convencido de sí mismo, de su capacidad y de su política. Al juntar todo eso puedes ver una mayor percepción de riesgo en México".

Michael Gomez, responsable de mercados emergentes de Pimco, considera al sector energético como la "prueba de fuego" de López Obrador. Los inversionistas aclamaron por mucho tiempo la crucial reforma del presidente saliente, Enrique Peña Nieto, en 2013 con la que revirtió la historia de 75 años de propiedad estatal y permitió la inversión extranjera y privada en la industria del petróleo, gas y electricidad.

Tras la apertura de Peña Nieto, el país recibió más de 220,000 millones de dólares en compromisos, de acuerdo con Duncan Wood, del Centro Wilson con sede en Washington. Además, se espera que los 107 contratos que el gobierno otorgó a cerca de 70 compañías a escala mundial generen más de 160,000 mdd en inversión.

Los inversores tienen motivos para mostrarse escépticos acerca de cómo procederá López Obrador. En las elecciones presidenciales anteriores dejó clara su oposición. Más recientemente, anunció planes para inyectar 4,000 millones de dólares a Pemex para expandir la exploración, construir una nueva refinería y, en 2 años, aumentar en un tercio la producción de crudo para llegar a 2.5 millones de barriles diarios, el nivel que alcanzó por última vez en 2004. Si bien el presidente entrante le aseguró a los ejecutivos de la industria privada que sus contratos de energía existentes se van a cumplir, puso en pausa las nuevas licitaciones hasta 2019.

En un momento en el que los precios del petróleo se ubican cerca de máximos de 4 años, Henry Peabody, gerente de cartera de Eaton Vance, cree que la inversión externa es crítica. "Pemex por sí solo en un vacío no es un operador eficiente en el entorno de energía", dijo. "Necesita la experiencia y el capital, algo que el sector privado puede proporcionar".

La inclinación que tiene López Obrador por los referendos se suma a las preocupaciones. Para determinar si la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México debería continuar o no, el presidente electo instó a una "consulta pública", en la que los ciudadanos voten sobre los planes.

Según Axel Christensen, estratega en jefe de inversiones de BlackRock para América Latina e Iberia, esta táctica sienta un peligroso precedente. "Construye un nuevo marco para la forma como se debaten y se deciden las cosas, y pasar por alto al congreso para consultar a un público que carece de investigación técnica adecuada envía una señal muy negativa".

En el frente fiscal, López Obrador se enfrenta a otro desafío. Él prometió aumentar el gasto en infraestructura, elevar las pensiones y subsidiar a los agricultores, mientras equilibra el presupuesto sin aumentar los impuestos. Su administración planea hacerlo recortando los salarios de los funcionarios públicos, a través de un gasto que se realice de manera más eficiente y con una ofensiva contra la corrupción, medidas para la que algunos funcionarios ya comenzaron a dar marcha atrás.

Para Alberto Ramos, economista de Goldman Sachs, el plan resulta ingenuo. "¿Cuánto dinero puede ahorrar al reducir a la mitad los salarios de los administradores y secretarios? Son cacahuates", dijo.

Por ahora, los mercados le dan a López Obrador el beneficio de la duda, dijo Mario Castro, de Nomura. "La verdadera prueba llega cuando surgen los tiempos difíciles".

Esos tiempos posiblemente no estén lejos. México no solo es un representante de los mercados emergentes, sino que está muy expuesto a la economía de Estados Unidos. Ya hay señales de que el impulso fiscal por los recortes de impuestos y el gasto del gobierno ya comenzó a disminuir.

"No puedes engañar al mercado por siempre", agregó Castro.

Nada bien cayeron entre alteños y algunos políticos locales las declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien en visita al vecino estado de Guanajuato anunció que continuará el proyecto de la presa El Zapotillo para llevar agua a León y a Guadalajara. Como era de esperarse, esto desató una serie de reacciones. Un no rotundo al proyecto reiteró ayer un grupo de colectivos, entre ellos el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, el Territorio y de la Vida; Colectivo de Abogados así como Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, entre otros.

También a la máxima tribuna del país llegó el pleito por el agua del río Verde y El Zapotillo. Los senadores de Movimiento Ciudadano por Jalisco, Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo presentaron ayer al pleno un punto de acuerdo "de urgente resolución", con el que exhortan a la Comisión Nacional del Agua a realizar y hacer público un análisis sobre los caudales de la cuenca del río Verde -el principal afluente del proyecto de la presa de El Zapotillo- así como que se den a conocer las cuotas de distribución de esa agua. ¡Ah! Pero el exhorto no quedó solo para la Conagua, sino que también lanzaron un llamado al propio Andrés Manuel López Obrador para que respete los compromisos asumidos en materia de manejo integral del agua con Jalisco desde que él era precandidato y candidato presidencial. Pinta que el tema del agua será uno de los asuntos que causarán fricciones entre Jalisco y el próximo gobierno federal, pues los diversos representantes populares emanados de MC se han pronunciado en contra de llevar agua del Verde a Guanajuato.

El "acuerdo" denominado en inglés "Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá" (USMCA) se firmará, al parecer, el 29 de noviembre próximo, por lo que aún lo podrá firmar el presidente Peña Nieto y a partir de ese momento se turnará al Senado de la República para su análisis y posible ratificación. Es tal el desconocimiento de la materia de los flamantes senadores de Morena que hoy alguno se quejaba de que aún no se le turnaba a esa cámara para su análisis y aprobación, cuando el mismo aún no se acaba de traducir y pulir, para después pasar ya a firma en los 3 países.

La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, insistió en que Andrés Manuel López Obrador debe ser cuidado por un cuerpo de seguridad profesional porque ahora representa una institución y es un jefe de estado. Sobre si sería bueno que el Estado Mayor se encargue de esa tarea, respondió: "Yo pensaría que lo debe cuidar un cuerpo de seguridad profesional, sea cual sea". En entrevista en el Senado, la ministra en retiro reconoció que a partir del 1 de diciembre ya no tendrá que cuidarse solo a la persona de López Obrador, sino a la institución que representa en la Presidencia.

La boda de Cesar Yañez conflictúa a la sociedad. No es un ejercicio aislado: Yañez ha sido el hombre que operó, desde la jefatura de gobierno hasta la última campaña, la comunicación de Andrés Manuel López Obrador. Si alguien sabe que una acción donde la austeridad se esfuma será cuestionada. A eso, agregue la publicación del festejo en las páginas de la ¡HOLA!, la revista del corazón más famosa del mundo.

La selección de fotografías y semanario llama la atención. No, es prácticamente imposible que a Yañez se le haya ido el simbolismo y la segura condena por parte de los detractores -y algunos seguidores- del presidente electo ante la nota. Ni todo el amor del mundo nubla la visión de alguien que, de férrea forma, ha cuidado la integridad de AMLO durante casi 2 décadas.

Las razones para autorizar la publicación seguro las tiene Cesar Yañez y, seguro, van más allá de una paga económica por la exclusiva. Lo que habría de analizarse es cómo la sociedad presenta como virtud lo que, en otros, condeno como defecto.

Enrique Peña y su familia abusaron de salir en las páginas de sociales antes y en los primeros años de su llegada al poder principal del país. En esos excesos, críticos y detractores señalaban la incongruencia de la familia presidencial para presentar un estilo de vida acomodado ante la miseria del país.

Hoy, estos mismos que señalaban el yerro -que los llevaría, al final, a la casa blanca- justifican y defienden la decisión de Yañez entre ofendidos y enojados. La congruencia de análisis por los suelos, como para lamer las suelas del nuevo poder.

Ánimos muy caldeados a semanas del inicio formal de la 4a. transformación.

Ahora en la transición, el Conacyt entró en crisis una vez más. En esta ocasión originada por su directora entrante, María Elena Álvarez-Buylla, quien envió un oficio al director actual, Enrique Cabrero, para suspender hasta nuevo aviso toda convocatoria de becas que involucre gastos del presupuesto del próximo año.

De origen, la idea no era mala: revisar y transparentar cómo gasta el dinero el organismo gubernamental encargado de fomentar las actividades científicas y tecnológicas del país. Sin embargo, el Conacyt no existe en un vacío; esas convocatorias involucran a miles de estudiantes mexicanos que buscan continuar su educación superior en México y en el extranjero pero carecen de recursos para hacerlo. Muchos ya han sido aceptados para cursar posgrados. De suspenderse la convocatoria, correrán el riesgo de abandonar sus planes de estudio por falta de apoyo económico.

La reacción de la nueva titular ante la publicación de este documento fue de indignación ante una supuesta filtración. Incluso pidió una investigación de fondo, cuando el documento, por ley, debe ser público. Estudiantes y académicos se quejaron no solo de que esa fuera la respuesta, sino que una decisión que involucra su futuro educativo y laboral fuese tomada a sus espaldas.

Tras 3 días de protestas, Álvarez-Buylla reculó.

El Conacyt debe ser revisado con lupa, y sus integrantes son los primeros en decirlo. Pero el contexto importa: en aras de cortar la maleza se corre el riesgo de talar el bosque entero.

Hizo mucho ruido la solicitud de la nominada como directora general del Conacyt para el próximo gobierno, María Elena Álvarez Buylla, al actual titular de la dependencia, Enrique Cabrero, para que suspendiera convocatorias de programas, fondos y contratos, que implican erogación de recursos para 2019.

Obviamente, Cabrero rechazó la solicitud e indicó que las convocatorias van a continuar en términos de la norma vigente.

Aunque en la discusión pública se dio relevancia al tema de que una persona del equipo de transición parecía estar dando instrucción respecto a acciones del gobierno en funciones, la realidad es que ese no es el punto de fondo.

La solicitud quedó por escrito y fue filtrada. Pero, un sinnúmero de solicitudes verbales se han hecho.

El equipo de transición se está dando cuenta de que una parte importante del ejercicio del gasto público es inercial, es decir, está previamente comprometido o sujeto a reglamentos o leyes.

Por lo tanto, el margen de maniobra del que realmente se dispone es mucho menor del que probablemente algunos integrantes del equipo consideraron inicialmente.

Por ejemplo, de acuerdo con los ejercicios presupuestales que la Secretaría de Hacienda hizo para confeccionar los llamados "Pre Criterios de Política Económica" para 2019, sólo por concepto de costo financiero se estimó un gasto de 713,842 millones de pesos. Y lo más probable es que se haya quedado corta esa estimación en función de cómo se han movido las tasas de interés en los últimos meses.

Las participaciones que, por ley, el gobierno federal tiene que asignar a las entidades federativas ascenderían a 868,344 millones de pesos en 2019.

Tan sólo de estos dos conceptos hay más de 1.5 billones de pesos del llamado gasto no programable, que ya están comprometidos.

Le pongo otro ejemplo. Hasta el mes de agosto, en este año se han gastado 736,000 millones de pesos en salarios y otras compensaciones en el sector público, un promedio de 92,000 millones de pesos al mes.

A pesar de la reducción de las remuneraciones de los altos funcionarios o del recorte de sus puestos, el equipo de transición habrá de darse cuenta que el grueso de esos desembolsos corresponde a personal de base, al que AMLO ofreció no recortar. Así que no habrá de otra que pagar.

El sector público tiene miles de contratos, que le implican desde pagar rentas por los inmuebles que ocupa; servicios que adquiere; seguros y decenas y decenas de conceptos más.

El gasto inercial del sector público, es decir, el que ya está comprometido antes de hacer el Presupuesto, a veces se ha calculado en algo así como el 85% del total.

Es decir, de un gasto total de 5.5 billones de pesos (para redondear) hay comprometidos alrededor de 4.6 billones y se pueden reasignar algo así como 800,000 millones de pesos.

Parece mucho, pero cuando se vayan descontando los programas planteados por el presidente electo, en realidad ese monto se va a diluir muy rápido.

Tal vez la futura directora del Conacyt de repente se dio cuenta de que había muy poco dinero para lo que ella quiere hacer y... en el camino de tratar de rescatar recursos, se la 'chamaquearon' tratando de frenar gasto inercial.

Si los funcionarios del próximo gobierno están realmente haciendo su trabajo y hacen cuentas del dinero que tendrán disponible y de lo que cuesta lo que aspiran hacer, se van a dar cuenta de que lo de la austeridad no será un mero concepto sino algo con lo que tendrán que operar.

Hagamos de cuenta que no existe el pacto de impunidad, que tantos dan por real, entre el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Hagamos eso aunque sea para tratar de entender qué otras explicaciones podríamos dar a la machacona insistencia de AMLO de que no mirará hacia atrás, que no perseguirá casos de corrupción de la actual administración.

Si no existiera el pacto... López Obrador podría tener varias motivaciones para pasar de largo ante denuncias que, en parte y paradójicamente, ayudaron a su triunfo.

La 1a. es no ser cautivo de una agenda impuesta desde afuera. A nadie escapa que López Obrador desde el momento mismo de la victoria ha querido imponer los temas que pretende que marquen su gestión. Quiere proyectos de gran inversión para el sureste (tren maya y plantaciones), apoyos para jóvenes y viejos, renacimiento de Pemex (refinerías, etc), y acaso honestidad y austeridad por contraste, por un estilo tipo Ruiz Cortines (Nacho Marván dixit) luego del despilfarro y frivolidad del peñismo.

Es decir, no se le antoja que en vez de hablar de su gobierno, de sus iniciativas, a partir de diciembre se le obligue a estar en medio de una temporada mediática llena de acusaciones, litigios con sus previsibles reveses, y escándalos que robarían la narrativa de la pretendida refundación nacional. Quiere cambiar la fachada, rápido, pero sin cambiar los cimientos, de un edificio podrido.

Una 2a. motivación sería el principio de realidad. En estos días el portal Animal Político publicó que la Procuraduría General de la República que AMLO heredará tiene hoy la mitad de los policías de investigación que tenía en 2006. Así hemos avanzado en los años de la guerra: hacia atrás en capacidades institucionales.

La eficiencia del aparato de justicia mexicano para llevar a cabo una investigación en contra de cualquier sospechoso de corrupción es, por lo menos, cuestionable.

López Obrador estaría, por tanto, tratando de bajar las expectativas de la ciudadanía en cuanto a lo que va a ocurrir a partir del 1 de diciembre. Mucho control de lo que pase de esa fecha en adelante es una cosa muy distinta a dar resultados surgidos de pesquisas que hay que comenzar, sustanciar, consolidar y eventualmente hacer valer en un juzgado. Totalmente cuesta arriba. Qué incentivos puede tener López Obrador para que a las semanas comiencen a cuestionarle: oiga, van 7 días y no ha procesado a zutano o perengana; oiga, ya va un mes y nada de los peces gordos, oiga... Cero incentivos.

Como 3a. hipótesis tenemos la opción de autosupervivencia. El tabasqueño fue lo suficientemente astuto para ganar la elección haciéndose pasar como un outsider, como un político ajeno al sistema, él que ha pertenecido 4 décadas al mismo.

Es uno de los éxitos de su campaña. Sin embargo, el tabasqueño conoce como pocos las entrañas del ogro. Tanto que no come lumbre: jalar con fuerza el tinglado de la corrupción "de los otros" podría terminar por arrastrarlo también a él o a gente demasiado cercana a él.

El fantasma de Brasil recorre la IV Transformación: quizá Andrés Manuel considere que abrir grandes causas judiciales en contra de políticos puede derivar no solo en una mayor crisis de partidos, sino que incluso socave a figuras morenas, ya no digamos a los dinos del PT.

En fin, si no existiera el pacto de impunidad, López Obrador tendría muchos dolores de cabeza al emprender una cruzada en contra de los corruptos de hoy, ayer y mañana. Quizá por eso quiere que mejor hablemos de Trump, de langostas y corazoncitos.

Sigo pensando que lo mejor hubiera sido que tras 3 campañas electorales, el presidente electo hubiera tenido concluido el trabajo de consultas para tener ya definida su estrategia de seguridad. No fue así. Por eso llama la atención que aún sin tenerla clara y con constantes titubeos y contradicciones como en el tema de la Guardia Nacional primero, y la Guardia Civil después, Alfonso Durazo vino ayer a confirmar que en 3 años bajará 40% los índices delictivos, aunque antes había dicho que entre 50% y 30%. La baja, ha dicho también, será especialmente en los homicidios que en 2017 llegaron a la cifra récord de 31,174 asesinatos (25 homicidios por cada 100,000 habitantes). En ese plazo "las familias mexicanas podrán recuperar con normalidad las actividades que ahora inhibe la violencia y la criminalidad", reiteró ayer.

La política de seguridad sin duda será el mayor reto de López Obrador para cumplir su promesa de pacificar al país, misma que incumplieron sus 2 antecesores, el panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto.

Lo que podemos subrayar es la concordancia del diagnóstico del origen de la crisis de seguridad y de violencia que padecen los mexicanos, que hizo el futuro responsable de la seguridad en el país, con lo que perciben los tapatíos sobre el tema y que reveló en septiembre la encuesta de percepción sobre seguridad que hizo el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.

Así como los encuestados ven en la corrupción la principal causa de la inseguridad, y no la disputa de bandas de narcotraficantes por los territorios para la venta de droga como dicta la justificación de los actuales gobiernos, Durazo dijo que la principal línea de acción para combatir la inseguridad será limpiar de corrupción las corporaciones policiales y la protección y complicidad de políticos y funcionarios con las bandas de delincuentes y narcotraficantes.

En el 14o. Foro Escucha por la Pacificación del País y la Reconciliación Nacional realizado ayer en Jalisco, se apareció el fantasma de la discordia.

Carlos Lomelí estuvo presente a pesar de que los protagonistas anunciados eran Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, y Macedonio Tamez, futuro coordinador del gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco.

La tensión se sintió. En la rueda de prensa apareció sentado Lomelí junto a Durazo y Tamez. No habló, ¿pues qué iba a decir? Pero se impuso para la foto.

En el lugar se rumoró que una de las organizadoras locales, Margarita Sierra, futura secretaria de Planeación y Participación Ciudadana de Enrique Alfaro, se oponía a la inclusión de Lomelí en el mensaje a medios.

La muestra de que al final cada grupo hizo berrinche es que a Lomelí lo presentó su gente y el resto fue presentado por personal de comunicación de Alfaro.

Y esos son los que van a reconciliar y pacificar al país y al estado.

Dice el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que "el que nada debe, nada teme" contestándole a la Secretaría de la Defensa Nacional en relación con la Comisión de la Verdad que ordenó crear en cuanto asuma su gobierno, pero en este caso se equivoca. El responsable jurídico de la Secretaría de la Defensa, el general Alejandro Ramos, criticó la conformación de esa comisión porque como está planteada es imposible establecer cualquier verdad jurídica, porque es parcial, no tiene representatividad legal alguna y porque es parte, agreguemos nosotros, de una manipulación política que terminará siendo muy costosa; tiempo al tiempo, para el futuro presidente y su administración.

En el equipo del presidente electo sufren una confusión profunda sobre un tema central de la agenda política: confunden los hechos de violencia actuales con los movimientos sociales e incluso armados de los 70 y principios de los 80, incluyendo el 68.

Desdeñan el componente del narcotráfico que ha causado la friolera de 200,000 muertos en la última década, que ha dejado enganchados a la droga a centenares de miles de jóvenes y niños y que no es siquiera un fenómeno local, sino global.

Es tan global que en Estados Unidos el año pasado murieron por sobredosis de opiáceos 60,000 personas, en un negocio que en parte se alimenta y controla desde México y, precisamente, por 2 de los cárteles involucrados en desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

Tan involucrados, que la participación de sus sicarios fue monitoreada por los jefes del cártel desde Chicago en comunicación con Iguala la propia noche de los hechos, como lo demuestran las conversaciones telefónicas tomadas por la DEA y que mostramos en el libro La noche de Iguala, secuestro, asesinato y narcotráfico en Guerrero que acabamos de publicar, esta misma semana, en Cal y Arena.

El equipo del presidente electo cuando habla de represión la confunde con la lucha contra los grupos criminales y equipara a éstos con movimientos sociales. Cuando dice que el Ejército saldrá "desarmado" a cuidar a la sociedad y enfrentar a los criminales parece ignorar que esos grupos terribles, desalmados, que matan, torturan, desaparecen gente, que extorsionan, roban y secuestran están equipados con armas de guerra de alto poder y que las usan día con día contra soldados, marinos y policías, pero, sobre todo, contra la población civil, como lo vimos, precisamente, en Iguala.

Hay que temer a esa comisión porque quienes manejan a los padres no son víctimas ni tampoco colaboradores imparciales, sino parte de movimientos con agendas muy específicas.

Son los que con sus acciones están propiciando no sólo que no se haga justicia, sino que los verdaderos criminales queden exonerados, como sucedió en estos días con 2 de los más notorios sicarios de Guerreros Unidos, El Gil y El Carrete, cuyos testimonios sobre su participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014 es evidente, clara, sin rastro alguno de duda. En el libro que acabamos de publicar, La noche de Iguala, citamos sus testimonios y los de sus cómplices, donde hablan con lujo de detalles de los hechos y cómo sucedieron, en declaraciones por separados, pero que se complementan perfectamente. Pero no se trata sólo de testimonios en papel, en el programa Todo personal hemos divulgado ya muchas veces los testimonios filmados de los sicarios, donde ninguno de ellos se muestra siquiera presionado para contar sus historias.

El Estado mexicano, sobre todo cuando la próxima administración tendrá inéditos instrumentos de gobernabilidad, debe hacer justicia con las instituciones, con la nueva fiscalía, con sus investigadores, con la ley en la mano.

La Comisión de la Verdad, como está planteada, es un espacio militante y manipulado que alcanzará objetivos propios, todos menos 1: establecer la verdad y hacer justicia.

En la gira del "sí" o "ya casi soy presidente", López Obrador sigue en la lógica de campaña. Ya no se trata de que voten por él, sino de generar una base de consenso que le dé la fuerza para emprender lo que él llama la Cuarta Transformación. La manera de lograrlo es diciendo que sí a todo, incluyendo apadrinar una boda ostentosa, de esas que solo muestran que el poder envilece por igual a izquierdas y derechas.

Así como vino a Jalisco a decir que la Línea 4 del Tren Eléctrico se va a construir en su sexenio, a pesar de que no hay aún un proyecto ejecutivo ni un costo estimado, fue a León a decir que la presa de El Zapotillo va, que esta obra que es ya transexenal se terminará y él mismo se encargará de convencer a Jalisco de que se haga. Eso querían oír en Guanajuato; eso les dijo. Aplausos.

Lo que no dijo es si está pensando en una cortina de 120 metros de altura, con lo cual incumpliría su promesa de campaña que no se inunde el poblado de Temacapulín, o si va a 80, con lo cual le queda mal a León o a Guadalajara porque a los 2 les prometió resolver el problema del agua y a esa altura no alcanza para ambos. Tampoco dijo si la presa va con todo y acueducto, ese al que los poblados de los Altos de Jalisco se han opuesto, tampoco si hay un cambio en la operación o si seguirá en manos de la empresa española Abengoa que para muchos seguidores de López Obrador es el rostro visible y canalla de la privatización del agua.

El modelo desarrollista de López Obrador no es propiamente el más amigable con el medio ambiente, por el contrario, la mayoría de sus propuestas, comenzando por el Tren Maya, tienen un costo ambiental alto. Las obras no se plantean a partir de una visión de sustentabilidad sino de voluntad popular y voluntarismo presidencial.

No quiero ser aguafiestas, pero creo que lo que se está construyendo es el escenario perfecto para que, otra vez, no pase nada en 6 años en materia de agua para León y Guadalajara. Decidir que todo se haga es lo mismo que no decidir. Me temo que lo que no arranque en los 2 primeros años de gobierno va a quedar en el aire, porque la lógica del presidente electo es asegurar la fuerza de su presidencia y de su partido en la elección intermedia donde se jugara no solo la Cámara de Diputados sino la mitad de las gubernaturas y todos los congresos locales del país. Por eso está en campaña, por eso nos dice a todos lo que queremos oír, por eso la gira del sí.

La política de Andrés Manuel López Obrador en su gira de agradecimiento es básica: diles lo que quieren escuchar.

"Siempre digo lo que pienso. Vamos a resolver el problema de la presa El Zapotillo para que haya agua para León".

Lo último que dijo el gobernador electo Enrique Alfaro sobre el tema es que el tabasqueño estaba "muy en sintonía con nosotros" para dejar la cortina a 80 metros y "negociar" con Guanajuato.

Pues parece que según la entidad que visita, al presidente electo le cambia la frecuencia y se sintoniza con promesas que al final resultan contradictorias.

López Obrador reiteró que durante su administración se bajarán los sueldos de los altos funcionarios para aumentar los de los de abajo; en ese sentido puntualizó que "todos los servidores públicos que ganen menos de 20,000 pesos mensuales van a tener aumento de sueldo es decir, se va a incluir a maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados, van a ganar más".

Asimismo, señaló que en esta entidad [Guanajuato] se abrirán el año próximo 2 nuevas universidades públicas, una en Cuerámaro y otra en San Diego de la Unión, aparte de que se destinarán becas para jóvenes para el estudio y el trabajo en ese estado.

Insistió en que se acabará con los lujos en el gobierno y que ProMéxico cuenta con oficinas en 47 ciudades del mundo; "todas esas oficinas se cancelan, ya no van a haber esos excesos".

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ha perfilado una nueva forma de enfrentar al crimen organizado. No será con amor y paz ni con persuasión para los criminales y los jefes de los cárteles de las drogas mexicanos, que hace tiempo son trasnacionales y están considerados entre las mafias más poderosas del mundo, sino con algo extraordinariamente inusual: que las fuerzas armadas combatan a los criminales sin usar la fuerza. Su nueva propuesta es, por decir lo menos, controvertida.

López Obrador anunció el sábado en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, símbolo de la represión desde hace medio siglo, que presentará una iniciativa para crear una Guardia Civil, integrada por el Ejército, la Marina y la Policía Federal. "La propuesta es que las fuerzas armadas actúen como un ejército de paz", dijo. "Tendrán que ayudarnos sin el uso de la fuerza para garantizar la seguridad interior y ayudar a que haya seguridad pública. Tenemos un grave problema de inseguridad y de violencia en el país, y vamos a buscar la manera de enfrentarlo sin el uso de la fuerza. Vamos a atender las causas que han originado la violencia en México. Estoy seguro que si hay trabajo, si hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, vamos a lograr la paz y la tranquilidad en nuestro país".

La Guardia Civil es el nuevo nombre para lo que propuso hace tiempo como Guardia Nacional, desechada en agosto por el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, por la complejidad de las reformas constitucionales que tendrían que hacerse para desaparecer a las fuerzas armadas y convertirlas en un nuevo ente. El tema parecía zanjado tras la visita del presidente electo a los secretarios de la Defensa y de la Marina, pero el sábado López Obrador volvió a su idea original de desaparecer a las fuerzas armadas.

No se sabe el porqué su insistencia de desaparecer a las fuerzas armadas y de quitarles su armamento, pero lo tiene en la cabeza de manera fija y clara, y no distingue entre la responsabilidad de mantener la seguridad nacional, la de la seguridad interna y la de seguridad pública. Para el presidente electo, todo es lo mismo, sometido a un mando donde la jerarquía castrense se difumine, y debe ser sin armas. En su discurso del sábado dio una muestra de ello. Si hubiera una invasión, dijo, todos los mexicanos saldrían a defender a la patria. Dicho de otra forma, las fuerzas armadas no son una condición sine qua non para mantener la soberanía nacional.

La propuesta de López Obrador es reduccionista. Crear condiciones sociales y económicas para dar trabajo y atender a los jóvenes es parte del problema, pero no su solución integral. Podrá haber, en el mejor de los casos, una disminución de jóvenes reclutados por el narcotráfico, pero el fenómeno no desaparecerá. El narcotráfico es un negocio y no va a dejar de serlo por los altísimos márgenes de utilidad. Parte de los recursos que obtienen los utilizan para la compra de armamento, cada vez más poderoso y sofisticado para enfrentar la capacidad de fuego de las fuerzas armadas y desafiar al Estado mexicano.

Pedirle a las fuerzas armadas que asuman las tareas de seguridad pública sin armas, es tanto como entregar a soldados y marinos al crimen organizado. Las armas son un disuasivo, y la distorsión mexicana en materia de uso de la fuerza no puede ser resuelta mediante el desarme. Un tema es el abuso de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos que tienen que atajarse y castigarse, y otro regalar el país al poderío bélico que tienen los cárteles de la droga. Si el presidente electo cree que esa es la solución al problema de la inseguridad, se equivoca. La ecuación que plantea es permitir que los cárteles de las drogas sigan haciendo su negocio, con todo lo que ello implica en México, a cambio de que sean ellos los que se hagan cargo de la seguridad. No los toca nadie a cambio de que no toquen a nadie. Entre eso y caminar hacia la creación de un narcoestado no hay diferencia.

López Obrador tiene que clarificar qué quiere exactamente. Otros países tienen cuerpos como la Guardia Civil que planteó. Existe en España y depende de los ministerios de Defensa y del Interior, pero no suple a las fuerzas armadas. Chile tiene a los Carabineros, bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, aparte del Ejército. El gobierno del presidente Ernesto Zedillo creó la Policía Federal Preventiva al trasladar en su totalidad a la 3ª Brigada de la Policía Militar dentro de un nuevo cuerpo encabezado por civiles a los que se sumaron miembros del CISEN y toda la Policía Federal. Una nueva policía nacional propuesta por el gobierno de Felipe Calderón, nunca fue aprobada en el congreso.

López Obrador tendría en esos modelos una repuesta a lo que desea. Sí puede crear -de hecho es necesario- una nueva policía nacional que puede llamar como quiera, pero no a costa de las fuerzas armadas que, convertidas en un ente paramilitar, enfrenten el poderío del crimen organizado con toletes y buenos modales. Cometer el error del gobierno de Enrique Peña Nieto de no combatir al crimen organizado durante los primeros 8 meses de su administración, provocó la espiral de violencia que López Obrador heredará. Su propuesta es aún peor. Matar políticamente a las fuerzas armadas, o dejar que literalmente las maten, es eliminar por razones que aún son oscuras, la última frontera mexicana.

Cuentan que hace poco más de una semana Carlos Lomelí visitó Tepatitlán en una gira regional. Su visita incluyó una reunión con cerca de 400 asistentes. Entre ellos, 120 regidores y una decena de alcaldes electos de la región, militantes del PRI, PAN, Verde, Nueva Alianza, MORENA, pero ninguno de Movimiento Ciudadano.

El mitin fue para explicar sus próximas funciones como súper delegado federal. Cuentan que entre las filas naranjas hubo inquietud y hasta operaron para sabotear el encuentro porque Lomelí ni ha sido electo, ni ha sido designado, o sea, no es nada.

Nuestro problema no es que no creemos nada, el problema es que parecemos creer todo; y no se limite al problema educativo, analice usted todas las reformas estructurales, el gobierno cesante nos presentó cientos de opiniones de expertos, vendiéndonos los logros a obtener con certeza, valuaciones desde su punto de vista: exitosas todas.

Pero en este juego democrático triunfó otro candidato, que opinaba diferente, cuyas características personales no llenaban las características del gobierno anterior; no habla inglés -lo que se considera un crimen terrible- no tiene posgrados en el extranjero, ni aquí, aunque el grueso del personal prefirió que tiene una forma de ver las cosas cercana a la gente, y decidieron creerle, parece atractivo no parecen interesarle los lujos y pregona programas que a criterio de muchos son demasiado simplistas.

Pero el hecho a hacer notar es que tanto los proyectos anteriores -hoy casi fallidos-, así como los proyectos del nuevo mandamás son solo afirmaciones no ciertas necesariamente, de proyectos que pueden cumplirse o no hacerlo; sería interesante ver cómo los expertos peñistas califican los programas lopezobradoristas y como los sabios de éste califican pos programas peñistas. Digo. Nada más por conocerlas.

Ahora que para el resto del infelizaje no hay otra que esperar.

Así ha sido el voto popular, optó por la esperanza y sólo el tiempo dirá que tanto se cumplió de las promesas, entonces, sólo entonces, podremos medir que tanto tuvieron los nuevos proyectos.

Pero actualmente no creo que debamos creer lo que nos estén diciendo, por más publicidad que quieran hacer, lo sensato parece ser mantener una duda razonable, porque lo cierto es que actualmente parece que creemos todo lo que se dice.

Andrés Manuel López Obrador es el presidente electo que más expectativa ha causado en la historia moderna de México. Sólo Vicente Fox desencadenó tal optimismo -y sabemos cómo acabó esa historia-. López Obrador llega a la Presidencia con un bono de legitimidad nunca antes visto en nuestra joven democracia. ¿Es el preludio de la decepción? ¿Es posible que tan amplio bono luego se transforme en amargura?

Sin duda. Las expectativas siempre son camisas de fuerza que deben ser gestionadas hábilmente por los políticos. Por ejemplo, de acuerdo al 62% de los mexicanos, el país mejorará en el plazo de un año. 2 de cada 3 ciudadanos consideran que la seguridad mejorará durante el sexenio de López Obrador y 67% asume que la economía será mejor bajo el liderazgo del tabasqueño. Y el grueso de las encuestados -27.3%- cree que los cambios se verán en un plazo -casi récord- de 6 meses a un año. Todos esos números se desprenden de una encuesta de Consulta Mitofsky.

El punto más disonante con respecto a las declaraciones de López Obrador: un combate a la corrupción institucional y no enteramente voluntarista. La voluntad política es fundamental, no lo niego. Es condición necesaria, pero no suficiente. Qué bueno que el presidente electo diga que él combatirá la corrupción, pero sin instituciones es imposible que demos pasos ambiciosos en materia de reducción de impunidad. El presupuesto es la ley más importante que impulsa un gobierno. Es el gasto público de un año, en donde se delinean prioridades y apuestas públicas. ¿Veremos respaldo a la Fiscalía Anticorrupción? ¿Veremos la transformación de la Fiscalía en un verdadero ministerio público con autonomía? No hay un solo país en el mundo que haya combatido eficazmente la corrupción sin construir tejidos institucionales sólidos a prueba de los vaivenes partidistas. Voluntad, sí, pero sólo como el 1er. paso para confeccionar las instituciones del futuro.

Me parece que al interior de Morena coexisten 2 pulsiones que, en muchas ocasiones, chocan entre sí. Por un lado, ese nacionalismo revolucionario que añora las viejas formas y no reniega del ancien régime. Que sospecha de todo lo liberal que tiene la democracia y que no dudaría en utilizar las estructuras estatales para reproducir la hegemonía de Morena. Y existe, también, una corriente profundamente renovadora, que entiende la representación, y que no comparte las viejas formas del PRI. En materia de democratización, Morena debe definirse: o abrazar el canon que sospecha del pluralismo y las libertades, o romper con las inercias más nocivas -clientelismo, faccionalismo, corporativismo.

López Obrador decidió arrancar con medidas de austeridad que le permiten ganar legitimidad. Es una agenda transversal, que no divide a la sociedad mexicana. Sin embargo, López Obrador no puede olvidarse que su victoria electoral se debe, en gran medida, a que una amplia mayoría de mexicanos no aprueba el rumbo del país: ni la desigualdad exacerbada; ni la guerra contra el narcotráfico que sólo deja muerte, dolor y derroche; ni un combate a la corrupción totalmente manipulado por el presidente, y menos las tendencias autoritarias que demostró el PRI a su regreso. No sé cuántos años sean necesarios para tener un país que rompa con estas dinámicas nocivas.

Esteban Moctezuma Barragán, próximo secretario federal de Educación, declaró que los maestros que hayan sido despedidos por no haber asistido a la evaluación docente serán reinstalados en sus plazas.

Aseveró que en la próxima administración federal se buscará una mejoría en la coordinación con las universidades públicas. Lo anterior, con la finalidad de lograr objetivos específicos, tales como una cobertura específica.

Moctezuma Barragán resaltó que está el proyecto donde se crearán 100 universidades nuevas, además de una mejoría en la educación en línea y la semipresencial para todas las personas que no puedan asistir a un aula.

La intención del próximo gobierno de reducir los sueldos de quienes, paradójicamente, serán su sustento cotidiano, ha tocado una fibra sensible del servicio exterior. Pocos saben -incluyendo las nuevas generaciones de diplomáticos- que, históricamente, dicho servicio padeció penurias.

Quienes nos incorporábamos al Servicio Exterior Mexicano lo hacíamos por vocación, pero también porque no dependíamos del magro sueldo para subsistir. La penuria salarial disuadía a muchos de convertirse en diplomáticos: en mi generación de relaciones internacionales de la UNAM éramos más de 30, pero no más de 5 ingresamos a la Cancillería.

A base de esfuerzo e insistencia (a veces contando con el apoyo de los cancilleres y de los presidentes, y otras con su indiferencia), finalmente obtuvimos sueldos decorosos, rompiéndose el atavismo histórico de la penuria. Ciertamente es ofensivo que la mitad de la población viva en pobreza, y que en los últimos años -especialmente desde el gobierno de Fox- las percepciones de la alta burocracia de los 3 poderes se hayan incrementado significativamente. Sin embargo, como los miembros del SEM no recibieron ese beneficio, ni tienen emolumentos superiores a la media internacional, sería un retroceso injusto e injustificado reducirles lo logrado después de tantos años de estrechez. En atención a que la amenaza está propiciando jubilaciones adelantadas y renuncias inesperadas, el próximo canciller, Marcelo Ebrard, debería enviar una señal tranquilizadora para asegurar que la futura nueva política exterior cuente con el personal profesional, calificado y experimentado indispensable para implementarla exitosamente.

Tensa fue la reunión a puerta cerrada entre Andrés Manuel López Obrador y alrededor de 40 empresarios del naciente sector petrolero mexicano. El próximo presidente reiteró sus críticas a la Reforma Energética y dejó claro que espera más del sector privado: no entró la dolariza que se esperaba, dijo. La inversión nacional y extranjera no llegó y en cambio se dejaron de perforar pozos... Se actuó con muchísima irresponsabilidad, expresó.

Las críticas fueron directas: la reforma que iba a salvarnos sólo creó burocracia y nos hundió, afirmó AMLO. Su diagnóstico fue demoledor, pero dejó una semilla de certidumbre para los empresarios: se comprometió a respetar los contratos firmados por el actual gobierno, siempre y cuando salgan airosos de la revisión.

Vamos a renegociar los contratos que estén caros con Pemex, advirtió. Podemos hacer muchas cosas porque tenemos mayoría, pero no lo haremos, "vamos a hacer democráticamente lo que más le sirva al país. No somos una dictadura", dijo en la reunión que se celebró en el ex convento de san Hipólito.

¿Cómo interpretar lo dicho por el próximo presidente? El mensaje se da en un contexto de malas noticias para el sector petrolero mexicano. La producción de crudo liga 31 meses de caídas y se encuentra en su menor nivel desde hace más de 35 años.

El próximo presidente está enojado con la Reforma Energética, pero sabe que necesita al sector privado. Pemex no tiene la capacidad para hacer todas las inversiones que México necesita para recuperar una producción petrolera de 3 millones de barriles diarios. Se requieren 20,000 millones de dólares anuales y Pemex "sólo" ha invertido 12,150 millones anuales promedio en exploración y producción en esta década. AMLO fue claro y será pragmático: necesita a la IP, pero les exigirá más que en este sexenio.

No entiendo los conceptos de justicia de AMLO y cómo piensa aplicar la ley para combatir la corrupción en su próxima administración -asunto que fue el centro, principal bandera y promesa de campaña que le hizo ganar la elección presidencial- si cada vez que surge una revelación de desvíos millonarios de algún político importante o algún allegado a él, en lugar de investigarlo y aplicar la ley (con los ojos vendados), los exculpa con ridículas expresiones de amor y paz o diciendo que son chivos expiatorios y que él no es un hombre vengativo, confundiendo por completo la diferencia entre venganza y justicia.

El más reciente ejemplo de ello (hay muchos más) es el caso de Rosario Robles, acusada de desviar durante su gestión al frente de Sedesol y Sedatu, 700 millones de pesos a 9 empresas fantasma que recibieron esos recursos en efectivo, en 10 domicilios diferentes y hasta en costales.

Esto es lo que AMLO dijo al respecto: "Nosotros no vamos a perseguir a nadie, no vamos a hacer lo que se hacía anteriormente de que había actos espectaculares, se agarraba a 1, 2, 3, 4, a 5 como chivos expiatorios y luego le seguían con la misma corrupción".

Detrás de esta declaración que no es otra cosa que un perdón anticipado a Rosario Robles a pesar de las evidencias en su contra, y una manifestación de impunidad selectiva, podemos ver los distorsionados conceptos de justicia de AMLO. Él no va a "agarrar" a unos cuantos aunque haya evidencias de la comisión de delitos, él va a dejar libres a todos los que por oscuras razones le conviene que sigan libres, y luego entonces "parar" la corrupción (siempre y cuando los corruptos no sean de los suyos).

Además el término "agarrar" distorsiona lo que debiera ser la simple y llana consecuencia de haber aplicado la ley.

Para la oposición, haber "agarrado" a Rosario Robles significa que "la cacharon" en sus tropelías y por lo tanto merece castigo; para AMLO, significa que "agarraron" un chivo expiatorio infiriendo con ello que no es culpable y se trata de una persecución política; y para los ciudadanos significa que el combate a la corrupción de la nueva Administración estará basado en una justicia e impunidad selectiva.

Coincido con lo que el presidente nacional del PAN, dijo: "El gran problema en México es que la ley no se cumple, y AMLO promueve, con gran cinismo, su incumplimiento".

Este tipo de declaraciones las escuchamos sólo de políticos que pertenecen a minorías opositoras, porque para los partidos políticos la ética, la aplicación de la ley y la congruencia duran sólo el tiempo que están fuera del poder. Cuando son gobierno, como Morena ya lo es y AMLO pronto lo será, su sentido de justicia se vuelve populachero, aplicando la ley en los bueyes del compadre o viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Todo indica que la justicia en tiempos de AMLO no será ciega sino tuerta. Con el ojo abierto perseguirá a los opositores y con el ojo tapado perdonará a los seguidores y allegados.

Una de las preocupaciones más generalizadas que escucho respecto al futuro gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, es la falta de contrapesos que tendrá.

Desde 1997, tuvimos gobiernos que no contaban con la mayoría absoluta de las dos cámaras del congreso, lo que impedía que -como lo hacía el PRI en el pasado- pudieran hacer cambios legales sin concertar al menos con otra fuerza política.

Esa etapa de poco más de 20 años terminará a partir del 1 de diciembre.

Pero, además, poco a poco se tuvo igualmente un mosaico en el país, donde muchos gobiernos estatales provenían de partidos diferentes al del presidente de la república.

Si las preferencias electorales se mantuvieran como hoy, Morena ganaría fácilmente la mayoría de los estados en 2021, como ya ganó este año los congresos locales.

Tampoco los estados serían un contrapeso.

Algunos de los órganos autónomos más importantes, como el Banxico o el INE, a lo largo de este sexenio, renovarán la mayoría de sus integrantes. Si el jefe del ejecutivo así lo decide, podrá seguramente proponer a una mayoría de integrantes que le sean cercanos.

No podrá ser así en el caso de la Suprema Corte, donde los calendarios no permiten la renovación de la mayoría de los ministros en un solo sexenio. Pero será casi el único caso.

Algunos piensan entonces que los contrapesos vendrán de la sociedad civil. Pero, ¿en qué medida la sociedad civil podrá serlo realmente?

A diferencia de lo que sucedió con la actual administración, en la cual las críticas al poder público tuvieron fuerte impacto, por ejemplo, cuestionando la corrupción, por lo menos en el corto plazo, no se percibe que pueda haber una incidencia mayor debido a la legitimidad del triunfo de AMLO.

A mi parecer, el contrapeso fundamental del futuro gobierno serán los mercados internacionales.

Ellos no van a ser influidos por los discursos, ni encantados por los gestos. Van a juzgar por las decisiones objetivas y por las acciones.

Los inversionistas no se dejaron seducir por los críticos de AMLO que anticipaban que su triunfo iba a representar la hecatombe financiera.

Mantuvieron la serenidad y esperaron objetivamente las señales que vendrían de las propuestas del nuevo gobierno.

Ahora harán lo mismo. Si hubiera políticas que no les gustaran, no tendrían ninguna compasión y actuarían de manera despiadada vendiendo activos en pesos, en caso de que percibir riesgos excesivos.

El caso reciente de Argentina muestra claramente la lógica de comportamiento de los mercados.

No importa que hayan respaldado algún gobierno en el pasado. Si por alguna razón le pierden la confianza, el efecto sobre la economía de ese país puede ser devastador.

Si López Obrador desea cumplir una parte razonable de las promesas que hizo en la campaña, no puede darse el lujo de tener una crisis financiera.

Por esa razón, es previsible que norme su comportamiento -por lo menos en política económica- buscando evitar que se desencadene una tormenta financiera.

Tenemos una economía abierta y fuertemente dependiente de lo que suceda en los mercados internacionales, al margen de quien sea el presidente de la república.

Por esa razón, es que, como ninguna otra fuerza, serán los mercados financieros internacionales el principal contrapeso que tengan las decisiones y acciones de AMLO.

Así como dice una cosa, dice otra.

Con optimismo, algunos ven correcciones en lo que yo veo improvisación, falta de certeza en lo que se quiere, o engaño a una de las partes a quienes dirige sus discursos.

Ayer, ante un importante grupo de empresarios petroleros, dijo que "no se trata de culpar a nadie, o decir que fracasó la reforma energética. No vamos a generar esas polémicas, esos debates. Se trata de ver hacia adelante y rescatar, fortalecer la industria petrolera y eléctrica nacional".

Seguramente quienes trabajan ya sobre las bases de la reforma energética salieron felices de la casa de transición de la colonia Roma, porque oyeron en voz del presidente electo lo que querían oír. Que no dice que la reforma haya sido un fracaso, y condenó esa polémica estéril entre si ésta es buena o mala. Vamos a jalar todos parejo.

Muy buena señal. Excelente para seguir adelante.

Un "estate quieto" a los que importunan con el debate de si la reforma sirve o no sirve.

Un desmentido a los que pregonan que la reforma es un fracaso. Todo sigue.

Ahora, bien, ¿a quién desmintió ayer López Obrador?

López Obrador desmintió a AMLO.

Apenas el 8 de septiembre, AMLO dijo en Villahermosa que "la reforma energética es un vil engaño y un rotundo fracaso".

Textualmente dijo en aquella ocasión, ante contratistas de Pemex, que "la reforma energética fue un vil engaño", se tradujo "en un fracaso rotundo", y previo a ello suspendió las nuevas rondas de licitaciones programadas para febrero.

Según dijo ahí en Tabasco, "eso es pura corrupción".

Es exactamente lo contrario, lo opuesto a lo que dijo ayer en reunión con los integrantes de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos y de la Asociación Nacional de Productores de Hidrocarburos.

Ante un público, AMLO dice que la reforma energética fue un vil engaño, rotundo fracaso, y ante otro público López Obrador dice que no hay que llamarla fracaso e invita a no entrar en esa falsa polémica.

Todo esto parece un asunto de diferentes puntos de vista, contrapuestos, que dirimen sus proyectos antagónicos en las urnas electorales, como ocurre en todas las democracias del mundo.

Pero aquí hay un problema: AMLO y López Obrador son la misma persona.

Y esa persona será el presidente de la república dentro de 2 meses.

¿Qué hacemos? ¿A cuál le creemos?

Ojalá tengan razón los que dicen que se trata de correcciones del presidente electo, una vez pasada la campaña y en vísperas de asumir el mando del país.

Puede ser y habría que respirar tranquilos si López Obrador no va a quitar lo que sí está bien y funciona.

Sin embargo el propio AMLO ha dicho reiteradamente en días y semanas recientes que cumplirá con todos sus compromisos de campaña.

Y uno de esos compromisos de campaña es echar abajo la reforma energética.

Precisamente en Tabasco dijo un 18 de marzo que no descansaría hasta derogar la reforma y restituir a la nación lo que le pertenece.

Que quienes invertían en las rondas de licitaciones compraban mercancía pirata.

Entonces caemos en una nueva duda: ¿va a cumplir sus compromisos de campaña, como afirma, o no lo va a hacer, como lo sugiere este deslinde de los que dicen que la reforma fue un fracaso (o sea él)?

El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a modificar de manera radical esa discrecionalidad [del uso de recursos públicos para fines de propaganda], lo que hay que aplaudirle. Lo que necesita ahora es cambiar su discurso contradictorio que, de mantenerse por el mismo camino, va a terminar sumido en el mismo modelo que quiere transformar. Para iniciar su aproximación a nuevas formas de asignación de la publicidad oficial, esta semana se realizó un foro de Morena en la Cámara de Diputados donde, lamentablemente, no fue abierto a diversas voces y sólo la tuvieron quienes no entienden a fondo la dialéctica entre los medios y el gobierno, ni tampoco tienen el conocimiento práctico para evitar contradicciones.

Por ejemplo, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, dijo que pretenden elaborar una nueva normatividad que evite esa discrecionalidad, porque "ya no requerimos ni un gobierno ni un Estado que utilice la propaganda oficial como un medio de control político". Tal cual como lo plantea, hace tiempo que dejó de existir, lo que tampoco significa que no existan tentaciones que han impedido su erradicación total. El mejor argumento en contra de su afirmación es el trabajo de crítica sistemática al gobierno peñista, que probablemente haya sido el más castigado en los medios desde que el sistema opera bajo un marco democrático.

A López Obrador se le ha reconocido una extraordinaria habilidad para decir a sus interlocutores -empresarios, periodistas, ciudadanos que lo abordan en demanda de los portentos que todos los mortales ingenuos esperan de los políticos...- lo que éstos quieren oír. Al López Obrador D. E. (Después de las Elecciones), conste; no al López Obrador A. E. (Antes de las Elecciones).

Congruente con su nueva imagen (nada que ver con el que, incapaz de aceptar sus anteriores derrotas electorales, acuñó otra frase rotunda y categórica: "¡Al diablo las instituciones!"), el hoy presidente electo sembró ayer, como estaba previsto que sucediera, en el ánimo de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa, la semilla de la esperanza. La esperanza, si no de que lo sucedido hubiera sido una espantosa pesadilla en vías de resolverse en un despertar feliz -en cumplimiento de la "exigencia" de "Vivos se los llevaron y vivos los queremos"-, sí, al menos, de pasar de la "Verdad histórica" del ex procurador Jesús Murillo Karam, semanas después del dantesco episodio, a una que satisfaga el deseo de que uno o varios funcionarios gubernamentales y/o mandos militares de alto rango, paguen la factura de los platos rotos.

La Comisión de la Verdad en vías de crearse, sólo dejará plenamente complacida a "la opinión pública" (cualquier cosa que eso sea) si concluye su ejercicio con sacrificios humanos. Menos, no.

Este miércoles por la noche, la Presidencia de la República confirmó que el avión presidencial "José María Morelos y Pavón" TP01 presentó una falla cuando el Presidente Enrique Peña Nieto regresaba de Nueva York a México.

Es un modelo Boeing 787-8, que cobró relevancia cuando fue utilizado por el ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en un spot de su campaña, en el que señalaba que la aeronave había tenido un costo elevado, pues "no lo tiene ni Obama".

El avión fue adquirido por el gobierno del presidente Felipe Calderón y que entró en operación el 10 de febrero de 2016 y aunque en el spot Obrador decía que costó 7,500 millones de pesos, en realidad tuvo un costo de 2,952 millones de pesos.

Pese al alto costo, el Boeing 787-8 ha tenido fallas en los últimos meses.

El pasado 23 de julio, una avería similar a la del miércoles se presentó en el avión presidencial cuando el mandatario se disponía a volar a Puerto Vallarta, Jalisco, para encabezar la reunión Cumbre de la Alianza del Pacífico.

En campaña, López Obrador dijo que vendería el avión presidencial si ganaba la presidencia. En agosto pasado, la empresa GBS Air Enterprise ofreció al presidente electo 1,900 millones de pesos por la aeronave.

Gustavo Jiménez Pons, socio y presidente de la empresa de aviación GBS Air Enterprise, es primo del futuro titular Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.

Jesús Ramírez Cuevas fue reportero desde que salió de la universidad en 1991. Durante poco más de una década colaboró en La Jornada y con agencias internacionales de prensa. Incursionó en el documentalismo y se fue acercando a Carlos Monsiváis, quien lo arropó intelectualmente y lo recomendó al sempiterno candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien lo invitó a trabajar con él. Ramírez Cuevas se convirtió en uno de sus más cercanos y de los pocos que podían contradecirlo sin caer en el ostracismo. López Obrador lo hizo director de Regeneración, el periódico que le sirvió a Morena como vehículo de movilización permanente, y le redactaba discursos. Por su pasado en la prensa, no fue raro que el presidente electo lo nombrara su vocero y próximo director de Comunicación Social de la Presidencia. Ahí es donde comenzaron sus problemas.

El martes, la Rayuela de La Jornada, criticó punzante: "No hay mayor ciego que quien no quiere ver. Asombra que el portavoz de AMLO haya dicho lo que dijo en la Cámara. Para sonrojarse". En la víspera, Ramírez Cuevas estuvo con la bancada de Morena en San Lázaro donde explicó que la calificación que hizo López Obrador de la prensa al llamarla "fifí", fue una descripción porque "algunos" medios no hacen explícitas sus líneas editoriales. De dónde sacó la interpretación, no se sabe, pero se equivocó. "Fifí" se refiere a alguien que "tiene modales y actitudes delicados y exagerados". Su mezcolanza empeoró al trazar analogías.

Dijo que en otros países es pública la línea editorial de los medios, a qué intereses responde y qué simpatías políticas tienen. En México, agregó, se oculta como si no fueran partidarios de alguna idea, o que no defendieran ciertos intereses, carentes de neutralidad total porque hay un sesgo informativo. Ramírez Cuevas debía saber más del tema. Es muy imprecisa su analogía y, quizás, como durante casi una década ha practicado una prensa militante -que es legítima, por cierto- piensa que sin importar los géneros periodísticos, todos deben hacer explícitas sus posiciones políticas. Se equivoca. Un medio que no es militante busca acceder a un público plural mediante una información justa, balanceada y plural. Un medio militante, que es el que expresa su posición política y filiación, no cumple ese propósito, porque es excluyente. Es útil para sus simpatizantes e inútil para el resto. Es exactamente lo contrario de lo que ha postulado en otras ocasiones como la responsabilidad del medio para informar mejor a la sociedad.

El desconocimiento más grande lo mostraron sus analogías. En Estados Unidos, posiblemente lo que traía en la cabeza, los medios dividen opinión de información, y mientras en la primera hay posiciones claras y políticamente transparentes, en los informativos se busca balance y equilibrio para la mejor aproximación a la verdad. A lo que probablemente se refería es a que en periodos electorales, los medios suelen endosar a un candidato o candidata a puestos de elección popular. Sin embargo, no lo hacen en función de líneas partidistas, sino del mejor programa que tengan para sus electores.

Los periódicos ingleses tampoco "transparentan" sus filiaciones partidistas o ideológicas, lo que no obsta para que sus lectores desconozcan en qué parte de la geometría ideológica están, no por su información, sino por su jerarquización de noticias, columnas y artículos de opinión.

Extrapolando a México, ¿alguien dudaría que La Jornada es un periódico de izquierda? Su línea editorial ha sido históricamente consecuente, y el que su directora Carmen Lira sea madrina de los hijos de López Obrador, no impide a ese diario estar abierto a sectores que en el campo de la política son opuestos a su línea editorial. Los consumidores de información no son tontos. Ramírez Cuevas parece que piensa que sí lo son, o su estructura mental oscila únicamente en el universo de una prensa militante, que sería reduccionista.

El vocero se mal acostumbró de cuando mezclaba en sus textos la opinión y sesgaba la información. A partir de esa autocrítica podría desarrollar su crítica, porque hoy en día todavía se ven esas deficiencias en los medios mexicanos. La otra crítica, que ni siquiera esbozó, es la de los medios que cambian de línea editorial en función de quién está en el poder, que es aún peor que todo lo que dice. Bisoño en el campo de la comunicación social, Ramírez Cuevas tendrá que aprender a que sus palabras tienen costo si yerra y pensar mejor lo que declara. Será muy útil porque varias de sus ideas sobre publicidad y responsabilidad social de los medios merecen atenderse y apoyarlas, y no pueden perderse en discusiones ociosas sólo porque su conocimiento en estos momentos es limitado.

Demasiado iluso es quien haya creído que el cambio electoral traería maravillas instantáneas. Pero, ¿era inevitable que deparara tan grandes decepciones así de pronto?

El 1o. de septiembre comenzó el sexenio de Morena. Senadores y diputados de ese partido hicieron sentir desde el 1er. momento su euforia. El cambio trae prisa, nos anunciaban, y será radical, prometieron. Nos dejaron ruinas, advirtieron al decretar el supuesto fin de una era.

Sin embargo, a las primeras de cambio, cuando faltaban casi 3 largos meses para que López Obrador se pusiera la banda presidencial, la ilusión quedó chimuela. El Senado de la República, gobernado por Morena, expidió un cheque en blanco a Manuel Velasco, uno de los personajes menos prestigiados, y eso es ya mucho decir, de la escena política nacional.

El partido verde -así, en minúsculas- al que pertenece Velasco, se distingue por la transa sistemática. Es una maquinaria siempre orientada al abuso, al agandalle. A diferencia de los amateur o de algunos recién llegados a la política, el verde siempre reinventa su careta para colarse al banquete. Una rémora que siempre busca su lugar como parásito.

Con la aprobación de la irregular licencia a Velasco para que éste regresara a su aventura chiapaneca (ni modo de nombrar a eso con la palabra "gobierno"), Morena se hermanó con el peor socio del escenario político. El verde es moho: ensucia, pudre.

Por si hubiera duda, unas horas después vino el trasvase de 5 diputados verdes a Morena en San Lázaro. Legisladores kiwis que les dicen, por su condición bicolor. "Baratísimo lo que hicimos", se jactó Arturo Escobar, el expulsado de Gobernación en tiempos de Peña, uno de los pocos defenestrados en esta administración, toda una distinción. "Baratísimo", nunca mejor dicho.

A ellos claro que les salió barato. A Morena, no. Los votos cosechados por López Obrador no son todos incondicionales, los hay que no resisten la paradoja de ganar con un discurso anticorrupción para de inmediato buscar el abrazo de Velasco, Escobar y sus acólitos.

El escándalo por el maridaje verdemoreno duró un par de días en un ambiente donde las decepciones son la regla. Morena dio un paso en el mediocre sendero al que nos han llevado las anteriores alternancias. En la ruta de que nada cambie, qué señal más clara de la vigencia de la mafia del poder que el partido verde colándose a la foto de los que harán "el cambio".

Un par de semanas después, Morena ha rebajado aún más las expectativas de que vaya en serio en sus promesas de renovación.

Qué será ahora de las palabras de la ministra Sánchez Cordero, esas que auguraban una avalancha de reformas que ampliarían derechos, leyes que nos situarían por encima de Holanda. Qué hará con su agenda cuando tenga que negociar con los retrógradas de Encuentro Social, empoderados por Morena en la Comisión de Salud.

Cuando el mundo se asoma a discutir en serio los derechos de las mujeres, Morena responde que le gusta el modelo bíblico que ni a medieval llega.

Y de la comisión anticorrupción en manos del Partido del Trabajo, ni hablar. Una franquicia familiar plagada de escándalos presidirá cualquier discusión sobre cómo mejorar el edificio institucional de la lucha contra los abusos. Pura risa loca norcoreana.

Morena ganó todo: importantes gubernaturas, congresos estatales, congreso federal, Presidencia de la República. Pero el 1 de julio quedó atrás. Gobernar es también poner en juego los apoyos. Y en eso, en menos de un mes, el otoño del Peje como opción de esperanza ha comenzado, y lo ha hecho demasiado pronto.

Después de la inconformidad que manifestaron grupos de artistas y activistas porque las comisiones de Cultura y Salud le fueron asignadas a la bancada del Partido Encuentro Social (PES) en la Cámara de Diputados, el grupo mayoritario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) acordó con sus aliados un intercambio de comisiones.

A cambio, le dieron al PES las comisiones de Deporte y del Trabajo y Previsión Social; y las comisiones de Cultura y Cinematografía, y de Salud quedarán en manos de Morena. "El planteamiento anterior se basa en el acuerdo que los grupos parlamentarios suscribimos para el desarrollo de los trabajos legislativos de esta Legislatura, como la búsqueda del diálogo y los consensos con todas las fuerzas políticas", expresó Morena a través de un comunicado.

También se informó que en reunión plenaria de la fracción de Morena tratará este tema. En una reunión previa, los morenistas habían consensado que Erick "El Terrible" Morales quedara en la Comisión del Deporte y con la decisión de otorgarla al PES, quedó fuera.

En tanto, el presidente nacional de Encuentro Social, Hugo Eric Flores Cervantes, a través de un video, informó que la fracción de su partido en San Lázaro no solicitó presidir la comisión de Salud, sino que salió por la distribución de las comisiones dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Además, indicó, que sí pidieron presidir la comisión de cultura ya que Morena proponía como su presidente al actor Sergio Mayer, y el PES tenía un perfil mejor con Ricardo de la Peña Marshall, a quien calificó como "un historiador connotado".

"Nosotros respetamos las creencias de todo el mundo, la manera de vivir de todos, y solo pedimos el mismo respeto, hay miles de personas que piensan como nosotros y otros que no y no tenemos ningún problema, lo respetamos", señaló.

Aseguró también que el PES es el primer garante del Estado laico y dijo que no aceptarán "lo que ponen en sus bocas". "Estamos dispuestos a dialogar, sabemos hablar y no creemos que tenemos la verdad absoluta, queremos construir un país nuevo", indicó.

Por la mañana de este miércoles, actores y activistas se manifestaron en la Cámara de Diputados y le exigieron al presidente de la Jucopo, Mario Delgado Carrillo, que le quitara las comisiones de Salud y Cultura al PES.

El diputado de PT-Morena, Benjamín Robles, exigió, así, en ese tono, exigió al Banco de México usar las reservas para salir de la bancarrota en la que Peña Nieto, aseguró, tiene al país. Es decir, irse de una vez por la vía corta a 1976, 1982, 1988 y 1994. ¡Menuda transformación!

Todas las funciones sustantivas del gobierno -dirección, supervisión, vigilancia, fiscalización; coordinación de la ejecución de políticas, entre otras- recaen, por ley, en personal de confianza. Los cuadros intermedios (directores generales, directores de área, subdirectores) de todas las dependencias gubernamentales son, por tanto, personal de confianza. Sobre ellos recae toda la dirección operativa de la administración pública, es decir, encargarse de que las órdenes del presidente, los secretarios y subsecretarios se cumplan. Sin ellos el gobierno se paralizaría.

2 disposiciones del presidente electo -reducirles a la mitad el sueldo, además de eliminar sus prestaciones como seguro de gastos médicos, y despedir 70% del personal de confianza- penden como 2 espadas de Damocles sobre el futuro laboral y salarial de los mandos intermedios. ¿Qué incentivos tienen esos funcionarios para quedarse? ¿Con qué ánimo van a realizar sus tareas cuando vean llegar el 1er. cheque a la mitad, el 15 de diciembre justo en vísperas de Navidad o a mediados de enero con la cuesta del mismo nombre encima? El amor a la patria y el compromiso con la 4a. transformación tienen un límite muy claro: pagar las cuentas de la familia.

Imaginemos un escenario probable: ya sea por renuncias o despidos, la Dirección de Compras del IMSS se queda con solo 30% del personal de confianza. Por tanto, los responsables de compras de la principal institución de salud del país -a los cuales van a despedir pronto, pues su chamba la harán en Hacienda una vez que se cumpla la instrucción de López Obrador de consolidar todas las compras en la SHCP- no solo estarán más preocupados en buscar otro trabajo en el sector privado, sino que tampoco tendrán la gente suficiente para iniciar al día siguiente de la toma de posesión de AMLO las licitaciones más urgentes.

Según Compranet, el IMSS ha realizado en lo que va del año, más de 5,200 contrataciones -vía licitaciones abiertas, restringidas o adjudicaciones directas-, lo que equivale a cerca de 600 cada mes, 30 cada día hábil. Piense que a partir de diciembre ese trabajo lo realizarán cada vez con menos personal, más mal pagado y eventualmente enojado. ¿Cuáles pueden ser los resultados esperados del proceso de austeridad y recorte de ese personal en el IMSS? Que se retrasen las compras, y si ello ocurre, faltarán desde los medicamentos más básicos -problema que ya aqueja a miles de derechohabientes pero que se agravará- hasta la anestesia para las operaciones (alargando aún más los periodos de espera) y no habría que descartar que de repente se termine el oxígeno en los hospitales y más de algún paciente muera porque no llegaron a tiempo los tanques de repuesto.

En la SEP, me decía un funcionario hace poco, si no inician el 2 de diciembre la licitación para la compra de papel (la cual es de las más complejas), en agosto no habrá libros de texto gratuitos; piense que sucedería si la Conagua no compra a tiempo refacciones para el bombeo de agua del Sistema Cutzamala a Ciudad de México y se descomponen las bombas, o en las consecuencias de que el Seneam no contrate oportunamente la reparación de radares del sistema de navegación aérea. Lo anterior son solo ejemplos de consecuencias en algunas dependencias por el recorte y/o renuncia de personal de confianza de solo un área, la de compras.

Ahora imagínese que funcionarios inexpertos y mal pagados en áreas sustantivas del Banxico y la SHCP toman malas decisiones sobre el monto del endeudamiento, el tipo de cambio o las tasas de interés, los de Pemex sobre dónde explorar yacimientos; los de seguridad pueden creer que pactando con los criminales reducirán la violencia.

En pocas palabras, el gobierno puede convertirse en la crónica de un desastre anunciado. Y no tendría que ser así. El estudio propone introducir racionalidad a la necesaria reforma de la Administración Pública, de manera que rectificando y reenfocando las propuestas de austeridad tengamos un gobierno más eficiente y eficaz y no al contrario, como se ve venir. Si les ganan la terquedad y los prejuicios e implantan a rajatabla las medidas de austeridad, la sociedad será la más perjudicada por un gobierno que simplemente no sabrá gobernar.

Jesús Ramírez Cuevas, futuro vocero de Liópez Obrador, ha intentado sacarle al presidente electo las castañas del fuego: "la libertad de expresión y el derecho a la información son libertades sagradas de la democracia [...] por lo tanto desaparecerá esa práctica de cambiar titulares, se acabó la censura y la imposición".

El vocero ha hecho un buen trabajo ante el desarreglo que hizo el presidente Liópez cuando llamó "prensa fifí" y "camajanes" a quienes reprodujeron sus "declaraciones" sobre la "bancarrota del país". Por cierto, Gamés les recuerda que camaján quiere decir "holgazán". A propósito de este asunto, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos hizo un extrañamiento al presidente Liópez pidiéndole que no se refiera a los medios de comunicación en esos términos. ¿Más camajanes? ¿Más fifís? Jesús Ramírez tendrá trabajo de sobra o sobro.

"Una noticia recorrió el amplísimo estudio: la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados será dirigida por un partido de ultraderecha, este sí de ultraderecha, sin registro, por el que nadie votó: se llama PES. Ah, la cultura legislativa en manos de un grupo ignorante, confesional y aliado de Morena, partido que les ha permitido presidir esa comisión."

El Partido Encuentro Social gracias a las dádivas de Morena se quedó con las comisiones de Salud, Cultura y Cinematografía de la que por su naturaleza confesional y espíritu medieval acabará por regresarnos, como exigen estos tiempos decadentes, por lo menos 300 años para atrás. Algunos justifican la decisión alegando que aunque pretendan regresar a la lógica del catecismo del padre Ripalda y el Manual de Carreño, la mayoría morenista los mandaría siempre 20 yardas para atrás.

Los empresarios Ignacio Morán Escudero, directivo del proyecto TreeHouse, y Marco Antonio Morán Salinas, precursor del concepto Desarrollo a Escala Humana, afirman que el aeropuerto internacional de Toluca es la mejor opción para solucionar, en el corto plazo, la saturación de vuelos del aeropuerto de CdMx.

"Insistir en la habilitación y ampliación de la Base Aérea Militar de Santa Lucía se ha convertido en un capricho de campaña, que a todas luces será difícil de cumplir por el costo que representa su habilitación, estimada en 66,878 millones de pesos y 2 años de construcción (datos estimados por el equipo del presidente electo), además del enorme gasto y problema que generaría la construcción de vialidades para acceder hasta él".

Otro inconveniente es que si se detiene la obra del NAIM, que lleva un avance de 33 a 35% y pagos a contratistas por 25,000 millones de pesos, se tirarán a la basura miles de millones y "el nuevo gobierno tendrá que justificarlo".

Durante las últimas semanas han surgido diversos cuestionamientos que señalan que AMLO debe cumplir todas y cada una de las ofertas que hizo en la campaña electoral.

Por ejemplo, le recriminan la posibilidad de que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México vaya a construirse en Texcoco en lugar de Santa Lucía.

Le recriminan que no se vaya a hacer extensivo el apoyo a todos los jóvenes que no estudian ni trabajan o que se pretenda mover el apoyo a los adultos mayores a partir de los 68 años y no a los 60 o 65 años.

A mí me parece mucho mejor que el presidente electo rectifique sus propuestas, aunque se aleje del discurso que lanzó en la campaña.

Algunos de los señalamientos parecen desear que se sigan al pie de la letra los discursos, aunque se descarrilen las finanzas públicas, con tal de que sea un fracaso y, si se puede, un desastre la gestión de AMLO.

Permítame referirle, por ejemplo, el tema de los precios de las gasolinas.

En esta administración tuvimos años en los que el IEPS aplicado a los combustibles se convirtió en una de las fuentes de financiamiento más importantes.

En el año 2014, en lugar de que el gobierno recaudara recursos por el IEPS a gasolinas y diésel pagó 12,846 millones de pesos.

En el otro extremo, el año 2016, la recaudación ascendió a 277,000 millones de pesos.

La propuesta de dejar fijos los precios, al margen de lo que pase en los mercados internacionales, implica que, en un caso extremo, no sólo se caería el IEPS, sino que eventualmente el gobierno tendría que desembolsar recursos para permitir el precio fijo de los combustibles, como pasó en 2014.

Por esa razón es más que bienvenido lo dicho por Alfonso Romo en el sentido de que no se hará nada que vaya contra el mercado.

Por eso, en lugar de criticar las rectificaciones que en diversos ámbitos está haciendo el equipo de AMLO, me parece que hay que celebrarlas.

Ocurre lo mismo en el caso del aeropuerto. La encuesta que hoy publica El Financiero muestra que la opinión pública está ampliamente inclinada hacia al proyecto de Texcoco.

Si no hay sorpresas, como aquí le hemos comentado, la consulta permitirá que AMLO rectifique y opte por la solución más razonable.

Entiendo que los adversarios políticos de López Obrador puedan estar molestos, pensando que algunos de estos juicios hubieran sido expresados en la campaña, quizás los resultados hubieran sido otros.

Es especulación, pero francamente dudo que una moderación del discurso del tabasqueño hubiera sido suficiente para evitar su triunfo.

Y, por el contrario, una actitud más moderada en la gestión pública, atendiendo a la racionalidad de las propuestas y ajustando incluso sus promesas, es algo positivo para el país.

Así como era una insensatez buscar que las cosas le salieran mal al actual gobierno, creo que lo mismo aplica para la próxima administración.

Y sí, creo que, si hubiera terquedad en seguir al pie de la letra todas y cada una de las propuestas de campaña, hay el riesgo de que las cosas le salgan mal y que la economía del país se nos descomponga.

López Obrador anticipó su intención de crear una "Comisión de la Verdad" para reabrir el caso Ayotzinapa, permitir la participación de los familiares y sus representantes, enmendar las pifias supuestamente cometidas en un proceso que comprende casi 500 actuaciones judiciales, derivado en 170 detenciones y que constan en un expediente de casi un cuarto de millón de páginas, abrir nuevas líneas de investigación, e idealmente, al final de la película, sin llegar al final feliz que se ha convertido en una muletilla ("vivos se los llevaron y vivos los queremos"), sí, al menos, ofrecer a la opinión pública una conclusión plausible, creíble, admisible, y la convicción de que ninguno de los culpables de esos crímenes quede sin castigo.

La decisión de crear esa "Comisión de la Verdad" abrirá, de entrada, una polémica de carácter jurídico, relacionada con la idoneidad de dicha comisión. La que parece ser una salida política, inspirada primordialmente por el afán de dar voz a los inconformes para acallar, al cabo, sus reclamos, choca con los preceptos constitucionales que ponen la investigación de los delitos en manos de las autoridades judiciales, y cancelan la posibilidad de que nadie en este país pueda ser juzgado por leyes privativas o tribunales especiales... ni siquiera en caso de que así lo decida, a la soberana Ley de sus Pistolas, el mismísimo Presidente de la República.

Y después, aun si se encuentra el subterfugio que dé visos de legalidad a la que hasta ahora parece ser una bien intencionada ocurrencia del presidente electo, habrá que ver cómo se supera la máxima criminalística según la cual "cada día que pasa (y ya serían, en el caso, 1460) nos aleja un paso de la verdad".

Una hora antes de que se votara ante el pleno, el Tribunal Electoral federal no iba a exonerar a Morena de la multa que le había impuesto el INE por los presuntos malos manejos en el fideicomiso para los sismos.

Al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya habían acordado que no iban a avalar la multa del INE pero tampoco la iban a desechar: como solía suceder en la inmensísima mayoría de este tipo de casos, darían una sentencia "para efectos", es decir, darían al INE la orden de profundizar sus investigaciones para que aclarara 2 cosas: quiénes fueron los que depositaron en esa cuenta y si el dinero realmente llegó a damnificados del terremoto, aun cuando del banco hubieran sacado el dinero operadores electorales de Morena, como el INE había acreditado.

Era lo lógico. Era lo habitual. Era también lo acordado. Pero algo extraño y aún por esclarecerse sucedió durante el 31 de agosto que una hora antes de que se votara el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón cambió de una sentencia "para efectos" a una sentencia que desechaba la multa contra Morena y exoneraba a este partido por completo.

La exoneración dejó a todo mundo absorto en el TEPJF. El proyecto pasó al pleno y se votó sin contratiempo. Eso sí, despertando un tsunami de cuestionamientos.

Esto tuvo que ver con que la investigación del INE había sido denunciada muy mediáticamente y era muy fácil de entender, pues incluía cosas tan singulares como que:

1.- Morena decía que el fideicomiso no era del partido, pero los integrantes del fideicomiso eran miembros de Morena: de los 58 fideicomitentes adherentes, 47 eran diputados y 3 senadores.

2.- Poco más de la mitad del dinero recibido por el fideicomiso (unos 44 millones de pesos) ingresó en depósitos en efectivo. De esos 44, la mitad llegó en 6 días atípicos: del 26 al 29 de diciembre (3 meses después del sismo) y 23, 27 y 28 de marzo (más de medio año después).

3.- El 28 de diciembre, en una misma sucursal bancaria -San Ángel de Banca Afirme-, 6 personas hicieron un carrusel exprés de depósitos: 50,000 pesos cada uno en 28 operaciones, en 2 cajeros. Millón y medio de pesos en 20 minutos. Hay video. En esquemas similares entraron 13 millones de pesos.

4.- 70 personas recibieron cheques por 64 millones de pesos. De esas 70 personas, 56 tienen relación directa con Morena (directivos, empleados, militantes y candidatos).

Morena defendió siempre que el dinero llegó a los damnificados y se dijo calumniado. El INE no investigó qué pasó con los recursos una vez que los tuvieron en sus manos los operadores de Morena. El Tribunal se lo pudo haber ordenado. Pero algo sucedió en esa última hora. Y todo quedó oficialmente cerrado para siempre.

¿Habrá una competencia dentro de Morena a ver quién complace más a López Obrador? ¿Será que, a la sorda, sus más destacados alfiles pelean entre sí para atraer reflectores? ¿Habrá una contienda a ver quién es más radical, más duro, más rupturista?

No me extrañaría que hubiera dentro del equipo del presidente electo una competencia por ver quién es el más cabrón, para decirlo en términos llanos. Siempre pasa entre los colaboradores de gobernantes, a todos los niveles: quién llama la atención del jefe, quién destaca, de quién se habla, quién se alinea mejor, quién da las peleas.

Me da la impresión de que en esta dinámica se inscriben muchas de las declaraciones y acciones del equipo lopezobradorista en los últimos días.

El pasado 13 de septiembre, el poderoso presidente del Senado, el morenista Martí Batres, incluyó en la orden del día una reforma constitucional. Ni más ni menos. Cambiar cuatro partes de la carta magna relacionadas con la Reforma Educativa. Pero no avisó a nadie. Ni a los de arriba ni a los de abajo ni a los de al lado. Fue una sorpresa para los legisladores descubrir, esa mañana, que tenían en agenda ese día modificar la Constitución. Varios intentaron buscar el texto que proponía el senador Batres pero no estaba en ningún lado. No había iniciativa disponible, como normalmente sucede. Sólo un párrafo que anunciaba que se abordaría en la sesión reformar 4 partes. Se numeraban, pero los números estaban mal: no todos tenían que ver con educación. Gran desconcierto.

No sólo en la cámara. También en el gabinete de López Obrador. Esteban Moctezuma, nominado para ser secretario de Educación Pública, dialogaba con estudiantes universitarios. No sabía nada. Otros se alistaban para el gran anuncio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el de los ninis, y tampoco tenían idea. Aparentemente el presidente electo López Obrador estaba en las mismas.

Cuando Moctezuma fue informado, me relatan fuentes enteradas, hizo un par de llamadas y el asunto desapareció de la orden del día del Senado. Así como llegó se fue. Se convirtió solamente en un exhorto de los senadores, igual al que habían hecho 2 días antes los diputados.

¿Por qué deduzco lo de la competencia entre morenistas? El 11 de septiembre los diputados aprobaron exhortar al actual gobierno a ya no aplicar la Reforma Educativa y jalaron los reflectores para sí. 2 días después, en el Senado, Martí Batres buscó ir más lejos y reformar la Constitución por sorpresa. Y en medio, lo de que no va a quedar ni una coma, etc...

Y todo esto mientras se supone que el futuro secretario Esteban Moctezuma recorre el país haciendo foros en cada estado para recoger las voces de maestros, papás y especialistas para definir qué hace con "la mal-llamada". Ajá.

La noticia [del "tráiler de la muerte"] ya sirvió, entre otras cosas, para que el presidente electo López Obrador, gastara parte de lo que le queda del capital de credibilidad obtenido en las elecciones del 1o. de julio, en dar, en juicio por demás sumario, con el culpable de la barbaridad de que se habló in extenso durante toda la semana: el ex presidente Calderón... Le faltó aclarar qué se supone que debió haber hecho Calderón -o qué hubiera hecho el mismo López Obrador si, según él, no le hubieran "robado" las elecciones de hace 12 años- con respecto al narcotráfico. ¿Ignorarlo...? ¿Lavarse las manos...? ¿Fingir demencia...? ¿Aplicar el método de "ni los veo ni los oigo; por lo tanto, no existen"...?

Paco Calderón
(23 de septiembre de 2018).

Tú te comprometiste a que todo lo que se realizaría en México sería basado 100% en la democracia y que se haría la consulta popular. Si todo lo importante para nuestro país tiene que ser apoyado 100% por la democracia, ¿por qué no anuncias que se haga una consulta popular de la Reforma Energética y de la Reforma Educativa que son muy importantes? Asimismo ya anunciaste que en diciembre se inicia el Tren Maya sin hacer ninguna consulta popular. Entonces ¿qué clase de democracia es la que pretendes que se realice?

La próxima titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, justificó la permanencia del Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS), asegurando que en todos los países del mundo las gasolinas pagan gravámenes y afirmó que estos recursos se invertirán en obra pública.

"En Morena, en la legislatura pasada, nos oponíamos a que se aumentara el IEPS, lo aumentaron. Después le dijimos que había que ajustarlo y dijeron que no se podía ajustar de acuerdo a Hacienda porque ya se tenía proyectado un presupuesto, y si bajamos el IEPS todos los estados van a tener menos presupuesto".

Cuando le cuestionan a Joel Ortega Juárez -líder sobreviviente del llamado "Movimiento del 68"- si considera a López Obrador un personaje de izquierda, su respuesta contundente fue: "Es Pejismo".

Ya como presidente electo continúa en franca campaña -multiplicada al infinitum- por la voces repetitivas, pero también discordantes, de quienes han venido siendo presentados como elementos de su futuro gabinete. Aunque hasta ahora no contemos con la foto oficial, sino con un "esPejismo" virtual, de lo que pudiera ser su equipo -actitudes y aptitudes- a partir del próximo 1o.de diciembre; para ilusión de algunos, pero franca preocupación de muchos más.

Tuit publicado por Paco Calderón el 16 de septiembre.

El 14 de septiembre, Calderón publicó un cartón que mostraba al senador por #MORENA, Marti Batres, presuroso a eliminar la reforma educativa (como Elba Esther Gordillo aseguró en su 1a. presentación pública tras ser liberada).

En el cartón, Batres pregunta a Otto Granados (titular de la #SEP al final del peñato) si él violaría la reforma antes de que ellos la mataran. La molestia del senador Batres fue tal, que intentó señalar el cartón como defensor de feminicidios.

La respuesta de Paco refiere al famoso escándalo de la Leche Betty, por el cual Batres es mejor recordado.

En 1999 (y bajo el lema de "Primero los pobres"), Rene Bejarano y Martí Batres solicitaban a personas de escasos recursos un acta de nacimiento y una credencial de elector para ser beneficiados con productos básicos.

Quienes prestaban estos documentos eran afiliados sin su conocimiento a la Unión de Abasto Popular, organismo de presión del #PRD.

El escándalo realmente explotó cuando se descubrió que la leche #Betty:

- Se daba en envases de 1 litro que en realidad contenían 940 mililitros.
- Tenía un nivel curiosamente bajo de nutrientes.
- Tenía un nivel alarmante alto de heces fecales.
- El análisis determinó que el líquido en sí (dejando de lado las heces y valor nutritivo) no era propiamente leche, sino una sustancia lo suficientemente similar en apariencia a la leche.

(El País; febrero 4, 1999. La Jornada; febrero 7, 1999. Excélsior; mayo 12, 2016)

- Luis.

Paco Calderón
(22 de septiembre de 2018).

¿El país está en bancarrota, como lo señaló López Obrador? Por supuesto que no, en términos técnicos un país en bancarrota es el que no puede hacer frente a sus obligaciones financieras, el que está quebrado. El país que recibirá Andrés Manuel está lejos de una situación financiera ruinosa. Podemos estar o no de acuerdo con las políticas económicas neoliberales, pero desde febrero de 1995, cuando el Congreso de Estados Unidos autorizó a Clinton otorgar a México un línea de crédito extraordinaria para que no cayera en suspensión de pagos, el país no ha vuelto a estar en un situación medianamente parecida a la bancarrota. Es cierto que el crecimiento es mucho menor del deseado y que el país requiere crecer más, pero no está en crisis, sin embargo, hoy los políticos, no sólo Andrés Manuel, le dicen crisis a cualquier situación económica que no responde a las expectativas de la población, es decir, a todo.

El discurso favorito de todo político recién electo, particularmente cuando hay una alternancia de partido en el poder, es decir que le dejaron el país, estado, municipio, en ruinas. Es una forma muy primaria pero eficiente de ganar tiempo y bajar el nivel de expectativa creado durante las campañas: "No soy yo el que les va a fallar; es el gobierno anterior que fue aún peor de lo imaginado y eso me impedirá cumplir como yo quería".

Podríamos decir simple y llanamente que así es la política, que parte esencial del ejercicio en el poder es el manejo de las expectativas. Jugar con ellas afianza el poder. Pero cuando las palabras pierden su significado merced del manoseo político que se hace de ellas, la comunicación, más temprano que tarde, termina por romperse. No hay magia en esto, pero tampoco existe un político que haya salido medianamente bien librado del desgaste que significa la quiebra de las expectativas.

Alargar la luna de miel, mantener viva la expectativa del cambio, hacer ver como que todo lo de atrás es un lastre que el nuevo presidente tiene que cargar, es el gran reto de López Obrador y de cualquier presidente pasado o futuro. El problema es que lo único que ha crecido en la era de las redes sociales son las expectativas y lo que más se ha reducido es el tiempo. La duración de la luna de miel tiene poco o nada que ver con la honestidad del Presidente sino con la capacidad de cumplir no sólo con lo prometido en campaña, que es de por sí complicado, sino con la expectativa que los electores tienen en mente, y eso es imposible de lograr.

Así como en BANXICO ya comenzaron las jubilaciones anticipadas para eludir el ajuste salarial de Andrés Manuel López Obrador, le confirmo que en SHCP está por iniciar un proceso de renuncias masivas. Funcionarios de alto nivel buscan ya derroteros en la IP. El asunto se hará particularmente doloroso en las áreas técnicas, donde se abrirán huecos importantes. Desde el 2000, cuando inició la alternancia con el triunfo de Vicente Fox, no se había visto nada igual. También con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se respetó la estructura tanto en la SHCP como en BANXICO, soporte de la estabilidad que ha logrado México en los últimos 18 años. Así que alerta máxima frente a un expediente muy relevante.

Fíjese que el proyecto de Santa Lucía, que empuja Javier Jiménez Espriú, ni siquiera cuenta con los estudios de impacto ambiental y no está garantizado que los obtenga. El mismo que fue elaborado por José María Riobóo tampoco contempla los costos que implicará la reubicación de la base aérea militar. Hay 3,000 familias que deberán ser removidas y no hay una ubicación potencial para sustituir esa terminal que es estratégica en los planes de emergencia DN-III de SEDENA. Santa Lucía está a una distancia de 62 kilómetros desde la Fuente de Petróleos. Llegar ahí puede significar hasta 2 horas y media. Agilizar los tiempos implicará grandes inversiones en infraestructura. Estas, que son millonarias, no se visualizan en el documento que recibió AMLO. Por si fuera poco igualmente hay el riesgo de no obtener los derechos de vía necesarios. O sea que de todas, todas una mala apuesta.

Sí, los protagonistas de la 4a. transformación son, sin duda, los políticos. Vaya entuerto para ellos el poder cambiar al país con las mismas condiciones, es como si te ganaras la lotería pero el premio mayor fuera un costal de problemas. Así la política en México.

Y, sin duda, el entuerto merece crítica. El periodismo debe poner luz ante los engaños o errores de los gobernantes.

Poco a poco, los datos para continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto de México se apilan para enterrar el proyecto de Santa Lucía. Jiménez Espriú ha decidido ser cauto y hasta evasivo con los medios para no hundirse más en la terca propuesta que, hoy, parece solo prosperaría por la necedad de su jefe o el alud de exigencias de quienes participen en la consulta popular.

La aplanadora de Morena está incurriendo en excesos y puede impactar incluso al presidente electo, sin deberla ni temerla, pues echó a andar una iniciativa congelada de Pablo Gómez sobre austeridad en salarios, la subió sin cambios al pleno y, sorpresa, tiene grandes huecos jurídicos que seguro acabará la [Suprema] Corte desechando con el costo político para los ministros, por cierto muy molestos con esta iniciativa.

Otra iniciativa es la que propuso Martí Batres sobre la concesión de los sistemas del agua cuando quedan desprotegidos los derechos de las personas del campo en las zonas agrícolas, en la que tampoco están cuidando el aspecto jurídico y de aplicación.

Andrés Manuel López Obrador y su séquito quedaron varados 5 horas el miércoles en el aeropuerto de Huatulco. Su salida en VivaAerobús estaba programada para las 17:20, pero una fuerte tormenta y la saturación de tránsito aéreo en la Ciudad de México la demoraron 5 horas.

"No por esto voy a cambiar de opinión -dijo el presidente electo-. No me voy a subir al avión presidencial. Me daría pena, se me caería la cara de vergüenza, de subirme a un avión lujoso en un país con tanta pobreza".

Efectivamente, López Obrador ya no puede echarse para atrás. El rechazo al avión presidencial que no tiene ni Obama fue una parte relevante, aunque mentirosa, de su campaña. Si bien los 2 aviones de Obama eran mejores que el mexicano, Andrés Manuel logró promover su imagen de honestidad personal. El golpe político que sufriría en caso de usar el avión ahora sería brutal.

Nunca he estado en el nuevo TP-01, por lo que no sé si sea tan "lujoso" que resulte inaceptable "en un país con tanta pobreza", pero quienes sí han viajado en él me dicen que no es diferente de cualquier avión presidencial o, si acaso, resulta más modesto que otros.

El Embraer del presidente venezolano Nicolás Maduro, decorado por su esposa Cilia Flores, sí es digno de un jeque árabe. Cuenta con acabados de caoba y oro, 32 asientos de cuero con controles de temperatura individualizados, una ducha tipo spa con 7 niveles de agua para masaje, 2 habitaciones con cama king, 2 cocinas, 12 televisores y wifi disponible en vuelo y en cualquier país. La decoración de la recámara presidencial la hizo Gucci.

López Obrador tiene una visión muy tabasqueña del tiempo y no le preocupa quedarse varado en un aeropuerto. Cuando Adriana Pérez Cañedo le preguntó en una reunión de la American Chamber en abril qué pasaría si se retrasa un vuelo y no puede llegar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, su respuesta fue muy sencilla: "Pues ya no llegué".

Hay quien ve las cosas de otra manera. Virtualmente todos los presidentes o primeros ministros cuentan con su propio avión o tienen acceso a uno de la fuerza aérea de su país. José Mujica, el ex presidente de Uruguay, famoso por su austeridad personal, se negó a adquirir uno a pesar de que el congreso había aprobado la compra, pero pedía "aventón" a otros mandatarios, cargando el costo a los contribuyentes de otros países, como ocurrió en enero del 2013 cuando el presidente Enrique Peña Nieto lo trasladó de Santiago de Chile a Montevideo. Después de que Mujica dejó el mando, su sucesor, Tabaré Vázquez, también de izquierda, compró el necesario avión, un modesto C-29 Hawker, multipropósito, que puede usarse para varios objetivos y no solo para trasladar al presidente.

Yo tengo la impresión de que la labor de un presidente es importante. No me siento tan cómodo con un mandatario que se queda varado en un aeropuerto 5 horas o que no llega a una reunión internacional. Me preocupa, también, que esté incomunicado mientras vuela en aviones comerciales, cuando puede haber una crisis nacional. Supongo que a él no lo afectará la sobreventa, tan usual en las aerolíneas, y es muy posible que a sus vuelos se les dé prioridad. De hecho, por protocolo, los vuelos con un mandatario reciben prioridad en las operaciones de los aeropuertos. Pero esto no resuelve los problemas de fondo.

López Obrador ya no se puede echar para atrás por razones políticas. Lo lamento por el país. Supongo que su sucesor tendrá que comprar un nuevo avión presidencial.

"Yo no quiero subirme en un avión en que vaya AMLO -me dice Bertha Pantoja, investigadora-. Además de aguantar al séquito, es un peligro para el resto de los pasajeros. Aunque él ame a todo el pueblo bueno, no todos lo aman".

La cabeza de Andrés Manuel López Obrador siempre ha operado con una visión táctica de mediano plazo que responde a sus intereses personales y funciona como un mecanismo de reacción para protegerse. Así lo hizo cuando era jefe de Gobierno en la Ciudad de México, donde mientras públicamente descartaba tener ambiciones políticas mayores, construía su candidatura presidencial. En 3 campañas electorales habló sistemáticamente de la mafia del poder para crear condiciones a su protesta postelectoral en caso de perder la elección. El domingo pasado repitió la receta en Tepic, y el martes la repitió: México está en crisis y bancarrota. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se situó en las antípodas de lo que afirmó 2 semanas antes? Una conjetura razonable es que ya sabe que el dinero que creía estaba escondido en el presupuesto, simplemente no existe.

La realidad alcanzó a López Obrador. Gerardo Esquivel, futuro subsecretario de Egresos, lo anticipó días antes. Ni mediante la reorientación del presupuesto o recortes a gastos de operación y administración, se podrán cumplir a plenitud los programas sociales con los que López Obrador quería iniciar su administración. Se equivocaron en sus cálculos o los prejuicios y lugares comunes en sus cabezas los empujaron por un sendero falso. Entendiendo la personalidad de López Obrador, ese diagnóstico le debe haber calentado la cabeza.

López Obrador nunca admite equivocaciones. Busca en terceros la justificación de sus errores y omisiones. Está atrapado entre la necesidad de mantener la política económica sobre la misma base de los gobiernos neoliberales que fustiga, déficit fiscal cero y control del gasto, sin gastar más de lo que ingresa ni recurrir al endeudamiento. Por lo que dice públicamente, entiende hoy que no puede hacer otra cosa para mantener la estabilidad y construir a partir de lo que le deje el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero si regresa al voluntarismo social que lo llevó a ganar la elección y opta por acciones populares y populistas, cumplirá con la profecía autorrealizable: las crisis económicas de los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, también serán suyas.

Los desvíos de dinero, gastos superfluos y mala administración que creía era lo que provocaba que las cosas no funcionaran como debían, también estaba equivocado. La combinación de prejuicios con ignorancia cobró su cuota en el equipo del presidente electo. El ejemplo de Octavio Romero Oropeza, a quien le dará la dirección de Pemex, es el mejor. Incondicional de López Obrador, dijo que querían elevar la producción de petróleo en 600,000 barriles diarios para el próximo año. Le explicaron que eso era imposible, porque la falta de inversión en Pemex hacía imposible, literalmente, alcanzar esa meta.

Entonces, dijo el equipo de López Obrador, inyecten 175,000 millones de pesos a Pemex para sus inversiones, pero les recordaron que el modelo fiscal de la empresa hacía que el dinero se le entregue a Hacienda. Quieren cambiarlo, cambien la ley. O cada peso para Pemex, hay que quitarlo a las finanzas públicas, y a ver cómo mantienen funcionando el gobierno. Entonces, pidió Romero Oropeza, hay que licitar en diciembre para una refinería en Dos Bocas, Tabasco, deseo de López Obrador. Imposible. ¿Cómo licitar lo que no saben qué licitar?

Las licitaciones no son de generación espontánea. Le explicaron al futuro director de Pemex que si se apuraban a preparar la licitación, podría salir en otoño de 2019. ¿Cómo es posible -expresaba extrañado-, si en la India, que tomaron como ejemplo, construyeron una en 3 años? Estaban mal informados. Los estudios técnicos duraron 6 años antes de la licitación, y pasaron otros 7 para que finalmente operara. Es decir, 13 años después de comenzar el proceso.

Gobernar es más complejo de lo que suponían, pero el coraje de López Obrador con la realidad le debe enseñar que va a tener costos adicionales si no se serena. A los mercados no les gusta lo que están viendo en él. Para un hombre que sólo ve hacia dentro, pensar en un mundo globalizado debe ser muy complicado. Pero su equipo que entiende de ello y es razonable, lo está conduciendo. No puede tomar decisiones irresponsables en materia económica y financiera, porque el futuro de su gobierno y de México depende de temas como la calificación de la deuda, atada a la disciplina fiscal.

Muchos pueden no entenderlo, pero él empieza a comprender. Cambiar el nuevo aeropuerto de Texcoco a cualquier otro lado, repercutirá en la confianza de los acreedores y los inversionistas. Cometer locuras en Pemex pensando que beneficia a las mayorías, más. La calificación de Pemex está en el punto más bajo de lo positivo, y cualquier alteración podría quitársela. Si eso sucede, las consecuencias negativas comenzarán por el inevitable contagio a las finanzas públicas y la crisis empezaría. Por supuesto que no lo quiere López Obrador. Entonces, que tenga ahora sus exabruptos pero que aprenda rápido, y termine de descubrir que el mundo que soñaba no existe. Bienvenido a 2018.

Se percibe que la demanda de recursos derivada de los nuevos programas y proyectos probablemente no sea compatible con el objetivo de equilibrio de las finanzas públicas.

En el fondo, lo que sigue en el ambiente es una sensación de duda, aunque acotada.

Si AMLO aprovecha las diferentes estaciones de su gira para insistir en su discurso radical, entonces no es descartable un dólar cercano o incluso superior a los 20 pesos.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) consideró que la decisión sobre continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se debe tomar con base en el análisis de expertos en la materia, por lo que llevar este tema a consulta es preocupante.

"Es algo que nos preocupa y esperamos que esta decisión llegue de una manera objetiva y que sea con base en información de la industria y sus beneficios a largo plazo. Que se tome en cuenta a la industria", dijo en entrevista el director de la oficina del organismo en México, Cuitláhuac Gutiérrez.

En este sentido, reiteró que un proyecto como el nuevo aeropuerto en Texcoco no se debe de llevar a una consulta, además de que no se tiene claro de cómo se llevará a cabo, aunque confía que se realice con la información de los organismos involucrados en la industria.

Sostuvo que la clave en este proceso es analizar, cuál propuesta otorga mayores beneficios para el país, aunque de acuerdo a los análisis de la industria y expertos, el proyecto de Texcoco, es el más adecuado.

Cabe mencionar que en abril pasado, la IATA informó que no construir el NAIM tendría un impacto negativo de hasta 20,000 millones de dólares en la contribución al Producto Interno Bruto y hasta 200,000 empleos menos sustentados por la aviación y la pérdida de 20 millones de pasajeros al año en 2035.

Muy mal sabor de boca me deja la visita del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a Jalisco. Está de gira, recorre la república para agradecer a sus votantes en mítines en los que refrenda su vocación, sus dudas o sus proyectos.

Se trata de saludar a muchos mexicanos de mano, tomarse fotos y conectar con su gente. Es una buena estrategia, le sale muy bien y no tiene nada de malo. Lo que es inquietante es su actuación institucional.

Ahí deja mucho qué desear. No sabemos qué acuerda. No aborda -públicamente, quiero decir- la dinámica política en cada estado, el papel de Morena en los congresos, compromisos presupuestales que trasciendan sus promesas o el rol de los coordinadores estatales.

Ayer, el presidente electo usó la misma fórmula: una visita hecha para videítos, para fotos y para selfies. Un grupo de jaliscienses pidiendo justicia termina por tener un apretón de manos. Ni un solo compromiso, pero eso sí, mucho amor.

El gobernador electo y el gobernador constitucional, Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval, quedaron como figuras decorativas para la única declaración que dio López Obrador en palacio. Desprecia a la prensa estatal y sólo permite que salga su filmación, la de su equipo.

El abrazo a los 2 políticos jaliscienses más importantes de hoy, fue tan amoroso que luce condescendiente. La imagen es amorosa, y su papel, el de pater familias. El que viene a conciliar, el que lleva a su próximo coordinador estatal, Carlos Lomelí, para que le vayan abriendo cancha.

En resumen: confirmamos que López Obrador es un gran promotor de su figura y es un político muy hábil. Pasó por Jalisco a dejar claro qué sigue y a recolocar a su alfil, sin necesidad de dejar información sustantiva, sin que nadie se entere de los acuerdos, con un enorme desprecio a la prensa local y recreándose con promesas de acciones gubernamentales cuando nadie le puede rebatir, porque sobre eso sólo habla cuando ya lo cobija en un acto amoroso su gente.

Eso inquieta.

En su visita a Jalisco, Andrés Manuel López Obrador aplicó la de Chente Fernández: "Mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de prometer".

Prometió 21,000 millones de pesos en inversión en programas sociales, infraestructura, continuidad de obras, 4 universidades y hasta una Línea 4 de Tren Ligero.

Salen 5,000 millones de pesos para los jóvenes aprendices. Ahí van más apoyos para estudiantes, adultos mayores y discapacitados en pobreza. De una vez sumen más inversión en seguridad, grandes obras pendientes y con lo que sobre, le metemos 600 millones a Puerto Vallarta para sacarlo de la pobreza.

La frase aquella de que "la imaginación es la loca de la casa" aplica como anillo al dedo a nuestro presidente electo... en campaña.

En sus múltiples incursiones por las capitales del mundo, es habitual que Agustín Carstens recuerde que él fue uno de los redactores de las normas de autonomía del Banxico, allá por mediados de los 90. Siempre auto-complaciente, el titular del Banco de Pagos Internacionales dice que con ese reglamento se aseguró la adecuada coordinación entre la entidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Efectivamente, en el articulo 43 Carstens instaló que el Comisión de Cambios de Banxico sea presidido por el secretario de Hacienda. En paralelo, agregó que si el gobernador del Banxico no acata un dictamen de dicho comité la penalidad es su salida del cargo. Esas normas se escribieron en la época de mayor apogeo del liberalismo en Occidente. Giros del destino: son los mismos mecanismos que ayer lunes motivaron el intento de renuncia de Alejandro Díaz de León.

Tras las críticas de Andrés Manuel López Obrador del fin de semana, el gobernador del Banxico debió ser contenido por un grupo de colaboradores, allegados y empresarios que le pidieron permanecer en puesto. Lo convencían de que su salida, en el momento actual, afectaría el clima económico de una transición que por ahora se refleja como leve y tersa. Un dato notable: entre los múltiples que intervinieron no hubo nadie ni remotamente cercano a Enrique Peña Nieto. El Presidente ya se mueve en su propia dimensión, a la cual ciertas cuestiones de agenda ya no penetran.

El razonamiento de Díaz de León es pragmático: cree que será muy difícil la convivencia con Carlos Urzúa en Hacienda y con el subgobernador que en diciembre AMLO propondrá al Senado. Ante un futuro inmediato de cierta turbulencia, el banquero central preferiría liberar el espacio y alejarse, para descomprimir antes de tiempo una tensión que ya mostró sus primeras esquirlas. Pero el poder económico pide lo contrario: que se sostenga en su posición actual.

Y no es tanto una cuestión de la persona. Es el paradigma de las llamadas "expectativas racionales" en el cual se ubica el actual gobernador. El paradigma de los mercados. Esa estructura intelectual que rechaza la emisión de dinero, la manipulación de tasas y está a favor del control estricto de la inflación. Un paradigma que, Díaz de León, entiende será motivo de conflicto con el gobierno entrante, que busca tasas de crecimiento muy por encima de lo que el entorno internacional le permitirá crecer a México. Es muy sencillo: el banquero cree que el plan económico de Urzúa es inviable.

Experto aplicado, estudioso de la economía, ha trazado sus propios números y analizado las propuestas que se conocen. Su conclusión es que para cumplir las promesas de campaña se requiere de crecer al 4% (el doble de lo actual) y recaudar a nivel federal un 27% más. Metas propias de un tigre asiático en un mundo donde ya comienzan a haber múltiples señales de que la fase expansiva de la economía internacional ha llegado a su fin.

Algo de todo esto le explicó Díaz de León a AMLO en la casona de la colonia Roma la semana pasada. En esa incursión dejó un frase que impactó al presidente electo: "Es momento de entender que cada peso que hay en el Tesoro ya está comprometido". La contundencia de un tecnócrata frente a un hombre que es un político-voluntarista nato. Un creyente de sus principios al cual la economía comienza a marcarle límites muy definidos. De ahí que la reunión no haya salido como se esperaba.

La confrontación que llegará en enero tiene un sustrato de recursos pero fundamentalmente de filosofías contrapuestas. Vicente Fox chocaba a menudo con Banxico porque la entidad le advertía que su exceso de gasto sobrecalentaba la economía. Felipe Calderón tuvo cruces memorables con Guillermo Ortíz hasta que lo reemplazó por su favorito Carstens. Y luego este último chocaba contra Luis Videgaray porque le advertía que el gasto del Estado era excesivo. Todas estas historias nunca tocaron la macro porque todos sus actores convivían en el mismo paradigma. Lo que viene será diferente.

El enigma que prevalece en el campamento de Morena es quién será el elegido para tan decisiva contienda en el mes de diciembre, cuando el tabasqueño haga su primera propuesta para la Junta de Gobierno de la entidad. Recientemente AMLO dijo que alguna vez Mario Delgado, actual coordinador en San Lázaro, había solicitado esa posición. En paralelo, dio a entender que su favorito sería Mario Di Constanzo, quien actualmente reporta en Condusef, pero que a este lo tendría comprometido para otras tareas en el sexenio que viene. Conclusión: todavía no hay una idea clara sobre quién será el enviado del presidente electo.

El drama del Banxico está íntimamente vinculado con los dichos de AMLO sobre un "país en bancarrota". Ambas situaciones dan cuenta de que ahora AMLO tiene una visión mucho más integral de la actualidad nacional. Está mejor enterado de los problemas desgarradores y conoce mejor el tamaño sideral de los desafíos que vienen. En definitiva, dejó de ser un opositor para conocer los vericuetos de lo que implica ser poder real.

Es evidente que la palabra bancarrota que utilizó Andrés Manuel López Obrador está lejos de la situación actual del país. Lo que quizá sucede es que, a estas alturas, el nuevo equipo ya se dio cuenta de las limitaciones presupuestales para 2019, máxime que solo el esquema de jóvenes aprendices implicará un gasto de más de 100,000 millones de pesos y que la baja impositiva en la frontera costará 40,000 millones de pesos. Además considere que con el alza de las tasas las pensiones tendrían un brinco de unos 80,000 millones de pesos en 2019. También las participaciones a estados y el servicio de la deuda, que andaría sobre 800,000 millones de pesos. A mediano y largo plazo AMLO y su equipo, que encabeza en este rubro Gerardo Esquivel, tendrán que hacer ajustes para ensanchar la bolsa. Los estados deberán ser más efectivos para recaudar y no debe descartarse alguna reforma fiscal a mitad del sexenio. El otro camino es la deuda, aunque ya sabemos sus implicaciones.

En la SHCP y BANXICO, los altos mandos ya se preparan con multitudinarios amparos para validar sus derechos laborales frente a la Ley de Austeridad de AMLO. Hasta ahora no hay notificaciones internas, de ahí la gran preocupación. Muchos currículum ya están en manos de head hunters y se conoce que el nuevo equipo comienza a tener dificultades para reclutar talento, dadas las bajas remuneraciones. En ese sentido no se descarta que para diciembre haya huecos sin cubrir en el organigrama gubernamental o bien con personal poco calificado.

¿Está México en bancarrota? No lo parece. El crecimiento económico del país en este 2018 será de alrededor de 2%. ¿Escaso? Sí. ¿Crítico? No. Simplemente señala que Enrique Peña Nieto no pudo romper el techo de crecimiento que durante décadas ha tenido la economía.

Muchas de las reformas, me parece, han sido positivas, pero tardarán en promover un mayor crecimiento. Es significativo que fuera de la reforma educativa, que rechaza por razones políticas, López Obrador se ha comprometido a mantener las demás, empezando por la energética. Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, ha dicho que continuarán las licitaciones de campos petroleros a empresas privadas.

En 2004 la producción de petróleo fue de 3.4 millones de barriles diarios, mientras que en este 2018 ha registrado apenas 2.1 millones. ¿Por qué cayó? El enorme yacimiento de Cantarell ha venido declinando en tanto que no ha habido suficiente inversión productiva. La reforma energética busca aumentar esa inversión, al permitir la del sector privado, pero los campos tardan muchos años en desarrollarse. Solo se han licitado, sin embargo, campos en el mar, cuando el gran avance en la producción petrolera en los últimos años en Estados Unidos ha sido en tierra, en roca de esquistos que han producido petróleo por el método de fractura hidráulica que en México no se ha empezado a usar y que sería quizá la mejor manera de regresar a los niveles de producción del pasado.

Otras reformas han funcionado bien. La financiera ha hecho que el crédito al sector privado crezca de 4 a 5 veces más que la economía. La laboral ha generado un número mayor de empleos formales. La de telecomunicaciones ha permitido también una expansión del sector. La reforma fiscal significó un golpe a los causantes cautivos, pero le dio más dinero al gobierno para enfrentar la caída de los ingresos petroleros.

En cuanto a la inseguridad, está en los niveles más altos de las últimas décadas. Sin embargo, las cifras de homicidios siguen siendo inferiores a las de los años 40, 50 y 60, cuando gobernaba el viejo PRI, mucho antes de lo que López Obrador llama "la política neoliberal".

México no está en bancarrota. Los bonos de deuda mexicana siguen manteniendo el grado de inversión de las calificadoras internacionales. Otros países de Latinoamérica, en cambio, sí están en bancarrota. En Venezuela la economía se ha contraído en casi 50% en los últimos 3 años y su inflación puede alcanzar 1'000,000% en este 2018. Argentina ha sufrido una fuerte devaluación este año y ha tenido que recurrir a medidas de emergencia.

López Obrador está heredando un país con muchos retos, pero no en bancarrota. Es un país que, si se maneja con honestidad y eficiencia, podría despegar.

No solo Andrés Manuel. Ayer Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, la más rica del país, afirmó que recibe una entidad con "muchas dificultades económicas". Supongo que es la forma de curarse en salud.

Andrés Manuel López Obrador sigue acumulando contradicciones que lo hacen impredecible e indescifrable. Pronuncia discursos que contradicen sus propias palabras, hace aseveraciones que después cambia radicalmente y apoya lo que después condena o al revés. Sus afirmaciones suelen carecer de sustento y muchas veces son tan confusas que incluso entre sus seguidores está generando extrañeza y deslindes. Ya no es un presidente electo que está en el proceso de presentarse como el futuro gobernante de todos los mexicanos, sino un político mercurial sin un eje sólido, que cambia en función de factores desconocidos. ¿Estados de ánimo? ¿Mayor conocimiento de cómo están las finanzas públicas frente a sus promesas de campaña de repartir dinero? ¿Empieza a entender que el entorno externo sí impacta lo interno?

El domingo fue uno de esos días donde mostró no tener claras las cosas. En su gira de agradecimiento dijo en Tepic que le iban a entregar un país en bancarrota, cuando días antes había señalado que el país que recibiría se encontraba sin crisis, con estabilidad financiera y social. El alegato del país en bancarrota le sirvió para lavarse las manos sobre lo que podría venir en el 1er. año de su gobierno. Muchas promesas hizo a millones de mexicanos que esperan el 1o. de diciembre como la fecha mágica donde cambiarán sus vidas.

Ante la realidad de que el tesoro que creía estaba en las arcas de la Secretaría de Hacienda no existe, porque nunca existió, responsabilizó al Banco de México de que si las cosas no alcanzan para lo que prometió, será culpa de su política financiera. A sus seguidores no les va a importar que la política financiera es responsabilidad del gobierno, de nadie más. ¿Pero qué pensarán en el Banco de México del presidente electo? ¿O su presidente, Alejandro Díaz de León, que platicó con él la semana pasada?

Quien debe estar un poco más tranquila es Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, la funcionaria del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sobre la que más denuncias periodísticas sobre desvío de recursos han existido en el sexenio, porque López Obrador salió a defender su integridad. Lorenzo Meyer, el historiador que ha estado cerca de él por años -su hijo será quien releve a Robles en la secretaría-, criticó duramente ese respaldo, y en el Senado y el congreso decidieron mantener la línea que quiere investigarla. Sin soslayar el ángulo político, está lo legal. López Obrador no puede determinar la inocencia o culpabilidad de nadie, porque eso es tarea del Ministerio Público.

Ha habido otras contradicciones en su discurso y posiciones que aquí fueron interpretadas como rectificaciones positivas frente a las realidades objetivas que enfrenta un gobierno. La Reforma Energética dejó de ser su monstruo de mil cabezas para enfocarse en la revisión de los contratos que determinen si fueron entregados mediante actos de corrupción, que es una ruta similar que ha señalado seguirá en el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Reforma Educativa ya no es totalmente tóxica, sino, como dice su próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, hay elementos que se pueden mantener porque son positivos. Las fuerzas armadas ya no se irán a sus cuarteles, como tantas veces prometió, sino que se quedarán a apoyar las tareas de seguridad pública durante todo el sexenio -aunque en contraposición, en el congreso la bancada de Morena está frenando la aprobación de la Ley de Seguridad Interior-. Su política económica no forzará las finanzas públicas ni pondrá en riesgo la estabilidad macroeconómica, sino que tendrá disciplina fiscal y déficit cero, como lo han hecho los gobiernos neoliberales que tanto ha criticado a lo largo de los años.

Todas estas rectificaciones se entendían como parte del proceso de mayor conocimiento del estado de la administración pública y del entendimiento de cuáles son sus posibilidades reales para poder gobernar. López Obrador no come lumbre, y admitir que mucho de lo que se imaginaba era falso, no le quieta mérito, sino lo fortalece. Sin embargo, sus declaraciones del fin de semana no dejan de ser preocupantes. ¿Cómo toma las decisiones? Es una incógnita. La consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto y la decisión unilateral, inapelable y en las antípodas sobre la construcción del Tren Maya, es ejemplo de su doble estándar.

La toma de decisiones es un proceso que no debe ser unipersonal. La mejor decisión es la que se toma a partir del análisis técnico de la información, y la discusión argumentada y racional que reduce los márgenes de error y cohesiona a los equipos en torno de la decisión. No es el caso de López Obrador, cuyas posiciones cambiantes están generando confusión. No hay peor escenario en un líder que la incertidumbre, ni mejor que el saber qué quiere y para dónde va. Lo último mostrado por el presidente electo refleja que no se sabe para dónde va. Lo que una semana parece blanco, la siguiente es negro. Un día hay luz; el otro oscuridad. Así no se gobierna.

Las decisiones presidenciales determinan el destino de una nación, para bien o para mal. El método empleado será la diferencia entre el bienestar nacional o que se paguen las consecuencias de una mala decisión.

La economía mexicana no está en bancarrota, como bien lo sabe y lo ha dicho el propio López Obrador.

La afirmación anterior viene a cuento por lo dicho por AMLO en el sentido de que "el país lleva 30 años de bancarrota", cuando el domingo arrancó en Tepic su gira de agradecimiento.

Tan no es esa la opinión que ha sostenido AMLO, que en una participación que tuvo ante los empresarios agrupados en Caintra, en Monterrey, el pasado 4 de septiembre, dijo lo siguiente: "Hay problemas, es público, es notorio. Pero también se ha logrado que la transición se esté dando en armonía, con estabilidad, no hay crisis política. No tenemos una crisis financiera, no nos está pasando lo que está sucediendo en Argentina".

En declaraciones como la realizada en Monterrey, apareció como presidente electo. Pero en las de Tepic, al volver a la plaza pública, los templetes y las porras, entró en escena de nueva cuenta el candidato.

Después de lo dicho, le han llovido las críticas de todos los sectores.

Sin embargo, si se lee el discurso completo, pueden encontrarse las referencias que quería dar AMLO.

Alude a la producción de petróleo. El reporte más reciente indica que se producen actualmente en México 1.84 millones de barriles al día. La última ocasión que nuestro país produjo ese volumen fue por allí en 1980, hace 38 años.

Otra variable que tiene también niveles sin precedente es la que refleja la violencia. El número de muertes violentas por día ha rebasado todos los registros que se tienen documentados.

También aludió al número de pobres. De acuerdo con el Coneval, en su más reciente cálculo, hay 53.4 millones, una cifra que es menor en 900,000 personas a la que se tenía en 2014, pero que, efectivamente, supera los 49.5 millones de 2008, cuando empezó a usarse la actual metodología de medición.

Lo peor es que en medio de las frases tronantes, se perdió el foco al compromiso reiterado de prudencia fiscal. AMLO insistió en que su gobierno no gastará más allá de lo que los ingresos de la hacienda pública permitan.

Quizás por esta razón, AMLO también dijo en su discurso que probablemente no podría cumplir con todo lo que se le ha demandado, sino sólo con aquello que ha ofrecido.

También repitió, como lo ha hecho en diversas ocasiones, que será respetuoso de la autonomía del Banco de México... pero agregó que si algo salía mal, habría que voltear hacia el exterior o a las políticas del banco central, y no al gobierno.

Es decir, se trató de un discurso que hubiera sido positivo para los inversionistas y los mercados, si no hubiera tenido ese tono de crítica generalizada y sin fundamento respecto a la situación económica y financiera del país.

Ayer, aparecieron voces por aquí y por allá, que cuestionaron con toda justeza el juicio tajante de AMLO.

Ni un bajo crecimiento económico -como sin duda lo hemos tenido- es un desastre, ni tampoco el nivel de la deuda pública -que creció en esta administración- equivalen a una bancarrota del país.

No convendría al país escuchar nuevamente al candidato, que hace juicios sumarios y al que encienden los vítores y las masas.

Luego de 2 meses frenéticos, Andrés Manuel López Obrador comenzó una gira de agradecimiento que lo llevará, durante las próximas semanas a recorrer todo el país, y le servirá para consolidar, sobre todo, el poder en cada uno de los estados.

En esta gira, el presidente electo estrena a su equipo de seguridad, una instancia a todas luces insuficiente para las exigencias de un presidente de la república. En el transcurso de los días y sobre todo cuando asuma el próximo 1o. de diciembre, comprenderá la importancia de contar con un Estado Mayor Presidencial (con ese u otro nombre) que lo proteja, le organice sus giras, le proporcione logística, información e inteligencia a él, a sus principales colaboradores y a sus invitados, nacionales o extranjeros. Más allá del esfuerzo que pueda realizar el equipo que encabezará Daniel Asaf es evidente que con 5 personajes por gira, como anunció Andrés Manuel, no se puede garantizar ni la seguridad ni la logística de un mandatario... salvo que se tenga detrás un operativo encubierto y todo sea una simulación.

Más allá de eso, el recorrido tendrá 3 objetivos muy claros. Por una parte, consolidará la base de poder que ha logrado Andrés Manuel en todos los estados. En los últimos comicios, logró el triunfo en 19 legislaturas locales, donde tiene mayoría. Para realizar cualquier reforma constitucional, además de hacerla aprobar con mayoría calificada en diputados y senadores, necesita la aprobación de por lo menos 17 legislaturas locales. Ése es el poder estatal que López Obrador necesita afianzar, controlar, porque hay que recordar que la enorme mayoría de esos triunfos es de arrastre de su propia candidatura.

Por eso también, además de trabajar durante la gira con los gobernadores, lo hará con su gente, con los próximos delegados estatales. En los hechos será una suerte de prueba previa a su manejo con los estados.

Comienza la gira después de sacar en San Lázaro la Ley Federal de Remuneración de Servidores Públicos que establece que ninguno puede ganar más que el Presidente, una vieja promesa de campaña de Andrés Manuel. Conceptualmente está bien, pero el hecho es que aplicada esa normatividad en forma draconiana lo que sucede es que cada vez más posiciones calificadas del futuro gobierno están quedando sin ocuparse, al tiempo que muchos funcionarios están dejando sus puestos antes de que termine esta administración para incorporarse al sector privado.

Son muchos los puestos especializados en diferentes áreas de la administración pública donde ganar 50 o 60,000 pesos mensuales no es profesionalmente atractivo, sobre todo cuando en el sector privado esos mismos especialistas pueden ganar fácilmente 4 o 5 veces más. Las áreas de gran especialización, desde el Banco de México o la Secretaría de Hacienda hasta la CFE o Pemex, pasando por las posiciones diplomáticas, serán las que más sufrirán si no existen espacios de maniobra en el tema salarial.

En realidad, lo que tendría que ser importante en el gobierno, dejando fuera abusos o excesos, es la eficiencia del gasto gubernamental más que los salarios en sí mismos. De poco sirve tener funcionarios públicos que cobren menos si su trabajo es ineficiente o si no están preparados para afrontarlo. Muchos de sus colaboradores lo saben, pero el tema de la disminución salarial es algo tan arraigado en el futuro mandatario que es difícil convencerlo (como ocurre con el tema de la seguridad) de que acciones que se ven como políticamente correctas terminan siendo potencialmente peligrosas o ineficientes.

El presidente electo dejó también una reflexión, que no ha sido retomada con toda la importancia que tiene, sobre el caso de Rosario Robles, la secretaria de la Sedatu acusada mediáticamente de un desfalco que, con base en lo que se ha publicado, no hay forma de comprobar que ella es responsable directa del mismo. Muchos ven a Rosario como la víctima propiciatoria de la próxima administración. Pero el viernes, López Obrador dijo que él consideraba a Rosario Robles como "un chivo expiatorio" de otro tipo de intereses y juegos mediáticos. Cuando Rosario Robles era jefa de gobierno del DF y Andrés Manuel candidato a la ciudad, fueron muy cercanos. Se distanciaron tiempo después porque, ya en el cargo Andrés Manuel y Rosario, presidenta del PRD, ambos aspiraron a la candidatura presidencial del 2006.

Según Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la secretaria Rosario Robles no es más que un chivo expiatorio de la mafia en el poder. No dice en qué se basa, pero, si una secretaria de estado no es parte de la mafia del poder, sino uno de sus chivos expiatorios junto con los gobernadores corruptos y demás acusados por la prensa escandalosa, entonces ¿quién es la verdadera mafia en el poder?

La mafia en el poder de López Obrador no tiene rostro ni nombre, es etérea y se va acomodando y apareciendo según los intereses y la voluntad del presidente electo. Sólo él puede decidir cómo, cuándo y dónde se manifiesta la mafia del poder, pero sobre todo, quién entra y quién sale de ese selecto grupo.

¿A quién protege López Obrador? ¿Por qué está tan seguro de la inocencia de Rosario? ¿Salva a la ex perredista por haber sido parte del grupo que gobernó en la Ciudad de México o estamos, tristemente, ante un nuevo pacto de impunidad para los miembros del gabinete?

Había muchas respuestas posibles a la pregunta que hicieron los reporteros (llamarles "corazoncito" no era una opción, por supuesto). Una de ellas, la más sensata y sencilla, era simplemente decir que esperaba que la justicia hiciera su trabajo. Lo dijo hasta el final, cuando ya estaba metido en problemas. Al tomar postura y decir que Rosario es sólo un chivo expiatorio, uno más de los escándalos de la prensa, López Obrador asumió una posición política.

Mal augurio que AMLO considere un desvío de 700 millones de pesos como un escándalo más y que desacredite no sólo a la prensa, cuya naturaleza es ser incómoda al poder, sino una investigación de la Auditoría Superior de la Federación.

Una pregunta final: cuando López Obrador tome el poder, ¿seguirá existiendo la mafia en el poder, se convertirá en una mafia sin poder o habrá una nueva mafia en el poder?

Andrés Manuel López Obrador comenzó su gira de agradecimiento en las principales plazas del país.

En su 1a. aparición en Nayarit adelantó que por las dificultades económicas del país posiblemente "no podamos cumplir todo lo que se está demandando".

Ya pasamos de las "rectificaciones" de promesas al ajuste del "promesómetro". Parece que al presidente electo le empiezan a caer algunos veintes.

¿No que todo el dinero iba a salir de los ahorros generados al eliminar la corrupción y los salarios onerosos?

Es injustificable y lamentable que el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, haya desestimado primero, y a la ligera, después, la opinión técnica del Colegio de Ingenieros Civiles sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es conocida su convicción ideológica -porque está metida de esa forma en su cabeza-, que la mejor opción para una nueva terminal aérea es la que sugirió su amigo y asesor del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, José María Riobóo, 10 meses después de no ganar la licitación para construir las pistas del nuevo aeropuerto.

El Colegio fue una de las instituciones técnicas a las que les pidieron López Obrador y Jiménez Espriú que emitieran su opinión sobre la viabilidad y factibilidad de un nuevo aeropuerto en Texcoco o Santa Lucía, y aportaran elementos al debate público. Así lo hizo el Colegio y determinó que Santa Lucía no era una opción y costaría 66% más que Texcoco. Jiménez Espriú dijo que estaban mal sus cálculos, sin dar a conocer los suyos, basados en expertos chilenos que dijeron que era Santa Lucía, no Texcoco, donde estaba la terminal prometida, cuyos nombres mantiene en secreto. Hasta ahora no se conoce el proyecto ejecutivo de Santa Lucía, propuesto por él y Riobóo, para que los expertos lo puedan examinar. Sólo palabrería del futuro secretario que en este caso se acercó más al arrebato contra quienes contradijeron su idea.

La discusión ha sido política desde la campaña presidencial, cuando López Obrador dijo que era una obra "faraónica". El presidente electo ha ido modulando su discurso y encontró en una consulta pública -o encuesta nacional-, la salida al entuerto retórico en el que se metieron. Sólo como antecedente a esa propuesta, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, la empresa de participación estatal mayoritaria responsable de la obra, administración y operación del nuevo aeropuerto, se ajustó a los Principios de Ecuador, un código de prácticas para determinar, evaluar y administrar los riesgos sociales y ambientales de los proyectos, que fortalecen las posibilidades de financiamiento, realizó una consulta pública en toda la zona del nuevo aeropuerto y entabló un diálogo social en los 5 municipios aledaños a la obra, donde viven alrededor de 300,000 personas, donde obtuvo 75% de aprobación al proyecto.

Esa consulta no fue nacional, y se enfocó a los municipios donde tendrán una afectación directa por la nueva obra. La consulta nacional, o la encuesta que se ve como una alternativa por razones de tiempo, se está impulsando desde el equipo del presidente electo con una petición concreta a los medios: abrir espacios al debate sobre la nueva obra. El llamado a los medios ha sido bien recibido porque ello permite que los niveles de información de calidad sobre la obra se socialicen y la gente pueda tomar mejores decisiones. Por eso, la postura de Jiménez Espriú contradice el interés de López Obrador para abrir la discusión sin prejuicios.

La discusión sobre el nuevo aeropuerto debe escapar del cómo no se construye en uno u otro lado, y cómo sí se construye. El cómo sí, por el avance de la obra en Texcoco y los costos que tendría su cancelación, no sólo económicos, sino los financieros -al perder calificación de deuda-, debe dejar en paz la opción de Santa Lucía y enfocarse en cómo y qué se debe hacer para mejorar la obra actual. Esta argumentación es lo que quiere presentar el Consejo Coordinador Empresarial al presidente electo, como un alegato de apoyo a que la obra "faraónica" que planteaba sin información correcta -Riobóo le aportaba datos parciales e incorrectos- se convierta como un detonante para el desarrollo para el nuevo gobierno.

El Grupo Aeroportuario ya ha hecho avances en ese sentido, derivados sin duda por las críticas a López Obrador al costo de la obra, y se han hecho ahorros por más de 12,500 millones de pesos al diseño actual de la terminal con el cambio de componentes, y 4,000 más por una nueva tecnología en el soporte de la torre de control, que resiste un sismo de 10 grados. Otros 8,500 millones de pesos, según los expertos, podrían añadirse si se simplifica el diseño arquitectónico del edificio terminal y del centro intermodal de transporte.

Las posibilidades del cómo sí habrá un nuevo aeropuerto existen claramente. Pero hay que despojarse de arrebatos y aportar información y argumentos, porque a todos nos beneficiará.

El próximo presidente de México va a necesitar echar mano de toda la lucidez de la que sea capaz pero también de sus zonas oscuras. Tendrá que ser un conciliador para encontrar consensos y un impertinente tozudo si quiere sacar adelante algunas de sus promesas; perdonador de pecados en aras de la estabilidad y, al mismo tiempo, justiciero para impedir que su generosidad se traduzca en impunidad. Sabe que algunos de los empresarios con los que ahora intercambia abrazos son unos pillos, o que la mayor parte de los líderes sindicales que le apoyan han llegado allí gracias a la manipulación y la corrupción; pero también sabe que es imposible mover a este país en confrontación abierta con los poderes reales.

Para decirlo con crudeza, los grupos de interés intentarán usar en su beneficio al próximo presidente (ya lo están haciendo) y este a su vez buscará utilizarlos para impulsar su ambiciosa agenda de cambio del país. Uno y otros pretenden usarse mutuamente en un duro juego de amagos, sonrisas y abrazos, golpes bajo la mesa, tirones y jaloneos. En este mar de tiburones la ingenuidad goza de una muy corta esperanza de vida.

El poder presidencial hace mucho que dejó de ser omnímodo. La globalización, los contrapesos que provocó la alternancia, el peso del crimen organizado, la fragmentación del territorio, la complejidad de la sociedad mexicana provocan que Palacio Nacional carezca de muchos botones y palancas necesarios para tripular los destinos de la nación. Peor aún, tales botones y palancas están dispersos en una miríada de protagonistas desde las redes sociales, Facebook y compañía, hasta el peso decisivo de un cártel de la droga en las sierras de Michoacán o en las calles de Acapulco; pasando, desde luego, por empresarios, trasnacionales, sociedad civil, iglesia, medios de comunicación, partidos y gobiernos de oposición, órganos autónomos o semi autónomos y un largo etcétera.

López Obrador tiene a su favor que arranca con un poder que ningún presidente tenía desde hace 30 años (el último, Carlos Salinas). Tendrá mayoría en las cámaras y un control sobre su partido que nadie ha gozado en décadas (y la expresión "su partido" en este caso es literal). Arrancará el sexenio con un apoyo popular inusitado gracias al 53% con el que triunfó, pero sobre todo por la exasperación de los ciudadanos, hartos de la corrupción y la inseguridad, y su deseo de un cambio.

Pero nada de este apoyo será útil si no va acompañada de una extraordinaria habilidad para navegar en aguas tormentosas plagadas de escollos.

Ya hemos visto la manera en que López Obrador ha comenzado a matizar algunas de las promesas de campaña; en algún tema parecería, incluso, que está dispuesto a dar marcha atrás. En parte es un fenómeno natural; los lemas de campaña no admiten matices, mientras que el ejercicio de gobierno consiste en gestionar matices y obliga a tener en cuenta factores jurídicos, intereses contradictorios y efectos colaterales no contemplados antes.

Pero también se explica por otro motivo. El cálculo político que lleva a priorizar unos objetivos sobre otros y entender que es imposible imponer la agenda completa y de una vez por todas. Negociar implica ceder aquello que puede esperar o, de plano, sacrificar, en aras de conseguir lo que se juzga impostergable e irrenunciable. Parecería que López Obrador ha decidido no hacer olas entre las élites por el momento a cambio de pavimentar el camino de alguno de sus proyectos más queridos: la generación de oportunidades para los jóvenes, por ejemplo.

En este juego de astucias el tiempo es oro. En más de un sentido es una carrera contrarreloj. La inercia de la toma de posesión y el cambio de régimen genera una luna de miel y un apoyo popular que esta a la vista. Pero irá menguando, a menos que algunas de las expectativas que abriga la población comiencen a satisfacerse. La opinión pública no entiende de matices, pero AMLO tendrá que echar mano de todos ellos para sacar adelante algún logro significativo, visible e impactante. El problema es que los otros tiburones también lo saben y muchos de ellos no estarán dispuestos a concederlo en su afán de ganar tiempo y esperar a que la desilusión de los ciudadanos lo debilite.

En mi carrera profesional he visto llegar a la función pública a personas que desconocían factores básicos de la operación del Estado -o de una empresa- como la existencia de centros de gastos y centros de ingresos. Los centros de gastos son aquellos en donde los egresos son mayores que los ingresos. Entre esos centros están, por ejemplo, la asistencia social o las secretarías de estado. Los centros de ingresos son organizaciones que, incluso cuando tienen gastos importantes, producen recursos para el Estado. En ellas entran, por ejemplo, instituciones tales como la Lotería Nacional, o la banca de desarrollo.

Muchas personas suelen desconocer esa distinción y, al implementar recortes en general, pueden dañar organizaciones que producen más de lo que gastan. Por eso es sensato elegir con cuidado qué, cómo y cuándo se instrumenta un recorte.

Un centro de ingresos del Estado con elevado gasto es, por ejemplo, la Lotería Nacional donde laboré. En ella 85 centavos de cada peso vendido eran costos fijos (65 centavos pago en premios, 10 en comisiones a agencias y billeteros y otro 10 en fondos para la asistencia pública). Si a la Lotería la obligaran a ajustar 25% del gasto, aun despidiendo a todo el personal, no se lograría el ahorro. La única opción por la composición de sus costos sería vender menos series y, por ende, tener menos ingresos. Todos saldríamos perdiendo.

Veamos el ejemplo de Nacional Financiera, que presta con base al apalancamiento, como todo banco. Esto quiere decir que requiere colocación de bonos en el mercado para poder otorgar préstamos. Es allí en donde se genera el "gasto" más importante de la institución y que sobrepasa por mucho el costo en nómina. Al fijar un techo de endeudamiento para Nafin, en la práctica, significa que tendrá menos capacidad para otorgar créditos a las pymes. Uno puede decir: felicitaciones, se redujo en forma importante el gasto público. Sin embargo, se redujo también el crédito otorgado y las utilidades que van al erario vía aprovechamientos.

La reducción de gasto en las instituciones debe valorarse en función del propósito que persiguen dichas instituciones y de la composición y justificación de los gastos, pues muchas veces recortar no necesariamente significa optimizar.

La reciente discusión sobre los ingresos de los servidores públicos debe sopesar los beneficios de un uso más eficiente del gasto, con los costos en la pérdida de talento en áreas estratégicas del gobierno. Si bien es indispensable transferir recursos del gasto corriente a la inversión, también es fundamental que se garantice que la administración pública cuente con los funcionarios más capaces y comprometidos.

Al arribar al 2o. diálogo por la paz, la verdad y la justicia, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue recibido con gritos de "¡justicia!" de familiares de víctimas de desaparecidos.

Más de mil personas con las imágenes de sus desaparecidos, se dieron cita en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, donde el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado en Morelos, dio un discurso y pidió un minuto de silencio, pero los demás familiares de víctimas se negaron a callar y clamaron ser escuchados.

Después de unos minutos, Sicilia continuó su discurso y dijo a López Obrador que ha decidido cumplir con la palabra dada y realizar los diálogos para formular un plan para construir la paz con justicia y dignidad.

Sin embargo, aclaró, los foros no son el camino correcto para alcanzar la paz, la verdad y la justicia. También rechazó que sea primero hablar de perdón o amnistía, sin antes hablar de justicia y verdad.

"Los foros escucha no es el camino correcto, lo dijimos antes y lo decimos ahora. El país está sobrediagnosticado. La solución no puede ser la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. El tema de la paz es un tema de gobernabilidad y gobernanza y no de seguridad".

Imaginemos: López Obrador decide no desaparecer como ya lo ha anunciado, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para ser sustituido por una nueva sala dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), o sea 5 nuevos ministros afines a él y así de paso, casi tener el control de la SCJN. Imaginemos también no decide la creación de un nuevo Tribunal Constitucional (la SCJN ya lo es) para quitarle sus funciones y así controlar los litigios constitucionales.

Al CJF le corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la SCJN. También le corresponde al CJF el desarrollo de la carrera judicial, la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces. Es integrado por 7 miembros de los cuales, uno será el presidente de la SCJN, 3 consejeros designados por el Pleno de la Corte, de entre los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, 2 consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República. Duran en su encargo 5 años excepto el presidente que dura 4. La importancia del CJF es obvia, tan solo por su facultad de nombramiento y vigilancia de jueces y magistrados. Y bueno, durante 2019 se van a nombrar 5 consejeros. 1 en febrero, 2 en septiembre, y 2 en noviembre. Si tomamos en consideración la sesión solemne de enero de 2019 donde se elegirá al próximo presidente de la SCJN, cambiarán 6 de 7. Solo 1 de los nombrados por la SCJN saldrá hasta noviembre de 2021. 1 será designado de forma directa por AMLO, 2 por el Senado donde tiene López Obrador el control y 2 por la SCJN, sin contar al nuevo presidente de la SCJN.

Los ministros de la SCJN duran 15 años y son seleccionados por el Senado de una terna enviada por el Presidente. En diciembre de 2018 dejará el cargo el ministro Cossío Díaz, luego la ministra Luna Ramos en febrero de 2019 y el ministro Franco en diciembre de 2021. En 2030 terminarán su periodo 3 ministros, en 2027 2, 1 en 2026 y 2 en 2024 (noviembre y diciembre). Estos últimos 2 le tocarán al siguiente Presidente ya que el periodo de AMLO terminará en septiembre de ese año. Al contrario del CJF de permanecer las cosas así, solo podrá nombrar a 3 ministros durante su gestión por cual estaría lejos de controlar a la SCJN. A menos de forzar la salida de algunos o simplemente presionándoles con éxito.

A López Obrador le conviene jugarse todas sus cartas con el nombramiento del ministro sustituto de Cossío, para tratar de convertirlo en el próximo presidente de la SCJN. Lo tendría que hacer de volada. Antes de la sesión de los primeros días de 2019. Así aseguraría la mayoría en el CJF y una influencia notable en la SCJN.

Pero vaya usted a saber la suerte con que correrá el Poder Judicial Federal. Eso lo decidirá el dedito de ya saben quién.

Si la consulta popular para decidir la suerte de un detonador de desarrollo económico, como será el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, era un despropósito, que su futuro se resuelva con una encuesta nacional, suena a burla. Pero es más que eso. Es una fuga hacia delante del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que después de haber hecho de la cancelación de la nueva terminal en Texcoco una de sus banderas electorales, trata ahora mediante la no acción, dejar en manos de la gente la resolución de una política pública. Entregar a otros la responsabilidad de un gobierno no es gobernar. Por supuesto, hasta el 1o. de diciembre empieza a hacerlo, pero será su administración la que concluya la obra de infraestructura más grande y ambiciosa desde la construcción de Ciudad Universitaria, inaugurada hace 60 años.

La consulta o la encuesta, para el mismo efecto, es un eufemismo político de rectificación, que como muchas de las que está haciendo últimamente, corrigen propuestas de campaña inviables en términos financieros. Lo absurdo de sugerir una encuesta nacional para decidir donde estará el nuevo aeropuerto es la idea en sí misma. El 70% de los mexicanos no usa avión, por lo que ese medio de transporte les es totalmente ajeno. Una buena parte ni siquiera viven en la Ciudad de México. Si el universo de la encuesta involucra a personas a las que un nuevo aeropuerto no les significa nada, las respuestas probables bordarían por el tema de la inversión total, donde el grueso de la información que fluye, combinada con mentiras, produce desinformación.

En todo caso, la discusión no debe ser en dónde no, que es donde se encuentra el debate de Texcoco y Santa Lucía, y su visión dogmática sobre cada sede, sino de cómo sí. Si la discusión se modifica en cómo puede salir el nuevo aeropuerto, entonces podrá llegarse a un mejor destino. Santa Lucía fue descartada como opción por el Colegio de Ingenieros Civiles, uno de los organismos especializados a los que López Obrador le pidió una opinión técnica, porque costaría 66% más de lo que saldrá en Texcoco. Esa obra está avanzada en 32%, donde la parte más compleja de ingeniería civil está prácticamente acabada, con los recursos federales ya dispuestos para los 2 primeros años del gobierno de López Obrador -que no vería merma en sus presupuestos-, y en donde la ingeniería financiera desarrollada, permitirá cubrir todo el financiamiento original, y tendrá un retorno de utilidad de 46% anual.

Pero para añadir información a la aportada por el Colegio de Ingenieros, vale la pena incluir el documento base sobre la cual el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que los empresarios presentarían una alternativa C. En el borrador del documento hay un dato clave: Santa Lucía tendría, en su fase óptima, el 60% de capacidad del aeropuerto en Texcoco, por lo que en menos de una década sería insuficiente. Sería el equivalente a la Terminal 2 del aeropuerto "Benito Juárez", con la diferencia de que esta siempre se planteó como una opción temporal, mientras que Santa Lucía se presenta como final. Esto representaría una reducción de los ingresos no aeroportuarios por pasajero (calculados en 9.7 dólares por cada uno de los 70 millones estimados en la 1a. etapa), y un potencial conflicto con inversionistas en la bursatilización del Impuesto al Uso de Aeropuerto y de la inversión de 30,000 millones de pesos de la emisión de Fibra E que se basaron sobre la capacidad de Texcoco.

Un factor que afectaría a los usuarios, son los costos en el pasaje que tendría Santa Lucía, al tenerse que renegociar los contratos colectivos con los sindicatos de pilotos, sobrecargos y personal de administración y mantenimiento, al desagregar sus operaciones, sin contar con las acciones similares que tendrían que implementar las aerolíneas, con lo que se eliminan las economías de escala que permite Texcoco. Aunque en la idea de Santa Lucía no hay claridad sobre lo que se haría, se ha deslizado que el actual aeropuerto sería para vuelos nacionales y la nueva terminal para internacionales. En términos de concepto, el diseño de que Texcoco sea un hub internacional para competir con Atlanta -el 70% de los pasajeros en esa terminal que es la de mayor tráfico de personas nunca sale de ahí por sus vuelos de interconexión-, quedaría prácticamente borrado por las dificultades logísticas para conectar de manera veloz las 2 terminales, con la consecuente pérdida de valor.

Texcoco, cuya factibilidad se ha estudiado por 12 años, tiene en marcha un amplio programa sobre impacto ambiental, que está supervisando el Politécnico, además de obras de infraestructura hidráulicas, que estaban programadas para realizarse, pero que la obra aceleró. Las críticas sobre el tipo de suelo y cimentación, son obsoletas porque fueron resueltas con inversiones por 60,000 millones de pesos. Pero, muy importante a considerar, la obra en Texcoco existe y tiene un total de terminación hasta ahora de 32%, mientras que Santa Lucía es una idea del asesor de López Obrador, José María Riobó, que tiene como aliado al próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.

La decisión sobre dónde debe estar el nuevo aeropuerto debería ser ociosa. Por estas y más razones técnicas, económicas y financieras, Santa Lucía debe ser desechada. Pero esto no significa que no se tengan que hacer adecuaciones a la terminal en Texcoco. De esto y no de consultas y encuestas se debe estar hablando y confrontando ideas y soluciones.

Enrique Alfaro estuvo en la Ciudad de México en reuniones con los próximos secretarios de Hacienda y la SCT en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

El anuncio lo hizo en sus redes tras un "intenso" día de trabajo. Y remató: "Ya mejor no les cuento la cara que puso el secretario cuando se enteró que cierto personaje dijo en una entrevista que harían un aeropuerto en Tala".

Se refería a Carlos Lomelí: ¡Auch!

Andrés Manuel López Obrador, y algunos miembros de su equipo, han hecho varias rectificaciones respecto a sus propuestas realizadas en el curso de la campaña electoral.

La mayoría de ellas son positivas. Pareciera que el contacto con la realidad, a partir de las reuniones vinculadas con el proceso de transición, ha modificado algunas de las visiones. Otras propuestas, sin embargo, no han cambiado.

Hay quienes, en lugar de celebrar, critican que el presidente electo cambie sus puntos de vista, independientemente de que el cambio implique una mejor decisión.

A mí me parece muy saludable que la información recibida, eventualmente conduzca a la rectificación. Déjeme referirle apenas algunos botones de muestra.

1.- Los precios de las gasolinas. Hasta el día de ayer, había la percepción de que, sin importar cómo y al costo que fuera, el próximo gobierno mantendría constantes en términos reales los precios de las gasolinas, luego de un aumento derivado de la inflación prevista. Alfonso Romo, sin embargo, señaló que no sería así, sino que los precios de las gasolinas seguirían las condiciones del mercado.

2.- La guardia nacional. Por meses, AMLO señaló en su campaña la necesidad de contar con una guardia nacional, que integraría a elementos de la Defensa, Marina y la Policía Federal. Finalmente, el próximo secretario de Seguridad Pública comentó que, por lo pronto, no hay condiciones para establecer esa institución.

3.- El Ejército y la Marina seguirán apoyando la seguridad pública. En la campaña, muchos se quedaron con la impresión de que AMLO tomaría la decisión de retirar de las calles a los militares. La realidad es que los cuerpos de seguridad pública existentes no tienen las capacidades para combatir a la delincuencia, así que allí estarán militares y marinos.

4.- La cancelación del proyecto del aeropuerto. En la campaña, muchos pensaron que en cuanto AMLO llegara a la presidencia, anunciaría la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Como le he comentado en este espacio, se hará una consulta pública a través de encuestas, y por los indicios que hay, la decisión será seguir adelante con el proyecto.

En contraste con los anteriores, hay temas en donde -hasta ahora- no hay ninguna rectificación.

Uno de ellos es la cancelación de la reforma educativa. Mario Delgado refirió esta semana que se cumpliría el compromiso hecho en la campaña y que, de la reforma educativa, "no quedará ni un coma".

Otro más es el compromiso de invertir en la refinería de Dos Bocas. A pesar de múltiples argumentos en contra, todo indica que la decisión de invertir en el proyecto de la nueva refinería se mantiene vigente.

Otro más es la reducción del IVA y del ISR en la frontera. De acuerdo con Aristóteles Núñez, la pérdida de ingresos por las reducciones de las tasas impositivas rondaría los 120,000 millones de pesos. A pesar de ello, esta semana se ratificó la decisión de bajarlas.

Hay más ratificaciones, y creo que varias de ellas no son positivas.

Así que, sin importar que no cumpla con sus promesas de campaña, más bien hay que ponderar que las decisiones que AMLO tome tengan cordura.

López Obrador será el presidente mexicano con más poder de los últimos 30 años. Desde Carlos Salinas (1988-1994), ningún mandatario había gozado de tal alineación de factores a su favor. El pálido parlamentarismo que comenzábamos a transitar queda momentáneamente paralizado por la fuerza con la que llega a Palacio Nacional el tabasqueño. Un verdadero efecto pendular, un manotazo del Ejecutivo sobre el Legislativo y en buena medida sobre el resto de los poderes fácticos.

No es que Enrique Peña Nieto o para ese efecto los mandatarios anteriores estuvieran mancos. Pero es evidente que la alternancia política, la globalización, la complejidad creciente de la sociedad mexicana provocaron una fragmentación del poder en las últimas décadas en detrimento del presidencialismo. Cuando el ocupante de Los Pinos todavía era amo y señor de la clase política, Salinas depuso a 17 gobernadores a través de diversas vías jurídico-políticas. Los siguientes 4 presidentes a ninguno.

Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto tuvieron que trabajar con mayorías precarias en el congreso, con grupos de gobernadores empoderados, con dirigencias de los partidos políticos poco menos que extorsionadoras, con empresarios multimillonarios manumisos del Estado. En suma, el tablero de mando con el que el Ejecutivo operó en el pasado vio desaparecer palancas y botones que antaño le otorgaban peso específico a la voluntad política presidencial.

Algunos de esos botones y palancas perdidos han regresado.

Por un lado, el control que AMLO tendrá sobre su partido no lo ha tenido nadie. No es que sea el hombre fuerte de la organización, como pudo haberlo sido Peña Nieto en el PRI o Calderón en el PAN, simplemente es que Morena es el partido personal de López Obrador. Eso, y la mayoría que consiguió Morena en el congreso, le permitirán al presidente mantener al poder legislativo en un puño. Habría sido impensable, por ejemplo, que Peña Nieto hubiese logrado que los diputados y senadores redujesen sus escandalosos salarios y prestaciones, como habrán de hacerlo ahora (y no sólo porque el mandatario priista tenga alergia a la austeridad).

De igual forma, la autonomía que adquirieron los gobernadores estará matizada por la mayoría que alcanzó el partido en 19 de los 26 congresos estatales disputados. Y no solo por ello. La consolidación de las delegaciones federales en una sola súper oficina en cada entidad, dará al gobierno central una enorme palanca de negociación frente a los otrora sátrapas del territorio. Por lo demás, los infames excesos de los gobernadores en los últimos años los han colocado en posición vulnerable frente a la opinión pública, algo de lo que, sin duda, el presidente habrá de beneficiarse.

Y es justamente en la opinión pública donde López Obrador encontrará sus mayores asideros. El triunfo con un 53% del voto popular, el más alto en décadas, le otorga un consenso que no deja indiferentes a los otros poderes fácticos. La iniciativa privada nacional y la internacional, todo indica, están haciendo esfuerzos para reacomodarse y llevar la fiesta en paz con el hiperactivo presidente electo. La Iglesia y los medios de comunicación, siempre tan obsequiosos con un nuevo soberano, lo son aún en mayor medida ante uno con tales índices de popularidad. Incluso los poderes salvajes (léase crimen organizado), estarían observando con interés el arribo de alguien que ha prometido una amnistía selectiva y la necesidad de negociar en lugar de responder con violencia a la violencia.

López Obrador arrancará su administración en medio de un presidencialismo reloaded. Algunos círculos conservadores están preocupados por las ocurrencias perniciosas que podría provocar este empoderamiento. Otros consideran que es lo único que puede sacar al país de la inercia de sus problemas ancestrales. Los menos polarizados simplemente se preguntan si tal acumulación de fuerza le alcanzará para cumplir en alguna medida las enormes expectativas que su campaña generó con la prometida Cuarta Transformación de México. No importa cuántos botones se tenga en Palacio Nacional, ninguno mueve a Google, Facebook o cualquiera de las nuevas realidades del mundo. ¿Servirá para algo el presidencialismo hoy en día?

Ayer el diputado de Morena Manuel Rodríguez González describía una iniciativa de "ley de austeridad republicana" que logrará ahorros por "450,000 millones de pesos" con los recortes a sueldos, prestaciones y gastos de los altos funcionarios. Es una cifra enorme, de 8.6% de los 5.2 billones de gasto presupuestados en 2018. El problema es que, según Hacienda, los salarios de todos los altos funcionarios, de director de área a Presidente, suman apenas unos 5,000 millones de pesos. Ningún recorte que no toque a los trabajadores de base y a muchos programas gubernamentales se acercará a la meta.

Las propuestas del presidente electo, sin embargo, no sugieren una disminución sino más bien un aumento del gasto. Tan solo la dispersión de dependencias gubernamentales en el país tendrá un costo conservador de 125,000 a 135,000 millones de pesos. Además, el gobierno ha ofrecido una amplia serie de nuevos subsidios que representan cientos de miles de millones de pesos al año.

Tampoco cuadran las cifras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, para el que López Obrador ha pedido un debate que desemboque en una consulta popular. Un buen debate, sin embargo, requiere información precisa. El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ha afirmado que el avance del aeropuerto de Texcoco es de solo 20%, pero el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, dice que, a julio pasado, el avance era de 31.5% y señala toda una serie de indicadores técnicos que así lo marcan. Yo no soy un especialista, pero sería importante cuadrar las cifras.

Lo mismo pasa con el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Nos dijeron que sería una ganga de apenas 70,000 millones de pesos, contra más de 200,000 millones del nuevo aeropuerto. Pero al parecer la cifra es falsa. Si bien el gobierno entrante no ha proporcionado información detallada sobre el proyecto, el Colegio de Ingenieros Civiles ha señalado que, considerando simplemente los metros cuadrados de construcción con el presupuesto más bajo posible, el costo sería de 217,000 millones de pesos. Esta cifra no considera las vías de acceso, que tendrían una factura adicional de 63,000 millones de pesos. Otros rubros podrían elevar el proyecto a 385,000 millones de pesos. El mismo Colegio de Ingenieros Civiles, por otra parte, considera que el nuevo aeropuerto de Texcoco costaría 232,000 millones de pesos y no los 285,000 millones calculados hasta el momento.

Está ahí también el caso de la nueva refinería de Dos Bocas. Rocío Nahle, la futura secretaria de Energía, dice que costará 6,000 millones de dólares. Cuando algunos especialistas han señalado que, debido a que sería una refinería de crudo pesado, el costo sería más bien de 20,000 millones de dólares, la respuesta ha sido que quizá le costaría 20,000 millones a Peña Nieto, pero serán solo 6,000 millones con Andrés Manuel. No es un argumento convincente.

La corrupción tiene un costo importante, los errores de cálculo también.

Quedó la lectura política de que con AMLO la izquierda ganó por 1a. vez la Presidencia en México y que, por ende, tendremos al 1er. gobierno de izquierda. Fuera del país existe la misma percepción. Incluso, algunos desorientados analistas llegan al extremo de sostener que con Andrés Manuel llegará el tan anhelado y necesario cambio de régimen.

En realidad, AMLO nunca se ha identificado como un "hombre de izquierda", como tampoco Morena se asume como partido de este signo, dicho por su propia presidenta nacional (Yeidckol Polevnsky).

López Obrador tampoco ha planteado el cambio de régimen político para democratizar el poder público, sino acentuar el viejo y anacrónico presidencialismo que tanto daño ha causado al país, especialmente en los últimos 50 años (desde Díaz Ordaz, pasando por Echeverría y López Portillo, hasta el lastimoso gobierno de Enrique Peña Nieto), diciendo que quiere gobernar "con la Constitución de 1917" que no permitía contrapeso alguno frente al Presidente, ni límites a sus decisiones porque concentraba todos los poderes en uno solo.

Paradójicamente, después de décadas de luchas democratizadoras, hoy estamos ante pretensiones y condiciones similares que concentrarán el ejecutivo y el legislativo en un solo individuo, al contar el partido del Presidente con mayorías en las 2 cámaras, consumadas al otorgarle licencia al gobernador de Chiapas. Pasando por encima de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, burdamente exhibieron la compra y venta de "favores políticos".

Si a ello le aunamos que, como ya anunciaron, no bajarán los precios de gasolina, diésel y gas; que no se echará para atrás la reforma energética (como ninguna otra del descalificado Pacto por México); que habrá fiscal carnal para un falso combate a la corrupción; que no hay claridad de una estrategia contra la inseguridad (sino más bien ocurrencias) y una larga cadena de promesas que no cumplirá, y sí, en cambio, su reconciliación con la "mafia del poder", evidencian lo que Bárbara Tuchman decía en La Marcha de la Locura: "El proceso de conquistar el poder emplea medios que degradan o embrutecen al que lo busca, quien despierta para encontrar que ha alcanzado el poder al precio de perder la virtud... o todo propósito moral".

Por eso, ante el riesgo de la restauración autoritaria, es urgente fortalecer y crear nuevos contrapesos políticos, institucionales y extra-institucionales, que frenen la degradación y actúen como opción ante la decepción y desilusión social producto del engaño.

La Ley de Austeridad Republicana es el principio de un cambio sustantivo en la vida política del país. Que se acaben los gastos superfluos que habían hecho de la vida pública un instrumento de ascenso social. Dinero de los contribuyentes para su movilización socioeconómica ascendente sin rendir cuentas ante los electores ni pagar costos por su rendimiento legislativo, en muchos casos, deficiente. Pero la ley que se discutirá en el congreso y con toda seguridad, dada la mayoría contundente de Morena que introdujo la iniciativa de acuerdo a los deseos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, será aprobada, no puede caer en puritanismos ni prejuicios. Si el espíritu que anima su redacción no es expulsado durante su discusión parlamentaria, lo que resultará es una legislación que provocará un daño irreparable al servicio público, al país y al propio gobierno de López Obrador.

El impacto de lo que esta Ley, en los términos como está redactada, causará, es analizado en un documento técnico sobre los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana, elaborado por 14 servidores y ex servidores públicos, así como profesionistas y académicos en Administración Pública. El documento de 57 páginas no es partidista ni expresa posiciones ideológicas. Subraya las deficiencias que contemplan los lineamientos trazados en cuanto al recorte de plazas, la reducción de salarios, la cancelación de prestaciones y el aumento de la jornada laboral al personal de confianza, que representa al 20% del servicio público, que suman 318,000 personas.

Este grupo de funcionarios ha ido perdiendo poder adquisitivo desde 2003, por el congelamiento de salarios durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hubo un ajuste en los últimos meses con base en la inflación anual. En el análisis de los 15 últimos años, este congelamiento provocó que el poder adquisitivo del personal de confianza perdiera 60% en promedio, aunque en áreas como la Secretaría de Hacienda, alcanza el 70%.

La ley que entró al congreso provocaría el despido de un total de 222,000 personas, con lo cual el servicio público mantendría únicamente a 96,000 en puestos de confianza. Esto significa una reducción del 70% del total de trabajadores en el gobierno federal, donde los principales recortes serían en las Secretarías de la Defensa y la Función Pública, donde se despediría al 70% de ese grupo de trabajadores, que es un porcentaje idéntico que impactaría en la PGR. En la Secretaría de Gobernación se registraría una reducción del 63%, mientras que en la Hacienda y del Trabajo, la reducción sería de 53%.

El personal de confianza es al que se ha estigmatizado en el desordenado y poco informado debate sobre el recorte salarial a la alta burocracia. En el documento técnico que están circulando para animar a la discusión, se establece que por personal de confianza se conoce a quienes toman las decisiones en todos los ámbitos del quehacer público y por su naturaleza y especialización se exigen grados de estudios, conocimientos y experiencia.

Ese grupo representa el 20.3% del total de burócratas que, en 2016 totalizaban poco más de 1'567,000 personas que trabajan en 319 entes públicos. "Un recorte de la magnitud que se plantea -dice el documento-, mediante el cual se pretende que las dependencias y entidades operen únicamente con el 30% del personal de confianza, impactará inexorablemente de manera negativa en la capacidad del poder ejecutivo para, como se ha señalado, llevar a cabo dichos actos en lo particular y desplegar la función pública en lo general de forma eficiente y eficaz, tal y como lo demanda la ciudadanía que aspira tener una administración gubernamental moderna y sustentada en mejores prácticas".

El documento presenta las deficiencias analíticas de quienes redactaron la ley. Por ejemplo, en materia de seguros señalan: "Tomando como base la información de la licitación pública para la contratación del seguro colectivo de gastos médicos mayores, y haciendo un cálculo aproximado del monto total de estas aportaciones, se estima que el ISSSTE recibe 70 millones de pesos mensuales por parte de los trabajadores de confianza que, en términos abría un aumento inmediato de la demanda de servicios médicos especializados y costosos para el ISSSTE, que actualmente atiende un total de 23.7 millones de consultas, de las cuales el 53.6%, es decir 12.7 millones, corresponden a medicina general ambulatoria, y el resto, 11 millones de consultas de medicina especializada, el 46.4%".

Esto significa, según el documento, que "haciendo una proyección de estas cifras, el personal de confianza que tendría que ser atendido por el ISSSTE al eliminarse el (seguro médico), se estima en al menos 928,000 personas que requerirán consultas especializadas, que se consideran las más caras. Esta demanda de atención médica especializada, se estima que tendría un impacto económico para el ISSSTE de 4,080 millones de pesos. La medida no implicará un ahorro para el gobierno, y, por el contrario, el ISSSTE requerirá de un mayor presupuesto para atender la demanda de los servicios de salud".

"La austeridad es un medio, no un fin en sí mismo", apunta el documento. "Por ello, el recorte de plazas debe hacerse sobre la base de datos duros y con una visión integral, de largo alcance". No lo dicen de manera crítica, pero el sabor de boca que deja el análisis es que la Ley de Austeridad Republicana está más sustentada en suspicacias que realidades, en arbitrariedades más que razones. No consolida al servicio civil profesional como una política de estado, sino que la castra y empobrece.

La clase política sigue pensando que los ciudadanos somos estúpidos. Tan estúpidos. Eso no ha cambiado ni con la Cuarta Transformación.

Tal parece que en el momento en que un mortal pasa a engrosar las filas de quienes ocupan un cargo público o de elección popular se convierte en "un iluminado" que tiene la capacidad de explicar lo inexplicable y conseguir con eso "convencer" al respetable.

Sin distingo de partido político, los recién llegados nuevos senadores tuvieron la oportunidad de exhibirse así por 1a. vez prácticamente al momento de sentarse en sus sillas.

El pretexto fueron las solicitudes del gobernador-senador-gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

En un 1er. reflejo de honorabilidad y coherencia con la Cuarta Transformación, el nuevo Senado le rechazó la licencia y lo colocó momentáneamente en el limbo, pues tendría entonces que seguir como senador y ya no regresar como gobernador.

Pero, en un hecho increíble, una vez que se hizo público el rechazo a la solicitud de Velasco, los senadores echaron reversa, convocaron a una segunda votación y entonces sí le autorizaron la licencia; el señor regresó a despachar a Tuxtla Gutiérrez.

De no creerse para una supuesta nueva camada política que querríamos creer estaría alejada de los cochupos tradicionales, pero no.

La maniobra fue obvia; el gobernador Velasco es alguien que jugó hábilmente sus cartas a favor del entonces candidato López Obrador, se le considera alguien "amigo" al nuevo régimen y no podía quedar desamparado.

No importó exhibir al nuevo Senado. Explicable como gatopardismo puro; "muchas cosas tuvieron que cambiar para que al final nada cambiara". Así son.

Pero lo que duele son los argumentos que dieron los senadores, tanto de Morena, como de Movimiento Ciudadano y del PRI, para explicarnos (a usted y a mí) el porqué.

Explicaciones que fueron desde una razón de pragmatismo: no era un tema fundamental y decidieron apurarlo para entrar en lo verdaderamente sustancial como la austeridad, hasta de desconocimiento de procedimiento. Sí, hubo quien argumentó que por ser una de las primeras votaciones no habían caído en la cuenta de qué es lo que estaban votando.

Sí, pienso lo mismo que usted. Llegó gente "nueva", pero con las mismas viejas y tóxicas manías de considerarnos a usted y a mí sencillamente estúpidos.

Andrés Manuel López Obrador no suelta su agenda saturada de promesas y planes aún sin ser presidente en funciones.

En una reunión con gobernadores, entre ellos Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro como mandatario electo de Jalisco, prometió 650 millones de pesos para un plan de renovación urbana en las colonias más marginadas de Puerto Vallarta.

Andrés Manuel promete y promete... y promete... ¿pero cumplirá? Nomás de puro tren maya, rehabilitación de refinerías, apoyo a jóvenes, adultos mayores y lo que se sume, se va a acabar el presupuesto antes de comenzar a ejercerlo.

Sobre el encuentro también salió algo de pasto para los grillos. En entrevista posterior, Alfaro reiteró que mantendrá un trato directo con el tabasqueño. Nada de intermediarios.

Al filo de las 11:30 horas de ayer, al Juzgado 65 de lo Civil (Calzada de la Viga) llegó Simón Levy Dabbah. Vestido de negro compareció en una audiencia en la que reclama su derecho con respecto a obras en un predio de lujo. Una hora después saldría de la comparecencia rumbo a Polanco, a donde llegó pasadas las 2 de la tarde.

Esa cita, de quien está previsto que se convierta en alto funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, confirma que Levy Dabbah está ligado a un predio polémico, a uno en donde en su momento la autoridad de Miguel Hidalgo ha denunciado que se hicieron pisos de más y que se construyó violando las normas. ¿Levy violador de normas de construcción en una de las zonas más caras de Polanco? ¿No me digan que un promotor de la IV Transformación es un "vulgar ambicioso" (frase de AMLO) al que no le importó lo que dice la ley inmobiliaria en la capital de la república?

Simón Levy Dabbah se hizo famoso en el sexenio (que no gobierno) de Miguel Ángel Mancera cuando como funcionario defendió el indefendible centro comercial que se pretendía hacer en la Avenida Chapultepec. Luego se supo de su polémico paso por China, y de su tesis llena de párrafos iguales a otros textos no suyos, etc. Y más tarde, hace unos meses le vimos abrazar con vehemencia la causa morena, sumarse a la candidatura ganadora de López Obrador, quien ya anunció que quiere que Levy sea el titular de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística de la Sectur.

Al mismo tiempo, hoy se sabe, Levy se ligó a un edificio ubicado en las esquinas de Campos Elíseos y Hegel. Para empezar, al inmueble que ocupaba el terreno ubicado en Campos Elíseos 113.

ley? ¿O sea que Levy ahora un militante de la "honrada medianía" vive o tiene un departamento en un edificio que tiene mayor altura que la que permite la ley?

Seguro cuando este futuro subsecretario de Turismo presente su 3 de 3 todo quedará aclarado. Si no, ¿se imaginan?

El discurso incendiario de Mario Delgado sobre la reducción salarial tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, se apagó. Por ahora, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, no habrá recorte en lo que ganan los legisladores. Se quedarán con su dieta de 74,000 pesos, sus 45,000 pesos de asistencia legislativa, y 28,000 para la atención ciudadana. En total casi 150,000 pesos, 44,000 pesos más que los que López Obrador cobrará como Presidente. No hay que criticar la inconsistencia del discurso, sino la racionalidad de la acción. No se trata de que ganen menos, sino que trabajen mejor.

Este paso debe ser el principio de una rectificación mayor, frente a los problemas que está teniendo el equipo de López Obrador para reclutar personal de calidad que se sume al próximo gobierno. Varias ofertas que se han hecho a funcionarios o quien trabaja en el sector privado, han sido rechazados por los bajos salarios y la futura cancelación de los seguros médicos. Uno de quienes rechazaron continuar en el próximo gobierno es Ildefonso Guajardo, secretario de Economía y muy elogiado por su papel como negociador en jefe del Tratado de Libre Comercio, por la significativa pérdida que tendría en sus ingresos.

Carlos Urzúa, el próximo secretario de Hacienda, ofreció cargos a personas con experiencia a las que les tiene respeto y confianza, pero los rechazaron porque, como en uno de esos casos, el salario ofrecido apenas llegaba a ser el 10% de lo que obtiene como consultor privado. Gerardo Esquivel, futuro subsecretario de Egresos, ha ofrecido la titularidad de los bancos de desarrollo, sin encontrar a nadie que le acepte trabajar en el próximo gobierno, por las precarias remuneraciones que tendrían.

El problema no está, sin embargo, en quienes no quieren trabajar en el próximo gobierno, sino en quienes ya presentaron sus renuncias. Al menos 4 altos funcionarios del Banco de México, entre los que se encuentran responsables de estabilidad financiera y sistema de pagos, ya presentaron sus renuncias. Hay 300 funcionarios con experiencia en el banco central que están en posibilidades de solicitar su liquidación anticipada, entre los que figuran 2 vice gobernadores que están considerando retirarse de esa institución. La situación dentro del Banco de México es tan seria, que el gobernador Alejandro Díaz de León, fue a ver a Delgado para pedirle que matizaran la iniciativa de ley sobre la reducción salarial. La respuesta, de acuerdo con funcionarios que conocieron de la plática, fue que ni una coma le cambiarían.

En Pemex la situación no es menos grave. 4 muy altos funcionarios en áreas clave se van a ir, junto con decenas más de funcionarios menores pero con la experiencia en el sector energético. Entre los funcionarios que están pensando en renunciar se encuentran responsables de P.M.I. Comercio Internacional, una sociedad anónima inscrita en Houston que realiza lo que Pemex, de quien depende, no puede hacer por ley: comercializar el crudo mexicano en el mundo y establecer alianzas y sinergias con otras empresas petroleras en el mundo. La importancia de la experiencia en ese campo es similar a la que tiene el responsable de negociar la deuda externa en Hacienda: la diferencia de ganar centavos en cada dólar de las transacciones realizadas, se cuentan en millones de dólares por los volúmenes que se negocian. Lorenza Martínez, la directora del Sistema de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México, quien pospuso su renuncia por los ataques cibernéticos a los bancos privados, es otro ejemplo de la experiencia necesaria. Ella, que detectó los ataques de hackers antes que nadie, que habrían provocado pérdidas incalculables de no haberse atendido el problema, está próxima a salir.

En todas las áreas del gobierno están comenzando a presentarse renuncias, pese a los esfuerzos de algunos de los titulares que les están solicitando esperar hasta el último día del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Se está produciendo un escenario de ansiedad y prisa. Por un lado, para jubilarse sobre la base de su salario actual, tienen que hacer el trámite antes de que pase la ley en el congreso, y por el otro, si no se colocan en el mercado en estos momentos, temen que para diciembre, las posibilidades de trabajo en el sector privado estarán agotadas. De lo que no hay forma hoy en día, es que permanezcan en sus trabajos.

Funcionarios federales han comentado que las reducciones salariales que hará el próximo gobierno, colocaría a muchos de ellos a niveles casi similares a los que ganan los sindicalizados en el grupo de mayor ingreso. Una de las diferencias entre unos y otros es que los sindicalizados no trabajan horas extras sin que se les paguen por hacer trabajos que no son simétricos a la responsabilidad de los funcionarios, ni están disponibles las 24 horas del día, toda la semana o el año.

Hay muchos simpatizantes de la reducción salarial sin matices, que ven en ello una reivindicación social por los abusos cometidos por algunos de quienes pertenecen o fueron parte de la alta burocracia. Eso, por supuesto, no puede permitirse. Pero hacer de los salarios una tabula rasa, es cegarse ante las consecuencias que significará quedarse sin la experiencia de un servicio civil de calidad. Lo que sucedió en el congreso puede ser la pauta de lo que viene. De no ser así, la curva de aprendizaje del nuevo gobierno promete ser de pesadilla.

El Estado Mayor Presidencial lo integran elementos de formación militar, altamente entrenados, operativos, capacitados para recolectar información de inteligencia donde sean desplegados, detectar amenazas y comportamientos sospechosos, desarticular cualquier cosa que a su juicio ponga en peligro la vida de quien tiene el alto honor de representar al país entero. Y encima, es de los pocos cuerpos de seguridad que no son considerados corruptos o arreglados con la delincuencia organizada.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que desaparecerá el Estado Mayor Presidencial. Se entiende que lo interpreta como un cuerpo que aísla al gobernante de su pueblo. Tantas décadas de presidentes a quienes se encierra en una burbuja seguramente han incidido en el comportamiento y estrategias del Estado Mayor. No sé si López Obrador tenga otros motivos, pero me parece loable que el próximo primer mandatario quiera estar cerca de la gente. Es además su estilo, lo que le da popularidad y aprobación. Si quiere mostrar una cara más amable con un cuerpo íntimo de seguridad amigable con el público, como el que ha planteado, está en todo su derecho.

Preocupa, sin embargo, que se desperdicie la extraordinaria capacitación y formación de un cuerpo de élite con operativos altamente entrenados, en un país donde lo que más falta es justamente eso. Y no son 30 personas. ¡Son cosa de 2,500! Preocupa que no se detecte que a lo largo de décadas han establecido lazos de comunicación y confianza con organismos de inteligencia y seguridad de otros países del mundo, a fuerza de trabajar juntos en visitas de Estado de presidentes, cumbres, viajes, etc. No vayamos más lejos: cuando viene el presidente de Estados Unidos a México, el Servicio Secreto se entiende con el Estado Mayor.

¿Qué van a hacer con ellos? No está claro, pero parece que buscan reintegrarlos al Ejército. El tema es que los elementos del Estado Mayor no se sienten un soldado más. Ni son. Tienen otra jerarquía y otras capacidades. Ojalá no se desechen.

El tema de la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se ha convertido en todo un galimatías... aparentemente.

La realidad es que todo este enredo ha derivado de la necesidad, por parte de AMLO, de optar por la sede de Texcoco -con todos los ajustes que se quieran hacerle- en lugar de respaldar su propuesta de campaña, que fue Santa Lucía.

Y, la consulta es deliberadamente un galimatías porque el propio equipo de AMLO no tiene la certeza de que sea compatible la operación comercial del actual aeropuerto junto con el de Santa Lucía.

Si no hay esa certeza de compatibilidad, ¿cómo puede ser puesta a consulta una opción que no se sabe si será viable?

La única razón por la que se seguiría adelante con la consulta es porque habría la certeza de que va a ganar la opinión de seguir con Texcoco.

Pero, AMLO y su equipo no pueden desarrollar una estrategia que sea militante a favor de Texcoco.

No soy de los que creen que la ubicación de Texcoco esté escrita en piedra y haya que aceptarla como un acto de fe. He visto argumentos sensatos que la han puesto en duda.

Pero, lo que no puede sostenerse es que se le pretenda sustituir por un esquema operativo que no tiene respaldo de quienes les dicen a las aerolíneas que están en condiciones de operar.

El galimatías que referimos al principio tiene que ver con la necesidad de AMLO de "salvar cara" frente a quienes lo respaldaron, sin caminar a un callejón sin salida.

El peor de los escenarios sería optar por Santa Lucía para darse cuenta en el futuro de que es inoperable.

El equipo cercano a Javier Jiménez Espriú y a José María Riobóo ha señalado que "hay diferencia de opiniones" entre expertos respecto a la operabilidad simultánea del aeropuerto actual y Santa Lucía.

Y con esa afirmación, creo que quieren tomarle el pelo a López Obrador.

Si la discusión es entre una autoridad internacional y un par de pilotos chilenos que tienen otra impresión, entonces no es una diferencia de opiniones. El abogar por Santa Lucía es un intento de sabotear un proyecto o el de hacer un negocio.

La mala noticia del gobierno en transición es que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su gabinete designado no tienen idea de lo que es la administración pública federal, por lo que algunas de sus promesas de campaña son financieramente insostenibles. La buena noticia es que López Obrador no come fuego, y entre más se involucra su equipo en la información que le está aportando el gobierno federal, más pasos para atrás tienen que dar. La mejor noticia para quien gobernará el país desde el primero de diciembre es que el teflón que le ha fortalecido de manera inversa el repudio nacional hacia el presidente Enrique Peña Nieto, le permite que pueda incumplir prematuramente sus ofrecimientos sin que tenga costo político para él.

Habría que añadir que el que tenga que dar marcha atrás a sus palabras, le va a ayudar a gobernar mejor y evitar una crisis financiera, cuando menos en el arranque de su administración, lo cual beneficia a quienes votaron por él y a quienes no lo hicieron. El teflón le da espacio político para moverse en cualquier sentido. En este momento, si ratifica una promesa de campaña, le aplauden; y si la rectifica, también. Frente a la fe ciega, quienes observan sus contradicciones, los aplastan sus guerrilleros y voluntarios cibernéticos en las redes sociales, que con sus actitudes vitriólicas buscan inhibir la libertad de expresión y neutralizar la crítica. Lo que importa, al final del camino, es que deje de vivir en la irrealidad y que los números lo despierten de sus prejuicios.

El 31 de agosto aseguró que las subastas de contratos para la exploración y explotación de petróleo y gas serían suspendidas hasta que se revisaran los contratos que han sido adjudicados, con lo cual congelaría las licitaciones petroleras hasta nuevo aviso. 6 días después, afirmó que en los primeros días de diciembre, al asumir la Presidencia, lanzará licitaciones para la perforación de pozos petroleros para levantar la producción petrolera "en poco tiempo". Al cambiar de rumbo en 180 grados, López Obrador mintió, porque "en poco tiempo" significa entre 7 y 10 años para que una vez otorgada una licitación, puedan empezarse a ver algunos resultados. Pero eso realmente no importa.

Lo relevante es que el presidente electo parece haber entrado en razón financiera. Hace unos días, la secretaria de Energía designada, Rocío Nahle, afirmó que Pemex iba a recibir una inyección de 75,000 millones de pesos para exploración y producción, además de 49,000 millones para mejorar la capacidad de 6 refinerías y construir una más, en su tierra Tabasco, dentro del presupuesto para 2019. Incrementar de esa forma el gasto sin generar el producto para compensarlo, afectaría la estrategia de gasto para ir reduciendo su deuda de 100,000 millones de dólares, lo cual conduciría a que las agencias especializadas le modificaran la calificación de su deuda, y el mensaje al mundo sería de insolvencia. La designación del ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza, como futuro director de Pemex, resultó en el peor rendimiento de los bonos de Pemex desde que se empezaron a vender en 2008.

La reversa metida por López Obrador fue acompañada por la rectificación simultánea de quien le había estado haciendo las cuentas alegres, Gerardo Esquivel, designado como futuro subsecretario de Egresos de Hacienda. Esquivel aseguró durante los meses de la campaña que López Obrador no tendría problemas para llevar a cabo sus ambiciosos programas sociales con una reducción de presupuesto, mediante acciones como compactación de programas que dice se duplican, gasto austero, reducción del 50% de los salarios de la alta burocracia y la eliminación de los seguros de gastos médicos, además de eliminar la corrupción. El 23 de agosto reiteró que los 25 programas públicos prioritarios de López Obrador, requerirían de 500,000 millones de pesos en el 1er. año, que serían financiados sin aumentar el déficit fiscal ni contratar deuda.

Sin dudarlo, Esquivel dijo que con el ajuste al gasto no prioritario y el espacio fiscal existente, el dinero estaría listo para su aplicación. El 5 de septiembre, sin embargo, Esquivel ya tocaba otra música. Si no se logran los ingresos suficientes tras la implementación de las medidas de austeridad, dijo en un foro organizado por la agencia calificadora Moody’s, los programas sociales de López Obrador, incluido el de los jóvenes que dijo el presidente electo se lanzaría con recursos garantizados en su 1er. día de gobierno, se "achicarán". Así de fácil como es decir cualquier cosa de forma impune, Esquivel dio un giro retórico.

Lo que antes estaba garantizado, ahora no tanto. Llevó a López Obrador a realizar promesas de campaña sobre la base de estimaciones incorrectas que ha tenido que ir corrigiendo al ir analizando la información que le está proporcionando la Secretaría de Hacienda. Un académico reconocido, brillante incluso, no necesariamente lo hace un funcionario eficiente en la Hacienda federal. Sus malos cálculos -incluso en el costo que tendría el programa de los jóvenes, donde se equivocó por alrededor de 5,000 millones de pesos-, han provocado sus tropiezos y los del presidente electo que tanta confianza le tiene en ese tema.

Pero volvamos al principio. Lo bueno es que esas deficiencias no tienen costo financiero alguno para el país y se están corrigiendo. Lo que hay que esperar es que no vuelvan a cambiar. Esto es lo impredecible. La personalidad de López Obrador es mercurial, y así como dice unas cosas hoy, dice otra mañana. Por ahora parece que sus correcciones se sostienen, pero sus propias contradicciones ideológicas no permiten asegurar que el camino de la razón esté garantizado.

Los foros de pacificación, que no prometen muchos resultados, y el muy indefinido proyecto que encabeza Alfonso Durazo Montaño como próximo secretario nacional de seguridad obligan a plantearse una firme y definitiva estrategia local.

La seguridad en Jalisco está en manos de Enrique Alfaro.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado al próximo gobierno para analizar con "rigor técnico" la viabilidad de la descentralización de las secretarías de estado, para tomar la decisión que mejor convenga al país.

De acuerdo con Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la patronal, el proceso de traslado podría tardar más de 6 años, siempre y cuando se ejecute con un análisis para justificar con criterios técnicos la medida, la preparación de los espacios adecuados para la prestación de los servicios gubernamentales y el traslado ordenado del personal de base, con respeto a sus derechos.

De materializarse, la descentralización se volvería uno de los proyectos de edificios más oneroso en la historia de la administración pública del país, debido a que el traslado implicará un costo estimado de alrededor 125,000 millones de pesos, aseveró.

A ello se suman más 2,000 millones de pesos que se piensan invertir en estudios preliminares y otros gastos, con lo que "el costo de esta operación sería equivalente al presupuesto de la Secretaría de Salud para el 2018", expuso.

"Hemos dicho que apoyaremos decididamente las medidas de austeridad republicana, pero esta iniciativa parece contradictoria a las medidas que se emprenderán para eficientar el gasto público federal y podrían incluso neutralizar los ahorros", acentuó.

A nadie le gusta que le digan corazoncito, salvo que quien te lo diga sea tu novio(a), tu mamá o alguien muy cercano. De un político, por más que sea puro amor y paz, y suponiendo que realmente quiera mucho a las reporteras, es un insulto, sobre todo porque llamarlas así fue una manera de no responder a la pregunta que le habían hecho. No hay manera que esa respuesta de Andrés Manuel no sea despectiva. Si López Obrador contestó así fue porque no le gustó la pregunta. Su salida fue desacreditar a las reporteras. Más allá del machismo implícito en estas formas verbales, llamarlas "corazoncito" implica no reconocerlas como profesionales, hacerlas menos, esto es no dignas de respuesta.

Con horas de diferencia, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky le reclamó a Cuauhtémoc Blanco la falta de cortesía política. "Nos pudimos haber repartido el gobierno", dice, como si se tratara de un vulgar botín. Sabemos que así es la política, que en los acuerdos se terminan traduciendo en cuotas de poder. Pedazos de gobierno y de presupuesto. La señora no tuvo empacho en decir lo que ella y el partido esperaban del gobernador electo de Morelos. Querían que hiciera secretario de Gobierno a Rabindranath Salazar y que le dijera, cito, "ten la mitad de los cargos; la mitad para Morena, la mitad para nosotros y gobernamos en forma conjunta". Por 1a. vez en la vida estoy de acuerdo con algo que hace Cuauhtémoc Blanco. El poder y el gobierno no pueden repartirse así. El gobierno de Blanco será un desastre, no tengo la menor duda, pero el único responsable es él.

Por si fuera poco, al referirse a los diputados morelenses que podrían salir de las filas de Morena para hacerse independientes la presidenta de Morena dijo. "Nadie que sea independiente merece nada", amenazando con ello que les dejará un peso si se salen del partido.

No sé si deberíamos agradecer a Yeidckol la sinceridad, tan poco común en la política, pero el cuidado del lenguaje es fundamental cuando se trata de construir acuerdos. Nada es demasiado grave, dirán con razón los seguidores de López Obrador y de Morena, pero si no se pone atención desde ahora al lenguaje terminará por imponerse formas y lógicas políticas que nada tienen que ver con el cambio deseado.

El gobernador electo de Morelos por la coalición Morena-PES-PT, Cuauhtémoc Blanco Bravo, afirmó que la decisión de su candidatura al gobierno de Morelos, "fue un acuerdo político entre el líder nacional del PES, Hugo Erick Flores, y el entonces candidato, hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador, con la aprobación y apoyo de quienes integraron la coalición".

En un comunicado, Blanco Bravo responde a las declaraciones de presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, en el sentido de que el gobernador electo no ha mostrado "nobleza" con el ex senador Rabindranath Salazar Solorio, quien cedió la candidatura al abanderado del PES para contender por la gubernatura.

Polevnsky responsabilizó a José Manuel Sanz Rivera, dirigente estatal del PES, de convocar a diputados de Morena a nombre del gobernador para "jalarlos y se vayan con él".

El fin de semana, en una reunión privada con diputados locales de Morena, PES y PT en la Cámara de Diputados, Polevnsky arremetió contra Sanz Rivera: "Nos ha quitado, el españolete éste nos ha ido quitando a nuestros diputados, estoy absolutamente molesta con el futbolista, además hizo campaña solamente poniendo sus logos", agregó.

En este sentido Blanco Bravo dijo respetar las opiniones de la líder de Morena pero lamentó las expresiones xenófobas hacia José Manuel Sanz y mantuvo su postura de respeto absoluto a la vida interna y decisiones de los partidos políticos. "Recojo con atención la recomendación del Lic. Andrés Manuel López Obrador, la campaña política terminó, ahora somos gobierno y ello requiere serenidad y mucho trabajo", expuso.

Sobre el señalamiento de los diputados de Morena que se pasaron al PES, el gobernador electo afirmó que la relación con los actuales legisladores locales de todos los partidos políticos es de total respeto, siempre en la búsqueda de construir una agenda común pero observando ante todo la división de poderes.

Por su parte, Polevnsky pidió a Cuauhtémoc Blanco que no actúe en política como si fuera futbol.

Los políticos nunca descansan en su esfuerzo por deteriorar la calidad de vida de la población. Lo vemos en la iniciativa de Morena para prohibir la "privatización del agua". La propuesta la presentó el propio presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, quien al parecer quiere dejar sin agua a grandes masas de la población.

Dice Batres que pretende impedir la "privatización del agua", pero la Constitución federal ya establece que la propiedad de "las aguas... corresponde originalmente a la Nación". Su propuesta no se limita a repetir lo que dice el artículo 27, sino que establece que "el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos" y "sin fines de lucro". Prohíbe "la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura y la prestación de los servicios asociados a ésta".

La iniciativa no impide la "privatización del agua", sino las inversiones privadas en infraestructura o administración del agua. Ni siquiera un financiamiento privado sería aceptable, porque tendría fines de lucro. ¿Beneficia esto a los gobernados? Para nada. Más bien crea obstáculos para proporcionar un buen servicio de agua.

La propuesta abreva de los mismos prejuicios ideológicos que se plasmaron en la Constitución de la Ciudad de México, que estableció que "la gestión del agua será pública y sin fines de lucro". Los daños de un monopolio tardan usualmente años en manifestarse, pero la Ciudad de México ya está sufriendo las consecuencias en el caso del agua.

El Sistema de Aguas iba a recibir una inversión de 8,125 millones de pesos; pero, en palabras del director Ramón Aguirre Díaz, "Redactaron en la Constitución: 'Este servicio no podrá ser privatizado' y ya no puedes contratar el servicio. Se acabó el proyecto". El plan Eficiencia Física y Comercial preveía la contratación de empresas especializadas para construir 22 plantas potabilizadoras e instalar controles automatizados y de telemetría en 430 pozos, entre otras tareas. ¿Qué estrategia queda para enfrentar la creciente escasez de agua? "No hay estrategia. La que se iba a hacer estaba basada en el proyecto de un contrato contra resultados, pero como se redactó la Constitución ya no se pudo implementar". La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, dice que entregará 7,000 millones de pesos adicionales al sistema, pero no dice de dónde los sacará.

Batres no está satisfecho con la escasez de agua en la Ciudad de México, quiere extenderla al resto del país. En varias ciudades se han hecho trabajos de reparación, mantenimiento y construcción de redes y plantas de tratamiento con inversión privada. Empresas privadas han realizado también cobros de manera eficiente y en algunos casos han asumido la administración de sistemas de agua completos con resultados positivos. La Ley Batres haría que incluso los sistemas más exitosos tuvieran que suspender su operación para entregarla a burocracias gubernamentales.

Batres actúa bajo el prejuicio de que la iniciativa privada es por definición más ineficiente y corrupta que el gobierno. Está convencido de que el "lucro" es malo por definición. Son simples prejuicios ideológicos, pero al prohibir la inversión privada en agua puede provocar una escasez permanente en el país. Quizá sea por ignorancia, pero también puede ser su objetivo político.

Batres prohíbe la inversión privada en agua, pero Andrés Manuel López Obrador dice que en diciembre reanudará las licitaciones de concesiones petroleras. No todos en Morena son tan cerrados.

El programa emblema del gobierno electo es el de apoyo a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Es la prioridad. La próxima secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, lo tiene como eje central de su tarea. El futuro subsecretario Horacio Duarte se va a dedicar a él. Y los funcionarios de la Secretaría de Hacienda entrante que están armando el Presupuesto de Egresos 2019, Carlos Urzúa y Gerardo Esquivel, han dicho que la instrucción del presidente electo Andrés Manuel López Obrador es que el 1er. dinero que haya sea para el subsidio Jóvenes Construyendo el Futuro.

Los cálculos de la administración entrante es que este programa beneficiaría a 2'600,000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Como parte del plan, el empresariado nacional se ha comprometido a integrarlos en un megaesfuerzo nacional para darles capacitación y experiencia laborales. El gobierno pretende dar a cada joven 3,600 pesos mensuales.

El programa necesita ser detallado y ya despierta algunos riesgos que pueden empantanar el esfuerzo de no dejar a su suerte a una juventud frustrada sin aliento de futuro, y que desde mi punto de vista deben tomar en cuenta las autoridades entrantes:

1.- Hoy en México hay 24 millones de trabajadores que ganan menos de 3,600 pesos, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Dicha ENOE arroja que de esos trabajadores, aproximadamente 6 millones son jóvenes. Es decir, hay 6 millones de jóvenes que ganan menos dinero del que les darían si dejan de trabajar. ¿Cómo se va a evitar que un joven abandone su empleo porque económicamente le conviene más ser "nini"?

2.- ¿Qué controles se van a establecer para que empresarios vivales no les digan a los jóvenes: "de los 3,600, me das la mitad y a cambio de eso no tienes que venir a capacitarte"?

3.- ¿Cómo sabremos que la capacitación que recibirán es realmente buena, de calidad? ¿Tienen la mayoría de las empresas de todos los tamaños en México las calificaciones, el personal y la infraestructura para dar este entrenamiento? ¿Lo pueden hacer? ¿Lo quieren hacer?

4.- Uno de los objetivos centrales es evitar que estos jóvenes sin escuela ni empleo terminen nutriendo las filas de la delincuencia organizada. Imbatible anhelo. Pero en México existen policías que no ganan esos 3,600 pesos al mes. Hay policías que reciben al mes menos de lo que les van a dar a los jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿No alinea los incentivos en la dirección incorrecta?

Hasta hoy, las respuestas a estas preguntas, por parte del presidente electo y su gabinete, tienen que ver con que su triunfo electoral y su gestión de gobierno van a generar un nuevo ánimo social, una ola de confianza que desmotivará la corrupción y la trampa. Incluso han sugerido que el ciudadano no buscará engañar al SAT en su pago de impuestos porque se dará cuenta que su dinero está bien manejado. Será muy interesante ver si tal cosa sucede o si en cambio el gobierno lopezobradorista pone candados para no dejarlo todo en la fe en que todo mundo se portará bien.

Los dichos de AMLO parecen confirmar que la estrategia de su administración será fortalecer a Pemex.

Como parte de la misma visión se ha validado la asignación de 55,000 millones de pesos para canalizarlos en el 2019 a la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Ya le he comentado varias veces que en las finanzas públicas, el eslabón más débil es Pemex, y particularmente, la calificación de Moody’s.

Si esta calificadora, ante estos proyectos, baja la nota de la deuda de la petrolera, ésta perdería el grado de inversión y corre el riesgo de contagiar a la deuda soberana del país, pues es claro que el gobierno respalda a Pemex.

Espero que los nuevos funcionarios hacendarios que entran en funciones el 1 de diciembre, tengan calculadas las consecuencias de la política petrolera que AMLO está diseñando.

"Mi hijita", "mi amor", "mi muñequita", "corazoncito". Esas palabras que en un contexto pueden comunicar cariño son misoginia pura cuando se trata de una entrevista profesional. Son palabras que tienden a infantilizar, a reducir, a debilitar a la mujer que las escucha si está ahí por asuntos profesionales (abogada, periodista, socia, maestra, arquitecta, trabajadora...). Palabras que deben rechazarse enérgicamente y más si vienen del poder.

Cuando el martes se anunció que se había rechazado la licencia de Manuel Velasco -el impresentable personaje que simboliza mucho de aquello contra lo que se votó en la elección pasada-, muchos celebraron los vientos del cambio en el Senado. La Cuarta Transformación estaba en marcha. Pero de pronto vino el cambio de viento y de señales, para revivir viejas prácticas que los obradoristas condenaron en los partidos de la mafia. "La línea es que no hay línea", decían en el pasado los priístas y reviven hoy los morenistas. Los protagonistas dijeron que no hubo línea, y además que los 5 diputados verdes ahora en Morena no fueron moneda de cambio por la licencia a Velasco. Pero dado el origen priísta de unos y otros, sus palabras no resultan creíbles en absoluto (aunque sigue habiendo muchos ilusos que les creen porque quieren creerles, o que justifican lo la línea con espectaculares marometas discursivas). En cambio, López Obrador prefirió callar a pregunta expresa, y ya después también lo negó. La línea es que sí hay línea pero hay que disimularla.

El viejo presidencialismo va, y si bien no es idéntico al del PRI -pues nunca un hecho social es idéntico a otro (Weber dixit)- sí es muy parecido. Está desde luego la alianza con el Partido Verde, ese que todos los partidos opositores en 2015 (Morena incluido) exigían se le retirara el registro por violación sistemática y recurrente de la ley, pero que un INE blando dejó pasar. Mas no debe sorprender dicha alianza; Morena ha aceptado diversas figuras impresentables de todos los partidos, vinculados a todo aquello que se condena: neoliberalismo, Fobaproa, Pacto por México, PRIANRD, etc. No importa su pasado, sino que aporten algo a la causa de AMLO. Y el Verde ya le dio mayoría absoluta en la cámara baja; un "pacto barato", dijeron los verdes. Morena adquiere además un partido satélite (lo que siempre ha sido el Verde), como el PRI tuvo los suyos en sus buenos tiempos. Al parecer, lo que le molestaba a AMLO de los "alcahuetes y lacayos de la mafia", es que no estuvieran a su servicio. Ahora cada vez tendrá más (como los del Tribunal Electoral, que también ya son reciente adquisición).

Además de la incongruencia y el atropello a la ética, que Morena presentaba como su distintivo, hay en la licencia a Velasco una posible violación constitucional. No es sólo el derecho a la licencia del senador-gobernador, como lo argumentó Ricardo Monreal, pues en tal caso no requeriría el voto mayoritario del Senado, sino que el permiso se otorgó para violentar la Constitución. El artículo 116 impide que un ex gobernador pueda regresar a ese cargo bajo ninguna modalidad. Si se cambió la constitución de Chiapas para ese propósito, la federal lo prohíbe.

La ventaja tramposa o abusiva de Velasco fue avalada por el partido que se presenta como distinto a los demás por su congruencia ética, por constituir un "referente moral" (sin la cual, decía AMLO, no valdría la pena fundarlo), por ofrecer un "cambio verdadero" que por ahora parece más bien un cambio de siglas. En todo caso, el nieto del PRI aprendió bien las mañas y trapacerías de su abuelo.

En este universo de entes con futuro incierto se encuentran las Zonas Económicas Especiales (ZEE). Con ellas se puso en marcha una manera diferente de abordar el rezago económico y social de algunas regiones del país. No sabemos qué pasará con ellas ni tampoco tenemos una idea sobre si el equipo del próximo gobierno piensa que son compatibles con el ambicioso plan de AMLO para el sur-sureste.

El próximo presidente se ha pronunciado a favor de las ZEE, pero ha sido parco. En un sentido estricto, más bien podemos decir que no se ha expresado en contra. El problema con estas respuestas minimalistas es que las zonas siguen en etapa de promoción. Su desarrollo pleno require un compromiso claro y entusiasta del próximo gobierno, porque son proyectos de maduración muy lenta. Es obvio que AMLO no está obligado a adoptar este pet project, que nació en la oficina de Videgaray, pero sí es necesario que diga con claridad qué pasará con ellas. Hay mucho dinero en juego.

Cancelar o impulsar. Ése es el dilema de López Obrador y su equipo. Entre más rápido se anuncie, mejor para todos.

No queremos que legislen y decidan nuestro futuro a gritos y sombrerazos. Sepan que nos avergüenza verlos despotricar y actuar como niños berrinchudos, burlándose de los que en competencias democráticas vencieron, devaluando la investidura y responsabilidades que les hemos encomendado, en muchos casos contra nuestra voluntad, pues muchos de ustedes ocupan esos puestos de "representación popular" sin realmente haber sido seleccionados por los ciudadanos, sino por los partidos que los postularon.

Muchos de ustedes no califican para el cargo que ostentan, ni tienen la capacidad ni la autoridad moral para decidir por nosotros. Muchos de ustedes son simples oportunistas que se colaron a las curules por rendijas de la ley, de la corrupción y de la impunidad.

Dirán ustedes que "haiga sido como haiga sido", ya están ahí y nadie les quita el puesto ni el fuero que los protege. Sí, así dirán ustedes, pero nosotros los ciudadanos les decimos que el hecho de haber ganado una elección, o un asiento plurinominal, no los hace lo mejor del país, ni lo mejor que la sociedad mexicana tiene para gobernarse, si acaso son los políticos menos malos que tuvimos para elegir.

Pero ya que están ahí, aprovechen la oportunidad que la vida y la imperfecta democracia les puso enfrente, primero para intentar transformarse ustedes mismos en personas decentes y honorables, y ganarse así el honor de representar ciudadanos mejores que muchos de ustedes, y luego entonces intentar transformar el país.

Los senadores y diputados deben representar lo mejor de nuestra sociedad, ser el ejemplo a seguir, y no como hasta ahora, ejemplo de lo que no se debe hacer.

Díganme, señores representantes del pueblo sabio y noble: ¿Qué le decimos a nuestros hijos y nietos cuando ven y oyen sus gritos, insultos y desmanes en la calle o en la Cámara de Senadores o Diputados? ¿Como les enseñamos a debatir las ideas, reconocer, valorar y aceptar las diferencias, a negociar y acordar, a saber ganar o a saber perder, si a nuestros propios representantes (salvo honrosas excepciones) a leguas se les nota su incultura, falta de educación, incapacidad para dialogar, exponer argumentos y defenderlos, con pasión sí, pero con educación y altura de miras?

En los últimos días, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha realizado 2 rectificaciones importantes. La más clara es que las fuerzas armadas seguirán en la calle por un tiempo indeterminado durante su gobierno para ayudar al combate de criminales, y la otra, que tampoco puede omitirse, es el cambio sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde está abriéndose espacio político para que esa obra siga adelante. Rectificar es dialéctico, y en estas semanas ha podido problematizar y matizar sus propuestas, afinando lo que serán sus políticas de gobierno. Ahora, López Obrador tiene tiempo para revisar otra de sus promesas de campaña, que es la reducción del 50% de los salarios y la cancelación de los seguros médicos privados.

El impacto que va a tener esa medida no puede calcularse, pero ya empezaron a verse síntomas de lo que sucederá. En Pemex, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en el Banco de México, hay decenas de funcionarios que están pidiendo su jubilación anticipada. Con meses por delante para que se jubilen, iniciaron ese proceso porque si lo hacen ahora, terminarán su vida como servidores públicos con el último salario construido por lustros, y como se anticipa, con el recorte salarial se jubilarían probablemente con una suma similar a la que ganaban hace 2 o 3 décadas.

A muchos, empapados en la retórica puritana de la reducción del salario a la mitad y la cancelación de los seguros médicos como símbolo de austeridad republicana, no les gustará una rectificación, y creen que el próximo gobierno puede tener calidad y eficiencia con recién egresados de las universidades, quienes se dicen listos para ganar salario mínimo o, como dijo en una ocasión el presidente electo, trabajar sin remuneración. Pero con voluntarismos no se transforma una nación.

Un ejemplo práctico es el de la Policía Federal. Los policías que tienen el mayor rango salarial obtienen casi 18,000 pesos brutos al mes, y sus jefes inmediatos apenas 25,000 pesos. Bajo la propuesta de López Obrador, su salario no resultará afectado porque no ganan más de un millón de pesos anuales, pero el horizonte que dibuja la nueva política, no es promisoria. Como comparación, Los Zetas reclutan jóvenes con salarios de 8,000 pesos mensuales, para cobrar las deudas de comerciantes con ese cártel. Si dan resultados, a los dos meses les elevan el salario a 30,000 pesos y los envían a ranchos para que los comiencen a entrenar. El incentivo de los reclutas zetas es el dinero, aún a sabiendas que ponen en riesgo sus vidas. Los policías federales, mal pagados, no tendrían ningún incentivo para poner en juego su vida todos los días al ver que su evolución patrimonial podría verse congelada por ley, y sí para entregarse al crimen organizado.

Pero el salario es, en muchos casos, menos importante que el seguro de gastos médicos. Un funcionario con una larga carrera en el servicio público, dijo que estaría dispuesto a ver reducido su salario, pero no que le recortaran el seguro de gastos médicos. Este es una prestación complementaria del salario, no un privilegio como se afirma. Una vez más, el ejemplo de la Policía Federal es ilustrativo. Cuando los policías federales realizan operativos, ponen su vida en riesgo. Hoy en día, cuando resultan heridos en las batallas contra los criminales, son trasladados en helicópteros pagados por los seguros a hospitales privados en la Ciudad de México, para ser atendidos de emergencia.

Con el plan del presidente electo dejarían de existir esos traslados de emergencia, y tendrían que ser llevados por sus propios compañeros no a hospitales en la capital federal, sino a la clínica del ISSSTE más cercana. Si el combate es en la sierra, lo más probable es que la clínica más cercana no cuente con el equipo necesario para atender al policía y morirá. La Policía Federal no está en el mejor momento de su existencia, y en los últimos años los cárteles de la droga la han infiltrado. La debilidad de la institución es lo que motivó a López Obrador a cambiar su decisión de retirar a las fuerzas armadas de las calles para combatir a la delincuencia, pero ¿qué sucedería si el plan del presidente electo sigue adelante?

Como hipótesis de trabajo se puede afirmar que el número de policías federales que fallezcan se elevará. También, que es probable que baje la violencia, pero no por las buenas razones, sino porque es alta la probabilidad de que comandantes de campo y policías federales prefieran recibir dinero de los cárteles por brindar protección, que enfrentarlos. Con salarios que se perciban castigados, sin seguro de gastos médicos, el incentivo es la sobrevivencia, que no se encontrará del lado del gobierno, sino de los criminales, que irán recuperando y controlando amplias franjas del territorio nacional, como sucedió durante el gobierno del presidente Vicente Fox.

El ejemplo de los policías federales es gráficamente lo más dramático, pero no menos grave es lo que podría suceder dentro del gobierno si López Obrador insiste en su propuesta de reducción de salarios y cancelación de gastos médicos. La 1a. le generará ahorros de alrededor de 2,500 millones de pesos, y la 2a. de unos 3,000 millones. Se oye mucho dinero, pero presupuestalmente es insignificante. La demagogia debería ponerse a descansar. La realidad y la calidad de su gobierno es lo que le debería importarle a López Obrador, y esta rectificación también se le aplaudirá.

Después de varias reuniones con quienes están detrás de la construcción que ya se realiza del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, el gobierno electo ha detectado áreas de oportunidad para recortar el costo final del aeropuerto en alrededor de 3,000 millones de pesos.

No se trata de ideas del equipo lopezobradorista sobre cómo ahorrar sino propuestas que han puesto sobre la mesa los propios involucrados en el NAICM, la opción que día a día se vuelve todavía más obviamente viable para el desarrollo de la conectividad aérea de la capital del país.

Según fuentes de la administración entrante, el postulado para ser secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ha tenido un sinnúmero de reuniones con las empresas encargadas de la edificación, tanto nacionales como extranjeras, que han llegado a su despacho con planteamientos concretos de cosas que se pueden recortar sin afectar los tiempos de entrega de la terminal ni reducir su capacidad de operación de vuelos.

Un recorte de esta magnitud al presupuesto del nuevo aeropuerto le puede dar discurso al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al inclinarse por mantener la construcción actual en lugar de lanzarse a la peligrosa aventura de la combinación de pistas con la base militar aérea de Santa Lucía, que hasta el momento carece de todo aval internacional.

Mi impresión es que todas las cosas se van acomodando, financiera y políticamente, para que la decisión favorezca a Texcoco.

El consorcio internacional Mitre, sin cuyo aval a determinado aeropuerto las aerolíneas internacionales simplemente no aterrizan ahí, tuvo reunión con el equipo del presidente electo. Cuentan que el jefe de la delegación de Mitre vapuleó a José María Rioboó, constructor favorito de la administración entrante y principal promotor de Santa Lucía. No cayó muy bien en el grupo de futuros funcionarios, pero pues él no hizo el viaje para ganar amigos.

Desde que se anunció la creación para el próximo régimen de las coordinaciones estatales, las cuales concentrarán todas las facultades de todas las delegaciones y todo tipo de dependencias federales en los estados, me he estado preguntando a cuál figura se parecen más. Porque además de esa concentración de funciones, se pretende sea el filtro de todos los recursos federales, o sea, de casi todos los ingresos correspondientes a cada entidad federativa.

Algunos han asemejado la nueva figura a los jefes políticos del porfiriato. Otros la han catalogado como una nueva forma de centralización, a la de mediados del siglo XIX. No me han convencido. Creo se trata de algo mucho más profundo. Mucho más enraizado en nuestra cultura política. Me refiero por supuesto al caciquismo.

De acuerdo a la Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja, el caciquismo "que tiene su origen en los pueblos indígenas del Caribe, designa actualmente a un caudillismo de orden menor, generalmente limitado a una región o provincia de un país. (...) El caciquismo suele ser un caudillismo primitivo, que se mantiene por el miedo o la amenaza. El cacique favorece a sus amigos y se venga implacablemente de sus enemigos. Otorga protección a sus incondicionales. Dueño de vidas y haciendas, concede cargos y canonjías a los que le sirven y trata de arruinar a quienes discuten su autoridad o contradicen sus designios. (...) El gobernante central, por su parte, respalda al cacique a cambio de sus favores electorales o políticos. En los tiempos actuales la presencia de la televisión en la vida política de los estados ha devaluado el caciquismo. (...) El caciquismo es un síntoma del subdesarrollo político de una comunidad. Mientras más avanzada es una sociedad menos cabida hay para este tipo de caudillismo malévolo y bastardo".

Y sí. Vamos de forma inevitable a subdesarrollar políticamente al país. Solo con las diferencias propias de nuestro tiempo. El cacique de antes obtenía su poder al controlar -por sus méritos propios y con alianzas efectivas- su territorio. Ahora los nuevos caciques serán nombrados por un dedazo del dedito de ya saben quién. Pero su función será la misma. Principalmente la del premiar a los amigos y castigar a los enemigos. Miedo y venganza.

Nuestro próximo gobernador, Enrique Alfaro, prometió una "refundación". Algo tan inteligible como la llamada "cuarta transformación". Para mi entender fue solo un eslogan de campaña. Hueco como casi toda la propaganda. Pero le sugeriría hacer a un lado dicho ambiguo discurso. Ya no estamos en tiempos de "refundar" sino de defender con todo al Estado de Jalisco y al federalismo. Nuestro estado siempre se ha distinguido por hacerle frente al Centro. Espero que el mal carácter de Alfaro (su peor pasivo) se transforme en uno fuerte, pero controlado. Suficiente para ganarle la partida o por lo menos contener al caudillismo y caciquismo por venir.

Vaya lecciones de los primeros días del Congreso de la Cuarta. Si alguien imaginó que realizarían una labor histórica de transformación libre, las correas del martes demostraron quién manda y desde dónde.

Hay diferencias entre lo que pasó hace medio siglo y ahora, aunque en el fondo no tanto. Movilizaciones universitarias que inician por problemas acotados, se van ensanchando como un monstruo que alimentan grupos políticos interesados. No lo dicen las autoridades, pero es lo que trasluce de sus declaraciones. Hace 50 años, el movimiento quedó atrapado en la sucesión presidencial, contexto diferente al actual, donde los tiempos que se viven son de la transición del poder presidencial para Andrés Manuel López Obrador, que encarna la llegada a Palacio Nacional del voto antisistémico que quiere un cambio de régimen.

Hace unos días, López Obrador reconoció al presidente Enrique Peña Nieto porque le dejaba un país sin crisis financiera ni política. Sin embargo, lo que pre-configura el creciente movimiento universitario es un problema social y político, que estaba fuera de su radar. Lo que sucede en la UNAM ya impactó a la Universidad Autónoma de Chapingo, donde este miércoles el Consejo Ejecutivo Estudiantil tomó sus instalaciones para protestar contra supuestas violaciones a los acuerdos del Consejo Universitario. En el Politécnico también inició la movilización de apoyo a los universitarios.

Las paradojas abundan en beneficio de quienes quieran afectar al gobierno saliente y al entrante. La votación por López Obrador mostró a un electorado harto de las instituciones y del status quo, que está hambriento de cambio. Asimismo, la súbita agitación estudiantil puede ser vista como una externalidad del hastío mostrado en las urnas, pero a quien perjudican directamente es a López Obrador. El nuevo gobierno está en riesgo de iniciar con un conflicto que, por los síntomas que muestra el movimiento, podría ser más complejo y difícil de resolver que el último que vivió la UNAM hace 18 años, cuando estuvo en huelga durante más de 9 meses.

El incipiente conflicto universitario no puede ser soslayado, ni puede haber vacíos de autoridad o actitudes timoratas. Tampoco puede dejarse solo al rector Graue. El creciente problema no se detiene en las fronteras de Ciudad Universitaria. Lo que sucede ahí rápidamente se extiende y contamina.

La semana pasada, casi en la víspera de la instalación de la LXIV Legislatura federal, planteamos aquí los riesgos que para la vida política nacional significaba la pérdida de contrapesos por la abrumadora mayoría de los diputados y senadores de Morena y sus partidos aliados del PES y PT en ambas cámaras.

Nos preguntábamos el uso que darían a esas mayorías los morenistas y si volveríamos a ver echar a andar una nueva versión de la vieja aplanadora priista que estaba a las órdenes del presidente en turno para aprobarle lo que le viniera en gana.

No tuvimos que esperar mucho para descubrir un escenario de complicidades peor. Más bien nada. El martes pasado, en su 1a. sesión de trabajo, senadores y diputados de Morena dejaron claro que la 4a. transformación de la república que tanto pregonó su líder, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al menos en el poder legislativo quedará en pura retórica y los acuerdos se seguirán procesando como siempre: privilegiando los intereses de la partidocracia, con pactos en lo oscurito y de espaldas a los ciudadanos.

No se puede interpretar de otra manera, ni dejar de consignarlo, el episodio ocurrido con Manuel Velasco, quien se convirtió en el 1er. gobernador-senador en la historia del país, vulnerando todos los principios constitucionales de nuestra vida política.

En un 1er. momento muchos festejamos que la mayoría de senadores de Morena haya evitado que se consumara el abuso de poder del gobernador de Chiapas por el Partido Verde, que a media campaña electoral se apoderó de la candidatura al Senado, y aprovechó su congreso estatal a modo para reformar la constitución chiapaneca y abrirse paso para pedir licencia como mandatario estatal, ir a la cámara alta a tomar protesta como senador, y regresar a la gubernatura. Nos duró poco el gusto de una actitud distinta.

Luego de que la mayoría morenista rechazó su petición de licencia, bastó el cabildeó del propio Velasco, quien seguramente puso por delante su cercanía y la bendición del presidente electo, para convencer a los coordinadores parlamentarios, encabezados por Ricardo Monreal, para repetir la votación, y otorgarle la licencia, no sólo con los votos de los senadores de Morena-PT-PES, sino también con los del PRI y los del partido Movimiento Ciudadano. Pero el Valasco-gate no quedó ahí. Como si se tratara de un burdo intercambio, casi de forma simultánea nos enterábamos que el Partido Verde cedía a 5 diputados en San Lázaro para regalarle a Morena y sus aliados la mayoría absoluta.

Un muy mal inicio que esfuma el discurso del cambio de los legisladores morenistas, que no sólo echaron a andar la aplanadora, sino que demostraron que sus legisladores y legisladoras tendrán que ser sumisos a la línea que les dicten y que seguirán echando mano de partidos acomodaticios y mercenarios como el Verde.

Chicanada, mayoriteo, componenda, chanchullo, simulación, acuerdo en lo oscurito, politiquería, engaño, marranada, farsa, burla, impudicia.

Todas, expresiones usadas con frecuencia por Andrés Manuel López Obrador durante 18 años para describir maniobras del PRI, el PRIAN, la mafia o la partidocracia como la que el martes permitió al verde Manuel Velasco colocarse por encima de la Constitución, ocupar 2 cargos de elección popular al mismo tiempo, ser sustituto de sí mismo en la gubernatura de Chiapas que ocupó unos días su patiño y ser senador con licencia dejando para que le cuide la curul de aquí a diciembre a su amigo priista hermano del gobernador de Oaxaca.

Borregos, beee beee, indignos, levantadedos, agachados, arrastrados, lacayos, pandilla, tapetes, genuflexos, tapaderas, alcahuetes, migajeros.

Todas ellas, expresiones usadas con frecuencia por los dirigentes, cuadros, militantes y legisladores del lopezobradorismo durante 18 años para referirse a los senadores y diputados del PRI que convalidaban con su voto, aun en contra de sus convicciones personales, maniobras como la que el martes le aprobó la mayoría morenista al gobernador-senador con licencia-mandatario sustituto-palero del presidente electo en la Conago-cacique cambiaconstituciones Manuel Velasco, del Partido Verde.

Y 5 verdes, uno de ellos falso indígena falsificador de documentos, se convirtieron en morenistas para asegurarle mayoría absoluta en la Cámara de Diputados al partido de López Obrador, ese que, juran sus coordinadores, no recibe línea de nadie, ni ahorita ni nunca.

En el 1er. minuto de la 4a. transformación, la aplanadora andresmanuelista guardó bajo 3 llaves su discurso de 18 años de que representaban una nueva forma de hacer política, digna, pura, libre, consciente, sin trapacerías, sin amiguismos, sin dedo divino que los someta.

El poeta chiapaneco Jaime Sabines llegó en 1988 al congreso como diputado plurinominal del PRI y le tocó la calificación de la elección presidencial que llevó al poder a Carlos Salinas de Gortari (en ese entonces no había tribunal electoral ni IFE o INE y la mayoría priista declaraba en la cámara la validez de los comicios). Sentado en su curul, el poeta escribía en un cuaderno. La reportera Martha Anaya se le acercó curiosa y descubrió que hacía una lista de los insultos que usaban los legisladores de la izquierda en la sesión para referirse a los del PRI que convalidaban el atraco electoral. Llevaba más de 100 epítetos.

Van los primeros 16: ciegos, sordos, mudos, miopes, deshonestos, incapaces, ineptos, inconscientes, insensibles, cínicos, mafiosos, traidores a la patria, falsificadores, magos, alquimistas, burladores del pueblo.

El martes, el espíritu del poeta debe haber estado riendo a carcajadas en el congreso.

¿Se acuerda usted de los tiempos en que los militantes de Morena repudiaban al Partido Verde porque lo consideraban corrupto y vendido al poder? Bueno, pues esos tiempos han quedado atrás. Uno de los aspectos mágicos del poder es que puede cambiar conceptos tan aparentemente enraizados.

El PVEM todavía participó en la elección del pasado 1o. de julio en una alianza con el PRI. Una vez que la votación quedó atrás, y el rompecabezas del poder se recompuso, los dirigentes encontraron pasturas más verdes.

Una alianza entre Morena y el Verde habría parecido imposible hace apenas unos meses. Súbitamente, sin embargo, los dos se han metido en la misma cama.

El acuerdo es muy sencillo. El PVEM aporta a Morena un número suficiente de diputados para que este último obtenga la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. A cambio, Morena acepta modificar una votación ya realizada por el Senado que negaba la licencia como senador a Manuel Velasco para que éste pudiera terminar su mandato como gobernador de Chiapas.

Quienes participaron en la negociación hoy la niegan, pero eso no sorprende en la política. Arturo Escobar, coordinador de los diputados del Verde, afirma que sí hubo un acuerdo, el cual salió "baratísimo", pero que el Verde cedió los diputados a cambio de un programa de apoyo a los niños con cáncer. No se entiende por qué una causa tan noble requeriría la transferencia de estos legisladores a otra bancada. Velasco afirma que no hubo ninguna relación entre su licencia y la decisión de su partido de mandar a sus diputados a Morena. Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, afirma que no hay ninguna traición porque los nuevos diputados acatarán la línea de Morena.

En todo este intercambio de favores, nadie sabe dónde quedan los ciudadanos. Algunos votaron a favor de estos diputados postulados por el Verde, que estaba en alianza con el PRI, porque consideraron que era la mejor opción. Hoy los partidos les dicen que, quizá ellos no lo sabían, pero en realidad estaban votando por Morena.

Las maniobras que estamos viendo nos recalcan algo que sabemos: la política es sucia. Lo que importa es el poder. Morena quería darle la vuelta a una legislación hecha para impedir que un solo partido tuviera control absoluto de la legislatura. Las reglas fueron hechas por muchos que hoy militan en Morena y que buscaban limitar el poder del PRI. Pero una vez que Morena se ha convertido en el partido hegemónico, todo se vale para darle un poder absoluto. Por lo pronto, Morena controlará tanto la mesa directiva como la Junta de Coordinación Política.

Velasco dice que para él lo más cómodo, lo más fácil, sería quedarse a disfrutar de su escaño en el Senado. Pero no. Ha decidido sacrificarse para regresar a gobernar unos meses más a los ciudadanos del empobrecido estado que ha regido en los últimos años. No dice que hizo todo lo que pudo, hasta cambiar la ley local, para poder asegurarse tanto los últimos meses como gobernador como los próximos 6 años como senador.

Con su nueva bancada Morena se asegura el control de la legislatura. Con sus nuevos aliados, los que aún permanecen en el PVEM y los demás que se sientan atraídos por el poder, tendrá seguramente muy pronto las 2 terceras partes que necesita para cambiar la Constitución sin consultar a nadie. Un sistema político-electoral creado para equilibrar poderes e impedir abusos de un solo partido, o de un solo gobernante, regresa peligrosamente a la concentración de poder de los años 70 y 80.

No tengo duda que Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres, presidentes morenistas de la Cámara de Diputados y del Senado, así como Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, acudieron a la ceremonia del mensaje de Enrique Peña Nieto el 3 de septiembre con el aval o la instrucción de Andrés Manuel López Obrador. El presidente electo, después de todo, quiere completar una transición republicana e institucional.

Gerardo Fernández Noroña iba por la libre. El diputado morenista trató de ingresar a Palacio Nacional, donde seguramente buscaría interrumpir el mensaje, pero le fue vedada la entrada por elementos del Estado Mayor Presidencial. Fernández Noroña argumentaba que la ceremonia era ilegal porque el informe, según el artículo 69 de la Constitución, solo puede rendirse ante el Congreso. Después de que se le impidió el acceso, Fernández Noroña trató de evitar la entrada de Muñoz Ledo y Batres. Como éstos siguieron su camino, Fernández Noroña los llamó "lacayos" y "traidores". Si bien Morena ha dicho que eliminará el fuero de los legisladores, el diputado se quejaba: "Mira cómo están violentando el fuero".

Fernández Noroña es un especialista en promoverse en los medios y redes sociales. Mantiene posiciones muy radicales, que contrastan con la nueva moderación de López Obrador, pero habrá que ver si la relación entre el diputado y el presidente electo se mantiene cordial con el tiempo.

Mientras que Andrés Manuel ha hecho esfuerzos muy importantes para distanciarse de la insistencia de sus enemigos para marcarlo como un nuevo Hugo Chávez o Nicolás Maduro, Fernández Noroña sostiene que Venezuela es el modelo que México debe seguir. Ningún empresario, dice, puede ser rico si no ha robado. Recientemente persiguió con un teléfono celular grabando video a un pasajero en el aeropuerto de Tijuana que se atrevió a cuestionarlo por estar en un salón VIP. Lo que le preguntaba insistentemente, pensando que era empresario, era que a quién explotaba.

Fernández Noroña fue uno de los protagonistas más notables de las protestas por el resultado de las elecciones presidenciales de 2006. En distintas ocasiones durante el sexenio de Felipe Calderón exhibió mantas en la Cámara de Diputados en las que acusaba al Presidente de ser un borracho o un alcohólico. En el actual sexenio ha exigido la renuncia de Enrique Peña Nieto.

Para algunos analistas Fernández Noroña representa una simple distracción, un bufón que busca obsesivamente la atención de los medios y de las redes sociales. Pero ahora que las descalificaciones dejaron de ser contra panistas o priistas, y se han dirigido a Muñoz Ledo y Batres, genera preocupación entre sus compañeros. El diputado no ha sido nunca un militante obediente, pero algunas de las posiciones que mantiene pueden dañar al nuevo Presidente y sus estrategias políticas.

Fernández Noroña no es el único morenista que piensa que la verdadera izquierda no es la socialdemocracia europea o la chilena sino el socialismo del siglo XXI de Venezuela. Estas posiciones solo pueden resultar incómodas para López Obrador cuando está tratando de convencer a los grupos más moderados de la sociedad y a los empresarios de que México seguirá siendo una opción para invertir y no se convertirá en una nueva Venezuela. Fernández Noroña está empeñado en convencernos de lo contrario.

En la transición hemos visto a un López Obrador que recula, matiza o ajusta algunas de sus más controvertidas promesas de campaña. El candidato se adapta a la realidad de Presidente. Y así, la amnistía a delincuentes planteada como un concepto general se ha acotado casi a un salvavidas para campesinos pobres que siembran plantas prohibidas, el aeropuerto no se cancela, la reforma energética no se frena de tajo, la educativa va a consultas, el Ejército se queda en las calles, el Cisen no desaparece, frente a Trump hay altura, etc. Si a esas señales se suman la promesa de mantener el equilibrio presupuestal y el respaldo a la renegociación del TLC estamos frente a un vaso más lleno que vacío. Y todo esto, sin que le cueste capital político con sus simpatizantes: AMLO es más popular que antes de ganar la elección. Es cierto que hasta ahora todo son declaraciones, que falta medir el ejercicio del poder con contrapesos escuálidos, que en la transición han nacido nuevas propuestas que preocupan, pero habrá que darles el beneficio de ver si superan el paso del tiempo.

Como jefe de Morena y candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador fue ligero al hablar sobre la seguridad, el fenómeno más lacerante en la sociedad, y ofreció soluciones milagrosas para solucionar problemas estructurales en corto plazo. Pecó de ingenuo e incluso ignorante sobre este tema, y llegó a plantear como modelo a seguir algunos que, se puede afirmar, no entiende. El punto de partida de su argumentación y el llamado a la reconciliación a través de una convocatoria pública nacional, puede rastrearse a un mitin en Chihuahua el 1o. de octubre del año pasado, donde dibujó su propuesta que, dijo, replicaría el modelo que llevó la paz a Colombia.

A lo que se refirió someramente López Obrador fue al Plan Colombia, creado por los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton en 1999, que buscaba atender las causas sociales y económicas del fenómeno, iniciar un diálogo con las guerrillas de las FARC y el ELN para otorgar amnistías y lograr su reinserción social y política, y desarrollar una estrategia para combatir al narcotráfico con batallones militares antinarcóticos.

Esta última parte no se manejó en Bogotá, sino desde Washington, dirigida por el general Barry McCaffrey, el zar de las drogas de la Casa Blanca. Los críticos al Plan dijeron que se institucionalizó la intervención estadounidense en Colombia, lo que conociendo la animadversión de López Obrador hacia Estados Unidos, sólo se puede entender el uso de ese ejemplo a su desconocimiento del mismo, que también se aprecia en su falta de información actual sobre el incremento de la violencia y del narcotráfico en esa nación.

Pero las palabras electoreras siempre buscan tocar música para los votantes. De manera regular, López Obrador aseguraba en campaña que la guerra contra el narcotráfico se acabaría a la mitad de su sexenio, pero que "en muy poco" tiempo se reduciría la violencia, atendiendo las causas económicas del fenómeno y "haciendo el bien", sin "apagar el fuego con el fuego, (ni) enfrentar la violencia con la violencia", porque "si así fuese nos quedaríamos tuertos y chimuelos".

Consecuente con sus dichos, ordenó foros de consulta para la reconciliación del país y regresar la seguridad, de donde saldría la estrategia de seguridad del próximo gobierno. Los foros sirven políticamente, porque la seguridad ha sido debatida y diagnosticada en México durante varios lustros, y envolverán lo que el nuevo gobierno está preparando para el arranque del sexenio.

Los colaboradores de López Obrador saben que las declaraciones del presidente electo fueron sólo palabras, que para tener los resultados que reviertan los índices de criminalidad y restablezcan la seguridad colectiva, no bastarán los 36 meses de plazo prometido. Pero al mismo tiempo, necesitan que la ciudadanía empiece a ver acciones concretas que apunten en ese sentido, y les permitan ganar espacio de maniobra política. Para ello, existe un plan sobre el que están trabajando los detalles, que divide al país en 3 campos de acción: las 3 grandes capitales, la Ciudad de México y sus municipios conurbados, Guadalajara y Monterrey; los destinos turísticos de la Riviera Maya, Los Cabos y Puerto Vallarta, y 254 zonas en el país de alta criminalidad.

Este plan implica el desplazamiento de lo que le denominan "células" que integrarán mil elementos de seguridad, compuesta cada una por soldados, marinos y policías federales, a los cuales se les añadirá una nueva figura de policías ministeriales adscritos a la nueva Secretaría de Seguridad, además de policías estatales.

Nada representará un desafío mayor para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que la seguridad. Alfonso Durazo, quien estará a cargo de enfrentar y reducir la violencia, dice que van a recibir un país en ruinas. No es una exageración ni le falta razón. México vive una balcanización, con cárteles de la droga peleándose en todo el país por el control territorial, pandillas poderosas y atomizadas cada vez más violentas, corrupción endémica institucional, colapso de instituciones y presupuestos para seguridad que tuvieron destinos inconfesables.

La respuesta al reto la tiene construida el nuevo gobierno con un amplio documento de medidas integrales que preparó y entregó hace casi 5 meses Manuel Mondragón, que renunció como comisionado nacional contra las adicciones pocos días después de la victoria de López Obrador en la elección presidencial. El plan de Mondragón estaba hecho a la medida para que lo pusiera en práctica el mismo Mondragón, que fue el 1er. comisionado nacional de Seguridad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero que ha sido relegado. Quien se hará cargo de toda esa instrumentación, será el próximo subsecretario de la nueva Secretaría de Seguridad, Alejandro Gertz Manero.

Gertz Manero fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente Vicente Fox y se enfrentó con el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, y el ex procurador general, Rafael Macedo de la Concha, además de buscar encarcelar a quienes habían manejado las estructuras de policía, Wilfrido Robledo y Genaro García Luna. Años después, cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente Felipe Calderón, acusó a Gertz Manero de haber corrompido el sistema penitenciario que permitió la 1a. fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Mondragón y Gertz Manero son el cerebro de lo que será la estrategia del gobierno de López Obrador en materia de seguridad. En una 1a. instancia, el nuevo diseño institucional que el presidente electo López Obrador quiere que esa nueva secretaría sólo se llame de Seguridad, para que concilie la ambigüedad de su función primaria, con la absorción del CISEN y de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Fuera de la nueva arquitectura de la Secretaría de Seguridad quedaron el SAT, debido a que convenios internacionales suscritos por México prohibían que saliera de la Secretaría de Hacienda, y Aduanas, que está en la misma dependencia, pero que tiene una función recaudatoria de gran escala.

La nueva secretaría sólo tendrá 2 subsecretarías, y aún no se sabe quién será el subsecretario que trabaje junto a Gertz Manero. Bajo el próximo subsecretario quedará el aparato de inteligencia criminal, concentrado en Plataforma México, desmantelado por Mondragón, quien ha dicho que ello no fue su responsabilidad sino del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. García Luna dijo que Plataforma México fue vista por Osorio Chong como una herramienta que serviría a sus pretensiones presidenciales. El CISEN renacerá como la Agencia Nacional de Inteligencia, y mantendrá sus funciones de recolección y análisis de información cuya misión es la defensa de la soberanía nacional, y reportará directamente al secretario.

La estrategia de seguridad del próximo gobierno sólo ha visto la luz pública a través de enunciados, porque el documento de Mondragón, que es la base de lo que se hará, no se dará a conocer hasta que se incorporen las propuestas emanadas de los foros nacionales. Tendrá que ser parte también del nuevo diseño de la Secretaría de Seguridad, cuya creación probablemente surja de una iniciativa en el Senado por parte de la bancada de Morena, y en donde se espera que Durazo presente en un plazo no mayor a 3 semanas.

Las últimas adecuaciones que se hicieron incorporan en las tareas de seguridad pública a las fuerzas armadas, como adelantó López Obrador después de reunirse con el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y el almirante secretario de la Marina, Vidal Soberón. La rectificación no es una mala señal. La debilidad institucional a nivel municipal, vista ya desde la Presidencia y no desde el templete de campaña, hace su participación indispensable. El tema es sumamente delicado para que quede en manos de los políticos, y el diagnóstico que tenía el equipo del presidente electo se modificó con la información recibida que prevén que la presencia militar en las calles dudará todo el sexenio.

La discusión política de los temas de seguridad se ha enfocado al índice de homicidios dolosos que crece cada mes y es muy improbable que se vaya a frenar en el corto plazo. Pero no es la única variable del país en ruinas del que habla Durazo. Una muestra de esa realidad se encuentra en la Alerta de Viaje del Departamento de Estado, que tiene recomendaciones de seguridad a sus ciudadanos en las 32 entidades federativas. El gobierno del presidente Donald Trump ve problemas criminales en todo el país, y recomienda no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. En 16 estados sugiere extremar sus precauciones, y en 11 pide a sus ciudadanos que reconsideren su viaje.

La violencia y la inseguridad es el mayor reto que enfrentará López Obrador porque es el más sensible. Su problema es que elevó enormemente las expectativas que al llegar a la Presidencia todo iba a cambiar, y la realidad es que nada cambiará de fondo en el corto plazo, porque no hay solución cosmética verdadera. Este fenómeno y su dinámica tiene que atacarlo de manera integral para poder contener a los criminales y comenzar a dar resultados en el mediano plazo.

El tribunal electoral federal decidió exactamente como quería el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el caso de la multa que le había impuesto el INE a Morena por los presuntos malos manejos en el fideicomiso de ayuda a damnificados.

Lo que dijo el magistrado Indalfer Infante en su argumentación a favor de la sentencia que absolvió a ese partido debió ser música para los oídos del presidente electo: como el tabasqueño avisó que iba a crear el fideicomiso y llamó a los ciudadanos a aportar donaciones, eso significa que actuó de "buena fe" porque no lo quiso ocultar. (El INE avisó primero que crear ese fideicomiso constituiría una violación a la ley, pero ese aviso no mereció reconocimiento de "buena fe" en la sentencia del tribunal).

Novedoso criterio judicial que ausculta en la mente del acusado, que descifra sus verdaderas motivaciones, que penetra en las intenciones de las personas y juzga a partir de ahí. Había buena intención, no hay entonces acto ilegal.

Este innovador criterio judicial se inscribe en lo que para la Cuarta Transformación es la Ley: algo que debe acatarse, siempre y cuando sea "justa" a criterio del dirigente.

Por tanto, coincide con la defensa que argumentó López Obrador del fideicomiso: "Actuamos de buena fe. Nosotros no somos corruptos". Y su celebración del fallo fue por el mismo rumbo: "Salimos ilesos de la calumnia".

Así que en la "hora cero" -como le llamó el diputado Porfirio Muñoz Ledo- de la 4T, 2 de los 3 Poderes de la Unión coinciden en que lo que importa son las buenas intenciones. Al 3er. poder no hace falta preguntarle. Su respuesta es a coro: "¡Es un honor estar con Obrador!".

La sentencia aprobada por unanimidad en el tribunal no encontró vínculos entre el partido Morena y el fideicomiso, a pesar de que fue anunciado por su candidato presidencial, aprobado por su Consejo Nacional, administrado por sus más connotados simpatizantes, alimentado por sus candidatos y legisladores, y cobrado en un carrusel de retiros bancarios por sus operadores militantes.

El tribunal opinó que al INE le faltó investigar el asunto porque no logró documentar el destino final del dinero: se quedó en cuando pasaron a recogerlo los militantes de Morena, pero no supo qué hicieron después, así que por tanto considera que no puede acusarse a este nuevo partido de usar electoralmente esos recursos.

La cereza es que aun cuando no se pronuncia sobre si Morena usó o no el dinero del sismo para su beneficio electoral, el tribunal toma la tajante decisión de exonerar al partido. En el 99% de las veces anteriores cuando consideraba que el INE no investigó lo suficiente, regresaba el expediente al Instituto con la orden de profundizar la indagatoria. No esta vez.

La república de las buenas intenciones está en marcha. No está claro si en ella hay independencia de los poderes.

No es que les hagan falta ideas, pero ya saben todos los partidos: digan que fue de buena fe y hagan con el dinero lo que quieran.

El congreso, de inmensa mayoría morenista, tendrá 3 meses para hacer el milagro.

En ese lapso deberá dejar atrás sus ropajes de oposición y asumir la responsabilidad de gobernar.

El sábado fue de desahogo, de cobrar al PRI las cuentas de las que se siente acreedor.

4 veces interrumpieron a gritos el discurso que la dirigente priista y senadora Claudia Ruiz Massieu -portavoz del agónico oficialismo- pronunciaba en la tribuna de San Lázaro.

Poco importaron las reconvenciones de Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, político de holgada experiencia, quien apelaba a sus compañeros legisladores a entender que ésta era "la hora de la reconstrucción nacional, no de una democracia colérica".

Se había impuesto el espíritu de revancha y se desataba una greguería descontrolada. El ambiente recordaba más el alboroto de aquellos diputados plebeyos del PRI que se hicieron reconocibles por el apodo de Bronx, que a la famosa interpelación de Muñoz Ledo a Miguel de la Madrid -"Con todo respeto, señor Presidente"- hace justo 30 años.

El sábado, luego de 2 sexenios de serenidad casi completa -a raíz de que el ejecutivo fue expulsado, como Adán, del edén de Esta Soberanía-, el congreso volvió a ser rumboso, berrinchudo.

Se había acabado el oropel que impuso la partidocracia y su clase parlamentaria. San Lázaro había revivido, se ponía a andar, sí, pero como zombi.

"Uno, dos, tres...", coreaba el nuevo Bronx, hasta llegar al emblemático número 43, mientras Ruiz Massieu esperaba continuar con su discurso.

Es cierto, ella había llegado al borde de la provocación, alegando que los priistas no eran veletas -nomás le faltó decir "como ustedes"-, pero los noveles legisladores parecían olvidar que detrás de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, también hay pecados de la izquierda.

Dentro de 3 meses, el congreso tendrá que decidir qué pasará con ese crimen. ¿Se volverá a formar una comisión legislativa para dar seguimiento a las investigaciones o se dejará todo -no sólo eso, sino absolutamente todo- en manos del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador?

A partir de diciembre tendrá que gobernar. No podrá apelar más a las excusas que la democracia permite a la oposición. En 3 décadas, ningún gobierno ha tenido una mayoría semejante.

Hoy, la bancada mayoritaria puede prometer a la CNTE que tendrá "puertas abiertas" en San Lázaro. Pero ¿qué pasará mañana, cuando exijan la reinstalación de maestros que fueron cesados por irse a movilizaciones, dejando a sus alumnos sin clases? ¿Habrá partidas presupuestales para el pago de salarios caídos? ¿Se permitirá volver al otorgamiento de plazas automáticas por cuota y direcciones de escuela por lealtad sindical? ¿Cuánto alcanzará el señalamiento a lo hecho en el pasado para justificar el bajo rendimiento académico?

Si lo del sábado fue un desahogo pasajero, puede entenderse. Pero si la mayoría no cambia pronto el chip de oposición al gobierno, el recorte presupuestal al congreso valdrá de poco. Para celebrar 2 mítines por semana en San Lázaro -el Senado, por su tamaño suele ser más manejable-, va a salir muy caro.

El liderazgo tiene 3 meses para domar a ese Bronx de legisladores noveles, para inculcar en ellos la responsabilidad de cumplir el mandato real de las urnas: Dar una vuelta de tuerca al pasado.

Eso implica terminar con el dispendio en las arcas públicas y la violencia en las calles, pero también con la simulación, la línea y el culto a la personalidad. No fue quítalo a él para ponerte tú.

El sábado, Muñoz Ledo sintió que lo tenía que advertir: "Pretendemos que el Poder Legislativo sea motivo de honor y no de vergüenza para nuestros compatriotas...".

Sería una decepción regresar a tiempos idos. Concluir que 30 años de lucha por un gobierno que rinda cuentas y se someta a controles fueron una vuelta en u. Que los ciudadanos constaten que se impuso el gatopardismo y acaben diciendo que se parecen tanto al PRI, que no dejan olvidarlo.

Hace apenas unos años, algunas de las personas que hoy encabezan el Congreso de la Unión eran tachados de corruptos, "vende patrias" y otros adjetivos que hablan de un repudio social, sin embargo, hoy reaparecen: Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, como presidente de la Cámara de Diputados, acompañado de Dolores Padierna Luna, quien desde hace décadas se ha mantenido en el erario público, gracias a nombramientos plurinominales alcanzados en el Senado, la Cámara de Diputados -en varias ocasiones-, la Asamblea Legislativa, y los que resulten.

En el mismo listado se encuentran Martí Batres, Pablo Gómez e Ifigenia Martínez, quienes después de ser fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ocupado diversos cargos de representación popular y partidista, hoy, a propuesta de Morena, ocupan los principales cargos en la cámara alta.

Muñoz Ledo es un político con una importante cultura, profundos conocimientos en la materia y poseedor de muchos secretos del sistema mexicano, en el cual ha venido participando desde sus años mozos, 1o. con el presidente Luis Echeverría, para luego seguir con José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, en donde ocupó cargos relevantes por el PRI, partido en el que llegó a ser presidente del Comité Directivo Nacional, y posteriormente ha transitado por prácticamente todos los partidos habidos, ya sea como militante o como aliado.

Su historial como alcohólico también es del conocimiento público, baste saber que apenas hace unos días Muñoz Ledo tuvo que ser retirado de un restaurante en la Ciudad de México, en donde luego de comer continuó bebiendo, al grado de que empleados del lugar tuvieron que acompañarlo a la salida.

Dolores Padierna Luna es esposa del famoso René Juvenal Bejarano Martínez, ex secretario particular de Andrés Manuel López Obrador en el Gobierno de la hoy Ciudad de México, quien es reconocido bajo el mote de "el señor de las ligas", debido al video en el cual fue captado recogiendo millones de pesos de manos de un extranjero, supuestamente para recibir favores del gobierno en el cual trabajaba.

La pareja ha sido demandada en múltiples ocasiones por fraude a personas a las que les ofrecieron casa, luego del terremoto sufrido en la capital del país en 1985, sin haberles cumplido.

¿De verdad no hay más? Puede ser uno de los peores errores de la historia de México.

Mi amigo César considera un absurdo que el próximo Presidente de México viaje en aviones comerciales. Son falsos ahorros, dice. Y en efecto, parece ilógico que el líder del país vaya a pasarse 5 horas entre traslados al aeropuerto, esperas y demoras para ir y venir a Monterrey o a Mérida, en lugar de un recorrido en helicóptero al aeropuerto y un vuelo de 45 minutos en el avión presidencial. Si fuera el CEO de una gran empresa, los accionistas considerarían inadmisible la improductividad de tantas horas que podrían usarse en beneficio de una mejor gestión empresarial. Y si añadimos a la ecuación la promesa de Andrés Manuel López Obrador de hacer una presidencia itinerante y no desde la capital, podemos asumir que el desperdicio será de miles de horas a lo largo del sexenio. Por no hablar de vuelos retrasados o cancelados que podrían provocar la suspensión de reuniones de trabajo con el costo que implica el tiempo de muchas otras personas.

El congreso mexicano arranca con nuevas legislaturas dominadas por 1a.vez por la izquierda, representada en muchos casos por diputados y senadores poco capacitados para tan importantes cargos y muy comprometidos con el liderazgo de Morena, es decir, que no parecen llegar a debatir, sino a obedecer el mandato del próximo Presidente para lograr imponer sus ideas y proyectos bajo el argumento de que el apoyo popular lo legitimiza.

En este entorno de arribo altanero y de dudosa capacidad, corremos el riesgo de caer en un ánimo de arrebato y revanchismo. Esperemos que de alguna manera surja la sensatez y no se legisle ni se gobierne por ocurrencias, sino con un sentido de responsabilidad en todas las áreas del quehacer público.

(V.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 31 de agosto de 2018).

Quedó todo listo para que este sábado inicie su andar la LXIV Legislatura, en la que es altamente probable que veremos echar andar la nueva versión de la aplanadora legislativa.

Su época de oro fue en los tiempos autoritarios del PRI, cuando el gobierno era juez y parte en las elecciones, el tricolor ganaba prácticamente todo y las cámaras alta y baja se convertían en extensiones de la Presidencia de la República. No había contrapesos. El Poder Legislativo y el Poder Judicial estaban sometidos al titular del Ejecutivo. Al gran Tlatoani.

Eso terminó en cuanto las votaciones las reguló una autoridad electoral independiente y que desembocó en la 1a. alternancia política del país, en el año 2000, con la llegada a la Presidencia del panista Vicente Fox. Sin embargo, ni el 1er. presidente no priista, ni los 2 que le siguieron: el panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña, tuvieron la mayoría con la que contará Andrés Manuel López Obrador. Los legisladores y legisladoras pro amlistas están listos para estrenar este nuevo modelo de aplanadora, que aunque distinta, puede ser igual de preocupante por la pérdida de contrapesos y las tentaciones autoritarias que esto puede generar.

Andrés Manuel López Obrador, el único presidente que gobierna sin gobernar, hace cambios en un gabinete que no existe y acepta renuncias de puestos que aún no tienen.

Es fantástico que Andrés Manuel López Obrador sea tan aficionado al beisbol. Es un gran deporte, y de hecho es uno de nuestros deportes favoritos junto con el futbol.

Es el deporte de las grandes estrategias. Pero de ahí a pretender que sea un deporte que se practique en todas las escuelas (por decreto) y tratar así de catapultarlo como deporte nacional hay un tramo largo.

Si usted ha practicado el beisbol estará de acuerdo conmigo que es complicado jugarlo. Si se quiere hacerlo adecuadamente se necesita un gran espacio para el terreno de juego, un equipamiento mínimo que incluye bates y por lo menos una manopla por jugador, y tener conocimiento de las reglas, que no son pocas.

Intento recordar la escuela donde hice la primaria o la secundaria, y veo difícil que hubiesen podido adaptarse para tener por lo menos un campo de beisbol. Y cada escuela necesitaría por lo menos un par de ellos.

Se antoja complicado que los padres de familia, que ya batallan con gastos de útiles y "cuotas voluntarias" tuviesen ahora que comprar las manoplas y eventualmente bates y cascos, porque es casi obligatorio que en categorías infantiles los bateadores utilicen protección en la cabeza para evitar accidentes.

Y el juego en sí, a diferencia del futbol que es dinámico y relativamente sencillo, incluye muchos periodos pasivos para los jugadores, estén bateando o defendiendo en el campo, y se requiere un gran amor al deporte para pasar por ejemplo un buen rato en un jardín sin que pase mucho, o esperar en la caseta a que llegue el turno de bateo.

Creemos que el proyecto no soporta el más mínimo análisis. Pero es López Obrado el de la idea, y es quien será el próximo súper poderoso Presidente.

De hecho, Ana Gabriela Guevara, que será la encargada de lo deportivo en el gobierno morenista, ya tomó como suya la bandera del beisbol y también ha hablado de él como el gran proyecto de su gestión.

Preocupante, porque muchas personas, esfuerzos y recursos se apostarán a tratar de llevarlo a cabo.

Con el enorme apoyo que goza AMLO nadie levantará la voz para cuestionarlo, o para señalar que se trata de una ocurrencia.

Y lo preocupante es que si bien existe un gran proyecto que es la Cuarta Transformación, está acompañado de una serie de ideas, que también parecen ocurrencias, como construir el Tren Maya o migrar a las principales secretarias a los estados del país, y como el señor Presidente tendrá a su alrededores un ejército de "sí" incondicionales, esas iniciativas tendrán eco y tratarán de conseguirse.

(V.periódico El Financiero en línea del 29 de agosto de 2018).

Andrés Manuel López Obrador, como todos los miembros de la izquierda en la década de 1990, se oponía al Tratado de Libre Comercio. Era una reacción automática. López Obrador afirmaba, como muchos, que el acuerdo destruiría al sector agropecuario mexicano.

En 2005, cuando preparaba su 1a. campaña a la Presidencia, ya no rechazaba el TLCAN. El 24 de mayo de 2005 le dio una entrevista al Financial Times en la que le dijo que no sacaría a México del TLCAN, sino que "haría valer nuestros derechos dentro del tratado".

Muchos de los seguidores de López Obrador mantuvieron el rechazo al TLCAN. Para ellos el libre comercio sigue siendo inaceptable. Son los mismos que siguen manteniendo que Venezuela o Corea del Norte son los ejemplos que debe seguir México para descartar el "neoliberalismo".

Este fin de semana cambia el rostro del poder legislativo en el país y no viene con una faz agraciada. Los 18 diputados del Frente en Jalisco (mayoritariamente de MC), más los jaliscienses que llegan por lista (me refiero sobre todo a los de partidos distintos a Morena), tomarán protesta como legisladores en un congreso de características muy distintas a las que se han tenido en los últimos 25 años. Ni gobernarán ni podrán rentabilizar la oposición.

Para empezar, tendrán que lidiar con la poderosísima fuerza que emana de la figura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, legitimada por el abrumador y mayoritario voto encolerizado en el país. Alzar la voz para decir que el rey va desnudo, que su equipo no sabe de ciencia o que está poniendo en riesgo el presupuesto no va a ser fácil. Ser oposición no será rentable; hablar mal del Presidente y cuestionar sus intenciones no será automáticamente aplaudido por el público. Al revés: caerán jitomatazos.

Como si eso no fuera suficiente, los diputados que llegan tendrán que acostumbrarse a que una mayoría aplastante los eluda. Los 308 legisladores de la coalición ganadora no necesitan ni de su saludo, y si ya era difícil hacerse escuchar entre 500 legisladores ruidosos y 20 verdaderamente importantes, no les digo el trabajo que les va a costar cuando sus bancadas no son necesarias para gobernar y sus palabras de oposición no son bien vistas por el respetable.

Lo siento por Alberto Esquer, el jalisciense que coordinará a la bancada de 27 legisladores de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, pues aunque será uno de los pocos diputados libres (yo creo que los jaliscienses de MC tendrán más libertad que nadie, por ser afines a un gobernador que transita por otro carril partidista), no será un jugador crucial, excepto en reformas constitucionales, y ¿cuántas habrá? Por lo pronto, ninguna.

En los primeros meses del gobierno de López Obrador (contándolos desde ahora que el no presidente habla desde la escalera de su casa en la Roma), no se va a poner sobre la mesa ninguna decisión que amerite negociaciones. Con sus diputados le basta y sobra para aprobar el presupuesto del 1er. año y no le importará que los 45 del PRI se desgañiten, los 27 de MC sean libres, los 21 del PRD sean dignos y los 81 del PAN se escandalicen.

Parten de un escenario complicado, no será un día de campo y tendrán que usar la imaginación y sacar la casta porque al gobierno de AMLO llegaron.

Sería una irresponsabilidad regresar en estos momentos a la Marina y al Ejército a los cuarteles, dice López Obrador como si acabara de descubrir el agua tibia. Lo que fue una irresponsabilidad, en todo caso, fue ofrecer en campaña algo que sabía que no podría cumplir o peor, que ingenuamente pensó que podría cumplir. Tampoco lo van a lograr en 3 años, como prometió el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. El proceso de pacificación y reconversión de las instituciones de seguridad pública de este país llevarán al menos una década, dicen los optimistas.

Si de algo están sirviendo los foros de seguridad que arrancó el presidente electo en Ciudad Juárez es para que los futuros funcionarios entiendan la complejidad del problema y sus bifurcaciones. Cada ciudad, cada estado y cada región tiene sus propias dinámicas de poder e inseguridad y no hay manera de aplicar la misma receta a todos los enfermos. Si bien los síntomas son parecidos, violencia e inseguridad, las enfermedades son distintas. Combatirlas con las fuerzas armadas y solo con las fuerzas armadas equivale a tratar todas las enfermedades con una bomba de antibióticos, pero quitar los antibióticos de tajo es dejar al paciente a merced de los enemigos.

2 sexenios de fracasos en esta materia deberían de servir al menos para tropezar con otras piedras. El equipo de López Obrador está cometiendo los mismos errores del gobierno de Peña Nieto. Ante lo impopular de las políticas de Calderón el riesgo es pensar que la violencia se puede administrar, que hay formas de convivir con el crimen organizado llegando a acuerdos. Nada más falso. El fracaso, primero de Calderón y luego de Peña, en Michoacán, dejó en claro que no hay salidas rápidas y que pactar políticamente con el crimen es convertir al gobierno en rehén.

Lo primero es recuperar al Estado, que no exista región alguna en el país en la que existan un grupo distinto a las instituciones que cobre impuestos o venda seguridad. Esas 2 cosas tan básicas que tienen que ver con quién ejerce el poder en cada localidad son fundamentales. Suena a una verdad de Perogrullo, pero lo que quiere decir es que cualquier salida debe pensarse en términos de Estado, esto es, más allá del sexenio.

Da gusto ver que López Obrador comienza a dejar atrás la campaña. Ojalá comience también a dejar atrás las ideas de las salidas facilonas y moralistas. Todos queremos, agradeceremos, un presidente austero y decente; ese ejemplo es necesario, pero sobre todo queremos un presidente que sea jefe de Estado.

Según la versión de Enrique Alfaro, Andrés Manuel aclaró que nada de lo dicho por los futuros súper delegados -como Carlos Lomelí- está avalado por él.

Al parecer Lomelí se emocionó de más y había anunciado que administraría más de 80,000 millones de pesos para el estado y que coordinaría temas de seguridad con la PGR, Policía Federal y Sedena. A ver si no le sale caro el taco de lengua.

El presidente electo también aclaró que respetará la autonomía de los ejecutivos estatales pues los delegados únicos sólo serán supervisores de los programas sociales del gobierno federal. Nada de definir proyectos.

Las expectativas de la población hoy son que la economía, la salud, la educación y todos los demás indicadores mejorarán con López Obrador.

Una aprobación tan fuerte, muy arriba del 53% que obtuvo en la votación del 1o. de julio, puede ser peligrosa. Cuando un político alcanza una aprobación tan alta ascender se vuelve difícil o imposible mientras que caer es lo más fácil. López Obrador, sin embargo, ha tomado ya el papel protagonista dentro del escenario político mexicano. Es él, y no el presidente Peña Nieto, el que aparece constantemente en los medios; es él quien está preparando la futura agenda legislativa y política.

El atractivo de López Obrador radica en buena medida en el hecho de que la gente lo siente cercano. Vender el avión presidencial y usar vuelos comerciales para sus traslados puede ser una tontería logística y un riesgo constante para su seguridad y para la estabilidad del país, pero humaniza al Presidente y lo acerca a la población. La imagen de un López Obrador que hace cola para tomar el avión comercial que lo llevará a Ciudad Juárez, mientras habla por celular con una mano y tira de su maleta con la otra, contrasta radicalmente con la que han ofrecido desde siempre los presidentes protegidos por cientos de guardias presidenciales y que vuelan en el TP-01.

El ejercicio del poder implica, por supuesto, un desgaste importante y ése lo empezaremos a ver dentro de algunos meses. La gente espera cambios no solo rápidos sino milagrosos. Las expectativas que han creado López Obrador y sus seguidores son tan excesivas que no hay mandatario que pueda cumplirlas. Las inevitables crisis, por otra parte, tendrán un costo conforme avance el sexenio.

Aguas, dicen por ahí, con llevarle la contra al presidente electo y sus ideas. Ya a Tatiana Clouthier, criticona y sincerota con los nombramientos de Andrés Manuel, le costó quedar fuera de la Secretaría de Gobernación.

Anuncia que su gobierno va a ser 100% democrático y una demostración de ello será la consulta popular que ratifica llevará a cabo para ver si el pueblo mexicano, expertos, técnicos e iletrados, deciden si se debe terminar o no el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, que está en construcción y en el que se han invertido 100,000 millones de pesos y su cancelación costaría 50,000 millones de pesos.

Menciona Andrés López que ejercerá una democracia absolutamente eficiente y justa, pero sin preguntar a nadie informó que el día 1 de diciembre iniciará la construcción del Tren Maya que tendría un recorrido de 1,500 kilómetros, que tiene que atravesar la selva y una gran área de reserva de la biósfera y que costará alrededor de 150,000 millones de pesos, ¿por qué no hace una consulta popular a todos los mexicanos a ver si ese tren es positivo y necesaria su realización bajo esas condiciones?

Esto es un caso verdadero de que la ejecución de esta obra no estará basada en la democracia y en la aceptación de todo el pueblo mexicano, sino en una simple ocurrencia del presidente electo Andrés

López.

Si en verdad pretende realizar su gobierno basado en la democracia, que haga una consulta para ver si los ciudadanos habitantes de los estados quieren tener, involucrado en su desarrollo y en el programa de recibir los recursos federales, a un delegado especial que sería como un virrey.

Volviendo al tema del Tren Maya, ya están manifestando que va a ser un tren de gran lujo y el futuro secretario de Turismo anuncia su inicio en cuanto empiece el nuevo gobierno.

¿No es más importante terminar el tren México-Toluca que lleva 3 años o más y el tren que se canceló de México a Querétaro, que esta ilusión del Tren Maya?

Estos son temas que, para ejercer democracia de verdad, deberían consultarse como se anuncia la dudosa consulta popular a todos los mexicanos sobre la terminación del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.

Si en realidad quieres, presidente electo Andrés López, realizar tu gobierno ejerciendo 100% la democracia, debes hacerlo consultando la construcción de las obras en los puntos que se mencionan.

Una democracia verdadera y no a tu modo.

¿Podría aprobar un congreso dominado por Morena un acuerdo que sacrifique soberanía energética? Es evidente que no hay una posición única, en el caso de los grupos político y de trabajo que llegan al poder con López Obrador. Hay un polo radical que quiere echar atrás la reforma energética y un polo pragmático que se inclina por mantener la reforma, con algunas modificaciones, por ejemplo, para fortalecer a Pemex.

Quiero pensar que AMLO sabe perfectamente que es una tontería hacer una consulta pública vinculante para decidir si se continúa la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) o se cancela, y en su lugar se construye en la Base Militar de Santa Lucía pistas para operaciones internacionales, manteniendo el aeropuerto actual sólo para vuelos nacionales.

Es tan obvia la tontería de someter a votación popular un asunto de esta naturaleza, que más bien pienso que la idea de hacerlo se debe a que la cancelación del NAICM fue durante su campaña un tema recurrente y un símbolo en el que se ancló buena parte del repudio popular a la corrupción, y hoy que le toca tomar la decisión de continuarlo o cancelarlo, tiene que encontrar una salida airosa frente a la opinión de expertos en la materia que afirman que la ubicación elegida para la construcción del NAICM es la mejor opción.

Es obvio también que los únicos votos que deben contar para una decisión que depende de miles de asuntos técnicos, ambientales y económicos, así como de consideraciones que tienen que ver con el turismo y el comercio internacional, con el desarrollo del país, el crecimiento de la población, etcétera, son los votos de los conocedores y expertos en la materia, y que yo llamaría una "democracia versada".

En este caso lo único que el nuevo gobierno puede y debe hacer es asegurarse que el NAICM se haga bien, auditando obras y revisando contratos.

Pero ¿cómo decirle ahora a los votantes, sin quedar como tonto, que al final de cuentas la obra del NAICM no es tan mala como parecía?

Fácil: delegar la decisión al pueblo, manipular la información previa a la consulta y hacer ésta a modo para que la opinión del "pueblo sabio" en materia aeronáutica y en tantas cosas más, coincida con la de los expertos y las obras del NAICM continúen.

Así todos contentos: el pueblo tomado en cuenta, los expertos respetados, los contratistas y/o concesionarios felices y el nuevo gobierno con su popularidad en el cielo.

Consulta: No se ajusta a las reglas del artículo 35 de la Constitución, se llevará a cabo antes de terminar los estudios técnicos y trata sobre un tema especializado que rebasa los conocimientos de la mayoría. Más que una consulta popular parece una justificación de una decisión ya tomada.

¿La autonomía es un requisito indispensable para que la Fiscalía sea eficiente? Jurídicamente no. En eso tienen razón quienes defienden la visión de López Obrador de no ceder la Fiscalía, la independencia no basta, pero no deja de ser una trampa discursiva. La eficiencia y la autonomía son cualidades distintas, ambas necesarias. No se trata de escoger entre una u otra sino de que se cumplan ambas para que realmente sirva. La "independencia de facto" que plantea el presidente electo depende de la voluntad del jefe, es estar parado sobre una pierna ajena.

La verdadera autonomía y eficiencia dependerán de un fiscal fuerte y con voluntad política, pero sobre todo de un diseño institucional inteligente.

Andrés Manuel López Obrador ya recibió su 1er. descolón en la Casa Blanca. No fue nada agradable ni terso el mensaje que recibió a través de Jesús Seade, su representante en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero si la procesa con seriedad podrá aprender ahora, cuando aún no tienen costos sus acciones o equivocaciones, que hay un mundo que está a punto de conocer, donde las ocurrencias no tienen cabida, y que las improvisaciones no llevan a ningún puerto seguro, pero le irá quitando kilometraje a su curva de aprendizaje y le generará falta de credibilidad. El presidente electo obtuvo, de los negociadores estadounidenses del pacto comercial el miércoles pasado, su 1er. balde de agua helada.

Todo comenzó días antes cuando en su oficina en la Ciudad de México, en una reunión con Seade, Alfonso Romo, quien será el jefe de la Oficina de la Presidencia, y Marcelo Ebrard, el futuro secretario de Relaciones Exteriores, preguntó qué pasaría si se eliminara del pacto el capítulo energético. La respuesta fue que nada. ¿Cómo reaccionarían en Estados Unidos? La respuesta de López Obrador ante esa interrogante, a partir de la información que le proporcionó Seade, es que el capítulo sobre Inversiones, el XI en el TLCAN, podría tener tranquilos a los estadounidenses al darles certidumbre jurídica. Dicho esto, instruyó a Seade que hiciera la petición para eliminar el capítulo energético, que es el VI.

Seade habló con Guajardo y Videgaray, a quienes les planteó la eliminación del capítulo energético, como había solicitado López Obrador. Los secretarios le explicaron que ellos no podían pedir la cancelación de ese capítulo, que había sido incorporado desde que se aprobó la Reforma Energética. Sin embargo, le sugirieron que podía planteárselo a los estadounidenses. Le gestionaron una cita con Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, que rápidamente se la dio para el martes por la tarde, en vísperas de la reunión ministerial del miércoles.

De acuerdo con lo que reportaron funcionarios estadounidenses, Seade le planteó a Lighthizer la propuesta del presidente electo, ante lo que directa y secamente le respondió: "Don’t fuck me". Lighthizer, agregaron los funcionarios, le dijo que por qué excluiría López Obrador a Estados Unidos de la apertura de la energía en México, si estaba incluido dentro del TPP, el Acuerdo de Asociación Transpacífico y en las negociaciones comerciales con la Unión Europea. En pocas palabras, por qué López Obrador sólo quería afectar a Estados Unidos. No se sabe cuál fue la respuesta de Seade, pero una conjetura razonable es que debió haberle contestado que esa no era la intención del presidente electo.

Lighthizer dijo que la propuesta de López Obrador ni siquiera podía llevársela al presidente Donald Trump para que la considerara, porque la rechazaría de manera inmediata. Tampoco, sería aprobada jamás en el Capitolio, le explicó a Seade, donde incluso los propios republicanos se opondrían. Además, agregó, las compañías petroleras presionarían al Congreso para que no se aceptara. Estas corporaciones, quizás no lo sabe el equipo de López Obrador, tienen uno de los equipos de cabildeo más poderosos en el Capitolio y una enorme influencia por los recursos que inyectan a las campañas electorales, particularmente republicanas.

El representante comercial de la Casa Blanca fue contundente con Seade, y le dijo claramente que no habría TLCAN si no estaba incluido el capítulo energético. La conversación se cerró. El enviado de López Obrador ni siquiera pudo conversar sobre el capítulo de Inversiones, con el que pensaba el presidente electo se compensaría la eliminación del energético.

La respuesta de Lighthizer puede ser considerada como una primera señal a López Obrador de que no puede estar jugando, menos aún, por la dependencia económica que se tiene, de Estados Unidos. La forma como tomó la decisión, sin procesarla ni debatirla o anticipar sus consecuencias, junto con la políticamente desparpajada como instruyó a Seade que la presentara, tuvo una respuesta muy dura de la Casa Blanca que debería hacerlo reflexionar.

López Obrador va a entrar a jugar en un concierto internacional donde la política no se hace sobre las rodillas. Le haría bien revisar el proceso de deterioro de la relación de Trump con el 1er. ministro de Canadá, Justin Trudeau. No vaya a ser que antes de que se lo imagine, la metralla deje a Trudeau y se voltee contra López Obrador por una torpeza que está a muy buen tiempo de corregir.

El rechazo de las figuras más acaudaladas de la iniciativa privada de Jalisco y de los dirigentes de las 5 principales cúpulas empresariales al anunciado cargo del coordinador estatal que nombró el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que ya habían manifestado públicamente, volvió a quedar patente ayer en la visita relámpago que hizo el futuro jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, para reunirse con los empresarios de la entidad.

Como se recordará, los dirigentes de los principales organismos empresariales cuestionaron las coordinaciones estatales desde que el 10 de julio las anunció López Obrador. Este nombramiento, consideraron, atenta contra el pacto federal y crearía divisiones por el carácter político que le veían al nombramiento por recaer en Carlos Lomelí, ex candidato de la coalición Morena-PT-PES a la gubernatura del estado. Claramente, esa argumentación estuvo en franca sintonía con la que días después haría el propio gobernador electo, Enrique Alfaro, quien rechazó tener intermediarios para tratar con el futuro presidente, con quien por cierto aún no se reúne.

Por eso ayer los hombres del dinero de Jalisco y los líderes de la Cámara de Comercio, de la Coparmex, del Comce (que agrupa a los exportadores), del Consejo de Cámaras Industriales y del Consejo Agropecuario, se encargaron de dejarle en claro a Romo que el también multimillonario Carlos Lomelí no es de los suyos, al no convocarlo a la reunión.

Donde tampoco le fue bien al empresario farmacéutico fue en la reunión previa que Romo tuvo con los más importantes empresarios del estado, entre los que estaban sus competidores Carlos Álvarez Bermejillo, de PISA, y Javier Arrollo, de Farmacias Guadalajara; Guillermo Urrea, Francisco Beckman, Raymundo Gómez Flores, Juan Arturo Covarrubias, Francisco Mayorga, René Rivial y el anfitrión, José Luis González Íñigo, en la que algunos de ellos hicieron fuertes críticas a quien será el representante de AMLO en Jalisco a partir del 1 de diciembre.

Lo que también quedó claro es que a Romo no le interesó mucho hacer valer el lugar del coordinador estatal de su jefe Andrés Manuel. En su breve intervención, y en la sesión de preguntas y respuestas, no hizo una sola mención de Lomelí. No sólo eso. En varias ocasiones les pidió a los presentes que cualquier asunto o propuesta para afinar la política industrial del próximo gobierno se la hicieran llegar a través de González Íñigo. "Él será mi enlace con ustedes", les dijo.

El presidente electo no ha presentado propuestas concretas de políticas públicas que puedan ayudar a disminuir la corrupción. Su propuesta fundamental es que su irreprochable honestidad personal es suficiente. "Va a haber otras acciones, desde luego, pero son complementos; lo principal es que el Presidente sea honesto". El argumento de López Obrador es: "En México se tiene un sistema presidencialista; entonces el Presidente puede influir mucho, para bien o para mal".

Sí, es verdad, la conducta del Presidente puede influir, pero la experiencia, no solo en México sino en el mundo, sugiere que las regulaciones y la complejidad burocrática, así como la falta de transparencia en contrataciones y pagos, son factores mucho más importantes que la honestidad personal del gobernante. Un mandatario no puede estar al tanto de todo.

López Obrador fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México del año 2000 al 2005. No hay ninguna indicación de que él haya modificado sus hábitos personales de honestidad, pero las quejas de empresarios que tenían que pagar dinero para construcciones, autorizaciones y trámites fueron constantes. René Bejarano y otros funcionarios, por otra parte, fueron exhibidos recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada.

Habrá que esperar a ver las acciones que tome el nuevo gobierno, sobre todo cuando empiece a controlar pagos y licitaciones. La centralización de las oficialías mayores en una sola oficina controlada por él es una propuesta interesante, pero puede resultar sumamente ineficiente. Es muy probable, sin embargo, que López Obrador tenga que impulsar otras medidas de transparencia y simplificación administrativa para realmente reducir la corrupción.

Andrés Manuel se vanagloria de no tener cuenta de cheques, por lo que no se entiende cómo ha recibido ingresos. La gran pregunta ahora es si seguirá sin tener esa cuenta para recibir su sueldo como Presidente. Sería mala señal porque la ley nos obliga a los demás a recibir pagos de forma electrónica.

Si Andrés Manuel López Obrador pretende un gobierno exitoso, tiene que cortarse un brazo llamado Octavio Romero Oropeza, designado como futuro director de Pemex. Ahí ha sido colocado no por conocer el sector ni ser un financiero competente, sino por ser de todas sus confianzas. Fue uno de los 3 tabasqueños que se mudaron con él a la Ciudad de México en los 90s para iniciar la escalada a la Presidencia oficial mayor del gobierno capitalino que encabezó, y administró en la sombra los recursos de la campaña presidencial donde enfrentó a Felipe Calderón. Romero Oropeza es objetivamente insostenible, a menos que López Obrador sea un inconsciente y liquide la gallina de los huevos de oro del gobierno mexicano.

Pemex es la empresa petrolera más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo. Es junto con Saudi ARAMCO, el rey de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la 2a. empresa paraestatal más importante del mundo. Un deficiente manejo en la 1a. parte del gobierno de Enrique Peña Nieto la dejó en una situación muy precaria, con 15 millones de dólares en caja a la salida del ex director Emilio Lozoya, y una deuda de 100,000 millones de pesos en todo el mundo, que produjo una calificación negativa de las agencias internacionales, que costó mucho trabajo revertir.

Romero Oropeza es uno de los 2 tabasqueños que viajaron con él a la Ciudad de México que formarán parte de su gobierno. El martes nombró al 2o., Alejandro Esquer, como secretario particular del presidente. Esquer juega en el lado seguro de López Obrador, protegiendo a su amigo y jefe por muchos años en ese cargo donde la confianza y la discreción son herramientas centrales del cargo. Tampoco hará daño a la nación ni a los mexicanos, porque las decisiones que tome no afectarán al conjunto de la sociedad. En el caso de Romero Oropeza, cualquier cosa que haga mal, costará millones de dólares. Si lo hace peor, arrastrará al infierno al gobierno lópezobradorista.

Pemex es vanguardia de la Reforma Energética, y las inversiones comprometidas llegan a los 200,000 millones de dólares, que él ha dicho querer cancelar. La escala de inversión en Pemex hace que la tarea de administrarla sea monumental. Lo es para un técnico y un financiero. Para un político numerario sin experiencia ni entrenamiento en ese campo, y una carrera subordinado a los deseos de López Obrador, mucho más. Oropeza Romero es un ingeniero agrónomo que ha sido ganadero, pero manejar ganado no es lo mismo que manejar una empresa petrolera. Como oficial mayor en el gobierno capitalino, por cuya oficina corría dinero político en efectivo sin rendir cuentas a nadie salvo a su jefe, pudo haber sido eficiente. Pemex se mide muy distinto.

Lo más cercano en conocimiento petrolero es haber nacido, como López Obrador, en una región petrolera en Tabasco, y haber cobrado como asesor en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados con un sueldo de 150,000 pesos, donde una ingeniera petroquímica, Rocío Nahle, era la coordinadora. Nahle seguirá siendo su jefa, como futura secretaria de Energía, pero las decisiones día a día las tendrá que tomar él, que es neófito en materia petrolera. Su designación ha causado mucha incertidumbre sobre el futuro de Pemex.

La consultora Eurasia reportó a sus clientes que las designaciones de Romero Oropeza y Manuel Bartlett, como futuro director de la Comisión Federal de Electricidad, son "muy malas señales" para el sector energético, no sólo por su falta de capacidad técnica en las áreas que manejarán, sino por su posición crítica a la Reforma Energética y la apertura a inversiones del sector privado. Como dice David Shields, un consultor independiente de energía en la Ciudad de México, si López Obrador quiere elevar la plataforma petrolera 1.9 millones de barriles diarios de petróleo a 2.5, pero las reservas están abatidas y no hay grandes descubrimientos, ¿de dónde sacará Romero Oropeza el dinero para invertir en exploración y producción si quiere parar la Reforma Energética? No hay posibilidades objetivas para ello.

El cargo de director de Pemex no puede ser político, sino técnico y financiero. Las experiencias con algunos ex directores con esos perfiles han sido efectivamente malas, pero las deficiencias o los actos de corrupción en los que han incurrido algunos de ellos, no significa que la solución pase por un incondicional del presidente electo que no sabe de la materia ni tiene el bagaje de conocimiento para tener una curva de aprendizaje. Pemex no requiere de un aventurero en la administración pública, sin experiencia ni conocimiento. Tampoco de una decisión equivocada de López Obrador que sólo piensa en cómo contener la corrupción, que en Pemex mismo, sin importar -aunque sea por omisión- lo que suceda más allá del cuidado de los dineros para que no terminen en bolsillos.

La honestidad es fundamental para ese cargo -Romero Oropeza ha estado involucrado en casos de corrupción en el pasado-, pero no menos es la capacidad para manejar ese monstruo de empresa que fácilmente se engulle a sus funcionarios, o los lleva a tomar decisiones que afectan la estabilidad financiera de la empresa, lo que golpea directamente las finanzas públicas del gobierno y la disponibilidad de recursos para mantener el país caminando. López Obrador no puede mantenerlo al frente de Pemex. No es un asunto de cariño o amistad, sino de eficiencia y capacidad. Eso hace un presidente, toma decisiones que beneficien a la sociedad en su conjunto, aunque le duela aplicarlas.

"De Ser Cierto...", es una frase que ronda y ronda conforme hemos ido escuchando y leyendo sobre el programa de trabajo de Andrés Manuel López Obrador.

"De ser Cierto" que cumpla todo lo que ha dicho, este sería un país fantástico. Y reflexionamos: "De ser Cierto" que todos los funcionarios y entes públicos van a ver reducidos sus sueldos por debajo del Presidente.

"De ser Cierto" que se va a reducir la alta burocracia, y que la poca que quede, tendrá que salir adelante sin lujos, celulares, ayudantes y sin sus camionetas Suburban.

"De ser Cierto" que combatirá la corrupción, que buscará a corruptos del pasado, y que castigará inmediatamente a los de su equipo que caigan en la tentación.

"De ser Cierto" que descentralizará la actividad federal de la Ciudad de México, liberándola de burocracia y trámites...

Sin embargo, todavía faltan 3 largos meses para que tome posesión y ya ha empezado a mostrar dudas en algunos temas que parecían fáciles para su mano todopoderosa.

Ya no venderá el avión presidencial, simplemente porque es arrendado, y además nadie se lo compraría.

No podrá conseguir que los magistrados de la Suprema Corte se reduzcan el sueldo, aunque sí implementarán medidas de austeridad.

Y aún y cuando dijo enfrente de Peña Nieto que cancelaría la Reforma Educativa, a la par su hombre fuerte en Educación, Esteban Moctezuma, informó que convocaría a una consulta nacional (sobre todo entre maestros) para conocer cuál debe ser el derrotero del sistema educativo; se abre la puerta a retomar varios de los elementos fundamentales de la reforma peñista.

Y donde más se ha visto que duda públicamente es en el tema de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Desde aquel tajante: "no se construirá", han pasado reuniones con empresarios, reuniones con quienes le ayudarán a manejar la economía y las finanzas, y el discurso se ha ido suavizando.

Es más, en sus últimas referencias al aeropuerto, tal parece que la disyuntiva es entre seguir con el ya planeado y que de hecho ha empezado a construirse, o hacer uno nuevo donde se encuentra el aeropuerto militar de Santa Lucía.

Si la consulta es para elegir entre esos 2, las preferencias se inclinarían por supuesto con seguir el proyecto de Peña Nieto.

Tal parece que se dio cuenta como si estuviera a mitad del río, que para su gobierno tendría el mismo costo cancelarlo que seguir. Cuando más tendría oportunidad de revisar y modificar muchos de los contratos del proyecto, por ser sospechosamente corruptos como lo ha sido el régimen peñista.

Pero hasta ahí; en un par de años, y con un discurso triunfador, estará inaugurando las nuevas instalaciones del nuevo aeropuerto.

¿Será igual con el resto de las promesas?

De ser así entonces del país que había pintado, refundado, honesto y maravilloso, donde la erradicación de desvíos, ineficiencias y corrupción le permitirían contar con recursos para echar a andar todo su proyecto, quedaría muy poco.

Al día siguiente de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que Octavio Romero Oropeza, sería el director de Pemex, el spread de la empresa -la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo financiero-, perdió 6,000 millones de dólares de valor en los mercados. La designación de un ingeniero agrónomo cuya experiencia financiera fue cuidar los dineros del Gobierno de la Ciudad de México cuando la gobernó López Obrador, fue muy mal vista por los inversionistas que reaccionan rápidamente y sin miramientos. Como Pemex requiere un financiero, no un perfil distinto, los mercados le mandaron un aviso preventivo al próximo Presidente de México sobre qué no puede hacer, si quiere evitar meterse en honduras financieras.

Este episodio describe la forma ligera como se ha venido comportando López Obrador y su equipo, que al no ver las consecuencias de sus actos, está chocando cada vez más fuerte con la realidad. El viernes pasado, la prensa dio a conocer las minutas de la Junta de Gobierno del Banco de México, donde advirtió los riesgos que entrañan las contradicciones de las propuestas que está anunciando el presidente electo porque afectarían el control fiscal -léase la posibilidad de entrar en un déficit fiscal y un mayor endeudamiento-, que muy lejos de alcanzar una tasa de crecimiento de 4%, como ha repetido que alcanzará en 2019, lo que resultará es en una caída del crecimiento y presiones inflacionarias.

Los focos en los sectores financieros en México y el mundo se están poniendo en rojo. De acuerdo con un mapa de riesgo elaborado en julio pasado por el grupo financiero francés BNP Paribas, uno de los principales en el mundo, la situación del país se va a ir deteriorando con López Obrador de manera muy acelerada durante su 1a. parte del sexenio. En 2019, ven una inercia que lo ayudará en el crecimiento, el control de la inflación, las condiciones monetarias, los mercados y el marco institucional, aunque registran el inicio del deterioro en materia fiscal y las reformas.

Para 2020, lo único inercial que anticipan es el crecimiento económico, porque ven un deterioro en el manejo de la deuda, de la inflación, disminución en la inversión ante el empantanamiento de las reformas, y cambios en la agenda institucional que empezarán a apretar las condiciones económicas, lo que llevará a una reducción en los ahorros fiscales y una creciente insatisfacción de las agencias calificadoras. En 2022, pronostica BNP Paribas, no habrá nada inercial. El deterioro moderado que se había registrado en los 2 primeros años de gobierno de López Obrador, será sólo en el potencial de crecimiento, porque ven un deterioro "agudo" en el endeudamiento, la espiral inflacionaria y el freno súbito de las inversiones de capital, que se traducirá en un crecimiento menor y una mayor deuda. O sea, el proyecto de López Obrador de estimular el crecimiento, dar empleo a todos los jóvenes y reducir la brecha de la desigualdad, estará haciendo agua, y sus promesas de campaña y sueño de lustros, se empezarán a ahogar y a generar una crisis económica, por malas decisiones internas, que no se veía desde hace casi un cuarto de siglo.

¿Por qué si las ideas de López Obrador son tan buenas están viendo que camina hacia el desastre? Una explicación es que su equipo económico está quedando muy lejos de las expectativas que tienen los mexicanos del próximo gobierno. La semana pasada la columnista Marta Anaya mostró la punta de ese iceberg que es lo que está prendiendo las señales de alarma por todos lados. La periodista reveló un encuentro entre el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, y su sucesor, Carlos Manuel Urzúa, donde se habló de crear una zona franca en la frontera. González Anaya le dijo a Urzúa que sería un error, y que los números que tenía eran incorrectos. El próximo secretario de Hacienda respondió que lo que estaba mal eran sus números hasta que, como había dicho Anaya, se dio cuenta que había calculado mal el IVA.

Ese episodio no es una anécdota. Cuando llegaron por 1a. vez a la Secretaría de Hacienda, el equipo económico de López Obrador se sorprendió [de] que los recursos del gobierno no eran del tamaño que ellos pensaban y no dejaban de preguntar en dónde se encontraba el resto del dinero. En otro momento pidieron que se cancelara un programa de emprendedores para destinar esos recursos a un programa social, hasta que fueron informados que eso provocaría el quiebre de 30,000 pequeños empresarios. Más adelante se enteraron que su ambicioso plan de producir gasolinas en las renovadas refinerías, no va a funcionar porque el crudo mexicano es tan pesado que no puede ser refinado con la configuración que tienen las plantas en México.

La impresión que han dejado con quienes ha hablado el equipo económico de López Obrador, en México y en el extranjero, es que tienen buenas intenciones, pero desconocimiento de cómo funciona una hacienda federal. También han notado que tienen muchos prejuicios e ideas que no se corresponden con la realidad. La desconfianza de los mercados también está encontrando asideras en lo que han visto del equipo económico entrante, que tiene como palanca de presión a un presidente electo que quiere hacer mucho con menos dinero. Eso es una de las contradicciones que el discurso político permite, pero que choca con las finanzas públicas y provoca la reacción de los mercados que castiga sin miramiento.

La minuta de la reunión consta de 3 hojas. Se juntaron los integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador que han impulsado la construcción de 2 pistas en la base aérea militar de Santa Lucía en lugar de un nuevo aeropuerto y los integrantes del Ejército encargados de ese lugar.

Los del gobierno entrante platicaron con los militares, realizaron un sobrevuelo, dieron una vuelta en tierra... y listo. Con eso les bastó para considerar "viable" la construcción de 2 pistas extra para el fundamental sistema aeroportuario de la capital de nuestro país.

El documento, cuya copia tengo en mi poder, está firmado por personajes de la talla de Javier Jiménez Espriú, nominado para ser secretario de Comunicaciones y Transportes, y José María Rioboó Martín, constructor predilecto del grupo político entrante y uno de los más apasionados defensores de la idea de cancelar la obra del nuevo aeropuerto y hacer mejor la ampliación en Santa Lucía.

¿De qué se trató la junta? Según la minuta, revisaron la propuesta publicada en 2015 para hacer las pistas en Santa Lucía, "se efectuó un recorrido en tierra del terreno e instalación presentes", "se efectuó un sobre vuelo de la Base Aérea de Santa Lucía y sus predios colindantes", se revisaron las cartas de rutas aéreas de la base y el aeropuerto actual, y "se tuvo una presentación descriptiva de las instalaciones, su uso y ubicación".

La ligereza con la que se evaluó la viabilidad de Santa Lucía queda exhibida aún más en el apartado Observaciones de la minuta:

En su inciso a) se señala que "de la vista e informes verbales de los encargados de la Base Aérea de Santa Lucía se establece que el suelo ofrece estabilidad y soporte suficiente para la pista actual, la que no ha presentado afectaciones, hundimientos o fracturas de importancia en su estructura".

(¡Vista e informes verbales! ¡O sea que le echaron ojo al suelo y les dijeron que sí aguanta y ya!)

El inciso b) va por la misma ruta: "se deriva por informes verbales que la orientación de las pistas es segura y eficiente para las operaciones de las aeronaves".

(¡Por informes verbales!)

Y abunda: "De la revisión de la Orografía en la zona de la Base de Santa Lucía se observa que no presenta obstáculos para el desarrollo de las operaciones que se generarían con el proyecto del SAVAM" (Sistema Aeroportuario del Valle de México).

Por ello, en el apartado Conclusiones, se señala que "para determinar el modelo de aeropuerto que en su caso debería desarrollarse en Santa Lucía, con sus características y condiciones más apropiadas para el proyecto, se requieren estudios aire-tierra, por lo que el modelo no puede ser diagnosticado de inmediato".

Sin embargo, acto seguido se señala que "por las condiciones actuales de ubicación, volumen de operaciones y características orográficas, sí es viable la coordinación de vuelos" entre el actual aeropuerto y Santa Lucía como complementario.

Con esta base, el viernes, en conferencia de prensa, el presidente electo y su futuro secretario de Comunicaciones y Transportes plantearon la posibilidad de hacer las 2 pistas en Santa Lucía. La última palabra, dijeron, la tiene la gente.

El documento íntegro de la reunión entre el gabinete de AMLO y el Ejército puede consultarse en www.carlosloret.com

Inició formalmente la transición política entre la administración de Peña Nieto y la del presidente electo López Obrador.

Quedan 100 días para estos trabajos. Serán 14 semanas muy intensas, pero que deben aprovecharse para que el intercambio de información sea lo más detallado y profundo posible. Y de ahí otra oportunidad inédita para López Obrador. El 1º de diciembre, en su discurso de toma de posesión, no es necesario que recuente lo que será la IV Transformación, que mejor dé el inventario del país que recibe.

Sería muy útil para que el futuro Presidente nos dé un 1er. informe del verdadero estado de las cosas. ¿Cómo realmente está la SCT? ¿Cómo está el país en materia de inteligencia y seguridad? ¿Cuál es el estado de la banca de desarrollo?, etc. En el 2000 Vicente Fox perdió la oportunidad de hacer un balance a fondo de la situación y de lo que debía cambiar. Tenía la legitimidad y el capital político para hacerlo. Optó por acomodarse en el viejo sistema del PRI.

Hoy, López Obrador tiene nuevamente la posibilidad de decirle al país, con datos duros y ejemplos concretos, la situación que debe arreglar y el punto en el que arranca su gobierno. Por más cruda que sea la situación. Sin embargo, también tendría que decirnos otras 2 cosas: qué sí funciona bien y hay que preservar, y qué le toca hacer a la sociedad civil, al sector privado, al pueblo, para contribuir al cambio que el país requiere.

No hay obra humana que no tenga consecuencias en el ambiente. Ni un aeropuerto en Texcoco ni un tren en la reserva de la biosfera en Calakmul. Ni siquiera la agricultura. Los cultivos acaban con la diversidad del suelo natural. El lema político "Tierra sí, aviones no" del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra no revela más que ignorancia.

Andrés Manuel López Obrador siempre se ha opuesto a la construcción del nuevo aeropuerto. Lo hizo cuando era jefe de Gobierno con el argumento de que la Ciudad de México no podía seguir creciendo hacia el oriente. A pesar de eso, varios gobiernos federales, con el apoyo de la empresa especializada en aeronáutica Mitre, han llegado a la conclusión de que el único punto del valle de México donde se puede construir un aeropuerto que permita una ampliación significativa del tráfico aéreo y se convierta en un hub de conexiones internacionales es Texcoco.

Dificultades técnicas y ambientales hay muchas, pero no hay lugar cercano a la sobrepoblada área metropolitana que no las presente. Lo mismo puede decirse de una vía férrea que atraviese la península de Yucatán. La labor de los especialistas no es encontrar una solución perfecta, sino la más viable.

El suelo del lago de Texcoco es suave y esto obliga a una construcción más cara y a procesos de mantenimiento posteriores, pero el suelo del actual aeropuerto es igualmente suave o incluso más. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene un trabajo de mantenimiento anual debido a las condiciones del suelo. Las técnicas de construcción de hoy, sin embargo, son mejores y permiten desplegar pistas de mayor solidez. No hay razones de ingeniería que impidan la construcción del aeropuerto en Texcoco.

Es verdad que los costos del nuevo proyecto se han elevado. Esto es en buena medida consecuencia de la depreciación del peso frente al dólar. La revisión de las licitaciones y los contratos para el proyecto es siempre bienvenida, pero cancelar una obra porque los costos han subido, y tirar a la basura 100,000 millones de pesos o más, no tiene ningún sentido.

La solución a los problemas de costo la tiene en las manos el propio presidente electo. En estos momentos, según el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 30% de la financiación es pública y 70% privada. Pero el respaldo gubernamental es crucial porque, sin él, el proyecto simplemente no podría funcionar.

López Obrador ha dado la solución al sugerir que se concesione el aeropuerto. Ése es el mejor camino. De hecho, solo un gobierno de izquierda podría privatizar una obra de infraestructura tan importante. Los actuales aeropuertos privados funcionan bastante bien.

El problema principal del aeropuerto de Texcoco no es técnico sino la animadversión que Andrés Manuel siempre le ha tenido. Ésta se manifiesta no solo en la selección de Javier Jiménez Espriú para ser titular de Comunicaciones y Transportes sino en el hecho de que ha anunciado una consulta para el aeropuerto, pero no una para el Tren Maya u otra para la dispersión de oficinas gubernamentales en el país.

Texcoco no es la opción perfecta, pero sí la mejor. El proyecto puede tener zonas de mitigación ecológica e incluso lagos, como ha planteado el arquitecto Alberto Kalach, quien ha dicho que el aeropuerto puede representar "el mayor rescate ecológico y urbano que se haya hecho en el país en toda su historia". Lo que sería un error monumental es cancelarlo.

Paco Calderón
(18 de agosto de 2018).

El principal problema del país, la inseguridad, podría agudizarse el próximo año debido a las ocurrencias del nuevo equipo gobernante que manda señales de no tener idea de la materia.

Sin duda les anima la mejor de las intenciones, pero cualquiera con sentido común se pone nervioso con los bandazos que dan en esa área tan sensible.

El discurso del candidato López Obrador se centró en atender problemas sociales que según él llevan a personas a delinquir (matar, secuestrar, torturar), lo que es un loable anhelo a mediano y a largo plazo.

Sin embargo, el aquí y el ahora lo cimentó en la creación de una Guardia Nacional de 400,000 integrantes, compuesta por policías federales, militares y marinos.

Anteayer miércoles el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo que siempre no. Que ya no habrá esa Guardia Nacional.

En su lugar, dijo, los esfuerzos del nuevo gobierno en materia de seguridad y combate al crimen organizado se enfocarán en mejorar la coordinación entre las corporaciones policiacas y elementos de las fuerzas armadas.

O sea, lo mismo que hicieron Peña Nieto y Felipe Calderón.

¿Dónde está el cambio?

No hay tal. Es más de lo mismo. O peor.

Peor por un agravante, expuesto el miércoles por el propio Durazo: "En la nueva estrategia de combate al crimen que se pondrá en marcha, no se continuará con la captura de los llamados objetivos prioritarios, ya que su aprehensión no ha derivado en la reducción de la violencia".

¿Cómo es posible que ya no se vaya a perseguir a los grandes criminales?

De acuerdo con lo expuesto por Alfonso Durazo fue un error capturar al Z-40, responsable de las matanzas en San Fernando, Tamaulipas, donde ejecutaron y enterraron en fosas a 72 migrantes centroamericanos.

Hace unos días, afortunadamente, se dio la captura de El Sexto, Juan Pablo Ledezma, líder de La Línea, quien fue el responsable de la matanza de jóvenes en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez.

Si se tarda unos meses la policía en dar con ese multihomicida de jóvenes, El Sexto la habría librado con el nuevo gobierno: no sería perseguido.

De acuerdo con lo expresado por el próximo secretario de Seguridad Pública, no debieron gastarse recursos en detener a Servando Gómez Martínez, La Tuta, cabecilla criminal de Los Caballeros Templarios que destazaban cuerpos y subían los videos a redes, extorsionaban a medio Michoacán, secuestraban y asesinaron y quemaron a un grupo de agentes federales que tenían esposas, hijos, hijas...

¿Qué dice el futuro secretario Alfonso Durazo?

Dice que "no se continuará con la captura de los llamados objetivos prioritarios, ya que su aprehensión no ha derivado en la reducción de la violencia".

¿Entonces, secretario Durazo?

¿Fue un error abatir a Arturo Beltrán Leyva, que colgaba a sus víctimas en los puentes de Cuernavaca y prohijó a bandidos como los que ahora están en Los Rojos y Guerreros Unidos?

¿No se debió perseguir a Heriberto Lazcano, El Lazca, jefe militar del sanguinario grupo de Los Zetas?

¿Ningún valor tiene haber reducido a Los Zetas a un cártel acotado, luego de que dominara el Golfo y Centroamérica?

¿Fue un error capturar al Chapo?

¿Debió dejarse en paz a Vicente Carrillo Fuentes, hermano de El Señor de los Cielos, detenido y extraditado a Estados Unidos, donde mató a 9 agentes de ese país?

Después de esas declaraciones del próximo secretario de Seguridad Pública de México, en algún lugar del Pacífico, El Mencho, líder del cartel criminal Jalisco Nueva Generación, descorchó champaña y cuenta las horas para que asuma el nuevo gobierno.

Quedarán impunes sus emboscadas y asesinatos de militares en Jalisco y en Colima.

Se va a poner énfasis, dijo Durazo, en la persecución del dinero de los narcotraficantes. Excelente. Eso lo han tratado de hacer las 2 últimas administraciones, sin mayores éxitos.

Hasta donde sabemos, al Chapo Guzmán los estadounidenses no le han encontrado un solo dólar.

Ojalá a Durazo le vaya bien, pero esa estrategia de perseguir el dinero no excluye la otra, de detener a los homicidas, secuestradores y extorsionadores.

Muy peligrosos esos bandazos en seguridad. Es señal de que no saben qué hacer.

Aunque ya se veía venir algo así, al pasar nuestro presidente electo de la estrategia de "tolerancia cero" en su gobierno en el DF (trajo a Giuliani), a la de "amnistía" como presidente de la república.

Se acerca un fuerte incremento en el gasto gubernamental. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro apoyará a 2.3 millones de jóvenes a un costo de 22,000 millones de pesos al año. Se duplicarán las pensiones a los adultos mayores, para lo cual se destinarán 120,000 millones de pesos. Se otorgarán apoyos a las personas en situación de discapacidad o de pobreza, lo que costará 15,840 millones de pesos. Se sembrarán un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, dando empleo a 400,000 personas a un costo de 22,000 millones de pesos. Nada más estos programas representan un gasto adicional de 180,000 millones de pesos al año.

El gobierno también descentralizará 27 dependencias, incluyendo secretarías, lo que costará al parecer 135,000 millones de pesos, y construirá el Tren Maya con una inversión de hasta 150,000 millones (una parte supuestamente vendría del sector privado, pero hay dudas acerca de la rentabilidad del proyecto, indispensable para atraer fondos privados). Con estos 2 proyectos, los nuevos gastos e inversiones se elevan a 465,000 millones de pesos (aunque estos últimos no serían erogaciones anuales).

Algunos de los montos que calcula el nuevo gobierno son muy conservadores. Ya López Obrador no está planteando construir 6 refinerías, pero sí remozar las 6 actuales y construir una nueva. El remozamiento dice que costará 50,000 millones de pesos, pero los especialistas advierten que esto no sería suficiente. La nueva refinería, dice Rocío Nahle, la futura secretaria de Energía, representará una inversión de 6,000 millones de dólares o alrededor de 114,000 millones de pesos; pero cuando algunos analistas han señalado que una refinería que pueda manejar los crudos pesados mexicanos costaría cuando menos 20,000 millones de dólares, la respuesta ha sido: "Quizá le cueste 20,000 millones a Peña Nieto, pero con Andrés Manuel serán 6,000 millones". Aun con estos cálculos alegres, el monto de dinero fresco que gastará el gobierno de López Obrador ya asciende a 629,000 millones.

Hay que añadir otras promesas de campaña que costarán mucho, aunque los costos no se han definido hasta donde yo sé. López Obrador se comprometió a construir 300 caminos rurales, pero con procesos de baja tecnología y uso intensivo de mano de obra, lo cual los hará más costosos. También ofreció un proyecto para conectar con internet todo el país, un programa de reconstrucción de viviendas de los damnificados de los sismos de 2017 y apoyos a colonias marginadas de la frontera y a las zonas más pobres de los destinos turísticos. Prometió también expandir la educación universitaria, haciéndola universal y completamente gratuita.

Durante la campaña, López Obrador afirmaba que aumentaría el gasto en 500,000 millones de pesos al año, sobre todo para proporcionar mayores servicios sociales, y que el dinero lo conseguiría con ahorros en el gasto y eliminando la corrupción. Pero aun si fuera cierto que el nuevo gobierno pudiera eliminar completamente la corrupción, esto no le depositaría 500,000 millones de pesos en cuentas de las que pudiera girar cheques para cubrir los nuevos gastos.

Es muy positivo que López Obrador haya prometido en campaña aumentar el gasto público sin subir impuestos ni aumentar el déficit de gasto o la deuda. Por eso su elección fue tan bien recibida. Tengo la impresión, sin embargo, de que será imposible cumplir todas las promesas.

La incertidumbre y angustia de cientos que nunca se expresó durante la campaña presidencial, cuando Andrés Manuel López Obrador prometió que bajaría el 50% de los salarios a todos los burócratas, cambió cuando un discurso de campaña se convirtió en una realidad venidera, y a lo largo de las últimas semanas se han venido aireando las preocupaciones de la alta burocracia. La línea de pensamiento es que la alta burocracia gana mucho, que el país tiene muchos pobres que necesitan más recursos, y que la mitad del salario de alrededor de 35,000 burócratas que ganan por encima del techo señalado, ayudará a cambiar la distribución de la riqueza. Así, las nóminas serán recortadas a machetazos.

Si López Obrador no cambia el machete por el bisturí, su promesa de campaña se convertirá en una medida que por las mejores razones tendrá las peores consecuencias para él, para su gobierno y para quienes hoy celebran en el ajuste de cuentas salarial que planea, porque serán quienes junto con el resto de los mexicanos paguen los efectos que tendrá probablemente la tabula rasa que pretende el próximo Presidente de México, que llevará a una administración pública sin calidad de gestión y con pérdida de experiencia.

Este alegado ha sido refutado por López Obrador, quien ha dicho que hay mucha gente que quiere trabajar en su gobierno, incluso sin salario alguno. Es posible que sea cierto, sobre todo en aquellos que están ingresando al mercado laboral, lo que trasladaría la discusión al tema de la experiencia. Quienes ofrecen trabajar sin goce de sueldo, salvo que sean millonarios filantrópicos, habría que ver de qué vivirían o de dónde piensan sacar esos recursos que no sean del erario. Las buenas intenciones no llevan siempre a las mejores soluciones.

Un ejemplo que ilumina la dimensión de esta medida es el Banco de México, que tiene como misión mantener controlada la inflación, y cuyo trabajo ayuda a evitar crisis y colapsos económicos. Todos los días observan los comportamientos de las economías en el mundo, los efectos que tienen sobre ellas decisiones de otros gobiernos -como se aprecia la inestabilidad en Turquía por los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos-, o incluso aspectos subjetivos como las declaraciones de un líder, que si atemoriza a los mercados, pega invariablemente a las divisas del mundo. Esos equilibrios que se dicen rápido, como en esta descripción muy general de cómo operan algunas de sus áreas, son profundamente complicados.

Esas decisiones se toman a partir de la información que les dan funcionarios de la alta burocracia que se han especializado en el análisis de comportamientos específicos. Sus informes y reportes los revisa la Junta de Gobierno del Banco de México que decide si, por ejemplo, recorta el dinero que se envía diariamente a los bancos comerciales para reducir el circulante y contener la inflación, o intervenir en el mercado de divisas para prevenir inestabilidad cambiaria, que son 2 aspectos de alto impacto sicológico entre los mexicanos. También hay quienes revisan permanentemente el estado de las reservas internacionales y monitorean sus flujos.

Quienes hacen ese delicado desconocido trabajo que afecta a 130 millones de mexicanos, tienen niveles de especialización que fueron adquiriendo con la expectativa de hacer una carrera dentro del servicio público que iba a pagarles lo suficiente para poder llegar a jubilarse, con una pensión suficiente para vivir dignamente y que les permitiera tener y educar a sus hijos como quisieran. En este momento hay funcionarios muy angustiados en el Banco de México, con créditos hipotecarios, con hijos pequeños y lustros de educación por delante, que están viendo cómo la reducción salarial hará imposible que paguen sus deudas o que sus hijos puedan seguir la educación que tenían diseñada para ellos apenas hasta hace unos meses.

Su desarrollo profesional también se verá mermado, no porque pueda perder el trabajo sino porque en el momento que esté en condiciones de jubilarse, su pensión va a ser la mitad de lo que esperaba después de haber dedicado 2 o 3 décadas al servicio público. No son pocos los que en el Banco de México, como en otras áreas de especialización, están pensando en renunciar al llegar el nuevo gobierno. Proporcionalmente, en el sector privado hay evaluaciones para ampliar sus plazas ejecutivas para emplear a personas altamente capacitadas que se preparan a dejar el servicio público ante la próxima pauperización salarial. Un problema adicional, quizás más grave por el horizonte ominoso a largo plazo, es que debajo de esos funcionarios, jóvenes que llegaron al Banco de México con un plan de vida y que en una primera instancia no les afecta la reducción salarial, entrarán a una fase donde su evolución salarial quedará truncada, porque jamás podrán ganar más que sus jefes. ¿Cuánto tiempo más se quedarán en la institución? Con su entrenamiento, ofertas en el sector privado nunca faltarán.

Suplirlos, cuantitativamente, podrá no ser problema, como afirma López Obrador. La calidad de su trabajo es otra cosa. Tomar buenas decisiones bajo presión, con estrés, no se enseña en las universidades sino en el campo. Cuando alguien tiene que tomar una decisión de esa naturaleza, sin perder minutos y sabiendo que de lo que haga depende el bienestar de millones de personas, los años de conocimiento adquirido es lo que ayuda al temple y a tener la cabeza fría. No se trata de inteligencia, sino de experiencia y conocimiento aplicado. Eso no se tiene con los salarios que quiere imponer López Obrador. A esa franja de la alta burocracia le va a pagar cacahuates. Entonces, cacahuates tendrá.

Hipólito Mora, exdirigente de los grupos de autodefensas en Michoacán, señaló que el próximo gobierno va a recibir un "infierno" y que le dan ganas de darle una bofetada a quienes dicen olvido no, perdón, sí. No se le puede pedir a una víctima que perdone, como lo propone Andrés Manuel López Obrador.

La mayoría de las ciudades que propone Andrés Manuel López Obrador para instalar algunas secretarías no están preparadas para recibir a tanta gente. Tan sólo, CFE y Pemex tiene bastante personal y se tendría que construir algunos edificios lo que llevaría 2 o 3 años. Este proyecto, le da un impulso al sector inmobiliario, pero por ser muy ambicioso es poco probable, así lo señaló Alejandro Kuri, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que considera caro e innecesario, a pesar de que los capitanes de la industria turística lo han señalado como indispensable y rentable. El costo del aeropuerto se calcula en 13,000 millones de dólares (247,000 millones de pesos), la mayor parte dinero privado. Los estudios técnicos se llevaron años, pero hoy el presidente electo recibirá un nuevo dictamen preparado por su equipo y con el que piensa lanzar la discusión que llevará a la consulta pública sobre si continúa o no la construcción.

López Obrador ha anunciado también un proyecto para construir un tren en la zona maya, mucho mayor que el prometido en campaña. En lugar de 900 kilómetros, con una vía de Cancún a Palenque, el proyecto tendrá 1,500 kilómetros y llegará a Mérida y Calakmul, Campeche. El costo será de entre 120,000 y 150,000 millones de pesos.

No tenemos mucha información sobre el tren. No conocemos las bases de los costos. Dice Andrés Manuel que habrá inversión pública y privada, pero no hay indicación de que el proyecto será rentable. Para la construcción se utilizarán los fondos del Impuesto al Turismo, pero no es claro si éste es el mejor uso para un gravamen que se creó para mejorar la difusión del país como destino turístico. No hay señal, por otra parte, de que el proyecto vaya a ser sometido a consulta pública como el aeropuerto.

La enorme mayoría de los ferrocarriles no son rentables, por lo menos no si se consideran los costos de adquisición de terrenos y construcción, aunque suelen ser más rentables los de carga que los de pasajeros. El gobierno de Enrique Peña Nieto tenía en un principio varios proyectos, entre los que destacaban el Querétaro-Ciudad de México, el Toluca-Ciudad de México y el Mérida-Cancún. Todos fueron cancelados por razones presupuestarias, menos el Toluca-México que se sigue construyendo con retrasos y sobrecostos por una decisión política. La esperanza es que no pierda dinero, pero en su operación, sin considerar la inversión inicial. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, me ha dicho que los trenes nunca son rentables si se toman en cuenta los costos de inversión. Eso sí, pueden tener una utilidad pública.

¿Cuál será la situación del tren maya? No sabemos. No se trata solo de determinar los costos de construcción. Deberíamos saber cuántos pasajeros serían necesarios para cubrir los costos y de dónde vendrán los pasajeros. La idea de que los usuarios de cruceros se bajarán de sus barcos para tomar el tren no parece realista.

Tatiana Clouthier se ha referido al "hermoso proyecto del Tren Maya [que] marcará un hito global en el turismo y en el desarrollo regional, siempre cuidando el medio ambiente". Pero ¿es realmente la mejor opción? Da la impresión que el próximo gobierno está siendo muy estricto con el nuevo aeropuerto y muy laxo con el nuevo tren.

Es válido preguntarse si México volverá a tener un partido omnipresente en torno del cual orbiten algunas organizaciones satélites y que sólo sea confrontado por una oposición testimonial.

Los mercados financieros no tienen corazón, piedad ni paciencia. Cuando algo no les gusta, reaccionan en un instante. Entre los inversionistas el que reacciona más rápido gana más, o pierde menos.

Hoy por hoy, los mercados financieros son el contrapeso más poderoso que tiene el próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Si comete excesos, van a reaccionar en un chasquido. Y eso va a impactar en el peso, la bolsa, las tasas de interés... y eso la ciudadanía suele registrarlo, sufrirlo y cobrarlo.

Los mercados ya regalaron al presidente electo su 1a. advertencia: a los pocos minutos de que anunció el nombramiento de Octavio Romero Oropeza como futuro director general de Pemex, la tasa de interés que paga Petróleos Mexicanos por su deuda a 10 años subió medio punto porcentual. Es decir, a la paraestatal le empezó a salir más caro el crédito por esta señal que recibieron mal los que manejan el dinero en el mundo.

Los mercados financieros consideraron que Romero Oropeza, un agrónomo sin ninguna trayectoria en dirección empresarial ni manejo de cuestiones energéticas cuya cúspide laboral fue la Oficialía Mayor del Gobierno del entonces Distrito Federal, no tiene las credenciales para encabezar a la empresa más grande de México, una de las petroleras más importantes del mundo. Y así como a veces los mercados castigan a las empresas privadas cuando nombran nuevos directivos porque no les gustan los perfiles, esta vez castigaron a Pemex.

Además del spread de los bonos a 10 años que creció medio punto porcentual, también los instrumentos financieros conocidos como credit default swaps de Pemex aumentaron 20 puntos base.

Considerando que la deuda de Pemex es de casi 100,000 millones de dólares, el impacto de la empresa al refinanciarse en los mercados internacionales a una tasa de interés superior sería de aproximadamente 500 millones de dólares, a consecuencia de este brinco por lo mal que fue recibido el nombramiento.

En el seguimiento minuto a minuto del comportamiento de los mercados, puede concluirse que este salto en la tasa está claramente identificado con el anuncio del presidente electo López Obrador de quién se encargará de manejar los destinos de la paraestatal, y por lo tanto, no tiene que ver ni con el "Efecto Sultán" de la crisis de Turquía, la incertidumbre por el TLC o cualquier otra noticia relacionada con el mundo energético, según pude confirmar con varias fuentes financieras privadas. La información que cito en esta columna está abierta al público y fácilmente rastreable para quienes suelen manejar este tipo de cotizaciones.

Romero Oropeza tiene frente a sí el enorme reto de convencer a los mercados que es un buen gestor. Pemex es un monstruo, pero también hay mucho por donde moverse (corrupción, huachicol, eficiencias, sindicato). El próximo presidente tendrá que estar vigilante.

La Cuarta Transformación busca construir una sociedad igualitaria, como cada nuevo presidente se ha propuesto hace muchos sexenios, así como luchar contra la corrupción, como prometieron José López Portillo y Miguel de la Madrid. Todos han fallado, lo que subraya el tamaño del reto.

Es cierto que el 53% de los votantes sufragaron por él, para darle el mayor margen de victoria en la historia, como también que del padrón electoral, lo apoyó sólo una tercera parte en las urnas. Esto no regatea el tamaño de la victoria, pero modifica la forma como se procese el triunfo. No es un mandato claro y masivo, como ha sugerido, pero le permite tener el consenso nacional -por el tamaño de su votación- y la arquitectura institucional -las mayorías en legislativas federales y estatales- necesaria para ir construyendo el país de la Cuarta Transformación. No fue un cheque en blanco lo que le dieron los mexicanos, pero sí los suficientes recursos para hacer prácticamente lo que quiera.

Por lo que significa la posibilidad de cambiar todo de acuerdo con su visión de país, la Cuarta Transformación no puede reducirse al racimo de frases alegres y propuestas simplistas que han dominado las semanas de la transición. Las ocurrencias de muchos de quienes integrarán el nuevo gobierno, incluido López Obrador, se convertirán pronto en veneno si no se articulan como propuestas razonables y viables, que le permitan ir edificando su Dorado.

En su equipo hay voces sensatas y experimentadas para correr sin tropezarse, como lo ha demostrado su equipo económico y el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. También hay figuras que conociendo al presidente electo y su poca tolerancia a que le lleven la contra, han preferido callar sus observaciones críticas que podrían ayudar a refinar el proyecto, lo que en el mediano y largo plazo, de mantenerse el silencio del temor, no contribuirán a que lo que se quiere hacer, se haga mejor. La única que ha asumido la responsabilidad que le toca es Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, quien ha expresado públicamente lo que López Obrador no podrá hacer, aunque lo desee, porque estaría violando la ley. De esas voces se necesitan más, si existe un compromiso con la nación y no sólo con la persona.

Hay otras áreas donde las ideas están escasas, pero la creatividad declarativa rampante, como en el área de seguridad pública, que se convertirá en un naufragio que se chupará el enorme capital político que hoy tiene, si no revisa, sin prejuicios y con la mente abierta que él pide ser tratado, lo que considera su prioridad en el gobierno. La seguridad será la parte más sensible de su gobierno porque es lo más próximo y de impacto inmediato en la ciudadanía. Es lo más volátil y donde rápidamente se hacen comparaciones. Ahí, más que en ningún otro campo, las ocurrencias empiezan a ser de antología. ¿Reducir en 3 años, por ejemplo, la tasa de homicidios dolosos de casi 20 por 100,000 habitantes a 4 por cada 100,000? Esa tasa, literalmente, ni Donald Trump la tiene. Plantearla como compromiso en 36 meses, es un suicidio político.

Estas son el tipo de declaraciones de ocurrencias que le harán daño al gobierno de López Obrador. Hace unos días, su próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo en una entrevista que quedarían fuera de la amnistía que propone el presidente electo, aquellos que hubieran cometido delitos de lesa humanidad, pero cuando describió cuáles eran -por cierto, sin que se lo preguntaran-, habló de delitos del fuero común, uno del fuero federal y ninguno en la categoría que señaló. Desplegar a los futuros funcionarios del gobierno para que se vayan haciendo cargo de sus cosas es inteligente, pero para llevar lo teórico a lo práctico, conocimiento es lo que deben demostrar.

La Cuarta Transformación no puede asentarse en arranques o caprichos. Por ahora se les puede perdonar todo, porque apenas se enterarán de las entrañas del monstruo de país que van a gobernar y cuáles son los alcances y desafíos reales que tiene el gobierno. Pero no les queda mucho por delante antes de sentarse a dirigir el país. La Cuarta Transformación, si es real, requiere seriedad. La campaña, como dice López Obrador, ya acabó. Ahora les toca gobernar. Entre una y otra, la diferencia es enorme.

Hoy por hoy, en la política nacional, las secretarías federales tienen a una especie de representante en cada estado del país. Generalmente los delegados son políticos a quienes se da el cargo como premio de consolación, se vuelven en realidad operadores electorales del gobierno federal en los estados donde son asignados, manejan los recursos de los programas federales sin mucha vigilancia, a veces se sienten más fuertes que los gobernadores electos y buscan desesperadamente que esas delegaciones sean su trampolín a un mejor destino político: una diputación, una senaduría, quizá la gubernatura.

Así que hace muy bien el mandatario entrante en decirles adiós a todos.

De tal forma que en vez de que existan tantos delegados, López Obrador ha prometido que los va a sustituir por un solo delegado por cada estado, un representante único del gobierno federal en cada una de las entidades del país.

Los 32 perfiles ya están definidos.

La mayoría son cuadros políticos del partido que va a tomar el poder: dirigentes estatales, legisladores y ex legisladores de Morena. Varios son ex aspirantes a la gubernatura que no lograron vencer en las urnas: Delfina Gómez en el Estado de México, Pablo Amílcar Sandoval en Guerrero, Carlos Lomelí en Jalisco, Lorena Cuéllar en Tlaxcala y Joaquín Díaz Mena en Yucatán. Además, están Rabindranath Salazar en Morelos y Rodrigo Abdalá en Puebla, que buscaron ser los candidatos de Morena pero perdieron las contiendas internas ante Cuauhtémoc Blanco y Miguel Barbosa, respectivamente.

Esto ha despertado la preocupación de que, en el supuesto clímax de la democratización en México, desde el más alto poder nacional se esté desdeñando el mandato de las urnas (a nivel estatal, eso sí) y se esté imponiendo gobernadores de facto, representantes de un poderoso presidente López Obrador, con mando sobre el jugoso presupuesto de los programas de apoyo del gobierno federal (de carreteras a despensas).

Es muy temprano para concluir si serán gobernadores de facto, virreyes o algo así, como se ha criticado, porque aún no están definidas sus funciones con claridad: ¿cuánto dinero van a manejar directamente? ¿serán los ejecutores de los programas etiquetados? ¿van a estar saliendo en los medios de comunicación? ¿los gobernadores deberán "acordar" con ellos? ¿qué tanto peso van a tener en la realidad política?

Pero con varios de los perfiles seleccionados con el poder que podrían amasar existe el peligro de que el efecto secundario de la medicina sea repetir la enfermedad: políticos a quienes se da el cargo como premio de consolación, que se vuelven en realidad operadores electorales del gobierno federal en los estados donde son asignados, manejan los recursos de los programas federales sin mucha vigilancia, a veces se sienten más fuertes que los gobernadores electos y buscan desesperadamente que esas delegaciones sean su trampolín a un mejor destino político: una diputación, una senaduría, quizá la gubernatura.

Ayer, la calificadora Moody’s volvió a poner los reflectores en el sector energético.

El reporte dice: "...los cambios que posiblemente se hagan a las políticas energéticas sí elevan los riesgos para Pemex... Los límites a los precios de los combustibles, la necesidad de construir más refinerías o modernizar las existentes, así como retrasos en las subastas de petróleo y gas, con inversionistas extranjeros, pudieran interrumpir el negocio de la compañía".

No es la primera vez que Moody’s advierte sobre los riesgos de la política planteada en materia de hidrocarburos, pero es relevante que insista.

En un esquema en el que los precios de las gasolinas automotrices tendrán un incremento alineado con la inflación, hay 2 posibilidades.

Si los precios de las gasolinas de referencia, expresados en pesos, suben más que la inflación, entonces el sector público -Pemex o el gobierno, dependiendo de la política de determinación del IEPS- tendrá ingresos por debajo de los presupuestados.

Si resulta que la tendencia de los precios de las gasolinas se va a la baja y esta caída no se refleja en los precios finales, entonces habría una ganancia de ingresos para el sector público.

El problema es que, en buena medida, el mercado petrolero es poco predecible lo mismo que el mercado cambiario. De modo que es inevitable la incertidumbre.

Pero, en contraste, habría un gasto que no estaría sujeto a incertidumbre y es el que se haría en la rehabilitación de las refinerías y en la construcción -al menos- del proyecto para Dos Bocas.

Ayer, AMLO refirió que los estimados para la reconfiguración de las 6 refinerías es de 2,600 millones de dólares mientras que se estima en algo así como en 160,000 millones de pesos (cerca de 8,350 millones de dólares) el costo de la nueva refinería.

La duda de las calificadoras es que hasta ahora no ha quedado claro cuál sería la fuente de recursos para fondear estas inversiones, que, por su naturaleza, no podrían ser redituables en el corto plazo.

Para calificadoras e inversionistas no es determinante en el corto plazo cómo cambia la política social o si se concreta o no el proyecto para descentralizar las secretarías, lo que están viendo con mayor atención es que el nuevo gobierno no vaya a incurrir en mayor deuda.

Y, en un contexto como en el que nos encontramos, con una situación de fragilidad financiera, la atención que se pondrá al cumplimiento de compromisos en materia de finanzas públicas, será aún mayor.

Por eso es que gasolinas y refinerías generan inquietud.

Los mariachis callaron. Desaparecieron los que abogaban por fiscalías propuestas por ciudadanos.

El pacto en palacio entre Peña Nieto y López Obrador los dejó felices.

¿Qué pasó?

Habrá fiscal carnal, procurador a modo y FEPADE militante del partido en el poder a partir de diciembre.

De pronto a los "ciudadanos" (es un decir, pues son seguidores de López Obrador), se les olvidaron sus demandas y aceptan que AMLO ponga la terna para esos cargos y que los ratifique la mayoría de Morena.

Ya no se enojan porque el presidente (electo) va a nombrar al Fiscal General de la Nación, con el voto de su mayoría en el Senado.

Callados se quedan porque López Obrador va a designar, de entre los suyos, al próximo Fiscal Electoral.

En un acuerdo entre el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quedaron las ternas para las 3 fiscalías vacantes.

O sea que el próximo Fiscal General de la Nación le va a deber el cargo a López Obrador, y va a durar 9 años. Será un procurador transexenal que durará todo el sexenio próximo y la mitad del otro.

Lo mismo ocurre con el (la) Fiscal Anticorrupción, que le deberá agradecer por 9 años al presidente López Obrador, y al ex presidente López Obrador, tener ese puesto.

Y así va a suceder con el (la) Fiscal Electoral, ex subordinados de AMLO los 3 que irán en la terna, producto del acuerdo del presidente en funciones y el electo.

Podrán poner -si quieren- en la Constitución que los fiscales anticorrupción y general de la nación serán independientes del jefe del ejecutivo, pero los va a nombrar AMLO y los va a ratificar Morena.

Le deberán el puesto a López Obrador. Por 9 años.

Todos los gritos contra el "fiscal carnal" y por una "Fiscalía que sirva", se callaron cuando AMLO anunció que él mandaría (vía el presidente en funciones) las ternas para elegir esas vacantes.

¿De eso se trataba todo? ¿De que los pusieran AMLO y su mayoría?

Lamentablemente sí. Penosamente sí.

Digan lo que digan los "organismos civiles" para simular su capitulación, el Fiscal General de la Nación será Verónica de Gyves Zárate, José Luis González Alcántara Carrancá o Bernardo Bátiz Vázquez.

Lo será alguno de los 3 porque lo dice AMLO. Punto.

Por cierto, González Alcántara Carrancá es amigo personal de AMLO, y fue presidente del Consejo de la Judicatura y presidente del Tribunal cuando López Obrador fue jefe de Gobierno.

Don Bernardo Bátiz es fundador de Morena y fue procurador de Justicia del DF con López Obrador.

Va a durar 9 años en el cargo. ¿Con quién va a estar su lealtad durante el sexenio y después del sexenio de López Obrador, que seguirán en el puesto?

En la Fiscalía Anticorrupción va a quedar María de la Luz Mijangos, Diana Álvarez Maury o Ricardo Peralta Saucedo.

¿Por qué? Porque lo dice AMLO.

¿No que querían una Fiscalía que sirva? Puro cuento.

Cabe apuntar que en el 1er. lugar de la terna para la Fiscalía Anticorrupción que propone López Obrador, está María de la Luz Mijangos, contadora mayor de Hacienda en la asamblea capitalina durante el gobierno de... López Obrador.

La Fiscalía Electoral va a ser ocupada por María Estela Ríos González, Ernestina Godoy Ramos o Agustín Ortiz Pinchetti.

¿Por qué? Porque lo dice AMLO. Punto.

María Estela Ríos, fue la consejera jurídica de López Obrador en el DF.

Ernestina Godoy es actualmente diputada federal de Morena.

Y Agustín Ortiz Pinchetti fue secretario de Gobierno de López Obrador en la capital.

Excelentes personas varios de ellos. De primera Bernardo Bátiz y Ortiz Pinchetti, pero nos dijeron que no se trataba de eso.

Que habría Fiscalía que sirva, ningún fiscal carnal y Fiscalía Electoral independiente.

Nada de eso. López Obrador tendrá un poder transexenal para bajar el pulgar a sus adversarios si le da la gana, y para que le cuiden las espaldas a él y a los suyos cuando se vayan, si lo llegaran a necesitar.

De eso se trataba el griterío: que Peña no envíe a sus carnales para su ratificación en el Senado. Que sean los carnales del nuevo presidente, éste sí, todopoderoso.

Los presidentes ya no han podido hacer reformas unilaterales, como en el pasado, o siquiera aprobar los presupuestos por sí solos. En todos los casos han tenido que negociar con los partidos de oposición en el Congreso. Esto ha tenido algunos aspectos positivos y otros negativos, pero ha sido la regla en un país en que la Presidencia perdió muchos de los poderes casi absolutos que tuvo durante los tiempos del viejo PRI.

Hoy surge el temor de un presidente que tenga nuevamente todos los poderes. Esto se debe al hecho de que López Obrador no solo obtuvo el triunfo en la elección presidencial del 1ro. de julio, sino que su partido Morena y sus aliados de la Coalición Juntos Haremos Historia consiguieron la mayoría absoluta en las 2 cámaras del Congreso.

El mensaje de López Obrador en la sede del Tribunal Electoral busca tranquilizar a simpatizantes y opositores y decirles que no abusará de esas mayorías absolutas que le han dado los electores. Es un mensaje que se agradece, pero que habrá que recordar constantemente a lo largo del próximo sexenio. La experiencia nos dice que los presidentes con poderes absolutos han estado dispuestos a respetar las voces disidentes en condiciones normales, pero no cuando enfrentan situaciones de crisis. Recordemos cómo José López Portillo estatizó la banca en 1982; pero cuando los dueños de los bancos señalaron que acudirían a juicios de amparo, simplemente ordenó a los diputados y senadores que cambiaran de inmediato la Constitución.

López Obrador no es, por supuesto, López Portillo. Si bien empezó su carrera política dentro del PRI, lleva décadas militando en partidos de oposición donde ha conocido la derrota en muchas ocasiones... y la derrota es siempre mejor maestra que la victoria, sobre todo porque enseña a actuar con humildad.

Paco Calderón
(12 de agosto de 2018).

Hay riesgo de dictadura con AMLO: Javier Sicilia.

El fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad considera que en el equipo del tabasqueño hay improvisaciones.

Andrés Manuel López Obrador está buscando aumentar de manera importante el gasto en programas sociales sin elevar impuestos ni el déficit de gasto. Los objetivos son impecables, pero la gran pregunta es si pueden cumplirse todos o si son mutuamente excluyentes.

La única forma en que realmente pueden lograrse estos 3 objetivos de manera simultánea es si el próximo gobierno logra una reducción significativa en los actuales gastos de gobierno. Durante la campaña el tabasqueño nunca explicó claramente cómo lo lograría. Anunció un recorte en los sueldos de los altos funcionarios, pero los especialistas apuntaron que esto era muy poco para lograr los ahorros necesarios. La respuesta de López Obrador fue que él ahorraría 500,000 millones de pesos anuales al eliminar la corrupción. ¿Con qué medidas? Nunca lo dijo o a lo mucho afirmó que a través de su ejemplo.

Después de la elección hemos escuchado ya algunas medidas concretas, pero el problema es que éstas en lugar de generar tranquilidad provocan una mayor preocupación.

Una de las medidas que ha propuesto López Obrador, por ejemplo, es dispersar las secretarías del gobierno federal a lo largo y lo ancho del país. Esto, lejos de generar ahorros, va a aumentar los gastos de una forma muy importante. Nadie parece haber hecho un estudio de cuánto costará la mudanza y cuáles serán los costos adicionales que generará la separación, tampoco sobre los problemas que se generarán por la separación física para la realización de las tareas de gobierno.

Algunas de las medidas propuestas podrían tener consecuencias negativas que van más allá del dinero. López Obrador, por ejemplo, ha ofrecido despedir al 70% del personal de confianza del gobierno federal. Este despido masivo sería indiscriminado. No se consideraría ni el conocimiento ni la capacidad de los despedidos. Estos servidores públicos perderían el empleo por el pecado no tener una plaza de base. No sólo estaría enfrentando nuestro país la tragedia humana del despido de 277,000 servidores públicos, sino que se estaría perdiendo un conocimiento adquirido muy importante. Los trabajadores de confianza son los más preparados y los que realizan buena parte de los trabajos de especializados del gobierno. Las consecuencias pueden ser muy negativas.

Bajar los sueldos a funcionarios públicos puede ser justo en algunos casos. Pero los sueldos que se están proponiendo para subsecretarios y directores de área son bastante inferiores a los que gana el personal calificado en muchas industrias. Miguel Torruco, futuro secretario de Turismo, dice que no importa, que si alguien quiere ganar más que se vaya al sector privado. Torruco es, por supuesto, millonario, y el miedo es que el gobierno se quede nada más con millonarios y con ideólogos.

Hay por supuesto una gran distancia entre las promesas de campaña y la transición. Eso se entiende. La distancia es mayor cuando los grupos que ganaron la elección empiezan a asimilar no sólo que, efectivamente, ahora sí van a gobernar, sino que lo harán con un carro completo que no hemos tenido desde los tiempos del viejo PRI. Yo espero que haya también una gran distancia entre este momento de transición y el de asumir las responsabilidades de gobierno. No se puede gobernar con ocurrencias, se necesitan políticas públicas sanas. Si queremos tener ahorros, es importante que sean realmente ahorros y que no causen más daño del que pretenden remediar.

No hay claridad en los planteamientos centrales, principalmente en lo relativo a la propuesta de amnistía y perdón.

Definitivamente, se percibe una buena intención: resolver el problema de la violencia. Sin embargo, ni la amnistía ni el perdón aplican para resolver lo que hoy vive México.

La amnistía ha servido en otros países para consolidar procesos de pacificación, cuando el conflicto ha concluido y se quiere reconciliar a los grupos en pugna. Sin embargo, el nuevo gobierno la propone para pacificar, resolver un conflicto delictivo vivo, en el cual los beneficiarios de la amnistía no la quieren, no les interesa ni la han pedido, ya que pretenden seguir su carrera delictiva.

Por tanto, la amnistía en nuestro país ni siquiera debe ser considerada. En Colombia, por ejemplo, funcionó después de que el grupo guerrillero denominado las FARC negoció la paz y se comprometía a desmilitarizarse.

La amnistía colombiana incluía el cese al fuego, la entrega de las armas, dejar de vestir uniformes militares y la integración de los miembros de las FARC a la sociedad.

Evidentemente fue parte de una negociación política.

Por tanto, en México no se puede conceder amnistía a quienes no la solicitan, porque prefieren continuar delinquiendo. ¿Dónde están los delincuentes que quieren redimirse ante la sociedad y dejar esa vida violenta?

El caso de la pacificación de Sudáfrica, negociada por Nelson Mandela, fue la búsqueda de la reconciliación entre la población de raza blanca, que había abusado durante muchísimo tiempo de toda la población de color, a la que había esclavizado y a la que después, en los tiempos modernos, había segregado bajo el modelo del apartheid.

Los blancos reconocían que habían actuado mal y prometían no volver a repetir esa historia y la población de raza de color otorgaba el perdón, para iniciar juntos una nueva era de convivencia en paz e igualdad de derechos, políticos y sociales.

En Chile también se aplicó la amnistía a favor de los militares al final de la dictadura instrumentada por el general Augusto Pinochet. De este modo se consolidó la paz.

La amnistía podría funcionar en México para rescatar a quienes fueron forzados a integrarse a algún cartel en contra de su voluntad. Sin embargo, ningún grupo criminal estaría dispuesto a dejar escapar a ninguno de sus miembros. Por tanto, antes de hablar de amnistía se debiese instrumentar un programa para facilitar la huida de quienes quisieran abandonar al grupo delincuencial que les retiene. Habría que plantear primero una estrategia de rescate que incluya darles una nueva identidad, para que no sean identificados por sus captores.

Sin embargo, esto no resolvería el problema de la violencia ni la delincuencia, pues no hay ningún interés de los delincuentes por abandonar su actividad. Mas bien pretenden crecer y ganar nuevos mercados. Una "ley de amnistía o perdón" amarraría las manos legalmente a las autoridades para perseguir a los criminales, lo cual fomentaría la impunidad.

¿Hay proyecto educativo?

Ojalá. Esta palabra brota al reconocer que, a ciencia cierta, se ignora si hay algo que sería deseable que existiera. Tanto para conocerlo, como para estar en condiciones de sugerir cursos de acción alternativos con base en la crítica, no estaría de más que los ejes centrales de la propuesta en torno a la educación del próximo gobierno estuvieran claros.

No se advierte el rumbo que se seguirá en esta materia.

Para decirlo en términos que son afines al presidente electo, ha habido, como en el béisbol, "señales cruzadas". En el enunciado de acciones a emprender, parece haber más ideas deshilvanadas, contradictorias e inconexas, que nitidez en los propósitos y prioridades.

Por ejemplo: el futuro secretario dijo que se puede duplicar la matrícula en la educación superior con una fórmula muy sencilla: que el grupo A vaya a clase el lunes y le dejen, de tarea, una investigación que hará el martes para presentarla en un horario establecido el miércoles. Como ese grupo estará investigando el martes, entones el grupo B (el adicional) tendrá lecciones presenciales ese día, para entregar su reporte el jueves. Y así, no se requieren ni más profesores, salones o dinero extra. De la noche a la mañana pasaríamos de 4 a 8 millones de estudiantes. 8 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar tendrían el espacio del que ahora carecen. Suponiendo, sin conceder, que tal proceder fuese siquiera viable, ¿cómo se relaciona con la decisión de crear 100 universidades nuevas, que ya tienen rectora y nombre? Si la 1a. opción se llevara a cabo, no habría demanda para la centena de nuevas instituciones. ¿Por dónde va a ir el nuevo gobierno en materia de cobertura? ¿100 instituciones más, o multiplicando el espacio actual por 2?

En otro orden de cosas expresó, en un momento, que bastaba hacer ajustes a la reforma educativa. Poco tiempo después, que se derogaría modificando la Constitución. Luego anunció que ya hay un equipo trabajando en la propuesta de otra ley, pero que los foros estarán abiertos a tomar decisiones con la participación de todos. ¿Cuál es la vereda?

Otro caso que merece atención: ¿no son las becas, para estudiar o ser aprendiz en un negocio, un traslado de dinero público a entidades privadas, hagan zapatos o maquilen certificados de estudio a granel? Ya se ha determinado monto y plazos, la cantidad de beneficiarios (cientos de miles) y el procedimiento de registro de las empresas sin claridad en el tipo de actividades a realizar. Hay algo muy extraño en todo esto. ¿Se darán cuenta de lo que implica? ¿No han considerado la mala experiencia de otros países con estas medidas? ¿Coinciden con este tipo de transferencias y la ideología que les subyace?

Quizá valga la pena detener la vorágine de declaraciones y ocurrencias, para generar el silencio que permita escuchar a otros y pensar, en serio y bien, lo que se quiere hacer. Ojalá.

La idea de que López Obrador realizaría una 4a. transformación de México se convirtió en un poderoso lema de campaña y ayudó a dar al candidato ese aire mesiánico que entusiasmó a tantos de sus seguidores, pero la verdad es que los periodos históricos no pueden definirse previamente. Hidalgo no tenía conciencia de estar iniciando una guerra de independencia; quería acabar con el mal gobierno y preservar la corona de la Nueva España para el heredero legítimo, Fernando VII. Ni Juárez ni Madero quisieron construirse un lugar personal en la historia, el cual solo se logró cuando pudieron construir un legado. Solo los historiadores posteriores podrán determinar si el gobierno de López Obrador será una gran transformación o una franca decepción. Que el próximo presidente lo pregone de antemano parece un gesto de arrogancia.

Todos los gobernantes llegan al poder con la idea de que van a realizar grandes transformaciones. Cuando Vicente Fox lo hizo en el 2000 afirmó que se aproximaba una nueva era de honestidad y eficiencia en el gobierno porque el PRI había sido finalmente expulsado de Los Pinos. Enrique Peña Nieto ganó en 2012 con la afirmación de que los priistas, que sí sabían gobernar, regresaban al poder para corregir los desvaríos de los años del panismo.

¿Cómo será la presidencia de López Obrador? No sabemos. Algunas de sus propuestas son positivas; nadie puede objetar, por ejemplo, la idea de combatir la corrupción, aunque esto es algo que han prometido todos los presidentes en el pasado. Preocupa, sin embargo, la falta de medidas concretas para éste y otros objetivos: el solo ejemplo de un presidente honesto no garantiza la limpieza de un gobierno. Debe aplaudirse la idea de un gobierno que gaste más y mejor, sin subir impuestos y sin elevar el déficit; el problema es que las cifras no cuadran hasta ahora y no se han cuantificado algunos proyectos, como la descentralización del gobierno, que pueden ser extraordinariamente costosos e inútiles.

No tengo problemas cuando escucho a un político que dice que quiere transformar el país: para lograrlo hay que empezar con la intención. Me preocupa uno que piensa que su sola presencia en el gobierno garantiza una transformación histórica de México.

Una de las preocupaciones ante la fuerza legítima con la que Andrés Manuel López Obrador iniciará su gobierno el 1 de diciembre es la de los contrapesos que solo dan, a nivel público, la división de poderes y los organismos autónomos, y a nivel privado las cúpulas empresariales, los medios y las organizaciones de la sociedad civil.

El nuevo Presidente tendrá con los suyos, aliados y los que se le sumen, una mayoría calificada en el congreso que no será contrapeso, la oposición ha sido reducida a sus mínimas expresiones históricas, y a la hora de votar, mayoría es mayoría, y ésta es para ejercerla en apoyo de programas de gobierno, como ocurre en las democracias. Pensar otra cosa es no querer ver una realidad legítima porque 53% de los votantes así lo decidieron.

En otros frentes hemos visto el giro oportunista de las cúpulas empresariales, que de ser sus más feroces detractoras y financiadoras de opositores, se entregaron en un instante en una indigna cargada encabezada por algunos de los más emblemáticos integrantes del Consejo Mexicano de Negocios —¿recuerdan aquel video?— por lo que no se les puede ver como contrapeso. Lo suyo son los intereses. En los grupos de la sociedad civil son pocos los que han decidido mantener su postura crítica y vigilante, y los medios fijarán cada uno su posición en el día a día. En el caso de los organismos públicos autónomos, el mismo López Obrador ha reiterado su respeto absoluto.

Por lo que toca al poder judicial, está el compromiso de respeto que hizo el miércoles en su discurso en el Tribunal Electoral: El ejecutivo no será más el poder de poderes ni buscará someter a los otros.

Allí los 11 ministros presentes -que hoy desayunarán con él en su comedor- tomaron nota, pero sigue la inquietud por el proyecto del Tribunal Constitucional, que los rebasaría y reduciría, los desplazaría, y la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, con lo que Corte y poder judicial dejarían de ser contrapeso, el último de los contrapesos en la división de poderes.

Hizo bien [?] López Obrador en anunciar que tras asistir a la inauguración de los 19 foros de pacificación, ya solo irá a la clausura. Y lo digo porque ante el dolor, pesar e indignación natural de las familias de las víctimas, no hay discurso ni compromiso que calce. Su grito de rabia es ni perdón ni olvido, por eso rechazaron el perdón que les planteó en Ciudad Juárez. Los foros seguirán y que los encaren y asuman el desgaste los que serán responsables en su gobierno de la seguridad y de la justicia para ellos y para todos los mexicanos.

Alfonso Durazo inauguró el 2o.foro de pacificación y reconciliación nacional, en la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Torreón.

En representación de familiares y de víctimas, Silvia Ortiz, cuya hija desapareció desde 2005, exigió justicia, resultados y rechazó la propuesta de amnistía. "Ya basta de atole con el dedo (...) No hablen, actúen, pero con bases de lo que se pretende establecer, pues hablar de amnistías y entender qué se lleva a cuestas es hablar por hablar. No queremos más engaños ni simulaciones. Hechos, resultados, justicia, verdad y memoria... No podremos entendernos si pretenden que perdonemos este andar llenos de espinas y piedras".

Cuando el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, habla de perdón, ¿se refiere al efecto o la acción del mismo?

Ese acto, ¿vendrá precedido de una disculpa, de una petición de arrepentimiento, de expiación?

¿Se puede perdonar por perdonar?

¿Por qué los deudos habrían de perdonar a los asesinos de sus hermanos, padres o hijos; a los victimarios de quienes nadie podrá asegurar siquiera que se habrán arrepentido?

Durazo dice: "El perdón es un proceso personalísimo que tiene que ver con la paz interior de las personas, de las víctimas, para poder sacar y seguir adelante con sus vidas, pero sin olvidar lo ocurrido, y sobre todo con la certeza de que ese eventual perdón no se va a traducir, jamás, en un acto de impunidad por parte del Estado mexicano". ¿No?

Y asegura: "Nos saldrá más provechoso como sociedad su indulto o su amnistía que su castigo. Todos ellos (los criminales) habrán de responder al derecho de las víctimas y a sus legítimas aspiraciones de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición...".

Sí, Chucha. Mejor que las víctimas pidan perdón a los delincuentes...

En los últimos días se ha generalizado en el mercado el sentimiento en cuanto a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría echar mano de los recursos de las afores para financiar sus ambiciosos proyectos de infraestructura. Los riesgos para la membresía de la AMAFORE son enormes. La verdad es que la tentación es mucha con 3"324,000 millones de pesos disponibles. Algunos expertos estiman sin embargo que dicho recurso resultaría muy riesgoso. Si la SHCP, que llevará Carlos Urzúa, presiona en tal sentido, los mercados lo castigarían de inmediato. El problema es que con Enrique Peña Nieto se abrió un peligroso precedente. Las autoridades financieras llegaron a recomendar a las afores participar en algunas FIBRAS. Fue una especie de intervención indirecta que hoy podría convertirse en una especie de boomerang.

De acuerdo a los estados financieros de la Comisión Federal de Electricidad al 30 de junio de 2018 presenta una pérdida neta de 39,864 millones de pesos y refleja cuentas por cobrar por 101,525 millones, sin embargo la CFE es una Empresa Productiva del Estado, propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. La propia ley señala que "El Consejo de Administración, órgano supremo de administración de la Comisión Federal de Electricidad, será responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales". (Art. 12) y este Consejo de Administración estará integrado por 10 consejeros, conforme a lo siguiente: I. El titular de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; II. 3 consejeros del gobierno federal designados por el ejecutivo federal; III. 4 consejeros independientes designados por el ejecutivo federal y ratificados por el Senado de la República, quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores públicos, y IV. Un consejero designado por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias. Luego entonces el futuro director de dicha empresa, que según anunció el presidente electo, será Manuel Bartlett, tendrá muy acotadas sus funciones, pero además dicho personaje no reúne los requisitos para ser nombrado director de la CFE ya que para ocupar dicho puesto es necesario: "Haberse desempeñado, durante al menos 10 años, en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para cumplir con las funciones de consejero de la Comisión Federal de Electricidad, ya sea en los ámbitos profesional, docente o de investigación". Y por más que revisemos el currículo vitae de dicho personaje no encontramos la forma de justificar en realidad esa experiencia a la que se refiere la citada ley que regula dicha empresa.

Pero además, ignorando que la máxima autoridad es el Consejo de Administración, (no el Presidente) (explíquenle que ya no es paraestatal) Manuel Andrés López Obrador anuncio que se condonarán las deudas de los morosos de la CFE. "Se va a cancelar esa deuda y va a haber una tarifa [eléctrica] nueva, justa y diferenciada. El más pobre va a pagar menos y el que use la energía eléctrica con fines industriales y comerciales van a pagar más, pero no más de lo que paga ahora". Y la peor acusación que realizó es que hay consejeros del órgano de administración de la CFE que le venden energía eléctrica a la empresa, luego cambió esa declaración y señaló que eran primero funcionarios públicos y ahora eran miembros de los consejos de administración de las empresas que ahora le venden energía eléctrica a la CFE. Sin embargo el meollo del asunto es por qué el presidente ha dado instrucciones a su futuro director de regalar nuestro dinero, el de todos, ya que son recursos públicos, a personas que decidieron no pagar su consumo de energía eléctrica, y además no regularizar y cortar el suministro eléctrico a esos millones de gentes que literalmente se roban la energía, solo basta salir a varias colonias y ver los miles de diablitos "colgados" de las líneas eléctricas sin ningún control, condonación que es una bofetada para los que venimos pagando religiosamente nuestro recibo, y que inexplicablemente a nosotros sí, nos la suspenden si omites el pago incluso por un solo día y luego tardan en restablecerte el servicio varios.

El conflicto entre el mandato del Consejo de Administración que es de crear una empresa productiva y la del futuro director de despilfarrar las cuentas por cobrar de la CFE por situaciones políticas ya no tienen cabida en pleno siglo XXI ya que la citada empresa no debe ser usada para políticas populistas generando una grave quebranto a la empresa que los consejeros no pueden ni deben tolerar, ellos no fueron nombrados por el presidente entrante y tienen una responsabilidad fiduciaria reflejada en la propia ley que establece algunas de sus funciones al ser el órgano responsable entre otras las de establecer las directrices, prioridades y políticas generales relativas a la producción, productividad, comercialización, desarrollo tecnológico, investigación, administración general, seguridad, salud y protección ambiental, finanzas, presupuesto y otras que se relacionen con las actividades de la CFE. Veamos que hace el consejo.

"Si López Obrador respeta a las instituciones y mantiene la estabilidad económica y financiera, va a tener nuestro apoyo absoluto". Estas afirmaciones se las escuché a 2 importantes capitanes de empresa en los últimos días.

Y lo más probable es que este tipo de juicios hayan llegado por diversos conductos a los oídos del presidente electo.

El discurso pronunciado el día de ayer, tras recibir su constancia, es una respuesta a esas preocupaciones.

"...la gente votó para que exista en México un verdadero Estado de Derecho". Esa demanda se escucha una y otra vez en el mundo de las empresas y de las organizaciones ciudadanas, así que me parece que podría ser suscrita por todos.

Otro punto señalado: "en mi carácter de titular del ejecutivo federal actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos..., ofrezco al poder judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen".

El poder legislativo tendrá mayoría de los partidarios de AMLO, por lo que será vital la independencia y autonomía del poder judicial para mantener los balances de poder en México.

Durante su sexenio, AMLO habrá de proponer a 4 nuevos ministros de la Corte, en virtud del término del periodo de algunos de ellos. Es decir, en un grupo de 11, en ningún momento habrá mayoría de los que él proponga.

El otro tema relevante que ha dado tranquilidad a los mercados financieros es el de la estabilidad financiera.

Uno de los principales capitanes financieros del país me refirió las garantías que han recibido en privado del equipo económico de AMLO respecto al respeto a la promesa de asegurar un buen balance de las finanzas públicas, que en términos prácticos implica mantener el superávit primario.

"Nos dijeron que, de ser necesario, se ajustarían incluso programas sociales con objeto de evitar endeudamiento adicional", me refirió el personaje y aseguró que si reasignan los recursos del gasto público hacia la inversión, como se ha planteado, estarán felices, pues el diagnóstico es que la razón principal por la que la economía no crece es la falta de inversión productiva.

Le aseguro que la mayoría de los capitanes de la industria en México no están emocionados por la llegada de AMLO a la Presidencia. Muchos de ellos, preferían otros candidatos.

Dicen los críticos de AMLO que una cosa es lo que dice y otra diferente lo que va a hacer.

Si así fuera y actuara en sentido contrario a lo que ha ofrecido, generaría reacciones negativas y habría pérdida de confianza.

"Los mercados son despiadados", me dijo uno de los personajes referidos. Si AMLO hace lo que sus críticos han advertido en diversas ocasiones, el efecto sería demoledor porque se daría razón a quien ha advertido respecto a un posible autoritarismo.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nos ha prometido cambiar a México, nos prometió tanto en campaña que vale la pena recordarle que nos conformamos con lo siguiente:

Prioridad es que disfrutemos de paz y tranquilidad, que nos garantice la seguridad, que regrese al Ejército a los cuarteles y moralice los Ministerios Públicos y acabe con la impunidad. Que tenga un gobierno transparente y elimine la corrupción. Que rinda cuentas y no las bloquee 20 años como lo hizo en la Ciudad de México. Que resuelva el problema del magisterio, los ponga a trabajar y aplique la Reforma Educativa, si no le gusta como está, que la modifique pero para bien.

México necesita crecer al 6% anual y eso no se logra más que invirtiendo 100,000 millones de dólares anuales. ¿Qué mecanismos se tienen que implantar para que sea atractivo para la inversión nacional y extranjera? ¿Cómo piensa crear un millón de empleos por año? ¿Cómo va a sembrar un millón de hectáreas de árboles?, si consideramos que cada árbol necesita por lo menos 16 metros cuadrados y un millón de hectáreas tiene 10,000 millones de metros cuadrados, lo que nos da un requerimiento de 625 millones de plantas, ¿De dónde las va a sacar? ¿Cuántas personas necesita para mano de obra? ¿Cuánto tiempo le va a llevar?

Ahora bien, para atraer la inversión de capital se requiere rebajar impuestos, dar subsidios y exenciones. Para detener la emigración, se necesita construir un muro de maquiladoras en toda la frontera norte y esto sólo se puede lograr si se dan facilidades impositivas, apoyo en infraestructura y eliminar la delincuencia.

Los monopolios públicos de Pemex y CFE deben continuar con su proceso para que la inversión privada minoritaria intervenga, pero el nombramiento de Bartlett para la dirección de la CFE nos dice que va a pasar todo lo contrario.

La Ley Federal del Trabajo debe reformarse para suprimir los apartados A y B del artículo 123, para democratizar los sindicatos del sector público, quitar la cláusula de exclusión sindical, la toma de nota y la retención automática de cuotas sindicales.

Se requiere que cuanto antes AMLO se manifieste sobre la interrupción voluntaria del embarazo, con la píldora del día siguiente, con los matrimonios del mismo sexo, la despenalización de las drogas.

Por último y sin agotar el tema, es urgente una reforma a las leyes electorales que solo benefician a los partidos políticos y son las más costosas del mundo, se necesita recortar el Senado para dejar uno por cada estado, en lugar de los 128 que tenemos. Se requiere reducir la Cámara de Diputados para eliminar a los plurinominales y solo queden 300 en lugar de los 500 que tenemos. Se requiere apoyar más a las candidaturas independientes.

¿Cuántos de estos buenos propósitos se van a lograr?

Será muy interesante saber quién operó, y para emitir qué señales, la liberación de la prisión domiciliaria de Elba Esther Gordillo unas horas antes de que su aliado político, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recibiera su constancia de presidente electo, empañándole así el momento.

Las alianzas políticas de AMLO con parientes y dirigentes cercanos a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la que hizo con su grupo disidente de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y el cuestionado líder sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia, a quien hizo senador, fueron las que más se les criticaron a López Obrador.

No por nada la ex ministra de la Suprema Corte y futura secretaria de Gobernación de AMLO salió a decir que simplemente se trataba de una "casualidad histórica".

Como haya sido, sin duda fue desafortunado para AMLO que el día que llegó a la antesala de la Presidencia de la República, la cuestionada ex lideresa magisterial le haya robado escenario. Tal vez por eso, y para atenuar el daño, decidió no hablar con la prensa sino hasta el 20 de agosto.

Por lo pronto, el nuevo presidente tendrá que dar muestras claras y prontas de que el cambio que pregona también se dará en el sindicalismo mexicano lleno de obreros pobres y líderes millonarios, pese a que estos últimos le hayan ayudado a conquistar su sueño presidencial.

Elba Esther está de regreso. Y el gobierno de López Obrador la recibe de brazos abiertos. El presidente electo piensa que es una víctima, una prisionera política. La secretaria de Gobernación entrante sostiene que el expediente en su contra no estaba bien sustentado. La futura SEP expresa su solidaridad con ella.

López Obrador siempre ha sostenido que la gente no es tonta. Tiene toda la razón. Frente a la liberación de Elba Esther, la gente sabe lo que ella hizo y sabe también por qué está libre.

Los foros sobre paz y seguridad, a partir de los que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzará a construir su estrategia de seguridad, comenzaron en Ciudad Juárez con un catálogo de buenas intenciones que van a llevar, ante la ingenuidad demostrada, a la creación involuntaria de un narcoestado. Las líneas generales que buscan ser legitimadas a partir de esta serie de encuentros durante los 2 próximos meses y una eventual consulta popular, están ancladas en el otorgamiento de una amnistía a quienes están metidos en el negocio del narcotráfico, como lo propuso López Obrador en diciembre pasado durante una visita al Istmo de Tehuantepec.

En esa gira dijo que "se van a explorar todas las posibilidades y no descarto que se someta a discusión que se consulte al pueblo sobre la posibilidad de una amnistía para lograr la paz. Ya no queremos la guerra, queremos la paz en el país". La propuesta surgió, confiaron cercanos al virtual presidente electo, como varias de sus grandes frases, a partir de lo que le gritaban los asistentes a sus mítines. Una señora en aquella región istmeña pidió que le dieran amnistía a narcotraficantes, de donde tomó la idea y la ventiló. Varios de sus asesores de comunicación e imagen le recomendaron que corrigiera rápidamente esa afirmación por las consecuencias que tendría, pero López Obrador, muy a su estilo, apretó el acelerador. Durante los siguientes meses fue ratificando la idea central, pero matizando el alcance que tendría la amnistía de marras.

Días después en Quechultenango, Guerrero, la prensa que lo acompañaba le preguntó sobre la amnistía. "Vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas y los familiares de las víctimas", respondió. "No descartamos el perdón. No hay que olvidar, pero sí se debe personar si está de por medio la paz y la tranquilidad de todo el pueblo".

Sus afirmaciones provocaron repudio en la sociedad política. Tras el 1er. debate presidencial, Alfonso Durazo, a quien propondría más adelante como su secretario de Seguridad Pública federal, trató de explicar lo que su jefe político quiso decir. "López Obrador ha propuesto un proceso de paz y de reconciliación nacional, no un pacto con el crimen organizado", afirmó. "Sin proceso de pacificación y reconciliación no habrá punto de inflexión en los niveles de violencia que definen la tragedia del país". La pregunta era y sigue siendo: ¿qué quiso decir Durazo?

Lo que posteriormente varios miembros del equipo de transición explicaron, es que no se trataría de amnistiar a todos, sino a algunos. Amnistía habría para niños y campesinos, no para criminales, sin explicar si esa subcategoría perdonaría a sicarios, que también hay menores y campesinos, o no. Este juego de palabras, obviamente, es sarcástico, pero sirve para subrayar las deficiencias conceptuales e informativas en las que se encuentran López Obrador y su equipo de seguridad. Durazo resaltó el desconocimiento generalizado en la inauguración del foro en Ciudad Juárez, donde anunció que van a desarrollar una estrategia de Estado, no sólo de gobierno, para dar resultados en el corto plazo. "Proponemos construir una receta mexicana para la pacificación de nuestro país (y) por difícil que parezca buscaremos y encontraremos el entendimiento de todos los mexicanos para construir la paz".

La "receta mexicana" es vieja. Una estrategia de Estado la propuso el presidente Felipe Calderón en 2009, pero aquél plan integral sólo vio cumplimentada la parte de la lucha policial y militar contra los cárteles de las drogas, porque el resto del Estado -paradójicamente salvo el caso de Juárez, donde la participación de gobierno, empresarios y sociedad civil frenó la violencia-, fue negligente en su trabajo. El presidente Enrique Peña Nieto también la planteó, pero a diferencia de Calderón, no hizo nada de importancia salvo capacitar y armar a grupos de autodefensa, incluidos a miembros de los cárteles del Pacífico y Nueva Generación, para exterminar a Los Caballeros Templarios.

La gran novedad en el planteamiento del nuevo gobierno es la amnistía a los narcotraficantes, fórmula para la reconciliación. El único que la planteó, pero como ex presidente, fue Vicente Fox en 2011. No hay ningún Estado en el mundo, que no sea considerado un narcoestado, que haya optado por una amnistía a narcotraficantes, que en sí es un pacto con el crimen organizado. El trueque es dejar de combatir a las organizaciones criminales, si estas dejan de sembrar muertos en el país. Es decir, si se ponen de acuerdo los cárteles y reparten territorios y acuerdan impuestos de paso de drogas, para que el negocio florezca en climas estables exentos de violencia. Eso, por supuesto, reduciría la tasa de homicidios dolosos, acabaría con la ley de la selva y la zozobra social. Se implantaría la Pax Narca de López Obrador.

El costo sería que como en el gobierno de Fox, los cárteles regresaran al control pleno de territorio mexicano y gobernaran por encima del Estado. No puede ser este el objetivo de López Obrador, quien debe tomarse muy en serio el fenómeno de la seguridad para que no se diga, como hoy, que su gobierno será de ocurrencias.

El discurso de Andrés Manuel López Obrador, no queda claro si aconsejando, proponiendo, recomendando o imponiendo mediante decreto presidencial el perdón de los crímenes que con justificada razón tienen a la sociedad mexicana agraviada e irritada, vale para un predicador. Para un presidente electo (a partir de hoy, precisamente), en cambio, es inadmisible. Es impropio de su papel. Es indigno del compromiso que asumió como candidato, cuando se pronunció por la irrestricta aplicación de la justicia, y que se formalizó cuando el voto popular respaldó mayoritariamente, en las urnas, su propuesta.

Esgrimir, como se proponía en vísperas de los foros con que López Obrador ha empezado a fungir, de hecho -aunque no de derecho- como presidente (tomando decisiones e imponiendo criterios de gobierno), la consigna de "perdón y olvido", es una invitación a pasar por alto una de las funciones esenciales de la autoridad legítimamente constituida: aplicar la ley; hacer justicia.

El perdón consiste en la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Otorgarlo, por tanto, puede ser una decisión personalísima del agraviado o del acreedor, según sea el caso. No de la autoridad. Ésta tiene la obligación irrenunciable -subrayémoslo: irrenunciable- de utilizar el aparato de que dispone (las leyes, los legisladores, los agentes del ministerio público, las policías, los jueces...) para investigar, identificar a los delincuentes, aprehenderlos, procesarlos y sentenciarlos. Es así -y sólo así- como la autoridad puede aspirar razonablemente a disuadir a los potenciales delincuentes de repetir las conductas que atentan contra la sociedad y contra cada uno de sus miembros. La impunidad -es decir, la incapacidad del Estado para aplicar en todos los casos las sanciones previstas por la ley contra los infractores- es una confesión tácita de la incompetencia de la autoridad. Y lo más grave: es una cordial invitación tácita a repetir las conductas que se quiere evitar.

En cuanto al olvido, ni hablar. Aun en el caso de que todos los acreedores y todos los ofendidos decidieran perdonar a sus semejantes las deudas o los agravios, como esperan -según la oración consabida- que Dios perdone sus pecados, para olvidar (es decir, borrar de la memoria) no basta con la voluntad, puesto que la memoria (es decir, la capacidad de recordar) es una facultad natural del ser humano.

Colofón: un Presidente está para perfeccionar los mecanismos gubernamentales encargados de sancionar delitos; no para invitar a sus gobernados a perdonarlos.

Ayer, durante el arranque de los foros con los que el equipo del próximo gobierno pretende escuchar a las víctimas y al mismo tiempo explicarles su propuesta de amnistía y pacificación, López Obrador habló de reconciliación nacional y habló de no olvidar, pero sí perdonar. La postura del presidente electo fue refutada por varias personas que estaban en el auditorio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien replicaron: "Sin Justicia no hay perdón", "Ni perdón ni olvido".

"Ni perdón, ni olvido" es la postura de familiares de las víctimas con las que tendrá que lidiar el próximo presidente y los integrantes de su gabinete que han hablado del proceso de pacificación en el país.

Pasada la campaña, y a menos de 4 meses de asumir funciones, López Obrador y su equipo ahora deben ser más específicos y nada ambiguos para explicar su proyecto.

Hasta ahora, lo que contiene el paquete de la pacificación es la propuesta para contener la violencia a través de la legalización de las drogas, el regreso paulatino de los militares a los cuarteles una vez que las fuerzas civiles se hagan cargo de la seguridad, las comisiones de la verdad para casos graves de violaciones de derechos, la amnistía para ciertos sujetos detenidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas y los apoyos a jóvenes estudiantes y trabajadores para tratar de evitar que se enganchen al sicariato.

Pero esos enunciados no sólo deben ser explicados. Por ejemplo, López Obrador y su equipo deben ser más claros en su postura ante el Ejército en labores policiacas y pronunciarse contra la Ley de Seguridad Interior. También hay una propuesta para constituir una sola gran comisión de la verdad y no varias comisiones para casos específicos.

Algunas de las propuestas deben ser modificadas o especificadas. Justo el grito de "ni perdón, ni olvido" es una exigencia de familiares de desaparecidos o masacrados o ejecutados, para que los victimarios de sus hijos o hermanos no sean perdonados. López Obrador y su equipo no deben cometer la misma forma de proceder de sus antecesores: decidir sin consultar a las víctimas. Ningún esfuerzo de parar la guerra que hay en México puede funcionar si se deja de lado a las familias que han padecido directamente esta guerra.

Norma Rocío Nahle García, futura secretaria de Energía, declara que el próximo gobierno no llevará a cabo un "quinazo" contra el líder sindical de petroleros, Carlos Romero Deschamps, ni contra algún otro líder sindical. Agregaría que resolver el futuro de Romero Deschamps al frente del sindicato correspondía solo a los trabajadores.

La declaración generó una reacción del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera (MNTP), un ala de MORENA encabezada por María de Lourdes Díaz Cruz, que se opone a la privatización de PEMEX y a Romero Deschamps.

El 4 de agosto, el MNTP presentó una petición pública para que Romero Deschamps renuncie a su posición como senador y sea llevado a juicio político.

María de Lourdes Díaz Cruz (apodada "Lula", en honor al expresidente brasileño) es una líder de trabajadores de PEMEX que también fue miembro fundador de MORENA.

En el pasado, Díaz Cruz defendió al líder sindical Joaquín Hernández Galicia, "la Quina", cuando este fue destituido en 1989. Luego participó en la toma de pozos petroleros durante la llamada "resistencia civil" de AMLO tras perder la elecciones para gobernador de Tabasco en 1994.

Más recientemente, en julio de 2018, Díaz Cruz expresó sus intenciones de solicitar al próximo gobierno adelantar la elección de líder sindical de petroleros para enero (aniversario del "Quinazo") haciendo saber sus intenciones ocupar el cargo de Romero Deschamps tras destituirlo; lo que eventualmente llevaría a la declaración de Nahle.

- Luis.

Preocupa que el entusiasmo no permita ver a la gente la inconsistencia de muchas de las políticas que está proponiendo. Recortar el gasto público es, por supuesto bienvenido, pero nadie sabe cuánto costará llevar a cabo la dispersión de oficinas del sector público en el país ni cuánto disminuirá la ya de por sí baja eficiencia del sector público. Crear empleos, muy bien, pero despedir sin prestar atención a su desempeño al 70% de los servidores públicos de confianza es un golpe injusto a más de un cuarto de millón de trabajadores y puede disminuir la capacidad de actuación del gobierno.

¿Cuánto tiempo puede durar esta luna de miel? No sabemos. Los caudillos populistas tienen una mayor capacidad para generar esperanzas que los tecnócratas. López Obrador lo sabe. Por eso promete una 4a. transformación del país, un sueño milenario como el que han ofrecido otros caudillos en la historia tanto de México como del mundo.

Lo mejor hubiera sido que tras 3 campañas electorales, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hubiera tenido concluido el trabajo de foros y consultas para definir su estrategia de seguridad con la que, aun sin tener clara, ya se comprometió a bajar en 3 años entre 30 y 50% los índices delictivos, en especial el de homicidios.

No fue así, pero por lo menos AMLO iniciará hoy en Ciudad Juárez, a poco menos de 4 meses de asumir la Presidencia de la República, el 1er. foro para diseñar lo que ha llamado el Plan de Reconciliación y Paz para México.

El lugar es altamente simbólico. Una ciudad fronteriza que alcanzó los niveles más altos de inseguridad del país, que medio se controló con el envío de miles de policías federales desde el sexenio pasado, pero que hoy, al igual que muchas otras partes del país, Jalisco entre ellas, padece nuevamente la violencia generada por las disputas de territorio de los cárteles de la droga, ante la impotencia del Estado para hacerle frente.

A un mes de haber ganado los comicios en los que resultó electo como Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no ha tenido claridad y mesura en los diagnósticos y lineamientos que regirán su mandato, aseguró el presidente de la asociación Confío en México, Salvador Cosío Gaona.

"Tras una campaña intensa de 18 años consecutivos, si consideramos la fecha en que inicia como jefe de Gobierno en la Ciudad de México, debió haberse tomado unos días para sosegarse, tener una etapa de remanso, análisis, reflexión".

En cuanto a la figura de coordinadores estatales, Cosío Gaona señaló que si se tratara de un esquema novedoso, y no como el que siempre ha existido con delegados estatales, es necesario que haya claridad y transparencia para que no trastoque lo legal en cada entidad.

AMLO no estaba obligado a recibir a Meade. Su triunfo arrasador le da para establecer la distancia que él decida. Y tuvo la empatía de recibirlo y expresar conceptos cálidos respecto a Meade: "Es una persona, decente, buena, honorable. Ese es mi punto de vista".

Las expresiones de AMLO destantearon a más de uno, como Fernández Noroña, quien dijo que era excesivo calificar de honorable y decente a Meade.

Va a ser interesante cómo reacciona AMLO ante este tipo de expresiones, que ya están marcando claramente una distancia importante entre el comportamiento del ya casi presidente electo (a 2 días de serlo) y sus partidarios más radicales.

Algunos en la izquierda recibieron la noticia del encuentro con reservas. No todos le perdonan a Meade la dureza de sus acusaciones en contra de la activista Nestora Salgado, a quien denunció como secuestradora y facinerosa. Ella misma publicó un tuit después del desayuno afirmando que eso no eximia al ex candidato priista de ofrecerle una disculpa pública.

Pero la reunión con Meade tendríamos que verla como parte de una estrategia más amplia de López Obrador. El próximo presidente aprovecha el período de transición para seguir acumulando capital político. A partir de la noche de su triunfo electoral el 1 de julio, no ha hecho más que apaciguar los ánimos, buscar aliados y desarmar a posibles adversarios.

Me parece que estos desplantes de cariño universal de parte del tabasqueño van mucho más allá que dar cuenta de un rasgo de personalidad. No es que describan a un hombre propenso al perdón o a una personalidad refractaria a la venganza; se trata más bien de actos esencialmente políticos de un mandatario que quiere ser un verdadero jefe de Estado (que lo consiga o no es otra cosa y solo el tiempo podrá decirlo).

Vengativo o no, perdonador o no, López Obrador entiende que mucho más importante que sus deseos y gustos personales, está lo que él entiende como su responsabilidad histórica. Y para sacarla adelante ha asumido, con toda razón, que tendrá mayores posibilidades de éxito entre menos enemigos enfrente y más aliados encuentre.

Para López Obrador la Presidencia no es un punto de llegada (como es en el caso de Peña Nieto) sino un punto de partida. Por eso es que, a 4 meses de tomar posesión, ya comenzó a gobernar en cierta manera. Le corre prisa porque siente que le hará falta tiempo. Y para ahorrarse tiempo también debe de ahorrarse enemigos que lo lleven a desgastarse en infiernillos.

Tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y su anunciada 4a. transformación del país, empiezan a surgir las primeras señales de lo que podría esperarse.

En campaña, las baterías del candidato de Morena se enfocaron contra un sector del alto empresariado. Además de su condena general a la corrupción, hubo algunas declaraciones vagas en contra del "charrismo sindical" pero el tema no estuvo en el centro de la oferta que lo llevó a la victoria el 1 de julio.

Por el contrario, fue evidente la alianza lopezobradorista con los personajes más cercanos a Gordillo, quienes armaron una red de apoyo al tabasqueño en redes sociales y pusieron a su servicio una estructura de vigilancia y operación electoral conformada por maestros.

La alianza de Morena con la CNTE se fortaleció durante la campaña y hubo la percepción de que los viejos y encarnizados enemigos -Elba Esther y la Coordinadora- convivieron alegremente dentro del proyecto de López Obrador, unidos por la promesa de echar abajo la reforma educativa tan odiada por ambas fuerzas.

El líder minero Napoleón Gómez Urrutia fue candidato plurinominal de Morena al Senado, con lugar privilegiado en la lista y ocupará una curul en la nueva legislatura.

Ya en el periodo de transición, la idea de mudar secretarías federales a distintas ciudades del país produjo un acercamiento de Joel Ayala, líder de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FTSE), con el equipo de López Obrador. Pese a los entendibles temores de la burocracia que se verá afectada por la propuesta, su dirigente se apresuró a apoyarla y a ofrecer su respaldo al próximo gobierno.

La nominada de López Obrador para ser secretaria de Energía, Rocío Nahle, declaró hace unos días que no habrá persecución ni cacería de brujas contra el líder del poderoso sindicato petrolero, Romero Deschamps.

Una de las primeras reuniones de Manuel Bartlett tras ser designado para dirigir la Comisión Federal de Electricidad, fue con el viejo aliado del lopezobradorismo Martín Esparza, líder del revivido Sindicato Mexicano de Electricistas. El poblano se apresuró a aclarar que no planea usar al SME como cuña contra el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), de filiación priista.

La izquierda mexicana ha condenado siempre en el discurso el sindicalismo corrupto pero su vocación en el poder, especialmente en la Ciudad de México, ha sido fortalecer y aprovechar el corporativismo sindical y el clientelismo gremial.

Es lógico que un gobierno de izquierda busque tener sindicatos fuertes, pero con dirigentes afines políticamente (aunque sea conversos por interés).

López Obrador tiene entre sus frases favoritas la de que no se puede tener gobierno rico con pueblo pobre. Falta saber si tolerará que siga habiendo líderes sindicales multimillonarios con trabajadores pobres.

Uno de los retos más importantes del próximo gobierno, será saber manejar los tiempos y formas. A pesar de las mayorías logradas en el poder legislativo, será trascendental saber aprovechar el bono democrático, la apabullante mayoría respetando las formas; un reto difícil, cuando es sabido que habrá propuestas que encontrarán reticencias y se podría tener la tentación de buscar intentar sortearlas por el camino fácil de la mayoría.

No debiera hacerse, porque el bono democrático es poderoso pero también volátil. El gobierno de Vicente Fox es un ejemplo de cómo puede acabar muy pronto. Mientras que, si el actual gobierno llega con la suficiente fuerza, y a pesar de ello respeta los tiempos, podría ganar enorme legitimidad.

Ahora Carlos Lomelí quien es médico, no sé de qué especialidad, podría ser delegado de Salubridad; ¿cómo va a manejar y coordinar las 83 delegaciones que existen en Jalisco, si nunca en su vida había tenido un puesto administrativo ni político? Y, luego, ¿qué facultades va a tener? Porque aparentemente esto rompe con el pacto federal y agrede la libertad y soberanía del Estado de Jalisco que manda la Constitución.

Por sus declaraciones y amenazas, aparenta ser un candidato resentido que como todos sabemos perdió en su deseo de ser gobernador de Jalisco y ahora siendo del partido perdedor, parece por sus expresiones dizque político, pero es un candidato que no sabe perder, que no tiene la menor idea de cómo manejar y coordinar las 83 delegaciones que son muy importantes para el desarrollo de Jalisco; ya le expresó al gobernador electo que para hablar con el Presidente tiene que ser por su conducto, eso es totalmente fuera de orden, con resentimiento y venganza, va en contra de Jalisco.

También amenazó a la Universidad de Guadalajara.

Me extraña estimado Andrés López Obrador, siendo tú tan inteligente como lo has demostrado, que escojas una persona sin ninguna experiencia para participar en el desarrollo de Jalisco; espero que esa designación no sea por el hecho de que en Jalisco no ganó Morena, tu partido, del cual fue candidato perdedor a la gubernatura Carlos Lomelí, ahora virrey de Morena, ya que podría con su resentimiento retardar y bloquear en tiempo y eficiencia los fondos que se tienen que entregar a Jalisco de parte de la federación.

El gobernador electo Enrique Alfaro declaró que "dotar a las delegaciones o cualquier otra figura de carácter administrativo de facultades de control, fiscalización del ingreso y gasto público federal sería una violación flagrante al orden constitucional".

Asimismo, Enrique Alfaro ratificó al presidente electo que "apoya totalmente su proyecto de nación, que él está de acuerdo en su espíritu y que en él encontrará un aliado en la lucha contra el régimen de corrupción que hasta hoy domina la vida pública e institucional de nuestro país".

Definitivamente es casi imposible que Lomelí pueda coordinar, manejar y controlar las 83 delegaciones, ni que fuera Superman.

Si esto llegara a suceder, también es posible que el futuro "virrey" se quiera meter en la planeación del desarrollo de Jalisco y a donde se aplicarían los recursos que la federación le debe dar a nuestra entidad; imagínense ustedes lo que dijo Lomelí, manejar y coordinar la PGR, la Marina, la Policía Federal y el Cisen y que supervisaría que los programas sociales lleguen correctamente al estado; eso último no sería problema, pero imagínense coordinar y manejar la PGR, la Marina y el Ejército.

Además, por si no lo sabe Lomelí, yo le digo: no te conozco, pero definitivamente no hay capacidad para ese puesto; la planeación del desarrollo de un estado la realiza el estado y el estado decide dónde debe invertir los fondos estatales y federales que le lleguen. Ahí está otro peligro, donde Lomelí quiera meterse en la planeación y desarrollo, que no tiene la menor idea y que quisiera definir en dónde se deben invertir los recursos que le lleguen a Jalisco; yo se lo digo porque conozco perfectamente esa área.

Yo te pido estimado Andrés López Obrador, virtual presidente electo de México, que reflexiones profundamente este tema, definitivamente le estás quitando autoridad y dignidad al Gobierno del Estado y creo que esto está en contra de la Constitución por el pacto federal.

¡El gobernador electo Enrique Alfaro está defendiendo a Jalisco!

Bartlett Díaz fue protagonista central, ejecutor personal del fraude electoral más documentado en la historia de México, en los comicios estatales de Chihuahua en 1986.

Manuel Bartlett Díaz no debe estar al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y tampoco en otro cargo público.

Ahora Bartlett es senador gracias a un escaño que le regalaron en el Partido del Trabajo y es materia de polémica pública porque Andrés Manuel López Obrador le propuso ser director de la CFE a partir del 1 de diciembre.

Varios seguidores de López Obrador defienden el nombramiento de Bartlett, pues dicen que lleva varios años luchando contra la privatización de la sector energético. El mismo Bartlett descalifica a quienes cuestionan su nombramiento al frente de la CFE y dice que son críticas de la derecha.

Serán algunas, pero muchas otras son críticas que se hacen desde la izquierda y que apelan a formas de hacer política donde impere una ética y una memoria que no olvide ni perdone actos y decisiones como las que existen en la carrera pública de Bartlett.

Bartlett era responsable del sistema de espionaje y represión política contra disidentes en el país.

Otra de sus facetas era la de amenazar a la prensa, si no directamente a través de personeros que dependían de Gobernación, como la Dirección Federal de Seguridad (la corrupta y represora policía política del viejo PRI). Una de esas amenazas fue contada de manera magistral por Vicente Leñero en una crónica ("La parábola del vaso") en la revista Luvina de la Universidad de Guadalajara (verano de 2006).

Sería ingenuo pedir que los que controlan el poder se conduzcan con decencia. Para eso debemos mantener la memoria viva; para no perdonar los agravios del poder. Si olvidamos lo que Bartlett hizo a favor del autoritarismo, terminaremos perdonando todo a los dueños del poder.

Manuel Bartlett tiene 82 años, experiencia de gobierno como Secretario de Gobernación y titular del Consejo Federal Electoral, ha ganado puestos de elección popular hasta llegar a ser gobernador de Puebla y legislador en varias ocasiones, pero no se le conocen aptitudes técnicas para entender el complejo manejo de una empresa tan sofisticada de la escala de la CFE, como tampoco el talento empresarial que exige el manejo eficiente y competitivo de una empresa de clase mundial.

Da pena que la "Cuarta Transformación" del país, como llama López Obrador a su anhelo, se empiece a basar en criterios políticos y clientelares y no en eficiencias bien sustentadas. Es la cruda cara del populismo que empieza por tender las redes que permitan ejercer un control político absoluto. ¿O acaso la fama del señor Bartlett es impoluta?

Pero más pena da que le vayamos a creer que las razones que dio para nombrar a Bartlett al frente de la CFE son ciertas. Las empresas que están generando electricidad lo hacen en México, con inversión nueva y bajo las normas que les permite la Reforma Energética. Justificar malos nombramientos con mentiras o medias verdades habla muy mal de su estilo personal de mandar, y todavía no gobierna.

Mal augurio.

El 2 de mayo (en Iztacalco, CDMX), Andres Manuel Lopez Obrador dio la 1a. declaración del cartón, asegurando que de ganar las elecciones: "No habrá gatopardismo, sino un cambio verdadero".

El 28 de mayo (en Heroica Zitácuaro, Michoacán), refirmó el discurso con la promesa de eliminar las privatizaciones del peñato: "Habrá un cambio de régimen [...] no habrá más política de gatopardismo. [...] Esta política [refiriendo a privatizaciones] irá al basurero de la historia".

No obstante, en conferencia de prensa el 1 de agosto, AMLO hizo anotaciones sobre su promesa de campaña de no aumentar impuestos. Al asegurar que buscará que municipios y estados (así como federación) no aumenten impuestos, AMLO acotó que ante cualquier posible aumento se buscará garantizar el buen uso del recurso, y además, dichos aumentos: "En realidad no van a ser impuestos, van a ser contribuciones, todos tenemos que contribuir".

En el mes posterior a las elecciones, llamaron atención episodios similares, como:
- Eliminar los famosos "gasolinazos" para sustituirlos con "incrementos en términos nominales" al precio hasta lograr paridad con la inflación.
- El anuncio de que la promesa de campaña de Claudia Sheinbaum de eliminar el sistema de fotomultas en la CDMX se cumpliría creando un "Sistema de educación Vial" que aplicará multas con montos ajustados.

- Luis.

Víctima de un embate mediático, aun antes de que el presidente electo tome las riendas del país, se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, se desato una guerra, principalmente en redes sociales criticando la percepción salarial de los señores ministros, ahora la que pareciera nueva ocurrencia del señor López, planeada por supuesto con mucha anticipación, es la creación de un Tribunal Constitucional, que venga a tutelar aspectos relativos a la Constitución y dejarle a la actual integración de este poder solo aspectos de "legalidad".

Yo considero que desde hace algún tiempo se viene cocinando este cambio, no porque se pretenda mejorar en el Poder Judicial, más bien porque se pretende tener ministros "a modo" que en el corto plazo le validen los cambios que el presidente electo pretenda. Recordemos que desde la campaña no se ha mostrado un mínimo de respeto a la investidura de un poder distinto al que él encabeza[ra] y cuya existencia debe privilegiar, incluso los llamo "maizeados y alcahuetes", también pregunto en otro de sus mítines: "¿saben de algo que hayan hecho los de la Suprema Corte en beneficio de México, se han enterado de algo que hayan resuelto a favor a favor del pueblo?".

Debemos recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un poder público independiente, en el que no puede ni debe intervenir otro poder, en este caso el "ejecutivo" que el señor López encabeza[ra], además el pretender crear dentro de la Corte un Tribunal Constitucional solo refleja un alto grado de desconocimiento de cómo funciona el Poder Judicial y más después de las Reformas en Derechos Humanos, los cuales parecen ser la excusa para proponer tal barbaridad. Explíquenle al presidente electo que en materia de tutela de Derechos Humanos todos los jueces, pueden el determinado momento realizar el llamado Control de Convencionalidad, "en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia".

Si de verdad quieren tutelar los Derechos Humanos inicien por la PGR, el SAT, Migración, Salubridad, etc.

Debe quedar claro, que el Control de Constitucionalidad, que ahora pretender otorgarle a un Tribunal Constitucional le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por motivos políticos no se debe alterar ese sano equilibro que actualmente existe y que tanto trabajo le ha costado lograr a nuestra nación.

La división de poderes es un elemento básico de la democracia y del principio republicano, decía Montesquieu en su obra El Espíritu de las Leyes: "Si el mismo individuo puede hacer las leyes, aplicarlas como juez y ejecutarlas como soberano, ese hombre tendrá en su mano el despotismo y desde ese momento, todo se habrá perdido". Los autores clásicos señalan que la 1a. condición de la libertad estriba en que el ejecutivo, el judicial y el legislativo se encuentren separados, la gran mayoría de las constituciones del mundo moderno enuncian este principio.

Sin embargo en la elección pasada se rompió ese frágil equilibrio dándole erróneamente por medio del voto un poder absoluto al presidente electo al permitirle tener mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores y una mayoría en las legislaturas de los estados que lo ponen cerca de poder realizar reformas constitucionales agresivas, como la creación de este Tribunal Constitucional.

Crear este tribunal implicaría no solo una reforma a la Constitución sino además a la Ley de Amparo, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a un sinnúmero de leyes más, por ello, aunque la oposición sea minoría se requiere que esta sea fuerte y unida en torno a un proyecto de nación que impida medidas que tornen, sin oposición de un órgano de control constitucional, convertir a un presidente en un dictador como ha sido el caso de varios países del rumbo.

Gustavo Madero, ex presidente del PAN y aspirante a la coordinación de ese partido en el Senado, enviará una carta a los aspirantes a la dirigencia blanquiazul para que definan cuál será el proyecto del partido para hacer oposición al gobierno federal en puerta, así como hacer un llamado a la unidad y a cerrar filas, porque de lo contrario el nuevo presidente "mutará a Morena en el PRI presidencialista".

En el Senado Morena presidirá 6 años la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva, el regreso de la Gran Comisión priista.

Caen los nombramientos de AMLO y pese a las ganas de creer, muy extendidas todavía, no pocos de sus votantes e incluso integrantes de su equipo empiezan a dar señales de eso que se conoce como "pelos de punta". Pues sí. Lo de Urzúa en Hacienda, como lo de Olga Sánchez Cordero con la despenalización de las drogas, pareció una señal de sensatez y seriedad. Y entonces, cuando los moderados del movimiento estaban por decirnos "¿Ven, derechairos? Esperaban una Venezuela y lo que se viene es una socialdemocracia escandinava"... Auch: el uno-dos, combinación no de KO pero sí de las que te dejan grogui. El uno es Bartlett, a quien, pese a los esfuerzos de Fernández Noroña y algunos más, está costando mucho trabajo vender como un demócrata avant la lettre, por el 88 pero también porque su nombre, como gobernador de Puebla, como secretario de Gobernación, no deja de aparecer vinculado de alguna manera a casos tan tenebrosos como el asesinato de Manuel Buendía. El 2, que al final no agarró la chamba, es Jorge Carrillo Olea, otro al que se ha mencionado en el caso Buendía y señalado por el New York Times por tener vínculos con el narco.

De ahí los respingos de Tatiana Clouthier y de Gael García, que literalmente repudió, vía Twitter, el nombramiento de Bartlett, con el argumento de que haber votado por AMLO no implica darle un cheque en blanco, un argumento que a propósito se repite mucho en redes sociales: "Tiene 30 millones de votos, aguanten vara porque tiene la confianza de las mayorías". Tiene razón Gael, claro: entiende cómo debe funcionar una democracia.

Lo que no se vale es sorprenderse. Bartlett, y Martín Esparza, y Napito, 3 entre muchos más de su catadura, son viejos compañeros de ruta del presidente electo. El morenismo fue muy hábil para vendernos el Apocalipsis: si no nos ponemos en manos del líder, con su voluntad de cambio, esto se termina de hundir. Muchos dijimos que revertir el supuesto Apocalipsis con un ejército de zombis era una idea rarita. Bueno, ahí están los zombis, esos que se alimentan de personas a las que agarran descuidadas. Nos queda el consuelo insufrible de repetir: "Te lo dije". A ustedes les queda un sexenio de aguantarlo, personas de fe.

La semana pasada Andrés Manuel López Obrador propuso a Manuel Bartlett como titular de la Comisión Federal de Electricidad. Las críticas, justas, no se han hecho esperar. En primera porque Bartlett nunca ha ocupado un cargo público relacionado con el sector energético, por más que haya sido vocal opositor a la reforma energética -que hoy dice apoyar, por cierto-. Y en segunda, por la historia que carga tan turbio personaje.

La contradicción de tenerlo como parte de la así llamada 4a. transformación es aún más notoria cuando pensamos que López Obrador votó en la última elección presidencial por Rosario Ibarra de Piedra, madre de Jesús Piedra, desaparecido durante las peores décadas del régimen priista, en el cual Bartlett era director general de Gobierno en la Secretaría de Gobernación.

Pero Bartlett no está solo. El propio AMLO dijo hace unos días que había ofrecido un puesto a Jesús Carrillo Olea en su administración, pero el propio Olea declinó por cuestiones de edad, aunque hoy es asesor en la transición (él tiene 80, Bartlett 82).

Carrillo Olea, para refrescar la memoria, tuvo que renunciar a la gubernatura de Morelos en 1998 por supuestos vínculos con el narcotráfico. En sus 4 años de gobierno, la violencia comenzó a aumentar en el estado, y en diversas ocasiones se acusó directamente a su propia Policía Judicial de secuestrar personas.

Incluir a Bartlett y Carrillo Olea de manera tan preponderante es una pésima señal de los cambios por venir. Al menos en lo que a ambos personajes concierne, estamos viviendo un retroceso al priismo no solo más añejo, sino al más oscuro.

El próximo presidente ha dicho que no le gusta estar en el escritorio (¿quién ya había dicho esto y cómo nos fue?). Está bien, pero hay decisiones, muchas y no irrelevantes, que no pueden tomarse sino mediante una investigación seria, rigurosa y no andando de gira ni en la plaza.

Héctor Vasconcelos, senador electo y propuesto inicialmente por Andrés Manuel López Obrador para ser el próximo canciller, tuvo que retractarse después de decir que se sumaba a las peticiones de que "el Servicio Exterior Mexicano sea eximido de recortes en sus percepciones, si algo requiere, es un incremento de sus honorarios".

Al diplomático le llovieron las críticas y ayer tuvo que corregir.

Hugo Éric Flores, presidente del Partido Encuentro Social, aseguró que recibió el aval de Andrés Manuel López Obrador para continuar con la impugnación a la elección presidencial.

A su salida de la casa de transición detalló que aclaró al tabasqueño que no buscan proceder contra el resultado de los comicios, sino modificar la distribución de votos a los partidos que conformaron la coalición Juntos Haremos Historia.

"El presidente electo nos dice que adelante, que luchemos por nuestro registro".

Andrés Manuel sabe perfectamente que la permanencia de su proyecto político más allá de un sexenio, pasa por cumplir su promesa de bajar entre 30% y 50% los índices delictivos, en especial el de los homicidios que está relacionado principalmente al creciente poder corruptor y de fuego de los cárteles de la droga y la diversificación de sus actividades ilícitas. AMLO tiene claro también que sin la ayuda de policías estatales y municipales no lo podrá lograr, como le pasó a Peña. Habrá que ver si la figura de los coordinadores estatales, cuya 1a. misión es checar qué tanto contribuyen o no en la seguridad las autoridades locales le ayuda, o no, a lograr el objetivo.

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, respondió a las críticas que hizo el próximo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a la figura de Carlos Lomelí como "súper delegado" y enlace con el próximo mandatario.

Argumentó que el jefe del ejecutivo federal tiene la atribución de designar a delegados en los estados, y en ese sentido reducirá los "30 o 40" que hay en cada entidad, a sólo uno. "Yo no sé por qué le preocupa si ya no se van a entender con tantos".

Afirmó que no requiere modificar leyes para aprobar la figura, y defendió que sus 32 delegados serán los intermediarios con los gobernadores, cuya autonomía "respetará". Además, reveló que un "coordinador general" le auxiliará en el trato con los representantes de cada estado.

Nomás que Lomelí aseguró que administraría más de 80,000 millones de pesos federales. Al menos en el discurso de ayer, Andrés Manuel no precisó esa facultad de administrar dinero que sí requeriría reformas.

¿Mintió Lomelí? ¿Habló de más? Lo cierto es que, con las propuestas del tabasqueño, sin claridad ni definiciones, hoy es muy difícil saber los alcances de una figura como ésta.

Advertían las abuelas que "cuando 2 cucharas mueven el atole, se quema".

La sabia sentencia podría confirmarse en la próxima administración estatal en Jalisco, por el conflicto que podría resultar de la designación, por parte del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de un "coordinador estatal de programas para el desarrollo", que concentraría en una sola persona las funciones que hasta ahora han desempeñado las 83 delegaciones estatales de todas las dependencias federales. Dicho "coordinador" -"súper-delegado"... o "virrey"- tendría facultades de control y fiscalización tanto del ingreso como del gasto de recursos provenientes del gobierno federal en el estado. Ejercería, pues, como un poder paralelo.

Si al planteamiento teórico del presidente electo, animado por la idea de que adelgazando la burocracia se incrementa la eficiencia del aparato gubernamental, se agrega el detalle -nimio detalle- de que el ungido sería el candidato de su partido (Morena) que terminó 2o. en la pasada elección estatal (Carlos Lomelí Bolaños), es inevitable suponer que éste, más enterado de las peculiaridades y necesidades del estado que el propio López Obrador, trataría de aprovechar tanto su influencia como las facultades derivadas de su designación, para apoyar la que fue su agenda como candidato.

Sin embargo, hay serios indicios de que no hubo, tras la inevitable confrontación política de las campañas -incluidas mutuas denuncias por irregularidades en gastos de las mismas, malos manejos de recursos públicos y aun delitos del orden común- la deseable "operación cicatriz"; de que las discrepancias persisten, y de que el rechazo del gobernador electo al futuro personero del presidente electo (porque su designación, en palabras del mismo Alfaro, "vulnera principios constitucionales básicos y lastima el espíritu del pacto federal") puede interpretarse como un "non serviam": la expresión que desde hace siglos se usa para desafiar al poder establecido, como se supone que hizo Lucifer con Dios en el inicio de los tiempos.

¿Qué puede hacer Bartlett para transformar una empresa conflictiva y obesa? ¿Cómo va AMLO a resolver tantos otros focos de obesidad e ineficiencia?

Andrés Manuel López Obrador tiene el tiempo encima, está a solo unos meses de tomar posesión, y para nuestro gusto debería estar ya trabajando en las cuestiones fundamentales para llevar a cabo su "Cuarta Transformación". Sin embargo, tal parece que navega en la superficie de lo anecdótico (como ir anunciando nombramientos como el de Bartlett) y no se mete de lleno a propuestas estructurales.

Tenemos enorme curiosidad de conocer cómo coordina AMLO a su equipo cercano en la elaboración de la herramienta fundamental de un gobierno que es el presupuesto.

No imagino cómo son las sesiones de trabajo de AMLO con sus colaboradores. O es un hombre extremadamente brillante y calculador, que va midiendo acciones y reacciones a decisiones como la de Bartlett, o es alguien totalmente superficial que está teniendo ocurrencias aquí y allá para ir conformando un equipo de gobierno y un diseño de programa.

Con esa transparencia con que AMLO ha salido públicamente a hablar de sus designaciones y de algunas ideas de gobierno, como bajarse el sueldo a 108,000 pesos mensuales, ya hubiera salido a esbozar cómo planea estructurar el gasto en el 1er. año de gobierno. No ha ocurrido.

¿Qué discuten entonces en las sesiones de trabajo? Tal parece que únicamente lo anecdótico.

De ser así están postergando, o dejando a la buena de Dios el manejo de un país de por sí muy complejo, y estarían muy lejos de diseñar cómo transformar al país.

Son las señales que han dejado ver.

Ojalá y no, pero parece que nos aproximamos al arranque de un gobierno, que si bien tendrá un gran apoyo popular, será una auténtica pachanga.

Una de las promesas más arriesgadas de López Obrador es la de que no habrá rechazados en las universidades. Arriesgada no solo porque es muy difícil de cumplir, sino por el efecto que ésta puede tener sobre la de por sí baja calidad en la educación superior de nuestro país.

La 1a. pregunta que tendríamos que responder como sociedad, más allá de las intenciones del virtual presidente electo, es qué queremos de la educación superior en México, si lo que buscamos y deseamos es que ahí se formen los futuros profesionistas y transformadores de la realidad nacional o simplemente que sea un espacio de transición de los jóvenes antes de integrarse al mercado laboral. Dicho de otra manera, ¿las universidades deben ser los centros de producción y reproducción del conocimiento o unas guarderías de ninis? Hoy son ya más lo 2o. que lo 1o.

En México la obligación del Estado es asegurar la educación de los jóvenes hasta la media superior (artículo 3ro). La educación está "garantizada", no asegurada (en este país garantía es aquello que está escrito en la Constitución, aunque nadie te garantice que se cumpla). Algunos estados de la república como Jalisco se autoimpusieron esta obligación desde hace 20 años y es tiempo que no podemos cumplir con ello. En ningún estado del país la educación superior es un derecho universal, no por falta de ganas sino porque además de una tarea imposible, no es necesariamente lo mejor para todos los jóvenes.

El año pasado las 10 universidades públicas más grandes de México rechazaron a cerca de 400,000 aspirantes. 6 de cada 10 no obtuvieron un lugar. Para que todos pudieran entrar a la universidad, que no hubiese rechazados, éstas tendrían que duplicar el número de alumnos, con los efectos presupuestales que ello implica, pero sobre todo con un impacto inmediato en la calidad de la educación.

Si bien es deseable que cada vez más jóvenes tengan una educación superior, esto no es posible si primero no se atiende el problema severo de calidad y deserción en los niveles medio y medio superior. Hoy por hoy ahí está el problema más grave. Dar el brinco a cero rechazados en universidades sin haber arreglado los niveles previos lo único que provocará será profesionistas peor calificados y jóvenes más frustrados.

La educación debe ser una prioridad para el país más allá del discurso, gane quien gane y gobierne quien gobierne. Hoy, el problema ya no es de recursos sino de la forma en que los invertimos. Reorientar el gasto, mejorar la calidad de la educación y abrir opciones de continuidad educativa para quienes habiendo terminado la preparatoria no pasan los exámenes para ingresar a la universidad es un camino mucho más sensato y factible que simplemente abrir la matrícula universitaria, o peor aún, como se ha insinuado en algunos discursos, quitar los exámenes de admisión y hacerlo por sorteo. Se pueden (y deben) hacer, políticas de discriminación positiva para dar acceso a los grupos más vulnerables, pero jamás dejar la educación a la suerte.

La Comisión de Fiscalización elaboró un proyecto que fue avalado por los consejeros por 10 votos a favor y 1 en contra, argumentando que Morena actuó indebidamente al no reportar la constitución del fideicomiso y haber recibido aportaciones de entes no permitidos.

La ley le permite a los partidos crear fideicomisos, los que deben reportar ante la autoridad electoral y sujetarse a las regulaciones correspondientes, entre las que se encuentra la prohibición de recibir dinero de ciertas instancias como son las dependencias del gobierno y las empresas particulares y oficiales.

La pregunta es ¿Qué tan grave es esta violación a las leyes electorales? ¿Cuál es el alcance que se le puede dar? ¿Puede invalidar el resultado de la elección?

La opinión de los expertos dice que si AMLO hubiera dejado el asunto en manos del Tribunal Electoral, se hubiera resuelto y finiquitado con el pago de la multa, pero como la multa fue impugnada, la declaratoria de las elecciones se pospondrá hasta que se resuelva o hasta la fecha que señala la Ley Electoral, lo que suceda primero.

Las irregularidades encontradas, entre otras, Morena entregó dinero del fideicomiso a 53 militantes; los partidos no pueden entregar dinero a la población y deben informar del origen de sus recursos a la autoridad fiscalizadora. El fideicomiso obtuvo ingresos por 78'818,566 pesos; de los cuales 44 millones fueron en efectivo, lo cual da un promedio de 26,474.12 pesos por cada depósito, lo cual lo hace sujeto de investigación de otras autoridades, por lo que el INE dio parte al SAT, a la PGR y al Fepade. Del total que ingresó al fideicomiso AMLO aseguró que su partido donaría 50% de las prerrogativas destinadas a gastos de campaña. Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE aseguró que el fideicomiso no tiene relación alguna con el partido y que no entregó recursos públicos a la campaña electoral, sin embargo el fideicomiso se constituyó por un acuerdo del Consejo de Morena, con la finalidad de distribuir el recurso a los afectados, lo cual lo liga a la campaña. La autoridad electoral detectó movimientos sospechosos, identificó que en la sucursal San Ángel, se depositaron 1'400,000 pesos en depósitos de 50,000 pesos en un lapso de 20 minutos, lo que le da opción a la autoridad para investigar lavado de dinero. Pase lo que pase, el palo está dado, falta ver quien lo recibe.

Manuel Clouthier, hijo del fallecido ex candidato presidencial Manuel Clouthier "Maquío", aseguró que Manuel Bartlett reprimió y difamó a su padre.

A través de redes sociales y en entrevistas radiofónicas, Clouthier llamó "mapache", "roba votos" y "represor" a quien será titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo.

El reclamo de Clouthier llegó a los insultos en Twitter.

"Pinche viejo decrépito tanto chingó a mi padre, a la democracia y al país, que ahora no puedo chingarlo yo señalando sus verdades y atrocidades porque se enojan los chairos! Cómo llegamos a esto?", publicó en Twitter.

Posteriormente dijo que se sumaba a la reconciliación nacional propuesta por López Obrador, a quien incluso parafraseó.

"Me sumo al llamado de AMLO al perdón y la reconciliación nacional, a la unidad... perdonemos a Bartlett ya que tiene derecho a una segunda oportunidad, pero como dice AMLO: perdono pero no olvido", publicó.

Los que ganaron prácticamente ganaron todo. Guanajuato es el islote apenas magullado por el tsunami moreno. Puebla es el chipote de un cacicazgo que se pudrirá solo. Y dicho en buen latín, los que ganaron, los de Morena, lo hicieron de buena ley. Jugaron con las reglas del sistema, y barrieron a los grandes del sistema.

¿Por qué entonces la fiesta les duró tan poco? ¿Por qué les pesa tanto que les cuestionen? ¿Tendrán nostalgia de la campaña? ¿Por qué quieren acallar a los que no celebran? ¿Por qué condicionan el diálogo con las organizaciones sociales a que se ganen la interlocución en las urnas?

Qué singulares ganadores. Pareciera que les abruma más el rumor del disenso que la gran tarea, mastodóntica, que se avecina. Pues qué les habrá faltado ganar, qué no les dio la ciudadanía que les dio mayoría y mandato. Serénense, ya ganaron.

Por eso, aunque hay muchos felices, y muchos expectantes, y muchos ilusionados; y aunque eso es bueno y no solo bueno sino también justo, porque se lo merecen quienes a esa opción apostaron el futuro de México, aunque todo eso se registra en las encuestas, la discordia no se ha disipado. Fue el triunfo que no ha unido, que no ha reunido a los diferentes.

El aire que por un momento pretendimos renovado por una votación ejemplar, por la escasez de incidentes graves (ni a Moreno Valle le alcanzó para empañar tan emotiva gesta cívica), a un mes ese aire sigue enrarecido por ventiscas de incordios que a nadie debieran asustar en una campaña, pero que a todos deberían alertar en tiempos normales.

Pero no. Estamos en la polarización. En el denuesta que algo queda. Estamos en ruta de acostumbrarnos a vivir en una democracia donde se festeja, por ejemplo, que periodistas pierdan sus empleos. Donde se premia la diatriba no el debate.

En una democracia donde los funcionarios que van a ser nombrados no piden -con tranquilidad y entereza, sin humillarse- una oportunidad para demostrar su valía, para probarse eficiente funcionario en la nueva era. No. El que será el empleado de todos regaña a este o aquel crítico invocando espectros ideológicos a la hora de la descalificación, tergiversando la historia de lo que nunca ha terminado de explicar. Y así el subalterno como el jefe, que ha respondido a los cuestionamientos sobre el fideicomiso del terremoto acudiendo al baúl de las descalificaciones que tan útil resultó en la campaña.

Ganó, pero no ha renovado epidermis. Y si el líder está así, el antiejemplo cunde. Se contagian de la manía por los desplantes quienes uno ha juzgado de tiempo atrás articulados críticos, tan efectivos en el argumento como en los recursos del ingenio. Pero de eso poco se ve en estos días, afanados como parecen en ganar la discusión que no solo ya ganaron en las urnas, sino que ahora deberán probar en la realidad, y en ello deberían invertir sus energías, no en pólvora para Twitter.

Cuando todo eso pasa, todos perdemos, sobre todo los ciudadanos, que es a quienes nos debemos los de la prensa (o comentocracia, si gustan) y, paradójicamente, también los políticos. Y entre estos, los que más pierden con esa actitud de estar permanentemente en campaña, están los que ya ganaron una. Esos, los que a un mes de la elección, responden a las críticas, a la disidencia, enojados.

El ex candidato de Morena, Carlos Lomelí, tiene motivos de sobra para tener exabruptos de gobernador paralelo. Él y todos los superdelegados o coordinadores estatales o representantes de Presidencia o como se vayan a llamar estos enviados del señor. Si van a representar al gobierno federal en los estados, para vigilar el buen uso de los recursos y coordinar los programas, tal como informó el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, entonces Lomelí entendió bien aunque eso esté muy mal y hasta sea ilegal.

López Obrador es el responsable de este mensaje retorcido, y el gobernador electo, Enrique Alfaro, hace muy bien en alzar la voz para defender el pacto federal y la autonomía política de los jaliscienses.

Alfaro advirtió que él no reconocerá (porque se lo manda la Constitución), una autoridad intermedia entre la federación y el estado. Pues claro. En todo caso, respetará sus tareas administrativas, pero nada de tolerar que tenga facultades de fiscalización y control político derivado de su control del gasto.

Y ya van tarde otros gobernadores. ¿A qué hora van a abrir la boca otras autoridades estatales para defender su autonomía?

Urge, aunque no todos los gobernadores tengan que lidiar con un personaje como el morenista Carlos Lomelí, al que le corrió prisa para advertir a entidades autónomas de un estado soberano que ya no les va a dar dinero federal, que él coordinará a las 83 instancias federales que hay en Jalisco (incluida la PGR, claro, ni modo que no) y que él personalmente dará un reporte diario a las 6 de la mañana sobre la seguridad en el estado.

O sea, un gobernador paralelo. La soberbia y la ignorancia de Carlos Lomelí hace quedar muy mal la propuesta de López Obrador, que tiene la buena intención (y la pésima forma) de acotar abusos locales con un mecanismo ilegal de control federal.

Lomelí, con sus exabruptos de autoridad paralela ya hizo brincar incluso los resortes constitucionales que son la letra chiquita de su posible designación. Pero tiene motivos. ¿Saben quién le dio la idea de que puede controlar al gobierno estatal a través de las instancias federales? El presidente electo. ¿O qué? Los coordinadores del gobierno federal en los estados no tendrán voz y voto en las instancias federales de cada estado? ¿Entendió mal Lomelí? ¿No puede supervisar nada de la PGR y el IMSS, los millones de pesos de los programas sociales y el pago a los maestros? ¿No son esas sus cartas para ejercer presión y control sobre el gobierno estatal?

La prisa de Lomelí está revelando, muy a tiempo, lo que los coordinadores de AMLO pueden hacer al pacto federal, por mucho que diga la Presidencia que sus facultades son respetuosas y de supervisión. Y Enrique Alfaro, por lo visto (y saludablemente) sin temor, está marcando la pauta de lo que será su relación con la Presidencia y su papel en el concierto federal. Los otros gobernadores no deben pensársela tanto; aún están a tiempo de evitar que AMLO les nombre autoridades paralelas.

Dejemos las descalificaciones huecas que en nada abonan a la evaluación técnica, seria y responsable sobre la viabilidad y la conveniencia de políticas públicas.

En esa lógica, el próximo gobierno tendría que elegir entre el programa de "Jóvenes con Futuro" o la reducción del IVA y el ISR en la frontera. Cada uno tiene un costo de 110,000 millones de pesos. Las becas para aprendices costarán eso, y Hacienda dejaría de recaudar el mismo monto por dichas reducciones. Además, es crear 2 Méxicos en términos fiscales y comerciales, lo cuál generaría externalidades muy negativas.

¿Qué medida es más urgente y útil para el desarrollo de México? A mi juicio, sin lugar a dudas, el apoyo a los jóvenes; y que los impuestos en la frontera se queden como están. Gobernar implica elegir entre alternativas como estas. No se puede todo.

Gracias a la luna de miel que disfruta López Obrador con los mexicanos, basada en su aplastante triunfo, ha podido ser cortés y hasta cariñoso con quien ha insultado a México y sus ciudadanos. Quizá si Trump endurece el tono, si regresa al encarcelamiento de niños o algo así (eso suele motivar a su base), el próximo Presidente de México o su canciller se vean obligados a responder. AMLO dijo muchas veces en campaña que él podía hacer entrar en razón a Trump. Menuda tarea. Por estas palabras será puesto a prueba.

En 1988, Andres Manuel Lopez Obrador perdió la elección para gobernador del estado de Tabasco contra Salvador Neme Castillo del #PRI. AMLO (al no obtener candidatura por el PRI) contendió por Frente Democrático Nacional, precursor del #PRD.

Posteriormente, López Obrador acusaría de fraudulentas a las elecciones e iniciaría una resistencia que incluyó la toma y bloqueo de pozos petroleros, la reconexión del servicio de electricidad a deudores morosos, y una marcha a la Ciudad de México.

En noviembre del 2015, #AMLO repitió la medida desafiando abiertamente al gobernador Arturo Núñez Jiménez con una llamada "resistencia civil", que consistió en una brigada de electricistas en 20 vehículos para recorrer el estado reconectando el servicio a quien le hubiera sido suspendido.

Ya electo presidente y después del polémico anuncio de Manuel Bartlett Díaz como titular de la CFE Nacional, López Obrador anunció que específicamente los deudores morosos del estado de #Tabasco se les habrían de liquidar sus deuda ante la #CFE.

- Luis.

Luego de que se diera a conocer que el próximo coordinador estatal de programas para el desarrollo de la Presidencia de la República en Jalisco será Carlos Lomelí, excandidato a la gubernatura por Morena, el gobernador electo Enrique Alfaro Ramírez rechazó ayer de manera categórica esta figura.

"Mi relación con el Gobierno de la República será directa con el Presidente y con sus secretarios de estado, no habrá en Jalisco autoridades intermedias simplemente porque eso vulnera principios constitucionales básicos y lastima el espíritu del pacto federal".

Por medio de un mensaje difundido en sus redes sociales, Alfaro señaló que ese cargo está fuera del marco legal y que "dotar a las delegaciones o cualquier otra figura de carácter administrativo de facultades de control, fiscalización del ingreso y gasto público federal sería una violación flagrante al orden constitucional".

Dijo que así como una gran mayoría le dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador como Presidente, por él votaron casi 1'400,000 jaliscienses el pasado 1 de julio, por lo que su próxima envestidura como mandatario estatal también debe respetarse.

Después de la jornada electoral del 1 de julio, desde el 1er. momento Andrés Manuel López Obrador empezó a actuar no como "virtual Presidente electo", sino como mandatario en funciones. Su amplísima agenda ya abordó el Tratado de Libre Comercio, la relación con Estados Unidos, un programa energético para el país, la agenda de austeridad que pretende extenderse al aparato burocrático federal y a las cámaras de Diputados y Senadores. Además, fijó su postura en torno al esperado fiscal independiente para el país y el establecimiento de coordinadores estatales para operar el presupuesto federal; los miembros de su equipo anuncian un plan de pacificación que empieza por la no penalización de la siembra, trasiego y consumo de la mariguana.

Sus propuestas no reciben aprobación unánime, sino que, por el contrario, ya se discuten en diferentes círculos, pero el futuro Presidente está en todo y ha ocupado el lugar que aceleradamente abandona Enrique Peña Nieto.

La mudanza de 30 secretarías y dependencias federales a diferentes estados costaría a la federación más de 147,805 millones de pesos de acuerdo con el Plan Nacional 2018-2024 del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La descentralización se contempla realizar en 2 etapas: una de estudios y planes de la viabilidad de las nuevas sedes y una 2a. para la construcción de nuevos espacios y la mudanza de las dependencias.

Según el Plan Nacional, tan sólo en la 1a. etapa de planeación y estudio se espera hacer una inversión de 22,805 millones de pesos. En ésta se llevarán a cabo análisis sobre las capacidades físicas de las ciudades para calificar su viabilidad y necesidades de infraestructura. También se realizarán estudios sobre los aspectos sociales y antropológicos para identificar las problemáticas a resolver en las posibles sedes, se elaborará un plan de ruta para la gestión de procesos y autorizaciones con los gobiernos locales. Y se crearán entidades coordinadoras para realizar los cambios.

La 2a. etapa, de construcción y mudanza, implicará un gasto de poco más de 125,000 millones de pesos. Se espera una inversión promedio de 45,000 metros cuadrados por dependencia entre edificación y compra equipos, sistemas, mobiliario y mudanza, entre otros. Se calculan las dimensiones de cada secretaría en 90,000 metros cuadrados.

En días pasados, Andrés Manuel López Obrador señaló que durante el 1er. año de su gobierno se tendrán las primeras dependencias laborando en otros estados. Sin especificar cuáles, precisó que serán las que tengan menos trabajadores sindicalizados. Aclaró que no existe una fecha límite para descentralizar todas las secretarías.

Al respecto de los trabajadores, López Obrador respondió que no se impondrá nada y que crearán las condiciones ideales para ellos.

El líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), José Ayala Almeida, pidió que se les proporcionen viviendas dignas, educación, servicios médicos y áreas de esparcimiento como condiciones mínimas elementales para los empleados federales. Mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SNTSemarnat) rechazó el traslado de la dependencia y de sus órganos descentralizados a diferentes estados, al considerar que el cambio traería un grave perjuicio para los trabajadores y sus familias.

Ismael Macías, investigador de la Universidad Panamericana, declara: "Es una ocurrencia descentralizar las secretarías, es un tema caro y que implica el movimiento de miles de personas. Me sorprendería que durante el sexenio de López Obrador lograra mover más de una o 2 dependencias de las más pequeñas".

Las historias del tsunami son muchas. La última que me contaron se refiere a una candidata que ese 1o. de julio se fue a dormir temprano y allá como a las 10 de la noche la fueron a despertar. Había ganado la elección para diputada. Se vistió, tan amodorrada como incrédula, y fue a la junta local acompañada de otros entusiastas. Dio un brinco para atrás frente a las actas, se tragó de golpe las aguas de su propia versión de tsunami: sí, había ganado. Evidentemente no se lo esperaba.

Algo así le pasó a Luis Guillermo Benítez, "El Químico". Era el candidato de Morena para la alcaldía de Mazatlán, Sinaloa. Hasta sus amigos le decían que "no llenaba ni un vocho". Calcularon que no ganaría en una entidad en donde PAN y PRI se han turnado el poder desde hace muchos años. Y calcularon mal. "El Químico" ganó después de décadas de trabajar (y perder, siempre perder) para la izquierda. Es fundador de Morena en esa entidad. Fue de aquel PRD que, en el norte, no le alcanzaba ni para cubrir con representantes las casillas. Pues esta vez lo alcanzó el tsunami o, para ser más precisos, fue parte del tsunami.

15 años cerca de Andrés Manuel López Obrador. 15 años resistiendo todo, hasta las burlas. 15 años haciendo de todo; hasta de chofer.

Muchos que han luchado con AMLO todos estos años estarán que no caben del gusto: un sueño vuelto tsunami; una esperanza casi perdida, transformada en una realidad.

Pero es justo allí, por esas historias, que me pregunto qué carajos tiene que ver Manuel Bartlett Díaz. Qué hace Manuel Bartlett Díaz. Qué carajos tiene él que ver con la promesa de la "regeneración nacional".

El historiador John Womack le dijo a la periodista Dolia Estévez que, sobre una izquierda histórica en México, con AMLO se ha colado la "izquierda que viene del PRI". Womack se ha quedado corto con Bartlett. Al 1er. gobierno de izquierda, creo, se le ha colado lo peor del jurásico.

No repetiré todo lo que se ha dicho del nombramiento de Bartlett en la CFE. Diré que prefiero a esa señora inexperta que se hizo diputada sin calcularlo demasiado. O a esos cientos, quizás miles, que salieron electos en las criticadas tómbolas: gente que ni en su vida se imaginaba ganar alguna elección.

O, ya puestos a escoger, prefiero a ese hombre, "El Químico" Benítez, que ha tocado puertas años y años; que marchó en 2005 contra el desafuero y que luego, en 2006, se puso de pie contra el fraude. El que no se desanimó con tantas elecciones perdidas. El que volvió a anotarse para repartir volantes y que acompañó a López Obrador a mítines a los que no asistían ni 5 personas.

Lo prefiero a él, o a la señora, o a la cantidad de inexpertos que ganaron tómbolas, que a Manuel Bartlett Díaz, célula del cáncer que ha retrasado la democracia mexicana por décadas: que el fraude electoral, que el presunto asesinato de un periodista (Manuel Buendía), que el uso de servicios de inteligencia para aplastar a opositores, que la corrupción política.

¿Qué carajos hace Manuel Bartlett Díaz en el primer gobierno de izquierda en México? Díganme, por favor, ¿qué carajos tiene que ver él, justo él, con la "regeneración nacional"?

A los políticos de Morena nadie les ha avisado que la campaña terminó. Parece que todavía no caen en la cuenta que son un partido político, no una organización no gubernamental, y que ya no son candidatos y deben comenzar a comportarse como Gobierno de la República para todos. El Presidente de la República en funciones debería estar rindiendo cuentas de su sexenio, pero López Obrador le ha ahorrado esa penosa tarea con su protagonismo mediático, cosa que en Los Pinos deben agradecer mientras hacen sus maletas y piden más deuda.

Qué diferente hubiera sido que AMLO fuera anunciando su gabinete después de ser nombrado formalmente presidente electo. Que detrás de cada decisión se pudiera percibir una reflexión seria. Pero no fue así, y los nominados siguieron el ejemplo del líder y también se han puesto a hacer declaraciones sin que medie estrategia de comunicación alguna. Que si aceptó el Papa. Que si se cancela el aeropuerto. Que si se vende el avión presidencial. Que si todas las secretarías se van a mudar a los estados. Que si los burócratas deben ganar la mitad de un día para el otro. Que si él y Trump son igualitos porque "enfrentan al establishment". Que si el enemigo ahora se llama INE. Que si la persona más honesta y capaz para dirigir la CFE se llama Manuel Bartlett.

Ninguno de estos temas refleja un gobierno que tiene un diagnóstico claro de los principales problemas del país, un equipo cohesionado y capaz, y un plan para ir tomando decisiones de manera ordenada, coherente y con objetivos específicos. Los peores vicios de la cultura política mexicana ya comienzan a asomar su horrible rostro: voluntarismo, patrimonialismo, amiguismo, nepotismo y, como lo reveló el escándalo por el fideicomiso de los sismos: opacidad, mentiras y falta de respeto a las instituciones. Un poco de silencio no hubiera estado nada mal.

El que Bartlett regrese hoy a un cargo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador demuestra que el viejo PRI no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de máscara. No hay, por otra parte, duda sobre cuál será su función en su nueva CFE, la Comisión Federal de Electricidad: echar para atrás la reforma energética que tanto combatió en el Senado, sin enmendar una vez más la Constitución. Su papel es ayudar al sistema a regresar a los tiempos del viejo PRI, el mismo que cometió el fraude electoral de 1988, un fraude para el que no había que desconectar ninguna computadora, solo recurrir a las maniobras de 1929, 1940, 1952 y tantas otras elecciones.

(V.periódico El Financiero en línea del 30 de julio de 2018).

Tatiana Clouthier Carrillo, ex coordinadora general de campaña de Andrés Manuel López Obrador, afirmó que "había mejores opciones", que Manuel Bartlett Díaz, para la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, como anunció el virtual presidente electo.

El hombre oscuro del sistema, el Sauron en la mitología de la izquierda mexicana, se hará cargo de la luz. Parece un chiste malo del presidente electo, de hecho, lo es: Manuel Bartlett Díaz, uno de los políticos más oscuros de las últimas décadas, se hará cargo de la Comisión Federal de Electricidad.

Para todos los que vivimos la elección de 1988 y particularmente para los simpatizantes de Cuauhtémoc Cárdenas, el fraude de aquella elección, la famosa caída del sistema tiene nombre y apellido. Lo peor es que Bartlett no se avergonzaba de ello, con bastante cinismo llegó a decir que el sistema no se cayó, que él mismo había pedido que lo desconectaran para que no circulara información que sería diferente al resultado final. El ojo de Sauron sabía los deseos del pueblo, y eran por supuesto los mismos que los de Carlos Salinas.

La vida da muchas vueltas; la de Bartlett dio tumbos. El mismo sistema que él ayudó a perpetuar, y que en pago por los servicios recibidos lo hizo secretario de Educación y luego gobernador de Puebla, terminó por expulsarlo. El poblano terminó así convertido en un acérrimo enemigo de los gobiernos priistas y panistas, particularmente de la política energética. Ahí comenzó su acercamiento con López Obrador que vio en él más a un aliado para su agenda de país que el enemigo que descarriló a la izquierda en 88. Al grito de lo que no es en mi año no es en mi daño, AMLO no tuvo empacho en olvidar el 6 de julio y hacer equipo con el enemigo histórico.

Esperemos que quien por su propia conveniencia política desconectó el sistema el 6 de julio de 88 no termine, por los mismos motivos, desconectando al país.

Andrés Manuel López Obrador convirtió el tema del fideicomiso de Morena para ayudar a damnificados en un veredicto moral sobre su honestidad personal y la del gobierno que encabezará.

Pero los magistrados electorales que analizan la impugnación de Morena a la multa de 197 millones de pesos que le impuso el INE tienen que decidir solamente sobre la legalidad del mecanismo.

La presión política sobre ellos es alta pero su margen de maniobra es estrecho: aceptar tal cual los argumentos de Morena podría conducir al derrumbe del aún precario sistema de fiscalización del dinero electoral del país pues todos los partidos quedarían autorizados para darle la vuelta -ahora con aval de la máxima instancia- mediante la apertura de fideicomisos diseñados y operados por sus dirigencias con la fórmula mágica de decir que son privados... y (muy importante) que tienen nobles intenciones.

Baste recordar que el mentado fideicomiso se creó 3 días después de un anuncio de López Obrador, por orden de un resolutivo del Consejo Nacional de Morena, que fue operado por sus dirigentes, alimentado por dirigentes y candidatos y que el dinero fue cobrado por operadores militantes del partido.

Así que el margen para López Obrador tampoco es mucho. Puede mantenerse como protagonista del asunto y comenzar a gastar su bono democrático, montado en su mayoría electoral y en que sus simpatizantes se muestran dispuestos a justificarle todo. O puede hacerse a un lado y dejar que Morena enfrente el caso ante la opinión pública quizá con la estrategia de admitir que se equivocaron en la ejecución de una noble idea.

Si insiste en tomar el tema como examen de su honestidad, tendrá que mantenerse enfrascado en explicaciones francamente difíciles:

1.- Si el dinero del fideicomiso no provino de las prerrogativas del partido, como afirma ahora, entonces sería falso lo que dijo durante la campaña de que estaban donando la mitad de su gasto.

2.- Si proviene de las prerrogativas, sería ilegal el mecanismo para meterlo a un fideicomiso privado y sería ilegal la entrega de dinero a los ciudadanos (electores). Es la misma manera en que se opera la compra de votos, y que históricamente el lopezobradorismo ha denunciado en sus adversarios.

3.- Si los recursos no vienen de las prerrogativas entonces su origen sería desconocido y podría ser lavado de dinero. Quedaría expuesta la ilegalidad en las contribuciones y pendiente demostrar el origen de los depósitos en carrusel (documentado por el INE hasta con videos) de 50,000 en 50,000 pesos en efectivo.

4.- En su video explicativo, López Obrador mostró unos cuantos expedientes de los beneficiados, con sus datos personales, copia de credenciales de elector, foto de la vivienda dañada. Al querer demostrar que sí lo entregaron a damnificados, documentó la entrega de dádivas, prohibida por ley a los partidos.

El INE dijo claramente a los de Morena en octubre que era ilegal el esquema que planteaban y no les importó. Pagar una multa que salga de las nutridas prerrogativas que recibirá este partido del erario tras su triunfo parece un costo bajo. Veremos si lo asumen y le quitan nubes al inicio de su 1er. gobierno. O una vez más, a sabiendas de que se trata de algo ilegal, siguen por esa ruta para ver si les genera réditos políticos (El Encino y el desafuero, la toma de Reforma, los pozos petroleros, los barrenderos de Tabasco).

La tentación de imponer decisiones por la fuerza de la sola autoridad, como la de polarizar a la sociedad en una confrontación política continua serán uno de los mayores desafíos a los que se enfrentarán las nuevas autoridades. Para contener esos afanes voluntaristas está la línea roja del límite infranqueable del que hablaba Juárez: la ley.

El federalismo es de esas palabras que de tanto enunciarse se quedaron huecas. Un concepto que está en la boca de todos, pero se vació de contenido. Una excusa o justificación para proteger ese sistema de impunidad mutua que llevan décadas jurándose presidentes y gobernadores. Un caparazón de intereses, lealtades y complicidades que borran los auténticos propósitos de un sistema federal: la subsidiariedad, la solidaridad, la coordinación, la autonomía y la protección de la pluralidad. No es una sorpresa que, en México, la defensa del federalismo no convoque a nadie.

El tiempo de los gobernadores que tuvo su apogeo con el ascenso de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República supuso la condena generalizada de los abusos del poder y la impunidad del feuderalismo a la mexicana. Desde la presidencia de Ernesto Zedillo, la descentralización financiera empoderó a los gobernadores. Los hizo súbditos del centro a cambio de grandes cantidades de dinero, impunidad garantizada y lealtad política. Los Borge, Duarte, Yarrington, no se hicieron solos. El sistema les garantizó la protección política. Un sistema federal que atiborraba a los estados de dinero, pero sin ninguna responsabilidad, ni siquiera cobrar impuestos. De un modelo así, la consecuencia natural era la aparición de gobernadores sátrapas que abusaron de su poder hasta niveles inimaginables.

Ahora, Andrés Manuel López Obrador llega al poder con el declive de la época de los otrora todopoderosos. Quitando a El Bronco, un candidato marginal en la elección presidencial, ningún gobernador peleó seriamente por la candidatura presidencial al interior de su partido. La escalera que trazó el peñanietismo se rompió y la figura del gobernador quedó manchada. Una transformación del sistema político mexicano es el inmatizable declive de los gobernadores como el animal que esculpió los enclaves autoritarios de la transición a la democracia.

Ante la situación crítica de los gobernadores, López Obrador parece haber tomado la ruta del control político. El viejo régimen siempre fue centralista. El Presidente de la República fungía como el Sol al que nadie podía contradecir. Todo giraba en torno a él. Peña Nieto quiso recomponer los viejos hilos del presidencialismo centralista y lo logró por un par de años. El ejecutivo federal centralizó mucho a través de sus reformas, pero dejó espacios de acción política a los gobernadores. Peña Nieto no quería que le sucediera como a Calderón, que tuvo un órdago permanente con los gobernadores. Aun así, los delegados, figuras anómalas que sobrevivieron al devenir democrático, servían y sirven, también, como piezas del control federal.

López Obrador entiende la debilidad de la figura del gobernador y su apuesta por los coordinadores estatales como interlocutores entre los estados y la federación es una señal inequívoca. La figura de los coordinadores estatales es sumamente problemática, coquetea con el autoritarismo y lastima la democracia. ¿En qué país federal sería admisible que un presidente pusiera a operadores estatales afiliados a su partido político, con influencia en los presupuestos federales, para condicionar los fondos que van hacia las entidades federativas? ¿No supone un paso hacia atrás en materia de la urgente democratización de las relaciones entre el Presidente y los gobernadores? ¿Es constitucional que figuras no electas por los ciudadanos, tomen decisiones sobre recursos públicos?

López Obrador ha sido ambiguo en sus mensajes acerca de la descentralización, la dispersión y el control. Por un lado, el presidente electo apuesta por la dispersión de las secretarías en todo el país, con el objetivo de generar mayor bienestar e inversiones en los estados. Entiende el presidente que el gobierno federal no es simplemente la administración de los capitalinos, sino que el pacto federal supone acercar la toma de decisiones a los estados. No hay precedente descentralizador más grande que aquella que quiere encabezar, en los próximos 6 años, López Obrador y su gabinete. Sin embargo, al mismo tiempo, López Obrador articula una red de coordinadores políticos que estarán más preocupados en construir administraciones paralelas que en contrapesar el poder de los gobernadores en los estados.

Más de alguno opina que los coordinadores estatales aparecen para evitar el bandidaje que caracteriza a muchos mandatarios estatales. Que son una especie de auditores. Fiscales ad hoc. Lo inexplicable es que alguien piense que la oposición a los gobernadores corruptos debe ser una estructura, de corte partidista, al margen de la regulación. Sorprende que ése sea el antídoto para controlar las ambiciones desmedidas de los gobernadores. Parece una excusa más que un argumento a tomar con seriedad.

Los contrapesos a los gobernadores estatales se llaman combate a la impunidad y rendición de cuentas.

Javier Duarte no hubiera podido saquear a Veracruz si no fuera por la conjunción de medios de comunicación cooptados, una sociedad civil desmovilizada, una oposición convenienciera, tribunales sometidos al ejecutivo y, por supuesto, un Presidente de la República que mira hacia otro lado. La única forma de combatir los atropellos de los gobernadores es a través de la aplicación sin miramientos de la ley; una cruzada nacional de combate a la impunidad desde las instituciones y la sociedad civil. Los coordinadores reproducen el mismo esquema de talante político que busca reservar a la discrecionalidad y la complicidad, las negociaciones que tendrían que ser públicas y democráticas.

López Obrador ha saturado a la opinión pública con anuncios bien recibidos por la ciudadanía en su mayoría y otros que exigen detalles para valorar sus consecuencias en la práctica. De la misma forma, el contexto que tiene es muy positivo: dólar a la baja, buenas perspectivas en la relación con Estados Unidos y un capital político que no deja crecer. Puede ser muy rentable pelearse con los gobernadores. Empero, la disputa tiene que ceñirse a la construcción de un sistema federal auténtico y democrático, en donde sea la ley aquella que dirima los límites y no la voluntad política o las complicidades. Bien decía López Obrador, al citar a Ignacio Ramírez: nada al margen de la ley, nadie por encima de la ley. Es tiempo de que López Obrador le haga honor a sus propias frases.

López Obrador, ahora presidente electo de México, quizá con la mayor cantidad de votos que haya recibido un candidato para su elección, tuvo un cambio radicalmente positivo en su discurso, aunque actúa y trabaja intensamente como si estuviera en campaña y no como presidente electo.

La mayoría de sus iniciativas y los planes que ha expresado son muy positivos; hay algunos puntos que debe estudiarlos a fondo para alcanzar el éxito en cada uno de los temas que ha mencionado como prioritarios y sus promesas de procedimiento; por ejemplo la austeridad, que todos los mexicanos estamos de acuerdo que se debe implementar, pero sin exageración; habló de vender todos los aviones y yo te digo Andrés Manuel, que el Presidente de México necesita un avión, no un gran avión, pero sí un avión que esté a su disposición para las reuniones o eventos importantes a los que tiene que asistir y estar puntualmente representando a nuestro país, porque es el Presidente de México, si no tendría que rentar uno para no llegar tarde y quedar mal.

También es muy importante reflexionar el tema de su vivienda, Los Pinos debe seguirse usando como sede de la Presidencia de México, donde el Presidente recibirá a los principales gobernantes de los países del mundo. México debe atender muy bien a los visitantes y estar orgulloso de su Presidente.

Otro tema importante que debe estudiarse detallada y profesionalmente es la descentralización de las secretarías. La descentralización en sí es muy positiva porque regionalizaría al país, pero se debió hacer a tiempo; ahora hay que ver la conveniencia, la posibilidad y la forma de cómo se podría cambiar una secretaría con todos sus empleados, que algunas pueden tener cientos o miles y tienen que trasladar toda la familia, proporcionarles vivienda, educación; es una cuestión muy difícil de realizar que debe estudiarse profundamente.

Y nuestro Presidente debe tener la protección adecuada, no excesiva, pero debe tenerla. No existe una garantía de que el pueblo va a custodiar y a defender al Presidente, hay muchos desquiciados que pueden cometer anomalías y posibles agresiones.

Recientemente se ha discutido sobre la continuación o no de las inversiones en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, al tiempo que se habla de la futura construcción de 2 refinerías de petróleo. En ambos casos, es indispensable entender en qué clase de negocio nos estaríamos metiendo los mexicanos, a fin de tomar una decisión que favorezca nuestras perspectivas de crecimiento económico y generación de empleo. Por ello me permito compartir unos datos que puedan enriquecer las reflexiones sobre estos temas.

La industria petrolera, y en particular la de refinación, necesita de muchos recursos, tanto técnicos como económicos, para poderse desarrollar. Además, la industria de refinación tiene muchos competidores a nivel mundial; tantos que en EU existe capacidad sin utilizar en muchas refinerías. Es una industria que cuesta mucho y deja poca ganancia.

Los márgenes de operación de las empresas de refinación, es decir el porcentaje de utilidad que queda a las empresas de todas sus ventas, son sumamente bajos. En 2017, por ejemplo, de cada 100 dólares que vendieron las refinerías de Estados Unidos, únicamente recibieron 4.90 dólares de ganancia en promedio.

En este sentido, la refinación constituye un negocio sumamente riesgoso. Imaginemos: si aproximadamente la mitad del costo de un litro de gasolina corresponde al petróleo crudo necesario para producirlo, bastaría un aumento de 10% en el precio del mismo para que esos márgenes desaparecieran. Esto último ante la dificultad que existe para aumentar los costos de la gasolina al público para mantener los márgenes.

Impulsar un negocio de refinación en México enfrentaría obstáculos adicionales. Por una parte, Pemex tiene uno de los índices más altos del mundo de número de empleados por barril producido; además su subsidiaria de Transformación Industrial, que incluye a las 6 refinerías de su propiedad, fue la que más pérdidas tuvo de toda la empresa, con casi 50,000 millones de pesos en 2017, o sea el equivalente a 100 veces el presupuesto anual de Sectur.

Otro elemento a considerar es que, mientras el costo de construir una refinería de gran capacidad como las que se plantean (de unos 300,000 barriles diarios) no es menor a 5,000 millones de dólares, hoy Pemex podría comprar una refinería similar en operación en Estados Unidos y desde ahí surtir al mercado mexicano, por menos de una quinta parte de lo que le costaría construirla desde cero.

En contraste, los aeropuertos son proyectos muy rentables en la mayor parte del mundo. Por un lado, representan un cuasi monopolio, pues sólo compiten de manera indirecta con aeropuertos cercanos, cuando son pequeños, o con otros hubs internacionales, en el caso de los grandes aeropuertos. Esto significa que los dueños de los aeropuertos pueden cobrar altos precios por sus productos.

Además los ingresos de los aeropuertos están diversificados entre servicios de transporte de pasajeros, de carga, operaciones de mantenimiento, aviación general, concesiones comerciales, estacionamientos, y muchos otros servicios. Gracias a estas características las empresas operadoras, que en muchos casos pertenecen a gobiernos, tienen márgenes de utilidad con los que una petrolera no puede siquiera soñar.

El año pasado el margen promedio de las cuatro operadoras de aeropuertos que hay en México fue de 43.3%, es decir, que de cada 100 dólares que vendieron, tuvieron una ganancia de 43.30 dólares. Casi 10 veces más que las refinerías más eficientes del mundo. Las principales operadoras europeas, por ejemplo, lograron un promedio un poco menor, pero aun así lograron márgenes de 30.2% en promedio.

Además, un aeropuerto de gran calado como el NAIM es un importante generador de empleo. El aeropuerto de Los Ángeles, California, genera más de 50,000 empleos directos, mientras que una refinería promedio genera alrededor de mil empleos.

Pienso que todo esto debe llevarnos a una profunda reflexión: ¿por qué si a un proyecto ya tan avanzado y con tantos beneficios comprobados como el caso del NAIM se le piensa poner a consulta de la población, ¿no debería haber una reflexión adicional sobre la conveniencia de invertir los recursos de los contribuyentes en refinerías de petróleo?

El 1er. párrafo del 127 [Constitucional] dice "los servidores públicos... recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función...". Irrenunciable, irrevocable, fatal. Las remuneraciones de los funcionarios están establecidas en los contratos respectivos (al igual, por cierto, que el lugar de adscripción para la prestación de sus servicios, pero ese es otro tema). Véase ahora el artículo 94 constitucional: "La remuneración que perciban... los ministros de la Suprema Corte [y otros miembros del poder judicial]... no podrá ser disminuida durante su encargo", mientras que la fracción VII del 123 establece que "para trabajo igual debe corresponder salario igual...". ¿Mantendrán las remuneraciones los jueces actuales pero se disminuirán las de los nuevos? El galimatías legal que todo ello significa no es menor, por lo que el tsunami electoral tendrá una nueva versión en la tromba de amparos que inundará las salas de los juzgados en todo el país.

Hablando de la remuneración de los servidores públicos, el mismo 1er. párrafo del 127 señala que ésta "...deberá ser proporcional a sus responsabilidades". Como para obviar este principio, los promoventes de menores sueldos para los funcionarios públicos argumentan la tesis juarista, aquella que dice que "Los funcionarios públicos... no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado". Sin estar contra el principio general, sobre todo aquello de "no improvisar fortunas ni entregarse al ocio...", habría algunas consideraciones para con esta máxima juarista.

Por un lado, el contexto es completamente diferente. A mediados de siglo XIX no había algo siquiera similar a la "competencia del mercado". No había economías abiertas ni empresas internacionales; no había muchas ocupaciones distintas a la milicia, la iglesia, la tierra o la miscelánea. Por otro lado, con el debido respeto, la frase es de Juárez gobernador, previo a las necesidades que enfrentaría más adelante como presidente de la Suprema Corte de Justicia en 1857 y presidente de la República a partir del año siguiente.

A pesar del claro concepto constitucional que da origen a nuestro país al constituirse en una Republica representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, unidos en una federación establecida según los principios de esa ley fundamental, ahora, en forma errónea, se pretende, sustituyendo a los delegados estatales de las diversas secretarías, nombrar en cada entidad federativa un "Coordinador Estatal de Programas de Desarrollo", situación que en forma alguna provocara ahorros, ya que cuando se conozca el cúmulo de asuntos que realiza cada delegación, tendrán obligadamente que contratar personal especializado para atender los diferentes asuntos que derivan de cada una de las actuales delegaciones. Pero lo preocupante es que el señor López diga que estos van a venir a administrar y controlar los recursos federales creando una figura meta-constitucional de centralismo enfermizo que solo vendrá a trastocar el concepto de federalismo y a poner en riesgo el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. El fundamento de este importante sistema consiste en la celebración de convenios de coordinación fiscal, por medio de los cuales los estados se obligan a limitar sus potestades tributarias (posibilidad de cobro de impuestos) a favor de la federación, obteniendo con ello la posibilidad de participar, vía reparto, en los ingresos fiscales federales. Actualmente, por conveniencia, la totalidad de entidades federativas, incluyendo obviamente la Ciudad de México, se han sumado a este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, lo que permite que los 2 impuestos más importantes por su recaudación, esto es, el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado sean regulados y administrados por el gobierno federal. Así mismo los impuestos reservados exclusivamente a la federación de conformidad al artículo 73, fracción XXIX constitucional, de alta recaudación tales como los aduaneros, petróleo y sus derivados, bebidas, tabacos, etc.

La propia Constitución establece que del total de la recaudación federal los estados participan en la proporción que la Ley de Coordinación Fiscal determina y los congresos locales fijan el porcentaje correspondiente a los municipios, desde el momento en que la federación los transfiere pasan a ser propiedad y responsabilidad de la hacienda estatal. Este "Sistema Nacional de Coordinación Fiscal", permite que las llamadas "participaciones federales", se articulen en base a una serie de reglas y fórmulas que lo integran estableciendo varios tipos de fondos, los cuales tienen ya un destino específico.

Lo que no está reservado expresamente a la federación y a los municipios en los términos del 115 Constitucional, le corresponde a los estados, quienes en un ejercicio de simplificación administrativa aceptaron, insisto, por conveniencia, permanecer en este Sistema Nacional. Las llamadas "participaciones federales" no son un favor, sino el sano equilibrio del convenio celebrado entre la federación y las entidades federativas, del que Jalisco puede retirarse si no se le entregan dichas participaciones en los términos de la ley, al ser un estado libre y soberano y ningún Presidente de la República puede imponerle un virrey que venga a decir que hacer con el dinero que le corresponde a nuestra hacienda estatal y esta a su vez debe entregar, sin "coordinadores" de por medio, lo que le corresponde a los municipios que son también independientes, y mucho menos a fiscalizar su ejercicio, ya que el competente para esta función es precisamente la Cámara de Diputados por conducto de la Auditoría Superior de la Federación.

Durante la larga dictadura de Porfirio Díaz, la centralización política retrasó a nuestro país en 27 años, las jefaturas políticas porfiristas, similares a las que ahora se pretenden, solo degradaron la vida municipal y humillaron la soberanía de los estados, el llamado jefe político, ahora "Coordinador Estatal de Programas de Desarrollo" tenía más poder real que los gobernadores y munícipes, lo que rompía la Unión Federal, incrementando la arbitrariedad y el despotismo.

Existe una gran perversidad política al nombrar a los contrincantes perdedores de algunos gobernadores como en el caso de Jalisco, donde, con cero tacto político, nombra al candidato perdedor de Morena, Carlos Lomelí, permitiéndole en grave perjuicio del estado hacer revanchismo político y grillar al tratar de establecer un gobierno paralelo al constitucional, disponiendo ilegalmente de las participaciones federales, terminando de facto con nuestro sistema federal.

Los gobiernos tienen aviones especiales para sus gobernantes por razones de seguridad, pero también de comunicación. Un avión presidencial debe estar bajo una salvaguarda especial para evitar atentados. El jefe de gobierno requiere, además, mantener abiertos en todo momento los canales de comunicación con funcionarios y gobernantes locales y de otros países. Un avión presidencial permite que el presidente tenga presencia constante en todo el país, que pueda asistir, por ejemplo, a 2 o 3 reuniones en un mismo día en distintos puntos del país. Además, las comunicaciones desde un avión presidencial están protegidas para su confidencialidad.

Vender el TP-01 no necesariamente generará ahorros. El Boeing 787 Dreamliner que actualmente utiliza el Presidente tiene una configuración especial que no corresponde a una aeronave comercial. Ciertamente no lo comprará Trump, cuyos aviones no solo son mayores, sino mucho más equipados. Si se vende, habrá una pérdida, pero además se incrementarán los gastos de transporte y los problemas de logística de la Presidencia.

El problema para López Obrador es que ha quedado atrapado en sus propias promesas. Tanto afirmó en campaña que vendería el avión presidencial que "no tiene ni Obama", que no puede quedarse ahora con él, aunque salga más caro y se pierda eficiencia. Lo triste es que tarde o temprano será necesario comprar otro avión.

De acuerdo a una investigación realizada por el INE, el fideicomiso "Por los Demás", creado por legisladores, militantes y simpatizantes del partido Morena para donar dinero a damnificados por los sismos de septiembre pasado, acreditó cabalmente, incluso con pruebas audiovisuales (videos), que recibió aportaciones de origen desconocido por más de 44 millones de pesos en efectivo, violando la ley electoral y las normas del propio fideicomiso.

El dinero (donado para ayudar damnificados) fue sacado del fideicomiso y repartido en efectivo entre operadores de Morena, quienes viajaron por el país con el recurso para repartir "en mano" millones de pesos a "los damnificados" que elegían a partir de un padrón elaborado por los integrantes del partido.

Pero todo esto que parece algo menor o irrelevante, no lo es, y menos si viene de quienes ganaron la elección basados en promesas de honestidad y combate a la corrupción.

Si Morena, sus dirigentes, militantes o candidatos electos cometieron algún ilícito, todos ellos y sus simpatizantes los niegan a pesar de las pruebas, los justifican argumentando un fin superior o los minimizan comparando estos ilícitos con otros mucho mayores cometidos en el pasado por funcionarios y partidos políticos rivales. En palabras utilizadas por el propio AMLO en su campaña, los delincuentes de Morena son "niños de pecho" comparados con los del PRI-AN.

Los seguidores, militantes y simpatizantes de "MORENAMLO" se sienten bien porque tenemos ahora, según ellos, corruptos de poca monta. No entienden que las ilegalidades y transgresiones deben ser reprochadas y castigadas por igual, independientemente de su envergadura.

Frente a ilícitos de cualquier tipo, lo único que debe ajustarse proporcionalmente es el tamaño del castigo, pero la indignación debe ser la misma.

AMLO y sus seguidores quieren, buscan y piden apoyo incondicional. Pero a nadie se le da apoyo incondicional, ni siquiera a un hijo. Los apoyos incondicionales no deben existir. Un apoyo se compromete con al menos 2 condiciones irrenunciables: cumplir la ley y apegarse a determinados principios éticos y morales que garantizan los derechos de las personas y permiten una convivencia armónica y pacífica entre todos.

La manera sana y constructiva de depositar nuestra confianza y votos en una persona, en un partido o en una causa, es hacerlo siempre condicional, de manera que cuando esas condiciones se incumplan tengamos los elementos necesarios para reclamar, reprender y en su caso castigar.

Así sea nuestro hijo, así sea nuestro líder, nuestra institución o nuestro partido. De otra manera pasamos de ser padres de familia, militantes o simpatizantes a cómplices.

La negación a ultranza por parte de los militantes de Morena y del propio AMLO de las violaciones a la ley cometidas durante el proceso electoral le resta legitimidad y autoridad moral al Movimiento de Regeneración Nacional que promovieron y se comprometieron a lograr.

Lo mejor que podría hacer Morena y sus simpatizantes es reconocer de buena gana lo malo que hicieron y pagar las consecuencias. Eso lejos de debilitar, fortalece y da comienzo a la creación de una nueva clase política que enseñe con el ejemplo lo que con palabras han dicho: Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie.

Una de las habilidades que todo político debe poseer es la de saber decidir sobre qué batallas debe enfrentar directamente y cuáles otras tienen que ser asumidas por sus colaboradores cercanos para evitar un desgaste innecesario, más aún cuando se trata de aquel que está por asumir la máxima investidura de la nación. Es este el caso de Andrés Manuel López Obrador, quien al obtener una arrolladora victoria electoral y presentarse ante la opinión pública como un líder conciliador capaz de evitar la soberbia de un triunfo inobjetable, reacciona de manera imprudente ante dos eventos que no ponen en riesgo la legitimidad del resultado en las urnas.

Y es que tanto el tema de Puebla como el del fideicomiso Por los Demás, son ejemplos claros de incidentes cuya intensidad política está determinada por la mayor o menor intervención del inminente presidente electo. En el caso poblano, las protestas por las irregularidades existentes incumben directamente al candidato morenista Miguel Barbosa y a la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, quienes junto con Horacio Duarte, representante del partido ante el INE, son los encargados de armar la defensa del caso y la protesta ante lo que consideran una injusticia electoral.

De igual forma, el asunto del fideicomiso, que involucraría al López Obrador presidente de Morena, tendría que ser separado, en términos de responsabilidad política y jurídica, del hoy presidente casi electo. Es lo que sucedió con Vicente Fox y los llamados Amigos de Fox, o el caso Monex con Enrique Peña Nieto. El discurso descalificador y ofensivo de Andrés Manuel hace retroceder al virtual Presidente de la República a la categoría de candidato en búsqueda de ganar una elección en la cual ya obtuvo un resultado exitoso en toda la línea.

Si la contienda en Puebla se resuelve en contra del candidato de Morena, o si el Tribunal Electoral aplica la multa de 197 millones de pesos al partido por mal utilizar un fideicomiso, estas decisiones serán magnificadas por una débil oposición en la medida en que López Obrador se involucre de manera significativa en contra de la determinación de la autoridad electoral. No son estas las batallas en las que el nuevo presidente necesita participar para arrancar su administración con un nuevo "estilo personal de gobernar".

Además, asumir personalmente el manejo del fideicomiso podría llevarlo a su 1er. choque innecesario con autoridades judiciales, en un intento absurdo de medir fuerzas entre 2 poderes de la república. Es obvio que la tentación por asumir el poder absoluto por parte de un ejecutivo que tiene el control del congreso federal y muchos de los locales, le da al nuevo presidente manga ancha para cuestionar a las autoridades electorales y, de así quererlo, sustituirlas con su mayoría parlamentaria.

El equipo de gobierno en su conjunto tendrá entonces la obligación de jerarquizar prioridades tanto en el terreno estrictamente político como en el económico, manteniendo los pies en la tierra. Los temas del aeropuerto, reducción de burocracia, traslado de secretarías, construcción de refinerías y otros más, deberán de ser confrontados con la lógica política de resistencias reales, y la viabilidad presupuestal que haga de esos cambios opciones rentables para el funcionamiento de la administración pública y los servicios que presta a la ciudadanía.

No se puede partir del principio de que hay que destruir al país para hacer otro nuevo, ni suponer que las fórmulas usadas de manera ineficiente en el pasado pueden actualizarse al mundo actual. Hay que saber jerarquizar y de la misma forma administrar el enorme poder ganado en las urnas.

Cuando el presidente electo de México afirma que no existió ninguna estrategia de desviación de los fondos que su partido recabó para ayudar a los damnificados del terremoto, asumo que dice la verdad. El tema es saber si está en lo correcto. ¿Cómo meter la mano al fuego por los 2os., 3os. y 4os. círculos por los que pasó el dinero que fue retirado de las cuentas bancarias del fideicomiso para ser entregado a las víctimas?

En última instancia, el retiro de dinero en efectivo violenta los reglamentos que las autoridades electorales imponen a los partidos políticos. De allí la multa equivalente a 197 millones de pesos impuesta en contra de Morena por el INE (alrededor de 10 millones de dólares). López Obrador reaccionó en cuestión de horas y acusó a las autoridades electorales de incurrir en un acto de venganza política en contra de su organización.

El incidente es un laboratorio de lo que puede suceder después. Ya ocurrió cuando fue alcalde de Ciudad de México: miembros de su grupo político (René Bejarano y Gustavo Ponce) fueron denunciados por aceptar cohechos y él respondió como ahora, atribuyéndolo a una agresión inventada por sus enemigos. Respondió como responde un combatiente en el campo de batalla: devolviendo el golpe, contratacando. Sin plantearse si el enemigo tenía la razón o si las evidencias en contra de su equipo eran ciertas. A López Obrador le bastó creer que tenía la razón moral, que estaba en el bando correcto de la historia, es decir, del lado de los pobres. Lo demás salía sobrando. A la postre, la contundencia de los hechos le obligó a cuestionar a los personajes, aunque tibiamente.

Tarde o temprano habrá actos de corrupción en su gobierno. El presidente electo tendrá que decidir si sigue actuando como un líder de la oposición acosado por sus enemigos o como mandatario de México, por encima de todas las facciones y con la responsabilidad de atacar la corrupción allá donde la haya.

La nueva realidad política mexicana está dibujando los años que se vienen con la Cuarta Transformación de la República prometida por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Este martes, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, no aguantó la presión pública alimentada por López Obrador. Frente a la acusación de que la multa contra Morena por opacidad e irregularidades en el fideicomiso que creó para ayudar a los damnificados de los sismos del año pasado era una "vil venganza", hizo un control de daños. En un mensaje a la opinión pública dijo lo que ya había dicho el INE la semana pasada, de que la multa no implicaba un financiamiento ilegal de campañas electorales, ni afectaba el resultado electoral. Pero el hecho en sí mismo fue un acuse de debilidad.

La multa a Morena no fue animada por ánimo de venganza, pues el INE no tiene filias ni fobias, dijo Córdova, quien planteó un diálogo con López Obrador y abrir canales de comunicación fluida. El INE no rectificó la esencia de la multa, pero el fraseo utilizado por Córdova mostró lo lastimados que quedaron ante la forma como los leales a López Obrador los apabullaron. Morena violó la ley al omitir el criterio para que los partidos pudieran ayudar a los damnificados, que era que la cantidad deseada fuera devuelta a la Tesorería de la Federación, con la petición de que se destinara a la ayuda de los damnificados. Todos los partidos lo hicieron salvo Morena, pero la multa podría ser rechazada por el Tribunal Electoral al no haber sido una investigación exhaustiva ni determinar si se trató de un financiamiento ilegal a las campañas, abriendo la puerta para que falle, como dice Morena, que se trató de un fideicomiso privado.

Los detalles jurídicos aquí sintetizados, salvo en su conclusión, son irrelevantes en el campo de batalla de las percepciones. Usualmente, quien usa mejores sofismas gana la discusión de la arena pública, sobre todo en una como la mexicana. En la realidad del México actual se debe incorporar el elemento más disruptivo en la discusión pública, el creciente descrédito de las instituciones versus la creciente aprobación y legitimidad de quien las ha criticado y se ha mantenido aparentemente al margen de ellas. Desde 2006, recuerda Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, las instituciones han venido a la baja y López Obrador al alza.

Una encuesta de Consulta Mitofsky en febrero sobre la confianza en las instituciones mostró una tendencia a la baja de la mayoría. Sólo 3 subieron (universidades, Iglesia y fuerzas armadas), 5 se mantuvieron en la media (CNDH, estaciones de radio, medios de comunicación, empresarios e INE), y 9 mostraron tendencia a la baja: bancos (5.9 de una calificación máxima de 10), cadenas de televisión (5.7), Suprema Corte de Justicia (5.6), senadores (5), Presidencia (4.9), policía (4.8), diputados (4.8), sindicatos (4.6) y partidos políticos (4.4). Un informe de la CEPAL sobre perspectivas económicas para 2018 y confianza en las instituciones, reflejó la caída de la credibilidad en el gobierno de 43% en 2006, a 28% en 2016.

Se entiende la vulnerabilidad en la que se encuentran las instituciones y la forma como están reaccionando. La actitud pública de Córdova es un botón de muestra del comportamiento que están teniendo los actores públicos. El videoclip donde varios miembros del Consejo Mexicano de Negocios buscaron congraciarse con López Obrador a días de la elección presidencial, y la sumisión de varios medios y comentaristas ante el candidato triunfador, habla de cómo han preferido doblarse antes que incomodarlo.

Hoy en día, nadie va a vencerlo con ideas y argumentos, pero la claudicación no contribuye a enriquecer el debate. El silencio cómplice o el miedo, ayuda a la instauración del autoritarismo, que facilita un poder absoluto como el que tendrá López Obrador. Hay que discutir posiciones y confrontar ideas en la arena pública, que luchen contra percepciones construidas sobre las realidades alternas, sofismas o medias verdades, que se anidan en las redes y los medios convencionales, para contribuir también a un mejor gobierno. Dar la batalla en este campo es una obligación de todos, para que la nueva realidad mexicana no sea deforme ni disfuncional.

Vale la pena recordar el credo de Adolph S. Ochs, escrito en 1896 poco después de adquirir The New York Times: "El objetivo es dar las noticias... imparcialmente, sin favores ni temores, sin importar partidos, sectas o intereses, para hacer de sus columnas un foro de consideración de todo aquello de importancia pública". No es una mala idea para la era de la Cuarta Transformación de la República.

Leo que Carlos Lomelí, próximamente coordinador estatal del gobierno lopezobradorista, advierte que la Universidad de Guadalajara no recibirá más recursos federales hasta que no transparente los que tiene. No importa si el planteamiento es correcto o no, lo que es grave es que considere que es él quien puede advertirle a una universidad estatal sobre los recursos que aprueba el poder legislativo. No, Lomelí debe comprender que sus canicas no le alcanzan para eso, ni considerando la mayoría de Morena en la cámara federal. Él no es ni el coordinador de la bancada ni legislador ni jefe ni representante electo de nada. En el momento en el que un funcionario federal pueda hacer cumplir esas advertencias a una entidad autónoma de un estado soberano, estaremos en serios problemas.

No se cansa de decirlo Andrés Manuel López Obrador. El pueblo es sabio, tan sabio que puede decidir en una consulta la suerte del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, un proyecto en el que se han comprometido ya 140,000 millones de pesos y que implicará un compromiso financiero de cerca de 200,000 millones de pesos cuando concluya el actual gobierno.

"Es un asunto importante, delicado, implica tomar decisiones que reclaman miles de millones de pesos de presupuesto público -declaró López Obrador el 23 de julio-. Entonces, para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. La tónica del nuevo gobierno va a ser consultar, preguntar, porque el pueblo es sabio".

No es la única vez que López Obrador lo ha señalado. Cuando Morena escogió después de una encuesta a Cuauhtémoc Blanco como candidato al gobierno del estado de Morelos, en enero de este 2018, el tabasqueño explicó: "El pueblo es sabio, sabe lo que le conviene". En marzo, el candidato apuntó: "Se equivocan menos los ciudadanos que los políticos. El pueblo tiene un instinto certero, es sabio... La democracia es el poder del pueblo... En la democracia es el pueblo el que manda, el que decide".

Las opciones que propondrá en la consulta sobre el aeropuerto son continuar con el proyecto con financiamiento público y privado, como se está haciendo en la actualidad; concesionarlo completamente al sector privado, es decir, privatizarlo; o construir dos pistas adicionales en el aeropuerto militar de Santa Lucía y operarlas de manera simultánea con el actual aeropuerto.

Supongo que el pueblo sabio está consciente de los problemas de navegación aérea, de las rutas de emergencia en casos de aterrizajes abortados, de los patrones de vientos, de los usos y necesidades de un aeropuerto militar y de los requisitos para construir un hub internacional competitivo de conexión de vuelos que pueda generar miles de empleos adicionales para los mexicanos. No entiendo por qué los gobiernos anteriores tuvieron que contratar a costosas consultoras especializadas, como la estadounidense Mitre, para hacer los estudios técnicos, ni por qué hacen este gasto los países, estados o ciudades que construyen nuevos aeropuertos en el mundo. Tan fácil que es consultar al pueblo sabio.

Sorprende que López Obrador no haya pensado en someter a una consulta pública su propuesta de despedir al 70% de los trabajadores de confianza del gobierno o, más aún, la de dispersar las oficinas de las dependencias federales en distintas ciudades del país. ¿No son éstos también temas delicados e importantes? ¿Por qué en este caso sí puede un político, como López Obrador, tomar la decisión de manera personal? ¿Será que lo que diga mi dedito es una forma de realizar una consulta popular? ¿No habría que someter también a consulta los 7 proyectos prioritarios de infraestructura que López Obrador ha prometido? ¿Y por qué no los impuestos? La democracia, finalmente, es que el pueblo sabio decida.

No entiendo tampoco por qué López Obrador acudió a un especialista de Médica Sur cuando sufrió un infarto al miocardio en 2013. Habría sido mejor que le preguntara al pueblo sabio. Un cardiólogo privado seguramente no puede ofrecer un mejor tratamiento que el de la sabiduría popular.

No es lo mismo para una institución enfrentar la ira de un candidato perdedor molesto con el árbitro que enfrentar el enojo de un candidato ganador en camino a tomar el poder.

Andrés Manuel López Obrador nunca ha reconocido el resultado de una elección que haya perdido, pero suele ser conciliador cuando gana. En este 2018 ofreció un reconocimiento una vez que triunfó, pero su bonhomía se ha vuelto ira después de que el INE anunció una multa de 197 millones de pesos a Morena por irregularidades en un fideicomiso para ayudar a los damnificados de los sismos de 2017.

López Obrador y Morena anunciaron en la campaña que donarían la mitad de sus prerrogativas a damnificados, pero se les advirtió que eso sería una ilegal compra de votos. En lugar de usar las prerrogativas, el Consejo Nacional de Morena creó un fideicomiso manejado por directivos de Morena que recibió aportaciones en efectivo y de empresas, ilegales para un partido político. El fideicomiso emitió cheques a favor de directivos de Morena, quienes supuestamente entregaron el dinero a los damnificados. Jurídicamente, el caso es claro. La votación en el Consejo General del INE fue contundente: 10 a favor de la multa y solo 1 en contra.

López Obrador, sin embargo, enfureció. Afirmó que la multa era una "vil venganza" del INE y Hacienda. "Complot, eso sí calienta", dijo. El INE reiteró su disposición al diálogo dentro del marco legal y celebró que Morena haya decidido acudir a la vía institucional, al Tribunal Electoral, para impugnar la multa.

Si tras su derrota electoral en 2006 López Obrador mandó al diablo a las instituciones, en este 2018 dio a conocer un video en el que señalaba: "Yo no odio, pero no olvido; perdono, pero no olvido". En boca de quien será presidente, estas palabras suenan a una inquietante amenaza.

Desde hace casi 20 años, todas las críticas o discrepancias con las ideas y las políticas de Andrés Manuel López Obrador han sido respondidas con insultos, amenazas, linchamientos virtuales y, en ocasiones hasta ahora mínimas, con agresiones físicas. En aquél entonces se hacía por medio de correos electrónicos o llamadas telefónicas. Hoy la agresión, el hostigamiento y la intolerancia se da de manera más rápida y sin intermediario alguno, se da en las redes sociales. En aquél entonces se realizaban los atropellos contra políticos y periodistas, un fenómeno que, quizás por la transversalidad de la información actual, se ha extendido hacia toda la sociedad, en todos los estratos y demografías, que muchas veces convierten la arena pública virtual en un patíbulo.

La temporada de caza contra quienes piensan distinto a López Obrador abrió hace mucho y se ha intensificado. Tras la multa del Instituto Nacional Electoral a Morena por haber realizado operaciones financieras irregulares en un fideicomiso pensado para ayudar a los damnificados de los sismos de septiembre pasado en 8 entidades del país el jueves pasado, la frecuencia de insultos y amenazas que recibieron a través de las redes durante menos de 72 horas, fue mayor a la que se tuvieron, en total, durante los 11 meses que duró el proceso electoral. Quien organizó la elección donde arrasó López Obrador, perdió su aurea de árbitro imparcial para convertirse en un instrumento de los poderosos para lastimar al próximo Presidente de México. A partir de ahí de un tweet de López Obrador donde acusó al órgano electoral de una "vil venganza", la hoguera se extendió.

Arturo Sarukhán, un educado y fino diplomático mexicano que fue embajador de México ante el gobierno de Barack Obama, actualmente consultor en Washington, escribió en su cuenta de Twitter poco después que López Obrador dio a conocer el contenido de la carta que envió al presidente Donald Trump: "El último párrafo de la carta (de) AMLO a Trump no va a caer muy bien en el Partido Demócrata; se nos sigue olvidando en MX el peso/papel que juegan en Congreso en temas comerciales (eventual aprobación TLCAN), migratorios (defensa Dreamers, rechazo muro) y en ciudades/estados clave para MX". Un anónimo, "Alexander chvpacieco", le respondió: "(SARUKHAN)) Duermes y sueña con el globalismo. Traidor a su país, Israel, asco de persona!". El ex embajador comentó: "Nomás las chuladas con tufo antisemita con las que uno se topa... a bloquear en automático".

Isaac Katz, un respetado economista del ITAM, reprobó en su habitual columna de los lunes en El Economista la propuesta de López Obrador para descentralizar las secretarías de Estado, por lo que le cayó una lluvia de insultos. "En los 23 años que llevo escribiendo en @eleconomista critiqué muchas de las decisiones de política económica de Zedillo, Fox, Calderón y Peña y nunca recibí por ello algún insulto", apuntó en Twitter. "Por las críticas que he vertido sobre algunas de las propuestas de AMLO, eso ya cambió. De miedo". Para confirmar su pesimismo, "Soy una Pinche Pistola", otro francotirador agazapado en el anonimato, espetó: "A este pendejo mentiroso no le gusta la discordancia porque cuando lo dejas en evidencia como el pendejo que es en sus análisis del precio de la gasolina en Estados Unidos en relación al de México responde con descalificaciones así que pseudointelectual: aguante la verga".

Alicia Alarcón, tuitera de años, recibió varios mensajes que resumió en un mensaje: "'Ya ganamos'. 'Cállate y guarda tu ardor'. 'Dilo sin llorar'. 'Cuando AMLO gobierne, acabarás en el paredón'. Eso y otras finuras me han dicho. Y no. No es ardor. Les di el beneficio de la duda casi 3 semanas. Pero son el PRI reloaded. Con todo y paredón". El beneficio de la duda fue breve, el de la transición tersa que se rompió mediante el tweet de López Obrador, sobre la multa del INE. Su palabra fue un llamado a las armas virtuales. El próximo Presidente de México elevó su crítica y se refirió por nombre al periódico Reforma y a los consejeros electorales Ciro Murayama y Marco Baños. Los señaló, como en otros tiempos se señalaba a quienes no pertenecían a su raza y los estigmatizaba. Una vez más, los buenos y los malos, los fieles y los infieles.

Estos son días que recuerdan la película de Ingmar Bergman, "El huevo de la serpiente", que narra la degradación de la sociedad alemana por la crisis económica y la emergencia de líderes carismáticos. "Todos tienen miedo y yo también", dice un inspector de policía que investiga un suicidio en la película. "El miedo no me deja dormir, nada funciona bien, excepto el miedo". En ese entorno se empiezan a incrementar los ataques de las turbas nazis contra los judíos, sin que nadie trate de impedirlos. La película está llena de tomas oscuras donde aflora el temor generalizado y la indiferencia, que siembra la semilla del Holocausto que vendría.

Aquí viviendo momentos análogos. Las condiciones socioeconómicas no son como la Alemania de Weimar, pero la gente dice sentirse como si lo fueran. Las turbas virtuales están cazando voces críticas, sin que nadie trate de impedirlos. Los señalamientos claros de López Obrador parecen incipientes triángulos amarillos cosidos en la ropa para estigmatizar. ¿Cuánto falta para que de la palabra se salte a lo físico? La tolerancia a quien disienta es inexistente. No hay diálogo, no hay contraste. El pensamiento único es lo único. López Obrador, detonador involuntario de radicalismos intransigentes, tiene una responsabilidad para sosegar su tigre virtual. Sólo él puede apaciguarlo, y no puede decir que no puede controlarlo.

Una reunión de 4 de los 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el diputado electo de Morena Porfirio Muñoz Ledo, desató el enfrentamiento entre los árbitros finales de la contienda electoral.

Los 3 magistrados que no fueron invitados son a los que se considera más alejados de las posturas de ese partido: Felipe Fuentes Barrera, Jose Luis Vargas Valdez y Mónica Aralí Soto Fregoso.

Se enteraron del encuentro por la cuenta de Twitter de Muñoz Ledo cuando informó que estaba en reunión con la presidenta del TEPJF, Janine Otálora, para "hacer una evaluación y reflexionar sobre la pasada elección federal".

Entre los temas pendientes en el tribunal están la declaratoria de validez de la elección presidencial, las impugnaciones a la elección en Puebla y las del Partido Encuentro Social (PES), que perdió el registro al no obtener el 3% de la votación y maniobra en busca de recuperarlo.

Son precisamente los recursos del PES los que detienen la declaratoria de presidente electo de Andrés Manuel López Obrador.

Después de escuchar el informe de los asistentes a la reunión con Muñoz Ledo, entre los magistrados no convocados se habló de una operación de Morena para rescatar al PES, el partido confesional que junto con Morena y el PT formó la coalición Juntos Haremos Historia.

La ruta es polémica. El PES pide que el tribunal "reinterprete el concepto de votación válida emitida" y elimine los casi 3 millones de votos del candidato independiente Jaime Rodríguez "El Bronco" para que suba su porcentaje.

A las cifras finales de los comicios se restan los votos nulos y los emitidos por candidatos no registrados. Si se eliminan también los de "El Bronco" de esa ecuación, el PES subiría del 2.7 a 2.9%. De un jalón quedaría a 30,000 votos de recuperar el registro, en lugar de los más de 110,000 que le hacen falta ahora.

No está claro bajo qué sustento, más allá de su conveniencia política, se haría la maniobra.

La solicitud la hizo el PES al INE, el 5 de julio, en forma de consulta para que, al obtener respuesta negativa -como ocurrió- pudiera impugnarla ante el tribunal, con cuyos miembros ya cabildeaba. La impugnación entró el sábado pasado, 3 días después de la reunión con Muñoz Ledo.

Aun si lograran esa forzada reiterpretación de la ley, al PES le faltarían 31,285 votos para salvarse. Y seguir recibiendo financiamiento público.

La solución es lograr que se anule el mayor número de casillas posible de las 15,324 que impugnó. No es broma: el PES, en acuerdo con Morena y su líder, impugnó la elección presidencial que ganó su candidato. El argumento es que hubo un mal conteo de los votos en favor de López Obrador porque hay decenas de casillas en las que el PES aparece con cero votos por lo que pudo ser que los ciudadanos tacharon su logotipo junto con el de Morena o el PT y esos votos no se dividieron entre los partidos.

El líder del PES, Hugo Erik Flores, ha acudido en varias ocasiones a reunirse con López Obrador.

Según la versión del equipo de Muñoz Ledo, tras la reunión la presidenta del tribunal "se comprometió a hacer todo lo posible para adelantar el fallo y hacer la declaratoria de Presidente electo lo antes posible".

Para no esperar hasta el límite legal del 6 de septiembre, las impugnaciones del PES tendrán que resolverse con celeridad.

El nuevo gobierno se dispone a hacer lo que tanto condenó: fabricar desde el poder mayorías a modo en un ente autónomo para que "reinterprete" la ley y salve el dinero de su partido aliado. Y el suyo también: son los mismos magistrados que decidirán si se sostiene la multa de 197 millones de pesos a Morena por el fideicomiso para los damnificados.

Carlos Urzúa, quien será secretario de Hacienda a partir del 1 de diciembre, enfrenta uno de los retos más importantes de la próxima administración: dar viabilidad a las propuestas y proyectos de AMLO.

El lunes se presentaron 7 proyectos de infraestructura prioritarios, que van a requerir recursos fiscales.

Previamente se habían planteado programas como el de apoyo a los jóvenes y a los adultos mayores, que también demandan recursos.

Y hay otros que no se presentaron pero que se han enunciado, que requieren mucho dinero, como el tren México-Querétaro o la reconfiguración de refinerías y la construcción de 2 más.

Así que Urzúa debe encontrar dinero para todo ello, sin aumentar impuestos, quizá perdiendo ingresos por el menor IEPS a las gasolinas, perdiendo recursos del IVA en la frontera, y sin pedir más préstamos, para mantener la disciplina fiscal.

Urzúa es un hombre capaz, serio, honrado, dedicado, y que va a hacer todo el esfuerzo posible para lograr encontrar el dinero que se necesita. Pero tampoco es un mago. No puede aparecer milagrosamente cientos de miles de millones.

A propósito de este desafío, Sergio Luna, economista de Citibanamex, publicó ayer un texto que titula: 'El enigma de diciembre'.

En una de las partes sustantivas del análisis, evalúa que los ahorros que realmente pueden conseguirse por efecto de reducciones de sueldos y plazas, así como por consolidación de compras, andarían en 121,000 millones de pesos anuales.

En su evaluación, los fondos adicionales requeridos por los programas sociales anunciados serían de 220,000 millones de pesos.

Sería casi inevitable incurrir en un mayor déficit público.

En ese cálculo, por cierto, faltan los fondos para los programas de infraestructura, en donde no habría requerimientos sólo si se concesionan en su totalidad al sector privado, lo que se ve poco probable. Así que las necesidades financieras reales quizá sean de varios cientos de miles de millones de pesos.

El discurso público de López Obrador y el equipo es que habrá por lo menos 500,000 millones de pesos liberados por eficiencias en la asignación del gasto y eliminación de la corrupción.

Independientemente de las estimaciones, la realidad es que nadie sabe bien a bien de qué tamaño será el monto de recursos que podrán reasignarse por las razones referidas. Una visión mucho más conservadora dice que este monto quizá sería más prudente.

El análisis de Citibanamex es revelador al señalar que quizás es la prudencia de las empresas que cubrieron sus compromisos en dólares desde hace meses, más que un gran entusiasmo con el virtual presidente electo, lo que ha permitido una relativa estabilidad cambiaria.

Y, por lo mismo, esa circunstancia podría estar en juego en los próximos meses.

El doctor Urzúa, matemático y poeta, pero también exfuncionario público, sabe que probablemente se vaya a convertir en el personaje más impopular del gobierno de López Obrador.

Deberá decir que no a sus colegas en el gabinete; deberá meter más presión a los contribuyentes; castigar a los burócratas, y quizás, con todo y todo, quedarse a medias en sus objetivos.

Si hay un personaje clave para la próxima administración, será él.

No es casualidad que será el único secretario que, al igual que el presidente, despachará en el Palacio Nacional.

La creación de la figura de Coordinador de Recursos Federales en las 32 entidades del país ha caído como una tromba en día soleado. Nadie, absolutamente nadie lo esperaba. Estos personajes que en teoría sólo le responderán al futuro presidente Andrés Manuel López Obrador, están rodeados de un aura de poder casi ilimitado, tanto que ya se les conoce como "los virreyes".

Los análisis circulan con profusión, y advierten desde la pérdida del poco federalismo que se había logrado a partir del sexenio de Ernesto Zedillo, hasta el avasallamiento de los gobiernos estatales, al más puro estilo del presidencialismo omnipotente del PRI monolítico.

Pero mientras ocurren estas discusiones entre académicos y teóricos del poder, quienes deben resolver de inmediato cómo van a adaptarse al nuevo sistema de administración son los gobernadores en funciones... y los mandatarios entrantes. En este último caso se encuentra Enrique Alfaro Ramírez, gobernador electo de Jalisco.

Su discurso de cambio, el proyecto de la refundación, parecen haber perdido sentido y significado desde que el pasado viernes 20 de julio se presentó Carlos Lomelí Bolaños, investido ya como el futuro coordinador, con todas las confianzas de Andrés Manuel López Obrador y con la misión, en sus propias palabras, de "administrar los recursos que llegan de la Federación, para que no sean utilizados en otra cosa".

El de Jalisco es un caso de excepción porque además de que la presencia de este coordinador golpea directamente los planes de Alfaro Ramírez, resulta que fue su contendiente por la gubernatura en la elección. A Lomelí lo respalda no sólo la voluntad de López Obrador, sino también el hecho de haber sido el segundo más votado entre los candidatos por el gobierno jalisciense. Imposible no recordar que ambos políticos intercambiaron entre sí ofensas verbales, amenazas de meterse mutuamente a la cárcel y presentación de denuncias.

Alfaro, que a la fecha está de vacaciones, no ha hecho pronunciamiento público sobre el futuro funcionario destinado a controlar y tener autoridad sobre las 83 delegaciones y subdelegaciones del gobierno de la república instaladas en Jalisco.

En cambio, Lomelí sí se ha referido al futuro gobernador: "No me ha buscado, no se ha comunicado conmigo" me dijo directamente, "pero las elecciones ya pasaron. Estoy en la mejor disposición de tener una relación constructiva con él, en beneficio de los jaliscienses".

Se escucha bien, ¿no? Pero Lomelí Bolaños advierte, también, que su facultad será la aplicación de ¡85,000 millones de pesos!, provenientes del gobierno federal, "y como ya se anunció que iniciaremos la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero, también tendré (a cargo) otros 17,000 millones".

¿Quién manda realmente en una situación así, quien controla y distribuye los recursos, o quien está investido con el cargo?

Enrique Alfaro, en su función de gobernador, deberá revisar detalladamente su agenda y sus posiciones políticas. Incluso, su aseveración de que Jalisco "no estará sometido" al gobierno federal.

Discutir si la figura del coordinador es una regresión o un absurdo, es totalmente estéril ahora. Lo que importa es resolver la línea de mando y el futuro del estado.

Los titulares de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a nivel nacional y estatal, Gustavo de Hoyos y Mauro Garza, respectivamente, además del líder de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco), Xavier de Orendáin, rechazaron la propuesta del ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, para eliminar los delegados federales y, en su lugar, nombrar coordinadores estatales de Programas para el Desarrollo.

De Hoyos afirmó que esta medida es un retroceso. "La concentración del liderazgo de las tareas de más de 20 dependencias federales en una sola persona supone una pérdida de especialidad y de pericia, lo cual podría traducirse en decisiones erráticas", dijo.

En el mismo sentido, Garza señaló que el sector empresarial solicitó un análisis para determinar cuál sería el esquema más apropiado para sustituir a los delegados. Explicó que la figura podría generar vacíos de poder en algunos temas como la seguridad, en el que, consideró, no quedaría claro si es responsabilidad del gobernador o del coordinador designado.

Bien le vendría al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, recomendarse a sí mismo la sugerencia que frecuentemente hacía a sus adversarios políticos cuando los invitaba a "serenarse" para responder a algún cuestionamiento o acusación durante la pasada campaña electoral.

En nada le ayuda al tabasqueño el frontal enfrentamiento que inició desde la semana pasada con el Instituto Nacional Electoral (INE) por la multa de casi 200 millones de pesos que le impuso al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por el manejo de más de 40 millones de pesos, que consideran irregular, en el fideicomiso de ayuda a los damnificados del temblor del 19 de septiembre de 2017.

Tildar de manera apresurada de "vil venganza" del INE a esta multa y advertirles a los consejeros electorales que él "no olvida", no sólo debilita a una institución que con todos sus defectos, ha logrado que en menos de 20 años se hayan dado 4 alternancias políticas de forma pacífica, sino también regresa a AMLO a su condición de candidato en contienda, y no fortalece su nueva condición y estatura como es la de virtual presidente electo. Más aún, por el enorme respaldo social expresado en una votación récord de más de 30 millones de votos, que por cierto le contaron los ciudadanos organizados por el INE que hoy condena.

El futuro Presidente de México debe dejar ese litigio a los dirigentes del partido Morena y los integrantes del fideicomiso, para que diriman en el Tribunal Electoral si la acusación del INE está o no lo suficientemente acreditada.

Si el Tribunal Electoral le da la razón al INE, López Obrador deberá acatar el fallo y no dejar impune a los responsables, ya sea en su partido o en el fideicomiso en el que operaron en el manejo de dinero en efectivo militantes de Morena. Seguir renegando de una resolución así podría afectar la credibilidad en el principal eje de gobierno que siempre ha propalado Andrés Manuel, como lo es el combate a la corrupción y a la impunidad.

No puede haber una 4a. transformación como la prometida por el futuro Presidente si no se avanza, por ejemplo, en la fiscalización de los recursos que gastaron los partidos políticos. En ese sentido, el partido de AMLO debe poner el ejemplo y que el caso del fideicomiso avance incluso sin las resistencias que tuvieron en su momento episodios similares como el de Amigos de Fox y el Pemexgate.

Si algo dispara los nuevos circuitos de corrupción en los gobiernos nacientes, como todos los que emanaron de la jornada electoral del 1 de julio, es justamente el financiamiento ilegal a los partidos políticos. Si el joven, exitoso y nuevo partido hegemónico en México, Morena, incurrió en algún exceso debe aceptarlo y corregir. Esa también podría ser una señal de cambio del virtual presidente electo y su partido político.

El Pemexgate fue un esquema de financiamiento alterno del sindicato de Pemex, con dinero público, que ayudó a financiar la campaña presidencial del candidato del PRI, Francisco Labastida, en 2000. Amigos de Fox fue una asociación civil creada en 1999 para triangular recursos privados que apoyaran, de manera ilegal, la campaña presidencial de Vicente Fox. El Caso Monex se refiere a cómo a través de 2 empresas se armó un andamiaje financiero para canalizar recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, a través de tarjetas bancarias del banco Monex.

Los 3 forman parte de cómo, en busca del poder, los políticos rompen con la ley en busca de un objetivo ulterior. Durante años, Andrés Manuel López Obrador denunció este uso ilegal de recursos, y llegó a pedir la anulación de la elección de 2012. Hoy, paradojas de la vida pública, se encuentra atrapado en el mismo dilema: ¿la fundación que creó Morena para ayudar a los damnificados de los sismos de 2017 en el centro y sur del país, fue una red de financiamiento ilegal para su campaña presidencial?

Hasta este momento, de acuerdo con la investigación del INE sobre la Fundación "Por los Demás", no se puede documentar que el fraude a la ley que cometieron militantes y simpatizantes de Morena al utilizar de manera ilegal recursos públicos para fines privados, hubiera terminado en las campañas de López Obrador o de los candidatos a puestos de elección popular. "Por lo que hace a los egresos", señala el proyecto de la resolución que sustentó la multa por 197 millones de pesos por haber utilizado irregularmente recursos públicos, "el destino final de los mismos no pudo ser rastreado, pues al convertirse en dinero en efectivo por personas vinculadas a Morena, quienes tuvieron su control, hacen inviable para esta autoridad conocer fehacientemente en qué fueron utilizados".

Sin embargo, dejó abierta esa puerta. "La utilización de un mecanismo de financiamiento alterno a partir de la constitución de un fideicomiso se tuvo por acreditado a partir de un análisis que trasciende los límites formales del contrato del fideicomiso", dice el proyecto de la resolución. "La materialización y operación del fideicomiso no pudo haberse dado sin la instrucción realizada por el entonces dirigente del partido (el 20 de septiembre), la orden de su Consejo Nacional (en sesión extraordinaria 3 días después), y su puesta en práctica por los diversos sujetos vinculados al partido político (el 25 de septiembre se constituyó en Banca Afirme el instrumento del fideicomiso "Por los Demás")".

Originalmente, Morena detalló en un boletín del 3 de octubre que se iba a hacer una dispersión de "apoyos" de 2,400 pesos a cada una de las 45,000 personas damnificadas en 325 municipios y delegaciones en 8 entidades, que sumarían 103 millones de pesos, la mitad de las prerrogativas para la campaña presidencial de 2018. La operación del fideicomiso ha sido difundida profusamente por el INE y los medios de comunicación, donde sobresalen las contradicciones al contrato del fideicomiso por tolerar depósitos de recursos en efectivo.

Esto fue, en palabras del INE, "un sistema orquestado de organización y de maquinación necesariamente dirigido", dentro de "un entramado de simulación y fraude a la ley", donde no hay certeza del origen de las aportaciones de los militantes. Este tema, sin embargo, tiene músculo para crecer. Si el caso camina del órgano electoral a la autoridad judicial, se podría configurar los presuntos delitos de lavado de dinero, por hacer uso de recursos de procedencia desconocida, y por delincuencia organizada, al estar 2 o más personas actuando en coordinación para cometer un ilícito.

El INE no llegó a ese nivel de imputación -no es su función-, pero admitió la imposibilidad de rastreo de esos recursos sobre el destino o fin que tuvieron. En todo caso, apuntó que la sistematicidad y encadenamiento de conductas, los llevaron a advertir que "se estaba frente a un esquema operado por y en beneficio" de Morena, que nunca perdió el control en la instrumentación y manejo del fideicomiso. La opacidad castigada por el INE arroja incertidumbre sobre el uso de esos recursos, pero quizás de manera más delicada, sobre el origen de los mismos. Se abre de esta manera la posibilidad de que se denuncie a Morena en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con lo que la vena penal quedaría encaminada a perseguir al nuevo gobierno de López Obrador.

Fue desde Jalisco que en 1824 se impulsó la idea de una República federal. Prisciliano Sánchez, que a la postre se convertiría en el 1er. gobernador del estado libre y soberano de Jalisco fue uno de los ideólogos de esta forma de organizar la República, inspirada en el modelo estadounidense, frente a los intentos centralistas de la monarquía de Guadalupe Victoria. Hoy, casi 200 años después vuelve a la palestra la discusión sobre el modelo de federalismo en el país.

En la práctica nuestra República ha sido de un federalismo teórico y un centralismo práctico. En el presidencialismo del siglo XIX y XX los estados eran libres para hacer aquello y solo aquello que el centro los dejaba hacer. El esquema fiscal mexicano está diseñado para que desde Hacienda el centro tenga no solo el control político sino también la llave del dinero. El último de los presidentes monárquicos, Carlos Salinas de Gortari, cambió en su sexenio a 16 gobernadores, e impuso como candidatos de su partido a los otros 16. Ernesto Zedillo perdió, voluntaria o involuntariamente esa capacidad. De hecho, la primera rebelión fue cuando intentó anular la elección de Tabasco, donde Andrés Manuel López Obrador reclamaba, con justa razón, un gran fraude de Roberto Madrazo. Curiosamente el entonces secretario de Gobernación que no pudo con Madrazo fue nada menos que Esteban Moctezuma, hoy parte del gabinete propuesto por López Obrador. Vicente Fox, en un afán de revitalizar los estados, les soltó el presupuesto a los gobernadores, pero olvidó los controles y la rendición de cuentas.

El esquema de centralización del gasto y las decisiones que propone López Obrador a través de los coordinadores designados desde la presidencia es un retroceso terrible en materia de federalismo y respeto a la soberanía de los estados. Yo no voté por Enrique Alfaro ni por Carlos Lomelí, pero el gobernador que escogimos entre todos los jaliscienses es Alfaro. Que el señor Lomelí salga a decir que en adelante las decisiones que tengan que ver con el gobierno federal pasarán por él no solo es un despropósito político sino un atentado a la soberanía de Jalisco.

Nos guste o no, le guste o no al candidato electo a Presidente de la República, Jalisco eligió a un gobernador y a un congreso. Esas son las únicas autoridades que tienen el mandato para dialogar con el gobierno federal y para tomar decisiones sobre el territorio. Ningún delegado, por más que tenga la bendición del Presidente o del Papa, puede imponer su visión, tomar decisiones o definir políticas públicas en Jalisco.

Casi 200 años después habrá que recordarle al centro por qué y para qué hemos decidido ser una República federal.

El escándalo por el fideicomiso creado por Morena para ayudar a los damnificados por los sismos en el centro y sur del país el año pasado, jamás hubiera alcanzado sus niveles actuales de haberse quedado callado Andrés Manuel López Obrador, quien sigue escalando su beligerancia. ¿Por qué no dejó que los representantes de Morena litigaran en tribunales contra la multa de 197 millones de pesos que le fijó el Instituto Nacional Electoral por el uso ilegal de recursos para fines privados? Su voz potenció un tema que por semanas le importó poco a la sociedad y lo colocó en un aparador.

La reacción de López Obrador es consecuente con su eterna postura moral y principista. Por ello, su defensa no ataca el fondo de la resolución, sino la percepción que de este emana: que no es un político honesto, que miente, y que lastimó a aquellos sectores a quienes ofreció proteger. Esto no podía dejarlo pasar. De ahí la renovada acusación que se trata de un "complot". En el horizonte apareció la pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre ese fideicomiso, el Pemexgate, Amigos de Fox y Monex?

Lo 1o. que habría que ver es lo que la resolución del INE no dice, y lo que representa para el resultado de la elección presidencial. 1o., el INE nunca afirma que el dinero del fideicomiso para los damnificados fue utilizado para las campañas electorales, que es en donde se ha centrado la respuesta de los principales líderes y figuras de Morena. Es decir, el alegato es una cortina de humo que busca llevar la discusión pública a un terreno inexistente, pero fértil para el debate. Presentar en medios de comunicación a damnificados del sismo que recibieron dinero del fideicomiso, les permite construir la realidad alterna de que el INE miente, que lo ataca junto con el gobierno, y que se evapore la imputación de deshonestidad.

Lo 2o. es que la multa no modifica el resultado electoral porque no hay afectación de equidad, ni rebase a los topes de campaña, ni existe una diferencia menor al 5% entre el primero y el segundo lugar. O sea, López Obrador va a ser Presidente de México a partir del 1 de diciembre. Lo que sí establece el proyecto de resolución de 154 páginas, es que López Obrador mintió y reconoció haber violado la ley electoral:

1.- El 20 de septiembre de 2017, López Obrador, entonces dirigente de Morena, anunció que donaría el 50% de la prerrogativa federal (dinero de contribuyentes) que recibiera Morena para sus gastos de campaña en 2018. El 22 de abril de este año, durante el 1er. debate presidencial, aseguró que Morena había ido destinando el financiamiento público a un fin distinto de su objeto. En ese momento, dijo que 72 millones de pesos de los contribuyentes se había dedicado unilateralmente a promover la ayuda a damnificados.

Esto contraviene el artículo 41 constitucional, que garantiza el derecho a los partidos de recibir financiamiento público destinado "al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales", así como el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos que prevé que es obligación de ellos "aplicar el financiamiento de que dispongan para los fines que les hayan sido entregados". El reconocimiento del destino de los recursos públicos para fines distintos a lo que le establecía la ley, lo hizo explícitamente admitir que estaba violando la ley y declarase culpable de ello, con un lenguaje político que arropaba una acción noble de su parte.

2.- El 25 de septiembre se formalizó el fideicomiso "Por los Demás", donde el INE probó vínculos y subordinación de sus fundadores con el entonces presidente de Morena, quienes se encargaron de designar a las personas que serían las beneficiarias de los recursos con los cuales contara el fideicomiso. El Comité Técnico que fue creado para esos fines, instruyó a la fiduciaria, en contravención también con lo estipulado en el mismo contrato del fideicomiso, que entregara los recursos del fideicomiso a terceros que no eran "sujetos de apoyo" y que eran, a su vez, personas ligadas a ese partido. Ninguno de ellos se encontraba en el padrón de damnificados que elaboró la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Estos 2 puntos golpearon por debajo de la línea de flotación de López Obrador, que toda su vida pública se ha presentado como el ejemplo de la moral y la honestidad. No es la 1a. vez que queda atrapado en la contradicción de su discurso con los hechos. En la campaña presidencial de 2012, el PRI -como ahora lo hizo con la denuncia sobre el fideicomiso-, señaló que la asociación civil que había creado en 2006, Honestidad Valiente, había incumplido con sus obligaciones fiscales y ocultado por años el manejo de recursos, dejando abierta la sospecha de que se trataba de un financiamiento paralelo para su campaña presidencial. López Obrador lo negó fehacientemente, pero la fue sacando del ojo público hasta desaparecerla.

6 años después está metido en un embrollo similar, pero con factores objetivos mucho más delicados. Uno es la sospecha que lucró políticamente con los sectores más afectados, en ingreso y por la tragedia, que éticamente sería imperdonable. Otro es que no es un candidato perdedor, sino el próximo Presidente de México, por lo que la sospecha de financiamiento alterno a su campaña presidencial, como lo hicieron el PRI y el PAN en el pasado, que ronda por la mayoría de las páginas del expediente del INE, está sobre su cabeza. Contra ello es su incendiaria ofensiva.

Si las elecciones fueran ahorita, a lo mejor López Obrador sacaba todavía más votos: en su etapa de transición de candidato a Presidente ha podido mantener ilusionados a sus seguidores más duros y ha logrado alejar ciertos miedos mostrándose moderado ante quienes le veían con pánico.

El capital político le ha permitido hacer cosas que en otros tiempos hubieran ya generado inestabilidad a un presidente electo: cambió a su gabinete antes incluso de tomarle protesta, ha incluido en su equipo de trabajo a personajes con historiales francamente impresentables, hay abiertas contradicciones entre sus colaboradores y entre él y sus colaboradores, se ha retractado de varias de sus propuestas de campaña y otras han sido puestas en perspectiva de una lenta implementación.

Todo eso ha pasado sin costo porque López Obrador goza de una fascinante luna de miel con el grueso de la ciudadanía. Así que se perdona eso y seguramente más.

Pero la prueba de fuego parece llegar más temprano de lo esperado con lo que ya va tomando forma de escándalo por el fideicomiso "Por los demás" y la investigación del INE que concluyó en la 3a. multa más alta de la historia a un partido político, después de la del Pemexgate al PRI y la de Amigos de Fox al PAN por usar mecanismos paralelos de financiamiento de campaña. Y con vista a la PGR para investigar posibles delitos.

Hasta antes de la multa, López Obrador proyectaba imagen y comportamiento presidenciales, se le veía encontrando su lugar en el concierto internacional, alejándose de las estridencias del templete para empezar a sentarse en la silla del jefe de Estado (quizá incluso prematuramente por la urgencia pública de que se termine ya el desacreditado sexenio de Peña Nieto).

Esa dinámica se interrumpió el miércoles pasado, cuando se oficializó la multa por 197 millones de pesos a su partido Morena. En los últimos 4 días reapareció el López Obrador iracundo, el que descalifica a la prensa, el que responde con condenas morales a los señalamientos, el que denuncia conspiraciones malignas, culpa de todo a los demás y es incapaz de "ver la viga en el propio". Sin embargo, esta vez ha dejado abierta una puerta a la institucionalidad: después de decirse víctima de un complot en el que incluye a la autoridad electoral, a la Secretaría de Hacienda del gobierno saliente y a la prensa, dijo que acudirá al tribunal electoral para impugnar la multa y confió en que le dará la razón de que no hubo nada irregular en el fideicomiso para los damnificados de los sismos de septiembre de 2017.

Algunos pronosticaban que una vez en el poder aparecería un Andrés Manuel presidencial, responsable y hasta institucional, otros estaban seguros de que no. El caso del fideicomiso puede ser el que acelere la definición de cómo será el presidente López Obrador.

Las acusaciones son serias. Van desde la manipulación electoral de la ayuda a los damnificados hasta el uso de financiamiento ilegal. Y tocan el corazón de la promesa que lo hizo ganar la elección: un movimiento, un partido y un gobierno que rechacen y combatan la corrupción, la simulación y la mentira.

Se puede decir que el país está a prueba. La manera en que enfrente la decisión judicial última definirá qué tipo de presidente será López Obrador. La forma como procese el tribunal este caso permitirá medir la solidez de las instituciones democráticas. Y la reacción de la sociedad ante el comportamiento tanto de los juzgadores como de los acusados mostrará si la madurez con que encaró la ejemplar jornada del 1 de julio es duradera.

Los hombres y las mujeres que llegarán al Congreso de Jalisco por Morena no tienen experiencia alguna en política, en puestos de elección popular ni en la administración gubernamental. No resultaron ganadores en ningún proceso de elección interna en su partido Morena, sino que fueron seleccionados al azar, por sorteo o designación directa como decidió que se hiciera en muchas otras partes del país, el virtual presidente Andrés Manuel López Obrador. La mayoría de estas y estos diputados electos no tiene una gran instrucción académica y más bien se han desempeñado como comerciantes, empleados y uno de ellos en el ámbito académico.

El congreso local, pues, será el escenario de su debut en la escena pública de Jalisco.

El ex candidato a la gubernatura por la alianza Morena-PT-PES, Carlos Lomelí, quien fue designado coordinador estatal de AMLO, ya se reunió con las y los diputados electos de este partido y aclaró que aún no designan a quién será su líder parlamentario, por lo que sigue siendo una gran incógnita quién dictará el rumbo de la bancada, si el líder parlamentario, Lomelí o incluso el propio López Obrador.

Más allá del desenlace legal que tenga este asunto, fue muy desafortunada la respuesta de AMLO, quien cuestionó al INE señalando que en el caso del fideicomiso "no existe ningún acto inmoral", además de identificar el hecho como un "complot".

Las autoridades como el INE o el TEPJF valoran la legalidad o ilegalidad de los actos y no su moralidad. Hay un error de origen en el juicio.

Por otro lado, al calificar a los consejeros como "conservadores" y señalar que se trata de una "vil venganza", el virtual presidente electo no ha ponderado que es diferente la declaración de un candidato o líder de partido que la de alguien que detentará el poder presidencial, por más que se justifique el tono con el atributo de "autenticidad" en su comportamiento.

El TEPJF tendrá su gran prueba al sentenciar sobre la multa impuesta por el INE a Morena, pues hay presión de Morena y AMLO.

Esperamos que se use un criterio estrictamente jurídico, y no uno de carácter político, sea cual sea el sentido en el que van a pronunciarse.

El 25 de septiembre, Andres Manuel López Obrador presentó un video en redes sociales en los que mencionaba nombres de simpatizantes que colaborarían con el fideicomiso "Por los demás". Figuraban los autores y simpatizantes #MORENA, Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo 2 y Laura Esquivel; incluso el padre Alejandro Solalinde.

Tras conocerse las irregularidades en el fideicomiso, Taibo y Poniatowska dieron entrevistas donde marcaron distancia deslindándose de la administración.

#Poniatowska anotó que sí bien estuvo presente en la 1a. reunión, no tuvo algo que ver después, ya que le incomodó la idea de manejar dinero:

"No tengo nada que ver. [...] Sólo estuve en la 1a. reunión y después ya no, no he participado para nada. [...] Desde un principio les dije que no quería tener ninguna relación con el dinero. [...] Mi respaldo fue moral para los damnificados. [...] Yo no tengo ninguna certeza [de cuál fue el destino del dinero], me salí y no asistí a las reuniones. Ellos se hicieron bolas con lo del dinero".

Al ser cuestionada sobre dónde se había realizado la 1a. reunión de trabajo del equipo del fideicomiso, Poniatowska reconoció que fue anfitriona, pero acotó que no conocía a todos los asistentes:

"En aquella primera reunión acudieron a mi casa, pero después ya no, porque yo me salí de ese grupo. [...] Fueron a mi casa a desayunar, iban otros, pero no me sabía los nombres de todos".

Por su parte, #Taibo declaró que tras aportar su opinión, se mantuvo en su ramo de tareas culturales:

"Mi relación fue en el momento original, cuando se discutió cuáles eran los mecanismos de la entrega y punto. A partir de ese momento me dediqué a otras tareas; en esa 1a. reunión se produjo la discusión de cómo se iba a entregar el dinero, di mi opinión y hasta ahí llegó. [...] Tenía otras tareas: más del rollo mío de #cultura".

Al ser cuestionado sobre nombres en la administración, Taibo también declaró desconocer detalles: "Gente del partido, pero no recuerdo detalles".

Finalmente, al ser cuestionado sobre personalidades de la cultura que apoyaron el fideicomiso, el autor prefirió descartar dar más declaraciones, y no darle tanto peso a la mención que AMLO había hecho de él:

"No hay que tirar del hilo, no tengo interés ni ganas de hablar del tema. Para mí no es incómodo, es un 'no tema'. [Sobre la mención de #AMLO] Me mencionan en redes un día sí y un día no, sobre todo para perseguirme, pero me divierto mucho".

Paco Calderón
(22 de julio de 2018).

Los ataques de Morena al Instituto Nacional Electoral (INE) son inadmisibles, porque vulneran el sistema legal y democrático que hemos construido durante las últimas décadas para dar estabilidad al país, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Marko Cortés.

"Todas las fuerzas políticas del país están obligadas a respetar a las instituciones, a pesar de no estar de acuerdo en sus resoluciones, ese es un principio fundamental de todo régimen democrático", añadió en un comunicado el también coordinador de los diputados del PAN.

Por ello, Cortés Mendoza dijo que es fundamental que todas aquellas operaciones ilegales señaladas por el INE con relación al fideicomiso "Por los Demás", creado por operadores, militantes y legisladores de Morena, sean castigadas.

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), tiene ahora la responsabilidad de concluir las investigaciones y fincar las responsabilidades a los miembros de Morena que se prestaron a ese presunto fraude.

"Lamento que el INE se haya esperado hasta concluir el proceso para denunciar este fraude, porque los ciudadanos tenían el derecho a conocer la forma en que Morena se burla de los damnificados del 19 de septiembre, pero reconozco profesionalismo y alta responsabilidad en su resolución sobre el mencionado fideicomiso", comentó.

El presidente de la Jucopo habló de la necesidad de que todos en México respetemos las resoluciones de los Poderes de la Unión, de los organismos autónomos y de las instituciones y, en caso de no estar de acuerdo, con total respeto, dirimirlas en el marco de la ley.

"Crear el fideicomiso fue una decisión de Morena, avalada por su Consejo Nacional y el Comité Técnico fue integrado por miembros de la dirigencia. Los depósitos y retiros en efectivo fueron hechos por militantes de Morena, así que en lugar de atacar al INE, deberían preparar una explicación detallada sobre el posible financiamiento ilegal a las campañas de Morena", indicó.

No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, decía Andrés Manuel López Obrador en campaña. Las muestras de dispendio en el sector público son innumerables. El gobierno de Enrique Peña Nieto elevó a política nacional la frivolidad y la opacidad. El gasto en publicidad desbordado (un millón de pesos por hora desde que comenzó el sexenio); la ampliación sostenida de las partidas de la Oficina de la Presidencia; las comitivas interminables en los viajes de Estado; el incremento permanente de la nómina federal, y la percepción de que existe una casta de burócratas privilegiada y con salarios exorbitados. Todo ello contribuyo al discurso de austeridad republicana que López Obrador ofreció al elector durante la campaña y que materializó con 50 puntos que han desencadenado polémicas por doquier.

El electorado mexicano mandó un mensaje claro el pasado 1o. de julio: estamos cansados de los excesos y privilegios de los gobernantes. Sindicalistas que aparecen con relojes de cientos de miles de pesos, gobernadores que se hacen ricos de la noche a la mañana, funcionarios públicos que cambian su nivel de vida tras un lustro en la administración pública, diputados que cobran jugosos bonos sólo por hacer su trabajo, ministros que ganan 250 salarios mínimos al mes o burócratas de partidos que gestionan millonarias partidas. Y es que, en México, hay una brecha salarial muy amplia entre quien elige la iniciativa privada y quien se dedica al gobierno. El promedio salarial en la administración pública es de 33,000 pesos, 2.5 veces más que el empleado promedio en una empresa. Y no sólo eso, la alta burocracia se ha refugiado en la supuesta "independencia" de su labor, y en la excusa de que los altos salarios inhiben la corrupción, para cobrar sueldos que ni siquiera son comparables con aquellos que devengan sus pares en países del primer mundo.

Empero, ¿dónde acaba la austeridad y comienza la demagogia? ¿En dónde acaba el necesario ajuste de los privilegios de la burocracia y comienza la revancha contra el funcionariado público? ¿En dónde acaba el rigor a la hora de proteger los recursos fiscales y comienzan las ocurrencias? ¿Qué tanto es recuperar los ingresos públicos a favor de la ciudadanía y no simplemente apostar por medidas efectistas de poco alcance? ¿En dónde acaba la campaña y comienza el gobierno que necesita cálculo y frialdad?

La austeridad se volvió un símbolo anhelado en un país que mira con impotencia los abusos de la clase política. López Obrador entiende que en un país en donde hay decisiones de fondo que dividen y generan tensiones -reforma fiscal, por ejemplo-, la política de austeridad detona consensos nacionales. En la reducción de los privilegios de la alta burocracia coinciden conservadores y liberales, progresistas y derechistas. Tras sexenios en donde la nómina federal alcanzó el billón de pesos por año y el gasto en inversión pública tocó mínimos históricos, una propuesta agresiva de disminución de los excesos en la administración pública tiene sentido. Por lo tanto, la austeridad, no aquella que supone reducción en el gasto educativo, de salud o en la política social, sino en privilegios, prebendas o excesos, tendría que ser un fin en sí mismo de cualquier gobierno. Sin embargo, la agenda propuesta por López Obrador plantea 3 dilemas.

El 1o.: ¿las reformas propuestas por López Obrador tienen como objetivo construir un gobierno más eficiente, fuerte y con capacidad de regular? Más allá de la corrupción que aparece en el horizonte sin importar la cuantía de los salarios en el sector público, ¿No hay la posibilidad de propiciar un entorno de debilidad en el sector público frente a los intereses del sector privado? La línea que divide a un gobierno austero de uno débil y poroso, es muy tenue. En la actualidad tenemos el peor de los mundos: un sector público en donde 33,000 burócratas ganan más de 120,000 pesos al mes y, a pesar de ello, es corrupto, atravesado por intereses particulares y que no responde a las demandas ciudadanas. Los países con gobiernos eficientes, capaces de administrar los recursos públicos y a la vez transformar la realidad de millones de personas -como los escandinavos- parten de la premisa de hacer del Estado un ámbito atractivo de desarrollo laboral. Austeridad, siempre, pero teniendo en la mira el tipo de gobierno que queremos y no solamente aquello que nos causa rabia.

El 2o.: ¿la austeridad del sector público nos hará olvidar la urgente reforma en materia de ingresos del Estado? La estructura fiscal en México es profundamente injusta con las clases medias, el trabajador cautivo, las personas físicas y los emprendedores. Sin embargo, es profundamente benigna con los grandes capitales, las trasnacionales, los multimillonarios y los intereses cercanos al poder. Sería difícil creer que una política de austeridad, por más ambiciosa que sea, suponga más recursos para el Estado que la eliminación de los opacos e irregulares créditos y exoneraciones fiscales que negocia Hacienda con los capitales más poderosos del país. La austeridad debe ser una señal de que el gobierno está dispuesto a hacer uso correcto de los recursos, pero no debe implicar la renuncia a acometer modificaciones mayores en la estructura fiscal del país.

Y el 3er. dilema: ¿Son viables, en la práctica, muchos de los puntos planteados? ¿No podría salir más caro el caldo que las albóndigas? Para ello, el equipo de López Obrador tiene que entregar detalles de los 50 puntos propuestos. Hay algunos sin discusión como: la reducción de asesores, viáticos, la eliminación de los seguros médicos privados, se cancelan fideicomisos y pensiones a ex presidentes, reducción a la mitad en la onerosa publicidad del gobierno o las medidas anticorrupción -posibilidad de enjuiciar al Presidente, eliminación del fuero, etc. Empero, hay otras que reclaman más detalle: despedir al 70% del personal de confianza, ¿por qué esa cifra? Un funcionario podrá recibir regalos hasta por 5,000 pesos, ¿por qué? Los trabajadores del gobierno deberán laborar de lunes a sábado, 8 horas diarias, ¿no afecta los derechos laborales? ¿Es operable un gobierno complejo, que incluye áreas como Hacienda, el Banco de México o el poder judicial con un tope de salarios de 108,000 pesos? ¿No llevará esta medida a una serie de amparos y suspensiones que hagan inaplicable la agenda propuesta? La implementación es clave.

El mensaje de fondo del Presidente electo es el correcto: voluntad política para transformar la indignación de la ciudadanía con los excesos de su gobierno en una agenda concreta de cambios. Sin embargo, las medidas se pueden extraviar si no hay claridad en los cómos y en los para qués. El simbolismo de las medidas responde al hastío de la ciudadanía con los abusos de la alta burocracia, pero no se pueden quedar ahí. Es fundamental acometer una reforma profunda de los ingresos y gastos del Estado, en donde la austeridad es sólo una parte. Recuperar el Estado para la ciudadanía requiere de cambios más profundos que la austeridad republicana.

Es cierto que muchos de los servidores públicos son trabajadores diligentes que laboran largas horas, son eficaces y no lucran con el erario. Quizá son la mayoría. Personal de confianza que desempeña con responsabilidad y con orgullo las muchas tareas que realiza el sector público. Una comunidad profesional que conduce el día a día de las actividades que desempeña el Estado y, mal que bien, logra mantener el tinglado funcionando pese a todo. En conjunto esta burocracia técnica alta y media alta concentra un acervo importante de conocimientos, un corpus desarrollado a lo largo de los años tras largas curvas de aprendizaje, un destilado invaluable resultado del ensayo y el error. Áreas jurídicas, internacionales, financieras, ingenieriles y un largo etcétera.

Y también es cierto que una porción de este cuerpo de conocimiento podría perderse irremediablemente si el gobierno de la alternancia elimina a estos segmentos como parte de la nueva política de austeridad. Son justamente estos niveles (medios y medios altos, llamados "de confianza") los que tanto por sus salarios elevados como por su precariedad jurídica resultan susceptibles de eliminar y permiten hacer un ahorro significativo sin consecuencias obrero patronales.

El problema es que esos cuadros son justamente los más calificados. Durante años el personal sindicalizado fue carne de cañón para el ejercicio clientelar, el pago de favores, la mantención de cuotas, las prebendas entre políticos. Desde luego es imposible generalizar y existen muchos trabajadores sindicalizados responsables y eficientes. Pero resulta imposible negar el hecho de que el tráfico de plazas fue la moneda de cambio de los líderes charros, los sempiternos Gamboa Pascoe, a cambio de su lealtad al PRI. El resultado fue el engrosamiento de la burocracia sin seguir criterios de eficacia o mérito. Una escalera jerárquica en la que se asciende no por la capacidad técnica y mucho menos ética, sino por la lealtad política incondicional.

Fue por esta razón que el gobierno debió echar mano de cuadros convocados por su capacidad para sacar adelante los compromisos. Es decir, el personal de confianza.

Los políticos pueden ser corruptos pero eso no quiere decir que sean imbéciles; siempre han entendido que alguien tiene que hacer que siga funcionando la maquinaria del Estado y para eso necesitan abogados, economistas, fiscalistas, ingenieros y administradores capaces de "sacar la chamba". Cuadros razonablemente preparados y con sueldos competitivos con el mercado, que el líder sindical o los compromisos políticos no les permitirían contratar por la vía tradicional.

Hoy muchos temen que con el despido masivo de esta categoría, el desempeño del gobierno resulte seriamente afectado.

Quien busca dedicarse a la política y convertirse en servidor público, debe saber es que si su objetivo de vida es hacerse rico, trabajar en el gobierno no es el camino. Esto es lo que valoro de la iniciativa de austeridad de AMLO.

Andrés Manuel López Obrador difundió un documento con "50 lineamientos" para instaurar la austeridad y disminuir la corrupción en el país. Se suman a su "Plan de Nación" y a los diversos "Decálogos" que promovió durante su campaña. Desde luego es prioritario cerrar la puerta a la impunidad y abrir la ventana a la justicia. Los "50 lineamientos" deben discutirse, criticarse, fortalecerse, y aterrizarlos en políticas viables y verificables.

El fenómeno de la corrupción debe ser atendido por instituciones que investiguen, denuncien y sancionen, y este proceso de construcción institucional no será sencillo ni rápido. Como bien sabemos, en México la corrupción tiene un carácter estructural. Es fácil involucrarse y es también fácil salir impune. Por lo mismo, es sistemática. Buen ejemplo son los desvíos conocidos como la "estafa maestra", descomunales por sus montos, repetidos a lo largo de años y en distintas dependencias, y todos ellos impunes. Pero mal, muy mal hará el futuro gobierno si pervierte este propósito con discrecionalidades políticas o partidistas. En los últimos días, por ejemplo, llama la atención el ataque de Morena al INE con motivo de la sanción que se le impuso por el evidente mal uso de un fideicomiso supuestamente constituido para ayudar a los damnificados de los sismos. De hecho, uno de los lineamientos dice a la letra: "Al margen de la ley nada, y por encima de la ley, nadie". Si la frase va en serio, habría que ser congruentes...

También se propone que la austeridad se concrete en una reducción de las estructuras gubernamentales y en una compactación salarial. Sin embargo, parece que la medida no ha sido debidamente analizada. Hay muy diversas consideraciones legales, operativas y de eficiencia gubernamental que debieran tomarse en cuenta antes de lanzar una decisión general que, por lo pronto, parece responder únicamente a un desprecio a la función pública. Como en todo, las generalizaciones suelen surgir de los prejuicios, y suelen derivar en injusticias y desequilibrios.

Me detengo en otro buen propósito, que se refiere a un asunto que preocupa y angustia a todos: la seguridad. Es el principal tema que ocupa a Causa en Común, la organización que presido. Se menciona que hay que terminar con el mal uso de los recursos policiales y de investigación. Nadie puede estar en desacuerdo con esto, pero el tema es mucho más complejo. En seguridad, debemos gastar más y mejor, y bien haría el futuro gobierno en ir diseñando un auténtico proyecto nacional de desarrollo policial que permita al país ir recuperando la paz y la tranquilidad perdidas. Es un tema político, pero también técnico, que debiera aislarse de los lugares comunes, y concretarse en programas, calendarios, responsables y presupuestos. ¿Hay alguien pensando ya en esto?

El liderazgo y las buenas intenciones son fundamentales, pero no suficientes. Esto sólo puede lograrse con una dignificación del servicio público; con la reconstrucción de nuestras instituciones de seguridad y justicia; con un combate auténtico a la corrupción y a la impunidad; y dejando siempre el espacio abierto al diálogo entre todos los actores. Lo importante para el país será que, efectivamente, estos buenos propósitos no se vean adulterados por una agenda partidista. Se ganó para reformar al país, no para servir, desde el gobierno, a un partido político. Para reformar, es necesario considerar todas las posturas y desde todos los ámbitos. Ojalá desde un inicio se entienda que ya terminó el periodo de campaña, de las confrontaciones y las descalificaciones. Morena ganó, pero Morena no debe ser la agenda. La agenda, hoy, se llama México.

El triunfo de López Obrador trajo mucho más alegría que tristeza; mucha más felicidad que enojo, y mucha más satisfacción que decepción. La proporción es de casi 2.5 a 1, nos dice la encuesta que hace Consulta Mitofski para El Economista. El optimismo está casi desbordado y eso tiene un riesgo: hay que satisfacer las expectativas que se han despertado.

6 de cada 10 personas encuestadas consideran que en menos de un año deberán observarse cambios en seguridad, economía y política. No hay tiempo que perder. 1 de cada 3 espera que los cambios se noten antes de que pasen 6 meses. La gente votó por un cambio a fondo porque no quiere que las cosas se queden igual.

¿Cómo manejar estas expectativas? Vicente Fox tuvo un escenario similar hace 18 años y no pudo. Al cabo de un año, el entusiasmo se había evaporado y, a mitad de sexenio, se puso a explicar por qué no podía hacer los cambios que prometió. Algunos de sus allegados reconocen que uno de los errores que cometió fue desaprovechar los 5 meses del periodo de transición. Otros enfatizan el precio que pagó por apostar por una transición sin rupturas ni grandes broncas con el "pasado", por ejemplo en la persecución de los escándalos de corrupción.

López Obrador no ha perdido el tiempo desde el día posterior a la elección. Mantuvo el ritmo de campaña en las 2 primeras semanas posteriores a la elección y no se ha tomado un descanso sino hasta la 3a. semana. En estos días ha hablado con los representantes de los grandes inversionistas para tranquilizarlos y ha lanzado mensajes a los que votaron por él para refrendar algunos de sus compromisos de campaña, en particular los relacionados con la austeridad y el ahorro en el gasto público.

¿Podrá dar la vuelta a la crisis de inseguridad en menos de un año? La inmensa mayoría de expertos considera que estamos tan mal que se requerirá mucho tiempo, varios años para hablar de una solución. De cualquier modo, hay mucho por hacer en 12 meses. Lo más importante es cambiar la certeza de la derrota por la esperanza de la victoria o la paz. En lo micro, será clave la coordinación con las autoridades locales para la atención de los problemas en el transporte público y en algunas zonas muy vulnerables, por ejemplo los territorios donde campea el huachicol.

¿Podrán verse resultados positivos en economía en 12 meses? Aquí estamos en zona de riesgos. Lo más probable es que el escenario internacional no ayudará. La Fed subirá las tasas y encarecerá el servicio de la deuda externa de México. Donald Trump mantendrá la tensión con China y podría llevar al mundo a una recesión. El TLC es un gran factor de incertidumbre, ¿sí o no? ¿Cómo... mejor o peor?

En lo interno, Andrés Manuel López Obrador tendrá la tentación de crear medidas que tengan efectos de corto plazo, pero no sostenibles. Por ejemplo, decretar alzas de salarios o reducción de precios de productos como gasolina, gas o electricidad.

Los mexicanos necesitan mejores salarios y menores precios en los energéticos, pero el reto es hacerlo bien. Tenemos una economía ordenada que crece poco. Hasta ahora, AMLO y su equipo han sido muy prudentes, pero no hay forma de confiarse: aún están en los vestidores. Falta verlos en el terreno.

Resultados en menos de un año: ¿Dónde están las áreas de oportunidad? Si seguridad y economía parecen complicados, la gran ventana está en el combate a la corrupción. Casi todo por hacer. ¿Anotará el penalti?

Se podría pensar, como Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones de hace 3 semanas de manera tan clara y contundente, que el futuro Presidente de México tiene un cheque en blanco con un capital político casi inconmensurable para hacer lo que quiera. Yo no lo creo.

No lo creo, ni por los mexicanos que todavía sienten terror porque ganó ni por los más de 30 millones de mexicanos que votaron por él. El voto masivo que se le otorgó no es ninguna garantía de que todo, absolutamente todo lo que diga o haga o proponga tendrá el respaldo popular, a menos que se trate de iniciativas sensatas, realistas, posibles y necesarias. Es decir, la relativa facilidad con la que podrá llevar adelante diferentes propuestas no implica que intentará locuras, no puede, no debe.

Las expectativas en torno a su gestión, que empezará en 5 meses, poco menos, las tienen unos y otros y son altísimas, es decir, tanto los que votaron por él como los que no; y el paquete es enorme. No será fácil ni terso atender todos los pendientes y como nunca ningún mandatario en la historia de nuestro país, los ojos del pueblo de México y del mundo estarán (están, de hecho) sobre él sin pestañear para que cumpla sus compromisos y para que no se equivoque.

La lección de traición que nos aplicó Vicente Fox es todavía muy reciente y, por lo tanto, duele mucho. Fox llegó casi por aclamación y no tanto por él sino porque significaba la única posibilidad de deshacernos del PRI y en este punto, sólo en este punto, hay coincidencia con AMLO. López Obrador sabe que Fox y los posteriores, en diferentes medidas y también los anteriores, han traicionado a los mexicanos; lo sabe y lo ha expresado: en su discurso del 1 de julio y antes, durante la campaña, ha reiterado dos afirmaciones, que si no cumple, así le costará de caro: "Yo no les voy a fallar" y "no los voy a traicionar".

No creo que el entramado de porquería en el que están asentadas las administraciones públicas en general, en México (federal, estatales y municipales), se deshaga en este sexenio. Hay inercias, resistencias, intereses, mucho dinero involucrado, modus operandi y modus vivendi que sostienen a estructuras masivas... La violencia política inédita de estas elecciones es una muestra. No lo creo pues, pero lo que sí creo, es que en esta administración federal que está por empezar, por lo menos se darán los primeros pasos para una purga profunda, para una erradicación que restituya el tejido social y sanee las relaciones entre los mexicanos de todos los niveles, de todos los órdenes, de todos los tipos de educación y de ingreso y de origen.

Algo más dijo López Obrador el 1 de julio que alimenta las expectativas en torno a lo que será su actuación: "Quiero pasar a la historia como un buen Presidente". Esta frase revela una intención nunca antes manifestada que deja en evidencia que la actitud del próximo Presidente, como tal, será diferente de cara a la sociedad, a los 130 millones de mexicanos que somos y que desde hace décadas esperamos justicia, claridad, honestidad, eficiencia en el ejercicio de gobierno; millones de mexicanos que merecemos una conducta proba, transparente, responsable, de amor a México. Las expectativas son muy altas y el tiempo es corto.

El nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador tendrá que enfrentar la crisis por la que atraviesa la relación entre México y Estados Unidos: migración y Tratado de Libre Comercio. Tan importantes son para ambos países que la interdependencia, durante décadas, los ha convertido en asuntos no sólo de política exterior, sino también de política interna para las 2 naciones. Se ubican en el marco de relaciones económicas y sociales percibidas por Washington como graves problemas de seguridad. Ningún Gobierno de México desde la Revolución enfrentó una relación con EU tan difícil, compleja, áspera e inaceptable por la forma y el fondo con que se maneja desde la Casa Blanca.

Migración y TLCAN han sido convertidos en las 2 bestias negras a controlar o liquidar por el peligro que representan, en torno a las cuales se ejercen discursos y acciones impensables hasta hace pocos meses. Y todo eso a pesar de que tanto México como Estados Unidos se han beneficiado de intercambios múltiples lo mismo en lo social, el empleo y lo económico. En materia de migraciones, el mundo vive la mayor oleada de migrantes en busca de refugio, seguridad o mejora económica, simplemente. Pero al referirse a los inmigrantes Washington -Trump- ha construido un discurso desde la campaña presidencial en el que la migración es un peligro porque todos los que llegan son ladrones, narcotraficantes y violadores que ponen en peligro al país entero, y el comercio trilateral, porque eso es el TLCAN, es desfavorable para EU y roba empleos a los estadounidenses.

Carlos Lomelí confirma los cambios que vienen para el estado en el ámbito federal.

Un ajuste estructural se prevé en la distribución de los recursos del Gobierno de la República: ya no llegarían directamente a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas de Jalisco (Sepaf), sino que serán canalizados a través de las secretarías federales.

Ayer, Lomelí reiteró que fue nombrado por el virtual Presidente, Andrés Manuel López Obrador, como el próximo coordinador estatal de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República, y abundó sobre la nueva administración: "Hasta donde tengo entendido, los recursos ya no van a caer como antes (de la Secretaría de Hacienda a la Sepaf), sino que van a caer a nuestras secretarías y de ahí se hará la distribución de los recursos federales".

Explicó que "la intención del próximo Presidente es que haya una transformación a otra velocidad, que haya total transparencia, que los programas federales lleguen sin sesgos a la ciudadanía y se termine con el clientelismo electoral..., que exista total transparencia en la aplicación de los recursos y que no haya condicionamiento para recibir los beneficios del gobierno federal".

En la presente administración federal, el gobierno aplicó cambios en el gasto federalizado, principalmente en los recursos para educación y salud que se transfieren a las 32 entidades federativas, ante los desvíos y las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Pero la propuesta de López Obrador es más agresiva, con la intención de transparentar y hacer más eficiente el recurso federal en los estados (del presupuesto total que ejercen las entidades, se estima entre 70% y 80% es proveniente de la Federación).

Sobre el tema de la burocracia federal, reiteró que se respetará a los trabajadores que tienen varios años y planteó que sólo consideran suprimir los nombramientos de los 83 delegados federales en Jalisco, aunque también se eliminarán algunas jefaturas y mandos medios para ahorrar el mayor presupuesto posible y reorientarlo a otros rubros prioritarios para población.

"Vamos a estar al frente de las 83 delegaciones, que incluye Marina, PGR, Policía Federal y lo que quede del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional). Vamos a tener reuniones de trabajo todas las mañanas y estaremos dando informes sobre la situación de seguridad".

Comenta que no pretende ser todólogo, sino que buscará apoyar a que las políticas de la próxima administración federal lleguen a todo el estado.

Sobre los ahorros o recortes que se proyectan, explica que a partir de la próxima semana comienzan con los primeros trabajos en el equipo de transición. Algunas subdelegaciones van a fusionarse para quedar 83 en Jalisco.

Durante la entrega de constancias a los candidatos que ganaron un cargo de elección popular el pasado 1 de julio, el ex aspirante a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, a los simpatizantes de Morena que colaboraron en la campaña les respondió que no se desesperen y no se sientan desairados. Prometió atender a cada uno e insistió en que "Morena es para los morenos".

"Mucha de la gente que no va a recibir aquí una constancia son actores que tendrán que acompañarme a supervisar y vigilar los programas que están esperando los 125 municipios. Les pido ser dignos representantes y no perder el piso, no desconectarse, ni marearse en un ladrillo".

Advirtió que en Morena no aceptarán a quienes estuvieron en el bando de enfrente dándoles "duro", sin importar que sean "muy buenos perfiles".

En estos días se han anunciado cambios tan profundos en la administración, en la política y hasta en el futuro de la vida cotidiana de la gente que en algunos casos han generado expectativas, esperanzas, pero en otros comienzan a provocar temores fundados.

De todo lo dicho, hay que quedarse con los programas sociales y la certidumbre financiera. Es lo que puede marcar realmente la diferencia en el corto plazo. Ante otros anuncios, como la política de seguridad, habrá que esperar para diferenciar entre dichos y propuestas concretas. Pero hay 3 temas que, sencillamente, no creo que hayan sido reflexionados en profundidad y que pueden ser tóxicos para una administración a la que le faltan todavía 4 meses para asumir el poder.

El 1o. es la descentralización del gobierno federal, esa idea de enviar a distintos rincones de la república las secretarías de Estado, con su personal, sus trabajadores, directa o indirectamente con su infraestructura. No tiene sentido, es una idea que no ha funcionado. Fue desechado desde 1986, después de los sismos del año anterior.

Movimientos de dependencias hacia ciudades que no tienen ni siquiera la infraestructura mínima para alojar a sus nuevos ocupantes y que ya son fuente de profunda preocupación para 3 millones de familias mexicanas.

Otro tema. Que el Presidente se reduzca su salario y que haga una muestra pública de austeridad es encomiable, sobre todo, después de los excesos que hemos vivido. Pero construir una administración pública sin incentivos y donde no se podrá contar con personal calificado de alto nivel porque, salvo casos muy particulares, no habrá interés profesional en trabajar en ella, es un exceso en sentido contrario.

En las áreas financieras, de seguridad, de salud, de medio ambiente, militar, educativa, y en muchas otras, hay personal muy calificado. En estos días circuló mucho un tuit en el que irónicamente se ofrecía un trabajo como director de operaciones financiera de la SHCP para un cargo que implicaba gestionar una deuda de 9 billones de pesos, con un horario de 9 a 19, de lunes a sábados, sin prestaciones y con un salario de 40,000 pesos. Es más que una ironía: nadie realmente calificado para realizar esa labor aceptaría, salvo que tenga una fortuna personal considerable o que tenga otros intereses. Y tampoco es sano tener una política de ingresos ocultos para compensarla.

Simplemente, hay tareas que demandan pagar por ellas lo que las mismas exigen, es la base de una economía de mercado de la que el gobierno no puede abstraerse.

Obviamente eso se relaciona también con la idea de despedir al 70% del personal de confianza. Mucho del mismo por supuesto que puede ser reajustado, pero se debe pensar seriamente a quién y cómo. Individualizar las decisiones. Ningún gobierno puede trabajar sin secretarías en muchos niveles, como tampoco puede hacerlo con sólo 5 asesores por cada secretaría.

Si éstas son decisiones que si no son revisadas terminarán afectando la vida de la gente y la eficiencia en el funcionamiento del gobierno, hay otra que será contraproducente para el propio presidente López Obrador. Todo lo relacionado con su seguridad personal y la operatividad del gobierno no puede ser subestimado.

El Presidente necesita al Estado Mayor Presidencial, no hay un solo argumento válido de los que se han esgrimido hasta ahora para justificar su desaparición. La más ridícula que he escuchado es la que dice que se trata de un cuerpo "muy ostentoso", me imagino que por el despliegue que realiza. En realidad no se compara con el que realizan otras corporaciones similares, comenzando por el servicio secreto estadunidense, pero si ése es el problema simplemente es el Presidente entrante quien designará a su responsable y quien le debe ordenar qué tipo de políticas quiere, qué movimiento de personal, qué tipo de protección. Está en las manos del futuro Presidente decidir cómo operará esa institución, pero lo que no puede hacer es no contar con ella. La historia tiene demasiados ejemplos de cómo esas malas decisiones se pagan demasiado caro.

Faltan 4 meses para el cambio de poder. Hay tiempo de reflexionar, de ajustar, de no sufrir desgaste con tanta anticipación. Y, sobre todo, de aprender que las medidas generalizadas y absolutas son dramáticas, pero casi nunca eficientes.

La gran diferencia de Andrés Manuel López Obrador con los demás políticos mexicanos es su visión y el tiempo que tuvo para madurar su proyecto de gobierno.

En el correr de los años, más de 18, y el fragor de 3 campañas presidenciales, fue construyendo no solo su perfil, sino un programa de gobierno partiendo de una presidencia fuerte, un régimen austero con programas sociales robustos.

Sin haber hablado con él hace un año, puedo decir que nunca soñó ganar como lo hizo: con más de 53% de los sufragios, 30 millones de votos, mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados y en 18 congresos locales y 5 de las 9 entidades en juego, escenario que lo convierte en el presidente de la república más fuerte desde los años 70.

El tiempo, porque no es una ocurrencia reciente, es una estrategia larga y pacientemente pensada, le permitió diseñar un esquema de control para que los gobernadores de oposición no se le fueran a declarar repúblicas independientes, como los priistas en tiempos de Vicente Fox: el coordinador estatal, que suplirá a los delegados federales que existieron siempre por parte de cada dependencia de los gabinetes legal y ampliado, y que eran entre contrapeso y cómplices de los gobernadores.

Ahora, con él, esos coordinadores estatales serán esenciales para controlar política y financieramente a los gobernadores y a la vez empezar a construir desde el 1 de diciembre las candidaturas de Morena a los gobiernos estatales.

Y si ellos lo dicen... ¡Qué voy a decirles yo...!

El ex candidato a la gubernatura [de Jalisco] por Morena, PT y el PES, Carlos Lomelí, reaparecerá hoy en un acto público en el cual hará él la entrega de las constancias de mayoría a los presidentes municipales, diputados locales y regidores que resultaron electos en la pasada elección por parte de la coalición Juntos Haremos Historia. El evento pareciera de trámite, pues el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana liberó los documentos, y éste será un evento donde seguramente el inminente representante del gobierno federal en Jalisco tendrá los reflectores encima. Para algunos, esta entrega sería una continuación de la campaña de Lomelí o el arranque de la precampaña rumbo a las elecciones de 2021, pero lo que sí parece es un acto aparente por alinear a las autoridades electas de extracción morenista a las directrices de Lomelí. ¿Será?

Tuiteó ayer Andrés Manuel López Obrador: "La multa impuesta por INE a Morena por 197 mdp es una vil venganza. No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados por el sismo. Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad. Por el contrario, buscan enlodar una acción humanitaria. Acudiremos a tribunales".

Ayer le leí el tuit a Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE.

"Andrés Manuel López Obrador ganó la elección, es el presidente de todos los mexicanos, nosotros vamos a mantener hacia el próximo presidente una actitud de máximo respeto a su investidura y de autonomía. Así como ha habido presidentes del PRI, del PAN y la autoridad electoral ha sido independiente y respetuosa, así seremos con López Obrador también".

-¿No hay vil venganza?

-De ninguna manera. Él obtuvo un triunfo muy claro, y la legitimidad de las urnas para nadie, nunca, se puede traducir en impunidad en el manejo de las finanzas partidistas.

La presidenta de Morena ha estado dando las explicaciones. Ayer, con Azucena Uresti dio una, al menos extraña: que el INE no debía haberse metido con un fideicomiso privado.

Digo extraña porque el fideicomiso fue anunciado por Morena, decidido en Morena, controlado por funcionarios de Morena. El dinero salió en cheques de caja, la mayoría de ellos, a funcionarios de Morena. Es, yo qué sé, como si no debíamos meternos con Monex, porque es una empresa privada.

Ayer también, en radio con Azucena, hubo un testimonio interesante. El señor Roldán Figueroa, de Oaxaca, contó que cuando escuchó del fideicomiso de Morena, fue a buscar al padre Solalinde, al que identificaba como cercano al partido y que vive a unos 7 kilómetros de su comunidad. Solalinde les pidió que identificaran 300 casos; un mes después "un comisionado, no sé si de Morena" entregó 2,400 pesos por persona.

Figueroa explica que "Apoyé a López Obrador porque somos agradecidos (...) El padre Solalinde nos entregó el dinero y no nos dijo que era de él y tampoco nos dijo que no podíamos entregarles a panistas, priistas, nosotros vimos la propaganda que había y por ahí nos enteramos, pero nosotros somos agradecidos y vamos a ir a donde sea para dar nuestro testimonio".

Un tinaco Rotoplas 450 con accesorios cuesta 1,450 pesos. No sé por qué me acordé de eso mientras escribía esta columna.

En Morena, encabezado por Yeidckol Polevnski, están más que revueltos con el tema del fideicomiso, pues por más que ahora intentan vender la versión de que el partido nada tiene que ver con su creación, están de evidencia los videos en los que el propio Andrés Manuel López Obrador presumía cómo iban en la entrega de recursos mes a mes, sin mencionar que prácticamente todos los integrantes comparten militancia.

Constan también las repetidas ocasiones en las que en las plazas públicas decía que Morena era el único que estaba apoyando a los damnificados, que había formado un fideicomiso para este fin y que los recursos eran del partido y de sus integrantes, adicional a los 500,000 pesos que, dijo, él mismo aportó de las regalías de su último libro.

Faltan meses para que tome el poder, pero el futuro gobierno tiene ya enfrente sus primeros 2 escándalos de gobierno en funciones.

Uno es el escándalo soterrado en la burocracia federal por los anuncios prematuros de despidos, traslados y menores sueldos que entrarán en vigor a partir de diciembre. Es un escándalo que no suena mucho, pero que tiene resonancias de largo plazo.

El otro escándalo es el abierto por la multa que puso el INE a Morena luego de una investigación sobre las irregularidades del fideicomiso abierto por ese partido para ayudar a damnificados de los sismos del año pasado.

Ambos escándalos son pruebas de fuego para el estilo y la credibilidad del futuro gobierno.

La incertidumbre sembrada en la burocracia federal pone a prueba su sensibilidad política. Seguir adelante con las decisiones anunciadas, sin escuchar la zozobra que han sembrado, sería indicio de sordera y dureza.

Sordera y dureza es lo que hay en la respuesta dada al INE por el futuro presidente, respecto de las irregularidades legales de Morena.

"¿Vil venganza" de la institución que organizó las elecciones donde triunfó Morena? ¿El INE pretendiendo "enlodar" la "acción humanitaria" del partido al que acaba de reconocer vencedor en las elecciones?

El INE no ha emitido un juicio sobre la moralidad de Morena, sino sobre la legalidad de sus procedimientos. Y lo ha documentado con todo el rigor a su alcance.

La respuesta del futuro presidente ha echado mano de la intemperancia del lenguaje que fue su marca de fábrica como candidato, pero que no puede ser el tono del gobernante de México.

En un candidato, el lenguaje descalificatorio de instituciones y personas es un recurso retórico. En un presidente electo, se parece a una amenaza.

El futuro gobierno debería oír mejor las quejas de su burocracia, que ha desafiado, y no agrandar el escándalo de las irregularidades de su partido con el fuego verbal que fue la marca opositora de la casa morenista pero que no puede ser la marca de la casa presidencial.

El punto 18 de los 50 lineamientos para una política de austeridad y combate a la corrupción de López Obrador dice, a la letra, "serán cancelados los fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia". Inadmisible pues que quien será el jefe del Estado diga que la reciente decisión de la institución que organizó el proceso mediante el cual fue electo es "una vil venganza". ¿A ese grado le preocupa? No han llegado, y ya muestran rasgos preocupantes.

Antes de irse de vacaciones, Andrés Manuel López Obrador anunció 2 grandes reformas, el recorte a las "plazas de confianza" en la administración pública federal (APF) y la reubicación de las secretarías federales en distintos estados de la república. Ambas, cabe destacar, son promesas desde tiempos previos a la campaña: la descentralización del gobierno, por ejemplo, se propuso desde el año pasado.

Las 2 propuestas tienen mérito. México siempre ha sido un país centralizado -en servicios, medios de comunicación y dependencias gubernamentales, entre otros- y para quien vive fuera de la capital esto es un gran problema. Asimismo, es cierto que los sueldos gubernamentales de este país muchas veces no corresponden a lo que gana gran parte de la población.

Sin embargo, el problema vendrá en la aplicación, más por la prisa del nuevo gobierno para comenzar la así llamada cuarta transformación. Ante la incertidumbre de millones de trabajadores -porque en la APF son millones-, convendría, ya, un mensaje tranquilizante. En estos momentos hay personas que se preguntan, con razón, si en meses tendrán que mudarse a una ciudad ajena, sin tener claro lo más básico. Si tendrán que sacar a sus hijos de la escuela en pleno ciclo escolar. Si sus cónyuges harán el viaje. Tomarán decisiones que les alteren la vida, y hoy lo único que hay es zozobra ante la falta de claridad.

Por su parte, la reducción de la planta de confianza en 70% corresponde a una visión más ideológica que realista sobre las funciones gubernamentales. Nadie niega que en el gobierno haya corrupción -vaya que la hubo en este sexenio-, pero pensar, a priori, que los puestos directivos son malos por naturaleza -¿cómo explicar que solo sean ésos los recortados?- es no querer detenerse a entender la complejidad de la APF.

Lo sano para el próximo presidente -y el país- sería caminar antes de correr. Para empezar a gobernar le faltan poco más de 4 meses y después tendrá 6 años. No hay necesidad de tropezarse antes de arrancar.

En terrible conflicto se metió Manuel Andrés López Obrador, al anunciar, sin consultar primero y hacer un análisis jurídico y económico del efecto que provocaría el anunciar el monto del salario que va a ganar como Presidente de la República y las implicaciones que todo esto tendrá en la economía nacional, pero además nadie le dijo, que en el caso de ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, su remuneración no puede ser disminuida durante su encargo.

Recordemos que todos estos integran un poder distinto, esto es son en sí mismos, el Poder Judicial, esto es, uno de los 3 Poderes de la Unión, el otro es precisamente en la figura del señor López el llamado Poder Ejecutivo y por otro las cámaras de Diputados y de Senadores qué cómo Congreso de la Unión representan al Poder Legislativo. Además el efecto neto real de la disminución no lo es tanto.

Pero, ¿dónde nace el conflicto? Pareciera que hay una contradicción entre los artículos 94 y 127 de nuestra Constitución, ya que por un lado el 1er. artículo señala: "Artículo 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito [...] La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo 15 años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro". Nótese, "no podrá ser disminuida durante su encargo" y luego señala: "al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro" (jubilación). Pero por otro lado, el 2o. de los artículos señala en su fracción "II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente". Sin embargo, no existe contradicción alguna, la 1a. es una norma expresa, la 2a. general y por lo tanto se concluye que no se les puede reducir, como se pretende, la remuneración a esos integrantes del Poder Judicial, y eso lo viene a confirmar el Artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el Lunes 24 de agosto de 2009 que reformó la Constitución para dar el nuevo texto del 127 que expresamente excluyo a todos ellos al señalar: "a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (tope del Presidente) se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo". Por todo lo anterior estimo que, independientemente de consideraciones que cada quien realice en relación a los montos que perciben, constitucionalmente no se les podrá reducir, no obstante la campaña de linchamiento mediático que han lanzado contra los señores ministros y magistrados.

En fechas próximas los 2 mejores ministros desde mi personal punto de vista, la ministro Margarita Beatriz Luna Ramos y el ministro José Ramón Cossío Díaz dejaran su cargo y a los nuevos sí se les podrá aplicar la demagógica disminución.

Veremos muchísimos juicios de Amparo a nivel nacional al respecto, no se diga la respuesta de los sindicatos a la intentona de cambiar a muchas secretarías a diversos lugares de la república, donde la gran mayoría de burócratas no está de acuerdo.

Una multa millonaria por desvíos a elecciones, una secretaria de estado que tiene colmillos de elefante en la sala de su casa, un enviado que miente sobre contactos diplomáticos y otro que lo hizo con sus enlaces con la guerrilla y, además, la polémica sobre el plan de rebajas de salarios a un sector de la burocracia.

5 grandes dislates que en el sexenio de Enrique Peña hubieran llenado no solo las primeras planas de los periódicos militantes, sino se convertirían en materia prima de moneros y columnistas, material de ataque para analistas y, por supuesto, balas para la incisiva artillería de las redes sociales.

Pero, todo esto, fue solo en la semana 2 tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

Cierto, la mayoría de los dislates son de su equipo y no de él directamente que, de hecho, se fue de vacaciones. Pero la rapidez y la necesidad de brillar de algunos de ellos los ha llevado a situaciones no solo curiosas, sino incluso reprobables.

De ello ya han hablado analistas en este diario, mi tema es otro: los fanáticos.

Acostumbrados a ser beligerantes siendo minoría, muchos de los simpatizantes del gobierno entrante no saben controlar las formas al enfrentar la crítica hacia los errores. De hecho, muchos yerran desde la ignorancia del tema o la trayectoria de los críticos y periodistas que señalan conductas a corregir antes de que comience el ejercicio de gobierno.

¿Por qué antes? Porque, desde ya, se actúa como si se tuviera ya dicho poder. La legitimidad que López Obrador ganó en las urnas se dilapida por sus seguidores y equipo con exabruptos y actitudes que preocupan.

La sociedad votó por el cambio pero ese voto no debe de considerarse como un cheque en blanco para cometer cuanto error se quiera. Al contrario, Andrés Manuel y allegados más cercanos saben que este periodo marca los derroteros de los años por venir. Vicente Fox dilapidó todo su bono democrático en ocurrencias que iban desde los head hunters que le ayudarían a formar su gabinete hasta el trato diplomático con mandatarios y figuras internacionales para terminar, claro, con el Águila Mocha y las compras de toallas escandalosas de Los Pinos. Minucias que terminaron con la posibilidad de maniobra en el congreso y que, además, contrastaban con la mesura y tenacidad del recién estrenado AMLO como jefe de Gobierno [del D.F.].

Nadie escarmienta en cabeza ajena, pero repetir la historia como comedia no es el final que se quiere para la 4a. transformación por parte del candidato ganador.

Trump no quita el dedo del renglón en lograr un acuerdo bilateral y busca aprovechar la llegada de AMLO para salirse con la suya.

La propia Gabriela Márquez, quien asumirá ECONOMÍA, resbaló y habló de un "TLCAN ligero" o un bilateral "antes que nada".

En la IP hay incertidumbre respecto a la propuesta que entregó AMLO a Mike Pompeo. Luis Enrique Zavala, vicepresidente ejecutivo de la ANIERM, así lo manifiesta. Sus miembros también están preocupados por los riesgos de un bilateral, puesto que México perderá fuerza negociadora.

ANIERM ya envió una carta a AMLO en la que alerta de los peligros que hay para el país en comercio exterior. Las propias medidas de respuesta a EU en esta guerra, abren desafíos para muchos rubros y las Pymes.

Es improbable que Trump ceda de pronto en los temas más álgidos que han puesto en la mesa, máxime cuando AMLO constituye una ventana de oportunidad. De ahí la presencia aquí de Chrystia Freeland, canciller canadiense, para entrevistarse con el candidato electo la próxima semana.

En la reunión del 13 de julio con miembros del gabinete de Estados Unidos, el virtual Presidente electo tuvo en un lugar visible un grabado de Juárez, una señal de que piensa retomar el ejemplo del oaxaqueño en las relaciones internacionales. López Obrador sí tiene un ánimo juarista en política exterior. Tanto sus declaraciones como la selección de Marcelo Ebrard como canciller sugieren que regresará a la filosofía planteada por la frase "El respeto al derecho ajeno es la paz". En otras palabras, México dejará de asumir un papel activo en la crítica a otros regímenes, como el de Venezuela de Nicolás Maduro o el de Nicaragua de Daniel Ortega.

En otros temas, sin embargo, López Obrador parece todo menos juarista. En asuntos económicos y de derechos individuales, por ejemplo, sus posiciones son conservadoras.

López Obrador mantiene la posición de que México debe ser autosuficiente en actividades como la agricultura o la producción de gasolina. Éstas son políticas proteccionistas tradicionalmente asociadas a la filosofía conservadora. Los liberales siempre han defendido la libertad de comercio.

Para Juárez era muy importante eliminar fueros y tratos preferenciales frente a la ley. Como los otros liberales, consideraba que toda persona debía tener los mismos derechos que los demás. Rechazaba la posición de los conservadores de mantener a los indígenas en reservas con leyes especiales, como las que pretenden tantos militantes de Morena al amparo de los usos y costumbres.

Juárez y los liberales impulsaron la llamada ley Lerdo, la de desamortización de los bienes en manos muertas, que expropió y vendió no solo los bienes de la Iglesia Católica sino las tierras comunales indígenas. Los liberales estaban convencidos de que la propiedad privada y el libre mercado eran indispensables para la construcción de una economía próspera. López Obrador, con su defensa de los ejidos y las tierras comunales, estaría del lado de los conservadores.

En lo que sí hay una clara sintonía entre Juárez y López Obrador es en el énfasis en la honestidad personal y la austeridad en la gestión pública. Tanto para Juárez como para Andrés Manuel estos dos temas son fundamentales.

No tengo duda de las buenas intenciones de López Obrador, pero habrá que ver ahora si sus medidas realmente ayudan a lograr esa austeridad republicana que pregonó Juárez. Vender el avión presidencial puede generar pérdidas, mientras que la dispersión de dependencias en distintos lugares tendrá un costo enorme sin generar beneficios.

No creo, por otra parte, en las supuestas ventajas de mudar la oficina presidencial a Palacio Nacional, pero por lo menos López Obrador estará cerca del famoso retrato de cuerpo entero de Juárez que pintó Tiburcio Sánchez en 1899. Este retrato se encontraba en Los Pinos, pero Vicente Fox, que no era admirador de Juárez, lo mandó a Palacio Nacional. López Obrador no tendrá ahora que regresarlo a Los Pinos. Lo podrá poner en su oficina de Palacio. Ojalá que le recuerde en todo el sexenio su "inquebrantable fe en la búsqueda de la libertad".

Las tareas del nuevo secretario de Educación serán enormes y muy complicadas. López Obrador prometió cancelar la reforma educativa y contó entre sus aliados de campaña a la CNTE y a familiares de Elba Esther Gordillo. La CNTE está ya exigiendo a Esteban Moctezuma que cumpla y ha amenazado con ir a manifestarse a su nueva oficina en Puebla si no lo hace.

Esteban ha declarado que no eliminará las evaluaciones a maestros, pero que sí les quitará su carácter punitivo. Líderes de la CNTE, como Francisco Bravo de la sección 9, dicen que esto no es suficiente; cuestionan el perfil "neoliberal" del próximo secretario y exigen que se acaben las evaluaciones.

Moctezuma ha prometido hacer una verdadera reforma educativa, pero con los maestros y no contra ellos. Muchos especialistas y padres de familia se preocupan de que baje la calidad y devuelva el control de la educación a los sindicatos. El debate no ha bajado de tono. Las presiones apenas empiezan. Le deseo a Esteban suerte... y mucha paciencia.

Una mentira detrás de otra. Ésa es la historia del naciente gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a sólo 19 días de una victoria histórica.

Por eso -por las elevadas esperanzas que desató-, debemos preguntar: ¿a nadie, en el equipo del nuevo Presidente, le importa poner orden? Parece que no. ¿Imaginan ese caos ya iniciada la nueva gestión federal?

Parece que en el equipo del futuro mandatario nadie entiende que un gobierno de mentirosos y rapaces -por muy popular que sea- no prolongará por mucho tiempo la "luna de miel" con los ciudadanos que lo llevaron al poder.

Por eso obliga a repreguntar: ¿de qué tamaño es el escándalo de las mentiras?

1. Ayer el INE confirmó que Morena sí financió actividades electorales con el fideicomiso de casi 80 millones de pesos creado para los damnificados. El INE impuso una multa de casi 200 millones de pesos. Mintió AMLO en un spot en donde prometió que el dinero sería para los damnificados. ¿Tenemos un Presidente mentiroso?

2. Horas antes, el sacerdote Alejandro Solalinde, debió reconocer que mintió sobre un supuesto acuerdo entre el EZLN y el gobierno de AMLO. El escándalo se produjo luego que los zapatistas acusaron al cura de mentir y engañar a la opinión pública, ya que no han reconocido al gobierno de AMLO.

3. En la misma semana, El Vaticano desmintió a la colaboradora de AMLO, Loretta Ortiz, quien mintió cuando aseguró que el Papa Francisco participaría en las mesas sobre la amnistía a criminales.

4. El lunes, el INE tiró las promesas de consulta ciudadana formuladas por distintos colaboradores de AMLO, quienes gritaban "consulta popular" para el nuevo aeropuerto, la reforma energética, la reglamentación de la mariguana y muchas otras promesas de campaña. La consulta sólo se puede llevar a cabo en una elección federal, como la de 2021.

5. En la misma semana, Gerardo Esquivel, asesor económico de AMLO, dijo en Televisa que el virtual Presidente nunca prometió bajar los precios de la gasolina, la luz, el gas y el diésel. Lo apalearon en redes, por mentiroso, y reapareció un video en donde AMLO hace tales promesas.

6. La semana pasada también fue de escándalo, ya que luego de dar a conocer los 50 lineamientos contra la corrupción, AMLO designó embajadora de México en Washington a su tía política, Martha Bárcena. El numeral 26 de los lineamientos prohíbe a todo servidor público del gobierno de AMLO contratar a parientes.

7. Y ya no hablamos de feas mentiras como las de bajar el precio de la gasolina, de tirar la reforma energética, cancelar el aeropuerto, vender el avión presidencial, desaparecer el Cisen, mandar al olvido al Estado Mayor Presidencial y lograr un crecimiento económico de 4% anual, a partir de 2019.

Resulta que a 19 días de la arrasadora victoria de Morena y de su candidato, se han caído casi todas las promesas de cambio, las ofertas de campaña y crece la percepción de que llegarán al poder un puñado de improvisados incapaces de explicar todo lo que prometieron.

Le informaron mal a López Obrador. Le dijeron que los empleados de confianza eran unos cuantos, muy bien pagados, recomendados, vividores y ociosos.

En contraste, los empleados de base, sindicalizados, eran los que hacían funcionar al gobierno.

Por lo mismo, los primeros eran sacrificables y los segundos intocables.

Andrés Manuel se ha de acordar de sus tiempos de empleado de confianza del gobierno. Tras su naufragio en el PRI de Tabasco, cuando lo pretendió transformar y no lo dejaron, se refugió en 1984 en la Ciudad de México en calidad de director de Promoción del Instituto Nacional del Consumidor, en los tiempos que dirigía al organismo la maestra Clara Jusidman.

Hasta 1988, AMLO fue empleado de confianza, y sabe de primera mano la relevancia que este tipo de personas tiene en el sector público.

Seguramente, no ha llegado a los oídos de López Obrador lo que miles y miles de empleados públicos están viviendo en estos momentos. Se trata de alrededor de 300,000 personas. Es decir, serían 3 veces más que todos los que lo acompañaron en el cierre de su campaña en el Estadio Azteca.

En este grupo, es una muy pequeña minoría quien gana más de un millón de pesos al año, los que verían reducidos sus salarios.

El grueso de los empleados de confianza no está entre los que verán mermados sus sueldos. El tema es que tienen hoy incertidumbre laboral. No saben si tendrán trabajo después del 1 de diciembre o si en cierto tiempo tendrán que irse de la Ciudad de México.

La mayoría de los empleados de confianza arrastran el lápiz o [tunden la] la tecla en modestos escritorios o ventanillas. Son muchos de los que realmente hacen funcionar al gobierno.

El salario promedio de los empleados públicos en México es de 13,300 pesos mensuales según el Inegi, y los empleados de confianza no están muy lejos de esa cifra.

Pretender recortar de la nómina a 7 de cada 10 ha creado una extraordinaria zozobra en la que caben todas las versiones y rumores.

AMLO se equivocaría rotundamente si insiste en ese plan.

Nada ha sucedido hasta ahora y tiene oportunidad de rectificar.

Creo que el diagnóstico de López Obrador tiene muchos ingredientes correctos. Sí, el aparato público en muchas áreas se sobredimensionó.

Y es correcto darle el tamaño que realmente debe tener.

Pero, como en una metáfora que he usado en otras ocasiones, el tumor que esta circunstancia implicó, hay que extirparlo con bisturí, no con unas tijeras para cortar pollo.

Peor aún. Independientemente de lo que realmente suceda con los empleados públicos, ante la falta de información precisa y la angustiosa necesidad de información, en los pasillos de todas las dependencias empiezan a surgir todas las versiones imaginables, y en ninguna de ellas sale bien parado el futuro gobierno de López Obrador.

Él y el equipo que lo acompaña sabrá lo que hace, pero mi percepción es que se está metiendo un autogol.

El gran éxito que fue su comunicación durante la campaña pareciera que empieza a hacer agua en estos días.

Ya no hay necesidad de ganar votos. AMLO ya ganó la elección por una gran diferencia. Ahora lo que tiene que hacer es preparar el terreno para gobernar, y la peor manera de empezar es crear zozobra entre miles de personas que estarán bajo su mando en pocos meses.

Todo es reversible por ahora. Pero ¿habrá la humildad de decir 'nos equivocamos'?

El mandato de que nadie debe ganar más que el Presidente, está, aunque como letra muerta, ya en la Constitución en el Artículo 127.

Se trata, pues, de todo un gran y complejo reto, que implica riesgos y que ha encontrado ya claras resistencias, como en la Suprema Corte de Justicia, donde los ministros aseguran que su independencia pasa por mantener su sueldo mensual de más de 388,000 pesos mensuales más prestaciones.

Muchos otros funcionarios y funcionarias, con derechos laborales obtenidos, seguramente darán la batalla legal para defender sus altos ingresos, lo que deja claro que no será una medida que se pueda aplicar sólo por decreto. Es muy probable el escenario de un alud de litigios, incluidos, los de los burócratas que no quieran cambiar de lugar de residencia por la descentralización de secretarías federales que también anunció AMLO.

Por ello, si López Obrador quiere evitar que estas medidas se le reviertan, deberá saber emplear todo su capital político y el robusto bono democrático que logró el 1 de Julio, con sumo cuidado y sin imposiciones.

Se debe vigilar que a los que se les tenga que bajar el sueldo, no busquen compensar la pérdida con corrupción, y por otro lado que los funcionarios con una alta formación técnica y que nada tienen que ver con la clase política, tengan una remuneración justa a la responsabilidad y labor que realizan, incluso mayor que la presidencial, sancionada por algún comité de valoración salarial independiente, que evite la fuga de talentos que degenere en un gobierno con una administración y servicios aún más deficientes. La dieta no nos debe hacer perder músculo y dejarnos en los huesos, menos si significa, en el mejor de los casos un ahorro de 7,000 millones de pesos, apenas el 2% de los 500,000 millones que AMLO prometio.

La mayoría de quienes integrarían su primer círculo (el gabinete propuesto) son presumiblemente gente honorable que realmente sumará su talento y voluntad para sacar adelante un proyecto diferente de país.

El problema del proyecto empieza en los que serán segundos mandos, terceros, cuartos y así sucesivamente.

Ahí tendrán que quedar instalados, por fuerza, todos los integrantes de las tribus de los morenistas, que no son otros que los que vienen del perredismo tradicional, y recientemente del priismo y del panismo; los transfugas.

Habría que recordar que sobre todo los que tienen orígenes perredistas son los mismos que desde el 2006 gobiernan la Ciudad de México, el otrora Distrito Federal.

Son los que han hecho de la capital la ciudad más escandalosamente corrupta del país. Es la región donde la gran mayoría de los empleados públicos, sin importar nivel ni área de competencia, pueden robar.

Es la ciudad donde cualquier trámite público, desde una licencia para conducir hasta un permiso para levantar un gran edificio obliga a repartir dinero; hablamos de licencias para taxis, la verificación vehicular, licencias de uso del suelo, etc.

Es la ciudad en la que se puede levantar con total impunidad un puesto informal de tacos sobre la banqueta frente a una cafetería o un restaurante que cumplió todos los trámites y paga todos los derechos y obligaciones.

Es la ciudad donde ha proliferado la economía informal callejera (puestos y puestos y puestos) gracias a los moches a inspectores y delegados.

Es la ciudad en la que se otorgan permisos de construcción tan absurdos que autorizan por ejemplo edificar un jacuzzi en el 4o. piso de una escuela, lo que a la larga provocó que se viniera abajo con un temblor matando a varios niños.

Donde se puede autorizar construir una plaza comercial que incluso antes de ser inaugurada se viniera abajo por errores en el cálculo estructural y utilización de pésimos materiales para construir.

Todos esos funcionarios que han estado en la capital, a todos niveles, estarán ocupando esos segundos, terceros y cuartos mandos del gobierno de López Obrador.

No hay poder que los pueda vigilar, mucho menos controlar.

Grandes ideas, sueños de eficiencia del señor Presidente electo, pero que tienen un enorme "Coco" en el "Quién" y el "Cómo" los va a ejecutar.

Otros factores han incidido para atenuar el problema de la desocupación, la informalidad y el tráfico de drogas. El gobierno ha hecho vanos esfuerzos por combatir ambas lacras, con resultados muy pobres. En las declaraciones del nuevo gobierno no escuchamos estos temas. Se habla de amnistía pero eso es sólo un incentivo si se encuentra ocupación para los perdonados. En cuanto al tráfico de estupefacientes la derrama económica es cuantiosa y de eso no se habla.

La campaña paga. Y paga bien incluso si el principal candidato de las elecciones fue lento en cumplir con lo que exige la ley: reportar en tiempo real los gastos de campaña.

Para el 14 de junio, el equipo de Andrés Manuel López Obrador había reportado al INE gastos por 45 millones de pesos, o aproximadamente 10% del tope fijado este año para las candidaturas presidenciales. Sin embargo, en las siguientes 2 semanas el detalle de los egresos de AMLO ya ascendía a 100 millones de pesos. Con ese monto cerró el plazo que fija la ley a los partidos. Pero ayer, de forma extemporánea, Morena presentó una nueva cifra para el tabasqueño: 156 millones de pesos.

De cualquier manera, ese monto es sustancialmente más bajo que el reportado por Ricardo Anaya (350 millones) y poco más de la mitad del que reconoció José Antonio Meade (302 millones).

El candidato que más eventos tuvo, el del cierre espectacular en el Azteca, resulta que hizo la campaña más barata. O al menos eso es lo que reporta ante el Instituto Nacional Electoral.

Pero dejemos que lleguen los reportes de la fiscalización del INE, en cosa de un mes, para saber bien a bien cuánto gastaron los candidatos presidenciales.

Claro que desde el punto de vista de los ciudadanos esa espera debe hacerse con un dejo de resignación, porque en el escenario de que a un partido le encuentren gastos sin reportar, y consecuentemente le multen, ese organismo político siempre podrá echar mano del financiamiento público para hacer frente a esas eventuales multas. Y si de un año a otro tu presupuesto crecerá 140%, pues como que mucho agobio no tendrás.

Y con esa misma lógica (medio cínica) es que debemos apreciar lo ocurrido ayer en el INE, donde se votó 10 a 1 por multar a Morena con 197 millones de pesos por haber incurrido en serias irregularidades en el manejo de un fideicomiso que, según anunció en su momento el propio López Obrador, sería para apoyar a damnificados de los terremotos de septiembre de 2017.

Una investigación del INE dio cuenta ayer de las maniobras mediante las cuales a ese fideicomiso de Morena entraron 78.8 millones de pesos. De ese monto, 44.4 millones fueron "atípicos depósitos en efectivo", según describió este miércoles el consejero Ciro Murayama. Además, hubo aportaciones de entes prohibidos (empresas). El fideicomiso es manejado por un comité técnico en el que figuran, entre otros, los nombres de Jesusa Rodríguez (suplente de Olga Sánchez Cordero en el Senado), la escritora Laura Esquivel y Julio Scherer Ibarra, nominado a consejero jurídico de la Presidencia de López Obrador.

De ese fideicomiso, "al 31 de mayo de 2018 habían salido $64.5 millones a través de cheques de caja que, al ser cambiados a efectivo, impidieron seguir el rastro del dinero. Aquí nos enfrentamos", dijo Murayama, "a algo similar al caso Pemexgate cuando se cobró dinero en efectivo: no sabemos en qué se usó ni por quién. Y por ello no es posible determinar gasto de campaña". Lo que sí se pudo establecer es que el 80% de quienes cobraron esos cheques, "tiene relación directa con Morena" (ídem). ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿En qué se usó? ¿En campañas de Morena? ¿Se lo robaron cuadros de Morena?

A todo esto Morena ha contestado, inicialmente, diciendo que no transparentarán el fideicomiso.

Esto es el Morenagate. Por suerte Morena tendrá dinero para pagar la multa. Y asunto arreglado. Porque no sé ustedes, pero si trabajaran en la Fepade, en el SAT o en la CNBV, organismos a los que el INE dio vista, y les tocara investigar el millonario fideicomiso del partido de tu próximo jefe, pues como que no hay muchos incentivos para entrarle con ganas.

En todo lugar y tiempo, la experiencia histórica demuestra que el poder absoluto tiende a acotar las libertades y a minar la democracia. ¿Querrá AMLO evitar ese desenlace? En caso afirmativo, el 1er. paso debería ser levantar diques institucionales y aun constitucionales a su propio poder, sobre todo en materia de no reelección y en la elección de un fiscal independiente del ejecutivo. Al mismo tiempo, debería alentar la cultura de la pluralidad, la tolerancia, el diálogo, el debate y respetar escrupulosamente la libertad de expresión y la crítica. Sobre todo, debe vertebrar un Estado de Derecho.

La posición de Andrés Manuel López Obrador y su equipo sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México ha cambiado varias veces. En un principio el candidato dijo que cancelaría el proyecto y lo reemplazaría con dos aeropuertos, el actual y una reconversión del militar de Santa Lucía. Posteriormente afirmó que lo privatizaría, es decir, lo concesionaria a empresas privadas. En cambio, el 15 de julio Javier Jiménez Espriú, perfilado como próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, declaró que el proyecto será sometido a consulta.

Algunos temas precisan consultas públicas. Nadie supondría ya, por ejemplo, que los gobernantes no deben ser seleccionados por voto popular. Pero otros no. Las garantías individuales, por ejemplo, no pueden restringirse por voto mayoritario. Tampoco deben consultarse temas de impuestos, porque nadie los pagaría. Otros temas que no deben ser sometidos a consulta son los de naturaleza técnica, porque la mayoría de la gente no tiene el conocimiento para tomar decisiones informadas sobre ellos. Éste es el caso del nuevo aeropuerto.

Ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, en los 90, se tomó la decisión de construir un nuevo aeropuerto en Texcoco. La asesoría del Center for Advanced Aviation System Development de la corporación Mitre, la más importante consultora del mundo sobre temas de aeronáutica, fue crucial para definir la opción. El gobierno de Vicente Fox anunció el inicio del proyecto, pero se echó para atrás después de una serie de manifestaciones de un grupo llamado Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra. Durante años el proyecto se mantuvo en reserva, pero fue recuperado por el gobierno de Peña Nieto, el cual modificó el área original para reducir a un mínimo las tierras expropiadas.

López Obrador se opuso al proyecto desde que fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México ya que argumentaba que la urbe no debe seguir desarrollándose hacia el oriente. Los especialistas sostienen, sin embargo, que Texcoco es la única opción para un centro de conexiones que generaría miles de empleos bien pagados y permitiría a las empresas nacionales convertirse en aerolíneas de conexión y multiplicar sus vuelos.

Andrés Manuel ha propuesto mantener el actual aeropuerto para vuelos nacionales y expandir el de Santa Lucía para vuelos internacionales y militares. Los especialistas advierten, sin embargo, que podría haber conflictos en las rutas de aproximación y de emergencia, y entre los usos civiles y militares. La distancia entre los 2 aeropuertos, por otra parte, obligaría a la construcción de costosas nuevas vías de comunicación entre ellos. Este proyecto impediría, por otra parte, la creación del hub internacional. Los beneficiarios serían los aeropuertos de Estados Unidos y el de Panamá.

La decisión más sensata es continuar con la construcción del nuevo aeropuerto. Cancelarlo tendría un costo de cientos de miles de millones de pesos. Es razonable privatizarlo, como propuso el propio López Obrador, porque no hay razón para que un gobierno se dedique al negocio de aeropuertos; pero operar el actual aeropuerto junto con el de Santa Lucía no parece ser una solución viable. Si hay que consultarlo, hay que hacerlo con alguna empresa especializada.

Por operar el Fideicomiso "Por los demás" creado presuntamente en beneficio de los damnificados del 19 de septiembre pero que sirvió de mecanismo de financiamiento paralelo en beneficio de dirigentes, candidatos y operadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a ese partido con 197'046,000 pesos.

El asunto detonó en un choque entre el consejero José Roberto Ruiz Saldaña -quien votó en contra- y el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, con el resto de los consejeros, que avalaron la sanción y quienes fueron acusados de actuar con "dolo" y con la intención de "perjudicar" a Morena y a su entonces líder nacional Andrés Manuel López Obrador.

En respuesta, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que en junio, antes de las elecciones, el PRI acusó a los consejeros de jugar con los tiempos políticamente para no afectar a Morena y proteger a López Obrador y ahora es Morena el que acusa al Instituto de actuar políticamente en su contra.

"Ser acusado por denunciante y denunciado de esa intencionalidad es prueba, de que estamos actuando sin filias ni fobias con respecto a los actores", aseveró Córdova.

Los consejeros Marco Antonio Baños y Ruiz Saldaña, se acusaron de flojos, parciales y de servir y ser empleados de intereses ajenos al INE, uno, del PRI y otro, de Morena.

Ruiz Saldaña aseguró que la "filtración" del caso previo a que llegara al Consejo General bastaría para declarar infundado el caso, por "violación al debido proceso" y vio dolo del resto de sus compañeros del INE e intención de perfilar una conclusión.

"Ha habido interés en perjudicar a los sujetos denunciados", por lo que pidió fincar responsabilidades "si la filtración vino del área de fiscalización o de algún consejero".

El representante de Morena, Horacio Duarte, se quejó de la "filtración" del caso antes de la elección y con la intención de que "explotara antes de 1 de julio... pero se enfrentaron con 30 millones de votos".

"Tuvieron -aseguró- que pactar entre ustedes aguantar unos días" y además no investigaron el destino de los recursos, pero "no lo hicieron porque querían sacar el golpe y se les sebó con 30 millones de votos se demostró que estaba equivocados".

En la discusión, el representante del PAN, Eduardo Aguilar, recordó que su partido tampoco le gustó apoyar a los damnificados por la vía de entregar el dinero al gobierno federal, pero sí lo hizo.

En cambio López Obrador anunció la creación del Fideicomiso, "Morena dijo que iba a donar sus prerrogativas y ni un solo peso de prerrogativas ha sido donado" a los damnificados, dijo.

El caso detonó tras una queja del PRI para indagar el supuesto desvío del financiamiento público de Morena para fines ajenos, lo que no se acreditó, pero en cambio se comprobó que incurrió en al menos 7 irregularidades en materia de fiscalización, entre ellas financiamiento paralelo por 78.8 millones de pesos.

Además, se confirmó que Morena incurrió en la omisión de informar al INE los fideicomisos en los que participa; omisión en el reporte de ingresos, el rebase del límite de aportaciones en efectivo, recibir aportaciones de personas desconocidas, recibir aportaciones de ente prohibido y omisión de reportar egresos.

Según el INE el fideicomiso creado por Morena y anunciado por su entonces líder nacional Andrés Manuel López Obrador, se constituyó por decisión del Consejo Nacional de ese partido el 23 de septiembre de 2017 y sirvió de mecanismo de financiamiento paralelo en beneficio de dirigentes, candidatos y operadores de ese partido.

Con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de Banca Afirme, se concluyó que el fideicomiso recibió de forma irregular 44'407,000 pesos en efectivo.

Esto porque el contrato de ese fideicomiso prohibía depósitos en efectivo y las normas financieras establecen que la movilización de ese tipo de sumas debe reportarse ante la presunción de delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada.

Las aportaciones fueron realizadas del 26 al 29 de diciembre y del 23 al 28 de marzo, por grupos de 4 a 6 personas "en carrusel" es decir, se formaban una y otra vez, para hacer entregas de 25,000 y hasta 200,000 pesos en 16 sucursales distintas de la Ciudad de México y Estado de México.

En cuanto al "modus operandi, se destaca la existencia de una mínima diferencia de segundos entre cada depósito" por lo que fue una operación sistemática. Por ejemplo, el 27 y 28 de diciembre 6 personas hicieron carrusel en la Sucursal Plaza de la República para con varios depósitos de 50,000 pesos cada uno sumar 2.3 millones de pesos.

Pese a que se trataba de recursos no rastreables, pues no fueron depositados de forma electrónica, se adjudicó a fideicomitentes y fideicomitentes adherentes haber hecho estas aportaciones que en realidad eran "de fuentes desconocidas".

Así, aparecieron como donantes de más de un millón de pesos dirigentes que vía cheque o transferencia electrónica entregaron cantidades menores, entre ellos la misma esposa de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez -quien vía cheque depositó 8,500 pesos pero le aparecieron donaciones por 673,000 -a candidatos y legisladores-.

Respecto al destino de los recursos según el INE salieron del fideicomiso 64'481,000 pesos en cheques de caja y quienes los cobraron y convirtieron en efectivo fueron al menos 70 personas en nómina de Morena, dirigentes u operadores, lo que acredita "otro fuerte lazo de las acciones y operación del fideicomiso con dicho instituto político".

Respecto al destino final de recursos, de acuerdo al proyecto de resolución "existe un vacío respecto a la certeza de cómo y quiénes serían los sujetos de apoyo, destinatarios finales del recurso".

Empero, 21 millones, es decir "el 33.85% de los mencionados recursos fueron controlados por 15 personas vinculadas con Morena" y ninguno en el padrón de damnificados del sismo.

La realidad alcanzó a Andrés Manuel López Obrador. Un cuarto de siglo de organizar y manejar sus campañas electorales en Tabasco, Ciudad de México y tres presidenciales, no le enseñó al futuro Presidente de México cómo trabajar en equipo. Por lustros él lo era todo, el centro y la periferia, y cuando la mayoría de quienes veían que caminaba hacia un error y lo conminaban a rectificar el rumbo, decía "denme un voto de confianza". Perdió en las urnas por malas decisiones personales, pero aprendió de las experiencias este año y ganó. Lo que nunca asimiló ni se educó, es cómo empoderar a sus colaboradores para convertirlos en fieles intérpretes de sus ideas y propuestas. A poco más de 2 semanas de haber arrasado en la elección, lo bisoño de la mayoría de sus colaboradores lo ha puesto en una contradicción que dilapida capital político, a 4 meses y medio de asumir el poder.

López Obrador parece estar por 1a. vez desde que es un actor central en la vida pública de este país, abrumado y rebasado por la realidad de una victoria que no ha disfrutado, pues 48 después de haberla alcanzado comenzó el frenesí de su impostura presidencial, generando mayores expectativas y, al mismo tiempo, desdoblando su visión de país a través de lo que dé a entender a sus colaboradores. Sólo a algunos con experiencia les ha permitido no caer en frivolidades ni cometer torpezas, pero la mayoría exuda desconocimiento o ignorancia, muchas veces con la ingenuidad que sólo la da lo precario de la experiencia.

El momento más dramático ha sido el desmentido de El Vaticano al anuncio que el Papa Francisco había aceptado participar desde la sede de la Iglesia Católica en el centro de Roma, a través de Skype, de los foros que sobre seguridad anunció López Obrador que realizaría para formular su estrategia de seguridad pública. Loretta Ortiz, coordinadora del Consejo Asesor para Garantizar la Paz del próximo presidente, anunció que el Papa había confirmado su participación. Cuando el vocero vaticano dijo que era falso, Ortiz explicó que el Papa le había confirmado a uno de sus colaboradores durante la audiencia pública de los miércoles en la Plaza de San Pedro. Sólo un novato con preparación diplomática nula pudo haber creído que una charla extraoficial, como son las que se dan en ese espacio, pudo haber sido una confirmación. De protocolos no conocen; de política tampoco.

Pero lo mismo podría alegar de los anuncios diarios sobre las cosas que piensa hacer en el próximo gobierno. Si desaparecen subsecretarías, ¿dónde queda la que llevaba las relaciones con las iglesias que estaba en Gobernación? Si borrarán la mitad de las subsecretarías de Educación, ¿desaparecerá la estratégica de Planeación, Evaluación y Coordinación, o cuál de las de Educación Básica, Media Superior o Superior? ¿Quién se encargará de hacer los mapas de riesgo para la seguridad nacional, o dará seguimiento a los potenciales terroristas o a los movimientos armados ahora que la nueva Secretaría de Seguridad Pública absorba al CISEN? Si se reduce a la mitad el salario de miles de burócratas, ¿por qué López Obrador, quien había dicho que no se afectaría a los trabajadores de base, dice ahora que a quien no le guste que acuda a los tribunales laborales ante ese eventual acto ilegal? Como en este caso hay una potencial violación al artículo 123 constitucional, para que el Estado Mayor Presidencial deje de hacer las funciones que realiza desde 1823, tendría que reformarse la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Las ligeras declaraciones del futuro gabinete de López Obrador están añadiendo incertidumbre a la calidad de sus integrantes. Pero sobre todo, están acumulando desgaste mucho tiempo antes que empiece propiamente ese proceso con el arranque de su administración. La paradoja es que el político centralizador por excelencia, de cultura vertical en el manejo del poder, podrá controlar las líneas generales de su equipo, y pensar que por ósmosis puede transmitirles todo el desarrollo de cada una de ellas -en el supuesto de que sí lo trae en el pensamiento-, no está siendo eficiente. Se entiende, porque de lo que estará a cargo es la Presidencia; no se comprende porqué, sabiéndolo, no haya preparado el andamiaje para enfrentar esta nueva realidad.

López Obrador tiene una secretaria de Gobernación designada, Olga Sánchez Cordero, que está más ocupada en revisar el entramado jurídico para asuntos que competen más a la Secretaría de Salud, que en actuar como la jefa política del gobierno entrante, al que controle, alinee y le administre sus tiempos. El jefe de la Oficina del próximo presidente, Alfonso Romo, está involucrado en temas como la relación con el sector privado, pero sin cumplir las funciones que el cargo que le asignaron obliga, que es la de evitar que el futuro gabinete se convierta en lastre y no en activo de López Obrador. Su próximo coordinador de Comunicación Social, César Yáñez, es más un secretario particular que responsable de controlar el mensaje y preparar a los futuros funcionarios.

El próximo Presidente está chupándose la luna de miel que debía haber empezado hasta el 1 de diciembre. No durará mucho, porque la velocidad y el volumen con los cuales comete errores su 1er. equipo, se vuelve imposible de ocultar.

Esteban Moctezuma será el 1er. funcionario del nuevo gobierno en despachar fuera de la Ciudad de México. El 1o. de diciembre estará trabajando ya en Puebla, aunque seguramente se trasladará ese mismo día a la Ciudad de México para la inauguración.

La mudanza de las dependencias a distintos puntos del país la planteó López Obrador en noviembre de 2017 cuando afirmó que la Ciudad de México es "una isla de crecimiento" mientras que el resto de las entidades "está en el abandono" (la verdad es que las regiones exportadoras, como el Bajío, han crecido más que la capital). Dijo que "es importante que se debata la conveniencia de descentralizar el gobierno federal", pero el traslado del próximo titular de la SEP a Puebla el 1er. día de gobierno sugiere que la decisión se tomó antes de la consulta.

¿Tiene sentido esta descentralización? No es la primera vez que se intenta. Después del terremoto de 1985, algunas dependencias fueron reubicadas. El INEGI pasó a Aguascalientes y Capufe a Cuernavaca, pero no hay un estudio de cuánto costó la mudanza ni cuáles fueron los resultados. El INEGI, por ejemplo, sigue teniendo oficinas en la Ciudad de México.

La propuesta de López Obrador sería mucho más ambiciosa. La Secretaría de Economía se mudaría a Nuevo León; la de Agricultura a Ciudad Obregón, Sonora; la de Salud a Chilpancingo, Guerrero; la de Turismo a Chetumal, Quintana Roo; la de Medio Ambiente a Yucatán; la de Marina a Veracruz; la de Defensa Nacional a Jalisco. Además, la Comisión Federal de Electricidad se cambiaría a Chiapas, Pemex a Campeche, Nacional Financiera a Guanajuato y el SAT y la Administración General de Aduanas a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Hay dudas de que este esquema pueda funcionar, incluso hoy cuando la tecnología facilita el trabajo colaborativo a distancia. Brasilia se construyó para ser capital de Brasil, pero la mudanza resultó extraordinariamente costosa. Dispersar las oficinas gubernamentales es mucho más complejo. Lo más cercano que conozco es el Parlamento Europeo, que tiene 3 sedes, en Estrasburgo, en Bruselas y en Luxemburgo, lo cual no ha servido más que para desperdiciar tiempo y recursos.

Algo similar puede ocurrir con la dispersión que pretende López Obrador. El secretario Moctezuma podrá despachar en Puebla, pero tendrá que trasladarse innumerables veces a la Ciudad de México: a la inauguración, a bilaterales con el Presidente, a juntas de gabinete y a otras reuniones. La SEP tendrá que comprar o alquilar nuevas oficinas en Puebla, pero dudo que venda el histórico edificio de la calle de Argentina, donde se ubica la oficina con el "escritorio de Vasconcelos". Hay riesgo de que se dupliquen cientos o miles de cargos.

La mudanza obligada generará innumerables problemas y gastos. Habrá que adquirir o alquilar nuevos edificios y pagar mudanzas de trabajadores y oficinas. Muchos perderán su empleo por no poder realizar el traslado. Algunas familias tendrán que escoger entre permanecer juntas o perder un puesto de trabajo.

Lo peor es que ni siquiera sabemos si el esfuerzo valdrá la pena. Los costos de reubicación y futuros traslados pueden ser estratosféricos, pero no equilibrarán el crecimiento económico regional. Mucho más sentido tendría usar el dinero para construir infraestructura y para facilitar la inversión privada en cada lugar del país.

Viridiana Ríos escribe en Twitter: "Hay 2.3 millones de funcionarios públicos y de estos 17.2% son de confianza. Si se aplica el plan de austeridad, se despedirán 276,920 (70%). En 2018 se han creado 476,120 empleos formales. De ese tamaño es esta tragedia laboral".

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) negó haber aceptado "un primer diálogo" con Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, como afirmó este lunes el padre Alejandro Solalinde.

A través de un comunicado de 9 puntos, firmado por el Comité Revolucionario Indígena- Comandancia General del EZLN, el grupo insurgente dijo que si tuviera algo que informar lo haría, como es su costumbre, a través de un comunicado y con antelación. Y de inmediato arremetió contra el sacerdote.

"El EZLN no ha recibido del señor Solalinde nada más que mentiras, insultos, calumnias y comentarios racistas y machistas, al suponer él que, como se sostenía en la época del Salinismo y el Zedillismo, somos unos pobres indígenas ignorantes que somos manipulados por, usando sus mismas palabras, 'Caxlanes que administran el Zapatismo', y que eso evita que bajemos la vista y nos postremos ante quien el señor Solalinde considera el nuevo Salvador".

Solalinde, reconocido defensor de los migrantes que apoyó abiertamente la candidatura presidencial de López Obrador, dijo ayer en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que entregaría al EZLN una carta del tabasqueño con la propuesta de dialogar.

"...ya aceptó el EZLN tener el 1er. diálogo, mañana entregaré la carta de parte del presidente (sic) diciendo la disposición que se tiene de dialogar", dijo el sacerdote.

La organización insurgente aclaró que López Obrador no es todavía presidente de México y, por ello, criticó que su equipo se comporte como si ya fueran gobierno.

El comunicado, rubricado por el Subcomandante Insurgente Moisés, termina con una pregunta del EZLN para quienes festejan el resultado de la reciente elección presidencial:

"Si somos 'sectarios', 'marginales' y 'radicales'; si estamos 'aislados' y 'solos'; si no estamos 'de moda'; si no representamos nada ni a nadie; entonces ¿por qué no nos dejan en paz y siguen celebrando su triunfo?".

Tan pronto se conocieron los resultados de las votaciones, que le otorgaron a López Obrador un triunfo contundente, el EZLN marcó su distancia del tabasqueño asegurando, también a través de un comunicado, que nada cambiaría con un gobierno de AMLO.

"Podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo", dijeron los zapatistas después de conocerse el resultado electoral.

Andrés Manuel López Obrador no ha engañado nunca. Es consistente en su discurso y congruente en sus acciones. En las 2 últimas semanas ha seguido ese camino y el país que está dibujando en construcción es preocupante. López Obrador ha ido dando a conocer el armado de su Cuarta Transformación, que se edificará sobre la centralización del control político, el económico y del estado de fuerza desde Palacio Nacional, que le permitirá gobernar verticalmente el país. Nada de horizontalidad ni contrapesos. De arriba hacia abajo, como dice que hará con la corrupción, decidirá el destino de 130 millones de personas.

El diseño de su próximo gobierno está listo. Desde la Presidencia se coordinarán 32 delegados federales que serán sus representantes políticos, que actuarán como los viejos jefes políticos del porfiriato. Bajo el pretexto de que se trata de una medida de austeridad, elimina los delegados federales que cada dependencia tenía en cada entidad, con lo que cambiará el Convenio de Coordinación Fiscal mediante el cual el gobierno entrega recursos a los estados a través de partidas presupuestales, para hacerlo mediante los coordinadores -manejados por Gabriel García, que era secretario de Organización de Morena-, minando el federalismo al ser ellos quienes por fuera de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, distribuyan los dineros y asignen los programas.

Otra pinza estratégica de control y poder de López Obrador es que en el siguiente sexenio, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda concentrará todas las compras gubernamentales, con el propósito declarado de ser una medida para eliminar la corrupción. De esta forma, ninguna secretaría de estado volverá a tener autonomía de gasto para planificar, calendarizar y administrar sus compras, sino que tendrá que recurrir a Hacienda cada vez que necesite adquirir papel de baño, medicinas, uniformes o computadoras, por mencionar algunos de los insumos recurrentes. Entonces, si a través de los delegados federales centralizará el poder político en el país, mediante la Oficialía Mayor de Hacienda ejercerá un férreo control hacia el interior del gobierno.

Para que la política y la economía se unifiquen mecánicamente en una misma línea, López Obrador necesita tener el control de la comunicación, que es un arma que le dé el espacio que necesita para construir los consensos que requiere para gobernar, al mitigar las eventuales críticas en la opinión pública. Por eso, anunció que desaparecerán todas las oficinas de Comunicación Social del gobierno federal, y que toda la información, así como el mensaje gubernamental, saldrá de un solo despacho en Palacio Nacional, bajo la responsabilidad de César Yáñez, que ha sido su sombra durante años. El control centralizado de información y mensaje será acompañado de sus conferencias mañaneras diarias, donde su equipo ha sugerido que harán gestiones ante la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para que sean transmitidas en vivo, lo que le permitirá fijar la agenda sin intermediarios y, disfrazado de información, diseminar propaganda.

No podría haber un control total si no se dispone de los mecanismos de coerción que tiene un Estado, mediante el uso legítimo de la fuerza. Junto con ello, la centralización de los órganos de inteligencia civiles en la nueva Secretaría de Seguridad Pública, así como la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y de la Dirección de Protección Civil de Gobernación se suman para conformar el cuerpo total al estilo de gobernar que desea López Obrador.

Esta forma vertical y centralizada de gobernar ha pasado sin que nadie levante las cejas. Los riesgos no han sido debatidos ni problematizados, incluso para que el propio López Obrador pueda reflexionar sobre lo que va a construir.

Sólo una tercera parte del padrón electoral, no hay que olvidar, votó por López Obrador. Mucho trabajó, luchó y sufrió López Obrador para llegar a la Presidencia que asumirá con un claro mandato que no debe confundirle la cabeza, sino forzarlo a cambiar a México, como tanto lo ha prometido, por un país mejor, no por algo que más adelante le recriminen, incluso sus seguidores y quienes votaron por él, por haberse desviado de la ruta prometida y convertirse en un autócrata. No lo merecemos nadie.

La 1a. semana privilegió los encuentros con los empresarios, sin duda el sector más hostil que enfrentó en esta y sus otras dos campañas presidenciales. Los planteamientos que hizo con respecto al tema de las variables de la economía agradaron a las distintas cúpulas empresariales y su relación se volvió más que tersa. Habrá que ver cuánto dura, pero por lo pronto dio tranquilidad a los mercados y prueba de ello fue la estabilidad y apreciación del peso frente al dólar.

En materia de seguridad, AMLO mantiene sus ambigüedades, aunque ha instruido a que su futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, y su futuro responsable de seguridad, Alfonso Durazo, expongan algunas línea generales de su estrategia, en la que destaca abandonar una política prohibicionista en el tema del combate al narcotráfico y su Ley de Amnistía.

En lo que sin duda el virtual presidente electo ha quedado a deber es en el tema del combate a la corrupción y la impunidad, línea temática que, paradójicamente, siempre fue su narrativa y promesa principal en la pasada y 2 anteriores campañas presidenciales.

López Obrador insiste en rechazar la solicitud planteada desde las más importantes organizaciones de la sociedad civil a través del movimiento #FiscalíaQueSirva, para que el nuevo fiscal independiente se elija de entre una lista de 10 candidatos que se propongan desde la ciudadanía, para garantizar su independencia del ejecutivo. En un claro asomo de autoritarismo, tal vez fincado en el amplio apoyo que recibió en las urnas y que le dieron la mayoría en ambas cámaras del poder legislativo, se niega a renunciar a ser él quien haga este nombramiento, clave para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

La feria de promesas ya pasó. Comienzan las definiciones de gobierno. Estados Unidos es un factor determinante para muchas de ellas.

En el 1er. acercamiento de funcionarios estadounidenses con López Obrador se cuidaron las formas. En las señales paralelas se mantiene la misma idea que Trump tiene de nuestro país desde que era candidato presidencial.

Podemos cambiar de gobierno en México pero el vecino no va a cambiar. Ni sus ideas. Aunque lo inviten a la toma de posesión. Ya sabemos que el respeto a sus anfitriones no es lo suyo.

Tenemos 50 años hablando de descentralización y de evitar la concentración de personas en la Ciudad de México. Así que conceptualmente no está mal pensar en reubicación de secretarías. Pero hasta ahora no se ha presentado un plan coherente. Y tenemos casos como el de la SEP que se plantea que desde el día 1 de diciembre despache en Puebla. Los riesgos de improvisar y crear un caos administrativo son enormes si no se da coherencia a la propuesta.

La idea de concentrar compras es buena. La implementación, compleja, por la heterogeneidad de las compras que realiza el sector público. Los funcionarios del futuro gobierno han aludido a la buena experiencia que hubo en el sector salud. Por eso mismo, les resultaría mejor un proceso gradual de consolidación por áreas, con especialización del personal de compras y la realización de subastas de diverso tipo, como, por ejemplo, las instrumentadas en el IMSS. Una mala ejecución del proyecto puede paralizar las compras del gobierno y pegarle a la economía.

Aunque es falso que el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes haya hablado de consulta popular respecto al nuevo aeropuerto (fue explícito en decir que no sería de ese tipo), sí señaló que en octubre se buscaría conocer lo que opina la comunidad, en una consulta nacional, respecto a las opciones que los grupos técnicos definan. La decisión debe ser racional y no popular. Si el nuevo gobierno, tras el análisis, concluye que tiene razón en su propuesta, debe asumirla con todas sus consecuencias. Si no, rectificar.

Pero no endosarle a la comunidad la decisión.

El Vaticano desmintió hoy la noticia de la participación por videoconferencia del Papa Francisco en los foros para lograr la paz organizados por el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"La noticia de que el Santo Padre participará en esta conferencia no tienen fundamento", dijo el portavoz del Vaticano, Greg Burke.

El Vaticano desmiente así las declaraciones de la coordinadora del proceso de pacificación del próximo gobierno mexicano, Loretta Ortiz, quien informó de que Francisco participaría en los foros para lograr pacificar al país y definir una posible ley de amnistía, que se celebrarán del 7 de agosto al 24 de octubre.

Cambiará la Constitución. No sabemos cuánto, pero es muy probable que la mayoría que tiene AMLO en los congresos locales y la posibilidad de estar cerca de la mayoría calificada en ambas cámaras del congreso federal va a permitir hacer modificaciones constitucionales o incluso reescribir la totalidad de ésta. Difícilmente AMLO y su equipo van a resistir la tentación de cambiar la ley fundamental del país en algún momento de su administración, cuando tienen las condiciones para ello.

[¿Buscará la reelección? - pregunta el webmaster.]

Se hará lo que él diga, y como él lo diga. Y se hará mediante el cobijo de una actividad mediática frenética, donde una sola voz será capaz de echar a andar la febril maquinaria de la propaganda. Esa voz, por supuesto, es la de López Obrador.

Dicho en otras palabras, tendremos muchos mensajes sobre lo que va ocurriendo, pero poco o nulo diálogo, y menos participación sobre lo que se va decidiendo.

Los defensores del AMLO unilateral dirán, con prontitud y labia, que para eso obtuvo el respaldo del voto popular, para mandar. Ese argumento pasa por alto que no hay un solo gobierno, por más bien intencionado que se diga, que concentre todos los saberes, menos aun cuando el equipo que llegará no ha tenido experiencia a nivel nacional.

La coartada de López Obrador para evitar los cuestionamientos a su modelo cerrado será hablar y hablar, como lo ha hecho estas 2 semanas.

Tendremos a López Obrador fijando la agenda y mandando al dedito a decir que no cuando no le venga bien el tema que la prensa quiera cuestionar. Dictando de lo que hablamos mañana, tarde y noche. Por eso pretenden que no haya direcciones de comunicación social en las dependencias: una sola voz lo ocuparía todo.

Y solo por si hiciera falta decirlo, a López Obrador nadie le va a ganar en la competencia de hablar sobre lo que dice y no dice López Obrador.

Por todo ello, lo que es preciso es sobreponerse al aturdimiento provocado por los mensajes -novedosos algunos (como los de la agenda de Sánchez Cordero), inquietantes otros (como los de seguridad), verborreicos otros- que lanzan diario López Obrador y su equipo.

Ganaron la elección, tienen derecho a plantear una agenda, pero la sociedad tiene derecho a participar, no solo a consumir información precocinada de lo que será el futuro. Así sea un futuro que, al menos nominalmente, podría costar menos.

Hace 2 viernes Andrés Manuel López Obrador tuvo la 1a. gran reunión con lo que será su gabinete civil de seguridad, en donde reveló el diseño para la renaciente Secretaría de Seguridad Pública, cuyo nombre definitivo aún está por determinarse, pero cuyas funciones producirán escalofríos por el tipo de integración de todos los órganos de inteligencia -no militares- bajo un mismo mando, al que se sumarán los especializados en situaciones de emergencia. La arquitectura de la nueva secretaría incluirá áreas que hoy son responsabilidad de las secretarías de Gobernación y Hacienda, que deben comenzar a trabajar para facilitar su traslado a lo que será una súper secretaría que tendrá a su disposición todos los recursos coercitivos del Estado Mexicano.

En la reunión estaba la secretaria de Gobernación designada, Olga Sánchez Cordero, de cuya futura dependencia saldrán el CISEN y Protección Civil. De la Secretaría de Hacienda, cuyo futuro titular, Carlos Manuel Urzúa, no estaba presente, se irá la Unidad de Inteligencia Financiera, que se creó en 2004 para coadyuvar en la prevención y el combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que hoy es un brazo eficiente para enfrentar y neutralizar la fuente de poder de los cárteles de la droga y organizaciones terroristas. Nadie replicó nada en esa reunión, donde escucharon los grandes trazos de la futura Secretaría de Seguridad Pública.

Pero el martes pasado, en la 1a. reunión que tuvo Sánchez Cordero con sus futuros colaboradores en Gobernación, afloraron los desacuerdos con el futuro Presidente. Leonel Godoy, ex gobernador de Michoacán y ex secretario de Seguridad Pública en la 1a. parte del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, expresó que no era conveniente que se trasladara el CISEN a la nueva secretaría, porque Gobernación perdería ojos y oídos que le permiten mantener la gobernabilidad. Sin embargo, la decisión de López Obrador está tomada, y quien ya está trabajando en los diagnósticos de la Policía Federal y del CISEN es Joel Ortega, experto en temas de seguridad, que fue presentado como asesor de Sánchez Cordero.

A la cita de los futuros funcionarios de Gobernación no fue invitado Alfonso Durazo, quien será el próximo secretario de Seguridad Pública, pese a que toda la sesión trató únicamente el tema que le compete. Durazo reconoce en privado que no sabe nada de seguridad pública, pero que su trabajo será la administración de la nueva secretaría y la ejecución de las instrucciones que le dé directamente López Obrador, quien diariamente al iniciar el día, como lo hizo cuando fue jefe de Gobierno capitalino, tendrá una reunión con los miembros civiles y militares de su gabinete, para revisar la problemática. El futuro Presidente será, a la vez, titular de facto de Seguridad Pública.

La concentración de funciones responde en una buena parte a la racionalización del combate al crimen organizado y a brindar seguridad, que López Obrador ha dicho públicamente que será la principal prioridad del nuevo gobierno. Asimismo, arropa la promesa de campaña sobre la desaparición del CISEN, el órgano de inteligencia civil que creó el presidente Carlos Salinas en 1989 sobre las ruinas de la desacreditada Dirección Federal de Seguridad, incorporando a toda una generación de profesionales a quienes se mandó a entrenar a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España e Israel. Su integración en la nueva Secretaría de Seguridad Pública le permitirá anunciar a López Obrador que el CISEN murió, pero sin perder los insumos de inteligencia que aportan.

El aparato de inteligencia civil del Estado Mexicano pasará a reforzar la Plataforma México, un complejo sistema de información e inteligencia criminal, que después de que fue desmantelada durante los primeros años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se ha ido reconstruyendo. Los 2 sistemas de inteligencia civil no son excluyentes, sino complementarios. El CISEN está enfocado a todos aquellos temas que involucran a la seguridad nacional, y puedan tener un impacto en la gobernabilidad, mientras que Plataforma México se concentra en la criminalidad. López Obrador no explicó la forma como trabajarían integrados, ni la razón por la que añadiría a esa área a Protección Civil, salvo que emane del énfasis para que una parte de la Policía Federal tenga un acercamiento más continuo y profundo con la ciudadanía y hacerla realmente de proximidad.

Trasladar la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a Seguridad Pública tiene sentido en un contexto de combate al crimen, donde se puede complementar con el resto de esas tareas en Seguridad Pública, pero puede entrar en una dinámica de descoordinación con otras áreas de procuración de justicia, como la PGR, que utiliza la información que le proveen para todo tipo de investigaciones, que si bien son delitos, no se encuentran en el ámbito del crimen organizado. Hay dudas, como se ventilaron durante la reunión de Sánchez Cordero con sus futuros colaboradores, si existe un impedimento legal, por los acuerdos internacionales vigentes, para que esa unidad pueda salir de Hacienda, que tendrán que ser aclaradas en breve.

El tema de la gobernabilidad expuesto por Godoy, tampoco quedó resuelto en el diseño de López Obrador, que se tendrá que ir revisando y ajustando en los próximos meses para que le entreguen el sueño de cualquier gobernante: capacidad de fuerza, inteligencia y contrainteligencia policial, financiera y seguridad nacional, bajo un solo mando, el de López Obrador, cuya construcción de gobierno vertical, con una línea de mando única, la suya, es lo que empieza a figurar en el horizonte de su próxima presidencia.

¿Cuál es el proyecto de país de Andrés Manuel López Obrador, el del gabinete o el del partido? Ambos. Y, aunque parezcan contradictorios, son parte de la misma estrategia, la mano izquierda y la derecha trabajando para una visión que solo tiene la cabeza. Dr. AMLO y Mr. Peje no descansan, y en cuanto uno se baja la guardia aparece el otro.

Hoy la contradicción más evidente está entre el gabinete, que representa al Andrés Manuel moderado, estadista, visionario y el López Obrador del partido, con un discurso más radical, faccioso y retrógrada. Lo vimos en todo su esplendor en la noche del 1 de julio: el discurso del hotel, mandando señales de tranquilidad y el del Zócalo, dejándose investir por el pueblo. Dr. AMLO dice no me tengan miedo; Mr. Peje grita a voz en cuello no les voy a fallar.

Mientras todos aplauden al candidato electo que actúa ya como Presidente, recibe a delegaciones internacionales y anuncia cambios en un gabinete que aún no gobierna, en el otro flanco comienza a preparar la elección del 2021. La famosa revocación de mandato, que originalmente se haría cada 2 años, decidió finalmente hacerla a los 3 años para que coincida con la elección intermedia. Eso le permitirá al Presidente salir a campaña y volver a pedir el "voto parejo". La 2a. acción, más perversa, es el nombramiento de los llamados Coordinadores Estatales de Programas de Desarrollo que serán una especie de virreyes, prefectos al estilo francés o simplemente gobernadores paralelos que tendrán el vínculo directo con el Presidente. A diferencia de los nombramientos del gabinete, donde cuidó el perfil técnico y la buena fama de cada uno de ellos, los virreyes son los que fueron o serán candidatos a gobernador en cada estado.

En 2021, 15 estados del país tendrán elección a gobernador. La tirada, desde ahora es posicionar, gracias al manejo del dinero público, a los candidatos de Morena. El uso faccioso del dinero público es, hasta donde me acuerdo, una de las formas de corrupción. Salvo que en la república amorosa existan otras reglas, Mr. Peje está aprovechando el buen momento de Dr. AMLO para comenzar a hacer su juego político. Las malas prácticas de la política son nocivas, las haga quien la haga. La legitimidad electoral y la esperanza de los mexicanos en un gobierno distinto no justifican este tipo de imposiciones a todas luces indebidas.

Aplaudamos lo plausible de un gobierno en ciernes que parece escuchar, finalmente, los deseos de un gobierno austero, pero denunciemos con el mismo rigor viejos vicios disfrazados de nueva política.

Las medidas que ha anunciado AMLO prometen un tsunami político. La más impactante para efectos prácticos (léase grilla) es la decisión de concentrar las delegaciones federales en una sola oficina en cada uno de los estados de la república. Una especie de meta-delegación que hará las tareas que ahora realizan una multitud de sucursales de las secretarías del gobierno federal, desde Hacienda hasta Semarnat, pasando por todas las que a usted se le ocurran.

En principio parecería que se trata de una decisión administrativa. Está inspirada en el deseo de Andrés Manuel López Obrador de evitar la dispersión que termina favoreciendo a la corrupción. En la medida en que toda la obra pública y la contratación de servicios y licitaciones se ejerzan a través de un sólo canal en cada entidad federativa, más fácil resultará establecer controles y vigilar el desempeño de los funcionarios claves.

Por otro lado, la decisión ahorrará un montón de dinero. Será inmenso el recorte de gastos destinados al alquiler o la compra de edificios, a la adquisición de vehículos o la contratación de personal. El traslape o la duplicación de tareas sigue siendo un vicio de la burocracia. Para el ciudadano que tramita un servicio público o construye una casa, para el pequeño empresario que intenta abrir un negocio, la unificación de oficinas supondrá una simplificación significativa en los muchos casos en los que hasta ahora se exigen trámites transversales, en ocasiones a través de laberintos kafkianos.

Desde luego es un proyecto ambicioso y los riesgos logísticos son evidentes. La meta-delegación podría convertirse en un mazacote inoperante o insensible a los intereses puntuales de cada sector de la comunidad.

Pero al margen de los desafíos administrativos quiero detenerme en las profundas implicaciones políticas. Lo que López Obrador está proponiendo es ni más ni menos que un virrey todopoderoso en cada una de las entidades, una especie de gobernador en paralelo pero designado por el centro, un personero del presidente con un poder presupuestal mayor al que ejerce el propio gobernador elegido por los ciudadanos de cada entidad federativa (cabe señalar que en el imaginario se ha visualizado a los gobernadores como virreyes aunque esa figura es inexacta históricamente: el virrey era un cargo todopoderoso en un territorio en la medida en que encarnaba los poderes del rey en la región. Los gobernadores de México por el contrario, se convirtieron en señores feudales autónomos del poder central).

No es de extrañar que los mandatarios estatales estén poco menos que aterrados. Y no nos viene mal que sea así. Se habían convertido en verdaderos sátrapas sin contrapeso; allí están los más ignominiosos escándalos de los Borge y los Duarte para mostrarlo. Algo tenía que hacerse para impedir que se repitan los excesos y las infamias que observamos los últimos años.

Y no obstante, la figura del súper delegado será vista con suspicacia; una designación que si es mal resuelta entrañará severas consecuencias. En el peor de los casos el cargo podría dar lugar a una especie de comisario político. Incluso si estos puestos recaen en cuadros profesionales eminentemente administrativos, nadie ignora que el control de los recursos determina el poder. Manda quien controla las decisiones de dinero, o las decisiones, punto.

Si a esto añadimos que en 19 congresos locales Morena tendrá mayoría y con ello la capacidad de convertir al gobernador en rehén de sus decisiones en materia de presupuestos y leyes estatales, los mandatarios estarán maniatados por partida doble.

Durante el régimen soviético el comisario político asignado terminó por convertirse en el verdadero poder en cada región. Los riesgos están a la vista, pero también los beneficios. El Estado mexicano se encuentra en pleno retroceso frente a los poderes salvajes al grado de que algunas regiones viven en la práctica una situación de Estado fallido. Unificar criterios y establecer sólidas correas de transmisión es el primer paso para recuperar el territorio y no sólo en términos geográficos. El espacio político, jurídico, social y económico está fracturado en México. López Obrador está proponiendo una cirugía mayor. Me parece interesante y temeraria; habrá que estar atentos para cosechar sus probables beneficios sin incurrir en sus enormes riesgos.

Ahora que la clase política y buena parte de la población traen en la punta de la lengua la urgente necesidad de múltiples cambios en el sistema político, económico y social de nuestro país, bien vale la pena advertirles que "no por mucho madrugar, amanece más temprano", esto es, la necesidad existe, pero los cambios no pueden, ni deben de hacerse en función de ocurrencias, ni como luego dicen: "para dar gusto a la tribuna o para dar la nota a los medios". Cada paso debe de darse en función de un esquema de planeación participativa, para que los cambios no vayan a resultar ser más costosos que lo que se pretende enmendar.

Tras los resultados arrojados en la elección presidencial a favor de Andrés Manuel López Obrador, él y sus colaboradores están tomando providencias para que no les gane el tiempo y poder aplicar todos los cambios prometidos durante la campaña, a sabiendas de que sólo son 6 años de gestión administrativa los que permite la ley a cada ejecutivo.

Luego entonces, pensar que la sola desconcentración de la función pública es el remedio que se requiere para que los proyectos, planes y programas funcionen de manera adecuada, es un error, pues los vicios de todo tipo se encuentran sumamente enquistados y requieren de una operación lenta y profunda, que ofrezca resultados paulatinos, pero definitivos.

Por su parte, la descentralización es un proceso vertical que transfiere sus atribuciones de manera jerárquica dentro del mismo organismo, las cuales pueden ser operadas por mandos inferiores, con independencia del lugar en que se encuentren.

La aplicación de estos cambios tiene que pasar por la aprobación de los múltiples sindicatos que defienden los intereses de sus afiliados, y aunque en 1a. instancia se dicen dispuestos a realizar un análisis que permita llevar a cabo los mismos, siempre y cuando se contemple cuidar los intereses de sus afiliados, ya que la desconcentración implica el movimiento y traslado de miles y miles de familias de su lugar de origen hacia otro punto de la república, con todo y lo que ello implica en cuanto a costos económicos y sociales.

Jorge Alcocer Varela, propuesto como secretario de Salud en la nueva administración, dio a conoce que las funciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), formarán parte de la dependencia que encabezaría a partir del 1 de diciembre.

Descentralizar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) al estado de Puebla, como lo propuso el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, resultará demasiado costoso y distraería la atención de la administración federal de los asuntos más urgentes de esa dependencia, entre ellos avanzar en la implementación del nuevo modelo educativo, coincidieron especialistas consultados.

Mudar oficinas de la SEP es un asunto "muy complejo", puesto que involucra a miles de trabajadores, por lo que se requiere reflexión y cálculo, principalmente por la cuestión de los recursos humanos y las dificultades que implica que tanta gente cambie su residencia, consideró Carlos Ornelas, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

De acuerdo con información de la SEP, la dependencia tiene más de 17,000 trabajadores y 40 edificios, de los cuales 15 son de propiedad federal y el resto arrendados.

Especialistas consideran que se debe analizar ese plan para no afectar a los empleados.

Lo mismo sucede con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con una propuesta de cambiar su sede al estado de Oaxaca, un plan cuestionado por Susana Ochoa de Rojas, académica e investigadora de la Universidad Panamericana.

La experta dijo que a pesar de que descentralizar las dependencias es una buena propuesta, el tema parece tener tintes políticos, debido a que no se conocen las razones principales de la estrategia planteada.

Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México, considera que hace falta una descentralización funcional y de coordinación entre instancias de gobierno, no geográfica.

Luisa María Alcalde, quien será la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, informó que el programa estrella de la administración, de becas monetarias para jóvenes estudiantes, tendrá un presupuesto de 108,000 millones de pesos.

En el proyecto "Jóvenes Construyendo el Futuro" se plantea dar becas a jóvenes estudiantes por 2,400 pesos mensuales, y de 600 pesos a quienes trabajen, y habiten en zonas de alta marginación y violencia.

"El programa abarca, sobre todo, la idea de las becas de los jóvenes que van a estudiar y trabajar. Es el programa más grande del gobierno, junto con los adultos mayores, será el más grande de la administración", dijo al salir de la reunión que mantuvo con el virtual presidente electo.

Adelantó que le presentó el proyecto a López Obrador y este le dio su visto bueno. "Ojalá en no más de 2 semanas el presidente pueda presentar el plan de manera aterrizada", sostuvo.

"Jóvenes Construyendo el Futuro" alcanzará a 2'600,000 jóvenes para becas, y a 2'300,000 para vincularlos con empresas particulares, para que se capaciten y se puedan después incorporar como trabajadores".

"A 300,000 les vamos a encontrar un lugar en la educación, en universidades, en preparatorias, todos van a recibir una beca [...] la idea es que nos ayuden los empresarios, los tutores, para que le enseñen a esta juventud a trabajar y para que todos salgamos adelante, y ayudemos así a pacificar el país", detalló Alcalde.

Es importante recordar que de acuerdo a la Constitución Política de este país, el presidente electo entra en funciones hasta el día 1o. de diciembre del año en curso. Por cierto, será la última vez, ya que la reforma constitucional realizada en el actual sexenio establece como nueva fecha para la toma de posesión, el 1o. de octubre.

Los 5 meses que preceden a dicho acto son por ahora el tiempo para desarrollar el proceso de entrega-recepción. ¿Por qué entonces medio mundo mediático habla, escribe, opina y hasta actúa como si ya el presidente saliente hubiera salido? No es que nos haga falta, pero a cada cosa debe darse el tiempo que le corresponde.

Probablemente este apresuramiento inédito se deba a la prisa que la misma sociedad tiene por dejar atrás lo que considera un sexenio sumamente accidentado, y entrar ya de una vez en el nuevo paraíso sexenal que se nos ha prometido, como si fuera la primera vez que un candidato promete el cielo y las estrellas a su universo de votantes.

Otro sector de la sociedad, el menos escarmentado, sigue usando y abusando hasta el hastío de las redes sociales para desacreditar al ganador tal y como si ya estuviese efectivamente gobernando, tal vez por aquello de que es mejor prevenir que lamentar; el problema es que lo hace con base a su misma derrotada visión catastrofista.

Entre los que ya quisieran que comenzara y los que hubiesen querido que no ganase, la carga del próximo presidente se hace bastante pesada, sobre todo si consideramos el mucho peso que a sí mismo se puso a la hora de denunciar, demandar, declarar y prometer con absoluta libertad de imaginación y pensamiento, acaso ignorando que hoy día todo está gravado, todo está filmado, todo se publica, todo se conserva.

En su favor obra la contundencia de su triunfo que le hizo llegar al poder no solo, sino acompañado de las cámaras, algo que algunos analistas preveían solamente podría ocurrir luego de su 2o. trienio. La carga se hace entonces todavía más pesada, pues tiene todo lo que se requiere para producir los cambios y las reformas que realmente convengan al país y a sus instituciones, de no hacerlo, el reclamo y la decepción podrían ser de mayor tamaño que su actual aprobación.

De momento el presidente electo anunció ya una serie de iniciativas de ley que de acuerdo a su programa son el comienzo que nos abre a la 4a. revolución, o como han mencionado otros, a la 4a. república. Destaca en ellas el que, a diferencia de las iniciativas de gobiernos anteriores, sí reflejan el sentir de la mayoría, por lo menos el de la mayoría que lo eligió, lo cual no es para nada despreciable.

Pero la carga más pesada es la que ejercerá bajo su sombra la turba de migrantes provenientes de otros partidos y que fieles a su olfato político se cambiaron a tiempo para seguir haciendo ahora desde MORENA lo que antes hacían desde los otros partidos, ese sí que será un grave lastre.

Cerrar las delegaciones traerá ahorros interesantes, pero puede provocar una pérdida en la calidad de los servicios que ofrecen. Los superdelegados no son superhéroes y, además, estarán saturados de instrucciones políticas. Su principal tarea será cuidar al gobernador y representar a AMLO. No podrán hacer las tareas de atención a los ciudadanos que antes hacían 25, 30 o 35 delegados en cada estado. Ellos tenían subdelegados y personal para hacer la chamba. Aclaro: no pretendo defender el estado actual de las cosas. El esquema de las delegaciones es caro e ineficiente, debe reestructurarse, pero para poner en 1er. lugar la calidad del servicio a los ciudadanos que no viven en la capital.

La desconcentración de algunas secretarías me gusta. Nací en provincia y creo que este país tiene una enorme deuda con las regiones. Me preocupan los detalles de la implementación: ¿cómo será el traslado/mudanza de los trabajadores actuales y sus familias? ¿Cuántos se mudarán y en qué condiciones? ¿Qué medidas se tomarán para fomentar conectividad aérea y la oferta de vivienda y servicios en algunas ciudades pequeñas que albergarán secretarías? ¿Cómo se evitará que pase lo del Inegi, porque su traslado a Aguascalientes significó duplicar costos, ya que se mantuvo la operación en el DF?

Habrá desconcentración y contrapesos a los gobernadores. Nadie puede estar en contra de esto. La clave estará en los detalles. El tiempo dirá si esto es una gran idea o fue una ocurrencia.

Creo que lo sucedido en el Centro Comercial Artz del Pedregal en la Ciudad de México merece una reflexión. No solamente por el hecho de lo que sucedió o lo que pudo haber pasado en términos de vidas humanas, sino también por tratarse del Grupo Riobóo, quienes aparecen como responsables de la ingeniería de cálculo estructural de la plaza, según el portal ArchDaily.

Pero, ¿por qué es importante este grupo o por qué es de llamar la atención además de lo sucedido? Porque se trata del mismo grupo que el ex candidato Ricardo Anaya señaló en el 3er. debate presidencial de haber recibido 170 millones de pesos en proyectos de adjudicación directa por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el período de 2002 a 2005 para el Segundo Piso de la CDMX. Además de otros proyectos otorgados en los gobiernos de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, como la Supervía y la Línea del Metrobús. También en el mismo 3er. debate Ricardo Anaya señala que dicho grupo compitió y perdió para hacer las pistas del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Después de lo sucedido en el debate, Grupo Riobóo presentó a finales de junio pasado una demanda por daño moral contra Ricardo Anaya en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es importante aclarar que las declaraciones del ex candidato del PAN fueron corroboradas por verificado.mx en donde se demostró que eran ciertas y que dentro de las auditorías que se realizaron, se encontraron irregularidades por "fallas en el proyecto de construcción y pagos en exceso e indebidos". Este jueves 12 de Julio el TEPJF en sesión pública calificó que no hubo calumnia en lo dicho por Ricardo Anaya contra el Ing. José María Riobóo y no puedo evitar señalar la mala coincidencia de fechas entre lo dicho por el tribunal y el desplome de los 500m2 aproximadamente del centro comercial.

Y si nos vamos más atrás, el 3 de noviembre del 2015, Andrés Manuel López Obrador junto con el Ing. Riobóo dió una conferencia de prensa para presentar la propuesta alterna del Aeropuerto de la Ciudad de México y el 30 de noviembre del mismo año AMLO asegura que de acuerdo a lo consultado con los especialistas (Ing. José María Riobóo) una de las razones para no hacer el aeropuerto en la zona de Texcoco es por los "hundimientos exagerados y diferenciales". Me pregunto entonces, ¿por qué sí se permitió hacer dicha plaza comercial junto a la cuenca de un río?

Por último, con el afán de asumir una posición crítica, reitero que una de mis mayores preocupaciones, a la que vale la pena dar seguimiento, es la relación de las empresas y personas cercanas al Ing. Riobóo y a su grupo con el gobierno entrante, ya que el cambio que queremos no es un cambio de grupos de poder bajo las mismas viejas mañas y corrupciones; no queremos una nueva mafia del poder. Aquí es donde empieza el verdadero reto de la “nueva transformación de México”, es aquí donde el discurso deja a un lado la demagogia para convertirse en hechos que dejen huella y nos muestren el camino por donde debemos transitar como sociedad. Es aquí donde veremos cuál es la reacción del presidente electo y su equipo frente a uno de sus fieles y más beneficiados allegados.

Paco Calderón
(13 de julio de 2018).

Ayer los gobernadores de todos colores, reunidos en la Conago, cerraron filas con el virtual presidente electo en cuanto a aquello de consumar "la 4a. transformación de México".

Después de ser una expresión simbólica de la izquierda de rechazo al PRI, el "carro completo" hoy es una aspiración de Morena, que no conforme con los indiscutibles triunfos en Presidencia, Jefatura de Gobierno capitalina, Senado y Cámara de Diputados, se embarcó en la impugnación de los resultados en Puebla y de hecho Andrés Manuel López Obrador llamó ya "gobernador legítimo" a Miguel Barbosa.

Además, Claudia Sheinbaum, ganadora en Ciudad de México, convalidó el plan de 5 candidatos a alcaldes, que perdieron el 1 de julio, en la búsqueda de revertir los triunfos del frente PAN-PRD en Coyoacán, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Benito Juárez, así como el único priista en Cuajimalpa.

Uno de los avances que Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, ha destacado de su gestión al frente de la dependencia es la transformación de la plataforma de compras públicas CompraNet, pero como su modernización está pensada a largo plazo, ya surge la duda de si el nuevo gobierno, en el que la dependencia estará encabezada por Irma Eréndira Sandoval, quiera darle continuidad.

El miércoles, Andrés Manuel López Obrador tuvo 2 largos encuentros. El 1o., a las 11, con candidatos de Morena ganadores al Senado y a la Cámara de Diputados, y por la tarde, con gobernadores y alcaldes electos, y les leyó la cartilla de lo que viene y cómo quiere que venga.

En 1er. lugar les dijo: No quiero oírles la frase bajar recursos; ustedes no van a bajar recursos para nadie, se acabó la corrupción y los moches. Tampoco quiero oír que son gestores. Ustedes no son gestores de nada ni de nadie. Son diputados y senadores. Mis iniciativas las podrán votar como quieran, pero el pueblo los estará vigilando y no vamos a tener desayunos ni comidas para que les dé línea.

Les confirmó el recorte de sueldos a la mitad a los 3 niveles de gobierno, ejecutivo, empezando por él y que nadie podrá ganar más que el Presidente de la República ni en el legislativo ni en el judicial.

También les instruyó sobre el fin de la mafia del poder: que nadie la invoque, porque ahora necesitamos de todos para el crecimiento de México.

Y les dio a conocer su propuesta para que Ricardo Monreal sea el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, lo que molestó a seguidores de Martí Batres, allí presente, y provocó algunos chiflidos, que fueron apaciguados al grito de Respeto.

Luego hablaron medio centenar de asistentes que se refirieron a sus asuntos y los de Puebla le reprocharon que no se hubiera pronunciado públicamente condenando el fraude electoral contra Miguel Barbosa, a lo que dijo que eso lo resolverán las instancias correspondientes.

Cuando terminó la reunión y salía Germán Martínez, ganador de un escaño y probable director del IMSS, los duros de Morena le gritaron chapulín y vendido. Así se llevan y así se van a llevar.

En las 2 reuniones, López Obrador les informó que eliminará a los delegados federales en los estados y que solo habrá 1 por entidad, su representante, lo que trae preocupados a los gobernadores, con los que se reunió anoche en un encuentro convocado por Manuel Velasco, como presidente de la Conago. Y es que esos superdelegados serán el verdadero poder en los estados y, en algunos casos, peor. Por ejemplo, su delegada en el Estado de México será Delfina Gómez, que compitió por esa gubernatura con Alfredo del Mazo, y la perdió. ¿Cómo lo va a tratar después de todo lo que dijo de él?

Para el rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Miguel Ángel Navarro Navarro, ve difícil cumplir la promesa de "cero rechazo" en universidades que planteó el hoy presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, aunque siendo una utopía la propuesta debe servir de directriz.

"¿Es posible admitir a todos los aspirantes?... ¿Técnicamente es posible? No, no caben. A menos que abras turnos de 24 horas y eso no se puede, es decir, las universidades tanto las del sistema universitario como las federales están hechas con una capacidad determinada. Y a menos de que te vayas al campo, bajo los árboles, son miles y miles los que quedan fuera".

"Y es que -añadió- no se trata solamente de un problema de infraestructura, sino de nómina, mantenimiento e impacto administrativo. No sé cómo le van a hacer", acotó, tras recordar que la más grande del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) admite solo a 2 de cada 10 aspirantes; mientras que a la UdeG ingresan 4 de cada 10.

Respecto a apostar por las universidades privadas, subsidiando la matrícula, Navarro dijo no estar seguro de que su infraestructura sea suficiente para recibir a los todos los no admitidos en las universidades públicas, ya que también su capacidad instalada es limitada. "Es un proyecto como tantos otros que pueden surgir para ver cómo resuelves que quienes quieren estudiar, pueden estudiar y no lo logran".

En su opinión "quien quiera estudiar y pueda estudiar, debe tener la oportunidad; es un sentido de justicia". A la promesa de López Obrador, el rector general de la UdeG la llamó "utópica directriz" y abundó que aun siendo utopía debe aspirarse a incrementar los porcentajes de admisión... y a ofrecer opciones a quienes no quieren cursar estudios superiores para capacitarse en otras áreas e igual aspirar a salarios dignos.

En países europeos, refirió Miguel Ángel Navarro, las tasas de admisión de educación superior rondan el 65%.

Pasada la elección e instalado el proceso de transición, la esfera pública comienza a ser espacio de debates sobre lo que sucederá una vez iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Contrario a lo que se pensaría, la discusión más fuerte no ha sido sobre el gobierno mismo, sino sobre el papel que jugará lo que en México llamamos "sociedad civil": si podrá o deberá incidir en nombramientos y legislación; si tendrá juego como órgano consultivo en los grandes temas; o si simplemente será ignorada por un gobierno que con 53% de mandato puede argumentar que no es su deber hacerle caso a quien no fue electo vía urna.

Varias ramas tiene este problema, empezando por una fundamental: qué entendemos como "sociedad civil". Para unos, del bando lopezobradorista, no es más que una autodenominación hecha por grupos de poder con amplios fondos para representar causas particulares disfrazadas de públicas.

Para otros, dentro del bando de la sociedad civil, es mucho más. No faltan a la discusión, y con razón, los representantes de los grupos más pequeños, que objetan ser agrupados con las ONG más grandes: no todos tienen ni las mismas causas, ni el mismo dinero ni los mismos intereses detrás. "Sociedad civil" es un paraguas amplio.

Por su parte, los representantes de los grandes grupos -que no forman parte del gobierno- reclaman un espacio que se ganaron a pulso durante este sexenio tras el vacío y la corrupción gubernamental en temas fundamentales para el país: la creación de una fiscalía general el más importante, sin duda.

Esta reforma, que hoy se sigue discutiendo, es la 1a. prueba de fuego en la relación gobierno y sociedad civil. Claro que AMLO no está obligado a mantener un diálogo con estos grupos, pero sería muy buena señal que así lo hiciera.

Involucrar a la sociedad civil no se trata de entregar el gobierno a privados, como se ha dicho recurrentemente esta semana, sino de darse cuenta de que en el siglo XXI el gobierno ya no es actor único en la política nacional.

Es importante estar pendiente de las mediciones que ya existen, y aplicarlas con el gobierno de AMLO. Por eso propongo que todos sigamos de cerca lo que hacen en la organización México Cómo Vamos, que dirige Valeria Moy. México Cómo Vamos (MCV) busca, según se explica en su sitio, "traducir los resultados de nuestras investigaciones en herramientas claras y sencillas que nos permitan evaluar el desempeño del país a fin de impulsar un crecimiento económico acelerado y sostenido que genere los empleos que los mexicanos necesitamos". Bajo esa óptica, MCV hace diferentes trabajos, y entre ellos presenta de manera periódica resultados de un semáforo de 12 indicadores: 1. Crecimiento económico. 2. Generación de empleos formales. 3. Inflación. 4. Inversión. 5. Productividad laboral. 6. Competitividad. 7. Fomento a las exportaciones. 8 Valor agregado. 9. Estado de derecho. 10. Acceso al crédito. 11. Deuda pública. 12. Pobreza laboral.

Estos semáforos son los mismos que se aplican desde hace años, y serán los mismos con el nuevo gobierno. Es decir, podremos evaluar avances o retrocesos con lo analizado por México Cómo Vamos.

Tengamos entonces paciencia con lo que haga o deje de hacer Andrés Manuel López Obrador y su gabinete. No se trata de extenderles un cheque en blanco, sino de permitirles trabajar como lo ofrecieron en su campaña, y vigilar con seriedad los resultados. El voto popular fue un claro indicador de que México quería un cambio, y es necesario que ese cambio proceda. Veamos entonces si esa era la herramienta que los mexicanos pedían.

Mensaje claro y directo de la ministra en retiro y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero a los gobernadores de los estados que en estos días terminan el periodo para el que fueron electos y que pretenden otorgar Notarias Públicas a diestra y siniestra, ofreciendo proponer al Congreso de la Unión una Ley General del Notariado, que venga a suplir las leyes que regulan la función del notariado en cada estado, lo que implica un paso más a la desaparición del federalismo.

Claro el mensaje a los gobernadores al anunciar dicha iniciativa que contendrá: a) La única forma de acceso al notariado en todo el país será mediante exámenes de oposición rigurosos y; b) a través de exámenes transparentes en pruebas prácticas y teóricas. Además señalo: "A través de esa ley general se quiere evitar que los gobernadores, como lo hemos estado viviendo, al final de su gestión, nombren notarios a sus amistades, a sus compadres o a sus amigos".

Esto es una ley futura, sin embargo es un claro mensaje en el sentido de que no se debe realizar esa práctica como ha ocurrido durante muchos finales de sexenio en el Estado de Jalisco, donde además existe un grave conflicto de intereses legales urdidos mediante la complacencia del gobernador en turno y el Congreso del Estado que se debe evitar, sin lugar a dudas.

Paco Calderón
(12 de julio de 2018).

Para Rocío Nahle, perfilada para la cartera de Energía con Andrés Manuel López Obrador, la caída de la producción de petróleo crudo y gasolina en nuestro país es consecuencia de un perverso abandono de la industria en las últimas décadas.

"Hicieron cambios que no sabemos por qué", me dijo en una entrevista ayer. "Hay que regresar a lo que se hacía bien... La intención es que seamos autosuficientes... que el petróleo que estamos produciendo lo aprovechemos y le demos valor agregado".

El regreso a lo que se hacía antes no implica restablecer el monopolio de Pemex en gasolina. Si bien Nahle ha sido muy crítica de la reforma energética, me dijo que se seguirá permitiendo la importación de gasolina por empresas privadas. "Es lo que dice la ley".

La columna vertebral de la nueva política energética será la rehabilitación -no la "reconversión", como dice el Proyecto de Nación- de las 6 refinerías existentes y la construcción de cuando menos una nueva (el número ha pasado de 6 a 2 y ahora a una). "Es una política nueva, es una política de producción". Según Nahle, en Pemex se llegó al grado de que quitó a los ingenieros de turno de las refinerías. "Sacaron a las personas con experiencia", dice.

No todo el mundo está de acuerdo con el diagnóstico. Si bien es cierto que Pemex fue saqueada por la Secretaría de Hacienda, que utilizó los recursos para financiar gasto público, la declinación de la producción de crudo y el aumento en la importación de gasolina tienen otras explicaciones. La producción de petróleo cayó por el gradual agotamiento de Cantarell, el enorme yacimiento que nutrió a la industria desde la década de 1970. Las refinerías se fueron haciendo viejas por falta de inversión, pero también como consecuencia de que no eran competitivas y generaban enormes pérdidas. Felipe Calderón aprobó la construcción de una nueva refinería en Hidalgo, pero el proyecto fue detenido por Enrique Peña Nieto debido a que no sería rentable.

Nahle promete que los trabajos de las refinerías se realizarán con rapidez y se pagarán sin problemas. La rehabilitación, afirma, tomará entre 6 y 7 meses. La construcción de una nueva refinería, "que es un proyecto muy bonito", será también rápida: "En 3 años estarían produciendo... La refinería costaría alrededor de 6,000 millones de dólares... Una refinería bien operada, bien trabajada, se paga sola en 5 o 6 años. Por eso es que en otras partes se construyen".

David Shields, especialista en energía, cuestiona las cifras. La nueva refinería tendría que procesar crudo pesado, por lo que sería más compleja y cara de construir. "Costaría por lo menos 20,000 millones, quizá más". La construcción, por otra parte, "tardaría de 6 a 8 años". Tan solo la licitación puede llevar un año y el proyecto ejecutivo otro. "A esto hay que sumar 4 años para construir". Podría ahorrarse tiempo con una adjudicación directa, pero esto abriría las puertas a la corrupción, a cuestionamientos y litigios.

La verdadera solución a la caída de la producción de crudo radica, según Shields, en el fracking. México tiene un enorme potencial para esta tecnología, que ha permitido el espectacular aumento en la producción de Estados Unidos, pero en nuestro país se le tiene miedo.

En cada transición política hay un momento en que debe pasarse de las propuestas de campaña a las acciones concretas. Nahle nos promete un cambio de política energética basado en la retórica de campaña. La retórica, sin embargo, no produce necesariamente buenas decisiones económicas o industriales.

¿Qué le estaría pasando a Enrique Peña Nieto si hubiera anunciado que recibiría a 4 enviados de Donald Trump en Los Pinos y que no abordaría el tema del muro porque es una "visita de cortesía" y no quiere incomodar a los huéspedes? ¿Qué se estaría diciendo desde la oposición, desde la opinión pública, cómo estarían ardiendo las redes sociales si detectaran que entre los temas en la agenda no hubiera aparecido el asunto de la separación de las familias en la frontera y el destino de los niños migrantes arrancados de los brazos de sus padres y enjaulados después?

A Andrés Manuel López Obrador, le da para eso y más. Con su futuro canciller, Marcelo Ebrard, anunció la agenda de la reunión entre el virtual presidente electo y los 4 enviados de élite del gobierno de Donald Trump: ni muro ni familias separadas. Y no pasa nada. La fuerza electoral que respalda al próximo primer mandatario, su capital político, le ofrecen un manto protector. Pero ese "bono democrático" es un recurso no renovable y lo tiene que administrar. De entrada, porque el sexenio de López Obrador ya inició: el vacío de la administración Peña Nieto y el trepidante inicio de la transición hacen que toda la atención pública se concentre en el vencedor de la contienda. AMLO se ha apoderado de la conversación desde la noche del domingo 1 de julio. Sin tener aún las herramientas del gobierno en sus manos, debe estar atento de no tener que empezar a pagar los costos políticos ni desperdiciar su popularidad.

Para mañana viernes, la señal no podría ser más poderosa: 4 altísimos funcionarios del gobierno de Donald Trump van a la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Visita a domicilio. ¿Quiénes son? El más influyente de todos los funcionarios, Jared Kushner, su yerno, el que tiene el oído del presidente americano. El nuevo consentido de Trump, el sabor del mes en la administración de la potencia, su secretario de Estado Mike Pompeo. El hombre del dinero, el secretario del Tesoro Steve Mnuchin. Y la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen.

Es cierto que verán al presidente Peña Nieto. Otra cosa sería una falla diplomática. También se reunirán con el canciller Luis Videgaray. Pero lo central será la visita al próximo Presidente y su grupo compacto. Teniendo como tema central la renegociación del TLC y la natural disputa por quién se va a colgar esa medalla en México, en caso de que se consiga: la administración saliente o la entrante.

Peña invitó a Trump y fue un apátrida traidor. AMLO invita a Trump a su toma de posesión y es un patriota valiente. Ya veremos la realidad del día a día de la relación entre Donald y Andrés Manuel.

Lo más probable es que AMLO sea más pragmático de lo que sus críticos temen, en parte porque sus actuales asesores más cercanos son gente moderada.

Andrés Manuel López Obrador, comunicador excelente como un político en eterna campaña, vive ahora en un contexto diferente que tiene que asimilar rápidamente. Como próximo Presidente de México, sus palabras y las de su equipo tienen un diferente valor, pesan distinto y provocan consecuencias múltiples. Por tanto, el lenguaje y el fraseo que utilizan tienen un significado diferente al que antes tenían. Ya no son arengas, sino compromisos públicos. Ya no son promesas electoreras, sino certidumbres. La ligereza de las palabras o los conceptos ya no tienen espacio para ser corregidas sin que afecte. Las ocurrencias tienen costos políticos, a veces inmediatos, a veces en plazos más largos.

López Obrador ha inaugurado nuevas formas de comportamiento político para el vencedor en la elección presidencial. Lo que se acostumbraba -que no significa si era bueno o malo-, era que una vez que se ganaba la elección, había una reunión de cortesía con el Presidente en funciones y, después, se sumía en un bajo perfil. Lejos del ojo público, esperaba la constancia de mayoría mientras sostenía juntas de trabajo con su equipo para ir armando el programa de gobierno y revisar los perfiles del gabinete. Como presidente electo establecía comunicación con actores políticos y agentes económicos, y realizaba visitas estratégicas a líderes en el mundo. Todo esto se revolucionó.

Una semana y media después de su victoria, López Obrador parece Presidente en funciones, y la arena pública ha sido completamente ocupada por él. La discusión pública ya no es sobre cuál será su gabinete, porque salvo las carteras de las fuerzas armadas y el procurador general, todas están cubiertas desde diciembre e, incluso, ya hubo un ajuste en un equipo que aún no pasa de ser de papel. De lo que se habla es de quiénes serán nominados para el gabinete ampliado, al tiempo que sus principales colaboradores hablan de lo que hará, de lo que no, de cómo se harán las cosas y de lo que deben esperar los mexicanos. Aquí es donde empieza el problema por la variedad de discursos, mensajes y frases aisladas que no sólo él, sino sus colaboradores, están transmitiendo a la opinión pública.

Para botón de muestra, Alfonso Romo, su futuro jefe de oficina, dijo que la descentralización de secretarías de estado no significaría el despido de ningún burócrata. La descentralización de las secretarías es una utopía, a menos que tengan el presupuesto suficiente y la voluntad de miles de burócratas que, junto con sus familias, decidan mudarse de la Ciudad de México, a lo que hay que añadir el costo de su traslado. Si no lo hacen por cualquier razón, tendrían que liquidarlos, con recursos que, como los anteriores, no están presupuestados.

En el caso que una mayoría se trasladara con sus familiares, implicaría que al destino que lleguen se tendría que construir la infraestructura para albergar a miles de nuevos inmigrantes en ciudades que no tiene capacidad para recibir un flujo masivo de habitantes, ni instalaciones para el número de oficinas que se requieren, ni vivienda que satisfaga la demanda, ni los servicios municipales o escuelas para sus hijos y empleos para sus familiares que no laboren en la empresa.

Este ejemplo sirve para explicar la complejidad de una promesa de campaña que tendría que comenzar a reducir la escala de la acción anunciada ante la imposibilidad de que pueda ser llevada a cabo en la forma cabal como la ofreció López Obrador durante un largo tiempo. No es lo único ni el único de los colaboradores que están apareciendo en la arena pública y repitiendo discursos de campaña que en la ruta actual se pueden convertir en trampas para el nuevo gobierno. Hay mensajes contradictorios sobre la política económica, la energética, la educativa, la de seguridad. Prácticamente en donde sale un colaborador del candidato triunfador, hay una incongruencia. ¿Cómo explicar todo esto antes de que la opinión pública se dé cuenta de lo que están diciendo y empiece a protestar por las contradicciones o inconsistencias?

No se podrán explicar, y cuando eso llegue tendrá que haber rectificaciones que aumentarán el desgaste de un gobierno que aún no es gobierno. Regresar a lo básico es recomendable. López Obrador tiene que alinear el mensaje y los discursos de él con el de todos sus colaboradores para que no haya incongruencias. Nunca ha tenido necesidad de desarrollar una política de comunicación social y, por tanto, una oficina de comunicación presidencial, porque él siempre la manejó en sus tiempos y de forma discrecional, cómo transmitía sus mensajes. Puede mantener esa práctica, como lo hace el presidente Donald Trump, e insistir en la comunicación directa y horizontal y sin intermediarios, para comunicarse con la gente. Pero ya no es candidato, será en breve presidente electo y en corto plazo jefe del ejecutivo.

Requiere orden y disciplina, sobre todo con su equipo, de tal forma que alinee el mensaje y establezca líneas de comunicación para que su nuevo gobierno sea coherente. Una comunicación vertical y organizada, con un vocero que sea el encargado de informar a la opinión pública, le urge a López Obrador, porque la anarquía declarativa es mala compañía. Es cierto que él siempre ha sido su mejor vocero, pero su contexto y realidad cambiaron. Está en los prolegómenos de su administración, y la comunicación no le marcará cómo gobernar, pero definitivamente, le dará el espacio para hacerlo. Que no se le olvide.

El 13 de diciembre de 2017, Andres Manuel Lopez Obrador anunció que de ganar las elecciones, Héctor Vasconcelos ocuparía el puesto de canciller.

Nacido en 1945, Vasconcelos es licenciado en Relaciones Internacionales por la Harvard University, maestro en historia por la University of Cambridge y doctor por la University of Oxford.

Tras ser electo, #AMLO anunció sorpresivamente su 1er. cambio en el gabinete: Vasconcelos sería senador mientras que la cancillería pasaba a Marcelo Ebrard.

El movimiento Ebrard por Vasconcelos recuerda al afamado caso de "Juanito" de la elección delegacional de Iztapalapa en 2009.

Para dichas elecciones, 2 precandidatas contenían por la candidatura del #PRD: Clara Brugada y Silvia Oliva Fragoso.

Aunque Brugada fue elegida, Oliva denunció irregularidades ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y se demandó al PRD revisar el proceso, cosa que termino en la elección de Oliva como candidata.

Ante esta situación, López Obrador decidió apoyar públicamente a un candidato menor: Rafael Acosta Ángeles (n. 1963), un comerciante local que había sido lanzado por el Partido del Trabajo.

Lo que siguió fue un curioso mitín con López Obrador, Brugada y Acosta.

Durante el mitín, AMLO olvidó el nombre de Acosta y a tono de broma le puso "Juanito" (a partir de ese momento alternativamente le llamaba por su nombre o "Juanito").

Luego, López Obrador habló a nombre de Acosta, y afirmando que él "no se la va a creer, él no va a ganar", prometió -también a nombre de Acosta- que si el PT ganaba, Acosta iba renunciar y ceder el puesto a Brugada.

A lo anterior Acosta se limitó a confirmar todo lo dicho por Lopéz Obrador, incluso repitiendo la promesa de renunciar cuando AMLO (entre risas) le indicó hacerla de nuevo.

La situación se complicó cuando Acosta resultó electo y repentinamente hizo públicas sus intenciones de gobernar #Iztapalapa.

Tras una reunión privada con #Ebrard, Acosta desistió de sus intenciones de no renunciar, pero al rendir como jefe delegacional, terminó su protesta declarando: "¡Muera el P... El PT traidor!"

Durante la campaña, Acosta se caracterizó por la banda tricolor que usaba en la frente, similar a la que usa Vasconcelos en el cartón.

-Luis.

López Obrador ha hecho bien su trabajo desde que ganó la elección. Ha mandado mensajes de tranquilidad a la comunidad empresarial y se ha reunido con las principales organizaciones del sector privado. Ha dicho que no buscará venganzas, que no llevará a cabo expropiaciones o confiscaciones, que impulsará un mayor crecimiento del mercado interno, que no elevará impuestos, que no aumentará el déficit de gasto público. Es lo que los empresarios quieren escuchar.

La situación, sin embargo, puede cambiar. Una cosa es lo que se promete en campaña o en la transición y otra muy distinta lo que se puede hacer desde el gobierno. Andrés Manuel ha prometido aumentar pensiones, crear un derecho universal a la instrucción universitaria gratuita, construir dos nuevas refinerías y modernizar las seis que tenemos. Para financiar estos gastos solo ha hablado de reducir los salarios de los altos funcionarios, que aun si se eliminaran al 100% solo le darían 5,000 millones de pesos de ahorro al año, muy lejos de los 500,000 millones que dice necesitar.

"Queremos duplicar la inversión en infraestructura", apunta Javier Jiménez Espriú, elegido por López Obrador para ser su secretario de Comunicaciones y Transportes. El propósito es subir la cifra de 2.5 a 4 o 5% del PIB. Magnífico. Esperemos que haya dinero sano para hacerlo.

Si alguien pensaba que ya habían terminado las ocurrencias en materia de seguridad y combate al crimen organizado con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que sólo revise la prensa para descubrir que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encamina a rebasarlo por izquierda y derecha. La última pincelada de la improvisación la dio la doctora Loretta Ortiz, ex diputada de Morena y una muy reconocida especialista en Derecho Internacional, enfocada a los derechos humanos, particularmente de migrantes, al proponer en una entrevista que como parte de la pacificación del país, el nuevo gobierno va a servir de mediador entre las bandas criminales para que hablen entre ellas y para que las persuadan de regresar al orden legal, que por las buenas claudiquen en su lucrativo negocio del narcomenudeo y el narcotráfico, y que dejen de pelearse entre ellas porque están causando zozobra en el país. La 4a. transformación de la república que propone López Obrador, también pasa por el arrepentimiento de los criminales y su redención.

Para frenar la violencia en estados como Guerrero o la Ciudad de México, le dijo a Carlos Marín, director de Milenio, "hay conflictos, incluso entre grupos, (a quienes) se puede ofrecer la mediación comunitaria que, de hecho, ya se ofrece, por ejemplo en el caso de Tepito (donde) se actúa a través de esa mediación comunitaria". ¿Y cómo se establecería esa comunicación? Ortiz respondió: "Hay un facilitador y el que viene a representar a un grupo y el otro representante de grupo, o los grupos integrados. Entonces tiene que haber una voluntad obviamente de arreglar las cosas".

O sea, un gobierno legalmente constituido, convoca a los líderes de los cárteles o las bandas criminales, que deberían de estar siendo perseguidas, para que se decrete una tregua a fin de que un facilitador del gobierno federal los siente en una mesa de conciliación -como donde se dirimen los conflictos laborales entre patrones y trabajadores-, y les haga ver que su reinserción a la vida legal es lo mejor que existe para que haya paz en México. "Si vamos a llegar a acuerdos de pacificación -agregó la doctora Ortiz-, se tienen que retirar del campo de la ilicitud; o sea, no van a ser acuerdos para llegar a un resultado de que se metan en actos ilícitos". No se van a meter; ya están.

Más allá del galimatías de la doctora, hay que revisar la complejidad de la realidad frente a la ligereza de su solución. Lo primero es la convocatoria. ¿Cómo llamarlos a una reunión de esa naturaleza? No lo dice, pero ¿cómo se hace? En 1989, al entonces secretario de Gobernación, el policía político por excelencia, Fernando Gutiérrez Barrios, se le acercó a pedir consejo para combatir la delincuencia el 1er. procurador capitalino nombrado por el entonces presidente Carlos Salinas. Lo primero, le dijo, era llamar a sus jefes de policía y decirles que no quería ningún robo, ni el más mínimo, en el poniente de la Ciudad de México, porque es donde se encuentran las personas que tienen acceso a los medios de comunicación, y cualquier acto delictivo tiene enorme repercusión. Que delinquieran en el oriente, pero que no se cruzaran la línea, porque los aplastarían. ¿Y cómo se enterarían los delincuentes?, preguntó el bisoño funcionario. No se preocupe, respondió, sus comandantes le informaran a los delincuentes. El procurador entendió que eran lo mismo, y al mes renunció.

La doctora Ortiz, si no sabe cómo van a llamar a la mesa a los criminales, ahí está esa vieja recomendación que en muchas partes del país, se puede argumentar, sigue vigente. Pero entraría en un espacio de complicidad delincuencial, antes de enfrentar el 2o. problema. ¿Cuáles son los incentivos para ellos? No perdamos el tiempo en busca de explicaciones. No existe ningún incentivo. Las bandas criminales no responden a llamados de paz salvo que, por acuerdo entre ellas, dejen de pelear y se repartan el mercado para evitar la confrontación con fuerzas federales. Pero voluntariamente, como cree la integrante del Consejo de Asesores de Seguridad de López Obrador, imposible.

Vamos, ni siquiera es racional. Esos grupos operan bajo el parámetro del negocio, ilícito, pero negocio. ¿De qué tamaño? Por ejemplo, según el Global Financial Integrity, una institución en Washington que estudia los flujos financieros ilícitos, el kilogramo de cocaína vale en la Ciudad de México 12,000 dólares, que puesto en la frontera con Estados Unidos, sube 30% su valor. Si se le reduce la pureza en 4%, como está sucediendo, las ganancias casi se triplican, conforme a estimaciones a partir de los datos de la Estrategia Nacional para el Control de las Drogas de Estados Unidos. Por más eficaz la dialéctica esgrimida, imposible pedir que exculpen sus culpas y dejen el narco a cambio de 88.36 pesos de salario al día.

El combate a los criminales no se hace con actos de fe y la buena voluntad de quienes matan por lucro, esencia del narcotráfico. A los criminales se les confronta con velocidad para que no puedan reagruparse y reclutar cuadros que suplan a los caídos, acompañados de tareas de inteligencia, políticas de prevención y opciones laborales que integralmente conformen una estrategia total. Pero como lo planteó la doctora Ortiz, no, por favor. Que no insulte la inteligencia de los mexicanos ni diga bobadas. Si de este tema no sabe, que no hable o que no la dejen hablar. Mucho retrocedió el país en materia de seguridad durante el gobierno de Peña Nieto para que nos prometan un país peor de lo que está.

El problema de creer que para lograr un buen gobierno sin corrupción basta nombrar a un buen funcionario (por encima del diseño institucional, la autonomía, la ciudadanización) es arriesgarse a que si ese alguien se equivoca o peor aún, delinque, todo se va por un caño.

¿De verdad son tan honorables e independientes todos los que propone López Obrador para ocupar los cargos estratégicos que un enorme sector de la opinión pública ha peleado por empoderar de manera independiente? ¿De verdad puede tacharse de fresas y fifís a las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la #FiscalíaQueSirva, cuando incluye a ONG como el Centro Pro Derechos Humanos, puntal de la lucha a favor de los familiares de Ayotzinapa?

López Obrador no dudó en campaña de distanciarse de las iniciativas de la sociedad civil. Incluso entró en franco enfrentamiento con organismos ciudadanos y los descalificó. Además, todo mundo sabe que el próximo Presidente de México es un hombre autoritario. A menos de una semana de su triunfo, se muestra consistente con su autoritarismo y desdén a los contrapesos ciudadanos: ya anunció que no irá en la ruta de las voces que se congregaron bajo el lema #FiscalíaQueSirva. No quiere que la PGR, la Fiscalía Anticorrupción ni la Fiscalía para Delitos Electorales sean autónomas, independientes y puedan investigar al poder ejecutivo. Así que no aceptará este contrapeso y apuesta por nombrar a estos funcionarios estratégicos como se ha hecho históricamente en tiempos de lo que él llama PRIAN: mandando una terna al Senado para que escoja (claro, en el Senado tiene mayoría).

López Obrador debe aprender de los errores ajenos. Ahorita todo es luna de miel por su aplastante triunfo y el ambiente de reconciliación. Pero la ciudadanía que votó por él aun sabiendo de sus tendencias autoritarias no necesariamente va a estar dispuesta a avalar que ejerza un poder absoluto, sin contrapesos, y tal vez le recrimine en un futuro si sigue usando a la PGR, la Fepade y la Fiscalía Anticorrupción como un apéndice de su gobierno... como el sistema al que tanto ha criticado.

Quizá el autoritarismo sea la kryptonita de este Super-AMLO del 53%.

Dejemos el Tsunami que fue AMLO y su contundente victoria. Demos un paso a un lado y hablemos de los efectos colaterales del movimiento Juntos Haremos Historia y los destrozos que ha dejado a su paso en otros cargos de elección directa o por la vía plurinominal. Y es que parte del electorado (podría decir feligreses) votó por Andrés Manuel con rostro de Cuauhtémoc Blanco o votó por Andrés Manuel con rostro de Napoleón Gómez Urrutia y así sucesivamente podríamos encontrar presidentes municipales; gobernadores o 312 caras de López Obrador en San Lázaro y 70 en el Senado, sin los contrapesos fundamentales que esto implica. Sería injusto de mi parte asegurar que la mayoría de ellos no son capaces ni dignos del puesto al que han sido elegidos, pero estoy convencido que muchos no lo son y manchan el movimiento y el espíritu renovador que algunos buscan; contradicen el discurso y nos revelan parte del problema que estamos sembrando para el futuro. Lo que trato aquí es dejar claro que muchos no merecen el escaño ni la representación de los millones de mexicanos, no son nuestras voces ni la transformación que anhelamos.

Tampoco veo desgraciadamente mejores caras en otros partidos políticos.

Así que hoy me sumo a todas esas miradas de la sociedad civil organizada, para ser el contrapeso que se necesita y mantengo la esperanza que dentro del equipo de la nueva administración y de su gabinete, exista el análisis crítico y fundamentado.

A reserva de que todavía podría haber ajustes menores, se quedaría con 69 senadores y 310 diputados.

En ambos casos obtiene cómodamente la mayoría absoluta. Y específicamente en el Senado, se quedaría a 15 de obtener también la mayoría calificada.

Esto le dará márgenes amplios para negociar los nombres de quienes van a relevar a los integrantes de los órganos autónomos, que corresponden a su periodo.

La relevancia del Banco de México está fuera de discusión. Este año termina el encargo de Manuel Ramos Francia como integrante de la Junta de Gobierno de Banxico, así que ese será de los primeros nombramientos a realizarse quizás este mismo año.

El siguiente cambio en Banxico ocurrirá en 2020 al salir Javier Guzmán. A finales de ese año, el gobierno de AMLO podría colocar a un 2o. integrante de la Junta.

A finales de 2021 termina el encargo de Alejandro Díaz de León y entonces el gobierno de AMLO podría nombrar un nuevo gobernador y un 3er. integrante de la Junta, con lo que los nombrados por él ya serían mayoría.

En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proceso de relevos es mucho más lento, pues sus integrantes son 11 con una duración en el cargo de 15 años.

Pero los cambios empezarán pronto, pues el 30 de noviembre termina el periodo de José Ramón Cossío. Pero en febrero de 2019 también sale Margarita Luna Ramos, quien dejará otra vacante.

Y finalmente, el 3er. miembro de la Corte en ser reemplazado este sexenio es Fernando Franco, a quien se deberá sustituir a partir de diciembre de 2021.

Es decir, en la Corte, AMLO no podrá tener mayoría de ministros designados por él.

Un 3er. caso es el del Inegi. La Junta de Gobierno del Inegi ya tiene hoy una vacante, que derivó de la renuncia de Rolando Ocampo. Aunque en principio podría ser reemplazado a propuesta del presidente Peña, lo más probable es que se deje el reemplazo al próximo gobierno.

Por calendario, para enero de 2019 debe ser reemplazado también Mario Palma. Así que, para el próximo año, AMLO podría haber nombrado ya a 2 integrantes de la Junta.

En diciembre de 2021 sale de la Junta el actual presidente, Julio Santaella, por lo que en 2022 AMLO podrá nombrar a un nuevo presidente y tener mayoría en la Junta de Gobierno de la institución.

Esos grandes empresarios, que en campaña se manifestaron escandalizados por el gen autoritario de López Obrador y que expresaron su temor de que llegara al poder sin contrapesos, están por enfrentar la 1a. prueba.

Ellos y las organizaciones de la sociedad civil que financian, encabezadas por algunas de las mentes más agudas del país, han impulsado junto con muchas otras voces la conversión de la PGR en una Fiscalía General Autónoma que no dependa del Presidente. Este fin de semana, AMLO ya dijo que eso no le gusta. Que él quiere nombrar, vía el Senado (que controlará), al fiscal.

Las organizaciones y sus iniciativas por una educación de calidad, libre de los mecanismos perversos del corporativismo político, y por una Fiscalía verdaderamente independiente, libre de la manipulación del gobierno en turno, podrían convertirse en las primeras víctimas de la luna de miel que viven los empresarios con AMLO.

Esas 2 batallas, que tienen la simpatía de amplios sectores de la sociedad civil, podrían terminar sacrificadas si los más poderosos empresarios, que ayudaron a financiarlas, ceden a la tentación de verlas ahora como desechables, con tal de evitar un pleito con el nuevo gobierno.

Es la 1a. prueba. A ver de qué tamaño es el contrapeso o a ver de qué tamaño es la sumisión.

Enrique Alfaro anunció que no avanzará en las reformas necesarias en materia de seguridad, como la fiscalía autónoma, hasta conocer la política contra el crimen de Andrés Manuel López Obrador.

¿Pero qué creen? Andrés Manuel ya encendió alertas de organismos civiles al reiterar que él no promoverá una Fiscalía independiente a nivel nacional porque apostará por perfiles "probos".

Paco Calderón
(8 de julio de 2018).

La incertidumbre sobre qué hará Andrés Manuel López Obrador, como presidente, es grandísima. La apuesta del presidente electo por ampliar su base de electores -meta que logró (53%)- significó también cabalgar entre contradicciones que amplió los márgenes de incertidumbre.

López Obrador ha decidido comenzar a gobernar lo antes posible. Pocas horas después de la jornada electoral, el presidente electo ya estaba en conversaciones con Enrique Peña Nieto. Anunció la formación de una Comisión de Paz para delinear la estrategia de seguridad y la Ley de Amnistía. El futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, explicó 2 proyectos torales: los salarios a jóvenes que no tienen empleo y tampoco acceso a la educación pública, y la universalización de las pensiones en México. Y no sólo eso, Urzúa se comprometió a detener los vaivenes bruscos de los precios de los combustibles, pero sostuvo que estarán indexados a la inflación. Es decir, no habrá reversa a los gasolinazos, pero sí mayor estabilidad a futuro.

También ha combatido la incertidumbre con la ratificación de algunos de los secretarios que había anunciado en la campaña como Olga Sánchez Cordero en Gobernación o Carlos Urzúa en Hacienda. Y un cambio importante: Héctor Vasconcelos no será el canciller, sino Marcelo Ebrard. De la misma forma, reiteró su compromiso por trasladar el Estado Mayor Presidencial -actual cuerpo de protección del presidente- a la Secretaría de la Defensa, y convertir a Los Pinos en un centro para las artes y la cultura. La semana de López Obrador simbolizó la comprensión de que, a pesar del enorme apoyo en las urnas, su proyecto sigue generando incertidumbres. Desde el discurso del Hilton, pensado más en los mercados y la prensa internacional que en su electorado, López Obrador ha ido atajando los espacios de incertidumbre.

La reunión con el Consejo Coordinador Empresarial supuso la reconciliación luego de una campaña tensa. López Obrador se comprometió a revisar la propuesta de fiscalía autónoma, a través de Sánchez Cordero, y a incluir al actual equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en las conversaciones que encabezará José Antonio Seade Kuri. La intensa agenda de López Obrador redujo los posibles efectos económicos de su decisión y tranquilizó a una parte de la opinión pública que aún ve con recelo las propuestas de gobierno del exjefe capitalino. Y es que sabemos que, si los ciudadanos votan con las manos, los banqueros y empresarios votan con los pies: sacando su dinero y trasladando a otros lugares su capital.

Sin embargo, a mi me quedan claro 3 espacios de incertidumbre que López Obrador deberá enfrentar en las próximas semanas y que supone más definiciones políticas que económicas. ¿Hasta dónde se extiende esa idea de reconciliación con Enrique Peña Nieto, los gobernadores y el priismo? ¿Significará impunidad? No deja de ser llamativo que la primera reunión que tuvo López Obrador con un gobernador fue con Manuel Velasco, quien ha demostrado reiteradamente su autoritarismo y es la cara más visible de la corrupción del Partido Verde. De la misma forma, no ha habido, hasta el día de hoy, un compromiso claro y palpable para despolitizar la justicia a través de una fiscalía autónoma y un poder judicial que sea independiente. Es cierto que ninguna democracia admite cacerías de brujas o la tan mexicana justicia selectiva, pero es innegable que el combate a la impunidad requiere de reformas y transformaciones que hoy no parecen estar en el centro de las preocupaciones de López Obrador.

Un 2o. espacio es la intervención en el paquete económico 2018. El presupuesto es la política hecha números, por lo que el proyecto que se presentará en septiembre será un indicativo de las prioridades presidenciales. ¿Estarán detectados los 500,000 millones de pesos que López Obrador diagnosticó como el momento que se va en corrupción? ¿Veremos que no se toca ningún impuesto? ¿A través de qué mecanismo se congelará el precio de las gasolinas? ¿Cuál será la erogación inicial para el salario de los jóvenes? López Obrador ha recibido justificadas críticas por su impericia a la hora de cuadrar las cuentas, por lo que el paquete económico es un punto toral para entender el despegue de su administración.

3o., ¿López Obrador logrará trascender lo simbólico en su 1er. año de gestión? Todo indica que López Obrador buscará la eficacia simbólica: austeridad, reducción de sueldos, Los Pinos, etc. Empero, la desigualdad, la pobreza y la violencia necesitan más que símbolos para ser revertidas. El Presidente debe tocar las estructuras más profundas que explican esa realidad y eso significa ir más allá del simbolismo. Incluso, derrochar capital político por tomar decisiones de calado. El mandato de las urnas es claro: Andrés Manuel debe emprender cambios de fondo, no sólo ajustes cosméticos. Este debate dividirá al gabinete del Presidente y a los partidos que lo acompañan. López Obrador tiene el espejo de Fox que decidió no tomar esas decisiones y prefirió pactar en el congreso, en los estados, y seguir la ruta del pragmatismo. El fracaso de su gestión es uno de los pocos consensos que tenemos como país.

López Obrador se ha dedicado durante estos días, desde que fue electo presidente, a atajar la incertidumbre. Mensajes a los mercados, a los empresarios, a sus críticos y a los escépticos. Empero, las urnas hablaron con claridad, el país votó contra la pobreza, la corrupción, la desigualdad, contra una elite parasitaria que se enriquece, contra un gobierno que dilapida y se roba los impuestos, contra policías colapsadas y controladas por el crimen, contra los lujos de una clase política cínica. En resumidas cuentas, votó contra el sistema. La cirugía política de López Obrador no se puede quedar en símbolos y gestos. Y eso siempre divide.

Algunas claves para que la vida democrática e institucional del país se consolide más allá de esta última jornada electoral son:

Cumplir. Por lo menos, las promesas de reducir la corrupción y lograr escuela y trabajo para todos los jóvenes. Para lograrlo, su aliado principal es la iniciativa privada y las élites empresariales. Las transformaciones que implican cambio de estructuras socioeconómicas, llevan su tiempo e implican variables ajenas a los agentes que las impulsan. Considero imposible que cumpla todo lo que prometió. Ojalá me equivoque.

No revertir las reformas estructurales. Respetar la Constitución, la inversión y matizar la ejecución de sus promesas de campaña en este tema es vital. Se trata de atraer la inversión, no de ahuyentarla. Dar certeza a las inversiones y su marco jurídico así como a su entorno macroeconómico es lo que hará posible que la deuda y la acción tributaria del Estado se mantenga en los parámetros de salud y crecimiento financiero. De otra forma, será cuestión de tiempo que surja el enojo, la decepción y se pierda una dinámica social constructiva. Es la iniciativa privada la que debe generar la riqueza y toca al gobierno garantizar las condiciones para ello.

Impulsar una economía del conocimiento y la tecnología; basada en la investigación y el desarrollo. Si intenta una "contra-reforma educativa", debe ser por aquí el camino. De otra forma el rezago y la falta de competitividad de México frente al resto del mundo serán de proporciones abismales. Corea es un buen ejemplo de políticas públicas en este ámbito.

Seguridad, justicia y disminución de la violencia. Sin duda recuperar el territorio a manos del Narco o del Crimen Organizado es una tarea transexenal. Tanto en temas de Seguridad Pública como en Seguridad Nacional -relacionados pero distintos en su objetivo así como en su implementación estratégica, táctica como operativa-, urge que en México, las políticas públicas, los planes nacionales y locales de acción sean transexenales, colaborativos y coordinados. No hay estrategia que sea buena si no responde a un enfoque dirigido a fortalecer a los cuerpos de policía locales: es decir, municipal y estatal. Para ello habría que lograr el destino eficaz de presupuesto para poder lograr el reclutamiento de personal que pase los controles de confianza. Este es quizá el 1er. problema. Que es de factor humano.

Huir de la tentación del autoritarismo. Recibirá mucha presión de movimientos afines a su ideología instalados en el poder de naciones hermanas latinoamericanas. Pero también recibirá presión y constante cortejo de los EE.UU. y Europa -cuyos populismos y socialismos en el poder son menos radicales-. El pueblo de México ya dejó claro en su historia que prefiere una democracia imperfecta a una dictadura. Contamos con una población plural y diversa que no aceptaría este modo de gobernar.

Ser un demócrata de facto. Tal vez sus correligionarios no coincidan, pero si Andrés Manuel y su grupo saben ser "líderes que se adaptan", ante el fracaso de algunas políticas neoliberales, podrán mantenerse siempre como la opción y contrapeso al capitalismo inmoderado.

Después de que Andrés Manuel López Obrador descartara impulsar una Fiscalía independiente del poder ejecutivo, diversas voces se han manifestado en contra.

El ganador de la elección al Senado en Jalisco, Clemente Castañeda, dijo que "la transformación del régimen político pasa, necesariamente, por la reestructuración del sistema de procuración de justicia y por tener fiscalías plenamente autónomas tanto a nivel nacional como local".

Francisco Ortiz Pinchetti
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 7 de julio de 2018).

Como una gran parte de quienes ganaron puestos de elección popular en el interior de la república en Morena no lo hicieron por méritos propios, sino por haber hecho sus campañas al lado de la foto de López Obrador, y como una parte importante de lo que ha ofrecido es un sentido de austeridad y justicia, no estaría de más ver que ellos son congruentes con su líder.

Quizás resulte soñador, pero no estaría mal que dentro de las pretensiones del nuevo gobierno se incluya una reducción importante en el costo del congreso ya que por sus sueldos y dietas, los legisladores resultan costosísimos para el país; si a esto le agregamos el bajo nivel de capacitación que tienen muchos de los elegidos, resulta injusto que gocen de tantos privilegios habiendo tanta pobreza en el país.

Las actitudes de Morena en Puebla y las no pocas lacras que están llevando al Congreso de la Unión, y a otros cargos públicos locales, mantiene la preocupación latente. Ya hubo hasta una expulsada de su partido en BC, pero argumentan que ya electa, es senadora. Que yo sepa, el fuero se adquiere hasta que se rinde protesta y sus desfiguros públicos -por no llamarlos de otra manera- ameritan un proceso legal que la deje fuera. "El buen juez, por su casa empieza"; Andrés Manuel.

Aceptemos los resultados, pero no permitamos que el futuro del país y el propio queden en promesas incumplidas o engaños.

Lo que toca ahora es ser vigilantes y exigentes, y debido a las justificadas razones por las que AMLO ganó la elección, lo que toca también son profundos cambios de actitud, para que la 4ª Transformación que AMLO propone, sea una transformación individual, en la que los mexicanos pasemos del valemadrismo al civismo, entendido éste como el celo por las instituciones e intereses de la patria.

De esto habremos de hablar mucho en el futuro, mientras tanto, la mitad de México que no votó por AMLO, "los perdedores", habremos de darle al nuevo Presidente el beneficio de la duda para que demuestre a todo el país, que no es "la misma gata revolcada".

En "El Consenso de los Perdedores" de Anderson et al (2005), los autores dicen que la legitimidad de la democracia tiene que ver con el consenso de los perdedores y que el resultado de las elecciones vincula la política a nivel macro con experiencias micro.

Esto se refiere a que los votantes que después de un proceso electoral quedan ubicados del lado de las minorías perciben la realidad política y actúan frente a ella en forma diferente de los que resultaron ganadores.

La hipótesis principal de este libro es que quedar fuera del gobierno importa, tiene efectos en actitudes y comportamientos políticos y afecta la durabilidad y la calidad del régimen. Más específicamente, afirma que el futuro de la democracia está en manos de los perdedores.

Por ello es importante que los ganadores, a los que yo prefiero llamar, las nuevas mayorías, impulsen reformas en las que todos, mayorías y minorías, se sientan incluidas en el sistema y en consecuencia lo legitimen.

No hacerlo, excluir por completo o inclusive burlarse de las nuevas minorías (los perdedores) como ya han comenzado a hacerlo algunos "malos ganadores" (ej: la senadora electa por Morena, conocida ahora como Lady Champán) es antidemocrático y causa resentimientos con secuelas impredecibles.

Los resultados de los comicios tienen consecuencias en las actitudes y comportamientos de los votantes, y así como en el caso de Trump, los argumentos utilizados por éste para ganar la elección generaron odio, racismo y discriminación hacia los inmigrantes, en el caso de AMLO, la enorme cantidad de calificativos peyorativos utilizados en el proceso electoral comenzaron a generar una división (que sinceramente espero pueda contenerse) entre ricos y pobres, entre pro-AMLOs y anti-AMLOs.

Las elecciones terminaron ya, y esas categorías antagónicas de ciudadanos deben desaparecer. Los ciudadanos dejamos de ser electores y pasamos a ser mexicanos, y los candidatos electos dejan de ser abanderados de su partido y pasan a ser abanderados de México.

AMLO tiene encima de su cabeza la espada de Damocles. Si no le cumple a la gente las promesas que hizo, la amenaza de la desilusión le va a caer como una espada en el centro de su cabeza.

Ya se presentaron 2 casos de desilusión que no ha resuelto, el 1o. es el de la elegante senadora por Baja California, que en estado de ebriedad salió en las redes sociales con una botella en la mano, gritando groserías, mentando madres y haciendo señas extremadamente vulgares y ofensivas contra los candidatos que perdieron esa elección. Las redes sociales la bautizaron como "Lady champán", después hizo una conferencia de prensa para disculparse, en la que tuvo que leer su declaración... no se la pudo aprender. Los mensajes en las pantallas de Facebook, pedían que renunciara y los periodistas presentes también, pero se aferró al puesto, se levantó muy ofendida y se retiró mandando a todos por un reverendo tubo. Y no vemos que AMLO actúe en consecuencia.

¿El 1er. caso de impunidad y de mano débil de AMLO?

El 2o. caso son las declaraciones de su presunto secretario de Hacienda quien, de entrada contradijo a su jefe, afirmando que la gasolina no va a bajar de precio, sino todo lo contrario, que se va a quedar como la gasolina más cara del mundo y va a aumentar cada año "por culpa de la inflación".

Entonces sí van a haber gasolinazos y sí va a haber inflación. O sea lo que ha prometido AMLO ¿son puras mentiras? Yo no lo digo, lo dicen y lo actúan sus allegados cercanos. Y el candidato electo tampoco ha desmentido estas declaraciones de uno de los hombres más importantes en su gabinete.

¿El 2o. caso de mano débil?

Si el presidente electo no obliga a la Distinguida Senadora a renunciar y si no obliga a su todavía nonato secretario de Hacienda a recular en sus declaraciones, está confirmando lo que la gente que no votó por él sospechaba y se está empezando a echar encima a la mitad de a la otra mitad que sí votó por él y no ve cambios en los ámbitos que sí están a su alcance, desde antes de que sea ungido como Presidente.

La mayoría de la población votante lo convirtió en el garante de la seguridad del que disiente. Curioso: durante años, López Obrador y seguidores exigieron espacios para la libertad de expresión y respeto a la crítica en medios tradicionales y en redes sociales. Ahora, el ganador deberá garantizar esas libertades a quienes, desde ya, buscan resquicios para señalar errores e inexactitudes.

De la misma forma, la respuesta de un sector de fanáticos fue como lo describimos aquí hace algunas semanas: cuchillos largos para el crítico. Exterminio social a quien instente señalar un yerro. Las mismas prácticas que sufrieron ahora implementadas por ellos. El mundo al revés.

A una semana, comenzaron los ajustes. Empresarios alineados luego del ataque y equipos que se refinan luego de la elección. Ebrard reaparece en mejor puesto que en la campaña. Es natural: dentro del proceso, su aparición en el gabinete hubiera sido oportunidad de ataque en convoy de la Línea 12. No duden que eso pasará con otros miembros del equipo compacto de AMLO.

Enrique Alfaro será -junto, sí, a El Bronco- una fuerza de contención a la ola morenista. Ola que tratará de ahogarlo a partir de la presencia local comandada por el antiguo aliado Alberto Uribe.

No cabe duda, el poder es mágico y transforma a los malos en buenos, el odio en amor, los ataques en elogios, las maldiciones en bendiciones, las descalificaciones en felicitaciones, a la mafia del poder en buenos empresarios y al peligro para México, en un hombre de Estado sereno que genera confianza.

Toda esta súbita transformación, impensable aún el sábado, sucedió la noche del domingo, con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, al que aún por la mañana descalificaban despectivamente como populista y a la medianoche pensaban como congraciarse con él.

La confirmación documentada se publicó ayer en varios diarios, la restauración de los desplegados de felicitaciones a aquel que algunos poderosos no querían que llegara a la Presidencia de la República e hicieron todo para impedirlo.

Vi páginas y páginas que me produjeron un deja vu, la ilusión de lo ya visto, regreso a los 70, a los 80, con la misma redacción de entonces, felicitando ahora a López Obrador como las hubieran publicado si hubiera ganado José Antonio Meade, buscando quedar bien con el que siempre denostaron. Y así vimos extremos desde el sindicato petrolero, que dirige el priista Carlos Romero Deschamps, hasta la inusitada aparición pública de Germán Larrea, siempre en las sombras, que firmó otro a nombre de su Grupo México.

Hasta la priista CROC, que es la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, ¡La iglesia Luz del Mundo! que lo llenó de bendiciones, oraciones, invocaciones divinas y máximas apostólicas; la Industria de Productos de Consumo y los que se agreguen en estos días, lo que confirma que el poder no es mágico, es chingón, todo lo puede, y que el interés tiene pies.

Las democracias modernas han desarrollado sistemas de pesos y contrapesos. En México, los gobiernos divididos y las instituciones autónomas como la Suprema Corte, el Banxico o el INE (entre otros), fueron clave para que esos contrapesos funcionaran.

Hoy, con mayorías en el poder legislativo, y con nombramientos que pueden cambiar la composición fundamental de los órganos autónomos en los siguientes años, el poder presidencial crecerá más, mucho más.

En este contexto, ojalá AMLO mantenga la cordura que ha mostrado en estos últimos días, y al margen de ello, ojalá que nos hagamos cargo –como sociedad– de hacer efectivos los contrapesos.

De las 5 gubernaturas que Morena disputaba en serio, ganó 4. Y ahí todo fue terso. En la única en que los resultados preliminares del INE pusieron abajo al candidato morenista, Puebla, Morena no reconoció el revés, denunció fraude, organizó protestas, irrumpió con violencia en el cuartel del PAN y se desató el sainete que ya conocemos. La única fuerza que no ha reconocido una derrota es Morena. Si hay elementos para demostrar un "fraude", que procedan las autoridades. Si Moreno Valle torció la ley, que se denuncie. Mientras tanto, el comportamiento del lopezobradorismo es consistente: en la victoria, todo es tersura, democracia y alegría; en la derrota, todo es fraude, mafia del poder y usurpadores.

Su proyecto de una Cuarta Gran Transformación (referida a la Independencia, la Reforma y la Revolución) es un mar de ambigüedades donde hay muy poca claridad de cómo va a hacerlo, o cómo va a conseguir que su ahora amplio grupo de colaboradores (que como en el Arca de Noé están mezclados de todas las especies políticas que habitan en México) también sea útil y anticorrupto cuando servirse del presupuesto ha sido históricamente su motivación y razón de buscar un cargo público.

Si algo provocó la peor debacle electoral del PRI, además del hartazgo por la corrupción y la impunidad, fue la incumplida promesa de pacificar el país que recibió envuelto en una ola de severa violencia por las fallidas estrategias antinarco que implementó el panista Felipe Calderón, y que Enrique Peña Nieto, como candidato, prometió corregir al igual que hoy lo hace López Obrador, porque la violencia no sólo no se controló, sino que empeoró.

Durante la campaña, Andrés Manuel habló de amnistías, de hacer una guardia nacional sin definir su relación con el Ejército y con la Policía Federal, de becarios y no sicarios, de crear una Secretaría de Seguridad Pública sin aclarar si dependerá o no de la Secretaría de Gobernación. Puras generalidades. El domingo que ganó las elecciones anunció que convocaría a especialistas en Derechos Humanos, a líderes religiosos y a organismos internacionales como la ONU para diseñar un Plan de Reconciliación y Paz para México. Tuvo una reunión con su equipo más cercano donde ese fue el tema principal sin que hasta el momento se conozcan detalles de lo que ahí se acordó, más allá de que invitarán al Papa.

La pregunta ahora es cuánto tardará en definir su estrategia y cuánto en dar resultados. Él se puso un plazo de 24 meses, pero lo mencionado, incluida la estrategia social para atacar las desigualdades y la corrupción que también ve como fuente de la inseguridad y la violencia, darán frutos a mediano y largo plazo. El dilema, pues, será ver cómo empieza a bajar los índices delictivos. De no hacerlo, lo podría pagar en las elecciones intermedias.

Una de las causas del fracaso del régimen priista en materia de seguridad fue sin duda la falta de coordinación entre las fuerzas castrenses y las corporaciones federales, estatales y municipales. En ese sentido habrá que ver la visión que AMLO tenga para coordinarse con los gobernadores, y cómo respondan los que están y los que llegan, como Enrique Alfaro [en Jalisco], para sumarse o no a la estrategia. Es la seguridad, pues, el más grande reto de esta alternancia.

En ánimo de reconciliación que permea entre los dirigentes políticos tiene rápido que contagiarse hacia sus leales y simpatizantes. Los lopezobradoristas muestran una sed de venganza que contrasta con el discurso de su líder y la cúpula. Enfrente sigue extendiéndose el discurso del pánico frente a lo que viene.

(V.periódico El Financiero en línea del 4 de julio de 2018).

Un buen gobierno se beneficia de una buena oposición. López Obrador como Presidente tendrá el problema de contar con mayoría absoluta en el congreso. Deberá hacer un esfuerzo especial para escuchar a la oposición.

Si alguien dudaba de que la victoria aplastante de Morena podría significar el regreso al pasado, seguramente hoy tendrá la certeza de que vamos en esa dirección. ¿Por qué?

Porque el resultado mismo de la elección, la victoria apabullante del partido Morena, de sus candidatos y, en especial, del que será el nuevo Presidente son lo más parecido al retorno del mítico "carro completo".

Dicho de otro modo, el partido Morena no sólo ganó la Presidencia de la República, la mayoría de los gobiernos estatales en disputa, el Distrito Federal y 2 tercios de las alcaldías capitalinas, sino que tendrá el control total y casi absoluto del Congreso.

En otras palabras, queda claro que volvemos a los tiempos del viejo PRI, en donde todo el poder estaba en manos de un solo hombre.

¿Y qué riesgos supone ese poder absoluto?

Ricardo Alemán
(v.24 Horas del 4 de julio de 2018).

Un análisis de Bloomberg le daba al partido de Andrés Manuel y sus aliados, ya con la integración estimada de diputados plurinominales, de 307 escaños de 500 en total. Y 69 de 128 posiciones en el Senado.

Eso le garantiza mayoría simple a Morena y sus socios. El nerviosismo de muchos analistas es que pueda obtener 2 terceras partes de ambas cámaras y entonces sí, una enmienda a la Constitución sería un mero trámite para el Presidente.

Si la proyección resulta correcta, la cuota adicional de legisladores será fácil de alcanzar pues, ¿cuánto cuesta un legislador en estos días?

Esta es la otra elección que no debemos perder de vista.

Madurez democrática se expresó cuando López Obrador recibió, a muy temprana hora, el generoso gesto de sus adversarios políticos José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez, el reconocimiento de su derrota y parabienes a su futuro gobierno. Una postura que siempre regateó Andrés Manuel. Hay que recordar que ni en 2006 ni en 2012 que perdió ante Felipe Calderón, por menos de un punto, y ante Enrique Peña Nieto, más que salir a reconocer que los resultados electorales no le favorecían, reclamó fraudes y cuestionó a las autoridades electorales.

Habrá que ver cómo AMLO capitaliza este respaldo para de verdad aprovechar este bono democrático para cambiar las estructuras, los cacicazgos y los grupos de interés que han mantenido monopolios económicos y de poder que han afectado profundamente al país creando grandes desigualdades. Habrá que ver si las alianzas con grupos tan cuestionados que hizo Andrés Manuel con líderes magisteriales ligados a Elba Esther Gordillo, o al sindicato minero de Napoleón Gómez, no lo impiden, o si este cheque en blanco que recibió antier no exacerba tentaciones autoritarias.

Anoche, la democracia mexicana dio su mejor partido. El hombre que más la había atacado fue electo Presidente de México por un amplísimo margen. Con elegancia y altura inesperadas, sus rivales reconocieron la derrota y lo felicitaron por su triunfo tan pronto cerraron las casillas.

Pero antes de considerarnos una avanzada democracia europea, hace falta recordar que ya en los años 2000 y 2012 los candidatos del partido en el gobierno, el priista Labastida y la panista Vázquez Mota, respectivamente, habían salido prontamente a admitir su derrota, y que por el contrario, el único político que nunca ha reconocido un revés electoral es el vencedor del domingo.

[...]

Parece que la habían sacado de la cama para ir al mitin de festejo en el Zócalo de la Ciudad de México. La popular actriz y cantante Belinda llegó con una sudadera que caía hasta medio muslo, con el pelo en cola de caballo. Ella y su representante subieron al escenario que se había dispuesto para el discurso de Andrés Manuel López Obrador, mientras el ganador de la contienda hablaba frente a las decenas de miles de personas ahí congregadas. Pero no pudieron acercarse al virtual presidente electo. Uno de los hombres más cercanos al tabasqueño los detuvo, y eso enfureció a quien fungía como manager de Belinda:

-¡¿Qué no sabes quién es?! ¡Es Belinda!

El lopezobradorista no se intimidó ante los gritos del acompañante de la famosa artista. Por el contrario, lo tomó de la cara, le apretó la quijada con las 2 manos y en un gesto brusco le hizo voltear a ver a donde estaba el candidato:

-¡¿Y tú no sabes quién es él?! ¡Es el presidente!

-No mames- insistió el manager, -llevamos trabajando con ustedes 2 años.

Abajo del templete, cuando pasó a su lado, López Obrador se detuvo. Hubo beso, abrazo y selfie.

Las reglas electorales mexicanas fueron hechas para reducir la posibilidad de que una sola persona o partido pudiera controlar la Presidencia y el Congreso al mismo tiempo. Pero López Obrador parece también encaminado a obtener una mayoría absoluta en el Congreso.

Muchos de los candidatos de Morena no son novatos en la política. Vienen del PRD o incluso del PRI. El movimiento de López Obrador está restableciendo la coalición que permitió al viejo PRI mantenerse en el poder durante 7 décadas ininterrumpidas en el siglo XX.

Es tan contundente el carro completo de López Obrador que él mismo debe tener cuidado. No pasará mucho tiempo antes de que empiecen a surgir conflictos entre el ala radical de Morena, en la que militan personajes como Gerardo Fernández Noroña, John Ackerman y Paco Ignacio Taibo, y los moderados de la campaña, entre los que destacan Alfonso Romo, Olga Sánchez Cordero, Esteban Moctezuma o Carlos Urzúa.

(V.periódico El Financiero en línea del 3 de julio de 2018).

Si los legisladores del PES y del PT continúan votando con Morena, esta coalición podría pasar cuantas leyes mandara AMLO al poder legislativo. No tendría necesidad de hacer alianzas.

Y si la pretensión fuera realizar reformas constitucionales, en el Legislativo le faltarían 22 diputados y 16 senadores.

No es difícil que, para temas específicos, pudiera obtener respaldo de otras fuerzas políticas.

Claro, para procesar una reforma constitucional se requiere además que ésta sea aprobada en 17 congresos locales.

Faltan todavía suficientes datos para determinar la conformación de los 29 congresos locales que fueron renovados. En las 5 entidades en las que logró ganar las gubernaturas, también tuvo mayoría en el congreso. Y, por el apoyo recibido, no es improbable que logre mayoría absoluta en otros 11 congresos, aun sin tener la gubernatura.

Es decir, es probable que AMLO tampoco tuviera muchas dificultades para lograr la aprobación de reformas constitucionales.

En términos de concentración de poder, no habíamos visto esta conformación desde la década de los 80 en el siglo pasado.

¿Cómo se lograría establecer un adecuado esquema de pesos y contrapesos?

Todo indica que la única manera sería como en el pasado: con una sociedad actuante.

Las organizaciones de la sociedad civil, los órganos autónomos del Estado, los organismos empresariales, los medios, los organismos internacionales, los mercados, quizá no nos hemos dado cuenta aún de que nos cayó de golpe una enorme responsabilidad: ser el contrapeso de ese enorme poder.

Hasta ahora se ha visto una actitud abierta del candidato ganador y los principales integrantes de su equipo, pero ya aquí y allá, entre algunos personajes menores cercanos a él, han aparecido arranques de autoritarismo y exclusión.

Los pesos y contrapesos en el sistema político se crearon para no depender de las cualidades y buena voluntad de quien gobierna.

Si el congreso ya no va a poder cumplir con esa función, en esa tarea tendrá que ser reemplazado por la propia sociedad, como lo fue por décadas antes de que el sistema político mexicano se abriera realmente a la competencia.

La tarea no es sencilla, pero más vale que, como sociedad, la asumamos, y que el nuevo gobierno reconozca el valor de ser cuestionado, aunque le incomode.

Paco Calderón
(3 de julio de 2018).

La esencia de la democracia es el reconocimiento de una derrota electoral. En esta ocasión José Antonio Meade, el candidato del PRI, lo hizo al filo de las 8 de la noche. Ricardo Anaya, minutos más tarde. Es el reconocimiento que no ofreció López Obrador ni en 2006 ni en 2012.

¿Cómo gobernará Andrés Manuel? Ésa es la gran pregunta en este momento. Y la respuesta no es fácil. En su alianza conviven grupos y activistas de ideologías muy distintas. El López Obrador de hoy, por otra parte, es más moderado que el del pasado.

Durante años López Obrador ha cuestionado todos los resultados electorales en los que no ha resultado ganador. En las elecciones de 2006 desconoció el resultado, mandó al diablo a las instituciones, tomó el Paseo de la Reforma y se autoproclamó "presidente legítimo". Tampoco reconoció el resultado en 2012, a pesar de que la ventaja de Enrique Peña Nieto era amplia. Dejó el PRD por los acuerdos que el partido tuvo con el PRI y el PAN en el Pacto por México de 2012 para impulsar las reformas estructurales.

Como Presidente, López Obrador tendrá que respetar las instituciones y trabajar con ellas. Los inversionistas no se han asustado por López Obrador. El dólar cerró estable a 20.15 pesos en ventanillas bancarias el viernes 29 de junio y ayer a las 9 de la noche se cotizaba a 19.66 en los mercados internacionales de mayoreo. Donald Trump ha tenido más capacidad de atemorizar a los inversionistas que López Obrador.

Pero cuidado. La fama de populista del virtual ganador podría convertirse en un lastre si se empieza a percibir que sus medidas son demasiado radicales. Hoy más que nunca Andrés Manuel estará en un escaparate en el que cada decisión será juzgada con severidad.

Finalmente, en el 3er. intento, Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República. El triunfo rediseña el mapa político de la nación y sugiere la restauración del absolutismo que se vivía en los tiempos de un régimen cerrado que, en esta ocasión, por la vía de una elección democrática, decidió como destino la mayoría de los mexicanos.

Su victoria es el realineamiento más importante en la historia del país -que sólo se experimentó durante la hegemonía priista del siglo pasado-, y modificará por completo el mapa político de la nación.

López Obrador, un político de buenas intenciones que piensa viejo, nunca cambió su forma de ver al país ni los problemas que lo aquejaban. Lo que se movió en la geometría política fue la ciudadanía, que desde hace más de 2 años respondía de manera sistemática que votaría por aquél que se opusiera más al presidente Enrique Peña Nieto. La realidad, finalmente, se ajustó a su visión de país.

El "tsunami", como venían anticipando hace meses en el equipo íntimo de López Obrador que vendría, sucedió. El resultado le dará a López Obrador un mandato claro y una gobernabilidad, al garantizarle, sobre los datos preliminares, la mayoría absoluta en el Congreso y fuerte bancada en el Senado, con lo que no le deberá causar mucho trabajo para conseguir las mayorías calificadas para cuantas reformas constitucionales quiera hacer.

Será la 1a. vez en la era de las elecciones democráticas mexicanas que el Presidente tiene también el respaldo legislativo para hacer los ajustes que tanto ha soñado en el país, con la visión sostenida durante décadas, la opción por los pobres a costa de las mafias del poder y las clases medias. Esto es lo que votaron los mexicanos este domingo de manera mayoritaria. López Obrador no engañó nunca.

La 3a. es la vencida, dijo una y otra vez retomando el dicho popular. Y lo fue. Las 2 anteriores, ante los resultados que lo marcaron derrotado, descalificó a la democracia mexicana, pero siguió jugando con sus reglas, con sus beneficios y sus baches, hasta que venció. En la victoria, se le debe exigir que rechace cualquier tentación de complacer a quienes quisieran desmantelar esa democracia.

Esas reglas le permitieron competir incluso con ventaja de presencia masiva y prolongada en televisión y radio, en spots y cobertura antes de la campaña.

Los medios de comunicación a los que denunció como plegados al sistema, le dieron, en 3 oportunidades, amplia cobertura y espacio como nunca tuvo un candidato opositor en tiempos de la hegemonía priista pre-alternancia.

El INE, al que declaró "árbitro vendido" tantas veces, condujo el proceso electoral en que triunfó. Los magistrados del Tribunal a los que llamó "traidores a la patria" seguramente lo validarán.

Aceptó y aprovechó el nutrido financiamiento público a los partidos que lo han postulado, considerado excesivo por la mayoría de los mexicanos.

Ante la posibilidad de su victoria, las cúpulas empresariales a las que caracterizó como minoría rapaz no sacaron su dinero del país ni renunciaron a seguir invirtiendo aquí, generando empleos.

A la mitad de lo que bautizó como mafia del poder la sumó a su movimiento y la otra mitad, que se quedó donde siempre, no dudó en reconocer la decisión de la sociedad de hacerlo Presidente.

Los encuestadores a los que llamó corruptos y manipuladores cuando las preferencias no le favorecían, registraron su ventaja sostenida durante toda su tercera candidatura e incluso contribuyeron a asentar la percepción de que era irremontable.

Las Fuerzas Armadas a las que acusó de asesinas no salieron a reprimir a nadie para impedir su triunfo.

López Obrador, como se preveía, como resultó imposible de detener para sus rivales, ganó la elección presidencial. El relato de un país de buenos y malos, puros e impuros que le sirvió en el templete no debe seguir siendo explotado ya en la silla presidencial. El grueso de la sociedad no quiere polarización. Ojalá no caiga en la tentación de mantener el modo-campaña ya ejerciendo el poder. Su discurso de anoche da pistas.

No fueron las cúpulas partidistas, de las que el futuro Presidente ha sido parte destacada, sino la lucha de la sociedad lo que hizo posible el régimen de pluralidad democrática que vivimos, imperfecto, con carencias y huecos, que se hacen más visibles por el comportamiento de una clase política de todos los colores dispuesta a sacar ventaja a cualquier costo. Pero el voto que obtuvo le da oportunidad de demostrar que funcionan sus propuestas para enfrentar los problemas del país.

No es un voto de renuncia a las libertades ganadas ni a la pluralidad. Si se ven amenazadas, la misma sociedad que las impulsó las defenderá.

El 1er. mensaje de Andrés Manuel era clave.

Vimos a un Andrés Manuel taimado, que sobre todo llamó a la "reconciliación", pero remarcó que revisará los contratos generados a partir de la reforma energética. "Siempre nos conduciremos por la vía legal", dijo.

En su megalomanía López Obrador dice que hoy comienza la 4a. etapa histórica del país; nada de eso. El 1o. de diciembre comenzará un sexenio más, que será en el mejor de los casos un poco menos mediocre que otro y en el peor un poco más malo que el peor. Nada ni nadie cambia un país (tampoco un estado, por aquello de que haya alguien que nos quiera vender esa idea) en 6 años. Al finalizar habrán puesto su grano de arena en la construcción de la historia nacional.

El contenido de esta página está (permanentemente) en construcción.