El subsecretario de Seguridad Pública, el general Luis Gutiérrez Bucio, afirmó que la presidente de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, es una de las jueces cuyos criterios "parciales" han favorecido a delincuentes. Así, con ligereza, enumeró a varias juezas y jueces que aseguró hicieron lo mismo en el pasado. La denuncia se inscribe en el contexto de la guerra que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador contra el poder judicial, y en especial contra la ministra Piña, pero se realizó en un mal día, porque el presidente se pronunció a favor de un acuerdo con los cárteles de la droga para que se reduzca la violencia, con lo que el señalamiento de "favorecer" a criminales parece caer en la cancha del gobierno.

La candidez del presidente, o el cinismo, se combina con la forma como sus ideas, que no es la más clara y consistente que se podría esperar de alguien que tiene su investidura. Aunque es muy pausado en sus respuestas, no logra la abstracción necesaria para sintetizar y exponer sin dar vueltas retóricas donde a veces se pierde -y regresa al ataque de sus villanos favoritos-, y en otras se mete en problemas innecesarios. Ayer fue uno de esos días, al mezclar la demagogia con su proclividad a tratar con deferencias a narcotraficantes.

Cuando una periodista le preguntó sobre la propuesta de la madre buscadora Delia Quiroga, del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo de Sonora, que hace unos días lanzó un llamado a 9 cárteles de drogas para alcanzar un pacto social para prevenir y erradicar la desaparición de las personas, el presidente, cuya inconsistencia verbal antológica, contestó: "Yo estoy de acuerdo. Ojalá y se lograra la paz. Eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos".

La mira del presidente lamentablemente está extraviada. Su forma de razonar, igual. Su desinformación es notable. El colectivo había difundido un comunicado dirigido a los cárteles de Sinaloa, Nueva Generación, Juárez, Golfo, Noroeste, Los Salazar, Los Beltrán Leyva, Los Zetas, Vieja Escuela, La Familia Michoacana, y Los Caballeros Templarios, donde les pidieron acabar con las desapariciones. "Nuestro colectivo anhela que nuestros familiares desaparecidos regresen, vivos o muertos, así como que esta práctica sea eliminada, por lo que necesitamos su ayuda y colaboración", dijo Quiroga, quien encabeza el colectivo. "Nuestras autoridades se han empecinado en actuar de forma omisa y negligente. Ustedes pueden contribuir a que pare la violencia".

López Obrador, en su extraordinaria declaración desapegada de la realidad por su carácter de jefe del Estado Mexicano, afirmó subrayó: "Que no actúen las organizaciones (con violencia) ¡claro que sí! Sí. Ese es el exhorto, que no actúen de manera violenta... Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia yo lo apruebo, y eso no tiene que ser solo por demanda de la autoridad. Es por los mismos integrantes de estas bandas. Ellos deben asumir una responsabilidad".

Lo que estas palabras significan es la claudicación de su gobierno a sus responsabilidades constitucionales y entregarle el poder de frenar la violencia a los criminales. Dicho de otra forma, es la subordinación plena del presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas a los deseos y humores de los cárteles de las drogas. Que ellos, no él, sean responsables de sus actos, es otra de sus inverosímiles afirmaciones, que sólo reflejan su profunda ignorancia o tolerancia criminal, y lo que el negocio de las drogas significa.

Morena está operando su maquinaria electoral en el Estado de México y Coahuila gracias a información facilitada ilegalmente desde el gobierno federal: la plataforma que contiene el padrón único de beneficiarios de los programas sociales federales envía en tiempo real la información a la dirigencia nacional de Morena para que la utilice a su favor en las elecciones del 4 de junio, según coinciden fuentes del gobierno y del partido en el poder. La ley prohíbe el uso de programas de Gobierno para favorecer a un partido.

El sistema donde se capturan los datos personales de los 30 millones de beneficiarios de los programas sociales del presupuesto federal se empezó llamando Sider y luego cambió a Info-Sider. El sistema espejo que recibe indebidamente la información en Morena se llama Sirena. Se trata de un esquema diseñado por Gabriel García, Carlos Torres, Alejandro Peña y Emiliano "El Bicho" Calderón, todos parte de la misma camarilla política que ha saltado entre cargos de gobierno y de partido, y que tiene como activo principal el control de la base de datos de quienes reciben alguno de los 18 programas sociales de AMLO. Esto ha sido denunciado por figuras de Morena que se sienten indignadas porque están repitiendo los vicios que siempre criticaron.

De los 30 millones de beneficiarios, a Morena sólo le interesan los que pueden votar. Así que lo primero fue depurar la base: eliminar 2 millones de nombres fantasma y repetidos, luego quitar a los menores de edad que no votan, y quedarse sólo con los que tienen credencial de elector. 21 millones de nombres completos, direcciones, secciones electorales y teléfonos celulares para todo el país.

Con la lista depurada, Morena convoca a sus promotores del voto para hacer tiros de precisión: en vez de estar tocando puerta por puerta, van directamente a las casas de los beneficiarios de los programas sociales, que son más proclives a ser convencidos, sobre todo cuando se echa mano de la vieja amenaza de que si Morena pierde, ellos dejarán de recibir esos apoyos.

A los más avispados los intentan enrolar como nuevos reclutadores de Morena. De ahí salen representantes de casilla y representantes generales (que tienen a su cargo supervisar incluso 20 casillas el día de la elección). Se ha probado y documentado en elecciones anteriores que el 90% de los representantes generales de Morena reciben hasta 2 programas sociales del gobierno federal.

Según las mismas fuentes, para la jornada electoral de este domingo los operadores de Morena recibieron en USBs y discos externos los archivos de Excel con la información completa de los beneficiarios del gobierno federal, ordenados a partir de los distritos electorales para Estado de México y Coahuila.

Para el Estado de México, Morena elaboró una lista depurada de 1'050,000 beneficiarios de programas sociales, 60,000 posibles representantes de casilla y 3,300 representantes generales. Para Coahuila quedaron 420,000 beneficiarios, 11,500 representantes de casilla y 530 representantes generales.

El domingo se pone a prueba de nuevo.

Cuentan que la base de datos es tan detallada que hay representantes generales de Morena que pusieron a la venta el USB con la información de los beneficiarios que les asignaron.

Parece que el negocio no se queda en los de abajo: dicen que los diseñadores de este esquema venden a sus candidatos la información y metodología, y se han llevado, a través de empresas con prestanombres, más de 600 millones de pesos en los procesos electorales de 2021 y 2022.

El presidente López Obrador, apoyado por la enorme maquinaria de propaganda del Estado, sabe que el debate de los argumentos lo tiene perdido. Que el contraste de los datos lo arrincona. Prometió acabar con la corrupción y hay hasta en su familia. Prometió acabar con la violencia y la semana pasada ya fue oficial que estamos en el sexenio con más asesinatos de la historia. Dejó al país sin gasolina y sin medicinas. A millones sin servicios de salud. Y sus "grandes obras" -como se le advirtió- están saliendo el doble de caras y no han funcionado. Ha mentido sin cesar y ha quedado abiertamente evidenciado como mentiroso. Incluso se ha probado que la gente que recibe dinero directamente del gobierno por los programas sociales, está peor que antes porque está teniendo que pagar cosas que antes le llegaban gratis o más baratas: medicinas, comida, servicios de salud, etc. Pero AMLO tiene el debate de las emociones ampliamente ganado. Muchísima gente le cree sólo porque lo dice él, aunque no sea cierto. Y tapa ojos y oídos ante las evidencias porque prefieren lo que AMLO les hace sentir, él los representa y eso no es menor.

Polarizan con temas estratégicos para mantener a esa base defendiéndolos con todo, sin importar que exista otro extremo. Sus opositores políticos suelen caer en la trampa y los dejan marcar agenda, atizar la polarización y no cambiar las preferencias. Ellos, felices en su zona de confort. Sus rivales deben aprender: no se trata de quejarse de las decisiones de los votantes y fustigarlos, sino de desarmar el cuento de los mentirosos.

La pensión de 4,800 pesos bimestrales que cobra Andrés Manuel López Obrador como adulto mayor es poco dinero, pero nos cuesta mucho.

El presidente confirmó que desde el año pasado es beneficiario del programa de apoyo a adultos mayores que impulsa su gobierno a través de la Secretaría de Bienestar.

López Obrador justificó que su programa es universal por lo que, como ha dicho antes, podría cobrar su pensión hasta Carlos Slim, el hombre más rico de México.

Este es el programa social más ambicioso de AMLO. Beneficia a más de 11 millones de adultos mayores con una inversión que se ha duplicado en el sexenio. De hecho llega a 8 de cada 10 mayores de 65 años en el país, según el último dato del gobierno federal.

Sin embargo, considero un error colgarle la etiqueta de universal -que ya vimos que aún no lo es- cuando los recursos son limitados y hay adultos mayores que no lo necesitan.

Aquí entra el concepto de eficiencia y priorización del gasto para implementar una política pública.

Max Jaramillo-Molina, economista y coordinador del Observatorio de Desigualdades de la UdeG, ha publicado ensayos que demuestran que los programas sociales de AMLO aumentan la desigualdad al no estar focalizados en apoyar sólo a los más pobres.

El también doctor en Sociología compartió en sus redes un análisis del 1er. trimestre de este año de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi. Los resultados arrojan una tendencia que se ha repetido todo el sexenio: "Los más ricos reciben más programas, y los más pobres reciben menos".

Por ejemplo, con Peña Nieto el 68% de los hogares más pobres recibía al menos una transferencia de un programa social. Con AMLO esa cifra disminuyó al 54%. Resulta una paradoja porque más mexicanos reciben dinero del gobierno, pero los más pobres reciben menos que antes. En otras palabras, el gobierno gasta más, pero también de manera menos eficiente y focalizada.

Una política falsamente "universal" en un país con recursos limitados tiene un alto costo. El presidente no necesita 4,800 pesos al mes. En cambio, hay adultos mayores y otros sectores vulnerables que sí necesitan ese dinero.

Cuando López Obrador hizo ayer los comentarios sobre el temor a un "golpe de estado técnico" hacía alusión a una decisión de un juez federal que amparó a comunidades de los estados de la península de Yucatán, y decretó la suspensión del desmonte de terrenos en algunos tramos donde se está construyendo el Tren Maya.

La decisión fue anunciada el domingo por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y según el presidente, el gobierno federal aún no ha sido notificado de la suspensión definitiva sobre los tramos 3, 4, 5 norte y 6 del Tren Maya. La sentencia la tomó un juez de distrito, no la Corte, y es apelable.

Sin embargo, López Obrador incluyó a todos los jueces en el mismo saco de las críticas y dijo que los magistrados "van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder, porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo".

Una de las estrategias que ha utilizado el mandatario para poder seguir adelante con el Tren Maya fue considerarlo un proyecto de "seguridad nacional" mediante un 2o. decreto presidencial, publicado justo el mismo día en que la Corte había invalidado el 1er. decreto de esa naturaleza.

Para Georgina de la Fuente, politóloga del Tecnológico de Monterrey, el presidente Andrés Manuel López Obrador intenta contrarrestar cualquier decisión que haga contrapeso a sus decisiones convirtiendo a la Suprema Corte en su "villano favorito" y utilizando conceptos como el de "golpe de estado técnico" que no significan nada jurídicamente hablando.

"Es muy hábil en su narrativa y en esta construcción de un enemigo", indicó la politóloga sobre la estrategia del ejecutivo.

En su opinión, el alto tribunal no está paralizando ningún proyecto oficial, sino exigiendo que se haga de la manera adecuada.

"La Corte está reafirmando su autonomía", señaló De la Fuente, y lo hace justo cuando López Obrador aspira a una reforma para que los jueces sean elegidos a través de una votación popular.

El domingo pasado (28 de mayo) se efectuó como se había anunciado, una manifestación en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la Ciudad de México, los manifestantes acudieron a las afueras de la Corte y de externar su inconformidad, pasaron a la agresión directa contra el plantón de simpatizantes de Morena que abiertamente acusan a los ministros, especialmente a la presidenta Norma Piña Hernández.

El asunto pudo haber terminado en tragedia, pero por fortuna se contuvo a tiempo. Sin embargo, tanto los manifestantes dominicales como los que ya estaban instalados llegaron a los golpes y la agresión directa.

Si lo analizamos, las confrontaciones que se han visto en las Cámaras de Diputados y Senadores, ya saltaron a las calles. No hubo agresiones ni choques en las movilizaciones públicas en defensa del INE, ni tampoco en las manifestaciones de apoyo convocadas por el presidente López Obrador. En esta ocasión se cruzó la línea: ¿es lo que veremos en lo inmediato, enfrentamientos entre quienes están de un lado y otro?

La respuesta del presidente, en su mañanera, fue la banalización. Le quitó seriedad al tema. Acusó a los agresores (no podía ser de otra manera), pero también justificó a quienes llevan semanas convocando a ofender a los ministros de la Corte y que también han ejercido violencia, cobijados en el derecho de manifestarse. Y de paso, aprovechó para desacreditar a quienes no comparten su proyecto de gobierno, porque son "agresivos".

El discurso presidencial debería, en apego a la autoridad que le da su investidura, condenar cualquier movilización o protesta que sea violenta; no se admite una y se condena la otra.

Además, está el caso de Morena. El dirigente nacional Mario Delgado ha endurecido su postura y exige que los partidos aliados, PT y el Verde, declinen en favor del candidato en Coahuila, con la posibilidad de que se rompa la alianza nacional. El senador Ricardo Monreal advierte que esa posibilidad es real y se diluye así el famoso discurso del llamado a la unidad.

En la contienda entre las "corcholatas", los activistas de Marcelo Ebrard aumentan reclamos en diferentes partes del país, contra la abierta campaña de Claudia Sheinbaum.

Si desde Palacio Nacional se da permiso para que algunos manifestantes agredan, entonces los límites se borran.

Estamos en un punto en el que la impunidad, la falta de aplicación de sanciones legales, la violencia real que se ejerce contra candidatos y candidatas, y la polarización social, nos pueden conducir en breve a un pico de violencia basado en motivos políticos.

La movilización encabezada por grupos de apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sus ministros dejó una nueva vista de la fachada del Poder Judicial.

Luego de participar en la marcha que partió del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México, cientos de personas que apoyan a los ministros de la Suprema Corte se dirigieron al recinto del máximo tribunal constitucional, donde se desató una trifulca entre este grupo y los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, que mantenían un plantón en las inmediaciones del lugar.

Las consignas contra AMLO y en respaldo de la SCJN escalaron a empujones, agresiones verbales, lanzamiento de botellas de agua, tierra, sillas y playeras con la figura de López Obrador, hasta llegar al desmantelamiento y destrozo del plantón.

Tras el disturbio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar para detener el conflicto y resguardar a los simpatizantes del mandatario, a quienes les doblaban en número los manifestantes.

Los ánimos volvieron a escalar cuando los policías no permitieron que los manifestantes quitaran los carteles en contra de la ministra presidente Norma Lucía Piña y de la Corte en general, mismos que fueron colocados por los simpatizantes de Morena desde hace alrededor de un mes.

Tras los reclamos y exigencias para dejarlos pasar, 2 manifestantes lograron escalar hasta las paredes y el frente de la Corte, para quitar los carteles y dejaron el frente del recinto sin pancartas de sus adversarios.

Una de las manifestantes se apoyó de un palo de madera para despegar los carteles, mientras los espectadores la alentaban gritando "¡duro, duro!", hasta que arrancó la última pancarta del acceso principal de la Corte.

Con gritos de "Sí se pudo", "Arriba la Corte", "Gracias Poli", simpatizantes a favor de la Suprema Corte festejaron el retiro de todas las imágenes en contra de los ministros que estaban pegadas en la puerta principal del máximo tribunal.

El despegue de carteles fue festejado cantando el Himno Nacional y alzando la Bandera de México, por parte de las personas que apoyan a la SCJN.

Debido a los hechos, elementos de la SSC se quedaron en resguardo del máximo tribunal, ante posibles agresiones de los simpatizantes de ambos frentes.

Miles de jaliscienses se manifestaron ayer a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha sido recurrentemente atacada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con la Plaza de Armas como punto de reunión y con la frase "la Corte no se toca" como bandera, los participantes asistieron vestidos de blanco, luciendo pancartas con consignas como "la ley es la ley" y "yo confío en la SCJN", además de otras que directamente señalaban su oposición al presidente, a Morena y a la 4T.

Entre los asistentes también se encontraron diferentes organizaciones civiles, como Misión Rescate México y Confío en México, rodeados de la "marea rosa", que ya había expresado anteriormente su apoyo al INE y al Inai. Este último organismo autónomo volvió a ser defendido ayer junto al Kiosco de las Musas, donde se instaló una mesa para que los inconformes registraran su firma de asistencia.

La capital de Jalisco fue una de las más de 50 ciudades que respondieron a la convocatoria nacional en apoyo a la Suprema Corte, en especial a la ministra presidente Norma Piña, quien ha sido señalada directamente desde Palacio Nacional por no compartir la visión del titular del poder ejecutivo, y atacada de manera violenta por seguidores de la 4T y su movimiento, con figuras de la ministra ahorcada y con ataúdes instalados afuera de la sede del máximo tribunal.

En la Ciudad de México, los manifestantes gritaron "¡ministros valientes, el pueblo los defiende!", y entre pancartas en las que se leía "la Corte no se toca", miles de personas vestidas de blanco se concentraron en el Monumento a la Revolución para unirse a la movilización convocada por organizaciones civiles en respaldo a los ministros.

Salvador Cosío Gaona, presidente de Confío en México, resaltó que es importante que la SCJN siga siendo el órgano de mayor peso en el país, más que cualquier autoridad municipal, estatal o federal.

"Es muy importante que la gente se informe o razone lo que está ocurriendo. Estamos ante un riesgo inminente de que la Suprema Corte siga siendo atacada, y si los ministros se doblan o se quiebran, o se sienten intimidados de una forma compleja como en el 'viernes negro', cuando se aprobaron 20 reformas de diferentes temas y sobre todo si no lo anulan sería un precedente muy grave, que cualquier órgano colegiado municipal, estatal o federal, puedan hacer lo que quieran sin mayorías, sin procedimientos, sin nada y esto implica un Estado de Derecho nulo, por eso aquí estamos para respaldar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo el apoyo a la legalidad".

Más de 2,000 personas, según cifras oficiales, vestidas de blanco y con pancartas en defensa de la Corte con la leyenda "La ley es la ley. Los ciudadanos respaldamos a la SCJN", se concentraron ayer en el Monumento a la Revolución. Los asistentes gritaron consignas como "la ley es la ley", y "la Corte no se toca". La marcha culminó frente al Palacio de Gobierno.

Alejandra Morán Ramírez, presidente de Chalecos México, comentó que la movilización es en apoyo al máximo tribunal del país y para exigirle al Jefe del ejecutivo que deje de atacar a los ministros desde el púlpito presidencial en las mañaneras.

"El que no participa en política está destinado a ser gobernado por los peores hombres, es un momento que la sociedad civil tome las riendas del país. Que los mexicanos agarremos al toro por los cuernos, necesitamos cerrar filas, unirnos todos", dijo Morán.

La mayoría de los asistentes fueron adultos mayores que también gritaban "Norma Piña, no estás sola" y "ministros valientes, el pueblo los defiende", como algunas de las consignas de la marcha.

Cristina Velázquez, una pequeña empresaria de 62 años, se expresó en contra de las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el poder judicial, al que ha acusado de estar corrompido.

"Los ministros están donde les corresponde, haciendo valer la justicia, las leyes, y no acaten sus caprichos, no se plieguen a su voluntad, y eso es lo que no le gusta a López Obrador", expresó Velázquez.

La marcha fue convocada, entre otros lugares: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, León, Morelia, Aguascalientes, Torreón, Acapulco, Pachuca, Cancún, Puebla, Ciudad Obregón, Ciudad Victoria, Chihuahua, Cuernavaca, Hermosillo, Mérida, Mexicali, Tijuana, y más.

No me gusta la ofensiva verbal del presidente en contra de organismos de transparencia y rendición de cuentas, por más que se justifique una parte de su crítica, porque creo que están para ser mejorados y pueden ser útiles en un contexto más sano. Que hayan realizado un trabajo insuficiente o precario, o que en conjunto contribuyan a una forma de simulación, no significa que no necesitemos instrumentos para transparentar y exhibir los vicios de los servidores públicos y la clase política. Y mucho menos celebro el ataque personalizado que López Obrador hace contra periodistas concretos, porque considero que, si bien el derecho de réplica del mandatario es legítimo ante ataques distorsionados o de plano mal intencionados, su defensa tendría que ser en términos de información y no de descalificación e insultos. Algo que termina siendo inadecuado por la desproporción que existe entre el poder presidencial y un individuo, por influyente que este sea, y puede salirse de control por el fanatismo de algún seguidor desquiciado.

A diferencia de otros episodios de intensa actividad registrada por el volcán Popocatépetl, en el actual no existe el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para enfrentar cualquier contingencia.

La atención se realizará con menores recursos presupuestales y con poca transparencia luego de que en julio de 2021 se eliminó de manera oficial el Fonden.

Dentro del maremoto de ocurrencias que ha tenido nuestro amado señor Presidente, se le ocurrió una que ha polarizado a algunos, divertido a otros y a unos más les ha valido absolutamente nada. Y esta es que, echando una pequeña mentirilla, dijo que en la Constitución del 57 los ministros de la Corte se elegían por voto directo, cosa ligeramente falsa, ya que si bien sí se elegían, era como ahora, no directa sino indirectamente. Pero son pequeñas libertades que se toma el epónimo primer mandatario para mantener divertido al personal, que por lo general no tiene ninguna cosa interesante que discutir.

Me permito estar totalmente y absolutamente de acuerdo con el primer mandatario respecto de que hay muchos pero muchos puestos, no nada más los ministros de la Corte y los jueces, sino muchos funcionarios que tienen que ser elegidos directamente. Y así, cuando hagamos esa mega elección, elegiremos no nada más jueces, magistrados y ministros sino otros puestos, porque a mí me cabe la duda de no saber quién elige a los generales, quién nombra a los coroneles y quién da los nombramientos de los demás grados del Ejército; entonces yo exijo que así como vamos a votar por los jueces, votemos por los militares.

Y me da mucho gusto que el señor Presidente se haya fijado en el dineral que ganan los señores ministros, estoy de acuerdo con que les recorte sus fideicomisos, pero que no se quede corto, que también recorte el mismo porcentaje a Dos Bocas, al Tren Maya y al tren que va a ir al antiguo aeropuerto de Santa Lucía: todos parejitos, que están recibiendo mucho dinero. Pero que no se olvide de que los que más reciben, junto con la Corte, son nuestros amados padres conscriptos y los señores senadores, que esos sí ganan a 2 manos, vamos reduciéndolo.

Desde ayer, el gobierno de la 4a. Transformación (4T) se catapultó como el sexenio con más asesinatos de la historia, quedando aún más de año y medio para su conclusión.

De diciembre de 2018 al 24 de mayo de 2023 se han registrado 156,136 asesinatos en México, lo que ha convertido al actual sexenio en el más violento de la historia.

Ya se superó el número de homicidios dolosos que se registraron en el periodo de su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto, que registró 156,066 víctimas de homicidio doloso.

Desde el año pasado el gobierno de la 4T ya había rebasado los 120,463 asesinatos del sexenio de Felipe Calderón, y antes los 60,280 en la gestión del panista Vicente Fox Quesada.

El análisis señala que el gobierno de AMLO acumula otros récords en materia de seguridad, entre ellos los años más violentos (2020, 2019, 2021 y 2022), el mayor número de meses con más de 3,000 asesinatos y los días más violentos de que se tenga registro, entre otros.

La estrategia también desencadenó la caída de una institución que hasta antes del Gobierno obradorista se había erigido como la más respetada y querida por los mexicanos, como es el Ejército, que bajo la égida del general Luis Cresencio Sandoval ha sido una marioneta más que se mueve al ritmo que se mandata desde Palacio Nacional. Sus resultados, aun cuando se le permitió mantenerse en las calles con el argumento de combatir de manera más efectiva al crimen, no se han significado, y prueba de ello es que las cifras de homicidios se dispararon mientras los militares, que hasta hace poco gozaban de total respeto y eran orgullo nacional, hoy lo mismo cumplen funciones de albañilería que de cuidadores de todo tipo, hasta de vacunas.

En tanto, el general Sandoval ha sido exhibido como uno de los más representativos ejemplos de corrupción al verse involucrado en conflictos de interés y otras ilegalidades y corruptelas tras ser ventiladas dos investigaciones de diferente procedencia, las cuales revelaron primero los suntuosos viajes del general y su familia con cargo al erario, y más recientemente la adquisición de un departamento de lujo con valor aproximado al millón y medio de dólares que obtuvo de una contratista del Ejército a su cargo en un muy menor precio.

"La política de militarización en México ha sido un fracaso", aseveró la organización Human Rights Watch (HRW) en su informe sobre derechos humanos 2023.

Los militares, alertó en su informe la ONG, pueden detener legalmente a civiles, tomar control de la escena de un crimen y preservar evidencias, mientras realizan acciones de seguridad pública, control de migración y cumplimiento de normas aduaneras.

Tyler Mattiace, investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch, mencionó que durante el tiempo en el que se ha implementado la estrategia de utilizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, se ha visto un incremento constante en la violencia y homicidios que ocurren dentro del país.

En fin, sí se podía saber; los abrazos nunca fueron la solución y hoy el sexenio de AMLO es el que suma la mayor cantidad de homicidios en la historia reciente de nuestro país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador deberá abstenerse de hablar sobre el "Plan C", así como retirar parcialmente las conferencias matutinas en las que se refiere al tema, determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al menos 5 magistrados se pronunciaron a favor del proyecto de la magistrada Janine Otálora, en el que propone un revés a la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que había determinado no aplicar medidas cautelares contra el presidente.

La magistrada propone que el titular del ejecutivo proceda a eliminar o modificar las publicaciones que contienen los audiovisuales y versiones estenográficas de las conferencias matutinas del 9 y 11 de mayo.

También se plantea que el presidente de la república "se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato de comunicación oficial, de realizar o emitir manifestaciones como las denunciadas, específicamente llamar a votar o no votar por determinados partidos políticos o movimientos electorales, así como expresiones equivalentes. Ni usar recursos públicos en propaganda con fines electorales".

Anteriormente, la Sala Superior ya consideró que las referencias al "Plan C", en las que se señala que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, constituyen una vulneración en los actuales procesos electorales locales en el Estado de México y Coahuila de Zaragoza.

Por ello, subrayó que es posible advertir que los hechos denunciados pudieran ser contrarios a las disposiciones constitucionales, en razón de que aparentemente se está solicitando votar por determinados institutos políticos, así como no votar por otras opciones políticas que son de índole electoral y que de ninguna forma pueden ser parte del ejercicio de comunicación de transparencia y rendición de cuentas.

"Por el contrario, estas pudieran afectar la equidad en la contienda electoral o influir en las preferencias de la ciudadanía en el marco de los actuales procesos electorales locales actualmente en curso", apuntó.

"En el caso del presidente de la república, al ser, en términos generales, el encargado de ejecutar las políticas públicas aprobadas por el poder legislativo y de los asuntos del orden administrativo federal o nacional, tiene deberes, obligaciones y responsabilidades directas e indirectas, además de un especial deber de cuidado respecto de las expresiones que emite y que puedan derivar en una afectación de los principios de imparcialidad y neutralidad".

INE aprueba medidas contra AMLO por referirse a elección del Edomex

Al considerar que puede vulnerar la equidad en la contienda en el proceso electoral local, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó implementar medidas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por manifestarse indebidamente sobre la elección en el Estado de México y los programas sociales.

Por unanimidad, la comisión aprobó una tutela para exhortar al presidente a que se abstenga de pronunciarse sobre estos temas. Además, se aprobaron medidas para retirar sus declaraciones de la conferencia matutina.

La denuncia fue interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano por vulneración al principio de equidad, uso de programas sociales, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada.

La comisión apuntó que existe un riesgo real de que la conducta denunciada ocurra nuevamente, ya que el presidente ha sido conminado por la Comisión de Quejas y Denuncias en al menos 3 ocasiones a abstenerse de estas conductas, pero ha continuado con manifestaciones de índole político-electoral de forma reiterada.

Haber declarado el pleno del Congreso de Perú "persona non grata" al presidente Andrés Manuel López Obrador se oye muy fuerte, pero en el fondo no deja de ser un asunto eminentemente político donde, se puede argumentar, la presidenta Dina Boluarte está buscando la construcción de un sólido enemigo externo para solventar sus conflictos internos que podrían costarle el cargo.

El camino retórico de López Obrador no tirará a Boluarte ni regresará a Castillo al poder. Su intervencionismo no es estratégico, sino ideológico, lo que le generará desgaste y no le garantiza un éxito final.

El problema del dedazo nunca ha sido seleccionar al ganador, sino asegurar que los perdedores acepten la derrota, pues, así como el juego no tiene reglas, tampoco hay una forma única de procesar las inconformidades. Ese es el reto, y no siempre sale bien.

En el caso de Morena hay poca duda sobre la capacidad que tiene el presidente de amarrar a los perdedores, la duda está en si los perdedores van a poder domar a sus equipos tras la derrota. Está claro que los seguidores de Sheinbaum no participarían en una campaña de Ebrard o de Adán Augusto y viceversa. La pregunta es si se quedarían en Morena o se irán a buscar mejor futuro en otro lado. Dicho de otra manera, el dedazo tiene límites y riesgos.

Pero que no estén tan confiados los morenistas, les mandan decir.

Todas las bardas a favor de las "corcholatas" en la ciudad, los anuncios espectaculares en las carreteras y las actividades públicas que son, de plano, de precampaña, se están documentando para presentar las quejas correspondientes en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana [de Jalisco].

El órgano electoral que preside Paula Ramírez va a tener mucho trabajo en unos días cuando la representación de Movimiento Ciudadano presente las quejas contra las acciones irregulares de Morena. ¿Habrá sanciones?

"Ponle el ojo a la Comisión de Quejas (y Denuncias) del INE", me dijo una fuente muy bien informada hace un par de semanas. "Entraron 2 de los nuevos consejeros y ya están dejando pasar todo a favor de Morena".

No creí que se notara tan rápido. Hace unos días, esta comisión determinó que las "corcholatas" del presidente no están haciendo actos anticipados de campaña... porque las campañas no han iniciado. ¡Pues ese es el punto! ¡Que las campañas no empiezan oficialmente hasta el último cuatrimestre del año y las "corcholatas" llevan meses en campaña por todo el país!

Vaya descaro el del nuevo INE. Decir que no hay actos anticipados de campaña cuando todos hemos visto mítines de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Bardas, anuncios espectaculares, siluetas, hasthags, presentaciones de libros, giras por toda la república y una permanente propaganda en la conferencia mañanera del presidente. Hablan públicamente de las encuestas, de los métodos de selección de candidatos, de quién va a ganar, de si habrá presidenta o presidente. El descaro del INE para decir que no hay actos anticipados de campaña es sólo comparable con el descaro de las "corcholatas" para hacer campaña y decir que no la hacen.

¿Por qué el INE se cruza de brazos? Porque ya está operando el obradorismo en la nueva camada de consejeros. Concretamente, en la Comisión de Quejas hay 3 integrantes. Solían estar Ciro Murayama y Adriana Favela. Se fueron y entraron Rita Bell López Vences y Jorge Montaño Ventura (identificados con el morenismo). Permaneció Claudia Zavala. La votación para permitir las campañas anticipadas de las "corcholatas" quedó 2-1, con los votos a favor de Rita Bell y Montaño.

¿Esto significa que el INE ya está entregado al oficialismo? No es una buena señal, pero puede ser solamente un cambio de criterio. A lo mejor este INE -al estilo de los árbitros futboleros que toleran las faltas para no detener el partido- permitirá lo mismo en la oposición.

La oposición debería poner a prueba este criterio: que pinten bardas, promuevan hashtags, contraten espectaculares, inunden con sus siluetas y recorran el país encabezando mítines de miles de personas. Les toca hacer campaña. Descaradamente. Ya. A ver si el INE les dice algo.

En el INE no hay que perder de vista a un tal George. Cuentan que es el nuevo poder tras el trono.

Citi se adelantó ayer al sueño presidencial para tener algo como un Banamex para el Bienestar, y anunció en un comunicado, sin decirlo textualmente, que ya no vendería el banco a Larrea -cuya compra era inminente-, y que en 2025 haría una Oferta Pública Inicial, lo que significa que se pondría a la venta en el mercado de valores. La decisión de Citi fue estratégica y puede interpretarse como un blindaje para evitar que López Obrador presione e intente, como reiteró el miércoles, adquirir el banco, y dejar que termine el sexenio para que, con otra persona en la Presidencia, pueda realizar la operación sin coacción de ninguna naturaleza.

Los analistas dijeron a medios especializados que no era la solución ideal, pero a juicio de Citi, era lo mejor para evitar un desastre con el colapso del acuerdo con Larrea, consecuencia del enfrentamiento con López Obrador. Para Citi, en su comunicado, la decisión fue resultado de una cuidadosa consideración que concluyó que ponerlo a la venta en las bolsas, era el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para sus accionistas.

La conclusión de unos 17 meses de negociación fue el colapso, pero no por desacuerdos visibles en la víspera, sino por la intromisión del presidente López Obrador, quien señaló ayer que se cayó la venta porque Larrea le había pedido más "garantías" a Citi, que dijo como muchas cosas, a vuela pájaro, sin contexto o explicación de lo que afirma. Citi no dijo nada al respecto y Larrea, fiel a su costumbre, guardó silencio.

La interpretación la comenzaron a hacer desde la mañana del miércoles los medios financieros más influyentes del mundo. El proceso de venta de más de un año se complicó por el involucramiento del presidente mexicano, señaló The Wall Street Journal. Pese a que había varios interesados, apuntó Bloomberg, el pool de compradores potenciales se redujo luego de que el presidente López Obrador impuso condiciones sobre el trato. El Financial Times destacó, a su vez, que el gobierno complicó el proceso de venta al exigir compromisos como el que no se despidiera a ningún trabajador.

López Obrador reaccionó a tono con su cosmogonía. El colapso de la negociación con Larrea la recibió con júbilo, sin ver en toda su dimensión lo que proyecta su injerencia y los ataques a Larrea, más allá de la difícil y odiada personalidad del empresario, porque lo que hizo rebasa a la persona.

El gobierno ha perfeccionado una técnica para enfrentar los escándalos documentados por la prensa nacional: decir que desmiente, pero en el fondo terminar confirmando lo que se publica.

1.- Se revela que el secretario de la Defensa Nacional compró un departamento de lujo en 9 millones de pesos, cuando inmuebles de dimensiones y características similares en el mismo fraccionamiento de Bosque Real están valuados hasta en 30 millones; y que se lo compró a la socia de una empresa contratista de la propia Sedena. En la mañanera, el general Luis Cresencio Sandoval "desmiente" la información: dice que sí adquirió el departamento en el precio que señala la nota (9 millones) y que sí se lo compró a la socia de una contratista del Ejército. ¿Cuál desmentido entonces? Abunda: que le salió barato porque estaba en obra gris, pero las escrituras expresan que estaba terminado al 100% con acabados en pisos, muros y plafones. El general asegura que la mejor prueba de que valía 9 millones es que para obtener el crédito, el avalúo marcó ese precio. El avalúo lo hizo el Banco del Ejército, mismo que le dio el crédito. La investigación se publicó en Reforma con colaboración de MCCI.

2.- Con la misma colaboración, El Universal publicó los viajes del general secretario, con familia y séquito de colaboradores, con cargo al erario y escondidos en giras de trabajo (asientos en clase ejecutiva, paseos, boletos a eventos de lujo). En la mañanera, Luis Cresencio Sandoval "desmiente" la revelación y dice: "En algunos de los países me ha acompañado mi familia, porque dentro de las actividades que hacemos... dentro de los protocolos está que lleve uno a las familias... Y yo tengo un grupo de ayudantes, ayudantes que me auxilian en todo lo que tengo que desarrollar y que en estos viajes también auxilian a mi familia para poder cumplir con los compromisos que se hacen dentro de lo que se programa". ¿Cuál es el desmentido?

3.- Las nadadoras mexicanas denuncian que no las apoyaron para su viaje al Mundial en el que ganaron 5 medallas. El presidente y el secretario de la Defensa "desmienten": dicen que algunas de ellas reciben un sueldo del Ejército para apoyarlas. ¿Cuál es el desmentido? Eso no es lo que ellas están denunciando. Ellas están hablando concretamente del viaje al Mundial. Cuando le preguntan directamente al general si las apoyaron para esa gira, contesta: "No tengo el dato, no tengo el dato, si hubo o cuál fue la cantidad de apoyo".

4.- Publicamos en Latinus la red de empresas de los íntimos amigos de Andy López Beltrán, el hijo del presidente, que obtienen millonarios contratos del gobierno. El presidente "desmiente" la investigación: "no es nada", dice en la mañanera. Ahí mismo, a pregunta expresa, acepta que los contratos existen y que los beneficiarios sí son los grandes amigos de su hijo.

5.- También en Latinus revelamos que una de las empresas de esa red de Andy, llamada Grava y Arena, era recomendada por el Gobierno de la Ciudad de México: en las bases de la licitación se explicitaba que la empresa que quisiera participar en la millonaria remodelación de Chapultepec, debía tener como proveedor a Grava y Arena. Claudia Sheinbaum "desmintió": dijo que su gobierno no tiene contratos con Grava y Arena. ¡Pero el reportaje nunca denunció eso! El reportaje denunció que su gobierno instruía a sus contratistas a que compraran a dicha empresa. El desmentido no desmintió nada.

Sí es suyo el departamento. Sí lo compró barato. Sí se lo compró a una contratista. Sí hizo los viajes. Sí iba su familia. Sí llevaba a un séquito de colaboradores. Sí fue con cargo al erario. No apoyaron a las nadadoras para el Mundial. Sí son los íntimos amigos de su hijo. Sí han recibido esos contratos millonarios. Sí recomendó a los contratistas comprar a una de las empresas de la red. Sí. Sí. Sí. Pero según ellos, es un contundente desmentido.

El tema del espionaje en México era inevitable que brincara este martes en la mañanera. El periódico The New York Times había publicado en su primera plana que el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, había sido espiado por el Ejército mientras investigaba presuntas violaciones de los militares a los derechos humanos. Pero cuando le pidieron ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador su opinión, se le hizo bolas el engrudo.

El Times publicó que el teléfono de Encinas fue víctima del programa espía Pegasus, y que se enteró de los detalles de la intervención luego que ese trabajo ilegal fuera confirmado por Citizen Lab, un grupo de vigilancia que funciona desde la Universidad de Toronto. El diario reveló que Encinas le comentó en marzo al presidente sobre el espionaje y preguntó si debía darlo a conocer. No se sabe la respuesta de López Obrador, pero hasta ahora, Encinas no ha ventilado públicamente de esa infección.

López Obrador y su equipo tuvieron casi un día para preparar una respuesta a la prensa, porque la revelación apareció el lunes por la mañana en el sitio del Times. Pero o no hubo un trabajo preventivo, o como muchas veces sucede, al presidente no le pareció relevante prepararse. El resultado, en todo caso, muestra la ligereza con la que López Obrador aborda temas delicados, que cree resolver al repetir su cantaleta eterna de que el gobierno no espía, como era antes, pero que como chivo en cristalería, va dejando destrozos en el camino.

Su 1a. víctima fue Encinas. El presidente confirmó que Encinas le comentó que lo habían espiado, "y le dije que no le diera importancia, porque no había ninguna intención de espiar a nadie". Entonces, 1a. bola del engrudo: sí habían interceptado su teléfono, pero no con fines de espiarlo. Su lógica no pasa ninguna prueba de ácido. ¿Para qué hackearían su teléfono si el propósito no era espiarlo?

López Obrador dijo que "le habían preguntado del New York Times si era espiado y él contestó que probablemente sí, nada más que de parte de quién". 2a. bola del engrudo: Encinas, dijo al diario, no quiso responder las preguntas del Times, cuando lo consultaron sobre el tema. El despacho del diario señala claramente el espionaje por parte del Ejército, confirmado por 4 personas que habían hablado con él. Si el subsecretario en efecto habló con la corresponsal neoyorquina off-the-record, en todo caso-, el presidente lo coloca en el centro de la información publicada, lo que lo lleva a una nueva confrontación con el Ejército, porque el descrédito y el daño político es contra los militares.

La siguiente pregunta era si tenía la certeza de que el espionaje no hubiera sido realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional. "No", respondió. "Nosotros no espiamos. No somos iguales. No torturamos y en este gobierno no hay masacres y se respetan los derechos humanos". Su sinapsis siempre es fallida. Su respuesta "no", es confusa. ¿No tiene certeza de que el espionaje fue hecho en Lomas de Sotelo? ¿O es un rechazo de que espiaron los militares? Quién sabe. 3a. bola de engrudo: el grueso de su respuesta no tiene nada que ver con lo que le preguntaban, y dejó abiertas más dudas que certidumbres. Si no había "ninguna intención de espiar", como dijo en una respuesta previa, entonces sí sabía quién había hecho la intervención y está encubriendo la fuente de la ilegalidad.

Pero después, viene una nueva contradicción. Cuando parafraseó la respuesta de Encinas al Times, agregó que "antes todos espiaban y siguen espiando, de dónde salen las Guacamayas". La 4a. bola de engrudo se dio cuando en el contexto de esa pregunta, la dijeron si iban a investigar la infiltración al teléfono de Encinas, afirmó: "No... es que nosotros no espiamos". Entonces, ¿en qué quedamos? Por un lado, aceptó que no procede ninguna investigación porque en todo caso, como le dijo a Encinas, su gobierno no espía. Por el otro, si otros realizan espionaje sobre su gobierno, ¿por qué no van a investigar?

No lo van a hacer por instrucciones del presidente, porque el tema del espionaje dentro de su gobierno y contra su gobierno, simplemente no lo entiende. Una de sus respuestas muestra la dimensión de su ignorancia y negligencia en el tema, al retomar el tema de los llamados Guacamaya Leaks que "le sirvieron a Claudio X. González y Carmen Aristegui para dar a conocer espionaje y que hackearon a la Sedena. ¿Quién está financiando eso? ¿Son mexicanos? ¿Son extranjeros? ¿Por qué no se da a conocer la fuente?".

La frivolidad del presidente es bastante frívola. Sin embargo, lo que está sucediendo con el tema del espionaje tiene implicaciones profundas, y como señaló el diario neoyorquino, "los ataques (a Encinas) también son un indicio claro del uso despreocupado de la vigilancia en México". Su dimensión fue explicada por Eduardo Bohórquez, director del capítulo México de Transparencia Internacional, que declaró al Times que "si alguien tan cercano al presidente como Alejandro Encinas es vigilado, está claro que no hay un control democrático del programa espía". La consecuencia es que tras las consultas del diario a la empresa israelí NSO, que fabrica el programa Pegasus, se abrió una investigación. Si la conclusión determina que se utilizó de manera incorrecta el software, podría ser, como en anteriores casos similares en el mundo, que se cancelen los contratos.

López Obrador puede seguir diciendo lo que quiera en la mañanera, pero en privado actuar con seriedad y responsabilidad. Es importante que entienda que su negación y ligereza no podrá controlar lo que ya se puso en marcha en Israel, y que si NSO llegara a cancelar sus contratos con el Ejército o con el Centro Nacional de Inteligencia, que también opera Pegasus, no serán los militares los últimos afectados, sino él mismo, al quedar desnudado y tildado de mentiroso por decir que su gobierno no espía cuando en realidad sería todo lo contrario.

Lo que está en juego y se ha estado jugando en los últimos años en México es si la germinal democracia, que a lo largo de varias décadas y generaciones forjó el país, resistirá las embestidas del autoritarismo presidencial y su coalición.

Por fortuna el oficialismo no está solo en el escenario. Normas, instituciones, partidos, actores sociales, porciones de los medios y las redes, resisten.

Son la expresión del México diverso que no quiere (y espero que no pueda) ser alineado a una sola voluntad.

No debería a estas alturas quedar duda de ello. Si por el presidente fuera México debería renunciar a la división de poderes, cancelar los órganos autónomos del Estado, reducir a su mínima expresión a los partidos opositores y a las agrupaciones de la sociedad, para lograr que los deseos del presidente (que según él y los suyos expresa sin mediaciones los intereses del pueblo) no encontraran obstáculos y pudieran desplegarse sin las molestias que derivan del diseño republicano.

Al parecer el presidente no entiende o no quiere entender que no es (todavía) un sultán ni un monarca absoluto; que está obligado a ceñirse a la Constitución y las leyes, que no es el único poder estatal, sino que convive, si se quiere en tensión, con otros; que las resoluciones de la Corte no son optativas; y que se corre el riesgo de que su poder, pueda mutar y convertirse de legítimo en ilegítimo.

En esas estamos. Y el asunto no es uno más.

Nos estamos jugando el futuro: o México va a procesar su vida política, nuestra vida en común, en un marco democrático o, por el contrario, en uno autoritario.

Ello dependerá como se apuntaba al inicio de que lo construido con antelación resista.

Contamos con una Constitución democrática, una Corte independiente y tribunales, minorías congresuales, el INE y el Inai, gobiernos estatales y municipales no alineados, partidos y un archipiélago de agrupaciones sociales, medios autónomos y los circuitos de comunicación de las redes, y súmele usted.

No es poco. Pero al presidente no le gustan.

El hecho de que mi amado Veracruz tenga de gobernador a un hombre como Cuitláhuac García, quien para congraciarse en forma lacayuna con AMLO no sólo organizó, sino incluso participó personalmente en una manifestación bajuna y ominosa contra la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y el ministro Alberto Pérez Dayán. El tal Cuitláhuac hizo llevar 2 ataúdes -su secretario de Gobierno, Eric Cisneros, ayudó a cargar uno de ellos-, en una acción claramente intimidatoria, amenazante, que debería avergonzar a quien la perpetró y a quienes en ella tuvieron parte. He ahí los resultados de las cotidianas agresiones de López a la Suprema Corte y de su política divisionista y de polarización de la sociedad. Los insultos de jaque de barriada proferidos por el tabasqueño son repetidos por sus paniaguados, y pueden tener consecuencias de las cuales será responsable el autócrata de la 4T. Mucho mal ha hecho el caudillo, y males mayores causará si sigue propiciando con su actitud omisa los excesos de sus cortesanos... En las elecciones de Coahuila, el próximo 4 de junio, un voto por Morena o por el PT será un voto contra Coahuila.

Germán Larrea nunca utilizaría la palabra traición para describir la expropiación de los patios y 3 tramos de ferrocarril operados por Ferrosur en la entrada veracruzana del tren transístmico el viernes pasado, pero eso es lo que sucedió. Menos de 48 horas antes de que enviara a 70 marinos a tomarlos, el presidente Andrés Manuel López Obrador conversó con el dueño de Grupo México, propietario de Ferrosur sobre la compra de Banamex, y platicaron, como desde hace tiempo, sobre esos tramos de ferrocarril, sin que hubiera ninguna señal que había tomado la decisión de expropiarlos, en la acción de fuerza más grande contra el sector privado en el sexenio.

El decretazo del viernes es un nuevo golpe del presidente sobre la mesa. La expropiación no era necesaria porque el derecho de vía lo tenía el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), una empresa estatal cuya operación estaba arrendada a Ferrosur (Ferrocarril del Sureste) desde 2007, y seguían las negociaciones entre Grupo México y el gobierno para llegar a un acuerdo aceptable para ambas partes.

No es nada extraño que López Obrador conversara con Larrea y no le anticipara la acción que venía. El sector empresarial es el principal enemigo ideológico del presidente y durante el sexenio ha utilizado todas las vías de coerción en su contra. Dentro de sus enemigos históricos hay algunos a quienes detesta más, como el caso de Larrea, contra quien ordenó al SAT investigar sus finanzas y cumplimientos fiscales para tratar de doblegarlo. La expropiación sugiere que no le encontraron nada, pero el golpe está dado, con un mensaje no sólo a él, sino a todos los inversionistas, aunque esto no es algo que realmente le importe al presidente.

Simpatizantes de Morena colocaron féretros con la imagen de la presidente de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, y del ministro Alberto Pérez Dayán, durante un mitin "contra la corrupción" en el Poder Judicial Federal, encabezado ayer por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, frente a la sede de la SCJN en el centro de la capital del país.

Todo indica que ya lo tenían preparado. El jueves por la mañana una mayoría de 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon invalidó el acuerdo presidencial que disponía la reserva de información sobre los proyectos estratégicos del gobierno federal, publicado el 21 de noviembre de 2021, pero ya por la noche, la Presidencia de la República informó que emitió un nuevo decreto que considera de "interés público y seguridad nacional" las obras estratégicas que impulsa el actual gobierno.

Algunas organizaciones calificaron el nuevo decreto, en vigor desde ayer, como un "desacato" a la resolución aprobada por la mayoría de ministros de la SCJN y una "regresión en materia de transparencia" como señalaron las organizaciones no gubernamentales Artículo 19, Fundar y Designaciones Públicas. Por su parte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental "Cemda" enfatizó los daños ambientales, pues "desde que se publicó el acuerdo presidencial en 2021, dependencias del ejecutivo federal como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales empezaron a 'autorizar' proyectos sin someterlos al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, como lo establece la ley ambiental federal".

Pero más allá de las repercusiones en materia de transparencia y ambientales, sin duda preocupantes, el decreto presidencial abre la puerta para que los megaproyectos del actual gobierno se impongan ante los pueblos y comunidades del sureste que se han pronunciando en contra de estas obras, incluso mediante el uso de la fuerza policial o militar o mediante las expropiaciones y el despojo. Al declarar de "interés público y seguridad nacional" se abre la puerta para que los defensores de sus territorios puedan ser criminalizados mediante la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y otras disposiciones.

Más allá de la controversia que el presidente mantiene con la Corte, el nuevo decreto debe leerse en la perspectiva que sugirió la Caravana El Sur Resiste, pues se trata de sacar a toda costa megaproyectos que reordenan la población y el territorio de todo el Sureste en una perspectiva geopolítica. Un ejemplo: la actual Secretaría de Economía anunció acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos para relocalizar empresas productoras de semiconductores en los "polos de desarrollo" que el gobierno de López Obrador impulsa en el Corredor Interoceánico. Por sus riesgos en materia de criminalización y despojo, seguramente los pueblos y comunidades del sureste rechazarán y resistirán el nuevo decretazo.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, dijo ayer que el presidente López Obrador está desesperado por ocultar la enorme corrupción en su gobierno y sus mega obras.

"Después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la que se invalida el decreto del presidente López Obrador para blindar sus obras, nuevamente el gobierno generó otro decretazo para impedir que los mexicanos sepan cómo se ha gastado el dinero en sus elefantes blancos".

"La desesperación de López Obrador por ocultar la corrupción en la que está metido su gobierno, es enorme. Están actuando de manera irracional".

"Sin duda este decreto es la muestra clara de que cuando López Obrador no gana, lo arrebata. Seguro así lo va a querer hacer en las elecciones, por eso su insistencia en cometer actos anticipados de campaña, porque no quiere que se sepa el cochinero que tiene en su administración. Es muy primitivo por parte de la Presidencia pensar que puede repetir un acto que ha sido declarado inválido. Estoy segura que la Corte revertirá de nueva cuenta este decreto".

Si el Ejército fuera una persona, sería el 3er. empresario más rico de México, sólo detrás de Carlos Slim y Germán Larrea. Tiene 4 aeropuertos, un tren y pronto tendrá una línea aérea. En la industria de la construcción se ha vuelto un actor relevante, sin duda el jugador de referencia para el sector. Los activos en poder del Ejército fueron tasados en 15,000 millones de dólares a mediados del año pasado en un trabajo de México Cómo Vamos. Un año después podría recalcularse esa cifra, a raíz del incremento de los costos (¿y el valor?) del Tren Maya. Está arriba de los 20,000 millones de dólares.

¿De dónde salen las cifras? El Tren Maya ha costado 374,000 millones de pesos y es el activo más valioso del Ejército. Son 1,525 kilómetros y recorre 7 estados, pero tiene permiso para ampliarse. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está un poco arriba de los 100,000 millones de pesos y valdrá mucho más que eso en cuanto logre operar con mayores volúmenes. Los 3 aeropuertos: Tulum, Chetumal y Palenque valen poco más de 1,500 millones de pesos. No tenemos los números de la aerolínea, entre otras cosas porque no se ha presentado el plan de negocios. Quedan pendientes muchas cuestiones, pongo en la mesa 2 preguntitas sobre la aerolínea: ¿cuánto costará y cuánto generará?

¿Qué responsabilidades conllevan el nuevo gran poder del Ejército? Los expertos en seguridad nos están ayudando a entender las nuevas responsabilidades del Ejército en seguridad pública. Yo quiero dedicar unas líneas a las responsabilidades que acompañan ser uno de los mayores empresarios de México... también a los riesgos, de acuerdo a la experiencia internacional, que son bien expuestos en el informe Military Owned, hecho por Transparencia Internacional en la década pasada.

La 1a. gran responsabilidad es administrar con eficiencia y pulcritud los activos a su cargo. Estamos hablando de bienes que han costado casi medio billón de pesos, ¿serán las empresas a cargo del Ejército como las paraestatales de tiempos de López Portillo?, ¿producirán riqueza o la destruirán?, ¿podrán generar rentabilidad social? Es muy pronto para decirlo y necesitamos el máximo de transparencia para saberlo. El presidente López Obrador está convencido que los militares son incorruptibles y eficientes. La sabiduría popular recomienda estar alertas, "nadie resiste un cañonazo de 50,000 pesos", decía Álvaro Obregón.

Military Owned se refiere a los negocios que hace el Ejército en el mundo y los divide en 2 grupos, formales e informales. Es bueno que en México los aeropuertos y el tren de las fuerzas armadas tengan una estructura formal que incluye consejo de administración (donde son mayoría los militares en proporción de 5 a 3). Es también muy importante que se reduzcan al mínimo los negocios informales. Esa informalidad es uno de los factores que incrementa el riesgo de la corrupción.

¿Qué papel jugará el Ejército en los mercados en los que participa? En la industria de la construcción, los empresarios se quejan de que ha generado desorden y contribuido a la desaparición de empresas pequeñas y medianas. El PIB de la construcción está 22% abajo de lo que era a finales del sexenio pasado. La CMIC informa que han cerrado 2,000 de 9,000 empresas que eran socias de la cámara. No es culpa de las fuerzas armadas, pero...

Queda por ver cómo funcionará la aerolínea del Estado mexicano, como empleador, como competidor, ¿será capaz de innovar... más, menos o igual que las empresas privadas? Lo que sí es que entra con ventajas: será la única aerolínea que tiene aeropuertos. Cabe la pregunta, parafraseando a Ebrard, ¿habrá piso parejo en sus aeropuertos?

Las fuerzas armadas están a cargo de bienes y activos que valen miles de millones de pesos y son recursos públicos. ¿Es mucho pedir que sean transparentes? Podemos pensar en el modelo de entrega de información de las empresas que cotizan en bolsa. A la mano está también el caso de Pemex y CFE, que son capaces de entregar información trimestral de calidad. El hecho es que necesitamos la máxima visibilidad de los negocios del Ejército. Deben informar sobre ingresos y gastos, ganancias o pérdidas. También sobre los hechos relevantes: adquisiciones, desinversiones, contingencias, movimientos en su equipo gestor. El papel de los órganos internos de control es fundamental. Son necesarias comparecencias públicas de los directores de estas empresas... ¿se acuerdan de Segalmex? Aquí hay recursos 25 veces superiores a los que se perdieron en ese fraude.

Todos los días desde la tribuna presidencial se dicen cosas que no debieron ni decirse ni oírse. Se siembra cizaña. Se difama, agrede y ofende con un solo objetivo: obligar a tomar partido, del lado de los corruptos o del pueblo, a favor o en contra de la 4T, esperando con ello lograr votos suficientes para hacer de las leyes y la Constitución un papalote y asegurarse de que jamás, nadie de los difamados, o grupos afines a ellos, puedan acceder al poder.

Lo único que esta forma de hacer política logra, independientemente de quién gane o pierda, son votos llenos de odio y resentimiento: si ganan, se mofan de los perdedores, y si pierden, alegan fraude.

La difamación y los rumores son técnicas de manipulación bastante efectivas para desmoralizar a la sociedad, propiciar el abstencionismo y hacer perder la credibilidad de personas e instituciones.

Por eso, antes de dar por hecho lo que leemos u oímos, antes de formarnos una opinión negativa (o positiva) acerca de algo o de alguien y tomar partido, hay que otorgarle al otro, y en especial a los despreciados, denigrados o vilipendiados, el beneficio de la duda (presumir su inocencia), escuchar su versión, y si esto no es posible, como casi nunca lo es, al menos meditar un poco en la capacidad, intenciones y honestidad intelectual de quien habla o escribe (yo incluido) porque así como "no todo lo que brilla es oro", no todo lo opaco es fierro.

Al final hay una clave para saber en quién no debemos confiar: nadie que persiga un fin noble utilizará como medio el atropello de la dignidad, el honor y la fama de una persona.

"El beneficio de la duda ha muerto. Murió de corrupción, impunidad y falta de escrúpulos".

Sedena se ha convertido en la dependencia con mayor auge económico en los últimos años, y no sufre las restricciones que la pobreza franciscana impone.

Según la clasificación económica y por objeto del gasto, Sedena tuvo un presupuesto ejercido de 141,201.2 mdp en 2022, en los que destacan los Servicios Personales del Capítulo 1000 y de Inversión.

70,572.9 mdp correspondieron a la nómina de la tropa, que principalmente se efectuó con algo denominado "Remuneraciones adicionales y especiales", con 38,616.4 mdp, que es casi el triple de lo gastado en las remuneraciones al personal permanente y transitorio. En castellano, los militares no viven de su sueldo, sino de esas remuneraciones adicionales y especiales.

En cuanto al gasto de inversión por 43,492.4 mdp, tanto en el Resumen por tipos de programas y proyectos de inversión, como en el Análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos, el general Luis Cresencio solamente desglosó el destino de 6,644.5 mdp por adquisiciones y obras, pero olvidó explicar en qué se gastaron los otros 36,798.9 mdp del capítulo 4000 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos.

Imagínese usted haciendo eso ante el SAT. ¡Sí, ajá!

Tal vez esta falta de transparencia nos explica -inhale y exhale- dónde está la fuente de recursos inagotables para tanto viaje alrededor del mundo y el superdepa en Huixquilucan.

Lo que Sedena sí desglosó:

Efectuó gastos en adquisiciones por 3,218.4 mdp, en 1er. lugar, para seguir pagando el Boeing B-737-800 de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor, que tiene un valor actualizado de 5,792.1 mdp, algo así como 321.8 mdd; también se destinaron recursos para continuar con los pagos de los 6 helicópteros EC725 Super Cougar, los aviones C-295 y para los escuadrones 201, 203, 204 y 502; además, se modernizaron 3 'activos' (¿Cuáles? Quién sabe, pues ya ven que no dan explicación alguna), entre otros.

En cuanto a obras, Sedena reportó un gasto de 3,426.1 mdp para la modernización integral del Heroico Colegio Militar, la construcción de alojamientos para el personal en tránsito en Calakmul, Campeche, y la adecuación del Hospital Militar de zona de "Constituyentes" a de Especialidades Oftalmológicas, entre otras tantas unidades médicas.

Aquí sí aplica: los militares tendrán un servicio médico como el de Dinamarca.

Y si usted creyó que eso era todo, pues no, porque según los estados financieros de Fonatur, también se transfirieron otros 52,731.9 mdp a Sedena, correspondientes al Proyecto Tren Maya, que se clasificaron en Deudores Diversos por Cobrar, ya que 'no se pudo documentar la comprobación'. ¡Quihúboles! A eso se le llama tener... mmm, dejémoslo en manga ancha, por decir lo menos.

Y ya que hablo de Fonatur, a pesar de que en su cuenta pública reportó un gasto de 3,162.9 mdp por servicios notariales derivados de la liberación del derecho de vía, aún no aparece ni un solo metro cuadrado dentro de la relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del ente público.

P.D. Sabía usted que Fonatur Solar, SA de CV, una de las grandes ideas del sexenio, dizque para dotar de energía eléctrica al Tren Maya, fue liquidada, y pues ese fracaso lo obligó a vender el único activo que tenía, el Hotel Desert Inn Loreto, por 110.5 mdp al señor Andranik Anthony Sogoyan (famoso por haber sido capturado por el FBI).

Toda esta información la obtuve tras leer exhaustivamente la Cuenta Pública reportada por la 4, sin sistemas de Pegasus u otros, ni espiando, ¡eh!

Se vale reír o llorar, pues nos siguen diciendo que no son iguales.

Qué bueno que el presidente crea que el general es honesto, pero para nosotros eso no basta, tienen que demostrarlo rindiendo cuentas. Hoy por hoy los escándalos de los viajes y el departamento verde olivo hablan de otra cosa.

La principal amenaza para el triunfo del lopezobradorismo son los escándalos de su gobierno, y no sólo los de corrupción: desde terribles negligencias como la tragedia del centro migratorio en Ciudad Juárez, hasta soberbia, sin subestimar la eventualidad de problemas económicos e ingobernabilidad.

López Obrador cree que gobierna la opinión pública. Que los medios no resistan el encanto de sus desplantes discursivos cotidianos tiene la desventaja, sin embargo, de que toda información que contradice su pregón llega a la mañanera, sin cortafuegos ni fusibles, y termina sobre él.

El alto estándar ético que durante décadas prometió se ha traducido en un rosario de frases que al mismo tiempo identifican el credo del sexenio y el parámetro con el que será medido. De esa manera, cada revelación que exhibe fallas graves de ese mito fundador puede ser iconoclástica.

Volviendo al principio: no sabemos cuándo o cómo una revelación de corrupción y/o criminal negligencia se constituirá en la herida que ha de causar la hemorragia sin remedio del lopezobradorismo. O si será la suma de muchas, o si la gente le dispensará más paciencia que a otros gobiernos.

Pero una cosa es la tolerancia a AMLO y otra que sean socialmente inocuos escándalos como el del general secretario y sus lujosos viajes o su compra de un departamento en un exclusivo fraccionamiento a menos de la tercera parte de su valor comercial, y encima a alguien que luego vende cosas a Sedena.

Y lo mismo se puede señalar de algunos señalamientos periodísticos sobre los hijos mayores del presidente.

Todo ello sin subestimar la negligente forma en que manejaron la pandemia en particular, y la salud en general, los fraudes tolerados en Segalmex, y la malsana (democráticamente hablando) inquina de AMLO contra la prensa, la sociedad civil y gremios tan distintos como los científicos y los médicos.

Decir que todo ello le costará la elección a Morena, es osado. Pensar que la sociedad, entre ella la injuriada clase media, no lo tendrá en cuenta, también.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este jueves el acuerdo emitido en noviembre de 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador que clasifica los proyectos prioritarios de su gobierno como de seguridad nacional.

Con 8 votos a favor y 3 en contra de los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf, la SCJN resolvió la controversia constitucional con el expediente número 217/2021 promovida el 10 de diciembre de 2021 por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El INAI determinó que el acuerdo del titular del ejecutivo "transgrede los principios de supremacía constitucional y legalidad, porque realiza una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos u obras, vulnerando el derecho a saber de la sociedad".

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó en 2021 el acuerdo firmado por el presidente López Obrador en el que "se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura".

Odia a los académicos. Odia a los científicos. Odia a los intelectuales. Odia a los cineastas. Odia a los ambientalistas. Odia a las feministas, a las madres buscadoras de desaparecidos, a las víctimas de la violencia. Odia a los que le reclaman el desabasto de medicamentos. Odia a los papás de niños con cáncer y a las madres solteras que se molestaron cuando les quitó las guarderías. Odia a la clase media. Odia a quien no haya votado por él y su partido. Odia al INE y odia a todos los que marcharon para defenderlo.

Odia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su presidenta, a ministros, magistrados y jueces. Odia al poder judicial. Odia al Tribunal Electoral. Odia al INAI y a todos los organismos autónomos. Odia a la UNAM. Odia a la ONU, a la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Odia a las legisladoras y los legisladores que le hacen frente en el congreso. Más a las mujeres que a los hombres. Odia a la sociedad civil: a quienes la apoyan, a sus principales organismos, a quienes los apoyan y a quienes los encabezan. Odia a los que están contra la corrupción y a los que están contra la militarización. Odia a los que están a favor de la transparencia, la rendición de cuentas, la libertad de expresión, la educación, la salud y los derechos humanos.

Odia a los empresarios. Odia a las empresas. Si son extranjeras, las odia más. Odia a Estados Unidos. Odia a España y a los españoles. Odia a la presidenta de Perú y a la que fue de Bolivia. Odia a la oposición. Odia el diálogo. Odia la negociación política. Odia especialmente a Felipe Calderón, a los 2 Claudio X. González -más al hijo que al padre-, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Raymundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento, Denise Dresser. Odia mucho a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama. También a Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari. Si enlisto todos los nombres no termino.

Odia al Reforma, a El Universal. Odia a sus dueños. Odia a todos los medios de comunicación incluso medianamente críticos, a sus propietarios, conductores, editorialistas y reporteros. Odia a la prensa internacional. Odia a la prensa independiente. Es bien conocido que yo tengo un sitio particular entre sus odios, al igual que los medios de comunicación para los que trabajo.

Odia al neoliberalismo. Odia al capitalismo y al libre mercado. Odia la competencia. Odia la técnica y los estudios. Odia los fideicomisos. Odia el aeropuerto de Texcoco. Odia las energías limpias.

Odia a cualquiera que opine contra él. Odia a los movimientos sociales que le reclaman. Odia el éxito y las aspiraciones. Odia el futuro y odia el progreso. Odia a todo aquel que no se le arrodilla.

Y así, navegando entre la bilis de sus odios, gobierna el país. No hay un solo resultado para México, pero la desbordada polarización es su hábitat predilecto. Así puede hablar mucho y odiar mucho, sin lograr nada más.

Tenemos un general secretario al que le gustan los lujos. El presidente de la austeridad republicana, de la medianía juarista, tiene por principal colaborador a alguien que no cree que eso que tanto predica su jefe sea un valor. Como claramente tampoco lo creen los hijos. Quizá, como muchos otros, simplemente ni el general ni los cachorros le crean al presidente. Ojalá fuera sólo una cuestión de gustos y creencias. Que el colaborador más cercano del presidente López Obrador, el que primero lo ve cada mañana, con el que discute los temas esenciales del país, piense distinto que su jefe. Ojalá se lo diga, que a él le gustan los lujos, que a él eso de la justa medianía le parece una tontería y luego pasen la página y sigan trabajando por un objetivo común. Pero no es el caso.

No es el caso porque los lujos del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, van más allá de su salario como servidor público, aunque gana más que el presidente y lo mismo que los ministros de la Corte, 205,000 pesos al mes. No es el caso porque adquirir un departamento en un tercio de su valor estimado a una persona que a la postre se convirtió en proveedora del Ejército no es una casualidad, no es un intercambio de favores entre compadres, es un acto de corrupción.

En febrero de 2019, cuando apenas comenzaba el sexenio y el proceso de militarización de varias áreas de la vida pública, escribí que la corrupción que se vislumbraba "en un Ejército metido en negocios inmobiliarios y de construcción será de otra escala. Nada tiene que ver con la mayor o menor calidad moral de las fuerzas armadas sino con la falta de vigilancia y la ausencia de transparencia en los procesos". El Ejército siempre ha sido opaco. Las fuerzas armadas nunca han rendido cuentas de lo que compran, ni cómo lo compran; en eso todo se mantiene exactamente igual. Lo que cambió fue el tamaño del presupuesto y por lo tanto el tamaño de los negocios y la corrupción implícita.

¿Qué habrá respondido el general secretario al presidente ayer por la mañana cuando le solicitó el parte de novedades? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que en política ese tipo de sorpresas minan la confianza y tienen un efecto desmoralizador en la línea de mando y también en el equipo de gobierno.

El secretario de la Defensa debe rendir cuentas no sólo de sus propiedades sino de todo lo que la Secretaría ejerce del presupuesto y administra de bienes nacionales. Ya sabemos que no lo hará. Por eso hay que seguir escarbando en los papeles de Guacamaya Leaks, presionando a las fuerzas armadas para que rindan cuentas y fortaleciendo los sistemas anticorrupción. El departamento verde olivo es sólo la punta de un iceberg que, si lo dejamos crecer, terminará por corromper lo único que parecía sano en el sistema político: las fuerzas armadas.

No ha pasado ni siquiera un mes completo de que se dieron a conocer los viajes de lujo por Estados Unidos y Europa del general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), utilizando aviones del Ejército Mexicano, cuando este funcionario castrense está metido nuevamente en otro escándalo patrimonial.

Ahora por la compra de un exclusivo departamento en el fraccionamiento residencial Bosque Real, en Huixquilucan, valuado en 30 millones de pesos, pero que él compró en tan sólo 9 millones a una socia de una empresa, hija de un militar en retiro, que 2 años después de esa transacción, en febrero del año pasado, vendió a la Sedena placas balísticas por 319 millones de pesos.

Ambos casos fueron documentados por la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). El primero el 18 de abril pasado con base en los correos filtrados por Guacamaya Leaks en los que aparecen cuentas de hoteles y restaurantes de alta gama y viáticos ilimitados en ciudades americanas y europeas.

En esa ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió en la mañanera al general. "A lo mejor su familia sí. ¿Y qué?, ¿cuál es el problema?", cuestionó para luego reprochar que viajes así tiene el periodista Carlos Loret o los dueños de los periódicos Reforma y El Universal. Remató culpando a la DEA o "cualquier otra agencia (estadounidense)" y al empresario Claudio X. González de estar detrás de esa investigación, por ser "proestadounidense".

Ayer el presidente se las arregló para que en la mañanera nadie le preguntara y él nunca tocó el tema.

Las evidencias se van acumulando y el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, no está pasando la prueba de la honestidad. ¿Qué tan íntegro es el jefe de las fuerzas armadas? En menos de un mes, 2 investigaciones de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han puesto en duda su rectitud. Tampoco ayuda su silencio y la defensa presidencial, pensando que de esa forma se evaporarán los señalamientos. De no atajar las imputaciones y dar la cara para aclarar lo que sea necesario, la percepción sobre el general, que ya comenzó a ser la de una persona que le gusta el dinero, va a ir creciendo y ante su vacío de información, convirtiéndose en realidad.

Sin embargo, lo más probable es que no haya fallas en las 2 investigaciones, realizadas por periodistas experimentados y confiables, y que actuar como avestruz le resulta lo mejor posible, en el entendido de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo va a llamar a cuentas y mucho menos se atreverá a separarlo del cargo, por el simple hecho de que la legitimidad del general está en entredicho, y que procedería una investigación de la Secretaría de la Función Pública para deslindar responsabilidades, que tampoco habrá. El cinismo es la marca de la casa.

MCCI señaló que al salario actual como secretario de la Defensa, el general tendría que haber trabajado 20 años para poderlo pagar. Hasta hace 5 años el general ocupaba cargos de menor rango salarial, por lo que ese plazo aumentaría si se hicieran los cálculos. Pero, además, cualquiera que haya solicitado un crédito hipotecario sabe que las condiciones para alcanzarlos, en esas cantidades, son bastante difíciles.

No se sabe cuáles son los requerimientos del Banco Nacional del Ejército para otorgar los empréstitos, pues se manejan con total opacidad. En la banca comercial, sin embargo, le habrían pedido al menos un 30% del valor del departamento -3 millones de pesos-, y las mensualidades probablemente serían de unos 80,000 pesos, casi la mitad de su salario mensual neto.

El general Sandoval no parece haber tenido ningún problema para obtener el crédito. Pero además, reveló la investigación de MCCI, menos de 90 días después de la adquisición, había pagado poco más de 5 millones de pesos, y su saldo en ese momento era de 3'874,000 pesos. No está claro de dónde salió el dinero para saldar esa parte de la deuda, al no reportarse ingresos extraordinarios en su declaración patrimonial de 2020 que, por cierto, se entregó con retraso. En su declaración patrimonial de 2022, ese crédito ya no figuraba.

Dinero no parece que le ha faltado al general, aunque no está claro de dónde ha salido. A la cuantiosa cancelación hipotecaria se le suman los gastos de viajes de él y su familia en Estados Unidos e Italia, con algunos desplazamientos notables, por cuanto a precio, como en Venecia, donde se hospedaron junto con su comitiva en un hotel de 5 estrellas por el cual pagaron en total 680,000 pesos, y rentaron un vagón ejecutivo en el ferrocarril italiano para que el grupo de aproximadamente 10 personas que viajaba por Italia, no tuviera problemas de aglomeramiento con otros pasajeros, por el cual desembolsaron 3,400 pesos aproximadamente por cada uno.

Las 2 investigaciones de MCCI pusieron sobre la mesa, con evidencias, los testimonios privados, aun de militares de rango, que se han venido quejando a lo largo del sexenio por lo que podría describirse como debilidades del secretario de la Defensa, que han visto a lo largo de este tiempo en forma de relojes, joyas y calzado, además de propiedades que les han hecho sospechar de su integridad.

De dónde salió el dinero para los viajes familiares, no se ha explicado, porque en las declaraciones patrimoniales del general no aparecen ingresos que la sostengan. Tampoco hay una capacidad económica para la adquisición del departamento en Bosque Real, donde lo que es perfectamente claro es la existencia de un conflicto de interés, similar a la que se dio con el empresario Juan Armando Hinojosa con la casa blanca de Enrique Peña Nieto y su exesposa Angélica Rivera, que le propició el tiro de gracia al expresidente, y fue el galvanizador de la furia de las clases medias y educadas que se volcaron a votar por López Obrador en 2018.

Las redes de vínculos que involucran al general Sandoval con presuntos actos de corrupción y conflictos de interés se han venido ampliando en las últimas semanas, exponiéndolo públicamente y golpeando su credibilidad como persona honesta que asegura el presidente es, sin dejar una puerta de salida para su persona e investidura.

Las torpezas de nuestro [?] presidente parecen no tener límites. En un pésimo momento político, Andrés Manuel López Obrador atacó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por sus políticas antimigrantes. Debía haber recordado el axioma de boca grande, cola chica. Si se entromete en el proceso electoral en Estados Unidos llamando a los mexicanos a no votar por un determinado candidato, que luego no reclame que desde allá pidan no votar por su delfín Claudia Sheinbaum, o quien sea designado su sucesor, o por candidatos a los que señalen de estar vinculados al narcotráfico.

El martes pasado el Presidente dijo que la política migratoria de Florida y Texas era "inmoral". Y en una conferencia de prensa en Fort Myers, Florida, el gobernador le respondió: "Tenemos a este presidente que está criticando a Florida por aprobar leyes contra la migración ilegal. Me parece que él tiene un desastre en las manos. El país está completamente fuera de su control, está siendo gobernado por los cárteles de las drogas, y todos los millones de personas que vienen a nuestro país están pasando a través del suyo. ¿Qué clase de país permite que millones de personas pasen de esta manera?".

López Obrador ya no le respondió, pero se puso los guantes contra el senador de Luisiana, John Neely Kennedy -sin relación alguna con la dinastía liberal bostoniana de la familia Kennedy-, luego de haber dicho una estupidez racista: "México estaría comiendo comida de gato de una lata y viviendo en una carpa" sin Estados Unidos. El senador, que como político tiene un pasado sólido, tiene rango de junior senator, y llegó a esa cámara apenas en 2017. Fue reelecto el año pasado con 62% del voto y es uno de los cinco senadores que objetó los resultados electorales en Arizona en la elección presidencial de 2020, que le dio la victoria a Biden. Paradójicamente, López Obrador y Kennedy están en el mismo lado ideológico, al apoyar incondicionalmente a Trump. Nunca debió haberse peleado López Obrador con él, ni el canciller Marcelo Ebrard, o mucho menos, porque tiene que lidiar con él cotidianamente, el embajador en Washington, Esteban Moctezuma. Un legislador de Morena habría sido suficiente.

Pero así como toda la cargada estuvo contra un legislador con peso relativo -en la misma semana pasada los demócratas aplastaron sus intentonas criminales a propósito de la crisis del fentanilo-, con DeSantis dieron un paso para atrás, cuando menos hasta el domingo. El gobernador de Florida hizo todo lo contrario; aceleró el paso con la cara de López Obrador en su piñata electoral. El sábado estuvo en Sioux City, Iowa, donde dijo en un mitin que la frontera era un desastre.

"Cuando alguien cruza la frontera hay que detenerlo y enviarlo al otro lado de la frontera, no les damos un pedazo de papel y les decimos regresen en 4 años. ¿Qué clase de disuasión es esta?", acusó el gobernador. "Los cárteles mexicanos están matando muchos estadounidenses. Deben ser tratados como la fuerza hostil que son. Debemos hacerlos rendir cuentas y necesitamos hacer responsable al gobierno mexicano, porque está permitiendo que esto pase".

López Obrador se metió en una innecesaria guerra de palabras con DeSantis y Kennedy, porque lo que dijo se quedó aquí para la gradería, y allá calentó el tema para la campaña electoral. DeSantis no es Trump, en términos ideológicos. Es peor. Tiene una agresiva agenda conservadora en Florida, impulsada por los fiscales que ha nombrado, el control que tiene en los consejos en sectores críticos, el educativo y el de salud, para impulsar sus políticas, y el dominio sobre el congreso, donde ha modelado la constitución estatal para sus fines. Por ahora, los únicos temas nacionales de campaña, son la inmigración, López Obrador, los cárteles de la droga y el fentanilo.

DeSantis todavía está por debajo de Trump en las preferencias electorales. Hoy está en la línea de salida para ir por la Casa Blanca el próximo año, retomando lo que decía Trump de México, López Obrador y los cárteles de la droga. Nada nuevo en los discursos, pero ahora ya le está doliendo todo a López Obrador, que al responder equívocamente, muestra debilidad y el flanco por donde puede ser atacado.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la socia de una empresa proveedora de la Sedena le vendió al general Luis Cresencio Sandoval González un departamento de 407 metros cuadrados en el fraccionamiento Bosque Real, en Huixquilican; 2 años después de la transacción, la empresa proveedora tuvo un contrato de la dependencia castrense, señala el organismo.

El titular de la Sedena reportó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que el valor de adquisición del departamento fue de 9 millones de pesos, pero MCCI corroboró que inmuebles de dimensiones y características similares en el mismo fraccionamiento son vendidos hasta en 30 millones de pesos, el triple del valor reportado por Sandoval González.

En la declaración patrimonial de Sandoval, hecha en mayo de 2022, solicitó a la Función Pública no dar información sobre sus bienes inmuebles; sin embargo, MCCI obtuvo copia de la declaración completa, sin bienes omitidos, que Sandoval entregó a Función Pública. Ahí consta que el 17 de febrero de 2020 una persona física de nombre Alejandra Aguilar Solórzano le traspasó la propiedad de un departamento de 407 metros cuadrados en el 4o. piso de un edificio ubicado sobre el Bulevar Bosque Real.

MCCI descubrió en su investigación que quien vendió el departamento es accionista de la empresa "Protective Materials Technology" (Promatech), proveedora de la Sedena en la actual administración federal.

La empresa tiene como socias a Alejandra Aguilar Solórzano y a su hermana Elisa, cada una con el 50% de las acciones. Ambas son hijas de Alfredo Aguilar Amezcua, un militar retirado que es apoderado legal de la compañía.

Asimismo, el informe detalla que en febrero de 2022, la empresa obtuvo un contrato de la Sedena por 319 millones de pesos para el abastecimiento de 48,000 juegos de placas balísticas.

En su declaración patrimonial, Sandoval reportó que el valor de la adquisición de su departamento en Bosque Real fue de nueve millones de pesos, y que lo compró con un crédito hipotecario otorgado en febrero de 2020 por el Banco Nacional del Ejército (Banjército).

Detallan que el departamento, ubicado en el conjunto denominado "Cuatro Puntos" de Bosque Real, tiene 3 recámaras con baño, una amplia estancia, panorámica de cuatro puntos, terraza con vista al campo de golf, elevador directo al piso, oficina y cuarto de juegos, mientras que edificio cuenta con amenidades de lujo como alberca techada, gimnasio y jardines.

Anunciaste que antes de irte, presentarás una reforma para el poder judicial, para que el pueblo elija a los ministros. ¿De verdad crees que por medio de elecciones se podrán elegir ministros capaces de hacer cumplir las leyes y hacerlas respetar? ¿Crees que los que participen en esa elección tendrán el conocimiento para elegir ministros? Lo que se quiere y necesita es tener independencia judicial, para que no vuelva a llegar otro que quiera imponer su punto de vista.

No dejemos que un demente vuelva a querer imponer sus caprichos. Busquemos a alguien que sea nuestro guía para el futuro y pongamos candados para hacer respetar nuestra constitución y leyes. En caso de que no se respeten, podremos pedir cuentas. Por eso, la oposición debe definirse y unirse para lograr una mayor unión y el triunfo para conducir a buen puerto a nuestro país, rectificando el rumbo. Pues contigo, Andrés, hemos tenido un retroceso en todos los aspectos.

Necesitamos a alguien que nos saque del agujero en el que nos está metiendo Andrés.

Luego de los problemas originados de la falta de apoyo por parte de la Comisión Nacional del Deporte y que las nadadoras tuvieran que hacerse de sus propios recursos para poder costear sus competencias, viajes, equipamiento y demás, esta tarde consiguieron la medalla de oro en la Copa del Mundo con sede en Egipto.

La decisión de la World Aquatics de desconocer a Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación generó que la Conade detuviera el respaldo económico a sus atletas y entrenadores, representado un problema hasta hoy en día.

Misma decisión que siguieron los atletas de natación, al rechazar a Todorov como presidente de la FMN, pues se especula que está siendo juzgado por desviar dinero del organismo.

Apenas en abril de este presente año, la selección mexicana de natación , teniendo como portavoz a Nuria Diosdado, pidió apoyo a la comunidad en general por medio de redes sociales para reunir el dinero necesario que les permitiría cubrir los gastos del equipo.

También se puso a la venta diversos artículos, entre ellos trajes de baño, para que el público los pudiera adquirir y lo recaudado se utilizó para poder seguir compitiendo.

Asimismo, grandes empresarios mexicanos como Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, hicieron caso al llamado de los atletas al donar incentivos que les dio la oportunidad de seguir en la contienda rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024.

Gracias al patrocinio de la Fundación de Carlos Slim fue como las nadadoras pudieron llegar a Egipto y conseguir la presea dorada.

La caravana El Sur Resiste fue convocada por decenas de organizaciones del sureste y por el Congreso Nacional Indígena (CNI). El propósito de esta iniciativa era visibilizar los daños, afectaciones, despojos y represión que están dejando en sus territorios los grandes megaproyectos que se están impulsando en el actual gobierno, pero que vienen de lejos y se inscriben en un proyecto de reordenamiento territorial de gran envergadura, como señaló en entrevista para Radio UdeG, Carlos González, de la comisión Organizadora del CNI (https://bit.ly/3W1lBtv).

Los megaproyectos a los que se refieren son el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos, como conjunto integrado de reordenamiento territorial en la Península de Yucatán y los estados de Chiapas y Tabasco.

A partir del 25 de abril, la caravana El Sur Resiste partió de Pijijiapan, Chiapas, para hacer un recorrido por pueblos y comunidades que padecen las afectaciones de estos megaproyectos. Pasaron así por Oaxaca, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y cerraron el domingo 7 de mayo en San Cristóbal de las Casa con el encuentro internacional "Capitalismo corporativo mundial, patriarcado planetario, autonomías en rebeldía" al que asistieron representantes de pueblos originarios de México y personas de 22 países de América Latina y Europa.

Uno de los propósitos tanto de la caravana como del encuentro internacional fue poner en una perspectiva más amplia el conjunto de megaproyectos que el Estado mexicano está impulsando de la mano de los militares y con el respaldo del gran capital internacional.

Por eso es tan importante visibilizar y enunciar estas resistencias porque está en juego la vida de 20 millones de personas de estos siete estados del país con proyectos que prometen llevarles desarrollo y progreso diseñados desde los escritorios y no consultados con las comunidades que ya padecen y van a padecer alteraciones sustanciales en sus modos de reproducción de la vida. Pero ante los riesgos que conllevan estos megaproyectos, su proyecto de lucha es la resistencia, pues como señalaron en el encuentro final en San Cristóbal de las Casas, "existen porque resisten".

¿Qué sucedió realmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador la última semana de abril? Hasta ahora no se sabe con toda precisión. Pero lo que sí vimos es que después de más de 72 horas de que prácticamente nadie sabía qué sucedía con su salud, regresó con una ira revigorizada y una prisa por hacer las cosas rápido, sin importar a quién atropellaba en el camino. Desde la tarde del 29 de abril, López Obrador sacó su Barret para disparar acusaciones, difamaciones y groserías contra quien se le pusiera enfrente. La muina va en aumento y su techo se sigue calentando porque las cosas no salen a su gusto por culpa de él, de nadie más, consecuencia de sus acciones verticales aunque anárquicas, de su actitud necia y terca y su proverbial incapacidad para la autocrítica.

Ayer disparó fuego retórico y amenazas contra la Suprema Corte de Justicia, en algo totalmente previsible, dado que, la víspera, por una mayoría de 9 a 2, declararon inválido el decreto de la 1a. parte del plan B de su reforma electoral, por violaciones a los procedimientos legislativos. En la mañanera utilizó casi una tercera parte de su talk show diario para lanzar 2,086 palabras de odio y proferir 16 insultos directos, incluidos los que hizo contra 2 ministros de la Corte, Alberto Pérez Dayán, ponente del dictamen, y Javier Laynez, quien será el ponente del dictamen sobre la 2a. parte del plan B. También mordió con rabia a un exministro, a uno de los grandes abogados constitucionalistas y repartió topes para muchos otros abogados.

Desde la impunidad de la tribuna de Palacio Nacional, López Obrador dijo que el poder judicial está podrido y atrofiado, que actúa de manera facciosa, con prepotencia y autoritarismo. Son retrógradas y forman parte del supremo poder conservador, que están al servicio de una minoría rapaz y sirven a ese bloque conservador que es el equivalente a una pandilla de rufianes.

Es irrelevante señalar sus gazapos y galimatías, sus contradicciones (como estar atrofiado y podrido al mismo tiempo), su descripción de faccioso cuando es su sello personal, como impuso a su bancada en Morena, que provocó la invalidez del plan B, o los calificativos de prepotente (¿se habrá visto en un espejo en el Salón de la Tesorería?) y autoritario (¿se escuchará todas las mañanas?). Les dijo retrógradas quien está llevando a México a los 70, y que sueña con la época precolombina, y de estar al servicio de una minoría rapaz que equiparó con una pandilla de rufianes, precisamente en días donde ha abundado la información sobre los negocios rapaces de los amigos de sus hijos, y mantiene la protección de sus cercanos que han cometido monumentales actos de corrupción, como en Segalmex, la más grande en la memoria de los sexenios.

Es irrelevante porque López Obrador no tiene la capacidad para ver objetivamente las cosas y hacer una autocrítica. Por ejemplo, que explicara, cuando menos a sí mismo, por qué si juró defender y respetar la Constitución cuando asumió la primera magistratura, es ahora un violador patológico de la Constitución que aún no sufre las consecuencias. Empero, presume todo el tiempo de ser un demócrata, cuando es el presidente más autoritario que hemos tenido en 2 generaciones. Lo empapa la paranoia, y ve enemigos que buscan descarrillar su proyecto en cada árbol del paisaje nacional, sin ver que su cuatroté es un proyecto constreñido a la construcción de 4 megaobras hechas a contentillo.

Ha dicho que el principal objetivo de su proyecto es cambiar la cultura, y usos y costumbres como la corrupción, pero no sólo es una falacia, sino que el desenfreno ha sido nota dominante en su gobierno. Prometió el final de los privilegios y las complicidades, pero tampoco es verdad. Hace unos días el semanario británico The Economist publicó su Índice de Capitalismo de los Amigos y reveló en un estudio de 43 países que creció durante la última década. En el caso de México, hace 10 años, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, este país ocupaba el lugar 7 de entre 23 naciones revisadas en función de su PIB y por número de multimillonarios; hoy, México ocupa el 5o. lugar entre 43 países. El capitalismo de los compinches es lo que está sucediendo con los amigos de sus hijos, o con los multinegocios entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional.

López Obrador tiene muchas fijaciones. Ayer llamó "su Alteza Serenísima", como se proclamó Antonio López de Santa Anna -que entregó 50% del territorio nacional a Estados Unidos- para perpetuarse en el poder, a los ministros Pérez Dayán y Laynez -a quien le había dicho lo mismo a finales de marzo-, quienes, en los hechos, han actuado en la Corte de acuerdo con la ley para impedir que sea el presidente quien, aunque no esté sentado en la silla presidencial, se perpetúe en el poder mediante acciones extraconstitucionales que mantendrán como rehén a quien lo suceda.

López Obrador está enojado y lleno de un odio galopante. El método que emplea para sacar sus frustraciones porque las cosas no salen ni como las desea, ni en los tiempos que quiere, es insultar para descalificar. El presidente está sumamente irascible porque las cosas se frenan cuando llegan a tribunales, resultado de las controversias constitucionales que se presentan por haber actuado fuera de la ley. Qué puede esperar cuando en lugar de actuar dentro del marco legal, quiere hacer las cosas por sus pistolas y torcer el Estado de Derecho. Hasta ahora no ha podido.

Lamentablemente para López Obrador, existe un marco legal y una Constitución que debe respetar. Cuando no lo hace, que es cotidianamente, se topa con muros jurídicos que frenan sus actos barbáricos, y como es incapaz de corregir o realizar una autocrítica, siempre busca al enemigo externo para descargar en él sus frustraciones. Como ayer, contra la Corte, a la que ya amenazó que va por ella el próximo año.

Hace unos días revivió el debate sobre "los arrepentidos", aquellas personas -pero sobre todo personajes- que votaron por López Obrador en el 2018 y hoy admiten que se equivocaron, que les ha decepcionado. En respuesta, quienes advirtieron en la campaña que AMLO se convertiría en este autoritario ineficaz se burlan con reproches. En ambos bandos hay figuras famosas y relevantes.

Las 2 posiciones se han sintetizado en sendas frases. "No podía saberse", dicen los que se arrepienten, argumentando que AMLO prometía otra cosa. "Sí podía saberse", les contestan reclamándoles sus posiciones intelectuales a favor del hoy presidente de México.

El 26 de mayo de 2020 en estas Historias de Reportero abordé este tema ("El linchamiento de los arrepentidos"). Mi opinión no ha cambiado: haber creído en AMLO es un falso pecado. "Frente a las lamentables gestiones del PRI y el PAN, era perfectamente entendible buscar sacudirse la corrupción y la violencia buscando una tercera ruta. En campaña, AMLO fue lo suficientemente vago en sus definiciones políticas para no perder a los duros y ganar a un buen tramo de los moderados".

Pienso que la gente puede equivocarse. Pienso que mentes brillantes y comprometidas pueden fallar. Pienso que es valiente reconocerlo y pienso que seguro son muchos más, pero no se atreven o no quieren reconocer.

Es cierto que entre "los arrepentidos" hay algunos personajes que no toleran el error ajeno, que fustigan hasta la saciedad cualquier yerro en el otro, que no admiten que alguien más pueda equivocarse genuinamente ni le dan valor a la disculpa. Pero no por eso merecen ser juzgados con la misma vara. Si no existieron oscuras motivaciones económicas o políticas (que merecerían discusión aparte) detrás de su equivocación de creer en AMLO en 2018, un error -por garrafal que sea- lo comete cualquiera. Que lo reconozcan suma. Y ojalá no se vuelvan a equivocar.

Hace 3 años publiqué: "Haber votado por alguien no te quita el derecho de reprocharle, exigirle, criticarle; de hecho, a mi manera de ver, le da un peso específico distinto". Me parece relevantísimo en la discusión pública el rosario de ex colaboradores de López Obrador que se han dado cuenta de la traición y el desastre. Ex secretarios de estado, ex integrantes del gabinete y del partido, intelectuales, académicos, periodistas, feministas, artistas, defensores de derechos humanos y un largo etcétera. Gente que estuvo con él, que hizo campaña con él, que lo apoyó y que hoy frente a la realidad, denuncia con verdad. Desde mi punto de vista, "los arrepentidos" no deben ser estigmatizados ni descalificados, sino por el contrario, incorporados al amplio listado de pruebas y testimonios que dan cuenta de la debacle que ha significado el obradorato.

SACIAMORBOS

Saliva para que resbale el escándalo. Ante una investigación periodística profesional que muestra que las cosas no han cambiado -que el sistema de tráfico de influencias sigue funcionando, con un modus operAndy en el que los cercanos al poder se quedan con el dinero que debería de ser para el pueblo-, el presidente habla como si realmente hubiera acabado con ello, con un grado de cinismo en el que se da el lujo de acusar a "sus adversarios" de hacer lo que ahora él hace. Ni siquiera se molesta en dar explicaciones. Descalifica, insulta, calumnia. A la ciudadanía que le creyó, que le compró la idea y votó por él, aún harta de que esto siga pasando, ninguna explicación, nada más allá del "no somos iguales".

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estuvo nuevamente a la altura de las circunstancias y volvió a hacer cumplir la Constitución al invalidar las 2 primeras leyes del llamado "Plan B" de la reforma electoral que envió el año pasado Andrés Manuel López Obrador, luego de no alcanzar la mayoría legislativa con la que quería reformas a la carta magna que desaparecieran al Instituto Nacional Electoral (INE).

Las y los ministros de la Corte, que votaron 9 a favor del proyecto que invalidaba esta ley como lo propuso su compañero Alberto Pérez Dayán (excepto las ministras que votaron en contra y que siempre se pliegan a los dictados del presidente de la república, como lo son Yasmín Esquivel, acusada de plagiar su tesis de licenciatura, y Loretta Ortiz Ahlf, ex legisladora de la 4T), mostraron así congruencia con los fallos de invalidez que ha emitido de leyes que se han aprobado en fast track o por medio de procesos legislativos viciados como pasó el año pasado con la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, que constituyen la 1a. parte del "Plan B", y que habían sido impugnadas con acciones de inconstitucionalidad interpuestas por partidos políticos opositores como el PAN, PRD y MC, el INE, y diputados y senadores en lo individual, así como de ayuntamientos no gobernados por Morena de una decena de entidades.

El hecho de que estas normas electorales secundarias se hayan aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados en menos de 24 horas a la presentación de la iniciativa sin siquiera pasar para su discusión en comisiones, fue clave para su anulación. Así había sucedido, por ejemplo, el 29 de agosto pasado que la Corte invalidó unánimemente la reforma de 2017 sobre el derecho de las audiencias porque en el Senado se aprobó en un solo día.

De mantener, la mayoría de las y los ministros esta línea de congruencia, el resto del "Plan B" tendrá el mismo destino de invalidez, lo mismo que el festín de albazos legislativos que se vivieron la 1a. semana de mayo tanto en la Cámara de Diputados como en la conocida ya como la "noche negra" en el Senado, cuando se aprobaron más de 20 reformas al vapor, a ritmo de 12 minutos por iniciativa.

Desde luego el gobierno de la 4T no se quedará de brazos cruzados y mantendrá las presiones que de a principio a fin ha ejercido sobre la Corte en estos litigios, y que seguramente mañana volverán a aparecer desde el púlpito mañanero donde el presidente les volverá a machacar que son unos "alcahuetes" del conservadurismo, cuando en realidad sólo están cumpliendo su deber de revertir los evidentes excesos y violaciones al proceso legislativo en los que incurre la aplanadora morenista al acatar con total sumisión los dictados de Palacio Nacional.

Que actúen legisladores como borregos enajenados en la manada puede tener consecuencias, como ayer en la Suprema Corte de Justicia, que al votar en contra del "Plan B" de la reforma electoral, pintaron a la coalición gobernante en la Cámara de Diputados como ignorantes, en el mejor de los casos, o atrabiliarios sin importar que violaran la ley y se convirtieran en pilar del autoritarismo antidemocrático. Fue una mala tarde para el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se le ocurrió el plan con el que quería violar la ley, pero fue pésimo para las bancadas de Morena, el PT y el Partido Verde, que bailaron al ritmo impuesto desde Palacio Nacional, sin importar las consecuencias a su investidura.

No es que haya sido una sorpresa lo que hicieron, pues desde hace tiempo hemos visto la sumisión de las y los diputados ante su jefe político y administrador de sus conciencias, pero la forma como en la Corte se fueron detallando sus abusos, chicanas, desaseo y marrullerías, dejó exhibida a la bancada del partido gobernante que sacrificó todo por obedecer ciegamente a López Obrador, que hasta el último minuto quiso descarrilar a la Corte. Primero quería eliminar al ministro Alberto Pérez Dayán, ponente del dictamen, de la discusión -y tener un ministro menos en contra-, y luego la Consejería Jurídica de la Presidencia, en una aberración jurídica y con una ignorancia supina, señaló que si la Corte invalidaba la 1a. parte del "Plan B", supliría de manera ilegal al congreso.

Nada de esto pasó. Se impuso la ley y la Constitución, en una sesión que dejó exhibidos a los legisladores, acompañados en la ignominia por las 2 ministras lópezobradoristas Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. Las 9 restantes ministras y ministros, uno a uno, fueron exponiendo lo que consideraban habían hecho las y los legisladores de la coalición gobernante con una reforma tramitada en fast track el pasado 6 de diciembre, llevándose menos de 24 horas entre que envió el presidente la iniciativa, la adoptó como suya Morena -que no es ilegal-, se saltó todos los trámites para correr a la velocidad que les exigió Palacio Nacional, no la distribuyó entre las bancadas de la oposición y la aprobó.

El dictamen del ministro Pérez Dayán proponía invalidar el decreto de reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que se encuentran contenidas en la 1a. parte del "Plan B" de la reforma electoral, por considerar que violaban los procedimientos legislativos y la discusión democrática. Las y los ministros fueron describiendo lo que hizo la mayoría en el Congreso, desnudando inopinadamente su accionar, su actitud y su subordinación al ejecutivo.

"El decreto (presidencial) se emitió sin que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de las iniciativas y no tuvieron tiempo para analizarlas", dijo la presidenta de la Corte, Norma Piña, a quien durante semanas ha hostigado e insultado el presidente, linchado en las redes controladas por su vocero, injuriado su equipo de intelectuales orgánicos y presionado con un plantón frente al edificio que la alberga, donde han colocado carteles donde le dicen "ministra corrupta piña podrida" y quemado su efigie. La Corte, salvo las 2 cortesanas referidas aquí, resistieron la coacción y la cruzada para aplastarla y que hicieran lo que López Obrador quería. Incluso, el ministro Arturo Zaldívar, que en los últimos votos se ha inclinado hacia la posición del presidente, no pudo ir en contra del dictamen.

"Francamente, es imposible que los legisladores se hayan allegado elementos para la discusión", señaló Zaldívar al referirse a que no le entregó la bancada de Morena la iniciativa. "Si bien debemos tener deferencia al legislador democrático, sí tenemos que velar porque en un parlamento todos los grupos puedan debatir en condiciones de igualdad y libertad, lo que en este caso no sucedió".

"No respetar estas reglas", agregó el ministro Luis María Aguilar al hablar del procedimiento legislativo, "es una deslealtad institucional y un desdén a las minorías parlamentarias, que también representan a un sector del pueblo de México". El ministro José Luis González Carrancá apuntó: "Se violentaron los principios de deliberación democrática. No existió una deliberación democrática real y de fondo".

Las bancadas de Morena, el PT y el Verde escondieron la iniciativa a la oposición, en una acción que sólo puede entenderse como la forma como evitaron que se discutiera, que se alargara la sesión y que no saliera en los tiempos que deseaba López Obrador. El presidente quería la nueva ley electoral para que se pudiera aplicar en las elecciones presidenciales de 2024, y aunque el voto no fue al fondo -si el "Plan B" es constitucional o no-, y sólo se refería al procedimiento legislativo, podría reenviar su iniciativa, aunque probablemente por los tiempos, no alcance a ser debatida y aprobada para junio del próximo año.

Los caprichos presidenciales se toparon con un muro jurídico. No se puede estar violentando la ley todo el tiempo. El espíritu autoritario de López Obrador no permite consejos que le eviten llegar a estos extremos, como debió haber hecho la Consejería Jurídica de la Presidencia en lugar de hacer el ridículo como lo hizo al acusar a la Corte de querer asumir funciones legislativas, o como debió haber sido responsabilidad de los líderes de Morena y la coalición gobernante en San Lázaro, para explicarle que tenían que procesar el "Plan B" con otros tiempos y formas, para llegar a lo mismo, pues tenían los votos necesarios para alcanzar el objetivo, pero sin violentar la ley.

Nada de esto sucedió. El presidente perdió pero desde hoy habrá que esperar la nueva ronda de acusaciones contra la Corte, las descalificaciones personales y la escopeta para dispararle a cualquiera que no se haya hincado ante sus deseos. La bancadas de Morena, el PT y el Verde pasarán como lo que son, empleados de 2o. nivel del presidente, carentes de ética institucional y vergüenza. Creen que lo que hicieron se olvida, pero están muy equivocados. Ya lo verán.

López Obrador detesta a los "progres" porque le critican sus actitudes abiertamente conservadoras en materia de género, derechos humanos, política de drogas, libertad de cátedra, entre otras. El presidente ha sido un destructor de instituciones y políticas de ampliación de libertades: acabó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) imponiendo a Rosario Piedra Ibarra; acabó con el sistema de guarderías, fundamental para las mujeres trabajadoras; minimizó a los institutos de defensa de las mujeres y la diversidad; impuso una ley de ciencia que entre otros defectos impone desde el gobierno en turno una visión única y para colmo vigilada por las fuerzas armadas.

Para nadie, por estas fechas, es desconocido que Andrés Manuel López Obrador tiene la necesidad existencial de trascender como el mejor presidente que haya tenido México. Objetivamente hablando, hasta este momento de avanzado el sexenio, no lo será, si a resultados nos atenemos. Pero objetivamente hablando desde la definición de éxito que se ha impuesto a sí mismo, va muy bien, con altos índices de popularidad, donde la forma como reprueba en casi todas las políticas públicas, no lo ha contaminado.

Su presencia dominante en la arena pública y las mañaneras desaparecerá cuando entregue la banda presidencial y la popularidad de la que hoy goza empezará a desvanecerse. Es sabio el refrán español de "ojos que no ven, corazón que no siente". López Obrador lo sabe. Necesita trascender el sexenio aunque no esté sentado en la silla presidencial.

Nos ha dado pruebas políticas contundentes: escogió aspirantes a la candidatura presidencial, administró los destapes, reguló los tiempos de sus campañas, estableció el método de selección de candidato y fijó la fecha para ungirlo. Ya puso los temas de campaña y el programa que deberá de seguir para consolidar su cuarta transformación. Si no lo hace, para eso metió en la Constitución la revocación de mandato. Pero no es suficiente.

López Obrador necesita continuar la narrativa. Y desde este año se pusieron manos a la obra. En diciembre pasado, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, integró un equipo de aproximadamente 20 personas para que, coordinados por ella, escriban un libro de memorias de López Obrador, que serán incorporados en los libros de texto gratuito, como parte de la narrativa transexenal que se entregará etiquetada a quien lo suceda, que equiparará en alcance de la cuatroté con la Independencia, la Reforma y la Revolución. Muchos ya han escrito sobre lo ambicioso, y absurdo por cuanto a alcance, de compararse con aquellos momentos que cambiaron la historia nacional, pero lejos de minar en el ánimo del presidente, lo estimula.

La idea de las memorias es una idea más refinada a lo que originalmente quería el presidente cuando nombró a Delfina Gómez como secretaria de Educación, que era incorporar a los libros de texto gratuito la lucha que dice haber emprendido contra la corrupción y contra la desigualdad social, que querían ubicar en el contexto de los logros para que quienes lo lean comprendan la magnitud del alcance de la cuatroté en la Historia de México. Esto no va a ser posible, una vez más, de acuerdo con los resultados. Visto cuantitativamente, por enfocarnos en esos 2 temas, hay más personas en el entorno del presidente metidas en escándalos de corrupción, que en cualquier gobierno anterior, y la desigualdad ha crecido, no reducido, con un crecimiento en el número de pobres extremos comparado con los que había en 2018.

La realidad no le da para contar su odisea, pero la narrativa es lo que al final perdura. La apuesta de López Obrador tampoco es novedosa. Su gobierno se ha centrado en la propaganda. No es casual que los principales apoyos que tiene López Obrador se encuentren entre la población de menor nivel educativo, al estar ampliamente probado que entre mayor la educación, mayor el escepticismo a planteamientos dogmáticos que carecen de evidencia.

Pero la propaganda de López Obrador es finita: el último día de septiembre, si es que realiza una mañanera en el último día hábil de su sexenio. A partir de ahí se quedará sin el escenario de Palacio Nacional y los recursos de su gobierno para magnificar a través del sistema de radio y televisión público, su narrativa. De ahí viene la parte estratégica transexenal con la elaboración de las memorias que permitan apuntalar lo que llaman en el entorno del presidente "la trascendencia" de su transformación.

La apuesta de la memoria de López Obrador es eso, una apuesta, que sólo el tiempo mostrará si su narrativa perduró o fracasó.

La noche del 29 de abril quedará consignada en la historia de México como aquella en que, sin recato alguno, se violó -una vez más- la Constitución, dando paso al establecimiento de un régimen sin más límite que la voluntad del presidente imperial. Para vergüenza de los senadores de Morena y su pastor, Ricardo Monreal -cuya familia desde hace décadas gobierna Zacatecas-, en unas cuantas horas, sin quorum (mínimo de miembros de una asamblea para su legal funcionamiento) y violentando todos los procedimientos legislativos, se modificaron 20 leyes que regulan (o regulaban) el funcionamiento de algunas instituciones; entre ellas, la que permite a los ciudadanos informarse de los asuntos públicos y privados de su interés (INAI); la que estimula el desarrollo de la creatividad y la inteligencia (Conacyt); y para ocultar los latrocinios en el Instituto Nacional para el Bienestar y la Salud (Insabi), bastó con desaparecerlo, condenando a miles de personas a la muerte. El simbolismo que representa la fotografía de los serviles senadores recibiendo órdenes directas de caudillo en Palacio Nacional, es un exceso que hubiese sonrojado al mismísimo Porfirio Díaz. ¡Vaya, ni Calles se hubiese atrevido! ¡Fuera máscaras! El adalid de la democracia revela su verdadero rostro.

Mientras tanto, los "corcholatos", atrapados en los juegos del dueño del tablero, recorren el territorio nacional con una capacidad de ubicuidad que el mismísimo Houdini hubiese envidiado, gastando grandes sumas de dinero sin origen conocido y desatendiendo las responsabilidades de su encargo, en un esfuerzo digno de mejor causa. La parodia que representan solo podría ser superada por la simulación de un contagio de COVID inexistente para encubrir la impúdica operación, dirigida desde el centro de poder político, para acabar de desmantelar, de una vez por todas y ante el asombro de sus odiadas clases medias, las instituciones que limitan la omnímoda voluntad del prócer, "Es una estrategia política", dijo AMLO en la mañanera del día 4 de enero del corriente año, "con los pobres uno va a la segura, ellos sí votan por nosotros" (sic). Entre tanto, los líderes sociales, obreros, empresariales y algunos religiosos, amparados en una falsa institucionalidad, conviven con su verdugo en un ejercicio de simulación propio de una novela de distopía política.

Un pueblo sin aspiraciones no tiene futuro. Educación, salud, empleo y vivienda, son las catapultas que impulsan a los pobres a superar sus limitaciones de origen. Las sociedades que tienen mejor distribución de la riqueza son sociedades de clases medias. Sin riqueza no hay justicia social. La pobreza solo distancia a quienes aspiran a la igualdad. Ser representante popular exige actuar cumpliendo con un mínimo de valores que están por encima de cualquier consigna. Por el bien de la Patria, el Senado debe recuperar su dignidad.

Paco Calderón
(7 de mayo de 2023).

Quiero decirte que tenía la esperanza de que ahora que estuviste enfermo hubieras recapacitado en tu actuar, pero veo que no fue así, sino que tomaste nuevos ánimos para seguir dividiendo al país, queriendo ser el presidente solo de tus seguidores, que empiezan a verte como realmente eres: una persona vengativa que llegó a la Presidencia con el solo fin de vengarte de todos los que, según tú, son tus enemigos.

Sigues polarizando al país con todas tus ocurrencias y, como vimos, dándole línea a tus esbirros para que aprobaran las leyes que ni siquiera leyeron ni conocieron. Ojalá se las hubieras platicado para que tuvieran conocimiento de lo que estaban aprobando.

Al ver que la oposición pudiera hacerte sombra en la aprobación de tus iniciativas, empezaron a buscar nuevas sedes para que sesionaran hasta que sesionó el congreso en sede alterna, solo con senadores de Morena, pues no fue convocada la oposición y ahí cada 13 minutos aprobaron [una de] las reformas que te urgía aprobar.

Dentro de lo que desapareciste fue el INSABI, que creaste al principio de tu administración sustituyendo con él al Seguro Popular, pero tu INSABI solo le costó al pueblo pues no funcionó y tuviste que desaparecerlo. Sigues vendiendo espejitos a los que te creen, diciendo que dejarás un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, aunque vemos que sigue la escasez de medicinas.

La desaparición de Financiera Rural que tanto ayudó al campo de México, la desapareces diciendo que fue pura corrupción, la que se magnificó en tu administración. Con qué cara verás a los campesinos que no solo no los has apoyado, sino que les has quitado su forma de financiamiento. Si existió corrupción en la financiera o en otras instituciones, corrígelas, pero no estés desapareciendo instituciones que tenían tanto tiempo. Pero eso no puede ser, pues sólo tú eres el poseedor de la verdad y no aceptas tus equivocaciones.

Con el INAI, con tal de que no se conozcan tus cuentas, mejor lo desapareces. Recuerda que gracias al INAI se conocieron las corruptelas de la "estafa maestra", de "la casa blanca de Peña" y otras, que gracias a ellas llegaste a la Presidencia. No te das cuenta de que no fue el voto por ti, sino en contra de las corruptelas del pasado.

También desapareces el CONACYT, al cual desde hace tiempo le traías ganas. También le quitaste a Fonatur la administración del impuesto al turismo, dándosela al ejército y destinándolo para el Tren Maya.

Modificaste la "Ley Minera", creaste "la Aerolínea Militar del Bienestar" y en total 20 reformas que tus "corcholatas" aplaudieron, incluyendo ya entre éstas a Monreal como líder del Senado que te convenía tenerlo a tu lado, no obstante que hacía más de un año no tenías comunicación con él.

Tus "corcholatas" están dándose cuenta de lo fácil que han resultado los cambios y reformas de leyes. Están tomando nota para cuando alguno de ellos tenga la palabra y ya no te necesite para poder hacer los cambios que le convengan. Pero también nos estás abriendo los ojos a los mexicanos para estar atentos en las nuevas elecciones y, si alguna de tus "corcholatas" alcanza a llegar, tengamos los candados suficientes en el congreso para poder poner un alto a las arbitrariedades de algún gobernante con iniciativa y con sed de venganza.

Lo de Segalmex es una vergüenza, pues el fraude es mayor al de 'La Estafa Maestra' y no lo persigues. Lo mismo está pasando con el director de Migración, a quien sigues sosteniendo en su puesto no obstante que está siendo investigado por la muerte de los migrantes en Ciudad Juárez.

Andrés, ¿qué veremos en el futuro próximo? Pues ya estás con tus patadas de ahogado al final de tu periodo.

Qué lástima que nunca recapacitaste como presidente de todos los mexicanos, a los cuales tuviste la oportunidad de unir y fue lo contrario, ya que polarizaste al país.

Las graves revelaciones que diferentes investigaciones y medios de comunicación ventilaron en el transcurso de la presente semana en torno a los 2 hijos mayores del presidente de la república, me refiero a José Ramón y Andrés Manuel, este último mejor conocido como Andy o Junior, podrían originar si bien no un infarto, al menos quizá un nuevo "váguido" a su padre, quien no obstante las pruebas ha optado -como ya es su comodina costumbre- por victimizarse y arremeter contra los periodistas y medios que documentaron perfectamente su trabajo de investigación.

Pero esta vez el mandatario tabasqueño fue más allá en su contradictoria postura, pues siendo el mismo personaje que durante más de una década en campaña prometió que en su sexenio se erradicaría la corrupción, y, todas las mañanas pregona, jura y perjura que esas malas prácticas ya no existen y hasta muestra un pañuelo blanco para hacerlo más creíble, tuvo el descaro de defender a sus vástagos y desafiar a que le muestren pruebas (más) y presenten denuncias, a sabiendas de que puede manejar a su antojo instancias gubernamentales y no gubernamentales como ya ha ocurrido en casos tan polémicos como el de su hermano Pío, quien, basta recordar, tiene presentado un recurso legal contra Carlos Loret por publicar los videos en que se le ve recibiendo dinero en sobres amarillos. "El mundo al revés", dicen por ahí.

En su conferencia mañanera, AMLO admitió que los amigos de sus hijos tienen contratos de su gobierno.

"Pues sí, deben de existir (los contratos), pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos", y rechazó que esto signifique un conflicto de intereses a pesar de que el delito estaría ampliamente configurado.

"Nada, nada, absolutamente nada, no hay ningún problema, qué porque el primo del amigo de la hermana, que es amiga de Andrés. ¿Y?".

En el caso de José Ramón, es ya la 2a. ocasión que se ve envuelto en un conflicto de interés por las casas en que habita.

Hay que recordar que MCCI y Latinus revelaron que ocupó en Houston la residencia de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía con millonarios contratos en Pemex. Ahora, documentos de la Sedena ponen en evidencia que José Ramón López Beltrán ha tenido como su domicilio particular en México una casa que es propiedad de la asistente de la directora de La Jornada, el periódico que ha recibido el mayor monto de contratos en el actual sexenio, que superan los 750 millones de pesos.

Cuando se ha sido un personaje tan crítico, tan opinante, tan severo y puntilloso como lo fue Andrés Manuel con sus antecesores, es difícil abstenerse de medirlo con la misma vara.

AMLO fue despiadado al juzgar a los hijos de Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox; lo mismo con Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, y aún más severo con Angélica Rivera, cónyuge de Enrique Peña Nieto, por el tema de la casa blanca.

Hoy, el presidente no puede ocultar los videos que muestran a 2 de sus hermanos -Pío y Martín-, recibiendo dinero para las campañas electorales de su partido Morena. Tampoco los contratos millonarios de Pemex entregados por adjudicación directa a su prima Felipa, ni los audios en los que se escucha a su sobrina Úrsula Salazar pidiendo inflar facturas y exigiendo "moches".

En el noticiero de Loret, Gibran Ramírez, politólogo y ex candidato a la presidencia de Morena, confirmó el rol que juega Andy López Beltrán en el gobierno de su papá; su papel es entregar las responsabilidades de gobierno según su parecer, intereses, negociaciones, amistades, intercambios y acuerdos. Es el poder detrás del poder.

Una función parecida, según el también académico, la desempeña la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, aunque su área de influencia se limitaría a los asuntos académicos y culturales.

Durante muchos años, Andrés Manuel López Obrador defendió la bandera anticorrupción; a los mexicanos les repitió hasta el cansancio que siendo él presidente erradicaría este flagelo que tanto daña a nuestra sociedad y a la vida de este país. Pero tristemente, nos damos cuenta de que no ha podido siquiera erradicar la corrupción de su propia familia.

¿Cuánto costará el Tren Maya? A mediados de 2020 AMLO dijo que iba a costar 120 o 130,000 millones de pesos. En mayo de 2023 tenemos que se han gastado 220,853 millones y hay 139,863 millones más asignados en el presupuesto de este año. La cuenta va en 360,000 millones, cuando la obra lleva 58% de avance, nos explica Alejandro de la Rosa en un trabajo publicado por El Economista. En el escenario más optimista, el Tren se inaugurará en diciembre y "sólo" tendrá un sobrecosto cercano al 200%.

¿Qué pasó? La obra ha tenido al menos 7 cambios respecto al trazo original. También ha sufrido ajustes importantes en el método constructivo. Algunas de las modificaciones se justificaron por "problemas" no previstos, encontrados en el terreno y otras más por la obligación de preservar algunos sitios de valor arqueológico. Hubo también que hacer ajustes como respuesta a los argumentos de algunos grupos. Por asuntos relacionados con la tenencia de la tierra y los derechos de vía, se decidió que la ruta no pasaría por la capital de Campeche ni tocaría Mérida.

En el tramo que iría de Cancún a Playa del Carmen, se cambió el trazo, por los daños que la construcción estaba provocando en la carretera 307 y por la presión de los hoteleros que hicieron ver cómo la construcción perjudicaría la actividad turística en una zona que recibe al 35% de los turistas estadounidenses que vienen a México y había sido severamente afectada por el COVID.

¿Pudo ser de otro modo? Es normal que los proyectos grandes tengan sobrecosto, pero uno cercano al 200% es excepcional, dice Manuel Guadarrama, del IMCO. El experto en finanzas públicas considera que en proyectos ferroviarios el sobrecosto "normal" estaría alrededor del 45%. Si aplicamos el porcentaje que dice Guadarrama, lo más lógico sería que el Tren Maya costara más o menos 175,000 millones de pesos. En otras palabras, esta megaobra se sigue pasando al menos por 125,000 millones de pesos. Esto son 6,950 millones de dólares, considerando el tipo de cambio del súper peso en la 1a. semana de mayo de 2023.

Sí pudo ser de otro modo. En los sobrecostos de las grandes obras vemos reflejado el exceso de optimismo, la mala ejecución y la debilidad institucional. El exceso de optimismo tiene que ver con la subestimación de los costos y riesgos. López Obrador criticó los sobrecostos de las obras del pasado y supuso que a su gobierno no le pasaría. Sobreestimó su capacidad de controlar los riesgos y mantener a raya la presión alcista de los costos de una obra súper compleja. Supone que una visita quincenal a la zona de obra es suficiente para ordenar la realidad. Al designar a los encargados de la obra, aplicó su máxima del 90% lealtad y 10% de capacidad.

El 1er. encargado del Tren Maya, Rogelio Jiménez Pons, no tenía experiencia en la dirección de grandes obras y no pudo con el encargo. El 2o. encargado, Javier May, tampoco tiene experiencia y ha hecho una gestión del proyecto con mucha política y poca administración. May no aspira a convertirse en experto en megaobras. Quiere ser gobernador de Tabasco.

Los problemas de ejecución son el talón de Aquiles de las grandes obras. Esto ocurre en el 75% de los casos, según un estudio de la consultora McKinsey que revisó 48 proyectos en todo el mundo. En el Tren Maya, hemos tenido la tala de miles de árboles que se pudo haber evitado, porque estaban en un trazo que al final se desechó. Hemos tenido también los daños a cenotes que "aparecieron" en la ruta prevista para el Tren (en una zona donde abundan los cenotes). En el tramo 5 que va de Playa del Carmen a Tulum, Grupo México de Germán Larrea, que había ganado el concurso, dejó el proyecto con un argumento que habla del choque entre los sueños y la realidad. "Se evitó incurrir en un incumplimiento derivado de nuevas fechas de entrega solicitadas. La seriedad y el profesionalismo del consorcio lo llevaron a declinar ante la complejidad y la premura impuesta a la terminación del proyecto", dijo la constructora en un comunicado.

La debilidad institucional en el Tren Maya es evidente en la manera en que se ha tratado el impacto medioambiental y la forma en que se ha definido el calendario de la obra, que ha estado más en función de los tiempos del presidente que en relación a la complejidad de la obra. La obra comenzó sin tener completas las Manifestaciones de Impacto Ambiental y se nota. La cereza del pastel es el otorgamiento del título de supervisor honorario del proyecto a Daniel Chávez Morán, dueño de Grupo Vidanta. Chávez Morán es un empresario muy exitoso que en el mejor de los casos no tiene tiempo para hacer con prolijidad las tareas de supervisión. En el peor, está en riesgo de caer en el supuesto de conflicto de intereses.

Además de los sobrecostos, queda por ver si acabará a tiempo el Tren Maya. La moneda está en el aire. Si pudiéramos preguntarle a Bent Flyvbjerg, el máximo experto mundial en megaproyectos, él nos diría que es muy difícil que una obra escape a la Ley de Hierro de este tipo de construcciones: Over Budget, Over Time, Over and Over Again. En español se dice Con sobrecostos y fuera de calendario, una y otra vez.

Es el gobierno más podrido en la historia de México.

No es solo lo que se roban, sino además lo que destruyen buscando apoderarse de más dinero. El erario como botín, el presupuesto público para alimentar los negocios propios o establecidos con amigos.

Ese poder de asignar millones a discreción y sin escrutinio (el odio al INAI no es gratuito). Contratos para los cuates aunque no tengan experiencia en lo que venderán al gobierno con sobreprecio o pésima calidad, con empresas apenas registradas ayer en una dirección fantasma y con el chofer de prestanombres.

A gozar las mieles del erario, que solo se vive una vez y un sexenio solo dura 6 años. A viajar a todo lujo con la familia, con los mejores hoteles y restaurantes, la logística del viaje apoyada con personal de la dependencia correspondiente.

A pasear por todo el mundo, que México paga. Y si alguien pregunta, hay una respuesta: "¿y Loret?". La incoherencia es irrelevante, la mejor forma de defenderse es atacando.

Un día sí y otro también, un nuevo escándalo de corrupción, muchas veces con la parentela involucrada. Porque ya se sabe que el Licenciado no se mancha las manos, que para eso están sus personeros.

Son los hijos con sus negocios, los hermanos con los sobres de efectivo, la prima con los contratos, la cuñada en el gobierno de Macuspana. Están también quienes han mostrado su lealtad a toda prueba y que se saben protegidos.

¿La robadera en Segalmex? El inquilino de Palacio dijo que quien fuera su principal responsable (y su padrino político hace décadas) es persona honesta, que lo engañaron unos priistas. Lo exoneró en público, como igual desde el púlpito mañanero declara culpables a sus enemigos.

Así de fácil quedan descartadas las raterías y proclamada la honradez. El Licenciado anuncia que no se permite la corrupción, que ellos son diferentes, que se acabó la impunidad, que ni a sus hijos les permite ser corruptos. ¿Sus hermanos? Estaban recaudando dinero del pueblo para el movimiento. A continuación ataca a los "periodistas mercenarios" y, el gesto teatral final en muchas ocasiones, saca a ondear el pañuelito blanco.

Los sexenios de Peña Nieto, López Portillo o Miguel Alemán parecen gobiernos daneses (esa referencia tan socorrida en los labios presidenciales) al lado de lo que hoy sucede.

Sus funcionarios más rapaces eran unos simples aficionados, temerosos del escrutinio público, conservando al menos ciertas formas, cuidadosos en no violar abiertamente leyes y procedimientos. Los actuales están tranquilos porque desde arriba ya se proclamó: "no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley".

Eso sí, mientras se roba y se gasta el dinero público a manos llenas, hay que mantener el discurso de la austeridad, de una pobreza franciscana en el aparato administrativo.

Porque no debe haber gobierno rico con pueblo pobre, por lo que ahora hay gobierno pobre con pueblo pobre, pero gobernantes hinchándose de dinero. Que sufran educación, salud, ciencia o el mantenimiento de la infraestructura hasta que se desplome.

Esa austeridad inmoral que mata a tantos, como niños enfermos de cáncer o viajeros en el Metro.

El presidente más corrupto tiene otro distintivo singular: el más extraordinario cinismo, la más profunda desvergüenza y desfachatez.

Por décadas le funcionó proclamarse honrado y no se sabe otra cantaleta. No entendió que la pus acaba reventando.

Se puede estar de acuerdo o no con la calidad de las 2 nuevas investigaciones sobre los hijos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón y Andrés López Beltrán, que sugieren favoritismos y conflictos de interés que entran en una zona gris. Lo relevante no son los trabajos per se de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción, sino que en medio de los días de la mayor violencia presidencial contra medios, periodistas y sociedad civil en la memoria, hayan dado un paso hacia delante en uno de los temas que mayor enojo provoca en López Obrador, imputaciones sobre su familia, lo que lleva a preguntarse que si así estamos en el año 5, ¿qué sucederá en el año 7 u 8? Es decir, ¿qué le vendrá encima a López Obrador cuando deje la Presidencia?

La corrupción siempre le ha pegado a López Obrador debajo de la línea de flotación, y hasta ahora ha salido avante. No le pasó nada -aunque tampoco quisieron actuar las autoridades en su momento-, cuando se descubrieron ilegalidades en su fundación Honestidad Valiente, ni le impactaron todas las irregularidades en su declaración patrimonial. La victimización ha sido su blindaje, construido mediante esa estrategia que probablemente funcionará más allá de su sexenio. Pero la protección moral no se traspasa por ósmosis, aunque, como ayer, reitere el argumento moral de que sus hijos no son corruptos.

El presidente se llena la boca de verdades, medias verdades y falsedades al hablar de la corrupción del pasado y justificar políticamente la presente. Las denuncias que se han hecho contra su entorno familiar y colaboradores, en volúmenes tampoco nunca antes vistos, han sido efímeros por la capacidad de López Obrador para apagar el fuego y desviar el rumbo de la conversación. De esa manera, estos ciclos político-informativos llevan a ver el árbol más cercano, pero nunca el bosque. Pero el bosque existe y lo sabe desde finales de 2021.

En aquel tiempo fue informado de la existencia de un número indeterminado de videos sobre presunta corrupción de sus familiares, que supuestamente tenían a su hijo Andrés como el protagonista de tales actos. Hubo alerta en Palacio Nacional y se buscó encontrar los videos en las redes sociales y atajarlos. Estaban inmersos en esa búsqueda cuando a mediados de enero apareció la investigación sobre la famosa "casa gris" de Houston, donde las imputaciones al hijo mayor del presidente, José Ramón, era que había incurrido en un conflicto de interés. Toda la atención política y mediática se centró en esa revelación, que fue tan abrumadora, que lo más importante que sucedió esos días, pasó desapercibido.

En la víspera de la revelación de la "casa gris" apareció en las redes sociales un video donde el hijo menor del presidente estaba en un antro, que personas que lo reconocieron, dijeron que estaba en Houston. Al día siguiente de la publicación de ese trabajo, apareció otro video, del mismo hijo, bailando junto a una alberca, precisamente, de la "casa gris". Ninguno de los 2 videos estaba asociado con la investigación sobre la propiedad en Houston, y la fuente de ellos se mantiene todavía como un enigma.

Esos videos están presumiblemente vinculados con aquellos que mencionaban que su hijo Andrés aparecía en actos de corrupción, producto, le confirmaron al presidente en marzo, de adversarios políticos del presidente, que no saben quiénes son, que están financiando investigaciones sobre la corrupción en el entorno de López Obrador. Otro video aparentemente salido de la misma fábrica negra, es donde aparece Alejandro Esquer, el secretario particular del presidente, depositando un millón y medio de pesos en una cuenta de donde salieron apoyos a varios políticos de Morena. Esa operación nunca brincó en la Secretaría de Hacienda, ni fue reportada por Esquer o su jefe.

La difusión de esos videos ha sido administrada por ese grupo de personas que tienen lo que se conoce como opposition research, que es un equipo que se dedica a buscar la basura de políticos para ser utilizada en su contra. El método usual que se emplea es peinar noticias o artículos en la prensa, revisar documentos judiciales, ir de pesca a las redes sociales para encontrar referencias, videos y blogs con un potencial de daño considerable. No están en un medio de comunicación ni en una institución; son una estructura profesional que trabaja clandestinamente.

La denuncia de corrupción de gobiernos priistas y panistas le dio un fuerte impulso a López Obrador en 2018 entre amplios segmentos de la sociedad que nunca habían votado con él, y es el tema donde cada vez que ha salido una presunta ilegalidad en su entorno, tiene un efecto negativo sobre su persona. Aunque todavía no se refleja en su aprobación, la percepción de que hay corrupción en el gobierno se mantiene alta, 40% de los mexicanos, de acuerdo con la última encuesta de El Financiero. Es decir, hay condiciones objetivas para que este tema prenda en la opinión pública.

El tema no va a desaparecer, e incluso existe la posibilidad de que en la medida en que se acerca el final del sexenio, se agudicen las denuncias. Aumentarán los funcionarios y burócratas que tienen acceso a información delicada que irán filtrando documentación a medios y organizaciones civiles, en la medida que le van perdiendo el miedo a represalias. Los correos de la Secretaría de la Defensa Nacional hackeados por Guacamaya, contribuirán a esta sangría. Igualmente, los grupos interesados en desacreditarlo tienen el arsenal para aumentar la presión y descalificación.

No son pocas las personas que, con conocimiento de primera mano, cuentan experiencias y anécdotas de cómo en el entorno presidencial la corrupción ha llegado a niveles nunca antes vistos. La negación del presidente sobre los señalamientos de corrupción en su entorno y de la existencia de los conflictos de interés, sólo tienen como fuerza su palabra, que se irá agotando en la medida que el poder empiece a ser transferido. No falta mucho para esto y, al mismo tiempo, hay de sobra para la mañana siguiente.

Contrario a lo que la zalamería política le hizo pronunciar al padre Solalinde, convertido de facto en el responsable de la política migratoria del país, en el sentido de que el presidente es "un profeta", o aún más al debilitado líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, quien afirmó que sólo la palabra de Andrés Manuel López Obrador y "su fuerza moral" era capaz de limpiar y "unificar algo que parecía resquebrajado y dividido" y alejar "cualquier tentación individualista", lo cierto es que el discurso presidencial anticorrupción es cada día menos creíble.

Desde los casos de justicia selectiva exhibidos en el privilegiado trato que la 4T ha dado a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, culpado por el caso Odebrecht y de Agronitrogenados, que contrastó con la severidad con la que se juzgó y encarceló a su ex aliada política, Rosario Robles, por la Estafa Maestra; hasta los más recientes casos de evidente protección desde el poder al ex titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle, a quien reubicó en una dependencia de la Secretaría de Gobernación, pese al desfalco récord de 15,000 millones de pesos en la historia de la corrupción en México, y al director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, a quien mantiene en el cargo pese a las evidentes corruptelas que provocaron la tragedia migrante en Ciudad Juárez en la que murieron quemados 40 hombres migrantes, López Obrador no ha hecho más que seguir deshilachando su principal bandera de combate a la corrupción que lo llevó a la Presidencia de la República.

Además, de que estos casos contradicen en los hechos su frase de batalla mañanera de que "no es tapadera de nadie", el presidente también ha sido incongruente con su discurso de honestidad al socavar y tratar de desaparecer los organismos autónomos que le son contrapeso y son garantes del acceso a la información pública y el combate a la opacidad, como es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por todo esto, la defensa que hizo ayer de su hijo Andrés "Andy" López Beltrán por los contratos millonarios de obra pública que tienen sus amigos más cercanos fue aún más débil que la que hizo en enero de 2022, cuando su otro retoño José Ramón, dinamitó su discurso de austeridad por el escándalo de la mansión en la que vivía en Houston, y la que tendrá que hacer nuevamente de él ahora que ayer Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) relacionaron la mega residencia en la que vive en Coyoacán con una funcionaria del periódico La Jornada, al que la 4T es al que más compra publicidad oficial.

Para salir de esta nueva crisis que vuelve a poner en entredicho su narrativa de la "honestidad valiente", el presidente tendrá que hacer mucho más que sólo salir a la mañanera a decir que sus hijos no son corruptos, como lo hizo ayer, para cumplir su promesa de que no sería tapadera "ni de sus familiares", a la que faltó ya con su hermano Pío.

Nadie, menos aún el canciller Ebrard, se puede llamar a engaño. El sistema de encuestas en Morena es cualquier cosa menos transparente. No lo fue en la selección del candidato a la Ciudad de México en 2018, no lo fue en Coahuila este año, y en el inter no lo fueron en la selección de candidatos de Colima, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Puebla. Seamos claros: salvo en los casos donde hay un candidato muy evidente y éste coincide con la voluntad del presidente, en el resto de las elecciones las encuestas se deciden por un voto, el de López Obrador.

El canciller le pide reglas a Morena porque sabe que no las hay. El presidente del partido dice que no se aceleren porque sabe que él no tiene ni voz ni voto en la definición de dichas reglas. Lo único más o menos claro es que el presidente quiere definir la candidatura lo antes posible porque sabe que entre más tarde en hacerlo, más descompuesto estará el ambiente político y por lo mismo existe una mayor posibilidad de rupturas internas. Entre más se postergue la decisión, mayor peso tendrá en ella la coyuntura política.

Son 2 los factores que pueden descomponer políticamente el fin de sexenio y por lo tanto influir en la decisión del candidato de Morena: la tensión en la relación con Estados Unidos, por temas de migración y tráfico de drogas, y el incremento de eventos de violencia que impacten la percepción ciudadana sobre seguridad pública. Quien más se favorece con un incremento en la conflictividad con el vecino del norte es Ebrard, mientras que el deterioro de la seguridad percibida favorece a un perfil como el de Adán Augusto o incluso al propio canciller. Esto es, si se adelantan los tiempos es para favorecer a Claudia Sheinbaum, y eso sin duda es lo que está oliendo Marcelo.

Nunca se ha dado el caso de que lleguemos al V Informe de Gobierno con el candidato del partido en el poder definido. Lo normal, pues, sería que esta especie de dedazo reloaded se dé pasando el 1o. de septiembre.

Hay otros, quienes no fueron invitados a la fiesta de la carrera presidencial, pero que 'se metieron con calzador', como fue el caso de Ricardo Monreal, quien a pesar de los apretones de manos y caras sonrientes del viernes pasado con el jefe de Palacio Nacional, por fin ha realizado su 'cruda realidad'. Monreal quiso justificar su ‘acercamiento’ con el presidente -después de muchos meses de distanciamiento-, "porque yo no voy a socavar al movimiento que yo forme", y clarificó su posición hablando de su futuro político, señalando que "aunque no hay piso parejo, en eso estoy de acuerdo con Ebrard. Yo me siento un candidato natural para una sucesión. Pero no me engaño, no quiero asumir una posición con las condiciones que ya están dadas y que no creo que me favorezcan. No hay piso parejo... pero yo me debo a un equipo, al equipo que comanda el presidente de la república y quiero honrar mi condición de político honesto y leal". Por fin reconoció -en otras palabras, se resignó- que está eliminado, que deberá de retirar de su argumento político sus intenciones de competir 'por la grande' y que por ahora lo mejor será enfocarse en buscar la posibilidad de que le ofrezcan la Ciudad de México o un puesto de compensación en el próximo gabinete.

Las palabras pesan, pero sobre todo cobran factura. Aquel memorándum de la Presidencia pidiendo, exigiendo a los secretarios de estado que no atendieran recomendaciones de nadie, ni de sus hijos, y el discurso de toma de protesta cuando dijo que sólo respondía por su hijo menor, Jesús Ernesto, porque era menor de edad, retumban como un eco fantasmal en Palacio Nacional. La frase lapidaria de que el presidente está enterado de todos los negocios que se hacen en el gobierno se revierte como un bumerán. Los hijos de López Obrador son hoy su principal problema.

Veámoslo por el lado pragmático: no hay manera de meter a los hijos a la operación política sin que ello tenga un costo. Los 3 hijos mayores del presidente, los López Beltrán, estuvieron involucrados en la campaña del 2018. Los 3 acabaron metiendo recomendados en el gobierno. Los 2 mayores, José Ramón y Andrés Manuel, están ahora en escándalos de corrupción.

El caso de José Ramón va mucho más allá de la Casa Gris y ahora la Casa de Coyoacán, propiedad de una asistente de la directora del periódico La Jornada y comadre del presidente, Carmen Lira. Independientemente de que le gusta vivir en casas prestadas, lo que reveló el escándalo de la Casa Gris fue una compleja trama de tráfico de influencias para otorgar contratos de Pemex y para financiar las campañas, como lo mostró Raúl Olmos en el reportaje convertido en libro "La Casa Gris". Está muy lejos de ser, como se le caricaturiza, un mantenido: es un operador político.

Andrés Manuel, o "Andy", como se le conoce en los círculos cercanos al poder, es el más activo y el que más influencia tiene en la estructura gubernamental. Lo que reveló el reportaje de Latinus es una red de amigos "Andy" que ganan licitaciones millonarias haciendo exactamente las mismas transas que tanto ha criticado y perseguido el presidente. No cuidaron ni la más elemental de las simulaciones, que es poner al menos diferentes domicilios a las empresas que van a servir de fachada en los concursos.

A los hijos del presidente no les gusta la austeridad. Nunca les ha gustado. Y está bien. Cómo cualquier ciudadano tienen derecho a gastar como se les antoje y a tener amigos que les presten casas, los invitan de viaje, los pongan en nómina sin trabajar, etc. A lo que no tienen derecho es al influyentismo ni a la ingenuidad. Su vida privada termina en el momento en que operan decisiones públicas que involucran presupuesto y los amigos dejan de ser solamente amigos cuando se benefician de contratos de gobierno.

El presidente no tiene un problema, tiene 2 y quizá pronto nos enteremos de que tiene 3. El discurso de combate a la corrupción se derrumba como un castillo de naipes cuando sus hijos aparecen como vulgares traficantes de influencias.

Mañanera. 3 de mayo 2023. 2 horas. 3 preguntas. 3 respuestas. Ninguna sobre el elefante en la habitación: la red de tráfico de influencias de Andrés "Andy" López Beltrán y sus mejores amigos. La nueva generación de ricos de la 4T no se aborda. No se habla del hecho, ni del vínculo, ni del reportaje ni de los documentos presentados. No hay una explicación, no hay una disculpa, no hay un compromiso de investigación.

Lo que sí hay es la puesta en marcha de la operación "Aquí no pasa nada", que ya nos sabemos de memoria:

Descalificar al mensajero. Con una expresión claramente turbada, pero actitud de "aquí no pasa nada, cuál es el problema", el presidente decide de qué se habla en la mañanera, con quién lo habla y cómo lo habla. No había terminado de dar los buenos días y ya se había arrancado con descalificaciones, ataques y calumnias a los medios, a los intelectuales, a los periodistas, a un servidor.

Minimizar. Que salgan los bots y los aplaudidores a minimizar la investigación, a criticar al medio, al periodista, a desviar la atención, a llenar de ruido las redes sin un solo argumento. Sin poder desmentir una sola palabra ni un solo documento.

El uso del aparato del Estado. Si la estrategia de diluir la nota no funciona, entonces viene el ataque, la persecución, el abuso, las amenazas, las violaciones constitucionales, las demandas. La venganza. La intimidación. El castigo ejemplar al que se atrevió para que los demás no se atrevan.

Ninguno de estos pasos incluye una sola explicación, respuesta sólida ni justificación.

Hay algo que el presidente sigue sin entender. Las explicaciones no se las debe a los periodistas, se las debe a los mexicanos, en particular a los 30 millones que estaban hartos de los abusos de poder, de la corrupción, del tráfico de influencias, que votaron por un cambio y que ven que es lo mismo. Cuando simula que no pasa nada, y evade esa explicación, la traición es a ellos.

México votó pensando que al menos al llegar él, se irían los que se despachaban del dinero público con la cuchara grande. El actual presidente "vendió" la idea de que él no era así, y medio país se la compró.

A casi 5 años de esa elección, muchos de los que creyeron ya no creen, muchos de los que pensaban que con él se acabaría ese sistema, están desencantados. Pero también es indudable que muchos millones siguen creyendo que AMLO es diferente, que es más cercano al pueblo, que roba menos que los anteriores. El presidente, con su estrategia de "aquí no pasa nada", parece estar dispuesto a seguir perdiendo adeptos, calculando que los que se quedan serán más que los que se van. No apuesta por reconquistar a los desencantados. A esos, y a todos los demás, los que desprecia con el silencio cómplice y la falta de explicaciones.

Debió ser muy duro para el presidente López Obrador tomar la decisión de desaparecer el Insabi. Era una de las grandes creaciones de su administración. Y, véase como se vea, es una derrota. Conforme el sexenio empieza a entrar en su natural declive, seguirán poco a poco saliendo nuevas derrotas, algunas más visibles que otras. Sus obras faraónicas quedarán exhibidas por ser inoperantes o por no estar debidamente concluidas.

En el día a día, por ejemplo, van sumando costos importantes la decisión de no proseguir con el aeropuerto que había iniciado Peña Nieto y en su lugar, ampliar y activar civilmente el de Santa Lucía. Ya que no sólo está lejos de ser la terminal que requerirá el Valle de México en los próximos años, sino que, en su afán de apoyarlo y privilegiarlo, ha descuidado y ahorcado las operaciones del actual Aeropuerto de la Ciudad de México que, a pesar de ser el más importante del país, está ahogado y quienes se ven obligados a utilizarlo sufren verdaderos calvarios de pérdida de tiempo y contratiempos que han convertido los viajes aéreos en algo totalmente absurdo.

Si el problema era la enorme corrupción que acompañó a los priístas durante el peñanietismo, perfectamente se pudo aplicar un borrón y cuenta nueva y asear los procesos para seguir adelante.

Las obras de la refinería de Dos Bocas y El Tren Maya, más discretamente, pero van también rumbo al fracaso. Quedarán como elefantes blancos totalmente subutilizados que seguramente, con el paso de los años, serán obsoletos y finalmente abandonados.

Sus programas sociales, conforme se vayan agotando los recursos públicos, empezarán a ser insuficientes y crearán molestia y desencanto entre las clases populares que, una vez más, como ocurre cada sexenio, serán los grandes perdedores.

La última esperanza para López Obrador es que sea su elegida Claudia Sheinbaum quien resulte candidata de Morena y eventualmente la futura presidente, y así seguir con su estirpe política. El único contendiente real de la actual jefa de Gobierno es Marcelo Ebrard, pero el presidente sabe que el actual canciller, como sobreviviente de mil batallas políticas en distintos partidos, no sería tan incondicional en caso de llegar a la Presidencia.

Es notorio cómo la gente cercana al presidente y a la cúpula morenista le apuesta y promueve que Sheinbaum sea la candidata. Utilizan todos los recursos a su alcance.

Y al final, el gran derrotado será el país que, una vez más, creyó y se entusiasmó con un candidato, quizás en esta ocasión como pocas veces, y que nuevamente va quedando en la decepción de sueños frustrados. Aumentará el sentimiento de que la clase política no sólo no es útil sino que vive de engañar, usar y dividir a la gran población sexenio tras sexenio, mientras ellos tienen la habilidad camaleónica de cambiar de color y, merced a fabricar ilusiones y fantasías, llegan al poder para hacer finalmente lo que conviene a sus intereses, despachándose con la cuchara grande en temas de corrupción.

Pasan los sexenios y sólo cambian los colores para que nada cambie.

En seguimiento a la línea marcada por su jefe político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la maquinaria de propaganda manejada por su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, se puso en marcha. La línea a repetir era que la política exterior de Estados Unidos era injerencista, que quienes recibían financiamiento del Departamento de Estado eran traidores y estaban conspirando para dar un golpe de estado. El presidente busca la cohesión interna ante un enemigo inexistente, dentro y fuera de México, con imposturas nacionalistas medidas en su sonora retórica para la gradería.

López Obrador reveló que le hizo el reclamo a la consejera para seguridad territorial del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, cuando se reunieron el martes, y dijo que le envió una carta al presidente Joe Biden donde le reclama ese apoyo a "organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento... lo cual es a todas luces un acto intervencionista". Es cierto. Esas acciones son injerencistas en los asuntos internos de otros países. También es cierto que el presidente hizo mutis sobre el financiamiento que el mismo Departamento de Estado le da al Ejército.

Hablar de un golpe de estado es un absurdo. Pero no lo hacen sus principales propagandistas por ignorantes, sino para generar corrientes de opinión pública a favor del presidente. Aprovechan que los decibeles ensordecen las razones, por lo que nadie se pregunta: ¿quién planearía un golpe de estado sin el apoyo de las fuerzas armadas? Quien tiene cooptado al Ejército y a la Marina, con dinero y poder, es López Obrador. Un golpe de estado requiere condiciones de fractura en un país y el concurso del sector privado que, con la garantía castrense, financien la toma del poder, lo que durante décadas ha sido algo imposible en México.

Finalmente, a quien acusa de intervencionista es precisamente el factor más importante que frenaría un golpe, Estados Unidos. La última vez que hubo intentos serios, en cuanto a ideas, de buscar la toma del poder de manera inconstitucional fue en 1982, cuando la nacionalización de la banca generó mucha inestabilidad y un grupo de coroneles preguntó en Washington que si hubiera violencia en las elecciones e intervinieran, recibirían el apoyo. La respuesta fue tajante: jamás reconocerían un gobierno que no fuera producto de elecciones. Hoy, al ser México su principal socio comercial, nadie podría argumentar con seriedad que el Departamento de Estado está financiando a golpistas.

Y además, ¿para qué? El Gobierno de Estados Unidos no necesita intervenir en México, y mucho menos en la actualidad. Hay muchos gritos en la mañanera y denuncias, además de lances y arrebatos del presidente en contra de Estados Unidos, a veces llegando al insulto. Las pocas respuestas a acusaciones temerarias han sido respondidas con cautela. A Biden no le interesa un conflicto de fondo con López Obrador no sólo por razones estratégicas -3,200 kilómetros de frontera común- sino porque en lo que les importa para su seguridad nacional, el presidente hace lo que le pidan.

Esa postura echada para adelante que dice tuvo con Sherwood-Randall, fue en la misma reunión donde la funcionaria le vino a explicar el final del Título 42, que la próxima semana desatará una ola de migración indocumentada a Estados Unidos al quitarse las restricciones que impuso el presidente Donald Trump con el pretexto de sellar la frontera con México por la pandemia de la covid-19, por lo cual Biden firmó una orden ejecutiva el 27 de abril pasado para enviar tropas a los estados en la línea internacional con México, para ayudar a la patrulla fronteriza en la contención y deportación de indocumentados. López Obrador dijo que estaban en su derecho, pero ocultó que aceptó que miles de centroamericanos expulsados de Estados Unidos, serán recibidos en este país.

Sherwood-Randall fue también la que hace un mes recibió a todo el gabinete de seguridad mexicano para decirles lo que esperaba la Casa Blanca que hicieran para combatir el fentanilo. De manera sutil, les dio instrucciones y el gabinete de seguridad tomó nota para comenzar a cumplir con lo comprometido. En enero, cuando Biden se vio en la necesidad -por presiones domésticas- de ampliar el número de inmigrantes en el programa conocido como Permanecer en México, López Obrador aceptó sin chistar la extensión en vísperas de la cumbre de líderes de Norteamérica de ese programa que fue negociado con el canciller Marcelo Ebrard durante la transición con el gobierno de Trump, que antes había obligado a López Obrador a militarizar la frontera con Guatemala y frenar la migración centroamericana.

Lo que ha sucedido con 2 administraciones en Washington, es que López Obrador ha sucumbido a las presiones y accedido a las pretensiones tácticas y estratégicas de la Casa Blanca. Con Trump era a sombrerazos y bajo el régimen de terror al que lo tenía sometido; con Biden ha sido más terso y la estrategia más inteligente: que grite y diga lo que quiera en Palacio Nacional, mientras haga lo que le pidan. Es decir, le tomaron la medida.

Lo escuchan y le dan atole con el dedo. El encuentro con Sherwood-Randall puede ser un ejemplo. La consejera ha trabajado con Biden desde que era presidente del Comité Judicial del Senado en 1986, y años más tarde fue directora asociada del Proyecto de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas del Centro Belfer, en la Escuela John F. Kennedy de Harvard, que cofundó con una figura legendaria, Graham Allison, cuyo equipo redactó la constitución de la República Checa.

La ayuda del Departamento de Estado a la sociedad civil y a la prensa libre, busca fortalecer instituciones y revertir la ola antidemocrática que está destruyendo instituciones. Sherwood-Randall debió escuchar el alegato del presidente sin inmutarse, porque esos fondos son un instrumento que emplean para fortalecer los valores democráticos occidentales. Podría ser, si sopesaran el precedente, recortar la poca asistencia que les dan, en la misma lógica: bálsamo para el presidente, que como ningún otro antes, sigue el libreto escrito por Estados Unidos.

Nunca favorecido en los últimos tiempos por la 'señal divina' desde Palacio para estar en la terna de los 'elegidos' a contender (?) por la candidatura dentro del partido oficialista, a Ricardo Monreal algunos lo veían como el ente 'diferente', que con su experiencia en el servicio público, sus razonamientos, sentido común y visión de unificar -no de dividir-, pudiera ser una alternativa lógica para contender de manera independiente o bien arroparse en algún sector de la oposición para lograr sus anunciadas ambiciones y sueños de llegar a colocarse en su pecho la banda tricolor.

Sin embargo, después de meses de ser ignorado totalmente por el inquilino de Palacio y de sus repetidas manifestaciones públicas de que "esperaría el momento adecuado para tomar una decisión", su imagen se derrumbó y quedó reducida a cenizas. Y posiblemente el epílogo de la carrera de Monreal quedó descrito a la perfección en 2 de los párrafos del artículo publicado este lunes 1 de mayo en el periodico español El País, escrito por Salvador Camarena, quien describió atinadamente el corolario de la vida política del susodicho. "Andrés Manuel López Obrador marca el despegue y caída del político zacatecano. Con él ha sucumbido la poca autonomía que restaba en el poder legislativo. Y, peor aún, el derecho a la información. Toca corregir al doctor Monreal cuando sostiene que su liderazgo fue socavado por una votación en el Senado donde toda la bancada morenista se negó a revivir el Instituto de Transparencia. Ni minado ni erosionado: su liderazgo era una entelequia, una prenda que no le pertenecía, y el jueves el dueño de la mayoría legislativa lo desnudó en público. Puesto en evidencia solo tuvo arrojo para la rendición sin honra. Fue sonriente a Palacio Nacional a entregar sus palabras de constitucionalista, sus ideas de parlamentario. Con él a la cabeza los senadores oficialistas dieron la espalda a la República. Obsequiosos con el mandatario votaron sin leer, sin pensar e incluso sin legislar todo lo que se les ordenó. Monreal se ha caído de la montura en la que cabalgó un cuarto de siglo".

Y el viernes pasado, en el preámbulo de la puesta en escena de un 'Senado en la azotea' -sesionando fuera del recinto oficial y denominado por algunos como 'la noche negra de la democracia'-, siguiendo órdenes directas de Palacio, Monreal se doblegó y reconoció que "no quiero engañar a nadie, pero la opinión del presidente es muy poderosa".

Tiene toda la razón nuestro colega Salvador Camarena, fue una "rendición sin honra".

Mexicanos Contra la Corrupción encuentra otra casa gris al hijo de López Obrador José Ramón López Beltrán.

Tiene su residencia particular en la CDMX en una casa de Coyoacán que es propiedad del asistente personal de la directora de La Jornada, periódico que ha recibido el mayor número de contratos en el actual sexenio.

Lo cual evidencia un probable conflicto de intereses.

Andrés López Beltrán es el hijo del presidente López Obrador más metido en los asuntos del gobierno. Es interlocutor, es operador, es puente de su papá con diversos sectores. Se codea con políticos y empresarios. Es una figura de 1a. importancia en la administración federal actual, y sus tentáculos se detectan en distintas áreas del obradorato.

Como cualquiera, Andy -así le dicen- tiene amigos de toda la vida, con los que se va de fiesta, de vacaciones, organiza comidas, se toma fotos y comparte pasatiempos. La diferencia es que los amigos de Andy se han vuelto privilegiados contratistas del gobierno de su papá, el presidente Andrés Manuel López Obrador: de entrada, se quedaron con un jugoso negocio por la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Ese es el negocio estelar de los amigos de Andy. El presidente AMLO dijo que canceló la obra porque estaba llena de actos de corrupción. El desmantelamiento de lo que se llevaba construido de esa terminal aérea y su sustitución por el llamado Parque Ecológico Lago de Texcoco tiene unos claros beneficiarios: los amigos de Andy.

Anoche en el noticiario a mi cargo en Latinus, revelamos en un reportaje de Montserrat Peralta, Julio Astorga, Isabella González y Mario Gutiérrez Vega, la existencia de una red de varias empresas de las que son socios y directivos los amigos de Andrés López Beltrán. El hijo del presidente de México es el articulador de esos intereses.

Con un sistema diseñado cuidadosamente desde adentro, han "competido" por contratos públicos y se han escondido en esquemas de subcontratación. Las empresas con las que han simulado competencia comparten dueños, socios, administradores y hasta dirección. Figuran Alejandro Castro Jiménez Labora, a quien apodan El Muerto, sus primos Santiago y Diego Jiménez Labora Prieto, Carlos Buentello, y hasta de filón la hija del secretario de Agricultura, Tania Villalobos.

Román Meyer, secretario de Sedatu, está metido hasta el fondo en este entramado. Ha operado, ha incidido, ha negociado personalmente en favor del grupo. Es parte toral de este organigrama. La red de amigos de Andy ha participado también en cuando menos 5 obras millonarias de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, incluyendo el edificio del nuevo Archivo Agrario. Ni más ni menos.

Son los que dijeron ser diferentes, los que prometieron que nunca más se harían negocios al amparo del poder público, que ya se había acabado la corrupción -pañuelo blanco-, y que el tráfico de influencias y el México de los privilegios estaba desaparecido.

SACIAMORBOS

Para la libreta de direcciones. Veracruz 69, en la Colonia Condesa de la Ciudad de México. Propiedad del clan. Sede de 3 de las empresas. Famoso centro de operaciones donde se organizan eventos y fiestas en las que coinciden los amigos de Andy, el hijo del presidente y el secretario de Sedatu... los nuevos ricos de la 4T.

La comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra, recordó que a partir del acceso a documentos oficiales, el periodismo ha revelado grandes actos de corrupción, y la ciudadanía ha mantenido garantizado su derecho a saber, y lamentó que lo anterior se encuentra amenazado.

"Estos avances están amenazados porque sin transparencia no hay democracia, sin transparencia el periodismo de investigación verá limitadas sus capacidades de informar sobre la vida pública. Quienes integramos el pleno del Inai expresamos nuestra preocupación frente al despliegue político que pretende cancelar el derecho de acceder a información pública y a la protección de datos personales", detalló.

La comisionada presidente advirtió que el órgano autónomo "ha sido y seguirá siendo incómodo para el poder".

"El Inai no trabaja para complacer a los gobernantes sino para defender la verdad", expresó.

Señaló que el ataque al Inai "es un ataque a la democracia, a la sociedad, y a los derechos de los mexicanos", por lo que llamó a la sociedad para defender al Instituto.

"Porque la transparencia le conviene a todas y todos. No nos pueden callar ni limitar la boca para garantizar el libre acceso a la información pública. Si desaparece el Inai, los ciudadanos quedarán expuestos a la arbitrariedad y opacidad de los gobernantes", dijo.

El comisionado Adrián Alcalá advirtió que "los derechos de acceder a la información no pueden ser cooptados por intereses políticos, personales o de grupo".

En tanto, la comisionada Norma Julieta del Río negó que el órgano de transparencia haya permitido corrupción en sexenios anteriores: "Gracias a nosotros se revelaron los casos de corrupción de la 'casa blanca' y actualmente de Segalmex".

Denunció la "ola de mentiras" que se han difundido en redes sociales en torno al Instituto.

"Se dice que el Inai oculta información, falso, el Inai no la tiene, el Inai la pide a los sujetos obligados y la hace pública. Se dice que el Inai permitió corrupción en sexenios anteriores, mentira. Se dice que los comisionados ganan más que el presidente de la república, falso, el sueldo de los comisionados neto es de 110,000 pesos y el del presidente 121,000 pesos", expresó.

La comisionada del Inai, Norma Julieta del Río, reveló un supuesto boicot desde la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a cargo de Adán Augusto López, para que los sujetos obligados dejen de atender las solicitudes de información.

En conferencia de prensa, la comisionada explicó que en chats de las unidades de transparencia circulan mensajes que señalan que ya no tienen la obligación de atender las peticiones de transparencia.

"Hemos sabido que se les está llamando a no contestar porque ya no es obligación, mentira, es su obligación. A mí me lo dijeron, circula en chats, hay chats de unidades de transparencia y ahí una persona de una unidad de transparencia se acercó y me dijo: 'Comisionada, ¿qué hacemos? Las Unidades de Transparencia estamos batallando mucho para que nos generen la información porque las áreas administrativas nos dicen que ya no vamos a entregar nada'. Yo le pregunté: '¿Quién les dijo eso?', y me respondió: 'No puedo decirle, pero es el 2o. al mando', y bueno, el 2o. al mando es el secretario de Gobernación", acusó la comisionada.

La comisionada Josefina Román Vergara dijo que muestra de que se están dejando de atender las solicitudes de transparencia es que sólo la semana pasada, los recursos de revisión prácticamente se duplicaron.

"La semana pasada recibimos 460 recursos, son casi el doble, y lo lógico es que a más recursos, o no hay respuestas o estaban incompletas", detalló.

Por lo anterior, las comisionadas y los comisionados llamaron a los 779 sujetos obligados a que sigan atendiendo las solicitudes de información.

"Si no lo hacen, sólo se van a meter en problemas, porque sesionemos o no, ahí están los recursos, pero así fue, nos dijeron que están recibiendo órdenes de no contestar las solicitudes de transparencia", insistió la comisionada del Río.

Explicaron que ya han solicitado, a través de oficios oficiales, el diálogo con Adán Augusto López, pero no han obtenido respuesta.

Confiaron en que el pleno del Inai pueda sesionar lo antes posible y advirtieron que si no lo hacen antes de septiembre, "estará en riesgo el presupuesto del Instituto".

La Cámara de Diputados y Senado (con votos de MORENA y partidos aliados) aprueban la "Ley General en materia de Humanidades", que elimina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que pasará a ser el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (#CONAHCYT), que contaría a las fuerzas armadas en su mesa directiva.

La llamada "Ley General en materia de Humanidades" fue presentada por la directora del #CONACYT, Elena Álvarez Buylla, con la intención de reivindicar "carácter humanístico de la política científica y tecnológica del país, a través de mecanismos que fortalezcan a las comunidades, el desarrollo de capacidades y la #soberanía nacional".

Luis

Paco Calderón
(2 de mayo de 2023).

Un ensoberbecido Andrés Manuel López Obrador, que desde el pasado fin de semana ha venido celebrando el festín de albazos legislativos hechos de madrugada por las bancadas de Morena y sus aliados, embistió nuevamente ayer en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque sabe que es sólo ahí donde se pueden revertir los evidentes excesos y violaciones al proceso legislativo que se dieron la semana pasada, primero en la Cámara de Diputados, y luego en el Senado de República.

Como era de esperarse, el presidente minimizó en su rueda de prensa mañanera las aprobaciones "fast-track" que hicieron las y los diputados de Morena, y sus aliados del PT, PES y Partido Verde, de un paquete de más de 2 decenas de iniciativas primero en San Lázaro la madrugada del miércoles, y en la cámara alta la madrugada del sábado en una sede alterna y echando mano de legisladores suplentes para alcanzar el quorum indispensable para poder sesionar.

Entre las minutas aprobadas al vapor está la que extingue al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado por el gobierno de la 4T para sustituir el Seguro Popular y que nunca sirvió para cumplir con la promesa presidencial de dar servicios de salud de 1er. mundo como en Dinamarca. Está también la que desaparece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Financiera Rural, entre otra decena más a las que ni siquiera se les dio lectura.

Todas estas omisiones y atropellos de las sumisas bancadas morenistas le parecieron a López Obrador pecata minuta, pese a haber actuado bajo la lógica de las aplanadoras priistas y panistas que tanto criticó como opositor.

Para eso "somos mayoría", espetó el presidente y el exabrupto contra la Corte vino cuando se le preguntó si no temía que las y los ministros que encabeza Norma Piña invalidaran todo este paquete de iniciativas que envió de última hora al poder legislativo, para que se aprobaran a toda prisa en el último día del periodo ordinario de sesiones.

"Hay mayoría simple: la mitad más 1 que es lo que se requiere para reformar una ley. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad?", respondió el presidente para luego rematar que "si van a convertir a la Corte ya por entero en la gran alcahueta del bloque conservador, ya también se verá, diría el corrido o ya el corrido lo dirá".

Lo cierto es que para detener esta escalada de autoritarismo que ha tomado el presidente y su partido, la Corte se ha convertido en el último reducto para defender los contrapesos y los incipientes avances democráticos en nuestra vida pública que hoy desde el poder se quieren echar por la borda.

Los propagandistas del gobierno actuaron con velocidad y fiereza. Tan pronto se anunció la venta del avión presidencial, trataron de posicionar la óptica de que López Obrador cumplía una promesa más de campaña, que se deshacía del símbolo de los lujos del pasado corrupto y que lograba una hazaña comercial.

Frente al cuestionamiento de que AMLO había rematado el avión -70% de descuento de un precio de referencia de 6,000 millones de pesos-, el presidente, la señorita de las mentiras de la mañanera, funcionarios de gobierno y partido, y todo el ejército de propagandistas difundió al unísono una idea: en realidad el avión costó 3,000 millones, no 6,000; por lo tanto, se vendió muy bien (en menos de 1,700 millones), considerando la depreciación.

Les salió el tiro por la culata, como muchas veces. Pronto aparecieron declaraciones y tuits del propio Andrés Manuel López Obrador desmintiendo a sus propios fieles: el avión presidencial mexicano, decía AMLO, había costado 7,500 millones de pesos. Lo expresó en Twitter el 29 de junio de 2014: "Si EPN no cancela la compra de su avión de 7,500 millones...". Lo dijo el 15 de diciembre de 2015: "No lo tiene ni Obama, cuesta 7,500 millones de pesos". Lo repitió en campaña el 15 de marzo de 2018: "Ese avión costó 7,500 millones de pesos". Lo refrendó ya como presidente el 17 de septiembre de 2019 y el 27 de julio de 2020.

O sea que, a juzgar por las cuentas que hace López Obrador, el avión no salió al 70% de descuento... ¡se remató al 80% de descuento!

El episodio del avión pinta de cuerpo entero al sexenio: el presidente tiene una ocurrencia, desdeña las voces expertas que le dicen que no funcionará, obliga a su implementación, tarda más tiempo y cuesta más dinero (que es de todos los mexicanos), y cuando lo logra, termina saliendo más caro el caldo que las albóndigas; pero en el camino, fue combustible para hablar, hablar, hablar y tratar de esculpir la realidad a punta de saliva.

Admirable: el mago sigue engañando al mismo público con el mismo truco.

SACIAMORBOS

El avión funcionó como lo que siempre ha sido: el distractor perfecto. La opacidad y las mentiras en torno a la salud del presidente abonaron en la misma dirección. Mientras todo mundo volteaba hacia otro lado, Morena volvió a mostrar su verdadera piel: es el viejo PRI. Le hace igualito. Lo acaban de demostrar sus senadores: aprobaron 20 leyes en unas horas. 10 minutos por ley. Sin debatirlas, brincándose procesos legislativos, instalando un "senado" en un patio con mesas y con sillas, pero sin oposición, votando hasta sin quórum, acatando ciegamente la voluntad del señor Presidente, construyendo un gobierno cada vez más autoritario, mayoriteando, y al final, sacando la lengua a sus rivales.

Y todo, mientras en Palacio Nacional, el único encuestado de la encuesta presidencial de Morena reúne a sus corcholatas para dejarles claro que en la sucesión, él toma la decisión y nadie patalea.

Una y otra vez el presidente de la república ha expresado su admiración por Benito Juárez. Tanto así, que equipara a su movimiento -soberbiamente autodenominado "4a. Transformación"– con los pasos del héroe nacional. Sin embargo, si Benito Juárez reviviese en estos tiempos no sentiría identificación alguna con López Obrador, porque sus políticas públicas son en extremo opuestas. Y un botón de muestra poco comentado, pero en extremo importante, es el papel que cada uno le dio a las fuerzas armadas en la vida pública nacional.

Cuando hablamos de los grandes rivales de Juárez, pensamos en 2: la Iglesia y los franceses. Sin embargo, hubo un 3er. enemigo: el ejército. El ejército mexicano de aquel entonces representaba un bastión de privilegios, como la Iglesia Católica. Se regía bajo sus propias reglas y gozaba de fuero, de la misma manera que la Iglesia se regía por el derecho canónico y resultaba intocable. Benito Juárez y la generación liberal se vieron en la necesidad de levantar sus propias fuerzas armadas para combatir a las ya establecidas, y las Leyes de Reforma tuvieron como propósito terminar con "el estado dentro del estado" que representaba el ejército.

Ningún demócrata aboga por el activo papel de las fuerzas armadas en la vida pública. Sin embargo, muchos autócratas lo hacen. Los casos extremos son los regímenes totalitarios comunistas y fascistas, donde los militares jugaron un papel fundamental en la vida del estado. Lo anterior lo podemos ver actualmente en países como Cuba, donde militares en activo son también servidores públicos, además de empresarios: alrededor del 60% de la economía cubana, y el 80% del sector turístico, lo controlan militares (fuente: Deutsche Welle). Algo muy parecido sucede también en Venezuela, Irán y Myanmar, todos regímenes autoritarios. No obstante, en las democracias liberales las fuerzas armadas tienen un estricto rol militar, dejando la política a los políticos y los negocios a los empresarios.

Si algo ha distinguido al lópezobradorismo es la militarización de la vida pública nacional. El pretexto es la disfuncionalidad burocrática, pero es solo eso, un pretexto, ya que muchos cuadros burocráticos profesionales están siendo despedidos, no se ha impulsado el Servicio Profesional de Carrera (SPC) y hay un importante proceso de destrucción institucional. La sesión paralela realizada por la bancada morenista en el Senado es prueba fiel de lo anterior: como bien comenta el analista político Ricardo Raphael, de las 20 iniciativas aprobadas al vapor, un tercio de ellas tuvieron como fin otorgarle a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) más voz en el gobierno: más empresas turísticas, más responsabilidades públicas, más control político.

La historia es clara: los estados primitivos autocráticos ponen a la milicia en el centro, mientras que los estados modernos democráticos los ponen en su lugar. López Obrador no es ningún Benito Juárez porque, mientras que el presidente les entrega mayor poder a los militares, el héroe nacional hizo actos heroicos para quitárselos.

Ante un amparo promovido por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y el Consejo Consultivo Inai, una jueza federal concedió una suspensión provisional para que el Senado apruebe el nombramiento de la 3a. vacante al interior del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Luego de que el 31 de marzo Francisco Acuña Llamas concluyó su cargo como comisionado y se dejó al Inai con 4 de 5 comisionados que se requieren por ley para realizar sesiones, una jueza federal determinó, a través de la suspensión, que la Junta de Coordinación Política del Senado cuenta con todos los elementos para remitir al pleno de la cámara alta el acuerdo "por virtud del cual se pueda votar el nombramiento del reemplazo".

El Consejo Nacional de Litigio Estratégico detalló que desde el 1 de abril, el Inai se ha vuelto un órgano inoperante.

"Con esta suspensión se reconoce la omisión del Senado de garantizar la debida integración de un órgano autónomo. Con esto, sumado a otra suspensión concedida en nuestro favor en febrero, hemos logrado el reconocimiento de la obligación del Senado de nombrar a los comisionados para llenar las 3 vacantes al interior del Inai", se puntualizó.

El poder envilece. El poder genera muchas transformaciones en las personas, las hace insensibles, déspotas, narcisistas, intransigentes. El poder corrompe y hace viles a las personas que lo ejercen cuando no existen contrapesos.

¿Dónde quedó el López Obrador de sus años de lucha, cuando denunciaba los abusos de poder, exigía el combate a la corrupción y velaba por los procedimientos democráticos? Los enemigos dirán que nunca fue ni honesto, ni demócrata, ni decente, que siempre fue un timador profesional, vividor de la política sin escrúpulos. Sus fans dirán que hizo lo que tiene que hacer un hombre de estado para asegurar la gran visión transformadora por el bien del pueblo. Tratemos de dejar por un momento y en lo posible las visiones profundamente polarizadas e ideologizadas para analizar sólo los eventos de la última semana: el caso Segalmex y la aprobación de las reformas en el Senado de la República.

El desfalco en Segalmex es el más grande robo documentado a una entidad del Estado; desaparecieron 15,000 millones de pesos, más que en la Estafa Maestra de Peña Nieto. Quizá encontremos casos de mayor envergadura en sexenios anteriores, pero no están documentados como sí lo estuvieron estos 2. 15,000 millones que debieron estar destinados a asegurar el derecho a la alimentación de los más pobres fueron desviados y apropiados por otros, sea que hayan acabado en las bolsas de algunos políticos o en campañas electorales. La reacción de López Obrador frente a este caso de corrupción no podía ser más vil: premió al director de la paraestatal y responsable del fraude, Ignacio Ovalle, con un puesto de ornato en la Secretaría de Gobernación, se aseguró que los operadores estén libres y mandó a una cárcel de alta seguridad, para asegurar su aislamiento, a la persona que desde dentro denunció el fraude, Óscar Navarro Gárate.

La aprobación de las reformas legislativas al mayoreo en el Senado de la República es un acto del más vulgar autoritarismo. La única voz que escucharon los senadores fue la del presidente, quien les dio línea y les leyó la cartilla unas horas antes de sesionar para pasar 18 leyes ya no digamos sin discutirlas, sin atender los reclamos de quienes tenían otros puntos de vista, sino sin haberlas siquiera leído previamente. Rebajar a los diputados y senadores a vulgares levanta dedos es un retroceso democrático de 50 años.

El poder envilece y los poderosos envilecen el ejercicio del poder. Son parte del mismo mecanismo. El presidente no quiere contrapesos, no quiere escuchar opiniones divergentes, ni siquiera quiere escuchar los abusos y corruptelas de su gobierno (quizá porque no sólo estaban autorizadas sino pensadas desde el mismo escritorio de Palacio). Nadie lo dude: estamos frente a un régimen cada día más autoritario y el único remedio histórico frente a estos excesos es la movilización social.

Lo que ocurrió la madrugada del sábado en el Senado fue un viaje al pasado y una ominosa advertencia de lo que podría ser el futuro.

Sólo estuvieron presentes los senadores de Morena y sus aliados.

Fue una sesión en la que se aprobaron 20 reformas, algunas de ellas constitucionales.

Se aprobó una cada 10 minutos, sin discusión y al menos en un par de casos, con una abierta falta de quorum... que no importó, por lo que ahora la oposición llevará su reclamo a la Corte.

Los senadores morenistas y sus aliados, así como las "4 corcholatas" de Morena, habían sido convocados previamente por el presidente López Obrador a Palacio Nacional.

De ese encuentro surgieron 2 instrucciones: aprobar los temas pendientes y evitar las divisiones de Morena en el proceso de sucesión presidencial.

Lo que ocurrió el sábado en la madrugada quizás sea la más clara expresión del viaje al pasado, de un retroceso democrático, como no se ha visto en México en muchos años.

La otra expresión de este cambio, fue el papel del presidente de la república.

El poder de Andrés Manuel López Obrador quedó de manifiesto.

Cuando percibía una división entre sus huestes, llamó a todos a cuentas a Palacio Nacional y entre sonrisas y anécdotas, les leyó la cartilla.

Dejó perfectamente claro: "El que manda soy yo".

Si alguien no está de acuerdo eso, pues más vale que vaya preparando su salida del movimiento.

El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó su reaparición en la rueda de prensa mañanera para dejar claro que al igual que intentaron sepultar al Instituto Nacional Electoral (INE), ahora todas las baterías estarán enfocadas a destruir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

La animadversión del presidente contra todo lo que huela a contrapesos, como lo son los Organismos Constitucionales Autónomos (OCAs), la expresó desde inicios de su sexenio, pero siempre dejó patente que luego de la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), que prometió a sus aliados electorales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), lo que seguía era ir por el INE y el INAI.

Además de los continuos descalificativos desde el púlpito presidencial al trabajo del organismo garante de hacer valer el acceso a la información pública, hubo una clara estrategia de congelarlo al ordenar a las bancadas legislativas de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y Senadores no renovar a los comisionados que iban terminando sus periodos.

De hecho, el INAI quedó paralizado, en fase de inoperancia desde el 1o. de abril que el comisionado Rafael Javier Acuña Llamas concluyó su periodo, y dejó sin quorum el pleno, que como mínimo debe reunir a 5 comisionados.

Pero el embate había iniciado más de un año antes, cuando terminó el periodo de otros 2 comisionados, y luego de una lenta definición en el Senado para elegir a sus sucesores, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió vetarlos bajo el argumento de que eran producto del reparto de cuotas entre panistas y morenistas.

Por lo ocurrido el jueves y viernes en el Senado, es claro que ese veto fue sólo una coartada y la confirmación de la instrucción presidencial que tienen las y los senadores morenistas y sus aliados, de no elegir a los comisionados faltantes como se los comunicó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en una sesión privada, que algún senador morenista simpatizante de otra "corcholata", grabó y filtró para exhibirlo.

El jueves, la mayoría morenista hizo quedar muy mal a su aún líder parlamentario Ricardo Monreal, quien había prometido a las y los senadores opositores que ya tenía un acuerdo con su bancada para aprobar al menos a un comisionado, pero a la hora de la votación, el único que votó a favor fue el ex gobernador zacatecano, por lo que la oposición tomó la sala de plenos de la cámara alta.

Al día siguiente, en su reaparición en la mañanera, López Obrador insistió en que el INAI debe desaparecer, mientras que más tarde un debilitado Monreal reconoció que ya había agotado sus posibilidades y que "el tema del INAI es intransitable" porque su grupo parlamentario ya había decidido.

Lo dicho, si en estos organismos se ha incurrido en excesos, sin duda se tienen que sancionar y corregir, pero no se puede hacer una descalificación total de su trabajo para eliminar la supervisión de esas nuevas aduanas que hacen escrutinio del ejercicio y resultados de la administración pública, al que la 4T no se quiere someter y sí retroceder a las épocas de opacidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe frenar, al igual que lo hizo en el caso del INE, este exceso y desde la sociedad civil es momento de defender al INAI, con la misma energía que con el órgano electoral.

El Instituto Nacional de Transparencia (Inai) afirmó que la omisión del Senado de la República para nombrar a un consejero provoca que se vulnere la garantía plena del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, en detrimento de la población mexicana.

"El organismo garante nacional carece del quorum mínimo de 5 comisionados, que exige la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que su pleno pueda sesionar", indicaron los comisionados a través de un comunicado.

Tal situación, afirmaron, implica que la sociedad no pueda defenderse cuando sean afectados sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, debido a que, si bien sus quejas siguen siendo recibidas por el Inai, no pueden ser resueltas, "lo que transgrede ambos derechos humanos garantizados por la Constitución".

"El organismo garante nacional desplegará y hará valer todas las herramientas jurídicas a su alcance para lograr que, a la brevedad posible, se reestablezca el ejercicio pleno de los derechos que tutela", puntualizaron.

La comisionada presidente del Instituto de Transparencia, Blanca Lilia Ibarra, recordó que ayer se cumplió un mes sin que el pleno de dicho órgano pueda sesionar.

Ibarra resaltó que desde el pasado 1 de abril suman más de 3,000 recursos de revisión interpuestos por la ciudadanía que no podrán atenderse por falta de quorum.

"Tenemos más de 3,000 recursos en sustanciación, de los cuales más de 800 están listos para ser votados, con lo que se vulnera el ejercicio pleno de los derechos que tutelamos", acentuó.

21 razones de Morena para matar la transparencia y al INAI:

1. SEGALMEX: 15,000 millones de pesos robados.
2. Dos Bocas: 200,000 millones de pesos de sobrecosto.
3. Tren Maya: 180,000 millones de pesos de sobrecostos.
4. Casa gris de José Ramón López Beltrán.
5. 365 millones en contratos de PEMEX a Felipa Guadalupe Obrador: prima de AMLO.
6. 200 millones: desfalco señalado a Concepción Falcón Montejo, cuñada de AMLO, en Macuspana.
7. 800 millones de pesos: fortuna de Manuel Bartlett: en 25 mansiones y 13 empresas no declaradas.
8. 850 millones de pesos adjudicados a empresas de Carlos Lomelí, delegado de Bienestar en Jalisco, para venta de de insumos farmacéuticos.
9. 93 millones de pesos destinó el IMSS en compra exprés para ventiladores a empresa sancionada.
10. 57 millones se picó Ana Gabriela Guevara en CONADE.
11. 79 millones de pesos triangulados a Morena en 2017 vía fraude del fideicomiso "Por los Demás".
12. 40 millones de pesos: patrimonio de Santiago Nieto acumulado en su paso por la UIF.
13. 31 millones de pesos adjudica el IMSS a empresa de León Manuel Bartlett Jr.
14. 20 millones pagó Delfina Gómez a 2 empresas fantasma.
15. 14 millones: Delfina Gómez les impone diezmo a trabajadores de Texcoco.
16. Pío López grabado agarrando lana de David León Romero.
17. 1.5 millones depositados en operación hormiga, ilegal, a Morena por parte de Alejandro Esquer.
18. 33 millones dió Layda Sansores en Álvaro Obregón a a empresas fantasma, integrantes de la lista negra del SAT.
19. 1.5 millones reciben Rocío Abreu (senadora) y Raúl Pozos (secretario de Educación) en efectivo en Campeche. Ella dice que es práctica común.
20. Martín López Obrador y David León pactan entrega de 150,000 pesos en efectivo en video.
21. 6 millones: valor de terreno que le regalaron a Irma Eréndira Sandoval.

Hay mucho más.

Agrégenle a ver qué tanto recapitulamos.

Sin transparencia hay corrupción.

Paco Calderón
(30 de abril de 2023).

Sin leer las iniciativas, sin discusión y violando el proceso legislativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió su autoritarismo para anular la división de poderes y convirtió a sus senadores en lacayos descarados que sólo saben cumplir sus órdenes, pisoteando así al congreso, denunció el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

En un comunicado, condenó que una vez más, el mandatario mostró su desprecio profundo a la Constitución, al relegar al poder legislativo y ordenar aprobar con una mayoría simple y de manera exprés reformas que necesitaban el aval de todas las fuerzas políticas y sobre todo el conocimiento de la sociedad.

"Una característica de los regímenes autoritarios es reformar las leyes al gusto del dictador, incluso pasando por encima de la Constitución, como se hace en este gobierno. López Obrador quiere un México sin transparencia, sin división de poderes ni rendición de cuentas y muestra un apetito exacerbado de acabar con quien se atreve a pensar distinto; vivimos una regresión democrática", lamentó el panista.

Destacó que Acción Nacional a través de sus grupos parlamentarios impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el "desaseado" proceso legislativo mediante el cual "la mayoría bruta" aprobó leyes de manera ilegal.

Marko Cortés aseguró que la desaparición de la Financiera Rural y del INSABI tienen por objeto encubrir la corrupción de la cúpula y fomentar la corrupción como herramienta política para sostener el gobierno. "Anular las funciones del INAI indica que los ataques a la corrupción son simple propaganda política mientras la cúpula del gobierno roba a manos llenas", remarcó.

Por todo este atropello del gobierno y de Morena, el líder de Acción Nacional expresó que la sociedad debe jugar un papel más activo para frenar la destrucción que provoca el gobierno de López Obrador. "Reconstruir el país, volver al Estado de Derecho y cambiar el rumbo son tareas urgentes".

"Las tareas por venir son de proporciones gigantescas y yo exhorto a la ciudadanía a mantenerse atenta y activa. Solamente la sociedad y partidos opositores podemos construir un nuevo sistema político. Nadie quiere volver a lo que había en 2018, pero tampoco podemos seguir por la ruta de la destrucción, la propaganda y la mentira como forma de gobierno, y la confrontación y la polarización como signos de vida".

Cortés Mendoza consideró que "lamentablemente los días por venir serán más negros. El gobierno gasta más de lo que obtiene, tira el dinero en obras sin beneficio social o económico, deteriora la calidad de la educación básica y destruye el sistema de salud", por lo que hizo un llamado a la sociedad para que en las elecciones de 2024 haga un cambio en México.

¿Puede Morena subsistir sin Andrés Manuel López Obrador? La respuesta es ¡no! ¿Puede México funcionar sin él? ¡Sí!, y quizás mejor.

Este par de conclusiones resultaron del ejercicio en que los mexicanos participamos involuntariamente en días pasados tras haber sido integrados ya sea como parte de una farsa, una prueba, una estrategia o incluso una situación no planeada, durante las 72 horas en que el país permaneció sin un presidente, sin un jefe de estado al frente de la nación.

Si fue planeado, cualquier cosa que haya pretendido lograr el presidente de la república con lo armado u ocurrido le salió mal.

Y si realmente se trató de un un suceso accidental relativo a su quebranto súbito de salud, no resultó mejor.

En esas 72 horas de ausencia se registraron un cúmulo de fallas por parte de los integrantes del gabinete presidencial que, dadas las condiciones precarias de salud del mandatario tabasqueño no debieran ya ocurrir. Y no es que se le desee algún mal al titular del poder ejecutivo, pero existen protocolos que se deben seguir al pie de la letra, sobre todo basándonos en que de acuerdo con medios de comunicación y documentos filtrados tras el hackeo de que fue víctima la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), López Obrador tiene una condición muy frágil de salud que en cualquier momento puede colapsar, como también ya ha sucedido.

Dichos protocolos no se siguieron. Tuvimos un país desconectado por minutos, horas, días, no sabemos y tampoco sabemos quién estuvo durante esas horas al frente del país -en que incluso se firmaron documentos con los que se promulgaron algunos decretos-, dado que contrario a exhibir acciones coordinadas entre las diversas secretarías, prevaleció el desorden, la falta de comunicación, los errores al comunicar, y acciones verdaderamente grotescas de quienes optaron por ir en contra de los medios de comunicación.

La ausencia del primer mandatario vino a ratificar que las comunicaciones oficiales gozan de muy poca o nula credibilidad para la población en general que desde el primer momento dudó de los dichos tanto del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como del secretario de Salud, Jorge Alcocer, siendo que ambos declararon que el padecimiento era una infección por SARS COVID-19 y nada estaba relacionado con un problema cardiovascular. De hecho, Adán Augusto negó que López hubiese sufrido un desvanecimiento; mientras Alcocer se esmeraba en afirmar que el tratamiento que estaba siguiendo AMLO era a base de paracetamol y consumo de líquidos, siendo que es de todos conocido que se le brinda atención de primera y le suministran medicamentos que en su momento se le negaron y se le siguen negando al resto de la población, como es el Remdesivir con el que se le ha tratado en al menos una de las otras 2 ocasiones en que dio positivo al virus.

Como ya mencionaba, testigos confiables que afirmaron haber visto el desvanecimiento del mandatario contradijeron lo informado por el jefe de Comunicación Social de Palacio Nacional, Jesús Ramírez Cuevas, quien en entrevista para un medio de comunicación negó categóricamente lo ocurrido al presidente, asegurando que continuaba la gira cuando en ese mismo instante el tabasqueño ya viajaba en una ambulancia aérea de regreso de Yucatán a la Ciudad de México para ser atendido de emergencia.

Ramírez, quien evidenció su falta de capacidad para resolver, su nulo entendimiento para actuar en situación de crisis, y que no es una persona confiable, no volvió a hacer comentario alguno en relación a la salud del presidente.

El asunto es que después de 72 muy largas horas de ausencia física en medios de comunicación y redes sociales, Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video para acallar rumores que versaban sobre un estado grave de salud e incluso su muerte. AMLO confirmó que estaba contaminado por COVID-19, y en una grabación de más de 18 minutos, ratificó lo que ya muchos daban por cierto: que sufrió un "vaguido", que se trató de un "desmayo transitorio", y que fue trasladado de emergencia a la capital del país en una ambulancia aérea, dejando como tremendos mentirosos a su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a su secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Sin embargo, sigue sin quedar claro qué es lo que realmente se pretendió ocultar y cuál fue el objetivo, porque, haya o no sido un infarto, un accidente cardiovascular, un ictus, una embolia, una falla renal o de cualquier tipo, es decir, de algún órgano que produzca desvanecimiento, desmayo, lo cierto es que si se trató de una burda farsa para cubrir todo lo que se hizo durante su ausencia en materia legislativa y de gobierno en daño a México, falló.

Voluntaria o involuntariamente AMLO pudo constatar:

Que los vacíos informativos las redes sociales y la población en general los llenan con especulaciones.

Que la ciudadanía no confía en él ni en la gente de su gabinete.

Que no hay entre sus más cercanos un rostro amable o al menos carismático que pueda llenar por sí mismo 3 horas de mañaneras.

Que él es su propia fuente de generación de información.

Que no se observa entre la 4a. Transformación un perfil que pueda llenar sus zapatos.

Que no son pocas las personas que, a través de sus comentarios muestran animadversión hacia su figura, y genera muchas más antipatías que cuando ganó la elección.

Que no llegaron o fueron pocos los mensajes de mandatarios de otras naciones deseándole pronta recuperación.

Y que tan mal le fue con eso de recibir buenos deseos de recuperación que su gente tuvo que recurrir a beisbolistas famosos para que le grabaran videos deseándole toda clase de parabienes.

Pero primigeniamente se dio cuenta que el país no se detuvo sin él.

Y quizá lo que más debió preocuparlo es que en su ausencia también quedó de manifiesto que en un remoto caso en que por cuestiones de salud o de su avanzada senilidad ya no estuviese en condiciones de mantenerse al frente de Morena, ese partido no tendría quien tomara las riendas del partido; carecería de un verdadero líder; no tendría quien tomara las decisiones, y las pugnas internas acabarían por enterrar al partido.

A ciencia cierta a nadie le consta qué fue lo que realmente ocurrió al presidente, lo único que nos quedó bastante claro a todos los mexicanos y seguramente al propio presidente después de todo, es que el Partido Morena sin él no sobrevivirá, y que México estaría mejor sin él.

Los mexicanos hemos padecido durante años la corrupción en los sistemas de compras públicas, en los 3 niveles de gobierno. El candidato López Obrador hizo suyas las críticas y aprovechó el enojo por algunos escándalos como la Estafa Maestra. Prometió cambios a fondo para erradicar la corrupción. No prometió eficiencia, porque esa palabra tan neoliberal no está en su diccionario, pero era tan consistente en sus críticas a los arreglos en lo oscurito que casi todos supusimos que también estaba ofreciendo máxima transparencia.

No consiguió erradicar la corrupción ni incrementar la transparencia, quizá ni siquiera lo intentó. Podemos dudar de las versiones que afirman que del cobro de comisiones desde el gobierno, pero el hecho es que se incrementaron las compras por asignación directa, sin concursos ni licitaciones. Ahora son más de 40% del total, en promedio. Hay dependencias como los Laboratorios de Biológicos y Reactivos, Birmex, que hacen 90% de sus compras por adjudicación directa.

Un caso emblemático de expectativas en colisión con la realidad es el Instituto de Salud para el Bienestar. Su ineficacia resultó poliédrica, porque tenía muchas caras. Un aspecto que no debemos perder de vista es que realizaba 75% de sus compras por adjudicación directa, según un trabajo del IMCO, dedicado a los riesgos de corrupción. Más de 12,000 millones de pesos anuales se asignaron sin concurso o licitación. ¿Qué parte de esas compras formaba parte de procesos viciados o corruptos? Quizá nunca lo sabremos, porque la desaparición del INSABI complicará la revisión de sus cuentas. Lo único que es irrefutable es que la asignación directa de los contratos está correlacionada con un pésimo funcionamiento del Insabi.

En el diluvio de cambios que el poder legislativo está aprobando al vapor tenemos una reforma al sistema de compras en la que se transfiere el control de casi todas las compras del gobierno federal desde la Secretaría de Hacienda hasta la Secretaría de la Función Pública. ¿Cuál es el problema?, se preguntarán ustedes. La SFP tiene también la función de supervisar las compras que hace el gobierno. A ella le tocará autoevaluarse. Como a todos nos consta, eso no funciona ni en las escuelas Montessori.

¿Qué pretende el gobierno con los cambios en las compras? La exposición de motivos de la iniciativa está llena de frases rimbombantes, pero es tacaña en lo que se refiere a explicaciones concretas de por qué hacer un cambio que quita "el control" de las compras a la Secretaría de Hacienda para otorgarla a la Función Pública. ¿Se trata de debilitar a una secretaría que fue una vicepresidencia en el periodo neoliberal?

La centralización de las compras en la SFP abarca casi todo el gobierno, pero deja fuera a las fuerzas armadas. No sabemos sí esa era la intención, pero refuerza la idea de que la Marina y el Ejército funcionan como un estado dentro del estado. Según datos del IMCO, en un informe presentado en 2021, la Secretaría de Marina realizó su proveeduría sin licitaciones abiertas. El 75% es adjudicación directa y el resto con invitaciones restringidas para proveedores.

¿Funcionará el intento de convertir a la SFP en una supersecretaría? La exposición de motivos no habla de dotar de más recursos presupuestales a la Función Pública. El contexto de presión contra el INAI y el Sistema Nacional Anticorrupción nos da derecho a temer por el futuro de la transparencia en las compras públicas. Llama la atención de la propuesta que esta no expresa metas cuantificables de los objetivos del cambio, quizá porque eso les parece el culmen de la argumentación tecnocrática. Por supuesto que los diputados que aprobaron la iniciativa ni siquiera se molestaron en debatir sobre el problema de que la SFP vivirá su curva de aprendizaje en materia de compras a partir del 2o. semestre del 5o. año de gobierno.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, reiteró en su momento que el bloque de contención "ha tomado el acuerdo con las acciones que emprendimos desde el día de ayer".

En rueda de prensa, el legislador de Movimiento Ciudadano dijo que son lamentables las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de instruir a los senadores de Morena a desaparecer sin titubeos al Inai.

"Los retos que acaba de lanzar el presidente de la república son verdaderamente infantiles, dignos de un porro, no del jefe del estado mexicano, el jefe del estado mexicano convocando a la confrontación y a la resistencia", refirió.

Julen Remetería, coordinador del PAN, indicó que hubo un rompimiento de acuerdos por parte de la mayoría de Morena y hay pérdida de confianza en Ricardo Monreal por incumplir este jueves nombrar a un comisionado del Inai.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, recordó que para sesionar en un recinto alterno, como planteó Morena, se requería de una consulta previa y autorización de la Junta de Coordinación Política, situación que no sucedió.

Mario Zamora, senador del PRI, acusó que la mayoría de la gente está cansada de "legisladores que sólo atienden a una voz".

El senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, acusó al presidente López Obrador de ser el autor intelectual de toda esta presión para que el poder legislativo se doblegue y procese fast track, negándose asimismo reformas de 18 leyes que afectarán a distintos grupos y actividades económicas, como a los científicos, investigadores, como a los campesinos con Financiera Rural, como a los mineros.

En preparación para un aterrizaje que se anticipa complicado, el gobierno de López Obrador no quiere dejar resquicio alguno por donde pueda salir información de los errores, abusos y excesos cometidos durante su administración y está cerrando todo camino a la transparencia y el acceso a la información pública. Lo hace porque puede, sin duda, y lo hace porque como hombre de poder cree más en su causa, en su papel histórico, que en los derechos ciudadanos. No les bastó con dejar inoperante al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), sino que impidieron burdamente el nombramiento de un consejero para que el instituto pudiera funcionar. No contentos con ello, preparan una ley para desaparecer al INAI y aprobaron ya en la Cámara de Diputados una ley para que sea la Secretaría de la Función Pública la que concentre las compras, algo tan absurdo como poner al árbitro a tirar el penal para asegurar que no marque ninguna falta en la ejecución.

La regresión democrática en materia de información pública y compras de gobierno no es menor. Se trata de medidas de cierre de información que nos regresan a los años 80, a las épocas del control político de un solo partido y la más absoluta arbitrariedad gubernamental. En el mundo ideal de la 4T, como lo llamó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López (aunque él dice que no dijo lo que se escucha que dijo), el gobierno gasta, se auto vigila, se auto regula y los ciudadanos no tenemos derecho a saber de manera directa qué está pasando con nuestro dinero. En el mundo ideal, dejar inoperante al INAI o incluso proponer su desaparición, como lo hizo el senador Alejandro Armenta, no tiene más objetivo que controlar la información de cara el proceso electoral.

El famoso ahorro de los mil millones con la desaparición del INAI es solo una excusa, bastante mala, por cierto, para la opacidad, pues tan solo de Segalmex hay 15,000 millones desfalcados. Si nos enteramos de ese desfalco no fue por la gran acción de la Secretaría de la Función Pública, mucho menos por el "ejercicio de transparencia" de las mañaneras, fue por trabajos periodísticos basados en documentos obtenidos por los mecanismos de acceso a la información pública.

Una buena parte de la corrupción gubernamental de este gobierno, como de los anteriores, se va a la operación político electoral. Si Morena está cerrando los caminos a la información es porque sabe muy bien que los programas sociales no sólo han sido mal operados, sino que mucho de ese dinero que debería servir para sacar de la pobreza a los más necesitados ha terminado en campañas y precampañas. Para López Obrador lo único importante es asegurar que su partido se mantenga en el poder. Para ello hay que destruir la escalera, las instituciones que le permitieron a él llegar a la Presidencia.

La ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de la arena pública por más de 3 días debido a razones de salud, tuvo una externalidad: ¿cómo actuaron y se comportaron quienes aspiran a sucederlo? A quien le regalaron el escenario, le quedó grande. El aspirante más lejano de las querencias profundas del presidente, sorprendió. Y la preferida no pudo nadar sola.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha sufrido con la intervención de la primera no dama, Beatriz Gutiérrez Müller, en asuntos de política exterior, como con la carta al rey de España exigiendo disculpas por la Conquista y nombramientos en embajadas que no pasaron por él para su opinión. Pero ante las embestidas, Ebrard ha sido resiliente pensando en la candidatura presidencial, y con la certeza moderada de que López Obrador le pagará con la candidatura la que él le cedió en 2012 y el trabajo realizado en la cancillería.

El hándicap que tiene Ebrard en la carrera presidencial es que no pertenece al círculo interno de López Obrador, como sí forman parte Sheinbaum y el otro López. Esta falta de pertenencia la arrastra hace tiempo. En ese grupo lo consideran un traidor por las resistencias que presentó cuando disputó con López Obrador la candidatura presidencial, y porque están convencidos de que de llegar a la Presidencia, haría modificaciones al proyecto lópezobradorista. Ebrard sí lo hará pero no lo ha ocultado. Desde otoño del año pasado ha ido colocando su oferta de "continuidad con cambio", que el sector duro en torno al presidente y en Morena ha criticado fuertemente.

Continuidad con cambio es lo que de manera menos conspicua han ofrecido informalmente Sheinbaum y el otro López a los grupos de interés económico, con quienes se han reunido discretamente o enviado mensajes para subrayar que la forma como López Obrador gestiona la Presidencia cambiará de tono e intensidad.

Sin embargo, en el ánimo de esos grupos se mantiene la inclinación hacia Ebrard, a quien consideran comparativamente como una figura más atractiva para los inversionistas y con quien podría haber un mejor diálogo, menos ideologizado y más pragmático. Sheinbaum está en las antípodas de Ebrard, mientras que el otro López es visto como un candidato atractivo pero por las peores razones: creen que pueden tener componendas con él al estilo del viejo régimen.

Pero nadie importa en esta carrera, salvo el convaleciente, que decidirá a quién quiere como sucesor.

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a los senadores de Morena que no titubeen y desaparezca el Inai y sus funciones las asuma la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

"No titubeen, se trata de defender los bienes del pueblo. Que reformen esa institución, mejor dicho, que la desaparezcan, y que esa función se la encarguen a la Auditoría Superior de la Federación y que se ahorren mil millones de pesos".

En conferencia de prensa, López Obrador pidió que se pongan de acuerdo para que esa institución pase a formar parte de la ASF, "que sigan solicitando información, pero que no simulen, porque todos los comisionados fueron propuestos por los líderes de los partidos", declaró.

El mandatario criticó que los comisionados del Instituto gozan de elevados sueldos; asimismo, dijo que en las pasadas administraciones no vieron la corrupción porque eran alcahuetes.

Son 3 las grandes acciones simbólicas del presidente que han perdido su fuerza por el fracaso en la gestión: el nuevo aeropuerto, la venta del avión presidencial y el sistema de salud.

Las 3 decisiones fueron manotazos del presidente al pasado. Cancelar el aeropuerto fue un mensaje de la separación entre el poder público y el económico. Poner en venta el avión significó declararle la guerra a la presidencia imperial. Destruir el Seguro Popular fue un mensaje contra la tecnocracia y la subrogación de servicios del Estado a particulares para poner la mirada en los mejores sistemas de salud universalizada del mundo (con Dinamarca como referente). Los 3 símbolos, potentes en sí mismos, quedaron vacíos por la incapacidad para operar.

Cancelar el aeropuerto de Texcoco fue una decisión polémica: mandarlo a la base aérea de Santa Lucía e inaugurarlo antes de que tuviera accesos carreteros fue una pésima decisión. Mes a mes el símbolo del aeropuerto Felipe Ángeles pierde fuerza y la gran obra pasó a ser el gran fracaso de la gestión gubernamental.

La venta del avión presidencial sufrió el mismo proceso. Haber elevado la aeronave a calidad de símbolo hizo que el significado, magnificado por el propio presidente, se revirtiera. Pasamos del avión que "no lo tienen ni Obama" al avión que no lo quiere nadie ni a mitad de precio. Que el enorme y lujoso Boeing haya terminado malbaratado a una república desconocida de Asia central para uso y disfrute de un dictador desinfló la fuerza simbólica del avión. El símbolo de la austeridad se convirtió en el de la ineficiencia.

El caso del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es aún más grave. El parto de los montes de la 4a. Transformación fue este Instituto que nació matando de un tajo al Seguro Popular, una institución con muchos defectos, pero que daba servicio a 53 millones de mexicanos. La única virtud que pudo presumir el Insabi fue haber matado a su antecesor, pero nunca tuvo estructura, planeación ni mucho menos capacidad para atender a la población a la que debía servir. El que el propio gobierno morenista lo haya matado a 3 años y meses de existencia convirtió al símbolo de la transformación en el de la claudicación.

En política los símbolos cohesionan y amplían los horizontes. Cuando se revierten, hieren y a veces matan.

Entre todo el festín de albazos legislativos de madrugada que se dieron sin pudor alguno las y los diputados federales de Morena y sus legisladores aliados del PES, PT y Partido Verde en la sesión que inició el martes y terminó al medio día de ayer en la Cámara de Diputados, sin duda la minuta que más preocupa es la que extingue al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), esta creación del gobierno de la autollamada 4a. transformación con la que el presidente quería cumplir su promesa de dar servicios de salud de primer mundo. Como en Dinamarca, decía.

Esta iniciativa presidencial, junto con la que desaparece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se da la concesión del Tren Maya al Ejército, la que extingue a la Financiera Rural, y la que le da también a la Secretaría de la Defensa Nacional el control total del espacio aéreo, y 7 iniciativas más, se aprobaron nuevamente en fast-track, en procesos legislativos desaseados y apresurados en el último día del periodo ordinario de sesiones.

Nuevamente, esta aplanadora de la 4T nos hizo recordar los tiempos autoritarios y antidemocráticos de las más rancias eras priistas, a las que perteneció en su momento el hoy presidente, y que vuelve a dinamitar también sus narrativas de cambio, de "no ser iguales".

A reserva de lo que digan las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a las impugnaciones que harán los partidos opositores por que en esta maratónica jornada la mayoría morenista y sus aliados se saltaron trámites legislativos sin justificación en estas iniciativas que deberán pasar al Senado para su análisis y aprobación, también en las últimas horas de periodo ordinario de sesiones, la desaparición del Insabi, es, por donde se le vea, un gran fracaso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Es el más claro ejemplo de que lo que empieza mal, termina mal. Desde su arranque el 1o.de enero del 2019, se vieron las improvisaciones, la desinformación y el caos con el que inició operaciones este fallido sistema de salud.

Aunque sin duda el Seguro Popular estuvo lejos de lograr el acceso universal a los servicios de salud que se fijó como objetivo, y no estuvo exento de graves casos de corrupción, a juicio de todos los ex secretarios de Salud que manejaron ese programa, su desaparición fue un error, y más bien tuvieron que hacerse los ajustes para desterrar sus vicios y mejorar su operación.

Pero lo más grave es que, según la iniciativa, ahora todos los servicios de salud van a recaer en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en una especie de apéndice que llamarán IMSS-Bienestar.

Además de que el IMSS está ya colapsado con sus derechohabientes, habrá que ver cómo atienden ahora a los que no lo son y qué dicen los patrones y trabajadores, que junto con el gobierno sostienen a la más antigua institución de salud en México.

Preocupante andar de ocurrencia en ocurrencia, sin debate de por medio, en los temas que tienen que ver con la salud de los mexicanos.

Adán Augusto López se está volviendo un amlito. Así, chiquito. Rabioso, mentirosillo, bravucón, irritable... pero chiquito. No tiene el empaque político ni la legitimidad del presidente López Obrador. Lo del secretario de Gobernación en las mañaneras es un espectáculo medio penoso que ya había ensayado sin éxito su rival en la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum: ella fue la primera que experimentó con eso de despojarse de su personalidad para asumir el papel de mala copia del presidente.

Adán Augusto López entró al gobierno federal con las credenciales de ser un puente entre los exabruptos de su jefe y la realidad mexicana, un operador moderado, una voz tolerante y serena, un interlocutor confiable y sin agenda propia. De eso queda poquísimo. Igual que Claudia Sheinbaum, que arrancó su administración presentándose como una izquierdista moderada, científica, capaz de marcar distancia de las locuras de Palacio en temas tan importantes como el manejo de la pandemia. Cuando Morena perdió la Ciudad de México en 2021, Sheinbaum cambió de disfraz, desdibujó su perfil y optó por ser la versión chafa de su jefe.

Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum han de calcular que así elogian al presidente López Obrador. Que así van a ganar el dedazo para el 2024. A lo mejor tienen razón y llegarán a la conclusión de que vale la pena el ridículo.

En las 2 mañaneras que lleva Adán Augusto López, a consecuencia del padecimiento médico del presidente López Obrador, hemos visto a un secretario que, despojado de cualquier gracia natural, apuesta por el manotazo, el buscapleitismo, la repetición de frases ajenas y -sello del atril donde es suplente- las mentiras. Nada más ayer insultó a la Corte, desacreditó al INAI, despreció a los medios, se hizo guaje con los señalamientos de vínculos de su equipo con el narco. Repitió la fórmula, pues.

Dijo sobre el audio que revelé en esta columna de una reunión privada que tuvo con sus senadores: "La verdad yo no me ocupo de escuchar esas cosas, pero quienes la han escuchado y por lo que me han comentado, pues entiendo que hay evidentemente una edición, y se falseó o distorsionó el contenido de una conversación privada que yo tuve con los senadores". O sea que no lo ha escuchado, pero está editado. Bueno, hasta López Obrador cuando le preguntaron hace unos días del audio de esa reunión fue más sincero y lo validó: "Yo siempre he sostenido lo mismo". El secretario sabe que miente. Sabe que el audio es real. Que no está editado. Que no está falseado ni distorsionado. Sabe que es la fiel grabación de la línea que fue a tirar a sus senadores, cuando se disponían a nombrar comisionados del INAI para que no quedara inoperante: el "mundo ideal" del presidente es que no funcione el instituto de transparencia. El gobierno entero ha operado en esa dirección: el presidente, su ministra en la Corte, el secretario de Gobernación, su bancada en el Senado.

A este ritmo, 2 mañaneras más y ya va a decir que es el secretario de Gobernación más popular del mundo.

En menos de una semana, estudiantes realizaron 2 manifestaciones en Ciudad Universitaria que fueron detonadas por la falta de pago de las becas "Elisa Acuña", creadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020 y deshidratadas por su mismo gobierno en perjuicio de decenas de miles de los jóvenes más necesitados de apoyos, que lo que más apreciaban eran los 40 pesos al día para comer. Estas becas son el último ejemplo de la hipocresía del gobierno, donde la frase "primero los pobres" esconde el golpeteo a ese segmento de la sociedad, a la que se le regatea y arañan los recursos que por ley debían recibir, para poder seguir inyectando recursos al barril sin fondo que es la refinería de Dos Bocas.

Las becas son parte de los Programas de Becas para Estudiantes de Educación Superior, que maneja Abraham Vázquez Piceno, cercano a Daniel Asaf Manjarrez, jefe de la Ayudantía de López Obrador, que a su vez está fuertemente ligado al hijo del presidente, Andrés, y a quien la Secretaría de la Defensa Nacional investigó por presuntos actos de corrupción, que nunca llegó a nada, como sucede con todo el entorno presidencial en estos casos.

Vázquez Piceno fue uno de los coordinadores de campaña presidencial en la Ciudad de México en 2018, y comenzó a trabajar en el gobierno como uno de los que abrían el paso para que la camioneta de López Obrador pudiera avanzar en las giras. Fue nombrado el 11 de junio de 2021 coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, cuyo presupuesto anual es de alrededor de 2,500 millones de pesos. Era importante que la operación para seguir desviando dinero a los megaproyectos presidenciales fuera administrada por un incondicional y pieza desechable si en algún momento le llegaran a fincar responsabilidades por el ejercicio indebido del servicio público.

El programa de becas para estudiantes de educación superior comenzó a ser descapitalizado deliberadamente para devolver el presupuesto a la Secretaría de Hacienda y que esta lo inyectara en lo que necesitara, que fundamentalmente es en la refinería de Dos Bocas, donde pese a que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, le ha dicho al presidente que la obra se traga todo el dinero, López Obrador le ha ordenado que siga metiéndole recursos, obtenidos de donde se pudiera. Las becas resultaron presa fácil.

Tan pronto llegó Vázquez Piceno, la deshidratación comenzó. En 2022, su 1er. año completo al frente de los programas, la tendencia ascendente de las becas se interrumpió. Hacienda le quitó 2,473 millones de pesos a las "Elisa Acuña" y al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, mientras Vázquez Piceno, en lugar de pelear los recursos, ocultó lo sucedido, afectando a casi 300,000 estudiantes de la UNAM, el Politécnico, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y otras instituciones públicas de educación pública.

Para el año fiscal 2021-2022 la reducción presupuestal fue 58%, de 4,333 millones a 1,927 millones de pesos, que afectó a 171,000 estudiantes que tenían las "Elisa Acuña", dejando a más de 8,000, la mayoría mujeres, sin dinero para comer, y a decenas que les quitaron los apoyos para poder moverse en el extranjero. Bajo la dirección de Vázquez Piceno, ya no se emitieron convocatorias al programa de becas en 2022 y 2023 y las "Elisa Acuña" fueron eliminadas de los programas prioritarios.

En el 1er. semestre de 2022, el final del año fiscal, ni un solo peso de los casi 2,500 millones presupuestados. En el año fiscal 2022-2023, ni siquiera se presupuestaron las becas "Elisa Acuña". De hecho, en el presupuesto general autorizado para el anterior año fiscal, sólo se ejerció el 21% de los recursos, mientras que para este año, la aplicación de los recursos está en -57.6%.

Los reclamos de los estudiantes por la cancelación de las becas "Elisa Acuña" llevaron a la Secretaría de Educación Pública a informar que había entregado en la 1a. parte del año fiscal 2023, 28,000 millones de pesos para los programas prioritarios del gobierno. La UNAM respondió que era falso. La controversia continúa y no la ganará ni la universidad ni otra institución de educación superior. Los estudiantes que marcharon en Ciudad Universitaria este lunes presentaron un pliego petitorio que será discutido por las autoridades el 4 de mayo próximo, donde demandan una beca universal que cubra transporte, alimentación, vivienda y los materiales necesarios por el tiempo que dure la educación.

Lo que está haciendo Vázquez Piceno al no ejercer el presupuesto es que los recursos tengan que ser devueltos a la Secretaría de Hacienda para que disponga de ellos. Es decir, es una especie de presupuesto disfrazado con un destino específico, que mediante una irregularidad administrativa de quien es responsable de aplicarlo, regresa en su totalidad a las arcas del gobierno para que sea redirigido a otro rubro. Esto es un engaño al Congreso, que recibe un presupuesto de egresos, lo pule y lo modifica, sabiendo el gobierno que al final, lo utilizará en lo que son sus prioridades, que no son los estudiantes en educación superior.

Nancy García Vázquez, presidente del Comité Coordinador en representación del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, consideró que la propuesta de eliminar la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción impactaría en la autonomía que tiene, y en la competencia de cada estado.

"La Secretaría Ejecutiva promovió el federalismo anticorrupción. Desaparecerla es eliminar ese gran esfuerzo de coordinación, no sólo a nivel nacional, sino a nivel estatal que permitió que los estados avanzaran aún cuando no había Sistema Nacional Anticorrupción completo".

Enfatizó que es el órgano técnico que le permite al Sistema Nacional Anticorrupción realizar sus funciones, y ayuda a que los entes públicos que lo conforman se coordinen, diseñen los criterios y herramientas para combatir la corrupción.

"Se encarga, por ejemplo, de gestionar las condiciones operativas de los Comités Participación Ciudadana Nacional y de la Comisión Ejecutiva del sistema estatal. Son órganos muy importantes para definir políticas o acciones anticorrupción La Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción es como se dice, el cerebro. Estaríamos en un federalismo de políticas anticorrupción".

Remarcó que la Secretaría Ejecutiva ha trabajado mucho con los estados en la integración de sus sistemas anticorrupción.

"Otra cosa que ha hecho la Secretaría Ejecutiva fue impulsar guías para que en los estados publicaran las políticas estatales contra corrupción. Por ejemplo, Jalisco y otros estados publicaron su política estatal antes que la nacional, porque estaba incompleta".

Por otro lado, Nancy García Vázquez indicó que hay versiones de que la Secretaría de la Función Pública absorbería las funciones de la Secretaría Ejecutiva.

"En los pasillos se escucha, no es la idea que ellos están proponiendo, pero eso sería entregarle el Sistema Anticorrupción al presidente para que el presidente lo haga como él quiera, y eso va en contra de la naturaleza".

Subrayó que los sistemas anticorrupción están diseñados para controlar la función pública del ejecutivo, legislativo y judicial.

"Si la Secretaría de la Función Pública se vuelve quien controle todo entonces no hay autonomía. Y al no haber autonomía, perdemos todo lo que hemos avanzado. Por ejemplo tener procesos de designación transparentes de los titulares encargados de ser contrapeso".

Agregó que si el gobierno federal define el rumbo de la política anticorrupción sin tomar en cuenta a los estados, se perderían los avances logrados.

"Eso es algo que sí respetó la Secretaría Ejecutiva, donde cada estado de manera soberana definió su política anticorrupción. 6 años en que se ha compartido conocimiento, tecnología, criterios jurídicos, de política pública, formación de recursos humanos".

"Desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Sistema Nacional Anticorrupción nunca estuvo en su agenda de prioridades y en su agenda de política pública. Y esto se reflejó en que no teníamos un sistema a nivel nacional completo porque no había Fiscalía Anticorrupción. Ahora no está completo porque el pleno del Inai no puede sesionar", remarcó Nancy García.

“Él (presidente) dice que es por austeridad, pero es por tema de control y más cuando tienen cierta independencia y autonomía. En este caso no debería de seguir el curso de desaparecer todos estos organismos", aseguró el diputado Sergio Barrera, y compartió que su voto será en contra.

El diputado por el PAN, Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, celebró ayer en Guadalajara el trabajo que la actual legislatura ha desempeñado para frenar las reformas propuestas por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, durante su administración.

Para el diputado, Andrés Manuel López Obrador llegó resentido y con odios a la Presidencia de la República, ante las ocasiones previas en las cuales no había podido ocuparla, por lo que su gobernar ha sido fundado en un ánimo de revancha y de culpar al pasado por todo lo que se tiene hoy, incluso en el 5o. año de su gobierno.

Lo anterior es lo que ha llevado a que se tenga una división profunda de la sociedad, entre quienes lo apoyan ciegamente y quienes reprochan todo lo que hace.

Remontémonos al jueves pasado, cuando el inquilino de Palacio Nacional se envolvió en la bandera del patriotismo, recordó la invasión española de hace 300 años, la de los franceses, y la de los estadounidenses, 'gritando' a los 4 vientos lo "importante para recordar, no olvidar lo que significa nuestra soberanía", a propósito del ‘sobado’ tema desde las mañaneras sobre los cárteles delincuenciales, el trato que les quieren dar desde Washington y la postura e interpretación asumida desde las verborreas matutinas.

Y con la advertencia de que "nadie tiene derecho de someter a otro país", nos involucró a todos los mexicanos y amenazó que nos 'levantaremos en armas' e iremos a las trincheras para impedir la 'invasión'.

Otra pataleta, otra ridícula postura y vergonzante posición que confirma que quien dirige los destinos de México, llegó por un 'fatal' accidente y no tiene la mínima capacidad de ocupar la posición que hoy ocupa y que nuestro país merece una mejor representación, de acuerdo a los valores y capacidades que tiene y merece nuestra república.

Por lo que vemos en tus acciones cada día más desquiciadas, ¿o será una estrategia tuya para el 2024 y digas que el país está inestable para nuevas elecciones y quieras quedarte? Te das cuenta de que el único que levanta la 4T eres tú, que has sido buen candidato y malo como presidente, y tus corcholatas no levantan, cada día están más alejadas de sus votantes.

Esta semana no ha sido buena para ti y tu 4T. Recuerda que la desesperación es mala consejera y tú eres el principal generador del desorden en México. Primero, la investigación de la DEA sobre el fentanilo que se produce en nuestro país, calificándola como la mayor y más prolífica operación de tráfico de fentanilo del mundo, aunque tú sigas negando que en nuestro país se produce. Por lo que calificaste la investigación de la DEA como "una intromisión abusiva, prepotente, que no debe aceptarse bajo ningún motivo".

Sólo ponte a pensar, si la DEA investigó al cártel de Sinaloa, no solo tiene conocimiento del fentanilo, sino de otras cosas, como pueden ser las personas del gobierno involucradas en estas operaciones. Por otro lado, sale a la luz los gastos y viajes realizados por la familia del secretario de la Defensa Nacional, informando en tu mañanera que sellarás la información secreta que está saliendo a la luz pública porque "estamos siendo objeto de espionaje por parte del Pentágono, la DEA y algunos medios de comunicación". Como en todo lo que dices sin problema alguno, nunca pruebas nada, pues crees que las mentiras repetidas llegan a ser verdad.

Andrés, sólo logras restarte autoridad, demostrando lo desinformado que estás y tu ignorancia exhibida en cada mañanera. También dijiste esta semana que nuestro sistema de salud no solo va a estar como el de Dinamarca sino mejor. Eso es mentira, ya que el fracaso del sistema de salud ha sido una constante de tu gobierno, en donde vemos la carencia y desabasto de medicinas. Así que lo vemos ya como un mal chiste.

Tu pleito con Iberdrola, a la que has reclamado, denunciado y acosado, le pagas una millonada por sus plantas eléctricas y se ríen de ti, dejando el país con los bolsillos llenos, llevándose su dinero a invertirlo en otro lado. Al INE sigues hostigándolo diciendo que su único dios es el dinero. Recuerda que este organismo legitimó tu triunfo cuando eras oposición. Al INAI, nuestro Instituto de Transparencia, le dijiste que no sirve de nada, todo por pedirte información sobre tus programas y gastos, que no has querido transparentar. Tus pleitos con la Suprema Corte, tus enfrentamientos con la clase media, así como las críticas a Estados Unidos, ¿crees que todo esto ayude en algo a México?

"El broche de oro de esta semana fue el revés que te dio la Suprema Corte al declarar inconstitucional el pase de la Guardia Nacional a la Sedena, ya que los ministros estimaron que tu decreto viola la Constitución, y lo echaron abajo. Los 3 votos que te favorecieron fueron de los ministros afines a tu 4T, entre ellos la ministra Yasmín Esquivel, lo cual es vergonzoso que sigas apoyando después de su plagio de tesis probado.

Aseguraste que presentarás una nueva iniciativa para que la Guardia Nacional pase a la Sedena en el 2024, cuando termines tu mandato. Algún as bajo la manga tendrás para que el fallo sea diferente.

Tu última iniciativa de hacer una nueva empresa operada por el Ejército, "Turismo del Bienestar", para administrar, operar y brindar servicios aeroportuarios, ferroviarios, turísticos y culturales, implica reformar la Ley General de Turismo. Esta empresa manejará y administrará los recursos cobrados a los extranjeros que visitan México, conocidos como "derechos de no residentes", actualmente administrados exitosamente por Fonatur.

Andrés, lo que es raro es que te hayamos permitido crecer tanto y no te hayamos puesto freno. O dime, ¿hasta cuándo vas a querer vernos la cara?

Pretender desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es sin duda un acto de perversidad, de mezquindad y de corrupción, que tiene como autor de esta maquiavélica estratégica al principal destructor de todo lo bueno o lo poco bueno que se había construido en México en sexenios pasados, es decir, al presidente más revanchista y rencoroso que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador.

Y menciono estos adjetivos para describir al primer mandatario de nuestro país no por un sentimiento de animadversión que mueva a quien esto escribe sino en un contexto en que resulta necesario identificar y explicar los motivos que lo han conducido a tomar decisiones que han contribuido a lo que ya se identifica como la mayor destrucción de instituciones y políticas públicas con funestas consecuencias para quienes habitamos el territorio nacional.

Andrés Manuel no ha sido capaz de superar las derrotas sufridas en su aspiración presidencial en procesos electorales en los que fue vencido primero por el panista Felipe Calderón en 2006 y luego en 2012 por Enrique Peña Nieto. En el 1er. caso culpó y sigue responsabilizando al Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE), de ahí su rencor, su frustración y su deseo de venganza el cual ha intentado capitalizar con la destrucción y desaparición del árbitro electoral, deseo que hasta ahora le ha sido impedido concretar por la sociedad civil que en un par de ocasiones ha salido a las calles en forma masiva para ponerle el alto.

Ya se ha perdido la cuenta de las instituciones que no han corrido con la misma suerte que el INE y no lograron superar el puño destructor de AMLO. Aunque vale mencionar que en la mayoría de los casos, la gente o no se dio cuenta o no fue capaz de reaccionar a la tremenda embestida gubernamental.

En este momento es el INAI el instituto que se encuentra bajo el puño amenazador de quien habita en Palacio Nacional.

Mencioné que había quedado al descubierto su perverso proyecto de destruir al INAI, tras haber salido a la luz pública las grabaciones de la reunión que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sostuvo con legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en las que cumpliendo labor de mensajero transmitió la instrucción presidencial de "no nombrar a los comisionados del INAI".

Adán Augusto les dijo que "el mundo ideal" era permanecer sin el INAI y entonces no había ninguna prisa por nombrar a los comisionados a sabiendas de que se requieren 5 para validar las sesiones del instituto y solo 4 cuentan con nombramiento.

También quedó en evidencia el engaño de AMLO, quien con toda premeditación, alevosía y ventaja, echó mano de su poder para vetar los nombramientos de 2 comisionados que ya había aprobado el Senado el pasado 1 de marzo, precisamente con el fin de impedir que se completara la cantidad mínima de 5 consejeros que se establece para que el INAI pueda sesionar, sólo que su argumento para echar abajo los nombramientos fue que supuestamente Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) se habían repartido uno cada uno.

De tal suerte que el órgano encargado de vigilar la transparencia está paralizado y por ello más de 2,000 recursos de revisión sobre diversas solicitudes están en vilo; entre ellas peticiones de personas sobre sus horas cotizadas en el IMSS para tramitar pensiones y jubilaciones, obtención de sus expedientes clínicos y judiciales; estatus de trámites burocráticos o corrección de datos en documentos de identificación, entre otras.

Pero no es lo único, toda vez que ahora mismo no podemos contar con la herramienta de la transparencia, y no podemos conocer todo lo referente a la sospechosa venta del avión presidencial, de la que solo contamos con la información que dio a conocer el propio presidente y lo que ya han logrado investigar algunos medios de comunicación.

Visiblemente molesto ante las exigencias de que se nombre al menos un comisionado más para contar con quorum en las sesiones del INAI, López Obrador afirmó en sus conferencias mañaneras que dicho Instituto es un "cero a la izquierda, no sirve para nada, lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción", dijo.

Agregó que desde su creación con Vicente Fox (2000-2006), el organismo no ha contribuido al combate a la corrupción. Por el contrario, sirvió para legitimar robos y ocultar información, con un costo anual de mil millones de pesos.

Criticó que los comisionados no puedan sesionar, pero sí cobren sus salarios y gasten el presupuesto, por lo que sugirió que el congreso revise la situación y tome decisiones.

Como era de esperar, las y los integrantes señalaron que a lo largo de 20 años, "el INAI ha dado muestra fehaciente de su pertinencia dentro del aparato democrático mexicano para que la sociedad pueda ejercer y hacer valer sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales".

El pleno del INAI lamentó las descalificaciones y señalamientos del gobierno federal, ya que aseguran denotan desconocimiento sobre las responsabilidades constitucionales del instituto y atentan contra su autonomía e independencia, por lo que hicieron un llamado al poder ejecutivo a entablar un diálogo abierto, plural y democrático, expusieron a través de un comunicado.

Pero me temo que lo de Andrés Manuel no es desconocimiento -como lo advierten de forma quizá ingenua en el INAI-; y deben tener claro que López es muchas cosas antes que ingenuo. A alguien con su perversidad lo mueve el rencor, la maldad, la venganza, la soberbia, y también el miedo; el temor a que los medios de comunicación, las filtraciones, los hackeos, las infiltraciones de agencias de investigación extranjeras, y sus propios detractores continúen exhibiendo la enorme corrupción de su gobierno.

Lo hizo como promesa. Como una promesa de venganza ante la Corte porque ésta echó para atrás el decreto para que la Guardia Nacional (GN) dependa de la Secretaría de la Defensa. Ni modo: el paquete de leyes promovidas por el propio presidente que creó a la GN en 2019, y votaron a favor todos los partidos, dice que debe depender de un civil. Se hizo famosa la defensa un tanto cantinflesca de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, diciendo que la Guardia era civil, aunque estuviera compuesta por puros militares, porque dependería de la Secretaría de Seguridad. No se puede, pues, culpar a la Corte. Pero el presidente prometió que enviará una nueva propuesta de ley el día de su último informe para modificar el 21 Constitucional y que, ahora sí, la Guardia dependa de la Secretaría de la Defensa.

La promesa es perversa. Es perversa porque desenmascara la idea de militarización. Si con la ampliación del transitorio la Sedena se haría cargo de la Guardia Nacional hasta el 2028, con un cambio constitucional como el que promete se daría carta de naturalización a la seguridad pública militarizada. Un pretendido último acto de poder para que quede claro que piensa ejercer el poder hasta el último segundo y más allá. Es perversa porque el mensaje para las fuerzas armadas es que, si quieren seguir manejando la seguridad pública, con el presupuesto y el poder que ello implica, Morena y sus aliados deben tener 2 terceras partes de los escaños en las 2 cámaras. Tener que defender sus intereses mete de lleno a los militares en el juego político y electoral. Antes, para bien y para mal, los verdes sabían que ganara quien ganara su situación y posición no cambiaba. Hoy el presidente les puso la zanahoria y eso despertará ambiciones.

La promesa perversa es en realidad una amenaza para quien sea el nuevo presidente o presidenta. [...] El principal preocupado o preocupada por que Morena no gane con una mayoría aplastante debe ser la "corcholata" que se saque el premio mayor porque el presidente ya dejó claro que, si lo logra, seguirá ejerciendo el poder, ahora desde la representación de su partido en el poder legislativo y de las fuerzas armadas.

¿Promesa o amenaza? Yo no tengo duda de que es lo segundo.

En días pasados se reveló que Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), realizó viajes de lujo con su familia en aviones comerciales y militares.

Tras la polémica del general Sandoval que defendió el presidente Andrés Manuel López Obrador con la frase "¿Cuál es el problema?", ahora el titular de la Sedena enfrenta otros señalamientos.

Latinus reveló que el secretario Luis Crescencio Sandoval se pasea en el avión Gulfstream 550, modelo 2010, que Pemex le donó a la Sedena para combatir el huachicol, con un valor contable de casi 600 millones de pesos.

De acuerdo con lo revelado por Latius, la aeronave fue comprada durante la dirección de Emilio Lozoya en Pemex, según consta en el contrato de donación de la empresa petrolera a Sedena.

Según la investigación presentada en Latinus Diario este 21 de abril, "el argumento de Emilio Lozoya, de aquel entonces, era fortalecer las capacidades de Pemex, cuando en realidad lo usaban para fines personal", por lo que el entonces secretario de Defensa del sexenio pasado, Salvador Cienfuegos, pidió que se donara.

"Pemex y su consejo lo avalaron, y entonces el avión de Emilio Lozoya, en el que viajaba para fines personales, pasó a manos del Ejército mediante una sesión extraordinaria el 24 de enero de 2018.

"Lo relevante es que en este mismo contrato de donación se estableció, y quedó muy claro, que el donatario; es decir, Sedena, está obligado a que, por lo menos durante 15 años contados a partir de que surta efecto la donación, por ningún motivo, podrá vender, traspasar, ceder, permutar o celebrar cualquier acto jurídico, de lo contrario cancelará la donación".

"No solo eso, este mismo contrato establece que la donante (Pemex), a través de la gerencia de responsabilidad y desarrollo social, será la unidad responsable de revisar que el uso y destino del bien donado, sea acorde al objeto para el cual se donó", describió el periodista Claudio Ochoa.

"El general secretario está haciendo lo mismo que Emilio Lozoya en el gobierno anterior", expresó Ochoa.

El presidente llegó al poder con un gran apoyo popular, gracias a la esperanza que generó en millones de mexicanos que habían sido marginados durante sexenios anteriores. Sin embargo, a lo largo de su mandato ha dilapidado ese capital político en proyectos absurdos y ha actuado con petulancia y soberbia, lo que ha llevado a que muchos de sus seguidores de clase media pasen de la esperanza a la decepción.

Es lamentable que, a estas alturas de su sexenio, cuando sus proyectos han demostrado ser ineficaces y sus iniciativas han sido rechazadas, el presidente diga que el sistema de salud en México será mejor que el de Dinamarca antes de que finalice su mandato. Esto demuestra un profundo desconocimiento de lo que es Dinamarca y, más grave aún, de las realidades del sistema sanitario mexicano.

Es triste ver cómo un hombre que tenía todo para transformar el país, terminó haciendo muy poco.

Tan cierto como que Andrés Manuel López Obrador empezó a gobernar mucho antes de rendir protesta en diciembre de 2018, es que apenas ganó la Presidencia reiteró la oferta de un paraíso donde estarían erradicadas "las lacras de la política" y la corrupción, un edén donde el maná sobraría porque el gobierno sería honesto y austero.

Con respecto a la austeridad, por ejemplo, tan pronto como el 13 de julio de aquel año anunció 50 medidas que regularían su conducta como presidente, la de sus colaboradores, e incluso la de sus familiares.

El punto 14 de ese listado fue: "se limitarán los gastos de viáticos"; el punto 17, "no habrá viajes al extranjero sin autorización del secretario", y el punto 23 "nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados".

Ya como presidente, y a la espera de que se aprobara en el congreso la ley de austeridad, el 30 de abril de 2019 el tabasqueño reiteró que se iban "a reducir al mínimo los viajes al extranjero, van a ser autorizados por el presidente. No van a poder salir del país si no hay una autorización y una comisión especial que lo amerite. Vamos a controlar todo el gasto en viáticos (...) va a ser un gobierno completamente austero".

Y finalmente, el 27 de julio del año pasado, al anunciar que se iniciaba la fase franciscana de la austeridad, AMLO reiteró que "casi no va a haber viajes al extranjero".

Desde que era candidato en 2006 la oferta en las campañas de Andrés Manuel era que con él en la Presidencia se viviría una realidad distinta en cuanto a abusos y prepotencia de parte de los servidores públicos.

Prometió muchas otras cosas, que ya en el gobierno no le resultarán o que serán incluso peores (hay más pobres, según el último reporte de Coneval).

Pero de todas las promesas incumplidas, ningunas serán más costosas que aquellas en donde su palabra quedará en entredicho porque él y sólo él no la quiso honrar.

Como se sabe, el lunes el periodista Ignacio Rodríguez Reyna publicó un extenso reportaje basado en correos de Guacamaya Leaks donde se ilustra cómo personal de la Secretaría de la Defensa Nacional discute y arma logística para viajes del general secretario y/o su familia.

La investigación periodística es un dardo que desinfla las promesas de AMLO de una conducta diferente de sus colaboradores. Son demasiados datos sobre indicios de conducta poco austera del general secretario y/o su familia.

Tras la revelación periodística, el presidente hizo una cosa muy distinta a la que prometió en la transición, cuando dijo que la Fiscalía Anticorrupción investigaría a cualquier persona "trátese de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares, un buen juez por la casa empieza".

En vez de alentar al general secretario a aclarar las cosas -por el bien del propio funcionario y de su familia, y por el bien del gobierno todo, incluido el presidente-, en vez de ello el mandatario respondió ayer en la mañanera: "¿Y qué? ¿Cuál es el problema?".

El problema es que el reportaje proviene de documentos de la Sedena, ilustra lo que podrían constituir hechos contrarios a la espina dorsal del gobierno -la austeridad-, y es sobre viajes al extranjero, esos que AMLO dijo que solo él autorizaría.

Sin una investigación que aclare, el influyentismo, esa lacra de la política (frase que le encanta a AMLO) será uno de los distintivos de este gobierno, que entonces pasaría a ser vulgar y corriente como tantos que hemos tenido.

La incesante presión del Gobierno de Estados Unidos y sus agencias antidrogas que desde hace un mes empezaron a escalar sus exigencias para que el gobierno mexicano haga más por detener el tráfico de fentanilo y a los cárteles que lo distribuyen, junto con los reveses que le ha propinado a la 4T la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como las pifias y abusos de miembros de su gabinete que han delatado su animadversión a la transparencia y han puesto en entredicho su discurso de austeridad y anticorrupción, han hecho que el presidente siga sin poder retomar el control de su mañanera, como sí lo logró en otros momentos de crisis de su sexenio, que también le estallaron escándalos políticos y de gobierno.

El más claro ejemplo de ello fue la errática y titubeante respuesta que dio ayer cuando se le cuestionó por los dispendios del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, para solventar las lujosas vacaciones que se dan él y su familia utilizando aviones del Ejército y cubriendo los gastos con el erario, según documentó un reportaje basado en los documentos hackeados por Guacamaya Leaks.

Visiblemente molesto, luego de despotricar nuevamente contra las y los ministros que invalidaron el decreto para que la Guardia Nacional quedara en manos de la Sedena y ordenaron que volviera a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el presidente negó que el general se haya ausentado 2 semanas y que si su familia había vacacionado, no tenía nada de malo. Desesperado porque ya en esos momentos su mañanera había salido de la ruta planeada, quiso minimizar los desvíos del titular de la Sedena y su familia, mencionando al periodista Carlos Loret de Mola, y a los dueños de los periódicos Reforma y El Universal, sin aclarar o no si se refería a las vacaciones de lujo que también se podrían dar ellos, y cerrando con la desafortunada afirmación que sus ganancias no son privadas sino de recursos públicos que se les pagan "por dar protección" a corruptos.

Lo cierto es que estos despilfarros del general, la historia de la Casa Gris de su hijo José Ramón, y haber optado por habitar el Palacio Nacional han dinamitado su narrativa de austeridad que había articulado son éxito con su renuncia al uso del avión presidencial y de la residencia oficial de Los Pinos.

El caso del titular de la Sedena dio pie también para que López Obrador siguiera abriendo el riesgoso frente contra Estados Unidos, acusando, como la hecho desde la semana pasada, a la DEA y al Pentágono de ser ellos los que filtraron esta información, las que hablan del espionaje de su gobierno y la infiltración al cártel de los "Chapitos", en una clara acción intervencionista.

Lo dicho, los desatinos del gobierno de la autollamada 4a. transformación y la tentaciones autoritarias del presidente empiezan a sacar de su zona de dominio el espacio más preciado de su gobierno como son las ruedas de prensa mañaneras, que toda esta semana han estado a la deriva.

La precampaña presidencial de Morena está tomando una fuerte tracción para conquistar el voto del único elector que vale, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los aspirantes, a los que peyorativamente llama López Obrador "corcholatas", no se sienten aún destapados y todos los días compiten en agitarse más y captar la atención y el interés del presidente. La decisión de quién quiere que lo suceda está tomada, y recaerá en Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, si es que no comete un error que la colapse.

La voluntad sobre el eventual Plan B también está tomada por Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, quien con menos recato que Sheinbaum o elegancia como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quiere atraer reflectores que dibujen en su sombra la figura de López Obrador, aunque su cuerpo se desfigure y su imagen pública se pulverice. Después de todo, qué importa Morena y la gente, si quien decidirá su futuro es su hermano, como lo llama, el presidente.

El secretario de Gobernación debería ser más inteligente y no comportarse como un elefante asustado. En los 2 últimos días, como si fuera un niño de primaria saltando y gritándole al profesor desde la última fila para que le haga caso, escribió 2 mensajes en Twitter pendencieros y torpes, que en su calidad de jefe del gabinete y responsable del gobierno para establecer relaciones políticas con los diferentes actores, sólo evita que sea llamado tonto por el hecho de entenderse que lo que hace es para ganarse la gracia de López Obrador.

En el mensaje publicado ayer, dijo que los "ministros de la Corte se convirtieron en Constitucionalistas de ocasión, votando por intereses políticos más que por interés jurídico en contra de la seguridad del pueblo de México". Se refería a la votación del martes en la Suprema Corte de Justicia donde la mayoría rechazó que la Guardia Nacional pasara legalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional. El alegato de quienes votaron a favor era muy simple: la propuesta del presidente violaba el artículo 21 constitucional que establece que la seguridad pública deberá estar bajo el mando civil.

La reforma al 21 constitucional se hizo en 2019, con la mayoría hegemónica de Morena en el congreso. No podría decir que esa Corte jugó bajo las reglas del juego de esos famosos neoliberales que son culpables hasta del Big Bang. En la Corte, los ministros no revisan si está bien o mal una ley, sino si es constitucional o no, como fue este caso. El secretario dice pensar de otra manera, y que el fallo va en contra de la seguridad de los ciudadanos, que es otro argumento baladí ante las últimas cifras oficiales, donde la incidencia delictiva subió ni más ni menos 175% entre febrero y marzo, y los secuestros en 52%. No es la Corte la que fue en contra de la seguridad, sino las políticas aplicadas por el gabinete de seguridad que, en forma, el debería de encabezar.

Un día antes despotricó en la misma plataforma social al señalar que "el INAI es un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia". No podría haber sido retóricamente más tramposo. El INAI forma parte de las instituciones democráticas de 2a. generación que ha sido una pieza muy valiosa a lo largo de sus 10 años de vida como contrapeso del gobierno y mecanismo de rendición de cuentas. A través del INAI se pudieron conocer datos que, por ejemplo, establecieron la ilegitimidad de la casa blanca propiedad del ex presidente Enrique Peña Nieto o la llamada Estafa Maestra, sobre la presunta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social por unos 5,000 millones de pesos. El INAI es un mecanismo para evitar la corrupción, pero si las instituciones del gobierno que deben de sancionar no hacen nada, como sucede en el actual gobierno donde la impunidad ondea en Palacio Nacional, no es esa institución la que está en falta, sino la autoridad.

En la carrera lacayuna por la candidatura presidencial, el secretario López está buscando consolidar un frente electoral en el sur del país, en Tabasco donde gobierna su encargado de despacho y en Chiapas, donde lo hace su cuñado. El presidente lo ha puesto a competir y ha pedido a algunos dueños de medios de comunicación que le den espacio y lo impulsen, aunque no hay señales claras dentro de Palacio Nacional que realmente lo esté considerando como una opción real, salvo que en una emergencia, en caso de que Sheinbaum no tenga el helio suficiente para contender exitosamente, entre al relevo como el Pascual Ortiz Rubio del Siglo XXI.

El gran problema que tiene el secretario es la frivolidad con la que actúa, política y personalmente. Del 1er. caso se puede utilizar un reciente ejemplo, cuando en una reunión con senadores de Morena les dijo cándidamente que López Obrador no quería que nombraran a los 2 consejeros para que el INAI volviera a funcionar, sin pensar que ante tantas personas, su torpe franqueza podría tener consecuencias. Del 2o., la tolerancia para que cercanos a él estén recolectando dinero que no necesariamente parecería que el destino sería su campaña, sino sus bolsillos, y el ojo alegre que algunos en el gobierno le han detectado en eventos públicos.

El secretario López se comporta en las formas y lo personal como un priista rancio, pero sin aplicar su escuela de la política, de la discreción, la prudencia, el lacayismo con moderación y, muy importante, no agraviar ni romper puentes, sino dejar siempre puertas abiertas para alcanzar los objetivos. Por eso sorprende el insulto a 8 ministros de la Corte, la cabeza del Poder Judicial donde él es el interlocutor del ejecutivo, reduciéndose el mismo su capacidad de interlocutor funcional.

Obviamente no le importa nada de esto al secretario. Lo suyo es agradar al rey, aunque como bufón de la corte aún está quedando a deber.

Para aniquilar Financiera Rural, el presidente usó la receta infalible de la 4T: puso de director de una institución especializada a un tío de cariño de sus hijos, la volvió una herramienta para conseguir votos, otorgó masivamente créditos a quienes eran simpatizantes de Morena (aunque no fueran a pagar) y cuando el modelo reventó, le echó la culpa a la corrupción del pasado. La semana pasada, Andrés Manuel López Obrador oficializó la muerte de este organismo que se encargaba de dar créditos a productores del campo mexicano.

El presidente dijo que cancelaba Financiera Rural para evitar que se extendiera la corrupción del pasado. En realidad la tuvo que desaparecer para tapar la corrupción del presente. Van los datos oficiales. Entre 2018 y 2020, la financiera aumentó casi 500% [?] su presupuesto: pasó de 900 millones de pesos a 2,500 millones anuales. Sin embargo, la cartera de crédito se desplomó a la mitad: en el último año del sexenio de Peña Nieto fue de 63,000 millones de pesos mientras que el año pasado fue de 32,000 millones. Esta administración recibió una cartera vencida de 5,000 millones, el año pasado ya la tenía en 8,300 millones. Le dejaron un índice de morosidad de 7.9%; lo subió a 25.9%. ¿Por qué? Porque aumentaron los préstamos sin control con tal de conseguir votos, según me relatan fuentes dentro de la institución que me han explicado la situación.

Esta operación financiero-electoral que condujo al quebranto en Financiera Rural estuvo dirigida por Gabriel García, influyente senador morenista que en el 1er. tramo del sexenio se encargó de todos los programas sociales del obradorato y ahora trabaja en la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum, e instrumentada por Baldemar Hernández.

Si el compromiso de este gobierno realmente fuera con el combate a la corrupción, estarían investigando a García, a Baldemar, a Javier Delgado, que fue director antes. Estarían también investigando a los operadores de Baldemar -Isabel Montoya e Ignacio Gómez Trapala- señalados por contratar empresas incumplidas para proveerles del "core" bancario a un sobrecosto de 1000%: apostaron por una empresa aliada, usaron de fachada otras y adjudicaron el contrato a 800 millones de pesos. Hubo observaciones del Órgano Interno de Control pues el famoso "core" bancario valía en el mercado hasta 80 millones.

No sólo eso. Detrás de la muerte de Financiera Rural está también la intención de AMLO de apropiarse del dinero de los fideicomisos de las aseguradoras de la Financiera. Los seguros de la Financiera (Agroasemex, Fira, Firco) eran sanos: respaldaban y daban certidumbre a los créditos pues aseguraban el proyecto objeto del crédito y cubrían al deudor mientras iba pagando. Ahora son un problema porque estos fideicomisos se han ido reduciendo. Me explican que el gobierno los estuvo drenando para después desaparecerlos y desaparecer el dinero, que nunca se transparenta, como ya hizo el presidente con los fideicomisos de salud y seguridad, entre muchos otros.

¿Por qué están cerrando Financiera Rural? Para esconder la corrupción del obradorato que la condujo al quebranto.

Un nuevo episodio se abre en la confrontación del presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola. En esta ocasión, Pío López Obrador es el tema que los une en la polémica, luego de que demandara al comunicador por una cantidad millonaria.

Fue Carlos Loret de Mola quien, por medio de redes sociales, expresó: "Pío López Obrador me demandó a mí y Latinus, por 400 millones de pesos por los videos revelados, ya que le causaron una afectación".

El periodista cuestiona si es una de las estrategias del gobierno para intimidar y callar a los medios de comunicación; ya que en el contenido de dichos audiovisuales se observa a Pío López Obrador recibiendo sobres de dinero en efectivo de manera ilegal.

Loret de Mola reitera: "Estoy en riesgo de que me multen o me metan a la cárcel si revela el proceso que se está llevando a cabo", pese a dicha revelación el presidente López Obrador no ha podido desmentirlos, recalca el periodista.

En dicha grabación se puede observar al hermano del presidente López Obrador recibir dinero de manera ilegal por David León, quién se encargó de grabar los videos en un restaurante y en su casa.

En diciembre del 2022, Loret de Mola contó que la demanda que recibió de Pío López Obrador consta de 350 hojas y se le acusa de difundir los videos "de manera descontextualizada y con el fin de dañar su imagen".

Según Loret de Mola, el hermano del presidente exige 6 cosas: "La declaratoria judicial de que incurrí en un hecho ilícito, la declaración de que se le causó un daño moral, el pago de una indemnización, el pago del daño punitivo como medida ejemplar, la publicación de la sentencia condenatoria en todos los medios y el pago de los gastos del juicio".

El perseverante trabajo del grupo Unid@s ha logrado que una parte importante de la sociedad, generalmente reacia a involucrarse en política, abogue por la unidad de los partidos democráticos para salvar al país de su completa destrucción.

O guardan sus legítimas diferencias y aspiraciones para más adelante, o el mazo destructor del obradorismo acabará con las libertades y las instituciones que han resistido a la demolición.

El adversario en junio del próximo año no será una corcholata, sino el Estado.

Al presidente Andrés Manuel López Obrador lo tiene noqueado la DEA. Lleva 2 días disparando con una escopeta contra Estados Unidos y los medios en ese país y en México, por revelar información secreta de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin atinar a nada salvo a una cosa: pese a todo, no se va a suspender la cooperación con el gobierno de Joe Biden, acordada la semana pasada en la Casa Blanca con su gabinete de seguridad que, para efectos prácticos, fue a recibir instrucciones sobre lo que tienen que hacer para combatir el tráfico de fentanilo a esa nación, y frenar la llegada de los precursores químicos de China y la India por los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. El presidente está haciendo muinas, sin desmentir nada ni encontrar una puerta de salida.

Es muy lamentable porque es el jefe del Estado Mexicano, pero es su culpa que cada vez que habla en la mañanera vaya restando su propia autoridad porque, al menos en este caso, demuestra lo desinformado que está, su ignorancia sobre el origen y la dinámica de la información secreta que está saliendo a la luz pública en Washington y México, y lo equivocado, por su deficiente información, en la toma de decisión. Ayer anunció que se iba a sellar la información del Ejército y la Marina, porque "estamos siendo objeto de espionaje por parte del Pentágono, la DEA y algunos medios de comunicación". En serio presidente, ¿cómo pretende que lo tomen en serio?

El presidente justificó su decisión porque "tenemos que protegernos porque la DEA está informándoles al Proceso y a otros... el Pentágono informa al Washington Post, hackean, nada más den la fuente". López Obrador se refería a lo publicado el sábado por el diario estadounidense, donde se revela la fractura entre las secretarías de la Defensa y la Marina porque le dio al Ejército el control de la aeronavegación, y lo publicado por un grupo de medios asociados sobre los viajes privados multimillonarios de lujo del secretario de la Defensa y su familia, con cargo al erario.

En ambos casos, los medios mexicanos y el Post dejaron claros que son documentos secretos de la Secretaría de la Defensa, en el 1er. caso, y del Pentágono en el 2o. Si no leyó bien o solo le calentaron la cabeza, como suele hacer con él su vocero Jesús Ramírez Cuevas, cuidado, porque queda expuesto como un mandatario pésimamente asesorado. La información sobre el general Luis Cresencio Sandoval se originan en el hackeo de Guacamaya Leaks, del cual se ha carcajeado el presidentes. Ahora ya no le gustó y se enojó.

La del Post no fue una filtración al periódico ni promovida por el Pentágono. Al contrario. El Pentágono está en apuros, al igual que el resto del gobierno de Estados Unidos, porque cientos de miles de documentos secretos fueron colocados en las redes sociales por un joven ex militar. El Post hizo lo que decenas de diarios han estado haciendo en el mundo, ir a pescar en las redes sociales para encontrar hallazgos. Esta filtración, como la llama el presidente, es del tamaño o más grave que la realizada por Julian Assange en Wikileaks, aunque en este caso López Obrador, defensor del australiano, sostiene que su acción tiene que ver con la libertad de expresión. Ahora, porque lo afecta, tampoco le gustó y se enojó.

En el mar de confusión en el que se desenvuelve, mezcló a la DEA con el Pentágono, y para entender al presidente hay que comprender su carencia de sinapsis. Está molesto con la DEA, porque con 3 informantes en el Cártel del Pacífico construyó un caso judicial contra los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, a los que responsabiliza de ser los principales traficantes de fentanilo a Estados Unidos. Cuando habló del tema el martes, aseguró que la DEA había infiltrado a sus cuerpos de seguridad, lo que debió ser una confusión. Infiltró a los chapitos, no al Ejército.

El reclutamiento de informantes por parte de las agencias estadounidenses es una vieja práctica. Uno de ellos, pero del FBI, fue quien puso en la pista de los estadounidenses recientemente privados de su libertad en Matamoros, para que las autoridades mexicanas los encontraran. Ahí no dijo nada el presidente, que también celebró a los informantes de la DEA cuando testificaron contra Genaro García Luna. Hoy brinca, se indigna y se arropa en la bandera porque dejaron expuesta a una organización criminal con la que ha tenido deferencias públicas y nulos esfuerzos para frenar sus operaciones criminales.

Disparar con una escopeta, como lo ha hecho, puede ayudarle a evitar hablar de los lujosos viajes pagados por los contribuyentes del secretario de la Defensa y su familia, que dejan en entredicho su narrativa de que ya no existe corrupción en su gobierno, o el por qué la DEA y no su gobierno, es la que está documentando las actividades criminales de los chapitos. Lo que no está pudiendo impedir es hundirse cada vez más en el pantano al no saber procesar la información confidencial que muestra las entrañas del Ejército que tanto protege y empodera, y que exhibe las inconsistencias y contradicciones de su gestión como presidente.

El presidente no tiene idea [de] cómo atajar lo que le está cayendo encima. Quizás, si dejara de verse el ombligo, tomaría el camino de otros países expuestos por los documentos secretos, y negar todo lo ahí revelado. López Obrador no desmintió nada; más bien, con su enojo lo confirmó.

Reconocimiento a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que encabeza Norma Lucía Piña Hernández, quienes ayer por mayoría calificada de 8 votos contra 3, invalidaron el decreto presidencial que transfería la operación y administración de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Por donde se le vea es una gran noticia para el país que la Corte esté convertida en un garante para hacer que se respete la Constitución y que haga valer la independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo, que dista mucho de la sumisión que el Poder Legislativo, con mayoría morenista, ha tenido con el presidente. En ese sentido ni Andrés Manuel López Obrador, ni su bancada en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, pese a su discurso de no ser iguales que sus antecesores, no han actuado distinto a las aplanadoras priistas y panistas que también acataban la línea que les dictaba el presidente emanado de su partido.

Al igual que el día anterior cuando la Corte también sumo 8 votos para invalidar una norma que permitía que militares intervinieran llamadas telefónicas de civiles sin autorización de un juez, ayer le corrigieron la plana al presidente al echar para atrás las modificaciones a los artículos 29 y 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que violaba claramente el Artículo 21 Constitucional que señala que las instituciones encargadas de la seguridad pública en el país deben ser civiles y no de carácter militar.

Además de este hecho de fondo y de gran calado, lo ocurrido ayer en el pleno de la Corte también tuvo consecuencias dentro y fuera del Poder Judicial.

Por un lado dejó muy mal parado al ex presidente de la Corte, Arturo Zaldívar de Larrea, quien contrario a lo argumentado hace 4 años, votó en contra del dictamen al justificar la adscripción de la GN a la Sedena. Lo mismo pasó con la ministra acusada de plagio, Yasmín Esquivel, y con Loretta Ortiz Ahif, que mostraron su incondicionalidad al presidente en detrimento de su credibilidad. Situación que contrastó con la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que pese a ser propuestos por López Obrador, mantuvieron su autonomía y su investidura de defensores de la Constitución por encima de simpatías políticas.

Hacia afuera de la Corte, el fallo lanza una señal de aliento a una eventual coalición opositora de cara a las elecciones presidenciales ya que fue la impugnación que hizo contra este decreto presidencial ante el Poder Judicial el grupo de contención en el Senado, integrado por PAN-PRI-PRD-MC e independientes, lo que evitó que la GN se quedara anticonstitucionalmente en la Sedena, como lo quería imponer el presidente.

A Baldemar Hernández los hijos del presidente le dicen "tío" de cariño. En el gobierno y el partido lo conocen como "el doctor Baldemar". Veterano de la política, el funcionario tiene una ascendencia y cercanía con López Obrador que pocos pueden presumir: no sólo fue su 1er. jefe en un puesto del gobierno en la década de los 70, sino que cuando AMLO fue perseguido, cuentan que lo sacó de Tabasco, personalmente lo llevó a la Ciudad de México, lo ayudó a matricularse en la UNAM y lo apoyó económicamente. Quizá por eso, el doctor Baldemar ha sido sistemáticamente protegido con la impunidad presidencial a pesar de haber saltado de escándalo en escándalo:

Baldemar Hernández empezó el sexenio en la Secretaría del Bienestar. Fue titular de la Unidad de Finanzas. Desde ahí trató de montar los "centros integradores", ideados como ventanillas únicas del gobierno con los ciudadanos en poblaciones remotas. Era una idea de hace 40 años, de cuando Baldemar estaba en el Instituto Nacional Indigenista y López Obrador era su colaborador. En esta resurrección de los "centros integradores", hubo actos públicos en los que el tío Baldemar estuvo acompañado de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México, para hacer los grandes anuncios. Para el negocio de dichos centros apuntaron a 2 empresarios muy cercanos a ellos, Carlos Cabal Peniche y Alejandro Del Valle.

Prometieron 13,000 centros integradores. El programa fracasó. El doctor Baldemar no llegó ni a los 2 años en la Secretaría del Bienestar, pero no por ese fracaso, sino por el escándalo de los Servidores de la Nación, pagados con el presupuesto público, pero usados como operadores electorales de Morena. Tuvo observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, al igual que Teresa Guadalupe Reyes, la jefa directa de los "servidores".

Fue tal el desastre, que todos tuvieron que ser rescatados. En esa operación de rescate fue pieza clave Gabriel García, el entonces todopoderoso operador financiero de López Obrador, el que manejaba los programas sociales desde su despacho en Palacio Nacional. La relación de García con el cuestionado empresario Alejandro Del Valle -recientemente vapuleado por la quiebra de Interjet- fue central. A la operadora clave de Baldemar, Isabel Montoya, la mandaron a trabajar con Del Valle a Interjet. A Teresa Guadalupe Reyes la colocaron en el INEA (el de educación para los adultos) y más recientemente la candidatearon para ser consejera del INE. Y a Baldemar Hernández lo movieron unos meses a la Secretaría de Hacienda y le terminaron dando la jefatura de Financiera Rural.

¿Qué hizo ahí? Quebrarla. Gabriel García acomodó a varios de sus cercanos en la Financiera y juntos iniciaron la operación electoral a favor de Morena. Dieron créditos con los mismos criterios que asignaban los programas sociales: privilegiando a morenistas. El modelo reventó.

Hace unos días se anunció que el presidente AMLO desaparecía Financiera Rural. No es cierto que la haya desaparecido por la corrupción del pasado. La tuvo que desaparecer para esconder los malos manejos del presente.

Luego de que López Obrador envió reformas para eliminar a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, el titular de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, Adalberto Velasco, arremetió contra la medida.

Lamentó que no haya políticas públicas que mejoren las condiciones del campo. Es más, criticó que la presente administración le apuesta más a la importación de alimentos de otros países.

Recordó que este organismo otorga financiamiento a muchos proyectos, pero también es importante por la asistencia técnica que brinda.

Nos cuentan que será un hecho la desaparición de la Financiera, por lo que los más afectados serán los medianos y pequeños productores.

Andrés Manuel López Obrador ha criticado que no sirve para nada el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Claramente no sirve para nada a los poderosos, pero sí a los ciudadanos. Otro tema aparte, tampoco seamos ingenuos, son los altos sueldos, la burocracia dorada y los cotos de poder que se han generado en esos organismos autónomos a nivel federal y estatal. Pero hay que saber distinguir el grano de la paja.

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) expresó su preocupación por las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, mismas que calificaron como "constantes descalificaciones".

"El Pleno del Inai, conformado actualmente por la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena; las comisionadas Josefina Román Vergara y Norma Julieta del Río Venegas, y el comisionado Adrián Alcalá Méndez, lamenta las descalificaciones y señalamientos del gobierno federal, ya que denotan desconocimiento sobre las responsabilidades constitucionales del Instituto y atentan contra su autonomía e independencia, por lo que hace un llamado al poder ejecutivo a entablar un diálogo abierto, plural y democrático", expusieron a través de un comunicado.

Luego de que López Obrador asegurara que dicho Instituto es un "cero a la izquierda", las y los integrantes señalaron que a lo largo de 20 años, "el Inai ha dado muestra fehaciente de su pertinencia dentro del aparato democrático mexicano para que la sociedad pueda ejercer y hacer valer sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales".

Advirtieron que los señalamientos del gobierno federal pretenden comprometer la existencia del organismo garante, "pero sobre todo vulneran la garantía de estos 2 derechos fundamentales, consagrados en la Constitución mexicana, los cuales abren la posibilidad de que las personas exijan y hagan valer otros derechos humanos".

Las y los comisionados afirmaron en el comunicado que el Inai trabaja por y para la ciudadanía.

"A través del derecho a saber, las personas han podido conocer y acceder a programas sociales, a servicios de salud o a becas y, mediante el derecho de protección de datos, han logrado obtener sus semanas cotizadas para tramitar su pensión, solicitar su expediente clínico para conocer otras valoraciones médicas, rectificar sus datos, por ejemplo, de los certificados de vacunación, presentar una denuncia cuando instancias públicas o privadas hacen mal uso de su información personal y exigir la reparación del daño cuando han sido víctimas de robo o suplantación de identidad, por mencionar algunos beneficios", indicaron.

Además, continuaron, a través de las resoluciones del Pleno del Inai, derivadas del ejercicio del derecho de acceso a la información, se han documentado y transparentado diversos asuntos de interés público y casos como Segalmex, la "Estafa Maestra" o la "Casa Blanca".

"Por otro lado, es importante puntualizar que el Inai es la única autoridad en el país facultada para velar por el derecho de la sociedad a la protección de sus datos personales, a nivel nacional, en el sector privado y, en el ámbito federal, en el sector público", concluyeron.

La revelación más inquietante a nivel institucional la hizo el sábado pasado The Washington Post, que descubrió una ruptura en el seno de las fuerzas armadas mexicanas en los reportes secretos del Pentágono publicados en las redes sociales sobre el espionaje de Estados Unidos sobre sus aliados. Uno de esos informes mostró la molestia del secretario de la Marina, almirante Jorge Rafael Ojeda, por la nueva responsabilidad que le dio el presidente al Ejército de tomar el control del espacio aéreo mexicano, quien como consecuencia ordenó limitar la cooperación y la información a la Secretaría de la Defensa Nacional.

La difusión de información secreta del Ejército hasta antes de estas revelaciones se había concentrado en reportes sobre la salud del presidente y viajes de su familia, análisis estratégicos sobre el crimen organizado y corrupción con políticos, y espionaje de civiles, pero no se habían visto los excesos personales del secretario de la Defensa, cuya deferencia política y presupuestal de López Obrador hacia él tampoco había mostrado las consecuencias dentro de las fuerzas armadas por esa inclinación.

Estas nuevas informaciones permiten ver el quid pro quo del presidente con el general, detonado por el 1er. gran giro de López Obrador en sus promesas de campaña, cuando en lugar de regresar al Ejército a sus cuarteles, los dejó en las calles y fortaleció sus labores en seguridad pública. La forma abyecta del general a todas las instrucciones del presidente, de acuerdo con funcionarios que lo vieron en las reuniones del gabinete de seguridad, y la prontitud a decir que sí a todo, cuando otros miembros del gabinete mostraban reservas o dudas sobre las órdenes de López Obrador, le fue ampliando la confianza de quien la mide en razón de la incondicionalidad a sus deseos.

El general Sandoval se empoderó a niveles insospechados. El mejor ejemplo de esto, por lo que significa, fue su alejamiento del general Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia. Martínez, compadre de Sandoval, quien lo propuso para la cartera de secretario de la Defensa, a donde brincó pese a que era el general 22 en jerarquía. La confianza entre ellos, sin embargo, se fue deteriorando, al punto que el director del CNI informó al presidente de las deficiencias y fracasos del Ejército en materia de seguridad, y como consecuencia, cuando menos de manera coincidental, Sandoval prohibió que la esposa de Martínez tuviera acceso al Campo Militar Número 1, lo que se vio en Lomas de Sotelo, como un quiebre en esa relación.

El presidente, en su lógica para neutralizar a los servicios de inteligencia de Estados Unidos que se apoyaban únicamente en la Marina, empoderó y enriqueció al Ejército. El saldo de esa estrategia no lo sabemos todavía, pero de que apesta, apesta.

Hay 2 hombres del gabinete a los que se considera maestros de Andrés Manuel López Obrador. Los conoció hace décadas, siendo el presidente un joven político, y ellos, de más edad, le dieron oportunidades de trabajo en el gobierno priista y le enseñaron de política. Coincidentemente, esos 2 maestros han metido en graves problemas a su alumno.

Baldemar Hernández, el que acaba de llevar a la desaparición a Financiera Rural, fue el 1er. jefe de López Obrador en el gobierno. Fue subdirector del Centro Indigenista Chontal, del Instituto Nacional Indigenista (INI). López Obrador fue el delegado en Tabasco. Esa chamba le dieron tras haber hecho campaña por Carlos Pellicer en el estado. 40 años después, López Obrador le devolvió el favor a Baldemar Hernández y lo puso al frente de Financiera Rural, encargada de otorgar créditos al campo. La semana pasada se anunció que Financiera Rural quedaría desmantelada. En su conferencia mañanera, López Obrador de nuevo parloteó sobre que la corrupción del pasado, las transas... pero no dijo la verdad: Baldemar Hernández tomó la Financiera con una cartera vencida de 10% y ahorita la tiene en 40%. Insostenible. Si hay alguna irregularidad que investigar en Financiera Rural, tendría que empezar por hurgar en este sexenio, en cómo la manejaron y la dejaron quebrada.

El otro es Ignacio Ovalle. También fue jefe de López Obrador en el Instituto Nacional Indigenista. AMLO ha querido ser agradecido con su maestro Ovalle: no solo le dio una 2a. oportunidad en la vida, sino que lo ha protegido frente al escándalo de corrupción más cuantioso del sexenio.

Ignacio Ovalle estuvo al frente de la Conasupo en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Conasupo fue la columna vertebral de los escándalos de corrupción de ese sexenio que salpicaron incluso al hermano del mandatario, Raúl Salinas de Gortari. Ovalle salió impune del expediente.

Con el paso de las décadas, Conasupo fue cambiando de nombre casi sexenalmente hasta que en esta administración le pusieron Segalmex. Como Salinas, López Obrador designó a Ignacio Ovalle al frente del organismo encargado de garantizar alimentos baratos a la población más necesitada. La historia se repitió: Segalmex es el escándalo de corrupción del sexenio, con desvíos de hasta 15,000 millones de pesos, el doble que la tristemente célebre Estafa Maestra del sexenio de Peña Nieto. Y López Obrador protegió a su maestro Ovalle: lo quitó de Segalmex tan pronto iniciaron las indagatorias y lo colocó en la Secretaría de Gobernación donde se desempeña como Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

No faltará quien quiera destacar que el presidente es un hombre agradecido con los que le tendieron la mano. Agradecido, claro, a costa del dinero del pueblo y sellando turbios pactos de impunidad. Se ve que aprendió de sus maestros... en el viejo PRI.

Durante el debate de candidatos a la gubernatura de Coahuila el domingo, la moderadora Sandra Romandía preguntó al morenista Armando Guadiana si replicaría a nivel estatal la decisión de AMLO de dejar inoperante el Inai.

El senador de Morena respaldó las "razones" del presidente para desactivar al Instituto Nacional de Transparencia. Y dijo que en el respectivo instituto coahuilense pondría a personas honorables. Idéntico que López Obrador: las instituciones de antes son impuras.

Guadiana ejemplifica algo que no terminará, en forma alguna, con el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Gane o pierda Guadiana en junio la gubernatura de su estado, la realidad es que sería uno más de la veintena de gobernadores que nunca se atreverían a contradecir al presidente, y bastantes de ellos estarán en el poder más allá del 2024.

Así que si este presidente de la república dice que lo que toca es cancelar el Inai, mudas y mudos, o incluso aplaudiendo, las y los mandatarios estatales de Morena respaldarán al ejecutivo. Y lo mismo con la liquidación de la Financiera Rural, y de Notimex y, aunque hasta ahora se ha conjurado esa posibilidad, lo mismo con el socavamiento del Tribunal Electoral, entre otros.

De ganar en 2024 alguna de sus corcholatas, la elección presidencial no será el inicio de la corrección, ni siquiera el de la revisión de lo que hizo o dejó de hacer el presidente López Obrador. La sombra de éste pesará sobre su sucesor como ninguna otra en muchos sexenios. Y él no será enviado de embajador ni a España y menos a Nueva Zelanda.

Además, el presidente heredará una camada -grande o mediana, mas no irrelevante- de colaboradores a su sucesor que son más bien deficientes en términos técnicos. Cuadros políticos o ideológicos que difícilmente volverán al partido o a sus trabajos previos, y que hasta por conveniencia propia (no soltar el cargo) obstaculizarán cualquier "regresión".

Esos gobernadores y funcionarios constituirán la resistencia interna y ejercerán de valedores de la doctrina que ya ha anunciado el presidente: dejará una lista de pendientes, de tareas que los precandidatos asumirán incluso antes de la campaña (hay quien dice que hará a las corcholatas firmar esos compromisos).

Hay voces que advierten que es equivocado subestimar el poder de "la aguilita", que una vez que una persona se sienta en la silla presidencial puede cambiar todo.

Pero Morena no es un partido sino un movimiento, y este sexenio es distinto: no marca un ciclo en sí mismo, es parte de algo que pretende abiertamente rebasar los límites del tiempo constitucional de una presidencia, del poder (o, si gustan, influencia) de una persona.

O se defiende al Inai en este momento, y se le pasa el máximo costo posible a legisladores de Morena que podrían ser susceptibles a ser tachados de inconsistencia -los ebrardistas, por ejemplo- para tratar de encarecerles su veto al instituto de la transparencia, o salvo que gane la oposición ya no habrá Inai en muchos años.

Y algo parecido hay que decir con la Financiera Rural o con Notimex.

La oposición no ha enviado la señal de entender que son temas, los 3, que podrían suscitar respaldo en la opinión pública. Si el presidente se sale con la suya y encima sin costos, con el pretexto de buscar “gente honorable” nos quedaremos sin instituciones.

Un buen amigo tapatío, experto internacional en temas energéticos, fue demoledor cuando le consulté qué le parecía la compra, a la empresa española Iberdrola, de 13 plantas de generación eléctrica por 6,000 millones de dólares a través de la empresa Mexico Infrastructure Partners, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con los propietarios y directivos de esa firma a los que mucho tiempo denostó y llamó saqueadores, anunció el 4 de abril pasado desde el Palacio Nacional que habita.

Esto fue lo que me dijo: "Es una mala señal. Era innecesario e Iberdrola aprovechó para aventar el arpa".

-¿Se debe a su visión nacionalista o por qué AMLO sigue en esa ruta?-, le insistí.

"Son puros mensajes políticos caros. Quería tener su día en que nacionalizaba algo y pues échenle 6,000'000,000 USD".

Y remató: "Las decisiones de AMLO ya no se pueden analizar a la luz de la economía o las políticas públicas sino de la psiquiatría".

Lo preocupante es que muchos otros especialistas en la materia coinciden en que esta operación, que tuvo nula socialización pese al gusto por las consultas populares que tiene el gobierno de la autollamada 4a. transformación, le convino más a la empresa Iberdrola que al gobierno mexicano y por consiguiente significará una pérdida para el país.

Pese a todas estas críticas, el presidente insistió la semana pasada que se trató de una buena decisión, ya que esas plantas, que serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), consolidarán a esa empresa pública como la mayor generadora de energía eléctrica en el país al pasar del 39.6 al 55.5%.

Están también los cuestionamientos de que aunque efectivamente la CFE obtiene así más mercado, también se hace de tecnología sucia y antigua que le vendió Iberdrola y con lo que presumió en su comunicado luego de la transacción que "la compañía continúa siendo el principal generador privado de energías renovables en México e impulsa el cumplimiento de sus compromisos de descarbonización".

Por todas estas críticas, esta operación recuerda la compra a sobreprecio que hizo de la planta de Agronitrogenados Emilio Lozoya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, uno de los motivos por los que está encarcelado, y por lo que también fue a prisión en 2019 Alonso Ancira, dueño de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), hasta quedó libre en 2021 luego de pactar devolver al gobierno mexicano 216 millones de dólares que debe terminar de pagar en noviembre de este año.

El presidente descartó que en el caso de las plantas compradas a Iberdrola se traten de chatarra, al asegurar que aunque algunas operan desde hace más de 20 años, son más modernas que las de la CFE y la inversión se recuperará en una década.

Veremos, pues, si eso ocurre y no queda todo en electroshock de nacionalismo.

Nunca me ha gustado el discurso en torno a la transparencia por una sencilla razón: es la forma en que los políticos se apropiaron para sí, como atributo propio o de sus administraciones, algo que es mucho más profundo y esencialmente ciudadano: el derecho a la información.

La crisis generada desde el gobierno de López Obrador para inhabilitar al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y la desaparición por decreto de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, son dos atentados contra el derecho a la información, contra nuestro derecho a saber.

El derecho a la información, entendido como el derecho de todo ciudadano por el simple hecho de ser ciudadano a conocer la información de lo que se hace o se deja de hacer con nuestro dinero, fue la gran conquista ciudadana tras la transición a la democracia. Un movimiento en el que por cierto López Obrador no sólo fue ajeno sino un obstaculizador cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. El llamado Grupo Oaxaca consiguió que la reforma al artículo 6 de la Constitución realizada en el sexenio de López Portillo, cuando se consagró el derecho a la información como una de las garantías individuales, finalmente fuera operativizada con una ley que obliga todas las entidades del Estado mexicano a responder a cualquier petición de información que requiera un ciudadano.

El derecho a la información no evita la corrupción, como el derecho a la propiedad tampoco evita los robos. Los delincuentes son delincuentes independientemente de nuestros derechos. Lo que sí hace el derecho a la información es que empodera a los ciudadanos frente al gobierno en turno y obliga a los gobernantes a hacer públicos cada uno de sus actos y de sus decisiones.

La mañanera no es un ejercicio de rendición de cuentas. Pero, aunque lo fuera, nada tiene que ver con el derecho a la información. En las conferencias de prensa matutinas el presidente informa lo que él quiere que sepamos o en el mejor de los casos, lo que se imagina que queremos saber. Es una comunicación vertical, controlada desde el poder para el fortalecimiento del poder. El derecho a la información es justamente lo contrario, aquello que los ciudadanos queremos saber, sin importar la motivación y si eso afecta o beneficia al gobierno en turno.

La cancelación de Notimex no es producto de una intención de ocultamiento de información o perversidad política sino de la más vulgar ineficiencia administrativa e incapacidad de gestión. Un mal director, en este caso una mala directora, llevando al extremo la ideologización de la agencia de noticias frente a un sindicato anquilosado en un gobierno que no resuelve. Ante la incapacidad para resolver el conflicto se optó por la salida fácil: desaparecer el problema. Notimex tenía la insustituible función de dar a conocer la información de lo que sucedía en todos los rincones del país, algo que ningún medio ni agencia gubernamental puede hacer.

Confundir la opacidad traslúcida de la mañanera con derecho a la información es una de las trampas de la transparencia. Defender al INAI es tan importante como defender al INE. Perderlo sería uno de los grandes retrocesos democráticos de nuestra historia.

Toda esta animadversión de la 4T al Inai quedó obscenamente exhibida la semana pasada que el fuego amigo entre las "corcholatas" provocó que se filtrara una grabación del secretario de Gobernación, cuando en una reunión con senadores morenistas y sus aliados expone que su jefe López Obrador le había pedido seguir retrasando esas designaciones, un "impasse" que era como el "mundo ideal" para ellos. Esa confesión publicada, se sumó al machismo político del senador Félix Salgado Macedonio, que dijo que por ser mayoría los comisionados se elegirían cuando ellos quisieran, y el remate vino en la mañanera cuando el presidente dijo que el Inai no servía para nada más que para tapar "corruptelas".

Más allá de este "fuera máscaras", no hay sorpresa alguna porque era sabido de todos la tendencia de López Obrador de debilitar, en busca de su extinción, a los Organismos Constitucionales Autónomos (Oca´s) obstaculizando el cumplimiento de sus obligaciones institucionales que contribuyen al equilibrio de poderes.

Lo dicho, si en estos organismos se ha incurrido en excesos, sin duda se tienen que sancionar y corregir, pero no se puede hacer una descalificación total de su trabajo para eliminar la supervisión de esas nuevas aduanas que hacen escrutinio del ejercicio y resultados de la administración pública.

Este rechazo al Inai, violatorio de la Constitución, deja muy mal parado al gobierno de la 4T y echa por la borda todo el discurso anticorrupción del presidente López Obrador.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe frenar este exceso y desde la sociedad civil se debe defender al Inai, que fue por años un anhelo social para acotar a los poderes públicos y a la clase política y gubernamental por toda una historia de abusos, corrupción, ineficiencias y prepotencias como las que hoy lo quieren desaparecer.

El proceso de demolición institucional que ha llevado adelante el gobierno de López Obrador ha sido sistemático y consistente a lo largo de toda esta administración. En días recientes se anunciaron otras medidas que apuntan en esa dirección.

Se confirmó la eliminación de la Financiera Nacional de Desarrollo (FND). También se confirmó la liquidación de Notimex, la agencia de noticias del Estado Mexicano. Adicionalmente se anunció que no habría nombramientos de los comisionados faltantes en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).

Estas medidas de los últimos días simplemente se suman a muchas otras.

Se pretendió un desmantelamiento de grandes proporciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que se detuvo sólo por la intervención de la Corte.

Si se hace un recorrido amplio por los órganos del Estado se pueden encontrar muchos otros casos... o al menos el intento de realizarlos.

Por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte, falló la pretensión de colocar a una ministra incondicional al frente de la institución y con ello se impidió por ahora una gestión que apuntaría al debilitamiento del poder judicial.

En el sector energía no se corrió con la misma suerte, pues los organismos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía o el Centro Nacional de Despacho Eléctrico han sido o subordinados o debilitados.

Por muchos meses la Comisión Federal de Competencia Económica también sufrió de omisiones en los nombramientos de su Junta de Gobierno.

No puede dejar de mencionarse la eliminación del Seguro Popular, que afectó severamente a una amplia capa de la población que se quedó sin servicio médico.

Igualmente, en ámbito educativo se eliminó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y se erosionó gravemente la capacidad de promoción de innovaciones del Conacyt.

Se canceló el Consejo Nacional de Promoción Turística y Proméxico, 2 instancias que hubieran sido cruciales para la promociones de las inversiones en el país en esta coyuntura.

No le sigo, pues la lista sería prácticamente interminable.

El argumento que muchos partidarios del régimen plantean es que con todo este conjunto de cambios, se han logrado liberar recursos para poder asignarlos a los programas sociales así como a la inversión del gobierno federal.

Cuando se miran esos números, resulta que las cosas no son tan claras. El porcentaje del gasto total que se destinó al desarrollo social representó el 60.5% del gasto programable del sector público el año pasado. En el último año del gobierno de Peña, ese porcentaje ya era de 59.7%. Es decir, la diferencia son apenas 8 décimas.

A la hora de ponderar los costos y beneficios, creo que el impacto de la destrucción institucional será enorme y con repercusiones negativas para el largo plazo para el país.

Esperemos que no transcurra demasiado tiempo para empezar la reconstrucción.

Este día empieza en la Secretaría de Gobernación la eutanasia de la agencia Notimex, que difícilmente llegará a cumplir sus 55 años en agosto. Es muy triste cuando muere un medio de comunicación, pero en este caso el pesar es mayor por las circunstancias de su extinción, la notoria desinformación del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la agencia y su carente visión de estado, y el terrible error de haber nombrado a una protegida de su familia, Sanjuana Martínez, como directora, una periodista que como administradora fue una troglodita autoritaria, incapaz de resolver una huelga durante 3 años.

Pero más grave que padecer a la incompetente Martínez al frente de Notimex, es la forma como López Obrador percibe la agencia. El viernes dijo que era un instrumento de propaganda, que ya no era necesario porque tenía la mañanera. Cándidamente reconoció que lo que realmente tiene en aquello que llama "un diálogo de comunicación circular", es un instrumento de propaganda. La mañanera es su espacio de gobierno cuyo componente central, disfrazado de conferencia de prensa, es utilizado para disparar obuses a todos los que lo critican o disienten, amenazar y mandar a la plaza pública para ser linchado.

Notimex era una agencia de noticias cuya función era registrar todo lo que sucedía que tuviera interés público, que reportaba de manera justa y balanceada. Llenaba los vacíos de información que dejaban los medios privados, que estaban ausentes de mercados que no daban audiencias suficientes para lograr buenos ratings o circulación, y por tanto, publicidad, sin entrar a la importancia estratégica que tendría hoy ante tantas mentiras y desinformación en las redes sociales. De eso se trata una agencia de Estado, y el apego al derecho a la información y a ser informado.

Notimex tenía un sindicato combativo, profesional y responsable. Quienes tratamos con ellos reconocemos su calidad y compromiso con sus agremiados, sin ser unos aventureros temerarios que pusieran en peligro su fuente de trabajo, pero sin líderes charros o cómplices, que traicionaran a los trabajadores. Por la experiencia de muchos de nosotros, es inconcebible que Martínez haya sido incapaz de llevar resolver un conflicto con el sindicato al que acusa de corrupción, y evitar que la empresa se pudriera. Fueron sus limitaciones prácticas y conceptuales, expuestas en una entrevista en Los Periodistas con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, donde señaló, entre otras cosas, que cerrar Notimex "era la decisión más adecuada".

La enterradora de Notimex quiso lavarse la cara diciendo que había sido un botín "durante décadas", cuyos actos de corrupción eran públicos y notorios, lo que es una falacia para justificar sus torpezas. "Era una agencia secuestrada por una mafia que ya no era un sindicato... saqueada, vilipendiada", justificó. "La mayoría no eran periodistas. Había una lista de 60 aviadores. Pasaban 6 meses y veíamos personas y preguntábamos quiénes son esos". ¿Por qué no hizo nada en medio año para frenar esa irregularidad?

Afirmó que hay más 150 denuncias por presunta corrupción. Aun si fuera cierto, ¿no pudo eliminar las frutas podridas y hacer un trabajo profesional? Lo que hizo, como escribió Alejandra Escobar en Etcétera a un año de su gestión, fue "un periplo... plagado de anomalías: trabajadores despedidos injustamente, una huelga desconocida por la directiva que, por ello, conculca derechos laborales y un sinfín de desatinos e imprecisiones en la información proporcionada por la agencia...".

Ni administrar ni hacer periodismo pudo hacer Martínez. Pero que duerma tranquila. El presidente la respalda porque al final, en su visión y acción, son tal para cual.

De escándalo, así utilizan y gastan a manos llenas los recursos que son públicos.

Cresencio Sandoval, titular de Sedena, hace viajes de lujo con todo y familia.

Los viajes del general Luis Cresencio Sandoval González al extranjero son poco conocidos.

Lejos de los reflectores, sin alardes, los viajes del secretario de la Defensa Nacional (Sedena) son viajes de "terciopelo", como se dice en el argot militar: en jets del Ejército, hoteles de alta gama, comidas y cenas en buenos restaurantes, viáticos en suficiencia, visitas a museos y lugares emblemáticos de las ciudades visitadas.

Pero esos gustos no los disfruta en solitario. El general Sandoval suele viajar acompañado. Varias de las plazas de los jets del Ejército Mexicano son ocupadas por su esposa, su hija, su hijo (un alto funcionario federal de inteligencia), su nuera, su pequeña nieta y a veces su consuegra.

Al secretario de la Defensa Nacional lo acompaña siempre, además, una célula de al menos 10 militares que atiende sus necesidades: ayudantes de campo, asistentes para él y para su esposa, jefe de seguridad, médico, enfermera, intérprete, además de los efectivos encargados de la avanzada.

Ya lo leerán ustedes, pero nada en esos viajes recuerda al espíritu de la austeridad republicana ni la justa medianía. Exhibe, en cambio, el hinchado músculo de la influencia pública y el poder presupuestal de la Defensa Nacional.

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, aseguró que, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los campesinos en México están más descobijados que nunca.

A través de un comunicado, sostuvo que el campo se encuentra en el total abandono y que hoy los productores no cuentan con el mínimo apoyo ni créditos para poder sacar a flote sus cosechas.

"Con arrogancia, López Obrador justificó la liquidación de Financiera Rural, asegurando que se apoyaba a los machuchones y productores influyentes y ahora se apoya de otra forma a los productores. Nos gustaría saber de cuál forma, porque el campo está más desprotegido y hundido en la pobreza que nunca", puntualizó.

Cortés Mendoza, calificó de "verdaderamente preocupante" que se afecte a los campesinos al quitarles la oportunidad de alcanzar un crédito accesible, ya que los bancos privados casi no financian proyectos agrícolas y tienen intereses muy altos e inalcanzables.

"López Obrador está destruyendo de un plumazo todo, sin analizar consecuencias, necesidades ni urgencias", sentenció.

Detalló que la Financiera Rural "aun siendo insuficiente" daba un apoyo real del Estado para la producción del campo, que servía a los agricultores para que sacaran a flote sus cultivos y tuvieran cosechas con alguna ganancia.

"Sin embargo, ahora se enfrentan a un régimen que los desdeña completamente y oprimirá aún más, provocando que la brecha de desigualdad se haga más grande. Sin créditos de avío, sin crédito refaccionario y sin financiamiento para la tecnificación el campo entrará en una pobreza sin precedentes en las zonas rurales", señaló.

El dirigente nacional expuso que además los productores agrícolas se enfrentan a un panorama sombrío porque padecen el cambio climático que ha modificado por completo el ciclo de producción, las sequías o lluvias extremas, el incremento de plagas de insectos, roedores u hongos.

En contraste, dijo, en otros países ya hay acciones concretas para combatir estos factores; sin embargo, "México continúa en el atraso y la total indiferencia del gobierno para apoyar en este sentido a los campesinos".

Finalmente, el líder albiazul advirtió que el incremento de la violencia en México también es un factor que acecha al sector campesino, pues está sujeto a la extorsión del crimen organizado y al pago de cuotas; "problema que no solo no ha resuelto el gobierno de López Obrador, sino con su fallida política de "abrazos a los criminales" el control territorial de los grupos delictivos se ha expandido".

"El campo no necesita dádivas, le urge tecnificación, créditos, apoyo, comercialización, seguridad y justicia que desde 1925, el fundador de Acción Nacional, Manuel Gómez Morin, impulsó con el establecimiento de un banco nacional refaccionario dedicado a este sector, y quien sugiriera en ese entonces un sistema global de crédito que incluyera un corpus legal donde se contemplara la ley agrícola, el registro de la propiedad, un banco agrícola y sociedades organizadas por agricultores individuales", concluyó.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) es un organismo en proceso de maduración; imperfecto pero útil. Forma parte de un esquema más amplio que obliga a la administración pública, por ley, a entregar información sobre sus actividades a partir de solicitudes del resto de la sociedad. Durante estos años ha sido la vía para que reporteros obtengan respuestas de autoridades empeñadas en negarlas o para que particulares tengan elementos para defender sus gestiones. Independientemente de ideologías o del régimen vigente, es obvio que se trata de instituciones incómodas para cualquier gobierno; las autoridades y los políticos prefieren operar sin tener que transparentar todos sus actos.

Sin embargo, la molestia del presidente va más allá de eso. A su juicio, el Inai y otros organismos de rendición de cuentas y equilibrio de poderes entre la sociedad y el Estado, han servido esencialmente para dar una pátina de credibilidad a un sistema político que, en el fondo, legitimó la desigualdad social. Mientras nos entreteníamos creando instituciones de tipo europeo, nos desentendíamos de miserias e injusticias propias de África. ¿Cómo es posible que se hable de entramado de instituciones democráticas que no hicieron nada para mejorar la situación de las mayorías? Y, por otro lado, AMLO está convencido de que ha sido una herramienta utilizada por sus adversarios para entorpecer y golpear a su gobierno.

Seguramente no anda desencaminado, pero eso no significa que el Inai deba desaparecer. Y menos aún con el argumento de que la mañanera hace innecesaria cualquier otra instancia de transparencia porque en ella se responde a cualquier duda. Para empezar, la administración pública es demasiado compleja para ser desahogada en una sesión diaria; el Inai procesa miles de peticiones de personas físicas y morales, muchas de las cuales no tienen acceso a esas conferencias en Palacio Nacional. Y, además, porque las ruedas de prensa del presidente son menos un mecanismo de rendición de cuentas y más un ejercicio de difusión y propaganda de las posiciones oficiales. Tan es así que él mismo ha dicho que el gobierno ya no necesita gastar en publicidad porque tiene las mañaneras.

Pero incluso si fuera cierto, el presidente tendría que asumir que este espacio y su estilo remiten a sus peculiaridades personales y difícilmente son reproducibles con esas características en los siguientes sexenios. Su responsabilidad como jefe de estado es dotar a la administración pública de instituciones y leyes permanentes para facilitar la transparencia y el acceso del público a los actos de gobierno, independientemente del partido en el poder. El reto es mejorar el Inai, no desaparecerlo.

Políticos a nivel nacional han reaccionado en redes sociales ante los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador y del audio filtrado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con respecto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El presidente del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, aseguró que "quieren desaparecer a toda la vida institucional", al referirse que no sólo es el Inai el que está en peligro, sino también Notimex y la Financiera Rural.

Por su parte, la comisionada presidente del Inai, Blanca Lilia Ibarra, publicó que "es una Institución de y para la ciudadanía, la conformamos personas servidoras públicas comprometidas con México y con la protección de derecho a saber y de los datos personales".

Gustavo Madero, senador del Grupo Plural, dijo que "los ciudadanos que marchamos el 13 de noviembre y el 26 de febrero para defender nuestro voto y la democracia en México debemos regresar a las calles para manifestarnos para defender al Inai".

Yo sí tengo que reconocer que Andrés Manuel López Obrador nos ha engañado con la verdad. Él no ha cambiado y si acaso lo que se le puede criticar es que ha involucionado de mal a peor. Esa forma de actuar beligerante e intransigente que nos mostró cuando perdió la elección presidencial de 2006, es la misma que exhibe cada mañana en sus conferencias. En aquella su primera derrota al aspirar a ocupar la silla presidencial, se valió del pretexto de la victoria arrebatada por Felipe Calderón Hinojosa, para romper normas, bloquear calles y avenidas, entorpecer la convivencia y arremeter contra "sus enemigos".

Sus conductas no se han modificado; lo que ha venido diciendo y haciendo de entonces a la fecha, es lo mismo que vituperaba en cada escenario que pisó en sus 14 años de campañas electorales, aunque quizá su forma de conducirse se ha acentuado con la vejez, los defectos y los años. Cada vez es más patente la forma en que se proyecta la realidad de un personaje que, en retrospectiva y analizando sus acciones, sus dichos, muchas de ellas ya estaban en el espectro social, ya estaban presentadas a la comunidad pero no se habían mostrado tan claras en cuanto a lo que es en realidad Andrés Manuel López Obrador, su forma de pensar, su esquema, su visión de lo que es la política, el "servicio público", o el servirse para un fin que en su torcida mente considera es lo correcto.

"Al diablo las instituciones", fue una frase que pronunció en 2006 en el contexto de su furia contra el antes Instituto Federal Electoral (IFE) hoy Instituto Nacional Electoral (INE). En los últimos días quedó al descubierto su perverso proyecto de destruir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tras haber salido a la luz pública las grabaciones de la reunión que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sostuvo con legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las que el citado funcionario público del más alto nivel, hace labor de mensajero y transmite la instrucción presidencial de 'No nombrar a los comisionados del INAI'.

En tanto, el Instituto Nacional de Transparencia está paralizado y por ello, 2,133 recursos de revisión sobre diversas solicitudes están en vilo, entre ellas peticiones de personas sobre sus horas cotizadas en el IMSS para tramitar pensiones y jubilaciones, obtención de sus expedientes clínicos y judiciales, estatus de trámites burocráticos o corrección de datos en documentos de identificación, entre otras.

Durante la mañanera de este viernes, el presidente evitó responder cuando se le cuestionó por los audios, y con tono evidentemente molesto y de forma despectiva afirmó que le da igual si existe o no el Instituto Nacional de Transparencia y que no sirve para nada. "Los nombren o no los nombren, ¿para qué sirven? No sirven para nada" (...) "¿Saben para qué sirve ese Instituto o para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios. Da igual que existan o no existan. Sería mejor que no existiera porque nos ahorramos los mil millones".

Pero no es que AMLO quiera ahorrarse mil millones, lo que quiere es no tener que rendir cuentas de la imperante corrupción en su administración, siendo que ha sido gracias al INAI que nos hemos podido dar cuenta de las tranzas de su prima Felipa y del descomunal desfalco en Segalmex, que triplica el monto de la Estafa Maestra a la que tanto capital político le sacó en el sexenio pasado, solo por mencionar un par de casos.

El fondo del tema es que ya antes hemos visto otros episodios en los que Andrés Manuel ha atacado a instituciones de todo tipo e insisto, él no cambió. "Al diablo con las instituciones", lo dijo fuerte y claro en cada escenario que se le abrió durante sus largos años de campaña. Hoy vemos que para él no fue una expresión sin sentido, sino una filosofía, y la destrucción y desaparición de instituciones es patente y en ese contexto y en ese camino que ha venido despejando, es como pretende transitar a una dictadura monolítica en la que al final de cuentas pueda seguir aprovechándose políticamente de los más desvalidos económicamente, de los más vulnerables, y con total cinismo, en lugar de buscar que haya mayor riqueza pretende que los que la tienen se depauperen para que haya equilibrio, igualdad, pero con la gente cada vez más pobre en todos los aspectos.

Adán Augusto les habló a los legisladores de Morena que para el presidente prescindir del INAI es "un mundo ideal". Y cómo no lo sería, si tendría manga ancha para seguir entregando contratos a sus primas, a más familiares y a sus amigos; un mundo ideal en el que no estaría obligado a rendir cuentas y podría continuar despilfarrando recursos en obras faraónicas, y dar seguimiento a la destrucción que inició el mismo día en que se le colocó la banda presidencial.

Hay algo que no checa: el presidente más popular de la historia (?) no se atreve a ir a la cámara alta porque a los opositores les gusta hacer manifestaciones. Hay que cuidar la investidura presidencial, argumenta nuevamente para evadir, en este caso, su presencia en la entrega de la medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República a la escritora Elena Poniatowska.

"Elenita", como le dice el presidente para que quede clara su cercanía, fue una de las grandes promotoras y apoyos intelectuales del movimiento que encabeza López Obrador. Cómo olvidar aquel discurso en el que Elena le hablaba a su fallecida madre, mirando hacia el cielo, diciéndole lo felices que éramos los mexicanos por el triunfo de Andrés Manuel. Elena Poniatowska, sin embargo, ha sido en los últimos años crítica de las políticas de seguridad y de polarización del presidente e incluso de las mañaneras: habla demasiado, ha dicho.

El cuidado de la investidura ha sido la excusa de López Obrador para no reunirse con quien no quiere y para mandar mensajes de toma de distancia. Lo hizo con Javier Sicilia a propósito de las marchas y reclamos por la traición al modelo de seguridad que el hoy presidente planteó en la campaña, cuando repetía una y otra vez que iba a regresar al Ejército a los cuarteles. Lo mismo dijo para no recibir al entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que quería presentar al presidente pruebas de la participación del crimen organizado en las elecciones estatales. La investidura le permite discriminar a su antojo a los interlocutores de la Presidencia.

¿Le pasa algo a la investidura presidencial si escucha las críticas de sus opositores o simplemente de quienes no están de acuerdo en algo? Nada, por el contrario, la investidura presidencial en un sistema democrático implica justamente el debate de ideas, la representación del poder ejecutivo ante otros poderes y de la jefatura del Estado mexicano ante las instituciones y otros países del mundo. Lo que está cuidando el presidente es su imagen, la de Andrés Manuel López Obrador, no la de la institución presidencial que va mucho más allá de la persona que ocupa el cargo.

Al Senado no le pasa nada si López Obrador no va a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, ni Elena Poniatowska es menos merecedora al mérito si no asiste el titular del poder ejecutivo. En realidad, se trata sólo de una toma de distancia del presidente con la crítica, por más leve que esta sea. No se busca proteger a la investidura presidencial de posibles raspaduras y abolladuras sino de evitar cualquier acto público en el que aparezca la discrepancia frente al presidente.

El poder aísla: es uno de los síntomas de todo fin de sexenio.

López Obrador es un moralista en toda la extensión de la palabra, una extraña especie de izquierda mocha, conservadora. Aunque él se ubica continuamente como liberal lo hace siempre en los códigos decimonónicos de la guerra de Reforma y no desde la agenda de ampliación de libertades que implica ser liberal en el siglo XXI.

No ha habido un presidente, ni del PRI ni del PAN, con una posición tan moralista en torno a las drogas como López Obrador. De hecho, sigue sin legislarse correctamente el tema de la marihuana, como ordenó la Corte, porque el presidente no quiere dar el paso. Los diputados de Morena pasaron una ley que no cumple con lo que ordenó la Corte y se las regresaron. Hoy sigue durmiendo el sueño de los justos.

El linchamiento desde la mañanera a Vicente Fox no es por tráfico de influencias o por corrupción. Todos los argumentos vertidos por la señora Vilchis en la sección "Quién es quién en las mentiras" fueron morales, la acusación fue por consumir marihuana "que crea algunos problemas de memoria" y no por alguna acción ilegal.

La política de drogas 4T se ha basado única y exclusivamente en campañas de prevención de adicciones que suenan todo el día en la radio, pero que nadie sabe qué resultado tienen, salvo al parecer, un efecto tranquilizador en la conciencia del presidente que cree que repetir "las drogas matan" evita que los jóvenes se droguen. Ojalá que la causa del consumo de drogas, alcohol o tabaco fuera la falta de información. Sería relativamente simple de resolver. Mantener la prohibición de la marihuana sólo beneficia a los dealers de barrio y a los policías extorsionadores. Las cárceles siguen llenas de jóvenes "delincuentes" detenidos por posesión de marihuana. Eso no ha cambiado.

El riesgo mayor para el país está en que al mismo tiempo que se combate moralmente a la marihuana no hay una política clara para evitar la producción de fentanilo. Si algo hemos de aprender de los errores del pasado es que México minimizó el problema del tráfico de cocaína porque, se decía, "nosotros somos sólo el trampolín y ellos (los gringos) la alberca". Cuando Estados Unidos decidió combatir la cocaína la droga se quedó en México, bajó drásticamente de precio y pasamos de trampolín a chapoteadero en un abrir y cerrar de ojos. Si hoy no combatimos en serio los laboratorios de producción de fentanilo en México más temprano que tarde la epidemia que hoy viven Estados Unidos y Canadá será nuestra.

Necesitamos una política de estado en materia de drogas, alejada de moralismos, basada en evidencia científica y, sobre todo, que no esté sujeta a visiones personales, a arranques histéricos en busca de popularidad como los de Felipe Calderón, o a visiones romantizadas del pueblo bueno como las de López Obrador.

En una reunión privada con los senadores de Morena, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, exhibió a su jefe, el presidente de México: contó que López Obrador vetó el nombramiento de comisionados del INAI porque "lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impasse", es decir, un tiempo en que el órgano de transparencia quede inoperante. "Estamos en el mundo ideal", dijo López Obrador a su principal operador político. Y éste transmitió el mensaje tal cual.

Al platicar con el grupo parlamentario de Morena en el Senado, el secretario de Gobernación dijo con franqueza que al principio de la discusión sobre el INAI, en una reunión con el presidente, le había explicado que el Senado nombraría a 2 personas en torno a las que había acuerdo con los otros partidos políticos, y que el presidente dio su aval para que eso sucediera.

Sin embargo, días después, ya que habían sido nombrados Rafael Luna y Yadira Alarcón, López Obrador le consultó qué pasaría si él vetaba esos nombres. El secretario relató que le contestó a su jefe que "no va a poder funcionar el Instituto el INAI, seguramente estos van a intentar promover algún recurso para que la Corte obligue a nombrarlo". Entonces el presidente dijo que eso es lo que más le convenía: dejar inoperante al INAI.

Y para que no hubiera duda sobre la voluntad presidencial, el secretario Adán Augusto dijo a los senadores morenistas que este martes el presidente López Obrador le ratificó la misma instrucción de no nombrar por ahora a los comisionados del INAI, dejar al INAI sin funcionar: "Estamos en el mundo ideal, nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombren", le dijo el presidente. Escuché el audio de la reunión entre el secretario y los senadores, y las citas son textuales.

¿Cuál es "el mundo ideal" del que habla López Obrador? Un INAI al borde de la extinción. Que no haya transparencia. Que no se conozcan los contratos del gobierno. Que no se sepan los escándalos de corrupción y desvío de recursos que se han denunciado gracias a la información que facilita el INAI. La Casa Gris, Segalmex, los contratos de la prima Felipa Obrador con Pemex, las obras para mejorar la zona del rancho del presidente usando dinero público, las empresas fantasma del AIFA, los contratos del Instituto de Migración con empresas de seguridad. Todos esos reportajes y denuncias han abrevado del INAI. Y por eso el presidente lo quiere inhabilitar.

Las declaraciones del secretario de Gobernación exhiben también al presidente en una más de sus mentiras. Cuando vetó a los comisionados del INAI dijo que era porque "todo parece indicar que se repartieron los 2 candidatos, PAN y Morena, y eso no debe permitirse... no podemos aceptar esos enjuagues". Una reportera le preguntó: "¿No queda inoperante el INAI?". El presidente afirmó: "Pues hay que buscar que no sea". Es mentira. Ahora se confirma que es mentira. Él quería que quedara inoperante. Él lo buscó. Y ese es "su mundo ideal".

El comisario de la comunidad de Horcasitas, del municipio de San Luis Acatlán, ordenó a la policía rural detener y encerrar en la cárcel al director de un portal de noticias que difundió en las redes sociales un video de un vivero del programa federal Sembrando Vida en el que no hay plantaciones.

Se trata de Bertín Chino González, quien en una entrevista dijo que difundió este video en su portal de noticias Prensa del Sur. Después de que la gente vio el video, varios policías rurales llegaron a su domicilio y le dijeron que, por órdenes del comisario municipal, Ángel Morales Agustín, estaba detenido.

"Me subieron a una camioneta y me encerraron en la cárcel, y el comisario con la gente del pueblo está realizando una asamblea en donde se va a determinar el castigo que se me va a aplicar", dijo en una entrevista telefónica.

"Hago responsable al comisario de esta comunidad de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia", señaló.

"Yo lo único que hice es dar a conocer lo que está pasando en ese vivero, así como he difundido otros viveros del programa Sembrando Vida en la región de la Montaña, en donde tampoco hay plantaciones", dijo Chino González.

Por su parte, el alcalde petista del Municipio de San Luis Acatlán confirmó la detención de Chino González, pero dijo que la síndica procuradora y un regidor se dirigen a la comunidad de Horcasitas para dialogar con el comisario y los habitantes y convencerlos de que lo dejen en libertad.

Hasta las 19 horas de hoy, el director del portal de noticias Prensa del Sur seguía encerrado en una celda de la cárcel municipal.

Hay una corriente de opinión que quiere que se cancelen las mañaneras y que deje de atacar, maldecir, insultar y difamar el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque consideran que polarizan. Quienes así lo desean pecan de ingenuidad y de [poca] visión estratégica. Lo 1o., porque no se necesitaría que López Obrador diga que eso no sucederá, porque es obvia su utilidad política, y lo 2o., porque esa herramienta de poder es un búmeran. Si quieren los opositores y críticos de López Obrador llevarlo a una rendición de cuentas política, histórica y penal, el gran aparador de la mañanera es el camino correcto. Creer que aún en el casi imposible caso que se suspendieran, ¿de verdad piensan que se acabaría la polarización?

Polarizar es una estrategia bien pensada de López Obrador para cohesionar y fortalecer el núcleo duro de 14 millones de votos y, al mismo tiempo, para luchar incansablemente para que la oposición no sea homogénea y se meta en un proceso de balcanización que destruya cualquier intento de alianza electoral. La polarización, además, no es sólo resultado de la conducta presidencial, sino en buena medida responsabilidad de actores políticos y medios que diariamente litigan contra López Obrador y caen en su juego provocador y distractor. Si en lugar de entrarle a todos los temas que aborda, muchos de ellos banales y estériles, y lo ignoraran, habría menos tensión y rispidez en el paisaje nacional.

López Obrador se nutre del conflicto. ¿30 años de estarlo haciendo no ha sido suficiente para que lo entiendan? Cuando se ausenta, como sucedió en Semana Santa, la única medición de éxito que tiene, su popularidad, baja. Un análisis de SPIN Taller de Comunicación Política, que hace un recuento cuantitativo y cualitativo de las mañaneras, citado por La Silla Rota, muestra que aunque López Obrador tiene 10 millones de seguidores en Facebook, menos del 1% de ellos lo siguen en su espacio matutino. Sus mejores momentos se dieron en el 1er. tercio del sexenio, cuando alcanzaron una audiencia de casi 3 millones de personas, pero se fue cayendo sostenidamente hasta tener actualmente a menos de 100,000 personas en Facebook por mañanera.

Paradójicamente, para beneficio existencial y catártico de los agoreros de la polarización, las mañaneras, como dijo López Obrador ayer, no desaparecerán. López Obrador las necesita porque son la manguera por donde le inyectan gasolina sus adversarios y críticos para que pueda seguir avanzando. Son ellos, colectivamente, el antipeje que el peje requiere para sobrevivir. Sin embargo, vistas las mañaneras desde el reverso de la moneda, las mañaneras son la prueba fiel de su disfuncionalidad como presidente, de sus mentiras, ocurrencias e ilegalidades. Es el espacio donde viola flagrantemente la ley, dice sandeces y hace ridiculeces. Hay millones que lo ven de manera diferente, muchos de los cuales, probablemente, modificarán su idea sobre López Obrador cuando tengan un choque en sus percepciones y descubran que lo que creían era falso.

Pero aún si esto no se diera durante los 14 meses que faltan para las elecciones, tampoco cancelaría la rendición de cuentas más allá del sexenio -que termina en octubre del próximo año-, ni la exhibición de sus tramposas fantasías, posicionamientos absurdos y, para quien desee elevarle el costo, denuncias penales. Las evidencias estarían a la mano, en las transcripciones en el portal del gobierno, en el canal de YouTube de la Presidencia, en la videoteca de los canales de televisión del gobierno, o los archivos digitales, videográficos o impresos de los medios de comunicación. Unos pequeños botones de muestra:

*¿Payasadas? La rifa del avión presidencial que nunca fue rifado, su detente contra el COVID-19, sus abrazos y no balazos.

*¿Burlas? La vacuna Patria contra el COVID-19 que dijo era invento mexicano, comprada a un laboratorio de Nueva York, y los ventiladores para la pandemia que iba a fabricar el Conacyt, que tuvieron sobrecosto, que no se usaron en México y se enviaron a Cuba, donde se disfrazó el fracaso.

*¿Daños al erario? Ahí están la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la compra de plantas de Iberdrola, el congelamiento de permisos para extraer petróleo.

*¿Denuncias penales? Por ordenar la liberación de Ovidio Guzmán López tras ser detenido en 2019 para ser extraditado a Estados Unidos, y el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, que puede constituirse, por haber sido una política de Estado contra un grupo específico de personas que provocó muertes, en un crimen de lesa humanidad.

La mañanera es una caja de cristal inolvidable. Ahí están documentados su apoyo ignorante -porque soslaya que hubo una violación a la ley- a Donald Trump, a los dictadores Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, sus pleitos gratuitos con las agencias de inteligencia de Estados Unidos y el Departamento de Estado, con España, Perú, su exigencia inverosímil que China le informe sobre la distribución de fentanilo ilegal que produce. También lo que piensa y no entiende del feminismo, su maltrato a la clase media, su impúdica ignorancia de los asuntos internacionales o de la forma como funcionan las sociedades, donde extrapola su cosmogonía macuspana al mundo. Parafraseando a Churchill, López Obrador habla de muchas cosas de las que no sabe nada.

¿Por qué quieren entonces que se acabe la mañanera? Por favor. Necesitamos que se siga registrando lo que apunta a ser la peor presidencia que ha tenido México en la memoria, en razón de los resultados, inversos al desarrollo y el bienestar. Necesitamos guardar una memoria de lo que hemos aguantado, y habremos de vivir un año y medio más con una mañanera donde se comprueba diariamente el enanismo del gobierno y su cabeza, al ritmo de Chico Che. ¡Que viva la mañanera con su capitán de las mil pistas! ¿La polarización? Recuerden Tabasco en los 90s, sin mañaneras ni redes sociales. Nada volvió a ser igual en la sociedad y nada lo será aquí. Mantenerlas puede aumentar la diferencia; no se equivoquen.

Pese a la retórica nacionalista del presidente, el gobierno de la 4T cedió a la amenaza de los aranceles del gobierno de Trump, y cambió radicalmente de la política migratoria de brazos abiertos que prometió como candidato a la de la utilización de la recién creada Guardia Nacional para obstaculizar el paso de migrantes en la frontera sur.

Así, la crisis migratoria se trasladó, como nunca antes, a México y se fue agravando hasta escalar a la más reciente tragedia migrante del pasado lunes 27 de marzo, en la que han muerto hasta ahora 40 centroamericanos y sudamericanos en tránsito que fueron literalmente recluidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), que están lejos de funcionar como albergues.

Lo que ha dejado al descubierto la negligencia criminal en el INM no sólo son las inconsistencias en la política migratoria de la 4T, sino el fracaso en la lucha anticorrupción que es la principal bandera del gobierno lópezobradorista.

En vez de erradicar los abusos y las corruptelas en el INM que se han padecido desde siempre y que ya habían provocado tragedias previas como las fosas clandestinas de migrantes en Tamaulipas, o los tráileres abandonados por las bandas de trata, conocidos como "polleros", en el México de la 4a. transformación los migrantes han seguido padeciendo una larga cadena de atropellos no sólo de parte de los gobiernos sino también de los grupos del crimen organizado, que aunque el presidente lo niegue, tienen el control en amplias regiones del país.

El gobierno mexicano debe hacer mucho más que nombrar al padre Solalinde para jubilar al INM, y para hacer olvidar la tragedia migrante de Ciudad Juárez que ya empezó a denunciar el gobierno salvadoreño al exigir cárcel para los funcionarios responsables de la política migratoria en México.

Iberdrola llevaba todo el sexenio bajo fuego. La política energética de López Obrador parecía estar orientada a un solo objetivo: doblar a Iberdrola. Cuando hablaba de abusos, de excesos, de colusión entre autoridades y grandes empresas extranjeras, pensaba en Iberdrola. Para el presidente, los negocios energéticos de esta compañía representaban una especie de nueva conquista española del suelo azteca que él no estaba dispuesto a admitir. Y encima, había contratado al ex presidente Felipe Calderón.

Durante lo que va del sexenio, el presidente no se cansó de amenazar a Iberdrola. Hasta hace unos días la había tachado de empresa "que abusó de México", que "deberían ofrecer hasta disculpas", que promovía campañas en medios de comunicación para atacarlo, que se "sentían los dueños", que "que tuvo el descaro de llevarse de empleado a Felipe Calderón".

Este acoso mermó a Iberdrola. Se sabía que sus directivos estaban profundamente preocupados, incluso temerosos ante la actitud de López Obrador. Era tal la carga ideológica que cualquier cosa le podía pasar a su negocio.

En síntesis, el presidente de México, a base del incesante acoso de las mañaneras, había logrado colocarse en una posición muy ventajosa para negociar con una Iberdrola a la que tenía contra las cuerdas. Por eso llama la atención que la negociación haya sido tan mala para López Obrador: el consenso de los especialistas es que Iberdrola fue la gran ganona del anuncio realizado la semana pasada, y que el Gobierno de México terminó garantizando un precio muy caro por las 13 plantas.

Siendo plantas antiguas y contaminantes, y teniendo tan arrinconada a Iberdrola, el presidente pudo haber conseguido lo mismo a un precio más barato. ¿De qué sirvió tanta bravuconería en las mañaneras? ¿Por qué le llenó los bolsillos de dinero a una empresa que, según él, representaba todos los males? ¿Estamos frente un caso como el de Agronitrogenados de Lozoya-Peña Nieto, cuando el gobierno compró una mega planta vieja a precios millonarios, y el asunto terminó en cárcel y escándalo de corrupción?

La operación financiera AMLO-Iberdrola ha sido muy poco transparente: un fideicomiso privado (no el gobierno) compró en 6,000 millones de dólares las plantas, pero se sabe que el gobierno tiene dinero dentro de ese fideicomiso (no se ha dicho cuánto). Si lo que dice López Obrador es verdad, entonces la inmensa mayoría de ese dinero es público, porque anunció con bombo y platillo que se trata de "una nueva nacionalización de la industria eléctrica". Salvo que sea otra de sus mentiras.

Así que formalmente, las plantas no las compró México, no son del gobierno, no son de los mexicanos, no son de la CFE y lo peor: no aumentan su capacidad. Las compró un fondo privado que se llama Mexico Infrastructure Partners (MIP) y su adquisición no garantiza que bajen los recibos de luz ni que vayan a terminar los apagones en las penínsulas mexicanas.

Como con la nacionalización del litio que ya era nacional, o la refinería que no refina, la rifa que no rifa, y un abultado etcétera...

Fracasó ProBeis, la famosa oficina presidencial que estuvo a cargo de Édgar González Sabín, desaparecida con opacidad, sin dar cuenta de resultados ni del uso de los cuantiosos recursos públicos que gastó.

No funcionó o al menos hasta ahora no hay resultados concretos que digan lo contrario; la pretendida política pública que el presidente de la república presumió hace 4 años como la panacea a fin que con la labor a realizar por esa dependencia creada al inicio de su sexenio en diciembre de 2018, en poco tiempo hubiese frutos impulsando al beisbol desde las escuelas, instalando academias y procurando que las distintas ligas del juego de pelota a nivel profesional y la federación mexicana del deporte rey realizaran un mejor trabajo para que además de propiciar mayor práctica del beisbol por niños, jóvenes y gente de edad madura coadyuvando a abatir violencia y criminalidad, pudiese generar más participación de los beisbolistas mexicanos en conjuntos profesionales jugando en las grandes ligas, no logró llegar a buen puerto.

Y es que según se proclamaba con bombo y platillo a finales de 2018, la Oficina de la Presidencia para el Impulso al Beisbol era una naciente dependencia inventada y fuera de todo parámetro legal. Estamentada como ente administrativo con dependencia directa del despacho presidencial, desligada totalmente de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), habría de encargarse entre otras cosas, del impulso al beisbol de alto rendimiento en nuestro país, es decir a la detección de talentos y respaldo oficial pleno a los peloteros con capacidad de ser contratados por organizaciones de la "gran carpa" para que pudiesen desarrollarse exitosamente en el mejor beisbol del orbe, siendo una verdad irrefutable el que son realmente pocos los peloteros mexicanos integrados a organizaciones de la Major League Baseball (MLB) para la campaña 2023 que recién arrancó el pasado 30 de marzo.

En general todos los que están en escuadrones de las Grandes Ligas han llegado ahí por razones de su desarrollo personal lejano de la mano o el respaldo del gobierno federal, muchos de ellos avistados por scouts u observadores que les advirtieron cualidades suficientes y otros por ser impulsados por los clubes mexicanos en el beisbol profesional que se desahoga en ligas de nuestro país, es decir que ningún pelotero mexicano actualmente en la gran carpa ha accedido al mejor beisbol del mundo por la tarea de ProBeis, que quizá ha hecho alguna labor en otro tipo de metas, al decirse que hubo impulso oficial hacia algunas academias y torneos regionales, sin mayor información del éxito tangible de esos programas de promoción beisbolera dirigido a la niñez y la juventud, pero no hay nada de resultados inherentes a lo que el presidente se jactó habría de lograrse con suficiencia al haber expresado que con la actividad de ProBeis se generaría que fueren muchos peloteros mexicanos los que cada año se estarían incorporando a las filas de alguno de los 30 equipos en las ligas Nacional y Americana de la MLB.

Como bien comenta Neil Gross, un reconocido sociólogo americano, los sindicatos juegan un papel central al llevar a los trabajadores a votar para sentirse así menos marginados políticamente, sirven para superar los prejuicios políticos de los trabajadores al promocionar a candidatos que no serían de su gusto (sucedió en Estados Unidos con Obama), y ofrecen una protección natural frente a aquellos políticos populistas que proponen soluciones económicas simples. Trump obtuvo más votos de trabajadores no sindicalizados mientras que Obama los tuvo de aquellos sindicalizados. Y el ascenso de Trump ocurrió en un contexto de creciente debilidad sindical.

AMLO, a pesar de presumir ser de izquierda, no ha apoyado al sindicalismo mexicano. La razón es sencilla: representan un contrapeso natural a su poder y al de cualquier líder político. En un México donde 4 personas tienen más dinero que 50 millones de mexicanos, y en un mundo donde 9 personas tienen la riqueza de alrededor de 3.5 billones de humanos (fuente: OXFAM), los sindicatos -los buenos sindicatos- resultan imprescindibles.

A casi 5 años del triunfo de López Obrador no debería existir duda alguna: es un incompetente ávido de poder, rodeado de personas que buscan enriquecerse o vengarse. Ya ni siquiera puede argumentarse que, aunque las cosas no le salgan, tiene buenas intenciones.

No, eso es absolutamente falso, como lo muestran sus decisiones durante estos 5 años.

Reparte dinero para comprar votos, no para mejorar las condiciones de vida de alguien; construye obras para su engrandecimiento, no para contar con mejor infraestructura; desprecia y humilla a quien piensa diferente, sean mujeres, periodistas, familiares buscando a desaparecidos, migrantes, quien sea.

Queda poco más de un año para el fin de éste, el peor gobierno de la historia nacional.

Cuando ocurra, no habremos avanzado en nada, pero sí habremos perdido en muchos frentes.

En la economía, la capacidad del Estado, la posición de México en el mundo, la educación y la salud, y de forma muy importante: en el control del territorio.

Si tenemos suerte, claro.

La corrupción en Segalmex, la paraestatal creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar autosuficiencia alimentaria en los 4 granos básicos de la dieta mexicana, es monumental. En sus 2 primeros años de operar, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por más de 15,000 millones de pesos, lo doble de la llamada Estafa Maestra, que se consideraba el mayor atraco en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que sucede en Segalmex es exponencialmente mayor, no sólo por la suma del dinero sucio, sino porque detrás de esos actos de ilegalidad se encuentra la mano de la Presidencia de la República.

Las acciones que ha emprendido la Fiscalía General de la República parecen más simulación que acto de justicia, para proteger a quien fue su 1er. director, Ignacio Ovalle, que le abrió la puerta a López Obrador de la administración pública federal, y a quien ha defendido el presidente hasta el absurdo de limpiarlo moralmente de responsabilidad y culpa con el argumento que era un "buen hombre" que fue engañado por priistas. Es un timo a la opinión pública, por el encubrimiento de quien guardó silencio cuando hurtaban dinero público de la empresa que dirigía, y al ignorar que, en paralelo, sus colaboradores extorsionaban a proveedores, a quienes exigían comisiones bajo el disfraz y cuotas.

La parte de esas contribuciones obligadas es lo menos explorado en la esfera pública, porque los empresarios afectados no quieren hablar aún de la experiencia que vivieron desde el inicio del sexenio. Algunos de ellos fueron donantes en la campaña presidencial de López Obrador que fueron a cobrar por sus apoyos a Palacio Nacional, y fueron enviados con Ovalle para que se convirtieran en proveedores de Segalmex. Ovalle los recibía, pero no los atendía -de hecho, nunca quiso firmar nada, sabiendo que podría comprometerlo en el futuro-, pero los enviaba con sus subalternos, quienes les pedían que sobrefacturaran en 50% el monto total de sus productos que les regresaban, según dijeron algunos en privado. Eran instrucciones, decían, para recolectar dinero para "el movimiento".

Es dinero político, aunque probablemente no en su totalidad, supuestamente destinado para la causa y el movimiento, salió del erario y provocó alertas de varios colaboradores presidenciales. Uno de ellos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le informó poco después de asumir el cargo, que la corrupción en Segalmex era alarmante, como lo había sugerido la ASF, sin que hiciera nada.

En septiembre del año pasado, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, le habló al presidente de las primeras 2 denuncias contra 9 probables responsables de las irregularidades en el manejo de recursos públicos durante 2019 y 2020. Poco después le reportó de 38 denuncias presentadas en la Fiscalía, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la Secretaría de la Función Pública, sin que se movieran por medio año.

Las revelaciones de la prensa sobre la corrupción en Segalmex comenzaron en 2020, pero Ovalle era resguardado por un aura de impunidad, hasta febrero del año pasado, cuando fue sustituido por Leonel Cota, ex gobernador de Baja California Sur y ex líder del PRD -cuando López Obrador todavía militaba ahí-, y que en el gobierno actual fungía como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ovalle no cayó en desgracia, y según un comunicado oficial, el presidente lo había nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, adscrito a la Secretaría de Gobernación.

En la realidad de Palacio Nacional, López Obrador no se enteró de qué iba a suceder con Ovalle. No es algo inusual en el presidente, que tiene un notable desinterés en todo tema que no sea electoral. Cuando se dio cuenta que Ovalle había sido nombrado para otro cargo, le reclamó a Lázaro Cárdenas, su entonces jefe de asesores, que se le hubiera designado. Cárdenas, según dijeron funcionarios, le respondió que Ovalle realmente no había hecho nada que no se le instruyera desde Palacio Nacional, por lo que, podría interpretarse, no podían abandonarlo sino protegerlo. Y se quedó en el cargo.

Segalmex, por lo que se puede colegir con la información pública hasta ahora, fue una caja a la que entraba dinero que no iba todo a la compra de granos para los segmentos más marginados del país, sino para ser utilizado, probablemente, con objetivos políticos. En sus 2 primeros años de operación, la ASF detectó irregularidades por 15,300 millones de pesos, duplicando la Estafa Maestra que ascendió a 7,600, por lo cual, con pruebas inventadas por la Fiscalía, Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto, pasó 3 años en la cárcel acusada de desvíos millonarios del erario.

Bajó la misma lógica con la que actuaron contra Robles, Ovalle debería estar en prisión, así como también el secretario de Agricultura, de quien depende Segalmex. Pero no. Lo que hay son órdenes de aprehensión contra 22 personas de rango mucho menor, acusadas por un desfalco de 15,000 millones de pesos, por el presunto delito de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado por la compra simulada de casi 8,000 de toneladas de azúcar.

Paralelamente hay una investigación en Estados Unidos, encabezada por el FBI y detonada por uno de los correos hackeados en los llamados Guacamaya Leaks, que revela que Segalmex fue utilizada por agentes de inteligencia venezolanos con estrechos contactos con funcionarios del gobierno lópezobradorista, para enviar al menos 210,000 toneladas de maíz a cambio de millones de barriles de petróleo, que es considerada una operación ilegal. Agentes estadounidenses han señalado que los mexicanos actuaron tanto por razones ideológicas -el apoyo al régimen de Nicolás Maduro y la llamada revolución bolivarista-, como por corrupción.

Segalmex es un pozo profundo donde se mezclan corrupción, extorsión, objetivos políticos e ideológicos, cuyo desfalco no cesa sino sigue creciendo cada año. Es también una bomba de tiempo que está sonando en el corazón de Palacio Nacional.

En los sistemas democráticos, la política casi siempre está vinculada a la negociación.

Si no hay una fuerza política que tenga el control todos los poderes del Estado, gobernar requiere que los partidos políticos representados en los órganos de gobierno deliberen y lleguen a acuerdos.

Para ello se requiere negociar, es decir, intercambiar visiones e ideas y aceptar los puntos de vista de otros.

En México, el actual gobierno, y especialmente el presidente López Obrador, ha estigmatizado este proceso que es inherente a las democracias.

La referencia anterior viene por dos hechos que se han presentado en México en las últimas semanas: la selección de los nuevos consejeros del INE, así como la omisión en la elección de los consejeros del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).

El presidente López Obrador celebró que la designación de los nuevos consejeros del INE haya sido mediante una tómbola.

"En la antigua Grecia se usaba este método", refirió.

Esa evocación explica su gusto porque sean las asambleas en las plazas públicas las que tomen las decisiones en votaciones a mano alzada.

La estigmatización de la negociación tiene como raíz la creencia de que sólo la fuerza política que representa el gobierno autoritario tiene la razón, por lo que los demás deben ser excluidos.

En México, en la elección de los nuevos consejeros del INE se eliminó dicho proceso de deliberación.

En el caso del INAI, el pasado 31 de marzo, al término del periodo de Francisco Javier Acuña como comisionado, el pleno de ese organismo quedó solamente con cuatro integrantes de los siete que debe tener, lo que le impide tomar decisiones que sean legalmente válidas.

El pasado 15 de marzo, el presidente de la república vetó los nombramientos que había hecho el Senado.

No objetó que los perfiles profesionales de las personas designadas no cumplieran con los requisitos legales sino que sus nombramientos fueran producto de una negociación entre partidos.

Esta determinación dejó de manifiesto nuevamente la percepción que AMLO tiene de la política y su aversión a la negociación, es decir a la necesidad de conceder espacios a las fuerzas políticas que tienen percepciones diferentes a las que él tiene.

¿Qué implicaciones tiene para el país el fracaso de la política, entendida como proceso deliberativo y de negociación?

Para quienes seguimos pensando que Winston Churchill tuvo razón cuando dijo que la democracia es el peor sistema de gobierno... con excepción de todos los demás, el signo es muy preocupante.

Si quien encabeza la fuerza política mayoritaria en México y tiene en sus manos la mayor concentración de poder de las últimas décadas le tiene una aversión a los procesos de negociación política a los que estigmatiza como "componendas", existe la amenaza -implícita al menos- de un rechazo a todas las decisiones que provengan de la negociación.

¿Toleraría un gobierno de Morena en el futuro un congreso en el que perdieran la mayoría absoluta y tuvieran que negociar leyes y presupuesto?

Creo que la pregunta resulta pertinente.

Debido a que, según los analistas y especialistas políticos, la polarización del presidente Andrés Manuel López Obrador es un ejercicio deliberado que pretende dividir para ganar adeptos, es necesario que la sociedad se percate de ello y comience, más allá de enfocarse en desmentir o atacar, a informarse mejor y exigir verdaderas acciones de cambio.

Para el analista y CEO de Política Spin, Luis Estrada, una de las claves para evitar ser parte de esta confrontación social es informarse sobre los dichos y aseveraciones del presidente antes de comprar por de facto sus ideas, sobre todo de cara a las próximas elecciones de 2024, donde el voto informado será decisivo.

"Cuando la sociedad empiece a pensar y a exigir que resuelvan lo que tienen que resolver y no pelearse entre ellos, ese día van a cambiar las cosas. Es decir, la idea no es subirnos a sus pleitos, sino que ellos se suban a nuestras agendas. Esto es lo importante, el día que en la sociedad entendamos esto creo que vamos a dar un paso enorme hacia una forma de gobernar distinta, no solo del Presidente, sino de la clase política que lo único que sabe hacer es pelearse. El día que nosotros entendamos eso vamos a experimentar una nueva forma de hacer política", dijo por su parte el investigador del ITESO, Jorge Rocha.

Además, afirmó, es necesario que "las élites" a las que ataca el presidente también comiencen a generar un diálogo con la sociedad, pues históricamente han estado distantes de ellas como parte de las desigualdades, es decir, más que responder a cada ataque del presidente, deberían comenzar a escuchar a la clase media y media baja y viceversa, para que en conjunto se generen exigencias para que se dé respuesta a las necesidades actuales, como los conflictos económicos, inflacionarios o de seguridad pública.

Para Niño de Rivera, abogado y profesor de la Universidad de Monterrey, ex diputado federal por el PAN, la polarización que se vive actualmente en México a raíz de los discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador es similar a la vivida durante la Guerra de Reforma, iniciada en México en diciembre de 1858.

Durante 3 años, recordó en un video compartido a través de sus redes sociales, se tuvo una guerra civil en la cual los 2 grandes grupos de México, Liberales y Conservadores, luchaban por defender sus ideales.

Por un lado, los conservadores pretendían mantener el modelo heredado de la época colonial, mientras que los liberales, representados por el gobierno de Benito Juárez, buscaban el capitalismo democrático.

De acuerdo con Niño de Rivera, la polarización actual se compara con la de aquella época, cuando se dividían familias por tal discusión.

"Eran tal cual los conservadores contra los liberales, y esos conceptos que se usaban hace más de 150 años en esa guerra civil son los que usa el presidente. Imaginemos lo peligroso, lo grave y lo irresponsable que son los que usa. Los conservadores, señala y apunta, son los enemigos de México, pero todos somos mexicanos de entrada", expresó el político panista.

Señaló, ante las discusiones que se tienen socialmente, por ejemplo, entre partidos, la postura de Andrés Manuel debería ser de conciliación y unidad y de hablarle a todos los mexicanos.

Además, indicó, la sociedad no debe normalizar los "discursos incendiarios que atizan todas las mañanas, pues esto podría ocasionar heridas muy duras que van a tardar mucho en sanar".

"Es el presidente de México, que los partidos políticos se peleen, pero no puede decir 'vamos a acabar con ellos' como debería decirle así a los criminales, que les dice todo lo contrario", dijo.

El analista político Luis Estrada ha informado que menos del 1% de los seguidores de la cuenta de Facebook del presidente Andrés Manuel López Obrador, ven las mañaneras diarias.

Según su casa de encuestas y análisis, SPIN-Taller de Comunicación Política, la tendencia de visualizaciones ha disminuido constantemente. Estrada acusó a AMLO de no tener pruebas para respaldar sus afirmaciones de tener millones de espectadores. Aunque la mañanera se transmite por múltiples plataformas digitales, Estrada sostiene que el seguimiento es menor de lo que se ha informado oficialmente.

Un juez en materia administrativa suspendió de manera temporal la reestructura de una parte del Instituto Nacional Electoral (INE) que se puso en marcha con el "Plan B" de la reforma que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para debilitar al organismo.

El juzgador otorgó un recurso que ordena mantener a Marisol Duarte Martínez como jefa del Departamento de Convenios y Contenidos Normativos de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE.

Además, consideró que la medida impulsada por López Obrador "no justifica objetivamente" la reestructuración INE.

"Del análisis de la exposición de motivos únicamente se aprecian razones dogmáticas y genéricas en relación con la supresión de diversas unidades administrativas", indicó en su resolución.

Esto se sumó al revés que el pasado 24 de marzo dio al "Plan B" Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien otorgó una suspensión indefinida luego de recibir una controversia constitucional por parte del INE.

En lo que va del año, las dependencias del gobierno federal iniciaron vigencia de 1,971 contratos por adjudicación directa, que en su conjunto suman más de 27,179'193,806 pesos. De acuerdo con el portal Compranet, la mayoría han sido adjudicados por el IMSS, el ISSSTE, la Sedena, la Secretaría de Bienestar y la Sectur.

*TENEMOS UN PRESIDENTE QUE CAYO EN DEMENCIA*.

Toda la evidencia lo confirma.

La demencia, es la pérdida de lucidez, de sentido de la realidad, es una modalidad de locura, caracterizada por la pérdida de memoria y facultad de razonar.

Eso padece el presidente, veamos la evidencia.

*Su personalidad*

De aclamado luchador social contra la mafia del poder, se convirtió, él personalmente, en la identificada mafia del poder.

Ya es otro, se alejó de sí mismo, rompió con los ideales que le daban sentido a su vida y respetable liderazgo de luchador.

Hoy se convirtió en todo lo que odió e hizo odiar a los mexicanos.

Militarizó al país, encubrió huachicoleros, no bajó el precio de la gasolina, generó más pobreza, es corrupto, mentiroso, traicionero, violento, se asoció con cárteles y comunistas, pecula, encubre delincuentes enquistados en el gobierno, se deja tratar como Dios por impresentables como Laida.

Se ríe en medio de la crisis de los quemados, minimiza la violencia, le echa la culpa al pasado, desarrolla obras faraónicas inútiles, bala en público, cancela proyectos a costos elevadísimos, declara impolutos a pecadores siniestros, habla de historia como si la conociera, afirma que en Nueva York pasaban búfalos mientras aquí ya había universidades hace 10,000 años.

Algo está mal en la cabeza de ese hombre.

Si tuviera memoria de sus discursos de antaño, sería más cuidadoso, si pudiera razonar, no sería tan simplista y cínico como es.

¿Qué lo explica?

Un estado permanente de confusión, de incomprensión de la realidad y sumisión a sus fantasías.

Él ahora, es el odiado y eso lo frustra.

De sentirse cómodo como luchador social, pasó a la frustrante incomodidad de no poder cumplir ni transformar nada.

Él es el transformado.

*Su comprensión de las cosas*

Ya no ve ni entiende la realidad, cree que es un iluminado, que está bien lo que piensa y hace, que es un mesías, que es redentor de México, que todos los problemas se explican en el pasado, ya no escucha, no razona.

Usa la investidura presidencial para divertirse en las mañanas con ocurrencias delante de todo el mundo, sin sentir el mínimo rubor.

Se incomoda frente a la inteligencia, prefiere operar con idiotas que sólo le sigan la corriente.

Es repelente al análisis científico, objetivo, al pensamiento crítico, a las luces del talento, a otras formas de pensar.

Ha perdido vínculos con la realidad, decide mal.

Él dice tener otros datos y se engaña a si mismo, él sabe que no los tiene.

No siendo cierto, los imagina y recrea en su absurda incomprensión de las cosas.

Es evidente que el Peje, sufrió un colapso en su salud mental.

*Sus hábitos*

Sólo vive para su ego, se despierta a las 4 a.m. para tener su reunión ociosa de seguridad a las 5:00 que se ha convertido en reunión de nota roja.

No hay nada nuevo desde 24 horas antes, más que los muertos del día.

Son reuniones de monólogos y sordos y morbo por la violencia.

De ahí, a preparar su mañanera a las 6:30, es el punto donde su jefe de prensa, le informa el estado que guarda la administración pública.

Ahí se entera de lo que informa la prensa de su propia administración.

Inicia su show que en el que es feliz, ahí, es él y su ego, se divierte con sus ocurrencias, se cuenta chistes solo, bala, escucha a Chicoché.

Termina entre las 12:00 y 1:00.

Para ese momento, ya tiene, 7 horas de circo, ya requiere alimentos y dormir una siesta.

Lo hace.

Despierta a otras reuniones breves con miembros del partido, para operar su cálculo electoral y debe parar, para volver a comer y dormir.

A partir de las 6;00 p.m. se retira, agotado, abrumado y enfermo; México deja de tener un presidente en vigilia.

Es un tipo de casi 70 años, cansado y deprimido por la desgastante realidad y sus enfermedades chocosas.

Es solitario encerrado en sí mismo, notoriamente avejentado, desgastado.

Ya adoptó el cinismo como método antiestrés, ante la cotidiana noticia de catástrofes de corrupción en su administración y críticas a su persona.

*Su estado de ánimo*

Permanentemente está enojado, ansioso, irritado, sólo se relaja en su show mañanero.

Vive frustrado por la madriza diaria que le ponen los críticos, nacionales y extranjeros.

Vive enojado por los fracasos catastróficos de su gobierno y la ineptitud de sus colaboradores.

Está abrumado por la escandalosa corrupción en todo su mundo.

Sabe que debe muchas afrentas que amagan su vida, la de su familia y su futuro.

Se sabe ridiculizado por muchas voces, caricaturistas y políticos de habla hispana de toda Iberoamérica, por chistes inclementes del pueblo sabio y su genial picarezca.

Además de ser la burla para muchos, tambien es odiado, repudiado; donde se para ante públicos abiertos le escupen la cara, le mientan la madre y le gritan que es corrupto, mentiroso y traicionero.

Se sabe odiado por la mitad del país.

Vive desconfiante de quienes lo alaban de cerca pero se ríen de él cuando se apartan; lo sabe, lo intuye y eso lo agobia.

Debe sentir una profunda vergüenza por los haraganes parásitos que tiene de hijos, (Salvo Andrés), lo frustra no poder sentir orgullo de ellos ni que puedan seguir sus pasos.

Sabedor de sus enfermedades crónico-degenerativas y cardiacas, sabe que su final está cerca.

Está peleado con el clero, la prensa, los empresarios, los norteamericanos, con la sociedad pensante, con los otros poderes, con las clases altas y medias, con muchos de sus ex compañeros de luchas.

Lo peor, está peleado consigo mismo. Se odia, él es su principal detractor.

Es una vida hueca, vacía.

Ni modo que no se pierda en sus laberintos mentales.

Ya perdió rumbo y congruencia consigo mismo.

Lo saben todos sus cercanos, lo comentan entre ellos.

Ya tienen certeza generalizada que perdió el rumbo y la cordura.

Recuerda a Nerón, Cómodo, Calígula, Hitler.

*Sus miedos*

Debe agravios y sabe que hay muchos revanchistas interesados en desquitarse.

Teme por la seguridad de sus hijos.

Teme la estrepitosa y dolorosa caída de su popularidad y del morenismo.

Teme pasar a la historia como el presidente más estúpido y corrupto de todos los tiempos después de haberse comparado públicamente con Jesucristo.

Teme que alguien de su círculo lance la primera piedra para oponerse a su locura y tras él lo sigan en cascada todos sus ahora cercanos.

Eso inminentemente pasará en estos tiempos de sucesión presidencial.

Tiene miedo a la soledad y al ostracismo que lo asechan.

Sabe que proseguir con su ambición de maximato, no es compatible con nuestra forma política de ser y que se expone al homicidio político de estado.

Tiene pavor al proceso electoral, a la sucesión que lo bajará del trono retirándolo de las payasadas mañaneras, comandancia de las fuerzas armadas y de la idolatría de sus pejezombies.

Tiene pánico de perder el equipo de asistencia médica de 24 horas, que ahora tiene contiguo y ya le ha salvado la vida varias veces.

*Sus opciones*

Retirarse ahora con la poca dignidad que podría quedarle.

Pero eso, es incompatible con su vanidad.

Si no lo hace por la buena, pasará por un infarto o cuando termine su periodo.

Tendrá que elegir entre quedarse en México aguardando una intoxicación de plomo o en el exterior para aguardar su infarto fuera de aquí.

Tiene demasiados enemigos agraviados, cárteles traicionados, militares humillados, policías mancillados, políticos destruidos, todos, en números insospechados.

Su sucesor, quien quiera que sea, se encargará de sepultarlo políticamente.

No tiene futuro aquí.

*Las reglas del juego*

Se acabará en el corto plazo, a más tardar en noviembre del 2024, no es eterno.

A finales del 2024, habrá nuevo rey y él, empezará a apestar.

Aún más.

México se sacudirá al loco, de una u otra forma, pero lo hará.

Ni Nerón, ni Calígula, ni Cómodo, ni Hitler que se volvieron locos en el poder, vivieron para escribir sus memorias.

Él lo intuye y eso lo aterra.

*Qué sigue para México.*

Superará la noche triste de estos años de obscuridad.

Ya lo ha hecho antes.

Surgirá un nuevo sentir popular con sensación a cruda.

Reestructuraremos lo rescatable y Dios dirá.

Ya hay fuerzas que se agitan para alzar la voz y las manos para acabar con el payaso de palacio y su morenato.

Así pasó en la Independencia, en la Revolución, en las luchas sindicales y en los cacicazgos.

Así pasa siempre.

Hay voces en la izquierda que se saben traicionadas por el lider.

Hay voces en la clase media que claman por el cambio.

Progresivamente, hay menos voces de pejezombis que balan por él.

El hartazgo y repudio, es comparable con el que aplastó al PRI en el 2018.

México, vive tiempos difíciles.

En la sociedad, debemos estar a la altura, aportando lo que nos toca.

Entre otras tareas, educando, difundiendo cultura, obligando a pensar y reaccionar para recuperar a los marginados.

Es hora del reencuentro, con generosidad, sensibilidad y solidaridad social.

Es hora de exigir ética en los gobernantes.

Es hora de salir del bache.

Siempre conocí a Raúl Padilla, quien se suicidó este pasado 2 de abril, como un hombre de izquierda. Ya no ondeaba las banderas del marxismo-leninismo de su juventud, pero mantuvo a lo largo de su vida posiciones progresistas. Es verdad que en 2018 se unió a la campaña presidencial de Ricardo Anaya, pero en representación del PRD y otros grupos de izquierda. Quería en caso de triunfo la Secretaría de Cultura, con el plan que siempre promovió la izquierda: impulsar la cultura desde el Estado.

El presidente López Obrador, no obstante, se refirió a Padilla como un "cacique" de un "bloque de conservadores". Le molestó en especial el otorgamiento del Premio Princesa de Asturias de 2020 a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Declaró el 13 de noviembre de 2020: "Fíjense, la Feria del Libro de Guadalajara, las últimas dedicadas en contra de nosotros. Pero no solo eso, porque traen a Vargas Llosa, Aguilar Camín y todos ellos, Krauze. Pero me entero de que en España le entregan el premio, claro, a la Feria del Libro de Guadalajara, el Príncipe [sic, Princesa] de Asturias... y el que lo recibe es ni más ni menos que Padilla. Es el que da el discurso y llamó muchísimo la atención un renglón: 'Debemos de defender el libro del populismo'". El 30 de noviembre de 2022 el presidente arremetió nuevamente contra la FIL, a la que llamó "foro del conservadurismo".

Es cierto que Mario Vargas Llosa, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze han abandonado las posiciones de izquierda y se han vuelto liberales, que también son progresistas, pero la feria recibe todos los años a cientos de autores de izquierda, muchos de ellos cercanos al presidente. En la FIL han participado autores tan cercanos a AMLO como María Elena Álvarez-Buylla, Sabina Berman, Tatiana Clouthier, Mario Delgado, Paco Ignacio Taibo II y Elena Poniatowska. La lista de escritores de izquierda, desde Carlos Monsiváis hasta Mircea Cartarescu, es interminable.

Quizá el problema es que el presidente se ha vuelto conservador. Pretender que "las últimas" ferias han estado "dedicadas en contra de nosotros" solo revela narcisismo e ignorancia. Su exigencia de aplauso constante y el intento de concentrar todos los poderes en sus manos son posiciones conservadoras. Un presidente que califica de conservadores no solo a Padilla, sino a José Woldenberg, Roger Bartra y otros viejos luchadores de la izquierda, no es realmente progresista. Si toda la izquierda transita en sentido contrario a López Obrador, quizá quien ha equivocado el camino es él.

El presidente López Obrador celebró el nombramiento de Guadalupe Taddei como nueva presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Igualmente, celebró que el proceso de designación de los cuatro nuevos consejeros por insaculación, es decir, mediante tómbola, por considerar este mecanismo "más democrático".

Me temo que hay razones para no estar optimistas respecto al futuro del INE... y el contento presidencial con el resultado del proceso es una muestra de ello.

El atributo de "integridad" con el que AMLO calificó a la nueva presidenta del INE es entendido por López Obrador de una manera peculiar.

Para él, resulta honesta una persona que está de acuerdo con su visión ideológica mientras que no lo es quien difiere de ella, y menos aún quien lo confronta de manera abierta, como lo hicieron los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

Algunos reprueban la actitud protagónica que los dos consejeros salientes adoptaron en los últimos meses e incluso años.

Pero, probablemente sin la defensa pública del Instituto hecha por ellos, la historia sería hoy muy diferente y quizás tendríamos una autoridad electoral sometida desde hace tiempo al ejecutivo.

En los últimos días ha surgido una corriente de opinión que celebra los nombramientos de los 4 nuevos consejeros subrayando que se evitó que Morena tomara el control del INE.

Es cierto que entre los 11 consejeros que conducirán al INE desde mañana, cuando tomen posesión, no hay una mayoría absoluta de incondicionales a Morena.

Sin embargo, la dinámica de los consejos que gobiernan órganos como nuestra autoridad electoral depende en buena medida de 2 cosas: de los liderazgos que surjan en esos cuerpos colegiados y de los respaldos que tengan de la propia institución.

Creo que en la coyuntura en la que nos encontramos, el no tener un liderazgo que asuma una defensa firme del Instituto podría conducir a que pierda capacidad para resistir las presiones tanto del poder ejecutivo como del legislativo.

Se presentó en el pasado al menos un caso parecido, cuando Victoria Rodríguez Ceja fue propuesta por el presidente como gobernadora del Banxico y surgieron diversas voces que advertían respecto a la pérdida de autonomía del banco central.

A 15 meses de esa designación, ha quedado claro que la autonomía e independencia se mantuvieron. Ojalá sea así en el caso del INE.

Ojalá me equivoque, pero creo que gradualmente veremos un proceso de debilitamiento del Instituto que va a hacerse notar de manera más clara cuando reciba presiones del poder ejecutivo.

Según nuestras autoridades, se les da albergue a los migrantes, pero no hay protocolos para operarlos, vimos cómo quedó evidenciado con esta tragedia que estos centros operan en condiciones infrahumanas de hacinamiento y que más que albergues parecen prisiones y operan como tales, todo se da por la política de tu gobierno Andrés, que violenta siempre los derechos humanos, por lo que debe tu gobierno asumir la responsabilidad de esta tragedia.

¿Cómo es posible que los guardianes de las estaciones de migración, que están a cargo de personal del Instituto de Migración y también de guardias de empresas de seguridad privada, haya sucedido esta tragedia en donde los guardias actúan como custodios de prisión y dejaron en el abandono a los migrantes, sabiendo que estaban encerrados como se ve en el video que han presentado los medios de comunicación y que no haya existido en un centro federal a cargo de la Secretaría de Gobernación un solo extintor para sofocar el incendio o haber quitado de cualquier forma el candado para dejarlos salir, con lo que se hubiera evitado la tragedia, pero los guardias actúan como carceleros, sin ponerse a pensar que son migrantes y no delincuentes.

En tu mañanera sigues confrontando a los medios de comunicación que no son tus paleros, a los cuales les dijiste que estaban ahí "más que por el dolor que les pueda causar, por el amarillismo". ¿Qué es lo que pretendes? ¿Que todos los medios de comunicación sean puestos a tu servicio y tu ideología? Ya deja a un lado tu trastorno de narcisismo de personalidad.

Vuelves a repetir que no vas a ocultar los hechos y que se conocerá a los responsables ya que en tu administración no se permite la violación de los derechos humanos ni la impunidad.

Vemos que sigues con la máxima de que "una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad", pero mientras tengas gente que te crea seguirás mintiendo. Ya basta Andrés, esto puede ser un parteaguas para que recapacites y gobiernes para todos, pero vemos que eso está contra tu naturaleza y te es imposible cambiar, pero sobre todo aceptar tus errores.

Las dantescas imágenes que todos vimos no dejan lugar a dudas; se registró un incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y las autoridades no abrieron las celdas para salvar a los migrantes que se encontraban tras las rejas. El gobierno mató a los 39. Los policías que sólo recibían órdenes de sus superiores los abandonaron a su suerte en medio de las llamas. Sabían que al no abrir las puertas irían a una muerte segura por asfixia o quemaduras. Pero la instrucción que recibieron fue contraria a salvarles la vida. El gobierno mató a los 39, y las pruebas, es decir los videos, están en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación de México y el mundo.

Nadie en su sano juicio puede cometer un acto tal de crueldad, de barbarie. Evidentemente se trata de un crimen de lesa humanidad; un homicidio calificado que contiene todas las agravantes que marcan la Constitución y los códigos penales, así como los tratados internacionales. Es preciso señalar también que el 21 de julio de 2008 entraron en vigor las reformas en nuestro país para despenalizar la migración ilegal. De tal suerte que no puede quedar impune.

En cualquier otro país del primer mundo ya habrían presentado la renuncia a sus cargos los mandos superiores. En este caso el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez. El primer mandatario de la nación ya habría ofrecido disculpas y declarado luto nacional, sin menoscabo de solicitar renuncias, separación del cargo y una investigación a fondo para castigar con todo el peso de la ley a los responsables.

Pero en México muy seguramente no ocurrirá nada de lo que correspondería, porque la experiencia en lo que va del sexenio de López Obrador nos dice que los que suelen pagar son "chivos expiatorios", quiero decir, los que se encuentran en el último eslabón de la cadena, tal como ha sucedido en otras tragedias como la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México -solo por poner un ejemplo- sin contar que 2 de los directamente involucrados en tan fatal accidente que dejó 26 muertos, me refiero a la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard, ahora son 2 de las "corcholatas" del presidente con mayores posibilidades de obtener la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.

Tampoco veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronuncie de manera contundente o salga en defensa de los migrantes, por el simple hecho de que se trata de un organismo que se encuentra bajo la tutela de una figura que es comparsa del ejecutivo, la señora Rosario Piedra Ibarra, a quien algunos identifican como "florero".

Mucho menos se puede esperar una actuación digna de la Fiscalía General de la República (FGR) que se encuentra bajo la égida de un personaje siniestro como Alejandro Gertz Manero, otro alfil en el tablero de López Obrador.

Es por ello que en este contexto se hace necesaria la intervención de organismos internacionales de Derechos Humanos para aplicar los procesos correspondientes. Es necesaria la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el colmo de la mezquindad, Andrés Manuel López Obrador primero señaló que los migrantes que perecieron en el salvaje incendio se autoinmolaron, quemando los colchones a propósito para generarle problema a las autoridades federales. Posterior a observar las dimensiones que tomó en el mundo lo sucedido siendo que hasta el Papa Francisco habló sobre el tema, el presidente intentó matizar, y se victimizó -como suele hacerlo porque todo debe girar en torno a él- y entonces dijo: "...lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado, yo he tenido momentos difíciles, el más fue lo de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro el que más me ha afectado anímicamente y luego este. Me conmovió, me partió el alma y me ayuda a enfrentar este dolor el que hemos venido haciendo mucho por los migrantes", aseveró.

Pero AMLO mintió por "cienmilésima ocasión", toda vez que una publicación de "Pie de página", del pasado 28 de marzo, refiere que "el de Andrés Manuel López Obrador es el gobierno que más personas migrantes ha detenido en la historia de México". Y añade que "datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob) establecen que del 1 de diciembre de 2018 al 28 de febrero de este año, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha capturado a 1'298,484 migrantes. La cantidad es mayor al sexenio de Vicente Fox, cuando se alcanzó la cifra más alta registrada hasta el momento: 1'089,936 detenidos".

El gobierno federal sigue fallando en todas las materias, y a la cuestión humanitaria habrá que sumarle el precedente internacional que queda que México tiene un gobierno que prohíja la barbarie, el crimen, el horror, el caos, donde no impera el Estado de Derecho y donde la Constitución es materia muerta en su aplicación.

El miércoles pasado, la ex embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, afirmó en entrevista que lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez es una de las tragedias más graves que el país ha tenido en materia de migrantes: "Es imputable al Estado mexicano", aseveró.

Además, dijo que las autoridades tienen que informar si las víctimas habían sido deportadas por el gobierno de Estados Unidos bajo la política de deportación Título 42 o por el programa "Quédate en México", con la que los solicitantes de asilo deben de esperar en nuestro país la respuesta del gobierno estadounidense.

"Si fuese así, diríamos que este incidente en Ciudad Juárez está directamente relacionado con los acuerdos que se llegaron con la administración (de Donald) Trump y ahora la administración (de Joe) Biden, debemos de tener estos datos precisos en la investigación para poder sacar conclusiones", finalizó.

Lo que ha ocurrido es un crimen de lesa humanidad completamente imputable al Gobierno porque el presidente de México tomó la decisión de hacerle el trabajo sucio a Washington convirtiendo a nuestras fronteras en el muro que el vecino del norte necesita.

En el fondo, lo que se busca es restringir la llegada de personas migrantes a Estados Unidos, como lo reconoció el presidente López Obrador el 7 de septiembre de 2021.

El Partido Acción Nacional (PAN) impugnará en el Tribunal Electoral a 2 de los 4 insaculados para presidente y consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala y Jorge Montaño Ventura, respectivamente.

El líder nacional del albiazul, Marko Cortés, dijo que impulsan esta acción por la falta de idoneidad de ambos, ya que tienen vínculos con Morena.

"Reconocemos que Guadalupe Taddei Zavala, quien fue insaculada como presidente del INE, tiene experiencia electoral, pero también señalamos que es completamente inaceptable que quien pretenda presidir nuestro árbitro electoral esté claramente ligada a Morena", dijo Cortés.

La 1a. decisión de política pública de López Obrador, todavía como presidente electo, fue cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Lo hizo, como usted sabe, para demostrar que tenía todo el poder y sólo él mandaba.

Tuvo éxito en ello, pero esa decisión costó 332,000 millones de pesos, de forma inmediata, y de acuerdo con el joven Woo Mora, más de un billón de forma indirecta, y contando.

Destruyó cualquier posibilidad de que México fuera hub de América Latina, y canceló oportunidades para la ciudad que él gobernó.

Casi de inmediato, sus colaboradores decidieron cancelar las importaciones de gasolina y petróleo crudo ligero, con lo que tuvimos escasez de combustibles desde fines de diciembre de 2018.

Desde el gobierno se afirmó que era por la "lucha contra el huachicol", que hoy día es mucho mayor que entonces. Entre otros costos, esa decisión provocó la muerte de más de 100 personas en un incendio, en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Poco más de un año después, la pandemia de Covid-19 llegó a México. En las mañaneras, tanto López Obrador como López-Gatell afirmaron que no había riesgo, que no era necesario usar cubrebocas, que había que abrazarse, y que basta con un "detente", porque la fuerza del presidente era moral, y no de contagio. Más de 700,000 muertes en exceso se deben a esas decisiones.

Desde 2021, López Obrador ha intentado infructuosamente modificar la Constitución, y en cada fracaso, simplemente cambia las leyes, lo que demuestra su carácter inconstitucional. Cuando pudo, presionó a la Corte para que no declarara tal carácter a sus engendros.

Cuando no, insiste en que hay un complot conservador en su contra.

Durante 4 años, López Obrador ha saqueado fondos y fideicomisos, ha endeudado al erario, ha reducido el presupuesto de operación de las secretarías más allá de lo razonable, y todo para tener recursos para comprar votos con sus "programas sociales", que sólo sirven para eso, como él mismo ha aceptado.

Es un puñado de ejemplos de la esencia del gobierno de López Obrador y sus seguidores: la irresponsabilidad. Las decisiones se toman porque le sirven a él, es decir, porque le permiten acumular más poder.

No importa el costo que tengan, ni a quién dañen. No importan las consecuencias. Creo que no existe un solo ejemplo contrario, un caso en el que se haya decidido pensando en algo más que la acumulación personal de poder.

Así se destruyó el sistema de salud, se está destruyendo el educativo, se pone en riesgo la posición de México a nivel internacional y la vigencia misma del acuerdo con Estados Unidos y Canadá, y se acumulan cientos de miles de muertos: por "accidentes", por "eventos desafortunados", por la inseguridad o por la pandemia. Los más recientes, en Ciudad Juárez.

Todo por decisiones que privilegian el poder personal de López Obrador sin considerar, ni por un momento, el costo que puedan tener para los demás.

Ni siquiera para su gente cercana, mucho menos para esos millones de incautos que votaron por él.

Jamás pensando en las oportunidades futuras del país, las condiciones indispensables de infraestructura. Nada.

Los costos de esas decisiones se van acumulando, y algunos ya no pueden posponerse.

Con la irresponsabilidad de que hacen gala, intentarán llevar cualquier factura hasta después de las elecciones de 2024, para entonces cargar esos costos a quien llegue al poder.

Como no tienen decencia alguna, así como no respetan Constitución y leyes, ni asumen responsabilidad, menos aún aceptarán alguna vez ser ellos los culpables.

Por eso conviene hacerlo evidente desde ahora.

Vivimos bajo el gobierno más irresponsable de la historia.

La tragedia de los 39 migrantes en el centro de detención de Ciudad Juárez va a pasar factura política al gobierno de López Obrador. No hay manera que una negligencia de ese tamaño no tenga un costo político. La pregunta es, quién va a pagar la cuenta y cómo.

Los comensales que organizaron el desastre, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le sacaron al bulto. Son los típicos que se paran al baño cuando llega la cuenta. Ninguno de los 2 puso un pie en Ciudad Juárez, ninguno ha sido capaz de expresar el más mínimo sentimiento de solidaridad. Hay una sola gran preocupación y es que esto no les afecte de cara al 2024. El costo político tendrá que salir de la bolsa del presidente López Obrador.

Son varias las facturas políticas que hay que pagar. La 1a. y la más cara es con la contradicción entre los dichos y los hechos. Tanto hablar mal del pasado, tanto acusar a los de atrás para acabar haciendo lo mismo o incluso peor. El maltrato a los migrantes no es un abuso de un centro de detención sino una política institucional.

La tragedia de Juárez es el resultado fatal de malas decisiones desde hace 4 años. La 2a. factura es internacional. No hay manera que este tema no afecte la imagen de México y del presidente en el mundo, las relaciones con los países centroamericanos, pero sobre todo que no se use en Estados Unidos para el golpeteo contra México, que ya venía encarrerado. La 3a. factura es interna. En un equipo de gobierno en el que el cargo no se corresponde con el encargo, donde no está clara la responsabilidad política y administrativa, la tragedia acabará por salpicar y enfrentar a todo el gabinete.

El capital político es para gastarse, para usarlo cuando se necesita. ¿Tiene suficiente el presidente López Obrador para pagar la cuenta? Sí, sin duda e incluso para administrar el efecto. López Obrador tiene mucho capital político en su haber. Una parte la tiene en control institucional, otra en credibilidad y la mayor parte en popularidad. La oposición intentará que el costo sea el mayor posible (es lo que técnicamente se llama lucrar con la tragedia, tal como lo hicieron López Obrador y Morena el sexenio pasado con Ayotzinapa, o el PRI con los errores del gobierno de Calderón, Fox con los de Zedillo, etc.). Lo harán no porque crean en los derechos humanos de los migrantes, ni siquiera porque sean buenas personas, sino porque saben que entre más capital gaste el presidente en este caso, menos tendrá para otras batallas.

No, Ciudad Juárez no será, como auguran algunos, el Ayotzinapa de López Obrador, el principio del fin, como sucedió a Peña Nieto, pero de que tendrá un alto costo para la denominada 4T, no tengamos duda.

La tragedia en el centro migratorio de Ciudad Juárez se convirtió en un crimen de Estado que se fue construyendo desde antes de que Andrés Manuel López Obrador se convirtiera constitucionalmente en jefe de estado.

39 inmigrantes latinoamericanos no hubieran muerto, se puede argumentar, si no hubiera aceptado López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores modificar la política migratoria y aceptar que los migrantes que buscaran asilo en Estados Unidos, permanecieran en territorio mexicano mientras se procesaban sus papeles.

No habrían muerto si el gobierno mexicano, como ofreció desde 2019, hubiera dado visas de trabajo y refugio a los inmigrantes, en lugar de recluirlos hacinados en centros de detención de la Secretaría de Gobernación, generando tensiones, como sucedió en Ciudad Juárez en las 4 semanas previas a la tragedia.

Tampoco estarían muertos si la Secretaría de Hacienda hubiera aprobado presupuestos para el Instituto Nacional de Migración y la Comisión de Ayuda a Refugiados, a quienes en cambio les recortaron recursos mientras el fenómeno crecía, sumado a la falta de dinero público para construir infraestructura en las ciudades fronterizas designadas para recibir a los inmigrantes por un tiempo indefinido, que permitiera ampliar las capacidades municipales.

Los inmigrantes estarían vivos si el gobierno hubiera cumplido con la promesa de un trato humanista y ético, así como observar el compromiso desde octubre de 2018, antes de que asumiera la Presidencia, que habría una reforma profunda al Instituto Nacional de Migración.

Los hubiera son retóricos porque nada cambia lo que pasó, pero ayuda a ver lo que produjeron las omisiones y negligencias, con el deseo de que los grandes sacudimientos, máxime cuando hay una tragedia de por medio, lleven a enmendar los errores y ejecutar los cambios necesarios para que no se repita otro juarazo.

El crimen de estado en Ciudad Juárez se ha politizado de la misma manera como quienes ahora rechazan la categorización, la impulsaron cuando se dio el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, que estaba subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en 2009 provocó la muerte de 49 menores, y acusaron al gobierno de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

No son iguales, le dijo el videobiógrafo del presidente, Epigmenio Ibarra a Ciro Gómez Leyva en la radio el miércoles, porque la esencia del movimiento lópezobradorista no es como la de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es la esencia? No lo dijo, pero lo deja claro: la 4a. transformación es pura, y quien no lo crea así, que se aguante.

Ibarra, el más inteligente y articulado propagandista de López Obrador, afirmó en su cuenta de Twitter: "Ante la dolosa tragedia migrante no habrá ocultamiento como lo hubo en la Guardería ABC y en Ayotzinapa, ni una operación de Estado para encubrir a los responsables; se llegará a fondo, se castigará a los culpables, no habrá impunidad". Sus palabras son sonoras y persuasivas, en la narrativa justiciera del presidente, pero absolutamente hipócritas. Si las cosas no toman otro rumbo muy distinto al que se lleva en este momento para resolver la tragedia, los culpables que pagarán con la cárcel serán funcionarios menores, y se blindará todo aquello que se encuentre fuera del centro de migración en Juárez y cercano al interés presidencial.

Este es un gobierno inmoral y sin ética.

Si se analiza la forma cómo está administrando la crisis, todo se está desviando hacia las responsabilidades criminales de quienes trabajaban en el centro: agentes de migración, quizás sus administradores, y colgarle a una empresa privada una parte de la culpa. La 1a. señal de la estrategia fue la conferencia de prensa del miércoles para informar sobre lo que se estaba haciendo, que encabezó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

¿Por qué la envió el presidente? Porque en la maraña política y administrativa del tema migratorio, está libre de pecado y culpa. Quienes por su responsabilidad debieron haber estado en la conferencia, eran el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque entre sus obligaciones se encuentra el Instituto Nacional de Migración, y el comisionado del órgano, Francisco Garduño, ambos, viejos amigos del presidente. También el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como el arquitecto del giro radical en la política migratoria.

Los 2 secretarios no son culpables de la muerte de los inmigrantes, pero son responsables, como expuso el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, sobre el deslinde de responsabilidades en el caso de la Guardería ABC, cuando se preguntó "hasta dónde debía subir en la escalera burocrática la responsabilidad de una guardería del Seguro Social que no cubría con los criterios básicos de protección civil".

En su dictamen sobre el caso, afirmó que se debían señalar "los nombres y funcionarios que con sus acciones u omisiones vulneraron los derechos y valores que se comprometieron a respetar, pero también a proteger... Aunque el dictamen que se emita no sea vinculante, eso no significa que no tenga consecuencias. Las tiene en el terreno de la ética y la legitimidad democrática. Las tiene como censura de la gravedad de las violaciones a los derechos fundamentales, como mensaje a todas las autoridades del país para que sucesos de esta índole no vuelvan a acontecer".

López y Ebrard están siendo protegidos. No le dieron la cara a la prensa, y no aceptaron ir a hablar sobre el tema al congreso. Garduño, sin embargo, tuvo que renunciar por razones éticas, y estar a disposición de la autoridad que determinará si tiene responsabilidades penales. El fondo de la investigación es muy bajo. No tocará al camarada presidencial de Migración, y menos a los secretarios de estado, 2 de las 3 fichas para la sucesión.

Tender un cordón sanitario para proteger a los suyos es indigno, políticamente inmoral y, en la práctica, hipócrita. No impedirá que tragedias como la de Ciudad Juárez se repitan. Si no se ataca la razón de la impunidad, simple: la impunidad permanecerá en el santuario presidencial.

Las responsabilidades penales son personales. No podemos procesar al Estado por un crimen que cometen uno o varios individuos. El inmigrante que prendió fuego a las colchonetas es penalmente responsable por su acto, pero también los custodios que no abrieron las puertas de las celdas. Si el delegado del INM en Chihuahua, el contralmirante Salvador González Guerrero, dio la orden de que no se abrieran las celdas, como afirma el abogado Jorge Vázquez Campbell, sería también penalmente responsable, aunque el video muestra una expansión tan rápida del fuego que difícilmente habría dado tiempo para esa llamada.

Además de las responsabilidades penales, las hay administrativas, políticas y morales, y aunque no ameritan cárcel llegan muy alto. Francisco Garduño, coordinador del INM, es responsable de aplicar una política migratoria violatoria de los derechos humanos, pero esta fue avalada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y negociada con el gobierno de Estados Unidos por el canciller Marcelo Ebrard. La responsabilidad final radica en el presidente López Obrador, quien decidió cambiar su política migratoria, de una de brazos abiertos, libre tránsito y visas de trabajo a los migrantes, por otra de represión a través de la Guardia Nacional y los agentes de migración.

Los funcionarios de muchos países entienden las responsabilidades políticas y morales. Apenas este 16 de marzo renunció el ministro de Transporte de Gabón, Brice Paillat, tras el accidente de un ferry que dejó más de una veintena de muertos. Kostas Karamalis dimitió como ministro de Transporte de Grecia el 1o. de marzo por un accidente de trenes que dejó un saldo de 36 muertos. El primer ministro de Corea del Sur, Chung Hon-won, dejó su cargo en 2014 tras el hundimiento de un ferry que provocó la muerte de 300 personas.

En México no somos iguales. Aquí los políticos que antes gritaban "Fue el Estado" hoy se aferran a sus cargos: no quieren dejar de... aprovecharse de él. Quizá no tengan responsabilidades penales, pero sí políticas y morales.

Mucho de lo que sabemos de la tragedia de Juárez surge de un video de seguridad del interior de la "estancia", o cárcel, cuya divulgación el gobierno lamentó. Por eso es tan importante tener medios libres de comunicación.

Ante el claro episodio de negligencia criminal ocurrido en una de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, que hasta ahora ha cobrado la vida de 39 migrantes centroamericanos y sudamericanos, y por lo que en otros países se habría detonado toda una crisis política que hubiera cobrado el puesto a funcionarios de 1er. nivel involucrados con el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador optó por sacar del fuego a 2 de sus 3 más fuertes "corcholatas" que desde el día después de la tragedia se empezaron a tirar la bolita de la responsabilidad de lo sucedido.

Pese a que el INM está adscrito a la Secretaría de Gobernación, su titular Adán Augusto López señaló que por un acuerdo interno de gobierno todos los asuntos migratorios habían quedado en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del canciller Marcelo Ebrard. Horas después, a través de sus redes sociales, el propio Ebrard manifestó que era una gran tristeza lo ocurrido y que dejaba "cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora", escribió en clara respuesta a lo expresado por el secretario de Gobernación en una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga.

Ayer que se vieron las caras en Palacio Nacional antes de salir a la rueda de prensa mañanera, me cuentan que Ebrard hizo fuertes reclamos a su compañero de gabinete y quien le compite por la candidatura presidencial y volvieron los señalamientos mutuos que subieron de tono, pero la discusión se quedó ahí y ya nada se dijeron en público.

La "Operación Rescate" del presidente no sólo consistió en serenar a 2 de sus "corcholatas", a los que les estalló en las manos esta tragedia migrante y les provocó un claro contratiempo en su carrera por la postulación presidencial de Morena, sino que los sacó de la escena de riesgo al encargar el asunto a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, quien tuvo que salir a encabezar la rueda prensa a la que no asistieron ni el canciller ni el titular de la Segob, y en la que se limitó a informar que se han identificado a 8 presuntos responsables del incendio en el INM en Ciudad Juárez.

Habrá que ver si los ánimos entre estas 2 corcholatas no se vuelven a caldear por todas las confusiones que genera el estilo de dirigir de López Obrador su gobierno de la autollamada 4a. transformación, donde los encargos a las y los secretarios de su gabinete se hacen con criterios políticos y no por las responsabilidades legales que la Constitución marca a cada uno de ellos.

Hasta dónde llegarán los tentáculos del secretario de Gobernación que mis fuentes me cuentan que mandó llamar al rector de la UNAM para pedirle que la universidad no se pronuncie sobre el caso del plagio de la ministra Yasmín Esquivel, sino que solamente presente una demanda ante la FGR y que diga que cuando se resuelva esa demanda, entonces la UNAM tomaría una decisión. "Y yo me encargo de dormir el expediente", le habría dicho el secretario. El rector, cuentan, no aceptó.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la eliminación de una parte de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que hace un llamado a no votar por la oposición, bajo el nombre del "plan C", al considerar que se vulnera la equidad en la contienda del proceso electoral en curso.

El PRD y la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, presentaron una denuncia contra López Obrador por sus declaraciones durante la conferencia matutina en la que llamó a no votar por la oposición.

El proyecto, aprobado por unanimidad, propuso declarar procedente la medida cautelar porque de un análisis preliminar "se advierte una posible ilegalidad al constituir un llamamiento expreso a no votar por una opción política y sí hacerlo por otra".

"Ahora hay un plan C, que no estén pensando que ya terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación", expresó el presidente López Obrador en su conferencia del pasado 27 de marzo.

El consejero Ciro Murayama señaló que desde 2007 que se reformó la Constitución, se impuso un deber de neutralidad a los servidores públicos, para que no sean parte de la disputa política.

"Lamentablemente no es la 1a. vez, ni es una sorpresa que el presidente de la república haga este tipo de expresiones", recordó.

"Es preocupante que sea desde el gobierno, desde la Presidencia de la República, desde donde se atenta contra las reglas del juego democrático. A mí me preocupa que a unos meses de que inicie el proceso electoral federal, la actuación del Gobierno de la República se sustraiga al respeto del marco constitucional y legal", sostuvo Ciro Murayama.

Por su lado, la consejera Claudia Zavala dijo que en la discusión pública se ha señalado a la comisión de cometer censura, a lo que precisó que el artículo 134 de la Constitución establece deberes para impedir el uso del poder público a favor o en contra de un partido o candidato.

"Sí llama directamente a no votar por un grupo conservador que en la lógica y la discusión pública se tiene perfectamente identificado a quién es el bloque conservador. Y allí ha colocado a partidos políticos", sostuvo.

La consejera Adriana Favela apuntó que se está garantizando la equidad en la contienda, así como la neutralidad en el actuar de los servidores públicos.

"Con estas expresiones del presidente de la república, lo que se podría poner en riesgo los procesos electorales en Coahuila y en el Estado de México", advirtió.

La muerte de 38 migrantes en el incendio de un "albergue" en Ciudad Juárez es el espantoso colofón de una fallida política migratoria en el sexenio lopezobradorista. Nadie puede decir que era previsible, así como nadie en el gobierno, particularmente en el Instituto Nacional de Migración, puede negar las constantes llamadas de atención de los organismos defensores de derechos humanos y las propias instancias del gobierno federal sobre el mal trato a los migrantes.

El gobierno obradorista pasó de un discurso de 'vengan todos que aquí hay trabajo' que inició en octubre de 2018, a unas semanas de tomar posesión, a unas secas palabras de 'seguro se enteraron que iban a ser deportados y por eso prendieron fuego' en la mañanera de ayer. En el inter, las famosas 'dobladillas de espinazo', como se conoce el momento en que el presidente Trump presionó y logró que 'México se doblara', para usar las palabras de Jared Kushner. La presión estadounidense logró un muro de militares en la frontera sur y que en la práctica México se convirtiera en 3er. país seguro. El cambio de política provocó la renuncia de Tonatiuh Guillén, un estudioso del fenómeno migratorio que no estuvo de acuerdo con 'los acuerdos no escritos'. En su lugar llegó Francisco Garduño, un político con experiencia en manejo de centros tutelares y prisiones. En política no hay coincidencias.

Hay que llamar a las cosas por su nombre. La tragedia de Ciudad Juárez se da después de una redada, así con todas sus letras, organizada por el Instituto Nacional de Migración y la policía local para retirar de las calles a los migrantes. No fueron llevados a un albergue, eso es un eufemismo, sino a un centro de detención donde estaban encerrados bajo llave y supervisados por 2 custodios que huyeron y mantuvieron las puertas cerradas a pesar del fuego dentro del edificio. Se trata, pues, de un caso de negligencia criminal.

Hay que revisar no sólo las prácticas cada día más represivas del INM (hay denuncia de malos tratos y extorsiones desde hace años) sino la política migratoria del país. La vecindad con Estados Unidos seguirá provocando flujos de migrantes que claramente no se resuelven exportando programas sociales como Sembrando Vidas. Antes la Constitución amparaba a los mexicanos por el hecho de ser mexicanos. A raíz de las reformas de 2011 estos derechos son para todas las personas en territorio mexicano. La redada y el confinamiento de personas migrantes en México es una violación constitucional y a los derechos humanos.

Él fue quien primero abrió las puertas a los migrantes y cuando se desbordó la migración hacia México, decidió cerrárselas en la cara. Él fue el que "se dobló como nunca había visto a nadie doblarse" frente a Donald Trump para entregarle 26,000 soldados y volverlos la migra de Estados Unidos. Él es el comandante supremo de esos soldados que han reprimido migrantes, golpeado mujeres y niños, perseguido y correteado centroamericanos, sudamericanos, caribeños. Él es el que cada que puede elogia a los dictadores de los países de los que están huyendo todos esos migrantes. Él hace de abogado del chavismo-madurismo venezolano para que Estados Unidos los considere países democráticos. Él es el que está feliz porque regresó la izquierda a Honduras. Él es el que le ha dado millones al gobierno cubano, disfrazados de brigadas médicas y contratos del Tren Maya. Él es el que no ha condenado al dictador Daniel Ortega de Nicaragua. De algunos de esos países son los migrantes detenidos, encarcelados y dejados morir al fuego por su gobierno. Él es el que decidió endurecer la política migratoria. Él es el que decidió que México podía albergar a decenas de miles de migrantes que le manda Estados Unidos año con año. Él es el que dijo que donde come 1 comen 2. Él es el que no aumentó los presupuestos para la atención de los migrantes, el que no atendió las recomendaciones de derechos humanos, el que dio abrazos a las organizaciones del crimen organizado que abusan como quieren de los migrantes en su ruta al norte, él es el que no atendió las recomendaciones de toda suerte de organizaciones de derechos humanos. Él es el que minimizó la tragedia y le dedicó al asunto sólo 3 minutos de sus casi 3 horas de mañanera, para fundamentalmente culpar del incendio a los migrantes ahí detenidos. Él es el que frente a la tragedia de Ciudad Juárez optó por mentir. Optó por mentir otra vez. El gobierno ya aceptó que tuvo el video desde el lunes en la noche y el video no deja espacio a la duda: los agentes federales caminaban cómodamente por la estación migratoria de Ciudad Juárez mientras 38 migrantes morían por el fuego y por el humo rejas adentro. Él es el que a pesar de esto, ayer martes en la mañana declaró que la culpa había sido de los migrantes por quemar unas colchonetas en protesta porque los iban a deportar. No. Los agentes migratorios del gobierno no los dejaron salir, los dejaron encerrados. Sin protocolos, sin misericordia, sin alma. Encerrados a quemarse y asfixiarse en una cárcel para personas cuyo único delito es buscarse un futuro lejos de la pobreza, la violencia o la represión política. No son criminales. Son migrantes.

Él, López Obrador, es el responsable político de esta tragedia a la que condujeron sus decisiones de gobierno y sus arreglos con Estados Unidos.

Son los 38 de López Obrador.

Él, si fuera aquel dirigente opositor estaría diciendo sin temor a equivocarse que el presidente de México tiene una inesquivable responsabilidad política en esta desgracia que pudo haberse evitado.

López Obrador ha seguido escalando las acciones y retórica contra las empresas estadounidenses porque puede hacerlo. No ha habido respuestas enérgicas del Gobierno de Estados Unidos sino al contrario, frases melosas como las de John Kerry o las que regularmente acostumbra el embajador estadounidense Ken Salazar, con la esperanza de que con la palabra suave y sus gestiones personales con López Obrador, las cosas se resuelvan. No ha sido así.

Las cosas no cambiarán y difícilmente el presidente reculará, no sólo por sus fijaciones, sino por su convencimiento de que el sector privado, mexicano o extranjero, es enemigo de los intereses nacionales. A los empresarios mexicanos los tiene atados de las manos porque sus líderes le tienen pánico y están enfocados en administrar la hostilidad y los amagos hasta el final de su sexenio. En Estados Unidos, las empresas se han recargado en su gobierno para resolver sus problemas, pero su frustración crece por la política de condescendencia llevada a cabo por Salazar y Kerry.

Biden mantiene un frágil equilibrio interno con la ayuda de López Obrador en el tema migratorio, por las elecciones del próximo año. El tráfico de fentanilo cambió los equilibrios con Washington, a lo que se agrega la exasperación por el impasse en las disputas comerciales. Pero hasta hoy no ha sido suficiente. López Obrador ha manejado exitosamente la ecuación, explotando las vulnerabilidades de Biden, cediendo en migración a cambio de mantenerse inamovible en temas económicos y energéticos. ¿Hasta cuándo? Hasta que en Washington consideren que los costos están siendo más altos que los beneficios, que parecen estar llegando al punto de inflexión.

Ayer en la mañanera, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, hizo un alarde de cursilería en su alabanza al presidente López Obrador. El discurso es digno de aparecer en los anales de la zalamería mundial. Cito algunas de sus frases: "Tú, caballo de fuego, atravesarás las junglas de la historia y derribarás los adobes de la indiferencia. Tú, caballo de fuego, escribirás un nuevo decálogo del pueblo, del bienestar, de oportunidad y de fraternidad indestructible... Un poeta innovador, un líder sin temores llegó desafiante para darnos respuestas... Hermano Andrés, este corcel metálico (en referencia al Tren Maya) que sólo un corazón intrépido como el tuyo fue capaz de soñar y de parir traerá desarrollo a nuestra tierra... ese caballo de fuego veloz, extraordinario, a quien trasplantaste tu alma, con su coraza metálica traspasará las brechas del progreso... Andrés Manuel, hijo del maíz y del rayo restaurador, tú llevas 32 soles en el alma, no olvides nunca cuánto te ama tu pueblo".

El discurso de Sansores no pasaría de un alarde de cursilería si no fuera porque se trata de una sumisión pública de un poder estatal frente al federal. No pasaría de una desfachatez más de una gobernadora sin miedo al ridículo de no ser porque se trata de un culto a la personalidad incompatible con las democracias modernas. Los himnos, cánticos y loas a los líderes son más propio de las autocracias y las culturas mesiánicas de iglesias y cultos.

Crear al figurón, pasar del exceso de cortesía a la cortesanía, enaltecer el culto a la personalidad con las metáforas mitológicas que hacen ver al líder como un semidios, alguien iluminado y fuera de este mundo son manifestaciones de cursilería y también de abuso de poder.

El "Plan C" funcionó para el obradorato: prácticamente garantizaron quedarse con la presidencia del INE, si no es que más. Con el viento a favor, quieren ahora resucitar el "Plan B" que fue totalmente suspendido por la Suprema Corte de Justicia. Así es como le quieren hacer:

Las suspensiones a las 2 partes del "Plan B" de la reforma electoral de López Obrador contra el INE funcionan mientras el pleno de la Corte analiza el asunto a fondo y lo vota. Lo que quiere el gobierno es apresurar esa votación. Y están presionando fuerte para ello.

Me revelan fuentes de 1er. nivel que a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y de las 2 ministras que operan para el presidente, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, la administración federal está presionando para que la votación en la SCJN de la 1a. parte de la reforma electoral suceda en la 1a. quincena de abril; así, si pierden esa votación (como es previsible), tengan tiempo de volverla a presentar y volverla a votar en el congreso, pues el periodo ordinario de sesiones termina el último día de abril. Y esta vez hacer el trámite en el legislativo sin violar el proceso, que fue lo que abrió la puerta a las impugnaciones.

Hay que recordar que la 1a. parte del "Plan B" de López Obrador fue impugnada con un argumento fácil de entender: en cosa de 3 horas los legisladores recibieron, analizaron y votaron un documento de más de 600 páginas, eso es humanamente imposible. El legislativo puede votar en fast track en casos de emergencia (pandemia, desastre natural, etc.). La reforma electoral no era una emergencia. Lo que sucedió es que los legisladores del bloque oficial, al ver que perdieron la votación del cambio constitucional, en cuestión de minutos agarraron una iniciativa del presidente, le cambiaron el remitente para presentarla como si fuera de Morena, le agregaron 2 parches para complacer a sus aliados PT y Verde, se brincaron el análisis y votación en comisiones, la subieron al pleno y la aprobaron.

Por este apresuramiento, la 1a. parte del "Plan B" fue impugnada ante la Suprema Corte. El caso le tocó al ministro Arturo Pérez Dayán, quien otorgó la suspensión en lo que el pleno de los ministros le entra de lleno al asunto y vota. Esa votación es la que el gobierno quiere que suceda ya, a inicios de abril, porque calcula que la va a perder y su objetivo es que le dé tiempo de reponer el procedimiento impugnado antes de que termine el periodo ordinario de sesiones en el congreso. ¿Por qué? Porque si la oposición se mantiene unida, el oficialismo no tiene los suficientes votos para convocar a un periodo extraordinario y el siguiente periodo ordinario es hasta septiembre, con lo cual, de aprobarse en esas fechas la reforma, ya no podría entrar en vigor para la elección del 2024 porque la ley marca que cualquier cambio tiene que aprobarse tres meses antes del inicio del proceso electoral, y no dan los tiempos.

Sin embargo, en la Corte -me dicen las fuentes- el ánimo es que esta 1a. parte del "Plan B" será discutida y votada hasta la 2a. quincena de abril. El obradorato vería frustrado su objetivo de resucitar el "Plan B".

Maite Azuela Gómez, integrante del Comité Técnico Evaluador que integró 4 quintetas con 20 perfiles para ocupar 4 consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que, desde su punto de vista, las y los aspirantes cercanos a Morena, representan riesgos para garantizar la autonomía del órgano electoral. Sostiene que quienes sustituyan a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz, deben de ser personas alejadas de los partidos políticos y la autoridad federal.

"Su cercanía al gobierno y a partidos políticos me pareció muy evidente, por eso emití mi voto particular en seis casos, para mostrar los riesgos que puede correr la autonomía con estos perfiles", puntualizó. Azuela Gómez, académica egresada de la Universidad Iberoamericana, politóloga y periodista, emitió voto particular para rechazar los perfiles de Bertha Luján, Guadalupe Álvarez, Lulisca Zircey, Guadalupe Taddei, Victor Humberto Mejía y Netzaí Sandoval, todos con vínculos familiares con miembros destacados de Morena y funcionarios de alto nivel en el gobierno federal. Sostuvo que el INE requiere perfiles que garanticen autonomía, por lo que los antes mencionado no son idóneos para estar en el Consejo General de dicho órgano.

"No es descalificación ni a las personas ni a sus trayectorias, solamente es una advertencia de que desde mi punto de vista no son los perfiles idóneos para ocupar un cargo INE, pueden ser perfiles idóneos para cualquier otro cargo público y seguramente en cualquier otro cargo público se han desempeñado con honestidad y con compromiso con nuestro país, pero para el INE requerimos perfiles que tomen distancia de los partidos políticos y de la autoridad", aclaró.

El presidente está usando su tribuna, una conferencia de prensa oficial financiada con fondos gubernamentales, para llamar a votar por los partidos de su gobierno y no entregar un solo voto a la oposición. Bajo las leyes mexicanas es una utilización indebida de recursos públicos. Quizá en Estados Unidos y otros países a nadie le extrañe que el Presidente llame a votar por su partido, pero en México estas peticiones fueron decretadas ilegales por la reforma electoral de 2007. La restricción surgió para evitar declaraciones como las de Vicente Fox cuando era presidente que descalificaba al candidato López Obrador. Yo protesté contra esta censura en 2007 ante el entonces senador Pablo Gómez. Ahora a AMLO también le molesta.

El sistema electoral mexicano que tanto irrita al presidente nos ha dado a los mexicanos, en cambio, gobiernos muy diversos. El 70% de las elecciones que ha organizado el IFE, hoy INE, han sido ganadas por la oposición. La alternancia pacífica en el poder que ha conseguido este sistema es particularmente loable porque nunca la habíamos gozado en la historia del país. La equidad que garantizan nuestras actuales instituciones electorales permitió a López Obrador, por ejemplo, fundar un movimiento en 2011 que se convirtió en partido político en 2014 y que lo llevó a ser electo presidente en 2018 con mayorías absolutas en ambas cámaras del congreso. Solo un buen sistema electoral genera estos resultados.

Echarlo todo por la borda, como pretende el presidente, es sumamente peligroso. Quizá todo gobernante sueñe con dejar a su oposición sin un solo voto en una elección, pero en una verdadera democracia respetar la representación de las minorías es tan importante como ganar.

Esta semana se van del INE 4 consejeros, entre ellos su presidente Lorenzo Córdova.

Aunque el proceso de selección de los consejeros ha cumplido con todas las formalidades, el Instituto que quedará será un organismo más débil que el que encabezaba Córdova. Ese es el famoso plan C.

Será difícil que la nueva presidencia tenga la fuerza que acabó dándole Córdova.

Pero, más allá de qué tan exitoso resulte el plan C, López Obrador tiene el 'plan M'. Con M de miedo.

López Obrador ha generado la impresión de que, si apareciera un candidato opositor con arrastre y capacidad, se usaría todo el poder del Estado para atacarlo.

Eso ha producido un retraso en la definición de los probables contendientes y ha dado una enorme ventaja a quienes buscan suceder al presidente López Obrador desde Morena.

Las alternancias en la Presidencia de la República, 3 hasta ahora, han ocurrido cuando los candidatos opositores han iniciado su campaña con mucha anticipación: Vicente Fox la comenzó 3 años antes de la elección; Enrique Peña al menos 5 años antes, y López Obrador tenía más de 10 años en campaña.

Al margen del plan C, el 'plan M' ya creó un ambiente de temor entre diversas personas que podrían aspirar a convertirse en candidatos presidenciales, reduciendo de esta manera la baraja de la que puede salir un candidato o candidata competitiva.

Como si se tratara de una respuesta a la decisión que tomó el viernes el ministro Javier Laynez de admitir la controversia constitucional que interpuso el INE contra las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que deja sin efecto el "Plan B" y se ordena "que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma", el sábado el Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a consejeros y consejeras electorales dieron a conocer la lista de las y los 20 finalistas, en la que aparece una clara mayoría de candidatos afines al gobierno de la autollamada 4a. transformación.

Parece concretarse así la estrategia morenista que se empezó a desplegar desde que calcularon el riesgo de que la Corte parara el "Plan B", y desde la integración de los 7 miembros del Comité Técnico de Evaluación: 3 propuestos por la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, 2 por el Instituto de Transparencia y 2 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hubo una clara selección de perfiles allegados al gobierno lópezobradorista.

Habrá que ver, pues, que expresa el presidente hoy en su rueda de prensa mañanera sobre esta clara intención de morenizar el futuro Consejo General del INE, que muy probablemente buscarán que lideré Bertha Alcalde, luego de que el fin de semana volvió a embestir con la SCJN por haber frenado su reforma electoral, al asegurar las y los ministros son parte de la "mafia del poder", partidarios de la oligarquía y para los que "su único dios es el dinero".

4 de las 5 mujeres de las que saldrá la nueva presidenta del INE son grotescamente morenistas: la hermana de una secretaria del gabinete, la esposa de un subsecretario, la hija de un influyente senador y la prima de un súper delegado.

De ese tamaño es el descaro de López Obrador.

Estamos por atestiguar la conformación del INE más parcial y partidista de la historia. Eso viola la ley abiertamente. Eso no se debe permitir.

En la quinteta de nombres para el relevo de Lorenzo Córdova aparecen:

Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaria federal del Trabajo, Luisa María Alcalde, e hija de Bertha Luján, quién encabezó el Consejo Nacional de Morena hasta hace poco tiempo. ¿Qué hubiera dicho López Obrador en el sexenio de Calderón si estuviera a punto de encabezar el INE un hermano de Javier Lozano Alarcón? Él era el secretario del Trabajo.

Iulisca Zircey Bautista Arreola es esposa del subsecretario de Sedatu, Daniel Fajardo. Fuentes de Morena dicen que Fajardo es de los que va a terminar mal su gestión por el desaseo con el que ha llevado las "negociaciones" con los ejidatarios para los terrenos del Tren Maya, el Transístmico y hasta el AIFA: acusan que han sido despojos, lo que contraviene el espíritu que pregona ese partido. La pareja Fajardo Bautista está muy ligada al Grupo Tabasco, que encabeza Adán Augusto López, a través del gobernador morenista de Chiapas, Rutilio Escandón, casado con la hermana del secretario de Gobernación.

Guadalupe Álvarez Rascón es hija de un muy influyente senador de Morena: José Antonio Álvarez Lima. Se sabe que es quien controla el Canal 11 a través de un joven e inexperto personero, y asesora al presidente AMLO y al vocero, Jesús Ramírez, en temas de comunicación. Fuentes en Palacio Nacional me dicen que a este senador se le considera uno de los ideólogos de convertir los medios de comunicación del Estado en viles propagandistas del obradorato, y que su hija ha sido una operadora central para despedir conductores incómodos y alinear a todos en un mismo aplauso.

Una tocaya suya, Guadalupe Taddei Zavala, también aparece en la "quinteta dorada". Es prima del súper delegado del gobierno federal en Sonora, Jorge Luis Taddei, y tía del flamante director de la paraestatal LitioMx, Pablo Taddei. Fue de las fundadoras de Morena en ese estado y operadora electoral del partido.

En el resto de las quintetas figuran otros alfiles de Morena:

Jessica Jazibe Hernández García creció políticamente a la vera del clan Bejarano-Padierna. Gracias a Aleida Alavez, alto mando de ese clan, se convirtió en jefa de personal en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, de donde se fue a su natal Oaxaca a hacer trabajo político para Morena, con un Movimiento de la Esperanza que la convirtió en operadora financiera de Jesús Romero, entonces diputado local, hoy secretario de Gobierno del estado.

El tabasqueño Víctor Humberto Mejía Naranjo es ficha de José Ramón López Beltrán, el hijo de López Obrador, y del secretario de Gobernación. Fue miembro fundador de Morena en la tierra natal del presidente y luego se volvió consejero electoral. Los propios morenistas lo ubican como responsable de aquel escándalo de las 760,000 boletas electorales que se imprimieron con errores y que se tuvieron que reimprimir, abriendo paso a la sospecha de que un lote se usó para rellenar urnas.

Y claro, Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de Irma Eréndira Sandoval, la 1a. secretaria de la Función Pública de AMLO; cuñado del activo propagandista del régimen John Ackerman; y hermano del diputado federal morenista Pablo Amílcar Sandoval.

El comité técnico evaluador que seleccionó a los 20 finalistas está formado por una mayoría de leales al obradorato. No eligieron perfiles imparciales para el INE, eligieron operadores electorales del presidente.

Nos dijiste que la concentración en el Zócalo sería para conmemorar el aniversario de la Expropiación Petrolera, pero vimos que sólo fue para comprobar tu nivel de convocatoria y movilización de tu gobierno, que eso ya lo sabemos y más cuando va acompañado de acarreo y pago por asistencia como fue con tus masas, las cuales ni siquiera pudieron codearse con tus allegados a los que reservaste sitio VIP para no codearse con tus seguidores y votantes en masa que no entienden lo que está pasando.

Tu concentración se vio opacada cuando tus simpatizantes de Morena, llenos de odio que tú has fomentado, quemaron una imagen de cartón que representaba a la ministra presidenta de la Suprema Corte, precisamente en el lugar donde el 26 de febrero se realizó la concentración en apoyo al INE y a la independencia del poder judicial, lugar donde se dio la agresión y amenaza a la ministra.

El odio que dejaron ver en contra de la ministra, el mismo que tú has fomentado desde que llegó a la presidencia de la Corte, cuando aseguraste que siempre votaba en contra de tu gobierno y dijiste: "apenas llegó la nueva presidenta (Norma Piña) y se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes".

Haz a un lado ya tu política de odio, donde todas las mañanas te burlas de la dignidad de las personas, lanzando ataques sin sustento y sin que te los puedan rebatir los seudo periodistas paleros que te hacen comparsa en tu mañanera, donde sigues presumiendo de ser un hombre moralmente íntegro, pero dándonos cuenta que tu conducta revela lo que eres, un intolerante que ofende, que no se respeta ni a sí mismo y que tienes el temor de perder la aprobación de tus votantes, un sujeto dominado por el odio, la culpa y la inseguridad, pero que quiere dar la imagen de un hombre íntegro, honesto y bondadoso, al mismo tiempo siembras tu odio entre tus seguidores contra lo que no comparten tus ideas.

Recuerda que los que te oyen y a los que les infundes tu discurso de odio recogen tus palabras al pie de la letra de manera literal y como creen lo que dices son los que pueden generar violencia, que a lo mejor es lo que quieres para tu 4a. transformación, pues todas las demás transformaciones que hemos tenido han sido violentamente, como la Independencia y la Revolución, ¿es eso lo que quieres?

La orientación ideológica es esencial, desde luego, pero las propuestas son absolutamente inviables si no van aparejadas de una lógica de operación eficiente y realista.

Y para ser honestos, el gobierno de la 4T exhibe enormes hoyos en esta materia.

El movimiento tenía muchos operadores políticos, pero pocos funcionarios de carrera con experiencia en la administración pública. De allí "la pedacería" de la que hablan sus adversarios. A diferencia de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, también de alternancia, que recurrieron a la iniciativa privada para subsanar el déficit, la natural desconfianza del obradorismo respecto a los empresarios le llevó a apoyarse en el resto de la clase política tradicional: esencialmente ex priistas, y algún que otro panista (Manuel Espino, Germán Martínez, Roberto Gil Zuarth, entre otros). López Obrador señaló que su gobierno necesitaba funcionarios que tuvieran 90% de honestidad y 10% de experiencia; una manera de mostrar buena cara ante una insuficiencia evidente.

Detrás de la cruzada en contra del infame monopolio de medicinas, hay una meritoria intención, pero la exhibición de una lamentable novatez para operar el ambicioso proyecto; un prolongado proceso de ensayo y error con cargo a muchos pacientes.

Fundar un organismo como Segalmex para mejorar la autosuficiencia alimentaria en medio de una globalización accidentada es una excelente idea; pero de pésima ejecución al entregarla a ex priistas de reputación endeble, que contaron con recursos y atribuciones enormes sin los necesarios filtros y controles. A nadie debería sorprender el resultado.

Quizá nada evidencia más la insuficiencia de cuadros administrativos de la 4T, como el hecho de que el presidente haya tenido que echar mano del ejército para la construcción (algo explicable) y posterior operación (algo menos justificable) de sus proyectos estratégicos. Y más aún cuando se les ha pedido hacerse cargo de áreas de la administración pública tradicionales como aduanas, puertos, aeropuertos y empresas turísticas.

Los militares son más honestos y eficientes, ha mencionado en más de una ocasión López Obrador. En otras palabras, además de carecer de la experiencia, resultó que muchos de los cuadros tampoco reunían el necesario 90% de honestidad.

Más allá de la crítica que pueda hacerse a los gobiernos tecnócratas, habría que reconocer que se mantuvieron 30 años en el poder y modificaron al Estado mexicano gracias a los muchos cuadros que, formados en Hacienda, terminaron moviendo los hilos de la administración pública en la federación y en muchas entidades.

No se trata de reclutar en función de una supuesta incorruptibilidad, porque, como ya vimos, esa es una apreciación subjetiva. Eso se resuelve con mecanismos de control y evaluación permanente. En lugar de pensar en hombres y mujeres incapaces de ser tentados por las malas prácticas, es más razonable construir los procedimientos que inhiban esas malas prácticas de parte de todos aquellos que se sientan tentados a recurrir a ellas.

En esencia de lo que se trata es contar con parrillas de funcionarios eficaces, convencidos del servicio público y técnicamente capaces. No se requiere de una supuesta pureza ideológica (desde luego los priistas y panistas subidos al tren obradorista no la tenían), porque después de todo la orientación de los programas los establece la cabeza. Pero sí de operadores decentes, sujetos a normas de valoración, aprendizaje y corrección permanente que haga de ellos funcionarios de carrera profesionales de largo plazo, empeñados en la tarea de construir un país más próspero y justo.

Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), otorgó ayer una suspensión indefinida al llamado "Plan B" de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de recibir una controversia constitucional por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

Con esto, la SCJN frenó los cambios a diversas leyes electorales, que fueron impugnados a principios de febrero pasado por el propio INE.

"El ministro instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma", señaló la Suprema Corte a través de un comunicado.

De acuerdo con el INE, el "Plan B" crea "condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda".

La determinación del juzgador se dio porque "el decreto no sólo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede".

La SCJN también justificó que existen precedentes donde se suspenden leyes por su posibilidad de "vulnerar de manera irreparable" derechos humanos.

"En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía", se indicó en el documento referido.

Modificar las leyes electorales secundarias en contravención a la Constitución no fue nunca el verdadero plan B. El presidente López Obrador sabía que las posibilidades de que la Suprema Corte avalara cambios en leyes que violan abiertamente la Constitución eran muy difíciles. Ni siquiera las ministras más obedientes, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf, las aprobarían fácilmente. El verdadero plan B era llenar el Consejo General del INE con incondicionales.

Lo expresó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a los diputados oficialistas el pasado 30 de enero: "Como ustedes son gente de convicción, y saben que no vamos a suplicar la construcción de una artificial mayoría constitucional, yo les pido que cuiden el proceso y que muchos de aquí incluso fueron [seleccionados] por insaculación. Pues así se puede y se debe elegir a los consejeros electorales. Ustedes harán su trabajo, harán un comité técnico y estoy seguro que habrá perfiles de mexicanas y mexicanos íntegros, de primera, comprometidos con su país".

Los mexicanos "de primera" no son más que personas con lealtad absoluta al régimen. "No hay que tenerle miedo a ello", dijo Adán Augusto. "Va a ser por insaculación. Nosotros somos contrarios al 'cuotismo'". En vez de negociar cuotas con la oposición, el gobierno busca llenar el Consejo General del INE de cuates.

López Obrador ya ha tenido la oportunidad de influir sobre la designación de consejeros electorales y de ministros de la Suprema Corte. En 2020 los diputados nombraron a cuatro consejeros electorales, y por lo menos 2, Carla Humphrey y Uuc-kib Espadas, fueron impulsados por la mayoría morenista. Sin embargo, su comportamiento como consejeros, igual que el de los otros 2, Norma Irene de la Cruz y José Martín Faz, ha sido de plena imparcialidad. Por eso el presidente, quien pensaba que los consejeros y ministros de la Corte designados bajo su mando debían obedecerlo ciegamente, ha mostrado su decepción. A los ministros que pese a haber sido propuestos por él han votado contra sus propuestas los ha llamado "falsarios" e "hipócritas". Ha arremetido también contra el Consejo General del INE, cuyos 11 integrantes se han opuesto a las reformas en leyes secundarias. La instrucción ahora es que los 4 nuevos consejeros sean incondicionales, tanto como Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La estrategia se está aplicando. Primero se formó un Comité Técnico de Evaluación con varios integrantes vinculados al presidente y el partido de gobierno, como el periodista y militante Enrique Galván Ochoa. Varios candidatos que han quedado entre los finalistas tienen también afinidad con el régimen, como Bertha Alcalde Luján, hija de Bertha Luján, expresidenta del Consejo Nacional de Morena. La aparente filtración adelantada a algunos aspirantes de las preguntas del examen parece haber sido parte de la estrategia. Del lado positivo, el aspirante que más puntos acertados tuvo en ese examen, Jaime Castañeda, ex coordinador de asesores en la representación de Morena en el INE, no apareció en la lista de finalistas.

Para la democracia, lo mejor sería que los partidos negociaran y lograran acuerdos para nombrar a consejeros que representaran distintos puntos de vista. No hay nada más democrático que la diversidad. Sin embargo, el secretario López Hernández ya ha dado instrucciones: nada de negociación y nada de cuotas, solo cuates.

Respeto la decisión del Tribunal Electoral, pero no la comparto. Es pésima idea que la nueva presidenta del INE provenga de una quinteta de candidatas sin experiencia en el INE. Se debió permitir a la consejera Carla Humphrey competir por la presidencia. Tener al mando a alguien con experiencia es importante.

El final del gobierno de López Obrador no será tan sencillo como se preveía hace unos meses. Hay turbulencia en el aterrizaje y ésta no viene, como auguraban algunos, por el lado económico, sino político. Los indicadores económicos no muestran alarmas, por el contrario, los datos de inflación, tipo de cambio, déficit presupuestal e incluso los de inversión extranjera son positivos. El crecimiento económico, de 3.1 en 2022, es, para ponerlo en palabras del López Obrador candidato, mediocre, pero muy bueno en el contexto internacional y hasta el propio presidente lo festejó como un gran logro. Los nubarrones vienen del norte y tienen que ver con el manejo de la seguridad pública y hay vientos cruzados generados por las batallas internas.

La militarización del gobierno comienza a pasarle factura al presidente. La estrategia no funcionó. Entregarle la seguridad a las fuerzas armadas no disminuyó la violencia en el país; darles las aduanas no redujo la corrupción y el tráfico ilegal de sustancias; poner en manos militares el aeropuerto no hizo más eficiente el tráfico aéreo (¡oh sorpresa! las aerolíneas responden al mercado y no al canto de himnos ni sirenas mañaneras). Por el contrario, la presencia preponderante del verde olivo en el gobierno le transfirió todos los pecados de los militares, acostumbrados por décadas a la opacidad y no a rendir cuentas, a López Obrador: las filtraciones de Guacamaya links terminaron por afectar más la Presidencia que al propio secretario de la Defensa.

La confrontación con Estados Unidos puede ayudar al presidente a cerrar filas. La construcción del enemigo común es siempre una estrategia de los poderosos para cambiar la conversación y desviar la atención de lo que no funciona. Pero, más allá de rollos, reivindicaciones, citas churidas a Juárez (el derecho al respeto ajeno es la paz [sic]) y la defensa de la soberanía envueltos en la bandera, hay temas concretos en los que el gobierno de Estados Unidos va a presionar en los últimos meses del gobierno de López Obrador: trafico de fentanilo y democracia. La presión en el tráfico de fentanilo es concreta, directa y factual: Estados Unidos quiere que se detenga y extradite a más capos. Aunque no sirva de nada para frenar las muertes por sobredosis de este medicamento, sí sirve para la tribuna electoral estadunidense. El tema de la democracia es mucho más delicado y sutil. La observación estadounidense sobre la reforma al Instituto Nacional Electoral y a los derechos humanos irá creciendo conforme se acerque la fecha de la elección.

En un aterrizaje con turbulencia nada hay más importante que la mano del piloto, la sutil conducción de la nave. El riesgo es que nuestro capitán ha abandonado las sutilezas, parece desoír las advertencias meteorológicas y quiere aterrizar el avión a su manera y donde él quiera. Pónganse los cinturones.

Integrantes de diversas organizaciones ciudadanas acudieron recientemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Representantes de Ciudadanos por México, Consejo Cívico Ciudadano, Misión Rescate México y Poder Ciudadano entregaron más de 35,000 firmas, promovidas a través de la plataforma CitizenGO, en las que solicitan la renuncia, otra vez, de la ministra Yasmín Esquivel, por su cuestionada reputación profesional.

En síntesis, afirman que contamina la integridad del tribunal más alto del país.

Antier, el funcionario entró con el pecho erguido a la oficina. Esa mañana había leído que en estas Historias de Reportero se le señaló como quien cobraba 30% de sus salarios a los trabajadores a cambio de mantenerlos en la nómina. Los extorsionaba, pues. Imaginó que al llegar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) iba a granjear el respaldo de sus compañeros y directivos, que la institución lo iba a respaldar.

José Ángel Anzurez Galicia se enteró rápido de su destino: se tenía que ir. Me cuentan que la disputa terminó a gritos. Era un golpe hasta familiar, porque según las denuncias, su esposa le ayudaba desde un Starbucks cercano al Indep a recaudar los moches.

El Indep publicó un contundente comunicado: "Al tener conocimiento de la nota periodística y ante la probable comisión de algún acto indebido, nuestro director general (Ernesto Prieto), de forma inmediata, instruyó dar vista a las autoridades competentes, con la finalidad de que éstas procedan según normativa... el servidor público involucrado, con fecha 22 de marzo del presente año, tomó la determinación de renunciar a su encargo, lo anterior, con la finalidad de facilitar las investigaciones que la autoridad realice". Y remata que el Indep "reprueba cualquier acto que altere o vulnere el correcto ejercicio de los encargos, por lo que nos comprometemos a dar seguimiento en el deslinde de las probables responsabilidades que se deriven del presente asunto".

Este comunicado compromete al Instituto a seguir investigando. La denuncia de varios trabajadores víctimas de Anzurez Galicia está siendo llevada por el Órgano Interno de Control del Indep, al cual, por cierto, en próximos días llegará una mujer que tiene en su currículum haber realizado la investigación del fraude del sexenio en Segalmex y la aprehensión de varios funcionarios por el desvío de cosa de 15,000 millones de pesos simulando compras de alimentos.

Si bien el Indep ha sido señalado de ocultar la corrupción de sus más altos directivos (denunciada por los propios altos mandos del Instituto), en este caso en particular su reacción ha sido extraordinaria hasta ahora: frente a la denuncia documentada de corrupción, actuó fulminantemente. Ojalá siga por esa ruta y siente precedente con el resto del obradorato, porque eso es lo que Andrés Manuel López Obrador prometió que iba a hacer al llegar al poder. No ha actuado así. Estaría realmente bajando la corrupción: los índices marcan lo contrario.

El presidente y la inmensa mayoría de su gobierno, cuando se les confronta con escándalos de corrupción documentados (en papel, en audio, en video), tienen como reflejo inmediato, como única reacción, calumniar al periodista, descalificar al medio de comunicación. Si la denuncia llega de activistas, científicos, cineastas, padres de familia de niños con cáncer, madres solteras, víctimas de la violencia, lo mismo: el presidente ataca al que exhibe la corrupción y protege al corrupto. ¿Cuántos casos no le vienen a la mente como ejemplo?

Cuando se dice que el pecho no es bodega entendemos que una persona puede ser muy franca o, de plano, impertinente. Pero cuando esa persona es el Presidente de la República, lo que salga de su pecho tiene connotaciones políticas que pueden meter en problemas a un gobierno o revelar cosas que se manejan, por definición, con secrecía. A nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta mezclar su papel de jefe de estado con el actuar de un ciudadano ordinario, aunque cada vez que nos receta la frase "mi pecho no es bodega" está acompañada de un fin político. Pero a veces, su incontinencia verbal lo lleva a darse un tiro en el pie y al corazón de sus colaboradores, como sucedió ayer.

Mathieu Tourliere, reportero de Proceso, uno de los 3 medios que junto con la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D y Social Tic ha participado en una investigación permanente sobre el espionaje del Ejército, regresó el tema a la mañanera de ayer y preguntó al presidente, para abrir boca, si conocía de la existencia del Centro Militar de Inteligencia (CMI), adscrito a la subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, que pertenece a la Sección 2a. del Estado Mayor, Inteligencia Militar, en cuyo organigrama no aparece el CMI. Ahí comenzaron los problemas para el presidente y para su gobierno, porque en lugar de haber hablado de que era un tema de seguridad nacional y pagar costos por su silencio, comenzó a hablar y trastabillar.

Confundió la pregunta o quiso evadirla, e incluso no pudo llamar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por su nombre correcto. Y cuando Tourliere le dijo que no le preguntaba sobre esa institución civil que sustituyó al Cisen, sino sobre el CMI, el presidente respondió que el CNI es el que tiene facultades legales para hacer ese trabajo y que comparte su información, porque "es la institución que legalmente puede llevar a cabo con autorización judicial estas investigaciones a través de los teléfonos, básicamente a la delincuencia".

Si se interpretara al pie de la letra lo que dijo el presidente, sería una negación de la existencia de las áreas de inteligencia que tienen el Ejército, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad, que también gozan de facultades legales, y al mismo tiempo que quienes realizaran esas funciones, salvo el CNI, lo estarían haciendo fuera de la ley. Sus confusiones no sólo son conceptuales, sino incluso derivadas del desconocimiento de cómo funciona su propio gobierno. Pero esto fue lo de menos.

La revelación publicada por esas organizaciones se fundamentó en los correos electrónicos hackeados por el grupo que se identifica como Guacamaya, que mostraron que el Ejército utilizó una estructura de inteligencia secreta (el CMI) para espiar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, para acceder e interferir en las investigaciones sobre las recientes ejecuciones militares en esa ciudad tamaulipeca. El presidente no lo negó, como tampoco negó en ningún momento la existencia del CMI, y confesó que Ramos se había comunicado a un teléfono de un presunto narcotraficante, cuya línea estaba intervenida, al ser sujeto de una investigación. "Esa es la información que a mí me han entregado", remató. "Esa grabación tiene que ver con el Centro Nacional de Inteligencia".

En los correos hackeados se cuenta una historia diferente. Un documento interno del CMI que reprodujeron las organizaciones y los medios, muestra que Ramos no estaba conversando con ningún presunto narcotraficante, sino que fue grabado de manera ilegal al hablar con una reportera de Televisa y 2 reporteros más de El Universal y El País sobre el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Ese documento también buscó vincular a Ramos, sin aportar evidencias, con el Cártel del Noreste. El equipo de intervención telefónica, como documentó el mismo grupo desde octubre del año pasado con la colaboración del Citizens Lab de la Universidad de Toronto, utiliza un malware -un programa espía- de fabricación israelita llamado Pegasus.

Tourliere, sin agredir ni transgredir, insistió al presidente en precisiones y clarificaciones, que buscó evadir con su famosa frase "yo tengo otros datos". Si esto fuera cierto, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, lo estaría engañando y desinformando. Sin embargo, lo que ha trascendido es que el general mantiene perfectamente informado al presidente.

El reportero insistió: "¿Usted dice que el Centro Militar de Inteligencia no opera Pegasus?". El presidente replicó: "No opera Pegasus. Y además, lo de Pegasus es una marca y hay sistemas equivalentes a Pegasus en todas partes y en México, no necesariamente Pegasus, pero son sistemas que llevan a cabo las mismas funciones del sistema de escucha de Pegasus". ¿Qué reveló López Obrador? Su ignorancia, pues Pegasus no es una marca ni un sistema, sino un programa cibernético. Después, un secreto: el gobierno tiene otros sistemas que hacen el mismo trabajo de Pegasus, como el Rafael, un sistema que tiene un software más poderoso que el primero, también de manufactura israelita, del que poco se sabe.

El presidente estaba incontenible sin darse cuenta. En la búsqueda por salir del paso, dijo que ayer mismo se informaría sobre "cómo se hace la investigación y la inteligencia para enfrentar a las bandas del crimen organizado", que es en donde identificó la mayor parte del trabajo que realiza su gobierno. Si esto llegara a suceder, sería una traición al Estado Mexicano, porque estaría regalando información estratégica y secreta al crimen organizado, en detrimento de la seguridad nacional. No sucederá. Su gobierno no va a dar esa información, como tampoco puede reconocer otra más, que el Ejército y el CNI sí espían, a activistas, políticos y periodistas de manera ilegal en una clara función de espionaje que, por lo que ha trascendido, es mayor que en anteriores gobiernos.

Tal vez ya sea claro para todos que lo único que le importaba a López Obrador era alcanzar el poder, y no dejarlo.

Aunque hace 2 décadas que algunos lo hemos comentado, para las mayorías era impensable que fuese así. Preferían creer al lema que él se robó del gobierno de González Pedrero en su estado natal: primero los pobres. Algunos, más capaces del autoengaño, se imaginaban que sería un paladín de la progresía, aunque cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal demostró con claridad su profundo conservadurismo.

Él ha sido muy hábil en dejar que cada quien le asigne las virtudes que guste. Confía en la gran dificultad que tienen las personas para reconocer sus errores. Una vez que le han expresado públicamente su apoyo, les costará corregir. Tiene razón, han sido pocos los que lo han hecho, aunque a casi 5 años del triunfo, ya suman.

La causa principal del desencanto es que el gobierno tiene que tomar decisiones. Desde la oposición no hay riesgo: se puede prometer permanente e impunemente. Por eso López Obrador sigue en campaña, prometiendo su sistema de salud danés, sus casi 3 millones de barriles diarios de petróleo, la puesta en operación de sus proyectos.

Todo para el futuro, del que le resta ya muy poco.

Él no quiere irse, ni quiere que se le cumplan los plazos, y por eso insiste en que su "transformación" continuará con otras personas. Por eso afirma que sus adversarios no ganarán, no importa qué hagan.

Pero nadie puede engañar a todos todo el tiempo, y los plazos sí se cumplen. López Obrador llegó a la Presidencia sin una idea clara de cómo guiar el gobierno. Tenía algunas ideas básicas: concentrar todo el poder posible, recuperar un gobierno grande como el que conoció de joven, hacerlo con los recursos que le darían el petróleo y la electricidad, y no patear el avispero del crimen.

Ha sido exitoso en concentrar el poder, pero eso ha destruido la capacidad de gestión del gobierno, con lo que nadie puede cumplir lo que él promete en sus mañaneras. Para lograr algo, lo que fuese, acabó entregándose en manos del Ejército, que sí cumple órdenes. Además, eso iba en línea con lo de los abrazos: mejor ocupar a los soldados en la construcción. Nunca entendió que las empresas energéticas del gobierno ya no tienen remedio y no dan recursos, ni tampoco que es imposible un gobierno grande con una recaudación paupérrima.

Al final, dejó a 25 millones de personas sin acceso a salud, perdió control del territorio, dio ínfulas a generales, quemó billones de pesos en Pemex y CFE, y no tiene nada qué entregar. No le queda sino prometer que ya vendrá la cosecha, como lo hizo siempre.

Hay una discusión ociosa de si la destrucción que ha dejado a su paso es producto de incompetencia o de maldad. Lo que buscaba era tener todo el poder, y ahora quiere mantenerlo hasta su último día de vida.

Eso exige destruir la democracia, cuyo sujeto es la clase media, y cuyo instrumento es el INE. Por eso los ataques continuos a ambas. Exige terminar con la división de poderes, por eso el ataque a la Corte. Exige muchas cosas más, que ya no pudo lograr. Echará su resto en estos próximos meses, porque sabe que está perdiendo su apuesta.

Esta columna ha insistido en que ya perdió, aunque no quiera aceptarlo.

No será capaz de extender su mandato, ni siquiera por interpósita persona.

No habrá minimato, reelección, ni autogolpe. Porque más allá de su megalomanía y narcicismo, más allá de su sicopatía y maquiavelismo, Andrés Manuel es un incompetente. Y eso, en un gobernante, pesa mucho.

Ya califica de modus operandi: la semana pasada comparecieron en el Órgano Interno de Control del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) 15 trabajadores que denuncian que les están pidiendo el 30% de su salario a cambio de dejarlos trabajar en el gobierno.

Según fuentes con acceso al expediente, el funcionario que se los pedía es identificado por los denunciantes como José Ángel Anzurez Galicia, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales (lo de encargado de despacho es un decir, porque según los registros, el individuo lleva 2 años en ese cargo). El funcionario tiene bajo su mando a aproximadamente 70 personas, pero sus tentáculos alcanzan otras dependencias en las que ha logrado colocar a algunos de sus leales. Una de las quejas es que con este esquema han sido incorporados trabajadores que no tienen la suficiente capacitación -relatan que algunos no saben ni prender una computadora- pero que garantizan que les van a dar ese 30%.

Según los testimonios presentados ante el Órgano Interno de Control del Indep, este funcionario y su esposa, que no trabaja en el Instituto, se encargan de cobrar este "moche". Cuando por protocolos del gobierno federal se prohibió el acceso de familiares a los edificios de la administración pública, la señora empezó a usar como oficina de recaudación un Starbucks cercano a las oficinas. Los trabajadores afectados presentaron como pruebas, además de sus testimonios, chats de WhatsApp y hasta transferencias electrónicas.

Los agraviados identifican a la pareja acusada de extorsión como poblana, cercana a Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena. La mujer buscó una diputación en la pasada legislatura. ¿Ese 30% del salario se considerarán "aportaciones" a alguna campaña? El modus operandi es muy similar al que instrumentó la hoy candidata de Morena al Gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, cuando fue presidenta municipal de Texcoco (el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentenció como delito electoral lo que hacía el gobierno de Delfina: quitar el 10% del salario de trabajadores para dedicarlo a las campañas de Morena).

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ha sido paradójicamente una fuente inagotable de robo al pueblo. Desde que López Obrador le puso ese nombre ha estado envuelto en escándalos: el 1er. director renunció bajo sospecha de corrupción, el 2o. director renunció denunciando públicamente que lo estaban obligando a corromperse, el fraude del cheque multimillonario sin fondos de la FGR, entre muchos otros casos. Me recuerda muchos casos de este sexenio: Segalmex, el invento del obradorato supuestamente para acabar con la corrupción de Conasupo-Diconsa-Liconsa, terminó siendo la dependencia más corrupta del gobierno; el Insabi, creado porque según esto el Seguro Popular no servía, terminó desmantelado porque nunca sirvió; y así nos podemos seguir varias páginas más.

Lo de la defensa del petróleo fue un pretexto. El presidente López Obrador llenó el Zócalo para hablar de la sucesión presidencial del 2024.

La maquinaria del acarreo está perfectamente aceitada, lista para la campaña. Más allá de la ridícula cifra oficial -si se compara con las que emitió el gobierno para las marchas del INE y de las mujeres-, se llenó el Zócalo, y bien. Hubo gente que fue por convicción, pero se documentaron kilómetros de autobuses estacionados con precisión casi militar, cuyos coordinadores sabían dónde bajarse y hacia dónde dirigir a los pasajeros.

Y ante las quejas de que retrocede el reloj 50 años... lo retrocedió 90.

No alcanza la tardía descalificación de AMLO de la quema de una figura de la ministra Norma Piña en su mitin del sábado pasado. Sus palabras de ayer suenan blandengues ante la gravedad de un hecho que sólo tiene un origen: él mismo. La ambición le obnubila. O desactiva los ataques, o alimenta el germen de la violencia. Sigue en lo segundo.

Nadie dentro del oficialismo desobedece el chasquido del de Macuspana. Andrés Manuel pudo conjurar el exceso en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mas no fue su deseo. En la plancha del Zócalo eran el momento y lugar adecuados para poner límites y pedir a los suyos no ensañarse con ella, no hostigarla; respetarla.

Pero no. Quiere doblarla porque es la enemiga de moda del lopezobradorismo. El acoso ha sido directo, sostenido y descarado. El presidente es autor e instrumento de la acometida. Desde el 2 de enero, la titular del poder judicial padece desde la frialdad de Palacio tras su elección hasta insultos, descalificaciones y amenazas, como la del sábado.

Lo del 18 de marzo fue una reunión financiada con presupuesto público y para -supuestamente- honrar el patriotismo del general Cárdenas. Pero ya se sabe que cada uno elige de qué quiere disfrazarse en su festejo. López Obrador decidió que el motivo de su fiesta fuera la radicalización, y le pareció gran regalo que la piñata fuera de Norma Piña.

Incluso si no se hubiera dado el caso de la quema de la figura de la ministra, la mera efigie de cartón era ya un despropósito. Apalear piñatas era para conjurar peligros. ¿A quién se le ocurrió que era buena idea que el mal tuviera la imagen de esta mujer? A cualquiera que escuche, y se trague, lo que dicen en la mañanera: es una corruptaza, dale, dale, dale.

Pero no la agarraron de piñata. La quemaron, como haría cualquier horda que en medio de un delirio quiere eliminar el espíritu de alguien a través de su imagen: todo en el país que cada año en la pascua juega a quemar a los judas de ocasión. Qué humanismo -como se presentan ellos- más cavernario. Humanismo con pira. Quema simbólica, pero pira.

¿A quién pretenden quemar los lopezobradoristas con su demostración del sábado? ¿A la ley? ¿A una mujer? ¿A la Constitución? ¿A la titular del poder judicial? ¿A las instituciones? ¿A cualquiera que a ojos de esa militancia sea un hereje? ¿A todos los anteriores?

De símbolos a símbolos el presidente de la república sólo puede y debe hacer una cosa. Restablecer una relación entre poderes que parezca y sea democrática. Suspender el acoso, mostrar contención, asegurarse de que nadie nunca más interprete sus palabras para convertirlas en agresiones aún más riesgosas.

Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, no atiende la ola de indignación que causó la quema de la figura de la jueza. Quien antes presumía que en sus marchas no se rompe ni un vidrio trató de desentenderse del significado de esta agresión, que para más gravedad fue coreada con febriles gritos de "fuera Piña".

No es un vidrio lo que está roto. Sino la frágil posibilidad de que se respete a quienes piensan distinto, a quienes actúan bajo el dictado de su conciencia, a quienes no juran al mandatario obediencia: los 3 suspirantes a la Presidencia de la República miraron parte de su futuro, el día que actúen de forma autónoma serán piñata y judas para la quema.

Y está claro quién incitará a esa amenaza: el humanista que permite una pira.

Algo está resultando muy mal con el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, para que haya tenido, desde su inauguración el 21 de marzo del año pasado a enero de este año, poco más de un millón de pasajeros, que es lo que tuvo el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México en su 1er. año de operación hace 70 años. Las cosas lucen peor cuando la meta establecida para el 1er. año de operación del Felipe Ángeles, de 2.4 millones de pasajeros, no llegó ni al 50% estimado.

Las noticias sobre andenes semi vacíos en una terminal que muchas horas del día se ve fantasmal, frustra al presidente Andrés Manuel López Obrador. El bajo número de vuelos lo irrita y dice que es culpa de los conservadores. Es una fuga hacia delante ajena a la realidad, que corona con la afirmación que el Felipe Ángeles es "uno de los mejores aeropuertos del mundo". Es evidente que no sabe de aeropuertos. El Felipe Ángeles no se encuentra entre los mejores aeropuertos del mundo. Ni siquiera figura entre los 100 primeros, de acuerdo con la consultora británica SkyTrax, que sólo considera a 3 latinoamericanos, Bogotá (37), Quito (40) y Lima (89).

Los mejores aeropuertos se distinguen por la funcionalidad de sus terminales y su conectividad terrestre. Todos ellos, sin importar la lejanía, como el de Narita, que se encuentra a 100 kilómetros de Tokio, o el de Estambul, a 52 kilómetros del centro, tienen una múltiple conectividad que los hace fácilmente accesibles. Hay otros, como el de Singapore, el Heathrow de Londres y el Schipol de Amsterdam, por mencionar sólo unos cuantos, donde no se necesita salir de las terminales para tomar el metro o los trenes suburbanos.

Nada de esto tiene el Felipe Ángeles, cuya conectividad terrestre lo está matando. La autopista de acceso que se inauguró recientemente es una tomadura de pelo, porque conecta sólo hasta Ecatepec, no a la capital. Cualquiera que haya transitado por la ruta entre la Ciudad de México a Ecatepec, sabe de sus frustrantes embotellamientos. Se está construyendo otra conexión al aeropuerto del Circuito Mexiquense, pero para utilizarla habrá que tomar la autopista a Toluca y conectar 15 minutos después en La Venta, desde Santa Fe, con la autopista Chamapa-Lechería.

El problema no debe confundirse. El Felipe Ángeles, como aeropuerto, tiene la más alta tecnología en equipos de navegación, y la construcción de la terminal y sus pistas, a decir de los expertos, tiene gran calidad. Tiene deficiencias que se podrán resolver con mejor organización, como el tiempo que se tarda desde que documenta y los minutos en los que llega a la sala de embarque. En la actualidad, cuentan pasajeros, ese tiempo llega a ser hasta de 20 minutos, demasiado para un aeropuerto vacío si se toma como referencia el aeropuerto de Incheon, de Seúl, donde se hacen 10 minutos.

Tampoco es relevante la distancia del Felipe Ángeles de la Ciudad de México, sino la falta de vías dedicadas para llegar sin complicaciones, que han afectado el despegue del megaproyecto presidencial que no figura tampoco entre los 10 aeropuertos principales del país. Las enormes deficiencias de conectividad tienen que ver con las prisas de López Obrador por inaugurarlo, y aumentarán por problemas conceptuales en el transporte, que no desahogarán el Benito Juárez ni, eventualmente, lo sustituirán en definitiva.

Para que eso suceda, deberá modificarse el diseño de conectividad terrestre, porque de continuarse por el camino actual, la viabilidad financiera del aeropuerto será inalcanzable. El ejemplo más claro es el del tren suburbano que conectará a la Ciudad de México con Santa Lucía, que saldrá de la vieja estación de ferrocarril de Buenavista. Si la principal conexión terrestre se va a dar desde ahí, los problemas de tiempos perdidos no desaparecerán y las personas seguirán optando por el Benito Juárez, pese a su deterioro, real e inducido, al tenerse en la alcaldía Miguel Hidalgo, según fuentes de la industria, alrededor del 70% de venta del boletaje aéreo.

Con un tráfico relativamente fluido, el recorrido del Auditorio Nacional a Buenavista en automóvil es de una media hora; en hora pico, fácilmente se duplica. La vieja estación de ferrocarriles tiene una línea del metro a donde llega la línea 8, que conecta sólo con el oriente de la ciudad. En comparación, la estación de Châtelet en el centro de París, es cruzada por 5 líneas del metro y trenes suburbanos, que llevan a los aeropuertos Charles de Gaulle, Le Bourget y Orly.

Para conectar con el Felipe Ángeles hay 6 rutas de autobuses dedicados, de las terminales de autobuses Tapo, Norte y Sur, del Monumento a la Revolución, del metro Indios Verdes, del World Trade Center, y una más en Perisur. El perfil del viajero en avión no corresponde con probablemente el destino de la mayoría que pasa por esos puntos. Habrá una conexión del Periférico Oriente, a la altura de la avenida Zaragoza, con la autopista Peñón-Texcoco, pero ese Periférico solo tiene de vía rápida el nombre, pues está lleno de semáforos. Las autoridades piensan que conectará con San Ángel, Coyoacán, Tlalpan, Coapa y Tepepan.

Los problemas se vienen arrastrando, sin resolverse. La Auditoría Superior de la Federación concluyó desde 2021 el Felipe Ángeles carecía de planeación, análisis de impacto social, estudios de costo real y beneficios, y que no existían evidencias de que fuera un proyecto rentable. Por los primeros resultados, va corriendo hacia el fracaso.

Quedó lejos de su meta de pasajeros, no ha cumplido en tiempo y forma la conectividad prometida, opera apenas a 8% de su capacidad y el modelo financiero elaborado en 2021, que preveía utilidad neta en 3 años de 93 millones de pesos, no se cumplirá, mientras que las pérdidas estimadas para el 2025 de al menos 185 millones, probablemente serán mayores.

Las consecuencias de todos los mimos empiezan a mostrar su cara más amenazante. Era evidente que la apuesta militarista tendría costos gigantescos.

Que significaba un terrible retroceso histórico que ataba a las siguientes administraciones.

Militarizar es fácil.

Recuperar el control civil de lo militarizado no lo será. En estas semanas hemos visto lo que significa el fortalecimiento político del Ejército y la carta de impunidad que el presidente les ha extendido retóricamente a las fuerzas armadas.

El Ejército viola la ley y seguramente engaña a su comandante supremo. Se ha sentido con la capacidad para formar unidades de espionaje que no tienen ningún sustento jurídico y con la protección para vulnerar derechos de ciudadanos mexicanos sin ninguna consecuencia. Hay que subrayarlo volviéndolo a decir: el Ejército viola la ley.

El Ejército ha constituido ilegalmente una unidad que se mantiene secreta para espiar ilegalmente a quien el propio Ejército apunta como enemigo. Nos hemos enterado que existe un Centro Militar de Inteligencia, una unidad secreta que no rinde cuentas a nadie.

Ese es el monstruo que ha alimentado el presidente López Obrador. La corporación armada siente la cobertura política suficiente para crear ilegalmente cuerpos ilegales que actúan ilegalmente.

El CMI es eso: una estructura militar fundada sin respaldo legal, que actúa al margen de la ley. El Ejército funda cuerpos ilegales y secretos e instruye a sus integrantes a violar la ley. El monstruo del militarismo acata el llamado de su naturaleza: actuar por encima del derecho con el pretexto de ser la instancia salvadora de la paz pública; esconderse de la mirada pública, violar los derechos de quien cataloga como enemigo.

El Ejército no tiene facultades para intervenir comunicaciones privadas y, sin embargo, ha quedado demostrado que ha espiado conversaciones del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos. No hubo, por supuesto, ninguna autorización judicial para que pudieran intervenirse sus comunicaciones. El espionaje bajo López Obrador es mucho peor que el que se vivió bajo Peña Nieto, porque el de hoy lo ordena un cuerpo militar que actúa en secreto.

Las revelaciones recientes exigen la renuncia del secretario de la Defensa Nacional. ¿Cómo puede permanecer en su puesto el responsable de una transgresión de este tamaño? ¿Cómo puede seguir ocupando su cargo quien ha desatendido tan abiertamente las instrucciones públicas del presidente de la república? El monstruo se percibe imbatible y actúa ya como un poder indomable.

Ha acumulado tal poder que no hay quien sea capaz de disciplinarlo. Somos testigos de una alarmante arrogancia militar. El secretario de la Defensa puede burlarse abierta y públicamente de las instrucciones del comandante supremo.

El secretario de la Defensa puede burlarse del congreso constituyendo estructuras ocultas a su inspección.

Y el secretario no encuentra reprimendas de su jefe, sino el ofrecimiento de coartadas para sus abusos. Lo grave no es el ridículo del argumento sino la dejadez ante los militares. El presidente no ha llamado a cuentas a su subordinado, no ha ordenado la inmediata clausura de un centro ilegal de espionaje, no ha sancionado a quienes se han pitorreado públicamente de sus instrucciones.

Y el secretario que ha ordenado la violación de la ley y el desacato de la instrucción presidencial permanece en su cargo. El monstruo manda.

Si algo sabe el presidente es que la elección no es hoy sino dentro de 15 complejos meses, mismos en los que enfrentará 3 grandes amenazas: los temas de seguridad, que no hay manera de que no empeoren, pues lo menos que puede suceder es que los estadounidenses aprieten para que se haga más evidente el ataque a los cárteles, con lo que el discurso de los abrazos se derrumba. 2, los crecientes escándalos de corrupción que van aflorando en diferentes ámbitos de la administración, y que el presidente se la vive justificando a costa de su credibilidad. Y 3, la descomposición interna de Morena por la guerra que desatará entre las tribus de cara a la sucesión presidencial.

El pilar sobre el que se sostiene el proyecto de Morena es López Obrador es la popularidad del presidente. Mientras se mantenga arriba de 60% las posibilidades de que su partido refrende el poder son altas, pero no basta; necesita mantener la tensión social, la movilización y la polarización. Eso es lo que vamos a ver y vivir a tope en los próximos meses. La guerra de zocalazos es sólo el principio.

Paradójicamente en la víspera del festejo, el nieto homónimo de Lázaro Cárdenas, personaje central de la conmemoración a la que convocó el presidente, renunció a ser su coordinador de asesores luego de las fuertes tensiones que provocaron las críticas que lanzó a fines de enero López Obrador a su padre Cuauhtémoc Cárdenas, por su presunta participación en la organización opositora "Mexicolectivo".

También lo que la celebración sabatina no quitó son los grandes adeudos con los que sigue operando la petrolera mexicana cuya deuda es de casi un millón por cada mexicano y a la que el gobierno de la 4T no ha podido hacer cambiar esa nociva tendencia, ya que sólo en el último trimestre de 2022 reportó pérdidas por más de 172,000 millones de pesos, que casi equivale al presupuesto de la Secretaría de Salud de todo el año pasado y que fue de poco más de 184,000 millones de pesos.

Para la movilización del sábado se usaron recursos públicos a discreción tanto de gobiernos locales como del gobierno federal; Morena usó todo su músculo político, a lo cual se sumó el respaldo real que sí tiene el presidente de la república y la convocatoria que sigue despertando la evocación de la nacionalización de la industria petrolera.

Morena y los morenistas siguen usando abiertamente recursos del Estado para sus movilizaciones.

El contexto marca también algunas desventajas para el partido del presidente, como es la confirmación de la capacidad de convocatoria de las organizaciones ciudadanas opuestas al régimen.

Igualmente, se ha hecho más clara la independencia del poder judicial. Diversas decisiones tomadas tanto por jueces, como por magistrados e incluso por ministros, han demostrado esa independencia en casos en los que el gobierno de López Obrador ha realizado cambios que pueden ser considerados inconstitucionales. Esto adquiere gran relevancia en el contexto del llamado "Plan B" que pretende debilitar fuertemente al Instituto Nacional Electoral (INE).

La destrucción de corales en aguas de Puerto Morelos, provocada por el anclaje del buque "Melody" que transporta la piedra proveniente de Cuba para usarse como balastro en el Tramo 5 del Tren Maya, ha provocado las primeras protestas, que se traducirán esta semana en una cadena humana a lo largo de una carretera que pretende ser ampliada para facilitar el tránsito de los camiones.

El pasado 18 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera en el Zócalo de la Ciudad de México, donde asistentes quemaron una figura de cartón alusiva a la ministra Norma Lucía Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras la quema de la figura de cartón con la imagen de la ministra Piña, ciudadanos, políticos e intelectuales condenaron los hechos, entre ellos la senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero.

A través de sus redes sociales, la ministra en retiro de la SCJN y exsecretaria de Gobernación lamentó "las muestras de intolerancia" contra Norma Lucía Piña.

"Conozco a la ministra presidenta Piña desde hace 25 años, pues fue mi secretaria de estudio y cuenta en la SCJN", refirió Sánchez Cordero.

"Independientemente de esto, las muestras de intolerancia hacia su persona y hacia la institución que representa son inadmisibles. La violencia nunca es la respuesta", agregó.

La "marcha de acarreados" que se realizó en el Zócalo no fue para defender la soberanía nacional, sino para defender la opacidad, las irregularidades, los conflictos de interés, para excusar el robo y los fraudes electorales y para tapar la corrupción característica de este gobierno encarnada en un solo hombre: Manuel Bartlett, aseguró el presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza.

"Vergüenza debería darle a López Obrador cobijar en una de las empresas más importantes del estado mexicano al principal protagonista del fraude electoral de 1988", advirtió en un comunicado.

Recordó que Bartlett fue el responsable del fraude electoral y caída del sistema en el conteo de los votos de la elección presidencial de 1988, que impidió el triunfo de la oposición y que en su momento fue denunciado conjuntamente por Manuel Clouthier, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra.

En 1985 fue acusado de ser presuntamente cómplice en el homicidio del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena y protector de delincuentes como Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo.

Recordó que, ya como funcionario morenista, Barlett fue señalado por ocultar en su declaración patrimonial la existencia de 12 empresas, algunas relacionadas con el sector eléctrico, registradas a nombre de sus familiares.

Marko Cortés señaló que, por si fuera poco, entre octubre y diciembre de 2022, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó pérdidas por 172,600 millones de pesos, lo que equivale a 0.9 veces el presupuesto ejercido en ese mismo año por la Secretaría de Salud.

"Qué le sabrá Bartlett al presidente o qué le debe el presidente a Bartlett, para que pese a todos estos testimonios, lo haya incluido en su gobierno y lo esté defendiendo a capa y espada permitiéndole que goce del manto protector de un cargo público y pueda seguir aumentando su riqueza de manera inexplicable. Está claro que con el gobierno morenista, Bartlett no se toca", agregó.

Sostuvo que, ante el rotundo fracaso de su gobierno, fue muy evidente que el presidente necesita autoelogiarse, porque después de cada movilización social se realiza un acarreo gubernamental.

El dirigente nacional del PAN lamentó que nuevamente se hayan utilizado a las clientelas dependientes de los programas sociales para alimentar el ego presidencial y defender el pésimo trabajo de personajes como Bartlett.

"El gobierno y su partido han caído ya literalmente en el delirio y se han colocado completamente fuera de la realidad, nada puede ser más falso que la supuesta soberanía energética", señaló.

Para muestra, afirmó que hoy los mexicanos somos más dependientes energéticamente respecto del 2018, "y este gobierno ha despilfarrado cientos de miles de millones de pesos con el pretexto de conseguirla".

"Es un delirio festejar una supuesta soberanía cuando 7 de cada 10 litros de gasolina que se consumen en México son de importación, cuando el 90% del gas que se consume en nuestro país, es de importación", manifestó.

Andrés, se nota que no conoces Cuba y sólo te dejas llevar por tus fantasías mentales que sólo existen dentro de ti, como tantas otras. Repasando tus ocurrencias y las proposiciones que haces para México en tu mañanera, resalta una de las más grandes estupideces: cuando dijiste que México debería seguir el ejemplo de Cuba.

Se ve que no tienes idea real de la población cubana y no conoces nada de Cuba. Y te lo digo con conocimiento propio, porque yo estuve yendo durante 25 años continuamente porque tuve durante ese tiempo el 50% del Hotel Tuxpan en Varadero, una de las playas más hermosas de Cuba, que había sido construido por una constructora mexicana.

Andrés, lo que puede ser tu sueño y por eso quieres que México siga el ejemplo de Cuba, es el control del gobierno a los medios de comunicación y restringir el acceso a información proveniente del extranjero, donde incluso el internet está limitado, donde el pueblo sólo tiene la opción de saber lo que el gobierno quiera.

No hay que olvidar, por último, que Cuba es un país pobre, con baja calidad de vida y con calles deterioradas. Solo sobresalen las zonas turísticas, y los hospitales muchas veces no disponen de las condiciones óptimas para atender al pueblo. Actualmente, la mayoría de la gente no conoce otra manera de vivir, ya que siempre han vivido bajo el gobierno de los Castro. No tienen otra visión de su futuro y muchos han muerto en su intento de llegar a Florida.

Andrés, ¿realmente quieres seguir el ejemplo de Cuba? ¿Quieres volver al pasado y ver a nuestro país aislado del mundo, cómo quedó Cuba después de su revolución, con su infraestructura y mentalidad sin evolucionar hacia el futuro?

Los encontronazos entre diferentes autoridades de México y Estados Unidos (EU) continúan por los cuestionamientos a la lucha contra el tráfico de fentanilo en ambas naciones.

Ayer, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió que en el territorio nacional no se produce esta droga sintética que es 50 veces más poderosa que la heroína.

"No se produce fentanilo, es una materia prima que se produce en Asia. Aquí se hacen pastillas, las troquelan", comentó el mandatario en Palacio Nacional.

Ante esas declaraciones, Bob Menéndez, senador demócrata, acusó a AMLO de mentir.

"El presidente López Obrador dijo recientemente que en México no se produce fentanilo. Eso es simplemente falso. O se está engañando a él mismo o está tratando de engañar al pueblo de México. Pero ciertamente a nosotros no nos engaña, y eso tiene consecuencias enormes para Estados Unidos", acentuó el legislador norteamericano durante una entrevista en televisión.

Por otra parte, diputados federales de partidos de oposición le exigieron a López Obrador que no mienta sobre el grave problema del fentanilo.

"Ha dicho que en nuestro país no hay producción ni consumo de fentanilo, o que es más seguro México que Estados Unidos. Y se ha atrevido a presumir que se está haciendo todo lo posible por detener el avance de los cárteles. Nada más falso que esto", resaltó la panista Mariana Gómez del Campo.

El hecho. El presidente López Obrador recibió un trato privilegiado cuando se contagió de COVID-19: le instalaron una unidad de terapia intensiva en Palacio Nacional, acondicionaron una oficina al lado de la suya para que tuviera un doctor monitoreándolo permanentemente, ese doctor era el jefe de los médicos del Insabi y le dieron un medicamento exclusivo que el gobierno no autorizaba para todos los mexicanos a pesar de que ya la tenía en bodegas y ya estaba suministrándose con gran éxito en muchas partes del mundo. Así lo exhiben documentos militares hackeados por el grupo Guacamaya que revelamos anoche en el noticiario de Latinus a mi cargo, en un reportaje de Ana Lucía Hernández. El gobierno siempre difundió que el presidente estuvo estable.

El debate. ¿Un jefe de estado tiene derecho a privilegios? ¿Es la salud del Presidente de un país un asunto de seguridad nacional y gobernabilidad? Prácticamente todos los jefes de estado de las naciones más importantes del mundo gozan de seguridad extraordinaria, atención médica especial y una serie de privilegios asociados al trabajo que desempeñan, al hecho de que representan al país que gobiernan. En el caso particular de la salud de un mandatario, ésta tiene repercusiones en la vida económica, política y social de un país, y justamente por eso no pueden ser tratadas como un ciudadano común y corriente. Una cosa es que el hijo del presidente se dé trato de magnate a costa de los militares y del presupuesto público, y otra que López Obrador reciba los privilegios inherentes al cargo de jefe de estado.

La crítica. Andrés Manuel López Obrador escondió los privilegios a los que tuvo acceso durante el tiempo en que estuvo contagiado de COVID-19. ¿Qué hubiera tenido de malo decir que a él le armaron una unidad de terapia intensiva en su casa, que tenía doctores 24/7 al lado de su oficina, transparentar con todas sus letras que había recibido el Remdesivir que era deseado por todos los pacientes contagiados? En la mañanera apenas esbozó que había tomado un "antiviral especial". El presidente y su gabinete optaron por esconder la verdad para agitar la propaganda de que López Obrador es un ciudadano más de un pueblo adolorido por la pandemia. Una farsa más. Como ésa de que usa un coche sencillo cuando lo vemos en camionetones blindados. Como esa de que rechazó los lujos de Los Pinos pero vive en un palacio virreinal.

La conclusión. No es el privilegio, es la hipocresía. El engaño y la simulación como forma de gobierno.

No es novedad la tirria que desde su fase de presidente electo Andrés Manuel López Obrador empezó a mostrar contra los Organismos Constitucionales Autónomos (OCAs) y a todo lo que huela o sea un riesgo de hacerle contrapeso al poder presidencial.

Como se recordará, los OCAs son toda esa serie de instancias que fueron anhelos sociales y producto de muchos años de lucha de mexicanos, aglutinados en grupos plurales de la sociedad civil, para acotar a los poderes públicos y a la clase política y gubernamental por toda una historia de abusos, corrupción, ineficiencias y prepotencias.

Para sacudirse la supervisión de esas nuevas aduanas que hacen escrutinio del ejercicio y resultados de la administración pública, y que en esta labor sin duda han incurrido en excesos y despilfarros que deben corregirse, el presidente ha preferido tomar la ruta de la descalificación total de su trabajo, y ha emprendido desde la mañanera toda una campaña para desprestigiar a estas instituciones afirmando que no sirven para nada y que son sólo invento de los gobiernos neoliberales, corruptos y conservadores para crear burocracias doradas.

Bajo esta visión, el gobierno de la autollamada 4a. transformación llegó y desapareció el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) para acabar con la supervisión de los maestros que tanto molestaba a sus aliados electorales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cooptó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y empezó a fustigar y a reducir presupuestos a la Cofetel, al Sistema Nacional Anticorrupción, al Inegi, a la CRE y al Coneval, entre otros, pero sin duda, a los que más tenía en la mira era al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Ya vimos cómo primero mandó una iniciativa de reforma electoral con la que pretendía desaparecer al actual INE y que logró parar el bloque opositor en el congreso, aunque luego insistió con el "Plan B" con el que busca volver a entregar el control de las elecciones al gobierno, y que ahora enfrenta toda una serie de controversias constitucionales en la Corte.

Pues bien, ayer el presidente retomó la metralla verbal y sus facultades presidenciales contra el INAI, al que las y los legisladores morenistas y sus aliados tenían congelado, al retardar más de un año la elección de 2 de sus comisionados.

López Obrador aprovechó las pifias de su cada vez más despreciado coordinador en el Senado, Ricardo Monreal, al pactar en un muy desaseado proceso, designar a un morenista cercano a él y que había resultado de los peores evaluados, Rafael Luna, y a Yadira Alarcón, como cuota del PAN, y decidió vetar a ambos, argumentando que la 4T no acepta "enjuages" ni "repartos" entre partidos como se hacía en la época del "PRIAN", sino que tenían que llegar los mejores.

Así, AMLO encontró la cortada perfecta para mantener paralizado al INAI que a partir del 1 de abril se podría quedar con sólo 4 comisionados, con los que ya no podrá sesionar. Así la 4T tendrá que atender cada vez menos solicitudes de transparencia de los ciudadanos para seguir en la ruta de la vuelta a la opacidad.

Desde 2 frentes distintos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quedó nuevamente exhibida ayer como una institución capturada por el gobierno de la 4T desde la imposición fraudulenta de Rosario Piedra Ibarra como su nueva titular por parte de la bancada mayoritaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados a inicios del actual sexenio.

Primero cuando Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que los 5 jóvenes asesinados la madrugada del domingo 26 de febrero pasado en Matamoros "ni estaban armados ni se enfrentaron a militares, fueron ejecutados".

La declaración de este alto funcionario del gobierno lópezobradorista, que ya había tenido roces con los mandos castrenses cuando dio a conocer el informe del Caso Ayotzinapa y culpó a varios mandos militares de haber estado coludidos con la desaparición de los 43 estudiantes de esa normal rural, contrastó con el silencio que ha mantenido la titular de la CNDH sobre este caso de violación extrema de los derechos humanos de estos jóvenes a quienes estos soldados ejecutaron luego de perseguirlos sin razón aparente. Según Encinas, están en espera de los resultados de la investigación que encargaron a este organismo que en teoría debería ser autónomo e independiente.

Pero hasta ahora, casi 20 días después de ese rojo episodio, Piedra Ibarra no ha emitido recomendación ni posicionamiento alguno para condenar este abuso criminal, pese a que en la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que en un principio trataron de justificar la agresión, terminaron encarcelando a 4 de los militares que patrullaban esa madrugada en tres unidades castrenses.

Pero lo más grave y que confirma el papel solapador del gobierno de la 4T que asumió la presidencia de la CNDH, es la indiferencia con la que asumió la revelación periodística del caso de espionaje militar que se desplegó desde el 2020 contra el prestigiado defensor de los Derechos Humanos de Matamoros, Raymundo Ramos, quien fue el primero en negar la versión militar de que se había tratado de un enfrentamiento lo ocurrido el 26 de febrero en aquella ciudad fronteriza, y sostener que los soldados fueron los únicos que dispararon, como ayer lo aceptó Encinas.

La sumisión de la ombudsperson será denunciada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que acudirá Ramos debido a que la CNDH ha ignorado su caso y el de la agresión a los jóvenes. Nada ha dicho tampoco sobre la controvertida declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador que trató de justificar el espionaje militar argumentando que eran sólo labores de inteligencia.

Se confirma, pues, que desde su llegada como ombudsperson se hirió de muerte la independencia de la CNDH, que si bien tenía mucho que avanzar, había sido un claro contrapeso a los gobiernos en momentos críticos de violación a los derechos humanos y abusos de autoridad.

Es la CNDH-4T que, como diría el más feliz de tener una ombudsperson a modo, calla como momia.

Como la transformación ya no transforma, como el gobierno ya no tiene ideas, como las palabras se gastan y se vuelven contra el que abusa de ellas, la mañanera se convirtió únicamente en un tribunal ideológico del periodismo nacional. Como única respuesta y explicación al espionaje ilegal comandado por el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, el presidente presentó una foto de Daniel Moreno, director del sitio Animal Político, en una ceremonia del Grito en Palacio Nacional en el sexenio de Felipe Calderón.

Ante las críticas de columnistas como Carlos Marín o Joaquín López Dóriga, el presidente "exhibe", como si fuera pecado mortal, como prueba de algo ilegal, fotos de ambos saludando con emoción y cordialidad desbordada a Genaro García Luna. Él los llama "chayoteros"; ellos responden llamándolo "fascista" y "pendejo"; el presidente inexplicablemente, lo presume.

Los detractores de López Obrador suben, una vez más, la foto del presidente saludando a la madre de "El Chapo" Guzmán como prueba de un pacto imaginario. Los amlovers contestan con la foto de un actor haciéndolo pasar por sobrino de Lorenzo Córdova, el presidente del INE. En otro tuit lo acusan de que su bisabuelo trabajó para Hitler y que incluso intentó desestabilizar al gobierno de Lázaro Cárdenas. El nombre del juego es el desprestigio y el Presidente se convirtió en uno de los principales exponentes de este nuevo deporte nacional.

Es cierto, la agenda la pone el presidente en la mañanera. Lo grave es que al parecer al presidente se le terminó la agenda. Ya no hay otra cosa de que hablar más que de los enemigos de la transformación, del "Masiosare" nacional o internacional. El mismo presidente que hace un año cantaba sus triunfos en la tribuna matutina hoy presenta como victorias morales las derrotas legales en el "Plan B". El mismo López Obrador que estaba invicto en las mañaneras perdió piso. A lo más que se había llegado era a algunos periodistas que lo habían puesto en predicamento, como fue el caso de Jorge Ramos cuando lo confrontó con las cifras de seguridad. Hace unos días la periodista Nayeli Roldán de Animal Político lo derrotó en casa, lo sacó de sus casillas, lo exhibió ante sus huestes con el espionaje del Ejército.

El riesgo de una comunicación política basada en fotos, mentiras y videos es que, como quedó demostrado esta semana, la primera en la que el presidente pierde realmente el control de la comunicación, tiene un límite. Da igual cuántas veces más exhiba a periodistas y medios en la mañanera la frase "no somos iguales", ya no significa lo mismo, ya no tienen la contundencia ni la certeza de hace unos años.

"¿Qué le van a creer a Loret de Mola?", preguntó ayer el presidente en su conferencia mañanera. Le respondo: a mí no me tiene que creer nada, créale a sus militares:

En el noticiario a mi cargo en Latinus presentamos documentos militares que exhiben los privilegios de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente de México, el que habitó la Casa Gris: las tareas específicas que realizó el Ejército cuando José Ramón y su esposa, Carolyn Adams, enfermaron de COVID-19 a inicios del año 2021.

Los partes militares que revelamos están en los miles de archivos a los que se tuvo acceso tras el hackeo del Colectivo Guacamaya a los servidores de internet de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el parte del 15 de febrero de 2021 se detalló la misión especial que realizaron elementos de las fuerzas armadas para recoger medicamentos especializados del almacén central de la Secretaría de Salud y de la Aduana del aeropuerto de la Ciudad de México (ahí estaban resguardados los medicamentos) y llevarlos al Hospital Central Militar, donde estaba hospitalizado José Ramón López Beltrán. Los medicamentos con los que fue tratado el hijo del presidente -Remdesivir y Baricitinib- se usaban alrededor del mundo con buenos resultados para tratar los sintomas de COVID-19, pero en México el gobierno no los distribuía a toda la población, no los autorizaba. Hoy sabemos que se reservaban a pacientes VIP.

En la tarjeta informativa con fecha 22 de febrero 2021 quedó establecido que, a petición de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, se envió a la casa de la familia López Adams una oficial para apoyar con las actividades domésticas mientras la nuera del presidente estaba en aislamiento. La familia recibía consultas médicas domiciliarias y contaba con un servicio de enfermería 24 horas.

No lo digo yo. No lo dicen fuentes anónimas. Lo dicen en sus partes militares los elementos del Ejército del que es comandante supremo Andrés Manuel López Obrador.

En un país donde repiten que ya se acabaron los privilegios, estos son los privilegios que tuvo el hijo del presidente. Tuvo el privilegio de vivir, porque a él sí le dieron la medicina que al pueblo le negaban. Cuando José Ramón recibió el Remdesivir, México experimentaba la ola más mortífera de COVID-19. El Remdesivir evitaba al contagiado ir al hospital, ser intubado y morir. José Ramón tuvo Remdesivir. Qué bueno. En esas semanas, miles de pacientes no lo tuvieron... y miles no están aquí para denunciarlo.

¿Acceso a medicinas de primera? ¿Un convoy militar para que no sufras por el desabasto de medicamentos? ¿Enfermera a domicilio? ¿Limpieza doméstica sin costo? Está claro que México ya tiene un servicio de salud como en Dinamarca... para el hijo del presidente.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó que los legisladores de su bancada trasladarán a ciudadanos de otras partes de la república hacia la Ciudad de México el próximo 18 de marzo, para que puedan participar en la marcha en conmemoración de la Expropiación Petrolera.

[Empiezan a armar el acarreo - el webmaster.]

La reinstalación ayer de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) sin duda representa el más importante revés para el llamado "Plan B" de la reforma electoral que le aprobó la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El hecho que la justicia mexicana haya otorgado una suspensión definitiva a Jacobo para nulificar su destitución que ordenaba el "Plan B" y que le permitió ayer retomar su cargo en una emotiva sesión del Consejo General del INE, es una prueba que jueces y ministros no se han dejado intimidar pese a todas las presiones y críticas que han venido desde la Presidencia de la República.

La estrategia del gobierno de la autollamada 4a. transformación para defender el "Plan B" consistió en deslegitimar, desde las semanas previas a su realización, la marcha del 26 de febrero en defensa del INE, y toda una escalada de descalificaciones del presidente desde su púlpito mañanero en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de su ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.

Las críticas presidenciales iniciaron prácticamente desde que asumió la presidencia de la Corte, por no ser a quien se apoyaba desde el Palacio Nacional, mismas que arreciaron luego del 5 de febrero cuando en la conmemoración del aniversario de la Constitución emitió un discurso exaltando la autonomía del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo y le reclamaron no ponerse de pie para dar la bienvenida al presidente. Estos señalamientos alcanzaron su punto máximo la 1a. semana de marzo cuando López Obrador puso en tela de juicio su capacidad y honestidad al afirmar que desde que tomó el cargo "se desató una ola a favor de delincuentes". Le reprochó incluso que mientras estuvo su antecesor Arturo Zaldívar había "un poquito mas" de vigilancia sobre los jueces.

Ante estos exabruptos la ministra Piña ha mantenido su discurso de exigir respeto a la independencia de jueces y ministros e incluso el pasado 8 de marzo emitió un empático discurso por del Día Internacional de la Mujer en el que reconoció que falta mejorar el acceso a la justicia para las mujeres, que contrastó con la lejanía y falta de sensibilidad que mostró el presidente con la agenda feminista. Pero hasta ahora no se ha enganchado ni hecho referencia a los reproches que le ha lanzado López Obrador.

Como se ha dicho, la ministra presidenta ha preferido hablar desde y a través de las determinaciones de jueces y ministros, buscando que sean ajenos a cualquier tipo de presión. Sin embargo, la 4T operará con todo para estar muy cerca y apretando a las y los ministros para que por ningún motivo se alcancen los ocho de 11 votos obligados para invalidar su "Plan B" que defenderán con uñas y dientes. Pero por lo pronto, con la restitución de Jacobo en el INE, el "Plan C" de la Corte se puso en ventaja sobre el "Plan B" al considerar ilegal su destitución. Habrá que ver lo que viene con el resto de las controversias que ya se analizan contra el "Plan B" en el Poder Judicial.

Morena es un partido político integrado por multiplicidad de expresiones; aunque pretende una transformación nacional, es en realidad un mosaico de personajes que provienen de todos los orígenes políticos y muchos de éstos, además, sujetos a una reprobación mayoritaria. Además, encaran un reto para el que no tienen antecedentes en su reciente historia: el fin de la etapa de Andrés Manuel López Obrador, caudillo en toda la extensión del concepto, que no volverá a estar en las boletas electorales y que por más que lo pretendiera, no podrá acompañar a todos los candidatos para "levantar" su imagen y atraer votos.

La visita de Mario Delgado, que no será la última pero que tampoco se repetirá con la regularidad que quisieran los morenos de Jalisco, halló un escenario: todos aplaudieron para cumplir con el ritual y casi nadie reclamó por temor a la confrontación y la descalificación. Delgado Carrillo se fue con la certeza de algo que ya conocía: Carlos Lomelí Bolaños está empeñado en ser candidato a gobernador otra vez y el único personaje que ha levantado la voz para pretender lo mismo y que además, no tiene miedo de decir que Lomelí ya no es rentable, es el diputado coordinador en el congreso estatal: José María Martínez, "Chema".

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, operó en serio para que el candidato de Morena en Coahuila sea el senador Armando Guadiana. Metió a miembros de la mafia del carbón, presuntos operadores del huachicol, de las aduanas, ex mapaches priistas, ex alcaldes denunciados por desvíos y hasta un compadre de Humberto Moreira, acusado y preso por secuestro. A principios de febrero, las dirigencias de las secciones sindicales 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Coahuila fueron notificadas por su dirigente nacional de que por acuerdo con el secretario Adán Augusto, debían apoyar la campaña del "compañero Armando Guadiana".

Por su parte, el senador Ricardo Monreal, considerado padrino político de Guadiana, designó como co-coordinador de la campaña a uno de sus principales operadores electorales, el también senador Eduardo Ramírez "El Jaguar", uno de los precandidatos a la candidatura de Morena para gobernador de Chiapas y quien será el delegado electoral de Morena en Coahuila. Monreal también ha intensificado su cabildeo con gobernadores de Morena para que apoyen la campaña de Guadiana. Mario Delgado hizo su parte: mandó llamar a los alcaldes y legisladores morenistas de Coahuila para transmitirles la orden del presidente de cerrar filas con Guadiana. A cambio se les garantizaría la reelección en sus respectivos puestos.

Y hasta en Palacio Nacional están haciendo la tarea para estar listos para la campaña que arranca el 1 de abril: el coordinador general de Programas, Carlos Torres, nombró delegada estatal a Claudia Garza, cercana al grupo de Gabriel García y Alejandro Peña, de las operadoras reconocidas dentro del círculo. Ella estaba apoyando a Ricardo Mejía (quien buscó la candidatura morenista y se fue enojado al PT) y se alineó por instrucciones superiores. Ella tiene la encomienda de movilizar a los Servidores de la Nación en el estado para que operen a favor de Morena chantajeando a la gente: si no quieres perder tus programas sociales, vota por nosotros.

Es echar montón. A ver si les sale.

Desechable el argumento de que el fin justifica los medios y todo se vale para enfrentar al crimen. Al infectar el celular de Raymundo Ramos y otros, el Ejército no estaba recolectando inteligencia para combatir al narcotráfico; estaba espiando a civiles para protegerse a sí mismo.

El legado más duradero de López Obrador será el más tóxico. Un nuevo poder fáctico que se erige -supremo e intocable- arriba de todos los demás, incluyendo a AMLO. Porque es grave que el presidente sepa del espionaje del Ejército y lo justifique.

Pero sería aún más grave que no lo hubiera sabido, y que las fuerzas armadas actúen como quieran, cuando quieran. En pocas palabras, militarización mata transformación.

Una de las estrategias políticas del presidente López Obrador es no dejar respiro a sus oponentes. No termina aún la batalla por el INE cuando ya abrió la puerta para desestabilizar a la UNAM y sin duda, detrás de ella, a todas las universidades del país. Se trata no sólo de controlar presupuestos enormes, sino sobre todo de poder incidir de manera más directa en la politización de los estudiantes y el control de las voces de académicos disidentes.

La propuesta de reforma a la ley orgánica de la UNAM para que el rector no sea electo por la Junta de Gobierno sino por votación universal directa de la comunidad universitaria, incluyendo por supuesto los alumnos, puede sonar muy atractiva y democrática, pero no es ni una cosa ni la otra. El argumento es que la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional es un coto de poder de unos cuantos. Sin duda puede cuestionarse la representatividad de quienes participan en ella y por lo tanto mejorable la calidad de la democracia en esa institución. Sin embargo, hay que decir que esa es la forma de gobierno que se han dado los mismos universitarios y que es la misma que ha permitido procesar los grandes conflictos como el de 1999-2000, que mantuvo a la universidad en paro durante un año; el del movimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) en 1986, en el que participaron varios de quienes hoy son miembros de la clase política morenista y por supuesto la gran crisis de 1968.

En ninguna universidad seria en el mundo el rector se elige por votación universal directa. En los casos donde hay una participación más democrática como la Universidad de Boloña, Turín o la romana Sapienza, todas en Italia, y otras más en España, como la de Barcelona o Madrid, el voto es ponderado y en estos casos la mayoría siempre está entre los profesores, nunca entre los alumnos. El método más recurrido es el de un Consejo Universitario donde están representados maestros, alumnos, trabajadores administrativos y directivos en proporciones distintas y claramente los estudiantes nunca tienen mayoría. La razón es muy sencilla: los alumnos son los beneficiarios del servicio educativo y población flotante, es decir, su paso por la universidad es deseablemente efímero (siempre hay algunos porros que se enquistan, pero son absoluta minoría). Los responsables de la educación son los profesores y las instituciones universitarias tienen fines que van más allá que la de formar alumnos (investigación, divulgación, fomento cultural, etc.).

Las universidades públicas en México, como en todo el mundo, necesitan ser más trasparentes en sus decisiones y una de ellas, fundamental, es la de la elección de rectores. Pero cualquier modificación a sus estatutos que no nace de la comunidad universitaria, cualquier intento de "democratización" que viene de fuera sea en la UNAM, en la Universidad de Guadalajara, en la Veracruzana o en cualquier otra acosada por el poder, no es sino un intento de vulneración de la autonomía que tanto estorba a los poderosos.

Este domingo, como una llamada de atención, aparecieron rayones que no se habían visto en la coraza del presidente Andrés Manuel López Obrador, con 3 episodios públicos a casi 4,800 kilómetros de distancia.

Uno fue la marcha de algunos cientos de personas en varias ciudades mexicanas en apoyo a las fuerzas armadas; el otro, una entrevista en el programa de la NBC "Meet The Press" con Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde dibujó lo que pueden hacer en breve contra funcionarios del gobierno mexicano por su laxitud en el combate a los cárteles, y un editorial del internacionalista Fareed Zakaria, en "GPS", su programa sobre temas internacionales en CNN, que es una referencia en el mundo. Desde distintos ángulos, criticaron al presidente por la manera como aborda el problema de la seguridad y su trato a criminales.

La marcha en la Ciudad de México y otras capitales del país no fue numerosa como otras manifestaciones paradigmáticas, pero no hay que verla en forma cuantitativa, sino cualitativa, al haber sido organizada para defender abiertamente a las fuerzas armadas, lo que no es común que suceda. El intento del presidente para descalificarla el viernes pasado y sugerir que detrás de ella se encontraba el crimen organizado, hoy parece como un esfuerzo preventivo para minimizar lo que está sucediendo dentro de la sociedad castrense.

Es cierto que en el pasado, particularmente en Michoacán y Tamaulipas, los cárteles de las drogas manipularon a la sociedad para realizar marchas, pero en contra de la presencia de las fuerzas armadas, y como presión para que el gobierno retirara su presencia. Las de este domingo fueron totalmente lo contrario: fueron convocadas para pedir la libertad de 4 soldados detenidos por la muerte de 5 jóvenes en Nuevo Laredo, argumentando que sólo cumplían con su deber.

Lejos de lastimar a las fuerzas armadas, los manifestantes cuestionaron al presidente por su política de donde es laxo con los cárteles y criminales, y duro con los militares, a quienes responsabilizó de la seguridad pública, pero les ha ordenado no enfrentar delincuentes. Cuando se dan episodios como los de Nuevo Laredo, a falta de un quid pro quo con los asesinatos que cometen los criminales, la percepción es que el presidente los protege al prohibir que los combatan. Si esa no es la realidad, así parece.

Muy lejos de Paseo de la Reforma, en los estudios de la NBC en Washington, "Meet the Press", el programa más longevo de la televisión estadounidense, el presentador Chuck Todd afirmó al iniciar la entrevista con el senador Menéndez que el gobierno mexicano había adoptado una táctica diferente a la de anteriores administraciones y estaba rechazando el apoyo de Estados Unidos. "El presidente López Obrador llegó con una política de besos, no balazos", respondió Menéndez. "Eso no está funcionando nada bien. La realidad es que los cárteles controlan las comunidades fronterizas, no el gobierno".

Esta línea de pensamiento está bastante extendida en Washington, y es a partir del control criminal en la frontera sur de Estados Unidos por lo que están llamando a la situación actual, como lo mencionó Menéndez, "una crisis de seguridad nacional". El senador demócrata hizo eco de los llamados republicanos durante los últimos días al gobierno del presidente Joe Biden para que endurezca su posición ante López Obrador, ante lo que describió como "una dirección equivocada en materia de seguridad y democracia también", que está siguiendo México con López Obrador.

Igualmente Zakaria, columnista de The Washington Post y conductor de "GPS", en los estudios de CNN en Nueva York, quien en un largo editorial sobre López Obrador, lo llamó "narcisista", un "demagogo populista" que abandonó el camino de la modernización y encabeza un gobierno "incompetente", que llevó al Estado Mexicano, además, a perder su capacidad para enfrentar a los cárteles de la droga con su estrategia de "abrazos, no balazos".

El cliché presidencial para sintetizar su laxitud con criminales, se convirtió en un búmeran nacional e internacional. Las marchas a favor de las fuerzas armadas son la primera expresión pública de un malestar dentro del Ejército y la Marina por la forma como sus comandantes se comportan, o que quienes están detrás de la marcha no son los cárteles, sino la propia institución castrense. De ahí lo significativo de una de las consignas en la Ciudad de México, contra las organizaciones de derechos humanos que "sólo defienden criminales", que es una línea de pensamiento extendida entre los generales y almirantes desde hace varios años.

En cualquier caso, se empieza a ver el quiebre que hay entre el presidente y el sector castrense. Las motivaciones reales de quienes la convocaron pueden no conocerse, pero dejaron claro con sus consignas y demandas que no reflejaron la agenda de los criminales, que López Obrador sugirió harían. Por las declaraciones de los políticos en Washington o los despachos de los corresponsales de los medios de Estados Unidos, lo que está pasando en las fuerzas armadas aún no lo registran -ni lo aprovechan políticamente, porque cada vez se muestran más alarmados con lo que sucede en México.

México, señaló Menéndez, "es un peligro actual con el que tenemos que lidiar". Pero a diferencia de los republicanos, no se sumó a los llamados militares injerencistas y propuso 2 vías para enfrentarlo: pedir al gobierno mexicano que haga más por su seguridad, y en Estados Unidos, en lugar de estar pensando en declarar "terroristas" a los cárteles, presionar para que se detenga a los jefes de las organizaciones, golpear sus fuentes de financiamiento y, lo realmente novedoso, considerar retirarle las visas a los funcionarios mexicanos que no están combatiéndolos. Es decir, luchar contra la impunidad de los cárteles y contra quienes en el lópezobradorismo, los respaldan.

"Ese no es el camino, el de la amenaza, el de sometimiento, el de la invasión, que se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes. A México se le respeta", dijo el viernes el presidente López Obrador sobre los legisladores norteamericanos que han ofrecido ayuda a México para combatir a los cárteles de la droga, calificándolos además de "arrogantes".

Hay 2 referencias estadísticas que han dado pie al ofrecimiento norteamericano y a la furiosa reacción de Palacio Nacional. La 1a., en Estados Unidos, de acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en el 2021 las personas que fallecieron por uso de opioides sintéticos, principalmente el fentanilo -que es 50 veces más potente que la heroína-, fueron 107,602 y desde el año 2000 ya superan el millón de decesos. "Nunca habíamos visto algo así", dijo Robert Anderson, el encargado de estadísticas del CDC. Y la 2a., aquí en México, en lo que va del sexenio -hasta el pasado viernes 10 marzo- se han contabilizado 148,404 asesinatos violentos -de acuerdo con TResearch-, lo que significa que cada mes -en promedio durante los 52 meses de administración- se cometen 2,853 homicidios (que, comentario aparte, con este 'ritmo' de asesinatos, a más tardar en julio se estará rebasando la cifra de 156,000 muertes arrebatadas que se cometieron en el sexenio del expresidente Peña Nieto).

Los 2 factores anteriores -la demanda de opioides con los vecinos del norte y la producción de droga y violencia en nuestro terruño- han sido los detonantes de esta guerra verbal entre legisladores republicanos y el presidente mexicano. Factores muy reales, pero los argumentos de la discusión han sido malinterpretados o distorsionados en Palacio Nacional, por funcionarios de la administración, así como congresistas mexicanos que provienen de Morena. El martes de la semana pasada establecimos que valía la pena anticiparse y "aclarar, que la polvareda que la frecuente propuesta de considerar terroristas a los cárteles mexicanos, no implica o significa que el ejército del país vecino vaya a invadir nuestro territorio y venga a combatirlos".

Sin embargo, desde la mañanera -de manera distractora- se ha empecinado el huésped de Palacio en malinterpretar lo que le están ofreciendo algunos legisladores norteamericanos y llamándose la víctima o sujeto a ser invadido.

Dan Crenshaw -nacido en Escocia y quien formó parte de la Marina en la Unidad SEAL de Fuerzas Especiales-, uno de los primeros congresistas en hacer pública la propuesta, el viernes le envió un videomensaje a López Obrador, a manera de respuesta y aclaración sobre la intenciones de la iniciativa. "Porque rechaza la ayuda de los Estados Unidos. Porque protege a los cárteles. Ellos son sus enemigos y los Estados Unidos son sus amigos", dijo Crenshaw al inicio del mensaje... "Podemos ayudar si nos deja. Si nos permite usar nuestros recursos y capacidades, podemos acabar con la violencia de los cárteles de una vez por todas... No podemos permitir que eso continúe. Esto no se trata de nosotros en contra de usted, es Estados Unidos y México luchando juntos en contra de un enemigo común, los cárteles... México es nuestro aliado más importante. Lo necesitamos a usted y usted a nosotros. Esta es una amenaza que une a México y Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos. Hago un llamado al presidente de México y al presidente de Estados Unidos para salir adelante con un plan juntos en contra de los cárteles. Será lo mejor para las personas de ambos países. Espero que lo considere".

De diferentes maneras y desde diferentes frentes estadounidenses se ha clarificado que la propuesta de llamar terroristas a los cárteles, es solamente un calificativo o denominación de carácter interno, y la participación del ejército en el combate a los grupos criminales, no es una invasión militar, es de manera logística y desde territorio norteamericano. Lo que se ofrecen son los recursos y los sistemas de inteligencia para que se trabaje de manera mancomunada para detectar a los grupos criminales, acabar con la violencia, la producción de droga y evitar la muerte de miles de personas que las consumen. Me pregunto, el inquilino de Palacio ¿se hace el zonzo o no entiende para explicárselo con manzanas?

En los últimos días han surgido evidencias de que miembros del ejército mexicano espiaron e intervinieron ilegalmente teléfonos de periodistas y activistas de derechos humanos. Raymundo Ramos, uno de ellos, dirige el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y como tal cuestionó la desaparición de jóvenes que habían sido detenidos por militares.

Confrontado con este hecho, el viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió minimizar tales señalamientos. Entre otras cosas afirmó que no se trataba de espionaje sino de tareas de inteligencia (un eufemismo que en este caso designa a lo mismo); optó por no reconocer que el ejército ha utilizado el programa Pegasus cuando hay evidencia contable de la adquisición de este software y existen filtraciones de archivos militares que dan cuenta de reportes que describen tal espionaje. Preocupante porque se trataría de actos de vigilancia ilegal a personas que no son criminales ni constituyen un peligro para la seguridad nacional.

A diferencia de muchos de los críticos, yo no descarto el uso de las fuerzas armadas como posibilidad de responder al enorme poder que han adquirido cárteles y bandas criminales. Es un camino peligroso, pero a estas alturas parecería que la capacidad de fuego y control territorial de los sicarios ha desbordado la posibilidad de los organismos policiacos con los que contamos. Hay millones de mexicanos sujetos a una violencia insoportable desencadenada por los cárteles y sería irresponsable no hacer nada al respecto, con el pretexto de que algún día tendremos la policía que se necesita.

Pero justamente, al recurrir a esa solución extrema que supone utilizar fuerzas armadas que están acostumbradas a atacar y contener, no a hacer investigación policiaca, es que tendríamos que redoblar esfuerzos para limitar los riesgos que supone el hecho de poner a los soldados a encarar a la población civil. Querámoslo o no, hay que asumir que la delincuencia no es un ejército que pueda enfrentarse en el campo de batalla, sino que se encuentra subsumida entre la población. Y en efecto, coincidiría con el presidente, es mejor que haya trabajo de inteligencia (infiltración y espionaje) que el uso de violencia arbitraria.

El tema es cómo asegurarnos de que las atribuciones para hacer espionaje sobre los ciudadanos no se conviertan en un instrumento ilegal y autoritario. Hay procedimientos legales a los que tendrían que estar sujetos los militares de cara a estas nuevas tareas. Una organización con 300,000 elementos no puede ser perfecta. Hay y seguirá habiendo incidentes de corrupción, violaciones a la ley y actos de autoritarismo. Podemos dar por descontada la tentación que experimentarán algunos oficiales para ponerse a monitorear a periodistas y activistas de derechos humanos que critican sus excesos. Todo indica que ya está sucediendo. Las fuerzas armadas suelen ser opacas, reacias a ventilar fallas o procedimientos, y siempre prestas a argumentar razones de "seguridad nacional" para justificar su hermetismo frente a la opinión pública. Eso es aquí y en China, algo consustancial a las instituciones militares.

No es motivo de escándalo, pero sí de conciencia. Si el gobierno de la 4T ha decidido que las fuerzas armadas sean un actor clave en la administración pública y que participen en la lucha contra el crimen organizado en contacto directo con la población, es su responsabilidad hacer frente a los riesgos que esto conlleva. Negar su existencia cuando ocurren solo aumenta las preocupaciones sobre los daños que resultan de la intervención del ejército en asuntos civiles.

Reconocer que algunos miembros del ejército cometen errores no significa desacreditar a las fuerzas armadas en su totalidad. Por el contrario, el presidente López Obrador ha pedido que confiemos en ellas, por lo que él debería estar más comprometido en señalar y eliminar cualquier exceso que ocurra. En lugar de eso, su respuesta ha sido negar o minimizar estos hechos, simplemente para no darle "armas" a sus oponentes. Sin embargo, al responder de esta manera, corre el riesgo de legitimar comportamientos violatorios por parte de algunos miembros del ejército en contra del derecho de los ciudadanos a expresar su opinión o defender causas en las que creen.

La mejor manera de no dar "armas" a los adversarios es extirpar las malas acciones de los oficiales, reconocerlas, combatirlas y establecer procedimientos para evitarlas. Pero cualquier crítica se rechaza, niega o se juzga como una invención de los conservadores. El problema es que en ocasiones como ésta, cuando se cuestiona el comportamiento del ejército, documentado y demostrado, el gobierno tendría que dar una respuesta responsable, especialmente cuando se presenta como un gobierno republicano, democrático y a favor de los desprotegidos.

El presidente tiene razón cuando habla de la institucionalidad de las fuerzas armadas y su compromiso histórico con el pueblo mexicano, así como en el hecho de que la población valora su trabajo y es una de las instituciones públicas con mayor reconocimiento y legitimidad entre los mexicanos. Sin embargo, es importante garantizar que siga siendo así. Habrá oficiales que abusen de su enorme poder y protagonismo, así como de las atribuciones y recursos que esto conlleva, y se sentirán protegidos por la naturaleza hermética de las instituciones militares. Es tarea del ejecutivo velar por ambos: el buen comportamiento de las fuerzas armadas en estas nuevas tareas y la seguridad y respeto a la población. Negar, minimizar o encubrir los excesos cuando ocurren, como parece ser el caso, es contrario a lo que se necesita. Solo espero que la negación pública del presidente sea solo una postura y que en privado tome medidas para evitar que estas violaciones sigan ocurriendo.

El gobierno de Claudia Sheinbaum cobró $21'045,333.36 pesos por 687 animales muertos en zoológicos de la Ciudad de México de acuerdo con el documento "Reclamo de seguros de bienes semovientes" entregado al Portal Nacional de Transparencia por la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre.

El dinero no fue utilizado dentro del presupuesto para operación de los zoológicos, ni para obras de remodelación o mantenimiento. No viene etiquetado dentro del gasto de la CDMX tal como se señala en el documento fue recibido por la Secretaría de Administración y Finanzas.

Al no estar presupuestado le corresponde exclusivamente a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum determinar su uso. Son más de 21 millones de pesos de los cuales no hay rastro.

Las muertes se registraron de marzo del 2020 al cierre de diciembre del 2021. Corresponde al listado de animales muertos del documento "Bajas por Defunción" que la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre proporcionó al Portal Nacional de Transparencia.

De acuerdo con ambos registros en el periodo de marzo a diciembre del 2020 murieron 290 animales. Se cobró un seguro por 299. La diferencia de 9 animales corresponde a los cobros rezagados de los meses anteriores.

Dentro del listado de las bajas ocurridas en el 2020 encontramos que murieron 139 animales pertenecían a 17 especies en Peligro de Extinción, 37 animales de 16 especies Amenazadas y 123 animales que aún siendo de especies comunes se cobró indemnización.

Esto equivale a 11'804,000 pesos en seguros. El gobierno de Sheinbaum se ha negado a proporcionar las pólizas individuales de los animales detectados. Un caso es la muerte por "choque" de una jirafa ocurrida en junio de 2020 por la que se pagó una indemnización de 954,000 pesos.

Mientras que en julio de este mismo año se registró la muerte por "choque" de un lobo mexicano cuyo pago por el seguro fue de 4,071 pesos. Esta especie no sólo está clasificada como en peligro de extinción sino que se encuentra dentro del listado de especies prioritarias para la nación.

Destacamos que en el Zoológico de Chapultepec la muerte de la pareja reproductiva de Orix cimitarra. El macho de 10 años falleció por "choque", y la hembra de 4 años por "infección". La expectativa de vida en cautiverio de esta especie es de 16 años.

El Orix cimitarra es una especie extinta en la naturaleza. En el mundo se han emprendido esfuerzos internacionales para que no desaparezca totalmente.

Este no solo otro de los fracasos en materia de reproducción de especies de Fernando Gual Sill titular de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre,

Sino que está relacionado directamente con el recorte al presupuesto para la compra de medicamentos para los 3 zoológicos de la CDMX que realizó la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

En 2021 el número de animales muertos en los 3 zoológicos incrementó a 388 animales según el registro individual del documento "Bajas por Defunción". Se cobró indemnización por 9'240,000 pesos por 397 animales en "Reclamo de seguros de bienes semovientes", existiendo una diferencia de 9 ejemplares sin declarar.

De estos 190 animales pertenecían a 17 especies en peligro de extinción, 22 a especies amenazadas y los 181 restantes se tratan de especies comunes.

Entre los animales muertos durante el 2021, destacamos la muerte de una jirafa por "choque" por la cual se cobró una indemnización de 1'758,000 pesos.

2 de las 3 águilas reales del Zoológico de Chapultepec fallecieron. Una por choque y la otra por infección. Su valor es de más de medio millón de pesos, aparte de que están en la lista de animales prioritarios de la nación y en peligro de extinción.

El elevado número de muertes en los 3 zoológicos capitalinos no se trata de una lamentable casualidad o "algo normal" como lo han tratado de manejar las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente. Se trata del resultado directo de los recortes a áreas vitales para la supervivencia de los animales.

Tal es el caso la falta de presupuesto para agua potable para el 2020 y 2021. Esto no se trata de un error ya que fue publicado en la Cuenta Pública de la CDMX e implica a 3 dependencias: el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Administración y Finanzas.

Respecto al "Reclamo de seguros de bienes semovientes" del 2019 y 2022, Marina Robles titular de la Secretaría del Medio Ambiente así como Luz Elena González Escobar titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, tendrán que dar cuentas tanto del manejo de la aseguradora como de los montos individuales de cada animal.

La muerte de 195 teporingos en 22 meses pone en duda no solo el "programa reproductivo" sino los casos de negligencia. Del total de muertes, 77 fueron por traumatismo antes de que los ejemplares tuvieran 6 meses de edad.

Además, de 98 ajolotes muertos, 84 fueron por infecciones tratables.

A pesar de las denuncias que realizamos en Amo la Ciencia, el número de muertes incrementó a 428 en 2022. Esto da un total de 1,508 animales muertos durante los 4 años de administración de Claudia Sheinbaum y aún falta que se declare el cobro de 821 indemnizaciones.

Yo y muchos como yo, no usamos botas y sombrero, no tenemos la piel oscura ni las manos ásperas, vestimos diferente y somos físicamente menos resilientes porque nuestro trabajo no es al rayo del sol, y no requiere fuerza y resistencia física, sino fuerza y resistencia mental.

Por eso yo, y muchos como yo, en lugar de tener las manos ásperas, tenemos la mente áspera. Áspera por pensar día y noche, áspera porque el trabajo mental no descansa, no tiene horarios, ni cobra doble en los días festivos.

Y, señor Presidente, las mentes ásperas son igual de necesarias y valiosas que las manos ásperas. Gracias a ellas tenemos las medicinas que curan, los vehículos que transportan, y todas las herramientas y tecnologías que permiten al mundo sobrevivir plagas y enfermedades.

Y si algún rasgo físico puede reconocerse desde lejos en las personas de mente áspera, sería la calvicie, las ojeras y los lentes para la vista cansada, características que nada tienen que ver con el abuso y la corrupción que los prejuicios hacia los que más saben y más tienen, suponen.

En el momento más álgido de la pandemia, con la escasez de medicamentos y previo a la etapa masiva de vacunación, el hijo del presidente López Obrador recibió un trato exclusivo cuando enfermó de COVID-19, según asegura el reportaje de Latinus "Se acabaron los privilegios".

En 2021, José Ramón López Beltrán requirió hospitalización por su padecimiento, por lo que fue ingresado al Hospital Central Militar.

De acuerdo con la investigación realizada por Latinus, le consiguieron Remdesivir, el medicamento utilizado como tratamiento contra el SARS-COV2 y que en la fecha en que enfermó aún no era aprobado por la Cofepris y tenía un costo de 40,000 pesos, por lo que pocas personas podrían adquirirlo en ese momento.

En el video se describe la ruta que siguieron 2 unidades oficiales del Ejército que se movilizaron con el objetivo de conseguir el medicamento para el hijo del presidente. De acuerdo con el reportaje, el traslado se realizó desde la aduana del AICM al almacén de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

"Se acabaron los privilegios" dice la leyenda del reportaje ante la frase que Andrés Manuel López Obrador repite con frecuencia sobre el proyecto de la 4T.

Los datos recabados se obtuvieron de los correos que se filtraron tras el hackeo masivo a Sedena conocido como Guacamaya Leaks. En los documentos, miembros de la Sedena corroboran esta acción.

La FDA de Estados Unidos autorizó en 2020 el uso de Remdesivir como tratamiento para COVID-19 en pacientes hospitalizados. Un año después, en marzo de 2021, la Cofepris dio luz verde para su uso de emergencia, un mes después de que Sedena lo consiguiera para José Ramón López, en febrero.

La Sedena y la Secretaría de Salud niegan esta acción que se sostiene en la serie de correos extraídos del hackeo masivo a la Defensa Nacional.

El presidente de México quiere contrarrestar la ofensiva de legisladores estadounidenses que ofrecen ayuda para combatir a los cárteles, arropándose o amparándose en la ONU, en un organismo lleno de "burocracia dorada", que "ganan mucho y no hacen nada", a los que tilda solo de 'florero', de los que dice "ya basta de simulación", donde dice reina la "hipocresía" , a los que llama "alcahuetes", donde predomina el "conservadurismo" y de los que manifiesta que no tienen "autoridad". ¿Está seguro señor Presidente? La verdad es que tiene poca memoria y así como dice dice una cosa, dice otra y no sabe lo que quiere o declara. El miércoles pasado el editorial de Los Angeles Times estuvo dedicado a nuestro mandatario. Bajo el título "AMLO en su debacle", dice que "el presidente mexicano ha hecho evidente que su estado de ánimo en la recta final del sexenio es cada vez más intolerante y extremo. Ha habido incluso opiniones editoriales que se cuestionan el estado de salud mental del presidente mexicano y sus capacidades para gobernar -lo que sucede con sus acciones y reacciones-, puede ser un intento desesperado por distraer a la opinión pública".

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que México no fabrica ni consume fentanilo, a pesar de las pruebas de lo contrario, y sugirió que la epidemia de opioides sintéticos es, en gran medida, un problema estadounidense que debería ser atendido en ese país.

"Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos", dijo el presidente. "¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos?, ¿por qué no atienden a sus jóvenes?".

El mandatario hizo estas declaraciones durante su conferencia matutina justo antes de reunirse con Liz Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que está de visita en México precisamente para hablar de la crisis generada por esta droga.

El pronunciamiento también coincide con los llamamientos de los republicanos estadounidenses a utilizar el Ejército de Estados Unidos para atacar los laboratorios de drogas en México.

El gobierno mexicano ha reconocido en el pasado que el fentanilo se produce en laboratorios de México con precursores químicos importados de China. De hecho, entre las autoridades estadounidenses e incluso mexicanas apenas se discute que casi todo el fentanilo que se consume en Estados Unidos se procesa en México.

En febrero, el Ejército Mexicano anunció que se había incautado de más de medio millón de pastillas de fentanilo, en lo que denominó el mayor laboratorio de drogas sintéticas descubierto hasta esa fecha. El ejército dijo que el laboratorio al aire libre fue descubierto en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa.

En la misma ciudad, en 2021, el ejército allanó un laboratorio que, según sus estimaciones, fabricaba unos 70 millones de pastillas de fentanilo al mes para el Cártel de Sinaloa.

Al fentanilo se le atribuyen unas 70,000 muertes anuales por opiáceos en Estados Unidos, e instituciones oficiales mexicanas también hablan de un incipiente consumo en las ciudades mexicanas de la frontera.

López Obrador subrayó que este tema se usa con fines propagandísticos por parte de políticos republicanos que quieren mandar a las fuerzas armadas a México para combatir a los cárteles, algo que consideró un insulto a la soberanía del país.

La operación [de] control de daños del gobierno (es un decir) de AMLO a las pocas horas de conocerse que las fuerzas armadas habían matado a 5 personas en Nuevo Laredo se centró en desprestigiar, en una mañanera, al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos.

Desde Palacio Nacional el presidente de la república autorizó la transmisión de un audio donde el conocido activista tamaulipeco, presuntamente, hablaba con un supuesto narcotraficante.

La administración pretendió de esa manera restar toda credibilidad a quien advirtió a la opinión pública sobre la gravedad de los hechos ocurridos el 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Sin la denuncia de alguien tan acreditado entre la prensa nacional como Ramos, muy probablemente la muerte de esos jóvenes hubiera quedado registrada como un "enfrentamiento" del Ejército con "agresores" "abatidos".

Cuando Ramos levantó la voz se activaron las alarmas: los hechos podrían constituir una ejecución por balas castrenses. Las pesquisas han fortalecido esa hipótesis.

El gobierno no se iba a quedar con el golpe, y en un afán por lograr un margen de maniobra para restarle importancia a la masacre, la emprendió, desde Palacio Nacional y con medios públicos, en contra de Ramos.

Simultáneamente vino el boletín de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde cantinflea, pero reconoce, que algunos sus elementos están siendo investigados y por lo pronto les achacan desobediencia.

Si AMLO no sabía que la Sedena ha usado Pegasus para espiar a Ramos entonces el presidente es un hombre muy muy mal informado.

Y lo mismo se puede decir si ignoraba que varios medios de comunicación nacionales y al menos uno internacional, junto con activistas, estaban por sacar un reportaje en donde se prueba ese espionaje.

Porque la revelación de Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias utiliza documentos de Guacamaya Leaks para evidenciar que contra lo que ha dicho el general secretario Luis Cresencio Sandoval, el Ejército en este sexenio no sólo espía a activistas, sino que los espía para tratar de evitar que evidencien abusos de derechos humanos de las propias fuerzas armadas. Es un cliché pero aquí es obligado: en otro país el escándalo ameritaría renuncias del más alto nivel.

Así que una de dos: o AMLO no tiene el control de las fuerzas armadas, y el poderoso encargado de éstas (el de la Marina, with all due respect, está muy marginado) le miente cuando le llevan a declarar que en este gobierno no se espía a periodistas y defensores de derechos humanos, o el cinismo del tabasqueño ha marcado un nuevo récord.

Porque desde octubre de 2022 se denunciado que la Sedena lopezobradorista compró Pegasus, y no es concebible que, ocurrida la gran sustracción de documentos conocida como Guacamaya Leaks, el alto mando militar no haya reportado al comandante supremo en Palacio Nacional que, entre las cosas que podrían hallarse en sus correos, estaban los reportes de cómo Luis Cresencio Sandoval era informado del espionaje a Ramos en el marco de acusaciones a militares presuntamente ejecutando civiles en Tamaulipas.

El vocero Jesús Ramírez y López Obrador quisieron machacar la credibilidad de Ramos el 1 de marzo, pero solo le dieron más visibilidad días antes de que se demostrara que los correos de la propia Sedena contienen reportes al general secretario sobre cómo espían al tamaulipeco.

Si el vocero y el presidente ignoraban esos cables cuando lanzaron en la mañanera el ataque contra Raymundo Ramos, malo. Pero si fue a sabiendas ¿ante qué estamos?

El Ejército Mexicano espía a activistas de derechos humanos para evitar que investiguen muertes a manos de soldados. El presidente es cómplice o encubridor.

En las principales ciudades de México, las mujeres gritan y exigen poder salir a las calles sin que nadie las acose, poder decidir sobre su cuerpo, poderse vestir sin pensar qué les van a gritar cada día. Exigen igualdad de oportunidades y condiciones en el trabajo. Exigen justicia. El acto de Palacio Nacional, resguardado por 3 hileras de vallas y antimotines, tiene como protagonista al presidente, quien dice que la 4a. Transformación es por decreto feminista, pero que eso incluso está superado. En el público, las mujeres convocadas al evento -diputadas y senadoras de Morena- aplauden y agradecen. Llevan todas un lazo rosa y morado en la solapa. Cada lazo es también un broche, un pin con la cara de López Obrador caricaturizado. En el centro de la celebración del Día de las Mujeres en Palacio, está el señor amlito.

¿En qué momento la 4T nos llevó de ser un país que aspiraba a la modernidad y a la prosperidad, a uno que se asienta plácidamente en la mediocridad y el subdesarrollo? Me pareció deprimente la escena del presidente, los secretarios de la Defensa y Comunicaciones, y gobernadores del Estado de México e Hidalgo participando en un montaje bananero para celebrar el aterrizaje de un vuelo de DHL en el AIFA.

No sólo es un patético esfuerzo para viabilizar una obra pública que nunca debió ser, sino que además nos recuerda el enorme provecho que estaríamos sacándole a un aeropuerto que se canceló por capricho e ignorancia.

Se subraya la falta que nos hace éste como hub para pasajeros, cuando México se ha puesto de moda como destino turístico.

Pero era al menos igual de relevante su importancia logística para el manejo de carga, justo cuando se acortan y regionalizan las cadenas de suministro, y Norteamérica está ávida de capacidad, debido a la necesidad de EU de traer de regreso de China la industria ahí instalada (nearshoring).

La mayoría de los mexicanos no entiende el daño que esa arbitraria cancelación hizo (en contra del consejo de los pocos colaboradores de AMLO que entendían sus consecuencias).

Tampoco comprenden el enorme daño que hará demoler al árbitro electoral autónomo. Si bien hoy ocupa la silla presidencial alguien de su agrado, el día de mañana puede sentarse ahí alguien a quien detesten, y habrán dinamitado el puente que les dio acceso.

Tocqueville advirtió en Democracia en América sobre los riesgos de la tiranía de las mayorías. Éstos se incrementan cuando un líder carismático está dispuesto a mentir sin recato, cuando descalifica a quien sea que tenga una opinión distinta a la suya a partir de ataques ad hominem y premisas falsas, sin debate o argumentos reales.

AMLO habla de honestidad cuando en sus narices el fraude de Segalmex ya duplica la Estafa Maestra. Impunemente roban los recursos para alimentar a los más pobres.

Crucifica a Felipe Calderón por una presunta complicidad con García Luna, pero visita Badiraguato con frecuencia e insiste en hacerlo sin presencia de la prensa, además de haber ordenado la liberación del hijo de El Chapo y de hoy obstruir su extradición; sabe que los narcos apoyaron a los candidatos de Morena en las elecciones recientes. AMLO presume la sentencia contra García Luna, cuando él no tuvo nada que ver con ese proceso, ni ha movido un dedo para judicializar las acusaciones cotidianas que hace en sus mañaneras; prefiere denostar sin pruebas a quienes se le oponen. AMLO presume la fortaleza del peso, atribuible exclusivamente al Banco de México, a pesar de que públicamente ha criticado las tasas altas que lo apuntalan.

Presume la llegada de Tesla, cuando ésta ocurrió a pesar de su intervención, y no por ella; a pesar de que dejamos de recibir decenas de miles de millones de inversión extranjera por su miope y trasnochada política energética. Habla de fortaleza económica cuando ha habido nulo crecimiento este sexenio, a pesar del muy afortunado entorno que le tocó.

La única cualidad de AMLO es su facilidad para mentir sin parpadear, para evadir culpas y para colgarse méritos que no le corresponden. El problema es que millones de mexicanos, que están demasiado ocupados subsistiendo, le quieren creer.

De una torcida manera es cierto que la mañanera no es un acto de autoridad. Es cierto que un juzgado le ha dado ese argumento legaloide a Denise Dresser para no atender su demanda de amparo frente al acoso del presidente de México, pero quizá en su intento de zafarse la secretaria de acuerdos que eso afirmó nos recuerda una gran verdad: hablar 3 horas al día no es ejercer la autoridad para gobernar.

La mañanera puede ser un espacio para los abusos del poder (lo es), un mecanismo de propaganda, un show de variedades, una oda a la personalidad del jefe del estado, una fábrica de mentiras, eventualmente un canal de anuncios públicos, pero no un acto de gobierno, no la representación del ejercicio de la autoridad para el bien de todos, ni siquiera de los más pobres, porque sí sabemos quiénes padecen más la violencia, ¿verdad?

El telón de la mañanera se cayó el viernes en Matamoros. Pero la verdad el truco de Palacio Nacional queda evidenciado cada rato, y si hoy el quita risas al presidente fue en Tamaulipas, donde la tragedia le pegó a 4 estadounidenses, la verdad es que algo igual o parecido o peor puede ocurrir hoy o mañana en Tijuana o en Colima.

Si la mañanera crujió ayer fue porque hasta Andrés Manuel López Obrador, el más histrión de los presidentes, tiene que suspender el jijiji cuando topa con la cruda realidad.

La realidad de Matamoros le cambió, así fuera por unas horas, el guion a AMLO cuando todo mundo, todo el mundo incluso, vio cómo los criminales en esa ciudad son los dueños de las calles. Matan y secuestran a plena luz del día, sin agobio, sin sentirse amenazados. Son La Autoridad y no da risa. Matamoros es un viral mentís al "vamos requetebien" del tabasqueño.

El otro aspecto de la realidad de Matamoros con la que topó López Obrador es que los efectos hipnóticos de su montaje cotidiano son para consumo local, totalmente vernáculo. Y esta tragedia tamaulipeca traspasó la frontera porque las víctimas tienen otra águila en su escudo, tienen quién pida cuentas por esas vidas, quién diga me da igual tu retórica, dónde están mis ciudadanos.

La tragedia es aprovechada por los enemigos de México en Estados Unidos, eso también es cierto. Pero la solución no es un Ricardo Monreal lanzándose de niño héroe en el Twitter. Porque su partido (que es también el del presidente), su familia (que milita en Morena), y bien valdría decir que él mismo, gobiernan en Zacatecas, donde también los criminales ponen de cabeza al estado cada que les da la gana. Con o sin Guardia Nacional. ¿De verdad tiene el senador zacatecano argumentos para contrarrestar los ataques de legisladores de EU?

La realidad de la violencia con la que tropezó AMLO esta semana está lejos, por supuesto, de circunscribirse a Tamaulipas o Zacatecas. Michoacán sigue ingobernable y de ello da fe Hipólito Mora, fundador hace una década de las autodefensas y quien de nuevo denuncia la salvaje ingobernabilidad. Y así podemos mencionar a otras entidades.

Cabe recordar que 2023 arrancó recordándonos a los mexicanos que la inseguridad no se ha ido con la nueva militarización ni los nuevos abrazos ni con echarle culpas, todos los días, al pasado y a Genaro García Luna.

Porque todo es jijiji, jajaja en la mañanera, el presidente ríe, pone memes y canciones, o abusa de su autoridad para atacar periodistas, pero de repente un ataque a 4 personas para en seco toda la marrullería. Porque la realidad que no quiere gobernar no mejorará ni con otras mil mañaneras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la "hipocresía" y "amarillismo" de políticos y medios de EU ante el secuestro de 4 estadounidenses en el estado de Tamaulipas del pasado 3 de marzo, donde aparecieron este martes, 2 de ellos muertos.

"Hay también intereses partidistas, yo diría politiqueros, hay gente muy hipócrita que, por ejemplo, lamenta estos hechos, los utiliza con propósitos políticos, trafica con el dolor humano, con el dolor de la gente, pero sus propósitos son otros", expresó en su conferencia de prensa "mañanera".

Sus declaraciones se producen después de que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó que las autoridades hallaron a los 4 estadounidenses secuestrados desde el viernes pasado en la fronteriza ciudad de Matamoros, donde 2 murieron y uno más resultó herido, por lo que ya hay un detenido.

Los 4 estadounidenses, que viajaban en un auto con matrícula de Carolina del Norte, sufrieron un ataque de un grupo armado poco después de cruzar a México, según el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que el domingo ofreció 50,000 dólares por ayuda para localizarlos.

López Obrador lamentó los hechos, pero criticó que "llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información, no así cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias".

"Claro que lamentamos lo que pasa en nuestro país y este hecho en especial, y ofrecemos nuestras condolencias sinceras, pero yo les puedo decir a ustedes que atendimos un asunto de 2 jornaleros oaxaqueños asesinados por granjeros y un herido y no salió nada en la prensa estadounidense, nada", manifestó.

"Se rasgan las vestiduras de manera hipócrita", sentenció.

El mandatario evadió responder de forma directa si hay agentes del FBI trabajando por el caso en Tamaulipas, estado fronterizo con Texas, conocido por las disputas de los cárteles de la droga.

Además, cuestionó a políticos republicanos, como William Barr, ex fiscal general (2019-2020) durante la presidencia de Donald Trump, y quien acusó a López Obrador de proteger a los narcotraficantes, y a los legisladores que buscan declarar como terroristas a los cárteles mexicanos.

Denise Dresser anunció que presentó una demanda de amparo en contra de López Obrador, presidente de México, por las constantes "agresiones verbales" que el presidente emite contra ella durante las conferencias mañaneras.

Denise Dresser señaló en su columna, titulada "Demandé a AMLO", que "Como víctima de ese asesinato verbal, ya que he sido mencionada 87 veces en el circo romano de Palacio Nacional, decidí ejercer mi derecho, y el de todas y todos a defenderme de un gobernante abusivo".

Explica que en septiembre metió una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación contra el presidente "por las menciones mentirosas sobre mí, incluyendo cuando me llamó 'agente de un gobierno extranjero'. Demandé a AMLO porque no cuento con mecanismos que me permitan contra-argumentar o defenderme, y ningún otro difamado o difamada tampoco". Señala que la demanda también fue porque está violando sus derechos y los de todos, al inhibir la libertad de expresión, que produce su discurso, por lo que recordó el altercado que tuvo con simpatizantes de López Obrador cuando marchó contra la reforma militar.

"Basta con recordar la violencia con la cual un grupo de simpatizantes suyos me sacó del Zócalo a gritos y empujones, en una marcha contra la militarización. Basta con ver cómo la violencia verbal de AMLO -y su permiso para agredir- salta de la mañanera, a las redes sociales, y de ahí a las calles". También habló sobre la reciente amenaza de muerte en contra de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, de quien en redes sociales circula un meme de ella presentándola como "El problema", y una bala como "La solución".

Aseguró que 6 meses después, la jueza que recibió su denuncia sentenció que no tenía derecho a ampararse porque las mañaneras; "no constituían un acto de autoridad", por lo que Dresser mencionó que "sabemos que se pagan con recursos públicos y desde ahí se gobierna vía órdenes, decretos e instrucciones". Indicó que hace días metió un recurso de revisión que espera llegue a la Corte.

"Yo digo "basta" en defensa de mi nombre, y en defensa de todos los difamados, agredidos, denostados injustamente. Deseo que los jueces defiendan el derecho de la ciudadanía a recibir información gubernamental veraz, objetiva, oportuna y sin sesgos como lo señala la Constitución. López Obrador me conoce desde hace muchos años, ha ido a desayunar a mi departamento, en numerosas instancias marché a su lado cuando era luchador social, y lo defendí. Hoy veo que traiciona a sus amigos, a las causas compartidas, y a la democracia. Por eso lo demandé.", acusó.

El Tribunal Electoral le puso un 4 a la 4T: ordenó que el próximo Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) esté presidido por una mujer. Fue suficiente para prender el cerro: el gobierno de López Obrador, obsesionado en controlar el Instituto Electoral, no tiene 5 mujeres que le llenen el ojo para esa tarea. Y no las tienen porque la característica esencial que están buscando para ese puesto es la obediencia. Ya se quejó hace unas semanas el presidente que los primeros consejeros impulsados por Morena, hombres y mujeres, lo traicionaron, es decir, votaron en conciencia y se manifestaron en contra de la reforma electoral que destaza al INE.

Optar por la tómbola como método de selección implica negar cualquier posibilidad de negociación con los partidos de oposición, pero también tener al menos 20 personas incondicionales que pasen los exámenes para meterlos a la fuerza a las famosas quintas de donde serán insaculadas. El cálculo que están haciendo desde la Secretaría de Gobernación es que el número no les da, que no se trata sólo de poner la quinteta de mujeres ahora en la de la presidencia, sino de controlar absolutamente esa lista en particular, por lo que la decisión de los obedientes diputados es combatir la resolución del Tribunal para que en la quinteta para la presidencia haya 5 obedientes: 2 hombres y 3 mujeres, lo cual de entrada desequilibra el ordenamiento del Tribunal.

Un Consejo General del INE sin consenso está condenado al fracaso. Nada tiene que ver con la capacidad de quienes sean nombrados, que confiemos en que serán perfiles competentes, sino con la legitimidad de los electos. A los riesgos organizacionales que plantea el desmantelamiento de la estructura profesional, derivado del llamado "Plan B", hay que sumarle la desconfianza de los partidos de oposición y ahora el un posible desequilibrio en la paridad de género derivado del obsesivo afán de control del organismo electoral.

El hecho de que sólo 3 de cada 10 personas que pasaron el 1er. corte sean mujeres habla ya de un desbalance básico entres los candidatos a consejeros que promueve Morena. Una mala señal de un gobierno que al mismo tiempo que ha nombrado más mujeres que ningún otro en cargos públicos se ha caracterizado por no entender las demandas de las mujeres, mucho menos que sus causas van más allá, mucho más allá de la paridad.

El movimiento de mujeres, el movimiento social más importante de este país, se le sigue atorando al presidente y a la llamada 4T.

Gobernar es elegir. AMLO prefirió gastar su tiempo y el dinero del erario en obras como el AIFA. Al no partir de estudios técnicos sino de la intuición, estas obras requieren permanente atención política para que medio funcionen. Esto lleva a eventos curiosos, como celebrar con bombo y platillo el "aterrizaje" de un avión de carga en el AIFA. Esto, en el aeropuerto de Texcoco, no habría sido noticia ni de página interior.

No es ninguna novedad tu inmadurez, pero tu enojo mostrado en la 1a. mañanera después de que la concentración desbordó el Zócalo y hubo concentraciones en más de 100 ciudades de nuestro país en defensa del INE y en apoyo a los ministros de la Corte para que defiendan su autonomía y rechacen tu mentado Plan B que tanto daño nos causaría después de más de 30 años de construir nuestra democracia. Dejaste ver tu enojo dedicando una muy buena parte de la mañanera a insultos y mentiras en una cascada de odio contra los que participaron en la concentración y sus organizadores.

Creemos que todo esto viene desde las elecciones pasadas cuando tu partido tuvo muchos menos votos y perdiste la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, la cual ya considerabas segura para tu transformación y más aún, está a cargo de tu corcholata preferida. Por eso quieres asegurar la Presidencia.

Después de arremeter contra los defensores del INE, seguiste contra la presidenta Dina Boluarte de Perú, llamándola "presidenta espuria". Por lo que vemos, ya hiciste esa palabra una de tus preferidas y la llamaste "pelele de las oligarquías". Sigues respaldando al destituido Pedro Castillo, ¿no sabes que en México nos regimos por la Doctrina Estrada desde que fue publicada en 1930 y que se manifiesta en contra de que los países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o no? Vemos que el único que no se ha dado cuenta de que el mundo se alineó contra Castillo en Perú eres tú.

Volviendo a las concentraciones de la sociedad civil a las que menosprecias diciendo tú y tus allegados que no fue una marcha ciudadana, entonces dinos ¿qué fue o qué se necesita para ser ciudadanos de este país? Vemos que el que no tiene tu visión es un corrupto, pero ya estamos hartos de que insultes al pueblo impunemente, sobre todo que has querido dividir a los mexicanos. Pero te recordamos que hay solo un México y queremos estar unidos.

Lo que nos tiene hartos a los mexicanos son los políticos y funcionarios corruptos, ya sean del pasado como del presente, de todos los partidos, incluido el tuyo. Por eso no deberíamos tener que estar defendiendo la democracia, al INE y empoderando a los ministros de la Suprema Corte para que cumplan libremente con su cometido, sin salir a las calles a defenderlas del mismo gobierno. Pero a eso nos has obligado, lo bueno es que nos has despertado y no podremos dejar ya esa inercia de luchar por conservar nuestras instituciones y democracia.

Después de esta gran concentración requerimos de alguien que pueda representarnos, que no descalifique ni haga a un lado a la sociedad civil. Alguien que no quiera destruir la democracia, que piense en el futuro y no quiera como tú echar las culpas a todo lo pasado. Alguien de quien estemos orgullosos los mexicanos nos represente.

Alguien no igual a ti, Andrés, que tenga clase, credibilidad, ingenio, humildad, cultura y oficio político, pues tú nunca nos has podido decir algo que se asemeje a lo ingenioso. Tus comentarios que crees graciosos, y que después de decirlos echas una risa sarcástica que les quita toda la intención, suenan siempre falsos y carentes de humor. Todo se ve superficial. No queremos seguir siendo el hazmerreír del mundo con tu figura desaseada y de alguien que no quiere dejar de jugar con ventaja, dando golpes bajos, sobre todo a los vulnerables.

Queremos volver a ser lo que éramos y que gracias a esta concentración nos reencontramos, ya que caminamos sin miedo, seguros y libres entre tantas personas que no conocíamos, viendo los negocios abiertos sin miedo al vandalismo, sin que nadie rayara paredes ni tirara basura, todos unidos por el amor a México, cantando con orgullo nuestro Himno Nacional.

Resulta exasperante, incluso para quienes nos identificamos con muchas de las banderas impulsadas por este gobierno, escucharlo en su tarea de agitador. Como tal, recurre a la exageración, al epíteto venga al caso o no, a la distorsión. Asegurar que la producción diaria de la iniciativa privada apenas es de 20,000 barriles cuando él sabe que es de 60,000; anunciar que la marcha en protesta del Plan B no pasó de 90,000 cuando la cifra oficial, ya recortada, era de 100,000. Son mentiras a sabiendas. Aventurar que las amenazas de muerte en contra de Norma Piña, la ministra presidente de la Corte, quizá eran inventadas para victimizarse, sin tener prueba de ello es incorrecto, por decir lo menos. Cuando López Obrador busca socavar la legitimidad de la Suprema Corte o el Banco de México, está dejando que sus tareas de candidato en campaña y líder faccioso se opongan a sus obligaciones como Jefe de estado, una de las cuales es, justamente, fortalecer la legitimidad del Estado mexicano.

En fin, la figura como gobernante, ya no digamos la presunción de ser un promulgador de una nueva ética en la vida pública, se hace trizas cuando López Obrador se pone en modo pendenciero, en actitud de líder de facción política. Puede ser contraproducente para otros efectos, pero él está convencido de que es imprescindible para garantizar la continuidad de su proyecto. Esa es la lógica de sus largas invectivas, día tras día, a Calderón, a Carlos Loret y columnistas similares, a los periódicos y medios que lo critican, a Claudio X y empresarios opositores, a la ministra presidenta, a la corona española, a la DEA, o a quien le da el pretexto de cada día.

Solamente desde la ceguera militante se puede negar el éxito de la manifestación en defensa de la democracia. La foto del Zócalo a reventar le dio la vuelta al mundo. Periódicos de la potencia del Washington Post o el Wall Street Journal abrieron sus ediciones con las imágenes de la movilización. No hubo ni un vidrio roto. No hubo mensajes de odio. Los manifestantes no cayeron en las provocaciones operadas desde Palacio Nacional para relacionar la protesta ciudadana con la defensa de corruptos como Genaro García Luna.

El presidente se ahogó en su odio, pero el mensaje iba más allá. En México, una amplia mayoría de la clase media está dispuesta a concentrarse para defender a las instituciones democráticas.

La partidocracia está en extinción, pero la sociedad civil sigue teniendo un papel en el horizonte político nacional.

Ahora, luego de la copiosa participación en las concentraciones, la pregunta es: ¿la oposición puede arrebatarle la Presidencia de la República a Morena en 2024? Yo digo que sí y me explico.

1o.- Una elección bajo el marco Morena contra anti-Morena supondría niveles altísimos de participación. Sobre todo, en distritos urbanos críticos del obradorismo. Para dicho escenario, sólo puede haber 2 polos. Por lo tanto, Movimiento Ciudadano tendría que unirse a la alianza.

El presidente quiere fragmentación electoral porque sabe que un escenario de 2 alianzas enfrentadas pone en riesgo la continuidad de su proyecto. Sobre todo, si es Claudia Sheinbaum la candidata (un Maximato moderno). En el proceso electoral federal de 2021, Morena sólo superó a Va por México por 5 puntos. MC obtuvo 7%.

2o.- Las ciudades ya avisaron al presidente. Revise usted los datos electorales de 2021. La coalición oficialista perdió en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, León, Querétaro, Mérida, etc. Y no por poco, sino por tremendas palizas. Ciudad Juárez es de las únicas plazas urbanas que votaron a favor de renovarle la mayoría parlamentaria a Morena.

El voto rural le dio la mayoría a Morena.

Y es que en los entornos rurales se vota más que en las ciudades (64% vs. 59%).

Si la oposición logra superar el 65% de votos en las ciudades, metería en gravísimos problemas a Morena.

Es decir, el reto de la oposición no es convencer a los morenistas decepcionados, sino al abstencionista.

En 2018 y 2021, los estados más antiobradorista fueron también los más abstencionistas: Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, Guanajuato y Chihuahua están entre los 10 estados con mayor nivel de abstención (casi 20 puntos por debajo de Tabasco o Yucatán, donde más se votó).

Lo mismo sucede en brecha generacional: los jóvenes entre 20 y 34 años votan 16 puntos menos que los mayores de 65 años. Es el abstencionismo, estúpido.

3o.- Las mujeres votan más que los hombres. En la elección de 2018, votó el 57% de los hombres versus el 66% de las mujeres. El presidente ha perdido aceptación entre las mujeres.

Su discurso antifeminista le ha pasado factura. De enero de 2021 a la fecha, ha perdido 9 puntos de aprobación entre las mujeres.

Como demuestra El Financiero, las mujeres jóvenes son el segmento en donde el presidente es peor visto (41% de aprobación y 53% de desaprobación). El voto de la oposición se ha feminizado, particularmente desde 2021.

La pérdida de atractivo de AMLO en el género femenino es un nicho propicio para la oposición que, hasta hoy, no ha sabido explotar.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrió el pasado domingo el ataque a mansalva hacia 7 jóvenes que fueron masacrados por un convoy de soldados con un saldo de 5 asesinados, un chico más que está muy grave en estado de coma inducido y un sobreviviente de 21 años, quien fue dejado vivo por los soldados y hoy valientemente cuenta los hechos tal como se vivieron.

Ocurrió así una de las masacres más graves y ominosas cometida por fuerzas de seguridad pública en lo que va del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo una salida a divertirse de 7 jóvenes acabó con la vida de 5 de ellos, literalmente masacrados, un herido grave y un sobreviviente temeroso por su vida?

La masacre de militares contra estos jóvenes en Nuevo Laredo es muy grave porque revela, en un solo caso, todos los efectos perversos que deja la militarización de la seguridad pública del país. Revela que no están capacitados para tratar con los civiles, que cometen con frecuencia violaciones a los derechos de las personas, y en ocasiones graves casos de ejecuciones extrajudiciales, como parece ser el caso. Y que cuando esto ocurre, desde el aparato militar se hace todo lo posible por encubrir a los responsables de estos delitos y graves violaciones a los derechos humanos. No debe permitirse la impunidad militar en la masacre de Nuevo Laredo, y debe levantarse de nuevo el reclamo de que los militares regresen a los cuarteles.

La semana que está por concluir ha sido una más de fracasos y descalabros para el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien como diría el ex inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, fue "doblado", aunque esta vez quien lo consiguió fue nada menos que el millonario número uno del mundo, el polémico Elon Musk. Por si fuera poco, Carlos Loret de Mola -la persona que quizá más odia en esta vida- lo "cachó" en un montaje exhibiendo cómo incurrió en una farsa el día que celebró el arribo del 1er. avión de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), eso sin contar otras derrotas y reveses sufridos en menos de una semana.

El lunes del presidente arrancó con la imagen del Zócalo abarrotado de manifestantes, la denominada "marea rosa" para la cual la Plaza de la Constitución resultó insuficiente habiéndose tenido que desbordar por calles aledañas.

Una toma panorámica aérea del Zócalo con la casa del presidente al fondo, es decir, Palacio Nacional, apareció en todas las portadas de los periódicos del país, misma que fue replicada en diarios internacionales incluso también en las primeras planas, mientras que noticieros nacionales y extranjeros igualmente lo manejaron como nota principal.

Y tan enorme como la movilización registrada en la capital del país y en 120 ciudades, así fue el coraje manifiesto de López Obrador en su conferencia mañanera, a tal grado que todos los días habló del tema insultando y agrediendo lo mismo a aquellos que convocaron a la manifestación -que algunos dicen reunió a medio millón de personas-, que a quienes atendieron el llamado y asistieron.

Pero luego vino la 2a. rabieta y la característica soberbia del presidente López Obrador se hizo patente con el tema de Tesla.

Al presidente poco le faltó para hacer fracasar las negociaciones que ya tenía muy adelantadas el gobernador de Nuevo León, Samuel García con el hombre más rico del mundo, Elon Musk, en torno a la instalación de la "Gigafactory" que construirá Tesla en México, concretamente en Santa Catarina, Monterrey en aquella entidad norteña.

Quedó perfectamente documentado que Andrés Manuel López Obrador asumió una postura radical al advertir que si Tesla escogía a Nuevo León como sede de su planta, su administración no otorgaría los permisos correspondientes.

Una inversión extranjera de entre 5 y 10,000 millones de dólares estuvo pendiendo de un hilo porque, según afirman algunos, al presidente no le pareció que Musk y García llevaran a cabo negociaciones sin tomarlo en cuenta.

Influyentes diarios internacionales dieron cuenta que México estuvo a punto de perder la inversión extranjera más fuerte en la historia de este país porque AMLO se negaba a que se instalara la fábrica en Nuevo León.

Fue evidente además que el tabasqueño buscó beneficiar a los estados gobernados por Morena.

Pero Musk no es un sujeto al que se le puedan imponer condiciones y menos por capricho, así que en la conversación que tuvo con López (con la ayuda de traductor porque ya sabemos que AMLO no habla inglés) amagó con llevarse su nueva fábrica y la inversión a otro país y al presidente no le quedó otra opción que agachar la cabeza y obedecer.

De manera que si a alguien se le tiene que anotar el punto es al gobernador de Nuevo León e incluso a su esposa Mariana Rodríguez, siendo que ambos han platicado con lujo de detalle cómo fueron sus encuentros previos con el adinerado empresario, sus recorridos aéreos y sus conversaciones para convencerle de que invirtiese en territorio neolonés.

Una vez consignado lo anterior, resulta patético que integrantes de la 4a. Transformación celebren en redes sociales el acuerdo y agradezcan y feliciten al presidente López Obrador, haciéndolo ver como un éxito de su gobierno, cuando lo único que hizo el titular del ejecutivo fue poner en riesgo la multimillonaria inversión que Musk ya había pactado con Samuel García, siendo que incluso el mismo día que el gobernador anunció el acuerdo exhibió la camioneta Tesla que adquirió para regalarle a su esposa.

En lo que sí tiene su mérito el presidente López Obrador es en haber usado todos los medios a su alcance para hacer posible que el polémico Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ya finalmente pueda presumir que recibe vuelos, aunque estos sean de carga.

Y ya que hablaba de acciones patéticas, no se puede dejar de señalar ese ridículo acto de recibimiento a una nave de la empresa DHL registrado el pasado martes, siendo que si ya de por sí era vergonzante que le fueran a aplaudir a un avión de carga, lo fue aún más cuando, paradójicamente, el periodista Carlos Loret de Mola, a quien las huestes obradoristas identifican como "Lord Montajes", exhibió que justamente todo se trató de un montaje.

Así lo confirmó el propio director de DHL, Antonio Arranz, quien admitió que dicha aeronave había aterrizado un día antes en el AIFA, desde la mañana del lunes 27 y pasó la noche en el aeródromo hasta la mañana siguiente cuando lo hicieron salir a la llegada del presidente y sus invitados, procediendo al engaño de la prensa que reportó: "Alrededor de las 11:00 horas de ayer martes, un avión Boeing 737 de la empresa DHL aterrizó en la terminal de carga y aduana del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Al ritmo de huapango, la aeronave piloteada por la capitana Mónica Mieles transitó por los tradicionales arcos de agua".

"El vuelo procedente de Cincinnati, Estados Unidos, fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo acompañado del gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y el director general de DHL en México, Antonio Arranz, entre otras personalidades".

El colmo del descaro fue que para intentar completar el engaño -y de esto se dieron cuenta los usuarios de redes sociales-, en las imágenes que circularon del avión de DHL, le borraron la matrícula para evitar que apareciera en los registros de vuelos del día anterior y se detectara la farsa.

Al llamar "mafia electoral" a los integrantes del INE y Tribunal Electoral, la representación de Morena desató ayer una serie de señalamientos hacia consejeros, quienes reviraron que desde el partido mayoritario se miente sobre los impactos del "Plan B".

La sesión de Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se tornó en una ríspida discusión tras las muestras de solidaridad de consejeros y señalamientos de Morena por la salida de Edmundo Jacobo de la Secretaría Ejecutiva, con la publicación de la Reforma Electoral.

"Esa es la confusión más grande que tiene la mafia electoral que está aquí en el INE y en algunos espacios del Tribunal Electoral. Ellos creen con soberbia que ellos son la democracia, que nos han obsequiado los triunfos que el pueblo ha conquistado; no, señores, la democracia es de la gente, es del pueblo", señaló Eurípides Flores, de Morena.

Antes de continuar, el consejero presidente, Lorenzo Córdova lo interrumpió. "Entiendo el ánimo de vulgaridad, pero le voy a pedir que se conduzca con respeto a las y los consejeros. Usted acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros y mientras ocupe esta presidencia no lo voy a permitir", subrayó.

"Usted va a tener que hacer frente a todas las intrigas que se están sembrando porque el Plan B va a prevalecer", retó el consejero morenista, Uuc-kib Espadas.

Córdova frenó al representante de Morena: "¿Está usted amenazando a un integrante de este consejo? Porque eso no lo voy a permitir. Aquí no es espacio para mítines, se vale el debate tan intenso y duro como sea necesario, pero las descalificaciones a otro lado", sostuvo Córdova.

La solución más rápida sería que AMLO, aprovechando su popularidad basada en emociones, tomara decisiones racionales. Si así lo hiciera, si gobernara además de con el estómago, con la cabeza, no tendría que estar atacando a nadie, nos tendría a todos en la bolsa y entonces sí que pasaría al lado bueno de la historia.

Los ciudadanos informados, honestos y trabajadores que no nos dejamos engañar y que al igual que los más pobres, estamos hartos de la corrupción, de la inseguridad, del histórico mal funcionamiento del gobierno y del deterioro de la clase política en general, tema que en la 4T se ha exacerbado debido a ese ilógico y nefasto afán de privilegiar la lealtad sobre la capacidad, es decir, la emoción sobre la razón.

El presidente tiene muchos aciertos emocionales y pocos aciertos racionales.

Acierta en señalar el desinterés, racismo, clasismo y discriminación histórica hacia los que menos tienen. Acierta en señalar la corrupción del pasado, los privilegios y riquezas mal habidas al amparo de contubernios entre el gobierno y cierta oligarquía empresarial.

Sus errores racionales son muchos: la caprichosa cancelación del aeropuerto de Texcoco, la construcción del AIFA y la refinería de Dos Bocas, la cancelación del Seguro Popular y la creación del Insabi; el desabasto de medicinas... y un largo etcétera.

Pero lo que más indigna es la corrupción purificada de su gobierno y la manipulación y el abuso de las emociones del desinformado y selectivamente llamado "pueblo" con fines meramente electorales.

Por su parte, la oposición si bien tiene infinidad de aciertos racionales, éstos sirven de poco frente a sus desaciertos emocionales. Con datos duros, con pesos y centavos, con las leyes y la Constitución en la mano, intenta(mos) convencer a las mayorías capturadas emocional y sentimentalmente por el Presidente, de la inviabilidad o ilegalidad de sus proyectos, del despilfarro de recursos públicos, del aumento de pobres y de la inseguridad, o de que el presidente es un inepto que ha dividido al país y nos está llevando a la ruina.

Lo malo para todos, y el presidente lo sabe y lo ha dicho, es que, en una sociedad pobre y desinformada, lo que produce votos no son las razones, sino las emociones. En otras palabras, como es un hecho que la mayoría vota con el estómago, es a éste "órgano" al que hay que hablarle, tal y como lo hace todos los días el presidente, y no al cerebro.

La comunicación racional de los ciudadanos-opositores con el presidente y sus seguidores es imposible. Hablamos idiomas diferentes, uno gástrico y otro lógico.

El presidente habla de estómago a estómago, los opositores hablamos de cerebro a cerebro. La desconexión se da al intentar comunicar el cerebro a los estómagos.

La cuenta @VicaPonch fue dada de alta en Twitter apenas en diciembre pasado. No es muy activa -tiene 58 mensajes enviados-, pero el miércoles adquirió una notoriedad con señales de alarma al publicar la fotografía de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, llamándola "el problema", y una bala, apuntando como "la solución". Twitter lo retiró de su plataforma por exceder sus normas, pero la nota denota una línea de pensamiento en el régimen que está subiendo en la escala de violencia.

@VicaPonch es una cuenta que podría ser falsa y que haya sido creada para sumarse al equipo de agresores cibernéticos contra todo aquello que disienta del régimen, o que no se hinque en Palacio Nacional. Se unió a la plataforma social en diciembre pasado y tiene 36 seguidores, la mayoría también con un muy bajo número de followers, que cuando tienen contenidos extremistas y con una posición clara, suele ser un indicador que forma parte de un bloque de cuentas al servicio de alguien, que se usan para denostar.

No obstante, también puede ser una cuenta real de un simpatizante espontáneo que ha comprado la propaganda diseminada desde Palacio Nacional contra el poder judicial y en particular, en los últimos días, la ministra Piña. Los ataques del presidente parece que sí han hecho mella en el poder judicial, de acuerdo con la encuesta de El Financiero publicada ayer, que mostró una caída en la confianza de 5 puntos de enero a febrero.

Pero en realidad, no se sabe si la caída en la confianza de la Corte tiene que ver con el impacto de las palabras del presidente contra el poder judicial, o si es reflejo de un descrédito porque sigue en el máximo tribunal la ministra Yasmín Esquivel, que se aferra a la silla pese a que cada vez se dan a conocer más pruebas de que podría ser una plagiaria consuetudinaria, al menos de tesis.

La encuesta alcanzó a registrar la opinión ciudadana por el amparo que obtuvo para bloquear el trabajo del Comité de Ética de la UNAM que opinará -no sancionará- si la ministra Esquivel plagió su tesis, y poner una mordaza a las autoridades universitarias para no hablar ni hacer nada sobre el tema, y probablemente también recogió el sentir tras la investigación del diario madrileño El País el viernes de la semana pasada, que documentó de manera contundente que plagió su tesis de doctorado en la Universidad Anáhuac. Ayer, el mismo periódico añadió una perla más a las presuntas trapacerías de la ministra al revelar que la Universidad Complutense dijo que Esquivel no es doctora por esa institución y caerle en otra mentira, porque en el currículum que presentó en el Senado en su evaluación para la Corte, dijo que el doctorado en la Anáhuac era en "coordinación" con la institución española.

El presunto plagio de tesis fue un escándalo de que el escritor Guillermo Sheridan lo reveló en diciembre, y cada vez aumenta más porque cada vez aparecen más pruebas documentales de irregularidades y falsedades en sus estudios. El repudio de la ministra, por lo que se considera una falta de ética al no haberse separado del cargo mientras concluía la investigación en la UNAM, ha calado en la sociedad.

Pero ¿fue el caso del plagio lo que tiró la confianza de la Corte de manera tan severa?, o fue consecuencia del impacto que han tenido los ataques del presidente contra el poder judicial. En cualquier caso, este espiral de percepciones negativas no van a parar.

El miércoles, el presidente criticó fuertemente al poder judicial y enfocó en la ministra Piña, al señalar que desde que llegó a la presidencia de la Corte en los primeros días de enero, se desató una serie de fallos de jueces a favor de presuntos delincuentes. Y ayer añadió otra piedra al costal de la Corte, al afirmar que "es indudable que existe mucha corrupción en el poder judicial". La generalización daña, y cuando se habla sin contexto o matices, la información que recibe la gente es parcial. En este caso, la pregunta sería por qué está presentando sus casos tan mal armados la Fiscalía General de la República, para que todo lo que persigue, no lo concrete en tribunales.

Las embestidas al poder judicial desde el poder seguirán disparando sus balas retóricas contra los ministros y aquellos jueces que resuelvan casos que no son del agrado del gobierno, que seguirán construyendo imágenes y percepciones negativas contra ellos, y excesos como los de la violencia de @VicaPonch, donde no se sabe en qué momento esa línea de pensamiento se traduce a acciones físicas. Tampoco se detendrá el deterioro en la Corte por la actitud de la ministra Esquivel, al no entenderse que no tiene ninguna provisión para poder separarla del cargo y ver cómo ella se niega a renunciar a costa de todo, incluso de la fama pública que dice que es la que quiere defender.

Son 2 caras en el corazón de la Suprema Corte, que en los últimos años ha adquirido de manera inopinada un alto protagonismo, que no la hace más fuerte, sino más vulnerable.

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados manifestaron su rechazo a la selección de los nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

A través de un comunicado, aseguraron que se vulneró el procedimiento y no se respetó la lista que ya existía de idoneidad que fue remitida a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

"Condenamos que con trucos se haya incluido en la boleta de votación a Rafael Luna, quien no figuraba entre los candidatos finalistas, pero sí entre los peor evaluados de los aspirantes, además de que no cuenta con la experiencia necesaria en la materia", denunciaron.

La bancada tricolor aseguró que "una vez más" se violan los procedimientos para imponer a personas que no cumplen con los requisitos establecidos para el proceso de elección, sin preparación ni conocimiento.

Por ese motivo, condenaron la designación que se realizó para el INAI y llamaron a Morena a no "simular", imponiendo perfiles que en vez de ayudar a que funcionen adecuadamente, puedan dar paso a la destrucción de nuestra institucionalidad.

Por mucho que se esfuerce en discutir, predicar a sus escuchas en la mañanera o tener arranques de prepotencia, su poder al igual que su sexenio ya van a la baja.

Es muy poco probable que su recién aprobado Plan B, en caso de que llegase a publicarlo, avance después de pasar por el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El modificar mucho o poco el Instituto Nacional Electoral ya es una batalla ociosa que él, en su afán de no querer reconocer que cada vez es menos su poder, no solo ya perdió sino que está teniendo un costo importante para su movimiento.

El solito se ha cazado una gran bronca con la clase media pretendiendo ignorar el poder que ese segmento tiene en los movimientos y decisiones que mueven a un país.

Ya desde la marcha de noviembre del año pasado descalificó el movimiento y se dedicó a "cocorear" a quienes ahí participaron.

¿Resultado?

La marcha del domingo pasado fue aun más multitudinaria, más nacional y más iracunda. Con mayor enojo, no tanto hacia sus decisiones a veces poco claras, sino en contra de su forma de gobernar; se ha vuelto el rey del desprecio y las burlas a quienes están en su contra.

Él ya está de salida y no le afecta lo que hoy piense la clase media, pero se le olvida que fue la clase harta de robos, trampas y cochupos de gobiernos del PAN y del PRI la que en la elección definitiva del 2018 lo llevó al poder. No fueron los sectores populares que él tanto dice defender porque ahí no se ganan elecciones.

Y esa clase media que gana elecciones ya no está más con él, ni lo estará.

Y la que debe estar francamente preocupada es la señora Sheinbaum, su heredera, porque las miradas de la clase media ya voltean hacia ella con el mismo recelo y desprecio que hacia López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador ya no puede decir que en su gobierno no hay masacres. Durante estos años, el presidente había evitado llamar así a los crímenes entre grupos delictivos, que son verdaderas masacres, pero en su discurso, la diferencia estribaba en que el gobierno no daba la orden de reprimir, no eran las fuerzas federales las que mataban. Hasta que lo hicieron de manera brutal y descarada en Nuevo Laredo la madrugada del domingo. Conforme pasan las horas, nos enteramos de que lo sucedido en la ciudad fronteriza no solo fue absurdo, sino brutal.

Nadie puede llamarse a engaño. Cuando se discutió en el congreso la ley que permitió la presencia de los militares en tareas de seguridad pública, decenas de organizaciones de la sociedad civil alzaron la voz para advertir que el riesgo era mayor, que sucedería eso que ya sucedió, que el camino no era el correcto. No los escucharon. Todos los partidos, todos, votaron a favor de la Guardia Nacional y de que el Ejército participara en labores de seguridad. Hoy, ninguno se hace cargo de las consecuencias.

Si hacemos lo mismo, los resultados serán los mismos, dice el axioma de la ciencia. Al igual que sus antecesores, Peña Nieto y Calderón, López Obrador puso la seguridad pública en manos de las fuerzas armadas y, ¡oh sorpresa!, regresaron las masacres. La única diferencia, no menor, está en el trato a las víctimas: ningún gobierno había sido tan displicente y falto de empatía con las víctimas, sean los muertos en el derrumbe del metro, los fallecidos por falta de atención médica o los periodistas y defensores de derechos humanos, como lo ha sido López Obrador. Y no es un asunto de ayer o de esta semana, es una política de Estado borrar a las víctimas, ignorarlas, minimizarlas, acallar su voz y de quien en principio debería representarlos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

¿Basta con que el general secretario, Luis Crescencio Sandoval, diga que se castigará a los culpables? No, cuando el propio Ejército tardó en reconocer el abuso de poder; no cuando desde los mandos intentaron minimizar el hecho; no mientras el presidente y el secretario no llamen a la masacre por su nombre.

Hay que subir el costo de lo sucedido al presidente y al Ejército. No para hacer grilla o propaganda, sino simplemente para que no vuelva a ocurrir. La brutalidad es directamente proporcional a la impunidad. Y no es solo la impunidad legal, que en este país ronda el 95%, sino la impunidad política y social.

Cuando vio que le querían quitar la candidatura de Morena al Gobierno de Coahuila, el senador Armando Guadiana supo mandar un mensaje diáfano a Palacio Nacional: me dan la candidatura o hago público el financiamiento -en maletas de millones de pesos en efectivo- que tanto yo como mi hermano le dimos a López Obrador en la campaña de 2018, por medio de su secretario particular, Alejandro Esquer, y la dirigente nacional del partido, Yeidckol Polevnsky. El "Ingeniero Guadiana", como le gusta que le digan, presume que hasta prestaba sus aviones privados para "volar" con las aportaciones en efectivo. Y aparentemente hay videos y fotos guardadas de esos vuelos. El favorito del presidente, Ricardo Mejía Berdeja, fue hecho a un lado. El candidato es Guadiana.

Así me lo revelan fuentes con acceso a información de 1er. nivel en Coahuila, donde ese año se elige gobernador. En octubre del año pasado le presenté un serial sobre la batalla campal por la candidatura de Morena en esa entidad. La llegada del entonces subsecretario de Seguridad Mejía Berdeja con el apoyo del presidente AMLO desbarató los cotos de poder de antaño. En el equipaje, Mejía llevó al estado un rosario de personajes impresentables. Pero por más apoyo que recibió, no le alcanzó.

De inicio, todo pintaba bien para el morenista Guadiana. En un arreglo que pasó por el Senado y Gobernación, los operadores electorales que estaban en el equipo de Mejía se pusieron la camiseta de Guadiana. Se alineó también Mario Delgado que traía bajo el brazo los padrones de beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal: son 350,000 personas (la elección anterior para gobernador la ganó el priista Miguel Riquelme con 483,000 votos).

Pero Ricardo Mejía Berdeja no se quedó quieto. Se fue al PT. El presidente se lo reprochó públicamente en una mañanera. ¿Fue escisión real o pleito arreglado? Hay rumores de que Mejía sería el ariete para pegarle al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD y luego decline por Guadiana, en una estrategia coordinada con Palacio Nacional.

El presidente le hizo un regalo a su hermano. Nos enteramos en 2021: 120 millones de pesos para la remodelación del estadio municipal donde jugaban las Guacamayas, el equipo de Pío López Obrador. A 2 años, el regalo salió más caro y no se puede usar.

Si este gobierno no puede hacer bien ni el estadio para el equipo de Pío, qué se puede esperar de lo demás: la refinería que no refina, el aeropuerto que no se usa, la rifa que no rifa nada, y un larguísimo etcétera. Anoche en el nuevo noticiero diario a mi cargo en Latinus, en un reportaje de Mario Gutiérrez Vega, le presentamos cómo está la nueva casa de las Guacamayas en Palenque, Chiapas: filtraciones de agua, fallas eléctricas, lámparas que no prenden, un sistema hidráulico deficiente, desniveles, errores de diseño en el terreno de juego, un campo minado para los beisbolistas. Por si fuera poco, el estadio no cuenta con puertas de acceso, lo que representa un problema de seguridad que impide organizar eventos masivos. Todo esto se incluye en un diagnóstico que ha hecho el Ayuntamiento de Palenque, que debería recibir oficialmente el estadio, pero que se niega, a pesar de ser encabezado por un partido aliado, el Verde. Ahí no se puede jugar ni un partido semiprofesional de beisbol.

Detrás del escándalo está la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que encabeza Román Meyer.

En su momento, cuando le preguntaron al presidente López Obrador sobre esta inversión en el estadio del equipo de su hermano, hizo lo de siempre: la justificó, y sobre la relación familiar dijo que nada tenía que ver: "Es una desproporción, es mala fe". Desproporcional el gasto, y mala fe el descuido. Los elefantes blancos se convierten en el sello de la 4T.

SACIAMORBOS

1.- Hoy se cumplen 188 días de que el presidente prometió que publicaría un escrito explicando a dónde se fue el cash que recibe su hermano Pío en los videos. No lo ha hecho.

2.- Otro montaje de AMLO. Ayer el presidente armó tremenda ceremonia en el AIFA para recibir el primer avión de carga que aterrizaba en su aeropuerto. Fue aterrizaje sólo para la foto. El director de DHL explicó que el avión llegó un día antes.

3.- Después de decirle espuria, pelele y títere a la presidenta de Perú, López Obrador exige que Estados Unidos no se entrometa en los asuntos internos mexicanos.

Las relaciones bilaterales de México y Estados Unidos se han tensado fuertemente en los 3 últimos días. Las relaciones con Perú están en el umbral de suspenderse o romperse. La prensa más influyente en el mundo está criticando el carácter autoritario del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de los programas de revista que ven más de 2 millones de personas cada noche en la Unión Americana se mofó cruelmente del presidente este lunes. Y quien debería estar buscando solución a la conflictividad diplomática que se vive o atajando la caricatura que se está haciendo de López Obrador en el mundo, se dedicará mejor a la zalamería.

La carrera por la sucesión presidencial está haciendo cometer desfiguros lamentables a Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores y considerado por muchos -como quien esto escribe- como el miembro del gabinete más sofisticado. Ayer, con motivo del anuncio anticipado de que la empresa Tesla hará una muy importante inversión en México, escribió en Twitter: "Felicito al Presidente López Obrador por la exitosa negociación con Tesla que garantiza gran inversión con cuidado del agua. Presencié su brillante y exitosa operación a favor de México". Era innecesaria la zalamería, máxime cuando en el quedabién no atiende las cosas importantes.

La inversión de Tesla es una derrota política para el presidente, no una victoria. La semana pasada vetó informalmente que la planta para fabricar autos eléctricos compactos, que representaría una inversión de más de 10,000 millones de dólares, se construyera en Santa Catarina, un municipio conurbado de Monterrey, por falta de agua, y ayer, 24 horas después de hablar en videoconferencia con Elon Musk, presidente de la empresa, reculó. López Obrador no logró que la nueva armadora se instalara en las inmediaciones del aeropuerto "Felipe Ángeles", o que se construyera en el sur del país.

Qué habló con Musk es un secreto. "Brillante" y "exitosa" operación a favor de México, como lo describió Ebrard es un exceso retórico y una mentira. Para Musk, era Monterrey o nada, y le urgía una definición para anunciarlo hoy en el Día del Inversionista en Austin. El presidente no negoció nada, sino que lo hicieron durante 14 meses sus colaboradores con el director de Políticas Públicas de Tesla, Rohan Patel, viejo conocido del equipo de Ebrard, al haber sido consejero del presidente Barack Obama en cambio climático.

Entretanto, ¿qué dejó de hacer el canciller?

1.- No expresó un extrañamiento al Departamento de Estado por 3 declaraciones en 2 días en apoyo al Instituto Nacional Electoral, cuya independencia apoya a "una democracia saludable", y oponerse, por consiguiente, al "Plan B" de López Obrador. El presidente afirmó ayer que el Departamento de Estado se está inmiscuyendo en los asuntos internos de México, deslindando del pronunciamiento al presidente Joe Biden, como si la cancillería estadounidense se manejara de manera autónoma a la Casa Blanca.

2.- No inició un control de daños con el gobierno peruano después de que López Obrador tildó a la presidenta Dina Boluarte de "títere" y "pelele" de los intereses oligarcas nacionales e internacionales, que quieren los recursos minerales de esa nación. El gobierno peruano no ha respondido los improperios, pero el principal periódico de ese país, El Comercio, publicó un editorial donde señala: "López hablador: el presidente de México diserta sobre la democracia, pero la socava en su país"”. Más insultante, el ex canciller Luis González Posada se lamentó que "los mexicanos tengan como Presidente a un imbécil".

3.- Hasta ahora, ha guardado mutis también sobre el programa de revista y sarcasmo "The Late Show", donde el muy popular Stephen Colbert en la cadena CBS se burló de López Obrador por haber publicado una fotografía de un ingeniero del Tren Maya, aparentemente de un aluxe, que son seres místicos, no reales, de la cosmogonía maya. Colbert provocó las risas al ubicar la declaración del presidente en el contexto de los seres místicos en la saga del Señor de los Anillos, sugiriendo que López Obrador había ingerido drogas alucinantes.

Ebrard no tenía en sus manos cómo frenar todo lo que ha salido, pero pudo operar de manera directa o a través de las embajadas una inconformidad, una carta de protesta (como habría sido el caso de la cadena CBS), o tender puentes de forma inmediata para evitar que un conflicto (como con Perú), escale más. No lo hizo, y tampoco se sabe que estén haciendo un trabajo con medios de comunicación internacionales, donde en los últimos días se ha caracterizado a López Obrador como un gobernante que está atacando la democracia, y al fijar la posición del gobierno mexicano, matizar las críticas.

El presidente está solo, sin amortiguadores, ni defensa. Ayer mismo reprochó a The Wall Street Journal su cobertura de la concentración del domingo por haber publicado en su primera plana de este lunes a 4 columnas una fotografía de la atiborrada plancha del Zócalo bajo la cabeza: "Manifestantes se visten de rosa en un choque contra el partido gobernante". López Obrador, en su simplificación conocida, alegó que "ese y otros periódicos protegen a las mafias económicas del mundo". No le explicaron a López Obrador que ese diario fue uno de decenas en el mundo que registraron la expresión de protesta contra el "Plan B" de manera similar, lo que sugiere no un complot global, sino que no hay instrucciones en el cuerpo diplomático para cabildear con medios internacionales la iniciativa electoral.

López Obrador sigue sumando agravios y dinamitando puentes. En México carece de un portero que evite que la polarización siga ensanchándose, y le ayude al presidente a distender la liga, como sería el caso del secretario de Gobernación, que en lugar de eso, la estira. Ebrard no anda de buscapleitos en el mundo, pero tampoco está deteniendo problemas al presidente. Parece estar más enfocado en la sucesión presidencial y en la política que en su trabajo diplomático, aderezando su actitud con frases melosas a su jefe, que le hacen perder respeto a su persona, lo degradan y lo hacen ver desesperado en busca de su gracia.

Las movilizaciones en defensa del INE del pasado domingo 26 de febrero se inscriben por derecho propio entre las movilizaciones sociales más importantes del presente siglo. Junto con las manifestaciones en decenas de ciudades del país y las plazas pletóricas de personas exigiendo que se frene la reforma electoral, también pasará a las páginas de la historia la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que minimizó y desacreditó con un argumento propio de su mañanera: "Siempre he dicho que se trata de un asunto político".

¡Claro que es política, Presidente!

Es política la voluntad de la gente que se manifestó en las grandes ciudades y en las pequeñas urbes. Porque repudian lo que están aprobando las mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.

Naturalmente es político el ejercicio de la libertad de manifestación, y es político también el ejercicio de la libertad de expresión.

Y obviamente, entre los cientos de miles de manifestantes hubo militantes de partidos políticos. Pero cuando el presidente López Obrador condena desde su púlpito en Palacio Nacional la actividad de militantes de partidos, debiera también condenar lo que hacen sus compañeros de partido, los de Morena.

Olvida algo elemental: también existe en la Constitución que tanto ha querido reformar, el derecho de libertad de asociación... y no cometen delito ni son menos ciudadanos ni atropellan creencias morales quienes deciden registrarse y militar en un partido político.

¡Claro que es política! ¿Y cuál es el problema, cuál es la falta?

El presidente del país y sus numerosos aliados insisten sin ningún freno ético (cuando menos), en descartar y reducir a quienes no están de acuerdo con esa reforma electoral, con el "Plan B". Conservadores, adversarios, manipulados por las élites, opositores a la transformación y muchos más calificativos. El mandatario del país incluso aseguró que las manifestaciones fueron motivadas y manipuladas por los grupos aliados con el crimen organizado.

Esas y muchas otras descalificaciones seguirán escuchándose en los días que vienen, hasta que se organice en marzo (faltaba más) otra movilización que pretenda responder a la concentración ciudadana del domingo.

Lo paradójico del caso es que en el discurso de descalificación, vuelven a postular la idea de que hay mexicanos de primera (los que están de acuerdo con el presidente y lo que él dice que es la "transformación" del país) y los de segunda: los conservadores, los que están contra los pobres, los que pretenden "saquear" al país.

Lamentablemente, el discurso presidencial ha caído en un pozo profundo donde sólo hay más pretextos de confrontación y donde está dilapidando lo poco que queda de la autoridad moral y la legitimidad que le dieron los mexicanos en la elección de 2018... que organizó el INE.

Sostengo la hipótesis de que las manifestaciones del 13 de noviembre de 2022, también para defender al INE y el andamiaje electoral del país, obligaron e impulsaron a los diputados que dudaban, a rechazar la reforma electoral a la Constitución, lo que dio pie al "Plan B".

Las movilizaciones del 26 de febrero enviaron, esta vez, un mensaje potente y claro a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: deben impedir que entre en vigor el "Plan B" de la reforma electoral.

Es más potente la exigencia ciudadana y más legítima también. No importa que el presidente desde la mañanera les diga "corruptazos" y los tilde de "traidores a la Patria".

En una conferencia a la que se invitó a sí mismo, Paco Ignacio Taibo II habló de mí en forma ofensiva, que es como suele hablar de todo aquel que critica a su señor, el presidente López. Al referirse a mi persona dijo: "He oído pensamientos conservadores de un tipo como Catón, que anda ahí escondido en los editoriales de Reforma dedicado al bombardeo de la 4T". ¿Escondido? Se equivoca. Mal lugar para esconderse sería este periódico, que llega a cientos de miles de lectores cada día. En otros muchos periódicos escribo, de toda la República, y en ellos, y en las conferencias que imparto a todo lo largo y ancho del país, doy la cara, a pesar de los riesgos que en la actualidad conlleva el ejercicio del periodismo independiente, y señalo con claridad y sin reservas los yerros, abusos e ilegalidades del régimen al cual sirve en forma incondicional el señor Taibo. Él, a juicio de muchos, ha degradado el buen nombre del Fondo de Cultura Económica, otrora dirigido por ilustres personajes alejados de obsoletos dogmatismos ideológicos y abiertos a todas las corrientes del pensamiento. Me tacha Taibo II de conservador, uno de los sonsonetes de su patrón. Lejos estoy de serlo. Conservador el propio Taibo, anclado en doctrinas ya caducas. Por el contrario, el relato de la historia mexicana que en mis libros hago se aparta radicalmente de la versión oficialista, tradicional y gobiernista de la historiografía nacional, versión favorable al interés de los Estados Unidos, enemiga del hispanismo y fincada en un nacionalismo ramplón y chabacano. Extrañamente, pese a su origen personal y a su rancio izquierdismo, Taibo II se adhiere a esa narrativa pro yanqui y antiespañola que nos fue impuesta en los textos escolares del pasado. Conservadores son los que mantienen dicha versión, maniquea, mentirosa y deformada de nuestra historia. ¿Que bombardeo a la 4T? Me halaga que Taibo piense que mis artículos son una bomba. Si hacer la crítica de ese régimen es bombardearlo, seguiré el bombardeo, pues considero, al igual que los incontables mexicanos y mexicanas que marcharon este pasado domingo, que la mal llamada 4a. Transformación ha hecho y sigue haciendo grave daño a México. Únicamente lo niegan quienes viven de ella y medran a su sombra. Dice Taibo II que dije: "No se puede ignorar que Porfirio Díaz modernizó este país". Quizá no lo escribí con esas palabras, pero reafirmo cada una de ellas. Pregunta el mismo Taibo "Este güey ¿dónde leyó la historia?". Abstracción hecha del calificativo, la leí en documentos y testimonios de la época, los cuales prueban lo innegable: que Díaz pacificó a una nación que luego de muchos años de continuas guerras y asonadas conoció al fin los beneficios de la paz, del progreso y de la modernidad. En ese tiempo, México gozó de prestigio internacional, a diferencia de lo que en la actualidad sucede. Los errores de don Porfirio, gravísimos algunos, fueron propios de su tiempo; sus aciertos fueron los de un mexicano excepcional que prefirió dejar su cargo antes que ver a México bañado en sangre, pues él se había enemistado con los norteamericanos y supo que éstos apoyarían al movimiento en su contra. Tuvo entonces el supremo patriotismo de la renunciación, mérito que no le ha reconocido aquella falsa versión de nuestra historia, y marchó a un destierro digno. Ciertamente modernizó a México, aunque lo desconozcan quienes forman parte del grupo que está haciendo que nuestro país dé la espalda a la modernidad en todos los órdenes, sobre todo en lo político y lo económico. En fin, le agradezco a Taibo II sus vilipendios. Espero que a los denuestos que esta vez me dedicó añada otros. Es un honor ser injuriado por un empleado de López Obrador.

Como se esperaba, en su rueda de prensa mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador no se movió un ápice de su discurso descalificatorio de los miles de ciudadanos y ciudadanas que participaron el domingo pasado en todo el país y en ciudades del extranjero en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Esa actitud de cerrazón recuerda y lo pone en una postura similar a la que asumió en su momento el presidente Carlos Salinas de Gortari, otro de sus villanos favoritos por ser el mayor impulsor del neoliberalismo al que atribuye todos los males del país, y cuya animadversión sólo se ha visto opacada por la que ha mostrado contra el ex presidente Felipe Calderón, al que acusa de haber permitido un narcoestado luego del juicio condenatorio contra su ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna (con cuya culpabilidad, la 4T, quiso burda, pero fallidamente, desvirtuar la causa de una marcha que unió a opositores pero también a miles de ciudadanos sin afiliación partidista).

Me refiero al clásico "Ni los veo, ni los oigo" que acuñó Salinas de Gortari y que expresó la prepotencia, insensibilidad y repudio a la crítica con la que cerró su sexenio.

Ayer, AMLO lanzó la versión 4T de aquel dislate salinista al no sólo minimizar la que muchos consideran ya la más grande movilización ciudadana de la historia del país, y tachar a los participantes de ser defensores de la corrupción, del conservadurismo y de las oligarquías, sino de llegar al extremo del sarcasmo con el mal chiste que en la manifestación en defensa del voto libre en el Zócalo de la Ciudad de México se incrementó el robo de carteras por tanto delincuente "de cuello blanco" que había participado.

Si aquel desprecio salinista a la crítica de la oposición se atribuyó a su pragmatismo a ultranza para cumplir su discurso modernizador ignorando la grandes brechas sociales y de pobreza del país, ahora, podemos decir que el afán polarizador de López Obrador para mantener su confesa estrategia política para mantener el poder a costa de los pobres, lo está haciéndose mostrar como quien no ve ni escucha a otros actores de la sociedad que ven en riesgo la consolidación democrática del país.

La burla presidencial a la expresión ciudadana del 26F sólo se puede explicar al cálculo del gobierno de la autollamada 4a. transformación de que su guerra contra el INE, y el golpe mortal que le quieren dar con el conocido como el "Plan B", ha unido como ninguna otra causa o yerro político del actual sexenio a la oposición con liderazgos emergentes de la sociedad civil, y lejos de rectificar, han decidido doblar la apuesta por el discurso de enfrentamiento entre ricos y pobres. Una decisión de alto riesgo, que se les podría revertir y costarnos mucho como país.

A nadie deben sorprender los insultos y mentiras del presidente Andrés Manuel López Obrador contra algunas de las figuras más visibles que participaron en la concentración que desbordó este domingo la Plaza de la Constitución. A nadie debe extrañarle que ese tipo de desafío lo desestabiliza, porque no es novedad su inestable madurez emocional. Lo que es diferente es que hoy es el Jefe del ejecutivo, y que con sus enojos incontenibles estimula la violencia retórica, se lastima a sí mismo, a la investidura presidencial, y alimenta la percepción de que es narcisista y autócrata.

La mañanera de este lunes es un botón de muestra. Dedicó 37 minutos a la concentración en el Zócalo durante los cuales profirió, en un cálculo estimado, 45 insultos y mentiras flagrantes, distorsionando episodios políticos y contradiciéndose para mantener su discurso de odio. ¿Por qué está enojado el presidente?, se preguntarán algunos. En realidad está furibundo desde que Morena perdió la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, su bastión, y que en las elecciones nacionales de 2021 su partido obtuvo unos 2 millones de votos menos que los que alcanzó la oposición.

Todos los días agrega pinceladas a su cada vez más inevitable retrato de autoritario cuando reacciona con sevicia retórica a quienes no participen en el culto a su personalidad ni bailen al ritmo de su tambor. No importa si es un asunto local o internacional. Acomoda la realidad a su pensamiento, aunque se quede solo en el mundo defendiendo posiciones que emanan de su cosmovisión tropical. Lo que mejor refleja esa personalidad fue su reacción ayer al retiro definitivo del embajador de Perú en México, porque, acusó Lima, violó el principio de la no injerencia en los asuntos internos al apoyar al destituido presidente Pedro Castillo.

En sus propias palabras, de acuerdo con la transcripción de la mañanera de la presidencia, López Obrador dijo: "Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo, y luego establecer de facto un gobierno autoritario, represor, y nosotros no coincidimos con eso".

"Además, molesta mucho que todos callan. Está como esto que vimos (se refería a la concentración del domingo), que son muy hipócritas, gritan como pregoneros, ¿no?, cuando les conviene, y callan como momias cuando no les conviene; entonces, la prensa mundial, los periódicos más famosos del mundo, la OEA en el caso de América, la ONU, las organizaciones de derechos humanos, nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú, nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú: el gas, los recursos mineros. Y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo, y un congreso también, como lo padecimos aquí nosotros durante más de 30 años, que todas las reformas a la Constitución que se hicieron fue para favorecer a una minoría rapaz y entregarles los bienes públicos, los bienes de la nación a empresas nacionales y extranjeras, todo el proceso de privatización; es lo mismo. En el caso nuestro, en 36 años ninguna reforma a la Constitución se llevó a cabo para beneficiar al pueblo raso, todas las reformas fueron para ajustar el marco jurídico al propósito de saquear a México. Entonces, es algo parecido lo que está sucediendo en el Perú. Entonces, molesta, indigna, es una gran injusticia, no se puede uno quedar callado, y lo vamos a seguir haciendo".

¿Cómo se traduce esto? Que la presidenta Dina Boluarte es una pelele de las oligarquías, que el congreso, la Suprema Corte y las fuerzas armadas se unieron todas contra Castillo para permitir el saqueo de los recursos naturales de Perú, contando con el silencio universal, una especie de conspiración global que involucró a las organizaciones multilaterales internacionales, las defensoras de los derechos humanos y los medios más prestigiados. Es decir, el mundo se alineó contra Castillo y él, López Obrador, es el único que se ha dado cuenta.

No se ría. La lectura que hace el presidente de México no debe causar hilaridad sino preocupación y alarma. De manera creciente López Obrador reinterpreta las cosas y las cuenta a su manera. Ayer dijo que José Woldenberg, que fue el consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral que organizó la elección que resultó en la primera alternancia en la Presidencia, había sido una especie de instrumento del régimen para facilitar un gatopardismo. Pero minutos después, reconoció la alternancia y dijo que Vicente Fox la había traicionado. ¿Con qué parte de su interpretación nos quedamos?

Da exactamente igual, porque la verdad no rige su pensamiento, sino el cómo acomoda las cosas en su beneficio, como cuando dijo que las elecciones presidenciales de 2012 fueron fraudulentas porque hubo dinero en la campaña de Enrique Peña Nieto que inyectó la constructora brasileña Odebrecht. Esa historia la contó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en colusión con el fiscal general Alejandro Gertz Manero, como una de las condiciones para que recuperara su libertad. Ni ha salido libre Lozoya, ni es verdad lo que dijo. Odebrecht señaló ante fiscales de verdad en Brasil y Washington que a la única campaña que inyectaron dinero (500,000 pesos) fue a la de Javier Duarte para la gubernatura de Veracruz.

Las mentiras, la tergiversación de hechos, la reinterpretación de las cosas con fines propagandísticos está en el ADN de López Obrador, que no dejará de repetir las mismas falsedades, ni dejar de insultar, ni de violar la ley para enfrentar a todo ese conglomerado trasnacional corrupto que no tiene su visión y claridad sobre lo que pasa y por qué pasa. A muchos les parecerá muy afortunado tener un presidente como él, a otros les empezarán a causar lástima sus limitaciones, aunque se enoje, siga enojado y busque quiénes le paguen la incomprensión que debe sentir entre sus compatriotas y en el mundo.

Primero, se captura al réferi. Después, se marginan a los jugadores contrarios. Finalmente, se reescriben las reglas del juego para obtener ventaja. Son los 3 pasos que los políticos aspirantes a autoritarios utilizan para consolidar el poder, de acuerdo al libro "Cómo mueren las democracias" de los politólogos de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Eso es lo que han hecho líderes populistas en Hungría, Venezuela, Polonia y Nicaragua. Y eso es precisamente lo que se quiere hacer en México. El llamado Plan-B del presidente pretende capturar al réferi electoral al reducir la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) en un 85%, marginar a los jugadores al nombrar a los representantes de casilla 48 horas antes de la elección, y reescribir las reglas del juego al permitir la libre promoción de los funcionarios públicos y el uso irrestricto de propaganda gubernamental.

La hipocresía no puede ser mayor. Ante una competida elección presidencial en 2006, la intervención del entonces presidente Vicente Fox y ciertas cúpulas empresariales, y la errónea creencia de fraude, los partidos políticos consensuaron una amplia reforma electoral en 2007–2008 para satisfacer las exigencias del candidato perdedor Andrés Manuel López Obrador. Con el fin de hacer más equitativas las elecciones, se aprobaron 3 puntos medulares: la regulación de los espacios de radio y televisión, la restricción de propaganda gubernamental, y un claro calendario electoral. Ahora que han llegado al poder, aprueban un Plan B que va en contra de todo lo que predicaron en el pasado.

Ante el lamentable estado de la oposición, entra la sociedad civil organizada. En la Ciudad de México al menos, la marcha del pasado domingo 26 de febrero estuvo compuesta por la clase media y alta mexicana, las cuales entraron masivamente por las antiguas calles de 5 de mayo y 16 de septiembre, las mismas calles por las que ingresaron Agustín de Iturbide al consumar la Independencia, Benito Juárez al restaurar la república, y Francisco I. Madero al vencer en la Revolución. Desafiaron al presidente de la república en un lenguaje primitivo que él conoce bien: la toma del espacio. El jurista y exministro José Ramón Cossío, ante decenas de miles, le dijo a la Corte: "...no avalen una reforma electoral inconstitucional e inmoral".

El autoritarismo se ha cristalizado. Estamos ante una coyuntura crítica en la vida política nacional. Y, como pocas veces, el país necesita de sus ciudadanos: "miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes", dice la Real Academia Española (RAE).

La afluencia fue, otra vez, apabullante. Cientos de miles de personas asistieron a defender la democracia, y otro tanto llenó plazas públicas en un centenar de ciudades de México y el mundo.

Si el 13 de noviembre nos manifestamos para evitar un cambio constitucional que pusiese en riesgo la democracia, este 26 de febrero lo hicimos para detener los cambios legales, obviamente inconstitucionales, que el gobierno impulsó cuando fue detenido la primera vez.

En otras palabras, los ciudadanos hicimos lo que el presidente debería hacer, según su protesta al acceder al cargo: cumplir y hacer cumplir la Constitución, no promover leyes inconstitucionales para dar vuelta a la carta magna.

Como decíamos cuando la marcha del 13N, esa movilización tuvo sentido porque antes de ella ocurrió la elección intermedia, el 6 de junio de 2021, y la ciudadanía asistió y decidió quitar la mayoría calificada a la coalición presidencial. Desde entonces, el congreso le ha negado al ejecutivo reformas constitucionales, y el presidente ha reaccionado impulsando leyes que violan la Constitución.

No puede haber evidencia más clara del desprecio que tiene López Obrador por las leyes, y el ansia infinita de poder que lo acompaña.

El plan B, como se ha dado en llamar a este paquete de leyes violatorias de la Constitución, me parece que será detenido por el Poder Judicial.

Querrán entonces tomar control del Consejo General del INE, con la elección de 3 consejeros, más la consejera presidenta.

Después, buscarán quitarle recursos en el presupuesto de 2024, pero para entonces es muy probable que López Obrador ya no tenga suficiente poder.

Con todo, se negará a aceptar su derrota (porque es él quien va a la elección, aunque lo haga por interpósita persona). Tendremos un grave conflicto poselectoral, insisto, como el de Estados Unidos o Brasil, y veremos entonces qué ocurre.

A cada paso, se hace necesaria la participación de la ciudadanía.

Para frenar el plan A, para frenar el plan B, y ya muy pronto, para construir la opción alternativa con la cual derrotar en 2024 la restauración autoritaria promovida por López Obrador.

Es esa movilización ciudadana la verdadera oposición, pero para convertirse en opción electoral requiere de los partidos políticos.

Conectar ambos mecanismos, eliminar las creencias en 3as. vías y cerrar el paso a protagonismos inútiles requerirá atención constante.

Se trata de detener la restauración, primero, y después será el momento de la reconciliación y la reconstrucción.

No podemos flaquear, serán 20 meses muy intensos.

José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llamó a los integrantes del máximo tribunal del país a considerar las irregularidades de los procesos legislativos que se dieron durante la aprobación del llamado "Plan B" electoral.

Desde el Zócalo capitalino, durante la concentración por la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que las y los ministros están siendo sujetos de presiones desde el ejecutivo, pero apeló al "talante democrático" de los juristas para reconocer que "el 'Plan B' tiene un serio potencial invalidatorio".

"Sabemos de las dificultades que su trabajo implica y de las presiones que están siendo sometidos por parte de quienes pretenden apoderarse del sistema electoral mexicano. Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades de los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio, y que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los órganos electorales violan los principios de equidad y certeza", declaró.

El ministro en retiro dijo que frente a la posibilidad de que el "Plan B" sea invalidado, "desde hace días se han incrementado las críticas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Frente a miles de manifestantes en favor del INE, la periodista Beatriz Pagés señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe echar el 'Plan B' de la Reforma Electoral "al basurero de la historia", porque es inconstitucional e inmoral.

"Manden al basurero de la historia el 'Plan B', no avalen una Reforma Electoral inconstitucional e inmoral", expresó entre aplausos y gritos de los presentes.

La también ex diputada subrayó que no deben permitir "un crimen de Estado en contra de la democracia; de una reforma electoral maquinada para despedazar al INE y facilitar la ruta a una dictadura electoral. El 'Plan B', un fraude anunciado, advirtió la oradora".

Los ciudadanos abarrotaron las plazas públicas de decenas de ciudades en todo el país e incluso en algunos puntos del extranjero.

Como aquel 12 de noviembre del año pasado, se hizo manifiesto el rechazo masivo a las reformas legales que buscan desmantelar las instituciones sobre las que se construyó la democracia en México.

Las grandes concentraciones del día de ayer son también una advertencia del enorme enojo que podría darse si se impide, a través de presiones, que la Corte y el Poder Judicial cumplan su función de contrapeso e impidan que se apliquen leyes que son claramente anticonstitucionales.

Lo expresado por uno de los 2 oradores en la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, el ministro en retiro, José Ramón Cossío fue claro: hay confianza en el talante democrático de la mayoría de los ministros y ministras que integran la Corte.

Los partidos políticos han quedado minimizados y diluidos frente a esta expresión.

Estas grandes concentraciones son también una respuesta a la pregunta de por qué el presidente López Obrador se ha obstinado en estas reformas que pretenden "destazar" al INE.

La razón es que sabe que hay amplios sectores de la sociedad que están en disposición de salir a las calles para asegurarse que nuestra democracia no se convierta en autocracia.

Por eso se busca un árbitro debilitado y parcial.

Un ejemplo de los riesgos de la autocracia lo estamos viendo en el caso de Tesla.

El capricho presidencial puede conducir a que no se realice en México una de las más importantes inversiones de toda la historia, al advertir que, si insiste en establecerse en Nuevo León, se negarán los permisos que dependen de la federación.

Los tiempos de la empresa que encabeza Elon Musk no son los del presidente de la república.

Ha trascendido que, si tan pronto como en los próximos días no hay luz verde para el proyecto en Nuevo León, Tesla optará por irse a Indonesia.

Si eso ocurre, la incertidumbre y la desconfianza podrían frenar la ola de inversiones que el neashoring está empujando a México.

Este es el tipo de consecuencias que se presentan si se insiste en que en México solo cuente la decisión del presidente de la república.

La competencia electoral equitativa que condujo a la alternancia en el poder ejecutivo, en decenas de gubernaturas y en miles de alcaldías, está en riesgo.

Existe el riesgo de regresar a los viejos tiempos del autoritarismo y presidencialismo imperial, esos que parecían olvidados para siempre.

No se trata de diferencias ideológicas entre fuerzas políticas.

Se trata ni más ni menos de la permanencia de la democracia electoral en México tal y como la hemos conocido en los últimos 30 años.

Tiene razón el presidente de la república cuando señala que estos son tiempos de definiciones.

Si hoy no se defiende al INE, al voto, y en esta coyuntura, con especial relieve, a la independencia del Poder Judicial, se estará por la autocracia en el país.

Aquel fresco 13 de noviembre pasado, cuando miles tapizaron de rosa Paseo de la Reforma, la avenida Juárez y las calles que conectan al Zócalo en defensa del Instituto Nacional Electoral, que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere reconstruir en un órgano bajo su control para 2024, no fue un momento de efervescencia efímera. Ayer se demostró.

Decenas de miles de mexicanos respondieron a los ataques e insultos del presidente, que llevó a cabo un bombardeo sistemático contra la concentración en defensa del INE, con una participación ciudadana y política que desbordó el Zócalo, que se equiparó a las manifestaciones de quien creía que las calles eran suyas, con un mensaje que sintetizó la periodista Beatriz Pagés, una de las oradoras en el mitin: "Hombres y mujeres de conciencia libre no tenemos miedo a los desplazamientos autoritarios que intentan acallarnos".

Ayer pasó la sociedad mexicana que cree en la democracia a un siguiente nivel, y en su decidido respaldo al órgano electoral, se le pusieron enfrente al presidente. Durante más de un mes López Obrador intimidó y estigmatizó con analogías mentirosas, difamaciones y una lengua soez propia de un porro de barrio, no del jefe del ejecutivo, seguido por su corte que llegó a excesos como los del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien llamó "desfachatados" a quienes fueron a la concentración.

La marcha del 13 de noviembre y el mitin de ayer tuvieron una causa, pero el alcance es mayor. Lo que está en juego, con el símbolo del INE, es la elección de un sistema democrático o uno autoritario, que son 2 visiones excluyentes. O se apuesta por una democracia liberal, donde florezcan el Estado de Derecho, los contrapesos, los órganos autónomos y las libertades, o se apuesta por una democracia iliberal donde nada de esto sobreviva al poder centralizado del hombre que ocupa la Presidencia de la República, y que antes de entregar la banda presidencial -si la entrega-, quiere destruir el andamiaje electoral de lo que paradójicamente le permitió alcanzar el poder.

Sí es un choque por el país que se desea, no en la caricatura reduccionista del discurso presidencial de la confrontación entre conservadores y liberales, sino porque la aniquilación del INE tal y como lo conocemos, eliminará del paisaje nacional las elecciones justas, libres, auténticas y competidas, aniquilará el respeto a las minorías y de la población más desfavorecida, al tiempo que estimulará, legal y legítimamente, aunque sea una contradicción, la participación electoral de quienes viven fuera de ella, los cárteles de la droga, que podrán repetir las movilizaciones y las tácticas inhibitorias que hicieron en las elecciones de 2021 a favor de Morena.

López Obrador ha dicho que hay una pugna política por el destino de la nación, lo que es cierto, pero no en los términos de la lucha de ricos y pobres, como es su discurso tramposamente binario, porque sus políticas han perjudicado a los pobres más que a cualquier otro sector de la población, sino contra la restauración de un régimen autoritario que se comenzó a desmontar a finales de los 70 y que casi medio siglo después, sin haber consolidado una democracia, se quiere restablecer. Su discurso, que sigue teniendo eco en una parte de la población que no es menor electoralmente, pero no en muchos más.

Ya no hay miedo en la sociedad civil, y su protesta ha sido escuchada en otras partes del mundo. La semana pasada hubo expresiones de preocupación en el Capitolio por el "Plan B", y en un editorial institucional este lunes, el influyente Financial Times señaló que el ataque al órgano electoral refleja lo que otros populistas en el continente, como Donald Trump y Jair Bolsonaro intentaron, y no puede permitirse. "Es el momento para que los aliados y amigos de México hablen", apuntó. "La Unión Europea debe encontrar su voz, pero más importante son los Estados Unidos… ¿Cómo puede ser su socio y amigo un país con una creciente intolerancia a la oposición política y a una sociedad libre y abierta?".

Todo esto no basta, si la oposición no está a la altura. Este domingo se sumaron a la concentración los líderes de la oposición, sin buscar protagonismos e incluso movilizando militantes, pero todos saben que pese al éxito logrado, no deja de ser un esfuerzo de alcance limitado si la energía que muestra la ciudadanía no se traduce en organización política-electoral y una candidatura de oposición que cohesione.

Quizás es muy prematuro y optimista sostener, como dijeron varios políticos y activistas, que las agresiones de López Obrador obedecen a que sabe perdidas las elecciones. Los ataques del presidente probablemente obedecen a otro tipo de miedo, más inmediato, que es que la oposición realmente construya un frente amplio contra él y Morena en las elecciones estatales de este año y en las presidenciales de 2024, y vayan unidos a las urnas sin traiciones internas.

López Obrador tiene un voto duro de 14 millones de votos, que se transferirán a quien decida sea su sucesora o sucesor, que sólo serán suficientes si la oposición llega partida. Si suman todos sus votos la oposición en una sola candidatura, será una elección competida pese a la asimetría de los recursos que se inyectarán. No hay comparación en ellos, si se tomaran como referencias la marcha del 13 de noviembre y la concentración de ayer, con la contramarcha de López Obrador el 27 de noviembre.

Aquel berrinche presidencial contra la defensa del INE en noviembre pasado, se tradujo en una gran marcha cuyo combustible lo aportaron los gobernadores morenistas con millones de pesos para movilizar gente con un pago y comida gratis, en mil autobuses prestados por un magnate camionero. Lo alcanzado por la sociedad sin esos recursos entonces y ahora, lejos de desmerecer, es un mensaje a la oposición: hay músculo ciudadano, pero se requiere una oposición que, hasta hoy, no está a la altura de una sociedad que ya le dijo basta al presidente.

"A la primera manifestación de 100,000 personas... a Palenque, Chiapas -y haciendo una señal con la mano de que se iba-, ni siquiera espero la revocación de mandato. Ahí nos vemos, porque tengo principios e ideales", esto dijo el presidente López Obrador el 29 de septiembre de 2020, cuando hablaba en su conferencia mañanera de las protestas que se vivieron en el país durante las marchas a favor de la despenalizacion del aborto.

Esta frase cae -parafraseando al inquilino de Palacio- "como anillo al dedo", por aquello de las concentraciones en las principales ciudades del país que ayer se vivieron en apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE) y en contra del 'Plan B' electoral.

Que no se malinterprete, no se recomienda -atendiendo a su promesa- que el presidente se vaya por las multitudinarias manifestaciones que ayer se tuvieron a lo largo y ancho de México, además de en algunas capitales en el mundo -Madrid, Washington, Londres, París, Ginebra, etc.- , pero sí que sirva como referencia de que son más de 100,000 -solo los que coparon el Zócalo capitalino, que tiene una capacidad oficial de 161,548 personas- los que no están de acuerdo con el proyecto de cercenar al INE, cuando está demostrado que funciona muy bien y que con ello se garantiza comicios electorales transparentes, legales y que además garantizan la democracia.

No señor presidente, usted -como lo señala la Constitución- debe terminar su periodo y entonces sí, váyase a su rancho de memorable y acertado nombre que tiene en Palenque -'La Chingada'-, pero antes tiene que cumplir con sus responsabilidades a las que se comprometió cuando se le impuso la banda presidencial. Pero mientras tanto, dese cuenta que un gran sector de la población que piensa y razona en Mexico, no está de acuerdo en mutilar a la institución electoral mediante la cual usted -como oposición- le dio la oportunidad de llegar a la Presidencia de la República. Además, no se vaya a confundir que no fueron muchos los que salieron a manifestarse ayer. Fueron muchísimos y ojo, los que fueron lo hicieron por iniciativa propia, preocupados por el futuro de México. No hubo necesidad de estacionar decenas de autobuses de transporte -en alrededores de Palacio Nacional- como en los mítines cuando usted convoca y encabeza para asegurar que tenga quórum; tampoco se ofrecieron lonches o tortas, ni incentivos económicos para asistir. Fueron los ciudadanos movidos por una inquietud y preocupación de que nuestra democracia no se mutile.

De una cosa sí estamos seguros, que los ciudadanos inteligentes y con sentido común se pronunciaron en contra de sus intenciones en el organismo electoral, que están confiados en las resoluciones que sobre el tema habrá de emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que al final de cuentas cada quien quedara en su lugar, prevaleciendo la certeza de que la justicia se pronunciará por la continuidad de la democracia.

El desprecio desde el poder a los ciudadanos que llegarían a la concentración de ayer en defensa de la democracia fue impresionante. El presidente López Obrador, quien hizo de las marchas su instrumento de promoción política, descalificó groseramente a quienes se dieron cita en el Zócalo este 26 de febrero para protestar por los cambios en el sistema electoral. Van a venir a "manifestarse en contra de nosotros, a apoyar la corrupción, a Calderón, a García Luna, a Fox... Para eso es esa manifestación, para defender al viejo régimen corrupto... Vienen a decir 'el INE no se toca', pero también 'García Luna no se toca'".

El presidente instruyó a su séquito que multiplicara sus palabras de intolerancia. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, se refirió a quienes se manifestarían como "esos trasnochados". "Como no quieren que se hable de la culpabilidad de Genaro García Luna y de la responsabilidad de Felipe Calderón y sus ligas con el crimen organizado, pues ya se inventaron una marcha, que creo es mañana". Claudia Sheinbaum repitió la línea: "Sería muy bueno que quien hablara ahí en el Zócalo hablara de la guerra contra el narco, de García Luna, de por qué no va a venir Calderón a la marcha... Yo digo que la marcha del domingo, es el domingo, ¿no?, se llama marcha para volver al pasado de privilegios".

En el mitin por la democracia, en cambio, la periodista Beatriz Pagés dijo: "Se utilizó al INE y se utilizó la democracia para llegar al poder y hoy quieren matarlo para impedir la alternancia y no lo vamos a permitir". José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte, declaró: "Hasta ahora los ministros solo han escuchado las palabras ofensivas del presidente y de sus seguidores. Quienes estamos aquí queremos hablarles con otro lenguaje, con el lenguaje de la confianza y el respeto que corresponde a los demócratas... Queremos decirles... que confiamos en ellos, en su talante democrático".

El mundo se ha dado cuenta del intento del gobierno mexicano por regresar a un sistema autoritario. Un editorial del Financial Times acusó al "populista presidente mexicano... de tratar de hacer retroceder al país" al sistema del viejo PRI que Mario Vargas Llosa calificó como la "dictadura perfecta". "Los ataques de López Obrador contra el sistema democrático reflejan los de otros populistas del continente americano, como Donald Trump y Jair Bolsonaro". El consejo editorial del diario pidió a la Unión Europea y a Estados Unidos hablar en contra de este retroceso: "El gobierno de Biden ha denunciado de manera loablemente robusta el creciente autoritarismo en Centroamérica, pero se ha mantenido curiosamente silencioso ante el mismo fenómeno en su aliado latinoamericano más importante. Esto debe cambiar. ¿Cómo puede haber friendshoring a un país que se está volviendo intolerante de la oposición política y de una sociedad libre y abierta?

El gobierno mandó poner vallas frente a Palacio Nacional y no quiso izar la bandera en el Zócalo. La concentración, sin embargo, fue absolutamente pacífica. La democracia que tenemos desde la creación del IFE, que ha permitido por primera vez la alternancia pacífica de partidos en el poder, nos ha vuelto tolerantes. Pero tenemos un gobierno que aspira a regresar a los tiempos del partido único e insiste en llamar corruptos y traidores a quienes defienden la democracia.

PLAGIO

El plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel es innegable; el de la tesis de doctorado demuestra que es una plagiaria consuetudinaria. Su abogado dice que quizá haya algunas "omisiones en las citas" o "errores en su redacción", "pero jamás una forma de plagio". El cotejo de las páginas dice otra cosa. La ministra, sin embargo, no renunciará por dignidad; el presidente necesita sus votos en la Corte.

Una sabia sentencia popular afirma que no hay peor sordo que el que no quiere oír. A esa categoría pertenece López Obrador, que no escucha otra voz más que la suya. Desdeñará, obviamente, los reclamos que en contra de su Plan B le hicieron ayer los ciudadanos en todo el país, y tendrá para ellos sus acostumbrados adjetivos: conservadores, fifís, neoliberales. Hará después su contramarcha -la anuncia para el día 18 del mes próximo-, pueril forma de respuesta, por no decir de venganza, con la cual hará más ancha aún la brecha que lo separa de los mexicanos libres y conscientes y ahondará la división que existe entre su régimen y la sociedad civil. Y es que no tenemos presidente, sino caudillo; no tenemos mandatario, sino autócrata; no tenemos gobernante preocupado por el bien común, sino político cuya única mira es el poder y cuya sola voluntad es retenerlo para sí. La necesidad de poner límite a ese poder se ha vuelto imperativa si no queremos que nuestro país caiga en una dictadura. Decir eso no es exageración: ya hemos visto cómo instituciones que antes eran autónomas han sido aniquiladas y convertidas en meros apéndices de ese régimen absolutista que ni siquiera es de partido, como lo fue en el tiempo de la dominación priista, sino que ahora es unipersonal. Nuestra esperanza, la esperanza de un México libre, democrático y plural, reside ahora en la Suprema Corte de Justicia. Sus ministros y ministras, más allá del origen de su nombramiento, han de responder a un solo interés: el bien nacional. Prestarse a ser instrumentos del monarca, obedecer sus consignas, condonar sus ilegalidades, sería hacer traición no sólo a su investidura, sino a la Nación misma, y los expondría a estar en el basurero de la Historia, a donde seguramente llegará la mal llamada 4a. Transformación, que tantos daños, y tan grandes, le ha hecho y le sigue haciendo a este país. Vengan, pues, los denuestos de López Obrador. A fuerza de repetidos ya suenan a hueco. Venga su contramarcha: sabemos -y él mismo lo sabe- que es farsa, convite en su inmensa mayoría de acarreados a quienes la pobreza obliga a obedecer a sus pastores. Las ciudadanas y ciudadanos democráticos, cada día mejor organizados, cada día más participativos, más críticos y vigilantes, seguirán oponiendo su libertad al autoritarismo de AMLO, y defenderán la democracia frente al intento de hacer de México el feudo de un solo hombre. 8 ministros y ministras se requieren para frenar el nefasto, ilegítimo Plan B con el que López anularía al Instituto Nacional Electoral y se haría dueño de los procesos electorales del país. La unanimidad para detener esa iniciativa anticonstitucional sería la mejor noticia que podríamos recibir. En la Suprema Corte se finca ahora la salvación de México.

La marcha es lo que te tiene en el borde de tu desquiciamiento, por lo cual sacaste el cobre y te presentas como lo que verdaderamente eres: un grosero.

Ya dijiste que los que estén a favor de la corrupción marchen el domingo, pues los que van son "los que quieren que continúe el régimen en el que todos los intereses cuentan menos el del pueblo", que no se diga que les importa la democracia, que todo está manipulado por un grupo de corruptos del conservadurismo que no quieren que cambien las cosas.

¿Que los que estén a favor de la marcha no son pueblo?, o ¿a cuál pueblo te refieres?, al que tú comandas y manipulas y cree todavía en todas tus mentiras o en el que ya abrió los ojos y está luchando por México, por defender las instituciones que todavía tenemos, o quieres seguir dividiendo al país en 2 bandos, el de los conservadores malos y el de tu pueblo bueno.

Ya vimos cómo nulificaste a la CNDH y ahora quieres convertir al INE en algo peor y para lograr tu mentada transformación puedes decir cualquier barbaridad, pero no te pases de listo, recuerda que eres el presidente de todos los mexicanos y no el "bullyador" del recreo de tu infancia, por lo que cuando insultes, recuerda la investidura que tienes y que eres el hombre más poderoso del país y que tienes micrófonos y cámaras frente a ti, que no podrían seguirte el paso en tus insultos si no los tuvieran, como vimos el otro día que soltaste un récord de insultos en un segundo llamando a los que irían a la marcha en defensa del INE "rateros, racistas, deshonestos, hipócritas, ladinos y simuladores", qué capacidad de insulto tienes, pero vemos que la confrontación es tu estrategia política.

Ya no nos digas: "No me salgan con que la ley es la ley", pues sí y es lo que juraste al tomar tu investidura de presidente, cumplir y hacer cumplir la Constitución, la cual vemos que ya no te importó y buscas la manera de acabar con ella, como todo un gandalla, haciendo valer tu mayoría simple por medio de leyes secundarias como es tu famoso "Plan B".

Andrés, estás tratando de poner fin a un compromiso que adquirió el pueblo de México al confiar en nuestras autoridades electorales por más de 30 años en los que existe el pluripartidismo y la democracia que hemos logrado, que sí puede ser perfeccionada, pero con tu intento de reforma al INE, pondrías en riesgo a México y a nuestra democracia en las elecciones del 2024, las cuales con tu plan serían menos libres y menos justas, lo que sólo lograrías hacer daño a la legitimidad del gobierno de nuestro país y abrirías aún más el espacio para que los cárteles criminales afirmen su poder.

México contigo está enfrentando muy duras pruebas, pero si se logra sortearlas se pudiera abrir un espacio para el progreso del país y no caer en el autoritarismo, recuerda que llegaste al poder por una decepción de los mexicanos en los partidos que nos gobernaban y que no cumplieron con las expectativas esperadas, las cuales tú tampoco lo estás logrando y cada día el pueblo se decepciona más de ti y tu movimiento, ya que llegaste con grandes promesas y a la fecha no vemos los resultados.

Los demócratas mexicanos están luchando por defender las instituciones logradas a la fecha y sus ideales.

Esperamos que la marcha del día de hoy sea un éxito y abra más ojos y nos una más a los mexicanos en lugar de dividirnos y así hacerte ver que lo que queremos es un México unido, con sus instituciones y sus leyes.

Apenas ayer hablábamos de los análisis periodísticos de principio de semana que en medios internacionales -The Atlantic y El País- exhiben y critican al presidente Lopez Obrador sobre sus políticas internas -la reforma al sistema electoral- y externas , calificándolo de "errático y autoritario" y los riesgos que para México se pueden provocar, entre jueves y viernes otros 2 diarios de reconocido prestigio, The New York Times y The New York Post, lo 'revientan' en el mismo tono, señalando que sus reformas al sistema electoral "dan un golpe a la institución que supervisa las elecciones", además de ser "un intento de debilitar al pilar clave de la democracia en México", estableciendo que "los cambios disminuirán al organismo electoral, su autonomía y su capacidad de descalificar a los candidatos que quebrantes las leyes", público el Times, mientras que el Post sentencia que "En una descarnada jugada para usurpar más poder, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador está neutralizando al Instituto Nacional Electoral de su país y básicamente ha cerrando la puerta a la celebración a unas elecciones remotamente libres o justas", dice el artículo editorial.

The New York Times dice que "desde que perdió las elecciones presidenciales en 2006 por menos del 1% de los votos, López Obrador ha sostenido en repetidas ocasiones, sin aportar pruebas, que el instituto ha perpetrado en realidad fraude electoral, una afirmación que se asemeja a las teorías de conspiración de fraude electoral propagadas en Estados Unidos y Brasil".

En lo anterior coincide Luis Carlos Ugalde, quien fuera en el 2006 presidente del -aquel entonces- Instituto Federal Electoral (IFE), quien en una entrevista el jueves por la tarde dijo, "El resentimiento y su retórica de AMLO por la narrativa que hace del fraude del 2006 y 2012, y que no ha demostrado, eso lo ha machacado; que hay enemigos históricos de la democracia como INE, Calderón, los conservadores, los medios, y en el obradorismo existe la idea de que el INE es parte de ese conspiración".

El ex funcionario del IFE señala que los ajustes en el sistema electoral, en caso de llevarse a cabo, se corren severos riesgos, porque "en la redacción de la propuesta se percibe que hay intención de causar caos". Y pronóstica, que "si la elección es competitiva -en el 2024- como yo creo que va a ser, en lugar de que el INE de certeza en los resultados, el INE se convertirá en parte del problema, ese es el tema de fondo. Entonces estamos construyendo las condiciones de un conflicto político e incluso constitucional".

Y para el inquilino de Palacio Nacional, a pesar de que los medios y analistas internacionales -sin intereses políticos en México- empiezan a manifestar sus puntos de vista y a mencionar los 'nubarrones de tormenta' que se avecinan, esas observaciones 'le hacen lo que viento a Juárez'. Y si no, 'para muestra un botón', ya que la concentración "El INE no se toca" programada para mañana en varias ciudades del país, le han dado pie para mofarse, como lo hiciera el jueves en la mañanera cuando al referirse al tema 'cantó' parte de la canción "Agárrense de las manos" de Jose Luis Rodriguez "El Puma", diciendo que "el domingo ahi estaran agarrados de las manos Fox con ¿como se llama el del PRI?, Alejandro Moreno, (Miguel Angel Osorio) Chong, Claudia Ruiz Massiew, Jose Woldenberg, Aguilar Camin, (Enrique) Krause, Marko Cortés, (Carlos) Loret de Mola, etcétera, ahí todos, agarraditos de la mano...'agárrense de las manos'", terminó cantando.

Llueven las críticas y es un diluvio de advertencias sobre los riesgos a la democracia con los cambios al sistema electoral, pero para quien vive y vegeta cínicamente en Palacio Nacional, en lugar de escuchar, analizar y posiblemente rectificar, todo es motivo de mofa, burla y cachondeo.

El falso discurso de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en torno al proceso y sentencia del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su reciente interés en que este personaje inculpe al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, se cae a pedazos con el simple hecho de que él mismo tuvo la oportunidad de meter a ambos a la cárcel y no lo hizo. Ni con el pétalo de una rosa los tocó.

AMLO se interesó a tal grado en el juicio de García Luna que cualquiera pensaría que habría deseado que se le juzgara y sentenciara bajo su administración. Pero la realidad es que no movió un dedo para hacerlo, dado que la 1a. denuncia en contra del ex funcionario se presentó en México cuando Genaro ya llevaba 2 años en una prisión estadounidense esperando porque iniciara su juicio que debió retrasarse infinidad de ocasiones debido a la pandemia.

López llegó a criticar durante sus conferencias mañaneras que, según su óptica, los medios mexicanos no estaban dando la debida cobertura al proceso y que la gente no estaba interesada en seguir el juicio. Sin embargo lo hizo con tan mal tino que un día después, cuando los mexicanos ya “regañados” encendieron la televisión para ver las noticias, el nombre que apareció fue el suyo, cuando el abogado defensor cuestionaba a un testigo si Andrés Manuel López Obrador había recibido 7 millones de dólares para su campaña.

Ahí se enfureció y amagó con demandar al abogado César de Castro, quien en todo caso lo único que hizo fue cuestionar a un testigo sobre una aseveración que ya había hecho otro declarante.

Después de que 12 miembros del jurado consideraron de manera unánime que el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, era culpable de todos los cargos que se le imputaron en Estados Unidos, Andrés Manuel encontró un nicho mucho más confortable desde el cual regodearse, criticar, vituperar, señalar, y emitir juicios de valor en contra del propio García Luna, a quien ahora le pide se convierta en testigo protegido para que declare que Calderón estaba enterado de todas sus fechorías y sea también procesado.

Aunado a lo anterior, en la mañanera del jueves, se jactó de que si hubiésemos estado en el gobierno de Anaya o de Meade, García Luna no habría sido juzgado. La posición de López es tan patética, que alguien tendría que recordarle que ni él ni su gobierno tienen algún mérito en ello puesto que fue la justicia de Estados Unidos la que desarrolló todo el trabajo. El gobierno mexicano no aportó un solo documento, ni una prueba ni un testigo, inclusive, algunos de los delincuentes que fueron llamados a declarar habían sido detenidos en el gobierno de Calderón.

En su falsa narrativa, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado confundir a la población afirmando que la manifestación convocada para este domingo 26 de febrero es para defender a Genaro García Luna, a Felipe Calderón, y al panismo.

"Los que van a participar vienen a eso o ¿ustedes creen que vienen por la ley electoral? No, vienen a decir 'El INE no se toca' pero también 'García Luna no se toca' y en el fondo es 'El régimen corrupto y conservador no se toca', para eso es", dijo.

Ha afirmado también que todos los que van a participar en el plantón en el Zócalo de la Ciudad de México y en más de 80 ciudades del país son corruptos.

Es tal el miedo que siente el presidente por la multitudinaria concentración que se registrará el domingo, que no muestra ningún pudor o algún recato en afirmar toda una serie de mentiras y falsedades en su narrativa, algo que ciertamente no sorprende si recordamos que le han contabilizado alrededor de 100,000 mentiras tan solo en sus conferencias matutinas.

Es evidente que busca engañar a quienes todavía no tienen muy claros los objetivos del plantón.

AMLO busca destruir al INE, mutilarlo, ahorcarlo, arrebatarle sus funciones, y está en cada uno de los mexicanos el poder ponerle un alto.

¿Por qué y de qué hay que defender al Instituto Nacional Electoral (INE)? La pregunta no es retórica. No son pocos los mexicanos que consideran que el INE es una institución obesa y que representa como ninguna a la burocracia dorada de este país. Una imagen, por cierto, construida desde la crítica a un sistema electoral sobrerregulado, hecho a capricho de los partidos y que reforma a reforma, sexenio tras sexenio, se fue alejando de los ciudadanos. Sobre esa crítica, el presidente López Obrador, uno de los principales causantes de la sobrerregulación electoral y por tanto del crecimiento desmedido del instituto, se lanzó con todo y mandó al político matancero de Bucareli, Adán Augusto López, a destazar a la institución electoral.

Las instituciones del Estado siempre serán mejorables y la razón principal para estar en contra y protestar contra el famoso "Plan B" es que esta reforma no mejora a la institución, ni siquiera abarata la vida democrática del país, pues lo que hace es enviar las funciones del INE a otros organismos gubernamentales.

Con todos sus defectos, el INE, como organismo autónomo del Estado, será por definición más imparcial que el gobierno. Vamos a conceder que el INE está "tomado por los partidos", así en plural; el gobierno es siempre de un solo partido. Así pues, aunque el INE sea todo lo malo que dicen que es, será siempre más confiable que cualquier gobierno en turno. Morena dice que no confía en el INE como organizador de elecciones, a pesar de que todo lo que han ganado, que es mucho en los últimos años, lo han hecho de la mano de estas autoridades electorales. La pregunta es por qué deberíamos de desear que un gobierno, del partido que sea, tenga más injerencia en la organización de las elecciones.

Una razón, si se quiere más pragmática, es que el INE es más eficiente que cualquier institución del gobierno federal. Y para argumentarlo baste un ejemplo. Intente usted sacar el pasaporte y la credencial de elector. Son trámites muy similares que implican autentificar la identidad y emitir un documento con elementos de seguridad. El 1o. es gratuito (es parte del presupuesto que destinamos al INE), el pasaporte cuesta 3,780 pesos por la misma vigencia que la credencial de elector (10 años). Aun así, conseguir una cita para sacar el pasaporte en esta administración puede llevar un año; una cita para obtener o renovar el INE tarda menos de una semana. Lo único seguro es que una mayor participación del gobierno en la organización de elecciones las hará menos confiables y más ineficientes.

La razón de fondo es mucho más sencilla. Cualquier reforma electoral que nace desde arriba, cuyo origen es el poder que busca mantenerse en el poder y no los ciudadanos o el consenso de los partidos, es por definición regresiva, es una reforma que busca inhibir y no favorecer la alternancia en el poder, base de todo sistema democrático.

Por estas razones, y muchas otras que cada quien pueda tener y compartir, el 26 de febrero a las 11 de la mañana, a la calle otra vez.

La ministra Yasmín Esquivel, quien es acusada de plagiar su tesis de licenciatura en 1987 cuando estudiaba en la UNAM, habría hecho lo mismo con el trabajo con el que se convirtió en doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac, de acuerdo con una investigación elaborada por el diario español El País publicada este viernes.

En el trabajo, periodistas corroboraron que 209 de las 456 páginas del texto escrito por ella, titulado "Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa", cuentan con partes íntegras de publicaciones de otros 12 autores. 2 de los autorres plagiados incluso confirmaron a El País que se trata de una copia, esto luego de revisar "las pruebas a ciegas" sin que antes les dijeran que era la tesis de la ministra.

José Manuel Rodríguez Uribes, quien fue ministro de Cultura y Deporte de España, afirmó en entrevista con El País que la jurista no citó su texto "Rousseau y los derechos humanos", el cual se publicó en "Historia de los derechos fundamentales" (Dykinson, 1998). Según la investigación, el plagio corresponde al 46.5% de lo escrito por Esquivel en su tesis de doctorado.

"En el caso de mi capítulo, lo he reconocido inmediatamente, es una reproducción textual, literal, de páginas y páginas. Ella no pone comillas, por lo tanto es un plagio de libro, lo que ha hecho es un corta y pega. Es evidente que lo que ha hecho es copiar directamente. Lo he visto enseguida. No es una cuestión sutil. Lo ha hecho de una manera muy burda", afirmó José Manuel Rodríguez.

El periódico solicitó una entrevista con Yasmín Esquivel; sin embargo, no obtuvo respuesta; mientras que el director del proyecto, José Antonio Núñez, también se abstuvo a dar alguna declaración.

Quizá sea falso testimonio decir que Ricardo Monreal entregó su aprobación al infame Plan B de López Obrador a cambio de una ilusoria candidatura al Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, las evidencias operan en su contra. Lo cierto es que el zacatecano nos decepcionó a quienes supusimos que en él encontraría un valladar la desatentada pretensión del caudillo de la 4T de reducir el Instituto Nacional Electoral a la categoría de instrumento a su servicio. Más de una vez aplaudí la que parecía postura independiente de Monreal ante las ilegalidades de AMLO. Ahora veo con tristeza cómo se allana a los dictados del autócrata y favorece sus designios. Todo indica que puso su futuro político por encima del bien nacional. El visto bueno que el Senado dio al plan antidemocrático de López no puede explicarse más que por la vía de una negociación politiquera. La extraña visita que Monreal hizo a Sheinbaum en sus oficinas da pábulo a muchas especulaciones. La claudicación de la cámara alta, hoy tan baja, en una hora crucial para México nos deja sólo una esperanza: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es ilusoria esa esperanza. Al frente del máximo organismo judicial se halla una ministra, Norma Piña, que a diferencia de su obsecuente antecesor ha mostrado querer preservar la dignidad, autonomía e integridad de la Corte frente a la prepotencia de un ejecutivo que ningún respeto siente por la ley y que manda al diablo las instituciones. En manos de las ministras y ministros de la Corte está ahora el futuro de México, no sólo como república democrática, sino también como país libre. El Plan B de López Obrador tiende a burlar la Constitución por medio de añagazas leguleyas. Los preceptos de la carta magna, empero, han de estar sobre los caprichos de un gobernante autoritario que pretende hacer de esta nación su propiedad privada y que tiende a establecer un maximato del cual tardaríamos mucho tiempo en liberarnos. Para evitar ese gran mal es necesaria la existencia de un órgano electoral confiable, que es el INE. Por ningún motivo debemos volver a aquel aciago tiempo cuando el Estado hacía las elecciones y cometía fraudes a los que daba el nombre de "patrióticos", o dejaba caer el sistema cuando las cosas se le ponían mal. En las ministras y ministros de la Corte, y en nosotros, las ciudadanas y ciudadanos, está cifrado el porvenir de México, y por tanto el de nuestros hijos y nietos. Asistamos el próximo domingo a las manifestaciones que se harán en defensa del INE y de la democracia. Nosotros no claudicamos ni claudicaremos en la lucha para salvar a México de caer en una dictadura que nos amenaza ya.

El presidente dice que quiere proteger la democracia de los fraudes electorales del INE: "Es una reforma electoral para que haya democracia". Decide olvidar que los fraudes electorales terminaron cuando Gobernación dejó de organizar elecciones y la responsabilidad la asumió el IFE primero y el INE después.

Afirma también que quiere reducir los costos. Pero había muchas formas de bajarlos sin volver inoperante al INE. El financiamiento público de los partidos es un ejemplo. En este 2023, un año sin elecciones federales y con solo 2 estatales, los partidos recibirán 5,936 millones de pesos del erario. Es un monto que se puede recortar de manera drástica sin afectar la democracia.

El presidente se queja de que los consejeros electorales ganan más que él, una vez que él mismo se recortó el sueldo al inicio de su gobierno. Un consejero tiene, efectivamente, una remuneración mensual bruta de 262,634 pesos, pero en realidad debería ser mayor porque la Constitución estableció, al crear el IFE, que los consejeros tuvieran una remuneración igual a la de los ministros de la Corte. Desde hace años, sin embargo, los sueldos de los consejeros han estado congelados, mientras que los de los ministros han subido. Al presidente, quien tiene en 2023 un sueldo bruto mensual de 174,026 pesos, sin contar sus gastos en Palacio Nacional, le preocupan los sueldos de los consejeros, pero no los de los ministros, lo cual sugiere que los sueldos no son más que un pretexto.

El peor daño que pretenden las nuevas leyes secundarias es el desmantelamiento de la Secretaría Ejecutiva y el servicio profesional electoral. Parecería que el presidente quiere que el INE fracase en la organización de las elecciones, que no pueda asegurar el cumplimiento de las garantías que hemos tenido hasta ahora. Preocupa también la reducción de sanciones, lo que permitirá que quienes violen las reglas de financiación o usen recursos públicos para propósitos electorales no puedan ser castigados con la cancelación de la candidatura. Es la cláusula Félix Salgado Macedonio.

La verdadera estrategia para regresar a los tiempos del partido hegemónico, sin embargo, es llenar el Consejo General del INE de consejeros favorables a Morena. "No vamos a suplicar la construcción de una mayoría constitucional", dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a los diputados de Morena el 30 de enero. "Así que el que la suerte o la insaculación diga que va a ser, pues esos van a ser". El gobierno ha empezado por llenar de morenistas el comité de evaluación que elegirá a los candidatos para consejeros. Su objetivo es que todos favorezcan a Morena. La ley dice que los consejeros deben ser electos por una mayoría de 2 terceras partes de los diputados, pero ya Adán Augusto ordenó que los morenistas no busquen acuerdos con la oposición. Si los legisladores opositores no aceptan a los candidatos de Morena, habrá una insaculación entre los candidatos previamente elegidos por el partido en el poder. Es como si en un torneo de futbol solo se permitiera la actuación de árbitros favorables al equipo más rico.

Lo peor es que el presidente no necesita cambiar las reglas para asegurar el triunfo de Morena en 2024. Con un consejo imparcial, y reglas equitativas, ganó la elección presidencial de 2018, y obtuvo mayorías legislativas en 2018 y 2021. Es un cambio injusto de reglas, pero además innecesario.

Como se esperaba, la mayoría morenista y sus aliados en el Senado de la República aprobaron finalmente ayer las reformas electorales conocidas como el "Plan B" que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a fines del año pasado, luego de que no logró la mayoría calificada para hacer una reforma constitucional que eliminaría al actual Instituto Nacional Electoral (INE).

En la aprobación de ayer quedó fuera la controvertida cláusula de la "vida eterna" que había propuesto el Partido Verde para que los partidos mayoritarios aliados les pudieran regalar votos para garantizar su registro, que violaba el respeto al voto de los ciudadanos, y que ya había sido eliminada desde el 15 de diciembre pasado en la Cámara de Diputados.

En el "Plan B", sin embargo, persiste el claro afán oficial de desmantelar el INE en busca de restarle capacidades de operación, y así debilitar la independencia y autonomía del árbitro electoral. Entre otras cosas, ordena reducir 85% el servicio profesional del INE, baja el número de vocalías, consejos distritales, quita prestaciones y permite nombrar representantes de partido de última hora. Una reforma regresiva, por donde se le vea, y que atenta contra los avances que en materia democrática se han logrado en el país luego de muchos años de lucha contra los tiempos autoritarios del PRI a los que AMLO y Morena parecen querer volver.

Además de la 2a. jornada de marchas ciudadanas a la que se ha convocado en todo el país para defender al INE y al voto libre el próximo domingo, una vez que el "Plan B" sea publicado en el Diario Oficial de la Federación vendrá toda una lluvia de amparos, de trabajadores del INE y de ciudadanos en general inconformes con esa nueva ley, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De hecho esta semana ya el ministro Alberto Pérez Dayán aceptó 7 acciones de inconstitucionalidad interpuestas por partidos políticos opositores, el INE, y diputados y senadores en lo individual, y suspendió la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social en las elecciones locales de este año en el Estado de México y en Coahuila. Además, a la Corte han llegado ya otras 47 acciones de inconstitucionalidad y más de 30 controversias contra el "Plan B" de ayuntamientos no gobernados por Morena de una decena de entidades.

Desde luego, el gobierno de la 4T no se quedará de brazos cruzados ante estas inconformidades y hará lo propio para presionar a las y los ministros de la Corte para que no se logren los 8 votos necesarios para rechazar el "Plan B". Ayer, de entrada, la Consejería Jurídica de la Presidencia anunció que impugnará la suspensión que otorgó Pérez Dayán por considerarla una "determinación arbitraria e ilegal".

Así los rayos y centellas que se ven venir en la cruzada por el INE.

En la misma semana, uno de los empresarios favoritos del obradorato recibió 2 noticias totalmente opuestas: el gobierno le dio la razón en un asunto y lo vincularon a proceso en la cárcel por otro.

Cuando inició el sexenio, el presidente López Obrador anunció la creación del Banco del Bienestar y otorgó el negocio de los cajeros automáticos para las sucursales a los controvertidos empresarios Carlos Cabal Peniche y Alejandro Del Valle. Éstos contrataron a una empresa coreana, Hyosung. Hasta sentaron al presidente del Consejo de Hyosung con López Obrador en Palacio Nacional. Fue un fiasco... como todo el proyecto del Banco del Bienestar. Lleva 3 directores, ha costado 50,000 millones de pesos y de las 2,700 sucursales que prometieron, dicen que van a la mitad pero han presentado fallas y se han tenido que montar en el Banco del Ejército.

El gobierno canceló los contratos de los cajeros automáticos coreanos. El asunto se empantanó y AMLO salió con la única solución que se le ocurre siempre: le encargó el proyecto al Ejército. La Secretaría de la Defensa compró entonces cajeros automáticos chinos... que no funcionaban en México porque no eran compatibles los sistemas de seguridad. Cancelaron el contrato de compra.

¿Qué terminó haciendo el Ejército? Re-comprando los cajeros coreanos de Hyosung. 2,700 cajeros por 1,100 millones de pesos, en números redondos. Muy lejos de la meta original que era instalar un cajero en cada uno de los 10,000 "centros integradores". Ahora va a ser prácticamente un cajero por municipio, es decir, 5 veces menos de lo planeado. De esta manera, se esfumó el ideal de que los cajeros fueran instalados en comunidades alejadas donde los bancos comerciales no llegaban. Viendo en qué terminó el asunto, quizá le hubiera salido más barato al obradorato negociar con bancos privados para que les cobraran menores comisiones a cambio de usar sus sucursales y cajeros. Porque lo que están haciendo es mucho menos y muchos años más tarde. Y claro, sin Cabal Peniche ni Del Valle. De hecho, ambos terminaron perseguidos por la justicia. A Del Valle lo vincularon a proceso en la cárcel, el viernes.

Es previsible que AMLO trate de "garcíalunizar" la política mexicana: desde la marcha del domingo hasta la sucesión presidencial, tratará de convencer al público de que todo aquel que lo critique o se le oponga es cómplice del condenado en Brooklyn.

¿Cuál es el límite para este sacar jugo político del juicio? Para López Obrador debe estar muy claro:

1o., no fue su gobierno el que persiguió, detuvo, encarceló y sentenció a García Luna. Fue Estados Unidos. De hecho, García Luna en México no tenía ningún expediente abierto cuando fue detenido en diciembre de 2019, y eso que López Obrador ya llevaba un año en el poder. No sólo eso: la primera orden de aprehensión contra García Luna en México se obtuvo más de 2 años después de que ya estaba en una cárcel americana.

2o., en el marcador del juicio de Brooklyn, AMLO está empatado con Calderón. Una mención cada uno de ellos. Primero se dijo que Calderón había dado la orden de proteger al cártel de Sinaloa vía su entonces secretario de Seguridad Pública. Luego se soltó que "El Rey" Zambada había declarado a los fiscales haber dado 7 millones de dólares al movimiento político de AMLO, vía su entonces subsecretario de Seguridad Pública.

Es claro que Estados Unidos está encontrando en México -concretamente en la narrativa de la narcopolítica mexicana- la ruta para despresurizar el enojo de su electorado por las 100,000 muertes anuales que genera el fentanilo que mayoritariamente les llega de nuestro país: primero fue "El Chapo", luego Cienfuegos, ahora García Luna. ¿Quién sigue? El obradorato no debería estar tan optimista. No cuando el nombre de su máximo líder ha sido manoseado en esos 3 juicios.

Ayer se cumplió el 3er. aniversario de la huelga en la agencia de noticias del Estado Notimex. La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea, aseguró que se les adeudan 60 millones de pesos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya sentenció a las movilizaciones que se efectuarán no únicamente en la capital de Jalisco, sino también en otras 35 ciudades del país cuando menos.

El mandatario aseguró que estas movilizaciones han sido convocadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), y que están respaldadas por los "intelectuales orgánicos" y se trata, en suma, de un "striptease político".

Es una forma muy clara, fácilmente entendible, de vulgarizar y disminuir una movilización.

Como siempre, el presidente se dirige a las huestes de sus simpatizantes. Es parte de la guerra electoral que se avecina, primero en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, y después en la gran cita de 2024.

Lo que deja entendido el presidente del país, sin decirlo, es que en este momento sólo se pueden considerar válidos los movimientos sociales que convoque el partido Morena, fundado por él y principal pilar de su gobierno.

Hay que aclarar, aunque no quiera considerarlo la parte de la población que apoya sin restricciones al gobierno lopezobradorista, que a pesar de la presencia de militantes de partidos políticos, la movilización del domingo 26 tiene valor por sí misma y puede generar resultados sorprendentes.

Como ejemplo está la 1a. convocatoria, en noviembre del año pasado, que al ser respondida por miles en diferentes puntos del país, prácticamente provocó la cancelación de la reforma electoral, de carácter constitucional, que había pedido el presidente mismo, y no debe olvidarse que él mismo bautizó como "Plan B" la versión disminuida de su propuesta.

Luego entonces, la manifestación sí puede causar cambios inmediatos y no es sólo un "desnudo" público de militantes de otros partidos políticos.

Un tema importante también para considerar: que participen en la movilización algunos o muchos miembros de partidos políticos, no significa que la causa se invalide.

Aunque los intereses son varios y se confrontan, la intención de los muchos o pocos que se movilicen para exigir que no desaparezca la estructura electoral que se ha construido durante más de 30 años, sigue siendo sólida e impacta en Palacio Nacional.

¿Importa que sean muchos los manifestantes? Naturalmente, si las manifestaciones son abundantes, la señal que envíen será más potente.

Pero quizá lo más importante ahora es que se sostengan y soporten las descalificaciones que llegan desde la mañanera y desde los diferentes liderazgos de Morena.

La democracia brinda la oportunidad de manifestarse. Las condenas públicas le dan valor al ejercicio de este derecho.

El miércoles pasado el presidente López Obrador hizo por 8a. ocasión en su gobierno exactamente el mismo anuncio: el próximo año habrá internet sin fines de lucro en todo el territorio nacional. La 1a. vez que lo hizo fue en septiembre de 2019. Conforme avanzaron los meses y el proyecto fue fracasando y costando más, le meta se fue posponiendo: originalmente el "internet para todos" estaría listo en 2020, y ya va en finales de 2024.

Ese día, en la conferencia mañanera, quedó claro que la ambición del proyecto también se ha ido encogiendo con el paso del tiempo: de prometer que llegaría a 300,000 pequeñas comunidades del país -para que las zonas más alejadas y pobres de México tuvieran conectividad- ahora se instalará en puras cabeceras municipales. Me pregunto si no hubiera sido más barato subcontratar a Telmex o a Totalplay para que abrieran sus redes (entre ambas tienen como 90% de cobertura en el país) y sólo pagarles por eso. Quizá ya estaría funcionando.

Como en muchos proyectos del obradorato, saldrá más caro el caldo que las albóndigas: la administración federal ha tenido que rescatar con cosa de 3,000 millones de pesos a la empresa privada a la que encargó el "internet para todos" porque fracasó. Ese dinero se suma a los 7,000 millones de pesos que ya el gobierno de Peña Nieto había invertido en la misma empresa para el mismo objetivo de brindar "internet para todos" (los priistas le llamaron "red compartida", pero en el fondo es igual). Desde Felipe Calderón se intentó la misma idea, así que el proyecto obradorista de "internet para todos" es la versión chiquita, mal hecha y más cara de lo que no pudieron cristalizar sus 2 antecesores.

López Obrador tuvo que rescatar a la empresa encargada de "internet para todos" porque en ese proyecto invirtió dinero de las Afores, es decir, apostó los ahorros de los trabajadores mexicanos y no puede permitirse políticamente que se esfumen esos recursos. En estas Historias de Reportero he denunciado cómo ha ido creciendo este engaño, esta trampa, en varias columnas desde el año 2021: "AMLO apostó dinero del pueblo... y lo perdió", "Comedia de enredos: la 4T y una empresa consentida", entre otras).

Por si fuera poco, el presidente presumió con bombo y platillo que la CFE realizará un tendido de fibra óptica de 32 kilómetros. ¿32 kilómetros? ¡No es nada! Es el mismo cuento de los números que suenan a mucho y son realmente poco. Apenas la semana pasada tuvimos otra muestra: se anunció que el AIFA en 6 meses absorbería el 45% de la carga que maneja el AICM. 100,000 toneladas de carga cada año, se presumió con grandilocuencia. Cuando uno hace números, eso equivale a... 6 vuelos diarios. O sea, nada. La explicación es sencilla: el grueso de la carga que llega a nuestro país vía aérea, se transporta en la "panza" de los aviones de pasajeros, y de esos, ninguno se va a ir al AIFA, sino sólo la mitad de los que traen 100% carga.

Un gobierno de cuentistas, pues.

A días de que el Comité de Ética de la UNAM dé a conocer su dictamen sobre quién plagió a quién la tesis de licenciatura, la ministra Yasmín Esquivel cometió un error político al ampararse para impedir que la universidad hablara públicamente del proceso. Esto, aunque sus voceros oficiosos traten de matizarlo, es un acto de censura que al mismo tiempo actúa como búmeran, porque la hace ver como culpable del delito. Esquivel quisiera que nadie hablara de este caso porque afecta su reputación, pero con lo que hizo, ella mismo le dio el tiro de gracia a su honra.

Desde que el académico y escritor Guillermo Sheridan reveló en diciembre que Esquivel había plagiado la tesis de Édgar Ulises Báez Gutiérrez, la opinión pública y la publicada no dudaron en ningún momento de su culpabilidad. No era un caso juzgado, ni tampoco claro, pero ella no supo hacer un control de daños. Incluso las inconsistencias y mentiras en las que incurrió Báez Gutiérrez -como el que nadie había hablado con él y que en efecto había tomado algunas ideas del trabajo de la ministra para su tesis, que presentó un año antes que la ministra-, no fueron suficientes para cambiar la percepción.

Buscar un amparo para que la UNAM calle sobre el caso en manos del Comité de Ética, sólo amplió la idea negativa sobre ella al hacerla parecer como culpable. La ministra lo niega. Se amparó, afirma, porque la actuación del Comité de Ética es ilegal y arbitraria, resolución que este miércoles se determinará si es definitivo. Se dice inocente de la acusación de plagio, pero fue criticada por no actuar con ética institucional y retirarse de la Suprema Corte de Justicia mientras se deslindaban responsabilidades. No pidió licencia, sostiene, porque nunca ha cometido una conducta irregular o una falta de ética.

Entre más trata de salir del pantano, la percepción es que más se hunde. No han ayudado tampoco las ambigüedades del presidente Andrés Manuel López Obrador, producto de las contradicciones entre su manejo público y privado, y la creencia de que los señalamientos a Esquivel son ataques contra él. Empero, desde diciembre López Obrador consultó a varios miembros de la Suprema Corte para analizar posibles vías para que Esquivel fuera hecha de lado, lo cual no era posible porque no existe ninguna disposición prevista para este tipo de irregularidad. Mientras eso sucedía, el presidente la defendía en público y criticaba a la UNAM.

Las auscultaciones sobre cómo deshacerse de la ministra, que se estaba convirtiendo en un problema para el presidente, continuaron. Hasta principios de febrero, cuando menos, seguía analizando escenarios que le propusieron para ofrecerle un cargo en la administración pública a fin de que dejara la Suprema Corte. No se tomó la decisión, pero el presidente, mientras todo esto pasaba, se refería a ella y a la ministra Loretta Ortiz -las 2 son esposas de viejos colaboradores y amigos de él-, aunque no las mencionaba por nombre, que él había propuesto a la Corte, como ministras leales a su proyecto. Es decir, que votaban a favor de los intereses de López Obrador.

En el futuro de Esquivel, por los comunicados previos de diversas instancias universitarias, parece estar el retiro de su título de licenciatura. El criterio que ha prevalecido es que al haber entregado Báez Gutiérrez primero su tesis, la ministra fue quien plagió. Con toda la información que se le hizo llegar al Comité de Ética de las partes involucradas, pudiera matizarse o cambiar incluso el rumbo de la decisión. Pero más allá de cuál pudiera ser la resolución, la percepción no cambiará, porque la ministra tampoco hizo nada por enfrentar la acusación con valor, no con arrebatos, con inteligencia racional no con inteligencia emocional, y sin crear enemigos externos para buscar consenso interno.

La ministra tenía apoyos dentro de la UNAM, donde se pensó incluso que un dictamen negativo, en aras de un equilibrio, podría ir acompañado de una revisión crítica del trabajo académico de Sheridan, a quien trataron de ensuciar artera e injustamente gatilleros que responden al vocero presidencial, describiéndolo como un aviador por haber cobrado largas temporadas mientras estaba en sabáticos o realizando investigaciones fuera de la UNAM -todas autorizadas por la universidad, que también produjeron obra académica-, usando material que olía al Centro Nacional de Inteligencia.

La actitud de la ministra no contribuyó para que actuaran eficientemente los contrapesos, y su férrea negativa a solicitar licencia le fue restando credibilidad y respeto. Esquivel nunca aceptó ese señalamiento y siempre rechazó esa posibilidad porque "no tenía nada de qué avergonzarse". Uno de sus argumentos era que prácticamente todos sus pares en la Suprema Corte le habían expresado respaldo. No era tal. El equipo de la presidenta del tribunal, Norma Lucía Piña, estuvo evaluando opciones para solicitarle la renuncia por el costo que estaba generándole al Poder Judicial, pero legalmente no existe ninguna provisión legal. Varios de sus pares comentaron que su presencia era muy incómoda para todos.

El viernes pasado la Suprema Corte inició consultas internas para determinar si cuenta con las facultades para iniciar un procedimiento de responsabilidades contra ella, lo que parecía adelantarse al dictamen de la UNAM, pero en respuesta a las diversas denuncias ciudadanas en su contra, alegando que no tiene la buena reputación que la Constitución exige a quien ocupe el cargo. Esta consulta caerá en la subjetividad, a menos de que se determinen los parámetros para medir la reputación. Lo que sería una salida automática de la Corte es si le cancelaran el título, que es una exigencia para que sea ministra.

El daño reputacional, que era lo que ella quería combatir, está hecho y se puede alegar que será irreversible, cualquiera que sea la decisión final de la UNAM. Su ética institucional es inexistente y con el paso de las semanas se ha ido pudriendo como servidora pública, pasando a ser de activo para Palacio Nacional y para la Corte, a lastre.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó pagos en exceso del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) por 1,086.7 millones de pesos en las obras del Tramo 4 del Tren Maya.

De acuerdo con Auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas 115 de la Cuenta Pública 2021, los pagos en exceso están relacionados con estimaciones erróneas respecto de los volúmenes de obra construidos.

Dicho tramo corresponde al trazo de longitud de 257 kilómetros que van de Izamal, Yucatán, a Cancún, Quintana Roo, así como la doble vía del tren y obras complementarias como 5 estaciones ferroviarias, zonas de servicio para carreteras, 4 laderas, 4 entronques, 61 obras de drenaje, una base para trabajos de mantenimiento, 8 retornos, 26 pasos inferiores, entre otros.

El órgano auditor revisó 2 contratos otorgados a 2 empresas constructoras que en 2021 llevaron a cabo 234 conceptos de obra por una inversión total de 6,334.9 millones de pesos.

En la revisión, la ASF consideró que uno de los pagos en exceso por 492'942,000 pesos corresponde a la subpartida de muros de contención, debido a que se consideraron cantidades mayores en el costo directo de materiales.

Parte del resultado de la auditoría señala que hubo recálculo de precios unitarios realizados por la residencia de obra, aunque se detectaron diferencias en las matrices de los precios unitarios respecto de los insumos utilizados como concreto, acero, cimbra, rellenos, capa de filtros e impermeabilizantes.

La ASF también detectó otro pago en exceso por 271 millones de pesos en 6 conceptos de la subpartida pavimentos, al considerar que se emplearon cantidades superiores en el costo directo de materiales.

Otros pagos en exceso que sumaron 322.8 millones de pesos están ligados con trabajos ejecutados en terraplenes, obra civil de pasos vehiculares y en la formación de relleno tipo pedraplén.

El órgano de fiscalización determinó que el monto que tendrá que aclarar Fonatur suma 1,086.7 millones de pesos, los cuales deberá justificar en las próximas semanas y de no hacerlo, advirtió la ASF "tendrá que devolverlos a la Secretaría de Hacienda".

De igual modo, la ASF detectó irregularidades en la ejecución de contratos de 2021 con que se construyó la nueva refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

El órgano auditor señala que dichas irregularidades incluyen pagos en exceso que suman 340.9 millones de pesos, y penas convencionales por 4.2 millones de pesos que no fueron aplicadas a los contratistas a pesar de incumplimientos en contratos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con un diagnóstico para el presidente, es la gobernadora morenista con más problemas recurrentes y la que más negativos le produce.

No significa que López Obrador esté cambiando de delfín, pero hay síntomas que el destino manifiesto para Sheinbaum ya no existe. La molestia contra ella es que se está convirtiendo en un lastre para el presidente, que de manera frecuente tiene que estar sacándola del atolladero. López Obrador lleva meses enviándole mensajes recriminatorios a Sheinbaum, exigiéndole que no cometa errores, con la ayuda de altos funcionarios a quienes les ha pedido que la apoyen, pero lejos de resolverlos, se incrementaron.

Los problemas en el Metro fueron un catalizador. En uno de los informes regulares que el fiscal general Alejandro Gertz Manero le entrega al presidente sobre los procesos electorales -trabajo al margen de sus atribuciones-, concluyó que la justificación de "sabotaje" en los accidentes en el Metro no habían permeado, sino que ponían en evidencia su incapacidad para atender los problemas en la capital.

La tesis de los sabotajes fue abandonada, pero no ha ayudado a impedir que siga cayendo en las preferencias electorales la jefa de Gobierno, de acuerdo con encuestas internas que registran como uno de los 2 principales factores -el 1o. fue el Metro- la sobrexposición electoral en el país y sus giras semanales por la república, que fue una idea original del presidente, que ya redujo.

Pese a los ajustes, la molestia dentro de Palacio Nacional por su gestión está creciendo, junto con la frustración de los más cercanos al presidente, a quienes les había pedido la acompañaran y trabajaran en paralelo con el equipo de Sheinbaum, del cual se expresa peyorativamente López Obrador. El caso más notable, por la relación simbiótica que tienen, fue un choque a finales de enero entre López Obrador y su jefe de propaganda y asesor político, Jesús Ramírez Cuevas, quien de acuerdo con una descripción de ese momento, le expuso que Sheinbaum se ha mantenido sólo administrando crisis, con lo cual ha generado un desgaste adicional para su imagen y, por consecuencia, para el presidente.

Ningún gobierno morenista, de acuerdo con los análisis internos presentados al presidente, genera más conflictos que el de Sheinbaum, y tiene un patrón de controversias sistemático, a diferencia del resto de las entidades gobernadas por el partido, donde si bien permanentes, son intermitentes. Estos problemas de gestión llevaron a que el equipo presidencial en Palacio se hubiera dividido, abandonando cada vez más de ellos las preferencias y respaldos por la jefa de Gobierno.

En este río revuelto, quien ha obtenido los mejores dividendos es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque consideran que está haciendo un trabajo que sí está apoyando al proyecto de López Obrador, y le están comenzando a reconocer -algo que los más radicales no hacían-, que en la selección de candidato presidencial en 2012, fue leal al presidente y no rompió la cohesión de la izquierda rechazando la encuesta que definió al abanderado de la izquierda.

La caída de las simpatías de Sheinbaum en el equipo presidencial no se trasladó prácticamente nada al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien no gusta mucho en Palacio Nacional, aunque a diferencia de Ebrard, tiene el principal apoyo, el del presidente, que está gestionando que se incremente la promoción de su amigo de casi toda la vida, que permite la conjetura que si Sheinbaum llega a colapsarse, podría voltear a él como alternativa.

Las señales que están saliendo de Palacio Nacional es que la candidatura presidencial de Morena no se define aún. Como resultado de la alteración de los apoyos hacia Sheinbaum, desde este mes se comenzaron a hacer 2 mediciones para medir los gustos por esos 3 precandidatos -el senador Ricardo Monreal y el diputado Gerardo Fernández Noroña, incorporados a fuerza en el grupo que llaman "corcholatas", no fueron considerados en esos sondeos-. Uno se realiza dentro del equipo en Palacio Nacional y los colaboradores cercanos de López Obrador en las secretarías de estado, y otro sobre el impacto cuantitativo y cualitativo en los medios de comunicación de todo el país.

Las señales desde Palacio muestran que en este momento la candidatura presidencial está abierta, que Sheinbaum no las trae consigo y López tiene esperanzas lejanas. Ebrard comienza a estar en el ánimo del equipo presidencial, pero hasta ahora, por lo que trasciende, todavía no en el de López Obrador.

El proyecto de reformas votado y aprobado en comisiones por Morena y aliados que castiga las ofensas al presidente y a la jefa de Gobierno, nada tiene de inocente. No fue casualidad ni súbita ocurrencia de una legisladora.

Desde el inicio del sexenio se ha tratado de castigar la libertad de expresión, e incluso de suprimir, y no han podido.

No fue un acto magnánimo del presidente decir que vetaría esa ley si llegara a aprobarse en el pleno. Hay medios de comunicación y periodistas que han defendido el derecho a la libertad de expresión, a pesar de las consecuencias. Y López Obrador ya no tiene la sumisión de la mayoría de los ministros de la Corte.

La reforma a la Ley de Imprenta encendería una polémica nacional, con repercusión internacional, y al final se caería. Era una batalla perdida para el gobierno, por ahora. No tiene las condiciones favorables.

Ese proyecto de reformar la Ley de Imprenta se presentó en febrero del año pasado. Tuvieron 12 meses para pensarlo y sopesarlo. No fue ocurrencia de una diputada que amaneció de malas. Lo votaron a favor los 19 legisladores de la coalición gobernante que integran la comisión.

Son: Félix Durán, Mario Llergo, José Luis Elorza, Mario Carrillo, Elva Vigil, Julieta Ramírez, Karla Rabelo, Martha Arreola, César Hernández, Julio Moreno, Amílcar Sandoval, Ismael Brito, Lilia Aguilar, Maribel Martínez, Gerardo Fernández Noroña, Itzel Domínguez, Sonia Mendoza, José Estefan y R. Domínguez.

Votaron por reformar una ley de don Venustiano Carranza, para castigar a periodistas que ofendieran a la autoridad.

No es sólo el hecho -de por sí grave- de pagar por un insulto u ofensa al presidente y otras autoridades que se pusieron en la lista (la jefa de Gobierno, el fiscal general, gobernadores, generales, coroneles, etc.), sino de llevar al tortuoso mundo de los juzgados a los periodistas que injurien al Presidente, dar explicaciones, atender a nuevos citatorios, pagar un abogado.

Y con un presidente que se ofende por todo...

En enero de 2020 la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el fiscal general, Alejandro Gertz, se presentaron ante la Junta de Coordinación Política del Senado con un paquete de 14 reformas constitucionales para restringir libertades.

Ahí, en ese paquete de reformas constitucionales, estaba el proyecto esencial del gobierno de López Obrador: la construcción de una dictadura.

La propuesta pedía incorporar al Código Penal, con cárcel de 6 meses a 6 años, el delito de "la imputación que se hace a otro de un hecho cierto o falso (sic)".

Mientras se desarrollara el juicio, el acusado quedaría detenido en alguna casa de arraigos del gobierno o en la cárcel que eligiera el régimen.

Hasta la verdad se pretendió castigar con cárcel.

El fiscal Gertz puede alegar que llevó esa iniciativa al Senado en el marco de su autonomía, porque esas son sus convicciones, y que no le consultó al presidente. Obvio no es creíble, pero es un argumento.

¿Y la secretaria de Gobernación? Ella dependía directamente del presidente. Era su secretaria. No era autónoma. Y llevó al Senado un proyecto de 14 reformas a la Constitución.

Las reformas contemplaban la legalización del espionaje telefónico en temas electorales y fiscales. Además de que se ampliaba el arraigo a todos los delitos.

El proyecto de reformas que Sánchez Cordero llevó al Senado, para su aprobación, legalizaba la instauración de la tiranía en México: el gobierno, como fiscal, tendría la facultad de encarcelar a opositores, críticos, periodistas, abogados, contadores y ciudadanos en general.

Así opera el sistema en las dictaduras.

Durante la presentación del proyecto de reformas, el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, los detuvo con el argumento de que un paquete de esa catadura era impasable.

Desde entonces Monreal cayó de la gracia de López Obrador y se esfumaron sus posibilidades de ser candidato presidencial.

¿Sorprende el intento de reactivar la ley de Carranza y endurecer los castigos a quien insulte al presidente y otras autoridades?

Desde luego que no, porque el proyecto es la dictadura. Ahí están los votos, unánimes, de los legisladores de Morena en la Comisión de Gobernación.

La prensa libre, el INE y la Corte son sus objetivos para destruir la democracia en México.

El dictadorzuelo del siglo XXI, Daniel Ortega, despojó de sus bienes y arrebató la nacionalidad a 94 opositores: escritores, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes religiosos. Todo aquel que tenga una opinión distinta a la del dictador y su esposa, Rosario Murillo, no merece ser nicaragüense.

Lo preocupante desde México es que el régimen obradorista está cada día más cerca de un tipo de izquierda autoritaria -la de los regímenes de Maduro, Ortega, Díaz-Canel, Evo Morales- y más alejada de las izquierdas democráticas de Boric en Chile o Lula en Brasil. El silencio del gobierno mexicano ante un acto de barbarie política como la del régimen de Nicaragua no es un asunto banal, por el contrario, se trata de un mensaje tan contundente como la condecoración con el Águila Azteca al líder de un gobierno antidemocrático y represor como el de Díaz-Canel en Cuba.

La ambigüedad o franco desdén ante la violación de derechos humanos, violaciones a la libertad de expresión y persecución política a los opositores en estos países se convierten en una declaración silenciosa de los principios del gobierno de López Obrador.

Si, como dijo el propio presidente, la mejor política exterior es interior, no pronunciarse ante la barbarie política del régimen de Daniel Ortega es un muy mal augurio. Mientras el canciller mexicano está perdido, atascado en pleitos internos y la búsqueda de una candidatura que se antoja cada día más lejana, la política exterior del país dejó la institucionalidad de Tlatelolco y se mudó al salón de Tesorería del Palacio Nacional donde, desde la mañanera, se decide la relación con el mundo en función del humor y las simpatías del presidente, no de las necesidades y principios del país.

Confundir el silencio cómplice con neutralidad es un grave error. De todas las opciones de política exterior, la complicidad es la más perversa y a la larga suele ser la más costosa.

El diputado Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena en San Lázaro, presumió el martes un muñequito de sí mismo. Acto de honestidad en el Día del Amor y la Amistad: nos mostró la figura de la persona que más le importa: él. Vean a Miercito, a poco no es/soy una morenada.

La regeneración de la vida pública, que le decían, pasa por la conversión de sus protagonistas en minibotarga que ha de colocarse en el centro de todo evento republicano (es un decir con tan ínclitos políticos) y partidista.

De forma que hasta una sentencia del Tribunal Electoral, que reiteraba la prohibición de la promoción personalizada, es combatida -¿deberíamos decir desacatada?- por miembros del gobierno más poderoso en décadas como si de un grave atropello a sus derechos se tratara.

Lo del Tribunal pasó, se sabe, con los Amlitos, esos icónicos monos de pasadas elecciones. Qué singular que, habiendo ganado por fin la Presidencia de la República, el inspirador de ese muñeco se resista a guardarlo en la maleta. ¿Será que así como ciertos críos necesitan un peluche para dormir estos demócratas temen perder si les quitan la figura de YSQ?

Ergo, los Amlitos llegaron para quedarse porque, duchos en artimañas electorales, quienes los defienden saben que el mejor candidato del 2024 del oficialismo es el que no estará en la boleta: el creador de Juanito en Iztapalapa ahora maniobra para convertirse él mismo en Cid Campeador de trapo.

Dirán a manera de justificación que el pueblo bueno ya adoptó al mono y que intentar prohibirlo en mítines y actos oficiales constituye un atentado contra la cultura mexicana. Algo así como que Amlito y la licuachela son aportaciones a nuestra identidad nacional.

No es divertido: porque constituye un intento más por burlar la ley, que se hizo para que los poderosos no sacaran ventaja atribuyéndose personalmente obras y programas del gobierno; porque lo que debería importar es la ciudadanía y no el gobernante; y, en el colmo, porque luego salen los que se creen muy listos y copian al jefe para ver si en una de esas pega la maniobra: y ahí es cuando comenzará el diluvio de los Miercitos, similares, anexos y conexos en la República Mexicana.

Porque el diputado Mier más que representante popular -cuando faltan 15 mesesotes para la elección- es sobre todo un aspirante a la gubernatura de Puebla. Y en esa calidad todo evento, toda conferencia, cualquier intercambio con la prensa, etc., implica una oportunidad para avanzar su agenda personal antes que la general.

Yo diputado por encima del ustedes electores. Préstame pa cá el Miercito, qué buen regalo. Inmejorable resumen de Morena hoy: importan los próceres de este movimiento que ya se vieron, además de en versión monigote, en el bronce de la historia. El pueblo me aplaudirá. Y para los rejegos que no aplauden revivan el petate de las sanciones carrancistas que dictan que a quien ocupa la silla del águila no se le toca.

Debe ser el helio de las encuestas lo que los trae todos mareados. Porque si salieran un poco de sus comités y recintos, si dejaran de rodearse de puros incondicionales que profesan aquello de que para obtener la victoria electoral se justifica cualquier medio, verían que están incurriendo en los mismitos excesos que ya antes hartaron a la sociedad mexicana, en actitudes que a sus anteriores protagonistas les costó ser echados de los palacios y las curules.

El culto a su personalidad les impide ver que Amlitos y Miercitos no son democráticos o siquiera chistosos.

Hasta hace unas horas, casi nadie había escuchado hablar de Elías Gerardo Valdés Cabrera. En su zona de influencia -Coahuila y Nuevo León- no se le ubica en círculos políticos ni empresariales. Por eso su caso es todavía más extraño: desde que la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega lo nombró en 2019 su cónsul honorario en el norte de México, Valdés Cabrera ha recibido del gobierno de López Obrador 130 contratos que suman más de 3,000 millones de pesos.

La empresa de Valdés Cabrera se llama SEICSA. Se dedica a ofrecer servicios de seguridad y espionaje industrial. Tiene contratos con la Fiscalía General de la República, la Comisión Federal de Electricidad, el Banco del Bienestar, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y el IMSS, por citar algunas de las 20 instituciones gubernamentales con las que ha hecho negocio.

¿Qué hace un cónsul honorario de Nicaragua volviéndose súbitamente multimillonario contratista de la 4T? Es un misterio.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, los cónsules honorarios son personas de reconocida probidad en sus comunidades, profesionistas, empresarios o individuos conocidos ampliamente en la ciudad o región en la que representan a un país extranjero. El señor Valdés era un empresario de bajo perfil, dueño de una empresa de seguridad privada. A partir de su nombramiento como cónsul honorario de la dictadura de Nicaragua, su negocio con el gobierno despegó estratosféricamente.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lleva 15 años en el poder. Ganó las más recientes elecciones encarcelando o exiliando a cualquier opositor que le hiciera competencia. Es de los consentidos de López Obrador. Como el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, a quien se acaba de recibir en México con pompa y circunstancia, y que nada más el año pasado contabilizó mil presos políticos. Mil. Díaz-Canel aterrizó en México con una sonrisa y despegó con la Orden del Águila Azteca en el pecho, el compromiso de que le organizaremos una Cumbre de Países Progresistas y más de 2,000 millones de pesos en el bolsillo: 1,600 en compra de medicinas, 650 millones a través del programa de médicos y entre 20 y 100 millones más por suministrar la grava a las vías del Tren Maya.

Anoche, en el nuevo espacio informativo diario a mi cargo en Latinus, presentamos un reportaje en el que se revela el extraño caso del multimillonario cónsul Valdés. SEICSA no sólo ha sido ya señalada por la Auditoría Superior de la Federación, sino que sus trabajadores han denunciado que les pagan 250 pesos por un turno de 12 horas y les cobran penalidades que ascienden a 2 días de sueldo por cada día faltado. Han acusado que se contrata personal que no está debidamente capacitado para portar armas de fuego ni para cuidar las sucursales del Banco del Bienestar.

"Nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultándole información al presidente, no sería yo canciller ahorita", declaró ayer Marcelo Ebrard en la conferencia mañanera. Fue quizá el peor día para decir eso.

Con esas palabras, endosó la responsabilidad al presidente AMLO de la acusación de haber mentido al público mexicano, de haber escondido que acordaron con Donald Trump el programa "Quédate en México" y que no fue una maligna imposición del mandatario americano. En su libro de memorias, Mike Pompeo, secretario de Estado de Trump, escribió que Ebrard le pidió no decir que México había estado de acuerdo en ese programa para mandar a territorio mexicano (y se quedaran aquí esperando) a los migrantes que solicitaban asilo en el vecino del norte. Pompeo contó que a Estados Unidos le daba igual: habían "doblado" al gobierno de López Obrador y lo de menos era lo que los funcionarios mexicanos quisieran decir en su propio país. La entonces embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, recién declaró que era totalmente cierto lo que Pompeo escribió en su libro: en entrevista con León Krauze ratificó que Ebrard había mentido, que había hecho acuerdos en lo oscurito con Trump.

En la mañanera de ayer, Ebrard se le fue con todo a la embajadora y dijo que no era cierto, que él no había mentido y que "nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultándole información al presidente, no sería yo canciller ahorita".

Lo que nadie esperaba es que una hora después, en la Corte de Nueva York, dentro del juicio contra Genaro García Luna, Jesús "El Rey" Zambada, hermano del patriarca del cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, declarara que había dado 7 millones de dólares en sobornos para una campaña, y que el dinero se lo había entregado a Gabriel Regino, entonces poderoso subsecretario de Seguridad en la dependencia cuyo titular era Marcelo Ebrard, del gabinete del jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador. "El Rey" Zambada aclaró que el dinero no se lo entregó a López Obrador (¿directamente?), pero que fue para una campaña. Así la dejó. El juez no permitió profundizar en el asunto: interrumpió el interrogatorio, llamó a los abogados y a otra cosa.

¿Cuál campaña? ¿La de AMLO para presidente en 2006, por interpósita persona? ¿La de Ebrard para jefe de Gobierno ese mismo año, vía su brazo derecho? ¿Ebrard, como declaró en la mañanera, no daba un paso sin informarle a López Obrador? ¿O sencillamente todo es una gran mentira de un poderoso criminal que es capaz de inventar lo que sea para obtener privilegios de testigo protegido?

Ayer por la mañana López Obrador se quejó de que los medios de comunicación no hablaban lo suficiente del juicio contra García Luna. Fue quizá el peor día para decir eso.

Los videos de la tala y devastación generadas por la construcción del Tren Maya son dolorosos. Más es saber que la obra, que no cuenta con un estudio previo de factibilidad, terminará siendo uno más de los elefantes blancos que durante décadas han dejado arrumbados los gobiernos de nuestro país.

Hace unos días se dio a conocer una suspensión definitiva del tramo 5, por lo menos mientras la autoridad no someta al juez los documentos sobre el cambio de uso de suelo, pero Fonatur ya ha señalado que ni así detendrá la tala. Estamos en el país del "Y que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley".

El daño ambiental es ya enorme. Aun si por algún milagro se detuviera hoy total y permanentemente el proyecto, se requerirían cuando menos 20 años para que se reconstituyera la vegetación afectada. No conocemos hasta el momento, por otra parte, si los daños a las cuevas y ríos subterráneos, que forman uno de los ecosistemas más delicados del mundo, son ya definitivos.

Uno puede entender que un proyecto productivo o de infraestructura genere algún daño en el ambiente. Varias carreteras, por ejemplo, se despliegan por distintas rutas sobre toda la península de Yucatán. Su construcción tuvo también consecuencias ambientales negativas, pero los beneficios económicos que han traído consigo compensan, cuando menos parcialmente, estos daños. No puede haber desarrollo sin tocar, de alguna forma, el ambiente. No podemos simplemente quedarnos sin trabajar, admirando la belleza del entorno, si queremos dar un mejor nivel de vida a nuestras comunidades.

El problema con el proyecto del Tren Maya es que no hay ninguna indicación de que pueda ser rentable. Los trenes de pasajeros rara vez lo son en el mundo, de hecho, en contraste con los de carga, que pueden transportar mercancía pesada y voluminosa de manera competitiva.

El gobierno no ha dado a conocer ningún estudio sobre los flujos de ingresos y gastos que prevé en el Tren Maya, como no lo hizo con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ni con la refinería de Dos Bocas. Las autoridades no consideran que esto sea relevante para ningún proyecto personal del "Señor Presidente". El Tren Maya, sin embargo, se moverá en una zona en la que hay poca carga industrial y en la que la competencia de los autobuses de pasajeros, que recorren las mismas rutas que atravesará el ferrocarril, y muchas más, dan un servicio constante y barato.

La "suspensión definitiva" del juez 1o. de distrito de Yucatán, Adrián Pérez Novelo, es solo definitiva mientras el gobierno no cambie el uso de suelo, que actualmente es forestal en varios lugares por los que pasará el nuevo tren. Una vez más, sin embargo, queda de manifiesto que este proyecto nunca ha cumplido con la ley, ni con las reglas de la sensatez. No se hizo un estudio de factibilidad económica, no se preparó un proyecto ejecutivo, no se obtuvo antes de empezar una manifestación de impacto ambiental, no se promovió primero el cambio de uso de suelo. La filosofía que ha seguido el presidente es: primero construyo y después averiguo.

No es la mejor manera de hacer las cosas. Al final, el gobierno tendrá en sus manos un tren que requerirá de un oneroso subsidio simplemente para funcionar, como está ocurriendo con el AIFA. Habremos destruido miles de hectáreas de vegetación, y puesto en peligro un complejo ecosistema, simplemente para cumplir un capricho, no para construir un proyecto que aporte valor a la península de Yucatán o a nuestro país.

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que casi triplica las multas por "injuriar" al presidente de la república.

El proyecto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Delito de Imprenta también multiplica 7 veces las penas pecuniarias a medios impresos por injuriar a secretarios de despacho, al fiscal general de la República, a los gobernadores, al titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a los legisladores.

La propuesta, presentada por la morenista Bennelly Jocabeth Hernández, fue aprobada sin discusión con 19 votos a favor del bloque mayoritario y uno de Movimiento Ciudadano, 9 en contra de la oposición y cero abstenciones.

El dictamen deja intactas las penas de prisión consideradas actualmente, pero convierte las multas en UMAS y las eleva por considerar que las que hoy se aplican no inhiben la comisión de los delitos.

De acuerdo con el proyecto, los ataques al orden público o a la paz pública se castigarán con pena de prisión de 6 meses a un año y una multa de entre 5 y 40 UMA, es decir, de entre 481 y 3,848 pesos, tomando en cuenta que, para el mes de febrero, el valor de dicha unidad será de 96.22 pesos.

Esta cifra triplica la multa actualmente establecida por la ley, que es de entre 100 y 1,000 pesos.

Para el caso de los secretarios de despacho, gobernadores, legisladores y titular del gobierno capitalino, la pena de prisión seguirá siendo de 3 meses a un año, mientras que la multa se eleva de 5 a 40 UMAS.

Esta cifra es 7 veces superior a la establecida actualmente, que es de entre 50 y 500 pesos.

En el caso de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de circuito, jueces, generales y coroneles, las injurias serán sancionadas con pena de prisión de entre 1 y 6 meses y con multas que van de 481 a 3,848 pesos. Actualmente, las multas para estos casos son de entre 50 y 300 pesos.

"Si la injuria se verificare en una sesión del congreso o en una audiencia de un tribunal, o se hiciera a los generales o coroneles en una parada militar o estando al frente de sus fuerzas, la pena será de dos meses de arresto y 2 años de prisión y multa de 5 a 40 UMAS", agrega.

Para este caso, la multa actual se establece entre 200 y 2,000 pesos.

La propuesta señala que para quien injurie a un mando policial, a uno de sus agentes, a la autoridad o a cualquier otra persona que tenga carácter público, la multa será de entre 481 y 962 pesos. La ley vigente la ubica en entre 25 y 200 pesos.

Finalmente, plantea que las injurias a las "naciones amigas", a sus mandatarios o a los representantes acreditados en el país, se castigarán con pena de prisión de 1 a 11 meses y multa de entre 481 y 3,848 pesos. Hoy en día estas sanciones son de entre 50 y 500 pesos.

Según la exposición de motivos, es necesario modificar la Ley sobre Delitos de Imprenta, porque es anacrónica e insuficiente.

El dictamen advierte que las multas que establece van de 25 a 2,000 pesos y las penas de prisión no rebasan los 2 años, lo que ha impedido que funcionen como un inhibidor en la comisión de delitos contra del orden público.

"Reiteramos que las multas que se aplican son demasiado laxas por lo que no aluden a desincentivar a cometer los ilícitos, por lo que se debe actualizar, de otra manera no habrá coerción para aplicar sanciones y se contrapone con las sanciones del Código Penal, por lo que también deben reformarse", indica el dictamen.

19 de septiembre de 2017. Con el sismo de 7.1 grados que sacudió al país, se desplomó el Colegio Rébsamen, ubicado en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Murieron 26 personas, 19 eran niños. Fue una tragedia que evidenció fallas en la construcción, así como corruptelas y omisiones con conocimiento de las autoridades. La jefa delegacional de Tlalpan en ese momento era Claudia Sheinbaum. Y estuvo ahí, en el colegio, mientras la Secretaría de Marina encabezaba los rescates.

Más de 5 años después de la tragedia, la jefa de Gobierno ofreció una disculpa pública. La propaganda oficial presentó la disculpa para potenciar la imagen de Claudia Sheinbaum de cara a sus aspiraciones presidenciales: que si cercana a la gente, que si empática, que si histórica. En su discurso, Claudia dijo que ofrecía la disculpa por convicción. Mintió. Dijo que era una disculpa profunda, sentida y sincera. Mintió.

Anoche en el nuevo noticiario a mi cargo en la plataforma Latinus dimos a conocer los audios de una reunión sostenida hace unos días entre Claudia Sheinbaum y los familiares de las víctimas del Colegio Rébsamen. En los audios se exhibe una y otra vez cómo la jefa de Gobierno no quería ofrecer la disculpa:

1o. se escudó en que supuestamente "el protocolo" dictaba que Martí Batres, como secretario de Gobierno, ofreciera la disculpa pública en nombre del Gobierno de la Ciudad. Después se excusó en que su consejero jurídico le aconsejaba no ser ella la que ofreciera la disculpa. Al final, sacó el viejo recurso de que debía cuidar la investidura que la jefatura de gobierno representa.

Los padres de los niños fallecidos le exigieron que fuera ella quien ofreciera la disculpa. Citaron textualmente la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que así lo manda. La jefa de gobierno se negaba:

"No es un tema personal", dijo. "Es un tema institucional". No. Se equivoca. Sí es un tema personal para las familias de las 26 personas que perdieron la vida. Pero sigue la escuela de su jefe: con la misma arrogancia que Andrés Manuel López Obrador, la hija pródiga intentó salir ilesa. El manual de la 4T parece indicar que el 1er. paso ante cualquier crisis que los rebasa es negar su responsabilidad, acusar a alguien más y voltear para otro lado. ¿Ellos por qué? Ellos nunca son la instancia.

El movimiento que iba a ser del pueblo, el gobierno más cercano a la gente, ha resultado símbolo de prepotencia en el ejercicio del poder. Claudia Sheinbaum se ha exhibido en más de una ocasión como insensible, ajena e inaccesible. ¿Se acuerdan cuando calificó de "incidente" la muerte de 26 personas al colapsar la Línea 12 del Metro? Cualquier persona con un mínimo de empatía sabría que para quienes la pérdida es irreparable, el protocolo, las instituciones y la investidura no son argumentos válidos.

Después de que los papás la arrinconaron y le exigieron en esa reunión que fuera ella la de la disculpa, Claudia dio su brazo a torcer. Sheinbaum quiso hacer de su disculpa pública otro acto de campaña. Los audios presentados anoche muestran el uso que quiso hacer de la tragedia: su disculpa no significó nada. Hace más de 70 años Frida Khalo lo explicó: "Si tengo que pedírtelo, ya no lo quiero".

El 12 de julio de 2021 cientos de cubanos marcharon pacíficamente por La Habana Vieja -zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982, que es el casco histórico de la ciudad, formado básicamente por el puerto y el núcleo de edificios gubernamentales-. La escenas de quienes se manifestaban pidiendo libertad y que protestaban por la escasez de alimentos y medicinas en la isla, se replicaron en varias poblaciones cubanas. Las imágenes fueron insólitas a través de la redes sociales. Los gritos y los cánticos en contra del gobierno fueron una imagen histórica, pocas veces vista en el país caribeño. Los detenidos fueron contados por docenas y la represión fue brutal en algunos casos. Hasta la fecha, muchos de los detenidos no se sabe de su paradero, según relatan sus familiares.

Varias organismos que velan por los derechos humanos se quejaron de la arbitraria y represiva reacción del gobierno cubano. Ese fue el último acontecimiento de protesta y gran envergadura en la isla, donde en aquel entonces la petición de la alta comisionada de la ONU por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió fueran liberados todos los detenidos que solo estaban "ejerciendo su derecho a la libertad de reunión pacífica, opinión y expresión", además de denunciar el "presunto uso de la fuerza en contra de los manifestantes". Todo quedó ahí, en una inconformidad que se perdió en el aire, con un destino desconocido para cientos de detenidos.

El hombre que ordenó la represión y detención de los manifestantes, fue el presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, el mismo que el domingo pasado recibió de manos de Andrés Manuel López Obrador la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca -devaluando su valor y significado-, que es la la más alta distinción que otorga nuestro país a los extranjeros, que fue creada por decreto el 29 de diciembre de 1933 como un premio a los extranjeros POR SUS SERVICIOS HUMANITARIOS.

El reconocimiento mexicano por supuesto que no se justifica ni lo amerita el presidente cubano, pero se entiende que el 'detalle' es una simple reciprocidad a que en mayo del año pasado AMLO recibió de Diaz-Canel la condecoración José Martí -máxima distinción que otorga el gobierno cubano-, que entre otros 'galardonados' con ese reconocimiento se encuentra el 'distinguido' Hugo Chavez, quien la recibió en enero del 2005.

Quien llegue a la Presidencia en 2024 lo hará en condiciones muy distintas a López Obrador. Es esperable que no gane la elección con esos márgenes, ni tenga esas mayorías parlamentarias, que no llegue con ese capital político, que no tenga esa conexión social, ese teflón que tanto le envidian políticos de uno y otro lados. Quien llegue va a tener que trabajar con los huesos que dejó la borrachera del banquete del obradorato: secretarías de estado completamente desdibujadas, un servicio civil de carrera desmantelado y rellenado con incompetentes, con récords históricos de violencia, de feminicidios, de asesinatos a periodistas, con una policía debilitada, una Guardia Nacional rebasada, un Ejército empoderado. Un sistema de salud destruido con niveles históricos de desabasto de medicamentos. Con instituciones minadas, contrapesos absurdamente dinamitados, un modelo de recaudación insuficiente, una población que envejece con un sistema de pensiones insostenible y un retroceso en el desarrollo energético equivalente a décadas.

Son las bombas de tiempo que heredará López Obrador a quien lo suceda en el poder.

Un acto de justicia política sería que estas bombas de tiempo le estallaran a alguien del propio obradorato. Que se hagan cargo de los efectos del desastre, que les toque lidiar con los escombros y reconstruir lo que dinamitaron. Pero no es sencillo de procesar internamente: si las bombas de tiempo estallan al sucesor(a) de AMLO, ¿se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Va a asumir el costo político de la crisis con tal de cuidar al líder, aunque sepa que él tuvo la culpa? ¿O ya con el poder de la banda presidencial en el pecho echará la responsabilidad al gobierno anterior? ¿Morena resistiría una confrontación así?

Por los reproches de la vocería presidencial y del propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, esta semana quedará marcada, de principio a fin, como en la que se abrió el mayor frente de tensión entre el poder ejecutivo y el poder judicial.

Desde luego, los piñazos del presidente contra el poder judicial alcanzaron su máxima expresión con la egocéntrica frase que lanzó desde su rueda de prensa mañanera de media semana, cuando dijo que hablando "en plata (pura)" ella (la 1a. mujer que preside la Corte en la historia del país) estaba ahí por él, ya que antes quien presidía el tribunal máximo lo ponía el presidente, cosa que con él, dijo, no sucedió.

Aquí lo que habría que anotar es que López Obrador no confesó lo que fue ampliamente comentado en los corrillos del poder judicial: que sí quiso ser como sus antecesores, pese a su cantaleta de que no es igual que ellos, al querer mantener a alguien cercano a la 4T, como lo fue el antecesor Arturo Zaldívar, al que buscó ampliar su mandato en la persona de la ministra Yasmín Esquivel. Como todos saben, no fue posible que llegara a la presidencia de la Corte esta mujer, esposa del constructor favorito de López Obrador desde sus tiempos de jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José María Riobóo, por el escándalo de haber plagiado su tesis de licenciatura. Sin dejar de señalar que ahora es la ministra más desprestigiada por aferrarse a su silla, afectando el prestigio de la UNAM y de la propia Corte.

Pero el fuego presidencial vino desde el domingo pasado cuando en la conmemoración de un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de México en Querétaro, primero se relegó a Piña en el presídium al desplazarla para darle prioridad y cercanía al presidente a los mandos castrenses, y luego cuando el vocero de Palacio Nacional, Jesús Ramírez, reprochó a la ministra presidenta no haberse parado para aplaudir la llegada de López Obrador.

Al día siguiente vino el tono burlón en la mañanera cuando el presidente expresó que seguro Piña no se paró por estar cansada, cuando en realidad fue una especie de respuesta al discurso de la presidenta de la Corte en ese evento, donde habló de la obligación del poder judicial de mantener su independencia frente al poder ejecutivo y legislativo, en bien del país.

Más allá de las muinas del inquilino de Palacio Nacional ante Piña, que fue propuesta como ministra en 2016 por el priista Enrique Peña Nieto y ha votado en contra de prácticamente todas las reformas de la 4T impugnadas, es por donde se le vea una buena noticia que la presidenta de la SCJN mantenga el tono y que pese a todos los intentos injerencistas del gobierno de la 4T, las y los ministros resistan las presiones y preserven la autonomía del poder judicial frente a un presidente que le incomoda todo aquello que le represente un contrapeso y que, sin decirlo, no concibe como iguales a los representantes de los otros 2 poderes, que constituyen el Estado mexicano. Que el país no sólo lo representa él.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, fue parada en seco esta semana por un video en donde aparecen 2 de sus más cercanos colaboradores y una senadora de Morena recibiendo dinero. La revelación hecha por el noticiero En Punto, en Televisa, que conduce Enrique Acevedo, la sacudió, dejándola sin poder articular una estrategia políticamente correcta y ética. Sansores dijo que era un "montaje", pese a que sus colaboradores reconocieron la validez del video. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha respaldado a la gobernadora y su gobierno le ha dado insumos del espionaje político que realizan para denostar a figuras de la oposición, buscó minimizar las imágenes transmitidas. Pero nadie, en capacidad de hacerlo, ordenó una investigación para aclarar si hubo algún delito y, en dado caso, actuar en consecuencia.

Sin embargo, el intento de acotarlo políticamente está a punto de ser rebasado. Ante la ausencia de siquiera un estudio de las fiscalías sobre el posible delito de tipo penal y determinar si procedía una investigación de oficio, la senadora Xóchitl Gálvez anunció que viajaría a Campeche para presentar una denuncia. De esa forma no habrá pretexto alguno para que no se abra la pesquisa. Una investigación, contra la afirmación de López Obrador que se trataba de "echar porquería al ventilador" para dañar su proyecto, ayudaría a la salud política y a romper el patrón de impunidad que encabeza el presidente cuando se trata de los suyos y siente que es el afectado.

La investigación de Fátima Monterrosa para En Punto no acusa de ilegalidad o ilegitimidad lo que hicieron los 2 funcionarios y la senadora. Simplemente presenta hechos contextualizados, a partir de lo cual las autoridades judiciales pueden iniciar su trabajo y deslindar responsabilidades en un episodio previo a las elecciones que llevaron a Sansores a la gubernatura, y que involucra a cercanos a ella y a un gobernador priista, Carlos Miguel Aysa, a quien el presidente, en agradecimiento porque como dijo, “siempre apoya”, nombró embajador en la República Dominicana al terminar su interinato.

En el video exhibido aparecen el actual jefe de la oficina de Sansores, Armando Toledo, el actual secretario de Educación, Raúl Pozos, y la senadora Rocío Abreu, recibiendo fajos de billetes -ella en 2 ocasiones-, que no es posible contabilizar en su totalidad, aunque se aprecian varios que podrían ser de 50,000 pesos cada uno, si el empaquetado corresponde a lo que normalmente equivalen los fajos en los bancos. El dinero se les entregó, precisó una persona que identificó el lugar, en una oficina adjunta de la Secretaría de Gobierno.

Toledo y Pozos justificaron haber recibido ese dinero alegando que eran recursos para dispersarlos a beneficiarios de programas sociales. Se oye muy noble, pero fue dinero en efectivo que se entregó en una oficina de gobierno, lo cual tiene implicaciones legales, y se puede alegar que fue dinero de los impuestos de los contribuyentes que se entregó de manera irregular para fines que tienen que probarse. Incluso si se hubieran utilizado para programas sociales, se configuraría el probable delito de peculado ante un evidente desvío de dinero del erario. Si no hay forma de probar que se destinó a programas sociales -que sería lo menos grave-, se puede configurar el probable delito de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

La polémica ha ido creciendo con el paso de los días y la denuncia de Gálvez, si efectivamente la interpone, impedirá que, cuando menos formalmente, esa entrega irregular de dinero se muera en la discusión política. Las consecuencias legales no son menores, y los probables delitos afectan en diverso grado a todos. Si se prueba que fue dinero ilegalmente entregado, Aysa, Toledo y Pozas son quienes en más riesgo están porque carecen de fuero. La senadora Abreu tendría que ser sometida a un juicio político para enfrentar las mismas acusaciones.

Sansores, que en términos legales es quien menos riesgo tiene, es políticamente es la más vulnerable, porque podría haber sido la benefactora de todo un esquema de desvío de recursos en su beneficio, que es una sospecha sostenida en la defensa a ultranza de sus colaboradores, que la convierte en eventual cómplice.

Al pillaje y cinismo se agrega un {¿dos?] elemento nuevo: la soberbia y lo soez.

Es la risita del inquilino de Palacio Nacional mientras lanza ofensas contra sus adversarios, las burlas del secretario de Gobernación, otra corcholata empoderada, o los insultos de la diputada María Clemente, entre tantos gobernadores y legisladores en lo que parece un concurso de prepotencia y grosería. Porque ser de Morena da licencia para pisotear y ofender.

Si lo hacían desde la oposición, con mayor razón en el poder. Es la violación sistemática de la ley, el respeto y cualquier forma de civilidad política.

Un cártel de mafiosos que llegó al gobierno gracias a la democracia y que entiende perfectamente que los votos ponen o quitan.

En eso ya está el capo de Palacio: buscando dinamitar ese andamiaje institucional para que su grupo siga medrando y además le proteja las espaldas.

Entre los adjetivos descalificativos que el presidente López Obrador gusta proferir, el de racista aparece de manera sintomáticamente reiterativa.

Considera, equivocadamente, que todo aquel que piensa diferente a él o de alguna manera se manifiesta en contra de sus metodologías, de sus ocurrencias o de sus intentos para acabar con los contrapesos que le impiden hacer lo que le viene en gana, lo hace porque desprecia, discrimina y ve para abajo al llamado "pueblo", al que pertenecen únicamente los mexicanos más pobres, esos que ha comparado con "animalitos" o "mascotas" que necesitan el cuidado, alimento y protección de su amo.

Llamó racistas a los que marchamos en rechazo a la reforma constitucional con la que pretendía desaparecer al INE y que el llamado "Plan B" todavía amenaza: "Los que se manifestaron lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación, de la corrupción, ése es el fondo", dijo.

Ha dicho también que "se piensa que si se llega a nivel de posgrado, de maestría, de doctorado, ya se es superior, es un título nobiliario y no... ¿Cómo los 'nacos' van a estar en el poder?".

Al decir esto, no sólo muestra un desprecio al conocimiento y a las personas que lo adquieren, sino que él mismo se autonombra, reconoce y ubica como ignorante o inferior, o como un "naco" en el poder.

Por supuesto que hay personas y organizaciones racistas y clasistas en todas partes, por supuesto también en el lenguaje cotidiano hay palabras y expresiones vejatorias, cargadas de prejuicios y connotaciones racistas, clasistas o machistas que si bien la mayoría de las veces se utilizan inconscientemente, perpetúan la discriminación que determinados grupos humanos han sufrido a lo largo de la historia.

Pero calificar y poner en la categoría de racistas a individuos que se manifiestan públicamente en defensa de la democracia y los derechos humanos, o a quienes pertenecen a una oposición en un país supuestamente democrático, o llamarlas así simplemente por ser personas cultas y educadas, o por tener un nivel económico superior al promedio, es para mí un acto discriminatorio inverso.

Digo inverso porque normalmente las víctimas de la discriminación, el racismo y los prejuicios (conceptos que se parecen, pero no son lo mismo) son los más pobres, los más ignorantes, las minorías étnicas, religiosas o raciales, los extranjeros, los discapacitados, los de orientación sexual diferente, etc.

El presidente discrimina a la inversa. Todos los días es intolerante, agrede, se burla e insulta (yo diría que odia, aunque diga lo contrario) a los más educados, a los exitosos, a los ricos, a los güeros. Promueve lo que llamaría yo un racismo blanco.

Las manifestaciones de la discriminación, el racismo y los prejuicios pueden ser similares, pero las motivaciones son diferentes.

Mientras el racismo es la creencia de que los miembros de una raza poseen cualidades o defectos que los hacen superiores o inferiores a otra, la discriminación se refiere a un trato diferencial (injusto o negativo) a una persona, independientemente del origen étnico, género, clase, grupo o categoría al que pertenezca.

El presidente llama racistas (aunque en algunos casos no se trate de racismo, sino de discriminación) a quienes se expresan despectivamente o discriminan de alguna manera a los más pobres, o a los morenos (de piel o de afinidad política). Y eso está bien, pues coincido en que debemos hacer lo necesario para erradicar lenguaje y actitudes discriminatorias arraigadas en la cultura colectiva.

Pero el racismo o la discriminación hacia determinados grupos sociales no se combate dirigiendo los odios y prejuicios hacia un grupo social diferente, como el presidente lo hace al denostar, difamar, insultar y humillar al sector más educado, más crítico y pudiente de la sociedad, sin comprender la noción de otredad, ésa que nos debe hacer conscientes de que siempre seremos el otro de otro.

SOS, se sabe, es una señal de auxilio, un llamado de rescate. Una vez que uno pasa de la preocupación a la alarma se hace necesario. Eso quiere ser esta modesta nota.

Un breve texto dirigido a quienes fueron compañeros en el PSUM, PMS y primeros años del PRD.

También a amigos y ex amigos del sindicalismo universitario. Son preguntas fruto del desasosiego por el rumbo del país.

¿De verdad están de acuerdo con que los militares se encarguen no solo de la seguridad nacional sino de construir y administrar aeropuertos, sucursales de banco, puertos mercantiles, distribuyan vacunas, sean los encargados de frenar a los migrantes (la Guardia Nacional) y hasta vendan boletos para la tramposa rifa del avión?

¿No les alarma la descalificación sistemática de medios y periodistas críticos a la gestión de gobierno? ¿No les preocupa el poco aprecio que el presidente tiene por la ciencia, la cultura y las artes? ¿No se ruborizaron cuando a mitad de la pandemia sacó una estampita del Sagrado Corazón de Jesús como fórmula para hacerle frente? ¿No se sienten ofendidos cuando se niega reiteradamente a utilizar el cubreboca? ¿No les lastima que haya dicho que el feminismo, el ecologismo y los derechos humanos no son más que una invención del neoliberalismo? ¿No reaccionarán ante su incapacidad para entender las reivindicaciones de las mujeres? ¿No se les cae la cara de vergüenza cuando se protege a presuntos violadores o acosadores?

¿Qué piensan de los ataques sistemáticos contra centros de educación superior? ¿De lo que hoy pasa en Conacyt o el CIDE? ¿Del trato que han recibido algunos de los más reconocidos científicos mexicanos? ¿de los "otros datos" con los cuales se pretende ignorar información que proporcionan instituciones estatales como el Coneval o el Inegi?

¿No les escandalizó el intento anticonstitucional que pretendía alargar el periodo del presidente de la Corte? ¿No se estremecen cuando el presidente desata una campaña permanente contra el INE y pretende alinear a las instituciones autónomas a su voluntad?

¿No les enoja que hoy en México existan más pobres que hace 3 años y que millones de personas de las "capas medias" hayan caído en la pobreza? ¿No les inquieta que la política económica durante la pandemia haya sido neoliberal en extremo? ¿Qué se haya optado porque cada quien (empresas y trabajadores) se rascara con sus propias uñas?

¿No les espanta e indigna el manejo de la pandemia? ¿No los sacude los casos de corrupción que son desoídos por el presidente si se trata de personas cercanas a él? ¿no los agita los visibles retrocesos en materia de salud? ¿el desabasto de medicamentos? ¿el deterioro de la educación? ¿la absoluta despreocupación por el medio ambiente? ¿el incremento de los asesinatos? ¿las muertes violentas de periodistas? ¿las mentiras recurrentes? ¿las calumnias?

Si una o 2 de esas preguntas les generan inquietud no deben darles la espalda. Conozco a muchos que hace apenas unos años de ninguna manera hubieran aceptado lo que sucede. La izquierda se movilizó a favor de la equidad y la democracia. No puede ahora convalidar la edificación de un nuevo autoritarismo empobrecedor.

México está retrocediendo a pasos agigantados hacia un despotismo que creíamos desterrado y sin que se atienda (más allá de las transferencias monetarias) la abismal fractura social que marca nuestra convivencia. Por favor, como diría Savater, no conviertan a la izquierda en siniestra.

La frase del presidente generó escozor: "Hablando en plata, la señora (Piña) está ahí por mí". Más allá del egocentrismo ya muy conocido de López Obrador y del insulto a los ministros de la Corte, la declaración tiene una función muy específica en el discurso de la llamada 4a. Transformación: poner al caudillo en el centro de todo cambio.

Cualquier observador medianamente informado sabe que el presidente fue derrotado en la Corte, que no sólo intentó primero la reelección de Arturo Zaldívar, sino que, al igual que todos los expresidentes y los gobernadores a los que criticó, quiso imponer alguien a modo. No pudo. Su candidata, la ministra Yasmín Esquivel, fue moralmente derrotada (para usar el lenguaje de moda) antes de arrancar el proceso por el escándalo de la tesis plagiada. Ya en la elección fue el voto de Esquivel el que inclinó la balanza a favor de la ministra Norma Piña. Si lo hizo en acuerdo con el presidente o en conciencia, no lo sabremos, pero las declaraciones de la mañanera parecieran un mensaje de cobro de factura.

Lo que más le gusta al presidente y a su ego es parecer magnánimo. Lo que dijo ayer en referencia a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es distinto a lo que sucede en su relación con los periodistas: por un lado, dice que él le quitó el bozal a la prensa (nada más falso) y por otro la agrede permanentemente. Nada, pues, que no hayamos visto antes.

Lo cierto es que hablando en plata, para usar sus propias palabras, el presidente no tiene control de la Corte ni la mayoría absoluta en el congreso para hacer los cambios a la ley electoral que propuso. Lo que veremos de aquí al 31 de mayo, fecha límite para que las reglas estén vigentes en la elección del 2 de junio de 2024, es una tensión permanente entre el presidente y los ministros de la Corte.

Los senadores de Morena dicen que "van a cuidar las formas" para evitar que la Corte rechace los cambios a las leyes secundarias (deberían hacerlo siempre). El presidente repite que va a vigilar a jueces y magistrados para que no sean un obstáculo de los proyectos de su gobierno. Pero, así como desde el obradorismo ven a la Corte como un enemigo, los de la oposición quieren que sea un aliado incondicional. El poder judicial no es ni una cosa ni otra. Es, desde hace tiempo, un actor independiente, no exento de vicios, visiones y presiones; eso es, a fin de cuentas, un poder, aunque a muchos les estorbe.

Hablando en plata, a ningún presidente le gusta la independencia del poder judicial y a López Obrador cada día se le nota más la molestia.

Este es el sexenio más violento de la historia: el triple de asesinatos que con Calderón, el doble que con Peña Nieto. México es catalogado como el país más peligroso para los periodistas, más de 60 han sido asesinados en su administración. Los asesinatos de mujeres merecen mención aparte. Récord histórico también. Esto ya estalló y le estalló en la cara al presidente.

Las cosas se pueden poner todavía peor. La bomba puede estallar con más fuerza.

Este sexenio abandonó la apuesta por mejorar las policías del país. Se desplomaron los presupuestos para las policías locales, faltan controles de confianza, faltan programas para capacitar a las corporaciones estatales, se desperdiciaron 6 años de reforma policial, se aniquiló la cooperación con autoridades estadounidenses y europeas, se despreció la exitosa experiencia internacional de procurar una policía civil y se entregó toda la responsabilidad a los militares que se disfrazaron de policías con pésimos resultados.

Los años desperdiciados en el "abrazos, no balazos" están cobrando una factura carísima: el crimen organizado se empoderó y ahora tiene el descaro de operar electoralmente de la mano del gobierno; mientras tanto, el Ejército se dedica a los negocios. De la seguridad no parece encargarse nadie.

¿Cómo desmontar el dominio del Ejército en la vida nacional? Es el gran poder: es la empresa constructora más importante de México y constituye un gobierno que sustituyó a la burocracia. Algo reveló el hackeo de Guacamaya: no es que AMLO haya usado al Ejército, es que el Ejército ha usado a AMLO. Lo que la cúpula militar dicta en la reunión de seguridad de las 6 de la mañana, el presidente repite en la conferencia de las 7. Si el próximo presidente(a) quiere enderezar las relaciones cívico-militares se va a topar con un embrollo político y legal ante un Ejército al que no se le ven ganas de soltar un centímetro del enorme poder que ostenta.

Dicen los que saben que en todos los temas, pero particularmente en seguridad, "terreno cedido es terreno perdido". ¿Cómo recuperar tantas plazas entregadas? Es innegable que López Obrador recibió un país con gravísimos problemas de inseguridad. A estas alturas tampoco se puede negar que lo entregará aún peor.

Este sexenio se podrá recordar como el de las oportunidades perdidas. Podría pasar a la historia como: El Gran Desperdicio. López Obrador tenía todo para ser un presidente de época: capital político, legitimidad, apoyo en todos los sectores. Se hundió en la ineptitud, los prejuicios y el odio. Dejó pasar el apetito de inversión que pudo acarrear su llegada al poder con el disfraz de moderado que usó en campaña, tiró a la basura el 2022 de oro en materia petrolera, y está desperdiciando la ventaja geopolítica de ser socio de Estados Unidos para generar confianza y traer a México carretadas de dinero, aprovechando al cien y no sólo la inercia del "nearshoring".

En Pemex, la producción sigue cayendo y no se ha invertido lo suficiente en Exploración y Producción para reponer las reservas. El sistema de refinación está colapsado y enfrenta serios desafíos de mantenimiento. Hay abandono en ductos, gasoductos, plataformas... Han dejado de pagar a proveedores y tienen en casi-quiebra a la industria petrolera. Es verdad que heredaron un problemón. También es verdad que hoy el problema es aún peor. Pemex está al borde del basurero. Financieramente, la referencia es literal. Lo de la deuda de Pemex es casi inhabilitante: apenas acudieron a los mercados financieros pagando ¡en dólares! una carísima tasa de 10.5% con tal de que alguien los refinanciara.

El año pasado fue un año de oro para las empresas petroleras del mundo. La guerra en Ucrania disparó los precios. Las dos más grandes tuvieron las mayores ganancias de su historia: Exxon 56,000 millones de dólares y Chevron 36,000 millones. Pemex presumirá que tuvo el mejor de muchos años, pero no será su récord histórico y tratará de esconder todo lo que pudo ganar y no ganó. Pemex, muy al estilo del sexenio, desperdició la oportunidad: se quedó ¡47% abajo! de su meta de producción de combustibles. Sin embargo, esta entrada de dinero podría ser suficiente para "patear el bote" y que la crisis explote al próximo gobierno.

Lo de menos es que la refinería de Dos Bocas está costando el triple de lo que prometió el presidente y aún no refina un solo barril de crudo; o que la gasolina en México ya está 30% más cara que en Estados Unidos.

Lo de la electricidad es bomba de tiempo también. Le han querido dar todo a la CFE y no ha podido con nada. Están muy atrás en inversiones de generación y de la red de transmisión. Amenazaron a la iniciativa privada con la autogeneración y terminaron en muchos casos echándose para atrás en silencio, rebasados, ridiculizados. Sin luz no se fundan empresas y no se crean empleos. Tesla en Nuevo León es un ejemplo. El riesgo de apagones masivos es también una bomba de tiempo.

Un caso más de presunta corrupción y/o de manejo ilegal de dinero para fines de promoción político electoral estalló el lunes pasado con la divulgación que hizo Televisa en su noticiero estelar de una serie de videos que muestran a 3 funcionarios simpatizantes de Morena del Gobierno de Campeche recibiendo fajos de billetes en oficinas públicas en junio de 2021, a menos de 4 semanas de las elecciones que ganó la actual gobernadora de esa entidad, Layda Sansores.

Desde luego, las imágenes en las que se ve a Raúl Pozos, ex priista y ahora secretario de Educación del gobierno de Layda, a la senadora morenista Rocío Abreu, y al actual jefe de la oficina de la mandataria estatal, Armando Toledo, recordaron episodios similares que involucraron directamente a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como opositor, y más recientemente ya como presidente.

La gobernadora y los funcionarios de Campeche involucrados tendrán que explicar mucho más de lo que salieron a decir ayer en el sentido de que no era en esa fecha y que ese dinero era para gestionar programas sociales.

Este nuevo escándalo, el enésimo que acusa evidentes irregularidades en la actual administración federal, que en ningún caso se han sancionado o que incluso, han sido exonerados como el caso de Pío, vuelve a exhibir a una Fiscalía sin independencia, sometida al ejecutivo.

Hace también una rasgadura más a la ya muy deshilachada bandera de la erradicación de la corrupción, que sólo existe en el discurso presidencial mañanero.

2 funcionarios del actual gabinete de Layda Sansores, gobernadora de Campeche por Morena, fueron exhibidos en video mientras recibían dinero en efectivo dentro del palacio estatal de gobierno, además de la senadora morenista Rocío Abreu.

En los videos presentados en el noticiario En Punto, se observa a Raúl Pozos Lanz recibiendo en un maletín al menos 4 fajos de billetes de 500 pesos en efectivo; alrededor de un millón de pesos. De acuerdo con la información de la reportera Fátima Monterrosa, la entrega habría sido en mayo de 2021, un mes antes de las elecciones de la gubernatura de Campeche.

En ese entonces, Raúl Pozos Lanz era operador político de la candidatura de Layda Sansores y la entrega del dinero habría ocurrido durante la gubernatura interina de Carlos Miguel Aysa González en el 4o. piso del palacio de gobierno de Campeche.

Pozos Lanz renunció meses antes al PRI para sumarse al equipo de Sansores, quien le reconoció el "valor para romper con el pasado": "Bienvenidos los que vienen a consolidar la 4a. Transformación en Campeche".

Cuestionado por En Punto por el origen del dinero, Pozos Lanz, quien fue nombrado por Sansores como secretario de Educación de Campeche, respondió que correspondía a "gestiones" de la gente que solicitaba apoyo.

"Siempre hubieron (sic) demandas de gente que visitaba o me visitaban o que yo veía en sus comunidades", justificó.

En las imágenes se observa a la senadora Rocío Abreu recibiendo fajos de dinero en efectivo en la misma oficina donde Pozos recibió paquetes de billetes, previo al proceso electoral de 2021.

La senadora de Morena fue captada recibiendo en 2 ocasiones fajos de dinero que se llevó en bolsas de papel. La legisladora renunció al PRI-Partido Verde para sumarse a Morena.

También al ser cuestionada por la reportera, la senadora Abreu negó haber recibido algún dinero, pero después aceptó que fue para realizar "gestiones" del gobierno del estado.

Armando Toledo Jamit, quien fue nombrado jefe de oficina de Layda Sansores, también fue captado recibiendo dinero en efectivo en la misma oficina; firmó un recibo y se llevó los fajos de billete en una bolsa de papel.

Los hechos ocurrieron antes del proceso electoral de junio de 2021, cuando Layda Sansores ganó la gubernatura.

Morena persiste en su decisión de destruir a la democracia para, después, degollar la libertad.

Subrayo: es una decisión tomada por un solo hombre.

Ese hombre ha encontrado en la abyección y la ambición de sus seguidores la facilitación de su delirio.

Los integrantes de Morena, que son una minoría vociferante y radical, se han distinguido como una secta poblada por sumisos y por cobardes.

Sumisos: porque obedecen sin chistar.

Se han hecho a sí mismos una lobotomía para evitar pensar, para olvidar su lucha democrática, y sus convicciones.

Pero son además cobardes: repiten el insulto cotidiano del poderoso a las y los ciudadanos indefensos y eso, cuando ocurre desde el poder, tiene un nombre: cobardía.

Al INE no pudieron matarlo porque no tuvieron los votos.

Esto es: porque tuvieron que admitir que son una minoría en el país.

Entonces, el resentimiento desencadenó la ira: -"Destácenlo" fue la orden literal que dieron a senadores y diputadas. No lo pudieron matar, así que lo quieren dejar parapléjico.

Destazar al INE implica que aprobarán el miércoles una ley cuyos efectos serían: despedir al 84% de los funcionarios del INE, con ello, no habrá forma de expedir a tiempo credenciales de elector. Hoy se atienden 120,000 personas al día. Ya no se podrá hacer.

En las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz, Puebla, Nuevo León, Querétaro, Tijuana, entre muchas otras, los trámites serán llevados a cabo por una sola persona.

Esa misma persona será la responsable de actualizar el padrón. Imposible. Desaparece el PREP y se debilita el traslado y custodia de paquetes electorales el día de la elección.

La capacitación a ciudadanos queda en huesos.

Por último, se permite a las y los funcionarios del gobierno involucrarse en las elecciones.

Destazar al INE es desvalijar la equidad y la democracia. Eso pretenden.

Les tengo una mala noticia. No podrán.

Tomaremos las calles. Llenaremos las plazas. Desobedeceremos. Dejaremos de pagar impuestos. Interpondremos amparos. Ocuparemos los espacios de comunicación. No podrán.

Hay una Corte presidida por una mujer digna, que hace valer la ley, que no minimiza el plagio, que no consiente advertencias del poder.

Hay un Tribunal Electoral aún libre y determinado. Hay cientos de articulistas que denuncian el atropello. Hay decenas de barras y asociaciones de abogados que interpondrán recursos.

Hay conglomerados ciudadanos por todo el país convocando a la movilización.

Hay partidos de oposición que se unen.

Hay ciudadanos que ofertan propuestas para un mejor porvenir.

Hay un despertar de México.

Hay un ejército de ciudadanos dispuestos a defender la democracia y jugársela por la libertad.

Un ejército que no se amedrenta por los insultos, ni por los miles de soldados en el Metro, ni por las incursiones a oficinas de opositores, ni por que despidan de los medios a ciudadanos libres y con el coraje para rifársela por el país.

A la amenaza se le responde con valor y dignidad. "No pudimos matar al INE: destácenlo". Tal fue la orden, propia de un carnicero.

La sabiduría popular lo advierte: los carniceros de hoy serán las reses del mañana.Y mañana, en México, ya es hoy.

Mucho tiempo y dinero le ha invertido el presidente Andrés Manuel López Obrador al juicio sumario a Genaro García Luna en la corte de Palacio Nacional, para golpear por esa vía al ex presidente Felipe Calderón, que lo derrotó en la elección de 2006. Esa cruzada permanente se intensificó en las 2 últimas semanas, las primeras del juicio en Brooklyn del ex secretario de Seguridad Pública federal, en donde las cosas no han salido como esperaba. Los testigos de la Fiscalía no han proporcionado la bala de plata contra García Luna, acusándolo de oídas y sin pruebas, mientras su defensa los ha hecho contradecirse y reconocer que no tienen nada, salvo su palabra, contra él.

Desde 2019, su entonces consejero jurídico, Julio Scherer, le advirtió que no estaba sólido el caso contra García Luna, pero el presidente apretó el acelerador. La Fiscalía General le abrió carpetas de investigación en enero de 2022, y para cubrir las apariencias, las recicló en un comunicado de prensa en junio del año pasado, y le volvió a dar la vuelta para informar lo mismo hace unos días. Tenían que ganar tiempo, después de un desaire del gobierno de Joe Biden, que no hizo caso a una solicitud del presidente para que les facilitaran la documentación que el Departamento de Justicia presentó al juez Brian Cogan en Brooklyn.

El gobierno mexicano está a ciegas. García Luna nunca solicitó la ayuda consular, por lo que su información depende únicamente de lo que publica la prensa y del equipo multidisciplinario que envió a darle seguimiento a las audiencias en Brooklyn.

En México, lo que tiene en juego la Presidencia corre por diferentes correas: necesita una sentencia condenatoria para que López Obrador pueda continuar su linchamiento contra Calderón. No importa qué decida el jurado, pues en caso de ser opuesto a sus deseos, siempre tendrá el discurso de que García Luna lo corrompió y que el Departamento de Justicia prefirió mantener sus privilegios.

Pero para esto, necesita alinear la opinión pública en México a fin de que no se publiquen textos que siembren la duda razonable y afecten su estrategia. Para esto, la Presidencia tuvo una ocurrencia, que no estrategia. Despachó a uno de sus francotiradores a Brooklyn, bajo la máscara de periodista que le crearon desde principios de sexenio, para que comenzara a sembrar infundios contra varios comunicadores a partir de los dichos de criminales en el juicio que Arturo Beltrán Leyva pagó a periodistas para que difundieran rápidamente la captura de Jesús Reynaldo Zambada, "El Rey", en octubre de 2008.

A los primeros que les endilgaron semejante aberración, fueron a Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret y a quien esto escribe, aduciendo que uno era director de Milenio Televisión, el otro conducía un importante noticiero matutino, y en mi caso, porque era director editorial de El Universal. De las cuentas personales de los propagandistas de López Obrador y de las afines al vocero Jesús Ramírez Cuevas, se retuitearon las mentiras. El enviado de Palacio Nacional diseminó la especie desde Estados Unidos sin el mínimo cuidado de buscar cuadrar las mentiras con los hechos, que está siendo alimentada por algunos corresponsales mexicanos.

El intento de la Presidencia por vincular a periodistas que han cuestionado la credibilidad de los testigos de la Fiscalía en el juicio contra García Luna no tiene destino alguno. Sin embargo, demuestra un intento desesperado por tratar de acallar a la prensa crítica mediante la intimidación. Nadie, fuera de los abogados saben qué contienen las evidencias de la Fiscalía, o la lista completa de testigos de los fiscales o la defensa, pero con lo que va del juicio hasta ahora, no hay vinculación directa de García Luna con los delitos de que se le acusa.

A López Obrador no le gusta que se diga esto, y para su pesar, hay periodistas con perfiles independientes en Brooklyn, algunos incluso afines a su gobierno, que han reportado la debilidad de los testigos presentados hasta ahora. Buscar estrategias para acallar periodistas no le funcionará, al ser un juicio de alto impacto mediático que siguen directamente periodistas profesionales con experiencia, a quienes tampoco tiene manera de silenciar.

Si el 13 de noviembre la manifestación magna llevada a cabo por convocatoria de un conjunto de organizaciones sociales fue de una gran dimensión y mayor impacto del que se pensaba tendría, quizá debamos esperar que la convocada para el próximo domingo 26 de febrero resulte ser una expresión gigantesca de apoyo al INE y en rechazo a las reformas que contiene el denominado "Plan B" maquinado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que hay que recordar que ni los propios organizadores esperaban la inmensa cantidad de personas que atendieron el llamado, que, aunque se trató de minimizar la asistencia por parte de las autoridades y del presidente de la república propiciándose una guerra de números y contradicciones, tras de que autoridades de la Ciudad de México contabilizaran ridículamente 11,000 personas, la jefa del Gobierno capitalino un poco más, y el propio López Obrador desdeñara la importancia de esa marcha, de acuerdo con expertos reunió a 600,000 personas que son más de las que en teoría se requieren para llenar la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Esta marcha resultó aún más impactante porque la lectura que se tuvo es que se provocó un cambio radical en el escenario sociopolítico por el despertar de la sociedad civil, dado que es de todos conocido que las personas que fueron concitadas por los partidos fueron cuando mucho un 15% del total -siendo bondadosos-, y quizá la mitad de ese resto por organizaciones, pero una cantidad muy grande fueron los llamados orgánicos, es decir, aquellos que se sumaron a partir de la exhortación o por haber despertado la conciencia cívica correspondiente.

La reforma constitucional electoral propuesta por el presidente cercenaba y modificaba al INE, pero no obtuvo la mayoría calificada gracias a que los legisladores se mantuvieron sólidos en el bloque opositor y evitaron que se aprobara.

Después del duro golpe que significó la marcha y la sacudida que provocó en Palacio Nacional, el rechazo a la Reforma Electoral constituyó otro duro revés para el presidente que de inmediato anunció presentaría un "Plan B", mismo que desde un principio el propio coordinador de Morena, el senador Ricardo Monreal, consideró tendría que revisarse con cuidado.

El caso es que dicho "Plan B" fue presentado y como se trata de reformas a las leyes ordinarias y no a la Constitución, solamente requiere de mayoría simple, por lo que pasaron sin problema en ambas cámaras y están a punto de culminar su proceso legislativo para ser publicadas con textos que sobrepasan la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; leyes reglamentarias que no deberían exceder los límites constitucionales y es sabido que sí lo hacen y que son en su conjunto mucho más lesivas incluso que la reforma constitucional que se pretendía de manera inicial.

Ante estos excesos del presidente y legisladores que integran la 4a. Transformación, los partidos políticos de oposición y el propio INE han presentado recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se está por revisar lo propio por los grupos parlamentarios que pueden hacer dicha acción frente al alto tribunal cuando son al menos un tercio del componente de cada una de las cámaras o de la cámara que quiera presentar el recurso, y será la Corte la que deba resolver.

De entrada, hay optimismo y fe de que la Corte resuelva conforme a Derecho. Esto luego de la reciente elección de la nueva presidenta, nombramiento que recayó en la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien en poco tiempo ha demostrado firmeza y decisión, y como ejemplo está el hecho de haber recibido y despachado en 10 minutos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien pretendía, según trascendió, presionar para obtener su apoyo y voto favorable de ministros en temas torales para el gobierno que encabeza López Obrador, y tuvo como respuesta un total rechazo de Piña, quien sin rubor alguno le dejó saber que los temas que importan en Palacio Nacional no son los mismos que tiene el poder judicial.

En este contexto existe una buena expectativa y es por ello que se ha convocado de nueva cuenta por las organizaciones que conforman el colectivo Unid@s a defender al INE y ya suman alrededor de 40 ciudades de la república que se han apuntado convocando manifestaciones similares.

Ojalá se consiga nuevamente convocar a una magna marcha a fin de que se logre el efecto esperado para que los ministros dicten la inconstitucionalidad de las reformas aprobadas y se evite el daño irreparable que AMLO y su 4a. Transformación buscan propinar al INE, acotando y cercenando sus facultades, y erradicando la democracia en México. Eso es lo que está en juego y es por lo que nos vamos a manifestar; para tratar de evitar una dictadura.

"La jefa de Gobierno de la capital ha llevado la imitación a extremos penosos. Su estrategia hasta el momento no es la continuidad sino la clonación", comentó Jesús Silva-Herzog Márquez en Reforma el 16 de enero pasado.

Es la clara intención del gobierno de la 4T de adoctrinar a las futuras generaciones, a través de la educación pública.

Lo digo porque hace unos días nos enteramos de que en el diseño de contenidos de la SEP está involucrado el ex funcionario chavista Sady Arturo Loaiza, quien hasta el 2018 trabajó en el gobierno de Nicolás Maduro, y desde el 2022 es "subdirector" de Materiales Educativos de la SEP, encargado nada menos que del análisis y rediseño pedagógico de materiales, participando en la elaboración de los libros de texto y educación básica.

Este individuo -que de pedagogo tiene lo que yo tengo de astronauta- es partidario de enseñar las bases del chavismo a los niños. Antes trabajó en una compañía agrícola y en otra de desarrollo pesquero en Venezuela, y ahora... hace libros de texto. Seguramente lo reclutaron por sus conocimientos pesqueros. Recordemos que siempre es mejor "enseñar a pescar que dar el pescado".

Todos los días estamos expuestos al bombardeo ideológico del presidente que imbuye en la mente del "pueblo" la idea de que los mexicanos más preparados que aspiran a una calidad de vida superior son (somos) personas banales, cuyo bienestar, así sea meramente clasemediero, se basa en la miseria y explotación de los pobres y en la corrupción.

Esta ideología antiéxito [salvo el de su parentela, aclara el webmaster] sugiere que la educación y la adquisición de conocimientos y experiencia -con lo que se logra una mejor calidad de vida y la construcción de un patrimonio- convierte a las personas en seres deleznables, racistas, materialistas... fifís, pues.

Debemos hacer un escándalo, igual o mayor al que se ha iniciado por los intentos de "descuartizar" al INE, por el adoctrinamiento que se intenta hacer a la niñez mexicana a través de los libros de texto y con lo que se "descuartizaría" la educación pública.

No parece urgente hacerlo porque los nefastos efectos del adoctrinamiento no son visibles en el corto plazo. Sin embargo nada hay más dañino para el futuro nacional que la ideologización (política o religiosa) en las escuelas; nada nos debería preocupar más que ver a un maestro adoctrinador -castrista, chavista, bolivariano, mesiánico, cuatroteísta-, hablándole a un niño. Imaginen los valores e ideales que enseñan; los arquetipos que presentan como modelo y ejemplo a seguir, como ídolos, salvadores y paladines de los pobres.

Si tienen dudas del interés del gobierno de la 4T en adoctrinar a las futuras generaciones de votantes (que no de ciudadanos libres), lean a continuación lo que es el adoctrinamiento, compárenlo con el discurso oficial que todos los días escuchamos y verán que es lo mismo: "El adoctrinamiento, a diferencia de la educación que se da en una estricta neutralidad e imparcialidad, es el conjunto de medidas, prácticas educativas y de propaganda tomadas por una autoridad, encaminadas a inculcar determinados valores o formas de pensar en los sujetos a los que van dirigidas. El adoctrinamiento es un medio de control social no explícito ni necesariamente coactivo, pero sí influyente. Este medio es usado por grupos religiosos e ideológicos extremistas, frecuentemente contrarios al orden establecido. En regímenes totalitarios se denomina adoctrinamiento a cualquier modelo de pensamiento del oponente político, pero nunca a las prácticas adoctrinantes practicadas por el mismo Estado".

Esto último es exactamente lo que la 4T hace: ver "la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio".

Si bien la generación actual ya sufrimos la enfermedad de la corrupción y por décadas la dictadura de un partido, tenemos que asegurarnos que no vuelva a suceder.

El riesgo inmediato está en el descuartizamiento del INE, y el de las futuras generaciones, en el adoctrinamiento (lavado de cerebro) a través de la educación pública.

Nos toca a nosotros, a los ciudadanos más educados y todavía libres, hacer dos cosas: evitar la destrucción del INE y asegurarnos de que la educación pública esté libre de ideologías, favorezca el libre pensamiento y el uso de la razón crítica.

La educación pública debe preparar a las siguientes generaciones para su supervivencia social, cultural y económica en un mundo globalizado, y ver a la niñez mexicana no como botín electoral futuro, sino como piedra angular de la democracia y clave del progreso nacional.

Es momento de que desde las organizaciones de la sociedad civil se llame a la clase política y gubernamental a serenar los ánimos, y que el maquiavélico discurso mañanero no siga desbordando. Porque es altamente preocupante que la política presidencial de ayuda a los pobres, que como él mismo lo dijo, no es por convicción de combatir la pobreza sino una mera estrategia política, siga profundizando las divisiones y enrareciendo aun más a un país ya de por sí sumido y aturdido por una grave crisis de inseguridad y violencia.

Los incidentes en el Metro de la Ciudad de México siguen ocurriendo y la narrativa del gobierno capitalino sigue justificándolos. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, insiste que son eventos atípicos producto de sabotajes. El director del Metro, Guillermo Calderón, precisa que son obras del crimen organizado. Son muy temerarios, porque por un lado tienen que probar el sabotaje y acusar penalmente a quien resulte responsable. Y por el otro, las tragedias en el Metro por actos de sabotaje no están contempladas en el seguro contratado para ese transporte público, por lo que todos los costos que las reparaciones conlleven tendrán que ser pagados por los contribuyentes.

Entonces, si hay sabotajes pero no hay responsables, ¿por qué quienes pagamos impuestos tenemos que cubrir la incapacidad de la autoridad capitalina para encontrar a los culpables de esos actos y que reparen el daño causado? Señalar que las fallas son producto de sabotajes, cuando los expertos sostienen que obedecen a un problema de mantenimiento -afirmación que soporta la reducción presupuestal para el Metro-, fue caminar hacia el terreno de actos terroristas y de reconocer, mientras que no encuentren a los autores intelectuales y materiales, que esos presuntos actos criminales tienen postrado al Gobierno capitalino.

La acusación de sabotaje en el Metro es de reciente cuño, muy en la línea del presidente Andrés Manuel López Obrador de echar la culpa a otros de sus errores y deficiencias. Y actos de esta naturaleza no estaban en la cabeza de Sheinbaum, ni de nadie en su gobierno el año pasado, cuando se firmó el seguro del Metro. La póliza del seguro firmada el 5 de enero de 2022 no incluye los delitos de sabotaje o terrorismo entre los ramos que cubre, y de acuerdo con fuentes en la industria, el nuevo contrato de seguro, tampoco.

¿Acaso en la fuga hacia delante y esconder la deshidratación presupuestal para enviarla a los megaproyectos presidenciales y destinar a los programas sociales con alto contenido electoral mintió la jefa de Gobierno y se metió en un problema financiero que impacte aún más en las presuntas deficiencias de mantenimiento?

Sheinbaum se metió en una trampa y al parecer no ha caído en cuenta. A principios de esta semana, en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, habló ampliamente del Metro y los recientes incidentes, para quejarse de que había sido víctima de "calumnias". Las "calumnias" a las que se refirió han sido los señalamientos y las críticas por la falta de mantenimiento en el Metro, que ha negado reiteradamente.

Los señalamientos sobre la deshidratación del presupuesto no han sido hechos a la ligera. La cuenta pública ha venido reflejando una disminución presupuestal y, además, una mala gestión del presupuesto para mantenimiento, que agrega a la disminución de los recursos para el sistema. El presupuesto del Metro en 2019 fue de 22,889 millones de pesos, que se redujo en más de 3,000 millones en 2019. Para este año se programaron 18,847 millones de pesos, que resultan insuficientes, por lo que el sindicato del Metro solicitó en diciembre una partida adicional de 3,000 millones de pesos para mantenimiento. La propuesta no se escuchó pero generó, cuando se sucedieron varias de las incidencias "atípicas", acusaciones de que sus dirigentes eran los saboteadores.

Ante la falta de recursos para el mantenimiento del Metro, la probabilidad de que se sigan dando incidentes es grande, causando un hoyo presupuestal adicional porque no serán cubiertos por el seguro. La posibilidad de que esto comenzará a cubrirlo Agroasemex es que se reconocieran los problemas descritos en la Póliza Integral, pero contradeciría lo que ha venido expresando Sheinbaum sobre los sabotajes. No lo va a hacer. En la plenaria de Morena pidió que "nos ayuden a difundir y cerrar todas las calumnias que luego se dicen", no por ella, aclaró, sino por cualquier militante, para que con ello, defiendan el proyecto de López Obrador.

Está bien, pero lo más apremiante es que se ponga a trabajar y consiga los recursos para mantener el Metro funcionando, cuando menos como antes.

El Centro Católico Multimedial (CCM), en su editorial semanal, criticó la orden del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a los miembros de su partido en la 65 Legislatura, de "descuartizar" al INE.

Calificaron dicha instrucción como prueba de que el gobierno federal está empeñado en "asesinar completamente las instituciones" que han apuntalado una democracia que se pensaba madura.

Detalló que al iniciar el 2o. periodo de sesiones en el 2o. año de la actual legislatura, todo se enfoca a estos temas: elecciones en 2 estados, designación de nuevos consejeros y detener la aniquilación del INE.

Porfirio Muñoz Ledo, ex presidente de la Cámara de Diputados, llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que no se deje doblegar, porque avalar esa reforma sería cancelar la democracia mexicana. "Yo confío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque habrá muchos juicios, pero si la Corte se doblega, se vuelve cómplice de López Obrador. La Corte tendría la muy grave acción de cancelar la democracia, de ese tamaño es su responsabilidad", dijo.

Muñoz Ledo analizó el "Plan B" del presidente, en el que como un "carnicero" se pretende "destazar" al INE al eventualmente adelantar el conteo rápido, lo que es como cancelar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

"Destazar, no acabar, esa palabra es de carnicero o de pozolero, es una barbaridad, no hay nada más antidemocrático que se haya hecho en los últimos tiempos, porque hemos ido ganando en democracia, pero esto es un salto atrás, en donde el gobierno se queda con el manejo de las elecciones", expuso.

Señaló que si se busca austeridad, como bajar el salario de los consejeros, eso no tiene por qué decidirlo el ejecutivo, pues se trata de una entidad autónoma que fija sus propios sueldos, no es una empresa privada, pero es equivalente.

"¿Por qué el presidente hace un grave atentado contra las instituciones autónomas?", cuestionó Muñoz Ledo, al tiempo que recordó que la UNAM es de las primeras instituciones autónomas y el ejecutivo no decide los salarios de los profesores o le quita funciones ni dicta cómo se otorgan los méritos a los maestros, "es absurdo y retrógrado". Cuestionó el intento del ejecutivo de nombrar a los consejeros del INE e integrantes del Tribunal Electoral por medio de insaculación de 20 propuestas, 10 hombres y 10 mujeres; 20 del ejecutivo, 20 del legislativo y 20 del poder judicial.

El 3 de septiembre de 2019 López Obrador dijo que el presidente se entera de todo. "Los negocios que se hacían al amparo del poder público, llevaban el visto bueno de los presidentes. Nada de que el presidente no sabía, nada de que el presidente no estaba enterado. Este es un sistema político presidencialista. El presidente se entera de todo, o sea, ya basta de hipocresía, de estar engañando".

3 años y 5 meses después, ayer, López Obrador reculó y quedo exhibió, al reconocer que el ingeniero Cuauhtemoc Cárdenas se había deslindado del movimiento 'Mexicolectivo', cuando un día anterior -el lunes- lo criticó severamente por ser parte de esa organización y lo calificó de conservador, además de establecer que "cada dia que pasa hay más definiciones, y es muchisimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores". Y lo tundió, a pesar de que Cuauhtemoc Cárdenas es uno de los precursores del movimiento de izquierda que 'brazo con brazo' compartió la lucha ideológica con López Obrador. "Esta ancheta está muy angosta, no hay para donde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más, no hay justo medio... hay momentos de definición política y en esta definición uno decide donde quiere estar, y con todo respeto al ingeniero, él toma una decisión de dónde estar".

En su carta, Cárdenas le ratifica que en los procesos que se siguen de Palacio, para atender las prioridades del país, no son las conducentes. "Creo firmemente que el debate fortalece nuestra democracia, que para resolver los principales problemas del país: la inseguridad y la violencia, el rezago económico, la desigualdad social, la desmedida concentración de la riqueza, los riesgos del cambio climático, etc., hace falta una amplia discusión de ideas y que mientras más opciones existan, mientras más coincidencias se den entre las alternativas que presenten los diferentes sectores de nuestro país -incluido el gobierno- mejores serán los caminos que se decidan para atender las distintas problemáticas". Parafraseando a AMLO, fue un 'tenga para que aprenda'.

Exactamente, Cárdenas, aunque 'no participe' en el movimiento 'Mexicolectivo' con su propuesta 'Un punto de partida', son sus teorías las que dan origen y son la base de la propuesta social.

Y además de recibir un catálogo de ideas de cómo enfrentar la problemática del país -en la carta de Cárdenas-, el presidente quedó exhibido y expuesto a sus propios 'planteamientos filosóficos', cuando al tratar de arreglar sus comentarios, dijo textualmente: "A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero, Y YO NO SABÍA, pero él ya lo había informado al grupo". Entonces es falso aquello de que "EL PRESIDENTE SE ENTERA DE TODO". Lo volvemos a parafrasear: "Ya basta de hipocresías".

Cuauhtémoc Cárdenas es uno de los personajes políticos más respetados de México. Puede uno estar de acuerdo con él o no, pero ha promovido convicciones honestas, ha defendido la democracia y ha respetado a quienes piensan diferente. Encarna los ideales de la izquierda progresista. Eso no evitó, sin embargo, que el presidente López Obrador lo descalificara: "Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento", pero "es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más". Que AMLO afirme que si Cárdenas no se alinea al 100% con sus posiciones se convierte en un defensor de la oligarquía parece un mal chiste, pero es una actitud usual en un presidente que piensa que él y solo él representa al pueblo.

En su libro de 2022 "Por una democracia progresista", que sirvió de base al documento "Punto de partida" del Colectivo por México, Cuauhtémoc escribió: "Vivimos actualmente uno de los momentos en que más se requiere que quienes se identifican como demócratas, progresistas, de izquierda, socialistas..., se acerquen entre sí para analizar y discutir la problemática nacional. Debe abrirse un debate amplio sin exclusiones... Nadie puede arrogarse el derecho de calificar a los demás". Es la posición de un demócrata incluyente.

Cuando Cárdenas se separó del PRI y lanzó su candidatura presidencial en 1988, López Obrador se mantuvo en el partido dominante. Después de las elecciones del 6 de julio, Graco Ramírez lo buscó. "Le hice ver la importancia de enfrentar el fraude electoral y de que él pudiera separarse del PRI y ser nuestro candidato [en Tabasco]... Él mostraba dudas. Tenía esperanzas de participar en alguna candidatura del PRI que ya estaba por postular a Salvador Neme como abanderado para gobernador". Finalmente, AMLO habló en septiembre con Cuauhtémoc, "en el despacho de Andes, en las Lomas, donde fue la casa del general Cárdenas". Aceptó salir del PRI y fue postulado como candidato a gobernador por la izquierda. "Más tarde participó en la fundación del PRD en 1989".

López Obrador parece haber olvidado la historia en común. Hoy ha impulsado un vergonzoso culto a la personalidad y en el camino ha descartado a muchos militantes de izquierda que alguna vez fueron sus compañeros. En su movimiento, la única decisión que cuenta es la suya.

Las diferencias entre Cárdenas y el presidente no son nuevas. El 20 de mayo de 2021, en una conferencia titulada "El futuro de la izquierda", el ingeniero señaló: "Difícilmente diría yo que tenemos un gobierno de izquierda, por más que se digan de izquierda". En Por una democracia progresista plantea la necesidad de una "ardua... tarea de reconstrucción, construcción y encauzamiento..., políticas distintas a las que han estado vigentes en estas últimas 4 décadas, con objetivos diferentes".

El presidente celebró ayer que Cárdenas se haya deslindado del Colectivo por México: "Me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado". Reconoció que "No leí el documento" del grupo, pero aun así afirmó que contiene una crítica "exagerada, sin fundamento, porque están fuera de sí". Cuauhtémoc, efectivamente, anunció que "no seguiría participando más", por "consideraciones de carácter político", pero eso no descarta que su libro haya sido la base del movimiento.

Las diferencias entre el presidente y el ingeniero no han desaparecido. Cárdenas propone un gobierno de izquierda progresista, que surja de un consenso de las fuerzas democráticas. López Obrador quiere mantener un régimen basado en "lo que diga mi dedito".

Cuando fueron a la toma de protesta de López Obrador como presidente de México, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y su hijo Lázaro se quedaron asombrados. En todo el discurso, no hubo una sola referencia a la lucha democrática del ingeniero en la década de los 80, ni una mención al considerado "líder moral" de la izquierda mexicana.

"Mi papá y yo tuvimos que ver el discurso otra vez porque no podíamos creer que ni siquiera lo hubiera mencionado", dijo Lázaro Cárdenas Batel a sus allegados. Recordó que hasta Vicente Fox, siendo panista, cuando tomó posesión se ubicó como quien recibió la estafeta de Cárdenas para romper con 80 años de PRI. Y contó que le había preguntado a su padre qué pensaba del desdén y que le respondió que no le sorprendía, que Andrés Manuel no es un hombre leal, no es un hombre agradecido, no es una buena persona.

No había sido el único desplante de López Obrador ante la dinastía cardenista tras su triunfo en 2018: durante toda la transición, el presidente electo alimentó la idea de que encomendaría Pemex a Lázaro, al grado que él tuvo reuniones con el equipo saliente del gobierno de Peña Nieto. Qué mejor que encomendar Pemex al nieto del general que nacionalizó el petróleo. Pero no sucedió. Al final, Cárdenas Batel resultó arrumbado en una cuasi inexistente y descafeinada coordinación de asesores, en donde lleva 4 años pesando poco y pintando menos.

Ayer, el presidente AMLO fue más allá y declaró al ingeniero Cárdenas un adversario político, un conservador moderado. Todo, a consecuencia de la participación del ingeniero en el frente opositor "Méxicolectivo" organizado por Dante Delgado, dirigente de MC. Quizá cuidando la chamba de su hijo Lázaro, Cuauhtémoc Cárdenas emitió un comunicado posterior admitiendo que participó en la gestación del colectivo, pero que luego se separó. A ver si AMLO recula hoy.

Porque lo que hizo ayer fue una especie de parricidio político. Cuando López Obrador era sólo un destacado dirigente social tabasqueño, Cárdenas lo respaldó y lo volvió figura en todo el país. AMLO no hubiera sido dirigente nacional del PRD sin el impulso de Cárdenas. AMLO no hubiera sido jefe de Gobierno sin la bendición y hasta el cabildeo de Cárdenas para sacudir los impedimentos incluso legales para que contendiera. AMLO no hubiera sido el candidato a la Presidencia en 2006 si Cárdenas no hubiera tenido el gesto de cederle el paso.

Pero hay algo que siempre ha pesado más en López Obrador: le tiene celos al ingeniero. No tolera que se coloque a Cárdenas como "líder moral de la izquierda". Para AMLO sólo hay un lugar en la historia y es el propio. Para AMLO sólo existe AMLO. Lo de descalificar al ingeniero es sólo una muestra de lo que los mexicanos hemos atestiguado en 4 años de gobierno: la triste descomposición de un luchador social de formidable cercanía al pueblo a un político soberbio, carcomido por el odio y la sed de venganza, y que tiene con quienes lo ayudaron la gratitud de un miserable.

En la radicalización de su mundo binario, donde quien no es su incondicional está contra él, Andrés Manuel López Obrador se olvidó de todo aquello que le permitió llegar a la Presidencia y acusó a Cuauhtémoc Cárdenas, el líder moral de la izquierda mexicana que le dio el impulso que lo colocó en el sitio donde está, de estar ahora del lado de las oligarquías. La increíble declaración de López Obrador sólo se entiende en su incapacidad para distinguir el disenso de la oposición, y su monumental egocentrismo al estilo Luis XIV, donde todo gira en torno a él y no hay más espacio en la arena pública que para su protagonismo.

No le gustó a López Obrador que figurara Cárdenas en un colectivo plural, donde predominan las ideas progresistas, inspirado en su libro publicado el año pasado, "Por una democracia progresista", donde desde una posición claramente de izquierda y un nacionalismo moderno, plantea de manera implícita un programa de gobierno para el futuro. El pensamiento reduccionista del presidente le impide ver matices y ubicar a cada quien en la dimensión histórica adecuada. Sólo él tiene la autoridad para estar del lado correcto de la Historia, no otros que lo opaquen, como Cárdenas, a quien ya considera un adversario.

"En política sí, si él asume una postura de este tipo", dijo López Obrador. "Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta (una descripción que parece desafortunada porque no representa lo que quiso decir) está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más; no hay para dónde hacerse".

López Obrador no se definió de izquierda al difamar a Cárdenas, al identificarlo como parte del "ala moderada del bloque conservador", como calificó al grupo plural del Colectivo por México, presentado el lunes, sin dar tiempo siquiera, como sucedió horas después, a que el ingeniero se deslindara del grupo. La afirmación del presidente que el lado correcto de la Historia es "estar con el pueblo", tiene mucho de retórica, pero su palabra está hueca. Hoy hay más pobres que los que había cuando concluyó su mandato Enrique Peña Nieto, y es un país con más precariedad, podredumbre y pauperización que cuando llegó a la Presidencia.

Entre los 2 no hay comparación. Cárdenas, por genética, biografía política y acción, es un político de izquierda, demócrata y con visión de Estado. López Obrador no resiste la prueba del ácido. Es conservador en lo social -sus creencias sobre la despenalización del aborto y el cambio climático están en sus antípodas ideológicas-, reaccionario -opuesto a todo cambio, que lo lleva a actitudes regresivas- y económicamente tan neoliberal o más como aquellos gobiernos a los que fustiga sistemáticamente. El discurso de los pobres, que emplea para descalificar a todos, como ahora con Cárdenas, no tiene asideros en una política pública, sino en un asistencialismo de dádivas, más propio de la Iglesia Católica.

En su perorata contra Cárdenas y el Colectivo por México, los acusó de apostar por la simulación y el gatopardismo de cambiar las cosas para que sigan igual. Es cierto que no se le puede adjudicar a López Obrador actuar como Gatopardo, porque no cambia para no cambiar. El presidente sí ha promovido un cambio, pero para destruir principalmente a las clases más desprotegidas, que son las que dice defender, como lo demuestran todos los indicadores en pobreza, bienestar, educación y salud. Puede decir López Obrador lo que se le ocurra, pero al final son los resultados los que cuentan y marcarán su sexenio.

Por la forma belicosa y vitriólica del tono de López Obrador en las mañaneras, se podría pensar que está claro del rumbo descendente a donde ha llevado el país, pero incapaz de admitir errores y corregirlos, acelera para ganar tiempo y ver si es capaz de poder imponer a su candidata -o candidato-, antes de que la realidad lo alcance a él, para que llegue a Palacio Nacional. Ensimismado, como parece estar, actúa sin filtros y dinamita todos los puentes.

Es el caso con Cárdenas, con quien meses de molestia por sus declaraciones y críticas a su gobierno afloraron este martes. Cuauhtémoc es hijo de Lázaro Cárdenas, el mejor presidente en la Historia de México, según López Obrador, y de cuyo legado quiere despojar a quien lo hizo crecer y llevó a la arena pública nacional, importándolo de Tabasco, haciéndolo líder del PRD y después empujó a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Ser mal agradecido es algo recurrente en López Obrador, aunque en este caso en particular se excedió. Qué impacto tendrá haber difamado a Cárdenas, un político respetado por todos por su congruencia, coherencia e integridad, dependerá de la reacción del ingeniero. Hombre que mide con cautela los contextos políticos, canceló su participación en el Colectivo por México, pero López Obrador no apreció el gesto y apresuradamente rompió con Cárdenas.

Si hubiera coherencia, la izquierda democrática del país tendría que deslindarse del proyecto reaccionario de López Obrador, y su hijo, Lázaro Cárdenas Batel, renunciar como coordinador de asesores del presidente. Por meses ha soportado los desaires e insultos de López Obrador, el sectarismo del núcleo duro del presidente y la forma como su secretario privado lo ha castigado y marginado. Lo ha soportado por su carácter y quizás también por un proyecto que podría ser verdaderamente de izquierda, no la pantomima que se vive en Palacio Nacional.

Pero más allá de cuál pudiera ser la reacción pública, hay un quiebre público con Cárdenas, del que no veremos su dimensión por la personalidad del ingeniero, pero que se podría ir sintiendo si la agresión es semilla para construir una opción real de izquierda que acabe con el aventurismo de López Obrador y su simulación ideológica. Ahora, de todo lo que dijo el presidente hay algo que debe rescatarse: es el momento de definirse y, parafraseándolo, quitarle la máscara de lo que no es.

El presidente López Obrador ha declarado que todos los males del país son producto de la corrupción de los exgobernantes neoliberales y conservadores. Por eso ha dicho que, al contratar funcionarios, "lo que más me importa, más que la experiencia, es la honestidad. Ya para irnos entendiendo mejor: si hablamos en términos cuantitativos, 90% honestidad, 10% experiencia". Antes "era al revés: 90% experiencia, pero muy corruptos".

Por eso AMLO justificó el nombramiento de Octavio Romero Oropeza, un ingeniero agrónomo sin experiencia en la industria petrolera, como director general de Pemex. Romero Oropeza no tiene en realidad una reputación de honestidad. Según Elena Chávez, autora de El rey del cash, fue el encargado de exigir "moches" a los funcionarios capitalinos "para sostener el movimiento político de López Obrador". Más que por honesto, el presidente parece haberlo seleccionado por incondicional.

El problema es que Romero Oropeza no ha cumplido bien con sus tareas. Al inicio del sexenio estableció como meta una producción de petróleo crudo de 2.6 millones de barriles diarios. En 2022, sin embargo, se registró un promedio de apenas 1'785,000 barriles diarios, debajo de los 1.83 millones de 2018. Además, el director ha resultado distraído. Pablo Zárate ha señalado en El Economista que ni Pemex ni Hacienda consideraron los pagos que la petrolera debe desembolsar en 2023 para cubrir los vencimientos de bonos. En entrevista con Adriana Barrera de Reuters, Romero reconoció que "aunque el precio [del petróleo] ha sido muy bueno en los últimos meses, llegó un momento en que no lo vimos venir", el pago de deuda. El presupuesto para 2023 de Pemex incluye el servicio, pero no las amortizaciones, un ligero olvido de 10,000 millones de dólares que hoy Pemex pide que cubra Hacienda.

Pemex no es el único espacio gubernamental en que la falta de experiencia o la ineptitud están causando problemas. Este 28 de enero AMLO prometió que "en julio habrá 3,000 sucursales del Banco del Bienestar y este año se dispersarán 600,000 millones de pesos a 25 millones de beneficiarios". Quizá repartir dinero sea un objetivo loable de política pública, aunque yo no lo pienso, pero cuando menos deberíamos tratar de hacerlo de la manera más eficiente posible. Construir la mayor red de sucursales del país no es el mejor camino. El presidente hace promesas sin realizar estudios previos. Por eso en 2019 afirmó que construiría 7,000 sucursales, después 2,700 y ahora 3,000.

Los ejecutivos con experiencia en la banca saben que una red de sucursales demasiado amplia puede salir muy cara. El Grupo Financiero BBVA, el mayor de nuestro país, contaba en septiembre de 2022 con solo 1,727 sucursales. Citibanamex tiene alrededor de 1,300. Incluso Banco Azteca, con un perfil más cercano al de los clientes del Banco del Bienestar, y que ha ahorrado al adaptar las tiendas de Elektra como sucursales, cuenta con 1,900. Construir una red de 3,000 para un banco que quiere operar en "austeridad republicana" no tiene sentido.

Nadie puede objetar que el presidente busque a personas honestas para ocupar cargos públicos. No queremos a un nuevo Emilio Lozoya como titular de Pemex. Sin embargo, tampoco podemos darnos el lujo de tener a un director de Pemex al que se le olvide presupuestar 10,000 millones de dólares en amortizaciones o a uno del Banco del Bienestar que construye 3,000 sucursales bancarias sin considerar el costo.

El 1o. de marzo los bancos nacionales empezarán a aceptar el pasaporte mexicano y la matrícula consular como documentos de identificación. Hasta ahora solo reconocen la credencial para votar, ya que era la única con elementos biométricos de identificación. La medida busca evitar un caos si la credencial del INE se vuelve menos confiable por los recortes del plan B.

Se trata de salvar al INE, claro, pero se trata sobre todo de salvar a México. Si López logra imponer su Plan B este país quedará en sus manos como propiedad privada. Su arremetida contra el árbitro electoral constituye el mayor ataque a la democracia desde los tiempos de Bartlett, quien a juicio de muchos está ya condenado al basurero de la moderna historia mexicana. De prosperar la intentona de AMLO regresaremos al tiempo de las elecciones de Estado, y los ciudadanos perderemos lo que a costa de tantos esfuerzos y tan grandes sacrificios se ha logrado para consolidar el ejercicio democrático en México. En el caso de que López saque adelante su Plan B dispongámonos a interponer todos los recursos de ley para anular su nefasta reforma electoral.

Hasta ahora, López Obrador ha navegado sin una oposición que aproveche sus errores y sandeces recurrentes para quitarle fuerza. Su silencio, causado por la inhibición y el miedo de su poder arbitrario y utilizar sus abusos del pasado o inventar causas penales para desincentivar cualquier acción política en su contra, le ha permitido ir destruyendo al país en términos de valor nacional, andamiaje institucional y libertades. La oposición no frenó su carrera hacia el despeñadero de la nación y ahora quiere enfrentarlo en las urnas con una alianza cuyo destino aún es incierto.

Ese es un camino, aunque cupular y sin arraigo en las bases militantes de los partidos que la conforman. Como una vía, es insuficiente. Ahora surgió el llamado Colectivo por México, que ayer presentó un manifiesto llamado "Un punto de partida", que pretende galvanizar a la sociedad civil, no sólo la política, y persuadirla a impedir con su voto la continuidad del rumbo establecido por López Obrador. No excluye a la alianza Va Por México, y puede complementarla. O puede galvanizar lo que la unión de los liderazgos de la oposición no pueden, legitimidad, y generar confianza entre sectores indecisos sobre qué trinchera respaldar. La relevancia de este Colectivo y los temores que genera se miden en los ataques que le lanzaron los incondicionales de López Obrador.

López Obrador ha decepcionado a un amplio sector de la población porque su cambio de régimen maoista destruyó todo lo que se hizo en el pasado para construir sobre sus cenizas. Pero el México de hoy no es la China de entonces, ni la fuerza militar del dictador Mao es análoga con las condiciones objetivas que enfrenta López Obrador, cuya corta visión y limitaciones estratégicas no han construido sobre las ruinas que ha dejado.

El diagnóstico elaborado en el documento En Punto de Partida, lo señala: la economía derrumbada, mientras que las políticas de inversión y las cuentas públicas, así como los programas de gobierno, son un desastre; el combate a la pobreza está en retroceso; la inseguridad tiene al país en el umbral de un Estado ingobernable, con fuertes temores de que el crimen organizado se meta en los procesos electorales y las estructuras del poder público. Y ante el derrumbamiento del edificio mexicano, señala, la carencia de expectativas y la polarización artificial y estéril, que alimenta la concentración del poder con autoritarismo y discrecionalidad.

El título del manifiesto del Colectivo por México no es sólo como premisa de su diagnóstico nacional -este país está sobre diagnosticado-, sino porque tiene la intención de ir ganando conciencias y compromisos para enfrentar políticamente a López Obrador. Hay opositores abiertos al presidente entre los fundadores de este grupo, algunos que caminaron junto con él y son fuertes detractores, como Porfirio Muñoz Ledo, pero otros, en particular uno, Cuauhtémoc Cárdenas, que representa la izquierda progresista, ha venido desencantándose de quien por largo tiempo promovió y encumbró.

Cárdenas y Muñoz Ledo, junto con unas decenas de políticos, provocaron la implosión del PRI en 1987, cuando comenzó el declive del partido y la emergencia de una izquierda parlamentaria que llevó a López Obrador a la Presidencia 3 décadas después, que ha terminado en una izquierda autoritaria. Hoy están en un grupo donde la ideología ha sido puesta de lado frente a los problemas nacionales. Junto con ellos hay ex candidatos presidenciales como Patricia Mercado, que viene de la izquierda, y Francisco Labastida, del PRI. Están políticos que en algún momento caminaron junto con el presidente, como Dante Delgado, o empresarios como Carlos Salazar, que pensó que como presidente del Consejo Coordinador Empresarial podría ayudar al presidente a construir un México mejor.

Hay 2 ideas macro en el manifiesto y su llamado a la acción. Uno es la defensa de la democracia, que parece algo tan abstracto, hasta que se entiende que lo que se trata en el fondo es de un sistema de organización social, no sólo electoral sino de respeto a las decisiones individuales sobre la vida privada y la pública, a las libertades, con leyes iguales para todos, y de contrapesos al poder para evitar que aplaste. Otro es el reconocimiento de que los partidos olvidaron en su proceso de fortalecimiento, a la ciudadanía. "Por ahí debemos empezar", concluye el manifiesto.

Los 4 consejeros que impulsó al INE han denunciado que la reforma electoral es un retroceso democrático y ya los descalificó. Carmen Aristegui moderó la presentación del libro de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama respaldando al INE, y fue acusada de traidora. A Proceso, que tiene como accionista a su ex consejero jurídico Julio Scherer, lo ha tildado de medio de comunicación al servicio de los conservadores. Se le voltearon 3 de los 5 ministros que tenía en la Suprema Corte. A la UNAM, su trampolín por décadas, ya le dijo que es de derecha.

Se fue decepcionada y maltratada Tatiana Clouthier, su coordinadora de campaña y luego secretaria de Economía. El hombre a quien López Obrador escogió para ponerle la banda presidencial el histórico día de su toma de posesión, Porfirio Muñoz Ledo, ha declarado que este gobierno está aliado con los cárteles del narcotráfico. Lo dejó su 1er. secretario de Hacienda, el doctor Carlos Urzúa, y se volvió un crítico feroz del gobierno. Se fue su secretario del Medio Ambiente denunciando conflictos de interés. Renunció Germán Martínez al IMSS y ahora es un duro senador independiente. La senadora Lilly Téllez era su defensora a ultranza, la presumía entre sus filas en los mítines, y hoy es presidenciable de la oposición. A Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación de la que tanto alardeaba, la relevó por denunciar la corrupción en Palacio Nacional. Su 1a. embajadora en Estados Unidos, Marta Bárcena, es también crítica de las políticas oficiales. Es aún más crítico su cónyuge y tío de la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, el periodista y diplomático Agustín Gutiérrez Canet. Ricardo Monreal, presidenciable de Morena y líder del Senado, ha pintado su raya mil veces. Tonatiuh Guillén fue uno de los primeros que se fue, cuando vio que el Instituto Nacional de Migración se puso al servicio de Trump. Jaime Cárdenas, el hombre que entró a limpiar la corrupción obradorista en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, renunció porque lo querían obligar a violar la ley. Vamos, aunque con candor, hasta Elenita Poniatowska ha encendido focos rojos en materia de cultura y democracia.

Los priistas, a los que había roto, recompusieron la alianza de partidos de oposición y le votaron en contra su reforma electoral. Dante Delgado sacó a su partido de la coalición que postuló 2 veces a AMLO a la Presidencia y apenas ayer anunció un "Colectivo por México" para hacer contrapeso al autoritarismo de López Obrador. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, referente de la izquierda y cuyo hijo Lázaro es el coordinador de asesores de Presidencia, ha cuestionado el rumbo del obradorato.

Arrepentidos de haber votado por él siguen brotando: en el mundo intelectual, en el medio artístico, entre científicos, cineastas, ambientalistas, defensores de derechos humanos. Cada vez son más los que ven en 1a. fila el desastre de gobierno y optan por hacerse a un lado. Y faltan 20 meses, los más duros. El presidente no es capaz de entender por qué se van tantos y tan importantes, es impermeable a las llamadas de atención de quienes formaron parte de su círculo más cercano, imposible en él un asomo de autocrítica. Por el contrario, responde con soberbia y descalifica moralmente a los que lo dejan decepcionados, asqueados.

Eso sí. Le queda Bartlett.

Hace exactamente una semana el presidente López Obrador -durante la mañanera- dijo de manera 'simpática' y sonriente que no se "chupa el dedo", después de la respuesta que las compañías aéreas de carga que solicitaron por lo menos un año para trasladar las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Angeles. El mandatario quiso resolver todo mediante un decreto express y en sus plazos, pero las recomendaciones de la Agencia Federal de Aviación (FAA) provocaron que se le hicieran enmiendas al documento y que se ampliarán las fechas, por lo que AMLO va a tener que esperar 'chupándose el dedo' mientras se resuelven cuestiones de infraestructura y cumplen algunos trámites legales.

La 'orden' de López Obrador que era de hacer la mudanza de las operaciones de carga en un término de 90 días -que provocó una reacción negativa entre la industria-, ahora tendrá que prolongarse hasta tener la infraestructura necesaria y que se cumplan los requisitos de ley. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) ya establece que "el proceso es complejo. Ni las aerolíneas ni las cadenas de suministro de carga asociada pueden simplemente empacar y mudarse a un aeropuerto alternativo". Además, se requiere primero de las certificaciones de terceros, como es por ejemplo el caso de la aprobación del trámite ACC3-RA3 para la carga que se transporta a Europa, y algo que es vital, "que el gobierno federal complete la infraestructura de transporte terrestre hacia y desde el AIFA, la cual está totalmente inadecuada para apoyar el movimiento de pasajeros y carga". Esto último, dicen los enterados en asuntos de comunicaciones, no estará listo en un plazo tan corto. Más claro ni el agua.

El viernes pasado López Obrador, durante un evento con servidores públicos de los programas sociales, se vio obligado a 'corregir' el arrebato y modificó el plazo, que será en por lo menos 4 meses cuando la mudanza total se pueda llevar a cabo.

Al final de cuentas el proyecto presidencial -de mudar las operaciones aéreas de carga- se llevará a cabo, es un asunto que posiblemente sea necesario por la saturación que existe, pero que se pudo haber planteado y manejado de manera diferente. Ah no, pero tenía que ser abordado de manera 'bravucona', 'por sus pistolas' y como imposición, como le gusta al inquilino de Palacio.

De esa misma manera 'bravucona' el presidente debe darle celeridad a la urgente necesidad de que México regrese a la Categoría 1 en materia de seguridad aérea. Ya se van a cumplir 2 años -mayo del 2021-, dentro de esta administración, desde que la FAA detectó irregularidades durante una evaluación -entre octubre 2020 y febrero 2021- nos degradó a Categoría 2 al encontrar "áreas de incumplimiento de las normas mínimas de seguridad". Ya han pasado 7 evaluaciones y no se han podido corregir los incumplimientos en la normativa, que nos colocan 'honrosamente' junto a otros paises que estan degradados, como son los casos de Ghana, Pakistán, Tailandia, Malasia, Bahamas, Curazao y Venezuela.

Así como el presidente resuelve con caprichos y arrebatos sus 'fantasías' de gobierno, que recuerde cuando dijo: "tengo las riendas del poder en las manos" y que ponga entre sus prioridades el cumplir con los requisitos de seguridad aérea para darle certeza y confianza a los poco más de 80 millones de personas que cada año viajan por el espacio de México, entre ellos a casi 17 millones de turistas extranjeros, que son uno de los principales soportes de nuestra economía.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se han nombrado a 5 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a 4 de los 5 integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México.

Con los nombramientos de 4 consejeros del INE en el próximo mes de abril, durante el sexenio se habrán elegido a 8 de los 11, incluyendo al presidente del Instituto.

Pareciera entonces que AMLO podría tener el control de 3 instituciones clave del Estado Mexicano.

Pues no.

Veamos el caso de la Corte.

En esta administración llegaron a la Corte Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara.

El ministro Arturo Zaldívar, quien ejerció la presidencia en los primeros 4 años del sexenio, parecía ser muy cercano al pesidente de la república. Así que AMLO podría haber tenido de su lado a 5 de los 11 ministros, una cantidad más que suficiente para impedir la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes aprobadas por el congreso.

López Obrador señaló, sin embargo, que le tiene confianza cuando mucho a 2 o a 3 ministros.

Se pueden enumerar sin dificultad: Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

El caso del Banxico es aún más claro.

En la actualidad, sólo la subgobernadora Irene Espinosa es la única persona de la Junta de Gobierno que no fue propuesta por López Obrador.

Sin embargo, hasta ahora el Banco de México ha tomado decisiones con una visión ortodoxa de la política monetaria y ha incrementado las tasas de interés a pesar de la molestia del presidente López Obrador y del mayor costo de la deuda pública que ello produce.

En el caso del INE, en el año 2020 se dio el nombramiento de 4 nuevos consejeros: Norma Irene de la Cruz, Carla Humprey, Martín Faz y Uuc-kib Espadas.

Todos ellos se sumaron a la mayoría del Consejo para votar la semana pasada de manera unánime para que se haga uso de todos los recursos legales para impedir la vigencia de las reformas legales denominadas "Plan B".

Las experiencias pasadas le indican al presidente López Obrador que no es suficiente en algunos organismos nombrar a personas que parecen cercanas a la 4T.

Quizás por eso, en el caso del INE, la visión es que no basta con sumar 4 aparentes incondicionales, sino que hay que "destazarlo".

Un INE acreditado podría dar legitimidad y fuerza al triunfo de algún morenista en 2024. Un INE debilitado puede dar lugar a cuestionamientos.

Pero, López Obrador no es alguien que guste de dejar cabos sueltos.

Entiende que su magnetismo no es heredable; que Morena puede fisurarse o incluso fracturarse en el proceso sucesorio, y que tal vez le resulte mejor que cualquiera que sea la candidata o el candidato, lo necesiten más a él para ganar la elección.

Por eso quiere ir hasta el fondo con el "Plan B".

Veremos si la Corte lo permite.

El termómetro del ambiente político se ha ‘sobrecalentado’ después de las declaraciones de Lorenzo Cordova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien acusó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de ordenar "descuartizar" o "destazar" al organismo y poner en riesgo la elección presidencial. La respuesta no vino de Don Adán, sino de Palacio Nacional, desde donde López Obrador replicó: "Quién pone en riesgo la elección son ellos, siempre. ¿No son ellos los que permitieron el relleno de urnas, la falsificación de actas? ¿No son las autoridades electorales los que se roban los paquetes? ¿No son las autoridades electorales las que permiten la compra de votos? ¿Qué no son estos los que le dieron registro a candidatos a la Presidencia que no cumplían requisitos, por consigna, porque se los pidió el presidente de ese entonces? Que se vayan a engañar a otra parte".

Sobre esta situación, Integralia Consultores (Análisis de Riesgo Político) a través de su director general Luis Carlos Ugalde -quien fungió como presidente (2003-2007) del entonces Instituto Federal Electoral (IFE)- el viernes pasado habló en un programa de Radio Fórmula e hizo referencia a cuales serian las consecuencias de continuar con el Plan B de la reforma electoral. "López Obrador se ha excedido, porque le quiere restar autoridad -al INE- y lo que hace es erosionar su imagen y su confianza. Además, pone en riesgo de que no tenga su capacidad al 100%. El gobierno le quiere cortar los pies, y si el INE no camina bien, no puede garantizar una elección. Es tóxica, regresiva y puede hacer mucho daño".

El expresidente del IFE dice que ya vivió esta 'película'. "Yo estuve en el 2006 y ya me sé esta historia de memoria". Recordó como 3 años antes de ese proceso político el PRD "estuvo cuestionando la autoridad" y que no confiaban en los consejeros. "Cuando no ganaron la elección, detonaron toda una guerra y culparon al IFE de un fraude. Hoy sucede algo semejante". Agregó que hoy las circunstancias son diferentes, porque AMLO es presidente y puede que Morena retenga la Presidencia, "pero si la pierden, culparan al INE, usando la misma táctica".

Luis Carlos Ugalde hizo referencia que con esta narrativa "están tratando de crear una imposición desde el gobierno. Veo un problema con efecto político por el ambiente que están creando. Para el presidente es necesario ganar 2024. Si él ya dijo que la joya es la 4a. transformación de la historia del país, que lo ve como una dimensión divina, ¿crees que un gobierno histórico como el dice que es el suyo, podría perder contra los conservadores corruptos? Es un contrasentido. Para el presidente su punto de vista es emocional, psicológico, político y moral. Por eso es importante -para él- ganar al costo que sea, porque si pierde, tratará de rescatar el resultado".

El analista político dijo que López Obrador "no se ha convertido en un presidente todopoderoso, aunque su estilo tiende a eso, por su concepción de la política, su concepción del poder, su falta de valores democráticos, si creo que ha estado erosionando mucho las condiciones para que una democracia funcione, además que ha creado otros problemas como la polarización y no respetar a las instituciones".

Los conceptos y conclusiones no son exclusivos del expresidente del IFE, otros sectores de la sociedad perciben el deterioro político y el desgaste social. Hoy en la Ciudad de México se dará a conocer un documento titulado "Un punto de partida", que es firmado por políticos, empresarios, artistas e intelectuales, que es una iniciativa para cambiar "sin exclusiones ni rencores" el rumbo que lleva el país. Establece la propuesta que hoy se "construye con la mentira y la negación de los problemas", creando un régimen unipersonal que somete a los ciudadanos. "La democracia está en riesgo".

Son muchas las voces, las inconformidades y los desacuerdos. Y para no continuar con la riesgosa erosión de la democracia urge actuar y poner un alto.

Las autoridades federales y capitalinas respondieron a la crisis del Metro de manera proactiva, no defensiva, al señalar que las fallas y accidentes podrían ser provocados. Una tesis que seguramente correrá con fortuna entre las filas del obradorismo y de buena parte de los simpatizantes del presidente, acostumbrados a la lectura de que las insuficiencias y dificultades enfrentadas por el gobierno de la 4T obedecen invariablemente a la acción de los adversarios o a sus críticas mal intencionadas. Eso disminuiría la factura política imputable a Sheinbaum, al menos entre estos sectores.

Insistes en tu famoso "Plan B" para debilitar a las autoridades electorales INE y TRIFE, que dan fuerza al gobierno en su papel de organizadores de los comicios, quedándote con el padrón de electores y quitándole el presupuesto suficiente para la instalación de casillas, lo cual sería un golpe directo a la democracia. Ya empiezas a temer el no llegar a tener el triunfo y quieres asegurarlo para tu partido, al que vemos no como partido ya que es un movimiento de un solo hombre que eres tú, ya que no has dejado crecer a ninguno de tus colaboradores, sólo has conducido a esta nueva recta final a tus candidatos, que como en los viejos tiempos decidirás por dedazo quién será la "corcholata" triunfadora.

La sociedad civil en su intento por defender al INE, institución que nos ha costado a los mexicanos construir más de 30 años y que fue creada para quitarle al gobierno el control de las elecciones para terminar con los fraudes que existían antes del INE y asegurar unas elecciones libres. La sociedad realizó una movilización en su defensa que te ha dolido en el alma, pues nunca pensaste esa respuesta de los ciudadanos y que por lo pronto el próximo 26 de febrero se repetirá la marcha, con el fin de seguir defendiendo al Instituto.

Con la llegada del INE se pudo ver la alternancia en nuestro país, teniendo ya presidentes de los partidos más importantes, que no supieron dar lo que México esperaba, pero tenemos la esperanza que hayan aprendido de sus errores y corrijan el rumbo; recuerda que el INE te dio la seguridad de tu triunfo y gracias a él te encuentras dónde estás, dándole a tu partido en las elecciones posteriores la gubernatura en la mayoría de los Estados, respetando y asegurando dicha transición en completa paz, no como en las que tú participaste que sólo reconociste los resultados hasta que tú fuiste el triunfador.

Vemos que vas a ser tú el que estará al frente de la campaña, aunque no estés en las boletas y así motivar al pueblo y que crean que siguen votando por ti, ya que serás el que continuará gobernando, pero ahora desde tu rancho.

Por lo pronto sé que seguirás polarizando al pueblo, haciéndolo creer que hay 2 Méxicos y seguirás lanzando acusaciones sin consecuencia como tú bien sabes, en lugar de tomar tu lugar de presidente y unir a todos los mexicanos para un futuro próspero.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, señaló que este es el momento en que los ciudadanos deben presentar todos los recursos legales que estén a su alcance para detener el Plan B de la reforma electoral y defender la democracia.

Durante la presentación del libro "La Democracia no se toca", que escribió junto con el consejero electoral Ciro Murayama, el presidente del INE insistió en que los cambios legales impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena dinamitan las elecciones, por lo que sentenció que todos los ciudadanos somos responsables "de que este barco no solamente no quede a la deriva, sino que siga avanzando en esa ruta de avanzar y consolidar nuestra democracia".

"Este es el momento en que los ciudadanos en lo individual o de manera colectiva pueden y creo deben, debemos, si queremos defender a la democracia, presentar todos los recursos dentro de los cauces legales".

"La ley es la ley -no juguemos a que no me vengan con eso-. Dentro de los cauces legales debemos poner en la mesa a quienes tendrán que tomar la decisión final, a nuestras y nuestros jueces constitucionales, todos los argumentos y elementos que creamos convenientes, para que ellos cumplan esa tarea de control en la Constitución", recalcó.

Acompañado de Ciro Murayama; del expresidente del IFE, José Woldenberg; de la expresidenta del IFAI, Jaqueline Peschard; y de la periodista Carmen Aristegui, el consejero presidente del INE se refirió a la supuesta petición que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hizo al Senado para "destazar" al INE, Lorenzo Córdova señaló: "No sé si sea cierto o no lo de destazar al INE pero leyendo la reforma, me queda claro que ese es el propósito".

Resaltó que si una fuerza política se ha beneficiado más en los últimos 9 años con el actual sistema electoral, "es el partido que nos gobierna".

"La gran paradoja es por qué dinamita desde el poder las condiciones que le permitieron el acceso", se preguntó.

Señaló que no quiere imaginar que sea una vocación autoritaria de "aquí no nos mueven", pero dejó claro que se abre la puerta para que las elecciones sean un problema como a finales de los 80.

"O hay una paradoja alucinante o a lo mejor alguien le está apostando a que haya caos, desorden, y que eventualmente vuelva a instalarse la violencia en la contienda por el poder, cosa que ya habíamos exorcizado", alertó.

Paco Calderón
(29 de enero de 2023).

La ciudadanía sigue en marcha. Las organizaciones de la "marea rosa" convocan ahora a una concentración en el Zócalo capitalino el próximo 26 de febrero.

El objetivo es levantar la voz frente a la Corte para echar abajo el Plan B de López Obrador y defender la autonomía del INE.

Que los ministros desechen una reforma inconstitucional que busca robar el voto a los mexicanos.

La cita en el Zócalo es una cita con el futuro de México. Será el principio de una alianza entre partidos de oposición y sociedad para impedir que Morena y sus pandilleros sigan destruyendo la democracia y logren robarse la elección en el 24.

Si oposición y ciudadanos no logran construir un gran pacto de unidad y movilización se dejará libre el camino para que el régimen y sus cómplices del crimen organizado impongan al próximo presidente o presidenta a través de una elección de Estado.

El Plan B de la reforma electoral es la ruta del fraude. Fue diseñada para dar ventaja al partido del presidente.

La eliminación de PREP para impedir que se conozca la tendencia ganadora la noche de la elección es una de las muchas trampas para no respetar al elector y facilitar la manipulación del sufragio.

Los ciudadanos se pararán ese 26 de febrero ante la fachada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir a los ministros que cierren la puerta a los tiranos. Que defiendan la autonomía del poder judicial y condenen con su voto un golpe a la Constitución que busca poner fin a las libertades.

El Zócalo de la capital también deberá ser el principio de un nuevo diálogo entre las fuerzas opositoras. El riego de que el país vuelva a queda en el 24 en poder de Morena obliga a los partidos de la alianza Va Por México a superar cualquier diferencia. Nada es insalvable cuando se piensa en la nación.

El método para seleccionar a los candidatos de unidad no debe ser- como algunos ya auguran- el Talón de Aquiles de la coalición. Eso es lo que quiere López Obrador.

Que el PAN, PRI y PRD se destrocen en el arrebato de cuotas y migajas de poder.

Una oposición dividida sólo beneficia al inquilino de Palacio Nacional. Hay la oportunidad de que el candidato a la Presidencia de la República y los candidatos a 9 gubernaturas sean el resultado de un procedimiento vanguardista que incluya a la ciudadanía.

¿Cómo? Habrá que construirlo.

Lo único que no puede ni debe suceder es que los 3 partidos políticos actúen como si no estuviera en riesgo la democracia.

Como si en la silla presidencial no hubiera alguien que se niega a dejarla y trabaja todos los días para robarle el voto a los mexicanos en el 24.

Sin ciudadanos nadie podrá recuperar el país. La única cuota legítima es para la sociedad. No para repartir candidaturas sino para sacar al abstencionista de su apatía y derrotar al autoritarismo.

Dice AMLO que ya chole con defender al INE. Lo dijo enojado, fuera de sí. Le tiene miedo a la fuerza ciudadana. Sabe que es la única que puede echarlo del poder e impedir que Morena gane el 24 por medio de un fraude.

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) se burló este sábado del gobierno del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su 1er. evento oficial de campaña en las primarias republicanas para volver a optar a la Casa Blanca en las elecciones de 2024.

En un discurso en el estado de Nuevo Hampshire, Trump presumió de las presiones a las que supuestamente sometió al Ejecutivo de López Obrador para que aceptara el polémico programa "Quédate en México", creado en 2019 y que obligaba a migrantes y refugiados a permanecer en México mientras se resolvían sus peticiones de asilo.

Trump recordó que, entonces, amenazó a México con aplicar aranceles a todas las importaciones mexicanas si no cumplía con 2 condiciones: aceptar el programa "Quédate en México" y usar a miembros de las fuerzas de seguridad para frenar a los migrantes en su camino al norte.

Cuando llegó la hora de negociar, narró Trump, "un representante de México entró en la sala, un tipo muy agradable y que me cae muy bien, aunque es un socialista" y el entonces presidente aprovechó para comunicarle sus peticiones.

"Necesitamos 20,000 soldados y queremos que todo el mundo se quede en México y que nadie venga a Estados Unidos. Y le dije, mira, si no lo aprobáis, vamos a imponer aranceles a todos los vehículos que estáis vendiendo en nuestro país, unos aranceles del 25%, y vamos a imponer aranceles del 25% a todos los productos que hacéis en México", dijo Trump al representante mexicano, según su relato.

El exmandatario no mencionó al funcionario por su nombre, aunque el canciller mexicano Marcelo Ebrard, fue quien estuvo a cargo de la mayor parte de las negociaciones.

Según lo narrado por Trump, después de escuchar sus reclamos, el representante mexicano hizo una llamada telefónica a López Obrador y, a continuación, anunció que el gobierno mexicano aceptaría el programa "Quédate en México" y que destinaría a miembros de las fuerzas de seguridad a labores de migración.

El programa "Quédate en México" comenzó a ser aplicado oficialmente en enero de 2019 y, poco después, López Obrador creó por decreto el cuerpo de la Guardia Nacional con el objetivo de combatir la violencia y el crimen organizado, aunque también ha sido usada para frenar la migración de Centroamérica.

Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, se quejó ante un Tribunal Colegiado porque un juez desechó por "notoriamente improcedente" la demanda de amparo que tramitó contra el cierre de la investigación del caso de los videos en lo que fue captado recibiendo dinero en efectivo.

Pío López Obrador recurrió en diciembre del año pasado a la protección de la justicia contra el acuerdo de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel), "mediante el cual omite dar respuesta a la solicitud de diligencias y el impedimento para seguir la investigación", de la que fue exonerado el año pasado.

En consecuencia, el Juzgado 16o. de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México admitió a trámite el recurso y dio al hermano del presidente López Obrador un plazo de 5 días para que precisara de manera clara, concreta y sin apreciaciones si el objetivo era combatir el no ejercicio de la acción penal decretado por la Fisel en 2022.

La Fisel concluyó que no hay delito electoral por las grabaciones en las que Pío Lorenzo López Obrador recibió dinero en efectivo de David León Romero, extitular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, reveladas en 2020.

Sin embargo, el juez determinó desechar la demanda de amparo de Pío López Obrador por "notoriamente improcedente" respecto del acto reclamado que se hizo consistir en la dilación de realizarse diversas diligencias solicitadas.

De esta manera, el 4o. Tribunal Colegiado en Materia Penal del 1er. Circuito resolverá si es procedente la queja.

Por falta de elementos, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales determinó no ejercicio de la acción penal contra Pío Lorenzo López Obrador y David León Romero por delitos electorales.

Hoy se cumple un año de que publicamos la investigación sobre "La Casa Gris" del hijo del presidente López Obrador: una lujosa mansión en Houston, con cine privado y alberca de 23 metros, que se volvió un símbolo de la incongruencia y la corrupción del gobierno.

Incongruencia porque las imágenes exhibieron el doble discurso del presidente y derrumbaron eso de la austeridad, los 2 pares de zapatos y el acabar con los privilegios.

Corrupción -lo más importante de la revelación- porque lo que quedó evidenciado las semanas posteriores fue el sello de este gobierno: la impunidad ante lo documentado y probado. Un asombroso conflicto de interés que, en un afán de taparlo, tropezó con sus propias mentiras. Un ejemplo de lo corrompido que está el obradorato.

Crearon un empleo ficticio para José Ramón López Beltrán y una empresa para darle ese empleo. Nadie sabe cómo justifica una visa de trabajo ni una estancia legal en Estados Unidos. Pemex nunca enseñó la investigación completa encargada por la empresa petrolera Baker Hughes, cuyo alto directivo era dueño de "La Casa Gris" que habitó el primogénito del presidente. Ni de forma pública ni por transparencia. Nunca se supo qué tipo de análisis hizo el despacho de investigación ni los detalles que los llevaron a concluir que no había conflicto de interés. Negaron que hubiera una relación cercana, pero Baker Hughes preparó su respuesta desde las oficinas de Pemex, donde también dio su conferencia. Menudo descaro. Pemex tampoco hizo una investigación interna. 2 funcionarios que firmaron un contrato con Baker Hughes en agosto de 2019 avalaron 2 meses después un contrato a Felipa Obrador, la prima del presidente. Pemex no retiró ni uno de los contratos a Baker Hughes ni revisó cómo habían sido entregados. Y para Baker Hughes sigue siendo el sexenio de oro: ha recibido más millones que nunca.

La Secretaría de Energía tampoco investigó ni se pronunció sobre las compras y los contratos a Baker Hughes y sus filiales para materiales de la refinería de Dos Bocas. En febrero del año pasado, la Fiscalía General de la República abrió una investigación a raíz de una denuncia del PAN. Nada se sabe de los resultados y las consecuencias. Y 4 meses después, la Secretaría de la Función Pública, con menos pudor que Virgilio Andrade y su escándalo de "La Casa Blanca" de Peña Nieto, los indultó.

En este año, el presidente y los suyos no han logrado desmentir un renglón de la investigación presentada por Latinus en colaboración con Mexicanos contra la Corrupción. Sin argumentos, su respuesta fue un artero ataque personal en mi contra, que incluyó ponerme a merced del crimen organizado y confesarse extorsionador: él me atacó porque yo publiqué esos reportajes. Lo dijo en su conferencia del 15 de marzo: "Si no salieran a atacarnos con esos reportajes, pues no estaríamos aquí hablando de esta situación".

A un año, el que sigue sin poder explicar de qué vivió tantos años sin trabajar ni pagar impuestos, al que le endilgaron el certero apodo del "rey del cash" y cuyo hijo se da vida de millonario sin que se le conozca empleo, es López Obrador.

Para utilizar una de las frases coloquiales que utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador, con Estados Unidos tiene "puro choro mareador". Se llena la boca acusando al Departamento de Estado de intervencionismo y criticando a las agencias de seguridad e inteligencia. Se regodea con el nacionalismo rancio que es como entiende al mundo, y presume la autonomía de México ante todas las naciones. La realidad es muy diferente. Su actitud ante Washington es medrosa cuando le levantan la voz, y dócil para acatar sus imposiciones. Pero la realidad siempre lo alcanza, como en esta ocasión, donde un libro de Mike Pompeo, ex secretario de Estado del presidente Donald Trump, lo deja a él y al canciller Marcelo Ebrard como simples peones en un ajedrez político que no controlan.

Pompeo acaba de sacar a la venta sus memorias, Never give an inch (Nunca hay que ceder nada), en donde revela que 2 semanas antes de asumir la Presidencia, López Obrador y Ebrard cedieron su independencia ante las amenazas de Trump de cerrar la frontera con México, completamente, si no aceptaban recibir a cientos de inmigrantes que buscaban asilo en Estados Unidos. La percepción de Pompeo sobre Ebrard y sus encuentros lo muestra paternalista con el canciller mexicano, pero también desnuda la forma como, aunque no le gustaba la idea, cedió fácilmente a sus pretensiones, y sus reacciones para minimizar el daño que le causaría al gobierno entrante, fue pedir que se ocultara el acuerdo al que llegarían.

Para que "la 4T" exista más allá de López Obrador, Morena tiene que ganar, y la 1a. aduana que se han planteado es controlar al INE. Con gobierno en 22 estados lo que tiene que asegurar el presidente es que nadie ponga trabas al uso de los recursos del gobierno, desde programas sociales hasta propaganda gubernamental, pasando, por supuesto, por la operación electoral en el día D. El único problema que podría tener el partido del presidente es que el árbitro pite las faltas o de plano anule la elección por violación reiterada a las normas electorales. Quitar esas normas, el famoso "Plan B", es el 1er. paso; tener consejeros a modo es el 2o.

A primera vista parecería un gran desgaste para una elección presidencial en la que Morena tiene muy amplias probabilidades de ganar. Sin embargo, si algo sabe el presidente es que hoy día no hay nada más inseguro que las urnas. En todo el mundo hemos visto elecciones que se dan la vuelta en unos días, sea por una tragedia, un error del candidato o una ola de cambio generada desde las redes.

López Obrador ha decidido salir a campo abierto a pelear contra el INE, una de las instituciones de mayor credibilidad en el país y una de las pocas causas que puede convocar a las clases medias a las calles, como lo vimos en las manifestaciones de noviembre pasado. Aunque la definición sobre la constitucionalidad del "Plan B" será en la Suprema Corte, la batalla política será en las calles con las manifestaciones en defensa del INE, el 26 de febrero, y la concentración en conmemoración de la Expropiación Petrolera, el 18 de marzo, que será la gran movilización del obradorismo y donde, tengámoslo por seguro, los ataques al INE formarán parte central del discurso.

Lanzarse contra el Instituto Electoral es un gran desgaste político y tiene costos para López Obrador. Si lo logra, tendrá un control sobre las elecciones que no había tenido ningún presidente desde Carlos Salinas. De ese tamaño es la regresión; de ese tamaño la importancia política de la batalla.

Con un descaro propio del viejo sistema, el actual régimen no dudará de entrometerse para apoyar a los suyos en todos y cada uno de los procesos electorales de este año y del entrante. Y parte fundamental de esa intromisión consiste en acosar y acotar a los árbitros de la elección.

Hubo un tiempo cínico donde el gobierno era juez y parte dado que organizaba, manipulaba, y se atrevía a defender, los comicios que ganaba su partido. Y es cierto que tras la crisis de 1988 ha habido momentos en donde la partidocracia metió las manos en el IFE/INE/Tribunal Electoral, pero un gobierno totalmente en contra del INE/Tribunal Electoral no lo habíamos visto.

Tan extraordinarias son estas circunstancias que los consejeros electorales de forma unánime han denunciado los riesgos que se avecinan.

El reto, por su parte, es que la oposición se tendrá que desdoblar para enfrentar no sólo a los candidatos del partido que controla la Presidencia, el congreso y 2 terceras partes de las gubernaturas, sino para -al mismo tiempo- cuidar que no le desnivelen la cancha al socavar términos y procedimientos organizativos que solían darse por sentados: la disputa electoral ocurría en el templete, en la llamada movilización y en los medios. Pero no se daba jaloneando impúdicamente al árbitro para impedirle hacer su trabajo.

¿Qué clase de competencia puede haber si el oficialismo quiere que la elección no ocurra con la normalidad construida en los últimos 30 años, esa que con diversos ajustes permitió a todos los partidos ganar posiciones legislativas y ejecutivas de todos los niveles?

El peligro estriba en la posibilidad misma de que la elección esté plagada de irregularidades y denuncias, de problemas y escándalos, de forma que en 2024 ocurra un retroceso no visto por algunos desde 1988 o por otros desde 2006.

Atrofiar las elecciones sólo incrementará la polarización y devaluará la calidad de la democracia mexicana. ¿Por qué quiere hacer eso quien encabeza un partido que ha ganado 22 gubernaturas y amplias bancadas desde 2018? Porque no se puede dar el lujo de perder en comicios medianamente equitativos. Porque no quiere arriesgarse a que en las zonas urbanas lo castiguen las clases medias y se divida el congreso. Porque ninguno de sus 3 candidatos ha descollado en año y medio. Y porque confía en que la sociedad no se lo impedirá.

En México se rompió el acuerdo democrático que cobijaba los desacuerdos. Diga lo que diga la Corte sobre el "Plan B", el presidente persistirá en la ofensiva que pone en riesgo las elecciones. La duda es si la sociedad se lo permitirá.

En pleno y unidos. Así se mostraron los consejeros del INE, quienes rechazaron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la persistencia de fraudes en las elecciones, tras señalar que el triunfo morenista en 2018 muestra que no hay un México autoritario.

El consejero presidente Lorenzo Córdova enfatizó que hay miembros en el gabinete federal que fueron autores de violaciones en tiempos electorales, lo que podría impedir al presidente ver con claridad las cosas. "A lo mejor la cercanía del presidente con miembros de su gabinete, que son los autores de las conductas que él describió de hace 30 años, es lo que lo lleva a pensar que México no ha cambiado en nada", señaló en encuentro con los medios de comunicación.

"Él es la mejor prueba de que el México de hoy no tiene nada que ver con el México autoritario del que alguno de sus miembros del gabinete fueron responsables", agregó Lorenzo Córdova.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama dijo que la descripción del presidente corresponde a las elecciones de 1988, por el fraude cometido contra la ciudadanía y la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas.

"(AMLO) Describió el 88; nosotros respondemos por el 2018. Impecables elecciones, que lo diga el presidente ¿Quién rellenó una urna? ¿Quién alteró un acta?", sostuvo.

En tanto, el consejero Uuc-kib Espadas afirmó que ya no existen fraudes electorales desde el surgimiento de un órgano autónomo como el INE, y que la acusación de López Obrador es grave.

"Quien afirme que el INE hace esas cosas como antes la Comisión Electoral con Manuel Bartlett al frente; quien afirme que el INE participa en la alteración de resultados electorales miente, y sus afirmaciones carecen de seriedad independiente del cargo que ocupen", expresó.

"Se habla de relleno de urnas. Quiero ver un ejemplo de una urna rellena en época del IFE e INE; de un acta falsificada", dijo.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, acusó que los diputados que aprobaron a principios de diciembre el famoso Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador "no supieron ni lo que aprobaron" y sólo recibieron la orden de "descuartizar" al árbitro electoral.

"Hoy sabemos por testimonios de quienes estuvieron presentes, que esa es la palabra que utilizó el titular de la Secretaría de Gobernación, cuando fue a cabildear en el Senado, que sus legisladores de su partido votaran a favor de esta reforma. 'Descuarticen al INE', se dijo y lo hicieron, o 'destacen al INE', para el caso es lo mismo", denunció.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará la próxima semana ante la Suprema Corte de Justicia la 1a. controversia constitucional contra Plan B de reforma electoral. Los consejeros del Instituto adelantaron también que está se centrará en la Ley General de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas. La 2a. será antes del 2 de junio, para que no sean aplicables en el 2024.

Y adelantaron que no descartan presentar una 2a. controversia contra Plan B de reforma electoral, con base en lo que el Senado apruebe o no, a partir del 1 de febrero.

El consejero presidente Lorenzo Córdova precisó que "el autoritarismo tiene prisa"; y refirió que lo harán para respaldar a las y los consejeros electorales que continuarán en el Consejo después de su salida en abril.

Y adelantó que ofrecerán a la Corte toda la información que los diputados federales no aceptaron revisar en la redacción de la reforma electoral.

Los consejeros también confiaron en que el Poder Judicial resolverá este tema con imparcialidad. "Yo veo una Corte renovada y progresista, no estamos defendiendo el INE sino la democracia del país", afirmó la consejera Carla Humphrey.

En conferencia de prensa los consejeros electorales reiteraron que el Plan B de reforma electoral contraviene la Constitución y pone en riesgo la organización el proceso electoral 2024 para la elección presidencial.

"Hay riesgo de que no haya elecciones completas, con un número completo de casillas que garantice la voluntad popular, estos daños afectan el derecho de la ciudadanía", dijo el consejero Jaime Rivera. "Quienes hablan de fraude hablan de un pasado que no quieren que vuelva", contextualizó.

El consejero Ciro Murayama contextualizó que el INE responde por las elecciones de 2018 que calificó como "impecable". Y descartó que pudiera proceder la posibilidad de un juicio político contra algunos de sus consejeros. "Nosotros no nos vamos a inhibir... Han ido y venido con ese tema", dijo.

En consejero Uuck Kib Espadas señaló que el INE "no morirá" de aprobarse en su totalidad el Plan B. "Al no poder apoderarse de la cabeza del Consejo, mutilaron el cuerpo... Se ha obligado al Instituto a enfrentar esta situación... El INE necesitará de un acompañamiento de la sociedad civil para enfrentar las elecciones".

Agregó que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en su conferencia mañanera "son graves... Quien diga que el INE participa en la adulteración de resultados miente".

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, afirmó que en el periodo de ordinario de sesiones que comenzará el 1 de febrero, se contará con una coalición legislativa frente a las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No va a haber una batalla más importante para nosotros en el 4o. periodo que escoger bien a los que habrán de ser los próximos consejeros del INE, porque si uno pudiera siquiera imaginar la responsabilidad que va a recaer sobre ellos, sí se la van a rifar", expresó.

Romero calificó a la elección de consejeros como un "reto mayor" frente a los procesos electorales en el Estado de México, Coahuila y las presidenciales en 2024, así como en la Ciudad de México.

Al calificar el "Plan B" de la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como regresivo e inconstitucional, los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) anunciaron que interpondrán todos los recursos jurídicos al alcance contra esta propuesta, incluyendo acciones de inconstitucionalidad, una vez que sea aprobada por el Congreso de la Unión.

Durante la sesión del Consejo General del INE, se presentó un informe sobre el impacto y riesgos de la reforma electoral. Se señaló que está hecha desde el poder y busca beneficiar al gobierno actual.

El documento advierte que se debilita la estructura del INE, lo que pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024; vulnera su autonomía técnica en materia de fiscalización; retrocede con respecto al voto electrónico y modifica plazos que afectan la conformación del padrón electoral.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que ante la falta de apertura de la mayoría en el poder legislativo, "la Corte tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y a la estabilidad política de este país".

El INE expuso que hay riesgo de que no existan los instrumentos de coordinación y colaboración formalizados previo al inicio del proceso electoral concurrente que se efectuará en 2024, lo cual podría derivar en la incertidumbre de la distribución de las tareas a realizar por cada una de las partes e incurrir en retrasos que interfieran en desarrollo de los procesos electorales.

Señala además que la reforma no responde a criterios técnicos, sino de "oportunidad política. Los 2 decretos de reformas (el que ya se publicó y entró en vigor, así como el que está pendiente de concluir con su proceso legislativo) tendrán repercusiones negativas en el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones en nuestro país, pues afectarán aspectos sustanciales para la organización de los comicios, así como también las condiciones de la competencia electoral".

Sostiene que la reforma electoral modifica la naturaleza constitucional de los órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia del INE, lo cual "tergiversa su carácter".

Señala que al Órgano Interno de Control del INE se le adicionan tareas que rebasan de su función constitucional de fiscalizar los ingresos y egresos de la autoridad electoral nacional.

Sobre la publicidad oficial, expuso que los cambios inciden en la eficacia de garantías constitucionales dispuestas para generar condiciones de equidad en la contienda y, al mismo tiempo, a fin de procurar un sufragio auténticamente libre.

El órgano electoral también subrayó que la eliminación de la sanción de la pérdida del registro es una propuesta regresiva.

Diputados federales de la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra del llamado "Plan B" de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Estamos a favor de la defensa a nuestras instituciones democráticas que tantos años nos ha costado construir y en contra del autoritarismo del presidente y funcionarios de su partido que con sus intervenciones ilegales realizan actos simulados de comunicación", señaló el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Romero.

Por su parte, Luis E. Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dé trámite a la mayor brevedad a estas acciones de inconstitucionalidad, para que dé un fallo antes de que inicie el proceso electoral 2024. "Tendríamos de aquí al verano de este año, para que quede resuelto".

De la animadversión que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) empezó a mostrar contra el Instituto Nacional Electoral (INE) he comentado aquí prácticamente desde sus primeras denostaciones que hizo del órgano electoral en su fase de presidente electo, cuando en los hechos tomó las riendas del país que le dejó el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, en una especie de pacto de impunidad. Y es que la suposición de ese soterrado acuerdo se refuerza cada día que AMLO dispara en sus mañaneras contra lo que se mueva del amplio bando de los que ve como adversarios, en donde en 4 años no ha aparecido el priista que le entregó el poder 6 meses antes de darle la banda presidencial.

Contrario a las ausencias de Peña, uno de los villanos favoritos que compite en menciones con el número uno que es el ex presidente Felipe Calderón, es el presidente saliente del INE, Lorenzo Córdova, que por cierto, nada tuvo que ver con el presunto fraude electoral que, siempre ha reclamado, le cometió ese organismo electoral para robarle la Presidencia en 2006 a favor del panista.

Ahí radica, claramente, el aborrecimiento que López Obrador le tiene a Calderón, y que ha aflorado como nunca desde la semana pasada que inició en Nueva York el juicio contra quien fuera su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, detenido hace 3 años en Estados Unidos acusado de ser cómplice de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa.

Pero en el episodio político del 2006 se origina también el rechazo de Andrés Manuel al INE. Aunque el INE de Lorenzo Córdova ha hecho respetar todos los resultados electorales locales y nacionales que desde su origen hace 8 años, han llevado a Morena ha convertirse en la 1a. fuerza política y a ganar la Presidencia de la República. Para AMLO eso no es suficiente, ya que considera que le reconocieron su triunfo en la elección presidencial porque su abrumadora mayoría no les dejaba otra opción.

Por esa distorsionada y antidemocrática visión, hoy López Obrador quiere desmantelar el INE que organizó las elecciones libres que él ganó y lo quiere cambiar por un órgano electoral a modo y que pueda ser manipulado desde su gobierno.

Por eso ayer dejó ver toda su AMLO-fobia contra el INE al descalificar con un "ya chole" a los convocantes a una segunda marcha el 26 de febrero en defensa del INE y del voto libre. Su desprecio tuvo una escalada récord al ligar, al hacer una equiparación fuera de toda lógica, a los eventuales manifestantes pro-voto con los que para él defienden al presunto policía narco García Luna. La cereza de la hostilidad vino cuando remató con el anunció que el 18 de marzo hará un festejo en el Zócalo con los músicos "que le gustan al pueblo" para conmemorar la Expropiación Petrolera, y que será en realidad su 2a. contramarcha contra el INE, al que quiere liquidar en febrero en el congreso de mayoría morenista.

A Layda Sansores, gobernadora de Campeche, le gusta más polemizar que gobernar. De hecho, no le gusta gobernar, lo que ella realmente disfruta es ser una especie de actriz de vodevil, el payaso de circo de la llamada 4a. Transformación. Y lo hace muy bien. Durante varias semanas tuvo al país en vilo con el llamado "Martes del Jaguar" donde exhibía, merced a grabaciones ilegales, las corruptelas del presidente del PRI y ex gobernador de Campeche, Alejandro "Alito" Moreno, uno de los personajes más impresentables de la política nacional (el adjetivo no es ocurrencia mía, se lo puso su compañero de partido, Francisco Labastida Ochoa).

Como siempre sucede en la política, el tiro se le regresó a la señora Sansores. Quien abusó de las grabaciones ilegales e invadió el teléfono de su antecesor, ahora es víctima exactamente del mismo procedimiento. No sólo quedó en evidencia que infiltró a su enemigo político a través de un sobrino, "Gerardito", sino que usó recursos públicos para su campaña. ¿Más o menos que "Alito"? Quizá mucho menos, pero a fin de cuentas la gobernadora denunciante resultó igual de corrupta que el denunciado.

Ese es justamente el dilema de la política. Por un lado, podemos decir que gracias a las intervenciones ilegales y a la lucha sin tregua ni cuartel en la búsqueda del poder es como los ciudadanos nos enteramos de las tropelías de unos y otros; por el otro, en la medida que los conflictos escalan, la ilegalidad no tiene fin, o peor aún, se justifica. La sociedad en general y los periodistas en particular nos regodeamos de las filtraciones ilegales; son nuestra pequeña venganza frente al permanente abuso y engaño de los poderosos, aunque no sirvan demasiado.

El escándalo político, como escribió John B. Thompson (Paidós, 2001), funciona como un factor de equilibrio de poder, pero también rompe la barrera entre la esfera de lo público y lo privado. La transgresión de esa frontera es un boomerang que invariablemente regresa contra quien la traspasa. Hoy en Campeche está claro que tienen una gobernadora corrupta que sucedió a un gobernador corrupto. Hoy los mexicanos sabemos que los purificados morenistas pueden ser tan corruptos como la mafia del poder. ¿Y?

Nada. Que "Alito" el impresentable sigue siendo presidente del PRI; Layda Sansores, la presentadora del circo transformador de los martes que usó recursos públicos para llegar al poder sigue siendo gobernadora. Ninguno será sancionado por las filtraciones ilegales ni por la corrupción expuesta en los audios y las intercepciones telefónicas. Lo único que ganamos los mexicanos con la ida y la vuelta de este escándalo es la certeza de la impunidad.

(V.Xiudadanos Mx del 25 de enero de 2023).

A pesar de ser un crítico acérrimo de García Luna, López Obrador matizó los señalamientos contra el ex secretario de Seguridad federal. Opinó que las acusaciones en la corte estadounidense son sólo los dichos de un delincuente confeso: "Hasta ahora no ha habido pruebas fehacientes".

López Obrador se está vacunando. Se está curando en salud. ¿Por qué? ¿A qué le teme? ¿A que con el tiempo surjan testimonios de grandes capos hablando de cómo se aliaron con el gobierno de AMLO, de cómo operaron electoralmente a favor de Morena, de cómo financiaron campañas? ¿Le teme a que más adelante broten investigaciones que cuenten cómo altísimos funcionarios de seguridad de su gobierno pastoreaban en aviones oficiales a reyes criminales para presentarlos con los candidatos de Morena para que apoyaran sus aspiraciones políticas? ¿O por qué antes decía que los presidentes se enteraban de todo y estaban metidos en todas las grandes transas, y ahora lo matiza? ¿Está hablándole al espejo de los escándalos de corrupción, los inexplicables flujos de dinero en efectivo, los contratos asignados a amigos y socios, las extorsiones y conflictos de interés lo mismo en su familia que en su gabinete?

Está claro que López Obrador está tratando de explotar al máximo el juicio contra García Luna -ya tiene sección especial en la mañanera- y al mismo tiempo está cubriéndose por si algo salta contra él en el futuro. Una especie de: "Miren el escándalo que es todo lo que se dice, pero no hay pruebas fehacientes, eh". Si el juicio cuaja, acude a la 1a, declaración: el escándalo que es todo lo que se dice. Si el juicio tropieza, se va con la 2a.: no hay pruebas fehacientes.

Es un truco que ha usado toda su vida. No tiene por qué ser la excepción. Y así, mientras desfilan en las cortes americanas todas las putrefacciones del pasado mexicano, el presidente puede entretener a su audiencia para que no se fije en el presente: al final del juicio contra García Luna, en México seguirá la violencia, faltarán medicinas, habrá una inflación histórica y seguirán en la impunidad los escándalos de corrupción del actual gobierno.

Un nuevo periódico gratuito apareció en las calles de la Ciudad de México. Tiene 8 páginas, buena tipografía y diseño cuadrado y feo, impreso en papel periódico barato, y una impresión sucia. Desde el cabezal se ve que no es un diario comercial. Se llama "A GUSTO DEL PUEBLO", y es una nueva plataforma de propaganda de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación amigo de años del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo papel en la sucesión presidencial, en estos momentos, aún no está claro.

Para López Obrador, Adán Augusto -en cuya casa vivió mantenido por su padre y su hermana, actualmente alta funcionaria en el SAT y casada con el gobernador de Chiapas- es uno de los 3 aspirantes reconocidos por Palacio Nacional para la candidatura presidencial de Morena. Lo ha empoderado para que negocie lo que le encargue, para que quien lo escuche sepa que es un intermediario real del Presidente. Sin embargo, mantiene márgenes de autonomía y no todo lo que hace lo consulta con el presidente.

López Obrador tiene en Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, su único plan para la sucesión. Por lo que demuestra con sus acciones, no tiene en la cabeza a nadie más que ella para que tome la estafeta en 2024. Si Adán Augusto está consciente de ello, no está resignado. Hace meses viene trabajando en la consolidación de alianzas dentro de Morena y jugando en la arena pública para que su nombre sea conocido a nivel nacional. Su plataforma han sido los medios de comunicación convencionales.

Adán Augusto deberá aclarar si está o no vinculado con este diario editado en la Ciudad de México, y que apenas lleva un ejemplar donde no existe el pudor.

La portada es una fotografía de la contramarcha, donde camina junto a López Obrador. Su fotografía está en 6 de las 8 páginas, porque la última es una promoción turística de La Venta, en Tabasco, y la mariposa monarca, y otra es del 1er. informe del diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Temístocles Villanueva -quizás el front man del diario-, y que aparece como uno de quienes lo apoyan, junto con los gobernadores de Michoacán, Alfredo Ramírez, y de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, que también son explícitamente mencionados.

¿Qué cree Adán Augusto? ¿Qué Sheinbaum se desplomará? ¿Qué su amigo López Obrador cambiará de opinión? Probablemente no tiene respuestas para estas preguntas, pero por las dudas y por si acaso, incrementar su presencia y conocimiento nacional, no le perjudica y sí mucho lo beneficia.

Paco Calderón
(25 de enero de 2023).

Los incidentes en el Metro capitalino se siguen multiplicando. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sabe que pueden afectar su campaña presidencial y ha optado por negar que hay problemas de mantenimiento. Se trata, sugiere, de una campaña de sabotajes. Lo paradójico es que los intentos por encontrar sabotajes están afectando todavía más el servicio.

"En el Metro las cosas siguen muy mal -me dicen unos trabajadores-. Ayer [23 de enero] en Taller Rosario se descompuso un tren y cualquier descompostura se reporta como normalmente lo hacían, pero ahora la Fiscalía interviene para investigar si es un 'incidente provocado' o no, lo que conlleva parar el trabajo de reparación para poder poner en circulación los trenes. Por ejemplo, en esta ocasión tardaron 4 horas en liberarlo".

A esta pérdida de tiempo se suma el acoso a los trabajadores. "El personal del Metro que atiende esa avería es citado a declarar en días posteriores al 'incidente' y eso hace que haya menos personal para atender los trenes, pues tienen que atender a la Fiscalía. Varios trabajadores ya no quieren atender las averías por miedo al hostigamiento cuando los llaman a declarar. Son entrevistados a modo para que declaren que son 'incidentes provocados' y les insisten que sí es algo que no ocurría antes, cuando es más común de lo que el gobierno y la Fiscalía creen, pero ahora todo es un complot. Además, la Fiscalía no tiene idea de cómo opera el sistema. A veces quieren dar instrucciones a los trabajadores para hacer maniobras que no se pueden hacer".

El mismo 23 de enero se registró un nuevo incidente en la estación Barranca del Muerto de la Línea 7. El director, Guillermo Calderón, declaró que nunca se había registrado un caso similar y que en ese punto se había cumplido "con los protocolos de revisión cíclica de mantenimiento". El problema, dijo, se registró en "un sistema de cables de tracción de volts. Debe haber nueve cables, de los cuales se observa la ausencia, de derecha a izquierda, de la tercera posición... No se encontró el cable correspondiente en el primer momento de la inspección... Lo que se presume sucedió, hubo un sobrecalentamiento en estos de 750 volts. Este sobrecalentamiento produjo la ignición del aislante de plástico que se propagó a los otros ocho cables. Eso fue lo que provocó la nube de humo". Añadió que ya se notificó a la Fiscalía capitalina, que inició una carpeta de investigación.

Los trabajadores me dicen: "En la estación Barranca del Muerto lo que sucedió fue que explotó un puente inductivo de alta tensión que ya tenía meses que se había reportado pues sacaba chispas. Estaba haciendo corto... Posiblemente sí le faltaba un cable, y no lo ponen o reparan porque no tienen el material para hacer las reparaciones". Muchos trabajadores se ven obligados, de hecho, a conseguir material para hacer las reparaciones, pero sale de su bolsillo. "Pueden pasar meses y a veces se necesita solo un tornillo para reparar una puerta o algo simple. Si es barato, los trabajadores lo compran", pero "es imposible comprar todas las refacciones que se requieren". El cable al que se refería el director, efectivamente, se desprendió. Apareció después. Las fotografías muestran su deteriorado estado.

Es muy fácil tratar de borrar los problemas del Metro con el argumento del sabotaje, pero el único resultado de las investigaciones, o del despliegue de 6,060 efectivos de la Guardia Nacional, ha sido la detención de Viviana Salgado, una mujer a quien se le cayeron unas aspas de lavadora a las vías del Metro. La acusación de sabotaje era tan absurda que ya fue retirada.

Difícilmente el estado de salud de un funcionario haya generado tanta intensidad y expectativas -incluidos el ex presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador cuando era líder de Morena-, que el de Alejandro Gertz Manero. De la misma forma, no se recuerda la unanimidad de las opiniones deseándole buena salud, pero pidiéndole que renuncie a la Fiscalía General de la República. Razones sobran, por el uso faccioso del cargo para dirimir asuntos personales y los malos resultados de su gestión. Sin embargo, se mantiene sólido con el único que importa en un país no proclive a la rendición de cuentas, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador tiene viejos agradecimientos con él -por ejemplo, el apoyo para que su hijo mayor realizara su tesis y se titulara como abogado-, y otros más recientes que no tienen que ver con sus responsabilidades, por los servicios prestados desde otoño pasado por Gertz Manero, que ha ocupado partes importantes del vacío que dejó Julio Scherer cuando renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia y con quien libró una feroz batalla personal inconclusa, pero que se encuentra en un impasse por órdenes de López Obrador.

El fiscal se ha acomodado bien en la cercanía y complicidad con el presidente, que la ha utilizado tanto para serle funcional en sus preocupaciones electorales, así como para desacreditar a funcionarios cercanos a él, con quienes tiene diferencias. Ha sido insistente en criticar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, incluso por haber dado a conocer que se casaría con su vieja pareja, sugiriendo que el camino que siguió Peña Nieto le perjudicaba más que le diera beneficios, o a Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, por haberse enfrentado con el Ejército por el Caso Ayotzinapa.

Los comentarios sobre funcionarios y cercanos al presidente han ido escalando hacia la construcción de un andamiaje más formal. Por iniciativa suya, de mayor relevancia por estratégica e ilegal, pero con la anuencia presidencial, Gertz Manero armó un sistema de espionaje político de precandidatos presidenciales de Morena -también vigila a 24 opositores, como se reveló en este espacio en octubre pasado-, cuyos reportes entrega de manera regular a López Obrador. El aparato de espionaje es paralelo a la estructura de la Fiscalía General y opera de forma autónoma, en oficinas de su propiedad en la Ciudad de México, y en un centro de acopio y análisis de información que se está instalando en Tabasco.

Pocos saben dentro del gabinete de esta operación de espionaje político-electoral, que opera como complemento de las tareas que realiza en este campo el Centro Nacional de Inteligencia, y que parecería, por la información que ha trascendido que, a diferencia del seguimiento de la oposición, en el caso de Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal, hay un trabajo más profundo y amplio.

Los reportes que entrega semanalmente al presidente comenzaron por ir mostrando las alianzas que estaban construyendo los precandidatos. Uno de ellos detalló las negociaciones con gobernadores de Morena por parte de Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, así como un compromiso concreto que había logrado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con el finado gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que le motivó un extrañamiento al mandatario.

Hubo otros informes más delicados que mostraban, a partir de intercepción de conversaciones telefónicas, una alianza táctica entre Sheinbaum y López para neutralizar a Ebrard, y los contactos de Ebrard con el Partido Verde -que ha seguido cultivando- y Movimiento Ciudadano. Sobre Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la cámara alta, informó en Palacio Nacional, hay expedientes de él y su hermano, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, de presuntos nexos con organizaciones delincuenciales, con lo cual podrían neutralizar el senador.

El sistema de espionaje de Gertz Manero descubrió, según los reportes, relaciones personales del secretario López, que pudieran afectarlo en lo personal, así como operaciones inmobiliarias sospechosas del líder de Morena, Mario Delgado. La parte financiera ha sido una constante en los intereses de Gertz Manero, quien se comprometió a encontrar los empresarios que supuestamente están apoyando a Sheinbaum, y quiénes desde las sombras, están apoyando a Ebrard.

Hasta donde es posible saber, López Obrador no ha tomado ninguna acción específica sobre la información que le ha proporcionado, salvo el interés por conocer el origen de los posibles recursos que pueda estar recibiendo Ebrard, y una atención particular a las relaciones personales de López. Tampoco se ha notado un cambio en los apoyos públicos del presidente hacia los 3 precandidatos, o que la decisión de acercar a Monreal fuera consecuencia de los resultados del espionaje.

Lo que sí ha sido evidente, según funcionarios federales, es la creciente confianza del presidente hacia el fiscal, a quien no sólo autorizó construir un aparato de espionaje paralelo al que tienen el Centro Nacional de Inteligencia y las fuerzas armadas, sino que operara al margen del conocimiento del gabinete. Este permiso también ha empoderado a Gertz Manero, que ha estado acumulando por meses información personal y política de los precandidatos de Morena a la Presidencia y de la oposición, que eventualmente, se puede conjeturar, pudiera utilizar para su propio beneficio con quien llegara a Palacio Nacional.

La salud del fiscal no es buena y ha habido síntomas de un deterioro desde diciembre, cuando estuvo en cama afectado por la influenza. Posteriormente viajó a Estados Unidos para una intervención en la columna, de la cual le ha costado recuperarse. Su salud en las últimas semanas, y en particular su estado en días recientes que tanto interés causó en la sociedad política, debe preocupar aún más al presidente, que tiene en Gertz Manero un fiscal a modo con funcionalidad institucional y metaconstitucional, a la que ambos son tan proclives.

El fin de semana pasado (21 y 22 de enero) nos regaló otro episodio irrisorio sobre cómo "las corcholatas" del presidente Andrés Manuel López Obrador continúan su abierta e ilegal competencia por la candidatura presidencial de 2024.

Desde los futbolistas que repentinamente se sintieron simpatizantes políticos a favor de Adán Augusto López en las redes sociales, hasta las inefables costureras que diseñaron y empezaron a producir los "marcelitos" del secretario Ebrard Casaubón, la carrera presidencial parece no tener margen para la mínima decencia.

Donde se están dando hasta con la cubeta, en el adelantado juego de la sucesión presidencial, es en Petróleos Mexicanos. En Pemex hay porra para todas las corcholatas.

La animadversión entre Octavio Romero y su paisano Adán Augusto López es un secreto a voces. Por lo que tanto Romero como su equipo cercano, comandado por Marcos Herrería (conocido como el "primer ministro"), se han decantado sin tapujos por Claudia Sheinbaum.

Pero en los otros pisos de la torre de Pemex no van en la misma línea. Alberto Velázquez García, quien manda de facto sobre toda jugosa área de Transformación Industrial de Pemex -aún por encima de Jorge Basaldúa que tiene el cargo oficial-, está con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Velázquez García llegó a Pemex como director de Finanzas y ahora es responsable de otro de los programas estrella de la 4T, "Gasolinas del Bienestar", que pinta para ser otro de los fracasos. Velázquez conoce muy bien al canciller desde que trabajó para él en el Gobierno de la Ciudad de México junto al principal operador financiero del canciller, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, quien desde su agencia financiera serviría de enlace entre el poderoso mandamás de las Gasolineras del Bienestar, el efectivo que maneja y la campaña que tanto lo necesita.

Si alguien que ignora la realidad y el contexto mexicano escucha al presidente Andrés Manuel López Obrador, la impresión que deja es que su gobierno es débil, está siendo atacado, y lucha denodadamente para evitar su colapso y derrota ante la oposición conservadora, que, según sus afirmaciones, conspiró con Estados Unidos, cárteles de la droga, intereses económicos y medios de comunicación. Serían condiciones como ha dicho de Perú y Brasil recientemente, donde la violencia buscó quebrar las instituciones y cambiar las cosas por la fuerza. Pero no lo son.

La gran conspiración de la oposición, con ramificaciones multinacionales, para crear las condiciones de inestabilidad necesarias para que tengan éxito los intentos desestabilizadores en su contra, tiene su mundo únicamente en la irrealidad que se vive en Palacio Nacional, donde todo es de saliva y especulación, sin prueba alguna que sustente sus dichos. Sin embargo, el llamado a la acción es real y en las condiciones borderline a donde lleva su discurso maniqueo, puede haber consecuencias que lamentar.

En el mundo de López Obrador, las fallas en el Metro de la Ciudad de México son sabotajes, que si vemos la frecuencia de ellas en el último mes, lo que estaríamos viendo son actos terroristas. ¿De verdad? De verdad. "¿No ven que estamos enfrentando la parte más radical de la ultraderecha que encabeza Claudio X. González?", dijo un colaborador cercano a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. López Obrador ha sido exitoso en chuparle el cerebro hasta a los más preparados, y construir un clima de opinión pública para que no haya un escándalo por el desplazamiento de 6,000 guardias nacionales al sistema de transporte colectivo. Los saboteadores (o sea, terroristas) están al acecho, asegura, pero los militares ya entraron a cuidar a la población.

Gómez Leyva para desestabilizarlo a él y a su gobierno, aunque no hay ningún dato o indicio que apunte en ese sentido, salvo una información reciente que le entregaron sobre la probable autoría intelectual del asesinato fallido, pero de un militante distinguido de Morena. Conociendo el nombre del presunto autor intelectual, uno puede concluir que es un disparate. Pero es tan débil esa pretendida hipótesis, como la afirmación del presidente, que identificó a los presuntos responsables del atentado sin saber el móvil.

Son también, en voz de sus asesores, los conservadores y opositores quienes están coludidos con el crimen organizado para que los cárteles de la droga se enfrenten en cruentas batallas y matanzas, no para conquistar plazas y territorios para fortalecer su negocio, sino para que se logre desestabilizar al presidente, y mediante la violencia lo desacrediten. Para evitarlo no hay respuesta alguna, salvo seguir regalándoles territorio porque el presidente insiste en no combatir a nadie sino abrazar a todos, lo que sería un suicidio si en verdad lo que expresa tuviera algún asidero a la verdad.

No deja de llamar la atención la proyección de esta línea de pensamiento de algunos de sus cercanos que sí participaron en actos terroristas al acompañar la irrupción del EZLN hace casi 30 años, y participaron en el intento por quemar las puertas centrales de Palacio Nacional en 2014, y defendieron criminales disfrazados de guerrilleros que se vincularon con cárteles de la droga para ganar elecciones y co-gobernar con la delincuencia organizada. Pero eso era antes, cuando parecería que el fin justificaba los medios y sus acciones eran buenas porque enfrentaban a los malos. Hoy, cuando los opositores de antaño son gobierno y viceversa, lo que fue legítimo es hoy un ataque contra López Obrador.

Es la conspiración global la que quiere evitar que López Obrador avance en la 4a. transformación del país, que hasta hoy carece de contenido, pero que están trabajando en Palacio Nacional para dotarla de gravitas y quitarle lo hueco, a través de discursos y de una serie de libros comisionados a 20 académicos reclutados por sus cercanos, para que su proyecto pueda tener la trascendencia que desea.

Lo requiere urgentemente para seguir engañando con palabras, porque hasta hoy, en términos de resultados, su gobierno es un fracaso en prácticamente todos los rubros. Frente a esto, qué mejor que la victimización y responsabilizar al pasado y a los saboteadores financieros por el mundo de la ineficiencia e incompetencia de su gestión.

Como carece de sentido autocrítico, no se ve a sí mismo, y culpa a otros de que las cosas no salgan como las piensa.

Hay quien cree que López Obrador sí está consciente de que su gobierno no funciona, y hay quien opina que está convencido de lo que dice públicamente. Funcionarios federales dicen que cada vez más, lo que dice el presidente en público lo dice en privado, y cada vez escucha menos a quienes tratan de ubicarlo en la tierra.

Sí cree, por ejemplo, que hay actos de sabotaje en el Metro, y que el atentado a Gómez Leyva fue para desestabilizarlo -inclusive, eso le dijo a su consejero y jefe de propaganda, Jesús Ramírez Cuevas, cuando le informó del atentado. Está convencido que hay grupos de presión que quieren descarrilar su gobierno, y que como a Salvador Allende en Chile en 1973 está en marcha un golpe de estado.

Ciertamente es delirante como piensa López Obrador, sus diagnósticos y conclusiones, pero es la realidad en la que nos tiene metidos a todos con su narrativa. Son los molinos de viento del Quijote del trópico, con enemigos inmersos en conspiraciones imaginarias, pero que no combate más que de palabra. Pero démosle el beneficio de la duda y pedirle que hable menos y actúe más para investigar y descubrir a quienes quieren desestabilizarlo, y que persiga a los terroristas y a los subversivos, para llevarlos a la justicia. Así callará la boca a quienes pensamos que todo esto es un invento que su cabeza convirtió en realidad.

A mi parecer, lo más relevante en este momento es el enfrentamiento del presidente de la república con la universidad. Quizás, como pocas instituciones, la UNAM representa a la clase media en México y su "aspiracionismo".

En el 2018, de manera abrumadora, estudiantes y académicos de la UNAM se volcaron en las urnas a favor de López Obrador. Hoy, las circunstancias han cambiado. Una buena parte de quienes lo respaldaron se han decepcionado.

El reclamo que él ha hecho desde hace muchos meses a las clases medias, tiene que ver también con este cambio en la posición de los universitarios. En las encuestas de salida se percibió que en el 2018 el 48% de los que tienen formación universitaria votaron por López Obrador.

En el 2021, sólo el 33% de quienes tienen ese nivel de escolaridad votaron por Morena o sus aliados. Ese cambio también se expresó en el hecho de que la votación de las grandes ciudades fue mayormente favorable a la oposición en las elecciones del 2021.

Las múltiples evidencias de plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel crearon ya una crisis de conciencia en la UNAM, en la cual, la mayoría de los universitarios percibe la necesidad de que se le retire el título.

Sabiendo esa circunstancia, el presidente López Obrador ha retado ya en varias ocasiones al rector Graue y a las autoridades universitarias a hacerlo.

Y, desde luego, si esto ocurre, el presidente va a lanzar una ofensiva en contra de la UNAM a la que va a acusar de hacer el juego a los conservadores. Pero, al mismo tiempo, si las autoridades universitarias no lo hacen, dan la impresión de hacer el juego al gobierno.

No puede perderse de vista que en diciembre de este año terminará el 2o. periodo de Enrique Graue.

Las presiones de López Obrador a la UNAM no sólo tiene que ver con el tema de la ministra Esquivel sino también con el proceso sucesorio en la UNAM.

No sería la 1a. vez que un gobierno pretenda entrometerse en la sucesión universitaria.

En esta ocasión, el argumento sería que hay que evitar que una institución que paga el pueblo le sirva a los conservadores.

Esperemos que en la Universidad Nacional exista el talento político necesario para salir de la trampa que le está poniendo AMLO.

Paco Calderón
(22 de enero de 2023).

Se acerca a pasos acelerados la elección presidencial del 2024 que será crucial para México, pues después de haber visto todos los desatinos del presente gobierno, tenemos que ponernos las pilas y no dejar que se sigan acabando al país; ya de por sí va a ser difícil volver a reconstruir nuestras instituciones y poder dejarlas blindadas para evitar que otro demagogo venga a querer acabar con ellas.

Lo que debemos dejar atrás y olvidarnos es el populismo y la demagogia, que por lo que vemos acaba con la democracia, pues en esto lo que existe es un gran culto a la personalidad y lo vuelve mesiánico y autoritario y lo que ya no queremos es seguir perdiendo las libertades, las instituciones y militarizar el país, sino que debemos acatar siempre nuestra Constitución y actuar de acuerdo a las leyes que se han venido concertando y perfeccionando al paso de muchos años y así poder ya acabar de una vez por todas con la inseguridad, volver a tener nuestro gran derecho a la salud que en este sexenio se desintegró y terminar con la violencia en que se ha sumido nuestro país.

Queremos un jefe de nuestro gobierno del cual sentirnos orgullosos y que sea un digno representante nuestro ante el mundo, una persona que entienda la problemática y los cambios que existen y no alguien instalado en el pasado.

Puede entenderse la molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador frente al impacto político y jurídico que representan las acusaciones contra la ministra Yasmín Esquivel. La denuncia de un posible plagio de tesis de licenciatura ha sido leída en Palacio Nacional como un ataque al proyecto de la 4a. Transformación.

Si López Obrador está convencido que los incidentes del Metro son producto de un sabotaje con fines político-electorales o el atentado a Ciro Gómez Leyva un intento de desestabilizar a su gobierno, con mayor razón asume que las denuncias en contra de la ministra están encaminadas a dañarlo: fue días antes del relevo de presidencia en la Corte, a la cual aspiraba Esquivel, y el medio utilizado fue Guillermo Sheridan, un conocido crítico del presidente. Y en efecto, lo han dañado. Yasmín Esquivel es uno de los 3 ministros (de 11) que, en palabras del propio AMLO, están a su favor; la mera posibilidad de ser inhabilitada sería un descalabro, por no hablar de que era su candidata para sustituir al ministro Arturo Zaldívar, quien presidía la Corte, y se consideraba aliado de Palacio Nacional.

Imposible saber si en su fuero interno él está convencido de la inocencia de ella; asumo que habrá recibido en corto la versión de la ministra. Pero desde el 1er. momento quedó en claro que aun si resultase culpable, al presidente le parece que eso es mucho menos importante que la intención política y mediática para perjudicarlo, y ha actuado en consecuencia. Desde asumir que se trata de una mera anomalía, señalar que "quien esté libre de culpa que tire la primera piedra" o argumentar que esa falta era peccata minuta frente a las infamias de los conservadores que la están acusando.

Puede uno diferir del razonamiento que hace el presidente, pero se entiende la lógica política desde el que lo hace. En última instancia está tratando de paliar el golpe de imagen a la reputación de una aliada y, en esa medida, a su propia imagen y, de ser posible, busca evitar su salida de la Corte.

Lo que es más difícil de explicar es la deriva a una confrontación pública con la UNAM. A lo largo de los últimos días el presidente ha retado a las autoridades universitarias a asumir su responsabilidad en este caso y a no "lavarse las manos". Quizá reprocha el fallo académico en contra de la ministra, que daría la razón a sus opositores, y ahora exige que asuman las consecuencias y, si están convencidos del delito, invaliden el título universitario. Como si el presidente estuviera más interesado en mostrar de qué lado militan las autoridades de la UNAM en la polarización que divide al país, que, incluso, conservar a Esquivel en la Corte.

Me parece que la confrontación con la UNAM resulta inconveniente para el obradorismo tanto en términos coyunturales como estratégicos. Si la ministra ha decidido quedarse, pese a todo, lo que menos interesa es presionar a la UNAM para que se deslinde a como dé lugar, pues siempre se corre el riesgo de que, ante los reclamos, el Consejo Universitario termine fallando en su contra. La declaración del rector Graue, este viernes, fue orillada por las acusaciones del presidente, y en ella anunció que la investigación continuaría y una vez resuelta se revisarían las opciones jurídicas para actuar en consecuencia. Para decirlo en plata pura, a la 4T le habría convenido que las cosas quedaran en el limbo legal en el que parecían instaladas y dejar que, como otros escándalos, las novedades lo dejaran atrás.

Pero las tensiones con la UNAM son inconvenientes sobre todo por razones estratégicas, más allá del caso Yasmín. Los movimientos universitarios han sido consustanciales en el desarrollo de la izquierda en la capital; la comunidad universitaria ha sido aliada de la corriente política que desde 1997 ha gobernado la ciudad. Sin embargo, hay señales de distanciamiento en este sexenio que ponen en entredicho este maridaje. Los continuos desencuentros entre la comunidad científica y cultural y el gobierno, particularmente en la confrontación del actual Conacyt con científicos y miembros anteriores, calificada como rudeza innecesaria al acusarlos penalmente de delincuencia organizada; la controversia del fiscal Alejandro Gertz y su obtención de grado de investigador en el SNI a pesar de la oposición de los investigadores; el reiterado reclamo de Palacio Nacional a los intelectuales (usualmente a la corriente conservadora, pero en muchas ocasiones las críticas han sido genéricas); las fricciones con la clase media, a la que pertenece la mayor parte de profesores e investigadores; el desprecio a las ONGs y organismos descentralizados de manera indiferenciada, en muchos de los cuales participan miembros de la comunidad universitaria.

La tensión escaló en las elecciones del año pasado, cuando la oposición ganó 9 de las 16 delegaciones de la capital, entre ellas algunas que históricamente habían sido bastiones de la corriente en el poder. Es sintomática la pérdida de Tlalpan y de Coyoacán, donde reside el campus universitario y buena parte de los cuadros docentes (así como el propio López Obrador o Claudia Sheinbaum). La irritación del presidente ante los resultados le llevó a cuestionar el neoconservadurismo de estudiantes de educación superior y académicos, las actitudes aspiracionistas de la clase media y a declarar que su único y verdadero aliado era el pueblo que no presumía títulos universitarios.

Se ha dicho que las baterías van dirigidas estrictamente en contra del actual rector, quien deja el puesto este año, con la intención de empujar alguna candidatura más afín a la 4T. Pero esa explicación es inconsistente con el tipo de reclamo que hace AMLO a la UNAM o a los cuadros académicos en su conjunto. No ha habido un rector decente desde Pablo González Casanova (quien la dirigió hace 50 años), afirmó esta semana, raspando de paso a su representante en la ONU, Juan Ramón de la Fuente.

Me parece que en este caso se mezclan intenciones políticas con pulsiones que respiran por la herida. Contra líderes sindicales, gobernadores priistas y dirigentes del Partido Verde, por ejemplo, no existen confrontaciones públicas pese a las muchas razones éticas e ideológicas que las justificarían; en tales casos se ha impuesto la necesidad política. No así con la UNAM, donde lejos de buscar reconstruir alianzas, el presidente ha elegido un camino que profundiza el distanciamiento. Pensaría que aquí juega un sentimiento de traición por la escasa disposición de esta comunidad a acompañarlo acríticamente.

Quizá Morena no necesite estar en los mejores términos con estos sectores para ganar la elección presidencial el próximo año. Pero eso no está claro para el caso de la Ciudad de México. Cualquiera que haya sido el impacto de estudiantes y profesores en la derrota en 2021, es evidente que lejos de restañarse, esas diferencias se han acentuado.

Durante la mañanera de este viernes, el presidente de México Andrés Manuel lópez Obrador reiteró que el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva pudo tratarse de un "asunto de Estado, de desestabilización, de sabotaje o de subordinación" para desestabilizar a su gobierno, por lo que el presentador de noticias no se quedó callado y respondió al mandatario.

En su conferencia matutina, el mandatario dijo que no descartan la desestabilización de su gobierno: "¿Por qué se van con un periodista famoso?", cuestionó y comentó que no descarta que el conservadurismo esté detrás.

"Es un caso grave porque imagínense que se hubiese consumado este atentado, se hubiese cometido el crimen, la campaña de desprestigio en contra del gobierno, aparte que estamos hablando de pérdida de una vida humana, que quizá, no quizá, eso es lo más importante, pero también tiene una connotación política, es un asunto de Estado", dijo el presidente.

Por medio de Twitter, Gómez Leyva cuestionó la respuesta de López Obrador, pues dijo que "no ha de conocer el tema". "Lo de autotentado significa que yo mismo me mandé a matar [...] Ahora sí que yo no sabía", expresó el periodista.

Asimismo, añadió que el presidente "juega a esa confusión". "Él juega a esa confusión. Autoatentado es que fueron los conservadores, que querían matar a uno de los periodistas que simpatizan con ellos, bueno, también que me digan en donde están esas simpatías, algunas de las personas que el presidente López Obrador califica de conservadores".

Con nadie ha sido tan condescendiente el presidente como con el señor Guzmán Loera, como le dice él respetuosamente. Todas sus solicitudes son atendidas en la mañanera; su abogado se siente con la certeza de que cualquier mensaje que venga del narcotraficante que purga cadena perpetua en Estados Unidos será atendida en Palacio Nacional. López Obrador tuvo con la madre de "El Chapo" un gesto que no ha tenido con nadie más. ¿Qué gana el presidente con esto?

Lo primero que ha ganado es una tunda de parte de la oposición, que lo acusa un día sí y otro también de tener vínculos con el crimen organizado. Nunca le han probado nada, como tampoco los seguidores de Morena han probado nada en contra de Felipe Calderón, pero es parte del juego de poder, de esa política ramplona y de golpeteo. Aunque las críticas le hagan lo que el viento a Juárez, en la más elemental de las lógicas resulta absurdo que el presidente siga poniendo el pecho por "El Chapo" y haga eco de sus demandas.

El canciller Ebrard ya dijo que no hay nada que hacer. Es una batalla perdida de antemano que no se desgastará en pelear. Sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, el presidente sigue insistiendo en ello y le destina el tiempo y la compasión que no tiene para los niños con cáncer. ¿Por qué?

Lo 1o. que hay que entender es que "El Chapo" Guzmán es mucho más que un narcotraficante, es un icono de la cultura popular, una especie de "Chucho el Roto" del siglo XXI. Nadie como él se ha burlado de las autoridades, de las mexicanas y de las estadunidenses. En la cultura pop "El Chapo" no es un criminal sanguinario, sino el chaparrito, astuto y bonachón, que las series de televisión muestran incluso como simpático, vivaracho, buen hijo y mejor padre (al menos con las hijas menores).

Es a esta especie de Speedy González, a esta caricatura de la era de las narco series y no a al sanguinario criminal que después de torturar a sus enemigos los tiraba vivos en una hoguera para que no quedara rastro de sus cuerpos, a quien defiende el presidente. Por supuesto que no quiere a Guzmán en una cárcel mexicana, nadie compra problemas, mucho menos lo quiere libre generando violencia en las calles. Andrés Manuel quiere a "El Chapo" que está encerrado en una televisión, congelado en un poster, cosificado en una marca de ropa, estampado en una gorra o inmortalizado en un corrido.

"Yo me hinco donde se hinca el pueblo", ha repetido hasta el cansancio López Obrador. Y si el pueblo se rinde ante esta parodia de narcotraficante, él también lo hará.

El poderoso presidente electo le encargó esta tarea para definir la estrategia de seguridad a quien sería su secretario en la materia, Alfonso Durazo, quien desde ese momento pensaba ya más en ser candidato de Morena a la gubernatura de Sonora. No duró en el cargo ni 2 años, renunció para ser postulado y convertirse en gobernador, dejando a medias el lanzamiento de la Guardia Nacional, sin cumplir prácticamente nada de la estrategia diseñada, y lejos de lograr su promesa que en 3 años bajarían 40% los homicidios, dejó una cifra récord de 64,000 homicidios en 22 meses de gestión.

Ese mismo camino lo siguió la semana pasada Mejía Berdeja, que siempre fue el número 2 de Durazo, y quien renunció para ir a buscar la gubernatura de Coahuila. Lo que habrá que decir es que la salida de Mejía Berdeja puso en evidencia también la falta de democracia interna en Morena y cómo la tratan de simular con las encuestas que tanto gustan al presidente, para preservarse, aunque lo niegue, como el gran elector. Mejía se rebeló, no aceptó el resultado de la encuesta en Coahuila que le dio la candidatura de Morena al senador Armando Guadiana, al que le competirá por el PT sin la bendición de AMLO, quien le reprochó públicamente no haberle dicho "ni adiós".

El general Rodríguez Bucio, que deja magros resultados en la Guardia Nacional, llega a ocupar el cargo de Mejía, y para no variar, él será sustituido por otro militar, David Córdova Campos, quien fungía como director de prestaciones del Ejército. Se acentuó así la ruta de la militarización policial de la 4T, que alcanzó ya hasta la Subsecretaría de Seguridad Pública, aunque constitucionalmente, tanto esa dependencia como la GN deben ser organismos en manos de civiles.

Partidos opositores calificaron este jueves de "inaudito" que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya accedido a revisar la petición del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien pide su traslado a México por alegar violaciones a sus derechos humanos en Estados Unidos.

En un pronunciamiento, el derechista Partido Acción Nacional (PAN) consideró "deplorable" que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) analice la solicitud hecha por el abogado de "El Chapo", José Refugio Rodríguez, como confirmó López Obrador el miércoles.

"Desde Acción Nacional reprochamos que López Obrador abogue únicamente por los derechos humanos cuando se trata de delincuentes [es el esprit de corps - el webmaster], instruir a Cancillería para revisar el caso del Chapo Guzmán es inaudito", declaró Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del PAN.

Las críticas surgen un día después de que López Obrador revelara que "no descarta" atender la petición de "El Chapo", exjefe del Cártel del Sinaloa condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2019 , porque "siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos".

En este contexto, el PAN denunció que en el actual gobierno a "los principales violadores de derechos humanos les han puesto alfombra roja" y que la estrategia es "claramente de pactos con el crimen organizado".

En tanto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuestionó que el mandatario escuche la petición del narcotraficante mientras ignora a defensores de derechos humanos.

"Distintos sectores sociales -feministas, ambientalistas, periodistas- han hecho solicitudes al ejecutivo sin que responda, pero con Joaquín Guzmán ha sido distinto y ya instruyó a la Cancillería a procesar la petición. Bien solícito el presidente en ciertos casos", indicó en redes Luis E. Cházaro, líder del PRD en la Cámara de Diputados.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también se pronunció contra el traslado a México de "El Chapo", cuya defensa ha argumentado que en la prisión "no le pega el sol, la comida es de pésima calidad, y no hay salud", además de recibir un trato desigual al resto de reos.

"Si ya está siendo juzgado allá y también al final es un riesgo tenerlo aquí, yo creo que debe terminar allá el procedimiento y cumplir la pena que le impongan los Estados Unidos", declaró a medios Miguel Ángel Osorio Chong, líder del PRI en el Senado.

"¡Ella no es ratera, ella no se robó nada!", estalló en un grito el presidente López Obrador. Dicen quienes estuvieron ahí que lo vieron enojado como pocas veces, casi fuera de sí. Estaba defendiendo a Rocío Nahle, su secretaria de Energía, que acababa de ser evidenciada por varios integrantes de su gabinete en una reunión privada.

Fue a mediados del año pasado. Recién se había publicado la revelación de que el costo real de la refinería de Dos Bocas iba en 18,000 millones de dólares, más del doble de lo que López Obrador había prometido una y otra vez.

Después de que se publicó eso, el presidente citó a una reunión urgente a Palacio Nacional al secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O; al director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza; a su secretaria de Energía y encargada del proyecto de la refinería, Rocío Nahle, y a un par de funcionarios financieros más. El objetivo: el presidente quería que le explicaran cuánto en realidad iba a costar la refinería.

Me cuentan fuentes de primera mano que los funcionarios financieros del gabinete le hicieron una exposición detallada de cómo se componían los costos de la refinería y al final le dejaron muy claro que la propia secretaria Rocío Nahle ya había pedido a Petróleos Mexicanos hasta 18,000 millones de dólares de recursos para pagar la construcción de la refinería.

El dato le cayó al presidente como un balde de agua fría. Su reacción fue estallar en defensa de su secretaria de Energía. Los otros integrantes del gabinete le tuvieron que aclarar que nadie estaba acusando a Nahle de robarse nada, sino sencillamente estaban exponiendo los costos reales de la famosa refinería: 18,000 millones de dólares, muy lejos de los 8,000 millones que López Obrador dijo que iba a costar.

La reunión terminó con enojos por todas partes. El presidente al verse enfrentado con la verdad. La secretaria al verse exhibida. Los demás al verse regañados.

¿Qué sucedió después en la mañanera? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió a decir que la refinería costaría entre 11,000 y 12,000 millones de dólares. Es decir, hizo lo que mejor sabe hacer: mentir. Sabía que el costo era 18, pero seguía diciendo que máximo 12.

Ayer se cumplieron 200 días de que López Obrador "inauguró" la refinería de Dos Bocas. Frente al reclamo de que era una refinería que no refinaba, 4 días después de la "inauguración", la secretaria Nahle declaró que para diciembre refinaría el 1er. barril. Ya terminó diciembre. Sigue sin refinar un solo barril.

No es sorpresa. Desde el día que anunció que construiría la refinería de Dos Bocas en 3 años a un costo de 8,000 millones de dólares, se dijo por todos lados que no iba a estar lista a tiempo y que iba a salir más cara. Sus caprichos nos siguen costando a los mexicanos miles de millones de pesos.

Lo del Tren Maya recorre la misma ruta: no va a terminarse. López Obrador lo sabe desde hace tiempo. Y sigue mintiendo.

El método no cambia. Cuando alguien no funciona, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no lo cesa; lo promueve. Ahora le tocó al general Luis Rodríguez Bucio, a quien desde hace semanas quería destituir por los malos resultados en seguridad, y que se salvó únicamente por el apoyo que le dio el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval. Ayer fue nombrado subsecretario de Seguridad, en sustitución de Ricardo Mejía Berdeja, y López Obrador, fiel a su costumbre, mintió al decir ante la gradería que le tenía confianza y que había hecho muy buen trabajo como comandante de la Guardia Nacional.

Su rendimiento es cuestionable. Durante los 50 primeros meses de gobierno, según la consultora TResearch, se habían registrado 144,125 homicidios dolosos, 50,450 más que durante ese periodo en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y 72,683 que lo alcanzado en el del presidente Felipe Calderón. Y en los 10 primeros días de este año, de acuerdo con el reporte diario preliminar del gobierno, el número de homicidios dolosos por día llegó a 81, convirtiéndose en el mes más letal desde agosto de hace 3 años, cuando se registraron 81.4 al día.

La seguridad no es algo que realmente importe a López Obrador, enfocado sólo en la óptica del problema. Se quejaba en Palacio Nacional, pero no lo removió. Lo que parecía haber sido el Principio de Peter para el general Rodríguez Bucio, por el desparpajo como toma decisiones el presidente se convirtió en una plataforma de crecimiento. Además, el nuevo subsecretario representa lo que más odia, al haber trabajado con quien ha utilizado de piñata para acusar prácticamente a Calderón de estar vinculado con el narcotráfico, el secretario de Seguridad Pública en esa administración, Genaro García Luna.

Rodríguez Bucio ha ocultado sistemáticamente esa relación, aprovechando que el presidente tampoco quiere escuchar de ella, y expurgó todo detalle de ella en su currículum. Sin embargo, desde 1994 colaboró con García Luna.

El nuevo subsecretario no es alguien nuevo en el combate al crimen organizado, pero eso no significa que haya sido eficiente. Al contrario, pero los resultados no importan en este gobierno y al presidente le es funcional, en la relación con el general Sandoval, y en la eventual absorción de la Secretaría de Seguridad por parte de la Defensa Nacional.

Ayer circuló una carta en la que la Secretaría de Educación Pública (SEP) notificó a la UNAM que hasta que no sea invalidado el título a Esquivel, la Dirección de Profesiones carece de facultades para intervenir. En el escrito, dirigido al rector Enrique Graue, la titular de la dependencia, Leticia Ramírez, dijo que si en cambio lo que se le imputa a la ministra es susceptible de ser considerado un acto ilícito, lo correspondiente será acudir con autoridades de procuración de justicia competentes.

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, de nuevo retachó a la UNAM el tema: "la Secretaria de Educación Pública presentará, enviará el día de hoy (ayer) la respuesta formal a ese oficio, en el sentido de que no está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título. En todo caso, lo que la Dirección General de Profesiones puede hacer es cancelar el registro de un título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, cosa que no ha cumplimentado la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay instancias que, en este caso, deben de resolver el asunto, que son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario. Entonces, se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evadan la responsabilidad que tienen, sino que emitan ellos una resolución".

Estamos en una situación que tiene 2 planos. Legalmente el gobierno le ha pedido a la UNAM que formalice una solicitud para eventualmente cancelar el título a la ministra. Cosa que está por verse.

Esa situación cumple las formas en el plano legal, pero posterga una decisión en el plano político que el presidente no ha querido tomar. López Obrador sigue manteniendo su apoyo, así sea para socavar a la UNAM o a la propia Corte, a Yasmín Esquivel.

Estamos en un país en donde hoy nadie que le deba parte de su poder a este presidente puede negarse a sus designios.

En ese contexto, lo que no ocurrió ayer fue la decisión presidencial de dejar caer a Yasmín Esquivel.

Si la ministra sigue en el plan de "no renuncio" es simple y llanamente porque no ha recibido de Palacio Nacional el mensaje, privado o público, de que esos que la impulsaron ya no la reconocen como parte del proyecto.

Y mientras esa sea la tónica, Esquivel tiene futuro. Porque López Obrador resiste toda aquella maniobra que pretenda quitarle piezas o fichas de su tablero de poder, y una de ellas es la ministra.

Lo preocupante es nuestra relación con los gringos y con Canadá. El rey Lopitos con su doble discurso; por un lado, los critica y, por otro, les da todo lo que le piden y hay razones: ¿sabías que actualmente las remesas de los 'paisanos' representan el ingreso más importante de divisas? Nuestra economía depende de los gabachos.

Por eso dicen que AMLO tuvo que aceptar la detención de Ovidio y cerrar el paso a los migrantes que van hacia Estados Unidos. También traen el lío de las fuentes de energía no contaminantes y parece que el honesto de Bartlett es parte del problema.

La renuncia del subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, uno de los consentidos de las mañaneras, el vocero encargado de dar las cifras de violencia, prendió los focos rojos en Morena y convirtió a Coahuila en un interesante experimento de lo que puede suceder en 2024. Evidentemente no se pueden extrapolar los comicios de un estado a la elección nacional; sin embargo, habrá varios indicios a observar en el comportamiento de los distintos actores políticos en esta elección.

El 1er. fenómeno interesante es la encuesta como sistema de selección de candidatos. Una encuesta no suple una elección, lo sabemos de cierto; en no pocas ocasiones fallan, y mucho, pero sobre todo las encuestas son un instrumento más manipulable que casi cualquier esquema de selección de candidatos. La opacidad en las encuestas internas es una tradición en Morena, lo sabe Ricardo Monreal, que tardó días en aceptar los resultados cuando "perdió" frente a Claudia Sheinbaum en la carrera por la CDMX en 2018 y lo sabe Martí Batres que hizo su berrinche en aquella ocasión cuando lo que le entregaron no fue un cuaderno con los resultados y los cuestionarios de las encuestas aplicadas sino una tarjeta (literal) con porcentajes. La diferencia es que en otras ocasiones la política había logrado aplacar y acomodar a los disconformes. Hoy Mejía rompió el mito de que en Morena nadie se rebela ni se enfrenta a López Obrador. Hay varios, entre ellos Ebrard y Monreal, muy atentos al futuro de Mejía.

El otro fenómeno a observar es el de las alianzas electorales. El Partido del Trabajo decidió romper en Coahuila porque calcula que con Mejía en la boleta tendrá mejores posiciones, y en una de esas hasta gana. Esto es, no son compañeros de proyecto de López Obrador y eso que él llama 4a. Transformación y que todos los políticos afines usan como estrategia de posicionamiento; los partidos lo que tienen son intereses y muchos de ellos simplemente inconfesables. Ellos también están midiendo cuánto valen para el proyecto de López Obrador en la elección para presidente. Si Morena pierde Coahuila su alianza valdrá más, mucho más.

Sin el PT y sin el Verde y, sobre todo, con el senador Armando Guadiana como candidato -un representante de las peores prácticas políticas- Morena tendrá un elección muy complicada. Por lo mismo, Coahuila y Estado de México serán también un laboratorio para observar hasta dónde el gobierno federal usa los recursos del Estado para imponer a sus candidatos y cómo reaccionan ante ello las autoridades electorales, particularmente el INE, que para entonces tendrá 4 nuevos miembros, uno de ellos el presidente del organismo. Lo que dejen pasar las autoridades electorales en el laboratorio de Coahuila y Estado de México lo veremos multiplicado por 10 en la elección de la Presidencia de la República.

Como se sabe, esta ministra [Yasmín Esquivel] fue impulsada desde la 4T para convertirse en la 1a. presidenta de la Corte, pero las acusaciones de haber plagiado su tesis de licenciatura en 1987 y todas las contradicciones en las que incurrió tratando de defenderse, la debilitaron y volvieron inviable esa aspiración.

Para su llegada a la SCJN en febrero de 2019, fue determinante el hecho que se tratara de la esposa del empresario constructor José María Rioboó, quien siempre ha sido uno de los contratistas favoritos de López Obrador desde que fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Él construyó los segundos pisos viales y tras el escándalo del plagio de su esposa se han revelado contratos multimillonarios tanto con el Gobierno de la CDMX como con el gobierno federal. Uno de los más jugosos sería por 1,600 millones de pesos para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), situación que el presidente había negado.

Esta cercanía del 1er. círculo del poder de la 4T con la familia Rioboó Esquivel se manifestó desde los primeros momentos de la crisis que enfrentó la ministra por el asunto de su tesis plagiada. López Obrador primero minimizó las acusaciones y descalificó a los denunciantes y en la Fiscalía de la CDMX tuvieron que desdecirse de la prematura exoneración con que quisieron sacarla del problema.

Los intentos de negar haber caído en esa irregularidad, fueron hundiendo más a Esquivel. 1o. las cartas de su sinodal, Martha Rodríguez, asegurando que su tesis era original, luego contratando a un notario que aseguró que Édgar Ulises Báez, quien había presentado su tesis un años antes, era en realidad quien le había copiado a ella. Ulises Báez comprobó que nunca compareció ante notario alguno, lo que no sólo complicó más el caso de la ministra sino al notario que mintió y se debe también sancionar.

Luego de que el miércoles pasado la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM resolvió que Yasmín Esquivel sí copió sustancialmente la tesis con la que se tituló de abogada, y que correspondía a la Secretaría de Educación Pública (SEP) retirarle su título, López Obrador embistió una vez contra la UNAM y reprochó a su rector Enrique Graue lavarse las manos como Poncio Pilatos, y que este lunes podrían tener una resolución si es que es al gobierno federal al que le toca hacerlo.

Pese a todo el respaldo presidencial, Yasmín Esquivel con o sin título debe ya renunciar para salvar el prestigio de la UNAM y de la Corte, y hasta de su aliado el presidente.

Jaime Cárdenas, un abogado muy respetado por su honestidad y congruencia, renunció a la Dirección del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el INDEP, el 21 de septiembre de 2020, mediante una carta con una bomba en el último párrafo donde informaba que quedaba "pendiente de conciliar la transferencia de los 2,000 millones de pesos" que en febrero de ese año se habían remitido al organismo, y que hasta esa fecha se encontraban invertidos, generaban intereses y no habían sido utilizados. Sólo los muy enterados vieron la dimensión de la sutil denuncia que había hecho. Una parte comenzó a develarse este fin de semana.

Cárdenas reconoció en una entrevista con Proceso que ese tema fue una razón importante de su renuncia, cuya génesis es la mañanera del 10 de febrero de 2020, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un cheque que le entregó el fiscal Alejandro Gertz Manero, de 2,000 millones de pesos, "recuperados" en el "combate a la corrupción" por un presunto fraude al Infonavit. En verdad no habían sido "recuperados", sino pagados por 3 de los implicados, los hermanos Max y André El-Mann, a cambio de su libertad. Quienes no aceptaron pagar por su libertad, los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, no han dejado de ser perseguidos.

Como lo cuenta Cárdenas, ese momento y su secuela estaban salpicados por irregularidades. Para empezar, el presidente mostró un cheque cuyo dinero no estaba ni en la Fiscalía ni en ninguna otra caja del gobierno. Aquella mañanera fue una gran mentira para presumir que el dinero sería para la rifa del avión presidencial. Cárdenas revela que al saber que no había dinero para disponer, López Obrador ordenó reponerlo "de donde fuera" y comenzaron a presionarlo para que transfiriera esos fondos que no podía transferir, porque habría incurrido en peculado y ejercicio indebido de atribuciones.

Cárdenas se fue, pero lo podrido se quedó. Lo que contó a Proceso muestra una parte de las irregularidades y los abusos del poder. La parte toral está en la historia del cheque, cuya placenta data del 17 de enero de 2018, cuando el Infonavit presentó una denuncia ante la Fiscalía para investigar los convenios firmados con la empresa TELRA, cuyos socios eran los El-Mann y los Zaga Tawil, para conocer si funcionarios en administraciones anteriores incurrieron en actos de corrupción. La denuncia no estaba dirigida contra los hermanos, pero, de cualquier forma, El-Mann y Zaga fueron perseguidos y presionados.

El 31 de enero de 2020, luego de 2 años de investigación y sin haber podido documentar irregularidades de los empresarios, para acabar con el acoso de la Fiscalía los hermanos El-Mann presentaron un proyecto de acuerdo reparatorio y copias de 2 cheques personales a nombre del Infonavit, por mil millones de pesos cada uno. El 6 de febrero, el coordinador jurídico del Infonavit, Óscar Javier Priego, recibió los cheques y se comprometió a ingresarlos a la partida presupuestal del organismo. Hasta hoy no se sabe si firmó el acuerdo reparatorio, aunque los indicios son que no. Los cheques no fueron devueltos, ni canjeados.

10 días después se engañó a la nación en la mañanera, al presentarse el cheque por 2,000 millones de pesos, aunque sólo fue hasta esa noche cuando el abogado de los El-Mann exhibió 2 cheques por mil millones de pesos cada uno, a nombre de la Fiscalía. El 11 de febrero, la Fiscalía le entregó un cheque de caja por 2,000 millones de pesos a Alonso Rodríguez, coordinador metropolitano del INDEP, para su custodia, aunque a diferencia de lo que había anunciado el presidente días antes, sobre el destino de usarlo para la rifa del avión presidencial, le dijo que se determinaría una vez que se cerrara la carpeta de investigación.

Luego de haber entregado los cheques, los hermanos El-Mann, acusados por lavado de dinero, pidieron un criterio de oportunidad, que se les otorgó hasta el 20 de mayo. En todo ese tiempo, como narra Cárdenas, recibió presiones del presidente y de su secretario particular Alejandro Esquer, para que, violando la ley, transfiriera los recursos para apoyar la rifa del avión presidencial. Cárdenas se negó a hacerlo.

El 1 de junio de 2020, el administrador titular Jurídico y de Recepción Metropolitana del INDEP, Juan Carlos Villavicencio, volvió a pedirle a la Fiscalía el acuerdo de aseguramiento de los 2,000 millones y el destino que tendría. No hubo respuesta. 2 días después, el Infonavit impugnó el criterio de oportunidad dado a los El-Mann. El 24 de junio, con la presión para que cometiera ilícitos el INDEP, su director corporativo Andrés Álvarez, solicitó por 3a. vez el acuerdo del aseguramiento y que precisaran qué destino tendrían los 2,000 millones de pesos. La agente del ministerio público de la Fiscalía, Emma Vázquez Martínez, respondió a Villavicencio que no existía el acuerdo y que el dinero sólo lo tenían en custodia.

El desaseo en el gobierno brutal. En la entrevista, Cárdenas narra que para cubrir el dinero, imposible de canalizar legalmente para lo que quería López Obrador, se buscó taparlo con 200 millones de dólares decomisados al narcotráfico, aunque advirtieron a la Fiscalía que el INDEP sólo podía recibir y administrar bienes asegurados por procedimientos penales. De nueva cuenta no hubo respuesta a la petición.

En los meses posteriores, la Fiscalía y el Infonavit -que retiró su impugnación al criterio de oportunidad-, puso los recursos a disposición del instituto de vivienda, por la presunta reparación del daño, casi 14 meses después de la mañanera donde se aseguró que tenían el dinero en caja. Los recursos no fueron para la rifa del avión. No se sabe nada, cuando menos públicamente, dónde acabaron ni cómo se utilizaron. La Fiscalía nunca judicializó el caso contra los El-Mann, que le dieron 2,000 millones de pesos, pero la emprendió contra los Zaga Tawil, que no entraron al juego de las "reparaciones", eufemismo hoy usado para describir acciones oscuras, donde cambian dinero por libertad.

Aunque queda la duda, sobre si la respuesta acelerada de la jefa de Gobierno de recurrir a la presencia de la Guardia Nacional fue motivada por amenazas recibidas o porque se tienen evidencias que los recientes accidentes han sido a consecuencia de actos de sabotaje. Cualquiera que sea la razón, no se justifica que a simple vista seis mil guardias sean asignados de manera permanente y exclusiva al transporte de la Ciudad de México.

Aunque en la descripción de sus funciones de la GN se habla de que realizaran "función de seguridad pública a cargo de la Federación, y en su caso conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en la tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios", en estos momentos las necesidades de seguridad del país están concentradas en otras regiones y no en el transporte capitalino de la capital.

La medida -la responsabilidad de la seguridad en el Metro- no corresponde a las necesidades urgentes que se tienen en otras partes de la república, donde se requiere que la Guardia Nacional haga labores más estratégicas. Solamente hay ver lo que sucede en algunos estados, como en Zacatecas -donde hay sólo 1,400 oficiales asignados de la GN-, Michoacán -4,040-, Jalisco -4,500- y Sinaloa -4,000-, donde la violencia está desencadenada y se requiere más presencia militar o en aquellas regiones que están bien detectadas y que aparentan estar 'secuestradas' por el crimen organizado.

El Consejo General de la Abogacía Mexicana afirma que la ministra Yasmín Esquivel debe renunciar a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego del conflicto del plagio de su tesis de licenciatura. A través de un comunicado el consejo de abogados, afirmó que la permanencia de la ministra en la Corte "afecta gravemente" el prestigio de dicha institución y es "éticamente insostenible".

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, determinó que el asunto del plagio de la tesis será enviado a la Secretaría de Educación Pública. "De la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General se desprende que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado", afirma.

Periodistas de EU y Canadá no dejaron pasar la oportunidad de criticar el "monólogo" de AMLO.

Jennifer Jacobs, periodista que cubre la Casa Blanca, señaló que el presidente de México pasó 24 minutos respondiendo a una pregunta de un reportero.

"Algunos aplausos cuando terminó. Biden sonrió e inmediatamente terminó el evento", comentó la reportera para Bloomberg.

El internacionalista y reportero para diversos medios Ariel Moutsatsos, también señaló la respuesta de López Obrador que duró 24 minutos.

"Luego de una respuesta de AMLO que duró 24 minutos, éste dio por terminada la sesión y no permitió que Biden o Trudeau dieran sus respuestas. Ante ello Biden dijo 'que quede registro que no sé qué preguntas no contesté, estoy preparado para hacerlo después'", escribió Moutsatsos. "Uff", remató.

Brian Platt, reportero del gobierno canadiense, también señaló la larga respuesta del presidente mexicano.

Señaló que sus colegas registraron que la respuesta de López Obrador duró 27 minutos con 38 segundos.

"El monólogo de 28 minutos de AMLO tuvo a Biden y Trudeau mirando a los pies", fue la cabeza de una nota de Bloomberg.

"Ahora imagine una conferencia diaria de lunes a viernes con una duración promedio de al menos 2 horas que arroja noticias limitadas", expresó Cynthia Barrera Diaz.

The Washington Post destacó cómo López Obrador habló públicamente mucho más que sus invitados. Y Grupo REFORMA calculó que en ese mensaje a los medios, AMLO habló en total 41 minutos, mientras que Biden solo lo hizo 14 minutos y Trudeau 12.

En México a eso le llamamos tirarse un rollo.

Más allá de que esto sea algo anecdótico, refleja la manera de gobernar de López Obrador. Él cree que al hablar todas las mañanas a los medios, a veces por casi tres horas, va a dominar el mensaje y la narrativa en el país. A veces lo logra. Sus simpatizantes repiten, sin cuestionar, sus palabras millones de veces en las benditas redes sociales. Pero el problema es que sus palabras no son mágicas y no cambian la realidad.

El rollo no sustituye a soluciones concretas.

El caso más específico en que sus palabras no han podido modificar la realidad es el de los asesinatos. Su gobierno ya es el más violento del siglo. Estos son los datos oficiales. Desde que AMLO tomó posesión han asesinado a más de 133,000 mexicanos. Son más que en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Pero AMLO ha insistido en presentar esos mismos datos de otra manera. Es el rey del spin, como se le dice en inglés cuando alguien trata de mostrar de manera positiva algo que no lo es. En su mañanera del 29 de diciembre del 2022 dijo que los homicidios dolosos durante su gobierno bajaron 10.3%. Mientras que aumentaron en los últimos 3 sexenios.

La realidad, incuestionable, es que muchos más mexicanos han sido asesinados en el sexenio de López Obrador que en cualquier otro desde la Guerra Cristera y la Revolución. Punto. Independientemente de los malabarismos estadísticos del presidente. Es imposible presentar como un resultado positivo la muerte de 133,000 mexicanos. Eso es creer fervientemente en su enorme capacidad de tirarse un rollo; hasta un récord de asesinatos lo pretende mostrar como algo bueno.

Pero en México no se necesitan más rollos, solo más resultados.

Las crónicas de los corresponsales extranjeros sobre la reciente reunión de AMLO, Biden y Trudeau describen a un presidente mexicano enamorado de sus palabras y que no sabe ponerles fin a sus monólogos.

Dentro de su palacio, nadie se atreve a interrumpirlo ni a decirle que, en algún momento en esos 28 minutos, lo dejaron de escuchar.

La UNAM dijo con todas sus letras que la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel es una "copia sustancial" de otra presentada un año antes. No hay duda: el veredicto es que tenemos una ministra de la Suprema Corte que presentó como propia una tesis que ella no escribió, sea porque la plagió directamente, o sea porque la compró a la tutora Martha Rodríguez Ortiz. Plagió, mintió, pataleó, manipuló, volvió a mentir. Sin embargo, para el presidente ella es sólo una víctima indirecta, porque el escándalo no tiene otro fin que atacarlo a él. Todo fue un complot para evitar que la ministra Esquivel, a quien él apoyó abiertamente, presidiera la Corte.

El Metro de la Ciudad de México acusa desde hace años falta de mantenimiento y descuido. Todos los días se reportan en promedio 1.7 fallas y sólo se atienden la mitad de las demandas de reparación. Cada año el gobierno de Morena recorta más y más el presupuesto para el sistema de transporte masivo más importante del país. La semana pasada una joven perdió la vida y decenas de pasajeros quedaron heridos tras el alcance de 2 trenes; sin embargo, el presidente no se solidarizó con las víctimas sino con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, porque es tiempo de campañas. Para el presidente no es un problema técnico, sino un complot en su contra y decide gastar mil millones de pesos no para dar un mejor servicio a los ciudadanos sino para militarizar la seguridad del Metro.

La pérdida del referente moral al no condenar el caso de la ministra Esquivel y la militarización de las instalaciones del Metro como respuesta a los "incidentes" representan 2 derrotas para el discurso moralizador y pacificador del presidente -los 2 puntales de la propuesta de la llamada 4a. Transformación- que comenzó el 2023 en reversa.

La idea de complot es un elemento que ha acompañado a muchos presidentes en el final de su sexenio, particularmente a Gustavo Díaz Ordaz y a José López Portillo. Andrés Manuel López Obrador es muy afín a este tipo de interpretaciones. El problema no es sólo la distorsión de la realidad, normal en cualquier poderoso, que es al mismo tiempo un hombre hiper informado y alejado del mundo, sino las decisiones que se desprenden de este aislamiento.

El complot, decía Umberto Eco, nos consuela, porque nos hace sentir que la culpa no es nuestra. Siempre hay otro responsable de nuestros males. El complot es una de las formas más truculentas de evasión de la realidad, una suerte de paranoia política donde lo único fijo es el sujeto victimizado, parado, como buen narciso, frente al espejo de la historia. Y, como lo escribió Jorge Luis Borges, sólo basta enfrentar 2 espejos para crearnos un laberinto.

Amando Mastachi Aguario, notario 121 de la Ciudad de México, aseguró que no avaló el documento en el que Édgar Ulises Báez Gutiérrez supuestamente reconoció que tomó "varias referencias y texto" de la tesis de Esquivel, que en diciembre lo presentó como prueba.

Ayer la jefa de Gobierno deslizó que lo que ha venido ocurriendo en el Metro son "hechos atípicos". ¿A qué se refiere? No sabemos porque no lo informó. Por eso mismo, ¿cómo tener entonces confianza en que la solución o prevención de anomalías y percances en el sistema colectivo de transporte de la capital es meter al subterráneo a 6,000 militares?

Esto va más allá de los símbolos, que de por sí son importantes. Porque la misma Claudia que en su momento dijo que en la capital no se necesitaría de la Guardia Nacional, hoy recurre a ella para vigilar no al crimen organizado -como en otros estados del país-, sino el Metro. La Ciudad de México, que tanto recela la actuación militar, ahora -con gobierno que se dice de izquierda- militariza el Metro.

Lo peor es que el anuncio contradice lo que ella misma decía el miércoles, día en que destacó que su gobierno tiene a la mejor policía y a la mejor fiscalía del país. Si eso es verdad y ni así pueden sin la Guardia Nacional, ¿entonces qué pasa en el Metro? ¿No estarán pensando en un Quinazo, verdad?

Muy a su estilo personal de gobernar, pero experto y conocedor como nadie en el manejo del poder para buscar favorecer su causa política, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió ayer en su mañanera a apoyar a Claudia Sheinbaum en su enésima crisis política, la 3a. por otro accidente en el Metro.

Lo preocupante es que ahora el respaldo presidencial no sólo fue discursivo, sino acompañado de un total despropósito: la puesta a su disposición de 6,000 efectivos de la Guardia Nacional para efectuar labores de vigilancia, porque la consentida de AMLO considera que los "incidentes" mortales ocurridos en este medio de transporte masivo en los 4 años de su gobierno no se deben a la falta de mantenimiento, sino se podría tratar de un complot de los que quieren descarrilar el vagón de su aspiración presidencial.

Apenas en la 1a. semana del año, en otra desafortunada declaración que dejó al desnudo justamente lo que decíamos arriba sobre la utilización propagandística de los recursos públicos para mantenerse en el poder, López Obrador afirmó que la entrega de apoyos directos a los más pobres del país es su más preciada estrategia política, porque ellos agradecen ese dinero con su respaldo a su gobierno, a la 4a. transformación.

Fue la versión corregida y aumentada de la visión clientelar y patrimonialista de la política priista del siglo pasado que conoció muy de cerca. Al estilo del ogro filantrópico que describía Octavio Paz, AMLO dinamitó así su propio discurso de lucha por la justicia social, contra las desigualdades y por la disminución de la pobreza, que por cierto, lejos de bajar creció en sus 2 primeros años de gobierno, de acuerdo con datos del Inegi.

Parte de esta lógica afloró nuevamente ayer en la decisión de militarizar el Metro, que por cierto, se contrapone al discurso de la ciudad de libertades que han pregonado los últimos 24 años, desde que con el PRD empezaron a gobernar, desde la izquierda, la Ciudad de México.

Pero esta vez el olfato político podría fallarle al presidente y provocarle más perjuicios que beneficios a su gobierno, a Sheinbaum y a Morena.

Es injustificable que en la peor crisis de seguridad y violencia que padece el país en muchas de sus regiones, se destinen más elementos de la Guardia Nacional para el Metro de la Ciudad de México que para estados incendiados por el crimen organizado en busca de que no se pierdan más simpatizantes de Morena y se ponga en riesgo aún más su bastión electoral, cuando lo que urge es darle el presupuesto y el mantenimiento adecuado a ese sistema de transporte que utilizan a diario 6 millones de ciudadanos.

Además de las críticas externas por la enésima tarea que la 4T les da a los militares, al interior de Morena vendrá la irritación de las otras corcholatas, por todos los chiqueos presidenciales a Sheinbaum, que no hacen más que tirar línea y aumentar las cargadas a su favor, en detrimento de la contienda interna pareja que anhelan los otros suspirantes morenos.

La senadora panista Lilly Téllez señaló que el Metro de la Ciudad de México va a tener más elementos de la Guardia Nacional, que Sonora, que "arde en violencia". Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez manifestó su preocupación por el anuncio que hizo ayer la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

"El anuncio de que la militarizada Guardia Nacional será desplegada en el Metro de la Ciudad de México es preocupante, pues es patente que esta corporación reproduce las inercias castrenses de opacidad y uso excesivo de la fuerza", señaló a través de su cuenta de Twitter.

El reportero Max Kaiser cuestionó: "¿Esta es su 'izquierda'?". La senadora Claudia Ruiz Massieu cuestionó el número de elementos que cuidarán las estaciones del Metro y señaló que realmente se necesita invertir en su mantenimiento.

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria escribió: "Ante cada fracaso, Sheinbaum acude a la protección de López Obrador". De igual manera, el coordinador panista Julen Rementería, expuso que al Metro le hacen falta recursos, no que lo cuide la Guardia Nacional.

"Dice Claudia Sheinbaum que 'algo raro' pasa en el Metro de la Ciudad de México y responsabiliza a trabajadores. No es raro, se llama incompetencia e irresponsabilidad y es típico de Morena No hace falta la Guardia Nacional, hacen falta recursos para el mantenimiento. ¡Pónganse a trabajar!", dijo.

La senadora panista Xóchitl Gálvez, expresó que militarizar el Metro no resuelve ningún problema.

¿Habrá entendido López Obrador a qué vinieron Biden y Trudeau a México?

Todo indica que no. Más que un traductor, el presidente necesitaba un intérprete de la realidad. Alguien que le dijera: "Los mandatarios de Estados Unidos y Canadá vienen a proponerle a México construir el bloque económico trilateral más poderoso del mundo".

Se lo dijo un Biden suave pero directo: "El objetivo es mantener a América del Norte como la región económica más próspera y fuerte del mundo" Y se lo recalcó un Trudeau franco y más aguerrido: El PIB de Estados Unidos, Canadá y México es superior al de la Unión Europea. No perdamos esa oportunidad.

Mientras el norteamericano y el estadounidense tenían puesta la mirada en el futuro, el mexicano tenía la cabeza sumergida en el pasado. Mientras Biden y Trudeau trataban de hacerle entender a López que hay una extraordinaria oportunidad para que México se convierta en una potencia económica, el tabasqueño estaba más preocupado por presumir su siembra de árboles.

No, el mandatario mexicano no entendió los alcances de la X Cumbre de Lideres de América del Norte. Siguió hablando de una soberanía chabacana, de conservadores y liberales, de hegemonías trasnochadas. O tal vez, le hizo al Tío Lolo para que sus cómplices, los tiranos de Centro y Sudamérica e incluso los rusos, no lo acusaran de entregarse en los brazos del imperialismo.

Mientras los socios comerciales más importantes del país proponían fortalecer la cooperación con México para crear empleos mejor remunerados, él salía en defensa de Brasil, de Honduras y El Salvador. Pretendió asumir ante Estados Unidos el papel de líder de América Latina sin que nadie se lo pidiera o reconozca y sin que tenga los méritos o la estatura para serlo. Biden le puso un alto cuando le dijo elegantemente que estaba desinformado.

No. López Obrador no entendió el mensaje de Trudeau sobre la necesidad de apoyar a las clases medias. En su retorcida mente López debe haberse preguntado: "¿Invertir para que haya más 'aspiracionistas' cuando lo que necesito son más pobres para que sigan votando por Morena?".

Tampoco le interesó el tema del cambio climático. Ante su indiferencia, Biden le pidió al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, exigirle públicamente a López Obrador que abandone el carbón, "olvídese del pasado y abrace las energías del futuro".

Biden y Trudeau tienen muy estudiado al tirano populista que gobierna México. Tratan de no provocar las pulsiones primitivas de quien ansía tener pretextos para llevar a México a la órbita de Cuba y Venezuela. El canadiense, sin embargo, le lanzó una indirecta: "El mundo actual enfrenta un alto grado de incertidumbre con el surgimiento de líderes autoritarios...". Sólo faltó decirle: como usted.

Biden y Trudeau saben perfectamente que López Obrador quiere ser un Hugo Chávez, un Maduro o a un Daniel Ortega. Saben que al déspota le interesa un comino la cooperación internacional, que no quiere jueces ni leyes que le impidan gobernar a México como si fuera su rancho, conocen sus vínculos con el crimen organizado, el intento de apropiarse del Poder Judicial a través de una ministra plagiaria, están al tanto de que busca desparecer al INE para controlar las elecciones, están conscientes del peligro de tener como vecino a un dictador en ciernes y por eso llegaron a proponerle formar parte del lado correcto de la historia.

¿Le interesó la propuesta a López Obrador? Evidentemente no. Terminó dando un portazo a sus socios. Al final ya no los dejó hablar. México fue sede de una cumbre de primera con un presidente de quinta.

López Obrador ha lastimado a la población de manera indiscriminada y sobre todo a la gente que supuestamente quería ayudar, a los pobres.

No tiene ninguna empatía con las víctimas del crimen.

Es evidente su intención de acumular todo el poder posible y apuntalarlo con los militares. Me cuesta trabajo aceptar que exista un gobernante tan perverso como López Obrador, quien ya confesó: "ayudando a los pobres uno va a la segura, porque cuando se necesite defender a la transformación (o sea a mi gobierno), se cuenta con el apoyo de ellos".

Por eso ha estado obstaculizando el crecimiento económico que pudiera disminuir la pobreza.

Por eso sus universidades son fraudes educativos.

Por eso va contra los que buscan superarse; por eso el apuntalamiento del poder de las fuerzas armadas para el caso de que las elecciones no les favorezcan. Así de perverso, y así de miserable es el actual presidente de México.

López Obrador viene de sufrir 3 importantes derrotas en su proyecto de "Soy Todo el Poder".

Hablamos 1o. de la multitudinaria manifestación en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México donde la clase media salió embravecida a protestar contra el presidente, usando como pretexto el intento de reforma para prácticamente desparecer al INE; aquella gente en realidad se estaba manifestando en contra de ese presidente que constantemente la ha menospreciado y regañado desde la tribuna de la mañanera.

La 2a. derrota fue la incapacidad de reunir los suficientes votos en el Congreso para aprobar esa reforma constitucional que precisamente buscaba desaparecer al INE y modificar sustancialmente el sistema electoral mexicano.

Y la 3a. derrota fue la elección de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los ministros se inclinaron por un perfil opuesto a la llamada 4T, dejando muy atrás a la candidata de López Obrador que además quedó muy manchada en medio de un escándalo por aparentemente haber plagiado toda o en partes su tesis para recibirse como abogada en los años 80.

Derrota en la calle, derrota en el Congreso y derrota en la Corte.

El voto duro de la alianza Va por México es directamente proporcional al rechazo del presidente; en las encuestas suben y bajan de acuerdo a la aceptación o rechazo a López Obrador. Las figuras visibles no tienen un proyecto de país que no sea "salvar a México de la destrucción lopezobradorista".

La Alianza que parecía muerta tras la traición del PRI en la votación sobre la Guardia Nacional revivió gracias a los problemas internos de Morena. La amañada elección del candidato Armando Guadiana en Coahuila provocó la ruptura del partido en el gobierno. Derrotado por el dedo del presidente, que decide las encuestas a su antojo, Ricardo Mejía Berdeja anunció que busca la candidatura por otro partido, lo que aumenta considerablemente la posibilidad de la Alianza de mantener al menos uno de los 2 estados en disputa en 2023. El olor a sangre les abrió el apetito.

Quien gane la candidatura de Morena será porque ha convencido al líder de que puede, en sus palabras, continuar la transformación: velar prioritariamente por las obras que estarán aún por madurar -Tren Maya y Dos Bocas, para empezar-, defender a compañeros que no dudaron al momento de, en el mejor de los casos, violentar leyes y normas dado que el fin del cambio de régimen bien valía utilizar prácticamente cualquier medio; y cuidar incluso a quienes hayan cometido actos de corrupción: la o el sucesor deberá garantizar que el legado lopezobradorista no sea manchado por escándalos.

El sentido de revancha que motiva a no pocas de las figuras del lopezobradorismo pesará más que cualquier consideración de que lo que toca tras el actual sexenio es comenzar a reconocer la pertinencia de otras voces o fuerzas.

Andrés Manuel no es un Lázaro Cárdenas que crea que es tiempo de designar a un sucesor de tono moderado. Cuando el presidente toca madera en el atril para conjurar la posibilidad de que gane un opositor que eche para atrás sus reformas o políticas, también envía el mensaje a sus seguidores: es de opositores pensar que lo que sigue sea revisar, moderar o corregir.

Tras la confirmación del "plagio sustancial" de la tesis de la hoy ministra Yasmín Esquivel, autoridades de la Universidad Autónoma de México (UNAM) exponen que según su normatividad no cuentan con los mecanismos necesarios para invalidar el título expedido, a pesar de que el plagio está comprobado. Por ese motivo, la universidad envió su resolución a la Secretaría de Educación Pública (SEP) "para los fines a que haya lugar".

Podemos burlarnos de que los mandatarios invitados tuvieron que soportar más de 40 minutos de monólogo de López Obrador. Podemos reírnos con los memes de sus caras durante la conferencia de prensa, del aterrizaje en el AIFA, de la hora con 10 minutos que le tomó al presidente Biden llegar a su destino, de la suspensión en "La Bestia" tras el camino brincoteado por los baches, las violaciones del protocolo. Lo de fondo es que, tras la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), el saldo para México no se ve favorable.

A Biden le salió baratísima la visita. Lo único que tuvo que ceder fue aterrizar en un aeropuerto sin autorización. Concedido el capricho al anfitrión, todo lo demás fue recibir:

1o.- La ofrenda de la captura de Ovidio Guzmán -29 muertos y estado de guerra en Culiacán- para poder regresar a Estados Unidos con el discurso de que algo se está haciendo para frenar las exportaciones de fentanilo que causan la muerte de más de 100,000 ciudadanos americanos al año.

2o.- La aceptación de México para que lleguen 30,000 migrantes al mes (cubanos, haitianos, venezolanos, nicaragüenses) que Estados Unidos va a mandar, y quienes por condiciones políticas y logísticas son los que llevan los procesos más difíciles y costosos de repatriación.

3o.- Se lleva el sí de México para sus planes de reubicación de empresas en Asia (lo que López Obrador entendió como "sustitución de importaciones" en su setentera manera de ver la economía) y de semiconductores.

Los 3 temas, parte central de la agenda electoral del Partido Demócrata. Y agrego un 4o. asunto: ya cuando lo tuvo de frente, López Obrador no le reclamó la larga lista de supuestos agravios que desfilan en las mañaneras como parte de la propaganda oficial. Vamos, ni lo de las inversiones en energía.

La Cumbre es una versión descafeinada de lo que fue al principio [si iniciaron en 2005]. Sí importan y sí pesan las constantes violaciones al T-MEC, el agravio a las inversiones de los socios, el palabrerío que no cesa, las amenazas vacías, las burlas, el alinearse con los enemigos de nuestros amigos, el desconocimiento de la estrategia de cooperación binacional en temas de seguridad. Para nuestros invitados, la CLAN se convirtió en un trámite que se cubre con un aterrizaje, un par de discursos medio huecos y un dejo de pesadumbre. Para México, en medio de la ola geopolítica más favorable de los últimos tiempos, otra oportunidad desperdiciada.

El 13 de mayo de 1961, en uno de los salones de la Casa Blanca en donde se encontraban todos los embajadores de países latinoamericanos, el que en aquel entonces era el titular de la Oficina Oval, el presidente John F. Kennedy, propuso un programa de ayuda económica y social para el hemisferio. El documento, que fue leído en su totalidad y transmitido en español por radio a través de la Voz de América (VOA) para todo el continente, se denominaba Alianza para el Progreso, que contenía iniciativas para mejorar las condiciones sanitarias, ampliar el acceso a la educación y la vivienda, controlar la inflación e incrementar la productividad agrícola. A partir de ese año y durante los siguientes 10 -hasta 1971-, los Estados Unidos canalizaron 20,000 millones de dólares -equivalentes a 82,000 millones de la actualidad-, que fueron dirigidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, institución financiera de asistencia para la región que había sido creada en 1959.

Pero esa no es la única ayuda que el país vecino ha proporcionado a los países latinoamericanos. Desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos de manera sistemática han proporcionado ayuda económica a las naciones latinoamericanas y del Caribe por casi 200,000 millones de dólares. Solo para este año están presupuestados 2,407 millones de dólares, de los cuales 58% son ayuda económica directa, 25% a programas de salud y el resto a diversos nichos.

Con estos datos en mente, ayer -en este mismo espacio- dijimos que nos parecía infundado y sin sustento el reclamo de mal gusto que López Obrador había hecho al presidente Biden, cuando en las primeras frases de su intervención durante la reunión lo hizo corresponsable que su país "no ha hecho nada en materia de cooperación, sostengo que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe", y le pidió, "usted tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano. Comenzar con usted una nueva etapa de los pueblos y naciones del continente, a partir del respeto y de la ayuda mutua".

Sin embargo, AMLO ha reconocido en muchos de sus monólogos desde el púlpito de las mañaneras que de Estados Unidos ha salido mucha ayuda para los países latinoamericanos, pero lo interpreta como una forma de fomentar el intervencionismo estadounidense. Solamente hay que recordar su declaración del 7 de mayo del 2021, minutos antes de la llegada de la vicepresidenta Kamala Harris a México, cuando acusó al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de la financiación de organizaciones civiles- a las que considera sus enemigos- y dio órdenes de presentar una queja diplomática en Washington. Y lo más reciente, con la salida de Pedro Castillo de la presidencia de Perú, señalando que Estados Unidos "avala toda la maniobra truculenta para destituir a un presidente".

Habrá que decirlo de manera clara. Si los Estados Unidos envían recursos económicos a diferentes naciones, seguramente no lo hacen porque son 'madres de la buena caridad'. Por supuesto que protegen sus intereses, máxime cuando en casi todo el mundo tienen bienes y capital invertido.

Lo grave del asunto -aunque ya debemos estar acostumbrados- es que no podemos lanzar culpas sin conocimiento de causa y argumentos sólidos. Y menos cuando estamos frente al invitado que representa al país del que nuestra dependencia es tanta, que 'cuando a ellos les da gripe, a nosotros nos da pulmonía', además de dar la impresión de ser 'limosnero y con garrote'.

Lo suyo, realmente, es hablar. El presidente López Obrador soltó este 10 de enero una respuesta de 28 minutos, llena de digresiones y divagaciones, a una pregunta de la reportera Sara Pablo. Se alargó tanto que impidió a Joe Biden responder a las preguntas que le dirigió la periodista mexicana. No es que AMLO haya recurrido a ese largo discurso para evitar que Biden tocara el tema de la captura de Ovidio Guzmán o el del fentanilo, sino que padece simplemente de incontinencia verbal.

Este 10 de enero, ya con una demora importante en la agenda de la cumbre de Norteamérica, se ofreció la habitual conferencia de prensa final de los mandatarios. Después de las presentaciones iniciales, se procedió a las preguntas y respuestas. El acuerdo era que un reportero de cada país hiciera una pregunta. Cuando tocó el turno a la mexicana Sara Pablo, esta le hizo dos a Biden y una a López Obrador, pero AMLO tomó el micrófono y no lo soltó en 28 minutos. No respondió nunca la pregunta de la reportera, sobre migración, pero ofreció un sinuoso monólogo que dejó a Biden y a Trudeau, como relató Bloomberg, "moviéndose incómodamente en sus podios". Al final Biden solo comentó que respondería después las preguntas de la reportera mexicana que AMLO no le había dejado contestar.

López Obrador habló a borbotones de las becas para ninis, el Tren Maya, el programa Sembrando Vida, el fentanilo, los migrantes, los daños que ocasiona el vapeo e incluso los guapos personajes con joyas de las series de televisión sobre el narcotráfico. Los gestos de asombro y sonrisas de pena ajena de Biden y Trudeau fueron reemplazados poco a poco, mientras avanzaba el larguísimo discurso, por muestras de incomodidad y aburrimiento.

El presidente ni siquiera se preocupó porque la información fuera correcta. Afirmó, por ejemplo, que el número de migrantes mexicanos a Estados Unidos ha bajado gracias a sus programas sociales. La Customs and Border Protection de Estados Unidos, sin embargo, tiene otros datos, ya que reporta que el número de mexicanos detenidos en intentos por ingresar ilegalmente a la Unión Americana ha aumentado de manera brutal en el gobierno de López Obrador. En el año fiscal 2020 de Estados Unidos (octubre de 2019 a septiembre de 2020) la cifra fue de 309,230 para pasar a 823,057 en 2022. Sí hubo un momento en que el flujo de migrantes mexicanos se volvió negativo, pero fue en el gobierno de Felipe Calderón.

No es esta la 1a. vez que López Obrador se engolosina con el micrófono en una reunión diplomática. Lo hizo el 12 de julio de 2022 durante una visita a Washington, en la que pronunció un discurso de media hora en la llamada "oportunidad de fotografía", un momento para que fotógrafos y camarógrafos tomen imágenes en la Oficina Oval de la Casa Blanca y en que el protocolo dicta que los mandatarios intercambien unas cuantas palabras. El presidente mexicano pensó, en cambio, que era su oportunidad de presentar un discurso de grandes pretensiones sociales a los medios de Estados Unidos, que no recogieron ni una palabra.

El presidente López Obrador está enamorado del micrófono, quizá no tanto como sus admirados Fidel Castro y Hugo Chávez, que daban discursos de varias horas, pero sí en los términos que se consideran adecuados en la política moderna. Piensa que todo lo que dice es novedoso y fascinante. Lo curioso es que él mismo afirmó el 18 de junio de 2019: "No me gusta la charlatanería, el hablar por hablar". El problema es que, cuando toma un micrófono, se le olvida.

La captura del hijo del Chapo Guzmán, que le ha granjeado muchos aplausos, representó un viraje de 180 grados en la estrategia de seguridad del gobierno. ¿Será que el propósito de Año Nuevo de AMLO es ser el gobierno que hasta ahora no ha sido? ¿Será que en el año 5 ha decidido empezar a rectificar? ¿Querrá salvar su legado en lugar de heredar una bomba de tiempo?

¿Reconstruirá el aeropuerto de Texcoco? ¿Retirará el veto contra las farmacéuticas y resolverá el desabasto de medicamentos? ¿Aceptará recibir en Palacio Nacional para dialogar a los papás de niños con cáncer, a las víctimas de la violencia y a las colectivas feministas? ¿Reabrirá las guarderías, las escuelas de tiempo completo y a las estancias infantiles? ¿Detendrá la construcción del Tren Maya? ¿Priorizará las energías limpias más que su refinería hipercontaminante? ¿Quitará a Bartlett de la CFE? ¿Retomará el Seguro Popular? ¿Dejará en paz al INE? ¿Se volverá un presidente amigable a la inversión, dejará de romper contratos por capricho y cumplirá con el TLC? ¿Dejará de forzar el AIFA y se concentrará en recuperar el nivel 1 de seguridad aérea para México? ¿Le recomendará a Claudia Sheinbaum que deje de hacer campaña y se dedique a mejorar el Metro? ¿Dejará de acosar a jueces, intelectuales, periodistas, académicos, ONGs, científicos, activistas y a cualquiera que sea vigilante y contrapeso de su poder, o sencillamente tenga una opinión distinta a la suya? ¿Se reunirá con dirigentes de partidos y líderes legislativos de oposición para llegar a acuerdos? ¿Será que se dio cuenta que ya es hora de gobernar como dijo que gobernaría, y nunca lo hizo?

No creo. Más bien veo lo de Ovidio como algo que tuvo que hacer y que hubiera preferido evitar. No como un giro en su política de seguridad, mucho menos la cancelación de su pacto electoral y financiero con el crimen organizado: basta detectar que 2 mañaneras después ya estaba casi ofreciendo disculpas a los narcos y poniéndolos en la misma canasta que a los militares muertos en cumplimiento de su deber (a cuyo funeral no asistió).

Este no es un presidente que suele reconocer errores y enmendar. Él se sigue por su ruta y hasta donde tope. Claro, lo que termina topando es el país.

Ni integración panamericana, ni sustitución de importaciones en todo el continente. Nada de pasos hacia una comunidad como la Unión Europea, sino reforzar la competitividad norteamericana. Las cadenas productivas para enfrentar a China no incorporarán a Latinoamérica, salvo a México, que jugará un papel estratégico para que sea el garante de que en el futuro no se interrumpan los procesos productivos en la región. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que guardar sus utopías y sueños de ser el líder que América Latina busca desde Simón Bolívar, porque en la cumbre con sus socios comerciales de América del Norte, ni caso le hicieron.

La inviabilidad de sus planteamientos contrastó con los compromisos que el canciller Marcelo Ebrard negoció con sus pares de Estados Unidos y Canadá, que están en las antípodas del pensamiento de López Obrador, quien como acostumbra, los ignorará. Comenzó desde la conferencia de prensa de los 3 líderes, donde negó lo que la Casa Blanca informó sobre la creación de un centro en el sur de México para facilitar la migración documentada.

No habla López Obrador el mismo lenguaje que Biden y Trudeau, y afloraron contradicciones fundamentales desde sus mensajes al término de la cumbre. Biden y Trudeau mencionaron a la clase media como principal objetivo para el desarrollo de Norteamérica; López Obrador la desprecia. Dijo que su programa Sembrando Vidas ha sido fundamental para reducir la emigración de México, El Salvador y Honduras, pero Biden recordó que tienen que ordenar la migración porque los números de quienes quieren entrar a Estados Unidos son históricos.

Biden y Trudeau se mostraron entusiastas con los compromisos acordados, mientras que López Obrador prefirió enumerar de manera épica sus programas sociales y sus megaproyectos. Ciertamente, no tenía mucho espacio de maniobra ante el abanico de acuerdos que tuvo que firmar, que van en contrasentido, en las acciones que acompañan su implementación, de sus propias creencias.

En sus conversaciones bilaterales, por ejemplo, Biden y Trudeau discutieron cómo fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, vehículos eléctricos y semiconductores, y desanudar el pleno potencial económico, así como tomar acciones decididas para combatir el cambio climático y transformar a Norteamérica en una poderosa fuente de energías limpias, que quedó plasmado en los acuerdos de la cumbre.

López Obrador, en cambio, está ideológicamente convencido de los combustibles fósiles. Cuando inauguró el esqueleto de lo que será algún día la refinería de Dos Bocas en julio del año pasado, dijo: "No hicimos caso al canto de las sirenas, a las voces que pronosticaban, quizás de buena fe, el fin de la era del petróleo y la llegada masiva de los carros eléctricos y de las energías renovables". No ha cambiado nada desde entonces. En aquel momento, dijo que la refinería era "un sueño hecho realidad", lo que choca con lo acordado en la cumbre.

Entre los compromisos adquiridos se encuentran una serie de medidas "ambiciosas, rápidas y coordinadas" para construir economías que se muevan por energías limpias y que respondan al cambio climático, que incluye la reducción de las emisiones de metano para combatir la crisis del medio ambiente de cuando menos 15% para el 2030 con respecto a los niveles del 2020, y aumentar la colaboración para mitigar los efectos contaminantes en la agricultura.

México se comprometió recientemente en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Egipto, conocida como la COP 27, a reducir sus emisiones de dióxido de carbono de 22% en la actualidad, a 35% dentro de 7 años. El 22% fue ofrecido por el gobierno de Enrique Peña Nieto desde 2015, pero el actual régimen modificó los parámetros para simular que se han reducido las emisiones, anunciando que el Tren Maya y el programa Sembrando Vidas, ayudan a la reducción de emisiones, cuando en realidad están deforestando amplias zonas del sur del país. Ambas iniciativas de López Obrador, por cierto, las ensalzó durante la conferencia de prensa.

Los 3 países acordaron profundizar su cooperación económica, promover la inversión y reforzar la competitividad y la innovación, mediante una serie de acciones que incluyen la participación del sector privado en un nuevo Proyecto Norteamericano de Movilidad Estudiantil -creado en esta cumbre-, que se monta sobre el Fondo de Innovación continental manejado por el Departamento de Estado, que expande las oportunidades para que futuros líderes puedan estudiar en el extranjero y preparen a los jóvenes para la fuerza laboral que requiere el mundo interconectado e impulsado por la tecnología, del Siglo 21.

A López Obrador le sale urticaria cuando se menciona la preparación en el extranjero, y continuamente critica ese tipo de educación [salvo cuando es para su hijo - el webmaster]. Él pretende, aunque no lo admita o no lo vea, la pauperización de la sociedad, al impulsar el modelo de sus universidades "Benito Juárez", que no producen profesionales ni técnicos, que carecen de títulos y que no pueden trabajar en ningún lado. Tampoco le interesa la tecnología, ni la innovación, ni la inversión privada en ese campo, que considera una "ciencia neoliberal" que hay que erradicar.

Los 3 líderes, de acuerdo con los documentos de los compromisos que adelantó la Casa Blanca, "reafirmaron su compromiso de trabajar juntos para alcanzar una migración humana, segura y ordenada en la región", que implica que México le haga el trabajo sucio a Estados Unidos y que acepte en su territorio albergar a cuando menos 30,000 personas -adicionales a 30,000 pactadas hace algunos meses- mientras esperan que se procesen sus solicitudes de asilo. El gobierno mexicano aceptó que para facilitar aún más la tramitología en Estados Unidos, se construirá un nuevo centro en el sur de México para ayudar a los migrantes en el proceso legal migratorio con un "fuerte" apoyo del sector privado, que anoche López Obrador desconoció.

Biden y Trudeau hablaron breve y enfocados en los acuerdos de la cumbre. López Obrador habló extenso, poco sobre los compromisos adquiridos y mucho sobre él, sus filias, y nada que tenía que ver con el encuentro trilateral.

Es falso que quieran pacificar al país, pactaron con los narcos.

Es falso que quieran abaratar los costos del INE, una bicoca en relación con sus despilfarros, lo que quieren es cerrar la puerta a la diversidad y apoderarse de México.

Es falso que sean un grupo comprometido, son una camarilla de asaltantes que se encubren. Falso que no existan empresarios privilegiados, por eso la multiplicación de las asignaciones directas. ¿Cero impunidad?

Las intenciones perversas son las que explican el comportamiento anormal de la camarilla. No querían violencia en Culiacán y por eso lo soltaron, eso dijeron. Ahora no les importó.

Dado que las explicaciones son ya patéticas -defender al plagio frente al robo (recontra sic, diría Monsiváis)-, los mexicanos buscan en el horizonte normalidad: gobernantes que sepan de lo que hablan, que estudien y que sean leales a las intenciones que deben enarbolar. En esta recuperación del país hay dos frentes muy evidentes.

El 1o. es el externo. Biden y Trudeau están dispuestos a dar las batallas legales y políticas que el T-MEC les permite. Más allá de las sonrisas, vinieron a reclamar y exigir normalidad.

En los hechos -la CFE en Sonora y la Secretaría de Energía con las marometas del panel emplazado- el gobierno mexicano ya recula. Perder los paneles flota como espada de Damocles sobre México. Era previsible, ellos no cederán.

La 2a. esperanza es interna y muy seria, la marcha en defensa del INE, fue un anticipo del enojo. El regocijo generalizado por la elección de la ministra Norma Piña es otra prueba de ello: una juzgadora de carrera con intenciones probadas.

Frente a la potencia más grande del mundo, ante nuestro socio comercial más importante, con toooodo lo que necesitamos como país y podemos pedir a Estados Unidos, ¿lo que obtuvimos es que aterrice en el AIFA? ¿así de chiquito es el tablero en el que juega el presidente de México?

Todas las decisiones políticas tienen consecuencias y el pasado, tarde o temprano, sale de las profundidades para cobrar facturas. El Metro de la Ciudad de México, la obra pública continuada más importante de este país (9 sexenios seguidos ampliando o construyendo nuevas líneas), se ha convertido también en el problema político más sensible y podría terminar definiendo el futuro de las candidaturas en Morena.

El desplegado de los gobernadores morenistas en apoyo a Claudia Sheinbaum acusa el tamaño del golpe. 3 accidentes con víctimas fatales en lo que va de su gobierno apuntan a algo más que casualidad o mala suerte. Hay claramente una mala gestión y carencias serias en el mantenimiento del sistema Metro. Sin duda hay problemas que vienen de muy atrás, pero en este momento la única responsable de tomar decisiones sobre nombramientos, inversiones y mantenimiento es la gobernadora de la Ciudad de México. La reducción presupuestal fue decisión suya y solo suya. A nadie le puede echar la culpa.

Pedir que no se politice la tragedia, como lo hicieron los gobernadores (en perfecto nado sincronizado, para usar unas de las palabras favoritas de este sexenio) es un buen deseo, pero que todos los abajofirmantes saben perfectamente que es inútil. En política las circunstancias marcan. No hay manera de que la opinión pública, esa que se supone definirá a través de encuestas el futuro candidato a la Presidencia de la República de Morena, no le cobre a Sheinbaum la seguidilla de "incidentes" (como los llama ella) mortales en el Metro. Y se la van a cobrar por una sencilla razón: todos han sido producto de negligencia, en todos hubo indicios y señalamientos puntuales que alertaron sobre un problema existente y se tomó la decisión de no atenderlo.

El golpe está dado y no se quita con Vitacilina ni con Pomada de la Campana. Lo que sigue es que los seguidores de Claudia tratarán de revivir el escándalos de la Línea 12 para meter en el problema a Marcelo Ebrard, responsable final de la mala calidad del diseño y construcción de esa obra (una reconstrucción que por cierto el presidente prometió que estaría en un año y que al paso que va no estará lista ni para el final del sexenio). Viene un choque de trenes en Morena y los escándalos del Metro influirán más de lo que imaginábamos en la decisión final de la candidatura.

Existen características básicas en todo buen líder. Por el contrario, hay rasgos esenciales en todo mal líder. Las malas políticas públicas implementadas durante el actual gobierno federal no han de sorprender ya que su dirigente, el presidente de la república, tiene atributos personales que hacen imposible la buena conducción del país.

Mentiras. De acuerdo a la consultora Spin, en sus casi mil mañaneras López Obrador ha dicho casi 100,000 mentiras, 94 en promedio por conferencia. De acuerdo a la misma consultora, el mandatario mexicano ya superó en cantidad de mentiras a... Donald Trump. Así, resulta imposible analizar correctamente las circunstancias en un ambiente tan fantasioso.

Maniqueísmo. El presidente ve la realidad como una lucha entre buenos y malos, sin puntos medios. Como él es el bueno, todo lo que diga y decida tiene que ser bueno. Por el contrario, todos aquellos que se opongan a su voluntad tienen que abrigar malas intenciones, estar corrompidos, ser literalmente malos. Sin embargo, las personas y la realidad resultan mucho más complejas.

No busca consejo. El presidente no toma consejo de nadie, no escucha a nadie. No hay procesos racionales de toma de decisiones. Como declaró José Agustín Ortiz Pinchetti, personaje cercano a AMLO, a Proceso: "Sí, confío en su instinto político. Prácticamente nunca lo vi, antes de tomar una decisión, solicitar consejo o acuerdo de sus colaboradores". No obstante, resulta fundamental escuchar otros puntos de vista.

Comenzar todo de nuevo. Se debe destruir todo lo construido en el pasado, porque como todos los antecesores eran corruptos, todo lo construido estaba necesariamente corroído. Es el pensamiento revolucionario a ultranza: destruir todo para construir completamente de nuevo. Aquí, reformar, hacer cambios graduales, construir sobre lo bien construido, no existe.

Quitarles valor moral a los oponentes. Los rivales políticos del presidente no son eso, rivales políticos, sino enemigos. Los priva de valor moral y, por lo tanto, resulta imposible sentarse con ellos a negociar y acordar. Como diría el ex académico y funcionario estadounidense, Henry Kissinger: sustraerles valor moral a los oponentes políticos es el primer paso a la tiranía.

De la idiosincrasia provienen las políticas públicas, y más en una presidencia que concentra tanto poder como la actual. Como la idiosincrasia es fundamentalmente incorrecta, las políticas públicas -y el rumbo del país- son esencialmente inadecuadas. Y ante los cambios tan bruscos de timón, enderezar al país será trabajo arduo en los años por venir.

La aprehensión de un capo de tan alta peligrosidad se aplaude. Pero esto no debe llevarnos a deducir que vendrá un giro en la fallida estrategia de AMLO contra la violencia. Sencillamente fue una ofrenda a Biden para suavizar la relación, después de que el gobierno de México cerrara una unidad de la Administración para el Control de Drogas estadounidense, tiene como política no detener capos y no ha logrado frenar la violencia ni disminuir el tráfico de estupefacientes al norte.

Existen además sospechas crecientes de que el partido político de AMLO, Morena, está aliado electoral y financieramente con los cárteles, amén de la larga lista de preocupaciones económicas y de lances antidemocráticos con los que carga el presidente.

Una detención de impacto en el marco de una reunión bilateral no es algo novedoso en la historia política de México. Desde los tiempos del Partido Revolucionario Institucional lo hacían los presidentes para rebajar la presión ante sospechas de corrupción, colusión o quejas de cualquier orden.

López Obrador aprendió a hacer política en ese viejo régimen. Solo fue cosa de aplicar lo que aprendió. Mientras tanto, son los ciudadanos quienes sufren la violencia interminable.

La captura de Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, a quien hace más de 3 años el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó su liberación, noqueó, paradójicamente, al gobierno. Lo mostró fracturado y con líneas de comunicación antagónicas. La fuerza que le dio el éxito del operativo se ha venido evaporando por sus contradicciones y acciones que, a la vez, sugieren que el papel de Estados Unidos fue más importante del que públicamente se reconoce. López Obrador aseguró que la detención fue un acto soberano, pero según información de altas fuentes gubernamentales, no tanto.

Los símbolos tampoco ayudan a López Obrador. Hace días pidió públicamente al presidente Joe Biden que aterrizara en el aeropuerto "Felipe Ángeles", haciendo a un lado la logística de seguridad porque se trataba de un posicionamiento político. Estados Unidos le comunicó que aterrizaría en el aeropuerto "Benito Juárez", con lo que no lo apoyaría en denostar a quienes lo critican por lo que hoy es un elefante blanco. Pero un día después de la captura de Guzmán López, la Casa Blanca devolvió un guiño en reconocimiento: Biden sí aterrizaría donde quería López Obrador.

Las condiciones en las que se dio este giro de la Casa Blanca, no terminaron; sin embargo, fortaleciendo al presidente de México, porque en todo el contexto de la detención, pareció estar bailando al ritmo de Biden. El miércoles dijo que "persuadiría" a López Obrador para ampliar el número de migrantes latinoamericanos que esperen en territorio mexicano mientras procesan en aquel país sus solicitudes de asilo, y un día después anunció que lo había logrado. El viernes, López Obrador informó, contra todo protocolo y más allá de la cortesía, que recibiría a Biden en el "Felipe Ángeles" y le había pedido que viajara con él en "La Bestia", el vehículo blindado del jefe de la Casa Blanca para charlar.

2 goles a favor de Biden. Guzmán López, a quien querían desde 2019, entregado; y ampliar las cesiones migratorias, concedido. Antes de llegar a México, Biden ya había sacado mucho provecho a la visita.

La captura de Guzmán López, que exigió Washington desde que lo dejaron en libertad en 2019, fue motivo de discusión en Palacio Nacional, donde el núcleo duro en torno a López Obrador, insistía que no cediera a esas presiones. El sector más estratégico opinaba lo contrario. López Obrador, de acuerdo con las fuentes, optó por no seguir antagonizando con Estados Unidos y autorizó, de manera soberana, la detención.

El radical giro del presidente produjo contradicciones en el gabinete, donde fue notoria la falta de consenso sobre lo que iban a informar. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que Guzmán López había sido detenido en flagrancia por los presuntos delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, pero el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, dijo que la captura fue resultado de un trabajo de inteligencia de 6 meses.

El secretario de Gobernación informó también que se añadiría el otro delito a Guzmán López, el de tentativa de homicidio, lo que también contrastó con lo señalado por el secretario de la Defensa, que dijo que había sido detenido en una casa donde se refugiaron sicarios a su servicio, en donde no se registró ningún enfrentamiento.

Otro punto discordante fue la narrativa del general Sandoval, que dijo que se comenzó el trabajo de inteligencia al haber detectado tráfico de metanfetaminas y fentanilo en las áreas de influencia de Guzmán López, por lo que "se intensificaron los reconocimientos, la vigilancia y presencia de tropas en el norte y noroeste de Culiacán". Es decir, comenzó una operación encubierta, no de "rutina", como la caracterizó el presidente, ni tampoco se trató de algo fortuito, como sugirió el secretario de Gobernación.

No fueron las únicas contradicciones. La más relevante se refiere a su extradición. El presidente, el secretario de Gobernación y el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmaron que tiene procesos penales en la Fiscalía General de la República, pero la Fiscalía informó que la detención se originó en la solicitud de Estados Unidos para extraditarlo de septiembre de 2019.

En ese entonces, cuando el gobierno lo libero y no persiguió a Guzmán López, el ex secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, lo justificó porque, dijo, no había ningún proceso penal en su contra. Ahora, según el presidente y los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, sí lo hay. En los casi 39 meses desde la captura fallida de Guzmán López, la Fiscalía nunca mencionó el inicio de procesos penales en su contra.

Es clara la falta de consenso dentro del gobierno y la desarticulación en sus líneas de comunicación, donde las contradicciones debilitan los argumentos. Lo único que se mantiene sin hoyos, es que el operativo tuvo como objetivo detener a Guzmán López para cumplimentar la solicitud de Estados Unidos, y que fue muy bien recibido por el gobierno de Biden, quien agradeció aterrizando en el "Felipe Ángeles". Como dice López Obrador, amor con amor se paga.

El gobierno de Estados Unidos se mostró muy contento y satisfecho por lo que hizo México la semana pasada. Las 2 peticiones a López Obrador fueron cumplidas. Pero no todo está dicho. El núcleo duro en torno a López Obrador, una vez que perdió la batalla para impedir la detención, ganó con su propuesta de no extraditarlo de manera rápida, para que Washington no pensara que todo le había resultado fácil. Eso fue lo que sucedió, como dijeron el presidente y el canciller, y no se irá pronto a Estados Unidos.

Pero al final, generará un nuevo problema. Su gobierno arrastra presiones para que extradite a Rafael Caro Quintero, el capo del extinto Cártel de Guadalajara acusado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar en 1985. Ahora se sumará la presión por Guzmán López. Es incomprensible esa posición, llena de maromas, después de haber hecho lo que le pidieron, de acuerdo con el Tratado de Extradición bilateral.

La presión ejercida por la opinión pública -léase medios de comunicación, periodistas, intelectuales y redes sociales-, fue de tal magnitud que el presidente tuvo que ceder en su pretensión de colocar a una incondicional al frente de la Corte. Más aún, el resultado se selló cuando López Obrador intentó poner en entredicho la honorabilidad de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, olvidando que su tránsito por la academia no fue precisamente brillante. El presidente no tiene la calidad moral para cuestionar o ejercer presión sobre la máxima casa de estudios de país.

Hay algunos mal pensados que deslizan la idea de que, ante la proximidad de la visita del presidente Biden a la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realizará esta semana en la Ciudad de México, AMLO entregó, como un gesto de buena vecindad, la cabeza de Juan el Bautista. Hay, además, algunos otros que suponen que desde el mirador a un lado del Potomac no ven con simpatía que la democratización de México, que costó mucho esfuerzo, tiempo y dinero, pueda ponerse en riesgo por la participación de los cárteles de la droga en el próximo proceso electoral. En esa misma lógica, se inscribe la preocupación de nuestros vecinos por el ataque permanente contra las instituciones públicas, entre las que la Corte y el INE tienen un lugar preferente.

Vaya usted a saber, pero el hecho mondo y lirondo es que la concurrencia de una buena cantidad de factores nacionales e internacionales influyeron el resultado que hoy celebramos y eso es alentador. Lo importante a resaltar es que la hoy presidenta de la Corte es una profesional del derecho, cuadro formado en el ejercicio cotidiano de la Ley, cuyas cualidades garantizan al pueblo de México una conducción honesta del máximo tribunal de la nación.

En sus tiempos de jefe de Gobierno, López Obrador retrasó cuanto pudo la oficialización de su calidad de suspirante presidencial. El "denme por muerto" tenía por propósito aliviar la presión de la que era objeto, de quitarse críticas, de blindar sus riesgos como gobernante.

Su pupila, en cambio, ha sucumbido demasiado pronto a la tentación de abrazarse a la posibilidad de la candidatura. El año pasado se asumió como candidata, contrató, con fondos no explicados suficientemente, a un asesor extranjero y dejó que le armaran una campaña con espectaculares tan visible como incordiante dentro y fuera de Morena.

#EsClaudia ha sido un éxito de posicionamiento, pero el reverso de la moneda es que tal visibilidad sirve también para magnificar los probables errores e insuficiencias de su administración.

Sheinbaum decidió hace tiempo que para hacerse conocer nacionalmente necesitaba recorrer el país presumiendo su gestión. Ese es otro error de su estrategia: en la capital se gana el reconocimiento, no va y lo presume hechizamente en los estados.

Más que firmar artificiosos convenios con gobernantes surgidos de su propio partido, para posicionarse a nivel nacional a Sheinbaum le sobraría con hacer de la Ciudad de México un verdadero paradigma de gobierno eficiente y representativo de la diversidad implícita en la CDMX. Con estar siempre de gira en la capital.

Por desgracia no emprendió ese camino. Hoy su administración es conocida por no incluir a las y los alcaldes de la oposición, por utilizar la Fiscalía para aprovechar políticamente la muerte de una joven, que fue tirada en Morelos, o eximir de plagio a una ministra en entredicho, etc.

#EsClaudia fue una estrategia prematura que le hará objeto de múltiples críticas, sobre todo porque hasta hoy solo es una candidata de incierto palmarés que siempre tiene que ser rescatada por su jefe y partido; características no muy presentables nacionalmente en alguien que pretende la máxima magistratura del país.

El 3 de octubre pasado, las filtraciones de Guacamaya revelaron que el Ejército Mexicano buscaba establecer una línea aérea comercial, lo que fue ratificado por el presidente López Obrador.

En ese mismo mes, Morena presentó una propuesta de reformas a las Leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos, para permitir que la empresa del Ejército pudiera operar simultáneamente aeropuertos y una línea aérea, lo que hoy está prohibido.

Un paso adicional ocurrió el viernes pasado, cuando se llegó a un acuerdo para que el gobierno federal adquiera por casi 817 millones de pesos los activos de Mexicana de Aviación que hoy tienen en sus manos los trabajadores, y que incluyen la marca de la aerolínea.

La aerolínea del bienestar o quizás la "nueva Mexicana" tendría de arranque 10 aviones arrendados, y además se incluiría en su flota el ex avión presidencial, un Boeing 787.

En diversas ocasiones, el presidente López Obrador ha señalado que esta empresa operada por el Ejército tendría el interés de ofrecer servicios en rutas que las aerolíneas comerciales no operan actualmente o donde tienen escasos vuelos.

De hacerse efectivo este proyecto, lo más probable es que les cueste cientos de millones a los contribuyentes mexicanos y que sea un fracaso económico.

Aunque el tráfico aéreo local se ha recuperado a niveles que ya están por arriba de los que existían previamente a la pandemia, el mayor crecimiento proviene del tráfico internacional.

La pérdida de la categoría 1 de seguridad aérea del país ha impedido que las empresas mexicanas aprovechen el tráfico adicional entre México y EU.

Pensar en que una aerolínea del Estado pueda ser rentable concentrándose en las rutas que hoy no atienden las aerolíneas comerciales es una fantasía.

Si esas rutas no se atienden es porque no son suficientemente rentables.

En la motivación de AMLO también se aprecia su decepción por el escaso movimiento que tiene el AIFA, que en el mes de noviembre interrumpió su tendencia alcista y registró una caída de 4.5% en las operaciones realizadas respecto al mes de octubre.

La obstinación presidencial en que el AIFA funcione, así como su interés de seguirle dando a las fuerzas armadas más y más espacio le están conduciendo a tomar decisiones que pueden ser muy costosas para el país.

Otro fantasma que quiere espantar el presidente López Obrador es el del destino del avión presidencial que no se ha logrado vender tras más de 4 años.

Este tipo de equipos, un Boeing 787, resulta adecuado para trayectos largos, no para vuelos cortos.

La participación del Estado Mexicano en el negocio de las aerolíneas tiene una historia de fracasos. Hay que recordar que el gobierno ya operó en más de una ocasión tanto Mexicana como Aeroméxico, con muy malos resultados.

Si esto se suma a la propuesta para que las aerolíneas extranjeras hagan cabotaje en el país, el panorama para la industria mexicana es verdaderamente complicado y de pronóstico reservado.

Ya quebraron Interjet y Aeromar. ¿Cuál será la siguiente?

Los escasos recursos del erario se destinan a comprar votos y no a proveer servicios de calidad debido al avorazamiento de Sheinbaum. Esto también ocurre a nivel nacional: educación, salud, agricultura, comunicaciones y transportes, han visto reducir su presupuesto, se derrumba el nivel de calidad de los servicios.

El grupo que llegó al poder en 2018 no lo hizo para mejorar la condición de vida de los mexicanos. Mucho menos la de los más pobres. Es solo un sistema adoctrinador, con una visión simple y falsa de la historia, en la que todos son enemigos.

Se apropia de la riqueza nacional para después convertir todo en patrimonio propio.

La semana pasada, el presidente aceptó 30,000 migrantes que Estados Unidos nos enviará, a cambio del aterrizaje de Biden en el AIFA.

Y ha comprado la marca de Mexicana de Aviación. Mientras Roma arde, Nerón juega a los avioncitos.

Me preocupa mucho que se reúna con los presidentes de 2 países poderosos. Pocas veces ha estado la soberanía tan debil como hoy.

¿Dejará de viajar Claudia para promocionar su pre-precandidatura, o acaso sólo hará una pausa antes que retome sus conferencias magistrales Políticas Exitosas de Gobierno, como la que tuvo que cancelar en Morelia para venir a atender la emergencia por el choque de trenes? Lo cierto es que aquí o allá, sus opositores la van a perseguir con el lema: "Si no puede con la regencia, menos con la Presidencia".

Andrés, debes de hacer propósitos para este nuevo año, y dejar ahora el pasado en paz, y darte cuenta que ya tienes más de 4 años en el poder y sólo has dividido al país en lugar de gobernar para todos, ya déjate de payasadas y deja de creer que eres candidato, pues es lo único que has sabido ser y por lo que vemos seguirás, ya que anunciaste ahora que se acercan las elecciones, vas a intensificar tus visitas a todos los estados, eso ya déjalo para tu sucesor que por lo que vemos, no ha acabado de posicionarse, pues no tiene el carisma que se requiere para llegar a la Presidencia, y menos para continuar con tu mentada 4a. transformación.

-Aprende de tus errores y deja a un lado tu soberbia, pues ya te has llevado varios frentazos como ha sido los reveses que te han dado por tus reformas, que no has podido cambiar la Constitución, pero insistes en tus "planes patito" para poder darle la vuelta con tu Plan "B" y hacer lo que tú quieres, mencionando que existen varias constituciones, pero debes de aprender que Constitución solo hay una y se debe de respetar como juraste cuando tomaste posesión de cumplir y hacer cumplir la Constitución, lo que vemos diariamente no haces.

-Tu último tropezón fue en la Suprema Corte de Justicia, que no pudiste imponer a tu presidenta "a modo", no obstante todo el tiempo que dedicaste junto a Claudia y Adán Augusto a la promoción y defensa de la misma, pero recuerda que no se puede defender lo indefendible, el pueblo no es tonto como tú has dicho y ya empieza a abrir los ojos.

-Tenemos un nuevo año por delante en el que todavía puedes llegar a hacer algo por nuestro pueblo y ser un verdadero presidente, uniéndonos y dándonos armas para el futuro, no limitándonos y dividiéndonos.

-Andrés, se debe de buscar la excelencia para llegar a la trascendencia, pero por lo que vemos tú no buscas la excelencia y quieres llegar a la trascendencia por otra vía, la de tu falta de respeto a los mexicanos, a tu terquedad y a seguir culpando al pasado, sin ver que tú fuiste el pasado y ahora criticas todo lo que antes les criticabas a tus antecesores.

-Puedes empezar con la visita próxima del presidente Biden y del primer ministro Trudeau y ponerte a la altura de ser, líder y digno representante de México, uniendo fuerzas para apuntalar el tratado comercial que tenemos con ellos, y trabajar juntos, por el bien de tan importante región como es la de América del Norte, y más en esta época que nos está tocando vivir tan convulsa, con guerras, desacuerdos y falsos liderazgos.

-Deja de despreciar las leyes y cúmplelas, pues tú debes de ser el ejemplo para todos los mexicanos, deja de querer seguir los pasos de Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela, nuestro país es diferente o no te has dado cuenta de que los mexicanos tenemos nuestra propia historia y trayectoria, debemos de buscar entre todos la educación, el respeto y el diálogo, para llegar a la verdadera democracia.

-Has a un lado tu rencor, tu falta de capacidad y tu terquedad, pues todos los mexicanos queremos volver a sentirnos orgullosos de lo que somos, respetarnos, estar en paz y no tenernos odio entre los 2 Méxicos que estás queriendo hacer, unirnos en uno solo y salir adelante, caminar por las calles, sintiéndonos seguros, respetar a nuestras autoridades, a nuestras fuerzas de seguridad, y por supuesto que no exista la inseguridad ni la impunidad.

Busca un camino para llegar a ser un verdadero presidente.

El presidente está "chocheando" y cada vez se vuelve más testarudo, más obcecado y más terco. Y en ese pecado llevó la penitencia, porque, cuando pudo no quiso doblegarse y terminó vencido. Se equivocó al apoyar hasta el último momento a una candidata carente no sólo de las credenciales para aspirar al cargo, sino de requisitos tan básicos como la honestidad y probidad, siendo que la propia UNAM ha confirmado que plagió su tesis de licenciatura, para luego incurrir en una serie de ilícitos en su intento por cubrirse, tales como falsedad de declaraciones ante la autoridad ministerial así como en complicidad en delitos ante notario público, amenazas al hacer denuncias falsas, y seguramente en otro tipo de señalamientos que podría tener en su contra como daño moral y responsabilidad al actuar de forma prepotente y cobarde denunciando como plagiario a quien es la verdadera víctima, el abogado Édgar Ulises Báez.

Los integrantes del alto tribunal eligieron a Norma Lucía Piña Hernández como la 1a. mujer para presidir la SCJN, lo que constituyó un muy duro revés para el ejecutivo de la nación que anhelaba hacerse del control del máximo tribunal del país como ya lo tiene del poder legislativo.

El impacto es mayúsculo y lo ha dejado muy mal parado, luego que también la ministra Loretta Ortiz Ahlf, su candidata, perdiera la presidencia de la Segunda Sala del máximo tribunal que será encabezada por el ministro Alberto Pérez Dayán para el periodo 2023-2024.

Mientras en la Primera Sala eligieron como nuevo presidente al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para el periodo 2023-2024, en sustitución de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien también fue propuesta por el jefe del ejecutivo, por lo que tenemos que hablar de otra derrota.

Y un descalabro más fue la designación del magistrado Guillermo Valls Esponda, como nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA) para el periodo 2023-2025. Valls, nominado directamente a la sala superior por el presidente Enrique Peña Nieto en 2016, es un personaje que no le responde a AMLO.

La participación de Andrés Manuel López Obrador en estos procesos de elección, sus exabruptos, sus posturas, lo marcan como un presidente totalmente desapegado a lo constitucional y con una enorme necesidad de preservar injerencia y tomar el control en la Suprema Corte, por más que lo niegue.

Y hablando de exabruptos, no se puede dejar de mencionar la atroz declaración que dio a mitad de semana y que lo ha pintado de cara a la sociedad como el ser mezquino y ruin que siempre ha sido y logró disfrazar con la imagen de "cabecita de algodón", que muchos ingenuos le compraron.

El presidente afirmó en su conferencia mañanera del pasado miércoles que ayudar a los pobres es parte de su "estrategia política", porque ellos regresan el apoyo respaldando a la 4a. Transformación.

"Ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya saben que cuando se necesite defender, en este caso la transformación se cuenta con el apoyo de ellos", dijo.

A todo lo anterior, hay que sumar la recaptura del presunto capo de las drogas, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquin "El Chapo" Guzmán, registrada el jueves 5 de enero en Sinaloa.

Y es que, por más que se le quiera ver como un logro para la 4a, Transformación, la realidad es que se trató de un operativo fallido y no "quirúrgico" como lo definieron algunos. Simplemente las cifras demuestran los "otros datos"; se confirmó que 10 militares fueron asesinados y hay 35 heridos, mientras que 19 integrantes de las células del Cártel de Sinaloa también resultaron muertos al intentar evitar la detención de Guzmán López. Es decir, falló la planeación estratégica, la prevención y protección globales y miles de civiles estuvieron en serio peligro al perder las autoridades el control frente a la desatada violencia que se generó.

En medio de reclamos por parte de la oposición, que acusó al gobierno federal de "utilizar las embajadas como una señal de sumisión y entrega", el pleno de la Comisión Permanente aprobó por mayoría la designación de Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo, como embajador de México en Canadá.

Su biografía política está llena de presiones sociales y extorsiones políticas en cada elección que perdió en el pasado.

López Obrador reconoció lo que siempre ha negado. Sus programas sociales no son parte de una política pública para mejorar el bienestar de quienes menos tienen -como presume-, ni resolver el problema de la pobreza -que se ha agudizado durante su sexenio-, sino como una estrategia electoral para generar clientelas que voten por quienes indique, o puedan ser movilizadas a las calles, en caso de que sus candidatas y candidatos no triunfen en las urnas. Ya no hay engaño, ni declaraciones sibilinas. El enigma ha desaparecido.

Desde ayer mismo, la estrategia empezó a instrumentarse. La Secretaría del Bienestar, a través del banco creado por el régimen para fines clientelares, comenzó a repartir más dinero entre los más necesitados. Inició con los adultos mayores, quienes por orden alfabético recibirán durante los próximos 6 días su pensión con un incremento de 25%, que irá subiendo gradualmente hasta el próximo año, cuando se realice la elección presidencial. Paralelamente, el presidente llamó a cuentas a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, con el objetivo de resucitar el fracasado programa Jóvenes Construyendo el Futuro, otro caldo de cultivo electoral.

Los recursos para los programas sociales son inagotables, y la Secretaría de Hacienda, como ordenó el presidente hacer también con el financiamiento para la construcción de la refinería Dos Bocas, tendrán que salir con más ajustes al gasto público, reducción en las nóminas de la burocracia, mayor eficiencia en el cobro de impuestos, aunque sea con tácticas intimidatorias, y la deshidratación de la economía en general. Al presidente no hay temas que más le importen que estos dos. Uno por su capricho juvenil de tener una refinería, y el otro porque no puede dejar abierta ninguna posibilidad de que Morena pierda la elección presidencial, porque tiene certeza que su proyecto de nación quedaría truncado [y él, junto con muchos de sus cercanos, en la cárcel - agrega el webmaster].

Por eso es tan reveladora su declaración en la mañanera del miércoles, que igualmente produce escalofríos, al comenzar López Obrador a quitarse la máscara. Su viejo llamado a la acción de "primero los pobres" no es una postura ética y de justicia social, sino una estrategia para convertir a ese segmento de la población, mediante el encanto de su palabra, en maquinaria de votos.

En la elección presidencial en 2018, la empresa BGC, que encabeza Ulises Beltrán, realizó una encuesta de salida que reveló que si bien López Obrador tuvo mayoría de votos en todos los sectores por estratos de ingreso, fueron los sectores menos favorecidos -con ingresos de menores a 2,500 pesos al mes- quienes más lo apoyaron (53%), seguidos por quienes ganan menos de 8,000 pesos (46.6%).

López Obrador entiende muy bien a su electorado y conoce cuáles son los resortes que puede jalar para mantenerlo leal. La narrativa de que hay grupos de privilegiados clasistas y racistas que detestan a los pobres y que quieren impedir que se les siga apoyando con recursos directos, se vuelve verosímil si va acompañada de la inyección creciente de dinero que está llegando a ese grupo de la población. Las generalidades llevan a errores o mentiras en las conclusiones, pero el discurso simple, directo y reiterativo del presidente, sin importar la veracidad de su contenido, ha sido exitoso.

El problema de fondo no es que busque consolidar esa clientela electoral -otros partidos lo han intentado antes, a veces con éxito y otras no-, sino que piensa utilizarlos como carne de cañón en caso de que ni siquiera con su voto alcancen a ganar quienes compitan por Morena. Lo delineó en la mañanera al expresar su confianza de que al repartir dinero de manera directa, "cuando se necesite defender, en este caso la transformación".

Si confía en que será un grupo al que puede llamar a la movilización en caso de una derrota de Morena en las urnas, podemos imaginarnos que en la defensa de su proyecto -y por consiguiente su trascendencia-, López Obrador se jugará todo con todo. Ya no será el amago del tigre que sacó ante los banqueros en 2018, sino la advertencia a la oposición, instituciones y contrapesos, qué hará si pierde la elección presidencial, o sea, sacar a la gente a las calles para generar inestabilidad e ingobernabilidad.

En los escenarios para la elección presidencial en 2024 se tiene que incorporar esta eventualidad, por lo que el reto intelectual y político para la oposición no es sólo cómo pueden derrotarlo, sino cómo podrían impedir el caos que generaría su aferramiento al poder, equivalente a un autogolpe de estado, para gobernar desde las sombras. El problema real no es la elección, sino el día después.

Su viejo llamado a la acción de "primero los pobres" no es una postura ética y de justicia social, sino una estrategia para convertir a ese segmento de la población, mediante el encanto de su palabra, en maquinaria de votos.

Sorprendió que ayer, durante la mañanera, el presidente se abriera de capa. Ya no habló de los pobres como la gran deuda de justicia social de este país, ni como su pasión redentora, sino como estrategia política: los pobres como seguro para mantener el poder. Dicho en sus palabras, ayudando a los pobres va uno a la segura, porque "cuando se necesite defender a la transformación se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad".

La pregunta es si lo que entiende el presidente por transformación es lo mismo que entienden los pobres. Los programas sociales son una extraordinaria herramienta de compensación a desigualdades estructurales, pero están lejísimos de significar una transformación. Los aspectos positivos de la gestión de este gobierno poco o nada tienen que ver con transformaciones estructurales salvo el intento, aún no conseguido, de desmontar las instituciones de la democracia y reformas, muy positivas desde mi punto de vista, en el sector laboral: el aumento al salario, a las vacaciones y la libertad sindical.

Más allá de programas sociales (algunos por cierto fracasados como Jóvenes Construyendo el Futuro) y las conquistas laborales, que nadie en su sano juicio pondrá en duda, no está claro qué es lo que el presidente cree que hay que defender de su autodenominada 4a. Transformación en las próximas elecciones. El factor que más impacta en el gasto familiar y puede convertir a una familia de clase media en pobre en cuestión de meses es la salud y ese ha sido el gran fracaso de la gestión de López Obrador. Cada año promete que ahora sí van a transformar el sector salud, pero lejos de mejorar empeora, porque la gestión ha sido entre mala y pésima.

El gran nivelador social, la educación, tampoco tiene buenas cuentas. Atrapados en discusiones ideológicas sobre el modelo educativo, la gestión obradorista no ha significado un avance en la calidad educativa. En el debate por la educación ganó la visión de los más radicales, pero en ella los pobres no son los destinatarios de un mejor servicio que abra las puertas para que las nuevas generaciones tengan acceso a una mejor calidad de vida.

El otro gran factor que afecta a todos, pero principalmente a los más pobres, la inseguridad, tampoco ha mejorado. En el mejor de los casos podemos decir que los índices están estables, en la punta histórica más alta de los indicadores de violencia.

Cuando el presidente convoque a los pobres a defender la transformación en realidad los estará convocando a votar por Morena. Pensar que los pobres votan por los programas sociales suele ser uno de los grandes errores de estrategia política. Solo un dato: Peña Nieto y su grupo político apostaron a que los programas sociales les salvarían la elección y la derrota fue estrepitosa.

Nos dicen que López Obrador todavía no supera el revés que tuvo en la elección para la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como recordarán, las ministras y los ministros votaron en sesión secreta. Pero al estilo del tabasqueño, ayer exhibió durante la "mañanera" el conteo de votos para los candidatos finales a la Presidencia de la Corte, donde triunfó Norma Piña.

El presidente criticó que la Corte no transparentara la votación y lanzó una pregunta: "¿Conocen una decisión de la Corte que ayudó al pueblo? No hay nada", respondió López Obrador. Continúa enojado, pues.

Y existe la advertencia de que viene una reforma judicial impulsada desde Palacio Nacional. ¿Habrá reacción del presidente desde el Congreso de la Unión contra los ministros "conservadores"? ¿O solamente es un circo, con la intención de que se olvide el presunto plagio de la ministra Yasmín Esquivel?

La derrota política de la 4T fue evidente. La lectura es correcta porque aunque operaron para respaldar a Yasmín Esquivel (lo cual fue sorprendente dado el desgaste de su imagen), perdieron rotundamente. Este revés en el Poder Judicial abre una fisura en el bloque de Morena: ni López Obrador es invencible, ni la jefa de Gobierno de la CDMX tiene todo el apoyo, a pesar de las encuestas que la presentan como "la buena". La cuestión es si este episodio será aprovechado por la oposición.

A pesar de este episodio, que los "adversarios" y "conservadores" celebran ruidosamente desde una visión política, lo importante es que a pesar de las circunstancias, los ministros reaccionaron y con la elección de Piña Hernández, lograron mantener un espacio de autonomía y equilibrio entre poderes.

Desde 2019, las importaciones estadounidenses de productos mexicanos han aumentado en más de un cuarto. Y solamente en 2021, los inversores estadounidenses llevaron más dinero a México que a China -tanto al comprar empresas como financiar proyectos.

Sin embargo, el viraje hacia México -que representa una oportunidad única para acelerar el desarrollo- a la vista tiene obstáculos muy obvios que surgen desde Palacio Nacional, donde aparentemente están 'tercos' en estropear y desaprovechar el momento, poniendo 'sus propias reglas' y tratando de retar permanentemente al mejor socio que tenemos y al país de donde puede provenir muchisimos mas recursos.

Solo basta recordar 2 detalles de altanería en los últimos días que han surgido desde el púlpito de la mañanera y con destino a la Oficina Oval de la Casa Blanca. El 1o., el 'desacuerdo' y la crítica qué López Obrador expresó para el presidente Biden por "los moditos" -según dijo- con los que recibió al presidente ucracaniano Volodymyr Zelensky a quien le escribió en Twitter "bienvenido a América", expresión que no le pareció a nuestro 'distinguido' mandatario, porque dijo no le gusta que se refieran a Estados Unidos como América. "Con todo respeto, America somos todos", dijo AMLO, demostrando que sufre del efecto o sesgo cognitivo Dunning-Kruger, que provoca que las personas opinen sin saber porque su incompetencia las hace inconscientes de su ignorancia. Y uno de se pregunta, porque en julio 7 del 2020, cuando López Obrador visitó Washington para entrevistarse con Donald Trump, no le reclamó el lema de su campaña 'Make America Great Again' (Hacer grande a América de nuevo). Y el 2o., con motivo de la detención del expresidente peruano Pedro Castillo, dijo AMLO que le enviará una carta a Biden -antes de la reunión del próximo lunes en México- para pedir "respeto a la soberanías y acabar con el intervencionismo a otras naciones", culpando a Estados Unidos del operativo y cambio de gobierno en el país sudamericano (?).

Torpezas e inconsciencias -o posiblemente muy conscientes- de un personaje que se muestra "rudo y poco inteligente", que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua corresponden a la definición de "asno"... el asno de los 'moditos'.

Empezó muy mal el año para López Obrador. En la elección de nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, falló su Plan A y también falló el Plan B. En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tampoco quedó su favorita. Así que el personaje al que han tratado de retratar casi míticamente como políticamente invencible, arranca el año con 2 duras derrotas. Muy duras. Y recibe así muestras claras de que su poder no es eterno ni indoblegable. Este 2 de enero le dieron a AMLO la bienvenida al 5o. año, la bienvenida al ocaso.

Para tratar de imponerse en la votación de ayer, López Obrador echó toda la carne al asador: operó él, operó Adán Augusto, operó el ministro Zaldívar, operó Julio Scherer, operó Claudia Sheinbaum, que incluso hizo desde la Fiscalía de la Ciudad de México la investigación más rápida de la historia para exonerar, horas antes de la votación, a la ministra Yasmín Esquivel del plagio. Le entraron todos y no pudieron. Es una muestra de debilidad enorme. Es la exhibición de que no son invencibles. Nada les funcionó. Lo único que lograron fue agraviar más al Poder Judicial y éste gritó "¡ya basta!".

López Obrador pagó ayer la factura de 4 años de agravios a la Suprema Corte. Agravió cuando extorsionó al ex ministro Eduardo Medina Mora para que renunciara si no quería que le abrieran un expediente. Agravió insultando incesantemente desde la mañanera a jueces y ministros. Agravió presentando perfiles descaradamente partidistas e incapaces para ocupar los lugares vacantes. Agravió chantajeando a los ministros en las votaciones: el voto o la UIF. Logró someter a la Corte, tenerla en la bolsa, arrinconar cualquier asomo de contrapeso... y aun así siguió insultando y agraviando. Y entonces se le empezaron a rebelar los ministros. El clímax de ese agravio fue su experimento de reelegir al ministro Arturo Zaldívar como presidente. Ahí no sólo perdió el control que tenía en la Corte sino que los ministros se le voltearon.

Pero este gobierno sabe cómo apretar, y poco a poco fue recuperando cierto control. Hasta que López Obrador decidió jugar todas sus fichas para que la nueva presidenta de la Corte fuera su amiga Yasmín Esquivel, la esposa de su constructor favorito. Ella era el Plan A. Cuando en el gobierno evaluaron que no tenían los votos para que ella ganara, empezaron a operar a favor del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Era el Plan B. Y el ministro supo jugar con el régimen en algunas votaciones clave, mandando las señales a Palacio Nacional. ¿Qué recibió a cambio? Agravios y descalificaciones. El presidente regresó al Plan A. No se bajó ni con las evidencias de plagio, que volvieron la candidatura de Yasmín Esquivel aún más impresentable.

Y perdió. El resultado de la elección de Norma Piña como nueva presidenta de la Suprema Corte es especialmente duro contra López Obrador: es la ministra que menos ha votado a favor de los proyectos de la 4T. Y es quien logro el apoyo de los duros y de carrera dentro del Poder Judicial.

Los ministros votaron por un claro, sonoro y contundente NO a López Obrador que significa la activación de un contrapeso central frente a los apetitos dictatoriales de Palacio. A la Corte llegarán los casos que podrían destruir las libertades democráticas o consolidarlas. Ya veremos.

Las amenazas, los infundios y las difamaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra ministros, magistrados, jueces y en general todo el Poder Judicial, no le alcanzaron para imponer a Yasmín Esquivel como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sí para descarrilar a quien poco antes de iniciar la votación que ungió a Norma Lucía Piña Hernández como su nueva cabeza, era el favorito con 5 de los 6 votos necesarios, asegurados, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ministras y ministros optaron por Piña Hernández, la más circunspecta de quienes figuraban como preferidos, que ganó en únicamente 3 rondas, mientras Esquivel quedó humillada en el proceso con sólo un voto, quizás el de ella misma.

Piña Hernández será la 1a. mujer en presidir la Corte, y su victoria en la urna de cristal le permite mantener al Poder Judicial su autonomía e independencia, evitando, por ahora, el golpe de López Obrador para acelerar su intento de colonizarlo. Su elección parece haber sido la decisión más inteligente, en términos estratégicos, para no humillar al presidente con la opción de Gutiérrez Ortiz Mena, a quien en días previos había fustigado. "¿A quién quieren los conservadores?", se preguntó la semana pasada, "al ministro más rico de todos; a ese quieren de presidente".

Ayer López Obrador dijo que no se refería a Gutiérrez Ortiz Mena, lo que es una mentira. Desde que lo atacó la semana pasada sin mencionarlo por nombre, las cuentas en redes sociales asociadas con su maquinaria de propaganda lo identificaron como un ex funcionario del SAT que había condonado impuestos a empresas -que repitió el presidente-, y que había trabajado para despachos internacionales antes de ingresar al servicio público en el gobierno de Vicente Fox, como lo aseguró el propio López Obrador.

La incontinencia verbal de López Obrador no se limita sólo a hablar de manera excesiva, sino que acompaña su desmedido discurso con insultos, mentiras, ataques y amenazas. Este lunes no fue la excepción, y horas antes de la votación en la Corte, volvió a dispararle. El Poder Judicial, afirmó, está "secuestrado", y fue "eclipsado" por el poder económico, razón por la cual no va a dejar de intentar "liberarlo", sobre todo, a partir del relevo de 4 ministros en lo que resta del sexenio, para que apoyen sus políticas de transformación.

El mensaje mañanero de López Obrador cayó muy mal en la Corte, de acuerdo con personas que hablaron con varios ministros antes de la sesión, y en lugar de amedrentar, los cohesionó. La ministra Esquivel, que creía que las palabras del presidente, lejos de perjudicarla, la beneficiaban porque enviaban línea a la Corte -pensando como el presidente de manera paternalista y autoritaria-, y que iba a doblegar a sus pares, debió haber sentido por dónde iría la votación porque antes de iniciarse, leyó un mensaje donde dijo que existió un intento de intimidación en las acusaciones y las críticas al plagio de su tesis, "por fuerzas ajenas, como lo son las mediáticas, políticas, económicas y sociales".

Esquivel se victimizó, apoyada en el favor que le hizo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a través de la fiscal Ernestina Godoy, que determinó este domingo que la ministra no plagió su tesis, sino que fue Édgar Ulises Báez Gutiérrez, quien se tituló un año antes que Esquivel, quien realizó la copia. Esta excesiva defensa de la ministra para salvar la fuerte apuesta de López Obrador para hacerla presidenta de la Corte, que probablemente lastimará a Sheinbaum y pagará un costo por haberse prestado a la farsa presidencial. Para la UNAM, como confirmó el rector Enrique Grague este fin de semana, la tesis original presentada en 1986 es la del abogado Báez Gutiérrez.

Eso no lo iban a aceptar. López Obrador dibujó la estrategia de control de daños desde la mañana del lunes, al señalar que contra ella se realizó "toda una guerra de potentados, medios de información, columnistas, intelectuales del régimen, vendidos y alquilados". O sea, lo mismo de siempre, con sus argumentos de siempre.

Paradójicamente, Esquivel no era en un principio la carta de López Obrador para presidir la Suprema Corte de Justicia porque ni le pidió permiso, ni le informó que empezaría a cabildear para alcanzar ese distinguido cargo. Pero las condiciones cambiaron para que el presidente decidiera jugar fuerte para imponerla, no por ella y los méritos que le pudiera reconocer, sino porque pensó que las acusaciones contra ella por supuestamente haber plagiado su tesis de licenciatura, no estaban enfiladas contra la ministra, sino contra él y su proyecto. Creer que las críticas a la ministra lo tenían a él como el verdadero destinatario, lo hizo cambiar su estrategia.

Lo que decidió y empezó a construir dentro de la Suprema Corte fue para que Esquivel resultara electa ayer, y que le garantizaran los votos que requería. Al mismo tiempo pidió opiniones en de la Corte para medir el impacto de las acusaciones del plagio, y aunque no se sabe el contenido de ellas, hasta la semana pasada estaba empecinado en imponerlas. Todo el aparato de propaganda a su servicio se movió para respaldarla, denostar a sus críticos y desacreditar a Gutiérrez Ortiz Mena. No le alcanzó. El escándalo era demasiado grande y la forma cómo lo manejó la ministra fue como nadar en un pantano, y entre más se movía, más se hundía.

En qué momento se convenció de que no podría lograr el objetivo de forzar la llegada de Esquivel, no se sabe. Pero la mañana del lunes, como siempre, se fugó hacia delante, y acusó a los representantes del Poder Judicial de faltos de convicciones, ideales y principios, al tiempo que, mostrando su disociación mental, prometía no confrontarse con ellos. Hombre de rencores profundos, la derrota que sufrió en la Corte no la olvidará. La prudencia de ministras y ministros no será suficiente para atemperarlo. Ganaron tiempo, pero no impedirán la guerra que desatará desde Palacio Nacional.

En México, creímos que las viejas tiranías eran obsoletas. Habíamos sacado al PRI de Los Pinos, logrado la alternancia, modernizado algunas instituciones, construido algunos contrapesos.

Pero los últimos 4 años de lopezobradorismo han enterrado la exuberancia efímera de los 90, e inaugurado una nueva era de recesión democrática.

No sabemos exactamente cómo nombrar a López Obrador, ya que las categorías existentes parecen insatisfactorias. Al examinar la pantomima democrática que encabeza, la mitad del país lo tilda de tirano o emperador o sultán o priista, cuando quizás la frase que mejor lo describe es "maestro del engaño".

Alguien que a lo largo de su vida política ha logrado mantener apoyos al esconder su verdadera naturaleza. Y lamentablemente es una naturaleza autoritaria.

AMLO encarna un nuevo modelo cuyo objetivo es similar al de los viejos autócratas: monopolizar el poder político, a cualquier costo. Pero no usa la represión, no desaparece a sus oponentes, no ejecuta a sus críticos. No es necesario hacerlo. Como argumentan Sergei Guriev y Daniel Treisman en Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century, los hombres fuertes de la actualidad no tienen que aterrorizar a la población; basta con rehacer sus creencias sobre el mundo. Y AMLO engaña lo suficiente como para obtener complacencia o hasta apoyo entusiasta.

En lugar de usar la violencia, recurre a la manipulación. Es ejemplo de un tipo de líder emergente a lo largo del mundo: el tirano del "spin".

Todo dictador del "spin" intimida a los ciudadanos con propaganda que transmite poder y resolución. Los elementos centrales de la pauta que recorre el mundo -y que AMLO emula- son la manipulación mediática/discursiva, la manufactura de la popularidad, y la simulación democrática. Se trata de crear ilusiones y promoverlas como realidades. Yasmín Esquivel es una mujer honorable, Alejandro Gertz es un hombre probo, el AIFA es uno de los mejores aeropuertos del mundo, Dos Bocas asegurará la soberanía energética, los periodistas son traidores a la Patria, Claudia Sheinbaum no viola la ley con su pre-pre-pre-precampaña adelantada, México pronto tendrá un sistema de salud como Dinamarca, y el PRI robó más.

Si algo sale mal es por culpa de los conservadores complotistas que sabotean la transformación y no aman al pueblo. AMLO gobierna a base de exaltar lo mediocre, inaugurar lo inacabado, promover falsas disyuntivas, y volver a la política un juego suma cero.

Él contra los enemigos del pueblo.

Él mejor que las pseudo-alternativas.

Él menos saqueador y mentiroso que los saqueadores y mentirosos de antes.

Así enmarca los temas, así aniquila a sus adversarios, así avanza su agenda. Vanagloriándose del amor que le tienen, tan parecido al que recibió Putin, cuya popularidad nunca bajó del 60% más de 20 años. Y López Obrador usa ese amor para armar consultas populares, convocar a marchas, desmantelar instituciones, justificar medidas inconstitucionales, imponer a incondicionales en el aparato del Estado, y militarizar a México. Pero debajo de la democracia simulada se asoma cada vez más una democracia amenazada.

Amenazada por demasiadas personas que han reemplazado la lealtad a una ideología progresista, por la lealtad a un hombre que no lo es. El culto a la personalidad obliga a que todos "vivan dentro de la mentira", como lo decía Václav Havel, cuando era disidente.

El culto a la personalidad convierte a "todos en mentirosos", porque preocupa más demostrar lealtad que compromiso con la verdad. Y quienes han sucumbido al "spin", repetirán las falsedades más simples y más memorables, porque AMLO los ha instruido a entender al país en sus términos.

La "tiranía del spin" también se nutre de una oposición desacreditada y dividida que facilita los abusos y la usurpación del poder, porque no ofrece ejercerlo mejor. Una oposición que con frecuencia no lo es, por los pactos que hace, los votos que vende, los intercambios que está dispuesta a hacer para seguir rotándose en el poder.

Hoy la resistencia real proviene de ciudadanos informados que rehúsan ser manipulados, de feministas enfurecidas que rechazan la militarización machista, de medios que hacen su trabajo, aunque enfrenten el idioma de la intimidación.

Ahí yace la esperanza en 2023: la capacidad para ver un hilo de luz entre tanta oscuridad.

A la ministra Yasmín Esquivel se le ha hecho bolas el engrudo. Esta expresión popular apenas alcanza para describir cómo una mentira ha llevado a la aspirante a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a inventar otras nuevas. Solo que una tras otra ha caído por tierra.

El 30 de diciembre, cuando la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM se preparaba para determinar si la tesis de licenciatura de 1987 de la ministra había sido o no un plagio, la ministra presentó nuevas "pruebas" a las autoridades universitarias y dio a conocer un "pronunciamiento" para "demostrar que la verdad está de mi lado" y que con pruebas ha demostrado que "soy la autora original de la tesis".

Dijo que había sometido a las autoridades universitarias una "declaración ante notario público del otro alumno, cuyo testimonio fue presentado por la directora de tesis", Martha Rodríguez Ortiz, en el que éste "reconoció y manifestó expresamente que: '... de ese trabajo tomé varias referencias y texto' y 'pude tomar varias partes importantes del trabajo de ella en el año de 1985 a 1986'". También, dijo, "se acreditó que el archivo que contiene mi tesis fue indebidamente y de forma ilegal modificado el 22 de diciembre de 2022".

El problema es que "el otro alumno", Édgar Ulises Báez Gutiérrez, declaró a Eje Central que es falso que haya hecho esa declaración ante notario. Sobre si él es realmente el autor de la tesis que presentaron él y Esquivel en versiones casi idénticas, respondió: "La lógica lo disipa todo: el que se titula primero tiene evidentemente el texto original".

En cuanto a la afirmación de la ministra de que el archivo que contiene su tesis fue objeto de una modificación indebida el 22 de diciembre de 2022, olvidó que el escritor Guillermo Sheridan dio a conocer la identidad de los 2 textos el 21 de diciembre, un día antes. La presunta modificación indebida abre así un nuevo capítulo sobre este truculento tema, porque podría ser un intento posterior para modificar la tesis y eliminar o paliar las pruebas del plagio.

El 31 de diciembre, y después de que la FES Aragón anunció que aplazaría el fallo, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, encaró el tema con valentía. "Con base en el alto nivel de coincidencias entre las tesis objeto de revisión, superior al 90 por ciento, resulta evidente la existencia de un plagio", declaró en un comunicado. "La revisión académica de los contenidos de ambas tesis, sus fechas de publicación, así como los archivos físicos y digitales de la Universidad hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986". Sin embargo, a última hora el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón recibió un "testimonio notariado" que hace necesario recabar información adicional. Por eso se pospuso la resolución del comité.

Quizá la ministra Esquivel quiso ganar tiempo con la presentación de este testimonio notariado, cuyo texto completo no ha hecho público. El voto de los ministros para elegir a un nuevo presidente de la Corte tendrá lugar este lunes 2 de enero, sin que haya todavía un fallo definitivo del Comité de Integridad. Lo que es indudable, sin embargo, es que los argumentos y pruebas de la ministra de que la tesis es realmente suya, y que el pasante que presentó su tesis un año antes es el plagiador, se han desplomado. Todo parece indicar, de hecho, que la ministra ha inventado nuevas falsedades para cubrir la mentira original de la tesis que aparentemente no redactó.

El 12 de abril de 2012 AMLO pidió a "partidarios de la democracia" en redes sociales "aportar datos sobre espectaculares y publicidad de EPN". Hoy, curiosamente, no ha hecho lo mismo por los numerosos espectaculares de Claudia Sheinbaum.

No cabe duda: López Obrador está rozando los extremos de la inconsecuencia al culpar en forma absurda a otros de sus yerros y dislates. Haber hecho desaparecer el Seguro Popular es uno de sus mayores despropósitos, que dejó a millones de mexicanos pobres sin adecuada atención médica. La falta de medicamentos, especialmente de los necesarios para atender los casos de cáncer infantil, ha sido causa de numerosas muertes que bien pudieron haberse evitado. La reducción de sus presupuestos hace que las instituciones de salud pública no puedan cumplir adecuadamente su función, y el fantasmal Insabi, o cualquiera que sea el nombre de esa entelequia de dudosa eficiencia, y aun de dudosa existencia, se muestra totalmente incapaz de hacer lo que en Dinamarca se hace. Pero López Obrador no tiene nunca la culpa de nada. No admite sus errores, y condona con paternal solicitud los de quienes le son afines -el caso de Yasmín Esquivel es el más reciente ejemplo-, y atribuye todos los males del país, incluso los de nueva creación, a los gobiernos anteriores, desde Acamapixtli hasta Felipe Calderón (con Peña Nieto se muestra extrañamente omiso). Los conservadores y el neoliberalismo comparten irresponsablemente esa responsabilidad. Tenemos, pues, un presidente infalible, incapaz de cometer error alguno.

Entre las muchas afirmaciones que el presidente López Obrador repite constantemente destaca la de que es el presidente más atacado después de Madero. Ésta es, sin embargo, una mentira expresada con insistencia en un esfuerzo por volverla verdad. Lo que sí es cierto es que AMLO es el presidente que más ha atacado a supuestos rivales o enemigos.

Solamente hasta el 28 de septiembre de 2020, Luis Estrada, director de Spin, Taller de Comunicación Política, registraba que AMLO había dicho 15 veces que era el presidente más atacado desde Madero o en los últimos 100 años. La afirmación la ha repetido muchas veces más desde entonces.

El 25 de septiembre de 2020 el presidente presentó en su mañanera un "estudio", realizado por su subalterna Jessica Ramírez, que analizaba 95 textos publicados en ocho periódicos el día anterior con "opiniones sobre la 4T". Ni el presidente ni nadie explicó la metodología, pero el resultado fue que 66% de las opiniones eran negativas, 23% neutrales y 11% positivas. Éste fue el sustento para repetir que era el presidente más atacado.

Spin hizo entonces un análisis de las columnas de los mismos periódicos, menos uno que todavía no existía, el mismo 24 de septiembre, pero del 2o. año de gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Encontró que, en 2008, 61% de las columnas fueron negativas para Calderón, 30% neutrales y 9% positivas; en 2014, 73% fueron negativas para Peña Nieto, 17% neutrales y 10% positivas. No es un estudio completo, como no lo fue el de AMLO, pero sí sugiere que la afirmación de que es el presidente más atacado es una mentira.

Sí hay buenas razones para pensar, en contraste, que López Obrador ha sido el presidente que más ha atacado a otros. Sus conferencias de prensa, que se alargan cada vez más, ya se usan poco para dar información, pero se han vuelto escenario de discursos de odio en los que una y otra vez descalifica a quienes ve como sus enemigos.

Este 23 de diciembre el presidente dio su conferencia de prensa número mil. Spin le ha detectado un promedio de 94 mentiras diarias, por lo que ya estamos cerca de las 100,000 acumuladas. Algunas son tan absurdas que sorprende que las diga sin sonrojar. El 22 de diciembre, por ejemplo, afirmó: "Logramos que todos los pacientes de Covid fueran atendidos en una cama. No se nos murió nadie fuera de los hospitales, como sucedió en otros países". Decenas de miles de familias pueden ofrecer otros datos. El mismo 23 de diciembre afirmó que "No hay nadie que haya quebrado" en su gobierno.

Las mañaneras han sido plataforma para lanzar ataques, descalificaciones y difamaciones. Reforma, Claudio X. González Guajardo y muchos periodistas, políticos y empresarios han sido víctimas. Lo peor es que el número de agresiones ha venido aumentando. Según Spin, Joaquín López Dóriga fue atacado por el presidente solo 2 veces en 2018 y 2019, pero 51 en 2022; Carlos Loret de Mola pasó de 5 a 230; Enrique Krauze, de 7 a 101.

Los presidentes mexicanos siempre se han quejado de sus adversarios. Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo fueron particularmente acerbos con sus críticos, a quienes acusaban de causar todos los problemas de sus gobiernos. Pero tenemos registrados apenas una decena de ataques de cada uno de ellos. López Obrador, en cambio, arremete diariamente. Es el presidente que más ha atacado a los demás.

En su mañanera del 23 de diciembre en Villahermosa AMLO declaró: "Yo no odio, yo practico la doctrina del amor al prójimo sinceramente. Entonces, no le deseo mal a nadie". Para un presidente que no odia, la cantidad de descalificaciones y difamaciones que reparte cotidianamente es sorprendente.

López Obrador resultó ser no un gran estadista sino un vulgar político con apetito de poder. Contra este tipo de personajes el liberalismo irguió sus más formidables ideas: división de poderes, libertad de expresión, organismos autónomos, contrapesos del poder. Porque la constante en el gobierno de los hombres es el abuso autoritario.

Con el pretexto de barrer con la corrupción, López Obrador minó las instituciones liberales. Supeditó al congreso y al poder judicial, propició el ataque a los medios y las agresiones a periodistas, y disminuyó las funciones de los organismos autónomos.

No le importó echar marcha atrás en sus consideraciones sobre el Ejército y militarizó la seguridad nacional a cambio de la incondicionalidad de los militares, como tampoco le importó llegar a acuerdos tácitos con el crimen organizado para controlar la violencia a cambio de permitir su intromisión en las elecciones.

Con el pretexto del combate a la corrupción ha acrecentado su poder. La atávica corrupción del sistema político mexicano se mantiene.

En las listas internacionales México aparece como un país más corrupto. ¿O no es corrupción al más alto nivel que el presidente minimice el plagio de una ministra de la suprema corte? ¿No es corrupción que el presidente tolere el plagio de su procurador de justicia para obtener el beneficio del SNI? Corrupción es que el presidente designe candidata al Estado de México a una persona que es una delincuente electoral.

La corrupción no se barrió de abajo para arriba. No se enjuició a nadie por la supuesta corrupción en la construcción del aeropuerto de Texcoco. Ni se enjuició a nadie por corrupción relacionada con el sistema de abasto y distribución de medicinas.

Este gobierno declaró que iría a fondo contra el huachicol, resultado: los huachicoleros duplicaron su tamaño. Esto no se logra sin una profunda corrupción. El fraude en Segalmex es mucho mayor que la "estafa maestra". Corrupción para este gobierno significa instrumento contra los enemigos.

López Obrador ha logrado disimular el aumento en la corrupción y en la pobreza gracias a la propaganda, cuyo eje es su conferencia matutina. En ese espacio juzga por encima de la ley.

En ese espacio sin ley que son las mañaneras, él es la ley. Lo que veremos en 2023 será un López Obrador aumentado, un presidente empeñado en trascender su proyecto. ¿Y cuál es su proyecto? No es erradicar la corrupción y disminuir la pobreza sino acrecentar su poder personal.

La única forma en la que los ciudadanos pueden oponerse a ese proyecto unipersonal es a través de los partidos.

A ellos debemos exigirles, en 1er. lugar, que celebren elecciones primarias para elegir a sus candidatos. Que abran decididamente las puertas de inscripción a la ciudadanía. Que se inscriban muchos precandidatos y debatan.

Debemos exigirle a los partidos: si en verdad estás a favor de la democracia, pon en práctica la democracia interna. El principio de solución a nuestros problemas debe ser democrático.

Debemos encontrar formas creativas de participación. El peligro es real. Lo advertimos desde el 2006. El peligro de la conducción autoritaria.

Debemos forzar a los partidos de oposición a que en verdad nos representen. Todo parece indicar que piensan elegir candidatos cupularmente. Sería un gran error. No se necesita a un candidato que represente a las clases medias sino un candidato que nos represente a todos, y por lo tanto popular. No llegaremos muy lejos con un candidato de élite.

Las mujeres han sido protagonistas de grandes momentos opositores. Frente a ellas, el presidente se blinda, se encierra detrás de muros de hierro altísimos.

Les teme, no las entiende, no sabe qué decirles. Es el momento para que las mujeres encabecen el movimiento que expulse al populismo autoritario de Palacio.

El presidente afirma que él no ha polarizado sino politizado al país. Él considera (marxismo básico) que politizar es crear conciencia de clase. Su lógica es clara: un país con una mayoría de ciudadanos pobres debe tener una conducción populista.

La paradoja que no pueden resolver es que el movimiento de los pobres está creando más pobres y más corrupción, comenzando por el círculo cercano al presidente.

El hedor a plagio, fraude, engaño, robo, conflicto de interés, corrupción, y traición a la patria, enmarcan el caso de la ministra espuria, Yasmín Esquivel Mossa, quien según ha salido a la luz pública, plagió su tesis de licenciatura con la convalidación de una maestra que con total cinismo intenta desviar la atención para hacer creer que la acusación en contra de su pupila es un acto de misoginia. En su defensa también ha salido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien es íntimo amigo de su esposo, el ingeniero José María Riobóo, quien fue el contratista favorito tanto en su administración como regente de la Ciudad de México, como en la de Marcelo Ebrard. Los gobiernos de "izquierda" han favorecido con muchos millones de pesos en obras a la pareja Riobóo-Esquivel, pero a cambio, la ministra, impuesta por el propio ejecutivo de la nación, ha votado a favor todos los grandes temas que le han instruido desde Palacio Nacional.

Sin sorpresa alguna, quien salió de inmediato en su defensa fue AMLO quien afirmó que cualquier anomalía cometida por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es menor al daño causado a México por el historiador Enrique Krauze y el académico Guillermo Sheridan, quien reveló el presunto plagio académico de la ahora ministra.

"Considero que cualquier error, anomalía, cometida por la ministra Yasmín cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krauze y el señor que hace la denuncia, Sheridan", declaró el mandatario durante la conferencia de prensa matutina.

Asimismo, sostuvo que quienes denuncian a la ministra han cometido delitos mayores y los acusó de tener una "actitud deshonesta". Ante esto, añadió que "el que esté libre de pecado tire la 1a. piedra".

La defensa de AMLO a la ministra tiene una razón de ser: es ella quien ha votado a favor todos los asuntos que han llegado a la Corte con etiqueta especial desde Palacio; ayudó a la exoneración de Pío López Obrador, votó en contra la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica de Bartlett, a favor el decreto militarista, y fue la única que avaló la Prisión Preventiva Oficiosa.

A cambio, el esposo de la ministra, el ingeniero José María Riobóo, ha sido el contratista favorito en las administraciones de López y Ebrard.

Hay que decir que el plagio no es un asunto nuevo en el gobierno de la 4T, baste recordar al polémico fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien fue señalado de haber cometido plagio en al menos 2 trabajos: sus libros de Guillermo Prieto y el que habla de Ignacio Allende. Pero con él no sucedió nada.

En cambio ahora, el escándalo es mayúsculo, ya que también con apego a derecho, deberían quedar inválidas las sentencias en las que intervino la ministra Esquivel, quien ahora sabemos, ha resultado una distinguida y fiel integrante de la 4a. Transformación, siendo que cumple a la perfección con la exigencia del presidente de 10% capacidad y 90% lealtad.

Ojalá esta vez sí se aplique la justicia y veamos caer a una ministra espuria y corrupta.

La carrera judicial de Yasmín Esquivel Mossa está herida de muerte, o si se prefiere, herida de tesis. Guillermo Sheridan clavó la espada en los blandos, ahí donde la muerte es inevitable. Aunque ella siga tirando sablazos a diestra y siniestra, no hay manera de que la ministra y candidata a presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda explicar cómo apareció una tesis idéntica a la suya escrita al menos un año antes sin recurrir a las narraciones mágicas, que no suelen tener peso jurídico, pero ya sabemos que hasta eso puede suceder en un país donde el surrealismo es costumbrismo.

Lo normal en un caso como este es que la universidad invalide el título. Si eso sucede la ministra tendría que dejar su cargo. Si no lo hace, si a pesar del escándalo consigue que la UNAM no invalide el título y ella continúe como ministra, la sombra de la corrupción quedará siempre atada a su historia y sus decisiones. De nada sirven las cartas de sus sinodales de licenciatura o doctorado. Nadie ha puesto en duda o cuestionado (al menos no en este caso) la capacidad o méritos personales de la ministra, si era buena o mala estudiante, sino simple y sencillamente si la tesis de licenciatura que presentó fue escrita por ella, si la copió con sus propias manos o incluso si la compró, pues el hecho de que la tutora en ambos casos, la de la original y la copia, sea la misma persona, la maestra Martha Rodríguez Ortiz, abre una enorme sombra de duda al respecto. Para los efectos da igual.

Como es costumbre entre nuestra clase política, la reacción de la persona señalada por corrupción será tratar de culpar al mensajero. Nada que no hayamos visto repetirse una y otra vez a lo largo de los años. Pero otra vez, importa muy poco. Pueden hacer pedazos a Guillermo Sheridan en las redes y la mañanera, o pueden alegar, como ya comenzaron a hacerlo, que se trata de un tema de género y victimizar a la señora Esquivel. Sacar el estandarte de la batalla por la igualdad de género para esconder un plagio y evitar dar explicaciones de lo que pasó hace un flaco favor a la causa, es literalmente esconderse detrás de las faldas y pantalones de quienes han librado una larga batalla por la igualdad de género.

Sin embargo, el problema de la ministra está en la Corte. Además de ganar la batalla de la opinión pública, Yasmín Esquivel tiene 10 días para convencer a sus 10 compañeros de la Corte que no hay duda de que ella escribió aquella tesis, pues no pueden darse el lujo de elegir a alguien que en unos meses pueda ser destituida. Por lo que hemos visto hasta ahora, no hay manera de que esa tesis no sea un clon.

No es la 1a. vez que Guillermo Sheridan denuncia un plagio. Lo hizo con Alejandro Gertz Manero, fiscal general, por su libro Guillermo Prieto (Biografía) de 1967, que incluía párrafos completos de otras obras. También denunció los plagios del director impuesto del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, y del escritor Fabrizio Mejía Madrid. En 2012 denunció plagios de Sealtiel Alatriste, entonces coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, a quien se había otorgado el premio Xavier Villaurrutia. No sorprende así que Sheridan haya descubierto también que la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel Mossa, presentada ante la ENEP Aragón en 1987, haya sido plagiada de una tesis sometida en 1986 a la Facultad de Derecho de la UNAM por Édgar Ulises Báez Gutiérrez.

Esquivel Mossa es esposa del constructor favorito de AMLO, José María Riobóo. Ha sido, además, una de las ministras que más ha votado en la Corte a favor de las iniciativas presidenciales. El mandatario la está claramente apoyando para ocupar la presidencia del tribunal.

La Constitución, por otra parte, no establece el requisito de contar con un título universitario para ser presidente de la república, pero sí para ser ministro, para lo cual hay que tener, "con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en derecho".

Inquieta que un gobierno que pide a los funcionarios "90% de honestidad, 10% de capacidad", haya postulado a una ministra que copió toda su tesis de licenciatura. Preocupa más que Esquivel afirme que el artículo de Sheridan, que no es un reportaje de Latinus, es totalmente falso, cuando la simple comparación de las 2 tesis convierte esta afirmación en una mentira descarada.

Ya está visto que a pesar de su estridencia y sus discursos reiterativos López Obrador no sólo no pudo combatir a la pobreza sino que en algunos renglones dramáticamente la aumentó, condenando a un mayor número de mexicanos a tratar de sobrevivir sin lo mínimo indispensable.

Obligadamente, y al ir perdiendo fuerza López Obrador, cada vez serán más los escándalos de corrupción de los integrantes de su gobierno por la discrecionalidad y derroche con que se han estado distribuyendo los recursos para programas sociales.

Esa misma clase media que en un principio en buena medida apoyó a López Obrador, que votó por él harta de los desplantes y corrupción de PRI y PAN, el propio presidente se ha encargado de maltratarla y menospreciarla día a día al grado de tenerla hoy en su contra.

Las elecciones intermedias en la CDMX son la prueba más clara de que esa clase media ya lo abandonó.

Los sueños del presidente Andrés Manuel López Obrador de ser el líder de la izquierda latinoamericana volvieron a estrellarse con la realidad. El último revés, la decisión del Gobierno de Perú de declarar persona non grata al embajador mexicano Pablo Monroy, por las declaraciones en Palacio Nacional. Sólo una vez antes había sucedido algo similar, en Bolivia. Y esa vez también fue contra las afirmaciones de López Obrador a favor de Evo Morales, que para perpetuarse en el poder, como quería el ex presidente Pedro Castillo, violó la Constitución.

López Obrador apoyó desmedidamente al ex presidente Castillo desde un principio. En diciembre de 2021, cuando el gobierno de Castillo venía en picada por su ineficiencia y desorden, envió al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y la entonces subsecretaria para el Bienestar, Ariadna Montiel, para "instruirlo" -así lo dijo- sobre los programas sociales de su gobierno para que los llevara a cabo y lo sacara de la crisis. No debe sorprender que no sirvieran para nada y López Obrador quizás vio en el colapso de Castillo una derrota, no sólo para sus programas, sino porque el congreso peruano lo destituyó cuando mediante actos autoritarios intentó destruir la democracia peruana.

Las declaraciones reactivas de López Obrador fueron una reiteración de sus mañaneras, extrapoladas a Perú. Castillo, afirmó, había sido depuesto por los conservadores que se negaban a perder sus privilegios, lo que fue un disparate al soslayar que fue su gabinete, su partido, el ejército, la policía y todas las instituciones quienes se opusieron a sus acciones, y que quien lo sustituyó, Dina Boluarte, era su vicepresidenta, venía de la izquierda y del mismo partido. Ante las críticas, el presidente mexicano rechazó ser intervencionista y dijo que sólo expresaba su opinión.

Es bien sabido que López Obrador no tiene idea del valor de la palabra de un presidente, por lo que constantemente se mete en problemas, como sucedió en 2019 en Bolivia, cuando defendió los intentos de Evo Morales por destruir la democracia, y que ante la presión a su intentona renunció, y se metió en sus asuntos internos. Como resultado, el nuevo gobierno declaró persona non grata a la embajadora María Teresa Montaño, que regresó 2 años después a La Paz tras negociaciones con un gobierno transicional.

Antes de Montaño, no hay precedente que se recuerde de una acción similar en ningún otro país. Pero a diferencia de Montaño, en el caso de Perú, López Obrador escaló el intervencionismo más allá de la retórica. Monroy, un novato que fue enviado a Lima por su relación personal con una diplomática peruana, cabildeó en el congreso y ofreció viajes a México a legisladores para que bloquearan la sesión en el congreso donde declararían incompetente a Castillo y lo depondrían.

Con dinero de los contribuyentes mexicanos, el gobierno de López Obrador intentó sobornar a diputados peruanos, algo inverosímil no por el hecho en sí mismo, sino por la forma abierta de intervenir flagrantemente en los asuntos internos de esa nación. Si López Obrador ha acusado de intervencionista a Estados Unidos porque Mexicanos contra la Corrupción recibe una ayuda limitada de la Agencia para el Desarrollo Internacional -el mayor beneficiario de este tipo de apoyos es la Secretaría de la Defensa-, con recursos presupuestales públicos, ¿de qué dimensión es lo que hizo en Perú? La analogía más cercana es con el embajador estadounidense Henry Lane Wilson, que promovió la rebelión de generales contra Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, encabezada por el golpista Victoriano Huerta hace más de un siglo.

López Obrador fracasó, y tampoco logró que se sumaran a su misma línea de acción gobiernos de izquierda como Argentina, Chile, Colombia, o el próximo en Brasil, con Luis Inazio Lula da Silva, que aunque condenaron las acciones contra Castillo, no se fueron de bruces. Ni se están yendo. López Obrador se ha quedado solo en sus extremismos, y está pagando consecuencias por lo irascible de sus acciones en las que el resto de los presidentes de la región no cayeron.

Al baile de López Obrador no se sumó nadie. La capacidad que él creía tener para persuadir al resto de los presidentes latinoamericanos, no existe. Su ambición por erigirse como el líder de la izquierda en el subcontinente, no tiene puerto de destino.

Peor aún, sus declaraciones y torpes acciones en política exterior le están restando credibilidad por todas partes. Estados Unidos, por ejemplo, ya dio señales de que a quien tendrá como interlocutor regional es a Lula, no a López Obrador, y su amigo, el presidente argentino, Alberto Fernández, actuando pragmáticamente, ha respaldado a Washington en decisiones -como la elección del nuevo presidente del BID-, contra lo que deseaba el mexicano.

Todavía quiere López Obrador ser el líder latinoamericano, ha confiado a sus asesores, sin darse cuenta que nunca lo será, y que en realidad, posibilidades tampoco nunca existieron.

La iniciativa de López Obrador propone abrir unilateralmente los cielos a cualquier empresa.

¿Por qué un político que quiere que los mexicanos solo consumamos lo que producimos querría hacer una apertura tan radical? Mi impresión es que se trata solo de una amenaza. AMLO no busca abrir los cielos, ni cargar con la responsabilidad de quebrar a alguna aerolínea nacional, sino obligar a los directivos a mandar más vuelos al AIFA. Por eso presentó la iniciativa al terminar el período ordinario, lo cual le da cuando menos 2 meses para negociar. Siempre podrá retirar la propuesta si le conviene políticamente.

Para el presidente el que su aeropuerto esté vacío es una afrenta personal. Chantajear a las aerolíneas es una forma de llevarle vuelos al AIFA. No creo que llegue a abrir los cielos como ha amenazado.

El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro (JEF) cubre apenas al 21.2% de su población objetivo, revela un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En la revisión destaca que aunque la medida tiene propósitos planteados desde la dimensión escolar y la experiencia del estudiantado, no existe una articulación clara con la organización educativa y no se le involucra como parte del entramado de la operación.

El análisis del Coneval señala que el JEF no cuenta con una población potencial definida en sus Reglas de Operación. En el diagnóstico de marzo de 2022 equivale a toda la matrícula de estudiantes de educación superior menores de 29 años, de nivel licenciatura en educación normal, licenciatura universitaria y tecnológica y técnico superior provenientes de escuelas públicas, que se calculó en 3'625,394 alumnos.

La mayoría de becarios consultados manifestó que el JEF no tiene canales de comunicación claros y que su referente más cercano no posee información para muchas de sus preguntas, lo que puede deberse justamente al distanciamiento con la organización educativa con la que se diseñó y opera el programa.

El Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez otorgó apoyos económicos a menos de la mitad de su población objetivo, durante el año pasado, refiere un análisis del Coneval; detalla que la cobertura se quedó en 42%.

Las familias con estudiantes de localidades con alta marginación o en situación de pobreza son la población objetivo de estas becas. A pesar de ser un programa social prioritario del gobierno federal, en 2021 no alcanzó a toda la población que requiere el apoyo. La evaluación del Coneval subraya que el programa carece de estrategias de seguimiento a los becarios que permitan medir si contribuyen a continuar sus estudios.

"No se identificó que se dé seguimiento a la trayectoria educativa. Es decir, no se realiza seguimiento relacionado con la permanencia y tránsito al siguiente grado escolar", expone el documento.

El programa monitorea únicamente si los estudiantes reciben los apoyos y a través de qué medios, por lo que el Coneval recomienda seguir la trayectoria de los becarios tras recibir la beca por 30 meses.

Coneval reporta que las fallas constantes en los cajeros automáticos de los Bancos del Bienestar, las pocas sucursales que tienen y un flujo de efectivo limitado dificultan a las familias cobrar las becas. Ante las limitaciones con las que operan sus cajeros, algunas familias pagan comisiones en otros bancos para retirar ahí el dinero, lo que reduce el monto que efectivamente reciben de la beca.

El estudio refiere que falta información clara sobre el calendario de pagos y la periodicidad con la que se otorga la beca porque los apoyos destinados a los estudiantes de educación media superior se dispersan fuera del ciclo escolar.

Adicionalmente el Coneval identificó que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez funciona sin una estructura operativa aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto implica que el personal de este organismo labora sin que sus actividades estén normadas o documentadas.

El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, Becas de Educación Básica y Universal, forman parte de los programas prioritarios del gobierno federal, que buscan brindar una atención integral alrededor de los riesgos asociados a la seguridad en el ingreso y desarrollo humano.

El pago de las becas se realiza por transferencias electrónicas a cuentas bancarias seleccionadas por los becarios, lo que promueve la transparencia y facilita la operación del programa.

Hay algunos pendientes para fortalecer una implementación más adecuada del programa; por ejemplo, no expone las razones de exclusión de los estudiantes no beneficiados; asimismo, se identificó la necesidad de dar mantenimiento y mejorar la plataforma electrónica en la que se hace el registro de los estudiantes para ingresar al programa.

El Coneval presentó un estudio en el que advierte que, de los 237 indicadores medidos de los programas sociales, 44% registra un avance rezagado o muy rezagado en el cumplimiento de la meta sexenal, es decir, avanzaron menos de 23% respecto de lo que se programaron alcanzar al 3er. año de la administración.

El estudio "Cómo vamos a la mitad de la administración: análisis sobre el avance y cumplimiento de metas de los objetivos e indicadores de los programas del ámbito social derivados del Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024"; especifica que los rezagos en los indicadores pueden explicarse, sobre todo, por el impacto de la pandemia de COVID-19.

"La pandemia visibilizó la falta de flexibilidad y de mecanismos de acción que tienen las dependencias ante factores externos para realizar ajustes sobre su planeación estratégica", se expone en el documento.

Los 3 programas con mayor cantidad de indicadores en retroceso son el Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, el Institucional del IMSS y el Institucional del Insabi.

Mientras que los programas: Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; el Especial de Cambio Climático, el Nacional de Juventud, el Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Nacional de Vivienda y el Nacional Hídrico, no cuentan con reportes de información sobre sus avances en más de 60% de sus indicadores.

A la mañana siguiente a que alguien disparó para matarlo, Ciro Gómez Leyva dijo en su programa de radio que él no caería en la tentación de culpar a nadie porque no tenía elementos. Lo que encontró como respuesta del gobierno fue un desenfrenado apetito por exonerar a alguien: al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde las voces afines al poder se echó a andar una campaña para presentar al periodista como principal sospechoso del ataque en su contra. Lo revictimizaron, criticaron su reacción en medio de un intento de asesinato y lo acusaron incluso de tener una camioneta blindada, como si el clima de violencia contra los periodistas en México no fuera el peor del mundo, literalmente.

Luego se alentó la versión de que detrás del atentado estaba el narcotráfico. Que si por algún reportaje, comentario o entrevista. ¿Las poderosas organizaciones criminales no calcularon que un ataque a alguien de tan alto perfil iba a obligar a una reacción del gobierno? ¿Por qué les interesaría despertar un clima hostil si están viviendo un sexenio de oro: tienen poder económico, influencia política, libertad de actuación y abrazos en vez de balazos? ¿Por qué querrían descomponerle el tablero a su principal aliado estratégico, el presidente AMLO?

Y la cereza la puso el propio López Obrador en su conferencia mañanera de ayer: después de descalificar a Ciro y tacharlo de "vocero de los conservadores" (fuimos varios los señalados en esa lista), sugirió que sus adversarios podrían haber orquestado el atentado con tal de desestabilizar a su gobierno. El remate de López Obrador fue de antología: "Ahora se hacen las víctimas", dijo burlón en referencia a los periodistas, incluyendo a quien había sido justamente víctima de un intento de asesinato.

El objetivo central ha sido que permee la idea de que AMLO no tiene la culpa del atentado. Sí la tiene. Lo único que está por verse es en qué grado. Porque en lo que se decantan las hipótesis, hay algo innegable: el responsable principalísimo de devaluar la vida de un periodista en México es López Obrador, que desde hace 4 años, todos los días, sin cesar, insulta y descalifica moralmente al gremio. Ha fomentado una atmósfera en la que violentar a un periodista no es grave porque se lo merece. La normalización de la violencia, los asesinatos de periodistas, las agresiones a la libertad de expresión desde todos los niveles de gobierno, empezando por el presidente, lo ilustran por igual. En la mañanera siguiente al atentado, 57 minutos después de solidarizarse con Ciro, ya estaba agrediendo a otros medios de comunicación y periodistas. Con Ciro tuvo la "cortesía" de esperarse hasta el lunes para calumniarlo.

El adoctrinamiento de cada mañana nos ha dejado claro que en el México de López Obrador, él es quien pone las reglas. Y se vale pisotear la ley, abusar del poder, embestir contra la democracia y suprimir moralmente al que piensa distinto o se opone a los designios del líder. Ese es el mensaje. Un mensaje de violencia y de odio. El responsable inicial es uno: es el que vive y despacha en Palacio Nacional. Los ejecutores de esa nueva doctrina son muchos y gozan de impunidad.

Nadie está a salvo.

El presidente arrancó esta semana muy enojado con los medios. No es de extrañarse, pues la mayor parte de las columnas políticas de este lunes se refirieron al atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva en el contexto del discurso incendiario, descalificador y difamatorio que Andrés Manuel López Obrador utiliza frecuentemente en las mañaneras. El presidente no decepcionó. Nuevamente sacó su lengua cuerno de chivo para elevar su apuesta y responder, a todos los que le pidieron moderar sus ataques y evitar más polarización, que están soñando si creen que eso va a suceder.

López Obrador comenzó su más reciente embestida contra periodistas a partir de una de esas preguntas a modo, ordenadas a los titiriteros de Palacio Nacional por el vocero presidencial y jefe de propaganda, Jesús Ramírez Cuevas, donde en medio de la nada dijo que "muchos de sus adversarios en los medios de comunicación quieren que ya no haya más mañaneras". Esto es falso. Nadie ha pedido que no haya mañaneras, pero este recurso de la mentira es habitual para que el presidente pueda tener la justificación para abordar un tema de alto interés coyuntural. Como ayer.

La molestia contra las mañaneras (invento del presidente), dijo, es "porque ya no son los voceros del régimen o de la oligarquía los que dominan la información" (el manido recurso politiquero contra la crítica), "que han querido contrarrestar lo que se está haciendo con ataques constantes, planeados en los medios de información convencionales". No hay ataques, sino cuestionamientos a sus políticas y ocurrencias. No hay planeación, sino reacción al enorme espacio diario que ocupa en la arena pública. Y la plaza son los medios convencionales porque son donde se informa la población.

Los medios convencionales que tanto denuesta, son a los que él y sus voceros recurren para tener voces y espacios favorables al gobierno. Tienen tribunas en la radio y la televisión, donde algunos son claramente propagandistas y otros se manejan con mayor sutileza e inteligencia, pero sin el éxito esperado porque, objetivamente hablando, ¿cómo se pueden defender tantas mentiras? Han buscado en Palacio Nacional la defensa del régimen con columnas en la prensa, donde reclutaron plumas a su servicio pagadas por el erario -hasta 200,000 pesos mensuales en algunos casos- para que presenten el punto de vista del presidente. Tampoco les ha funcionado.

La versión de López Obrador es antagónica, porque sus antídotos resultaron menos creíbles y eficaces. No quieren las mañaneras (repitió la mentira el presidente) porque "aun teniéndolo todo, teniendo todos los medios convencionales comprados o alquilados (afirmaciones sin pruebas), o como parte de sus empresas, quisieran que no existiera el derecho a disentir (otra falsedad), la réplica (más mentiras), muestran su autoritarismo y se aprovechan de circunstancias lamentables como esta situación de Ciro Gómez Leyva".

Ya expresó su solidaridad, dijo el presidente, y se ha ordenado una investigación para ver todas las hipótesis, menos una que debía descartarse, agregó, que es aquella donde el atentado pudo haber sido realizado por su gobierno. Interesante que lo mencionara, porque no hay ninguna columna política de sus "adversarios" que sugiera que así fue. ¿Por qué sacó de su pecho esa posibilidad? Sólo él lo sabrá para haber tirado línea a la Fiscalía General de la Ciudad de México que esa hipótesis no debe ser explorada, como si López Obrador sospechara que los autores intelectuales del atentado son de casa. Para efectos de la investigación, no ayuda en nada que el presidente sea propagador de rumores y de carta de legitimidad en la mañanera a habladurías.

Que lo haga no es nuevo. Lo nuevo en la coyuntura actual es el momento delicado que se vive. El atentado contra Gómez Leyva, como se abordó este lunes en la prensa política, se dio en condiciones de polarización y ataques del presidente contra periodistas y medios. López Obrador, lejos de detenerse a la petición de moderación mantuvo su línea beligerante. "Ya es de dominio público que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo, entre los que están, y lo digo con mucho respeto, Ciro y (Joaquín) López Dóriga y Denise Maerker, y Claudio X. González, aunque no es periodista, pero es empresario, y (Carlos) Loret de Mola.., diferencias que vienen de lejos".

De tan lejos como la elección presidencial de 2006, en donde López Obrador se encuentra atrapado en sus traumas y obsesiones, fijaciones que le impiden ver el bosque. Como dijo ayer, criticando los cuestionamientos de que se estigmatiza en las mañaneras, porque ahora se hacen las víctimas. "Si yo les recordara lo que han hecho todo este grupo, que son de la élite, de los más selectos de los medios de información que hasta ganan un millón de pesos mensuales".

Entonces, a quienes mencionó los considera tontos, un insulto gratuito y sin contexto alguno salvo sus fobias conocidas. Ya no sólo estigmatizó -porque sí, el presidente ofende la dignidad de las personas en las mañaneras, no sólo periodistas, o volvió al mencionarlos, a colocarlos como blanco para que puedan atacarlos quienes, como en el caso de Gómez Leyva, lo intentaron, sino que abrió la posibilidad de secuestros, al especular que "ganan hasta un millón de pesos mensuales. Y ni que fueran lumbreras, ni que fueran tan inteligentes".

El presidente estaba ayer completamente descolocado, sin temple, sin ideas frescas, sin iniciativa. El atentado a Gómez Leyva lo desconcertó, porque piensa que fue un autoatentado para perjudicarlo a él, y la crítica generalizada en la prensa política lo rebasó. López Obrador ha demostrado carecer de inteligencia emocional y es presa de sus propios arrebatos. Ayer pudo haber actuado con prudencia política y soslayar las críticas en la prensa, pero no es posible. No se puede contener. No piensa fríamente las consecuencias de sus palabras y el demérito que producen para su propia persona e investidura.

López Obrador está rebasado por la realidad y está reaccionando con el estómago, no con la cabeza. Es un presidente violento al frente de un país violento, donde ya todo puede pasar.

Ante cualquier conflicto, siempre hay una estrategia infalible para huir hacia adelante: hazte la víctima.

Andrés Manuel López Obrador utiliza esa estrategia, convertirse en la víctima, para desviar la atención y atenuar la gravedad del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

Con el talento de un paciente psicótico, el egocentrismo de un infante y el cinismo matusalénico forjado en casi 5 décadas de carrera política, el presidente sugirió que detrás del atentado podría haber una estrategia para dañar a su gobierno.

"Sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos (...) Pero también que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con estas características".

Como si no le bastara, el presidente advirtió -dando por hecho lo que antes planteó como suposición- que "una vileza" así "no tendría efecto", pues su seguidores saben de la pureza de sus convicciones.

La víctima real, en este caso Gómez Leyva, pasa así a 2o. plano para convertirse sólo en un instrumento para amenazar al régimen transformador.

En política, la victimización o victimismo se utiliza como una forma de retórica demagógica para descalificar a un adversario en vez de rebatir sus argumentos. En este caso, el presidente lo utiliza para evitar una confrontación traumática con la realidad: la violencia desborda el México que gobierna [es un decir - aclara el webmaster].

Contra esa realidad, el político mártir busca adversarios ocultos y al acecho. El mentiroso quiere simplemente que crean su mentira. El victimista, en cambio, busca construir una verdad alternativa, indemostrable y producto exclusivamente de la especulación -recordemos los alternative facts de Trump.

En la política de las redes sociales y la hiperconectividad, en donde la mañanera se inserta como una exitosa mercancía propagandística, importa no tanto aquello que se demuestra con hechos como lo que se insinúa como probable.

Difama, que algo quedará, dicen los maestros del arte del agravio. Nunca como en esta época la frase ha sido tan penetrante y efectiva.

Es difícil refutar al presidente porque todas las mañanas basa su estrategia en sugerencias de este tipo que no son afirmaciones categóricas. En cambio es fácil demostrar cuando el presidente se victimiza. Otra forma de demagogia para enmascarar la realidad.

No hay nada peor que el lloriqueo del poder. Pocas cosas son tan patéticas como un presidente o gobernador quejándose de lo que le hacen los opositores, de que no valoran los esfuerzos del gobierno o de lo difícil que es gobernar. Cuando el poder se asume como víctima deja de ser el punto que aglutina para convertirse en el polo que repele. López Obrador está decidido a ser la 1a. víctima de la nación y su victimización raya ya en un nivel enfermizo. Ahora resulta que a los periodistas les disparan para afectarlo a él. Su falta de empatía es sorprendentemente ególatra, pero más lo es el rencor.

El hombre que repite una y otra vez que no es rencoroso, que lo suyo no es la venganza, es sin embargo capaz de recordar uno a uno a los periodistas que reportaron su derrota de 2006 y los acusa de conspiración por haber transmitido en vivo y desde el IFE los resultados de la elección más cerrada de la historia. Lo que reportaron los periodistas en vivo aquella tarde y noche fue el resultado del conteo de votos, como se hace cada elección. El reclamo del presidente es que al hacerlo así hicieron llorar a muchos. Literal.

Sorprende sin embargo lo selectivo del rencor. Reportar en vivo fue un acto de reflejo periodístico: era la nota, como decimos entre colegas. Pero, la decisión tiene que ver fundamentalmente con las empresas. Es decir, detrás de los periodistas hay empresarios y ejecutivos de las televisoras que tomaron la decisión de hacerlo así. ¿Por qué el presidente nunca habla de ellos?, ¿por qué no los toca si ellos son, en todo caso, quienes tenían la interlocución con el poder? Por una sencilla razón: al presidente no le interesa [todavía, ya les llegará su momento, - aclara el webmaster] enfrentarse con ellos, quienes, por cierto, siguen haciendo negocios y traficando influencias desde el día uno de este gobierno.

Baste recordar con quién celebró el hoy presidente el triunfo del 1 de julio de 2018. Además de sus empresarios favoritos como Daniel Chávez, al festejo privado después del discurso del Zócalo fueron invitados todos los dueños o presidentes de las televisoras. Ahí estuvieron Bernardo Gómez, de Televisa; Ricardo Salinas, de TV Azteca; Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Imagen, entre otros. Esos que pactaron con el poder para reconocer el triunfo de Felipe Calderón en 2006 fueron los mismos con los que pactó López Obrador en 2018. Con ellos no hay rencor, por el contrario, hay amor del que se paga con más amor.

Hay algo profundamente hipócrita en el reclamo de López Obrador a los periodistas. Lo que le molesta no es la estructura de poder de los medios de comunicación sino las voces críticas, cualquier cosa que le pueda hacer sombra a la omnipresencia de su voz y el monopolio de la enunciación. Su rencor es selectivo.

Por la solidaridad mostrada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el viernes pasado en su rueda de prensa mañanera con el periodista Ciro Gómez Leyva por el atentado que sufrió la noche del jueves, creí que por su impacto ese nuevo episodio de violencia contra otro comunicador provocaría un cambio, o al menos un freno en el discurso polarizador del presidente, especialmente contra la prensa y los periodistas que le son incómodos.

Aunque refirió las diferencias que mantiene con Ciro, lamentó la agresión, reconoció que de haberse cometido el crimen se hubiera generado "mucha inestabilidad política" y le aseguró que "no estaba sólo" y que su gobierno estaría pendiente de las investigaciones para dar con los responsables. El mismo viernes, desde su programa de radio, Gómez Leyva le agradeció el gesto. "Por 1a. vez diré: gracias, Andrés", dijo el aún conmovido Ciro tras el ataque del que salvó la vida por el blindaje de su camioneta.

Ayer el presidente embistió de nuevo contra Gómez Leyva, al que había descalificado por enésima ocasión 24 horas antes de su atentado, al afirmar que escuchar a Ciro, a Loret de Mola o a Sergio Sarmiento podría provocar hasta "tumores en el cerebro". Al hablar del atentado, López Obrador se refirió a Ciro como "vocero del conservadurismo", quien le cuestionó a López Obrador las nuevas agresiones en su contra luego de su respaldo el viernes pasado. "Estoy contigo y viene un escupitajo en la cara", le reprochó Ciro ayer desde su programa, "se tardó 72 horas, pero llegó la agresión. Él dirá que no es agresión, que es política".

Pero no sólo eso. El presidente se alineó a los comentarios que en redes especularon que el atentado contra el periodista pudo haberse orquestado por los que no concuerdan con el gobierno de la 4T. Sin pregunta de por medio, el presidente dijo que "sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos. Por ejemplo, que sea un grupo de la delincuencia organizada (...) de grupos contrarios a nosotros, para atacarnos".

Preocupante y de alto riesgo para el país que la empatía del presidente con Ciro haya sido tan fugaz, y su apuesta siga siendo la polarización que podría abonar a que arrecie el fuego contra periodistas y otros actores sociales que hagan escalar la crisis de inseguridad y violencia que padece el país.

Aunque afirma que no busca un cargo público, el que regresó con todo contra Morena y Andrés Manuel López Obrador es el ex gobernador Emilio González Márquez, quien se sumó al Foro Plural Jalisco.

Llama a la población a sumarse contra López Obrador porque se pretende reelegir.

Rosario Piedra Ibarra, como presidenta de la CNDH, tiene la oportunidad de presentar 2 candidatos a suplir a los consejeros del INE...

Si, la abyecta y tramposa Rosario, que perteneciendo a morena, los senadores hicieron chapita para IMPONERLA ahí.

Sin el aval de su consejero consultivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) designó como integrantes del Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a consejeros electorales a 2 personajes afines a Morena.

Consejeros de la CNDH y senadores del PAN criticaron la opacidad con la que la presidenta del órgano, Rosario Piedra Ibarra, hizo la designación.

En un pronunciamiento público, integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH denunciaron que fue en la sesión del jueves pasado cuando se enteraron que Piedra Ibarra había designado a María del Socorro Puga Luévano y a Ernesto Isunza Vera como integrantes del Comité Técnico de Evaluación que deberá quedar instalado a más tardar el 6 de enero.

Los consejeros acusaron que las designaciones se realizaron en "total opacidad" y contraviniendo los lineamientos establecidos por el propio organismo, según los cuales, estas tenían que realizarse bajo los principios de apertura de información y máxima publicidad.

"Como Consejo Consultivo queremos dejar claro que la manera en la que eligieron a las 2 personas no fue ni 'con la mayor apertura ni con la máxima publicidad que reclama la elección'. Si las personas consejeras no hubiésemos exigido poner el tema en la mesa en nuestra sesión, nos habríamos enterado por los medios de comunicación", revelaron.

Los consejeros demandaron que las personas propuestas cumplan con el perfil y la imparcialidad político-partidista que demanda el cargo.

Fue la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, quien denunció que las personas propuestas por Piedra Ibarra son personajes cercanos a Morena, pro gobierno y críticas a los partidos de oposición.

Aseguró que Puga Luévano se registró como militante de Morena en San Nicolás Garza, Nuevo León, en enero de 2014, que contendió bajo esas siglas por una regiduría en dicho municipio y que su hermana fue presidenta del partido en Nuevo León.

Sobre Isunza Vera, detalló que es un investigador veracruzano con una agenda pro Morena y en contra de la oposición, como se desprende de sus publicaciones en redes sociales. Además, agregó, ha sido crítico de la marcha en defensa del INE.

La senadora anunció que solicitaría juicio político en contra de Piedra Ibarra si designa como integrantes del Comité Técnico a incondicionales del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Anunció que solicitaré juicio político en contra de la señora Rosario Piedra para que sea destituida de su encargo e inhabilitada para ocupar otro cargo o empleo en el servicio público si es que nombra a 2 personas incondicionales a López Obrador para decidir quienes serán los próximos consejeros del INE", indicó.

Después del atentado contra Ciro Gómez Leyva se han dicho todo tipo de tonterías en las redes sociales. En un país donde del presidente para abajo se ha renunciado a pensar para dedicarse a insultar, un atentado como el del jueves pasado es campo fértil para que afloren los más mezquinos sentimientos de uno y otro lado. Desde la Rayuela (el mini editorial) del periódico La Jornada pasando por el secretario de Promoción Económica de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, hasta quienes quieren ver en este atentado la mano directa del presidente, sin argumentos, sino por el simple placer de acusar.

Confío en que se detendrá a los atacantes directos, pero dudo que realmente sepamos de dónde vino la orden de atentar de esa manera contra un periodista. Peor aún, lo que se diga se pondrá en duda y como suele suceder en estos casos, nada será creíble simple y sencillamente porque a fuerza de torpedearnos los unos a los otros hemos desbaratado la base mínima de la confianza en las instituciones.

Que el presidente no haya dado la orden, como absurdamente se señala en algunos comentarios, no quiere decir que no sea responsable en gran medida de lo que sucedió. Un ataque de esta magnitud no puede abstraerse del contexto en el que se da. La pregunta no es sólo quién lo hizo sino por qué lo hizo, y sobre todo por qué alguien, quien haya sido, se siente con la absoluta tranquilidad de atentar contra los periodistas que le incomodan. La semana pasada fue Ciro, por suerte sin consecuencias, pero antes fueron Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, Luis Enrique Ramírez y un tristemente largo etcétera de periodistas asesinados en este país ante la indolencia de las autoridades locales y el más profundo desprecio del gobierno federal.

Si el presidente de la república ataca todos los días a los periodistas desde la mañanera (y dejen de decir, por favor, que eso es derecho de réplica); si los ataques a los periodistas no se investigan ni se castigan, sino que por el contrario, se revictimiza a las y los periodistas con frases como "quién sabe en qué estaría metido"; si los abrazos son para quienes ejercen la violencia y los ataques para los que ejercen el derecho a disentir; si los cuestionamientos no se responden con información sino con descalificación; si el 98% de los asesinatos queda impune, por qué nos extraña entonces que alguien se sienta con derecho de atentar contra quien, por la razón que sea, considera que le estorba.

Las palabras importan. Es momento de que todos, del presidente para abajo, pasando por gobernadores, funcionarios y por supuesto los periodistas, nos hagamos cargo de las consecuencias de nuestras palabras. Pero no olvidemos una pequeña diferencia: la libertad de expresión y el derecho a la información son de los ciudadanos y los obligados a respetarlo y a asegurarlo son quienes detentan el poder.

El presidente está convencido de que no existe un riesgo -humano, institucional o a nivel sociedad- que se compare con la posibilidad de que él lleve a cabo lo que cree que es una transformación de México.

El atentado en contra de Ciro Gómez Leyva del jueves pasado es visto en Palacio Nacional como una más de las anécdotas ocurridas en estos años de revolución "pacífica".

Y en la mañana misma del viernes, cuando apenas dedicó un par de minutos a lamentar el atentado, López Obrador no desaprovechó la ocasión para continuar denostando a prensa y críticos. Ni ese día se contuvo.

El presidente no frenará la polarización ni aminorará su talante denostativo, no dejará de dividir, de descalificar ad hominem, y de asumirse como la bujía de una maquinaria que debe avanzar cuanto pueda, sin reparar en costos, a fin de hacer tan duradero e irreversible el desbaste que ha emprendido.

Menos de 48 horas antes del atentado, López Obrador dijo en la mañanera que escuchar a Ciro (y a otros) podía generar un tumor cerebral. Tan grosera desmesura no ha sido retirada por el presidente. Hacerlo no le implicaría aceptación alguna de vínculo entre sus dichos y los criminales hechos posteriores. Al contrario, le distanciaría claramente de quienes creyeron que tocaba extirpar de la prensa mexicana la postura que asume Gómez Leyva.

Queda claro que ni por este suceso el presidente se detendrá a reflexionar sobre cómo puede y debe contribuir a crear un mejor ambiente para la libertad de prensa, para que la sociedad tenga mejor información.

La prensa se combate con la prensa, ha dicho varias veces el mandatario. Si fuera fiel a eso tendría que reconocer que él ha asumido un papel indebido, excesivo y antidemocrático. Él no es prensa. Él es poder constituido y una de sus obligaciones fundamentales radica en garantizar libre ejercicio de expresión y de prensa. De los suyos, pero sobre todo de los que disienten de él. Pero, porque cree que solo vale su proyecto político, no lo hará.

Desde el viernes se desató una campaña en las redes sociales en cuentas afines a Morena donde aseguraban que había sido un autoatentado.

Tal despropósito no es nuevo. El presidente Andrés Manuel López Obrador de manera sutil, y sus principales propagandistas de manera clara y reiterada, han señalado en otras ocasiones, cuando la violencia abraza más fuerte al país, que es resultado de una acción concertada entre los "conservadores" y los cárteles de la droga para perjudicarlo. En el caso específico del atentado a Gómez Leyva, la Rayuela, un pequeño espacio editorial que publica diariamente La Jornada, preguntó el viernes: "¿Y a quién beneficia un atentado contra el periodista?".

En La Jornada trabajan varios de los asesores políticos de cabecera de López Obrador, que junto con el equipo de propaganda en Palacio Nacional, han señalado que está en marcha un "golpe blando" contra el presidente, promovido por empresarios y ex presidentes, con el apoyo de los medios de comunicación, para descarrilar el proyecto de López Obrador. La pregunta en la Rayuela y las campañas en redes buscan el mismo propósito: desviar la atención sobre la responsabilidad del gobierno federal en el atentado.

La responsabilidad del gobierno federal en el ataque a Gómez Leyva no significa de ninguna manera que piense que la orden de atentar contra el periodista salió de Palacio Nacional. Eso sería absurdo porque, a quien no beneficia en absoluto lo que sucedió el jueves por la noche es al presidente. López Obrador lo reconoció implícitamente en su conferencia mañanera del viernes, cuando señaló que "un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política". Pero al mismo tiempo, si no culpable, el presidente tiene una responsabilidad en lo que está sucediendo.

En la columna el 6 de febrero de este año, se publicó en este espacio: “Que el presidente haya decidido que sus enemigos son los periodistas, no resolverá sus problemas, sino los puede empeorar. Pelearse, insultarlos y descalificarlos, crea condiciones de alto riesgo para la integridad de los periodistas y, a la vez, lo hace vulnerable. Quizás Andrés Manuel López Obrador no se ha percatado que el bosque está ardiendo, pero para efectos de argumentación valdría preguntarse, ¿qué sucedería si uno de esos periodistas a los que ataca... fuera asesinado? No sería culpable del crimen, pero sí responsable. El costo político recaería mayoritariamente sobre él y habría inestabilidad por la tensión y la presión, como fue en 1984 por el asesinato de Manuel Buendía".

"Por la cabeza de López Obrador, queremos pensar, no cruza el deseo que muera un periodista, pero la forma como se expresa de varios comunicadores e intelectuales, con su creciente sevicia oral, con epítetos y arengas que estimulan el linchamiento digital, equivale a un llamado a la acción. El presidente actúa como si el lenguaje abusivo contra periodistas no fuera a tener repercusiones futuras, pero está equivocado. Las fronteras de respeto y civilidad están rotas y cualquier cosa puede suceder".

Fue una desafortunada coincidencia que en vísperas del atentado el presidente haya vuelto a atacar a Gómez Leyva en la mañanera. En muchas mañaneras a lo largo de los 4 últimos años, López Obrador ha señalado directamente por nombre a periodistas como sus enemigos, acusándolos de mentirosos y de servir a los grupos que, afirma, perdieron privilegios y los quieren recuperar. ¿Qué es lo que ha hecho, en la práctica el presidente? Ha establecido, inopinadamente, objetivos de ataques.

Si existen grupos que quieren desestabilizar su proyecto, el presidente ha identificado en los periodistas dónde le duele más. López Obrador tiene el derecho de replicar a la prensa y mostrar su inconformidad por lo que se publica o se opina. A lo que no tiene derecho, porque violenta el principio de proporcionalidad y abusa de la asimetría de su palabra frente a la del resto de los mexicanos, es disparar contra ese grupo.

Pero no es lo único. La politización instantánea del atentado a Gómez Leyva apresuró los tiempos. Como hipótesis que se investiga están las organizaciones criminales detrás del atentado, lo que es igualmente grave. Siguiendo en esa hipótesis, si una banda criminal se dispuso a asesinar a un periodista tan reconocido, es porque debe sentir que puede salir impune, que refleja el entorno de impunidad de criminales que ha construido el presidente con su estrategia de "abrazos, no balazos". En cualquier caso, el atentado le cambiará por completo la vida a Gómez Leyva por un tiempo indefinido. Y si el presidente tiene suerte, no habrá otro atentado contra el periodista, ni contra alguno de los que ha difamado en la mañanera.

Hay que insistir lo que se publicó aquí el 17 de febrero: "Si usted considera que tiene razón, argumente y no insulte, persuada pero no ataque. Confronte sus ideas porque el país no está en condiciones sociopolíticas para procesar sus agresiones a los medios y los periodistas". Presidente, no juegue con un destino que está claro no puede controlar.

Un presidente que toma decisiones con ira.

2 hechos que se presentaron la semana pasada muestran a un presidente enojado. Sorpresivamente, el viernes el presidente volvió a subrayar que las relaciones con el gobierno español siguen en pausa a pesar de que apenas un día antes Marcelo Ebrard y el canciller español las habían "relanzado". El gobierno español señaló que la reacción del presidente López Obrador es "incomprensible". Es obvio para cualquier observador que fue una reacción de enojo ante la decisión española de conceder un permiso de trabajo y residencia temporal al ex presidente Felipe Calderón.

También conocimos que finalmente el presidente López Obrador envió al congreso una propuesta de reforma legal para permitir que las aerolíneas extranjeras puedan hacer cabotaje en México, lo que pareciera que tiene que ver con el hecho de que el presidente está molesto ante al bajo uso que le dan las aerolíneas mexicanas al aeropuerto Felipe Ángeles.

López Obrador no se percata de que un líder político no puede descalificar constantemente a sus críticos, llamarlos corruptos, mentirosos, deshonestos o traidores a la patria, sin que alguno de sus seguidores pretenda hacerle un servicio a él y a la patria agrediéndolos físicamente. Si escuchar a Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret o Sergio Sarmiento produce tumores en el cerebro, como afirmó López Obrador en la mañanera del 14 de diciembre, ¿quién puede asombrarse de que algún fiel entusiasta de su movimiento decida que tiene la responsabilidad moral de liberar al país de alguno de estos periodistas perversos?

Muchos funcionarios y seguidores del presidente son pacíficos, sensatos y bienintencionados; pero un grupo, algunos de los cuales han encontrado acogida en la 4a. Transformación, tienen posiciones más agresivas e intolerantes. Pretenden, incluso, acusar a las víctimas de los delitos que sufren. Por ejemplo, Fadlala Akabani, ex panista, hoy secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, dijo en un tweet horas después del atentado contra Ciro: "La oligarquía rapaz y la oposición moralmente derrotada, mezquina, traidora y mentirosa, es capaz de pagar un atentado".

La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, no se ha enganchado en este discurso de intolerancia. No solo condenó públicamente el atentado, sino que de inmediato brindó protección oficial al periodista y a su familia: "Todo lo que se necesite", dijo. Encargó a su secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, también víctima de un atentado reciente, realizar las investigaciones sobre el caso.

De la misma manera, el presidente López Obrador ofreció este 16 de diciembre palabras de respaldo a Gómez Leyva: "Lo más importante es expresar nuestra solidaridad, decirle a Ciro que no está solo. Y esto lo hago por convicción, porque tenemos diferencias, son notorias, son del dominio público... Las vamos a seguir teniendo, pero es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y, en este caso, de un periodista como Ciro Gómez Leyva". Esto no le impidió, sin embargo, denunciar en la misma mañanera a quienes "viven de este régimen de corrupción, todos ellos", porque pertenecen al grupo de Krauze, al grupo de Aguilar Camín, al grupo de Reforma.

No, López Obrador no ha entendido el poder que tienen sus declaraciones. No conoce la frase de Jean-Paul Sartre: "Las palabras son pistolas cargadas". Se ha negado a ser el presidente de todos los mexicanos y sigue usando sus conferencias de prensa para cargar contra sus supuestos adversarios. Piensa que puede resolver el problema de un atentado contra un periodista expresando "solidaridad" mientras sigue repartiendo expresiones de intolerancia y descalificación.

La prensa es "el enemigo del pueblo", decía Donald Trump, el amigo de López Obrador. Pero no, el verdadero enemigo es el gobernante que piensa que su popularidad le da licencia para acosar a quien se atreve a tener una opinión propia.

CABOTAJE

Es otra venganza de AMLO. Como las aerolíneas mexicanas no van al AIFA, el presidente ha mandado al congreso una iniciativa para legalizar el cabotaje en territorio nacional de empresas extranjeras. Casi ningún país lo hace. La medida beneficiaría a los consumidores, y por eso la aplaudo, pero es una simple amenaza para obligar a las aerolíneas nacionales a mandar más vuelos al AIFA.

Paco Calderón
(18 de diciembre de 2022).

Vamos viendo tus desatinos, errores, arbitrariedades y estupideces:

* El "brillante" Aeropuerto Felipe Ángeles, a más de 50 kilómetros de la ciudad, sin terminar las vías de acceso y subutilizado.

* Refinería de Dos Bocas, inaugurada y que empezará a producir hasta el 2024 y por supuesto con un sobrecosto impresionante, pues ya vamos con un costo de más de 16,000 millones de pesos.

* Tren Maya, acabando con el medio ambiente de la península, agrediendo la naturaleza y destruyendo los tesoros arqueológicos.

* La estupidez y arbitrariedad de rebajar el presupuesto a los municipios, todo para tener recursos para tus obras faraónicas, dejándolos sin defensa pues lo que primero bajó fue la seguridad.

* Retrasar la construcción de la presa del "Zapotillo" tan necesaria e importante para Jalisco y Guanajuato.

* Tus pretendidas reformas a la Constitución, que cuando no lo logras, entonces te vas por las leyes secundarias poniéndolas arriba de la Constitución para lograr tus objetivos, como la Reforma Eléctrica y todo para poder hacerlo con tus votos en donde priorizas a la CFE con su energía fósil (sucia) en lugar de la energía limpia (solar y eólica).

* Dejar al Ejército hasta el 2028 en las calles y dejando la Guardia Nacional depender de las fuerzas armadas, o sea militarizando al país.

* Querer acabar con el INE y con el Tribunal Federal Electoral, quitándole presupuesto, funciones y personal, adueñándote del padrón electoral para poder moverlo a tu antojo y regresar a cuando la Secretaría de Gobernación era la dueña de las elecciones. Nunca reconociste que gracias al INE y el sistema electoral que tenemos estás tú y tu partido en el poder.

* Tu injerencia e intromisión en asuntos de otros países, como en Argentina en el caso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner o con el depuesto presidente de Perú Pedro Castillo por su golpe de estado y corrupción, ofreciéndole asilo político en nuestro país.

* Proteger a los partidos aliados de Morena sólo para conservar sus votos, como son el Verde y el del Trabajo, que han sido rémoras de todos los partidos y ahora de Morena, esto es para que no desaparezcan, aunque no alcancen el 3% que marca la ley y según tu nuevo Plan "B" ya votado poderles pasar votos de Morena para conservar su registro.

* La ridícula "rifa del avión" que fue un fracaso como todo lo tuyo.

* La marcha de la "revancha" realizada después de la marcha organizada por la sociedad en defensa del INE y que no fue de tu agrado su éxito.

* El hackeo de la información de seguridad del país hecho a las fuerzas armadas y que no le diste importancia.

* Tus "corcholatas" a las que llamaste así por falta de respeto, los cuales sin haber renunciado a sus cargos hacen sus campañas con recursos públicos y se ponen zancadillas entre ellos.

* La violencia y muerte en el país que no has podido detener, sino que sigue creciendo rebasando los números de todos los sexenios anteriores.

* La escasez de medicinas y el atraso del sector médico en el país, no obstante que nos habías prometido un sector de salud sólo comparable con el de Dinamarca.

* El freno que pusiste a la prisión preventiva, ya que lo que quieres es seguir encarcelando y después averiguando.

* Seguir buscando la verdad de Ayotzinapa a tu entera conveniencia, manteniendo y culpando al procurador de ese tiempo Murillo Karam a quien mantienes en prisión.

* El querer seguir con tus ridículas consultas populares como la que frenó el Aeropuerto de Texcoco, el cual ya estuviera terminado y sería el mejor de Latinoamérica y no los fallidos aeropuertos que actualmente tenemos en la Ciudad de México.

Consideramos que esta reforma es un intento del grupo en el poder para imponer una sola voz y un solo punto de vista, -por demás autoritario-, sobre lo que debe ser un proyecto democrático de país, sin consultar a la ciudadanía y sin el planteamiento de un amplio consenso de la comunidad.

Esta reforma se percibe que solo responde a un interés que pretende censurar la diferencia de ideas y opiniones. Que quita a los ciudadanos la posibilidad de seguir organizando las elecciones y que pretende imponer lo que históricamente hemos conocido como argucias de mapaches o defraudadores electorales. Algo que ya había sido por demás superado.

Es claro que este comentado "Plan B" de reformas electorales violenta abiertamente el Estado de Derecho y la constitucionalidad, ya que no busca en lo absoluto la reducción de gastos electorales, sino solo el control de un grupo en las elecciones federales, locales y municipales.

Los integrantes de este foro, aquí presentes, coincidimos en que es factible una reforma que perfeccione tanto al Instituto Nacional Electoral (INE), como al sistema político y electoral de nuestro país. Pero esta intención de reforma debe darse necesariamente "con la opinión de la ciudadanía".

Por lo anterior exigimos a la Cámara de Senadores y Diputados:

• Retomar su papel de contrapeso y que dejar de actuar como comparsa del ejecutivo federal al omitir el debate y discusión de un tema tan trascendental como lo es una reforma electoral. Estaremos en lo individual y en lo colectivo expresando en redes sociales nuestra posición ciudadana.
• Abandonar las prácticas de opacidad del acto administrativo, pues es obvio que lo que hacen es lo que comúnmente se conoce como leguleyada del procedimiento legislativo, práctica que sólo fomenta la violación al Estado de Derecho y en este caso se estigmatiza cada vez más nuestra a democracia.
• Compeler a los representante populares en el H.Congreso de la Unión, de los partidos de oposición PAN, PRI, PRD y MC, presenten de inmediato una acción de inconstitucionalidad y no cejar en detener este atropello a la democracia y nuestras libertades. (En caso de que esta reforma sea aprobada.)
• Convocar a la discusión, debate y fincamiento de medidas de presión para prevenir que la mayoría de Morena en el Senado actúe irresponsablemente y bajo los intereses de su líder, que como de su Iniciativa de Ley se desprende, ha demostrado tiene una clara fijación por destruir la democracia mexicana.
• Invitar a la ciudadanía a la elaboración y realización de un "amicus curiae" como un recurso pleno de la ciudadanía promovido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con objeto de reforzar el rechazo de la ilegal reforma a la ley que pretende darse.

Creemos que la política no es un espacio exclusivo de los partidos políticos o de un solo liderazgo. Somos la pluralidad mexicana la que participando construiremos el proyecto de nación a la que aspiramos.

Tras advertir que una "mayoría tiránica" no puede derrotar la construcción del sistema electoral, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que vendrá una batalla jurídica por la reforma electoral.

"Hay quien pretende echar a doblar las campanas por la democracia y por el INE. A ellos creo que hay que decirles que guarden las palas porque no son tiempos todavía de entierro", expresó el consejero presidente.

El profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, Paúl Alcántar, consideró que el sistema democrático sufrirá un daño grave en la parte operativa de la institución, donde hay una reducción considerable a los recursos económicos (3,200 millones de pesos) que se dejarían de asignar al INE.

Los mismos, indicó, ayudan a atender los procesos administrativos, pero también son necesarios para los procesos de afiliación de nuevos ciudadanos al Padrón Electoral, afectando unas 300 oficinas. También está en riesgo la capacidad institucional para capacitar a la ciudadanía previo a una elección, como los funcionarios de casillas, pues el periodo se reducirá sólo a un mes.

Para Javier Soto Morales, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (UP), el "Plan B" no fue en ningún momento un proceso democrático, sino un acto arbitrario autocrático del gobierno federal, lo cual pone en riesgo el sistema democrático del país, pues debilita al INE, acaba con un organismo profesional e imparcial y pasa por alto todas las disposiciones constitucionales en materia electoral.

Los daños al sistema, acentuó, comenzarán a verse en las elecciones intermedias de 2023 (en Coahuila y Estado de México), si los legisladores de oposición no toman las acciones correspondientes para insistir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revoque lo aprobado.

Explicó que es viable y necesario que se presenten los recursos correspondientes para echar abajo lo aprobado pues, dijo, tiene inconstitucionalidades.

Por ejemplo, la Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General y órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por 5 y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección.

La presidenta del IEPC, Paula Ramírez, coincidió con Soto Morales respecto del sustento de la inconstitucionalidad, por lo cual es viable y necesario que intervenga la SCJN. "La Corte deberá de pronunciarse en torno a la constitucionalidad de estas normas, creemos que hay diversas normas que rebasan los límites que nos marca la constitución federal".

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera que las modificaciones a las leyes secundarias aprobadas abren la puerta a elecciones de estado y ponen en riesgo la elección de 2024.

"Representan una regresión para la democracia y son una afrenta para la ciudadanía que, por 30 años, ha luchado para construir instituciones sólidas que den certeza".

Es un efecto adverso muy preocupante a la economía, publica la Confederación, ya que esta reforma genera incertidumbre política ante la posible comisión de fraudes y actos irregulares de funcionarios durante las campañas. "La frágil confianza en nuestro país se ve aún más vulnerada con estas modificaciones legales que podrían ahuyentar inversiones, convertirse en un freno económico y agravar la inflación".

"Las reformas electorales de López Obrador para desmantelar al INE y beneficiar a sus aliados son un asalto a la Constitución, es un golpe de estado técnico de un tirano", declaró Jesús Zambrano Grijalba, presidente nacional del PRD.

La mayoría simple de Morena y sus aliados impusieron el "Plan B" que, por donde se le vea, representa también una grave regresión democrática. En espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiera corregir las evidentes violaciones constitucionales en las que incurren muchas cláusulas de esta reforma legal electoral, resumo en 5 puntos lo que deja este bochornoso golpe autoritario al órgano electoral, que nos costó décadas construir.

1) Por 1a. vez desde hace más de 4 décadas (incluidas las que se dieron en la fase terminal del priato, antes de la 1a. alternancia política del 2000), se impone una reforma electoral a menos de 2 años de la elección presidencial y sin acuerdos ni consensos de las fuerzas políticas en las nueva reglas para los comicios.

2) Quedó patente el contraste entre la amplia aceptación popular al trabajo del INE y el profundo desprecio que desde el 1er. momento de su gobierno mostró López Obrador a esa institución, que validó su triunfo electoral y ha garantizado la alternancia política con relativa tranquilidad desde hace más de 2 décadas. Como muestra de ese injustificado repudio, en el proceso legislativo de la reforma se ignoró por completo al INE.

3) Los recortes presupuestales y administrativos que obligarán al despido de más de 2,000 funcionarios de carrera del INE pondrán en grave riesgo la confiablidad que se había alcanzado en el padrón electoral, en la organización de la jornada de votaciones, debilita aún más los muy incipientes avances en el tema de fiscalización a los partidos, y lo más preocupante, volverá la desconfianza en la fase del conteo y procesamiento de los votos.

4) Tanta saña para debilitar al INE y la urgencia y prioridad que dio al cambio de las reglas electorales, por sobre todos los otros grandes retos del país, hizo ver a López Obrador en realidad temeroso de perder las elecciones pese a jactarse frecuentemente de su gran popularidad.

5) Internamente el lopezobradorismo salió también con fisuras internas. El líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, exhibió los excesos anticonstitucionales de la reforma que votó en contra, pero también la abyecta sumisión de las bancadas del partido en el poder al presidente, lo que hirió de muerte su liderazgo y posibilidades de ser el eventual abanderado presidencial de la oposición. Quedaron también los raspones de Morena con sus partidos rémoras aliados del PT y del Verde, a los que les regatearon hasta el final la cláusula de la "vida eterna" que les prometieron para que votaran a favor de la reforma electoral que ni a ellos convencía.

Denostar el talante sectario y revanchista de AMLO, así como la abyección de los serviles legisladores de Morena, sirve de bien poco si bisoñamente confiamos en que es la hora de la ciudadanía y ésta salvará a México.

Nada quitará a Morena y a sus rémoras la mancha histórica de haber llevado a cabo cambios legislativos sin escuchar a sociedad y oposición, pero ésta hoy es más importante que nunca en décadas.

Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana) nació en el gobierno de López Obrador. Es un émulo de la Conasupo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares), célebre por buenas y malas razones: fue el brazo del Estado encargado de llevar productos de primera necesidad hasta el último rincón del país, y fue también el que de la mano de Raúl Salinas de Gortari introdujo en México leche contaminada con elementos radiactivos de Chernóbil. Entre Conasupo y Segalmex hay un hilo conductor: Ignacio Ovalle, un oscuro personaje que transitó del echeverrismo al salinismo y finalmente al lopezobradorismo con escala en Movimiento Ciudadano. Por donde ha pasado hay corrupción e impunidad.

El fraude en Segalmex bajo la dirección de Ignacio Ovalle es de poco más de 11,000 millones de pesos. No se trata sólo de simulación de concursos, asignación de contratos millonarios a empresas fantasma o licitaciones amañadas, sino incluso del uso de recursos públicos para compra de bonos bursátiles. Para ponerlo en perspectiva, el desfalco a la compañía que debería de asegurar la alimentación de los más pobres es 68% más grande que la Estafa Maestra de Peña Nieto y 2.5 veces lo que se pretende ahorrar con la reforma electoral.

Cuando tronó el escándalo algunos funcionarios menores fueron procesados, pero a Ovalle sólo lo cambiaron de puesto, lo mandaron a una de esas dependencias que nadie sabe lo que hace, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), dependiente de la Secretaría de Gobernación, donde sigue cobrando como director y gozando de impunidad.

En el libro "La casa gris", Raúl Olmos hace una descripción minuciosa de los esquemas de financiamiento de López Obrador a lo largo de los últimos años y de la corrupción en Pemex que quedó al descubierto tras darse a conocer la famosa casa donde vive su hijo José Ramon con su esposa Carolyn Adams. Los datos ahí mostrados son demoledores: al igual que en gobiernos anteriores, la corrupción en el gobierno de López Obrador es sistémica y pasa por Palacio Nacional, por los colaboradores más cercanos del presidente, como Octavio Romero o Alejandro Esquer, y por sus hijos.

Con todo esto publicado, ¿por qué el presidente goza de tan buena reputación? ¿Por qué una buena parte de los mexicanos considera que el actual es un gobierno honesto? ¿Por qué no hay un escándalo y una gran demanda social de que se investigue y castigue la corrupción?

Hay que explorar al menos 3 hipótesis para explicar este fenómeno. La 1a. es el bono de popularidad del presidente. Si bien esto es importante, claramente no basta, pues presidentes con popularidad similar a estas alturas del gobierno, como Fox y Calderón, eran mucho más sensibles a los escándalos de corrupción. La 2a. es que ante la falta de una voz creíble desde la oposición todo queda en gritos en el desierto y nadie capitaliza el escándalo. La 3a. es que una buena parte de la impermeabilidad del presidente a los señalamientos de corrupción se debe a la estrategia de comunicación, que está permanentemente al ataque, desautorizando todas y cada una de las voces que denuncian.

Una, otra o las 3 juntas, lo cierto es que más que ante un gobierno honesto estamos ante una sociedad incrédula, con medios y políticos desacreditados, y que a López Obrador los escándalos de corrupción se le resbalan y le han hecho lo que el viento a Juárez. ¿Seguirá así hasta el final o alguien romperá la burbuja de jabón?

Gobiernos, instituciones y organizaciones sociales de todo el mundo protestaron por la violencia del régimen iraní, que impulsó a Estados Unidos a presentar un proyecto de resolución en el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, que integran 45 países, para expulsar a Irán de la Comisión de la Mujer por la falta de derechos de las mujeres en aquella nación asiática. El controvertido proyecto fue votado el miércoles y aprobado con 29 votos a favor, 8 en contra y 16 abstenciones, entre las que figuró la de México, que argumentó que la salida de Irán de un foro multilateral, como el de la mujer, no contribuía ni al diálogo ni a la cooperación internacional.

Expulsar a Irán era un asunto de principios, que dice siempre el presidente Andrés Manuel López Obrador que deben regir la conducta de los políticos. Removerlo por lo que su Policía Moral -ya desmantelada- hizo contra Masha Amini es una posición ética, de la cual presume también tener el presidente. Apoyar una acción de esta naturaleza contra los autócratas iraníes sí ayuda a ir ejerciendo presión contra aquel régimen y que sus actos contra las mujeres tengan un costo cada vez más alto, porque bajo este criterio, por ejemplo, Sudáfrica seguiría viviendo bajo el régimen del Apartheid, porque México no se habría sumado a las presiones internacionales para forzar a aquel gobierno autoritario a finalizar la segregación racial que allanó el camino a Nelson Mandela para ser presidente.

Pero una vez más, López Obrador escogió el lado de la historia de los autoritarios y dictadores, y de los regímenes donde para preservar el poder trastocan la legalidad, como en estos días donde ha defendido a ultranza al expresidente Pedro Castillo, quien para evitar un juicio político en el Congreso, violó la Constitución para disolver el Congreso y comenzar a gobernar por decreto.

Lo mismo hizo cuando extremistas de derecha asaltaron el Capitolio para descarrilar la victoria de Joe Biden en la Presidencia, animados por el ex presidente Donald Trump, solapando las acciones de quien llama "mi amigo". Replicó su tendencia cuando el presidente Vladimir Putin invadió Ucrania. Y ante la consolidación de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, y la represión en Cuba.

Las acciones de López Obrador no son las de un demócrata, como presume ser, sino las de un autócrata, que asegura no ser. Sin embargo, el lado de la historia que ha escogido se inclina reiterada y consistentemente por los autócratas, no por los demócratas. Estos son hechos concretos, no palabrería mañanera barata.

Quienes están cerca de López Obrador le tienen miedo. ¿Cómo se explica entonces que ninguno de sus allegados le diga que se está acercando peligrosamente al basurero de la Historia? Su irracional e inconsulta arremetida contra el INE es el atentado más grave contra la vida democrática de la Nación que en los tiempos modernos ha ocurrido. He aquí que el hombre que llegó al poder por virtud de la democracia ha conseguido imponer su voluntad para debilitar a la institución encargada de preservar en la Nación el ejercicio democrático. Su aberrante Plan B, ejemplo claro de estatismo antidemocrático, es contrario al buen sentido y a la legalidad. Si en este país impera la ley sobre la voluntad autocrática de un gobernante con humos de caudillo, la reforma electoral de AMLO debe ser anulada en todo aquello que va contra el orden jurídico y contra la voluntad de los ciudadanos libremente expresada en las urnas. Debilitar al órgano electoral es ir contra la democracia, e ir contra la integridad de la República. Esta reforma, urdida con medios tan impositivos como irregulares, pone al presidente López en el camino que conduce temporalmente al poder dictatorial y permanentemente a la condena de las generaciones futuras. Desde ese punto de vista, la pomposamente llamada 4a. Transformación, título que parece invento de algún megalómano sin idea de las proporciones, no viene a ser transformación, sino destrucción de lo que, a lo largo de mucho tiempo, y a costa de muchos sacrificios, han logrado construir los ciudadanos para acotar el poder del Estado.

Una vez arriba hay que quemar la escalera, para que nadie más pueda subir por ella. Eso es metafóricamente lo que está haciendo López Obrador con las instituciones electorales. Si tenemos un Instituto [Nacional] Electoral tan robusto, incluso obeso, un Tribunal lleno de contradicción de tesis y tantas restricciones al gobierno en turno, fue porque la oposición -particularmente la izquierda en las últimas 2 décadas- se empeñó en construir una escalera sólida, hiper vigilada y por la que no hubiera posibilidad de brincarse escalón alguno. Hoy el proyecto político que llegó desde la izquierda, aunque poco o nada le quede de izquierda, está decidido a dinamitar la escalera. El presidente no quiere que nadie llegue a la cima por los mismos peldaños que él ayudó a construir.

La reforma electoral es por donde se vea regresiva. Hay que salir de la trampa de si el INE está coartado por conservadores o si se trata de una institución neoliberal. Ese es rollo mañanero para hacer enojar a unos y poner a aplaudir como focas a los otros. El problema de fondo está en que desmantelar a la institución electoral hará que la sospecha regrese a las elecciones. Eso es un retroceso y una fuente de violación de derechos políticos e ingobernabilidad, 2 cosas que ya vivimos y creíamos superadas (moraleja: ninguna conquista es para siempre).

En todas las peroratas mañaneras el presidente no ha sido capaz de mostrar un argumento sólido en contra del sistema electoral. Su discurso se ha centrado en la descalificación de los funcionarios, actuales y anteriores, en anécdotas, la mayoría de ellas con datos de la leyenda urbana del martirologio -como que la empresa Hildebrando contó los votos en 2006- y en el falso argumento del costo de la democracia, un gasto ciertamente excesivo derivado de las funciones que se le añadieron al Instituto en respuesta a las quejas -muy válidas- de López Obrador por la injerencia de terceros en las campañas políticas.

De todas las reformas de López Obrador esta es la más cuestionada y cuestionable y también la que puede bajarlo de los aspirados y suspirados altares de la patria en los que ya se vio. La regresión democrática, más allá de los riesgos que tiene para el país, será a la postre un lastre para el propio movimiento obradorista. El presidente está reconstruyendo el régimen priista de hace 50 años, con todo y partidos paleros (antes el PPS y el PARM, ahora PT, Verde y PES) con una diferencia: hoy las clases medias urbanas se activan con mucha mayor velocidad. A la primera elección cuestionada, el país será un hervidero.

Más allá de cuestiones ideológicas, desmantelar al INE es una irresponsabilidad.

"No vengan con que la democracia nació en el pesebre de la 4T y que México divide su historia antes y después de que nació Jesucristo en Macuspana, ninguno de nosotros había nacido y Francisco I. Madero ya había derramado su sangre ante el militarismo asesino", soltó Germán Martínez, senador del Grupo Plural y primer director del IMSS en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Fue la crónica de "una larga noche autoritaria para México", como lo dijo el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, pero también de una derrota anunciada para la oposición, con una débil defensa del "Plan B" presidencial por parte del oficialismo, con la advertencia de que se presentarán controversias ante la Corte y de pilón el inicio de un cisma en la bancada de Morena con la decisión de su aún coordinador, Ricardo Monreal, de votar en contra porque "algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los preceptos constitucionales".

Larga sesión, por momentos ríspida, en la que los legisladores pasaron de la sorpresa a las sonrisas como cuando apareció en los pasillos una botarga de un dinosaurio verde con una cartulina con la leyenda "Jurasic Plan" -en alusión al "Plan B" de reforma presidencial que subió a la Mesa Directiva-, y que no fue sacada del recinto porque quien estaba adentro del disfraz era la senadora Xóchitl Gálvez.

Martínez Cázares, en tribuna, puso el dedo en la llaga de la reforma y recordó la lucha de Clouthier, Cárdenas, Ibarra en contra de esa "vergüenza nacional que se llama Manuel Bartlett, grandísimo duende, ese sí, de la trapacería electoral al que ustedes hoy quieren superar despanzurrando al INE. Bartlett hizo callar al INE un día, ustedes lo quieren hacer callar para siempre".

Con voz desgañitada, indicó que la reforma presidencial abre la puerta al crimen organizado en las elecciones y convierte a nuestra democracia en una caquistocracia que es "el gobierno de los vulgares, monarcas, pretorianos, llenos de carismas y frases pero huecos en hacer más digno el convivir entre todos. De prosperar la reforma vamos a la caquistocracia, al gobierno de los cacos, de los peores", subrayó.

La senadora por Morena, Ana Lilia Rivera dijo que esa fracción "no está conformada por sueltos, no es de traidores", ni tampoco son tibios ni cobardes.

Castañeda, de MC, resumió que la reforma "es un traje a la medida del presidente López Obrador" y la misma tiene una profunda omisión como lo es permitir la intromisión del crimen organizado en las elecciones: "Esa es la verdadera amenaza al sistema electoral", recalcó.

"La perversidad de esta reforma electoral es que el presidente gana instaurando el caos, el conflicto", porque en el fondo se busca crear una nueva hegemonía política a través de desmantelar al INE ampliando los márgenes de impunidad con los delincuentes electorales y creando un pacto de vida artificial a sus partidos satélites, puntualizó.

"Indignos, eso es lo que son", recriminó el coordinador del PAN, Julen Rementería, quien dijo que votarán sólo "porque el señor se los ordena" y "votarán esta barbaridad, esta porquería democrática", pues incluso "algunos de ustedes han reconocido en los pasillos que está mal".

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, alertó: "Tenemos que decidir si votaremos a favor de la democracia o a favor de consolidar un régimen autoritario y, no exagero, desde hace 4 años nuestro país ha vivido un retroceso democrático permanente y no ha sido, hay que decirlo, por error o casualidad, ha sido por diseño, siguiendo la hoja de ruta del manual del populismo autoritario".

Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, aseguró que esta reforma significa una ruptura democrática y un golpe de estado en cámara lenta, es la traición de López Obrador y quienes votan a favor a la democracia, es la inauguración del México autoritario.

El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio, exhortó a la bancada de Morena a frenar esa reforma y apuntó: "Que 12 hombres y mujeres libres, que sepan estar a la altura de su responsabilidad histórica, estoy seguro que habrá 12 demócratas que detengan este atropello para defender los ideales y poner los intereses de la nación por encima de una persona. No los juzgaré yo ni mi partido, sino la patria y la historia".

Al final, morenistas y aliados lograron los votos necesarios. El "Plan B" se regresó a la Cámara de Diputados donde hoy se avalaría.

La aprobación del "Plan B" de la reforma electoral pone en peligro la operación de los procesos electorales, el padrón y la fiscalización de partidos, advirtieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en un pronunciamiento.

El consejero presidente Lorenzo Córdova leyó el pronunciamiento en el que subrayó que esos cambios a la ley electoral pueden trastocar profundamente el sistema electoral que se ha construido en el país.

Alertó que se eliminaría 84.6% de las 2,571 plazas del servicio profesional electoral y la estructura subdelegacional, lo que pone en riesgo la eficacia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía.

Además, señaló que la desaparición de las 300 juntas distritales pondría en riesgo no sólo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Por ello, adelantó que, de ser el caso, el INE acudirá a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para garantizar su autonomía y profesionalismo, a fin de realizar elecciones libres y auténticas.

El consejero José Roberto Ruiz consideró que desaparecer las juntas distritales del INE sería el equivalente a eliminar los juzgados de distrito o el Consejo de la Judicatura Federal: "No es menor lo que se está proponiendo, es muy fuerte para la institución y no hay capacidad operativa para hacer frente a esos cambios", advirtió.

El consejero Ciro Murayama destacó que también se pondría en riesgo el padrón electoral de 95 millones de personas, ya que los módulos del INE son coordinados por las juntas distritales.

Con la reforma, explicó que los vocales operativos van a poder contratar personal cuando sea necesario, pero sin que estén sujetos a los miembros del servicio profesional electoral.

El consejero Jaime Rivera dijo que contar con personal permanente es esencial para garantizar la independencia de la función electoral y su imparcialidad, porque saben dónde está su lealtad.

La consejera Dania Ravel, si bien no advierte un impacto inmediato en los procesos locales del Estado de México y Coahuila, hacer cambios a la ley electoral en este contexto no es lo ideal: "Estoy convencida que mermar esta base operativa técnica que tenemos, a la postre, va a ser mucho más costoso para México y para nuestra democracia".

La reforma electoral "trastoca la autonomía de los organismos electorales y su independencia para tomar decisiones en estricto apego a la ley. Y vulnera gravemente su operación, al grado que pone en riesgo seguir teniendo nuestra credencial para votar", lamentó ayer José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex. "Expresamos nuestra preocupación sobre las reformas a las leyes secundarias y exigimos un parlamento abierto para discutir el tema".

"En este país, desde hace más de 3 décadas decidimos que queríamos democracia, fue cuando se ciudadaniza el INE. Por eso nos parece que estos cambios están fuera de lugar. Cuando algo funciona no hay que cambiarlo".

El exsenador Eugenio Ruiz Orozco explica que si el llamado "Plan B" de la reforma electoral se aprueba sin modificaciones, el siguiente paso podría ser la discusión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). "Que se impugne por los partidos políticos; incluso, por los ciudadanos. Ya lo aprobaron en lo general, entonces cuando se apruebe en lo particular y sea ley, tiene que impugnarse en los tribunales y es evidente que la Corte ha sido obsequiosa con el presidente".

El político y expresidente municipal de Guadalajara destacó que los cambios propuestos son peligrosos porque tienen la intención de desmantelar el sistema de elecciones, con el propósito de garantizar a la Presidencia de la República, y a Morena, el control de las elecciones. "Lo grave es que están creando condiciones que permitan la manipulación de las elecciones, desde la percepción de un presidente que está viendo más allá de un tema sexenal. El proceso de construcción democrática de nuestro país ha pasado por muchas etapas, pero jamás nadie pensó que alguien pudiera hacer algo en contra de un sistema que ha costado mucho trabajo perfeccionar".

Por último, consideró que la oposición de Ricardo Monreal no es genuina. "El señor Ricardo Monreal vota, pero como parte de una estrategia de la Presidencia y de Morena para cuidar a sus corcholatas, y él, aunque no aparezca, la verdad es que forma parte de esa estructura que ha sido manipulada por López Obrador. Creo que todo está articulado en la lógica de conservar el poder".

La aprobación en lo general del "Plan B" es, para el presidente de "Confío en México", Salvador Cosío, una vergüenza para México. "Fue una decisión arrebatada, pese a los términos y la dispensa de trámites. Fue un albazo, sobre todo con errores que fueron en su momento reconocidos por el presidente de la pepública. Se va a aprobar esta aberración y será una vergüenza para México".

Acentuó que el dictamen es violatorio. "Había costado muchos años el avance de la democracia, porque nos había costado mucho trabajo, muchos años, separar al poder electoral del poder ejecutivo. Ahora prácticamente regresa a darle facultades a los órganos con una gran dependencia. Es lamentable la desaparición de los órganos locales, la restricción de facultades jurisdiccionales, la forma en la que se asignarán dejando de lado la opinión de la ciudadanía. Se avizora un control férreo del sistema electoral. Quizá Morena tiene miedo de perder la siguiente elección y está desde ahora asegurando cómo controlarla".

Ahora, dijo, la ciudadanía "debe participar y mantenerse como observadora de los procesos", presionando a la Suprema Corte para que escuche a la voz masiva, a través de la vía de la protesta o bajo recursos jurídicos.

Para que la determinación llegue a la Corte, explicó, sólo es necesario que un tercio de la Cámara de Senadores presente el recurso debido. Incluso, señaló, se está en tiempo y forma para que, de la misma forma, un tercio de la Cámara de Diputados pueda presentar el recurso desde ahora.

La reforma electoral es vista por el presidente Andrés Manuel López Obrador como su gran legado. Tiene sus megaproyectos, su promesa incumplida de combatir la corrupción y su lucha perdida contra la pobreza, pero la reforma electoral, que no formaba parte de sus prioridades públicas al iniciar el sexenio, la terminó convirtiendo en una lucha personal y en el leit motiv de lo que llama la 4a. transformación. Quiere dejar, dicen algunos de sus colaboradores, la huella indeleble de que él logró, con esta reforma, la democratización del país, pero sus cables están cruzados. La democratización está corriendo hacia atrás.

La democratización mexicana comenzó con la lucha de muchos cuando él escribía himnos para el PRI en Tabasco. Iba lenta, pero avanzaba. Se aceleró en el gobierno de Carlos Salinas, que desmanteló el corporativismo y el clientelismo, y realizó las primeras reformas de 2a. generación por la necesidad de integración con Estados Unidos y Canadá. Las profundizó el gobierno de Ernesto Zedillo, que consumó la ciudadanización del entonces Instituto Federal Electoral, y prosiguió la construcción de órganos autónomos. Los siguientes gobiernos fueron más pausados, pero siguieron edificando contrapesos.

Todos esos gobiernos que López Obrador llama "neoliberales" y "conservadores" y acusa de saqueo y destrucción del país, de maneras diferentes fueron arquitectos para que López Obrador pudiera llegar a la Presidencia en elecciones legales, legítimas y con reglas de juego parejas. La democratización del país no comenzó con él. Todo lo contrario, fue un beneficiario del trabajo de muchos otros que hoy acusa, difama y hostiga. Su sueño de impulsar un modelo de organización social y política -que es lo que compone una democracia-, y dejarla como su gran legado histórico, va en sentido contrario a lo que piensa y a lo que cree, directo a la ignominia.

Regresó el corporativismo y el clientelismo como no se veía desde los 70 -la prueba la contramarcha del 27 de noviembre-, ha ido demoliendo los contrapesos, haciendo a las instituciones autónomas víctimas de su colonización, y los órganos electorales, que se fueron reformando en el congreso en buena medida por sus presiones tras perder 2 elecciones presidenciales, los ha repudiado, buscando la forma de ajustarlos para revertir aquello por lo que se trabajó durante tantos años, y que el partido en el poder vuelva a controlar las elecciones. Pretende restaurar la hegemonía priista que acabó en 2000, 22 años después.

¿Qué ha hecho López Obrador por la democratización de México? Destruirla, e impulsar una reforma electoral violatoria de la Constitución. Para ello pretendió chantajear a la oposición para que lo respaldara en las cámaras, y cuando no lo logró, buscó una puerta en el callejón oscuro para incorporar algunos cambios en las leyes secundarias. Pero arbitrario y atrabiliario como es el régimen, volvió a injertar modificaciones que violaban la carta magna. El veterano columnista de Excélsior, Francisco Garfias, resumió con asombro y decepción lo que vivió estos últimos días en San Lázaro. "He visto muchas trapacerías en el Congreso desde que recorro los pasillos en las 2 cámaras... ya más de 3 décadas", apuntó. "Pero lo que nunca había visto es tanto desaseo parlamentario acompañado de otro tanto de cinismo y abyección para complacer la voluntad de un hombre".

La minuta de la reforma aprobada sin leer por los diputados oficialistas llegó al Senado, donde se encontraron 21 inconstitucionalidades, de las cuales el gobierno rechazó 15 de ellas. Y se fue para adelante. López Obrador, un descreído de las leyes, dijo el martes que si la oposición veía inconstitucionalidades, las impugnaran en la Suprema Corte de Justicia, donde no llegarían a nada porque su reforma electoral se ajustó a lo que marca la Constitución. Según el análisis del Senado, las violaciones son flagrantes. Las consecuencias, nada menores.

21 ex consejeros electorales, entre ellos 3 ex presidentes, entregaron esta semana una carta a la Mesa Directiva del Senado sobre las regresiones de la reforma lopezobradorista y el daño que causará a la democracia mexicana, que también son violatorias de la Constitución. Las 11 consejeras y consejeros del INE advirtieron ayer que la reforma lopezobradorista pone en riesgo la operación de los procesos electorales al pretender desaparecer las Juntas Ejecutivas Distritales que instalan casillas, realizan el cómputo de votos y confeccionan el padrón electoral, reducir en un 84.6% el Servicio Profesional Electoral, que impacta en la eficacia y eficiencia en los procesos electorales y la credencialización, y modificar la selección de las y los funcionarios de las mesas directivas de casilla, que reciben y cuentan los votos de sus vecinas y vecinos, impidiendo elecciones libres y auténticas.

La reforma modifica las reglas del juego democrático que se han ido construyendo desde los 90, debilitando al árbitro electoral y fortaleciendo a López Obrador y a su partido. No es cierto que esta reforma electoral sea un avance en la democratización del país, ni la verdadera democratización del país. El presidente puede estar convencido de ello, pero como en otros temas, tiene los cables cruzados. Su idea de la democracia está equivocada. Lo que está construyendo es un camino antidemocrático, que han hecho otros demócratas iliberales como él, que utilizaron las reglas de la democracia para destruirla, porque no creen en las instituciones, ni en las normas, ni en los contrapesos, ni en el Estado de Derecho.

Este es el verdadero legado que dejará López Obrador, aunque aún no está nada escrito en definitiva. La reforma quedó inmersa en un intenso litigio parlamentario donde la votación del pleno la tenía asegurada Morena con sus aliados, el PT y el Verde, al necesitar sólo la mayoría simple. Hoy es todavía un forcejeo político por la falta de consenso nacional, pero si López Obrador impone su voluntad, porque el presidente no va a dejar que suceda lo contrario, ni dará concesiones por lo pronto, irá a la Suprema Corte de Justicia. No le importa. La reforma es su legado histórico, como ha dicho a sus colaboradores, y no permitirá que nadie le arruine el sueño.

Me llegó la demanda que puso en mi contra Pío López Obrador: quiere que le pague una indemnización por haber presentado los videos en los que aparece recibiendo cash ilegalmente.

Un descaro.

Por lo que he podido leer hasta ahora -son 350 hojas-, el hermano del presidente de México me acusa de difundir los videos "de manera descontextualizada y con el fin de dañar su imagen" en mi programa de Latinus en agosto de 2020.

Ya envalentonado, exige 6 cosas: la declaratoria judicial de que incurrí en un hecho ilícito, la declaración de que se le causó un daño moral, el pago de una indemnización, el pago del daño punitivo como medida ejemplar, la publicación de la sentencia condenatoria en todos los medios y el pago de los gastos del juicio.

A ver si lo tenemos claro: el hermano del presidente de México recibe entregas mensuales de cientos de miles de pesos en cash, el que le da el dinero lo graba... pero el que tiene que enfrentar a la justicia es el periodista que revela el escándalo.

Porque a Pío no lo ha perseguido nadie. Y a su hermano el presidente (para quien era el cash, según se confiesa en los propios videos), tampoco. A ellos, impunidad total. El mismo AMLO prometió hace 118 días que revelaría su explicación sobre el dinero de Pío, que escribiría un texto y lo daría a conocer. Y nada.

La demanda de Pío en mi contra es un claro intento de intimidación. Es una flagrante violación a la libertad de expresión. Es una coreografía que se marca desde Palacio Nacional para presionar a quien se atreva a exhibir las corruptelas del presidente.

Porque a estas alturas ha quedado claro que lo de Andrés Manuel López Obrador y el cash es un modus operandi: a lo largo de su vida política, han sido exhibidos en video recibiendo y moviendo dinero en efectivo sus 2 hermanos Pío y Martin, y sus 2 secretarios particulares Bejarano y Esquer, además de Carlos Imaz, entonces esposo de Claudia Sheinbaum, su favorita para sucederlo en el cargo.

No se trata de un video de una oveja descarriada a la que cacharon en malos pasos. Son muchos videos, de muchos colaboradores íntimos, a lo largo de muchos años. Es un modus operandi. Es el método que ha empleado AMLO para hacerse de dinero sin trabajar y poder pagar casas, comida, escuelas particulares para todos los hijos, atención médica privada en hospitales de primera, etc.

Por eso cuando recibió el apodo del Rey de Cash le quedó como anillo al dedo. Por eso lo irritó tanto. A él y a los suyos. Porque es profundamente cierto. Porque Andrés Manuel es el Rey del Cash y Pío es uno de sus príncipes.

SACIAMORBOS

El mismo día en que me llegó la demanda de Pío, su hermano, el presidente de México, declaró que escuchar mis programas puede generar tumores cerebrales. En ese nivel ya anda.

Por cierto, el mismo día también se dio a conocer que México quedó en 1er. lugar mundial de asesinatos contra periodistas, por 4o. año consecutivo.

Las puntadas del presidente en la mañanera esconden verdades que trascienden lo anecdótico.

Ayer Andrés Manuel López Obrador pidió a Bad Bunny que considere regalar un concierto en el Zócalo porque al mandatario le dio "mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos".

De inmediato, a semejante puntada se le dio vuelo mediático. Y aunque en la misma intervención el tabasqueño dijo que instruyó "al procurador del consumidor que actúe para que le devuelvan sus recursos (a los jóvenes), el dinero que utilizaron para comprar sus boletos y también el excedente al que tienen derecho", también dijo que consideraba que ello no sería "suficiente" y por tanto la invitación al cantante puertorriqueño.

En otras palabras: el presidente quiere que un particular que sí cumplió su contrato reponga a unos clientes -genuinamente defraudados algunos, cómplices otros al adquirir en reventa sus boletos, seguramente- un servicio que en todo caso no habrían prestado, por negligencia o corrupción, otros de los actores mercantiles involucrados en esos conciertos.

El presidente busca, por supuesto, abonar a su fama de gente sensible y agrandar su popularidad. Pero de una autoridad se espera una cosa muy distinta a mendigar conciertos regalados.

Su obligación -sobre todo si prometió el fin de la corrupción- es lanzar una investigación sin precedentes que revise desde presuntas condiciones monopólicas hasta mala práctica en detrimento de cientos de clientes. Además de meter en cintura a la eterna reventa.

Mas eso no le gusta a López Obrador. Porque si una promesa no ha cumplido Andrés Manuel es aquella de separar al poder político del poder económico.

Al tabasqueño le gusta consentir a los empresarios, al punto de que los que hubieran fallado el fin de semana en el Azteca pagarán, en el peor de los casos, una penalidad de 20% del valor del boleto y la reposición del costo del mismo. Para nada se busca desde la autoridad sentar un precedente, dar un golpe en la mesa, advertir tajantemente que en este sexenio no se puede fallarle a los ciudadanos, sea en un concierto en el Azteca, sea porque construyeron mal una línea del metro donde fallecieron 26 pobres.

El summum de esta complicidad es eso que de tiempo atrás se sabe: que cuando se reúnen, el presidente desarma (es un decir) a los empresarios al hacerlos que confiesen que en sus negocios les está yendo muy bien. Y aquellos luego hasta lo cuentan.

A los empresarios, claro, les encanta el mensaje porque entraña una promesa de privilegio: no hagas caso de los que dicen que estamos en riesgo -democráticamente, sanitariamente, energéticamente, alimentariamente- a ti te va bien ¿no? Quieres que te siga yendo bien, ¿no? ¿Entonces? Ya sabes a quién apoyar, y eventualmente por quién votar.

Este nuevo capitalismo de cuates del gobierno que se presume de izquierdas implica que la sociedad seguirá sin remedio dividida, pero no por la polarización, sino por el dinero: Te está yendo bien, ¿no? Cuando tus hijos necesitan vacunas contra el papiloma y no haya en el sector público, pues cómpralas o ve a otro país. ¡Ah!, que las hijas de tu trabajadora del hogar no tienen esas vacunas, y su riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino se ha multiplicado, ¿a ti qué, a ti te está yendo bien, no?

AMLO y empresarios brindan porque al 1% le está yendo requetebien. Menos mal que el presidente es un crítico del individualismo, que si no.

Con Perú nuevamente se equivoca con sus recientes declaraciones sobre la destitución del presidente Pedro Castillo. AMLO acusó que la crisis del Perú se debe "a los intereses de las élites económicas y políticas" que generaron desde el inicio del gobierno de Castillo "un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra". Al tratarse de un maestro sindicalista, es fácil caer en la tentación de creerle. Nuevamente hay una manipulación de la información para generar polarización y resentimiento. Se pretende victimizar a una persona que ganó en el Perú con una escasa diferencia de 1.25% de los votos y frente a la decisión de destituirlo, la inmensa mayoría de los miembros del Congreso (los representantes del pueblo) votaron a favor. Ni los miembros de su propio partido, de su gabinete, de los otros partidos de izquierda, ni el ejército, ni ninguna institución partidaria, política, o social en el Perú lo apoyaron.

AMLO dice que nunca dejaron gobernar a Castillo, pero oculta convenientemente que empezó débil y con un Congreso mayoritario de oposición, debido a que el pueblo conscientemente votó para que tuviera un poder restringido sin mayoría en el Congreso. Se le olvida al presidente López Obrador que los representantes del pueblo en un sistema democrático presidencialista son el Congreso y no el presidente. Los miembros del poder legislativo son los verdaderos garantes de la voluntad y soberanía popular.

Se quiere crear una narrativa diciendo que fueron los de "derecha", los "conservadores", los que impulsaron su destitución, nada más lejos de la verdad. Para destituirlo se necesitaban 87 votos y en 2 ocasiones no se lograron, fue hasta que el ex presidente quiso decretar un estado de excepción y disolver el parlamento que generó alarmas en todos los sectores del país y, por una abrumadora mayoría en el parlamento (101 de 130), fue destituido. Sólo 6 congresistas votaron en contra y 10 se abstuvieron. Si fuera de la "derecha", ¿cómo se justifica esa mayoría casi absoluta? Contrario a lo que él dice, el "pueblo sabio" determinó, a través de sus congresistas, que fuera destituido.

AMLO decide tomar partido, ofrecerle asilo y denunciar en favor de Castillo, cosa que no ha hecho con ninguno de los más de 300 presos políticos en Nicaragua, muchos de ellos de izquierda, incluyendo periodistas, sacerdotes, obispos y defensores de derechos humanos. Ni comentar o denunciar sobre las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, del que inclusive organismos internacionales acusan al régimen nicaragüense. ¿Por qué este doble rasero? ¿Por qué va en contra de su propia política de "no intervención" aun ante situaciones graves como las de Nicaragua y Venezuela, pero decide defender a Castillo y a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, condenada a 6 años de cárcel por delitos de corrupción? Juzgada por magistrados de la Corte Suprema argentina, nombrados durante su propio gobierno.

Señor Presidente: Aparentemente se salió con la suya. Redactó un Plan B para descuartizar al INE y matar la democracia. Ordenó a los diputados y senadores de Morena asesinar con su voto a una institución que le ha dado paz y estabilidad a México. Les pidió avalar el desollamiento de un órgano dedicado a proteger el derecho de los ciudadanos a tener elecciones libres y creíbles.

Tomó la pistola y le dio un tiro al Estado de Derecho, a la vida institucional del país, a la división de poderes.

Convirtió a sus legisladores en cómplices de un golpe de estado electoral y en aplaudidores del fraude que usted prepara para el 2024.

Porque ése, y no otro, es el objetivo de su Plan B. No venga a decirnos que quiere una democracia más barata o menos onerosa, tampoco nos cuente que los consejeros ganan más que usted, que hay demasiada burocracia en el INE o duplicidad de áreas y funciones. No.

El móvil del golpe artero que usted ha dado a la democracia tiene que ver con la intención de impedir que en el 24 gane la oposición. Quiere imponer al próximo presidente o presidenta de México.

Y no sólo eso: busca que Morena, su partido, se apodere de una vez por todas del congreso, las gubernaturas y las presidencias municipales.

Quiere que el voto sirva para reciclar el régimen canalla y autoritario que usted ha inventado. Pretende anular a la ciudadanía libre, a esa clase media esforzada, víctima y consciente del gobierno destructivo que encabeza y que está decidida como nunca a echarlo a usted y su pandilla de Palacio Nacional.

Su iniciativa no solo fue elaborada para favorecer a sus futuros candidatos, también fue pensada para borrar la participación de la sociedad, para ponerle grilletes y bozal a la protesta expresada en las urnas.

Eso explica el odio, el resentimiento, el veneno que hay en un texto que sólo pudo redactar un enemigo de México y los mexicanos.

Pero esto no ha terminado. Usted cree que ganó, pero su victoria es la de un déspota. El que echa mano del abuso y el poder absoluto para aplastar la Constitución.

El daño que le ha hecho al país lo pagará usted mismo y su gobierno.

De aquí en adelante, y si la Corte no se atreve a anular su arbitrariedad, la sombra ominosa del fraude, de la trampa electoral, de la manipulación del voto, del resultado falso ensombrecerá las futuras elecciones.

Intentará imponer a un ganador o a una ganadora en los comicios presidenciales. Pero ese candidato no tendrá legitimidad.

La silla presidencial en la que se siente será apócrifa, manchada por un crimen de Estado y envuelta en una duda permanente que le impedirá gobernar.

Y es que, Señor Presidente, ha revivido el México de la violencia política. Ha sacado de las catacumbas a ese país que estaba enterrado, superado.

Aquel, donde las luchas por el poder se resolvían a balazos, con sangre, engaños y traiciones.

No se extrañe, entonces, de que usted, su régimen y aspirantes a la Presidencia sean víctimas, también, de lo que sus legisladores aprobaron.

Ríase y festeje mientras pueda porque la inestabilidad que provocará su Plan B puede ser la pala que cave su propia tumba política.

El desaseo político es la marca de la casa morenista, cuyo combustible es inyectado de manera permanente desde Palacio Nacional por Andrés Manuel López Obrador, quien pese a ejercer un centralismo presidencial que no se había visto en muchas décadas, su atención a los problemas y soluciones es aleatorio. Los asuntos públicos no pesan igual para él, y su atención se enfoca en aspectos coyunturales que, o pueden afectar su imagen, o puede tener implicaciones electorales que pongan en riesgo la victoria de Morena en las elecciones presidenciales de 2024.

López Obrador conduce el país como si fuera un barco a la deriva, desatendiendo lo que los instrumentos le indican de las tormentas que se acercan o que las ignora hasta que está en medio de ellas. En esos vacíos de autoridad que paradójicamente deja con su actuar cotidiano, crujen los maderos de la nave porque sus colaboradores se sienten libres de actuar, no para hacer política pública, sino para intrigar, sin que él esté atento para evitar el desgaste de su gobierno, de su equipo y de él mismo, como ha sucedido por varias semanas con la alianza táctica entre Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, que han hecho una campaña soterrada en contra del canciller Marcelo Ebrard para desbarrancarlo de la carrera presidencial.

El presidente, pese a estar enterado de ello, no los ha detenido -probablemente porque siente que no le afecta en absoluto. Un caso que muestra que López Obrador se mete al microcosmos de la gestión sólo cuando siente que está teniendo un impacto negativo sobre su persona, es el de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, cuyas acciones lo tienen harto porque entiende que lo perjudican. Sin embargo, no hay señales de que pudiera haber un relevo en ese organismo, porque la ambivalencia de López Obrador es notable.

El mejor ejemplo es el de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a la que usó el gobierno para golpear inicialmente al líder del PRI, Alejandro Moreno, con una sevicia política que cuando se empezó a revertir hacia Palacio Nacional, ordenó que la callaran. Sansores acató, pero luego volvió, leyendo bien al presidente, atacando al senador Ricardo Monreal y al empresario y enemigo público número uno de López Obrador, Claudio X. González. Y sin embargo, durante su reciente gira por Campeche, el presidente, lejos de hacerle un extrañamiento, le agradeció lo hecho y le pidió continuar el proceso contra el dirigente del PRI.

Los conflictos entre sus colaboradores estallan y se apagan, o pasan desapercibidos hasta que le explotan en las manos. En la 1a. categoría se encuentran, por ejemplo, las declaraciones agresivas de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, en contra de su antecesora Tatiana Clouthier, a quien acusó de coordinación intergubernamental para alinear la negociación de las quejas de Estados Unidos y Canadá por presuntas violaciones al acuerdo comercial norteamericano, que se apagaron hasta que el presidente se lo ordenó.

En la 2a. categoría están los problemas entre Delfina Gómez, candidata al Gobierno del Estado de México; el coordinador de la campaña, Horacio Duarte, y el senador Higinio Martínez, jefe del Grupo Texcoco, al cual pertenecen ambos. El presidente no intervendrá hasta que sienta que le afecta electoralmente.

Otro ejemplo claro de su discrecionalidad fue el incremento de casos de COVID-19. Ayer, en la mañanera, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que los contagios completaron su 6a. semana al alza, pero cuando hace poco más de 2 semanas se le informó a López Obrador lo que estaba sucediendo, simplemente ignoró la información y no dio ninguna instrucción.

Situaciones como la que se está viviendo con la candidatura de Coahuila son recurrentes en este régimen. Algunos conflictos y contradicciones son abiertos, pero muchos más pasan desapercibidos ante la opinión pública por el desinterés que muestra López Obrador para resolver los problemas que llegan a su despacho. El presidente tiene lo que se conoce como atención selectiva.

Se lo han dicho de todas las maneras posibles. No sólo personajes a quienes él considera inmorales rivales, sino gente con quien tiene interlocución y que ha intentado trabajar de cerca en su gobierno. Se lo han dicho desde adentro de su partido, se lo han dicho intelectuales y periodistas ideológicamente afines que lo han respaldado en momentos críticos, se lo han dicho ministros de la Corte y legisladores, empresarios cercanos y líderes sociales históricos de la izquierda mexicana, se lo han dicho ex consejeros del IFE-INE que hicieron siempre eco de sus discursos cuando estaba en la oposición, se lo ha señalado la prensa internacional.

Lo han tratado de convencer explicándole que Morena tiene en la bolsa la sucesión presidencial y que no necesita dar la impresión de que está haciendo trampa por adelantado. Le han explicado que sus cambios a las leyes electorales violan la Constitución. Incluso ha tenido que aceptarlo en público. Ha aceptado también que en las prisas y el desaseo se le han colado a la redacción de las reformas los intereses más oscuros... de sus propios aliados. Le han advertido del desprestigio internacional que le puede acarrear un embate así a la autoridad electoral independiente, de cómo mancharía la imagen de demócrata que ha tratado de construirse.

Pero nada parece detener al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su apetito de dar un salto -el mayor de los que lleva en el sexenio- hacia el autoritarismo.

El llamado Plan B de la reforma electoral es un pre-golpe de estado que, de aprobarse en el congreso, dejaría la mesa puesta para que en 2 años se le quitara el prefijo.

Esto no es un recorte presupuestal al INE. Esto es darle al gobierno el control de las elecciones: que tenga bajo su mando la decisión de quién vota con el dominio del padrón electoral, que entorpezca la instalación de las casillas y que no se hagan los cómputos inmediatos de las elecciones. Esto no es el sueldo de Lorenzo Córdova o si en el INE pueden ahorrarse un dinerito en celulares. Esto es dinamitar 3 pilares de la democracia.

No se compara lo que dicen que quieren ganar con lo que todo mundo sabe que se puede perder.

Para el ex presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, el "Plan B" del presidente Andrés Manuel López Obrador es "mañoso, inconstitucional" y representa un intento de "golpe de estado", por lo que debe ser frenado en el Senado. Aseguró que el gobierno de López Obrador es un "narcogobierno". Y llamó a los líderes de oposición a denunciar al jefe del ejecutivo federal ante la Corte Penal Internacional, así como unirse para conformar, junto con sociedad y academia, un Frente Democrático Nacional como el surgido en 1987 que después se transformó en el PRD.

"O gana la sociedad o gana la barbarie".

Muñoz Ledo afirmó que para él, Morena ya no existe, además de descartar que pueda integrarse a otro partido político; sin embargo, se dice dispuesto a seguir luchando desde su trinchera e incluso a encabezar movimientos como el que promueve.

La reforma electoral está a punto de aprobarse en el Senado y se prevé que hoy llegue a la Cámara de Diputados. ¿Qué opinión tiene sobre el "Plan B"? -se le preguntó al político-.

"Es un golpe de estado, porque un golpe de estado es cuando, en contra de las mayorías representativas de la nación, se sustituye un régimen democrático por otro que no lo es. En ese sentido, es una suerte de barbarie política en contra de la civilización, que es lo que hemos logrado a través de los años. El presidente arguye siempre que tiene las preferencias, no, según las encuestas él tiene menos de 60%, mientras que el INE tiene 76%, lo que nos lleva a una polarización política".

Al ser cuestionado sobre si todavía pertenece a Morena, respondió: "Eso ya ni se pregunta, estuvo en mi corazón, pero luego comenzaron a hacer sus atropellos, a comprar el pase con dinero sucio y eso lo tengo absolutamente comprobado, me excluyeron".

Diego Fernández de Cevallos mandó un mensaje en sus redes sociales sobre el agua que "atontó" al ex presidente destituido de Perú, Pedro Castillo, que, según uno de sus abogados, por eso leyó el mensaje en el que anunció su fallida intentona golpista.

Mandó el mensaje ante el "Plan B" de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador que se encuentra en discusión en el Senado: "Si le siguen dando a 'Tartufo' el agua que 'atontó' al peruano Pedro Castillo, va a proponer como Plan 'C' que los 'jóvenes construyendo el futuro' se encarguen de las elecciones".

Lo que el presidente busca es modificar las campañas de forma tal que sus resultados no puedan poner "en tela de juicio la continuidad de los actores políticos, la estructura misma de dominación" que ha venido instalando en este sexenio.

Lo que sucedió la noche y madrugada del 6 y 7 de diciembre en la Cámara de Diputados no debe pasarse por alto. Es la confirmación incontestable de que la coalición gobernante es capaz de todo con tal de atender los apetitos del presidente. Una coalición variopinta, plagada de oportunistas, cohesionados por la fidelidad a AMLO y las posibilidades políticas que les abre esa adhesión.

No era un tema cualquiera. Se trataba de las normas que han hecho posible la coexistencia y competencia pacífica de nuestra diversidad. Y esas reglas -entre las que de manera destacada se encuentran las que regulan la estructura y facultades de los órganos electorales- requieren por su propia naturaleza la aceptación de quienes viven y conviven bajo las mismas. Y eso se había buscado y logrado por lo menos desde 1994. Ese año y en 1996, 2007 y 2014, las bancadas en el Congreso forjaron acuerdos con el tradicional y eficiente método del diálogo y la negociación. Parecía que era parte de nuestro basamento común: las reglas para la convivencia política deben ser fruto del consenso.

Eso que parecía el abc de la vida política democrática fue atropellado. El martes 6 de diciembre, un poco después de las 7 de la noche, finalizó la votación en la Cámara de Diputados que desechó la propuesta presidencial de reforma electoral constitucional. En buena hora. Se trataba de una iniciativa que vulneraba los pilares de la legislación democrática en la materia.

Pero el gobierno, como lo había anunciado el presidente, había diseñado un plan B. Entre las 10 y 11 de la noche se subió a la Gaceta Parlamentaria un proyecto para reformar 5 leyes. Más de 200 páginas. Luego de las 11, sin tiempo siquiera para que los diputados pudieran leerla, subió una diputada para presentar la propuesta con modificaciones. Y 2 horas después, sin hacer caso a lo que señalaron los representantes de los distintos grupos parlamentarios, los diputados oficialistas la aprobaron. Sin evaluación, sin debate, omitiendo los procedimientos legislativos que protegen los derechos de las minorías, una mayoría mecánica hizo de las suyas y aprobó incluso normas anticonstitucionales. Avaló una batería de cambios en el INE que lo desfiguran, y que complicarían hasta extremos indeseables el cumplimiento de sus tareas.

Una panda de diputados serviles, que no son capaces de respetarse a sí mismos, estuvieron dispuestos a acreditar una iniciativa que no conocían, sin siquiera intentar guardar las apariencias. Como si ser rastrero fuera un mérito, como si su labor fuera la de apoyar los caprichos presidenciales sin siquiera "solicitar" un tiempo para conocer lo que iban a votar.

No debería extrañar. Estamos hablando de la administración que está pasando a la historia no por sus construcciones sino por sus destrucciones; fruto de una sola voluntad a la que se postra un ejército de sumisos. Desde el Seguro Popular o el aeropuerto hasta el INEE o los fideicomisos, pasando por las escuelas de tiempo completo, el signo de los tiempos es no si funciona o no una institución, sino si la misma le gusta o no al Señor Presidente.

En ese ambiente ominoso, el Senado tiene un reto mayúsculo. O se suma a la espiral de degradación autoritaria o se toma su papel en serio y abre un espacio para el estudio responsable de la minuta enviada por los diputados. Es lo mínimo que están obligados a hacer. En épocas de biliosos y arbitrarios, las reglas parlamentarias y un mínimo de urbanidad pueden ser un dique relevante.

Emilio Álvarez Icaza, afirmó que "Morena y sus aliados están preparando no solo un golpe a la democracia, sino una traición al pacto democrático. Hay que decirlo en esos términos".

El senador sin partido subrayó que la reforma que se pretende aprobar no solo tiene vicios de inconstitucionalidad, sino que "genera la ruptura de todos los acuerdos que teníamos, es generar condiciones para la violación sistemática de la ley, para que sus candidatos hagan campaña sin castigo, es debilitar al árbitro, es quitar las sanciones, es romper la profesionalización que nos ha dado estabilidad".

"Las elecciones dejaron de ser tema de conflicto y son método de elección de gobiernos; vamos a regresar a eso si se aprueba esta ley", sentenció.

Lo más ridículo del cuadro es que cuando por fin una de las "corcholatas", Marcelo Ebrard, sugiere que deben renunciar a sus cargos para tener "piso parejo" y competir en igualdad de condiciones, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México rechaza la idea. El otro involucrado, Adán Augusto López, ni siquiera atiende el tema porque está ocupado defendiendo la reforma electoral del Plan B que resultó tan grotesca, que hasta el mismo presidente del país utilizó su rueda de prensa mañanera para anunciar que a solicitud de la Presidencia, los legisladores del poder autónomo que conforman las Cámaras de Senadores y Diputados, eliminarán las partes más ofensivas y benéficas para los partidos del Trabajo y el Verde.

El único punto rescatable en la comedia que se está presentando delante del país, es el permiso que otorgó el presidente López Obrador para que los aspirantes de su partido participen en debates públicos antes de someterse a la encuesta (o encuestas) que se aplicarán para determinar quién ostentará la candidatura de Morena para una elección que, oficialmente, inicia hasta octubre de 2023, si es que no reforman fechas y calendario oficiales.

Ya ni siquiera se menciona porque el marco legal está totalmente rebasado, pero si los partidos políticos y las 3 "corcholatas" se atuvieran a lo que marca la ley, deberían esperar al comienzo formal del calendario electoral, los períodos de precampaña, los métodos de elección de candidatos y el período de campaña, con las restricciones -vigentes, debe insistirse- de financiamiento de origen público y privado.

Pero Claudia Sheinbaum Pardo, por ejemplo, acude a un 4o. evento de informe de un senador de Tabasco para encabezar un mitin en el que reitera las grandes virtudes de transformación del presidente del país, mientras en la entidad que gobierna, le reclaman no estar presente después de un sismo que se presentó el domingo 11 de diciembre.

Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, realiza una visita en Nuevo León para afianzar lazos con sus simpatizantes del sector empresarial e insistir, estrictamente en su día de descanso, que el año entrante será uno de los mejores en la relación con los Estados Unidos, al cumplirse 2 siglos de relaciones diplomáticas con el gobierno del país vecino.

Y todavía sigue el conflicto legal de las bardas con publicidad electoral que aunque no debieran existir, pueden verse en ciudades y pueblos de toda la geografía nacional promoviendo a Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto.

El gobierno federal, mientras tanto, encabeza desde Palacio Nacional lo que debiera llamarse no la 4T, sino la 4S: la 4a. Simulación.

Claudia Sheinbaum, literalmente, bateó a Marcelo Ebrard y a sus pretensiones para evitar asimetrías en el proceso de selección de la candidatura presidencial de Morena y que se coloquen en el aparador de la opinión pública para que los midan y los juzguen. La jefa de Gobierno dijo que ni ve la necesidad de renunciar, ni tampoco ve conveniente debatir en el 1er. trimestre del año. En el 1er. caso, porque fue electa, que es una respuesta bastante débil; en el 2o., para no quitar reflectores de las elecciones para gobernador en el Estado de México y Coahuila, que es una reacción cuestionable.

Lo que trasluce es que Sheinbaum no quiere tener un careo frente a la opinión pública sin la protección del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin él, Sheinbaum sería una militante de izquierda reconocida, pero sin el tamaño o los méritos para aspirar a la Presidencia. De su mano, Sheinbaum es la principal contendiente a la candidatura. Se entiende de esta forma su rechazo a las propuestas de Ebrard, pues sus promociones nacionales carecerían del acarreo de quienes acuden pensando que con el respaldo de López Obrador será la próxima presidenta, y los apoyos económicos que ha recibido no tendrían la fluidez actual.

Sheinbaum aparece puntera en prácticamente todas las encuestas que están mirando al 2024, pero se podría argumentar que es un dato artificialmente inflado por la percepción de que es la candidata de López Obrador. Y lo es, hasta este momento, pues aunque parezca estar caminando firmemente hacia la candidatura presidencial bajo su manto protector, no se podría asegurar que dentro de unos 10 meses, cuando se defina quién tomará el bastón de López Obrador, será lo mismo. La jefa de Gobierno ha tenido un fuerte desgaste en el cargo, que en varias ocasiones ha molestado al presidente y a través de terceros ha recibido varios extrañamientos.

Desde hace meses el presidente considera que Sheinbaum tiene muchos problemas en la Ciudad de México que no ha podido resolver satisfactoriamente. En noviembre ordenó la creación de un grupo político alterno, en donde figuran el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para que le ayuden a darle gobernabilidad a la capital federal. El presidente tampoco confía en el secretario general de Gobierno, Martí Batres, a quien ha excluido sistemáticamente de decisiones y acciones clave, como la planeación de la contramarcha del 27 de noviembre.

Pero aun así, siguen los problemas, como sucedió la semana pasada donde un pésimo manejo de su gobierno para llevar a cabo las obras de drenaje en San Gregorio, Xochimilco, produjo manifestaciones, bloqueos y enfrentamientos en esa zona, que la llevó a cancelarlas.

La jefa de Gobierno ha actuado como un mal clon del presidente, al ser como un eco de todos los pronunciamientos que hace López Obrador y respaldar todas sus posiciones, como las que tuvo contra las feministas, que sólo al ver el daño que le estaba causando, buscó tener un aproximamiento que no tuvo éxito. Los colectivos feministas, cuyo antagonismo con el presidente no resolvió Sheinbaum, se ha convertido en uno de los temas electorales que se han tocado con López Obrador, por el riesgo potencial que pudiera tener con un importante segmento del electorado.

Sheinbaum está totalmente plegada a lo que indique López Obrador, lo que es una afirmación retórica ante los hechos. No sólo en el discurso, sino en las acciones. Quería el presidente que la marcha del 27 de noviembre mostrara caudales de gente sobre Paseo de la Reforma, y Sheinbaum organizó corredores de movilizados por su gobierno para que ayudaran a generar esa percepción.

Siempre quiere quedar bien Sheinbaum con el presidente, pero no siempre puede. En ocasiones le sale el rencor que esconde. Un ejemplo de ello fue cuando declaró en vísperas de la celebración del Gran Premio de México de Fórmula Uno, que ella no iría al autódromo porque era un evento "fifí". Hubo varias protestas por esta declaración, como la del diputado morenista Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio Checo Pérez, que le envió una tarjeta al Presidente para solicitarle le recordara que había un compromiso federal para que el Gran Premio se siguiera corriendo en la Ciudad de México hasta 2025. Por medio de su coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas, le pidió abstenerse de decir frases desafortunadas. Otro ejemplo donde se agachó fue con el tren rápido México-Toluca, que visitó en su campaña para la jefatura de Gobierno y dijo que allí haría un museo sobre la corrupción. Recientemente apareció en una foto con el presidente, el gobernador del Estado de México y el secretario de Comunicaciones, donde se anunció que estará listo en un año.

Sheinbaum ha tenido muchos traspiés, pero sigue siendo la favorita de López Obrador para que se quede con la candidatura presidencial. La doctora conoce sus vulnerabilidades a través de los regaños de Palacio Nacional y no puede abrir más frentes. Renunciar y debatir con Ebrard en primavera, definitivamente, sería un suicidio para ella.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, ofreció una reflexión de fondo en su cuenta de Twitter este 11 de diciembre: "Ser de izquierda es un proyecto de vida a favor de la libertad plena; de la democracia representativa y participativa; de la justicia social y respeto a DDHH. Más que una ideología es una postura en contra de las injusticias y de cualquier opresión; solidaria con los oprimidos".

Visto así, ¿quién podría objetar? Quizá lo único que pueda uno decir es que ojalá lleguemos a tener un gobierno de izquierda en México. El de Andrés Manuel López Obrador, en el que participa Ramírez, no lo es.

Los gobiernos de izquierda no suelen respaldar "un proyecto de vida a favor de la libertad plena". Toman medidas contra la libertad económica porque quieren reducir la desigualdad o mantener la "rectoría del Estado" sobre la economía. Entiendo, aunque no estoy de acuerdo, que argumenten que estas medidas son necesarias para la "justicia social", pero mienten al decir que quieren una "libertad plena".

Dice Ramírez que la izquierda está a favor de "la democracia representativa y participativa". Sin embargo, la propuesta de reforma electoral del régimen es un ataque contra la democracia que busca eliminar la alternancia de partidos en el poder. Las estructuras de "democracia participativa" que ha promovido, por otra parte, no son más que un retorno a las prácticas del viejo corporativismo.

Aplaudo que Ramírez diga que la izquierda está a favor de la justicia social y los derechos humanos. Es triste, sin embargo, que en este gobierno la pobreza haya subido de 49.9% de la población en 2018 a 52.8% en 2020 y que la pobreza extrema lo haya hecho de 14 a 17.2%. La falta de acceso a la salud se ha disparado, de 16.2 a 28.2%. Los subsidios ya no se focalizan en los más pobres, sino que favorecen a grupos más prósperos.

La defensa de los derechos humanos es una causa no solo de la izquierda sino de la sociedad. Sin embargo, la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, está más interesada en promover los programas del gobierno que en defender las garantías individuales.

No sé si la izquierda sea "una postura en contra de las injusticias y de cualquier opresión", pero sí que el gobierno tuvo una retórica de izquierda durante la campaña solo para aplicar políticas de derecha en el poder. La injusticia se ha vuelto una forma de actuar del gobierno y de su Fiscalía, mientras que la opresión de los grupos que piensan diferente al presidente es cada vez más común.

El filósofo español José Ortega y Gasset escribió: "Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas son, en efecto, formas de la hemiplejía moral". Coincido con él, pero si la izquierda es todo lo que dice Ramírez entiendo el entusiasmo. Deseo incluso que algún día tengamos un gobierno de izquierda en nuestro país.

La frase no podría ser más reveladora. "Hubieron hierros" disparó el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, para explicar el enojo del presidente por la negociación en que Morena estaba dispuesto a regalarle votos al Verde y al PT con tal de que le votaran el resto de la reforma electoral en fast track y prácticamente sin leerla. No deja de ser interesante la forma verbal, pues decir "hubieron" es un escape a la realidad, dejar sin responsable una negociación absurda.

A los diputados de la llamada 4T les encanta la vía del descontón, una técnica de pelea de barrio en la que el pelador madruga a su oponente, brincándose las reglas, presumiendo astucia más que técnica. Es el rudo de la lucha libre, el que se sale con la suya a pesar del réferi. Pero cuando el descontón no saca al oponente del cuadrilátero, entonces las cosas se ponen mal.

Los responsables del "hubieron" tienen nombre y apellido. Ignacio Mier y el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Más preocupados por quedar bien con el presidente que por hacer su trabajo, por hacer las cosas muy rápido para generar la sensación de que tienen control y que siempre se salen con la suya, que no importan las marchas de defensa del INE, ellos no se mueven un ápice de su plan de control, ambos se fueron de bruces y terminaron haciendo una reforma que es inaceptable para el mismo presidente, pero sobre todo que le pone en la mesa al senador Monreal un plato de sopa fría llamada venganza.

Los tiempos ahora están en manos del Senado. Tiene la excusa perfecta para ralentizar el proceso, para hacerla a su ritmo y mandar el mensaje de que tienen que pasar por su aduana. Si ya había dicho Monreal que no sería fast track ahora podemos esperar un cocimiento a fuego lento.

Lo que sigue es ver quién le quita el dulce al niño. Si los aliados habrían aceptado hacer la reforma sin leerla ni discutirla fue porque les dieron la posibilidad de mantener el registro por la vía de los votos cedidos. Quitarles esa posibilidad cambiará radicalmente su visión sobre los recursos para los partidos, pues se la reforma pone en riesgo su existencia. Morena necesita los votos de Verde y PT para sacar la nueva ley electoral. Ellos tienen sólo 212 votos en la cámara y requieren de los 40 de sus aliados. ¿A cambio de qué? Para que el niño suelte el dulce tendrán que darle un juguete.

"Hubieron yerros". ¿Quién paga la cuenta?

Defender lo que es indefendible, la consigna en Morena. Cuando menos la de Hamlet García Almaguer, diputado federal por Jalisco.

Aunque el presidente reconoció en la mañanera que sus huestes hicieron una reforma electoral para acomodar las cosas al PT y al PVEM, y citó a Adán Augusto para negociar que la corrijan, el diputado lleva días en defensa del adefesio que aprobaron, llamado "Plan B".

En Twitter le escribió al consejero electoral Ciro Murayama para decirle que aunque ellos promovieron el voto "en contra de la reforma", ahora podrán ahorrarse 3,500 millones de pesos con los cambios aprobados.

La respuesta no se hizo esperar: era suficiente con un recorte al financiamiento público de los partidos políticos. ¡Zas! Ya no hubo respuesta para eso. García Almaguer se quedó calladito.

Hace poco más de un mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, a través de una persona muy cercana a él en la cámara donde le ofrecía que si dejaba de estar molestando -aunque utilizó un lenguaje mucho más florido y muy propio del presidente-, le daría la candidatura del partido a la Ciudad de México. Monreal se ha vuelto un político muy incómodo para el presidente y para los radicales de Morena porque en momentos claros para la propaganda de López Obrador, se ha deslindado. La última, la reforma electoral, que criticó por sus errores constitucionales.

El presidente está harto de Monreal y la forma despectiva e insultante como se expresa de él en Palacio Nacional se ha incrementado desde que no recibió respuesta alguna a su ofrecimiento de la candidatura capitalina. No hay explicación del rechazo tácito de la candidatura, pero no es difícil entender que simplemente no le cree. En 2018 se burlaron de él al asegurar que habría un proceso justo en la elección de la candidatura de Morena para la Ciudad de México, en cuyas encuestas resultó debajo de todos quienes aspiraban, dejando libre el sitio para Claudia Sheinbaum. A cambio de ello le ofreció López Obrador la Secretaría de Gobernación, que también incumplió, y terminó en el Senado, donde su operación política fue muy eficiente en momentos críticos para el presidente, que no se agradecieron equitativamente en Palacio Nacional.

Sólo la capacidad de Monreal evitó un motín de morenistas en su contra que quería impedir que sus posiciones tuvieran un 2o. periodo, pero derrotó la revuelta organizada por los radicales cercanos al presidente. Monreal tenía los votos para ser presidente de Senado, pero para evitar con ello un quiebre que consideraba pudiera ser definitivo con el presidente, maniobró para que un cercano a él se quedara en el cargo y él como presidente de la poderosa Junta de Coordinación Política.

En Palacio Nacional no saben cómo controlarlo y neutralizarlo. Monreal es como un pez en sus manos, y se les escapa constantemente con iniciativas que toman al Palacio Nacional de sorpresa. No ha dejado de pedir citas para hablar con el presidente, que de manera sistemática han sido rechazadas, pero ha tenido otros lances que han disgustado, aparentemente por lo temerario, a López Obrador. El que más, cuando a través de su secretario particular, Alejandro Esquer, le dijo que le gustaría ir a la contramarcha del 27 de noviembre, pero brazo con brazo con López Obrador, como lo hicieron tantas veces en el pasado. Con palabras altisonantes, cuando fue informado de la petición, López Obrador ordenó a Esquer que no le hiciera caso, ante cuyo silencio Monreal se inventó un viaje a Madrid para no estar en México aquel domingo.

Monreal lo exaspera. De ahí la amplia conversación hace unos días de López Obrador con el líder de Morena, Mario Delgado, que le hizo un análisis de pros y contras sobre la expulsión de Monreal de Morena y eliminar de una vez con todas ese peñón que tienen en el zapato.

Estimaciones que se han hecho a lo largo de semanas en el Senado, apuntan que de salir Monreal de Morena, de 12 a 20 senadores del partido se podrían ir con él, creando una fracción rebelde del presidente con enorme fuerza, al quitarle una buena proporción de senadores a Morena, que tiene 61. Sus partidos satélites, los Verdes y el PT, tienen sólo 11 representantes.

Esa posibilidad hizo más compleja la conversación entre el presidente y Delgado, que esperaba que López Obrador le autorizara la expulsión del senador, que ha sido su deseo hace bastante tiempo.

López Obrador echó marcha atrás a la expulsión de Monreal e instruyó a Delgado que por el momento, no mueva nada en contra del senador.

La apuesta en Palacio Nacional es al desgaste de Monreal, creándose de manera natural condiciones para su salida del partido. La decisión es la más inteligente, pero hay un problema. Han sido tan claros los desprecios y ataques contra Monreal durante tanto tiempo, que lo hicieron víctima del poder presidencial y lo han fortalecido, dentro y fuera de Morena.

En la conversación que sostuvimos con el senador Ricardo Monreal, en La Silla Roja de El Financiero Bloomberg TV, Monreal fue preciso al señalar que en caso de que el método para elegir al candidato presidencial de Morena fuera a través de encuestas organizadas por Morena, él no aceptará participar.

Monreal siempre cuestionó la encuesta que eligió a Claudia Sheinbaum como candidata a la Jefatura de Gobierno en el 2017. Pero aceptó el resultado pues dijo que eran las reglas del juego y él las había asumido.

Ahora, está claro que si se hace una encuesta como las que acostumbra hacer Morena, no va a participar en la contienda.

Lo pensaría si se hacen encuestas espejo realizadas por encuestadoras independientes y no contratadas por Morena. Y no dudaría en participar si hubiera elecciones primarias.

Este fin de semana, Marcelo Ebrard también reiteró algunas de las condiciones de las que ha estado hablando en los últimos días.

Respecto a la encuesta, coincide con Monreal en que sea realizada de manera independiente, además de que sea verificable y sugirió incluso que se haga mediante una urna simulada con una sola pregunta.

Pero Ebrard también agregó 2 condiciones más: la realización de debates entre los aspirantes en el 1er. semestre de este año, así como el planteamiento de que se fije una fecha para que los interesados dejen sus cargos.

Claudia Sheinbaum ha aceptado el tema de los debates, pero rechazó el que se establezca una fecha para dejar sus cargos.

A diferencia de Monreal, Ebrard no condicionó su participación en el proceso al cumplimiento de las condiciones que puso.

Pero, si se operara como se ha hecho hasta ahora, no sería imposible que en pocos meses señalara también que no hay condiciones para competir equitativamente.

Como le he comentado en este espacio en numerosas ocasiones, la ventaja de haber arrancado antes la carrera por parte de los aspirantes de Morena puede convertirse en desventaja si un proceso prolongado genera desgaste y conflictos.

La percepción de que Sheinbaum es la favorita de AMLO ya ha provocado una "cargada" de funcionarios a favor de la jefa de Gobierno.

La reforma electoral que esta semana se discutirá en el Senado incluye 2 cambios que pueden favorecer claramente a Sheinbaum.

El 1o. es el debilitamiento de la capacidad sancionadora del INE. El que haya más laxitud en los procesos va a favorecer a quienes tengan mayor acceso a recursos públicos.

El 2o. es la eliminación de restricciones a la emisión de informes de gobierno, así como la nueva definición de propaganda gubernamental como sólo aquella que se paga, lo que permite a los funcionarios amplio margen de maniobra para intervenir en el proceso electoral.

Aunque en términos generales, los puntos clave de la reforma aprobada en la Cámara de Diputados favorecen a Morena, en particular, si se aprobaran, sería Claudia Sheinbaum quien podría sacar más ventaja de ellos debido a que es quien maneja más recursos públicos y al efecto de la "cargada" que puede darle amplio respaldo de gobernadores y diversos funcionarios.

Previamente le señalamos el riesgo que tiene el país con una reforma electoral que va a rechazar la oposición.

Pero, quizás incluso al interior de Morena, si se procesan los cambios en los términos propuestos, será más factible que haya dados cargados en la contienda para seleccionar a su candidato o candidata.

Es decir, la crisis podría comenzar con fracturas en Morena.

Nuestro sistema electoral tiene muchos defectos, algunos de los cuales fueron introducidos en las reformas de 2007 y 2014 por esos mismos grupos de izquierda que hoy han llegado al poder con López Obrador. Los cambios futuros, sin embargo, deben hacerse con tiempo y con acuerdos con la oposición. Además, las enmiendas no deben afectar la calidad de los procesos electorales y mucho menos poner fin a la alternancia de partidos en el poder que solo empezamos a gozar en el país a partir de las elecciones federales intermedias de 1997.

Yo lamento la actitud del presidente López Obrador en este tema. Durante muchos años afirmó ser un luchador por la democracia; hoy parece decidido a acabar con ella para restablecer el sistema de partido hegemónico que dijo combatir en el pasado. Y lo está haciendo con un procedimiento muy cuestionable, al impulsar una iniciativa hecha a las prisas, sin permitir que los legisladores tengan siquiera oportunidad de leerla. Así no se debe legislar sobre un tema tan importante, así no se debe legislar sobre ningún asunto.

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de iniciar un "golpe de estado" con la reforma que pretende modificar al Instituto Nacional Electoral (INE).

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el exdiputado llamó a los Senadores (a quienes les toca analizar y discutir la reforma) a no aprobarla. También aseguró que el presidente López Obrador debería ser procesado ante la Corte Penal Internacional.

"GOLPE DE ESTADO EN MÉXICO. La iniciativa electoral de AMLO significa un golpe de estado contra nuestro régimen constitucional. El Senado no debe aprobarla y el Presidente debe ser procesado ante la Corte Penal Internacional. Tenemos el derecho a revelarnos contra la opresión", escribió en su red social.

Paco Calderón
(11 de diciembre de 2022).

No se había visto en muchos años en la Cámara de Diputados un proceso legislativo más sórdido, deshonesto e inmundo que el que se vivió la tarde del pasado martes 6 de diciembre, el cual seguramente pasará a la historia como uno de los actos más indignos y denigrantes para el poder legislativo, que fue rebajado a una oficina de trámites para cumplir los deseos del ejecutivo, suprimiendo la división de poderes que establece la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y coaccionando a diputados de la manera más degradante posible.

Todo lo anterior, motivado por la polémica iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El asunto es que por más que Andrés Manuel intentó "persuadir" a diputados de la oposición, con bastante anticipación sabía que no alcanzaría la votación requerida para modificar la ley como pretendía, de tal suerte que urdió un "Plan B".

La muy controvertida iniciativa -la original-, fue sometida a votación y rechazada por la oposición, siendo que por tratarse de una reforma constitucional requería de la aprobación de las 2 terceras partes de los diputados presentes en el recinto legislativo, 330 votos para ser exactos, y como ya se elucubraba no fueron suficientes los sufragios de Morena y sus aliados.

Sin embargo, la soberbia del mandatario tabasqueño no iba a permitir que los periódicos del día siguiente publicaran a 8 columnas su fracaso, de ahí que movilizó todo lo que fuese necesario, incluido al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que entregara el tan anunciado dictamen con el "Plan B", que ahora sabemos, contiene graves faltas y errores que necesariamente tendrán que ser subsanadas.

Con los errores encontrados al documento, quedó en evidencia lo que muchas voces refieren, que los personajes que integran la 4a. Transformación y más aún, los que se ubican en el 1er. círculo del presidente carecen de conocimientos y experticias (sic) como para generar un dictamen a la altura, y adecuadamente sustentado.

Lo cierto es que la orden expresa de Palacio Nacional fue que se presentara el documento el mismo martes para evitar la humillación y el descrédito en los medios de comunicación y así ocurrió.

Ningún personaje del oficialismo reparó en el rosario de ilegalidades y canalladas, que se estaban cometiendo, habiendo observado uno de los manejos más desaseados de que nos ha correspondido ser testigos como mexicanos en la Cámara de Diputados.

El dictamen, que también ya ha sido confirmado, fue objeto de una negociación de último momento por legisladores del PT y PVEM, se presentó al pleno con dispensa total de trámites y términos, sin pasar a comisiones, y sin que se le diera espacio para su revisión. Me atrevo a asegurar que ningún diputado de Morena, PT o PVEM conocía el documento completo que se sometería al pleno y mucho menos alguien de la oposición. De hecho, ni siquiera tuvieron oportunidad de "no cambiarle ni una coma" -como se los mandata el presidente-, sino que esta vez incluso la votaron a ciegas porque la instrucción de Palacio Nacional fue tajante en el sentido de que se le diera trámite con carácter de urgente.

Los representantes de los partidos políticos PRI, PAN, PRD y MC, que presentaron mociones pidiendo y exigiendo se regresara el dictamen para tomar los cauces normales del proceso, fueron olímpicamente ignorados y todas sus propuestas desechadas.

De manera que el documento fue obedientemente aprobado por los diputados de Morena y sus aliados, puesto que en esta votación no se requería la mayoría calificada.

El "Plan B" no sólo "toca al INE" sino que "lo modifica a machetazos", según alertó el ex presidente del propio órgano electoral Luis Carlos Ugalde, toda vez que dijo, plantea compactar al Instituto Nacional Electoral de forma excesiva por medio de la reducción de 6 direcciones a 3, la fusión de las responsabilidades cumplidas por 5 funcionarios en sólo un puesto que se ocupará de las 300 oficinas distritales que hay en el país. Estos cambios, comentó, se deben cumplir antes del 1 de agosto, lo cual complicará la situación que hay en el INE.

Explicó que otra de las medidas estipula que los partidos en alianza puedan transferir votos, de tal manera que cuando una fuerza política no alcance el mínimo de sufragios pueda pedirle a otro que le brinde los necesarios.

Se ha dicho que se corregirán los errores. En tanto en el Senado ya se advirtió que se respetarán los procesos y se revisará detalladamente en comisiones.

Ojalá, como lo ha ofrecido el coordinador de los senadores de Morena, cumpla su palabra y se impida cualquier transgresión al órgano electoral; que se anteponga el bien de México y que ningún senador de oposición traicione a su partido.

Ya se verá qué tanto se corregirá y cuál será el real daño que se le habrá de ocasionar al INE, que finalmente, ese es el objetivo de Andrés Manuel López Obrador, atacar y destruir al órgano electoral para, como lo han hecho algunos de sus más apreciados y queridos amigos mandatarios, deshacerse del árbitro vigilante de la democracia con el fin de prolongar sus mandatos o perpetuarse en el poder.

La cancillería peruana afirmó ayer que las opiniones del presidente Andrés López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard, sobre la destitución y detención del expresidente izquierdista Pedro Castillo, "constituyen una ingerencia en los asuntos internos del Perú. El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador de los Estados Unidos Mexicanos, Pablo Monroy, a fin de transmitirle la extrañeza que han generado las expresiones de las autoridades mexicanas".

El martes pasado se cumplieron 18 meses de la elección intermedia, 6 de junio de 2021, en la que la coalición del presidente fue derrotada por más de 2 millones de votos.

Gracias a la cláusula de sobrerrepresentación y a la participación separada de Movimiento Ciudadano, esa coalición logró mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, pero quedó muy lejos de las 2 terceras partes necesarias para modificar la Constitución, que sí tenía en la LXIV Legislatura.

Desde entonces, el presidente ha cometido una serie de errores que lo han debilitado significativamente.

Primero, anunciar de inmediato a su sucesora, y para ello golpear sin misericordia a Marcelo Ebrard y alejarse definitivamente de Ricardo Monreal.

Después, cuando ésta no lograba avanzar, traer como parejero a Adán Augusto López. Después, promover su revocación de mandato para mostrar fortaleza, logrando exactamente lo contrario.

Puesto que la reforma constitucional que le importaba, extender su mandato y después reelegirse, era ya imposible, promovió 3 que le parecían de la mayor importancia: la eléctrica, para afianzar su política retrógrada en materia energética; la de la Guardia Nacional, para consolidar a las fuerzas armadas en la seguridad pública; y la electoral, para contar él los votos en 2024 y así lograr el triunfo de uno de sus 2 posibles sucesores, ambos incapaces de ganar una elección.

Las 3 fueron rechazadas, porque no cuenta con los votos en el Congreso.

Si acaso logró extender un transitorio para que las fuerzas armadas no tengan que retirarse en 2024 de las calles, pero eso no tenía importancia.

El rechazo a la 3a. reforma ocurrió precisamente el martes, cuando se cumplían los 18 meses, e iniciaba otro lapso similar para llegar a la elección de 2024.

Esa misma noche, la coalición presidencial repitió la dosis de las reformas previas: una ley inconstitucional, para que la Corte tenga que decidir. Con la eléctrica, la Corte acabó haciendo un terrible papel, en términos de Estado de Derecho. La ley no fue declarada inconstitucional, porque nada más 7 de los 11 ministros votaron en ese sentido.

Pero esos 7 votos son suficientes para que cualquier recurso que se promueva salga adelante. Es decir, es inconstitucional pero no se le dice así.

En el caso de la Guardia, la Corte no ha decidido, y creo que tendrá que posponer su análisis porque el tema electoral tendría precedencia, si esta reforma es aprobada en el Senado, algo que está por verse.

En cualquier caso, esta discusión ya no le tocará al actual presidente de la Corte, el manipulador de votos en la sesión de la ley eléctrica. Le tocará al sucesor, o sucesora, que conoceremos en los próximos días.

Algunos piensan que cada reforma que se le rechaza al presidente abona a su popularidad, porque lo muestra audaz y confrontativo, pero me parece que ocurre lo contrario.

Ese rasgo de personalidad es lo que le quitó votos en 2006, y me parece que hoy le resta apoyo. Si bien el tema eléctrico puede estar alejado de la vida diaria, cuando inicie el panel arbitral del T-MEC sobre él, muchas personas empezarán a preocuparse; si el argumento de que el Ejército es el único que puede dar seguridad suena razonable aún a muchos, después de tantos años y con los muy pobres resultados recientes, para otros tantos suena hueco.

Y en el caso electoral, sólo a los más fieles seguidores les parece buena idea regresar al sistema de 1988.

En estos 18 meses, el presidente ha cometido muchos errores que le van a dificultar mantener la unidad en su coalición, que lo pueden colocar en una situación extrema, y que no le agregan capital político. Al revés, le cuestan.

Si sigue por ahí, los últimos meses serán un infierno. Para él, y para los demás.

La preocupación no radica en los propósitos fundamentales de la llamada 4T, ni siquiera en las aspiraciones egocéntricas de un presidente que quiere pasar a la historia como un gobernante que logró cambios significativos en pro del bienestar de los más pobres. El desasosiego no está en los propósitos, porque sea del lado del gobierno o del lado ciudadano; los deseos, anhelos y esperanzas, las aspiraciones, pues, son las mismas: reducir la pobreza y acabar con la corrupción.

La preocupación está en que con las decisiones y políticas públicas implementadas, con la baja o nula capacidad ejecutiva, las prácticas corruptas, las actitudes divisivas y los cambios constitucionales que intentan hacer a como dé lugar, el logro de los objetivos y aspiraciones comunes no sólo se ven lejanos o imposibles, sino que han puesto al descubierto que la prioridad del presidente no es reducir la pobreza ni acabar con la corrupción, sino la conservación del poder de una nueva mafia, esta vez más agresiva, ambiciosa y mucho más destructiva que las anteriores.

Pero aun así, si en paralelo a las ambiciones de poder y dinero la 4T estuviera realmente mejorando el país y haciendo realidad las legítimas aspiraciones ciudadanas de desarrollo y bienestar, los reclamos, señalamientos y críticas serían mucho menores.

El presidente y sus colaboradores no entienden o no aceptan los roles para los cuales fueron contratados (elegidos) y los límites de su encargo.

El presidente ha violado e intentado cambiar muchas cláusulas del contrato social que juró cumplir; ha insultado y hecho a un lado a buena parte de los dueños; los planos ejecutivos que hizo no respetan el proyecto original que incluía espacios para todos; no concursaron las obras, rebasaron presupuestos y ocultaron las cuentas; los estudios de factibilidad, cálculos, ingenierías y procedimientos constructivos se pusieron en manos de inexpertos y ponen en riesgo la estabilidad de la casa.

Ante esta situación, lo que toca es llamar a cuentas al presidente para reclamar las violaciones al contrato, los cambios unilaterales al diseño, la falta de oficio y conocimientos de sus colaboradores y supervisores de obra, y exigir que nos muestre las cuentas y los procedimientos para la asignación de contratos.

La casa-nación a la que le están "metiendo mano" es de todos, y todo indica que la obra terminará costando mucho más de lo presupuestado, y terminaremos viviendo en una casa incómoda y sin espacios suficientes para que quepamos todos, con innumerables fallas técnicas, altos costos de mantenimiento y sin ninguna garantía para cubrir defectos y vicios ocultos.

Y por si fuera poco, la cabeza del proyecto y sus administradores de obra tienen el descaro de pedir que les renovemos el contrato para continuar con las siguientes fases de un proyecto de nación que para hacerlo funcional habrá que asumir pérdidas y demoler buena parte del adefesio construido.

Se va a ir.

Se tendrá que ir.

En 2 años más Andrés Manuel López será historia como presidente y pasarán muchas cosas.

Su sucesor, en el más puro estilo de los tlatoanis aztecas, deberá destruir buena parte de la huella de su antecesor y al no llegar al poder con la abrumadora popularidad con que llegó López deberá tejer un gran proyecto de reconciliación nacional, donde por fuerza deberá estar incluida esa clase media que se encuentra tan caliente en redes sociales y chats de WhatsApp, que el presidente ha ninguneado y sobajado y que marchó como una enorme multitud por Paseo de la Reforma en Ciudad de México hace algunas semanas.

Será imposible para él o la sucesora tratar de sostener los 3 grandes proyectos o caprichos del presidente saliente.

El aeropuerto de Santa Lucía, de seguir operando, lo hará de manera muy limitada y quizás como mero punto de conexiones entre vuelos que eviten el aeropuerto de la Ciudad de México, ese que también por capricho está operativamente en la lona y se ha convertido en una auténtica pesadilla para quienes tienen que llegar o salir de él.

Es un enigma qué será de la refinería de Dos Bocas si es que llega a operar y procesar petróleo. Está condenada a la desaparición sencillamente por el relevo de energías a nivel mundial y quedará como una gran ruina en medio de los esteros de Tabasco.

Y el más doloroso será el Tren Maya, que aunque tiene posibilidades reales de correr tan sólo en algunos tramos, muy lejos de lo que era el proyecto original, dejará una herencia de destrucción ambiental de magnitud insospechada.

Y es que además de las selvas que se están tumbando a marchas forzadas para que corran las vías del nuevo tren, es increíble la desfachatez del presidente al asegurar que los pilotes que se van a perforar de más de 25 metros para llegar a piso sólido no van a hacer daño cuando se trata de un terreno calizo, inigualable en todo el país, extremadamente sensible que precisamente por sus fragilidad permite que corran los ríos subterráneos y se hayan formado los cenotes.

Ese daño es irreversible.

El que sea sucesor de AMLO, cuando se le pregunte por alguno de estos 3 proyectos, tratará de voltear la mirada hacia otro lado y desviar la atención sobre algún otro problema para ignorar los daños de los 3 caprichos.

Son indefendibles.

Y cuando López se haya ido quedarán sólo como enormes monumentos a la soberbia y la prepotencia.

No es casual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin prudencia ni recato diplomático, se haya tirado de cabeza para defender al presidente de Perú Pedro Castillo, que para impedir su 3er. juicio por corrupción, intentó un autogolpe de estado disolviendo al congreso horas antes de la votación. Su gesto fue desmedido, pero hay razones profundas que lo están motivando, y en el ejemplo de otros, como Castillo, o la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, condenada a 6 años por el delito de administración fraudulenta durante sus 12 años de gobierno -no irá pronto a prisión porque tiene fuero-, está construyendo una ruta transexenal en el caso que le depare la misma suerte.

En un mensaje en Twitter lamentó que "por intereses de las élites económicas y políticas" -la justificación diaria en Palacio Nacional ante la mediocridad de su pretendida transformación-, la "Presidencia legítima" -como proclamó la suya tras perder la elección presidencial con Felipe Calderón- de Castillo, haya sido barrida por "el sui géneris precepto de 'incapacidad moral'" que existe en la Constitución peruana desde 1993, por lo cual, cuando menos, si no quedarse callado, lo debió haber obligado a un mejor fraseo en la defensa del ex presidente.

Salvo el presidente boliviano Luis Arce, cuyo compañero de armas Evo Morales -otro amigo de López Obrador-, que violó la Constitución de su país para preservarse en el poder, los gobiernos auténticamente de izquierda en América Latina fueron más cautos y propositivos. López Obrador, que se encuentra en las antípodas de esas virtudes, prefirió torcer la realidad peruana. No fueron las élites las que rechazaron el putsch de Castillo, sino su partido, miembros del gabinete que renunciaron cuando disolvió el Congreso, las fuerzas armadas y la Policía Nacional, que dijeron que estarían del lado de la Constitución, la Fiscalía de la Nación, el poder judicial, figuras de la izquierda, entre muchos otros que opusieron al golpe.

López Obrador tiene razones de fondo en levantar la voz, so riesgo de quedar como un intervencionista, pero que trasluce sus inquietudes. No en él, que dijo el miércoles que no temía ir a la cárcel tras dejar la Presidencia. En efecto, por la información recabada en fuentes federales, no tiene esos miedos, pero tiene otros, sus 3 hijos mayores. En noviembre, de acuerdo con información confiable, le pidió a la Fiscalía General trabajar estrategias que pudieran frenar cualquier investigación en contra de sus hijos José Ramón, Andrés y Gonzalo. López Obrador parece tener miedo de que a sus 3 hijos les abran carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción.

Qué puede existir para que el presidente haya pedido que se vaya preparando el blindaje legal para ellos, es algo que no se puede saber, cuando menos por ahora, pero sí es un tema que inquieta a López Obrador.

Pero sus hijos no deberían ser los únicos que le preocupan. El propio presidente podría enfrentar varios probables delitos. Uno muy notorio y que pasa invisible frente a nuestros ojos es el probable delito de peculado, en cuyo artículo 223 constitucional en su fracción II, se castiga usar recursos públicos de manera ilícita para denigrar "a cualquier persona", como sucede diariamente en la mañanera.

Otro evidente, donde él es un delincuente confeso, es por omisión, contemplado en el artículo 109 constitucional al haber ordenado liberar a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, cuya justificación moral quedó anulada al nunca instruir a su gobierno proseguir su búsqueda y captura.

Hay más posibles delitos. Uno por actos pasados, las muertes causadas en niños por la falta de medicamentos para el cáncer, como parte de una política de salud ordenada por él. Otros, para ser analizados dentro del artículo 108 sobre daño patrimonial al Estado y corrupción, por el Tren Maya -además de daños ambientales irreparables- y la refinería Dos Bocas, proyectos derivados de sus ocurrencias, no de análisis de factibilidad y viabilidad, que han casi triplicado sus presupuestos sin que siquiera se conozca en este momento que operarán en los tiempos planeados y darán los resultados ofrecidos, como está sucediendo con el aeropuerto "Felipe Ángeles".

No es casual ciertamente la defensa y retórica de López Obrador a favor de Castillo y Fernández. Por precaución o temor, sabe o intuye que en el invierno del 2024, la vida apacible que se decía para sí mismo en su retiro, podría ser todo lo contrario.

Diputados y diputadas federales por Jalisco coincidieron en que los cambios aprobados en "fast track" a las leyes secundarias en materia electoral, conocido como "Plan B", debilitan el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), de cara a las elecciones del año 2024.

Mauro Garza Marín, de Movimiento Ciudadano, criticó la desaparición de la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva del INE, que fungen como sus órganos centrales, así como la eliminación de 2 salas regionales y puestos claves. Además, cuestiona la limitación del Instituto para sancionar a funcionarios por actos anticipados de campaña y que tampoco se podrán cancelar candidaturas por faltas graves. "La debilitan y acortan sus atribuciones, entonces se ponen en juego las elecciones del 2024".

El diputado Salvador Caro, del mismo partido, opinó que los cambios debilitan al INE en todo su funcionamiento y disminuyen a los tribunales electorales. "Están diseñados para beneficiar el esquema de precampañas que han iniciado las 'corcholatas', y restringen la libertad de expresión al no permitir calificar y evaluar a los gobiernos en turno".

Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio de Procesos Político Electorales de la Universidad de Guadalajara, agregó que aunque los Organismos Públicos Locales Electorales no desaparecen, también serán debilitados. "Aparecen como delegaciones locales que dependerán de un Consejo General".

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, reiteró que la minuta de la Cámara de Diputados sobre los cambios a las leyes secundarias en materia electoral tendrá el trámite legislativo habitual, por lo que será analizada, discutida, dictaminada y votada sin precipitaciones, y no "fast track".

"El Senado de la República actuará con serenidad y buen juicio, será una discusión racional, vamos a cuidar el procedimiento legal, no habrá atropellamiento, no habrá 'vía rápida'. Vamos a hacerlo con cuidado y respeto a nuestra investidura y a nuestro órgano colegiado", apuntó.

Advirtió que son preocupantes varios de los cambios que la Cámara de Diputados hizo a las leyes secundarias en materia electoral, conocido como "Plan B" de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La administración de López Obrador se ha caracterizado por su inhabilidad crónica de reconocer un error, recomponer el camino o aceptar el fracaso. Por eso se inventan que siempre hay un "Plan B". Se cobijan en esta idea del "Plan B", que es una ocurrencia que surge de la incapacidad de ejecutar los planes originales. Cuando no les sale algo, dicen que siempre tuvieron en mente "El Plan B".

Como no les salió la reforma electoral, hicieron un potaje de iniciativas y le llamaron el "Plan B". Con la reforma eléctrica funcionó idéntico: como no logró entregar la CFE a Bartlett, el "Plan B" fue el litio. Como no funcionó el AIFA, el "Plan B" fue dar la orden de que hubiera menos lugares disponibles en el Aeropuerto Benito Juárez para que por la fuerza las aerolíneas se fueran a Santa Lucía. Como no pueden vender el avión presidencial, el "Plan B" es revivir Mexicana de Aviación. Como la refinería no estuvo lista para ser inaugurada el día que se dijo, el "Plan B" fue inaugurar la 1a. fase. Como Dos Bocas no va a refinar un barril en mucho tiempo, el "Plan B" fue comprar una refinería en Estados Unidos para poder presumir. Cuando se atoró el tren maya, el "Plan B" fue que el Ejército lo construyera. Inventó el Insabi y como fue un fracaso, el "Plan B" fue que se volviera IMSS-Bienestar. Si un violador no puede ser gobernador, entonces su hija es el "Plan B". Si no compró a tiempo gasolina para el país, el "Plan B" es inventar una guerra contra el huachicol que justifique el desabasto. Si no compró medicinas y generó desabasto, el "Plan B" es decir que las comprará la ONU... y tampoco funciona.

El "Plan B" de Claudia es Marcelo y ya anunció que tiene 300 representantes en todos los distritos electorales del país. Claudia ya se construyó su Plan B: ya estará felizmente casada. Monreal está a días de ejecutar su "Plan B": saltar a la oposición.

Y el verdadero "Plan B", el más relevante de todos, el que sí lleva meses en construcción, es lo que va a hacer AMLO si pierde la sucesión presidencial: poner en duda el resultado y cuestionar al INE. Por eso lo quiere débil política y económicamente. Para noquearlo más rápido.

Ayer, a propósito de la sentencia de 6 años de prisión para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, el presidente dijo que si a él lo querían meter a la cárcel no había problema, pues ya sabían dónde iba a estar (en el rancho con nombre de lugar inhóspito y lejano) y sentenció que alguien que tiene la conciencia tranquila, como él, no sufre en la cárcel. Más aún, también se comparó, de manera poco sutil, con Cristo, y dijo que el Mesías, al igual que él, luchó por los pobres, fue perseguido, espiado y señalado como alborotador del pueblo y agitador social.

Las referencias a Cristo y a la Biblia en las mañaneras son ya parte del paisaje: el presidente habla más de Cristo que muchos curas. Lo que hay que resaltar son las comparaciones, esas disposición a ser mártir y al mismo tiempo a equipararse con el Mesías. Si alguien tenía duda de hasta dónde puede llegar el presidente con eso que él llama "sus causas", está claro que va a meter el cuerpo, y no en el sentido figurado.

Las convicciones, a las que tanto hace referencia el presidente, son sin duda un valor para un líder político. El problema es cuando éstas se convierten en ideas fijas, cuando la creencia en un ideal y en una forma de hacer las cosas impide el diálogo, niega al de al lado y deja de escucharlo. Eso es el fanatismo, sea religioso o político.

Frente al mesías lo que hay son fanáticos. Que los diputados y seguidores de López Obrador festejen que se haya aprobado la reforma electoral sin tocar una coma de la palabra del señor, sin pensar que el texto podría y debería de ser mejorado por los que no piensan igual que ellos, sin vislumbrar que discutir la democracia sin métodos democráticos es una contradicción en sí misma, es aún más grave. A la máxima fundamentalista de "El INE no se toca" la respuesta fanática fue votar sin leer.

[Está todavía pendiente la aprobación en el Senado - nota del webmaster]

La 1a. batalla de la larga y constante guerra que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició desde el día 1 de su gobierno, con recurrentes embestidas desde el púlpito de sus ruedas de prensa mañaneras, contra el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó ayer con la aplicación del llamado "Plan B", que si no anula la independencia del órgano electoral como se buscaba con la reforma constitucional, sí lo deja tocado, debilitado al igual que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Lo 1o. que habrá que reconocer, a pesar de los pesares, es que el PRI y su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, "Alito", cumplieron su palabra y votaron en contra de la iniciativa del presidente, pese a la mafiosa amenaza de reactivar el proceso de desafuero en su contra por enriquecimiento ilícito del que lo acusa la Fiscalía de Campeche, en la sección instructora de la Cámara de Diputados. Por el uso faccioso que el gobierno de la 4T ha hecho de las instituciones de justicia contra sus adversarios, nada raro sería que el priista pague con cárcel el no haberse alineado a los designios presidenciales.

El proceso como el resultado de la sesión de ayer confirman el carácter autoritario de López Obrador al someter al poder legislativo y ordenar que en fast-track y con todo desaseo, le aprobarán las reformas legales que mandó el martes mismo con su su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para sí tocar al INE, un órgano electoral que, pese a su fallas, en lo general ha garantizado la alternancia política y elecciones libres, como la que llevó a la presidencia de México a AMLO.

Aunque no logró su cometido de que los consejeros electorales se eligieran mediante el voto popular de una lista de 60 aspirantes propuesta desde el gobierno, los diputados y los ministros de la Corte, buscando una clara injerencia y control de sus decisiones y que era la mayor amenaza de regresión democrática para el país, sí logró compactar la estructura del INE y restarle atribuciones en materia de sanciones a los partidos políticos. Una de ellas, por ejemplo, evita que en adelante la autoridad electoral pueda retirar candidaturas. Fue clara ahí la venganza por haber cancelado la postulación a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio.

Con la iniciativa legal aprobada, se reducirán también salarios y prestaciones de las y los consejeros electorales, y se les quitarán los fideicomisos para pasar su manejo al poder ejecutivo, con lo que también se cumple otra de las amenazas que había lanzado el presidente.

Aunque muchas de las nuevas disposiciones seguramente serán impugnadas y litigadas en la Corte, habrá que ver si estas distracciones no vulneran al árbitro electoral y lo terminan sometiendo en detrimento de los magros avances que como país habíamos alcanzado. Eso lo sabremos con lo que ocurra en las elecciones estatales del próximo año en Coahuila y el Estado de México y en las elecciones presidenciales del 2024, pero antes en cómo se resuelva el relevo de la presidencia en la Corte y la renovación de 4 de los 11 consejeros electorales a inicios del 2023.

Lorenzo Meyer, el historiador favorito del presidente López Obrador, definía hace más de 30 años al corporativismo en México como el "arreglo ideal para la creación y sostenimiento de un sistema autoritario".

El pasado 27 de noviembre en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México vimos el clímax del culto a la personalidad de un líder autoritario. En las calles aledañas a Reforma, atestiguamos la materialización de un retroceso más en la cuenta del gobierno de López Obrador: el resurgimiento del corporativismo en nuestro país. Ese corporativismo que se instaló en México hace un siglo con el Partido Nacional Revolucionario y que evolucionó y se consolidó con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El corporativismo de manera simplista lo entiendo como la organización de la sociedad como mecanismo de representación política mediante grupos o corporaciones que actúan como elemento de control sobre sus miembros individuales: el gobierno se arregla con un sindicato, coopta a los líderes y éstos se encargan de que todos sus agremiados sigan sus directrices e instrucciones políticas.

¿Qué vimos hace un par de domingos, en la marcha convocada por López Obrador? Cientos de camiones provenientes de todas las entidades federativas que se estacionaron alrededor de las calles del centro de la ciudad. Los gobernadores actuando como líderes sindicales. Los alcaldes más destacados también. Cada uno tenía que cubrir su cuota y a cambio de eso, se mantenía en gracia con el líder. También los militares le entraron al corporativismo: llegaron camiones con soldados vestidos de civil para nutrir la marcha, todo un mensaje. Mantas de contingentes organizados por estado y otros por alcaldía, gafetes que identificaban el grupo y la procedencia, leyendas de "Honor y fuerza sindical", tamales, tortas, jugos. Banderas impresas impecablemente. Gorras, inflables, playeras. Como si el reloj político hubiera retrocedido décadas, circuló en redes sociales una carta firmada por la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Tepito, donde se instruía la participación obligatoria de cada tendero con 2 acompañantes, con la amenaza de que de incumplir se le descansaría toda la temporada 22-23, o sea, se quedaría sin trabajo en la mejor época del año. Era un mensaje.

¿Qué mejor momento para que este arreglo del que hablaba el historiador Lorenzo Meyer retome fuerza como herramienta de poder y control, que el que estamos viviendo en México? ¿Qué mejor figura para abanderar el resurgimiento de los cotos de poder que Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué mejor "corporación" que Morena para controlar a sus miembros, si es justo el control la base sobre la que se fundó el partido y ha sido el modus operandi?

Vamos en reversa. La fiesta del ego del domingo no tiene nada que ver con la democracia. Es otro capítulo de lo que hemos ido atestiguando: el retroceso constante en la ruta democrática de México. López Obrador se equivocó de década.

La Cámara de Diputados hundió ayer un proyecto de reforma constitucional que buscaba debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE).

Anticipando su derrota, el ejecutivo presentó una nueva iniciativa para modificar leyes secundarias, al no contar con los votos suficientes para modificar la Constitución.

Con 225 votos en contra, 269 a favor y una abstención, la propuesta legislativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue desechada, destacó el titular de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.

"¡El INE no se toca!", corearon legisladores de oposición tras la votación en San Lázaro.

La propuesta de enmienda constitucional buscaba también que los miembros del INE fueran elegidos por voto popular y no por los partidos.

El lunes, la organización Human Rights Watch afirmó que la reforma electoral de AMLO "ponía en jaque las elecciones libres e imparciales" y por ello el congreso debía "rechazar las modificaciones al sistema electoral".

El pleno de la Cámara de Diputados inició en debate de 2 iniciativas "espejo" al llamado "Plan B" del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de un par de reformas a leyes secundarias en materia electoral, que proponen lo mismo que las recibidas la tarde de ayer por parte del ejecutivo federal, que entre otras cosas plantea extinguir los fideicomisos del Instituto Nacional Electoral (INE), reducir el salario a consejeros, y compactar la estructura operativa del órgano electoral.

Las iniciativas se presentaron de esa forma para poder dispensar los trámites, toda vez que la ley orgánica de la cámara sólo permite dispensar trámites de propuestas que sean presentadas por un legislador.

Se prevé que los proyectos sean avalados con los votos a favor por parte de Morena y sus aliados.

El consejero del INE, Ciro Murayama, criticó el "Plan B" de la reforma electoral.

Señaló que una de las partes de la iniciativa propone la eliminación de la "rama administrativa" del Servicio Profesional Electoral Nacional.

"Nada más que el SPEN no tiene rama administrativa. O sea, quieren desaparecer algo que no existe. Así de serios", apuntó el consejero.

Por ello, lanzó la pregunta: "¿Plan B o 'V' de venganza?".

Por su parte, Santiago Creel pidió a AMLO mantenerse al margen del proceso legislativo de la reforma electoral.

El "plan B" del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca suplir la reforma constitucional rechazada y que recibió ayer la Cámara de Diputados, plantea extinguir los fideicomisos del Instituto Nacional Electoral (INE), reducir el salario a consejeros y compactar la estructura operativa del órgano electoral para ahorrar 3,605 millones de pesos.

Además, prohíbe al INE y al Tribunal Electoral "interpretar" la ley, pues ha generado una impartición de justicia facciosa e ineficaz. También prevé sancionar a quienes, en la difusión de propaganda política o electoral, "calumnien" al gobierno federal.

Como parte de la acotación, plantea la creación del Sistema Nacional Electoral (SNE), que establece la integración de la estructura del INE con la de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Se prevé la remoción anticipada del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina para dar paso a la creación de una Comisión de Administración con 5 consejeros, cuyo encargado se designará para el periodo 2023-2029.

La reforma plantea que los consejeros electorales no ganen más que el Presidente de la República y propone que en vez de 300 consejos distritales, sólo funcionen 260. El plan B también prevé sancionar a quienes en la difusión de propaganda política o electoral "calumnien" a esta administración, al establecer que constituye infracción "la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, a los partidos políticos o a los gobiernos emanados de éstos".

Cuando revelamos el reportaje sobre las casas y terrenos de Irma Eréndira Sandoval y John Ackerman, una andanada amenazante de tuis de funcionarios del obradorato se lanzó sobre un servidor y quienes trabajamos en Latinus. Pero hubo alguien que no dijo una sola palabra: contrario a su costumbre de atacarme cada que puede, esa vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador no dijo nada. Por eso me llamó la atención: otros reportajes de menos impacto de la opinión pública habían merecido sus calumnias, ¿Por qué esta vez no?

La investigación, del periodista Mario Gutiérrez Vega, era fácil de entender: la secretaria de la Función Pública y su esposo acumulaban casas y terrenos cuyos valores en el mercado no eran explicables por los sueldos y empleos que han tenido y declarado; incluso una de las propiedades la habían recibido de regalo del Gobierno de la Ciudad de México cuando ya mandaba el movimiento político al que pertenecen.

La semana que se cumplió un año de que publicamos esa investigación Irma Eréndira Sandoval se fue del gabinete. Durante ese año, su hermano, Pablo Amílcar Sandoval, había entrado en disputa con los intereses de López Obrador por la candidatura de Morena al Gobierno de Guerrero. No sé cuánto habrá pesado el reportaje de las casas de Irma y John comparado con la grilla en Guerrero, pero en todo ese año, un reportaje que mereció la atención de prácticamente todo el gabinete (Gobernación, la UIF, el vocero) no motivó en López Obrador una sola palabra. El silencio resultó revelador.

La reflexión viene a cuento porque el pasado 20 de octubre, en mi programa de Latinus, presentamos un reportaje sobre las "antenas fantasma" de Jenaro Villamil: una serie de obras incumplidas con presupuestos asignados que desnudan las corruptelas del presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, un reportaje del periodista Claudio Ochoa Huerta. De inmediato en las redes brotaron los hashtags, los señalamientos contra el funcionario, y "las antenas fantasma" de Jenaro Villamil se volvieron un tema muy comentado en la opinión pública.

Sin embargo, el presidente no dijo nada.

Un presidente que, especialmente este año, ha sido incesante en su calumnia contra mí guardó un inusual silencio, a pesar de ser Villamil uno de sus propagandistas más vocales visibles y polémicos, como en su momento Irma Eréndira y Ackerman.

¿Será que le espera el mismo destino? No lo sé. Sólo anoto que a diferencia de los casos de Bartlett, Pío, Martinazo, su hijo José Ramón, su prima Felipa, su secretario particular Esquer, Zoé y un largo etcétera, esta vez el presidente no salió en defensa de su colaborador.

El 1er. encuentro entre el presidente del INE y la secretaria de Gobernación en los albores del gobierno de López Obrador fue también el 1er. desencuentro: la secretaria pidió que se le entregara a Gobernación el padrón electoral con todos los datos biométricos. La petición, por supuesto, no prosperó. Córdova no tenía las facultades para hacerlo, pero sobre todo tenía claro que se trataba de una regresión democrática.

De acuerdo a lo que ha trascendido, una de las apuestas de la reforma electoral que se prepara desde Palacio Nacional y que se supone presentarán esta semana es la desaparición del Registro Nacional Electoral, que hoy depende del INE, para pasar esa función a la Secretaría de Gobernación, cual si fuera una simple reforma a la ley de administración pública y a la estructura del gobierno federal.

Hoy los partidos políticos tienen acceso a la lista nacional de electores. Incluso la han vendido, como sucedió hace unos años en que copias completas o por distrito se ofrecían en Tepito al mejor postor. Los datos personales y el uso que se pueda hacer de ellos es una herramienta muy poderosa. El riesgo de que el padrón pase a una institución de gobierno, como lo es la Secretaría de Gobernación, en lugar de permanecer en una institución de Estado, como es ahora el INE, es el mal uso que el partido en el gobierno, hoy Morena, mañana otro o el mismo, pueda hacer de esa información.

La reforma no es banal, no se trata de un asunto de reingeniería de gobierno, ni siquiera de un castigo al INE. Lo que está en juego hoy, como hace 4 años cuando Sánchez Cordero pidió que le entregaran el manejo del padrón, son nuestros datos personales y el regreso del control de una parte fundamental de la elección al gobierno en turno. Se trata claramente de una reforma en reversa.

Al estilo mafioso del "plata o plomo", los operadores de la 4T reactivaron el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, con el que lo castigaron primero por no haber dado el apoyo de su bancada parlamentaria a la reforma energética que quería el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con el que luego lo premiaron por impulsar una iniciativa para prolongar la presencia militar en labores policiales hasta el 2028, congelando momentáneamente este litigio en su contra en la cámara baja.

Ese cambio de postura del también diputado federal priista provocó de hecho el rompimiento, en octubre pasado, del bloque opositor que integraban PAN-PRI-PRD, ya que los dirigentes del blanquiazul y del partido del Sol Azteca consideraron que "Alito" traicionó a la alianza "Va por México" al ceder a las presiones del gobierno amlista para salvar el pellejo.

Debido a que el pasado 13 de noviembre el dirigente priista participó en la marcha de defensa al Instituto Nacional Electoral (INE) y prometió que su bancada no votará a favor de la reforma electoral del presidente, el bloque opositor se reconstituyó, pero también volvió la represalia morenista contra "Alito", que mostró, con todo cinismo la utilización facciosa de la justicia legislativa, a la que recurrió la Fiscalía de Campeche en agosto pasado para poder perseguir a Moreno Cárdenas por presuntas corruptelas cometidas cuando fue gobernador de ese estado.

El anuncio de la reactivación del desafuero que hizo Ignacio Mier Velazco, coordinador parlamentario de Morena, quien negó que se tratara de una represalia contra el priista, se dio luego de que la semana pasada se pospuso la discusión en el pleno de la reforma electoral que ya se había aprobado en comisiones.

Aunque Mier argumentó que el debate se pospuso para que las y los diputados tuvieran más tiempo de analizar la iniciativa, en realidad fue una maniobra para abrir un último plazo para buscar por todos los medios los más de 50 votos que necesitan de la oposición para la aprobación de la reforma electoral amlista. Habrá que ver mañana que está programada nuevamente la discusión en el pleno de esta reforma si el priista y su bancada mantienen el rechazo a la reforma pese a las fuertes presiones orquestadas desde la Presidencia de la República, y si la 4T le da "bote" a "Alito" por no ceder sus votos.

Diversos actores políticos acudieron ayer a la FIL para debatir sobre la presión que ejerce el gobierno federal para que avance la reforma electoral que impulsa el presidente.

Enrique de la Madrid dijo que el actuar de la federación para que el PRI avale la medida es similar a las "extorsiones" de los grupos criminales.

El ex secretario de Turismo resaltó que espera que los legisladores tricolores se mantengan firmes contra la iniciativa que busca debilitar al INE, sobre todo luego de que se aplazó la discusión y de que se retomó el proceso de juicio político en contra del dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

Al presentar su libro "La democracia en tinieblas", José Woldenberg, ex titular del Instituto Federal Electoral, afirmó que espera que "mucho de lo construido en las últimas décadas sea capaz de resistir los embates autoritarios que hoy se dan desde el poder".

"La democracia no son solamente las elecciones, la democracia implica un poder regulado, un poder fragmentado, un poder vigilado y un poder al cual el ciudadano puede confrontar por vías judiciales. Y eso parece ser que no gusta en el gobierno actual, sino que quisiera desterrar esas prácticas. Hemos visto violaciones a la Constitución reiteradas. El propio presidente de la república nos ha dicho que, ¿qué es ese cuento de que la ley es la ley?", señaló José Woldenberg.

El ensayista y académico aseguró que no se acaba de entender que la ley otorga una serie de facultades a los funcionarios públicos para que realicen su trabajo de manera legal, pero que la ley impone límites, "no se trata en ningún caso de un poder desbordado, y menos caprichoso".

Woldenberg, quien estuvo acompañado por el consejero Ciro Murayama, el académico Ricardo Becerra y el editor de Cal y Arena, Rafael Pérez Gay, dijo que la propia Constitución señala división de poderes, pero "hemos visto desplantes en los cuales el presidente es capaz de decirle al congreso 'no quiero que cambien una sola coma' es decir, es una descalificación de la labor del legislativo, que para eso existe".

Lorenzo Córdova Vianello afirmó que deben de cumplirse 3 condiciones para que las modificaciones a las reglas electorales sean un avance y no un retroceso en la vida política de México: éstas consisten en que la reforma sea producto de un consenso unánime entre las fuerzas políticas y no una imposición de una mayoría.

Planteó también que la reforma sea para mejorar las reglas y condiciones que hasta ahora se tienen y "no para imponer retrocesos" o minar algunas de las necesidades ya superadas, de lo contrario "no será una reforma que valga la pena".

El presidente del INE pidió que el gobierno federal y los diputados realicen diagnósticos adecuados con datos objetivos de lo que ha hecho y logrado este órgano electoral en los últimos años.

El cinismo del actual régimen verdaderamente no tiene parangón. Hace falta ser muy caradura para pretender negar lo que todo México y el mundo vieron antes, durante y después de la denominada "Marcha de la revancha", o "Marcha del ardor", como también se le ha llamado a lo que realmente fue un vulgar acto de campaña del presidente y sus "corcholatas" el pasado domingo 27 de noviembre, el cual ha motivado que se presenten denuncias por parte de la oposición ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Una de las denuncias fue presentada por la vicecoordinadora del PAN, Kenia López, quien se quejó de las ilegalidades que se registraron en torno a la convocatoria lanzada desde Palacio Nacional.

Argumentó que en esa actividad se "usaron recursos públicos para la promoción de la marcha, para el acarreo de personas, el pago de alimentación y por asistir, así como coacción con la pérdida del empleo, cargo o comisión en caso de no asistir o la pérdida de algún programa social".

La demanda sostiene que el gobierno utilizó recursos públicos para "acarrear" gente y pagar su asistencia.

La denuncia está firmada por una decena de senadores panistas, como el coordinador Julen Rementería, la priista Claudia Anaya y el perredista Juan Manuel Fócil, y fue acompañada de pruebas, fotos y videos que les hicieron llegar ciudadanos a través de las redes sociales, los cuales constatan las ilegalidades.

Otra querella fue presentada por el líder de los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, quien aseguró que dicha movilización y sus millonarios recursos del erario, que fueron erogados para su realización, representan actos anticipados de campaña de los posibles precandidatos a la Presidencia de Morena. Afirmó se violaron todas las normas electorales, las constitucionales y las legales.

"Lo que se hizo el domingo pasado con la movilización de estado del presidente fue violar la Constitución, el artículo 134, fue distraer programas sociales, fue distraer recursos públicos. Incluso se llegó a ordenar a las fuerzas armadas que vestidas de civil acompañaran la movilización de estado. Eso es un hecho inédito en las últimas décadas de México por la desesperación que tiene el régimen de imponer a su candidata, que no crece en las encuestas. Por eso presentamos una denuncia formal, no podemos cruzarnos de brazos frente a la violación recurrente de las normas electorales".

Los funcionarios denunciados ante el INE, por ese enorme gasto de recursos públicos con fines electorales, son el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador; Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Guillermo Calderón Aguilera, director general del Metro; Javier Hidalgo, titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, y el partido Morena.

El PRD no se quedó atrás e igualmente entregó una queja formal por medio de Ángel Ávila, representante del partido ante el Consejo General del INE. En este caso los denunciados por los motivos ya señalados son: el presidente López Obrador; Mario Delgado, dirigente de Morena, así como Javier Hidalgo, titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México y toda persona que resulte responsable.

Y ha sido el mismo personaje, ése que ha pronunciado alrededor de 80,000 mentiras tan sólo en sus conferencias mañaneras, de nombre Andrés Manuel López Obrador, quien envuelto en su enorme cinismo y sobrada soberbia, el que ha lanzado un reto a quienes interpusieron las quejas ante la autoridad electoral a que presenten las pruebas de las acusaciones para que la fiscalía correspondiente resuelva el caso.

Pero el tema es que lo imposible no es mostrar la evidencia, lo imposible es pretender ocultarla o esconderla cuando fue desproporcionadamente evidente la trampa, el acarreo, la extorsión, las amenazas, los amagues y toda la serie de ilegalidades en que incurrió el gobierno en funciones tanto el federal como el capitalino, así como las huestes de Morena en los estados, que en una clara competencia se esforzaron por llenar camiones para formarlos en los alrededores de Paseo de la Reforma con el afán de que su mesías se diera cuenta que traen "músculo" en las respectivas entidades.

Los mismos internautas se encargaron de compartir a través de las redes sociales videos de la gran cantidad de camiones y autobuses estacionados en las calles cercanas al inicio de la marcha, así como del presunto reparto de tortas, con listas en mano, a quienes llegaban a la movilización, muchos de ellos obligados por la presión de líderes de agrupaciones.

Claudio X. González, fundador de "Va por México", y más recientemente de "Unid@s", y quien es quizá la persona que más odia el presidente, adelantó que "la marcha de la revancha" -esa en la que López quiso mostrar que todavía puede convocar a un millón de personas, pero que para disfrazarla dijo que era también para celebrar sus 4 años de gobierno- pasará a la historia como "símbolo ignominioso" del régimen destructivo de Morena.

En un tuit, aseveró además que "no hay nada más clasista, racista y narcisista que abusar de la dignidad de personas necesitadas de todo el país acarreándolas a marchar para sobar el ego del autócrata".

De hecho, la queja generalizada en las redes sociales fue el uso indebido de los recursos provenientes del pago de impuestos para un evento de propaganda política, mientras existen muchas necesidades sin atender por parte del gobierno federal.

En su columna para El Financiero, Darío Celis calculó que esta marcha tendría un costo cercano a 1,500 millones de pesos, que salen del erario. Este dinero financiaría camiones, hoteles, alimentos y viáticos, además de camisetas, gorras, banderines y pancartas.

Este monto vendría del cálculo base en el que se trasladaran cerca de 700,000 personas de todo el país.

Otros cálculos hablan de hasta 2,000 millones de pesos.

¡2,000 millones de pesos! Yo quisiera saber qué opina la gente de que se haya tirado tal cantidad de dinero a la basura.

Por ejemplo, ¿qué dicen los enfermos que esperan por sus medicinas en los centros de salud pública y sus recetas no pueden ser surtidas por el enorme desabasto de medicamentos, o los enfermos de cáncer que no pueden continuar con sus quimioterapias porque los tratamientos no llegan?

AMLO no tenía que haber gastado alrededor de 2,000 millones de pesos para intentar llenar el Zócalo, pues era muy predecible que lo conseguiría con solo un chasquido de dedos, y que con ello bastaría para que sus adoradores hicieran gala de todas sus corruptelas y malas mañas para cumplirle el deseo.

Pero el ego del presidente es descomunal, tanto como el dispendio de recursos del erario público, pues por donde quiera que se le vea, se trató de un gasto innecesario, un exceso, un despropósito y un despilfarro.

Muestran sus contradicciones, como la aseveración presidencial de que "se ha dado atención especial a los pueblos indígenas de México", afirmación que es refutada desde los pueblos mayas que se oponen al megaproyecto del tren, pueblos indígenas de Oaxaca que resisten el corredor interoceánico, o los pueblos agrupados en el Congreso Nacional Indígena.

Durante su 4o. Informe, el presidente anunció que llamará a su "modelo de gobierno" (si así se le puede llamar a una serie de ocurrencias e improvisaciones) "humanismo mexicano". Este "rebranding" de la 4T es uno más de sus intentos para pasar a la historia como un prócer mexicano, sin darse cuenta de que no es lo que quiere o siente ser. Pasar a la historia es una consecuencia, no una meta.

Pasará al lado bueno de la historia el líder que logre sacar permanentemente de la pobreza a millones de mexicanos, demostrado con datos duros, no con "otros datos", o con mediciones subjetivas como la felicidad; quien logre pacificar un país, terminar una guerra, llevar a una sociedad del rezago educativo a la vanguardia del conocimiento... Pero lo que cuenta para ello, lo que el mundo valora y reconoce, son los resultados, no las intenciones.

Ponerles nombres grandiosos, disruptivos o rimbombantes a las ideas, a los proyectos, o a los sueños -nombres como "4a. Transformación", "revolución de las conciencias" o "humanismo mexicano"- no los hace grandiosos ni relevantes, si acaso los hace algo, es aspiracionistas. Cuando los sueños no van seguidos de hechos encaminados a su realización, terminan siendo sólo fantasías, utopías, "sueños guajiros", y los soñadores pasan no a la historia, sino al mundo de los ilusos o de los populistas.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, intentó explicar el "humanismo mexicano" planteado por el presidente diciendo que "cuando se destinan recursos públicos que se pagan con los impuestos de todos los mexicanos, para regresárselos de manera directa a quien más lo necesita, en realidad es un sentimiento muy profundo de fraternidad y de solidaridad".

Más que explicar, lo que hizo fue confundir, distorsionar, reducir y comparar la universalidad del humanismo, con simples, obligados y, en este caso, clientelares programas sociales de gobierno.

El humanismo mexicano (entendido "a la Sheinbaum" o "a la AMLO") es fraterno y solidario sólo con los pobres. Los humanos más prósperos son despreciados y sus penas y angustias les son indiferentes. Se trata más bien de un humanismo enchilado, tanto por el simbolismo mexicano del chile, como por lo que significa estar enchilado, en referencia al resentimiento que el presidente tiene en contra de todos los seres humanos que no lo apoyan y por lo tanto no merecen las bondades de su humanismo.